Paradojas: la universidad y la crisis

PARADOJAS: LA UNIVERSIDAD Y LA CRISIS Por Carlos Pérez Rasetti* Si en ocasión de un siniestro viéramos a los bomberos cortar el tránsito y regular la aproximación de los curiosos, a los policías atender a los afectados y a los paramédicos encarar la extinción del fuego, nos invadiría la sensación de que hay cierta lógica primaria que está siendo violentada. Una escena tan disparatada evocaría, en casi cualquier espectador, las peripecias de algún humor absurdo de viejas películas mudas. Esta generalización contempla, sin embargo, algunas excepciones. Si nuestro espectador fuera miembro de alguna universidad pública argentina tendría adquirido cierto hábito al respecto y, probablemente, reaccionaría con bastante naturalidad ante un acontecimiento de esta índole. Digo esto, que puede resultar descortés, habiendo efectuado una mirada detenida al abanico de respuestas que nuestras comunidades universitarias vienen dando a la crisis económica y social que afecta a nuestro país, desde hace varios años y que ha tenido sus últimos epicentros en los anuncios efectuados por el efímero ministro López Murphy en marzo y la decisión del gobierno nacional de establecer el mal llamado "déficit cero", en julio pasado. Los anuncios de López Murphy, aunque imponían un ajuste nominalmente menor que el que pocos meses después ejecutarla Cavallo, su sucesor en el Ministerio de Economía, se concentraban en el sector educativo y eso los volvió especialmente escandalosos. Los universitarios y los gremios docentes de todas las provincias y de todos los niveles enfrentaron aquellas medidas en una rápida reacción, que incluso encontró solidaridad en algunos miembros del gabinete nacional, y las abortó, precipitando la renuncia del autor de las medidas. Los estudiantes universitarios se movilizaron en todo el país junto a los docentes y puede decirse que las propias universidades públicas, institucionalmente, desde sus Consejos Superiores para abajo, actuaron expresando su resistencia. La respuesta de la Universidad ante aquel ajuste, que la tenía como uno de los principales destinatarios, fue ejecutar acciones destinadas a llamar la atención de los demás sectores sociales sobre la agresión de la que era objeto; advirtiendo las consecuencias que ese perjuicio tendría para toda la sociedad y convocando la solidaridad del conjunto con su lucha. Los modos de la reacción fueron los tradicionales en las protestas universitarias: asamblea permanente, toma de edificios, huelgas, clases públicas, algunos cortes de calles, declaraciones de los representantes estudiantiles y gremiales, de los Consejos Superiores de las universidades y del Consejo Interuniversitario Nacional. La protesta fue efectiva, si nos atenemos a los resultados de corto plazo; el recorte de 361 millones de pesos para el presupuesto universitario del año 2001 y 542 para el año siguiente ni siquiera llegó a plasmarse en un decreto y López Murphy tuvo que renunciar. El ajuste concentrado en la universidad y en la educación no sólo era especialmente impopular e indefendible; lo era especialmente para una coalición política que cuando estaba en la oposición, había hecho bandera de la defensa de la educación pública y, también hay que decirlo, cuyo partido principal cuenta en sus filas con una expresión estudiantil como Franja Morada, con alto grado de organización, un extendido control de Centros de Estudiantes y que fue la cantera de la que salieron una parte importante de los dirigentes partidarios. Sobre la necesidad del ajuste de las cuentas fiscales podía no haber dudas (más allá de las opiniones que merezca como estrategia para salir de la larga recesión), pero tampoco las había respecto de la segunda intención del recorte; su correspondencia con el discurso privatista que venía instalando la fundación de estudios económicos que dirige -el por entonces ministro-, exponía su declarado sesgo ideológico. Se pretendió matar dos pájaros de un tiro, utilizar el ajuste fiscal para "sanear" el mercado universitario desfinanciando a las instituciones estatales para obligar a sus autoridades a arancelar los estudios de grado. La reacción, aunque más breve, porque los resultados se obtuvieron antes, repitió las modalidades que se habían verificado durante los últimos años del gobierno de Menem ante el envío del proyecto de Presupuesto al Congreso con quitas en las partidas correspondientes al sector universitario. La universidad pública atacada recurría a la sociedad para su defensa y la estrategia funcionaba. El segundo epicentro de la ya larga crisis se produjo en julio de este año y estuvo signado por el modo apocalíptico del inefable Cavallo. La Argentina pierde totalmente su capacidad de endeudamiento y el gobierno decide priorizar el pago de la deuda externa frente a los demás compromisos que sólo se atenderán si los * Es profesor en Letras del Instituto Universitario de Santa Cruz/Universidad Nacional del Sur. Fue subsecretario de Educación de la Provincia de Santa Cruz. Rector del Instituto Universitario de Santa Cruz, Rector Normalizador y Rector de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Fue dos veces electo diputado provincial por su provincia. Actualmente es miembro de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y profesor e investigador en el área de semiótica de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.

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recursos alcanzan; a la norma que consagra ese principio se la denomina Ley de Déficit Cero y los compromisos no honrados en primer término, son los haberes jubilatorios y los salarios de los empleados estatales, para los cuales, se fija un descuento inicial del 13%. El ajuste ahora es igualitario y general, o indiscriminado, y amenaza incluso la coparticipación de impuestos de las provincias. Las universidades, que habían quedado fuera del recorte de salarios aplicado en 2.000 a las remuneraciones estatales que superaran los 1.000 pesos, ahora están incluidas pero, a diferencia de los ajustes que les estaban especialmente dirigidos, este recorte las encuentra junto a muchos otros sectores y entre ellos a los jubilados que perciben haberes mínimos. Pero son más las diferencias con el epicentro anterior: este ajuste logra convertirse en ley del Congreso, aunque con críticas e incluso la oposición expresa de sectores del propio oficialismo, y se aplica efectivamente. Otro dato se suma para diferenciar el nuevo escenario: las universidades sufren el recorte sobre los recursos que reciben del Estado, pero deben decidir por sí mismas (al fin y al cabo son autónomas) y a partir de presupuestos que no tienen casi ninguna flexibilidad, si los trasladan a los salarios y con qué criterio. Aún cuando el nivel de recursos disponible no les permita hacer otra cosa, es necesario dictar una decisión administrativa para modificar el presupuesto. Esto abre otro frente en el interior de las propias instituciones y en el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) la conflictividad interna impide a los rectores alcanzar consenso para actuar en bloque y algunas universidades deciden mantener los salarios sin recorte, al menos por algunos meses, sacrificando los recursos que tenían otros destinos; una buena cantidad, en cambio, no tienen más remedio que aplicarlo de inmediato. A pesar de las diferencias las reacciones de la universidad son del mismo tipo que las verificadas en las oportunidades anteriores. Se suceden las huelgas, los cortes de calles, las tomas de rectorados y facultades, las declaraciones de los Consejos e incluso, de algunas Asambleas Universitarias. Los acatamientos, sin embargo, empiezan a ser dispares y muchos miembros de los estamentos universitarios comienzan a preguntarse si los instrumentos de resistencia al ajuste son los adecuados para enfrentar la crisis, y si no tienen como efecto no deseado: el de contribuir a profundizar el deterioro de las universidades en cuya defensa se esgrimen. Con todo, este clima de cierta duda y debate no impidió que se verificara, al menos, una medida de fuerza hiperbólica en cierta universidad que prohibió dar clase a una de sus facultades. La crisis prolongada, la recesión, la enorme desocupación, la reducción del gasto público con el consabido achicamiento de las partidas destinadas a gasto social y las quitas en los salarios afectan a la mayor parte de la sociedad; en ese contexto, el presupuesto de la universidad pública es sólo una de las expresiones del problema. Pero la comunidad universitaria (o al menos sus dirigentes) reacciona como si bastara llamar la atención de la sociedad sobre su problema, recurriendo a los mismos instrumentos de acción ante la crisis que aquellos que nada tienen y deben, por eso, recurrir a los piquetes en las calles para advertir -a los que aún tienen algo-, que están ahí y que están sufriendo. La paradoja de la universidad pública ante la crisis consiste en que sus respuestas no parecen estar en línea con sus recursos, que sus modos de acción no resultan cualitativamente diferentes de los que les quedan a los jubilados o los desempleados, o incluso, a otros trabajadores del sector público, como los docentes de educación básica o de la escuela media. Las expectativas de justicia social de los actores universitarios que están en el fundamento de estos modos de protesta exigirían la aplicación de los instrumentos específicos de los que los universitarios son poseedores para dar respuestas nuevas y creativas a estos problemas. Y no me estoy refiriendo al "piquete informático" ideado con la intención de saturar de mensajes a favor de la educación pública los correos electrónicos de legisladores nacionales y miembros del gobierno, sino de la organización de los recursos de la universidad para atender a las demandas de la crisis y atacar sus causas. Si la crisis expresa la eclosión de la profunda injusticia estructural característica de este modo de relaciones sociales y económicas que se ha dado en llamar "globalización", debería concentrar nuestra atención no sobre la amenaza al sistema universitario, el ajuste a la universidad, que es una de sus expresiones, sino sobre las causas estructurales de la crisis que afecta a toda la sociedad argentina. UN REVÉS AL "PENSAMIENTO ÚNICO" Nuestras universidades públicas son instituciones con un nivel de autonomía que les permite constituir los perfiles de su propio modo organizacional y les otorga un alto grado de autodeterminación. Esos anchos márgenes institucionales que la sociedad les ha conferido y los recursos de que dispone: la capacidad intelectual, la mayoría de los científicos con que cuenta el país, los docentes y los estudiantes y su propia condición institucional, deberían ser aprovechados para convocarse en torno a los problemas que la crisis evidencia, que el modelo económico y social provoca, para trabajar, expresamente, en las respuestas que la sociedad requiere con urgencia.

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En cambio, la convocatoria institucional ha estado lejos de proponerse disputar con el proyecto económico y social hegemónico que, a pesar de su fracaso persistente, todavía hoy ocupa todo el espacio de la agenda pública. Se agota en la denuncia y sólo tiene discurso sobre sí misma, y aún ese discurso tiene muy poco contenido programático. El extremo lo constituyen las expresiones de las Asambleas de las Universidades de Salta y La Plata, que han reducido su convocatoria a meras declaraciones con el agregado de propuestas poco serias y fantasiosas: la transferencia a las universidades de los fondos destinados a sostener la actividad de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), de la Comisión para el Mejoramiento de la Educación Superior, el FOMEC y algún otro programa, como si la transferencia de los pocos pesos que se destinan a las políticas públicas en el área de educación universitaria resolvieran algo más que un vaso de agua en el océano, sin contar el caldo suculento que estas declamaciones rechazando cualquier control social, le ofrecen a la ancha franja de la derecha económica. La universidad no puede seguir distraída acerca de la profunda interpelación que la crisis le efectúa respecto de su sentido y de su fin social. La crisis no es una condición climática adversa de la que la universidad deba apenas protegerse. Es una condición actual de la sociedad a la que la universidad se debe y por eso le atañe, al menos, en tres niveles: el de sus programas sustantivos, que deben ser revisados en orden al nuevo contexto. No podemos, valga el ejemplo, seguir formando los mismos profesionales con los mismos perfiles y las mismas modalidades pedagógicas, como si la crisis no existiera o como si pensáramos que a la salida, la sociedad volverá a ser la de antes. Otro nivel, es el de los modos de organización y gestión de las universidades públicas, que exigen ser criticados y reformulados atendiendo a la responsabilidad social que tiene en esta hora requerimientos específicos; y finalmente, el nivel de la movilización institucional, pero involucrando las calidades específicas de lo universitario: disponer el conjunto de sus recursos institucionales e intelectuales a la generación e instalación en el espacio social de propuestas dirigidas a resolver las causas de la crisis. Se me podrá contestar que muchos investigadores trabajan en las universidades públicas por el país, y que los aportes no por rutinarios dejan de ser importantes. Aceptado, pero no me refiero a eso. Las emergencias justifican y exigen una concentración especial en su respuesta y, de eso no hay dudas, estamos en emergencia. Y si en ella todos los discursos remiten a la movilización, la cuestión es sólo decidir cuál es la movilización pertinente. En los primeros días de septiembre de este año se conoció una propuesta de economistas de las universidades nacionales denominada "Hacia un plan Fénix". El nombre resulta expresivo de la intención de los responsables del programa, hacer renacer la economía argentina de sus cenizas. La prensa le dedicó apenas un par de artículos, quizás porque enseguida ocurrieron los atentados en Estados Unidos y los medios se concentraron en ese tema, pero el evento inédito tuvo su repercusión en distintos ambientes. Aunque el esfuerzo todavía dista de estar en condiciones de disputar la hegemonía que sobre el discurso económico tiene el llamado "pensamiento único" que esgrimen varias fundaciones ligadas al capital privado, especialmente de origen financiero, sus responsables se proponen ampliar la convocatoria y profundizar los estudios. Como sea, el esfuerzo es claramente la primera picada en un camino que nuestras universidades deben recorrer y tienen pendiente. Un camino hacia el que últimamente el CIN está produciendo algunas señales, como el documento presentado sobre el sistema universitario argentino, por lo que tiene de reflexivo, y la tematización seria que realiza sobre algunos lugares comunes de la política universitaria "prét á porter". El camino que conduce a probarle al conjunto de la sociedad que sus recursos intelectuales, organizados en las universidades públicas, pueden ofrecer alternativas en todos los campos y pueden realizar un aporte sustantivo de insumos para el debate de ideas y de propuestas programáticas para el diseño de las políticas públicas. Que nuestra universidad puede, no sólo crear conocimientos y formar profesionales para el futuro, sino también realizar un aporte eminente para que la sociedad pueda diseñar ese futuro.

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