Las revoluciones egipcias: seguridad y relaciones con la Unión Europea

June 19, 2017 | Autor: Elena G. Mañes | Categoría: International Security, European Foreign Policy, Media and Democracy, Egypt, European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI), MENA region, US Foreign Policy, Arab Spring (Arab Revolts), Soft Power and Public Diplomacy, MENA region, US Foreign Policy, Arab Spring (Arab Revolts), Soft Power and Public Diplomacy

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I. Contexto interno de Egipto: Revolución popular e inestabilidad política En el inicio de una posible transición hacia la democracia, Egipto se enfrentaba a tres grandes desafíos: el histórico rol del militarismo en el país y las incógnitas en torno a un renovado papel de las Fuerzas Armadas Egipcias (EAF), la presencia de robustos grupos islamistas –desde los Hermanos Musulmanes a bandos salafistas– y las negativas de algunas fuerzas autodenominadas democráticas ante la idea de confiar el futuro egipcio a procesos y mecanismos verdaderamente democráticos. La combinación de estos elementos y las respuestas que han generado en la sociedad egipcia marcan el curso de acontecimientos que determinarán si el país es capaz de consagrar un sistema democrático legal y legítimo o si, por el contrario, la deriva autoritaria del último golpe militar termina por hundir a Egipto en un régimen dictatorial similar al caído en 2011.

1. Gestación y estallido de la Revolución En un estallido de unidad nacional sin precedentes, el 11 de febrero de 2011 los propios egipcios actores del cambio se asombraban ante lo que habían conseguido: derrocar un longevo régimen autocrático con protestas masivas a lo largo del país. En el esperanzador momento de gloria del levantamiento era difícil acotar qué camino seguiría la vida política del país. Las tensiones entre movimientos secularistas y religiosos, el decaimiento económico o las luchas fratricidas entre distintos partidos son solo algunos de los factores que han ido jalonando hasta hoy ese camino de dirección incierta. La revolución fue desatada por una serie de activistas con agendas difusas: muchedumbres de ciudadanos de a pie que entraban en contacto con la política por primera vez, cuadros disciplinados pero cautos de los Hermanos Musulmanes y organismos estatales que, o bien se mantuvieron al margen del movimiento anti Mubarak, o bien no fueron capaces de defender el régimen existente. Ese mosaico de actores puso en marcha

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una revolución sin un plan previo que contestaba en el plano político al autoritarismo de Mubarak, al establecimiento indefinido de leyes de emergencia en manos del ejecutivo para acotar a derechos y libertades civiles y a la brutalidad policial. En el escenario social, el desempleo y la precariedad derivada de una agricultura plenamente dependiente de las riberas del Nilo fueron el revulsivo que lanzó a los manifestantes a las calles. Estas condiciones llevaban dándose décadas en Egipto; no obstante, a la gestación del descontento popular que daría paso a las protestas masivas, se unieron en 2011 el crecimiento desmedido de una población cada vez más atenazada por el desempleo y la subida de los precios de los alimentos con la subsiguiente amenaza latente del estallido de una crisis de seguridad alimentaria. Egipto, el país árabe más poblado, venía experimentando desde la década de los noventa un PIB per cápita que no terminaba de traducirse en una mejora de las cifras relativas a malnutrición infantil o desempleo juvenil; es más durante los primeros años del presente siglo incluso empeoraron, aumentando en vísperas de la revolución la proporción de la población cuyo poder adquisitivo no podía hacer frente a sus necesidades alimentarias.1 A estos factores hay que sumar el rol legitimador e inspirador de la revolución civil tunecina que acabó con el gobierno de Ben Ali en enero de ese mismo año. Los protestantes egipcios encontraron en el proceso de «no violencia» tunecino un role model para desplegar su propia revolución y aglutinar en ella el mayor porcentaje de la población posible. Así, la promoción de los revolucionarios de la identificación de la masa social con el Estado egipcio en sí mismo y con las EAF en particular puede entenderse como una apropiación de la raison d’état nacionalista del periodo Nasser. A través de la fuerte presencia mediática y de su cobertura en directo de la revolución, el seguimiento de la movilización por parte de la opinión pública internacional se tradujo en un uso mínimo de la violencia estatal y revolucionaria para legitimar la naturaleza «no violenta» del proceso. Con todo, durante los dieciocho días de protestas que llevaron a la caída de Mubarak cerca de novecientas personas, la mayoría de ellas protestantes, perdieron la vida; cifra que, en Egipto y Sudán se situaban en febrero de 2011 como los dos países del mundo árabe con mayor población descontenta con sus estándares de vida y capacidad para satisfacer necesidades básicas; el porcentaje de la población egipcia abiertamente crítica con su situación social sumaba un 30% del total, lo que conlleva a su vez un cambio en la perspectiva de la seguridad alimentaria. Breisinger, Ecker y Al-Riffai, Economics of the Arab Awakening: From Revolution to Transformation and Food Security (mayo de 2011). International Food Policy Research Institute, Washington, DC (EEUU). Accesible en http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/bp018.pdf 1

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términos porcentuales sobre la población nacional, sitúa la revolución egipcia como la menos violenta de las llamadas Primaveras Árabes.

2. La lucha por la democracia liberal en el periodo 2011-2013: posibles vías Para realizar un seguimiento secuencial y explicativo claro del proceso de transición desatado el 11 de febrero de 2011, recurriremos al «toolbox model». Este modelo resume el proceso desatado por la caída de un régimen autocrático a través de la sucesión de cinco eventos cuyo orden determinará la naturaleza de la transición: 1) establecimiento de un gobierno interino, 2) elección de una asamblea constitucional, 3) referéndum por la nueva constitución, 4) elecciones parlamentarias y 5) elecciones presidenciales. Su aplicación es factible a las distintas transiciones y luchas por el poder que Oriente Medio ha experimentado desde la década pasada en sus distintos procesos de transición y, atendiendo a esas distintas transiciones, es posible establecer dos pautas ideales en el proceso de democratización. El primer tipo ideal describe una progresión formal de eventos diseñados para establecer un sistema político democrático-liberal legitimado, precisamente, por establecer esos cimientos mínimamente democráticos que permitirán, conforme avance el proceso de transición, el desarrollo de elementos políticos y sociales más elaborados. Con ello, este primer modelo prioriza el «rule of law» del proceso y del nuevo sistema político a establecer, esto es, se centra en la parte más «liberal» de una democracia liberal. Por otra parte, el segundo tipo ideal cuenta con los mismos eventos pero, en este caso, una progresión lineal previamente diseñada es sustituida por un orden ad hoc caracterizado por decisiones políticas cambiantes y adaptadas al contexto incierto de transición. De esta forma, este segundo tipo se centra es la naturaleza más «democrática» de una democracia liberal y será el que domine la vida pública egipcia durante, al menos, las primeras fases de su transición postrevolucionaria. Egipto, con la caída de Mubarak en febrero de 2011, se enfrentaba a la necesidad de hacer frente a la transición política y a la puesta en marcha de un sistema político democrático y, a su vez, canalizar las distintas visiones y luchas de poder entre los actores domésticos. Así, ya en las primeras fases de la transición, las EAF asumieron el rol de «gestores de la democracia» desde el momento en el que el Consejo Supremo de las Fuerzas 3

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Armadas (SCAF), liderado por Hussein Tantawi, disolviera el parlamento dos días después de la caída del longevo autócrata y suspendiera la vigente constitución a petición de los manifestantes. El gobierno interino, que suplía el vacío de poder creado por la caída de Mubarak, convocó en marzo un referéndum sobre la introducción de cambios constitucionales cuyo resultado fue positivo. Asimismo, Tantawi prosiguió con su compromiso de celebrar elecciones parlamentarias, para la elección del Consejo de la Shura2 y, por último, presidenciales. Fundamental para apuntalar los primeros pasos de la transición hacia la democracia, el proceso electoral abierto en noviembre con las elecciones parlamentarias culminó en junio de 2012 con la elección de Mohamed Morsi, del partido civil fuertemente vinculado a los Hermanos Musulmanes Libertad y Justicia (FJP), como el primer Jefe de Estado democráticamente electo de Egipto. Tras llegar al poder, Morsi expandió sus poderes, previno la creación de mecanismos que permitieran la revisión judicial de sus actos y propuso un referéndum para discutir una nueva constitución, que eventualmente fue aceptada con el apoyo mínimo necesario en diciembre de 2012. Huelga decir que la impronta islamista de los HHMM y del gabinete Morsi quedó reflejada en la nueva constitución egipcia: no modificaba el artículo 2 de la Constitución de 1971, que definía los términos de la relación islam-ley en Egipto proclamando que «la ley islámica, la Sharia, es la principal fuente de legislación». Además, reforzaba ese papel de la Sharia en distintos ámbitos sociales, concediéndole a Al-Azhar –la universidad egipcia más antigua y una de las instituciones religiosas más importantes en el Islam sunní– el status de institución autónoma encargada de la observancia en la aplicación de la ley islámica. Esta última concesión a Al-Azhar venía a significar un viraje hacia la institucionalización de cuerpos autónomos encargados de velar por la Sharia y, con ello, las expectativas de Morsi de una islamización paulatina de la vida política nacional.3 Por tanto, la constitución reflejó desde su promulgación las importantes dinámicas de enfrentamiento entre islamistas y El Consejo de la Shura era la Cámara Alta del Parlamento egipcio desde el gobierno de Sadat y sus funciones eran, en principio, consultivas. No obstante, tras la disolución del Parlamento por parte del SCAF le fueron concedidas funciones legislativas. El proceso revolucionario abrió el debate en torno a su utilidad y viabilidad y finalmente la Constitución de 2014 aboliría esta cámara en un gesto rupturista con el legado político nacional y en pro de la configuración de un sistema adaptado a las necesidades de los militares «gestores de la democracia». Nuran Ahmed, Arab Forum for Alternatives: Shura Council Constitutional Framework (2014). 3 C Dahl, Comparing Egypt's Constitutions. Carnegie Endowment for International Peace (2015). 2

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secularistas y, pese a ser aceptada en un primer momento por las EAF, proveyó al régimen de Morsi de más obstáculos que de directrices democráticas. Pasado apenas un año desde la elección democrática de Morsi, sus acciones al frente del ejecutivo borraron los esbozos de cambio derivados de las revueltas populares de 2011 y del posterior periodo de transición democrática. El descontento de las masas populares, henchidas de sensación de poder desde la caída de Mubarak, volvió a verterse en las calles de El Cairo, testigo el 3 de julio de 2013 del anuncio de las EAF declarando el fin del gobierno Morsi. El golpe de Estado militar suponía un viraje fundamental en la naturaleza del proceso de construcción democrática egipcio y apuntalaba el rol como «gestores de la democracia» de los militares; quienes, atendiendo al «toolbox model» previamente analizado, pondrían en marcha una nueva etapa de la transición democrática caracterizada por su esencia ad hoc. Con todo, si bien muchos clamaron el fin del proceso de transición democrática por las actuaciones de dudosa legitimidad democrática de las EAF al derrocar al primer presidente electo, este hecho no significa el fin de la democratización per se, sino la consolidación del histórico rol de los militares en la vida pública del país y la consagración de su papel como gendarmes del proceso de transición hacia una democracia.

3. Al Sisi y el tradicional militarismo egipcio Uno de los principales desafíos para el sistema político egipcio es el desequilibrio de las relaciones cívico-militares. Durante el período Mubarak, las reformas estructurales y legales provocaron la fragmentación del sistema, guiando la actuación de las instituciones más poderosas hacia sus propios intereses. El ejército se caracterizó por el férreo control sobre el gobierno local, asegurando la presencia de los oficiales retirados en los puestos clave de las instituciones locales y empresas del sector privado. Las fuerzas armadas emplearon su fuerte presencia en la escena política para defender sus múltiples intereses, socavados bajo Mubarak, con la caída del gasto en defensa en 2010 y el aumento de la dependencia de la ayuda militar norteamericana. Ante la insistencia en el derrocamiento de Mubarak, los militares se distanciaron de su comandante supremo y empezaron a exigir también su renuncia, ya que su presencia se había convertido en una amenaza existencial para el Estado. 5

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Ya dos años más tarde, en 2013, el ejército derrocó al entonces presidente Morsi en circunstancias similares, a pesar de los esfuerzos del ex dirigente para preservar los intereses políticos y económicos de las fuerzas armadas. Con el derrocamiento de Morsi, Egipto se enfrentaba a una grave crisis política interna ligada a fuertes presiones internacionales. Como consecuencia de esta situación, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas decidió situarse al frente de la política egipcia, acción respaldada por el apoyo institucional a al-Sisi en las elecciones presidenciales de mayo de 2014, mediante la intimidación de sus principales oponentes. A pesar de la presencia de un nuevo gobierno de la mano de al-Sisi, el déficit político y socioeconómico que guió al pueblo hacia la revolución sigue estando presente; lo que refleja que el dominio de los militares probablemente no sea sostenible a largo plazo como resultado de los intereses económicos por los que se mueven las fuerzas armadas, el uso de las instituciones en pro de los mismos y la escasez de recursos del régimen. Por todo ello, podemos afirmar que se podría esperar una «remilitarización » del Estado bajo la presidencia de al-Sisi, con la presencia de los militares como eje de poder del régimen en su papel de «gestores de la democracia» así como guardianes del sistema económico. En esta misma línea, tanto el fin del gobierno de Mubarak (2011) como el golpe de Estado que atestiguó el derrocamiento de Morsi (2013) ponen el foco en el papel predominante de las Fuerzas Armadas Egipcias en la vida política egipcia. Fruto del golpe de Estado que terminó con el gobierno electo en las urnas de Morsi, se nos plantean interrogantes acerca de si esta acción ha implicado el fin de la transición hacia la democracia y por el contrario, el hipotético cambio en el rol de las fuerzas armadas hacia el papel de «gestores de la democracia», término que hace referencia a las acciones de las EAF en la planificación y coordinación del proceso de transición de un régimen autoritario hacia la democracia y a la gestión y el mantenimiento del orden social interno, permitiendo la configuración de un marco que sostenga los procesos electorales democráticos y que permita la diferenciación de otros cuerpos civiles, protegiendo, a la vez, el desarrollo de una vida política y civil independiente; sin embargo, todas estas cuestiones no se traducen en una materialización práctica.

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Pasamos a analizar la figura del hombre fuerte del régimen militar actual. Abdel Fattah Al-Sisi ocupó el cargo de Comandante Jefe del Ejército y Presidente del Consejo Supremo de las Fuerzas armadas, siendo fundamental su rol en el golpe de Estado. Las protestas derivadas del descontento social en el marco del gobierno de Morsi rebasaban en julio de 2013 la capacidad del gobierno para frenarlas, lo que derivó en un ultimátum de cuarenta y ocho horas al gabinete de Morsi para que éste llegara a un acuerdo o a un pacto con el pueblo egipcio. Dado que no se cumplieron las condiciones estipuladas por al-Sisi, el 3 de julio el ultimátum llegó a su fin y las fuerzas armadas tomaron numerosas infraestructuras del Cairo, incluida la casa del presidente, resultando sitiada y éste detenido. El golpe de Estado de 2013 no significa en sí mismo el fin del proceso nacional de democratización, sino que abre una serie de hipotéticos cursos de acción en torno a qué tipo de democracia debe implementarse. De esta forman, posterior a la acción militar, alSisi daría un discurso televisado en el que anunciaría el derrocamiento oficial de Morsi, la suspensión de la Constitución y posterior convocatoria de elecciones y el nombramiento de Adly Mansour como presidente interino provisional; pero a pesar de tener a un civil a la cabeza del gobierno, este era cuasi-militar, situándose al-Sisi como viceprimer ministro de Egipto. Tras un referéndum con baja participación, se institucionaliza una nueva constitución que dotaba de mayor poder a las fuerzas militares y se convocaban elecciones presidenciales para mayo de 2014. Al-Sisi era considerado un héroe nacional por un amplio colectivo de actores y un gran porcentaje de la población (particularmente fundamentalistas salafistas). Las perspectivas de la victoria política de Al-Sisi se acrecentaban y por ello renunciará en este momento a sus cargos militares y se hará con la victoria en el proceso electoral, siendo el liderazgo de las fuerzas armadas más fuerte que nunca. En septiembre de 2014 el gobierno militar oficializó la consideración de los Hermanos Musulmanes y su brazo político –Partido de la Libertad y la Justicia- como organizaciones de índole terrorista, se prohibieron todas las actividades de los Hermanos Musulmanes y el FJP, se confiscaron sus bienes y se incluyeron sus nombres en las listas de terroristas. Con la implementación de esta medida, al- Sisi encarna de forma aparente la apuesta por un secularismo estatal, a pesar de la paulatina islamización de su gobierno.

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Para analizar el rol de los militares durante este período es necesario hacerlo desde la óptica de dos dimensiones: la dimensión política y la económica. Comenzando por el ámbito político, las fuerzas armadas egipcias controlan los escaños en el parlamento. La opaca jerarquía militar ha asumido poderosos papeles políticos desde la revolución de 2011. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas ha controlado el poder y ha regido el país hasta que Morsi fue elegido en Julio de 2012. Cuando éste fue derrocado un año después, un gobierno «civil interino» (con Adly al frente Mansour) apoyado por los militares toma el control. La misión del gobierno fue la puesta en marcha de nuevas elecciones, que finalizaron con la elección del actual presidente Abdel Fattah el-Sisi en Mayo de 2014. Los esfuerzos de las fuerzas armadas por maniobrar –entre otros agentes del poder político- han jugado contra un contexto de caída del autoritarismo que provocó que los recursos económicos y las prácticas políticas de los militares fueran más visibles que nunca. La consiguiente lucha de los militares para reclamar el control sobre empresas claves ha subrayado cómo las fuerzas armadas egipcias usan su influencia institucional para financiar sus operaciones, dando gratificaciones a sus cuerpos oficiales y configurando la política económica interior egipcia al servicio de la élite militar. Tanto en etapas anteriores como en el período de Sisi, las fuerzas militares se han caracterizado por la represión con dureza de la disidencia y las réplicas de los desplazados en el poder así como por un poder de las fuerzas armadas que ha aumentado sin precedentes desde el derrocamiento de Morsi, pero la extralimitación política y las rivalidades internas podrían reflejar obstáculos del control militar a largo plazo. El poder político de las EAF está intrínsecamente relacionado con el control que ejercen sobre el sistema económico nacional. Los militares egipcios han demostrado ser el árbitro del sistema económico y político desde el levantamiento contra Mubarak. Las fuerzas armadas se han convertido en el guardián de la economía egipcia, papel que se está reforzando con la atracción del apoyo de los inversores internacionales y de los gobiernos extranjeros – Arabia Saudí, Qatar, China o EEUU como sus principales clientes- por parte del gobierno de al-Sisi. Si tenemos en cuenta la evolución de la economía militar moderna de Egipto, los militares han tenido un papel protagonista en la industrialización y en la modernización 8

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económica local. Las EAF se han convertido en el motor de la industria y en los suministradores de servicios públicos; lo que se demuestra con la consideración oficial de los militares egipcios como socio contratante por parte de la Agencia para el Desarrollo Internacional norteamericana. A continuación, realizaremos un somero recorrido por el desarrollo y consolidación del rol militar en el ámbito económico desde la independencia de Egipto: ▪ Período Nasser (1956-1970): los recursos económicos se dirigían fundamentalmente a los militares. La presencia de administradores militares en varias empresas estatales aumentó su influencia en el sistema económico nacional, configurando una relación endosimbiótica entre los ámbitos militar y estatal. ▪ Período Sadat (1970-1981): la actividad productiva militar se desplaza hacia la manufactura basada en la defensa, a la vez que se desplaza el foco diplomático de Egipto de la URSS a EEUU por el suministro de equipamiento militar, tecnología y entrenamiento. ▪ Período Mubarak (1981-2011): la posición histórica de las EAF como arquitectas de la modernización económica de Egipto comenzaba a erosionarse seriamente. Los militares disfrutaban de una larga lista de privilegios financieros e industriales; sin embargo, éstos disminuyen a medida que el Estado egipcio pierde poder de mercado relativo a las inversiones privadas y a los prestamistas internacionales. Al mismo tiempo, cae la inversión en el sector público erosionando los privilegios que permitían a los militares proporcionar apoyo a su industria manufacturera y proporcionar trabajo a su propio personal. ▪ Período Morsi (junio 12-julio 13): el cuerpo militar se mostraba poco ágil para intervenir en las protestas sociales que frenaban la actividad económica. Las protestas y las manifestaciones tuvieron éxito a la hora de interrumpir en Ain Sukhna (Mar Rojo) y cerrar el Puerto Este de Said durante tres días en la primavera de 2013; muchas compañías cambiaron sus rutas para evitar retrasos. Cuando los acuerdos fueron incumplidos aproximadamente un año después bajo el nuevo gobierno de al-Sisi, los antidisturbios y el tercer ejército fueron enviados para dispersar a los huelguistas en Puerto Said y en Ain Sukhna, siendo el propio personal militar –retirado- el que realizaba los servicios. El marcado contraste en la propensión de los militares a intervenir sugiere una útil estrategia diseñada para exacerbar los fallos económicos del gobierno de la Hermandad y el FJP. A lo largo del período postrevolucionario, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas también 9

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ha hecho uso de inversiones estratégicas para influenciar la cobertura de las noticias, inyectando dinero en la Unión de Radio y Televisión Egipcia, así como en la Empresa Satélite Egipcia. En el período al-Sisi, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas ha canalizado los fondos del Estado hacia iniciativas de su propio interés, reanudando sus megaproyectos industriales y su influencia en las telecomunicaciones y posicionando a oficiales retirados en prácticamente todos los niveles de gobierno. Respecto a los megaproyectos, es muy importante destacar la ampliación del Canal de Suez, foco de tensiones en el período anterior entre las empresas de los militares y el gobierno de Morsi. En este período, la retórica económica se ha centrado en la mejora y expansión de los servicios públicos, la provisión de los bienes básicos a «precios apropiados» y la reanudación de los principales proyectos de infraestructura y también, de manufactura. La consolidación del nuevo régimen militar ha facilitado la capacidad de las fuerzas armadas para canalizar los fondos del Estado hacia proyectos que encierran un interés fundamental para la financiación del régimen. Esta dinámica puede percibirse en el sector de las telecomunicaciones: las ganancias de las empresas del Estado en el sector son transferidas a la propiedad de los militares. Los subsidios a las empresas militares a través de los bancos del Estado, así como la contratación de militares en determinadas empresas irán en aumento paralelamente a la consolidación del control militar del poder. No obstante, el contexto de los grandes proyectos de infraestructura es el que presenta mayor potencial de participación militar; tal y como ejemplifican los proyectos de la nueva bahía de Toshka o el programa de expansión del canal de Suez, este último más ambicioso y en el que se ve involucrada la financiación de empresas extranjeras (fundamental para que el proyecto genere resultados). Además, en marzo de 2015 el gobierno anunció que planeaba relocalizar el capital hacia la zona «vacía» del desierto en el este de El Cairo. Por ello, los esfuerzos de Sisi se han centrado en la riqueza de actores individuales con intereses e inversiones en aquellos sectores más importantes para el cuerpo militar. A pesar de la presencia de asistencia económica y los numerosos nuevos aliados como los países asiáticos, esta repentina afluencia de poder y recursos puede llevar a un conflicto entre grupos, y como cualquier organización de amplio espectro, los militares egipcios deben tomar decisiones acerca de la distribución de los beneficios obtenidos en 10

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sus proyectos y en la gestión del gobierno. Un mayor control de los militares sobre el Estado podría llevar a divisiones profundas y escisiones latentes hasta este momento. Con ello, las rupturas pueden salir a la superficie en las EAF en forma de facciones que reclamen un nuevo escenario político y económico. Por lo que se refiere a los futuros desafíos, la velocidad y la intensidad con la que las fuerzas armadas han reconfigurado su imperio económico en el período postrevolucionario es asombrosa. Aunque ciertamente esto demuestra una consolidación del poder de los militares, también sugiere incertidumbre acerca de la longevidad y sostenibilidad de un gobierno liderado por las fuerzas armadas. En un contexto de indeterminación, la respuesta natural es la rápida acumulación del mayor control político y económico posible para hacer frente a futuras luchas por el poder. La mayoría de los golpes militares a lo largo de la historia han seguido un patrón similar: primero, demostraciones de apoyo público en pro del derrocamiento de un gobierno civil impopular; segundo, evolución hacia un período de consolidación de poder militar; y, por último, aumento de la corrupción y la represión. En Egipto, la materialización de la revolución de 2011 sigue un esquema similar: inicialmente los militares son capaces de enmarcar sus acciones como expresión concreta de la voluntad del pueblo (primero rechazando a Mubarak y posteriormente apoyando el derrocamiento de Morsi). Así, por ejemplo, la decisión del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de crear dos grandes depósitos en el Banco Central para aumentar el valor de la moneda egipcia es uno de los movimientos articulados para marcar una frontera entre el liderazgo militar y el desafortunado régimen de Mubarak. Desde su elección, al-Sisi ha incrementado los impuestos a los ricos y a las grandes empresas, impulsando la creación de nuevos tipos impositivos. Esto le ha permitido granjearse el apoyo de los votantes de base; a lo que hay que añadir la simpatía de las instituciones más influyentes –judicatura y mass media-, que conceden su apoyo a los objetivos de Sisi por la cooptación y por la red de intereses clientelares que el gobierno militar ha tejido cuidadosamente. De este hecho y del precedente revolucionario de 2011, se infiere que la gran preocupación para la jerarquía militar no es el mantenimiento de su imperio económico, sino el contagio del descontento interno y el miedo a nuevas revueltas populares. Los gobiernos civiles que utilizan al ejército para frenar sus protestas pueden evitar rendir cuentas de la violencia y el baño de sangre. En el caso egipcio, el ejército es el 11

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régimen y el régimen es el ejército; lo que es posible por la ayuda económica y los proyectos de financiación de grandes infraestructuras dependen de la asistencia económica estatal y de la derivada de las monarquías del Golfo. Desde la óptica de la historia reciente de las fuerzas armadas egipcias, su rol en la economía se explica por su habilidad de generar una influencia marginal a través de un enorme rango de empresas financiadas tanto por capital extranjero, como por pujantes hombres de negocios egipcios. En un primer momento, el ejército pudo mantener este papel bajo un gobierno civil amistoso (Adly Mansour), que podría aislar a los militares de su responsabilidad en caso de fallo económico y de la violencia política. La inversión extranjera ha permitido asegurar que los militares sigan siendo un importante guardián para la inversión en nuevos proyectos. Así, las medidas para dotar de seguridad interna del régimen de al-Sisi tratan de incrementar este papel de guardián militar, generando contactos adicionales entre los generales y los hombres de negocios que financian la infraestructura fundamental para financiar a su gobierno. Con todo, las prioridades institucionales de las fuerzas armadas egipcias deberían situarse por encima de las aspiraciones profesionales y financieras de los altos cargos de los cuerpos de oficiales, muchos de los cuales perciben la presidencia de al-Sisi como una vía hacia un status privilegiado. La solución a esta dinámica clientelar requiere negociaciones políticas y concesiones por parte del gobierno de al-Sisi, así como una regeneración de la justicia egipcia.

4. Otros actores de la vida pública egipcia: la religión imbricada en la política El Islam cada vez juega un papel más importante en la vida política, en la que podemos destacar diversas fuerzas islámicas: los Hermanos Musulmanes, los diversos movimientos salafistas e instituciones religiosas del Estado. Podemos afirmar que las fuerzas islámicas se han reconfigurado en el ámbito de su participación política. Si bien Egipto no sigue la vía iraní hacia la teocracia, la religión juega un papel principal en el nuevo Egipto. El levantamiento de 2011 ocasionó cambios dramáticos en las estructuras políticas y, tras los cambios acontecidos, las fuerzas islamistas ocuparon una posición poderosa y dominante en el marco político egipcio, experimentando una clara evolución.

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A día de hoy no se trata de cómo el Islam, sus fuerzas y sus instituciones le dan forma a la política post-revolucionaria egipcia, sino de cómo la nueva política está dando una nueva forma a los movimientos islamistas. ▪ El islamismo salafista El salafismo es una corriente religiosa que acepta el Corán y la práctica del profeta como guía, rechaza la innovación en la religión y emula el modelo de trabajo y la ética de las primeras tres generaciones de musulmanes (Al- Salaf al-Salih), por lo que hacen un fuerte énfasis en el significado literal de los textos sagrados. Tradicionalmente, han mostrado escepticismo hacia Occidente y hacia el modelo contemporáneo de política institucionalizada. Tras la entrada del movimiento en la arena política durante las elecciones parlamentarias de mayo de 2012 posteriores al proceso revolucionario, el partido Nour y el Movimiento de Llamada Salafista –Al-Da’wa Al-Salafiyya- han emergido como importantes actores políticos. No ha sido una simple entrada en la escena política, puesto que ésta ha impactado en sus estructuras internas y sus interacciones con otros actores, iniciando un proceso de moderación dentro de los límites dictados por las estructuras doctrinales. Aunque esta corriente se caracteriza por una limitada experiencia en la arena política, los salafistas son una fuerza que tenemos que destacar en el contexto de Egipto por la sorprendente irrupción del partido salafista Nour; por ello, Europa no podrá obviar la posibilidad de un futuro diálogo con el movimiento salafista en su conjunto. En la etapa previa a la revolución de 2011, los movimientos salafistas se diferenciaban de forma clara de los Hermanos Musulmanes en tres dimensiones: interpretación menos flexible de los textos sagrados, organización –más informal– configurada por círculos de seguidores liderados por estudiosos de la fe y, por último, por un menor compromiso con su participación en la sociedad por su principal orientación hacia la predicación de la fe. Estas diferencias están sometidas al debate actual sobre una posible «hermanización» del movimiento debido a semejanzas en la orientación de su doctrina. La expansión del movimiento salafista se aceleró por su organización informal de estructuras descentralizadas; lo que permitió reducir la necesidad de recursos materiales al mínimo, así como el umbral para la afiliación política. Las políticas que desatarían el 13

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proceso revolucionario egipcio en 2011 contribuyeron al mayor atractivo de los jeques salafistas, cuyas acciones se orientaban hacia la justicia social y a la puesta en marcha de proyectos de caridad en las zonas más desfavorecidas. Por otro lado, inversiones procedentes en su mayoría de las monarquías del Golfo, contribuyeron a expandir las ideas salafistas en el Norte de África, especialmente en Egipto. Los salafistas entraron en la política con el objetivo de proteger las disposiciones recogidas en la Constitución referentes a los principios de la Sharia islámica como la principal fuente de legislación. Como mencionamos anteriormente, el marco político egipcio está reconfigurando el papel del Islam en el contexto político, consecuencia de ello, los movimientos salafistas han empezado a desarrollar una aproximación más cercana a las cuestiones constitucionales y sus líderes políticos están comenzando a guiarse por la voluntad popular y no de forma exclusiva por los dictados de Alá. « No obstante, debemos tener en cuenta que la deliberación acerca de cuestiones relacionadas con la aproximación a la doctrina religiosa lleva a nuevas interpretaciones o revisiones y a que sean movimientos muy organizados pero sin ambiciones políticas; como por ejemplo la Da’wa para las Buenas Formas u otros grupos muy desorganizados, jóvenes y con orientación salafista como el Movimiento Ahrar (Gente Libre), que se inserta en la política «en las calles» antes que en el proceso político formal, o Costa Salafi, destacado por su aparente divergencia entre su ideología supuestamente conservadora y sus encuentros en lugares asociados con el capitalismo globalizado. Finalmente y en oposición a los demás grupos cabe destacar a los salafistas yihadistas, defensores de la lucha y práctica armada para alcanzar el cambio político, discurso que atrae a los jóvenes radicales que no están satisfechos con los movimientos islámicos comprometidos con el proceso político. Tras su éxito electoral, el Partido Nour se ha encontrado en la obligación de cooperar con otros actores, aunque la pureza doctrinal y la coherencia que ha caracterizado al movimiento han impuesto límites en su capacidad para tomar decisiones pragmáticas o adquirir compromisos tácticos. Por ello, convencer a los salafistas para comprometerse puede requerir un proceso largo y dificultoso. A pesar de todo, el partido Nour ha cooperado para apoyar el golpe militar de julio de 2013 y darle un rostro civil. En lo que respecta al futuro de la participación política salafista, debemos tener en cuenta que los movimientos salafistas son muy diferentes entre sí y tienen actitudes diferentes en el contexto de apertura política que ha promovido las Revoluciones árabes. 14

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Mientras que los salafistas yihadistas en Egipto rechazan la participación política, otros se han insertado en el juego político y han creado partidos políticos con diferentes grados de institucionalización y peso. El Partido Nour ha emergido como un importante actor en el paisaje político de Egipto y por ejemplo, ha dado cobertura a las acciones de los militares, un paso que otras fuerzas del espectro islamista han rechazado y que ha supuesto muchas críticas del entorno islamista. Estos acontecimientos seguramente provocarán una fragmentación de voto salafista y, por consiguiente, un espectro de partidos que incluirá pequeños partidos religiosos del lado del FJP de los Hermanos Musulmanes. Así, Los partidos salafistas han generado muchos enemigos, particularmente debido a la polarización del medio político, lo que ha generado una profundización del resentimiento salafista en la esfera pública y en instituciones con gran poder. Los salafistas han desarrollado una línea «democrática y populista» que va aparejada a un profundo sentimiento de exclusión e, incluso, discriminación por parte del resto de las fuerzas políticas.

▪ Los Hermanos Musulmanes Este movimiento se constituyó en 1928 como un movimiento de reforma. La organización fue construida bajo condiciones autoritarias para atraer a miembros distinguidos y sus contribuciones, insistiendo en la vía política como una simple parte adicional a su misión originaria. Sin embargo, estas últimas décadas ha experimentado una «politización» de su misión, focalizando gran parte de su energía de forma directa hacia la escena política. Gracias a ello, la Hermandad ha sido capaz de recurrir a las características de un movimiento de reforma ideológica y religiosa para obtener la victoria en varias ocasiones: su objetivo es el impulso del Islam como forma de vida del Estado –no solo como religión en el mismo– y pretenden llegar a ello predicando, generando acciones políticas y desempeñando acciones sociales. Durante la etapa post-revolucionaria era común escuchar en los debates políticos de Egipto la expresión «hermanización/fraternización» del Estado, un proceso en el que los miembros del movimiento llegaron gradualmente a dominar las instituciones oficiales, en las cuales el acceso estaba cerrado a los no islamistas en el pasado. De esta forman, los Hermanos Musulmanes viene a reflejar el importante papel que juega el Islam en la vida pública. El FJP (brazo político de los HHMM) obtuvo la victoria en el período electoral de 2012, pero aún necesitarían una visión estratégica que lo convirtiera en un partido político competitivo. 15

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Durante los últimos meses del gobierno de Morsi, la torpe gestión de los HHMM, el descontento social y, particularmente, las desavenencias del gobierno con las fuerzas armadas, generó todo tipo de publicidad negativa sobre el movimiento, llegando a ser acusados de terroristas. Así, llegamos en 2013 al punto de inflexión del movimiento: el objetivo de los HHMM de construir un partido como el FJP que atrajera una cantidad numerosa de votantes sin diluir la disciplina de su núcleo de seguidores y que siguiera su propio curso de forma flexible, se desvanece con el golpe de Estado contra Morsi. Asimismo, cabe recordar que tras su derrocamiento la Hermandad rechazó la invitación del presidente Mansour para formar parte del desarrollo político, tomando en su lugar las calles. No debemos ser reduccionistas al analizar el movimiento de forma agregada como movimiento terrorista, pero el problema radica en quienes han actuado en nombre de la organización para llevar a cabo sus actos terroristas. Ello resultó en la prohibición de sus actividades y la congelación de sus fondos y propiedades inmobiliarias como primer paso hacia su ilegalización por parte del nuevo gobierno de al-Sisi. El fallo del tribunal de El Cairo en septiembre de 2014 implicó la consideración de la organización como grupo terrorista y la prohibición añadida de las actividades de su organización no gubernamental o de cualquier grupo derivado o financiado por la organización. Una vez que la Hermandad y el FJP han sido ilegalizados y gran parte de sus militancia se encuentra condenada, surge el grupo «Hermanos sin Violencia» como escisión de los HHMM contraria a su cúpula y a las acciones violentas de la organización, particularmente aquellas ejercidas por los seguidores de Morsi. Pese al núcleo pacífico de esta nueva facción, el gobierno de al-Sisi no acepta su inmersión en el amplio abanico político del país. Con todo, tras la llegada de Al-Sisi, llegó el arresto de miles de simpatizantes del movimiento y la puesta en marcha de procesos judiciales contra los mismos, destacando el proceso contra Morsi y cientos de militantes, acusados de espionaje, conspiración con las milicias extranjeras y liberación de presos de la organización en el marco del proceso revolucionario de 2011, asalto planificado según fuentes policiales por la Hermandad con el apoyo de Hezbolá y Hamás. Desde el pasado 16 de mayo de 2015, un centenar de antiguos militantes de los Hermanos Musulmanes y de su brazo político (Partido de la Libertad y la Justicia) fueron condenados a pena de muerte junto al expresidente Morsi. Para muchos, las primeras detenciones de simpatizantes del movimiento, la publicación de listas de terroristas en las que militantes de la Hermandad se encontraban inmersos y la condena a 16

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muerte de Morsi suponen incurrir en actuaciones al margen de la legalidad por parte del ejército y de los cuerpos de seguridad del Estado.

▪ Los coptos: actores aislados del juego político Egipto es un país que destaca por su fuerte religiosidad; factor que ha revertido en una miríada de conflictos sociales y de clase. Aunque los cristianos constituyen la comunidad más antigua del Medio Oriente, son, junto a los chiitas, una minoría en un país poblado mayoritariamente por musulmanes sunnitas, lo que ha contribuido a una discriminación religiosa casi institucionalizada. Tradicionalmente, Los coptos tratan de evitar referenciar el polémico vínculo entre religión y política en Egipto, ya que es un problema fundamentado en la relegación de este colectivo como «ciudadanos de segunda clase». Durante siglos, los coptos han coexistido de forma pacífica con los otros actores; sin embargo, desde la entrada de numerosos actores islamistas en el amplio abanico político egipcio, han resurgido los enfrentamientos entre musulmanes y cristianos. En términos históricos, el colectivo cristiano-ortodoxo impulsado por Saad Zaghloul estuvo prominentemente representado en los años veinte por dos motivos: su importancia central en el proceso de independencia y soberanía popular en Egipto y porque sumaban el 7% de la población de Egipto (aproximadamente 6 millones de personas). Durante las dos siguientes décadas, se multiplicó el número de organizaciones religiosas lideradas por los Hermanos Musulmanes; lo que, sumado al declive económico egipcio, exacerbó las tensiones entre musulmanes y cristianos. En consecuencia, los políticos coptos cada vez han ido encontrando mayores dificultades para lograr representación en el ámbito político y electoral. En la década de los cincuenta, los coptos lucharon para obtener los permisos de construcción de nuevas iglesias y para mantener las existentes. Dos décadas más tarde, las relaciones régimen-iglesia sufrieron un claro deterioro bajo la presidencia de Saddat; momento en el que la ley adquirió un tinte islámico y empoderó a los colectivos islamistas, aumentando con ello la violencia sectaria. Como respuesta a la dramática situación de los coptos, el papa copto Shanouda exigió más derechos para este colectivo, siendo acusado de separatismo y de tratar de constituir un Estado cristiano.

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En el contexto del régimen de Mubarak, el conflicto social se intensificó con los disturbios de El Zawya el Hamra en el año 1981, también denominados «luchas de fuego» entre coptos y musulmanes por la construcción de nuevas infraestructuras religiosas. Estos disturbios fueron legitimados por una estructura legal egipcia que no estaba actualizada para hacer frente a las demandas de los coptos. Mubarak explotó la inseguridad de los coptos para su propio beneficio, posicionando su régimen como protector contra el sectarismo, siendo un régimen anti-cristiano y contribuyendo, de esta forma a una guerra interna en los noventa en la que se enfrentaron las fuerzas de inteligencia, de la policía y militantes islamistas contra oficiales del régimen, extranjeros y coptos. La situación terminó por degenerar en una masificación del conflicto -acciones vandálicas en tiendas y casas de coptos – por la falta de acción de los cuerpos de seguridad. Tras esta masacre, la economía, la infraestructura y el clima de seguridad se deterioraron. Surgen, así, nuevos movimientos que desafiarían al régimen y supondrían una nueva ventana de oportunidad para la integración de los coptos, este es el caso del Movimiento Egipcio para el Cambio (2004) que abrió nuevas vías para los opositores coptos de Mubarak y ocasionó, simultáneamente, asesinatos de coptos en manifestaciones contra la policía o atentados en 2011 como la explosión masiva en la iglesia copta de San Marcos en Alejandría; actos ante los cuales Mubarak mostró su indiferencia. Más adelante, si atendemos a la fase anterior al derrocamiento de Morsi, ésta destacó por la ejecución de ataques mortales contra los coptos, los asaltantes desde el norte del Sinaí hasta el sur de Egipto sitiaron las iglesias, asesinando a clérigos y a laicos, tendencia que se agravó por la actitud violenta de las fuerzas de seguridad, obviando estos ataques. Todo esto revela cómo la seguridad de los coptos está ligada al esfuerzo por establecer un gobierno que trate a todos los egipcios por igual -con los mismos derechosmás que como un problema a solventar. Egipto es un país que juega un papel integral en la expansión global de la cristiandad y del Islam, sin embargo, debemos tener en cuenta que la religión ha servido únicamente para fragmentar una sociedad bruscamente dividida entre gobernantes y gobernados. Hoy en día, el problema del sectarismo persiste, los coptos se han enfrentado a la discriminación y opresión bajo el régimen autoritario y los gobiernos de transición posteriores al proceso revolucionario de 2011 con acontecimientos como la masacre del ejército con la muerte de civiles en Maspero (octubre 2011), el sitio de la Iglesia de San 18

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Marcos en abril de 2013, tiroteos, incendios de iglesias por las fuerzas de al-Sisi. Como consecuencia, los coptos son una de las comunidades más vulnerables de la sociedad egipcia. La población copta de Egipto constituye el mayor núcleo cristiano de Oriente Medio, y por ello, debe ser analizada en términos históricos e institucionales. Las leyes obsoletas de Egipto y sus instituciones autoritarias –sin diferencias confesionales– convierten a los coptos en el objetivo del conflicto social, apartados de posiciones de liderazgo así como del ámbito de la seguridad nacional e incluso de profesiones en el sector público. Estas formas de prejuicio contribuyen a un clima de inseguridad que no ha cambiado con el gobierno de al-Sisi por la falta de voluntad política y de reforma institucional por parte del cuerpo militar y por las trabas políticas que obstaculizan a este colectivo. El contexto del gobierno de al-Sisi no ha sido más que el catalizador de la quema militar de iglesias, acciones basadas en la reproducción del viejo patrón de oficiales del Estado fundamentado en la explotación –en lugar de eliminación- de las tensiones sectarias.

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II. Relaciones exteriores de Egipto: Las Revoluciones y los intereses creados

El Norte de África y Oriente Medio se convirtieron tras las Revoluciones árabes en un hervidero de intereses y, a la vez, en un foco de preocupaciones para numerosas potencias que consideran la existencia de un gobierno estable y amigo en la región fundamental para la seguridad internacional y para la consecución de sus objetivos geopolíticos en la región. Los países del Golfo, Rusia, China, EEUU y la UE han trazado las líneas generales de sus políticas exteriores para con Egipto teniendo en cuenta dichos factores.

1. Estados del Golfo: principales valedores económicos Egipto confía en las ayudas del Golfo como un aliciente para fomentar inversiones extranjeras movidas más por intereses geopolíticos que económicos. Tales intereses se encuentran a la orden del día en una región sacudida por el auge del autodenominado Estado Islámico en Irak y Siria, las preocupaciones en torno al programa nuclear iraní y la tormenta política en Yemen, convertida en una guerra proxy entre Arabia Saudí e Irán. Con todo, es fundamental para los países del Golfo asegurar la estabilidad de la región; objetivo que pasa por la estabilización de Egipto. La importancia de esta ayuda es tal que en febrero del presente año, Al-Sisi reconoció públicamente que sin el apoyo del Golfo, el país no hubiera sobrevivido al periodo de transición que siguió al derrocamiento de Morsi. No obstante, al consolidarse la toma de poder de Al-Sisi, las ayudas económicas prácticamente cesaron, produciéndose un viraje de los flujos de apoyo hacia reformas fiscales y reestructuración fiscal que hicieran más atractiva la inversión extranjera en el país. Con ello, el rol del apoyo económico de los países del Golfo en Egipto no busca ser sustitutivo de las instituciones financieras internacionales, sino que pretende reintegrar a Egipto en la economía global y procurar una estabilización política en la región derivada de la recuperación y el crecimiento económicos.

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La cuestión crítica hoy es si estos países colmados de petrodólares serán capaces de proveer de los medios necesarios para apuntalar la seguridad de la región en el contexto actual de desplome de los precios del petróleo.

▪ Qatar Pese a sus aproximadamente 7’5 millones de dólares invertidos en Egipto, Qatar es considerado un trouble maker por las tensiones experimentadas con otros Estados miembros de la región. En enero de 2014, las tensiones entre Egipto y Qatar se acrecentaron debido a que el país del Golfo hizo referencias públicas a la violencia que experimentaba Egipto. Egipto consideró esta acción una interferencia en su política interior y un intento de distorsionar su imagen en el contexto internacional. Las afirmaciones del Ministro de Asuntos Exteriores de Qatar expresaban que la única solución al elevado número de víctimas como resultado de la represión de las manifestaciones en Egipto sería el diálogo entre todos los partidos políticos y que un acercamiento desde la seguridad no llevaría a una mayor estabilidad. Así mismo, éste condenó la denominación de determinados movimientos políticos como «organizaciones terroristas». Así, la raíz del conflicto se encuentra en el respaldo de Qatar al presidente Morsi, ofreciendo asilo político a los dirigentes de los hermanos Musulmanes que lograron escapar de la represión de las autoridades egipcias. Mientras tanto, el gobierno egipcio denunció el uso de los medios de comunicación para desestabilizarlo y promocionar a la Hermandad. Egipto consideró estas afirmaciones un reflejo injerencia externa y emprendió acciones urgentes para frenar la continua interferencia qatarí en sus asuntos, expresando su contrariedad en el Consejo de Cooperación del Golfo. Paralelamente, el gobierno egipcio pidió oficialmente al Consejo de Cooperación del Golfo y a Qatar en particular el apoyo en la lucha contra la «violencia» de los Hermanos Musulmanes. El gobierno Egipto sospechaba que Qatar estaba apoyando a los Hermanos Musulmanes promocionándolos a través de los medios de comunicación; especialmente a través de Al Jazeera, donde de forma continuada se reflejaba la inestabilidad del escenario político egipcio con el subsiguiente deterioro de la imagen exterior del país egipcio. La situación con Qatar es excepcional con motivo de que Qatar es un Estado árabe y está ligado a Egipto debido a los valores de una política exterior egipcia basada en el 21

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nacionalismo y patriotismo y dirigida al mantenimiento de las relaciones culturales y económicas. Así pues, debemos tener en cuenta la dimensión estratégica y nacional de la relación con Qatar, considerado un miembro vital del Consejo de Cooperación del Golfo. Ambos países deberían evitar una escalada del conflicto y por ello, los países del Golfo están haciendo esfuerzos para mediar en su disputa, ya que la administración egipcia está agotando sus excusas para justificar su posición en la comunidad internacional. Gracias a la actitud mediadora de los países del Golfo, en diciembre de 2014, Egipto y Qatar han dado pasos para normalizar sus relaciones, empezando por la suspensión del canal referente a información sobre Egipto; respetando con ello la primera condición impuesta por Egipto para el avance de sus relaciones, dañadas tras el golpe de Estado que depuso a Morsi en el verano de 2013. Tras una reunión entre el presidente AlSisi y el jefe de los servicios de inteligencia qataríes, ambos países se han lanzado a la preparación de una cumbre en la que sellar la reconciliación definitiva, con Arabia Saudí como mediador.

▪ Arabia Saudí Considerado

el principal

valedor de Egipto,

ha

cooperado militar y

económicamente con Al-Sisi, colaborando, incluso, en el golpe de Estado de 2013. El apoyo saudí busca ser un revulsivo a la apertura de Egipto a la economía global, tal y como muestra el patrocinio del rey Salman de la Conferencia para el Desarrollo Económico de Egipto que tuvo lugar el 14 y 15 de marzo de 2015. Históricamente, los países del Golfo han considerado crucial para la seguridad y estabilidad de la región la existencia de un gobierno amigo en Egipto. Por ello, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos han vertido importantes flujos de inversiones económicas y diplomáticas en pro de la estabilización del régimen militar actual, ascendiendo la suma del apoyo económico del Golfo a 20 mil millones durante el periodo 2013-2014. Siguiendo esta línea, es preciso señalar la Conferencia para el Desarrollo Económico de Egipto (EEDC) celebrada el pasado 15 de marzo bajo el patrocinio principal del nuevo rey Saudí Salman como el espejo de la relación económica de Egipto con el Golfo previamente aludida. La conferencia reunió a más de 17.000 inversores, miembros de gobiernos y consultores expertos –entre los que se incluía Tony Blair– agrupados para contemplar cómo Egipto trataba de dejar atrás sus años de revolución e inestabilidad para unirse a la dinámica político-económica occidental caracterizada por mercados soberanos y protestas y violencia 22

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estatal prácticamente inexistentes –o al menos intentarlo tras el convulso periodo postrevolucionario–. Con todo, a pesar de que el apoyo saudí busca ser un revulsivo a la apertura egipcia, Egipto no confía exclusivamente en la financiación de los países del Golfo, y por ende, Oriente Medio y el Norte de África se han convertido en regiones ‘’pivote’’ de los flujos de inversión asiática.

2. China: geopolítica disfrazada de relaciones económicas China tenía ya una presencia destacable en la región mucho antes de las Revoluciones árabes. De forma primordial, esto se debe a que los recursos energéticos de la zona han guiado la mayor parte de la política exterior china hacia la región, razón por la cual Pekín trata de mantener un vínculo amistoso con todos los países del área. El acelerado crecimiento interno de China ha desembocado en un aumento de sus importaciones de petróleo; erigido en el mayor importador de petróleo del mundo, resulta así un socio económico cada vez más importante para Oriente Medio. Como contrapartida, Egipto con su gran población, representa un importante mercado de consumo para los productos chinos de bajo coste; lo que, unido a los activos estratégicos del país, puede fortalecer el interés chino en la región, tal y como encarna el auge del comercio bilateral desde el período Morsi. Al mismo tiempo, El Cairo puede ofrecer a China su influencia geopolítica y económica en África y Oriente Medio. Dado que es un actor influyente en el mundo árabe, una relación más estrecha con Egipto podría ayudar a mejorar la imagen de China en la región, además de aportar beneficios prácticos tales como un paso expedito a través del Canal de Suez para buques comerciales o de guerra chinos. Respecto a sus implicaciones políticas, la política exterior china se comprometió activamente con las entonces cada vez más fuertes corrientes islamistas, como los HHMM, con el objeto de establecer relaciones con las fuerzas políticas emergentes. En el período previo a Morsi, China realizó visitas privadas a los HHMM y a su vez éstos publicitaron sus relaciones con China durante su campaña para mostrar su competencia en política exterior. Las relaciones de Morsi con China intentaron reducir la tradicional dependencia de occidente. Esta apertura hizo posible la proyección de inversiones para la construcción de 23

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una central nuclear, planta de desalinización y tren de alta velocidad entre El Cairo y Alejandría. La diversificación comercial continúa siendo una prioridad esencial para el nuevo régimen egipcio. Con todo, la relación China-Egipto estaba basada en la no injerencia y en la preferencia por las relaciones comerciales sobre las iniciativas políticas y militares, sin embargo, ésta se ha extendido desde una dependencia del comercio energético a un compromiso más amplio (productos de consumo, servicios de ingeniería, construcción o automóviles). Las revueltas políticas de la última década han supuesto la oportunidad para que Pekín aumentara su presencia en la zona. China está refortaleciendo su dinámica política en Oriente Medio y el Norte de África y a su vez, los países de la región favorecen cada vez más la creciente participación de China. Lo paradójico de las relaciones de la gran potencia asiática con Egipto es que China, realmente, no tiene una política específica para Oriente Medio, a diferencia de EEUU y Europa. Pero en un espacio breve de tiempo, tendrá que adoptar posiciones políticas más claras para preservar sus intereses debido a los vínculos entre los desafíos internos (dependencia energética) y los retos globales (yihadismo transnacional). Así, los acontecimientos en Oriente Medio desde 2011 amenazan la postura neutral de China y es improbable que China pueda mantener un enfoque económico benigno en la región sin tener una estrategia para abordar cuestiones de seguridad.

3. Rusia: las oportunidades del vacío occidental Egipto y sus países vecinos suponen un desafío para Rusia, pues sus intereses entran en conflicto con los de otras potencias, el contexto regional ha mutado considerablemente tras las revueltas árabes y las capacidades soviéticas se han visto limitadas durante el último año. Aun así, Moscú tiene por objetivo hacerse con el nicho de descontento de los gobiernos de Oriente Medio y el Norte de África hacia EEUU y la UE; reforzando así su liderazgo y red de aliados en una región cuyas revueltas se le presentan como una ventana de oportunidad para afianzarse en el Mediterráneo. Ya antes del estallido de las Revoluciones árabes en 2011, el entonces Primer Ministro Putin sostenía como raison d’état rusa la protección y profundización de los intereses geopolíticos nacionales en la región MENA a través de la promoción de buenas 24

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relaciones bilaterales con los gobiernos y los movimientos políticos claves en la región. Con ello, Moscú no solo pretendía afianzar las relaciones con sus aliados tradicionales –los regímenes de Saddam Hussein en Irak, Assad en Siria, Gaddafi en Libia o el régimen islámico iraní–, sino que su objetivo pasaba también por entablar una disputa a Occidente por medio de la mejora de relaciones con aquellos aliados históricamente afines a EEUU – Turquía, Arabia Saudita, Marruecos o Jordania–. No obstante, las Revoluciones árabes reescribieron la estrategia exterior de Moscú en la región MENA: indiferente ante la destitución de Ben Ali en Túnez, a Putin le incomodaba la caída de Mubarak en Egipto pese a su voluntad de trabajar junto a las nuevas fuerzas del cambio en el país. Fue con la contestación a sus aliados tradicionales en Siria y Libia –especialmente cuando países árabes y occidentales intervinieron militarmente en pro de la caída del régimen de Gaddafi– cuando el proceso revolucionario de la región adquirió el cariz oscuro que indicaba, para Putin, un esfuerzo orquestado de distintas fuerzas domésticas y exteriores para sustituir a sus aliados con gobiernos afines a Occidente. Rusia, incluso, llegó a percibir las Revoluciones árabes como una «injerencia externa» que, más allá de buscar la caída de sus aliados en la región MENA, perseguía la radicalización de los islamistas no solo en los países aquejados de revueltas, sino también en el norte del Cáucaso ruso. De esta forma, la inestabilidad en Egipto es percibida en Moscú como una útil coyuntura para, fundamentalmente, limitar la esfera de influencia occidental en la región y, a la vez, abrir un mercado clave para expandir sus exportaciones armamentísticas y energéticas. Hoy, Egipto se presenta ante Rusia como una entrada clave en el Mediterráneo por cuestiones que, si bien pueden parecer económicas, encierran un carácter eminentemente geopolítico: además de la disputa material y simbólica a Occidente, el auge de exportaciones de bienes producidos por empresas cercanas al Kremlin es esencial para sostener al propio régimen de Putin. Sin embargo, los anhelos de Moscú chocan con una realidad económica interna que limita su capacidad exterior y, con ello, sus ansias de expansión en el Mediterráneo a través de Egipto. De este hecho deriva la ruptura con la tradición de la URSS de entregar armas a cambio de influencia y, hoy, Putin insiste en la importancia de extender su influencia a través del comercio de armas siempre que estas sean retribuidas. Egipto encarna esta dinámica: cuando la administración Obama recortó el envío de armas al país por las 25

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preocupaciones en cuanto al respeto por los DDHH y la democratización, Putin rápidamente expresó la voluntad soviética de vender –que no regalar–- armas rusas a El Cairo. Existe, por tanto, una voluntad manifiesta de Rusia por expandir su influencia en el país a través de la venta de armas, pero también existen limitaciones económicas que impiden renunciar a la remuneración por tal venta; así, El Cairo aún no se ha hecho con armas rusas y Arabia Saudí, el gran valedor de Egipto, no ha provisto de los fondos necesarios para ello. Moscú es plenamente consciente de que Egipto no pretende depender del apoyo armamentístico ruso; aun así, Egipto utiliza esa oferta aun no materializada en su favor como revulsivo para la reanudación de suministros de armas estadounidenses. Otro aspecto fundamental de las relaciones Rusia-Egipto es la cuestión energética. La prominente dependencia de Moscú de los ingresos derivados de la exportación de petróleo y gas –fundamentales para el presupuesto nacional y para financiar grupos de interés claves en el gobierno de Putin– se traduce en la necesidad de abrir nuevos mercados que garanticen la provisión de fondos nacionales y en la de prevenir avances logísticos que abaraten el petróleo y el gas de la región MENA frente a los precios rusos, consumando un eventual cambio de alianzas energéticas. Egipto, por su parte, debe hacer frente a una demanda creciente superada por la producción nacional. Para Rusia, el colapso de los precios del petróleo a finales de 2014 como resultado del aumento de la producción estadounidense de petróleo de esquisto bituminoso y de las negativas saudíes a la reducción de su cuota de producción4 ha resultado un incentivo para diversificar sus alianzas energéticas. Egipto, aquejado de una producción nacional insuficiente para su población y castigado por una serie de apagones que ya en 2013 incendiaron el descontento popular contra Morsi, ha encontrado en el interés ruso por penetrar en el Mediterráneo una solución a sus problemas energéticos. La consolidación de la alianza energética entre ambos países quedó patente el pasado febrero cuando Putin, en una visita oficial a El Cairo, firmó un acuerdo para, primero, ayudar a construir la única planta nuclear egipcia en vistas a suplir parte de las crecientes carencias energéticas y, segundo, estimular sus exportaciones de gas natural al país. La simultaneidad de las acciones de EEUU y Arabia Saudí en el contexto de derrumbe de los precios del petróleo ha sido percibida por Moscú como un deliberado intento conjunto de ambos países para debilitar su economía. Mark N. Katz, Conflicting aims, limited means: Russia in the Middle East. FRIDE (mayo de 2015). Accesible en http://fride.org/download/PB201_Russia_in_the_Middle_East.pdf 4

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Con todo, esta visita oficial simboliza el afianzamiento de la relación ruso-egipcia desde la llegada al poder de al-Sisi y la diversificación de aliados de Egipto frente a la tradicional relación de dependencia hacia EEUU. Rusia, pese a sus problemas internos y su negativo panorama económico actual, ha sabido realizar una lectura prospectiva de la situación egipcia –y de las Revoluciones árabes en general– para recuperar en un espacio breve de tiempo una cuota de influencia en el Mediterráneo que había perdido hace décadas.

4. Estados Unidos: evolución hacia una política nixoniana Desde el estallido de la revolución popular de 2011, la política de Estados Unidos hacia Egipto ha sufrido una serie de reveses derivados de sus continuos intentos por mantener buenas relaciones con el líder del gobierno, sin importar cual fuera su ideología o condiciones, y por sus malos análisis prospectivos de los eventos que han ido encadenándose en la montaña rusa política que es Egipto desde la caída de Mubarak. Conforme las protestas sociales se hacían incontenibles para el régimen de Mubarak, EEUU recomendaba encarecidamente a la cúpula de poder egipcio revisar sus políticas para dar salida a una serie de demandas populares que abonaran la relación de confianza Estado-sociedad de la que carecía Egipto y sin la cual era imposible mantener la longeva autocracia de Mubarak. Paralelamente a aquellos dieciocho días de 2011 en los que la sociedad egipcia mantenía un férreo pulso con el poder estatal, la dinámica de tres décadas de relaciones entre Egipto y EEUU sufrió una profunda revisión5: la supremacía de la alianza estratégica entre ambos países no podía ignorar la vulneración reiterada de los valores democráticos que, en teoría, abandera EEUU en sus relaciones exteriores. Así, a principios de febrero, en un ejercicio de análisis prospectivo, el gabinete de Obama asumió que el futuro de la vida pública del país pasaba por una regeneración en la Las relaciones EEUU-Egipto han descansado tradicionalmente sobre la base de la ayuda militar estadounidense. Entre 1948 y 2011, Egipto ha recibido 72 mil millones de dólares en ayuda económica y militar; lo que le convierte en el segundo país, por detrás de Israel, en volumen de ayuda económica estadounidense. The U.S. gives Egypt $1.5 billion a year in aid. Here’s what it does, The Washington Times (9 de julio de 2013). Disponible en http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2013/07/09/the-u-s-gives-egypt-1-5billion-a-year-in-aid-heres-what-it-does/ 5

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que no tenía cabida la figura de Mubarak –ni la de su hijo Gamal–. Si bien son muchos los que llegan a sostener que la CIA estadounidense estuvo detrás del fin del régimen de Mubarak, lo cierto es que EEUU forzó la caída del autócrata tras una reevaluación de su alianza estratégica6. Desde entonces, EEUU se ha enfrentado al desafío de desarrollar una política para con Egipto que, a la vez, preserve sus intereses en la región y fortalezca su deteriorada relación de confianza con la ciudadanía y sus líderes. Tras su victoria en las primeras elecciones democráticas de la historia del país, Morsi y los HHMM no cejaron en sus esfuerzos de demostrar su bona fides en las relaciones internacionales de Egipto; lo que se materializó en las relaciones bilaterales con EEUU con el ofrecimiento de colaborar con ellos en la promoción de un alto al fuego entre Hamas e Israel en noviembre de 2013 y con la promesa de alcanzar un acuerdo con el FMI en pro de una profunda reforma económica que, eventualmente, dotara de estabilidad social al país. Los intereses de EEUU en el país parecían a salvo bajo el gobierno de Morsi y las relaciones entre ambos países retomaban la tónica de cooperación y entendimiento de las últimas décadas. No obstante, la nueva constitución del periodo Morsi, ya desde su redacción en noviembre de 2012, enturbió las complejas relaciones entre islamistas y secularistas a nivel doméstico. Cuando a este factor se unieron las renovadas protestas sociales, EEUU guardó silencio público y parecía mantenerse expectante ante la posible sucesión de eventos que se sobrevenían. En privado, el gabinete de Obama trabajaba con enviados de la Unión Europea para presionar a Morsi y a otros líderes de los HHMM en pro de la concesión de algunas peticiones de los secularistas ignoradas en la constitución. Si bien la relación entre el Egipto de Morsi y EEUU tornaba más tensa conforme la oposición popular se fortalecía, un factor era constante: la cooperación en materia de seguridad, con la subsiguiente ayuda militar de 1,5 mil millones de dólares anuales.

John R. Bolton, antiguo embajador de EEUU en NNUU, declaró en 2013 que advirtió a Obama del error que suponía forzar la caída de Mubarak: «puede que no fuese un demócrata en los mismos términos que Jefferson, pero era nuestro aliado». Bolton, asimismo, manifiesta que el Egipto postrevolucionario de Morsi y sus aspiraciones islamistas supuso mayor desafío para Occidente que el gobierno autocrático de Mubarak. John Bolton: U.S. ‘made big mistake’ pushing out Egypt’s Hosni Mubarak, The Washington Times (3 de julio de 2013). Disponible en http://www.washingtontimes.com/news/2013/jul/3/john-bolton-us-made-big-mistakepushing-out-egypts/ 6

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El viraje de la transición egipcia el 3 de julio de 2013 con el golpe de Estado militar de al-Sisi ha sido la gran prueba de stress por la que se ha visto obligada a pasar la relación bilateral entre ambos países. Con el golpe, el factor constante de estabilidad en sus relaciones con Egipto –recordemos: la ayuda militar de 1,5 mil millones de dólares anuales– peligraba, pues la legislación estadounidense prohíbe expresamente la asistencia a cualquier régimen militar que haya depuesto a un líder democráticamente electo. Así, para no limitar sus futuras capacidades legales en la asistencia al régimen venidero y conservar la oportunidad de estrechar vínculos con el país, el gobierno estadounidense rehuyó el término «golpe de Estado» para referirse a la acción manu militari del 3 de julio. La política estadounidense hacia el país árabe, ahora bajo el férreo gobierno militar de al-Sisi, debía renovarse nuevamente. En un primer momento, Obama se resistió a suspender cualquier tipo de ayuda, tratando, en su lugar de fomentar un acercamiento y un eventual compromiso entre las distintas fuerzas políticas egipcias. Esta vez, eran las EAF de al-Sisi las que no mostraban ningún entusiasmo por los dictados de EEUU. Conforme las aproximaciones diplomáticas en pro de la reconciliación fallaban estrepitosamente y el abuso de los derechos humanos escalaba, EEUU comenzó a suspender paulatinamente importantes envíos de pertrecho militar. Además, pese a la continuada resistencia a denominar «golpe de Estado» la acción de al-Sisi, el gobierno estadounidense manifestó públicamente su preocupación por la naturaleza no democrática de la toma de poder de los militares y por las reiteradas violaciones de los derechos humanos de la población y la subsiguiente amenaza latente de sublevaciones populares; declaraciones que había abstenido de hacer durante el gobierno de Morsi, lo que provocó un aluvión de críticas hacia el gobierno estadounidense, acusaciones por su supuesto apoyo a los HHMM y la difusión entre los partidarios del teorías conspirativas antiestadounidenses. Sin embargo, al mismo tiempo, la administración Obama se resistía a romper relaciones con el Egipto de al-Sisi. Como enclave estratégico fundamental en el Mediterráneo y como su aliado histórico, la asistencia económica y contraterrorista siguió fluyendo desde el Atlántico, así como se mantuvieron las operaciones rutinarias de seguridad –especialmente en la zona del Canal de Suez–. La suspensión de la ayuda militar de 1,5 mil millones de dólares anuales que había apuntalado las relaciones entre ambos

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países supuso la diversificación de los aliados de Egipto y puso de manifiesto los pobres cálculos geopolíticos de la política exterior estadounidense en el país árabe. No obstante, la diversificación de las alianzas egipcias y la inestabilidad creciente de la región MENA han sido los principales acicates para replantear los términos de la relación de Washington con el gobierno militar egipcio. Así, en marzo de 2015, la ayuda militar volvía a fluir después de más de un año de suspensión: apenas unos días después del anuncio de Egipto del envío de cuatro buques de guerra a Arabia Saudí en su lucha contra los rebeldes en Yemen –conflicto convertido en «guerra proxy» entre Irán y Arabia Saudí– Obama anunciaba el restablecimiento de la ayuda. Con ello, la administración estadounidense premia la asistencia de al-Sisi al bando saudí y espera que se estreche la cooperación en materia de seguridad, especialmente en cuestiones de contraterrorismo doméstico y regional. Apuntalar la estabilidad en Egipto y recuperar la tradicional relación privilegiada son prioridades que buscan, en último término, proteger los intereses estadounidenses en una región disputada por un número creciente de actores con agendas enfrentadas. Apoyando al férreo mando militar de al-Sisi, Washington pretende dotar de seguridad al país, retomando la «doctrina Nixon»7; esto es, la represión como freno de la radicalización.

La evolución hacia una política «nixoniana» se traduce en la vuelta de un patrón de política exterior ya empleado con discutible éxito por EEUU: desde la protección del Shah Reza Pahlevi a la propia experiencia de Mubarak, confiar la estabilidad nacional a la represión es una «bomba geopolítica» que termina por estallar desde dentro. Obama embraces the Nixon Doctrine in Egypt, The Washington Post (3 de abril de 2015). Disponible en http://www.washingtonpost.com/opinions/obama-embraces-the-nixon-doctrine-inegypt/2015/04/03/597b3be0-d986-11e4-ba28-f2a685dc7f89_story.html 7

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III. Egipto desde el prisma de la UE: Respuestas y desafíos ante sus Revoluciones

La respuesta de la Unión Europea al torrente de dramáticos eventos de los que Egipto ha sido testigo desde 2011 ha puesto de manifiesto su limitada capacidad como global player. Ante un vecindario convertido en un hervidero de conflictos y una capacidad de obrar mermada por la coyuntura económica desfavorable y por la penetración en la región de nuevos actores con agendas más activas y estructuradas, las políticas de soft power de Bruselas suponen una invitación a un análisis del marco de las relaciones Euromediterráneas y un replanteamiento del mismo.

1. La Política Europea de Vecindad Impulsada por la Comisión Europea en 2003, la Política Europea de Vecindad (PEV) fue concebida como la alternativa de la UE a la geopolítica tradicional. Mediante compromisos específicos a largo plazo –desde ayuda financiera a acuerdos comerciales, pasando a facilidades para el turismo– la PEV tenía por objetivo promover reformas estructurales en el vecindario de la UE, asistiendo a los países socios en su transición hacia Estados democráticos regidos por el imperio de la ley y dotados de economías robustas capaces de compartir los beneficios del mercado interno europeo. La fuente de inspiración para el diseño de la PEV era, en el fondo, el propio proceso de construcción europeo; no obstante, la diferencia fundamental era la culminación del proceso: sin la promesa de una eventual adhesión, el compromiso por ambas partes era menor y la posibilidad de generar frustraciones entre receptores y sostenedores de la PEV, mayor. En el contexto de su lanzamiento, esto es, en pleno proceso de integración hacia el este de Europa, la naturaleza de la PEV se explica como una iniciativa pensada para evitar divisiones en el espacio europeo como consecuencia de tal proceso. Así, ya en su diseño, el este de Europa era el foco de interés principal para la PEV; la extensión del programa a, primero, diez países de la ribera sur del Mediterráneo y, segundo, al sur del Cáucaso fue, 31

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realmente, un interés secundario en la puesta en marcha de esta política europea. Por tanto, el intento por enmarcar el vecindario europeo, tan dispar y variado, en un mismo instrumento de relaciones no ha satisfecho las expectativas que ambas partes depositaron en la PEV. Las Revoluciones árabes del 2011 supusieron una manifestación del fracaso general de la PEV hacia la ribera sur mediterránea y pusieron sobre la mesa algunos de los fallos de diseño de la política. El trato de las instituciones europeas para con los sucesos de Egipto subrayaron por sí mismos la dinámica de la PEV: primero, los jefes de Estado europeos no se sintieron constreñidos por la necesidad de sostener una visión comunitaria conjunta de los eventos que se estaban dando en su vecindario y manifestaron sus percepciones sin considerar los dictados de Bruselas; y, segundo y más importante, la UE fue relegada a la posición de mensajera, con la Baronesa Ashton –la entonces alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad– actuando prácticamente como portavoz de los Estados más poderosos de la UE. La diplomacia europea, y la PEV en particular, debían someterse a una profunda revisión, cuyo resultado culminó con una reformulación de la PEV para enfatizar el objetivo de construir una democracia «profunda y sostenible» a través de la iniciativa la «más por más». El principio «más por más» establecía condicionalidades a la relación con los países de la ribera sur inmersos en un proceso de transición política: a mayor grado de democratización en los términos de la UE, mayor apoyo europeo en los distintos campos de cooperación abiertos. Así, la «Alianza por la Democracia y la Prosperidad Compartida» representa un cambio fundamental en la relación de la UE hacia aquellos países comprometidos con las reformas estructurales recomendadas por la propia Unión, dotando a sus relaciones de un enfoque basado en los incentivos y en la consecución de metas cuantificables y específicas8. Aun después de la revisión de la etapa postrevolucionaria en la región MENA, los retos y vacíos a los que debe hacer frente la PEV en la ribera sur del Mediterráneo sobrepasan la efectividad de la propia iniciativa. Así, el pasado marzo, en una reunión

Joint Communication to the European Council, the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Delivering on a new European Neighbourhood Policy. Bruselas (15 de mayo de 2012). 8

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conjunta de las instituciones europeas, un nuevo cuerpo de medidas correctoras de la PEV 9 fueron tomando forma tras la aceptación generalizada de las limitaciones de la misma. El borrador, que recoge la PEV venidera, refleja en mayor medida la necesidad de diseñar un marco más flexible y adaptado a la realidad de cada país, la exigencia de hacer frente a la penetración de nuevos actores en la región, la conveniencia de la configuración de mecanismos para actuar en situaciones de crisis que puedan afectar al vecindario y la necesidad de trabajar conjuntamente con la sociedad civil y otros mecanismos regionales europeos ya implantados en la ribera sur mediterránea.

2. La Unión para el Mediterráneo Consciente de los pobres resultados de la PEV y de la necesidad de una diferenciación regional dentro del vecindario europeo, Nicolás Sarkozy lanzó en 2008 la propuesta de un proyecto de unión diseñado conforme a las complejas necesidades del Mediterráneo y centrado en la protección de intereses europeos –huelga decir que especialmente franceses– en la región. Esta idea bebe del Proceso de Barcelona de 1995, nacido de la Conferencia de Ministros Euromediterráneos de Asuntos Exteriores celebrada en la capital catalana bajo los auspicios de la presidencia española del Consejo de la UE. En ella culminaron una serie de esfuerzos de países miembros de la UE por articular sus relaciones con la región MENA, recogiendo el testigo de la Política Mediterránea Global (1972-1992) y la renovada Política Mediterránea (1992-1995). Pasados diez años de la conferencia originaria del proceso, una segunda cumbre de jefes de Estados europeos y mediterráneos trató de reavivar las iniciativas lanzadas en Barcelona. Así, la Unión para el Mediterráneo jalona los empeños de la UE por asentarse como un global player de peso en la región y supone la aceptación del acquis de las propuestas lanzadas durante las dos últimas décadas en torno a las relaciones con la ribera sur del Mediterráneo. Las propuestas formales recogidas por la iniciativa se centran en el fomento de la cooperación entre los miembros en materia de política y seguridad, economía y comercio, socioculturales y asuntos de justicia y de interior. Como mecanismo Joint Consultation Paper: Towards a new European Neighbourhood Policy. Bruselas (4 de marzo de 2015). 9

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complementario a la PEV y como continuador esencial del Proceso de Barcelona, es importante destacar las propuestas de la Unión para el Mediterráneo en torno a la configuración de una arquitectura institucional que dotaran de mayor cooperación política al proceso Euromediterráneo y fomentara la visibilidad de las relaciones en el conjunto de países participantes. No obstante, exceptuando la creación de un Secretariado para la organización general de la Unión por el Mediterráneo, la configuración de instituciones ha fracasado por las continuas tensiones políticas entre los jefes de Estado de la ribera sur del Mediterráneo mermando la capacidad de obrar de la alianza. A ese fracaso, hay que sumar las dificultades derivadas del contexto desfavorable de la económica europea, sin fondos públicos o privados para financiar las iniciativas del proyecto y la nada desdeñable creciente desconfianza hacia las políticas de la UE después de su actuación en las Revoluciones del 2011 y el contexto de incertidumbre que éstas crearon.

3. El futuro de las relaciones Euromediterráneas: una alianza fracturada El enfoque de la UE hacia el Mediterráneo es una muestra de las limitaciones de sus medidas de soft power en sus relaciones exteriores. Dotar a su vecindario más inmediato de una estabilidad en la que puedan prosperar sus intereses en la región y sirva de freno para posibles riesgos en la propia seguridad europea es crucial para el futuro de la Unión como actor internacional. Egipto es una efigie de los problemas a los que se enfrenta la UE en su política hacia la ribera sur del Mediterráneo. La penetración de nuevos actores en la región, dotados de economías pujantes, es la gran amenaza para las relaciones bilaterales de una UE estancada en materia económica. En su rol autoerigido de gendarme de los derechos humanos y valores democráticos, la UE no ha sabido conciliar un enfoque realista de la Revolución egipcia. Así, mientras diseñaba nuevas condicionalidades a para la asistencia al país árabe y resolvía las trabas burocráticas propias de cualquier política emanada de Bruselas, una serie de actores con agendas rivales a la confusa y cambiante agenda de la UE han conquistado o afianzado unas cuotas de influencia y participación en la región incompatibles con el rol que la UE pretende abanderar como global player.

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La disputa de estos actores a la hegemonía occidental de las relaciones exteriores de Egipto ha puesto de manifiesto la necesidad de adoptar un enfoque más ágil y realista para con la región. En especial, ha subrayado las deficiencias de la PEV y los peligros de la naïveté eurocéntrica de las relaciones exteriores de la UE. Hoy, los fallos de una política Euromediterránea que pretendía granjearle a la UE un «anillo de amigos» y erigirse como fuente de estabilidad en la región, han terminado por rodear a la Unión de un «anillo de fuego» cuya extinción pasa por aceptar las realidades de la ribera sur del Mediterráneo, plantear objetivos concretos y plausibles y lograr un consenso interno entre los Estados miembros. Con todo, las decisiones que tome la UE en la remodelación de su política de vecindad determinarán fundamentalmente la identidad de la Unión como actor internacional y serán claves para entender los profundos cambios geopolíticos a los que re enfrenta hoy el sur del Mediterráneo.

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