Y después del 7J, ¿qué?
Descripción
Revista Voz y Voto junio 2015
Y después del 7J, ¿qué? Dra. Flavia Freidenberg Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México
Las elecciones intermedias del 7 de junio de 2015 pasarán a la historia como un proceso más en la democratización mexicana. En este largo y sinuoso camino, estas elecciones implican la renovación de 500 diputados federales y estatales, 9 gobernadores, 993 alcaldías, 16 delegados políticos en el DF y 640 diputaciones locales, en el marco de nuevas reglas de juego, en un clima de cierto desencanto ciudadano y mediático con los partidos políticos, el gobierno y con las instituciones democráticas y con dificultades del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos y de los candidatos en el territorio. Esta no es una cuestión menor. Estos comicios recuerdan una vez más la importancia de poder celebrar elecciones periódicas, competitivas, libres y con incertidumbre en los resultados. En este contexto, la mera realización de un proceso electoral, con unos mínimos de calidad, es motivo suficiente para celebrar a la democracia. Si bien no es una condición suficiente, la institucionalización de esa democracia representativa está vinculada a una cierta rutinización de procedimientos, a su repetición en el tiempo y, algo no menos importante, a la adquisición de valores ciudadanos que acompañen esos procesos1. Sin embargo, estas elecciones intermedias también alertan sobre la existencia de tensiones y debilidades de los procesos políticos, que deberían devenir en aprendizajes tanto para la sociedad mexicana como para la política comparada. De algún modo, muchas de esas tensiones son comunes a otros países y suponen desafíos para los demócratas de la región. Después de varios meses, las autoridades, los partidos e incluso los propios ciudadanos no sólo parecen estar exhaustos por la intensa actividad electoral sino que además deberían reflexionar sobre los caminos a seguir tras haber enfrentado algunos retos importantes. Reto #1: Sobre las reglas La experiencia comparada enseña que cuando las reglas de juego son estables, los actores políticos las conocen, reconocen sus incentivos y las legitiman con sus comportamientos y los electores comparten la creencia con las élites de que esas son 1
Como señala Robert Dahl en su clásico libro La poliarquía (Madrid: Tecnos, 1971) se trata de garantizar el ejercicio de la 1) Libertad de asociación, 2) Libertad de expresión, 3) Libertad de voto, 4) Elegibilidad para el servicio público, 5) Libertad para que los líderes políticos compitan en busca de apoyo, 6) acceso a diversidad de fuentes de información y 7) Elecciones libres e imparciales.
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las mejores reglas que en ese momento podrían tener para resolver sus problemas de convivencia, esa democracia goza de legitimidad, lo que favorece la gobernabilidad democrática2. Las reglas marcan el escenario de la competencia y ese escenario debe ser estable para que la democracia goce de buena salud. El hecho de que se tienda a modificar las reglas de juego de manera reiterada, incluso en sentidos contradictorios respecto a sus contenidos, condiciona el comportamiento de los actores políticos. Muchas veces el ritmo desenfrenado en materia de reformas genera caos normativo y en el comportamiento político. No se ha terminado de aprender una regla, que ya es reemplazada por otra. De este modo, el cambio frenético (y a veces incoherente) de las reglas electorales no parece ser una buena práctica para el fortalecimiento de la democracia. Aún cuando estas elecciones funcionaron como un laboratorio para varias reformas significativas como la de la paridad de género, la de la nacionalización de la gestión electoral o la de la fiscalización de los recursos, el reto que deja este proceso electoral en materia de reglas de juego es que las élites comprendan que la solución a los problemas no va siempre de la mano de las reformas de las normas. O, al menos, no es sólo eso. Una buena regla sin duda ayuda, pero la existencia de voluntad política y comportamientos cívicos que acompañen la puesta en práctica de esas reglas, definen el éxito político. El riesgo actual es que las élites políticas y/o la propia ciudadanía impulsen tras estas elecciones nuevas reformas electorales, olvidándose que el mero cambio de reglas no resuelve los dilemas sociales y/o políticos y mucho menos son efectivas sino las dejan asentarse en el tiempo. Eso no quiere decir, bajo ningún caso, que los sistemas políticos (y sus reglas) deban mantenerse rígidos o poco sensibles a las demandas de cambio. Simplemente significa que el cambio constante de las reglas electorales, sin diálogo y sin buenos diagnósticos, tampoco parece ser una solución mágica. Reto #2: Sobre el árbitro Estas elecciones permitirán producir representación política, distribuir cuotas de poder, generar alternancias y redefiniciones programáticas, dando posibilidades de rotación a la élite política, bajo la exigencia de la equidad y la transparencia y, fundamentalmente, generando la oportunidad para que los electores exijan rendición de cuentas a los partidos3. Les dará la oportunidad de ejercer la voz a los ciudadanos, incluso si se abstienen o si votan nulo, que es otra manera de poner en práctica su libertad de expresión. 2
Como bien enseñó Juan Linz en su célebre obra La quiebra de la democracia. Madrid: Alianza, 1992. Esto aún no se da en los legisladores que recién podrá hacerse a partir de la próxima elección de 2018.
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El nivel de expectativas es tan alto sobre lo que tiene que hacer el árbitro electoral en estas elecciones intermedias, que el sólo hecho de que se celebren sin grandes incidentes, que ese día se cuenten los votos y se den resultados certeros, como es de esperar que ocurra, dará cuenta de la fortaleza del Instituto Nacional Electoral. Son tantas las esperanzas puestas en esta institución, que muchas veces se pierde la perspectiva respecto a que muchas democracias consolidadas no cuentan con instituciones dedicadas especialmente a organizar las elecciones ni tampoco invierten tantos recursos económicos en ellas. Las reformas nacionalizaron la organización de las elecciones y transformaron al Instituto Federal Electoral en un “súper INE”. Los cambios no fueron sólo estéticos, también supusieron modificaciones en la manera en que se toman las decisiones dentro del organismo. Aún cuando el INE no tenga que organizar todas las elecciones, dado que se encarga principalmente de las federales y de coordinar con los organismos electorales estatales para las locales; vio incrementadas de manera significativa sus competencias, poniendo en marcha un nuevo modelo de gestión basado en la “coordinación multinivel”4. Los retos de este nuevo modelo de organización de elecciones no han sido pocos. Supone replantear la relación del INE con los organismos y con las élites locales, que en algunos estados de la federación aún hacen política creyendo que continúan viviendo en un sistema hegemónico. También exige más claridad en las competencias y en las fuentes de financiación, la eliminación de funciones superpuestas y aprendizajes conjuntos y mecanismos de cooperación respecto a cómo conseguir elecciones de calidad, con menos erogación de recursos y complejidad administrativa. En definitiva, el principal reto supone achicar al elefante. Y eso tampoco es una cuestión menor. #3: Los partidos Muchos partidos de América Latina continúan siendo ciegos y sordos. Los partidos mexicanos no parecen ser la excepción. A pesar de que han sido actores centrales de la apertura de la competencia y la liberalización del sistema político, cada vez están más alejados de las demandas de la ciudadanía y preocupados sólo por maximizar sus propias cuotas de poder y su capacidad de influencia política. Como me ha insistido un colega politólogo mexicano, los partidos parecen “jugar sólo un juego de suma cero”, donde al final del camino todos pierden, incluso los propios partidos. 4
Esta expresión fue desarrollada por el Consejero Electoral del IEDF, Yuri Gabriel Beltrán Miranda, en el Seminario Internacional sobre “La Calidad de las Elecciones en contextos de reforma política reciente”, organizado por la Universidad de Colima, el INE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en Colima, los días 29 y 30 de abril de 2015.
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Las recientes experiencias de colapso de los sistemas de partidos como el ecuatoriano o el boliviano ponen en evidencia que la persistente indiferencia de los partidos hacia las demandas de la opinión pública o, incluso, de la opinión publicada (que no siempre es lo mismo) puede ser una mala idea. Aún cuando nunca es posible poder dar respuesta a todas las demandas individuales, los partidos deberían tener capacidad para agregar de manera más innovadora intereses diversos, ser sensibles a las demandas insatisfechas y a la emergencia de nuevas demandas sociales. La carencia de discusión programática durante la campaña electoral sobre temas como la incapacidad del Estado para asegurar la seguridad de la ciudadanía; la impunidad respecto a la violación sistemática de Derechos Humanos; las condiciones de desigualdad o los privilegios de unos pocos, incluso de muchos miembros de la clase política que ostentan esos privilegios como un botín, son muestra de ello. Y son retos que unos partidos modernos, dignos de una democracia pujante, deberían atender de manera urgente. Otro reto que enfrentan los partidos es continuar pensando que con tal de ganar un voto: “todo vale”. Es decir, la ausencia de claridad respecto a lo que supone y significan la malas prácticas electorales. Aún cuando México es uno de los países que criminaliza los delitos electorales y que se ha dado reglas para castigar de esa manera las malas prácticas; habrá que ver los efectos reales de la aplicación de la norma que establece la anulación de una elección cuando haya rebase de tope de gastos de campaña o cuando se de la compra de propaganda en medios, siempre y cuando se determine que la falta fue "sistemática" y "determinante" para el resultado, esto es, que entre el primero y segundo lugar haya una diferencia menor al 5% de los votos. #4: Los electores Uno de los problemas que han enfrentando las sociedades latinoamericanas es pensar que para que la democracia funcione sólo bastaba pensar en reglas y procedimientos. Muchos se obsesionaron por las normas, por la construcción de sendos andamiajes institucionales, pero se olvidaron de la ciudadanía, del contexto en el que se desarrolla la democracia y, fundamentalmente, de la relevancia de vivir en un Estado de Derecho. Los datos del Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México (INE, 2014) enseñan que hay cimientos muy precarios para contar con una ciudadanía de calidad en el país 5 . Los mexicanos entrevistados creen en la democracia y en las autoridades elegidas democráticamente; pero al mismo tiempo creen que beneficia a pocos. Existen bajos niveles de capital social, desconfianza en las instituciones, en los políticos, en los 5
Para este informe se realizó una encuesta personal con 11.000 entrevistas en hogares a mayores de 18 años, en 5 regiones, 10 estados y 12 municipios y un análisis de redes con 169 entrevistas, en 4 estados y 12 municipios.
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partidos y en las personas de su entorno. El 72% de los entrevistados respondió que no se puede confiar en la mayoría de las personas y el 46% que nunca había sido miembro activo de una organización. El 66% de los mexicanos no cree que se respete el Estado de Derecho; no confía en las autoridades o ha tenido malas experiencias en el pasado, que hace que no denuncie los delitos. Cerca del 54% no cree que el Estado sea capaz de velar por su seguridad y que es más importante capturar a un delincuente (54%) que respetar los derechos humanos (44%). La ciudadanía manifiesta su desconfianza, alertando que aunque creen en la democracia este es un sistema en el que “muchos participan y pocos ganan”. El principal reto será entonces contar con demócratas. Tras este proceso electoral, resulta clave explorar e identificar las razones del desencanto de la ciudadanía. Urge dedicar tiempo y esfuerzo para analizar de manera sosegada sobre el modo en que se está educando en democracia, no sólo en México, sino en cada uno de los países de la región. Esto supone necesariamente desarrollar de manera urgente una Estrategia Nacional de Educación Cívica. Sin demócratas, es decir, sin una ciudadanía informada, crítica, comprometida, asociativa y activa con la democracia, resulta imposible la construcción y fortalecimiento de un sistema democrático. Reflexión final Uno de las grandes déficits de la reforma de 2014, de la campaña electoral y de las propias elecciones, es que no han servido para incrementar la confianza de la ciudadanía en el sistema político, en los actores políticos ni en sus instituciones. A diferencia de otros procesos reformistas, la reforma de 2014 fue hecha de lejos y a espaldas del debate público y con bajos niveles de legitimidad, incluso para las élites e instituciones estatales que no entienden las razones de porque se tuvo que hacer esta reforma generando nuevos problemas, eliminando buenas prácticas (como el caso de la urna electrónica en Jalisco) y sin resolver del todo los problemas que efectivamente existían. Otro déficit fue el modo verticalista de negociar la reforma dentro de los partidos. La negociación fue entre los dirigentes, sin militantes, sin ciudadanía, sin organizaciones de la sociedad civil y sin (casi) diálogo con la academia. Esta experiencia de imposición de la reforma debe ser atendida. Cuando los comicios sean entendidos como un mero procedimiento técnico para distribuir el poder, y no un encono de conflicto encarnizado, la democracia adquirirá mayores niveles de consolidación. De ahí que varias de las democracias más estables, no se preocupen por regular todos los comportamientos, no cuenten con una gran maquinaria electoral ni tampoco gasten mucho dinero en ello.
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La metáfora es que se pueden hacer buenas elecciones con menos recursos, menos reformas y menos andamiaje institucional. Esto, en un escenario como el actual, es todo un desafío, sobre todo porque atenderlo implica necesariamente una nueva reforma electoral y ciudadanos comprometidos activamente con la democracia. La próxima reforma entonces debería ser fruto de un amplio consenso multipartidista, tras un diagnóstico plural, nacional y crítico de los problemas que se han dado en torno a estos comicios y en la implementación de la reforma de 2014 y resultado de un amplio consenso que la vea más como política de Estado que como moneda de cambio (muchas veces improvisada) de otras reformas.
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