Violencia entre los jóvenes

October 17, 2017 | Autor: Manuel Pérez Yruela | Categoría: Youth Studies, Social Conflict
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VIOLENCIA ENTRE LOS JÓVENES Manuel Pérez Yruela Publicado en Anuario Grupo Joly 2008, páginas 220-223

Aunque el tema no es nuevo, la violencia juvenil ha saltado con fuerza a la agenda pública a través de las referencias que se hacen de ella en los medios de comunicación, que reflejan actos que impresionan por las circunstancias que los rodean. Desde las muertes causadas intencionadamente por adolescentes con armas de fuego en centros escolares, hasta los casos de personas adultas que son agredidas por el mero hecho de llamar la atención a jóvenes por alguna conducta inapropiada, o los casos de agresiones verbales o físicas entre iguales en los centros educativos o las faltas de respeto a padres o profesores. Todo esto causa una lógica preocupación social acerca de la magnitud del problema y sus posibles efectos, causas y soluciones. La Organización Mundial de la Salud, a través de su Oficina Regional conocida como Organización Panamericana para la Salud, publicó en 2002 su primer Informe mundial sobre la violencia y la salud, que sostiene que la “violencia juvenil es una de las formas de violencia más visibles en la sociedad”. El informe utiliza la tasa de homicidios de jóvenes entre 15 y 29 años como indicador que, a modo de punta de iceberg, da una idea de la magnitud del problema a escala internacional. La tasa mundial fue en el año 2000 de 9,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta de todos los grupos de edad. Las tasas más elevadas se dan en América Latina (36,4) y África (17,6). En los países desarrollados de Europa occidental, entre los que se encuentra España, la tasa está por debajo de 1 (Alemania 0,8; España 0,8; Francia 0,6) y en algunos de ellos, como los nórdicos, es irrelevante. Estas tasas suelen ser sensiblemente inferiores entre las mujeres y se han mantenido estables y bajas entre 1985 1994 en los países de Europa occidental, mientras han crecido mucho en los de Europa oriental, en la Federación Rusa y en otros países. Esto da una idea de que el problema en Europa y España y, por tanto en Andalucía, tiene una dimensión comparativamente reducida. También muestra la importancia de la correlación que existe entre este indicador y el nivel de desarrollo, si se exceptúa el caso de Estados Unidos donde esta tasa se eleva a 11, lo que se explica, entre otras causas, por la facilidad con que en ese país se accede a las armas de fuego.

Tan importante como esta violencia es la que produce otros efectos que necesitan atención hospitalaria o psicológica de más o menos intensidad, o que simplemente alteran la convivencia. El informe citado estima que por cada homicidio juvenil puede haber entre 20 y 40 casos, según los países, con efectos no mortales, pero que necesitan asistencia hospitalaria. Estos casos son más difíciles de cuantificar, al igual que ocurre con las conductas de riesgo relacionadas con la violencia juvenil, como participar en peleas, intimidar, amenazar a otros o portar armas. Para aproximarnos a la violencia menos grave a que me refería en el párrafo anterior vamos a utilizar otras fuentes. En el informe titulado Jóvenes y estilos de vida, publicado por el Instituto de la Juventud en 2003, dirigido por Domingo Comas, se recoge que un 60 % de los jóvenes entre 15 y 20 años opinan que la violencia entre los jóvenes es un problema real y no una exageración. Ellos mismos dicen haber sido víctimas de robo con violencia en un 10 % de casos, de robo con violencia en un 28 % y de agresiones físicas en un 13 %. Por otra parte, los mismos jóvenes encuestados afirman haber participado en peleas callejeras, robado en establecimientos públicos y comprado drogas en un 20 % de casos aproximadamente; o haber colaborado en la destrucción de mobiliario urbano o haber hurtado objetos a compañeros o amigos en un 10% y un 8% de casos, respectivamente. Estas cifras dan una idea de que el problema de la violencia juvenil se percibe como tal por los propios protagonistas y que una proporción significativa de ellos tiene experiencia directa de conductas violentas o de riesgo de violencia. En 2007, el Defensor del Pueblo publicó el informe sobre Violencia Escolar, que actualiza otro similar publicado en 2000. Según este informe, en torno al 10 % de los alumnos y alumnas de ESO dicen sentirse aislados por sus compañeros; en torno al 27 % dicen recibir insultos o motes ofensivos; el 31,6 % que oyen hablar mal de él o ella; el 16 % que les esconden cosas; el 3,5 % que les rompen cosas; el 6,3 % que les roban cosas; el 3,9 % que les pegan; el 6,4 % que les amenazan para intimidarlos; el 0,5 % que son obligados con amenazas, amenazados con armas o acosados sexualmente. Estas cifras son ligeramente inferiores a las que ofrecía el estudio publicado en 2000. Finalmente, el Consejo Escolar de Andalucía publicó en 2006 los resultados de un estudio sobre convivencia en los centros educativos basado en una encuesta en el que también se ofrecen datos sobre violencia escolar. Según este estudio, los alumnos y alumnas encuestados declaran que es frecuente la violencia para intimidar en un 13 % de los casos; las agresiones verbales (insultar, poner motes...) en un 43 % de los casos;

las agresiones físicas (pegar, pelearse...) en un 7,2 % de los casos; las actitudes para aislar rechazar o no dejar participar a compañeros en un 13 % de los casos; las conductas para provocar daños en el material de otros alumnos del centro en un 20 % de los casos. Cifras no exactamente comparables con las del párrafo anterior, pero que reflejan una situación relativamente similar. No es fácil valorar en conjunto la situación que se describe con estas cifras. Haciéndolo en términos comparativos, podría decirse que la violencia juvenil en España y Andalucía es baja en sus dimensiones más graves, pero es significativa en otras dimensiones cuyas repercusiones más importantes son la alteración más o menos o grave de la convivencia. La situación es a grandes rasgos similar a la que existe en otros países de Europa, aunque hay diferencias entre ellos en las que no podemos entrar aquí. Por lo que se sabe de investigaciones desarrolladas hasta ahora, la violencia juvenil es circunstancial y por ello esas conductas desaparecen en la mayor parte de los casos cuando se pasa a la edad adulta, subsistiendo sólo en una proporción reducida de casos. Igualmente se sabe que estas conductas se deben a un conjunto de causas complejas, entre las que se encuentran las características psicológicas individuales, el ambiente familiar y social, el grupo de amigos de referencia o los niveles de pobreza y exclusión social. También se sabe que la exposición de los jóvenes a imágenes y acciones violentas a través de juegos y medios de comunicación, tan frecuentes hoy, contribuyen a corto plazo a estimular conductas más agresivas, aunque no se sabe qué efectos tienen a medio y largo plazo. También hay cierto consenso en que, en los países europeos al menos, la situación general de la convivencia en las aulas y la conducta de los jóvenes es mayoritariamente aceptable y que las conductas violentas son minoritarias o se concentran en determinados espacios, aunque tienen efectos más amplios por su influencia negativa en muchos aspectos de la convivencia general. De estos conocimientos pueden derivarse medidas eficaces para prevenir y corregir estas conductas. De hecho, países como Alemania, Francia o Inglaterra están poniendo en marcha planes especiales para abordar este problema. En España se ha puesto en 2005 el Plan para la promoción y mejora de la convivencia escolar, que incluye reciente creación del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar y de Prevención del Conflictos Escolares. No hay espacio aquí para examinar y comparar las medidas que se contemplan en esos y otros planes. Sólo subrayar, primero, que se trata de un problema en que tienen responsabilidades las familias, la administración educativa, los medios de comunicación, los profesores y los alumnos y sólo con el

concurso de todos ellos puede abordarse. Segundo, que se requieren códigos concretos de buenas prácticas para orientar a todos los afectados sobre la manera más eficaz de abordar esta situación.

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