Venezuela: la Iglesia Católica y el Chavismo*
Guillermo T. Aveledo Coll
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Universidad Metropolitana, Caracas
Desde 1999, cuando Hugo Chávez Frías (1954-2013) alcanzó el poder en Venezuela por la vía electoral, su movimiento ha intentado replantear las relaciones entre las élites tradicionales del país con los sectores populares. En ese sentido, el movimiento chavista inició, con una heterodoxa alianza política que incluía grupos de militares nacionalistas hasta militantes de la extrema izquierda marxista, un cuestionamiento sistemático de las instituciones políticas venezolanas y los grupos de poder relacionados con el régimen democrático representativo instaurado desde 1958. Entre estos grupos de la vieja élite se encuentra la Iglesia católica que, por las peculiaridades de su penetración y autoridad social, ha sido uno de los pocos actores que han logrado mantenerse tras el auge inicial del régimen político chavista, siendo hoy referente obligado en el debate político de este país.
Antecedentes y Contexto
Históricamente, pese a que la Iglesia Católica fue la única institución colonial en sobrevivir la cruenta guerra de independencia, las relaciones entre la Iglesia y las élites criollas que controlaron el Estado fueron tradicionalmente hostiles. La república liberal que se instaura en 1830 logra un marco de dominio sobre el clero con una serie de medidas como la reafirmación del patronato eclesiástico (1824), la legalización de la libertad de cultos y la nacionalización de los bienes eclesiásticos (1834), repetidos intentos del establecimiento de una Iglesia católica venezolana separada de Roma, así como el predominio de contenidos anticlericales en la prensa. La élite era predominantemente laica e inspirada en ideologías frecuentemente hostiles al catolicismo: el liberalismo el positivismo y, a partir de los inicios del siglo XX, el socialismo. La Iglesia era poco más que un apéndice del Estado y su rango de acción estaba severamente limitado.
El siglo XX revertirá esta tendencia: desde el dominio político de caudillos y militares andinos entre 1899 y 1945 -siendo los Andes venezolanos la región más fiel a la tradición católica- se inició una reemergencia católica: reingresan o se establecen numerosas órdenes religiosas, informadas de las nuevas encíclicas sociales del papado, influyendo así en parte de nuevas generaciones de la élite social, con presencia y actividad organizativa. Empero, la aparición violenta de la democracia de masas liderada por el partido nacionalista, socialdemocrático y revolucionario Acción Democrática (1945), generó alarmas entre la Iglesia y los laicos, especialmente en el ámbito de la libertad religiosa en la educación. Por lo cual el derrocamiento de esta democracia sectaria por un régimen militar (1948-1958) fue recibido con alivio, no dudando este nuevo régimen en buscar el apoyo eclesiástico, dotando a la Iglesia de relevancia simbólica y beneficios materiales, aun si expresaron críticas en cartas pastorales que incitaron a la opinión pública en contra de tal régimen. Sin embargo, pese estos cambios políticos, el estatus formal de las relaciones Iglesia-Estado permaneció atado a la Ley de Patronato de 1824 (Rodríguez Iturbe, 1968; González Oropeza, 1973; Donís Ríos, 2007).
El cambio más significativo ocurriría con el advenimiento de la democracia representativa en 1958, en la cual la regla dominante fue el consenso entre las élites. Alrededor del Pacto de Puntofijo (octubre de 1958), Acción Democrática acordó con otros partidos, entre ellos el demócrata cristiano COPEI (fundado en 1946), el establecimiento de reglas de juego políticas y un acuerdo de gobernabilidad que incluyó la redefinición de las relaciones entre el poder civil y el poder espiritual. Es así como se gestó el Convenio entre la Santa Sede y la República de Venezuela, negociado por el gobierno de Rómulo Betancourt y firmado por el presidente Raúl Leoni y el papa Pablo VI, el cual fue ratificado en las cámaras en junio de 1964 (Oliveros Villa, 2000: 344-359): este convenio dotó a la Iglesia de un estatus especial frente al Estado venezolano, según el cual se reconocería al catolicismo como el culto mayoritario entre los venezolanos, y otorgaría espacios protegidos a esta religión tanto en el presupuesto como en la promoción educativa, permitiéndole a su vez una mayor autonomía en su administración interna y la gestión de sus recursos, lo cual produjo un enorme crecimiento institucional y de su feligresía en las últimas décadas del siglo XX, mientras disminuyó su activismo político directo (Levine, 1976:20). La Iglesia venezolana se transformó entonces de un "potencial adversario al sistema en un promotor general del sistema" dominado por los partidos Acción Democrática y Copei (Ibíd., 8), por encima de fuerzas políticas más progresistas que también habían estado involucradas en el fin del régimen militar (como la izquierda marxista; Ellner, 2008: 59).
Este rol de "promotor del sistema" tuvo en la Iglesia un despliegue dual: con los años devino en una defensora del orden bipartidista ante sus adversarios, pero también en una promotora de la justicia social desde la perspectiva de la Doctrina Social Católica. Desde la década de los setentas, los comunicados del episcopado fueron generalmente críticos ante lo que percibían era un desarrollo injusto y corrompido dentro del anquilosado sistema democrático venezolano (Porras y Samanes, 1978; Straka, 2006; López Maya, 2014), aún sin tomar en cuenta las posiciones del clero más vinculado a la izquierda cristiana y a la teología de la liberación (Hillman, 2004: 117).
Desde la práctica social puede admitirse que la posición religiosa mayoritaria de los venezolanos es la de "católicos, pero no fanáticos", y acusando un relativo declive demográfico en las últimas décadas, el catolicismo venezolano sigue siendo la religión ostensiblemente mayoritaria, y con una mayor presencia social en número de religiosos, obras pías e institutos educativos en todos los niveles (PROLADES, 2007). Asimismo, la Iglesia Católica goza consistentemente de la opinión favorable de la mayoría de la población venezolana, y aunque no queda claro si este agrado es atribuible a todos los niveles del clero, la apelación constante a sus ideas y símbolos es un hecho relevante de la política nacional (Aveledo, 2012).
Las Relaciones entre la Iglesia y el Movimiento Chavista:
El sistema político que emerge luego del ascenso a la presidencia de Hugo Chávez en 1999, fue planteado desde sus inicios como una alternativa de reconexión igualitaria entre el pueblo y el Estado, promoviendo la sustitución de los actores políticos dominantes, especialmente los partidos, así como otros sectores percibidos como beneficiarios del antiguo régimen. Crecientemente la alianza chavista abandonó sus elementos puramente nacionalistas, orientándose al predominio de la ideología de la izquierda "dura" (Ellner, 2009), con los elementos autoritarios y carismáticos de la tradición populista (Ramos Jiménez, 2008) y de pretensión hegemónica (Magallanes, 2009).
Aunque no ha habido cambios jurídico-formales notorios, hay elementos que han forjado una tensa relación entre las autoridades eclesiásticas y las políticas. La Iglesia, en especial el episcopado, fue tratada por el Movimiento Quinta República (MVR) con cautela durante su ascenso al poder. Pero la relevancia social de la Iglesia en el sistema político, así como las críticas personales de algunos obispos a la candidatura e intenciones de Hugo Chávez, crearon situaciones tempranas de roce. Aunque no había un consenso entre los feligreses, el clero católico o los obispos, alrededor de una visión del país y su régimen político, era crecientemente percibido que el chavismo, como movimiento que hegemonizara los intereses y recursos de la sociedad, no podía ser auspicioso para la Iglesia, especialmente dada la relativa dependencia de las obras pías e institutos educativos religiosos de las ayudas del Estado, así como el descalabro que la economía socialista imponía sobre las colaboraciones sector privado hacia la Iglesia.
A su vez, desde las distintas doctrinas que alimentaban la ideología chavista, han existido importantes elementos de anticlericalismo, así como ambivalencia ante la religiosidad popular. La hostilidad del marxismo criollo hacia el establecimiento formal del clero (pese a la relativa inexistencia en Venezuela de "curas guerrilleros") era acompañada por la noción según la cual el clero estaría separado de su feligresía, y por lo tanto la verdadera doctrina salvífica de Cristo estaría en la revolución bolivariana: el llamado "Cristomarxismo bolivariano" del MVR (Rodríguez, 1997). Encuadrada en la clásica oposición populista de "pueblo versus oligarquía", esto ha implicado un trato destemplado y hasta amenazante hacia la Iglesia –en cuanto que institución- mientras se refuerza en carácter de "revolución moral y espiritual comprehensiva" (Chávez, 2006, citado en Zúquete, 2008:114) del chavismo como una misión terrenal a favor de los pobres, asumiendo para sí una relectura de la teología de la liberación. Como indicaría Chávez:
"… no creo por supuesto en ese cuento que algunos católicos inmorales hicieron correr por América para justificar la esclavitud, le decían a los esclavos algunos sacerdotes católicos que no importa que sean esclavos, no, ese fue tu destino, Dios quiso que fueras esclavo, pero como eres esclavo aquí en el otro mundo serás libre y ese que te explota, el rico, aquí es rico pero en el otro mundo va para el infierno. Esa tesis no la cree nadie, el Reino de Dios está aquí en la tierra, la liberación es aquí en este mundo" (Chávez, 2003, citado en Rey, 2009: 29-30)
Dada la misión político social con que se asume el movimiento chavista, la jerarquía de la Iglesia católica es concebida como un aliado permanente de la opresión y enemigo de los sectores explotados históricamente, el 'pueblo'. La actitud dominante en el chavismo ha sido la de caracterizar al catolicismo venezolano como escindido irremediablemente entre su jerarquía (acomodada en su falsa piedad y enemiga de la salvación popular) y el clero regular asentado en poblaciones desaventajadas, así como los verdaderos fieles. De este modo, al supuesto fariseísmo del clero y la oligarquía, con su materialismo y su racionalidad, le fue opuesta una pretendida espiritualidad y un sentimentalismo popular, configurándose en un modelo ideológico cuyas pretensiones hegemónicas encontraban justificación en la causa revolucionaria.
Ante este panorama, la posición de la Iglesia venezolana como defensora de los derechos humanos y soporte de las libertades constitucionales, fue de creciente alarma. Los comunicados oficiales de la Conferencia Episcopal venezolana, máxima autoridad pastoral, han sido constantes en expresar preocupación porque se permita, luego de salvaguardar los intereses eclesiásticos concretos (libertad religiosa y educativa, reconocimiento formal y mantenimiento de la Iglesia), un margen de maniobra para la acción político-social del clero y sus objetivos sociales. Pese a los ostensibles logros sociales del gobierno chavista durante el auge de las materias primas en la primera década del siglo XXI, la Conferencia Episcopal advertía que los propósitos de reforma social quedaban rezagados ante un creciente déficit democrático, concibiendo la democracia no como el dominio absoluto de la mayoría sino desde una perspectiva pluralista. Las denuncias de un eventual "colapso el sistema democrático" (Presidencia de la CEV, Semana Santa, 6 de abril de 2009), se hicieron recurrentes.
Diversos hitos mostraron esta tensión: desde las mutuas recriminaciones a través de los medios de comunicación entre Hugo Chávez y la Jerarquía eclesiástica, pasando por medidas de debilitamiento de la influencia del clero dentro del Estado venezolano (como la designación de funcionarios de religión evangélica o afrocaribeña en las oficinas estadales de relación con el culto; la lentitud en procesar las usuales contribuciones presupuestarias a la Iglesia; la desatención a las invitaciones ceremoniales de la Iglesia en sus días festivos). Dos momentos, sin embargo, destacan en esta tensión. El primero, la participación del alto clero en las manifestaciones contra el gobierno y el breve derrocamiento de Hugo Chávez en 2002, durante los cuales destacados sacerdotes manifestaron su rechazo al gobierno, si bien la Iglesia medió por el buen trato al presidente durante su breve prisión. El segundo, las duras críticas del Arzobispo de Caracas, Cardenal Jorge Urosa durante el año 2010 contra el proyecto chavista, al cual calificó como "comunista", ante lo cual estuvo brevemente planteada la posibilidad de abandonar unilateralmente el Convenio de 1964 (Aveledo, 2012).
La Situación Actual
El fallecimiento de Hugo Chávez Frías en el año 2013 coincidió con el ascenso en Roma del primer pontífice latinoamericano, Francisco. El gobierno de Nicolás Maduro -proveniente de la extrema izquierda marxista y quien es el primer mandatario venezolano en declarar que fue ateo, aunque hoy día practicante de una religión oriental (Santodomingo, 2013)- no ha modificado la posición del chavismo en su definición de la jerarquía católica como un actor político de línea opositora. Pese a que durante la larga convalecencia del presidente Chávez se mantuvo una suerte de tregua, la distancia institucional permaneció, llegando el chavismo a perder el apoyo subjetivo de figuras importante del clero, como el obispo de San Cristóbal, monseñor Mario Moronta, así como el académico y sacerdote de izquierdas Arturo Sosa, Prepósito General de la Compañía de Jesús.
A partir de 2013, el chavismo ha enfrentado de manera crecientemente autoritaria su declive popular (cuyo caudal electoral ha decrecido notablemente desde la muerte de su líder) y la emergencia de una mayor conflictividad política a raíz de la severa crisis económica y social venezolana (López Maya y González, 2013). A la vez, la percepción favorable hacia el pontificado del argentino Bergoglio entre los venezolanos ha añadido un elemento complejizador de la posición oficial ante el catolicismo: la jerarquía arzobispal ya no sólo es separada de los fieles cristianos desde el discurso oficial, sino también de Roma. Maduro preferiría tener la unción del Vaticano, al cual se notaría como un interlocutor más comprensivo, o al menos imparcial, en contraste con la jerarquía local. Por otra parte, la oposición política venezolana coaligada ostensiblemente en la Mesa de la Unidad Democrática, también se ha sentido estimulada en fortalecer vínculos con la Santa Sede, apelando a su autoridad como intermediadora en el conflicto nacional. El papado se ha convertido en un actor invocado por todos los sectores, ante el cual peregrina toda la élite política venezolana, y el cual ha colaborado no sin escepticismo en las oportunidades de conversaciones políticas entre la alianza opositora y el Estado.
Comentarios finales
Si bien no pueden observarse cambios formales en la relación Iglesia y el Estado en Venezuela, tanto el discurso oficial como la interpretación de la legislación educativa y religiosa vigente por parte del gobierno parecen sugerir un esquema de relaciones entre la Iglesia y el Estado que es incompatible con una presencia autónoma y privilegiada del clero, es decir, la expectativa de la Iglesia establecida por el sistema político venezolano entre 1958 y 1998.
Esta constatación hace evidente que el enfrentamiento entre la visión política de pluralismo ideológico e institucional que defiende la jerarquía eclesiástica venezolana, y la visión política hegemónica y antioligárquica del chavismo, no es un mero desencuentro coyuntural sino la manifestación de una hostilidad más profunda. Resulta notorio cómo la actividad de crítica permanente de la Iglesia no ha mellado la legitimidad y autoridad de la Iglesia como actor independiente, y como agente articulador de diversos sectores de la sociedad civil venezolana. Por lo tanto, de reimponerse el dominio social del estado chavista serían previsibles nuevos intentos de eventual minimización de la Iglesia católica y otros cultos, siendo la autonomía eclesiástica un escollo ante una eventual imposición autoritaria.
Bibliografía
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* Borrador para el "Diccionario de las Religiones en América Latina", que editarán El Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica, bajo la coordinación del Dr. Roberto Blancarte.
Aunque el presidente Hugo Chávez se planteó públicamente denunciar el Convenio con la Santa Sede en el año 2010, en medio de un conflicto con el arzobispo de Caracas, Jorge Urosa, este acuerdo sigue en plena vigencia. Adicionalmente, la Constitución de 1999 ha mantenido ortodoxamente, en sus artículos 59 y 102, el esquema de libertad religiosa y tolerancia imperante en Venezuela durante décadas, el cual incluye garantías (personales, no colectivas) a la libertad de religión y de culto, así como los derechos a manifestar creencias mediante la enseñanza y a que los niños puedan recibir educación religiosa.
