VALORACIÓN DE LA CRISIS ECONÓMICA ACTUAL EN ESPAÑA Y SUS EFECTOS SOBRE LA EXCLUSIÓN SOCIAL Crítica a las políticas gubernamentales para afrontar las consecuencias de la crisis A partir de FOESSA/Cáritas (2014), Colectivo Ioé (2012 y 2013)
Luis Arce-Plevnik, BSc. Eng.,
[email protected] Máster Universitario en Cooperación Internacional para el Desarrollo de las Universidades de Salamanca, Valladolid, León y Burgos.
Resumen: Una consideración de las consecuencias que ha traído consigo la crisis económica en España sobre los indicadores sociales de sanidad, empleo y educación, que impactan directamente en la desigualdad y en la exclusión social. Palabras clave: Crisis económica, indicadores de desigualdad, desigualdad, exclusión social, pobreza, riqueza, gasto público.
1. Panorama actual. El neoliberalismo capitalista en el que está inmersa la economía y el sistema político actual, en el que el crecimiento económico significa meramente eso, crecimiento única y exclusivamente en lo tocante a la economía, dejando por fuera a la esfera social e introduciéndola en un callejón sin salida, a la merced de una vulnerabilidad sin precedentes. Con este sistema político-económico impulsado por Margaret Thatcher en la década de los ochenta, parece ser que el 20% más rico se hace más rico y el 20% más pobre – no sólo se vuelve más pobre, sino que arrastra consigo a los otros estratos económicos de la sociedad. En la época de la bonanza entre los años 2000 y 2007, en que los índices de renta en la población se mantenían más o menos constantes, la riqueza también experimentaba un aumento y la percepción general era que toda iba muy bien. Al entrar en la crisis, la población experimentó un decrecimiento en el poder adquisitivo, como consecuencia de los recortes salariales. La caída abrupta de las rentas en los distintos sectores de la sociedad contribuyó en aquél entonces a una agudización de diferencias en la renta causando por ende una distribución mucho más desigual y poco equitativa. Tanto en España, como en muchos otros lugares del mundo, el crecimiento económico no siempre traduce en reducción en desigualdad. El fenómeno de rentas acaecido con la crisis es básicamente el aumento de grupos poblacionales con renta baja y la inmutabilidad de los grupos con renta alta. El grupo de renta alta aumenta su poder adquisitivo a la vez que el grupo de renta baja experimenta un declive aparatoso empeorado por la inflación que se dispara en el periodo 2009-2010. 1
2. Exclusión social como consecuencia de la crisis. En medio de las crisis los sectores vulnerables son aquellos que cargan con las consecuencias más nefastas del ciclo y del sistema. Si bien una tasa de paro del 27.2% (a principios de 2013) es de por sí preocupante, el aumento de la pobreza en España en ese período es uno de los factores más preponderantes cuando hablamos de exclusión social. Es un riesgo social que crece de manera exponencial, con unos indicadores bastante preocupantes. El aumento de la pobreza viene de la mano con el paro, puesto que al haber menos empleo, las rentas son más bajas (salarios más bajos) y en consecuencia la desigualdad que se crea sale a relucir. La inestabilidad laboral ahonda la angustia y el sentimiento de crisis en la población. La irresponsabilidad de los gobiernos en mostrar unos índices de crecimiento de empleo, que básicamente son empleos temporales, viene íntimamente ligada con la misma irresponsabilidad en recortar gastos sociales. El gasto social es el que precisamente se ha visto más afectado en España, aún en tiempos de bonanza. Un sistema de protección social débil hace que el tejido social más vulnerable padezca en forma atroz el desempleo, el paro y la falta de oportunidades. Independientemente de cualquier gobierno de turno, la falta de un compromiso social es lo que precisamente causa estragos ante una coyuntura de crisis económica. Se puede apelar a las medidas de austeridad, pero de modo que éstas no vengan a coartar las necesidades y los derechos de la población. Reducir el poder adquisitivo de la población a causa de las bajas rentas, a causa del desempleo y del paro, a causa de reducción en las pensiones, causa que se generen otros problemas como el de vivienda y de educación. Hogares en condiciones difíciles, incapaces de cumplir con las obligaciones de hipoteca, terminan en la calle y luego, precisamente debido a estos recortes que se han mencionado, no pueden acceder a sus derechos sociales. El error de las administraciones consiste en rellenar y esconder con cifras de crecimiento económico los efectos de la crisis. Pero es que un crecimiento económico no siempre significa bienestar social. El PIB puede ser muy alto, pero como consecuencia de un desarrollo industrial creciente. No traduce en empleabilidad. No traduce en aumento de rentas. De igual forma, habría que evaluar con detenimiento las cifras de empleo puesto que de nada sirve un decrecimiento en el paro si, en realidad, esas cifras sólo constituyen empleos temporales, sujetos a inestabilidades. El mercado de trabajo afectado por la crisis ha convertido al desempleo en un riesgo social con profundas consecuencias que se acrecientan con medidas restrictivas y bloqueos a un sistema de protección social que garantice los derechos de los ciudadanos. En España la pobreza extrema va en aumento y esto ahonda las brechas entre ricos y pobres, disminución en la riqueza causando que la desigualdad se dispare. La exclusión se da cuando las necesidades de la población aumentan por la crisis pero no existen políticas que contrarresten sus efectos, en cambio las restricciones crecen y el acceso a los derechos y recursos públicos se reducen. Por tanto los gobiernos deberían, 2
virtualmente otorgar un cierto peso en los paquetes de medidas, al sector social con el fin de sobrellevar y velar por el aumento del bienestar y las condiciones de vida. Es inútil hablar de cifras en educación cuando no se tienen claras las políticas sociales. ¿Pero qué es lo que hace que aumente la deserción escolar? Todo va ligado de modo incontrovertible al bienestar y a las condiciones de vida. Si éstas son precarias y si los sistemas que las garantizan son inaccesibles, la exclusión y la desigualdad imperarán y por adelantado. No se puede acceder a una educación o no se tienen las ganas de una buena educación por la falta de perspectivas laborales en un mercado en el que impera el desempleo. Todos los indicadores sociales están íntimamente ligados, donde termina uno, inicia el otro y de manera concatenada, las políticas gubernamentales que cercenan el gasto público de estos rubros aplauden crecimientos económicos pero no invitan al bienestar social a la misma mesa. Y por ende, el bienestar social “en retaliación”, llama a la exclusión social bajo la tutoría de la desigualdad.
3. Propuesta de políticas públicas integrantes. Nuestro análisis no puede ser efectivo e incluyente si no está acompañado de una crítica constructiva tendiente a analizar el porqué de las circunstancias actuales. No basta con preguntarnos el porqué de la crisis, el porqué del desempleo. Se hace necesario proponer un análisis del cómo saber enfrentar la crisis y qué medidas proponer para que la desigualdad y la exclusión social no ganen la batalla. Lo primero que hacen los gobiernos, y según las evidencias y las cifras que hablan por sí solas, es tomar medidas de austeridad. Recortes. Pero es válido analizar hasta qué punto las políticas austeras son efectivas y reducen los efectos de la crisis. Hasta qué punto recortar el gasto público social puede ser efectivo con el fin de garantizar a la población el bienestar y la calidad de vida. Porque es que un sistema de protección social débil y sumado a eso, recortado en su presupuesto, no puede operar de forma efectiva. Los recortes de las prestaciones y en el sistema de pensiones son medidas neoliberales que minan el bienestar social de la población. De entrada no es que la austeridad sea de por sí inefectiva, bien podría ser funcional pero acompañada de una buena política fiscal que no sea ni abusiva ni represiva. Y todo dentro de una política que considere a la inversión social como punto prioritario en la agenda de gobierno y que priorice en la consecución de objetivos claros, medibles y sostenibles que reduzcan la desigualdad y disminuyan los índices de pobreza. De igual forma, ante escenarios de crecimientos económicos repentinos o de proyecciones económicas positivas, es necesario replantear el gasto público con respecto a los indicadores de protección social. El porcentaje del PIB en relación a elementos clave como vivienda y exclusión deberían ser más altos en periodos de déficit pero no lo son por el planteamiento meramente neoliberal de la austeridad restrictiva. Y sumado a esto, la disminución del poder adquisitivo en estos periodos deficitarios por consecuencias de las bajas rentas, hace que las condiciones de vida se deterioren. 3
4. Conclusiones España y sus indicadores sociales se encuentran en una etapa preocupante. No es casual que estemos en la clasificación de uno de los países más desiguales de la Unión Europea. La desigualdad es muchas veces sinónimo de restricción y el acceso que tiene la población a la protección social se ha visto recortado debido a las políticas aplicadas en los años de crisis y en la actualidad. Pareciera que el componente social es olvidado cuando se aplican las medidas de corte liberal o cuando se considera que al crecer el PIB tenemos un excelente crecimiento económico o alguna cifra de aumento de empleo, pero es necesario preguntarse bajo qué parámetros. Ni aún con el más vertiginoso crecimiento económico se podrían resolver todas las dificultades de índole social si no se tienen en cuenta políticas sociales integradoras que propendan por garantizar el libre desarrollo de los derechos sociales de la población. Derecho a una vivienda, derecho a protección. Derecho a educación. El empleo y desempleo son factores ligados. Primero es preciso replantar las políticas de libre acceso a los derechos y protecciones para posteriormente ayudar a que crezca la economía de manera equitativa, con miras a reducciones en la desigualdad y al incremento del bienestar social. La crisis económica en España en el último decenio puede ser tomada como lección para reestructurar el quehacer de la política, que la torne en cierta medida más incluyente y más participativa. Menos tradicionalista y austera. Porque es que todos podemos ser austeros, pero no restrictivos. Y aquí está la diferencia. Debería ser meramente otro enfoque, o más bien un radical cambio de perspectiva.
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