Uso del agua por la agroindustria de la caña de azúcar en Guatemala, en: Agua, Tierra y Territorio: Revista Territorios XI. Serviprensa, Ciudad de Guatemala, 2016, Noviembre. (pp.69-93)

Territorios

© Territorios es una publicación del Instituto de Estudios Agrarios y Rurales –IDEAR–. de la Coordinación de ONG y Cooperativas –CONGCOOP– 2a. Calle 16-60, Zona 4 de Mixco, Edificio Atanasio Tzul, 2o. Piso, Residenciales Valle del Sol Guatemala, C. A. PBX: (502) 2503 0600 Fax: (502) 2433 4779 Correo electrónico: [email protected] Director Ejecutivo: Helmer Velásquez Coordinación de la revista: Helmer Velásquez Compilación de artículos: Katja Winkler Cuidado de Edición: Diana Vásquez Créditos de imágenes: Fotografía portada y contraportada: Ricard Busquets Fotografías interiores: • Ricard Busquets • Katja Winkler • CONDEG • Samuel Flores Este material es financiado total o parcialmente por Pan Para el Mundo, sin embargo, no comparten necesariamente las opiniones aquí expresadas. La responsabilidad del contenido es exclusivamente de CONGCOOP y de los autores.

Diseño e impresión:

3a. avenida 14-62, zona 1 PBX: (502) 2245-8888 www.serviprensa.com Portada: Gudy González Diagramación: Evelyn Ralda Corrección textos: Jaime Bran Esta publicación fue impresa en noviembre de 2016. La edición consta de 1,000 ejemplares en papel bond beige 80 gramos.

JUNTA DIRECTIVA Jorge Alberto Colorado Presidente Irene Magal y López Cáceres Vicepresidenta Armando Luis Navarro Tesorero Víctor Armando Cristales Ramírez Secretario César Augusto Méndez Lemus Vocal I Nivia López Herrera Vocal II Carlos Fernando Zavala García Vocal III Helmer Velásquez Director Ejecutivo Afiliadas • Asociación de desarrollo, Defensa de Desarrollo, Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala (ACCIÓN ECOLÓGICA) • Asociación del Desarrollo para América Central (ADEPAC) • Asociación de Desarrollo Integral (ADI) • Alternativas para el Desarrollo Ambiental (ADPA) • Centro de Investigación y Educación Popular (CIEP) • Centro de Investigación y Estudios y Promoción de los Derechos Humanos (CIEIPRODH) • Coordinadora Cakchiquel de Desarrollo Integral (COCADI) • Cooperación Mesoamericana para el Desarrollo y la Paz (COMADEP) • Consejo Cristiano de Agencias de Desarrollo (CONCAD) • Federación de Cooperativas Agrícolas de Guatemala (FEDECOAG) • Fundación para el Apoyo Técnico en Proyectos (FUNDATEP) • Fundación para el Desarrollo Comunitario (FUNDESCO) • Asociación IDEAS • Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES) • Proyecto de Desarrollo Santiago (PRODESSA) • Servicios de Apoyo de Desarrollo de Guatemala (SADEGUA) • Servicios de Capacitación Técnica y Educativa (SERCATE)

Territorios XI

Guatemala, noviembre 2016

Equipo de Trabajo CONGCOOP Dirección Helmer Velásquez Diana Vásquez Instituto de Estudios Agrarios y Rurales –IDEAR– Katja Winkler José Luis Caal Lourdes Gómez Sharon Pinzón Fernando Alonzo Instituto por la Democracia –ID– Alejandro Aguirre Arlyn Jiménez Junny Mejía Nuria Mejía Miriam Suyuc Samuel Flores Contabilidad Pablo Navichoc Irma Concuá Administración Fernanda Arriola María Vargas

Nuestro Reconocimiento a: Pan Para el Mundo Action Aid Christian Aid Manos Unidas Asociación Servicios a Programas de Desarrollo e Investigación ASO-SEPRODI Misereor American Jewis World A nuestras redes: Mesa de Articulación de Redes de Plataformas Nacionales y Redes Regionales de ONG de América Latina y El Caribe –MESA– International Land Coalition (ILC) Foro Internacional de las Plataformas Nacionales de ONG (FIP) Social Watch (SW) Asamblea Social y Popular Red de Comunidades Afectadas por la Palma Colectivo Agua Vida y Territorios Alianza de Organizaciones por la Efectividad del Desarrollo (AOED) Foro mundial de la Agricultura

Fotografia: Samuel Flores

A Rigoberto Lima Choc defensor del agua, la vida y el territorio, un homenaje a su existencia.

Índice Editorial: Usurpadores y usurpados .............................................................................. 11 Declaración: Marchamos con la dignidad del señorío de los pueblos indígenas y la fuerza organizada del movimiento campesino........................................................ 17 Estrategias erróneas y la vulneración de los sistemas hídricos en América Latina Javier Bogantes Díaz.......................................................................................................... 21 El recurso hídrico en Guatemala y una aproximación al municipio de Raxruhá desde una perspectiva del Derecho Humano al Agua Fernando Alonzo................................................................................................................ 43 Uso del agua por la agroindustria de la caña de azúcar en Guatemala Katja Winkler.................................................................................................................... 69 Análisis de instrumentos de evaluación ambiental de tres monocultivos –banano, caña de azúcar y palma de aceite– en la Costa Sur Anne Bordatto.................................................................................................................... 93 Ecocidio en el río La Pasión: una catástrofe anunciada Bayron Milián................................................................................................................. 113 Prácticas hegemónicas y de control social sobre el territorio: Estados de excepción como recurso legal para la dominación Elisa Irene Aquino Gómez................................................................................................. 125 Iniciativa de Ley de Agua en Guatemala y su discusión Leocadio Juracán.............................................................................................................. 141 Veredictos del Tribunal Latinoamericano del Agua.................................................... 155

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Declaración de los pueblos de Iximulew sobre los derechos a la vida, de la madre tierra, al territorio y el agua..................................................................... 173 Memorial dirigido a los administradores de los Organismos del Estado de Guatemala: Judicial, Legislativo y Ejecutivo........................................................... 185

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Editorial Usurpadores y usurpados1 Como cada noviembre durante los últimos once años, la voz del Instituto de Estudios Agrarios y Rurales –IDEAR–, de la Coordinación de ONG y Cooperativas, y de nuestros invaluables amigos, llega grabada a imprenta para registro de la historia contemporánea. Desde el primer número de la Revista Territorios, siempre hemos dedicado cada número a un tema concreto, acerca del cual exponemos avances de nuestros trabajos, experiencias y las ideas, propuestas y hallazgos de colegas fraternos, que han estado dispuestos a compartir su esfuerzo a través de las páginas de nuestra Revista. En cada uno de nuestros números, siempre hemos incluido –y ahora no es la excepción– la voz de un dirigente popular, generalmente campesino, y de un joven, que se inicia por el sendero de las letras y las ciencias sociales. Nuestra publicación se hace más grande, al colocar entre sus textos, la posición política que en la coyuntura expresan los movimientos sociales de este país. Esto último, no es una mera tradición, se trata de contribuir a expandir la voz histórica de sectores organizados del pueblo de Guatemala. Esta vez recogemos los planteamientos de uno de los Movimientos más representativos de la Guatemala social. El Movimiento de los Pueblos, transcribiendo, para el efecto, la Declaración de los Pueblos de Ixmulew Sobre los Derechos a la Vida, de la Madre Tierra, Al Territorio y al Agua, emitido con ocasión del Día de la Tierra del 2016. Se trata de textos que van construyendo historia, la historia de nuestro pueblo organizado. Dedicamos, esta vez, las páginas de nuestra revista, a una cuestión que trasciende la coyuntura y sintetiza muchas de las razones del por qué “estamos como estamos”; se trata de la batalla histórica de este país: la legítima posesión de los territorios, el dominio sobre sus tierras, aguas y cultivos. La antiquísima contradicción entre dominio y liberación. Entre el espacio para cultivos de exportación y el espacio para el alimento y las personas. Esa vieja batalla de pretendida conquista, lleva siglos tratando de vencer la resistencia. 1

Helmer Velásquez, Director Ejecutivo de CONGCOOP.

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Hasta ahora no lo logra. Ha ocasionado, eso sí; muerte, destrucción y atraso. Las víctimas directas continúan siendo las mismas: pueblos indígenas y comunidades rurales. La Revista Territorios, en su undécima aparición, da cuenta de las expresiones recientes de aquella vieja contradicción entre usurpadores y usurpados; entre dominación y resistencia. La demanda de los pueblos indígenas, por la conservación de sus territorios y la recuperación de sus tierras de cultivo nunca ha salido de su agenda. Existen períodos históricos en que parece que la lucha se sosegó o fue sosegada. Aquello nunca ha ocurrido. Más bien a los pueblos se han aliado los campesinos pobres. Los que quizá nunca han tenido tierra, los jornaleros de toda la vida, aquellos de la más escasa esperanza. Los que han apoyado las coyunturas que parecían de futuro, una de ellas, los Acuerdos de Paz. Mismos que veinte años después, están de nuevo frustrados: la paz no resolvió. Parece una paradoja pero trajo más problemas al campo, al territorio: Minería, que no conocíamos antes. De la nada surgieron “nuevos y generosos” compradores de la tierra, y a cambio ofrecían efectivo y trabajo. Luego botaron el maíz y plantaron palma. Es lo mismo que en su momento pasó con el azúcar. La paz falló a sus mejores hijos. Los hijos de la tierra. La Revista en este número registra las esperanzas, frustraciones, resistencias, aspiraciones políticas y exigencias de cambio, de los núcleos organizados de la sociedad, aquellos que aun con duda, han ido a las Cortes –siguiendo el estado de legalidad–, y ahí han ganado algunos recursos de amparo, han recuperado tierras: Chuarrancho, Sierra de Chinajá, por nombrar algunos ejemplos. Han sentado bases para el respeto, han conseguido la determinación del Constitucional: ordenar la realización de consultas comunitarias, antes de decidir cualquier intervención empresarial en sus territorios. Este es el caso de Oxec y La Puya. A la vez, han sido criminalizados y perseguidos penalmente por aquellas mismas cortes. En estas páginas se expresa esa historia, la historia viva de este país: La disputa por los territorios. La reivindicación indígena y campesina por la propiedad agraria. Una disputa, que desde la historia oficial, se sustenta en premisas bizarras: los viejos tenedores de la tierra y del territorio, sus originales poseedores, los despojados, aparecen en la historia oficial como los usurpadores. Sin embargo, sí respetamos la verdad histórica. Las conclusiones son altamente diferentes. A ese propósito, y partiendo de la forma en que se fue construyendo y acumulando la propiedad agraria, inexorablemente concluiremos, que su origen es espurio. Encuadra, en la figura jurídica que el Código Penal vigente denomina “usurpación agravada”. Para corroborar nuestro dicho, examinemos los supuestos del artículo 257 del Código Penal actual y la actuación histórica de los invasores del siglo XVI y de los ejecutores de la Reforma Liberal del siglo XIX, en relación a la tierra de los pueblos originarios. 12

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Dice el Código Penal en su artículo 256: “Comete delito de usurpación quien, con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícitos, despojare o pretendiere despojar a otro de la posesión o tenencia de un bien inmueble…la usurpación será agravada, cuando concurran, las circunstancias siguientes….. -257: a) Que el hecho se lleve a cabo por más de cinco personas.” Las tropas de asalto que llegaron de España y los ejecutores de la Reforma Liberal, actuaron en gavilla. En este primer supuesto, encuadra a cabalidad la conducta de invasores y reformadores. “…b) Cuando el o los usurpadores se mantengan en el inmueble por más de tres días.” Las propiedades de los naturales están siendo ocupadas por más de cuatrocientos años. Se trata de un delito continuado. Continuemos con los presupuestos penales: “…c) Cuando a los poseedores o propietarios del inmueble, sus trabajadores, empleados o dependientes, se les vede el acceso al inmueble o fuesen expulsados del mismo por los usurpadores o tuvieren que abandonarlo por cualquier tipo de intimidación que estos ejercieren en su contra.” Los poseedores originarios de la tierra, fueron corridos hacia tierras de ladera, algunos fueron a las montañas y otros desplazados hacia pueblos indios. Se trata de delito flagrante. Los usurpadores, aún están en el inmueble. “…d) Cuando el hecho se lleve a cabo mediante hostigamiento, desorden, violencia, engaño, abuso de confianza, clandestinidad o intimidación.” La violencia para consumar la usurpación incluyó la quema de viviendas, personas, sembrados, tortura, violación de mujeres. Es decir, este presupuesto se cumplió con agravantes. Vamos al último de los presupuestos: “...e) Cuando se cause cualquier tipo de daño o perjuicio al inmueble, sus cultivos, instalaciones, caminos de acceso o recursos naturales.” Ya señalábamos la quema de cultivos, daño a los inmuebles y una larga lista de atropellos a la propiedad ancestral y a las personas, ejecutados por los usurpadores en el siglo XVI y por los “liberales” del siglo XIX. El delito no ha prescrito, pues sus efectos continúan. Por aparte, para consumar la usurpación se cometieron una serie de delitos de lesa humanidad, entre ellos la quema de personas vivas, que se resistieron a la usurpación. Siguiendo la lógica del delito de usurpación agravada –tipificada en la ley penal vigente–, la propiedad agraria en este país tiene un origen ilícito, carece de legitimidad y legalidad. Sin embargo, y como corresponde a las usurpaciones históricas, el nuevo orden legal, construido de siglo en siglo por los mismos usurpadores y al amparo de leyes terrenales, avaladas por jerarquías eclesiales, ha ido legalizando lo que en su origen fue: usurpación agravada como se diría hoy. 13

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Para ese efecto se han socorrido de las corrientes ideológicas dominantes, que surcan este territorio de aquellos días para acá y que continúan impasibles, acuñadas de “verdades verdaderas”, y que han ido transformando al usurpador de ayer, en el ciudadano honorable y propietario de buena fe de hoy. Esto último es particularmente aplicable a los herederos, quienes “no tienen por qué asumir culpas de sus antepasados”. Que ya han sido juzgados por Dios. A tal punto ha calado esta construcción histórica, que al día de hoy los victimarios son reconocidos por la historia oficial como héroes de la patria, como transformadores del atraso, y en pos del avance civilizatorio. Los religiosos de la época, lucen transformados en discípulos cristianos, que llevaron la luz a un mundo ritual, indígena, plagado de paganismo, pecado y oscurantismo. A qué viene esta paradoja, revestida de girón histórico: Reiterar que las reivindicaciones indígenas y campesinas sobre la tierra tienen una razón histórica, que en ningún momento se trata de simples “arrebatos” o “nefastas ideas” de robo de propiedad. Es una cuestión de reivindicación histórica, legitima y legal. Desde esta perspectiva bien haría esta sociedad en buscar formas civilizadas de resolver el nudo histórico de lo agrario, sin cuya solución se mantendrá a este país sumergido en lo que es hoy: un cúmulo de conflictos, desesperanza y horca. Dejemos un momento la cuestión de la tenencia de la tierra y del territorio y concentrémonos en el agua… ese bien, al que los mayas atribuyen orden divino y en tanto ello sacralizan su cuidado, conservación y uso. A los tenedores del capital en Guatemala les parece que no le hemos “sacado” la plusvalía debida a ese mismo bien. Que el agua es una mercancía, y en tanto ello susceptible de apropiación y comercio. Un bien –consideran los que propugnan su mercantilización– que debe estar alejado de la administración del Estado. Consideran también que debe regularse por el mercado y que todos debemos pagar por él. A su tenedor privado. En Guatemala, la idea de regular el uso de las aguas, viene desde 1957, sí, desde hace cincuenta y cinco años. Y hasta el día de hoy no se logra su regulación. En abril de este año, campesinos e indígenas del Comité de Unidad Campesina, Central Campesina Ch’ortí, Comité Campesino del Altiplano y otras estructuras sociales, aglutinadas en la Asamblea Social y Popular, marcharon durante más de diez días, demandando que el Estado intervenga y devuelva las aguas de los ríos a las poblaciones, y penalice su contaminación y el desvío hacia fundos agro-industriales. Que el Estado imponga su autoridad para que el agua vuelva a llegar sana a los mares y preservar la vida de los manglares. 14

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El abuso terrateniente en relación a la ilegal apropiación y contaminación del agua de los ríos es viejo. No por ello es tolerable. Antes fueron los fundos algodoneros, los que fumigaban su plantación a costa de envenenar los ríos y los patios de los campesinos, provocando mortandad en especies acuáticas, aves de corral y animales domésticos. Aquella práctica, ha prevalecido –cobijada en la impunidad– por los señores de la caña, de la palma aceitera, bananeros, y huleros. Todos, absolutamente todos, utilizan el agua pública, desviándola hacia sus plantaciones y devolviendo contaminación con los desechos de su producción y uso de agroquímicos. El río La Pasión, en Sayaxché, Petén, fue paradigma de aquella perversa práctica, sin embargo, hasta el sol de hoy nada ha pasado. No hay justicia. La autoridad del Estado ha permanecido impasible. La única práctica social que parece funcionar es la que ejerce la población cuando rebalsa en su paciencia. Esto quedó claro –este año– cuando el mismo pueblo acompañado de la autoridad municipal, en Nueva Concepción, Escuintla, liberó el río Madre Vieja, lo devolvió a su cauce y al mar. Los veinticinco años de denuncias ante las autoridades gubernamentales, nunca sirvieron de nada, nunca se actuó. Debió ser la mano comunitaria, con los riesgos que ello implica, la que resolvió la situación. Por lo menos para este año. Queda claro que ante la inacción de las autoridades del Estado, solamente la movilización de la población resuelve. Por la vía institucional, el veto empresarial no permite a la autoridad pública actuar. Tienen –los empresarios del agro– garantizada impunidad. El veto empresarial se activa, particularmente frente a “dos amenazas”: Cualquier avance en la esfera del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, y frente a cualquier acción que beneficie a los campesinos. Su visión es sobreideologizada en los dos ámbitos, y obviamente, acompasado de intereses económicos. Sin embargo, su principal preocupación es lo que ellos califican de avance ideológico. Les preocupa que la sociedad vaya rompiendo tabúes. Que el pueblo termine por comprender y asumir, que la discriminación hacia los pueblos indígenas y los ladinos pobres, no es más que una construcción histórica de los criollos, para mantenerlos sojuzgados, alejados del bienestar. Que los pueblos indígenas son pobres por exclusión y sojuzgamiento y no por su mal proceder. Es en este orden de ideas, que la élite del capital, propala que reformar la Constitución Política de la República, –tal cual proponen amplios sectores político-sociales– reconociendo el pluralismo jurídico, va en contra de la unidad de la nación: que aquí no hay dos Guatemalas, afirman, que todos somos iguales ante la ley, que tenemos las mismas oportunidades. La cuestión es simple, se trata de no alterar el imaginario. ¿Para qué? Si estamos bien. Es decir, se le teme al mensaje ideológico que pudiese lanzar la reforma. La otra cuestión –blindada ideológicamente por la élite económica– es no otorgar, ni el 15

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mínimo de derechos a los campesinos. Por eso se boicotea la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral. Es decir, la élite económica de este país vigila celosamente las cuestiones de orden ideológico, aunque esto implique vivir como en el siglo XVI. No hay que hacer concesiones ni a los indios ni a los campesinos, que son la fuerza de trabajo más importante para los fundos agrícolas. Que la Guatemala “moderna” no tenga en la segunda década del siglo XXI ni Código Agrario, ni Ley de Aguas no avergüenza a la élite del capital. Por el contrario, es una muestra de sus poderes expresados, en un parlamento dominado y que actúa como agente político de los intereses del capital. Si bien se trata de maniobras de su interés económico y político, en el sustrato subyace su batalla ideológica, atrincherados en la inquisición. Cazando brujas, aprovechándose de una sociedad que ha sido moldeada, alejada de letras, salud, empleo decente y perspectiva de cambio. Por eso precisamente promueven el conformismo en todas sus expresiones. Sin embargo, como un molino de viento, la historia no se detiene, cuando amainan los aires parece que se hubiese detenido por siempre, pero solo se aguarda una mejor corriente, ese es el caso de los movimientos sociales, ese es el caso de la historia que avanzan los pueblos. Al final es incontenible. De estas complejidades, de los problemas, las resistencias, propuestas, aspiraciones de cambio y futuro es que trata este número de la Revista Territorios. Su lectura y la crítica que recibamos completará la tarea. Va nuestro abrazo solidario y palabra de aliento, a las organizaciones campesinas, indígenas, comunitarias, a aquellos que levantan la bandera de la dignidad. A los defensores de la tierra, el territorio, el ambiente, el alimento. A los luchadores de los pueblos. Nuestro reconocimiento a los colegas que nos proveen de sus ideas, a través de su pluma, siempre profunda, crítica y generosa. A nuestros cooperantes, a las organizaciones miembros de la CONGCOOP, a los queridos compañeros: hombres y mujeres que dan vida al Instituto de Estudios Agrarios –IDEAR–, al Instituto por la Democracia –ID– ambos de la Coordinación de ONG y Cooperativas. La publicación de esta edición, es el cierre de un año más de trabajo institucional, de fuerte movilización y formación. A todos nuestra bienaventuranza.

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Marchamos con la dignidad del señorío de los pueblos indígenas y la fuerza organizada del movimiento campesino*

Foto: Ricard Busquets. Marcha por el agua, 2016

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Comunicado: Declaración de la Marcha por el agua, 2016.

Marchamos con la dignidad del señorío de los pueblos indígenas y la fuerza organizada del movimiento campesino ¿Por qué marchar por el agua? 1º Porque desde los distintos pueblos hemos acudido a las autoridades del Estado, agotado instancias administrativas, y del sistema de justica, solicitándoles su intervención para frenar el robo de las aguas. Eso y no otra cosa es el desvío de los ríos. Hemos acompañado a nuestra gestión pruebas irrefutables de que los ríos –robados– se dirigen hacia ingenios azucareros, plantaciones de palma aceitera y de banano; entre otros medios de prueba, hemos adjuntado: fotografías, testimonios, videos, recortes de prensa, sin que autoridad alguna, detenga esta oprobiosa práctica. 2º La acción perversa de la agroindustria tiene agravantes fatales para nosotros, por ejemplo: contaminación de nuestras aguas, secamiento de fuentes y contaminación del aire por efecto de la quema de la caña. El uso de madurantes y agrotóxicos, bota nuestras frutas, mata nuestros animales, y más grave aún enferma a nuestros hijos. Los peces mueren al cerrar los ríos o por exceso de contaminación. Los Manglares desaparecen y con ellos una maravillosa biodiversidad. 3º En estos años de sequía, los propietarios de las fincas han decidido mantener irrigadas sus plantaciones a costa de la vida de nuestros hijos y la enfermedad de los abuelos. Por eso y para que termine esta injusticia, marchamos. Para que la sociedad tenga agua, marchamos. Para que las ciudades no perezcan por sed, marchamos. Para que el Estado libere nuestros ríos, marchamos. Marchamos para conmemorar la gesta de los hermanos y hermanas de la Nueva Concepción que ejerciendo su 19

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derecho humano al agua liberaron los ríos de su pueblo haciéndolos llegar de nuevo al mar. Porque queremos vida y vida con dignidad marchamos. Esta no es la lucha de los pueblos indígenas y los campesinos, es la lucha de Guatemala. Guatemala abril 2016

Asamblea Social Popular

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Comité de Unidad Campesina

Estrategias erróneas y la vulneración de los sistemas hídricos en América Latina Por Javier Bogantes Díaz

Foto: Ricard Busquets. Marcha por el agua, 2016

Estrategias erróneas y la vulneración de los sistemas hídricos en América Latina Por Javier Bogantes Díaz1

“A los que se les ha dado el poder de legislar, que consiste por encima de todo en esto: Que no obren de tal manera que incurran en desprecio e indignidad, a dónde se puede ir a parar llevando los pasos por dos caminos. Uno es el de la iniquidad, encomendando y proponiendo cosas injustas, el otro es el de la dificultad, proponiendo y encargando cosas imposibles, las cuales en sí mismas son injustas. Dos son las manos con las que la ley tiene el poder de legislar: la una es de la justicia y la otra de la posibilidad, siendo la una moderada por la otra, puesto que habiendo muchas cosas posibles que no son justas, nada hay empero, justo que no sea posible”. Giordano Bruno

Introducción El agua en América Latina está en crisis; las cifras son alarmantes. En menos de 15 años la demanda de agua creció en un 76% (PNUMA 2010) y sólo en México, su disponibilidad bajó a 23.9% durante los últimos 60 años. Actualmente 15.5% de los acuíferos mexicanos están en sobreexplotación (Centro del Agua para ALC 2010a: 9). Las tendencias se relacionan con el acelerado crecimiento poblacional, la expansión desregulada de megaproyectos productivos sobre el continente, y el cambio climatológico, entre otras cosas.

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Jurista y Filósofo; fundador del Tribunal Latinoamericano del Agua. Actualmente preside esta organización. Ha participado en conferencias magistrales y audiencias en universidades y otros espacios de incidencia en América Latina y Europa, y es autor y coautor de numerosas publicaciones relacionadas con la vulnerabilidad y gobernabilidad del agua.

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También la calidad del agua en la región se deteriora dramáticamente. En México, 2.9% de los acuíferos están fuertemente contaminados (Centro del Agua para América Latina y el Caribe 2010ª: 9) y 74% de los ríos, lagos y embalses monitoreados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) presentan diferentes grados de contaminación (FEA 2006: 53). En Colombia, 88% de los municipios no suministran agua apta para consumo humano (Centro del Agua para ALC 2010b: 22). Comprobar la fuente exacta de la contaminación de un cuerpo de agua es difícil porque generalmente se conjugan diferentes factores. Muchas veces la contaminación es difusa. Sin embargo, es legítimo argumentar que la degradación de la calidad del agua en América Latina se relaciona con la implementación, durante muchas décadas, de estrategias y políticas erróneas; o a contrario sensu, que con la implementación de estrategias más correctas se hubiese podido evitar gran parte de la contaminación e impactos en los sistemas hídricos y cuerpos de agua que hoy acontecen. En América Latina el 86% de las aguas residuales siguen depositándose en los cuerpos naturales de agua sin ningún tratamiento previo; en muchos países se han establecido plantaciones de monocultivo en la cercanía de importantes fuentes de agua a sabiendas que iban a recibir rutinarias fumigaciones aéreas; y los sistemas de agua potable y alcantarillado existentes no sólo son insuficientes para cubrir a toda la población, sino donde los hay, muchas veces falta un consistente monitoreo del agua y un buen mantenimiento de la infraestructura. Es decir, mientras que las inversiones en nuevos sistemas de tratamiento y drenaje aún no logran satisfacer toda la demanda, los sistemas existentes no son utilizados óptimamente y además corren el riesgo de convertirse en inversiones perdidas. En vez de enfrentar el problema desde la causa, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos se limitan a mitigar únicamente los efectos. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) describe la deplorable situación del agua en América Latina y culpa por la negligencia por parte de los gobiernos, y, argumenta que la misma posiblemente ya no tiene vuelta atrás: “los recursos hídricos subterráneos de la región de las Américas han sido abandonados a su suerte. Se contaminaron por actividades agrícolas (nitratos, pesticidas), saneamiento in situ (nitratos, microorganismos), disposición de residuos sólidos, y actividades industriales, entre otros factores: todo ello hace pensar que la recuperación de los acuíferos va a resultar muy difícil, si no imposible” (OPS 2007: 240-241). El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) subraya con la OPS que la crisis del agua en la región efectivamente vulneró los sistemas hídricos de América Latina a un nivel generalizado, tanto en cantidad como en calidad. Confirma que la tendencia es sumamente peli24

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grosa, pero no cree que sea irreversible. La causa de la crisis del agua se debe ante todo al mal manejo de las cuencas hidrográficas de la región, y esto es algo que se puede cambiar. Para apoyar la tesis, este escrito analiza los efectos más directos de la crisis del agua para la salud pública y el medio ambiente en América Latina; intenta enfocar las causas más probables de la crisis; y discute la vigencia del derecho formal respecto a la eficacia y eficiencia de las normativas ambientales y las legislaciones del agua en América Latina. En este sentido se propone la vigencia de una ética ambiental exigente que retroalimente la creación y aplicación de leyes en una perspectiva más ecológica y sistémica; en esta prospección proponemos la validez de una racionalidad que transforme la ideología y la relación del Estado con sus ciudadanos hacia una mayor participación en las decisiones que puedan afectarles. Avanzar en las políticas para la protección del agua comprende un cambio de pensamiento y de valores. En este sentido fundarse en una ética en la que debe haber deberes con respecto a objetos no humanos. Finalmente, se describen unas experiencias notables del TLA durante el periodo y se presenta su propuesta como alternativa para ir hacia una gobernabilidad más comprometida con la ética ambiental. Tan solo a partir de una nueva gobernabilidad y gestión sistémica del agua se puede corregir el rumbo de acontecimientos que al parecer nos llevan hacia una crisis socioambiental. Evitar que en el futuro sigan implementándose estrategias erróneas es ineludible ya que la alarmante situación ambiental existente se debe en gran parte a decisiones incorrectas. Las nuevas estrategias deben tener un “poder predictivo para prever los resultados intencionales y no intencionales de sus acciones y más potencialidad para revertir sus consecuencias” 2

Una poética del agua y la recuperación de los valores Cuando nos acercamos a la realidad del agua nos encontramos también con su belleza, con los ensueños acuáticos, con su frescura. Y aunque la situación hídrica que miramos diariamente es en muchos aspectos deprimente y absurda porque estupefactos contemplamos cómo ríos y fuentes se han convertido en basureros, en vertientes de venenos, de bacterias y plásticos: el milagro del agua siempre está allí, al abrir el chorro, al mirar la lluvia, al contemplarla correr en la corriente de los caños. Siempre nos encanta ver el transcurso del agua. El tiempo se detiene en ese ritmo y esa velocidad de la corriente. Recordamos cuando poníamos barquitos de papel en estanques y pozas.

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Holmes Rostom lll, Naturaleza y Valor, pág. 85.

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Aún podemos imaginar, crear en la materia de la fluidez y tal imaginación nos lleva a la posibilidad del ensueño acuático. Imaginamos que nos bañamos en ríos puros y cristalinos o que disfrutamos bajo espumosas y poderosas cascadas. Miramos el agua, el agua nos mira, nos cuenta la historia de lo que acontece con la vida circundante. Paul Claudel dice: “de este modo el agua es la mirada de la tierra, su aparato de mirar el tiempo”. El deseo del disfrute en el agua nos remonta a los tiempos remotos e instantes guardados. Recordamos nuestros juegos en pozas, lagos y ríos. Soñamos con el agua y en esa imaginación dinámica nos percatamos de que es milagrosa, curativa. Que el agua canta en los arroyos y las corrientes de los ríos. Nos gustaría beber el agua fresca de las fuentes, saborear su pureza y su esencia. “El contacto con el agua implica siempre la regeneración”.3 Perder la posibilidad del disfrute con el agua es apartarnos de un vestigio esencial de la naturaleza. Decía Giordano Bruno que la naturaleza es un vestigio de Dios. En tal sentido, nuestra relación con el agua nos acerca a la noción más primigenia de la divinidad; a una expresión de la creación que para muchas culturas hace milagros. Diversos textos hindúes así lo dicen: “Agua, eres la fuente de toda cosa y de toda existencia” (Bhavicyottarapurana)4. “Que las aguas nos traigan el bienestar.” En la mayoría de las religiones el agua es símbolo de la purificación; en los rituales el agua lava los pecados, purifica, limpia para reconstituir un devenir curativo y feliz. La función de las aguas por su virtualidad es poética, vital, esencial. Ese carácter de la vitalidad que se expresa en las diferentes simbologías acuáticas nos convoca a una realidad fundamental que nos lleva a la ecología del agua. Comprender las interrelaciones de los ecosistemas y el agua en este planeta nos dará la posibilidad de cambiar nuestra actitud en la relación con la vida y la naturaleza. Todas las culturas vernáculas conocían este sutil tejido entre la vida y el agua. Para los Incas, el concepto de “Mama Qocha” significaba ríos, lagos y océanos. Todas las fuentes se interconectaban en los ríos subterráneos. La madre de todas las aguas protegía el ciclo hidráulico o el “pachacuti”. Todas las culturas amerindias comprendieron que bajo la tierra todo se junta y se mezcla. El pensamiento de que las almas de los muertos sufren de sed, aterró particularmente a las poblaciones amenazadas por el calor y la sequía.5 Aún no nos concientizamos respecto a los daños que hemos provocado en los ambientes acuáticos y los efectos actuales y futuros de estas vulneraciones e impactos. La sequía se evidencia en muchas regiones del planeta; la producción continúa, pero las aguas de muchas regiones siguen muriendo. Hemos perdido el vínculo con las aguas; sus funcio3 4 5

Gaston Bachelard, El agua y los sueños, pág. 229. Mircea Eliade, Historia de las Religiones. Ibíd.

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nes vitales, ecológicas y poéticas peligran. El juego en las aguas, sus poderes curativos, el reflejo del cosmos en las lagunas silenciosas, el agua alimento y fuente de salud: son aspectos de esta fenomenología que sucumbe ante la irracionalidad de los procesos de producción, la urbanización incontrolada y la ausencia de estrategias coherentes con la realidad sistémica del agua. En las diversas concepciones de la muerte, nos dice Eliade, el difunto no muere definitivamente. El alma del muerto sufre y ese sufrimiento es virtualmente expresado por la sed. El rico desde las llamas del infierno pide a Abraham: “Ten piedad de mí, y manda a Lázaro, a fin de que sumerja la punta de su dedo en el agua y me refresque la lengua porque estas llamas me torturan” (Lucas 16:24). Cuando decimos que las aguas están muriendo, la metáfora expresa que miles de diversos seres y especies están pereciendo, entre ellos el ser humano. Son millones de personas a las que el agua no lleva la vida, la curación, el regocijo, sino la enfermedad y el sufrimiento. La comprensión de una poética del agua y su disfrute resulta fundamental para encontrar la serenidad en un mundo que ha ido perdiendo estas posibilidades de sosiego y equilibrio, “esta frescura que sentimos al lavarnos las manos en un arroyo se extiende, se expande, se apropia de la naturaleza entera.”6 La búsqueda de una justicia por el agua es realizar una justicia por la naturaleza. Salirnos de la valoración antropocéntrica es clave para interpretar cómo el agua es el vínculo de todos los fenómenos de la vida. En los últimos años son numerosas las investigaciones, convenios, tratados y declaraciones internacionales que se proponen a la protección de los sistemas acuáticos. Coadyuvar a esta intencionalidad y a este trabajo para lograr una comprensión del agua que comprometa la protección, el buen uso y el respeto a esta naturaleza es urgente, para enmendar las estrategias erróneas que durante siglos han causado el desastre. Estas iniciativas han de contribuir al fortalecimiento de una conciencia que discierna y valore con respecto a la importancia de la biodiversidad acuática, y las interrelaciones fenoménicas y cósmicas que tan sabiamente comprendieron las culturas antiguas que expresaron en símbolos, imágenes y relatos, este concepto primigenio de la vinculación entre todas las fuerzas, los elementos y los seres.

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Gaston Bachelard, El agua y los sueños, pág. 229.

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El agua es femenina La defensa de los derechos intergeneracionales y de género, en relación con la comprensión de una justicia por el agua para la aplicación de la ética ecológica debe comprender al agua como componente esencial de la vida. Esto nos conduce a considerar que el agua como esencia implica la necesidad de una justicia efectiva, eficaz y eficiente para que todos los organismos, especies y ecosistemas existan y se desenvuelvan vitalmente, de acuerdo a sus necesidades y sistemas de vida. El agua es fuente de identificación, de comunión, de concatenación de todas las formas de vida. En las culturas indígenas esta identificación se manifiesta como una manifestación primigenia de lo genérico, de lo que impulsa y entusiasma la vida, de lo divino, lo masculino, lo femenino, lo infantil. El devenir de las generaciones y de los géneros se identifica con el principio del agua que fluye para la procreación y la satisfacción de los seres. Los fenómenos políticos, sociales y económicos resultantes de las injusticias en la repartición de la tierra, los impactos ambientales y la desproporción angustiosa entre ricos y pobres, tienen también una implicación intrínseca en el uso del agua; la relación con este elemento pone en evidencia que la desproporción en cuanto a su aprovechamiento, la contaminación de las vertientes y cauces y la falta de distribución afectan a los más débiles, enferman a los más desposeídos que carecen de tierra y de agua. Son, por lo general, las mujeres y los niños quienes deben recorrer las grandes distancias desde las fuentes de abastecimiento para llevar el agua hasta sus casas. Los hombres en estas situaciones de pobreza se ufanan y se dedican a deambular por los laberintos de la carestía, de la injusticia institucionalizada. Las mujeres quedan con sus hijos en la casa, buscan el agua, sufren diariamente la falta de agua. La cuestión de género, es, por eso, en esta perspectiva una fundamentación de justicia. En la mayoría de las concepciones predominantes en el pensamiento tradicional y en la modernidad, el agua es femenina. El comportamiento de las culturas predominantemente utilitarias y dominadas por la ansiedad se caracterizan por subestimar el agua: se contamina, se sobreexplota, se descuida, se utiliza indiscriminadamente. Cuando el agua escasea, la mujer la busca. Si falta el agua en la casa, la mujer es la culpable; si el río, la quebrada, el pozo, la laguna, no proporcionan agua para garantizar la alimentación, el baño y la limpieza, la mujer y los niños pagan las consecuencias. La expiación de estas culpas es diversa pero en el pensamiento de la desesperación, de la angustia y frustración inconsciente, el río, la quebrada, el pozo, la laguna, la mujer, el 28

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niño, van a ser castigados. En tal sentido, la búsqueda de justicia no es una cuestión de derecho, es la interrelación en el devenir de las posibilidades y el mundo de la posibilidad. La potencia y la capacidad del derecho y la legalidad para la limitación del poder, en el inter juego del poder político y el poder económico.

La frustración de las poblaciones y la impunidad en materia ambiental El tema de la impunidad nos lleva a la consideración de una concatenación de fenómenos, factores e intenciones que provocan que el poder, en sus diversas formas actúe de manera violatoria de los derechos humanos y ambientales. Se trata entonces de analizar esas jerarquías omnipotentes y apátridas que maltratan y desfiguran los derechos más fundamentales. Estructuras políticas que se escudan en el poder económico y político. Ese poder se alimenta y se fortalece en el temor de los demás ciudadanos a las prerrogativas, las licencias y la violencia en manos de quienes ostentan esta fuerza para actuar sin mesura, burlando las normativas o aprovechando la ausencia de regulación alguna. Muchas veces estos procesos se fundamentan en la ciencia y la tecnología, provocando rupturas con los procesos culturales. Es de sumo interés la definición de cultura de Jean Ladriere “una cultura es la expresión de una particularidad histórica, de un punto de vista original e irreductible sobre el mundo, sobre la vida y la muerte, sobre el significado del hombre, sobre sus obligaciones, sus privilegios y sus límites, sobre lo que debe hacer y puede esperar. En y por su cultura el individuo entra de verdad en la dimensión propiamente humana de su vida, se eleva por encima y más allá del animal que hay en él.”7 Pues bien, la ciencia no es solamente un método de conocimiento, influye a través de la tecnología, transforma las interacciones entre naturaleza y cultura. En esta etapa de la historia es un elaborado y poderoso sistema de acción más que conocimiento puro8. La ciencia está interrelacionada con el descubrimiento de la vida misma pero está al servicio de la industria y de la economía. Es transformación e interpretación de la realidad cultural, y en este sentido es fundamental la reflexión respecto a la interacción de la ciencia y el poder. “El objetivo de la ciencia es el progreso del conocimiento, mientras que la tecnología tiene por objetivo la transformación de la realidad dada.” En este sentido la ciencia

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Jean Ladriere, El reto de la racionalidad, UNESCO, pág. 15, 1977. Ibíd., pág. 13.

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nos proporciona la información, pero es la tecnología la que introduce los cambios, las variantes, no de los sistemas de representación sino de la realidad misma. El poder omnipresente nos obliga a olvidar, y esta desmemoria es provocada por los antídotos para el miedo, la televisión enajenante y enajenada, la política divorciada de lo político, esa política partidaria que anula la posibilidad real de lo político, y, la pérdida de la verdadera dimensión de la libertad y los conocimientos necesarios para actuar en lo político. El miedo al miedo es la enfermedad del pánico generado por la incertidumbre del ciudadano con respecto a su futuro económico, ambiental, social y político. La frustración que consume la fe y esperanza ciudadana por todas las promesas incumplidas, por la concatenación de los poderes omnipotentes y demagógicos. Entender esta relación entre la tecnología, el poder y los acontecimientos ambientales en el planeta, es un ejercicio que nos llevará a la conclusión de que los procesos tecnológicos y la relación ideología y ciencia han provocado un devenir de acontecimientos que están causando un deterioro gradual y continuo en la biosfera. Entramos entonces en la tenebrosa dimensión de la transpolítica; al respecto nos dice Baudrillard: “la transpolítica es la transparencia y la obscenidad de todas las estructuras en un universo desestructurado, la transparencia y la obscenidad del cambio en un universo deshistorizado, la transparencia y la obscenidad de la información en un universo deseventualizado, la transparencia y la obscenidad del espacio en la promiscuidad de las redes, la transparencia y la obscenidad de lo social en las masas, de la política en el terror, del cuerpo en obesidad y el clonismo genético. La política consume los espacios de la expresión ciudadana, los acapara, los desestimula, los desvirtúa, sobrepone la manipulación y la sumisión al conocimiento y a la libertad, la seducción a la educación, la propaganda a la concientización”. En las últimas décadas, los procesos de magnificación de los poderes comerciales y los megamercados reducen las posibilidades y la potencialidad de los ciudadanos para decidir y experimentar su libertad a partir de una conciencia selectiva, que discierna ante los procesos de manipulación mediáticos y de la utilización que hace la propaganda de sus necesidades. El mercado se erige, omnipotente y omnipresente, en un dios bursátil, ante el cual la oración no funciona; predomina la capacidad de tenencia ante la capacidad de ser. Esta tenencia implica una serie de concatenaciones y de fenómenos que parten de los valores que se justifican a sí mismos: la expansión, la explotación, la competencia. El predominio de los valores tecnocráticos y utilitarios es evidente. El mundo que ha entrado en una etapa crítica en lo ambiental y en lo social comienza a sentir los efectos de prácticas de producción altamente degradantes y destructivas, de ecosistemas y formas de vida fundamentales para la salud del planeta. 30

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El entorno ambiental en el cual se pone en evidencia la interconexión de todos los fenómenos es afectado de manera violenta y absurda. La noción de desarrollo económico se concibe como el principio supremo de la organización social, y es esta noción ideológica y de progreso lo que ultraja y degrada diversas formas de vida en el planeta, entre ellas su vínculo fundamental: el agua. Erich Fromm nos dice, que el ser humano y no la técnica debe ser la fuente última de los valores.9 Para lograr tal propósito se deben variar las concepciones de desarrollo, de planificación y de producción, aplicando los nuevos modelos de valores holísticos que significarían, en definitiva, la orientación hacia sociedades más sustentables y justas. Los modelos de desarrollo aplicados en Latinoamérica provocan graves impactos, y causan alarma e incertidumbre en el devenir socio-ambiental de los ciudadanos. Extensas regiones han sido devastadas para la siembra de monocultivos como la soya, las plantaciones bananeras, la palma africana, y, las plantaciones de piña y otros cultivos. La alteración de la morfología y la contaminación y colapso de los sistemas hídricos es evidente. Esas malas prácticas provocan constantes situaciones de riesgo a las poblaciones circunvecinas, y causan modificaciones que generan enfermedades, escasez, incertidumbre. Estos procesos de explotación y producción ocasionan daños e impactos sin que las normativas ambientales o los controles administrativos logren una eficacia que limite las operaciones dañinas. Tales empresas se amparan en los tratados de libre comercio y diversas negociaciones comerciales bilaterales o multilaterales. Extraen los recursos y contaminan los suelos y las aguas. Las prerrogativas otorgadas por los gobiernos a estas compañías durante toda la historia de Latinoamérica han sido excesivas, las regulaciones ridículas, las estrategias: erróneas. En muchos casos el derecho funciona al servicio de los intereses económicos. Esto ha provocado desconfianza y frustración en los ciudadanos en cuanto a la eficacia, la eficiencia y la efectividad de los poderes institucionales.

Hacia un juzgamiento ético-político La búsqueda de un horizonte ético comprende la labor de reintegración de múltiples valores y principios dispersos y olvidados. La reconstitución de estos fundamentos ético-ambientales es una tarea prioritaria para cimentar la eficacia de procesos alternativos de justicia. La conciencia respecto a la crisis ecológica parte del conocimiento de situaciones dramáticas, poblaciones enfermas por la contaminación, sed, desarraigo, incertidumbre y miedo a las instituciones de gobierno. Por desgracia, cuando llegamos a esas etapas 9

Erich Fromm, La revolución de la esperanza, pág. 101, Fondo de Cultura Económica, 1968.

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críticas, muchas veces nos enfrentamos a situaciones irreversibles. La profundización y análisis de la ideología dominante es clave cuando se pretende colocar en el acontecer socioproductivo una ética ambiental exigente. Las anteriores reflexiones presuponen que un sistema de juzgamiento ético podría no tener la eficacia, la vinculación o coercitividad necesarias, si la regulación no surge de normativas jurídicamente institucionalizadas; sin embargo, debe tenerse en cuenta que los tribunales éticos parten de lo que de ahora en adelante llamaremos una ética ambiental exigente. Se trata de la ética, respecto a la cual existe el consenso y la voluntad racional que conlleva a una obligatoriedad de un comportamiento ambientalmente justo, que supone una ética universal de cuyo cumplimiento y reconocimiento depende la vida en el planeta. Esta responsabilidad planetaria respecto a la sustentabilidad ecológica es lo que los mismos ciudadanos deberíamos proteger, y defender, en especial en los casos en los que el derecho funciona al servicio de los intereses políticos o económicos. En esta perspectiva la autonomía del derecho depende de su legitimidad. Tal condición se consolida y surge en el acontecer social y político cuando en las interrelaciones de la sociedad y el devenir económico y de la política el derecho se desconstruye y se reconstruye a partir de la crítica moral y de la ética. Siguiendo a Habermas, “La autonomía no es algo que un sistema jurídico cobre por sí y para sí solo. Autónomo es un sistema jurídico solo en la medida en que los procedimientos institucionalizados para la producción legislativa y para la administración de justicia garantizan una formación imparcial del juicio y la voluntad común y por esta vía permiten que penetre, tanto en el derecho como en la política, una racionalidad procedimental de tipo ético”.10 Muchas veces la legalidad no es eficaz en lo relacionado a situaciones en donde convergen la realidad existencial y ambiental con la concatenación de fenómenos socio-productivos, que degradan e impactan a la naturaleza y a la voluntad ciudadana. Tales defectos en los sistemas jurídicos condenan al ciudadano a la frustración y al absurdo. Cuando ni siquiera se cumple la fórmula usada por los filósofos utilitaristas “que cada hombre cuente por uno, y que ninguno cuente por más de uno” rompemos con la doctrina de la igualdad. Lastimosamente en muchos de los países es el poder económico el que cuenta. Cuando tales situaciones acontecen, los derechos humanos y ambientales son vulnerados. “Siempre pasa lo mismo con la cuestión del derecho, el derecho al agua, el derecho al aire, el derecho a la existencia. Cuando todas estas cosas maravillosas desaparecen, es cuando el

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Jurgen Habermas, Escritos sobre moralidad y eticidad, Paidos, pág. 172, 1978.

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derecho sanciona su desaparición”.111 En esta compleja interrelación de fenómenos y políticas que amenazan con la dispersión de los valores éticoambientales y el aniquilamiento de ecosistemas hídricos, organismos y especies, podríamos considerar, que la búsqueda de una ética que nos comprometa como ciudadanos y actores de un acontecer civilizatorio corresponde a la puesta en práctica de argumentos morales no tradicionales y de criterios ecológicos y sistémicos en las relaciones con la naturaleza y la sociedad. Toda ética aspira a establecer normas válidas que puedan ser acatadas por todas las personas, estableciéndose y consolidándose principios como los del bien común, la protección de la biodiversidad o de los derechos intergeneracionales. Sin embargo, pareciera que esto se logra en los discursos, pero no en la práctica; pues, no se han logrado transformaciones que pongan límites a la crisis socioambiental que se vive en muchas regiones de Latinoamérica. Tiene gran importancia en este sentido el pensamiento de Holmes Roston III respecto a la ética que puede aplicarse en las circunstancias actuales: “La nueva ética invita a un cambio de marco de referencia: una ética más a favor de lo silvestre, que resulta más lógica porque es más biológica, una ética radical que descienda hasta las raíces de la vida, que realmente sea conservadora por entender en toda su profundidad la conservación biológica”.12 El cambio del paradigma mecanicista al paradigma sistémico, y del antropocéntrico al ecocéntrico, es primordial para el desenvolvimiento de una ética que retroalimente lo jurídico, lo político, el desenvolvimiento de las disciplinas relacionadas con el ambiente, con el agua, con los ecosistemas: “una ética vital respeta todo tipo de vida”13. Se hace esencial para el trabajo ético una profunda intuición y el conocimiento que nos muestre el acontecer civilizatorio y sus efectos en las formas de vida del planeta. En este sentido, es precisa la sentencia de Rostom: “La interrupción del torrente vital es el suceso más destructivo posible. La equivocación que los humanos han cometido, o que han permitido que ocurra por descuido, es detener la vitalidad histórica de la vida.” Urge revisar el significado de los valores predominantes, como es que tales valoraciones aplicadas en los transcursos del desenvolvimiento de la humanidad nos han llevado a la aniquilación de miles de especies, y a procesos de destrucción de ecosistemas vitales para la naturaleza del planeta.

11 12 13

Jean Baudrillard, La ilusión del fin, pág. 123, Anagrama, 1993. Holmes RostonIII, Naturaleza y valor, pág. 78. Ibíd. pág, 78.

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Los estoicos introdujeron el término valor en el ámbito de la ética, y en su significación más amplia la comprendieron como “toda contribución a una vida conforme a la razón”.14 La noción de virtud comprendía para ellos los bienes y su relación jerárquica en cuanto a su elección, la virtud comprometida con los otros, lo digno de elección. En este sentido los valores aplicables desde una perspectiva tan primigenia comprenderían una racionalidad que visibilice los valores intrínsecos de las cosas naturales. Volviendo a la noción de la ética ambiental desarrollada por Rostom, es de gran interés el siguiente párrafo: “Empezamos a ingresar al campo de los valores cuando reconocemos que el conjunto genético es un conjunto normativo; distingue entre lo que es y lo que debe ser. Esto no significa que el organismo sea un sistema moral, pues no hay agentes morales en la naturaleza sino que el organismo es un sistema axiológico y evaluativo”.

Estrategias erróneas que vulneran los recursos hídricos en América Latina El Foro Social del Agua, realizado en enero del 2004 en India, así como el realizado en Porto Alegre en febrero del 2006, y el Foro Mundial Alternativo del Agua organizado en Ginebra del 17 al 21 de marzo del 2005, acordaron que el agua “no es una mercancía que puede ser comprada, vendida y controlada por unos pocos. El agua es una responsabilidad que compete a todos y por tanto, tenemos una responsabilidad colectiva en su resguardo. Somos los protectores y usuarios del agua, no somos solamente clientes o consumidores. El agua es un bien público que tiene que estar controlado por lo público.” Así también el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Vigésimo novena sesión, Ginebra, 11-29 de noviembre 2002, en su comentario general No. 15 enuncia en su introducción “El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para una vida con dignidad humana. Es un requisito para la realización de otros derechos humanos”. Así mismo el artículo 14 en el Convenio sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra Mujeres, estipula que los Estados miembros garantizarán a las mujeres el derecho de disfrutar condiciones de vida adecuadas en particular con respecto al abastecimiento de agua. El derecho al agua se encuentra sin duda dentro de la categoría de derechos esenciales para garantizar un modo de vida adecuado, pues en particular, es una de las condiciones más básicas para la supervivencia. Las con14

Dióg. L., VII, 105.

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catenaciones que se producen entre los diversos procesos productivos, la generación de la riqueza y la noción de desarrollo, no pueden, sin caer en la más profunda contradicción, vulnerar derechos fundamentales, tales como el derecho a la tierra, el derecho al agua, y a la alimentación. Tenemos que reconocer que surge una tensión respecto a la aplicación de principios expresados en cartas, convenios y declaraciones internacionales, en cuanto a los intereses predominantemente utilitarios, fundamentados en la lógica costo/beneficio. La ética ambiental exigente comprende un sistema axiológico que busca no solamente la concientización respecto a los derechos antes mencionados, sino que también sugiere la fundamentación en una solidaridad mundial vigilante, que expresada en redes de consumidores, escenarios de justicia alternativa, y movimientos sociales, cuestione y detenga los sistemas productivos violatorios de estos principios universales. La problemática del agua en América Latina es sumamente compleja. Influyen factores geográficos, socioeconómicos, políticos, técnicos, éticos y morales. En principio, el agua no falta en esta región, en donde se localiza el 31% de todos los recursos hídricos del mundo. Sin embargo, la distribución en el continente es desigual, situación que ha sido agravada con el incontrolado consumo y el desarrollo ilimitado de megaproyectos inmobiliarios, agropecuarios, industriales y extractivos, durante las últimas décadas. Debido al descuido de los ecosistemas, biotopos y biodiversidad en general, y a la mala distribución de la riqueza y de la tierra, hoy la región se encuentra ante una crisis sin precedentes. Durante décadas, se han venido implementando estrategias productivas y políticas de desarrollo erróneas, inmersas en un contexto en el que ha reinado la ambigüedad jurídica y la aplicación e interpretación de las leyes conforme a intereses particulares. La práctica de concesionar el uso del agua a gran escala sin la apropiada regulación ha causado graves injusticias y tensiones sociales muy riesgosas para la paz social. Entretanto, sigue creciendo la demanda por el agua y deteriorándose su calidad, todo a un ritmo cada día más acelerado.

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…parece que están aumentando los problemas por el incumplimiento de la legalidad en diferentes países. Esta crisis de la legalidad, a partir de la cual comienza a trabajar el tribunal buscando justicia cuando esta no se aplica, viene motivada fundamentalmente por la globalización económica. Toda la noción de valores de uso, de lucro sobre el agua, el mercantilismo, está asociado a los Tratados de Libre Comercio (TLC), donde las normativas de protección ambiental quedan supeditadas a estos Tratados, que son de una jerarquía superior. Esto en países como México, El Salvador, Guatemala o Colombia ha causado un aumento de los problemas y una menor vigilancia sobre la situación hídrica. A ello hay que unir los intereses de las grandes embotelladoras de agua que vienen a abastecer a grandes ciudades como México DF, Guadalajara, Lima, etc. y en donde indirectamente se obliga a las familias a comprar el agua ante la falta de garantías de la red pública. Fuente: Tercera Información, 14/03/09 (entrevista al autor).

La distribución del agua en el Planeta Tierra La tierra es planeta del agua. Más del 75%15 de la superficie del planeta consiste en agua. De esta cantidad, más de 97% es salada; 0,005% es salobre (entre salada y fresca) y apenas 2.8% es agua fresca o dulce, apta para consumir. El agua dulce es fuente de vida para el ser humano y muchos otros seres vivos. Es un componente esencial de la biosfera que en vastas regiones del planeta se ha vuelto escaso. Sudamérica es la región con más agua dulce per cápita en promedio en el mundo. Se estima que la región concentra 31% de los 35 millones de kilómetros cúbicos (km3) de los recursos dulceacuícolas del planeta (PNUMA 2010: 20). Dos de las seis cuencas más grandes del mundo se localizan en esta región: el río Amazonas y el río Paraná-La Plata. La primera abarca Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela y Guyana; y contiene la quinta parte del agua fluvial de la tierra. La segunda abarca Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia. En general, las cuencas transfronterizas son las que ofrecen los mayores volúmenes de agua dulce al continente.

El proceso de la desertificación en América Latina Mientras que el agua abunda en América Latina, la cuarta parte de América del Sur es árida o semi-árida, y tiene poca agua. Se trata por ejemplo de los desiertos de Chile y México; de la Pampa en Argentina, que en un 60% es área seca; y de la costa desértica del Perú,

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http://www.pbs.org/newshour/extra/features/jan-june02/water_supply.html, visitado 8/11/2010

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donde 70% de la población sólo tiene a su disposición 1.8% de toda el agua del país, mientras que el resto se dirige hacia la sierra y la selva del Atlántico (Foronda Farro 306-307). Hoy en día, más de 6 millones de km2 de tierras (aproximadamente el 30% de la superficie total) sufren procesos de desertificación (PNUMA 2010: 20 citando a FAO, 2008), con pérdidas derivadas para 11 países que ascienden a 27,525 millones de dólares (PNUMA 2010: 20 citando a CEPAL, 2007a). La tendencia se debe al cambio climatológico y la intervención del ser humano en los ecosistemas, y requerirá grandes esfuerzos e inversiones para ser controlado y/o revertido.

El uso y trato del agua en América Latina Con respecto al uso del agua dulce disponible en la región latinoamericana, 73% se usa en proyectos agrícolas, particularmente en proyectos de irrigación; 9% en la industria y alrededor del 19% para uso doméstico (FAO 2011)16. Estos datos cambian significativamente a nivel de cada país. De toda el agua disponible en la región, México usa 30%, América Central 5%, las Antillas Mayores 6%, la región Andina 19%, Brasil 21% y la región Sur 19% (FAO 2011). Algunas cifras alarmantes:17 A nivel regional, el porcentaje de agua usado según el modelo de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos es solo 2%, con niveles relativamente altos en México, donde hay una nueva ley desde 2008 (19.0%), y las Antillas Mayores (18.9%). En América Central el modelo se aplica a 1.7% de los recursos hídricos. Fuente: FAO 2011.

Se estima que en América Latina el 86% de las aguas residuales llega sin ser tratada a los ríos y océanos (OPS 57-58). En el Caribe esto puede llegar hasta el 90% (PNUMA 2010: 20 citando a PNUMA 2007)21. A nivel de países, Brasil trata 34.5% (1996) de sus aguas residuales, Chile 20.0% (1999), Colombia 6.8% (1996), Cuba 21.7% (1994), México 5.6% (1995) y Nicaragua 8.9% (1996) respectivamente (FAO 2011). Fuentes: OPS 57-58; PNUMA 2010 y FAO 2011.

16 17

Aquastat, http://www.fao.org/nr/water/aquastat/regions/lac/index4.stm, visitado 22/03/11 GEO http://www.pnuma.org/geo/geoalc3/Resumen%20GEO%20ALC(web)%20(2).pdf

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Una creciente demanda y una decreciente disponibilidad La demanda de agua crece en todo el mundo. Tal fenómeno se debe en primer lugar al crecimiento de la población. En un periodo de dos siglos, la población mundial se multiplicó con un factor de 6, y dentro de unas décadas llegará a 9 billones de personas. Tanto en el mundo como en América Latina, la distribución natural y el uso y consumo del agua se hacen de manera inequitativa. Por ejemplo, un habitante de África utiliza en promedio 20 litros al día, y un habitante del continente americano hasta 500 litros al día. Cada persona en el mundo tiene hoy menos agua disponible para su uso diario que hace unas generaciones, tendencia que no sólo continúa en las décadas que vienen, sino que se agravará debido al continuado crecimiento poblacional y al cambio climatológico, entre otras cosas. Dentro de este contexto se predice que una reducción en lluvia del 5 al 10%, causado por el cambio climatológico, se traducirá en una reducción del flujo de agua en los ríos del 50 al 80% (Marton-Lefévre J. 2009; DelegatePublicationforthe 5th WorldWaterForumIstanbul: 143). En América Latina y el Caribe, la demanda de agua incrementó en 76%, de 150 a 264,5 km3/año entre 1990 y 2004, como resultado del crecimiento demográfico (PNUMA 2010:10)18. En México, la disponibilidad natural media del agua disminuyó, por el uso acelerado, de 18,035 m3/hab/año en 1950 a 4,312 m3/hab/año en 2007. Esto representa una reducción de 23.9% en menos de 60 años. Se espera, en vista del continuado crecimiento poblacional, que la misma se reducirá más hasta 3,783 m3/hab/año o menos para 2030, y con ciertas zonas llegando a una disponibilidad de tan solo entre 500 y 1,000 m3/hab/año (Centro del Agua para ALC 2010a: 9). Como se discute en adelante, el cambio climatológico agravará esta situación en el futuro próximo aún más.

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Perspectivas del Medio Ambiente: América Latina y el Caribe, GEO ALC 3 2010, Resumen para los tomadores de decisiones, http://www.pnuma.org/geo/geoalc3/Resumen%20GEO%20ALC(web)%20(2).pdf, visitado 22/03/11

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La disponibilidad natural media de agua por habitante por año es un indicador fundamental para evaluar la situación de los recursos hídricos de una cuenca hidrológica. Escasez extrema (valor que limita drásticamente las posibilidades de desarrollo): ≤ 1,000 m3/hab/años Escasez crítica (se debe tomar medidas urgentes para preservar el recurso): 1,000 – 1,700 m3/hab/años Disponibilidad baja: 1,700 – 5,000 m3/hab/año Disponibilidad media: 5,000 – 10,000 m3/hab/año Disponibilidad alta: ≥ 10,000 m3/hab/año Fuente: Falkenmark 2003 citado por Puyol: 6 – TLA 2007 – expediente Caso Acuífero Chalco-Amecameca presentado en Guadalajara 2007.

Consecuencia de la tendencia que se notó en México es que de los 653 acuíferos contados, 32 estaban sobreexplotados en 1975; 80 en 1985 y 101 a finales del 2008. Esto significa que hoy en día 15.5% de los acuíferos mexicanos ya están sobreexplotados. En términos de la calidad del agua en México, 19 de todos los acuíferos se consideraban fuertemente contaminados en 2008, representando 2.9% de los acuíferos mexicanos. Estos acuíferos presentaban niveles altos de materia orgánica proveniente principalmente de las descargas de agua residuales de origen municipal y no municipal (DBO519 y DQO20); y/o un nivel alto de sólidos suspendidos totales (SST). Según el informe consultado, esta valoración es subestimada, dado que el número de puntos de monitoreo, que en México están localizados en sitios con más concentración humana, son insuficientes para valorar la disponibilidad del agua en las cuencas. De igual forma, el número de parámetros es impreciso para valorar la calidad de agua (Centro del Agua de ALC 2010a: 9).

Una creciente presión sobre un recurso escaso: el agua, fuente de conflictos El cuadro a continuación es una serie no exhaustiva de estrategias erróneas que durante las últimas décadas han afectado la cantidad y calidad del agua en América Latina. Hoy en día, los efectos de estas estrategias forman un riesgo directo para la salud pública y el medio ambiente.

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Demanda Bioquímica de Oxígeno a 5 días. Demanda Química de Oxígeno.

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Estrategias erróneas que vulneran los recursos hídricos en América Latina No planificar y regular los proyectos de la creciente urbanización, mal manejo de los desechos sólidos, privatizar/concesionar el agua para consumo humano y aprobar la venta de agua embotellada sin garantizar el acceso público al agua en la cantidad necesaria y de buena calidad a las poblaciones

Crecientes grupos poblacionales viviendo en áreas sin servicios apropiados sufren una baja calidad de vida y se ha ido acelerando el deterioro social y ambiental; incremento del costo del agua para los usuarios y deterioro ambiental por botellas plásticas

Globalización económica y comercial desregulada Desregular el sector industrial y no controlar Deterioro de cuerpos de agua, de ecosistemas, la contaminación de los efluentes industriales muerte de organismos, desaparición de especies, gases de efecto invernadero, deterioro e impactos en la biosfera. Desregular el sector ganadero y no controlar Deforestación y deterioro del suelo y de las la contaminación asociada, liberación de gases aguas de efecto invernadero como metanos u otros Desregular la agricultura de monocultivos e Contaminación de suelos y aguas por el exceintensiva y no controlar el uso de agroquímicos sivo uso de agroquímicos. Enfermedades en especies y organismos, incluido el ser humano. Desregular los proyectos de minería, particularmente a cielo abierto, y la industria petrolera Desregular los grandes proyectos hidroeléctri- Deforestación y destrucción de los ecosistecos, transvases y grandes obras de infraestruc- mas. Afectación de ecosistemas marinos por tura, incluido el turismo masivo los desembalses. Impactos en la biodiversidad de manglares, corales y biotopos. No controlar la degradación de las costas, la Destrucción de los ecosistemas marinos y bosdeforestación, las franjas litorales y los hume- ques, pérdida de especies, muerte de organisdales, y la contaminación de los mares mos y degradación de biotopos No controlar los factores que aceleran el pro- Reducción de los cuerpos de agua y más vulceso de cambio climatológico nerabilidad ante desastres naturales. Aumento de incertidumbre ambiental. Fuente: Propia elaboración con base en OPS 2007: 55-58; May 2004: 19 - 24.

No planificar los procesos de la creciente urbanización, el mal manejo de los desechos sólidos, privatizar/concesionar el agua para consumo humano y aprobar el abastecimiento de agua embotellada post abandono de los Estados de la responsabilidad para 40

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abastecer a las poblaciones. Aproximadamente el 80% de la población latinoamericana vive actualmente en zonas urbanas (OPS 2007: 55; May 2004: 20), una triplicación en un periodo de 40 años (PNUMA 2010: 6). La mayoría de las ciudades carecen de una buena planificación. Hay una creciente inequidad social, y el número y la extensión de barrios pobres y marginalizados está en aumento. La pobreza en América Latina afecta a casi la mitad de la población, y más de 100 millones de personas viven en áreas urbanas que no reúnen los estándares mínimos de calidad ambiental (PNUMA 2010: 20 citando a INE, 2004; OPS, 2005). Un problema clave relacionado con la urbanización en la región, es la falta de cobertura poblacional con fuentes seguras de agua potable y servicios mejorados de saneamiento e higiene, tema ya expuesto. Actualmente, estas coberturas llegan a 98 y 92% respectivamente para la población urbana, en promedio en la región de las Américas (ESM 2010: 110). Sin embargo, representan fluctuaciones fuertes y porcentajes muy debajo de los mencionados en las zonas urbanas pobres y marginalizadas. Según Antón y Díaz Delgado, actualmente hay más de 40 millones de habitantes en las ciudades de la región latinoamericana que carecen del agua potable. Como plantea el autor: la sed de agua en la región es sobre todo la sed de los pobres (Antón y Díaz Delgado 2000: 284-285). En general, los gobiernos deberían ser más cuidadosos con la planificación urbanística e industrial, pues uno de los problemas más importantes es la pérdida de la soberanía y seguridad hídrica al quedar las poblaciones a merced de las multinacionales que hacen negocio con el agua. Otro problema que agrava la situación en términos de salud pública en estas zonas urbanas marginalizadas, es el hecho de que en la mayoría de ellas no se lleva a cabo un tratamiento apropiado de las aguas residuales. La producción de desechos sólidos se duplicó en los últimos 30 años; la composición de tales desechos cambió de densa y orgánica, a masiva y no biodegradable; y si bien se recogen casi 90% de ellos, a más de 40% no se le da un tratamiento adecuado (OPS 2007: 56). Y esta cantidad de desechos sólidos sin tratamiento apropiado, sigue en aumento (PNUMA 2010: 16). Notablemente, Camdessus et al. (Agua para todos 2006: 127) argumentan que desde hace unos veinte años en los países más industrializados, y paulatinamente en todo el mundo, la contaminación permanente del agua ya no es el resultado de la actividad industrial, sino de la presencia de poblaciones muy numerosas. Es decir, las labores domésticas, urbanas, de servicios y artesanales constituyen los factores más importantes de descargas de contaminación. Esta es con frecuencia de manera directa, o insuficientemente combatida, y deficientemente saneada. 41

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Como ya mencionamos, unas 31,000 muertes anuales en América Latina se deben a enfermedades cardiovasculares que ocurren a causa de la contaminación atmosférica en general (PNUMA 2010: 20 citando a Cohen y otros, 2004). A tal aseveración es importante agregar que la peligrosidad de los efluentes industriales implica situaciones de alto riesgo para las poblaciones y sistemas de vida natural. Un tercer problema que se relaciona al acceso de agua potable de buena calidad en las zonas urbanas de América Latina es el precio. Este está subiendo en muchos países debido a la creciente demanda y la disminución en los niveles de agua en los cuerpos subterráneos, así como por los procesos de privatización de la gestión de agua a través de concesiones, entre otras razones. Como consecuencia de estos procesos, en las zonas urbanas marginalizadas de América Latina, la pobreza y la escasez del agua se refuerzan mutuamente. En los últimos años, se manifiestan diversas políticas de penetración y explotación en territorios indígenas. Proyectos de minería a cielo abierto, megahidroeléctricas, expansión de monocultivos, explotaciones forestales que se ubican o planean instalarse en estos territorios habitados por pueblos indígenas o por poblaciones campesinas. Todos estos proyectos se fundamentan en presupuestos que se sustentan en una moral social expresada en las reglas sociales, los patrones de conducta y los principios aceptados abstractamente por la colectividad, e instaurados en las normas constitucionales y de derecho. Criterios como el interés común, el interés nacional, el bien común, la seguridad nacional y el desarrollo social, se utilizan para fundamentar decisiones y empresas injustificables, cuyos procesos pueden causar o están causando impactos irreversibles en ecosistemas y poblaciones de América Latina.

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El recurso hídrico en Guatemala y una aproximación al municipio de Raxruhá desde una perspectiva del Derecho Humano al Agua Por Fernando Alonzo

Foto: Katja Winkler. Bomba de riego para monocultivo de la caña de azúcar 2015.

El recurso hídrico en Guatemala y una aproximación al municipio de Raxruhá desde una perspectiva del Derecho Humano al Agua Por Fernando Alonzo1

Resumen El presente trabajo es parte de un estudio en desarrollo sobre los usos sociales del agua en el municipio de Raxruhá, Alta Verapaz. Tiene como objetivo aportar en los conceptos y percepciones acerca del agua que tiene la población, y documentar información concreta para el trabajo que desde IDEAR-CONGCOOP se realiza: la sensibilización de tomadores de decisiones para la formulación y cambios de leyes y políticas requeridas, en la vía de reconocer el aporte de los pueblos indígenas y campesinos, en la conservación y sostenibilidad de los elementos naturales, enmarcado dentro de su praxis y filosofía ancestral. La expansión de monocultivos en la zona ha tenido repercusiones a nivel social y ambiental, basados en el supuesto de “desarrollo” que las empresas y el gobierno han manejado en torno a estos cultivos. Palabras clave: Derecho Humano al Agua, pueblos indígenas, bien común, campesinos, mercantilización, municipio de Raxruhá.

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Master en Estudios Amerindios por la Universidad Complutense de Madrid, Antropólogo por la Universidad de San Carlos de Guatemala, Investigador del Instituto de Estudios Agrarios y Rurales –IDEAR– de CONGCOOP, Coordinador de la Escuela de Formación Política de la Convergencia de Organizaciones Mayas Waquib Kej.

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Introducción En Guatemala los pueblos indígenas-campesinos han jugado un papel sumamente importante, tanto para gestión del agua, como de los bienes naturales en sus territorios. En lo que va de las últimas décadas, estas poblaciones han estado en el total abandono y no han sido sujetas de políticas públicas que respeten y promocionen sus conocimientos y prácticas ancestrales, más al contrario, han sido invisibilizados y negados desde políticas de gobierno afines a los intereses empresariales (agrarios, extractivistas, energéticos), que han impuesto sus proyectos, al margen de toda consulta y todo mecanismo de protección socioambiental. Esto ha tenido como consecuencia la generación de conflictividad en los territorios, el deterioro de los bienes naturales y la vulneración de derechos de las poblaciones campesinas e indígenas.

El agua como un derecho humano El agua es esencial para la vida, no solo de los seres humanos sino también de cualquier proceso en la naturaleza, de ella provenimos. Desde los años setenta la preocupación por el agua ha estado presente en distintos foros internacionales. En 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas aprobó su Observación general Nº 15 sobre el derecho al agua, en la que este derecho se definió como el derecho de todos “a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”2. Es hasta el 2010 que la Asamblea General de la ONU reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que el agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos, principalmente el derecho a la vida3. Aun cuando el derecho al agua se aplica estrictamente sólo a los usos personales y domésticos, el enfoque basado en los derechos humanos puede y debe utilizarse al estudiar cuestiones más amplias, como la ordenación de los recursos hídricos. Ese enfoque exige, en particular, que ningún grupo de población quede excluido y que, al asignar los limitados recursos públicos disponibles, se dé prioridad a quienes no tengan acceso o a quienes sean objeto de discriminación en el acceso al agua potable. Este enfoque basado en derechos implica, que las personas y las comunidades deberían tener acceso a información y participar en la adopción de decisiones.

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Naciones Unidas, 2002. Naciones Unidas, 2010.

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Siendo los pueblos indígenas grupos altamente vulnerables, desde el enfoque de derechos de acuerdo a OACNUDH4 : El agua desempeña un papel importante en la existencia cotidiana de los pueblos indígenas, ya que es un componente central de sus tradiciones, su cultura y sus instituciones. También es un elemento clave de sus estrategias de sustento. El acceso de los pueblos indígenas al agua potable está estrechamente relacionado con el control sobre sus tierras, territorios y recursos ancestrales. La falta de reconocimiento o protección jurídicos de esas tierras, territorios o recursos puede, pues, tener consecuencias de largo alcance en su disfrute del derecho al agua. Las fuentes naturales de agua utilizadas tradicionalmente por los pueblos indígenas, como los lagos o ríos, pueden no ser ya accesibles debido a la expropiación o la apropiación gradual de las tierras por otros. El acceso puede verse amenazado también por la contaminación ilegal o la sobreexplotación. Además, las fuentes de agua de los pueblos indígenas pueden haber sido desviadas para abastecer de agua potable a las zonas urbanas. Así pues, para asegurar el derecho al agua de los pueblos indígenas puede ser necesario, en muchos casos, adoptar medidas para asegurar sus derechos a las tierras ancestrales, reforzar sus sistemas tradicionales de aprovechamiento del agua y proteger sus recursos naturales.

Objetivos de desarrollo Resultado de los compromisos asumidos con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Segeplan en su informe final de cumplimiento5, relacionada a la Meta 7C Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento, identifica para el indicador 7.8 Proporción de la población con acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable una brecha de incumplimiento de 5.8% de la población que debió tener acceso al agua potable para el 2014 cuando la meta era 82.1%. Esto significa que para 2014, continúan sin acceso a agua potable 13.7% de la población. En la evolución y análisis del indicador a nivel nacional, reconocen que “Las desigualdades de acceso al agua potable existentes entre la población urbana, rural e indígena y no indígena, son significativas. Para el área rural en Guatemala se reporta un 63.9 por ciento de la población con acceso a estos servicios de abastecimiento, mientras que en el área urbana el porcentaje fue de 89, en 2014. Es decir, existe una brecha de 25.1 puntos porcentuales. Una situación similar se observa entre la población indígena y la no

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OACNUDH, 2011: 26. SEGEPLAN, 2015: 311.

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indígena, en donde la brecha, aunque menor, sigue siendo significativa (alrededor de 6.3 puntos porcentuales).”6 La Encuesta de Condiciones de Vida7 reporta que los departamentos con menor porcentaje de población con acceso a servicios de abastecimiento de agua son Alta Verapaz, Retalhuleu y Escuintla, con porcentajes del 58.13, 42.65 y 42.33 por ciento, respectivamente. Mientras tanto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantean en su Objetivo 6, Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos8.

La Política General de Gobierno En este marco nacional de aplicación y cumplimiento de las metas internacionales, la Política General de Gobierno 2016-2020 observa en la situación del país, que la población utiliza menos del 20% de la oferta de agua disponible en Guatemala. La mayor consumidora de agua doméstica es la región metropolitana, en donde de cada 5 litros de agua que se extraen, de vuelta solo se recarga 1 litro al sistema hidrológico. Los lagos y ríos están contaminados. Se bombea agua del manto freático sin ningún control; 3 de los 15.9 millones de guatemaltecos carecen de agua potable y 6 millones no cuentan con sistemas efectivos de saneamiento.9 El cambio climático ha intensificado el deterioro de la naturaleza. La sequía, las inundaciones y las heladas amenazan la agricultura. En un escenario pesimista, se proyecta que para 2050, Guatemala experimentará un aumento de 2.0º C y una disminución de lluvia del 13% respecto al promedio 1980-2000. Habrá problemas de acceso al agua; las enfermedades conocidas ahora abarcán más áreas, mientras enfermedades nuevas afectan cultivos y personas. Son más frecuentes las tormentas tropicales, con secuelas de muerte y daños en la infraestructura del país. La cobertura de agua y saneamiento solamente llegó al 76% de los hogares y se estima que solo el 15.8% de los sistemas de agua que abastecen los hogares cuentan con desinfección.10 Se da continuidad al Pacto Ambiental 2016-2020. Este surgió después de las movilizaciones ciudadanas de 2015, como una respuesta ante el clamor creciente por la mejor gestión del medioambiente y el patrimonio natural. Como resultado del proceso de diálogo 6 Ibíd. 2015. 7 Encovi, 2014. 8 http://www.gt.undp.org/content/guatemala/es/home/post-2015/sdg-overview/goal-6.html 9 SEGEPLAN, 2016:15. 10 Ibíd. 2016:15.

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democrático entre las fuerzas vivas del país se planteó la Agenda Ambiental, que también incluye lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2032. Se priorizaron las seis necesidades más sentidas por la población: (a) cuidar el agua, (b) reducir la deforestación y la pérdida de biodiversidad, (c) mejorar la gestión ambiental del país, (d) limpiar el país de desechos sólidos, (e) prepararnos para el cambio climático, y (f ) producir sosteniblemente.11 Plantea en cuanto a seguridad alimentaria y nutricional, salud integral y educación de calidad: a. Coordinar con las municipalidades para ampliar la cobertura de servicios de agua apta para el consumo humano. b. Coordinar con las municipalidades y el sector privado programas específicos en áreas críticas, para la disposición de aguas servidas y desechos sólidos y líquidos. c. Agua y saneamiento básico por medio de la coordinación con los gobiernos municipales, para asegurar cobertura en cantidad y calidad.

Informes OACNUDH El último informe para Guatemala presentado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el 2015, hace referencia en su apartado de acceso a tierra y territorios, a la reforma al reglamento de Evaluación, control y saneamiento ambiental, que a “pesar de la jurisprudencia internacional, regional y nacional de 11 Ibíd. 2016. En cuanto a ambiente y recursos naturales el Gobierno identificó las siguientes acciones estratégicas: a. Conservación del bosque, protección de las fuentes de agua y gestión integrada de cuencas, mediante la reducción de la tasa de deforestación, en especial en áreas protegidas. b. Administración integral del agua por medio de una política hídrica y una política hidráulica para optimizar su captación, almacenamiento y distribución de manera equitativa y así garantizar las necesidades de consumo, producción y calidad ambiental. c. Gestión integrada de desechos sólidos y líquidos para su reducción, reutilizamiento y tratamiento, por medio de esfuerzos acordes con los ritmos de producción. d. Incorporar los conocimientos y prácticas provenientes de la diversidad cultural, para conocer y valorar las percepciones y usos que realizan las mujeres y hombres de las comunidades rurales indígenas y no indígenas con respecto a su entorno natural y la biodiversidad. e. Fortalecer al Estado en su capacidad de respuesta y recuperación, ante los efectos del cambio climático y fenómenos geológicos e hidrometereológicos, lo cual implica una adecuada gestión de riesgo, la generación de conocimiento y la capacidad de invertir recursos. f. Coordinar con las municipalidades la promoción de procesos integrales de ordenamiento territorial vinculados a la planificación del desarrollo y controlar la calidad de las operaciones mineras destinadas a atender las demandas de la construcción; brindar atención especial a las áreas rurales; reducir los riesgos y ordenar el crecimiento urbano, en el marco de la sostenibilidad de los recursos naturales y la conservación del ambiente. g. Promover alianzas estratégicas nacionales e internacionales para mejorar las condiciones de gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y recuperar y restaurar el control de las zonas marino-costeras, administrándolas en función de la calidad ambiental, la recreación, la eficiencia económica”.

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derechos humanos en la materia, el Ministerio no integró ningún mecanismo adecuado de consulta a los pueblos indígenas. Como resultado, en 2015 el Ministerio de Energía y Minas autorizó siete proyectos hidroeléctricos sin consultar a los pueblos indígenas.”12 En su apartado VIII relativo a Derechos económicos y sociales, aborda los monocultivos y el acceso a tierra y manifiesta que “OACNUDH-Guatemala continuó recibiendo denuncias de campesinos y comunidades indígenas sobre el impacto que la expansión de los monocultivos tiene sobre sus derechos al acceso a la tierra, a un medio ambiente sano y a una alimentación adecuada. En mayo y junio, la Comisión por la Defensa de la Vida y la Naturaleza de Sayaxché (Petén) denunció la contaminación del río La Pasión por la empresa de palma africana REPSA, que ocasionó alta mortandad en peces. El Ministerio Público inició inmediatamente la persecución penal contra REPSA. OACNUDH-Guatemala, en coordinación con el Sistema de Naciones Unidas, dio seguimiento al caso y formuló recomendaciones a las autoridades pertinentes, como la aprobación del Congreso de la Ley de Aguas.13 El informe en mención en su punto p), insta al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a asegurar que los estudios de impacto ambiental y social de los proyectos extractivos sean elaborados por entidades independientes y técnicamente capaces, incluyan evaluaciones sobre los impactos que dichos proyectos tienen en los valores sociales, culturales y espirituales de los pueblos indígenas, y tomen en cuenta el derecho a la consulta en consonancia con los estándares internacionales.14

Nota conclusiva del trabajo conjunto de monitoreo de las Políticas Públicas para la realización del Derecho a la Alimentación en Guatemala La nota conclusiva elaborada a partir del trabajo conjunto de la Procuraduría de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su Capítulo II Situación de Desnutrición en Guatemala destaca entre otros aspectos “La problemática acerca del acceso a la tierra tiene un fuerte impacto en la disponibilidad de los alimentos, dado que en Guatemala la principal actividad económica del país es la agricultura; 31.2% de la población activa se dedica al cultivo de la tierra; por lo tanto, al no gozar de tierras para disponer de alimentos en cantidad y calidad suficientes se merma el pleno goce del derecho a la alimentación. Asimismo, 12 13 14

OACNUDH, 2016:15. Ibíd., 2016:16. Ibíd., 2016:23.

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la expansión de monocultivos en Guatemala es un factor limitante a la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficiente porque entre otras razones, se reduce la superficie para cultivos de granos básicos; se disminuye la cantidad y calidad de fuentes de agua y empobrece los suelos agrícolas.” En el caso del municipio de Sayaxché, Petén, donde se cultiva más de la tercera parte de la palma en el plano nacional, se puede observar el impacto considerable que tiene esta actividad a gran escala sobre el medio ambiente y los recursos naturales, como el río La Pasión. Los cultivos han ocupado grandes extensiones de tierra especialmente fértiles, que antes pertenecían a pequeños agricultores y han usado grandes cantidades de agua, y se estima que tras un periodo de 25 años de explotación intensiva el cultivo deja desgastada la tierra. El rebalse de las lagunas de oxidación de una empresa de palma en el río La Pasión habría causado la muerte masiva de peces y otros animales en mayo y junio de 2015. Aunado a eso el agua del río y sus peces se han vuelto muy inseguros para el uso cotidiano doméstico y consumo por parte de las comunidades, afectando a más de 6,000 personas.”15 El documento expresa en su apartado de hallazgos reiterativos o tendencias que “Según la Encuesta Nacional Agropecuaria 2013 del INE, de la superficie total de explotaciones agropecuarias en el ámbito nacional, el 12% son cultivos anuales y 14% cultivos permanentes. La superficie con cultivos permanentes ha aumentado un 40% en 10 años (82,695 hectáreas en promedio); en cambio, los cultivos anuales muestran una tendencia a la disminución de su superficie cultivada en 525,567 hectáreas de 2003 a 2013. Un efecto adicional que ha sido denunciado, tanto ante la PDH como ante la OACNUDH, son los efectos colaterales de las grandes siembras de cultivos comerciales o monocultivos, tales como las fumigaciones de madurantes o abonos vía aérea que dañan directamente los cultivos de granos básicos y frutales de los pobladores vecinos a las fincas de grandes empresas agroindustriales; también perjudican la contaminación producto de la quema de la caña y la fumigación aérea, lo cual puede afectar directamente a la salud de la gente, la contaminación de aguas por los desechos orgánicos y posiblemente tóxicos de las empresas. Asimismo, se identificó que en las áreas utilizadas para cultivos extensivos y para el manejo de los mismos, se ha dado el azolvamiento y el embalse de ríos para riego por parte de las empresas dueñas, esto fue verificado en una entrevista con funcionarios del MARN, los cuales en casos de identificar anomalías trasladan los expedientes al Ministerio Público, situación que ha provocado escasez de agua en verano e inundaciones en in-

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PDH. 2015:11.

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vierno, además de promover la proliferación de enfermedades o causales de las mismas, ya que estos embalses sirven de criadero de mosquitos, moscas, zancudos, etc., los que transmiten enfermedades como la malaria y el dengue, entre otras.16

El agua como elemento de la naturaleza Cosmovisión de los Pueblos Imox es uno de los veinte principios de la cosmovisión Mayab´ que representa la transparencia. La abuela y abuelo “Imox” es el principio dual del agua, dueño de los mares, ríos, lagunas, lagos manantiales, nacimientos. El agua es mujer es la fuerza femenina. Si no hay agua no hay vida, por eso en el Imox se agradece por el agua sagrada que es la que da vida a todos los seres que habitamos en la madre tierra. 17

El Imox representa la fuerza de nuestra mente, manteniendo la unidad de nuestras ideas, siendo personas con una capacidad intelectual bien desarrollada que aprende a mantener la fuerza del hemisferio izquierdo en equilibrio18. El agua como los demás elementos de la naturaleza están íntimamente ligados, por ello es necesario entender no solamente los usos, acceso y posesión de uno de los elementos de la naturaleza, sino ubicarlo en la cosmovisión y prácticas socioculturales de la población indígena y campesina. Para los Q´eqchi´, el territorio no es simplemente una delimitación geográfica; García19 plantea a partir de su trabajo de campo y otras referencias20, “Los q´eqchíes son la comunidad lingüística de más amplia distribución geográfica, y reconocen como su territorio todos aquellos lugares que en la historia reciente han ocupado. Desde las Verapaces, y una parte de los departamentos de Quiché, Izabal, Petén y Belice. Se puede encontrar en ellos una identidad local producto también de la historia y la convivencia dentro de la estructura del Estado-nación, por ejemplo “Somos de Livingston”, pero sin duda alguna, a esta identificación, subyacen otras más explicativas como “La o li ral ch´och” (nosotros los hijos de la tierra). Para acotar su territorialidad recurren frecuentemente a los ríos, no como delimitadores geográficos sino metafóricamente para explicar cómo nacen de las montañas, recorren los valles hasta fundirse con el mar, es decir se extienden por el Tzuultaq´a. ”21 16 17 18 19 20 21

Ibíd. 2016:19. Asociación Maya Uk´u´x Bé. Sin año. Ibíd. Sin año. García, R. 2011. Wilson, R. 1999 y Grandia. L. 2009. Entrevista con mujer q´eqchi´, notas de campo, s.f. El Estor, Izabal; Ver también: García, R. 2011.

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En la cultura maya q´eqchi´, la representación del territorio puede ser hallada en toda su extensión y profundidad en la figura del Tzuultaq´a. Si bien la traducción literal del Tzuultaq´a es el cerro y el valle, otros investigadores han encontrado su explicación y significado en el ámbito de la espiritualidad, puesto que su importancia en las condiciones materiales de existencia y la organización social es tal que se representa como una deidad, y en determinado momento se hacen rituales que celebran su existencia. Sus favores y las solicitudes se hacen con rituales propios. Esta figura –el Tzuultaq´a– se ha visto confrontada con procesos históricos, donde la tierra es vista, desde una lógica economicista, además ligada a la acumulación de capital, como objeto de propiedad que ha modificado la forma en que cada comunidad lo asume con respecto a su propia historia y las relaciones que guarda con el sistema económico, jurídico y político.22

Ecocidio del río La Pasión El río La Pasión discurre por el municipio de Sayaxché, en el departamento de Petén. A finales de abril e inicios de junio de 2015 se produjeron dos sucesos que son considerados el desastre ecológico más impactante sobre este río: un primer suceso de muerte de peces a finales del mes de abril, que fue denunciado por parte de las comunidades; y posteriormente otra oleada de muerte de especies que habitan en el río durante una semana y a la largo de 150 km. Organizaciones sociales y ONG han venido denunciando durante varios años, los impactos de la expansión de las plantaciones de palma aceitera, sobre la reducción del área agrícola destinada a la producción de alimentos, la eliminación de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas, así como la profunda afectación de la vida de comunidades indígenas y rurales en esas áreas.23 Ante la falta de respuestas transparentes y oportunas por parte de las instituciones del Estado con competencia en la materia, organizaciones sociales, redes y ONG elaboraron un documento de manera colectiva para ser presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de su 156° período ordinario de sesiones, para exponer la situación de derechos humanos de Pueblos indígenas en el contexto de las actividades de la agroindustria de palma aceitera en Guatemala.24

22 23 24

Ibíd. 2011. Informe para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 156° Período de Sesiones, Audiencia Temática, 22 de octubre 2015. Para conocer el informe completo: http://idear.congcoop.org.gt/images/stories/palma_aceitera_ULTIMA_VERSION.pdf Ibíd. Informe para el 156° Período de Sesiones de la CIDH 2015:10.

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Es de resaltar información pertinente al agua que se establece en el informe: por un lado en el contexto relacionado a diversidad cultural, riqueza natural y biodiversidad describe que el país se divide en tres vertientes de escurrimiento superficial: Pacífico, Atlántico o Caribe y Golfo de México, siendo esta última la de mayor extensión y de mayor caudal promedio (1,672 m3/seg). Guatemala posee 38 ríos principales, distribuidos en las tres vertientes hidrográficas: 1) Pacífico (18 ríos); 2) Atlántico (10 ríos), y 3) Golfo de México (10 ríos). Se estima que la oferta bruta total para el 2005 de las tres vertientes fue de 93,388.49 millones de m3. Tomando en cuenta el caudal ecológico y la reducción por contaminación, este caudal neto disponible se calcula en 32,686 m3. No obstante, para el 2013 se anunció la baja y sequía de más del 70% de los caudales de 8 ríos a nivel nacional, debido al mal uso agrícola industrial de este recurso. Todavía para el 2005, el consumo anual fue de 7,652 millones de m3, lo que daba un excedente de 25,034 millones de m3. En este sentido, el balance hídrico de años anteriores indicaba que el país estaba lejos de tener problemas de disponibilidad de agua, pero no existe la capacidad ni la voluntad política de administrar adecuadamente el recurso en función de las necesidades de la población en general. Esto se refleja en la ausencia de regulación, conveniente para el sector agrícola e industrial, especialmente para los mayores exportadores de azúcar y etanol, palma aceitera, hule y metales.25 Los impactos más importantes sobre las fuentes de agua provienen de la sobreutilización del recurso subterráneo a causa de la urbanización, así como del sobreuso del sector agrícola e industrial. Entre 2007 y 2010 se habrían destinado más de 20,000 millones de m3 al año para usos consuntivos y no consuntivos. La utilización anual de agua en ese periodo representa entre el 20 y el 22% de la oferta hídrica disponible anualmente para Guatemala, que se estima por arriba de los 90,000 millones de m3. De los 20,373.88 millones de m3 utilizados en 2010, el 37.5% (7,643.17 millones de m3) fueron empleados por la industria, incluyendo la agroindustria y la minería metálica, el 31.9% (6,496.56 millones de m3) por las actividades agropecuarias y silviculturales, el 24.82% (5,000 millones de m3) es demandado por otro usuario importante, la generación de energía eléctrica con base al movimiento hidráulico (si bien este es un uso no consuntivo), por su parte, los hogares consumen el 2.3% (461 millones) y el resto de actividades consumen el 3.5%.26 La contaminación de la totalidad de los mantos freáticos superficiales, representa el problema más generalizado en el país. Para el 2000 estaban registradas 49 plantas de tratamiento de aguas residuales a nivel nacional, de las cuales únicamente 15 funcionaban correctamente. Del total de plantas, 23 estaban ubicadas en el área metropolitana. De 25 26

Ibíd. Informe para el 156° Período de Sesiones de la CIDH 2015:10. Ibíd. 2015:11

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los 223 centros urbanos que cuentan con sistemas de drenaje, sólo 24 aplican algún tipo de tratamiento y el resto desemboca en cuerpos de agua cercanos. No obstante, estos cuerpos de agua son contaminados principalmente por residuos de sistemas agropecuarios y también por desechos industriales que suelen ser tóxicos. De ello se deriva un gran número de efectos negativos sobre la salud humana que son causantes de morbilidad. Las enfermedades más incidentes son de tipo diarreico y de la piel, agravadas por un sistema nacional de salud deficiente.27 El informe en su apartado de relación de las comunidades con la tierra y el agua, afirma que para el pueblo Q´eqchi´ la tierra y el bosque representan mucho más que medios de producción y reproducción material. La tierra es autoreferida como “Loq’laj Ch’och’” y sus pobladores Q’eqchi’ como “aj Ral Ch´och” (las Hijas e Hijos de la Tierra), es decir, la tierra “como ser viviente y espacio sagrado cuyo dueño es su respectiva Tzuultaq´a [Señora y Señor Cerro-Valle], al cual se debe pedir permiso para su usufructo. Para las comunidades Mayas Q´eqchi´ el bosque y los sistemas acuáticos son sistemas de producción muy antiguos que tienen muchas características y simbolismo en común, tal como el bosque, el agua tiene connotación femenina. La tierra y el agua proveen a los Q´eqchi´ el suplemento importante en alimentación (entre peces, conchas y crustáceos), medicina (plantas y minerales), materiales de construcción y utensilios (piedra de afilar), arena para alfarería, entre otros. El agua para los pueblos indígenas es un elemento esencial del territorio, es considerado como un medio de vida, de reproducción cultural, económica, social y política. Los cambios de uso de suelo también se enlistan como parte de los impactos de la expansión de palma aceitera, esos cambios son considerados radicales dado que han sustituido cultivos de granos básicos en un 23%, bosques en un 27%, arbustos y pastos naturales (tierras de sabana) en un 38%, humedales en un 1%, entre otros. En lo relacionado a la contaminación de fuentes de agua el informe indica que para el 2003 la palma aceitera utilizó agua de riego en Guatemala por 469,444,799 mt3 que equivale al 12.4% del agua que se utiliza en sistemas de riego a nivel nacional. A su vez, las fuentes de agua son utilizadas para vertir residuos y/o aguas no tratadas. Por ejemplo, en el 2006, en Sayaxché el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) realizaron una inspección en el río La Pasión en la región del Pato, y se verificaron varios puntos de vertimiento de aguas

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residuales de la planta de procesamiento localizada en esta zona, pero no se llevó a cabo el análisis de parámetros físico-químicos que comprobara el grado de contaminación del recurso hídrico y la forma que era afectada la flora y fauna acuática. En junio del 2013, el Instituto de Investigaciones Hidrobiológicas del Centro de Estudios del Mar y Acuicultura de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IIH-CEMAUSAC), y el Instituto de Estudios Agrarios y Rurales (IDEAR), realizaron recorrido en la cuenca alta del río La Pasión (municipios de Fray Bartolomé de las Casas y Raxruhá), los ríos y arroyos tributarios ríos Sepur y Chajmaic Cajbon con la finalidad de medir algunos parámetros de calidad del agua en las fuentes de agua prioritarias. El agua evaluada en dos sitios de monitoreo que corresponden a aguas residuales del proceso de una industria extractiva de palma aceitera (FSepurPd) y el agua del Quinel que conduce dicha agua cruda hacia la corriente del río Chajmaic Cajbon, presentaron señales de contaminación con valores elevados de Conductividad Eléctrica (CE), Sólidos Totales Disueltos (STD) y Salinidad, alcanzando valores superiores a los recomendados por FAO para fuente de agua para riego y COGUANOR para fuente de agua de consumo humano. Con la evaluación de las características de oxigenación de las aguas como capacidad de hospedar vida acuática, se encontraron valores bajos en las fuentes, lo cual corresponde a las aguas residuales en la salida de la tubería y en el quinel que la drena en el río Chajmaic Cajbon. El valor del potencial de óxido reducción en el agua de las fuentes seleccionadas, evidenció valores menores en las aguas residuales de la industria de extracción de aceite de palma y el quinel que conduce dicha agua residual hacia el río Chajmaic Cajbon. Los valores de pH fueron constantes en las fuentes naturales y aumentaron ligeramente en las aguas residuales de la industria de palma (FSepurPd, Quinel) y en el río Chajmaic luego de recibir la descarga de los quineles (RCHdQS). En los mismos sitios, la temperatura del agua aumenta notablemente en los sitios que están rodeados del cultivo de palma aceitera, esto evidencia el impacto sentido en las condiciones ambientales. En sus consideraciones de afectación de derechos indica que existe un patrón sistemático de violación de los derechos de los pueblos indígenas y tribales pues no hay cumplimiento de la obligación del derecho a la consulta y se ha ignorado la afectación ocasionadas por medidas estatales que promueven proyectos de monocultivos. La CIDH ha indicado en su informe Derecho de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales28 que debe asegurarse la consulta de dichos pueblos obligación que el Estado ha ignorado hasta ahora. Se encuentra también en el presente caso, que incluso

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CIDH, 2015. Ver informe completo: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Guatemala2016.pdf

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se ha permitido la operación de esas empresas sin llenar siquiera los requisitos legales de Estudio de Impacto Ambiental lo que demuestra la acción por omisión estatal que configura este patrón sistemático. Respecto al derecho al agua, debe indicarse que la violación sistemática provoca que no se pierda el precario nivel de vida de los pueblos indígenas y tribales, afectando por igual los derechos a la alimentación y vivienda. Debe notarse que la contaminación de decenas de kilómetros de río tiene consecuencias insospechadas que afectan no sólo a los pueblos indígenas y tribales de Guatemala asentados en las riberas del río. Asimismo, dada las características de los sistemas hídricos, puede causar contaminación de mantos freáticos y de reservorios de agua más allá de las riberas del río. En cuanto a la preservación de las formas de vida de los pueblos indígenas y tribales, es necesario señalar que la desaparición de la pesca artesanal y del acceso al agua constituye una seria alteración que violenta esas formas de vida que tienen protección constitucional (Art. 66 CPRG “El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida…”) así como en el sistema interamericano. Esta doble violación muestra la sistematicidad de las violaciones y la reiteración a través de más de una década que ha sido expuesta en diversas audiencias generales ante esta Comisión.

Marcha por el agua Las formas de entender y relacionarse con el entorno se ven severamente afectadas por actuales formas de despojo y acaparamiento de tierras (y por ende de otros elementos como el agua) por parte de empresas agroindustriales, megaproyectos hidroeléctricos y mineros. Como un mecanismo de aglutinar y exponer las demandas de las poblaciones que se han visto seriamente afectadas por los impactos que han producido estas empresas, se realizó la denominada Marcha por el agua, la madre tierra, el territorio y la vida. La marcha convocada por la Asamblea Social y Popular aglutinó, entre el 11 y 20 de abril, a más de 80 organizaciones y a lo largo de estos días recorrieron desde diversos puntos del país hasta la ciudad capital; como apunta Andrés Cabanas en su Blog, “La Marcha constata las consecuencias de la imposición de megaproyectos y la mercantilización de los territorios y bienes de las comunidades: se reciben denuncias por robo, desvío y apropiación privada del agua, con graves efectos en sequía, calor extremo, alteración de los ciclos de las cosechas, contaminación, falta de alimentos, enfermedades.”29

29 https://memorialguatemala.blogspot.com/2016/05/la-marcha-por-el-agua-y-la-coyuntura.html

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A través de la marcha las comunidades fueron adhiriendo planteamientos y sumándose a las demandas: recuperación del paso de ríos, consideración del agua como bien y no como mercancía, derecho de los pueblos a decidir en sus territorios. Su objetivo, “…avanzar en la defensa y exigencia de los derechos del Agua, la Madre Tierra, el Territorio, la Vida y la libre determinación de los pueblos, como un paso fundamental para la construcción del Estado Plurinacional, Multisectorial y Popular para todos y todas en igualdad de condiciones hacia el buen vivir.30

Tribunal Latinoamericano del Agua31 Otro espacio que se considera en el contexto de la defensa del agua como un derecho humano y un bien común por parte de las comunidades y pueblos es el Tribunal Latinoamericano del Agua. La séptima audiencia de instrucción sobre casos emblemáticos, se desarrolló del 5 al 9 de octubre 2015, en Guatemala basándose en sus cuatro líneas de trabajo: 1) Justicia alternativa ante la crisis de legalidad imperante. 2) Seguridad ecológica. 3) Educación y sensibilización para la protección de los sistemas hídricos. 4) Seguridad hídrica y justo gobierno por el agua; celebró Audiencias de Instrucción sobre emblemáticos casos relacionados con conflictos socioambientales y afectaciones de los recursos hídricos en Argentina, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. En uno de los casos presentados por Guatemala: “Organización No Gubernamental Acción para una Vida Saludable, en representación de la Red de Comunidades Afectadas por el Cultivo de Palma Africana de Sayaxché, la Franja Transversal del Norte y la Costa Sur de Guatemala contra el Estado de Guatemala por su omisión en garantizar el derecho a la vida, a la propiedad, a la salud, a la alimentación, el acceso al agua y al medio ambiente sano para las comunidades demandantes”, el Tribunal Latinoamericano del Agua ha reconocido el incumplimiento de las decisiones ejecutivas, judiciales y convenciones relacionados a esta problemática por parte del Estado de Guatemala. El tribunal ha recomendado al Estado de Guatemala que establezca las políticas necesarias para detener la expansión del cultivo de palma africana, el uso de agroquímicos altamente tóxicos, como el malation, y las fumigaciones aéreas en zonas pobladas, y que proceda a realizar una evaluación técnica y estratégica sobre el cultivo de la palma afri30 http://asambleasocialypopular.org/index.php/marchaporelagua/ 31 El TLA es una instancia de justicia alternativa para el análisis y búsqueda de solución a los crecientes conflictos hídricos. Dada su naturaleza ético-jurídica y científico-técnica reformula el sentido del Derecho y actúa ante la crisis de legalidad imperante respecto a las problemáticas relacionadas con el agua en Latinoamérica. Para mayor referencia http://tragua.com/quienes-somos/fundamentos-vision-mision-objetivos/

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cana y sus efectos en los ecosistemas y en los derechos al agua, salud y alimentación de las comunidades afectadas. Que el Congreso de la República apruebe lo más pronto posible una ley General de Aguas; que se profundicen las investigaciones relacionadas al desastre ambiental ocasionado al río La Pasión y se deduzcan las responsabilidades, así como se cumplan las medidas dictadas por el Juzgado de Delitos Ambientales, San Benito, Petén; y que se fortalezca a la Fiscalía de delitos contra el ambiente y se le otorguen los medios para ejercer de forma adecuada su mandato. Que las autoridades competentes investiguen las muertes del profesor Rigoberto Lima Choc y del abogado Pedro Rubel Ovidio Toledo y Toledo, quienes fueron defensores de los derechos de los pueblos indígenas, y se procesen y sancionen a los autores materiales e intelectuales de estos graves hechos. Y que las autoridades públicas garanticen el pleno ejercicio del derecho a la libre expresión, manifestación y reunión, absteniéndose de toda intimidación y criminalización de la protesta social, así como de toda represión contra líderes, lideresas, defensores y defensoras de los derechos humanos y en particular del derecho humano al agua. También ha recomendado que el Congreso de la República apruebe lo más pronto posible una Ley General de Aguas, y que estas mismas autoridades garanticen el pleno acceso a la información pública. En las consideraciones reitera que el agua en la cosmogonía indígena como elemento preponderante, de naturaleza holística, trasciende preconcepciones materiales y utilitarias que prevalecen en los medios productivos sobre la misma. Por tanto, debe ser evaluada en los conflictos como elemento fundamental de la identidad de los pueblos indígenas (V Audiencia, Antigua Guatemala, 2008); Y resuelve en otros, admitir la denuncia válida para la audiencia de fondo, a realizarse en el plazo y lugar fijado por este Tribunal en el menor tiempo posible.32 En su resolución final dictada en octubre del presente año el Tribunal Latinoamericano del Agua responsabiliza al Estado de Guatemala: 1. Por los actos de intimidación, amenaza y criminalización de la protesta social así como de toda represión contra las personas líderes, defensores y defensoras de derechos humanos y en particular del derecho humano al agua. 2. Por la omisión de informar y consultar a las comunidades, por las afecciones a las áreas naturales protegidas y su biodiversidad, por propiciar el desplazamiento de comunidades enteras, por las afecciones al derecho de los pueblos indígenas y la falta a la debida diligencia por no aplicar los principios de precaución y prevención establecidos tanto en

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Tribunal Latinoamericano del Agua. 2015.

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o la normativa nacional como internacional. 3. Por no haber investigado o señalado a los responsables y reparado los daños ocasionados a la vida de las personas afectadas y a la Naturaleza, de tal manera que hechos como estos no vuelvan a repetir.33

Contexto de Raxruhá, Alta Verapaz El municipio de Raxruhá se encuentra en la Franja Transversal del Norte y fue deslindado del municipio de Chisec en el departamento de Alta Verapaz con un extensión de 533.3 km2; la reciente designación del Municipio en el año , como lo anotan Caal y Willis (2015), se suma a las dinámicas del modelo de desarrollo económico que lo caracterizan actualmente, explicándose como una forma de control territorial y como una continuidad de, citando a Taracena34: “la lógica con que ha operado la división territorial guatemalteca corresponde a fenómenos económicos, políticos y sociales (casi nunca étnicos y culturales)” que en este caso es la municipalización.35 La población del municipio, de acuerdo a estimaciones del INE es de 31,500 habitantes siendo un 49.3% mujeres. Presenta una tasa de natalidad de 4.1% que es superior a la media nacional, lo que representa una creciente demanda de servicio36. La mayoría de la población es Maya Q´eqch´i aunque la información oficial no tiene un dato sobre identidad étnica y hace una mezcla entre cultura, sincretismo e identidad; lingüísticamente la población que habla Q´eqch´i corresponde a un 82%, 17% español y 1% Pocomchi´, que se ubican en 65 lugares poblados37, todos impactados por la pobreza; el INE 2011 reporta un nivel de pobreza total en el municipio de casi 87% y una pobreza extrema de 37%. Es de importancia desde la perspectiva de las toponimias y la recuperación de la memoria histórica de los pueblos, hacer mención a que el nombre del municipio proviene del Q´eqch´i Rax Ru Ha´ que significa Aguas Verdes ya que el casco urbano es atravesado por el río San Simón cuyas aguas son de un verde cristalino; este río al igual que otros que componen la hidrografía del municipio están siendo impactados o amenazados principalmente por la expansión de los cultivos de palma africana. 33 34 35

36 37

Tribunal Latinoamericano del Agua. 2016. Taracena, A. et.al., 2001:9. García, R. (2010:32) señala que desde un punto de vista más antropológico en tanto el municipio adquiere potestad para su ordenamiento territorial dentro de los límites del Estado. Ese ordenamiento territorial se significa en censos y mapas que cumplen la función, entre otras, de generar una representación social, que reproduzca la forma en la cual el Estado define las características de los seres humanos que gobierna, la geografía de sus dominios y la legitimidad de su ciudadanía, definiendo los límites geográficos, históricos y el contenido social de la comunidad que integral Estado-nación. Mapas y censos se constituyen así en instrumentos (instituciones según B. Anderson 1993: 228-259) de poder. SEGEPLAN. 2010: 13. Ibíd. 2010:15.

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El agua en el municipio En el caso del municipio el recurso hídrico constituye a su vez límites naturales del municipio y son usados como vías de comunicación a través de los cuales, transitan personas y mercaderías como son los casos de los ríos Sebol y La Pasión. El municipio posee alrededor de 30 nacimientos, de los cuales 11 revisten importancia por su permanencia a lo largo del año y que son aprovechados por la población para abastecerse de agua y se encuentran ubicados en: Volcancito, (tres) Candelaria Camposanto, Concepción, Nuevo Cerro Lindo, Pecajchoc, San Antonio Las Flores, San Luis Tonitzul y Sechaj. Otros nacimientos que también son parte de los recursos hídricos del municipio están ubicados en: La Cuchilla, Nacimiento Raxquiche, Nacimiento Yalmachac, Secaham, Belén, Benitzul, Nueva Jerusalem, Rubelquiche, San Simón, Searanx, Valle Verde, Yalicoc, Cruz Sin Nombre 1, Nueva Victoria, Santa Ana, Sexán 1, Sexán 2 y la Isla. Muchos de los nacimientos se localizan en propiedad privada por lo que la Mapa 1 Principales nacimientos de agua en Raxruhá

Fuente: OMP., Raxruhá 2015.

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población no tiene acceso a ellos, solamente el nacimiento el Volcancito se ubica en propiedad comunal y según percepción de actores clave los nacimientos están siendo contaminados por aguas residuales, detergentes, desechos tóxicos y pozos ciegos ubicados a pocos metros de las fuentes de agua, por lo que el esta no es apta para el consumo humano, haciéndose necesario crear mecanismos de tratamiento para su uso y consumo. Existen varios ríos, siendo los más importantes Sebol, que es el límite entre Raxruhá y Fray Bartolomé de las Casas; San Simón nace en las cercanías del pueblo Chisec, el cauce ingresa en una cueva, para aparecer un poco más al norte, después se une con el río Sequixpur que viene de Cobán, corre por un valle hacia el oriente e ingresa a Raxruhá por la colonia Candelaria, por el lugar poblado San Miguel Sechochoc entra en una cueva, para aparecer al nororiente en otra cueva, corre a través del lugar poblado Raxruhá y llega a desembocar en el río Sebol. Mapa 2 Hidrología en Raxruhá

Fuente: OMP. Raxruhá 2015.

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El río Candelaria que nace cerca de la colonia Candelaria en el occidente del municipio y corre hacia Chisec; el río Candelaria al penetrar debajo de las montañas de San Simón, se ha permitido formar vastos túneles de enormes proporciones, generando un sistema hidroespeleológico (corrientes de agua subterránea) bastante peculiar, que posee una extensión total de 12.56 kilómetros de longitud. Este complejo de cuevas, es considerado un sitio de convergencia espiritual para los antiguos habitantes prehispánicos de la zona, razón por la cual, se les considera un sitio arqueológico y lugar sagrado de los Mayas. Estas cuevas sagradas de los Mayas son descritas en el libro Popol Vuh.38 El río San Pablo, que nace al sur de la sierra Chinahá y corre hacia el nororiente y desemboca en el río Sebol; también se conoce de algunos cenotes de aguas cristalinas y múltiples nacimientos de agua a lo largo del territorio municipal.

Usos sociales del agua en el municipio …el mayor inconveniente de urbanistas y campesinos, del que todo habitante se queja sin importar la condición social, es el agua. En el casco urbano, solo la reciben dos días de la semana en sus casas. En el entorno rural, ni siquiera. Con unas tinajas que les regalaron antes de ser municipio recogen el agua de la lluvia, por lo que en época seca, hacen verdaderos milagros para sobrevivir y muy frecuentemente, tienen que caminar varios kilómetros para llegar al río más cercano. Muchos de estos problemas pensaban que iban a arreglarse tras la autonomía.39

Abastecimiento urbano

De acuerdo a la información del Plan de Desarrollo Municipal 2011-2015, el municipio cuenta con un tanque de distribución de agua que abastece a cuatro barrios del casco urbano y se encuentra ubicado en el barrio Santa María, este tanque tiene capacidad de 96,000 litros y es abastecido por 2 arroyos que se encuentran ubicados en la aldea Volcancito a 286 msnm, este abastece el tanque de distribución por gravedad, también es abastecido por un pozo mecánico que se encuentra ubicado en el barrio San José, donde se tiene un banco trifásico de energía eléctrica para bombear el agua hacia el tanque de distribución. El servicio de agua domiciliar tiene una cobertura del 40%, en el área urbana por lo que las familias que no cuentan con el servicio tienen que abastecerse de agua de ríos, lluvia y pozos. El canon mensual de agua, oscila entre, Q10.00 doméstica, Q15.00 comercial y doméstica, comercial Q20.00, Gasolinera Q200, hoteles Q250. La municipalidad enfrenta una problemática de abastecimiento de agua domiciliar, por lo que realiza la construcción de un tanque de distribución de 1,000,000 de litros que abaste38 http://www.cuevaslosnacimientos.com/historia.html 39 Martínez, A. 2011.

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cerá a 2,000 familias, y función de dar solución se encuentra realizando la perforación de otro pozo mecánico de 700 pies de profundidad donde lo abastecen 20 ramales de agua de 20 pies cada uno y se procedió al aforo del pozo que da 225 litros por minuto. En este sentido se tiene programada la introducción de la red de distribución de agua domiciliar para los barrios, con la meta de cubrir en un 100% la población. El proyecto de introducción de agua tiene incluido la instalación de medidores en cada vivienda y con ello se logrará mejorar el control del consumo de agua y un cobro justo de acuerdo a las tarifas.40 Son cuatro los barrios de la cabecera que cuentan con servicio: Concepción, San José, Santa María y San Pedro siendo un total de usuarios de 779.41

Parque Nacional Cuevas de Candelaria (PNCC) Como se expuso con anterioridad el río Candelaria penetra debajo de las montañas de San Simón, lo que ha permitido formar vastos túneles de enormes proporciones, generando un sistema hidroespeleológico. Las cuevas fueron muy conocidas por los antiguos mayas, de acuerdo a interpretaciones de algunos investigadores, es aquí donde los gemelos Hunahpú e Ixbalanqué descendieron a Xibalbá para enfrentar y vencer a los dioses para luego convertirse en el Sol y la Luna, según el libro sagrado de los mayas Popol Vuh. Es un sitio de peregrinación de gran importancia para la civilización Maya y es, hoy en día, refugio de una gran diversidad de flora y fauna. Hay reportados más de 20 sitios arqueológicos alrededor del sistema y muchísima cerámica, lo cual evidencia su importancia, por ello el Ministerio de Cultura y Deportes declaró como Patrimonio Cultural de la Nación las Cuevas del Río Candelaria según el acuerdo ministerial número 188-99 de 20 abril de 1999. El parque cuenta con una extensión de 941.3 hectáreas, que pertenecen a un complejo montañoso de tipo cárstico. El cuerpo de agua más importante lo constituye el río Candelaria, el cual forma parte de la Cuenca del río La Pasión, que a su vez forma parte de la Gran Cuenca del Río Usumacinta. Este río corre de oeste a este, entre las últimas estribaciones de la sierra de Chamá (montaña de San Simón) y el Área de Protección Especial Sierra de Chinajá (montaña de Tzululsechaj) a lo largo de 20 km, antes de sumirse en el complejo hidroespeleológico de Candelaria. Es denominado un sistema de cuevas porque existen varias que pertenecen o son ramificaciones de un mismo sistema que abarca entre 20 kms ininterrumpidos hasta 80 kms, 40 41

SEGEPLAN, 2010:24. Ibíd. 2010.

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agregando ramificaciones o ramales. Algunos nombres de los diferentes ramales de este complejo son Los Nacimientos, Parque Cuevas de Candelaria, Mulbilhá I, Camposanto, Bombil Pek (piedra pintada), Jul Ik (cueva del viento), Venado Seco, etc.42

Monocultivos y conflictividad socioambiental Diversos informes revelan la conflictividad socioambiental (entre otras) que ha producido la expansión de los monocultivos en el país (Alonso, A.; Alonso, F., et al. 2008. Alonso, A.; Caal, J.L.; Chinchilla, 2010.) En el caso de Raxruhá la expansión de la frontera agrícola y ganadera ha impactado en la deforestación del 50% del área boscosa del municipio. La introducción de los cultivos en la zona desde 2007, ha sido una de las principales responsables.43 El cambio de uso de suelo se realiza por parte de las empresas sin previa autorización de las instituciones competentes. El Instituto Nacional de Bosques (INAB), registra que: “No existen autorizaciones de cambio de uso del suelo y/o cobertura forestal, en el municipio de Raxruhá, durante el periodo del año 2008 al 2014”, contrario a lo que reporta el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y la Municipalidad, documentando que: “se evidencia un cambio de uso del suelo, pasando de forestal a ganadero y agroindustrial con el cultivo extensivo de la palma aceitera principalmente en la parte Este del municipio. Existe una gran variedad de especies tanto en la flora como en la fauna del municipio que se ven amenazadas por las talas que ocasionan la pérdida de los hábitats de las especies, esta situación muestra una acelerada degradación del medio ambiente”.44 En el Plan de Desarrollo Municipal del municipio de Raxruhá, Alta Verapaz, se documentan los daños que ocasionan las plantaciones de palma aceitera con los cambios de uso del suelo en el municipio. El municipio posee suelos con vocación forestal para especies de maderas preciosas (caoba, cedro, rusul, laurel, conacaste, entre otros), pero con el avance de la frontera agrícola con la implementación de monocultivos como la palma aceitera, ha causado deforestación y degradación de la naturaleza, siendo las regiones más afectadas el Cañaleño, Rubel Quiché, San Simón, La Seboleña, Candelaria y Sebol. Hasta el 2009, aproximadamente unas 50 hectáreas de bosque se han perdido por las deforestaciones principalmente en el área conocida como Sierra Chinahá (colindante con el municipio de Chisec) y en fincas privadas. A pesar de esto aún se pueden encontrar diferentes especies de árboles.

42 http://josemata.zenfolio.com/blog/2013/4/cuevas-de-candelaria 43 SEGEPLAN. 2010:54. 44 Caal, J.L; Willis, L. 2015:55.

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Otros conflictos que han sido denunciados por comunitarios son el desvío del río Candelaria, lo que ha tenido como consecuencia la reducción del caudal, principalmente en la época de verano. En este caso existe una denuncia registrada en el MARN por desvío del río Candelaria, sin que hasta el momento se tenga respuesta del Ministerio.45

Observaciones preliminares La existencia de todo un marco internacional de derechos, de normatividad nacional y de políticas orientadas a respetar, valorar y consultar a los pueblos indígenas, implica una apuesta en práctica que desde la experiencia de las comunidades, no ha tenido ninguna atención por parte de las entidades de gobierno. Es importante considerar que la débil gobernabilidad del agua ha tenido y sigue teniendo un alto impacto para las condiciones de vida de las poblaciones, principalmente rurales (campesinas e indígenas), corriendo altos riesgos de convertirse en un grave conflicto social. A pesar de enunciarse reiteradamente, en general la legislación nacional, las administraciones y las políticas públicas en el tema de recursos hídricos, suelen dar poca o nula importancia a los marcos normativos consuetudinarios referentes a derechos, usos y gestión de los recursos hídricos de las poblaciones indígenas. La vulneración sistemática del derecho humano al agua y el rompimiento del tejido socio-cultural de las comunidades, no es solo producto de la ausencia del Estado en la materia, es resultado de un modelo (avalado e impulsado por los distintos gobiernos) que prioriza la rentabilidad de las inversiones privadas frente al bien común. Estas vulneraciones de derechos tienen su impacto diferenciado en las condiciones de vida de las mujeres, pues en ellas recae el ámbito reproductivo y de cuidado de la familia. Si no hay agua cerca, tienen que ir a buscar a lugares más lejos para abastecerse de ella. La destrucción de los bosques por la expansión de monocultivos en la zona, también tiene impactos en la disposición de agua en el municipio y en la biodiversidad, lo cual deberá profundizarse en estudios más específicos.

45

Ibíd. 2015:56.

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El acceso a agua de las poblaciones Q´eqchi´s del municipio está siendo muy limitado, si la población del casco urbano no cuenta en su totalidad con agua entubada, las comunidades del interior acceden al agua de diversas formas, incluyendo la recolección de agua de lluvia, los pozos y los ríos, a esta dificultad de acceso hay que incluir que estos mecanismos de abastecimiento no cuentan con ningún control para garantizar que el agua que consume la población sea potable.

Referencias Asociación Maya Uk´u´x B´e. sin año. Cosmovisión Mayab´. Dos tres palabras sobre sus principios. Segunda parte. Guatemala. ISBN 978-9929-671-05-8 Caal, J.L.; Willis, L. 2015. La tenencia de la tierra en el municipio de Raxruhá. Congcoop-Idear. Magna Terra Editores. Guatemala. Informe para el 156° Período de Sesiones de la CIDH 2015. Situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en el contexto de las actividades de agroindustria de palma aceitera en Guatemala. Informe presentado a la CIDH para la Audiencia Temática, 22 de Octubre de 2015 en Washington. Guatemala. CMI. 2015. La Pasión: Desastre ecológico y social. https://cmiguate.org/la-pasion-desastre-ecologico-y-social/ Escalón, Sebastián. 2015. Muerte en el río La Pasión. Había una vez un río. https:// www.plazapublica.com.gt/content/habia-una-vez-un-rio García Monzón, Rocío. 2011. “Territorio kaxlan-territorio Q´eqchi´. Conflictos en áreas protegidas de Livingston, Izabal”. Tesis de Grado, licenciatura en Antropología, Escuela de Historia. USAC. Guatemala. Grandia, Liza. 2009. Tz´aptz´ooqueb´ El despojo recurrente al pueblo q´eqchi´. Colección Autores Invitados No. 20 AVANCSO. Guatemala. Martínez, A. 2011. Raxruhá y su independencia. Artículo/ elecciones 2011. Consultado en https://www.plazapublica.com.gt/content/raxruha-y-su-independencia OACNUDH. 2011. El Derecho al Agua. Folleto informativo No. 35. Ginebra, Suiza. OACNUDH-Guatemala. 2016. Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su oficina en Guatemala 2015. Guatemala. PDH. 2015. Nota conclusiva del trabajo conjunto de monitoreo de las Políticas Públicas para la realización del Derecho a la Alimentación en Guatemala. Defensoría del Derecho a la Alimentación de la institución del Procurador de los Derechos 67

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Uso del agua por la agroindustria de la caña de azúcar en Guatemala Por Katja Winkler

Foto: Katja Winkler. Contaminación del ingenio Tululá de día y de noche, Suchitepéquez, 2016.

Uso del agua por la agroindustria de la caña de azúcar en Guatemala Por Katja Winkler1

En Guatemala, la expansión de monocultivos, especialmente de la caña de azúcar, es congruente con una tendencia mundial de acaparamiento de tierras sobre todo para fines energéticos. Los efectos nocivos de este cultivo se exploran en el presente trabajo, que busca exponer sobre todo los daños colaterales para la alimentación y la salud de las poblaciones trabajadoras aledañas, particularmente el uso desmedido del agua de este sector agroindustrial, así como la severa contaminación que ocasiona en este líquido vital. Se concluye en la necesidad de una serie de regulaciones relacionadas entre sí. Palabras clave: Acaparamiento de tierras; caña de azúcar; agua; agrotóxicos; regulación.

1. El azúcar en expansión sobre tierras para alimentos La explosión de operaciones comerciales y especulaciones de tierras a nivel global se refleja en las transacciones registradas y sistematizadas que reflejan un destino principalmente para alimentos, agua, minerales y agrocombustibles, y cuyos actores económicos principales son empresas, tanto nacionales como también transnacionales. De igual forma, existen transacciones registradas a nombre de países inversores. Las operaciones comerciales registradas hasta el momento hacen un total de 203 millones de hectáreas, de las cuales tres cuartas partes son para agrocombustibles.2

1 2

Antropóloga, Master en Ciencias e investigadora de IDEAR-CONGCOOP. Anseeuw, W., L.; Alden Wily, L. Cotula, y M.Taylor. 2012.

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Una de las consecuencias negativas más sobresalientes de la tendencia generalizada de apropiación y acaparamiento de tierras ha sido el despojo de la población que las habita, en su mayoría campesina, y en Guatemala, indígena. La cantidad de desalojos que se registró en el 2012 para Guatemala fue de 443, la mayoría de ellos de carácter extrajudicial, en cuyos procesos participan activamente las clases pudientes del país mediante el financiamiento de las fuerzas de seguridad estatales para los mismos. 4 Consecuente con la dinámica de acaparar tierras con fines alimenticios, energéticos y de acceso al recurso del agua, se puede afirmar, que la producción de azúcares a nivel mundial ha aumentado: de 150 millones de toneladas métricas (TM) en 2000/01, a 198 millones en 2009/10. En Amércia, la producción durante las últimas dos décadas se ha duplicado: 2,000 millones de TM en 2013. Aumento de la producción De estas, tan sólo Centro América produjo mundial de caña de azúcar 116 millones de TM en 2013. Guatemala es el 4º país exportador de azúcar a nivel mundial, y ocupa el 2º de este producto de exportación en América Latina. Además, es el 3er. productor por hectárea a nivel mundial. Sus principales mercados son Chile, Corea, Estados Unidos y Canadá. Fuente: FAOSTAT, 2015. 3

3

Tan solo en el año 2011 el Organismo Judicial emitió 44 órdenes judiciales al Ministerio Público con el fin de llevar a cabo desalojos con el apoyo de la PNC, de los cuales, tan solo hasta agosto fueron llevados a cabo 14 (Pillay, N. A/HRC/19/21/Add.1, Guatemala, enero 2012). Destacan los desalojos efectuados en: • Valle del Río Polochic (Alta Verapaz), los cuales afectaron a 732 familias q’eqchi’s (15 de marzo 2011); • Retalhuleu, que afectó a 139 campesinos (28 de julio 2011); • Parque Sierra “El Lacandón”, en Petén, el cual afectó a 69 familias (24 de agosto 2011). • Comunidad “09 de febrero”, vecina a la Comunidad Monte Olivo, Cobán, Alta Verapaz, con más de 1500 agentes policiacos (14 de agosto 2014). Los desalojos desde entonces no han cesado, pero actualmente es difícil acceder a datos de este tipo de información pública. Interpelación URNG a RIC; MP; MINDEF; Mingob; SAA; Copredeh (Boletin informativo URN-MAIZ, 22 marzo 2011). Ver también: https://www.youtube.com/watch?v=rgpEvC94OM0. Cabe mencionar, que según el sistema de Naciones Unidas, los desalojos se caracterizan por ser inconsistentes con los estándares internacionales de derechos humanos por los siguientes criterios: • Falta de notificación previa • Falta de oportunidad de ejercer el derecho a la defensa y al debido proceso • Participación de agentes no estatales (guardias de seguridad y grupos de trabajadores) • Violación del derecho a la vivienda y a la alimentación por la destrucción y quema de casas y cosechas • Falta de un plan de reubicación de las comunidades a un lugar alternativo • Uso excesivo de la fuerza por parte de la PNC. • No hay una penalización de los desalojos extrajudiciales • No se otorga indemnización o resarcimiento de la población desalojada ilegítimamente • No existe resarcimiento y asentamiento digno • No se garantiza la imparcialidad de las fuerzas de seguridad estatales y el debido proceso jurídico según normativas internacionales en caso de efectuar una reubicación consensuada.

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Agua, Tierra y Territorio País

Porcentaje

1

Brasil

67.12%

2

Tailandia

14.15%

3

Australia

6.40%

4

Guatemala

4.69%

5

Colombia

2.27%

6

México

1.87%

7

Sur África

1.81%

8

Argentina

1.69%

Total

100.00%

Fuente: AZASGUA.

Siguiendo esta tendencia comercial, entre los principales productos de agroexportación guatemaltecos se encuentran los postres del llamado primer mundo: el café; el azúcar, el banano y el hule. Del PIB anual de 394,633.9 millones de quetzales, el sector agrícola genera 6.9 millones anuales, representando alrededor del 3% del PIB nacional. El azúcar igualmente se encuentra entre los 13 productos principales de exportación general del país, representando el 9% del total de las mismas. Este producto genera más divisas que cualquier otro.5 De la producción de azúcar, la mayoría es para la exportación a países como China, Corea, Chile, EEUU y Taiwán, generando un total de 951.7 millones de USD en divisas.6

Fuente: AZASGUA 5 6

978,125,000 de dólares en 2013 (http://www.azucar.com.gt/economia3.html). Con excepción de los artículos de vestuario, el azúcar genera más que otros productos agrícolas, y más que la minería, los alcoholes, los plásticos y los productos farmacéuticos. Total para el año 2014, según datos del BANGUAT.

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No obstante la significativa contribución al PIB agrícola del país, el verdadero mercado reside a lo interno, ya que los precios de venta nacionales se diferencian muy poco de aquellos en la cadena de valor del producto para la exportación. Sin embargo, antes de poder vender en el mercado nacional o interno, los ingenios deben llenar una cuota fijada de producción para la exportación. El consumo interno de ingresos queda muy por encima de los costos de producción. El sector azucarero controla tanto el proceso de producción como el de circulación, por eso su mercado interno es rentable. La Asociación de Azucareros de Guatemala –ASAZGUA– afirma, que los datos de producción indican que estas cosechas están incrementándose paulatinamente, previendo un aumento en la zafra del año 2015/2016: Año Zafra

Cosecha en millones de quintales

2007-2008

46

2008-2009

47.8

2009-2010

50.8

2010-2011

44,525,046

2011-2012

54,330,445 (22% de aumento)

2012-2013

60.5 (11% de aumento)

2013-2014

61.1 (1% de aumento)

Fuente: elaboración propia con datos de AZASGUA 2015; INTECAP 2014 y BANGUAT 2013

Mientras tanto, sus costos de producción han aumentado a nivel mundial: Brasil, país de vasta producción de azúcar barata, comienza a tener que competir en costos con los subsiguientes grandes productores exportadores mundiales, entre los cuales –como se menciona arriba– figura Guatemala, un país que en superficie tiene cabida 80 veces en la de Brasil. Esta competencia únicamente es posible por dos aspectos centrales: 1) el control de los medios de producción mediante el acaparamiento de cada vez mayores extensiones de tierra bajo distintas modalidades que la simple y evidente compra-venta, y 2) el control sobre el plusvalor del trabajo, es decir, sobre las ganancias que se generan por las condiciones laborales precarias y violatorias a los Derechos Humanos. Cabe mencionar, que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), menciona a Guatemala como low cost production country o país de producción barata. Las cuadrillas de jornaleros que llegan por temporadas a trabajar en la producción cañera desde el altiplano, sufren condiciones laborales infrahumanas y no podrían subsistir úni74

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camente por su actividad como jornaleros, si no fuera porque en su mayoría disponen de regiones de reproducción en el altiplano, a las cuales acuden durante las temporadas en las cuales el sistema capitalista de la producción cañera los expulsa. Pese a que el sector azucarero guatemalteco pretende la generación de 425,000 «empleos», que hábilmente denomina indirectos, el BANGUAT evidencia, que anualmente, los afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS– por parte del sector no superan las 150,000 personas.7 Del total de estos 425,000 supuestos empleos generados, 32,000 son cortadores de caña sin una contratación formal. La inestabilidad laboral del agro en general se expresa en el empleo temporal de jornaleros y peones, de quienes el 92.1% no recibe el salario mínimo y la mitad de los nuevos empleados es menor de 17 años. De los 316,720 jornaleros a nivel nacional en 2011, la mayoría son indígenas del área rural. Sus empleadores son caracterizados por violar toda clase de derechos laborales y humanos, comenzando por el trabajo infantil: del total de la población ocupada en agricultura, 2,140.4 son niños y niñas de diez años, el resto de edades oscila entre 25 y 24 años.8 Las personas mayores de 40 años son consideradas no aptas y desechables para resistir las duras jornadas de trabajo en el agro.9 La Cámara del Agro, asociación que representa a los finqueros y empresarios del agro del país, aglutina al sector azucarero, palmero y agroextractivo en general. Carla Caballeros, su directora ejecutiva, explica que Camagro nació como “el brazo político” del sector agrícola guatemalteco para “garantizar el respeto a la propiedad privada”. De hecho, nació como Asociación Guatemalteca de Agricultores (AGA) en los años cincuenta para oponerse a la Reforma Agraria que impulsaba el gobierno de Jacobo Árbenz. Ahora es la entidad coordinadora de las políticas de uno de los sectores más poderosos del país, encubriendo con discursos hábiles, datos falsos y acciones políticas la realidad laboral del país.10 Los ingenios más grandes en Centroamérica pertenecen a dos compañías: Grupo Pellas y Grupo Pantaleón. De los 14 ingenios azucareros que operan actualmente en Guatemala11, ubicados principalmente en cuatro departamentos de la costa del Pacífico, los princi-

7

En 2012 únicamente se contaba con 144,211 afiliados (BANGUAT 2015; también ver Fairfood International; CNV Internationaal; ICAES 2013) 8 PNUD 2012, Informe Nacional de Desarrollo Humano, Anexo estadístico. 9 Entrevistas realizadas a autoridades comunitarias territoriales, autoridades municipales, productoras y productores, migrantes, jornaleros agrícolas, comerciantes. Trabajo de campo, febrero 2013, Suchitepéquez. 10 https://www.plazapublica.com.gt/content/trabajo-infantil-y-explotacion-laboral-en-el-azucar-de-guatemala 11 A pesar de que la Asociación de Azucareros de Guatemala afirma que son once ingenios los que actualmente son activos, el estudio de la Superintendencia de Bancos (2011) afirma que son 14.

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pales ingenios son: 1) Pantaleón Sugar Holdings, como productor principal de azúcar en el país. Este ingenio incrementó su producción anual en un 30%. 2) Ingenio La Unión. El primero es una operación transnacional con tentáculos en América Central. Pantaleón es el mayor ingenio azucarero de Guatemala y su subsidiaria Bioetanol se dedica a la producción de etanol. Ambas empresas forman parte de Pantaleón Group, el mayor productor integrado de azúcar, electricidad, etanol y otros productos derivados de la caña de azúcar de América Central. La misma tiene operaciones en Guatemala, Honduras y Nicaragua. Como se observa en este ejemplo, el sector en su totalidad asegura su permanencia y en mercado, minimizando vulnerabilidades en los mercados internacionales mediante la diversificación de su producción. Un derivado importante del cultivo de la caña de azúcar son los alcoholes, tales como el etanol, utilizado para agrocombustible, pero también y sobre todo, el alcohol para el consumo humano: Ejemplos de la tendencia a diversificar es el hecho de que algunos ingenios son grandes exportadores de etanol. Otros, además de gozar de la generación de su propia energía para autosuficiencia energética, venden electricidad al ente distribuidor estatal.12 Cabe mencionar, que algunos ingenios mayores han absorbido a los menores, como se puede constatar con las recientes ventas de los ingenios mexicanos a Pantaleón, o el ingenio Chabil Utz’Aj, absorbido por el Grupo Pellas nicaragüense. En tan solo una década, se puede observar aún con cifras oficiales, que no sólo la caña de azúcar, sino varios monocultivos se encuentran en franca expansión: en el período del 2003 al 2013, el café ha aumentado en un 36%, la superficie cultivada con caña de azúcar en un 39%, el cardamomo se ha expandido en un 74%, la superficie cultivada con hule el 155%, y finalmente la palma africana muestra una expansión de 271% en superficie.13

12 13

Se aprovecha el bagazo para la cogeneración del 25.0% de energía eléctrica en época de zafra dentro del Sistema Nacional Interconectado –SNI– que representa 408 MW de potencia instalada (http://www.azucar.com.gt/ economia3.html) Encuesta Nacional Agropecuaria 2013 (INE 2014).

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2. Impactos negativos del boom del azúcar Uno de los efectos secundarios que tienen la mayoría de monocultivos en expansión, especialmente de la caña de azúcar, además de la pérdida de cultivos para alimentos, es el uso de agroquímicos; el uso desmedido del agua disponible; el repunte de los precios del valor de la tierra, a causa del arrendamiento como también de su compra por parte de los ingenios; el acaparamiento de los productos agrícolas tradicionales por parte de intermediarios; la merma de espacios para la siembra temporal como parte del sistema colonial de medianía.14 Otras consecuencias negativas socioambientales son la pérdida de espacios vitales de la población aledaña a los cultivos de caña. En este estudio, nos centraremos en solo tres de estos aspectos.

2.1 Presión sobre tierras para alimentos El mencionado aumento de la producción de azúcar, tanto a nivel mundial, como también a nivel nacional, impacta directamente en la disponibilidad de tierras para cultivos para alimentos. A nivel nacional se registra una superficie de 10,889,000 hectáreas, de las cuales 2,445,000 hectáreas son áreas de cultivo. De éstas, la tierra cultivada con caña ocupa 235,000 hectáreas15, o 9.61% –casi el 10%– de las tierras cultivadas. En cambio, la información que maneja el sector azucarero en sus comunicaciones y spots radiales afirma, que lejos de ejercer presión sobre los alimentos, únicamente ocupan cerca del 2% de las tierras en Guatemala, además de representarse como promotores privados del cumplimiento de los ODM y del desarrollo del país, y ahora más recientemente como salvadores del agua en beneficio social de todos.16 La expansión y conversión de tierras para azúcar se refleja a nivel departamental, especialmente en los departamentos de la Costa Sur. En el 2012, se calcularon 18,112 hectáreas adicionales convertidas en caña de azúcar desde el 2005 en todo el departamento de Suchitepéquez, en donde se cuenta tan solo con 47,695 hectáreas de tierra cultivada.

14

También llamada aparcería. El arrendamiento a través del pago de una renta fija se llama arrendamiento de renta fija, mientras que el arrendamiento a través de la cesión de una porción de la producción de la tierra se llama aparcería, medianía o mediería (John W. Bruce 2000). 15 Según AZASGUA. No obstante, el INE afirma, que para el 2014 existen 278.9 mil hectáreas de caña; registrando un 7% de aumento con respecto a la encuesta agropecuaria anterior, la FAO habla de 300,000 hectáreas, mientras que el Departamento de Análisis Económico y Estándares de Supervisión de la Superintendencia de Bancos afirma, que ya en 2011 se trata de 247,000 hectáreas sembradas con caña de azúcar. 16 http://www.azucar.com.gt/audiovisuales2.html

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Esto representa el 38,042% de las áreas que anteriormente estaban cultivadas con cultivos para alimentos, principalmente maíz para abasto nacional.17 Coincide esta apreciación del uso actual del suelo con los mapas de CENGICAÑA, en donde es visible que las nuevas y más resistentes variedades de caña tienden a ser sembradas en zonas altitudinales que anteriormente se consideraban no aptas, tales como las zonas altas de la bocacosta que colinda con el altiplano.18

2.2 Agrotóxicos y agua potable Según datos oficiales, la importación de materias primas y productos intermedios para la agricultura en el 2013 fue de 632.4 millones de UDS.19 Las importaciones totales de plaguicidas durante el 2011 fueron de 161.4 millones de dólares, un 4% más en comparación al 2010, y un 17% más respecto al 2009. Entre los insumos para la agricultura importados se encuentran madurantes, inhibidores de floración, fertilizantes, pesticidas y herbicidas. Tan solo en la agroindustria azucarera existen alrededor de 70 productos comerciales de 17 familias químicas utilizados como herbicidas en la agroindustria azucarera de Guatemala.20 Por el otro lado, también se utilizan pesticidas, aunque en menores cantidades que los herbicidas. La plaga más relevante para la caña es la llamada chinche salivosa (Aeneolamia spp. y Prosapia spp), seguida por el barrenador y roedores como las ratas. El pesticida contra la chinche salivosa es de suma importancia para que no afecte los cultivos, y en los ingenios grandes se utiliza un «biopesticida» que los mismos ingenios producen: un hongo llamado Metarhizium. Los ingenios menores sin embargo, acuden a los pesticidas químicos. Mientras los inhibidores de flor se utilizan para aumentar el volumen de la zafra en altura de la caña (mediante productos como Ethrel y otros), del mes de agosto hasta octubre se esparcen grandes cantidades de fertilizantes, generalmente productos que contienen nitrógeno. Otro de los productos agroquímicos más importantes para la producción de caña son los madurantes, los cuales ocasionan la concentración del azúcar en la planta, además de secar la hoja de la caña para facilitar su quema y evitar que el peso del producto sea mayor para su transporte.

17 18 19 20

Mapa SIG-MAGA-CONGCOOP 2012, citado en: Winkler, K. 2013. CENGICAÑA 2016, disponible en: http://www.cengicana.org/en/mapas-zona-canera/func-startdown/469/ BANGUAT 2013. Fuente: Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar –CENGICAÑA– 2009; 2013.

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Los nombres comerciales de los agroquímicos más utilizados en la industria azucarera guatemalteca son: • HEDONAL (Amina; Acidos Fenoxicarboxílicos) • ROUNDUP (Glifosfato) • PROWL (Pendimetalina) Cabe mencionar, que el glifosfato es un componente clave de uno de los herbicidas más utilizados en todo el mundo, a pesar de ser cancerígeno, ya que la compañía transnacional que lo comercializa, Monsanto, parece tener una influencia desconocida sobre los parlamentos de los países, especialmente sobre el parlamento europeo. No obstante, la comercialización del glifosfato ya está en proceso de prohibición en el marco de la Unión Europea, debido a que la relación directa entre sus principios activos y enfermedades como el cáncer y otras se han vuelto innegables. Científicos independientes de la ONU han asignado al glifosfato su segundo índice cancerígeno más alto.21

Acido ariloxi-fenoxialcanoicos: inhibidores Acido fosfónico: inhibe la síntesis de la glutamina Arsenical: síntomas de necrosis y muerte Benzoico: síntomas de fitotoxicidad Bipiridilos: inhibe fotosíntesis Ciclohexadiona: inhibidores acetil CoA carboxilasa Cloroacetamidas: inhibición de VLCFAs. Dinitroanilinas: inhibe división celular Triazinas: inhibe un transportador de electones

Fuente: CENGICAÑA 2009

Efectos de algunos principios activos utilizados para el cultivo de la caña de azúcar

Los herbicidas y los madurantes son los productos agroquímicos más comunes en la producción de caña empleados por la vía aérea y terrestre, tanto mecanizada como manual, y en su mayoría sin protección para los trabajadores. La entrevista de un piloto agrícola revela las cantidades aproximadas utilizadas por los ingenios: 21 https://secure.avaaz.org/es/stop_glyphosate_sam_4a; http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/fracasa-nuevo-intento-por-prorrogar-uso-del-glifosato-5185007

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“A un avión grande que usa turbinas, y que ya no es de pistón, le caben 30 qq de fertilizante. Es un trabajo de todo el día. Al día se tiran más de 500 qq, se hacen entre 30 y 40 vuelos diarios, de 6 am-a 4 pm. Multiplique eso por 30, dan 900qq al día…. mientras que el piloto agrícola en otros lugares tiene mucho conocimiento de los productos agroquímicos, aquí sólo le indican a uno la dosis y el volumen de lo que se va a tirar. El GPS para uso de aplicación aérea se encarga de regular la válvula para aplicar la dosis exacta, según velocidad de vuelo y presión para la bomba, se llama Inteliflow, en donde a mayor velocidad se ejerce mayor presión.”22

Uno de los problemas mayores que conlleva el uso de agroquímicos por la vía aérea es el esparcimiento a otros cultivos, ocasionando costos ambientales, de cultivos y de salud en la población aledaña a los cultivos. El efecto natural de la inversión térmica en horas de la madrugada, ocasiona que el producto se esparza hasta a un km de distancia. Diversos estudios revelan, que a pesar de que grandes compañías azucareras y aquellas que utilizan sus derivados, tales como Bacardí23 y otras, buscan negar una relación directa, existe una correlación significativa entre la insuficiencia renal crónica como causa principal de muerte en hombres adultos, tal como es el caso en El Salvador.24 Las enfermedades renales crónicas no tradicionales (ERCnT) en cambio, se ven directamente relacionadas con riesgos ocupacionales y toxinas provenientes de agrotóxicos.25 Las mismas fuentes revelan, que en Centroamérica se han contabilizado 20,000 casos de muerte en las últimas dos décadas por las mismas causas. En 2010 la ERCnT es la 7ª causa de muerte en Centroamérica.26 En el caso de la costa sur de Guatemala, en el departamento de Suchitepéquez específicamente, trabajadores de la caña afectados por las ERCnT revelan en sus testimonios que los ingenios no se responsabilizan por los daños ocasionados en su salud, y buscan evitar que ellos sigan afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS–. Sin embargo, el tratamiento de hemodiálisis asociado a la ERCnT, y existente únicamente en los centros especializados de atención del IGSS en Quetzaltenango, para los trabajadores afectados significa su única fuente de vida, ya que sin ella están condenados a la muerte.27

22 23

Entrevista a Piloto agrícola, 06/12/2012. Bacardi Limited 2015 Bacardi responds to Fairfood International inaccurate allegations about the Company re: sugarcane in Central America 18/08/2015 disponible en: http://business-humanrights.org/es/empresas 24 http://www.sucre-ethique.org 25 Universidad de Boston (BU) , la Universidad de Lund, la Universidad de Umeå 2015, citados en: Fairfood International;CNV Internationaal; ICAES 2015. También ver Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) 2013. 26 Ibíd. 2015. 27 Testimonio de trabajador de caña para los ingenios Tululá y Palo Gordo, enfermo crónico renal. Trabajo de campo en San Andrés Villaseca, Cuyotenango, Suchitepéquez. 02/2016.

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Otras prácticas dañinas para la población y el medio ambiente son la contaminación de fuentes de agua por desechos de los ingenios, tales como la vinaza, un subproducto líquido de la destilación del mosto en la fermentación del etanol.28 Cabe señalar que por cada litro de etanol se producen, en promedio, 13 litros de vinaza, por lo que es muy importante darle el tratamiento adecuado a este residuo. Sin embargo, ninguno de los ingenios hace constar del tratamiento adecuado de estos desechos. Algunas plantas productoras optan por el fertirriego. A pesar de las afirmaciones del nulo impacto en la salud humana, la misma causa enfermedades de la piel y gastrointestinales para la totalidad de la población aledaña a las plantaciones, especialmente niños, niñas y jóvenes adultos expuestos a las fuentes de agua en los ríos. Personal de los centros y puestos de salud comunitarios en Suchitepéquez afirma, que coinciden las localidades próximas a los cultivos de caña con un número elevado de enfermedades gastrointestinales. No excluyen la relación con los agrotóxicos esparcidos por la vía aérea y terrestre, además de los desechos en los ríos por parte de los ingenios.29 Adicionalmente, diversos testimonios de la población directamente afectada por la muerte de familiares debido a la contaminación del agua apoyan esta argumentación. La madre de un joven fallecido en enero del 2016 relata la manera en la cual las instancias de responsabilidad social empresarial del sector azucarero se encargaron de hacer desaparecer el acta de defunción de su hijo a cambio de una “ayuda” de Q500.30 Por último, la contaminación del aire provocada por la práctica cíclica de la quema de los cañaverales igualmente ocasiona daños a la salud, principalmente incidiendo en las vías respiratorias de la población trabajadora y aledaña a las plantaciones. Por el contrario, el sector azucarero busca desmentir los efectos nocivos incluso para el cambio climático, al buscar competir por incentivos por la captura de carbono, ya que supuestamente se evitan las emisiones al generar electricidad con base en el bagazo de la caña. El Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático (ICC) incluso ha cuantificado las toneladas de carbono que resultarían de otras fuentes energéticas y argumenta, que la “nueva eficiencia” en la aplicación de fertilizantes nitrogenados, su manejo de desechos (¡!), así como la eficiencia en el transporte, contribuyen a esta tendencia.31

28

29 30 31

Las vinazas, en general, contienen un gran contenido de materia orgánica y nutrientes como nitrógeno, azufre y fósforo. También contienen una gran cantidad de potasio y metales. Entre los compuestos orgánicos más importantes, están los alcoholes, ácidos orgánicos y aldehídos. Además, también contiene compuestos fenólicos recalcitrantes, como las melanoidinas. Son ácidas (pH entre 3 y 4). Entrevistas realizadas a enfermeras del centro de salud de Cuyotenango y al enfermero del puesto de salud de San Andrés Villaseca. Trabajo de campo en Cuyotenango, Suchitepéquez, 02/2016. Testimonio de mujer habitante de San Andrés, madre de adolescente fallecido por contaminación del río Popjuá. Trabajo de campo en San Andrés Villaseca, Cuyotenango, Suchitepéquez. 02/2016. I Congreso Nacional de Cambio Climático: la huella del carbono del azúcar en Guatemala, 2014.

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2.3 El uso desmedido del agua y sus consecuencias Del total de la oferta de agua a nivel nacional de 93,000 millones m3, 17,858,734,613.75 m3 son utilizados por el sector agroindustrial.32 La agroindustria requiere grandes cantidades de agua: el consumo de agua que requieren los monocultivos, especialmente la caña de azúcar y el banano, ocasionan que la demanda agrícola cañera y bananera determine el control del agua a nivel nacional. Más que un problema de disponibilidad, las cifras muestran, que el precario acceso al agua por parte de las comunidades y pueblos se relaciona con una problemática de distribución, así como con la toma de decisiones de las políticas ambientales. El uso desmedido y sin ningún tipo de regulación caracteriza también el cultivo de la caña de azúcar, el cual se auxilia de distintos tipos de riego. Entre los cuales figuran:

-el riego por gravedad, -prácticas de inundación; -presas con tubería; -riego por aspersión (utiliza aspersores) con un costo elevado -pozos mecánicos

Especialmente el riego de la caña joven debe ser permanente (24h) por lo menos durante 6 meses al año, durante la época seca. Generalmente se utiliza el riego por aspersión, el cual requiere de bombas que “jalan” agua del caudal de los ríos hacia pozos en los cañaverales, y dependiendo de su cercanía a los mismos, también de motobombas. La tubería de las mismas es de seis pulgadas de ancho y riega 2,000 galones por segundo. Una motobomba alcanza tan solo para el cultivo de 32 hectáreas de caña de azúcar. Cabe ponderar sobre el consumo de agua a nivel nacional de esta agroindustria, la cual está estimada oficialmente en 235,000 hectáreas cultivadas. Aunado al alto consumo mediante estos tipos de riego, se encuentra el desvío de los ríos, cuyos casos más sonados en los últimos meses han sido a causa de que las poblaciones afectadas se han resistido a que esta práctica de acaparamiento de agua continúe. Los resultados de ello han sido nefastos para la población que depende del vital líquido: ya en el 2013, ocho de los principales ríos del país habían disminuido su caudal en un 70%, entre ellos, el Ocosito, el Grande de Zacapa, el Sis y el Azul. En febrero del 2016

32

IARNA 2006; 2012.

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se comienzan a hacer públicas las denuncias por desvíos de ríos33 cometidos por parte de diez ingenios azucareros y dos empresas agroextractivas, ocasionando conjuntamente con la Marcha por el Agua, la Madre Tierra, el Territorio y la Vida, y la Asamblea Social y Popular la conformación de una Comisión Interparlamentaria del Congreso de la República, responsable de verificar los daños ocasionados en seis ríos: Sis, Nil, Cahabón, Pacayá, Mopán y Madre Vieja. Además de la creciente escasez gracias al control de las empresas sobre el uso del agua, se suma la severa contaminación de prácticamente la totalidad de las fuentes de agua superficiales del país: 14 de los 38 principales ríos de Guatemala están severamente contaminados. La ausencia de institucionalidad y de regulación de su uso, enmarcan las perspectivas actuales de la oferta y la demanda en función de monopolios nacionales y empresas transnacionales. Uno de los ejemplos más sonados y de mayor impacto ha sido la severa contaminación del río La Pasión, en el municipio de Sayaxché, Petén, por una empresa productora de Palma Africana llamada REPSA.34 La violación de una serie de derechos humanos, especialmente del derecho a la alimentación, conllevaron a denuncias internacionales ante la CIDH ese mismo año.35 Sin embargo, la contaminación por las empresas cañeras no se queda atrás:

Trabajador del Ingenio Magdalena vierte desechos al río del mismo nombre en mayo de 2016.

Fuente: http://www.ultimahora.sv (23/05/2016)

33 34 35

http://www.soy502.com/articulo/estas-son-siete-empresas-denunciadas-desvio-rios-32419; denuncia del desvío del río Madre Vieja disponible en: Prensa Libre 17/02/2016; Emisoras Unidas 16/02/2016. Conferencia de Prensa sobre el caso de contaminación del río La Pasión, OACNUDH 21 julio 2015. Audiencia Temática, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 22 de octubre de 2015, Washington.

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A pesar de que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN– el 23 de mayo de 2016 procede a denunciar ante la Fiscalía General de la República al ingenio Magdalena por delito de contaminación ambiental mediante el derrame de 1.3 millones de galones de vinaza y melaza al río Magdalena, se retracta de tramitar denuncias unos meses después.36 Según datos del Ministerio Público (MP), del 2012 a la fecha se presentaron 174 denuncias por este ilícito y se formularon 10 acusaciones. Apenas 2 sentencias condenatorias por usurpación de aguas hubo desde 2012.37 Una serie de denuncias presentadas en contra del Estado de Guatemala por 12 representantes de 31 comunidades de 10 municipios de Suchitepéquez y Retalhuleu en febrero del 2016 ante el Tribunal Latinoamericano del Agua por contaminación de los ríos Ocosito, Tilapa, Oc, Bolas o Rosario, Cola de Pollo, Pophuá, Pepesta, Madre Vieja, Coyolate, Ixtacapa, Niño y Ojo de Agua, ocasionaron la respuesta por parte de la PGN, así como el procedimiento legal establecido.38 Los ingenios involucrados en estas denuncias fueron: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ingenio Tululá. Ingenio El Pilar. Ingenio Pantaleón. Ingenio Palo Gordo. Ingenio Magdalena. Ingenio La Unión. Ingenio Madre Vieja.

Las peticiones de estas 31 comunidades afectadas por el cultivo y procesamiento de la caña de azúcar en los departamentos de Suchitepéquez y Retalhuleu al mencionado tribunal ético fueron39: 1. Que el Honorable Tribunal Latinoamericano del Agua señale Audiencia Pública para presentar pruebas contra del Estado de Guatemala y sus entidades responsables de garantizar la disponibilidad, por acciones violatorias al Derecho Humano al 36 https://www.youtube.com/watch?v=3nqCN3QSSH0 37 Prensa Libre 03/05/14. 38 Oficios 085-092 Exp. 041-2016 de la PGN. 39 Ampliación de petitorio al Honorable Tribunal Latinoamericano del Agua, XIIIª Audiencia Pública TLA, San Salvador, del 04-08 de abril del 2016. (10/03/2016).

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Agua, Tierra y Territorio

Agua y saneamiento y violación a otros derechos de personas y familias que viven en la región de la Costa Sur en áreas donde se realizan actividades de monocultivo y procesamiento de caña de azúcar y sus derivados por los Ingenios Tululá, El Pilar, Magdalena y Palo Gordo. 2. Que el honorable Tribunal del Agua, al resolver emita una CONDENA MORAL por las acciones vinculadas al monocultivo en grandes extensiones en el país porque los beneficios son más particulares que colectivos y porque aunado a los efectos del procesamiento de caña de azúcar y sus derivados por parte de la agroindustria azucarera guatemalteca los costos ambientales, repercuten en la salud, ponen en riesgo la biodiversidad, los ecosistemas naturales, la soberanía alimentaria y que atentan contra el derecho humano al agua y saneamiento y los derechos humanos de las comunidades que viven en dichas áreas, y haga un llamado al Estado de Guatemala a suspender y revisar el modelo de monocultivos en el país. 3. Que EXHORTE al Estado de Guatemala a: 4. Emitir una Ley de Aguas para que en consulta garantice el cumplimiento al derecho humano al agua y saneamiento, respete las formas de administración del agua de los pueblos indígenas y prohíba el desvío de los ríos. 5. Que adopte medidas adecuadas para prevenir, investigar y facilitar la reparación de abusos cometidos por ingenios, entre las cuales se pueden mencionar, políticas, legislativas, administrativas, sometimiento a la justicia, y aplicación de sanciones, mecanismos de reparación eficaces. 6. Que el Ministerio de Salud cumpla con realizar un monitoreo periódico de la calidad del agua para consumo humano de fuentes como ríos, riachuelos, afluentes, afectados por la agroindustria de caña de azúcar en la costa sur del país y realice acciones de prevención y tratamiento de posibles efectos en la salud originados por la contaminación del agua. 7. Que se prohíban las fumigaciones aéreas ante la contaminación de diversas fuentes de agua, entre ellos los pozos artesanales. 8. Que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la institucionalidad correspondiente emitan las disposiciones necesarias para garantizar la objetividad de los Estudios de Impacto Ambiental, el cumplimiento de los compromisos contenidos 85

Revista Territorios XI

en los mismos, que supervise, monitoree e inspeccione y de encontrar evidencias de incumplimiento, especialmente lo referente a contaminación con residuos industriales emita sin dilación las sanciones correspondientes que incluyan el cierre de operaciones. 9. Que el Estado de Guatemala fortalezca a la Fiscalía de Delitos contra el Medio Ambiente para que puedan realizarse procesos penales rápidos, efectivos. 10. Que el Estado de Guatemala a través de la institucionalidad competente, (CONAP, INAB) establezca un programa de restauración de los ecosistemas afectados como consecuencia de la actividad agroindustrial de caña de Azúcar, como mecanismo de reparación y que sea cubierto por las empresas causantes. Entre ellas reforestación y medidas de protección a especies nativas y manglares. 11. Que el Estado cumpla con el Derecho a la Consulta cuando las empresas productoras de caña de azúcar soliciten la autorización para el cultivo de caña de azúcar en territorios en donde se pretenda realizar a efecto de garantizar si fuera el caso, su consentimiento libre, previo e informado. En caso se rechace la industria deberá cerrar sus operaciones con un plan de retiro responsable garantizando la reconversión agrícola de la zona afectada.

3. Discusión y conclusiones Las empresas productoras de caña (ingenios y áreas extensas de cultivo) no sólo se caracterizan por patrones expansivos sobre las tierras cultivables, ocasionando presión sobre la disponibilidad de alimentos y áreas vitales de las poblaciones aledañas a los cultivos. También disponen de las aguas públicas de manera prácticamente irrestricta, lo cual se expresa en el desvío de ríos con total impunidad, debido a la ausencia de leyes que regulen el ordenamiento territorial, el uso de agrotóxicos, los usos relacionados con el agua, y finalmente leyes que regulen los desechos y su aprovechamiento. Esto provoca el secamiento de los caudales y cuencas, así como la severa contaminación de ríos y afluentes de importancia nacional. Esto, a su vez, conlleva daños en la salud humana, daños ambientales y ecológicos, y finalmente contribuye en gran medida al cambio climático. El veredicto del TLA en abril 2016 en la ciudad de San Salvador, congruente con la mayoría de peticiones de las comunidades afectadas, establece claras recomendaciones al Estado de Guatemala, entre las cuales figuran: 86

Agua, Tierra y Territorio

1. Que el Estado de Guatemala, con base en el Principio Precautorio (Principio 10 Declaración de Río), establezca una moratoria general para todas las actividades relacionadas a expropiación de la siembra de caña y actividades conexas. 2. Que proceda a realizar una evaluación técnica y estratégica sobre la siembra de caña y sus efectos en los ecosistemas y en los derechos al agua, salud y alimentación de las comunidades afectadas. 3. Que las autoridades públicas garanticen el pleno ejercicio del derecho a la libre expresión, manifestación y reunión, absteniéndose de toda intimidación y criminalización de la protesta social, así como de toda represión contra líderes, lideresas, defensores y defensoras de los derechos humanos y en particular del derecho humano al agua. 4. Que las autoridades públicas garanticen el pleno acceso a la información pública. 5. Que el Congreso de la República apruebe lo más pronto posible una ley General de Aguas. 6. Que se fortalezca a la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente y se le otorguen los medios adecuados para ejercer de forma propicia su mandato. La necesidad de legislar el uso del agua en Guatemala se ha hecho evidente desde hace tiempo y se ha manifestado en diferentes momentos, a través de varias propuestas que no han sido aprobadas por el Congreso, pero que constituyen un antecedente a la presente iniciativa. Entre las primeras iniciativas estarían la creación de la Comisión Nacional de Riego en 1957 y la ponencia de Ley Nacional del Agua que se presentó en la década de 1980. Los archivos electrónicos del Congreso, a partir de 1991, muestran varias iniciativas taxativamente denominadas Ley de Aguas y otras (como la 3337 y la 3702) que se refieren al mismo tema con otro nombre. Ninguna ha sido aprobada, con excepción de la iniciativa 3815, pero fue vetada por el Presidente Oscar Berger. En el Congreso existen otros proyectos relacionados con el agua, por ejemplo sobre el cuidado de cauces de ríos específicos y de lagos, la creación de entes de vigilancia o sus coordinaciones y el tratamiento de aguas servidas, entre otros. Tampoco estas otras disposiciones han sido aprobadas. 87

Revista Territorios XI

Iniciativas de ley registradas en el Congreso a partir de 1991 Fecha

Registro

Denominación

1991.08.29

677

Ley de Aguas

1992.11.28

993

Ley de Aguas

1993.01.12

1001

Ley de Aguas

1996.09.24

1621

Ley de Aguas

2003.05.15

2865

Ley de Aguas

2005.01.26

3118

Ley de Aguas

2005.04.13

3228

Ley que declara el Día del Agua

2006.02.01

3418

Ley que pone bajo la rectoría del MARN a las diferentes autoridades a cargo de cuerpos de agua

2006.08.10

3337

Ley de Protección de Cuencas Hidrográficas de Guatemala

2007.09.26

3702

Ley para el Aprovechamiento y Manejo Sostenible de los Recursos Hídricos

2008.04.22

3797

Ley para el tratamiento de descargas y reuso de aguas residuales

2008.05.14

3815

Ley que pone bajo la rectoría del MARN a las diferentes autoridades a cargo de cuerpos de agua

2008.06.17

3820

Ley para la Autoridad del Río Motagua y afluentes

Fuente: Proyecto de Ley Marco del Agua 2014.

De las iniciativas listadas, la iniciativa de ley 2865 contiene el resultado de casi dos años de negociaciones por parte de una amplia comisión convocada por el entonces Presidente Alfonso Portillo a instancias del Congreso, y coordinada por un diputado oficialista de la época. No continuó su trámite dada la abierta oposición planteada por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y, en particular, la Asociación de Azucareros de Guatemala (ASAZGUA). La iniciativa se conoció en el Congreso en plena campaña electoral. Además, su discusión coincidió con la implementación de sanciones, a través del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MARN, contra los ingenios azucareros y la publicación de cifras sobre personas afectadas por la ceniza de la quema de caña, a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, MSPAS. Ninguna de las iniciativas legales anteriormente referidas, conocidas por el Congreso de la República de Guatemala, reconocen el derecho humano al agua, ni contienen disposiciones congruentes con los principales criterios adoptados por ejemplo por la iniciativa de Ley 88

Agua, Tierra y Territorio

Marco del Agua40, cuya iniciativa está concebida con disposiciones fundamentales a cargo de una autoridad nacional del agua, consensuada con amplios sectores de la población.41 Actualmente existen varias nuevas iniciativas y propuestas de ley en el Congreso de la República sobre una ley de aguas42. Las mismas poseen prioridades distintas, las cuales se podrían agrupar en aquellas que dan preponderancia al mercado, y aquellas que buscan sobreponer el bien común o público ante los bienes de índole privada. En el centro de la discusión actual se encuentra el llamado “diálogo y consenso”, la creación o no de una entidad rectora, el manejo y uso específico del agua, propuestas técnico-jurídicas, el respeto a los Derechos Humanos, enfoques de cuenca, el derecho a la propiedad, programas de educación y cultura hídrica, así como elementos importantes de saneamiento del agua.

Se considera que, además de la búsqueda de una regulación para el agua en pos del bien común, se hace necesario regular el acaparamiento corporativo de las tierras cultivables para alimentos, que en muchos casos son comunitarias o colectivas. La regulación del ordenamiento territorial, así como del uso de agrotóxicos van de la mano con la moderación necesaria de la apropiación voraz de tierras aptas para alimentos que se usan para sembrar caña de azúcar. De igual importancia sería promover el respeto a los Derechos Humanos en todas sus facetas, especialmente en el cese a la criminalización de defensoras y defensores de los mismos, y a los desalojos y despojos de las poblaciones originarias de sus territorios. La exploración de la justiciabilidad de las sociedades transnacionales y de los agronegocios se hace necesaria, a la vez que también el respeto y la promoción de los sistemas normativos comunitarios, ya sean estos indígenas o no indígenas, especialmente el derecho a la Consulta, tal como se establece en la normativa internacional. Dar seguimiento al cumplimiento de los veredictos de un tribunal ético provee una herramienta política en pos de estas ideas. 40

Congreso de la República 2106 Iniciativa de Ley Marco del Agua 5070 presentada el 05/05/2016 por jefes de bancadas URNG-MAIZ, WINAQ y Convergencia. 41 La iniciativa 5070 fue elaborada con el apoyo técnico de SERJUS durante los años 2014 y 2015, con la participación de autoridades comunitarias y organizaciones indígenas y ancestrales de 8 municipios del departamento Quetzaltenango: Cantel, Cabricán, Concepción Chiquirichapa, Huitán, San Juan Ostuncalco, San Martín Sacatepéquez, Zunil y área rural del municipio Quetzaltenango; 6 de Quiché: Chichicastenango, Cunén, Ixcán, Sacapulas, San Antonio Ilotenango y Santa Cruz del Quiché; 5 de Sololá: Panajachel, Santa Catarina Ixtahucán, San Lucas Tolimán, San Pablo La Laguna y San Pedro La Laguna; 4 de Guatemala: Chinautla, San José del Golfo, San Juan Sacatepéquez y Villa Nueva; y 3 de Totonicapán: Momostenango, San Cristóbal y Santa María Chiquimula, en total 25 municipios distribuidos en 5 departamentos. 42 Las más destacadas son la 3702, la 5084; Ley específica del agua de Guatemala, abril 2016.

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Bibliografía citada Ampliación de petitorio al Honorable Tribunal Latinoamericano del Agua, XIIIª Audiencia Pública TLA, San Salvador, del 04-08 de abril del 2016. Oficios 085-092 Exp. 041-2016 de la PGN. Anseeuw, W., L.; Alden Wily, L. Cotula, y M.Taylor. 2012. Los derechos a la tierra y la fiebre por ella: hallazgos del Proyecto de Investigación Global Presiones Comerciales sobre la Tierra. ILC, Roma. Audiencia Temática, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 22 de octubre de 2015, Washington. Bacardi Limited 2015 Bacardi responds to Fairfood International inaccurate allegations about the Company re: sugarcane in Central America 18/08/2015 Boletin informativo URN-MAIZ, 22 marzo 2011. Bruce, John W. 2000 Conceptos sobre tenencia de la tierra, en: Tenure Brief, vol., 1-S. Land Tenure Center, Universidad de Wisconsin, Madison. I Congreso Nacional de Cambio Climático: La huella del carbono del azúcar en Guatemala, Mitigación e inventarios GEI, Guatemala, 2014. Encuesta Nacional Agropecuaria 2013 (INE 2014). Espinoza, G.; Morales J. 2009 Catálogo de herbicidas. Productos utilizados en la industria cañera. CENGICAÑA, Guatemala. Espinoza, G.; Morales J. 2013 Manual de Malezas y Catálogo de Herbicidas Para el Cultivo de la Caña de Azúcar en Guatemala. CENGICAÑA, Guatemala. Espinoza, G. (sin fecha) Manejo y Control de Malezas. Documento de trabajo. CENGICAÑA, Guatemala. Fairfood International;CNV Internationaal; ICAES 2015 Merecen un respiro. Las precarias condiciones laborales de la industria azucarera en Centro América y sus amargas consecuencias. Amsterdam. Países Bajos. IARNA 2006; 2012. Perfil Ambiental de Guatemala. URL. Ciudad de Guatemala. Congreso de la República 2016 Iniciativa de Ley Marco del Agua 5070 (presentada el 05/05/2016) 90

Agua, Tierra y Territorio

OACNUDH 2012. Pillay, N. A/HRC/19/21/Add.1, Guatemala, enero 2012. OACNUDH 2015. Conferencia de Prensa sobre el caso de contaminación del río La Pasión, 21 julio 2015. Ciudad de Guatemala. Pillay, N. A/HRC/19/21/Add.1, Guatemala, Enero 2012. Pan American Health Organization / World Health Organization (2013), Chronic Kidney Disease in Agricultural Communities in Central America, [Electrónico], CD52/8 (Eng.) Washington, Disponible: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/ handle/123456789/4718/ CE152-25-e.pdf ?sequence=1&isAllowed=y, [8 de mayo de 2015]. PNUD 2012, Informe Nacional de Desarrollo Humano, Anexo estadístico. Procuraduría General de la Nación (PGN) Oficios 085-092 Exp. 041-2016 URNG. Interpelación URNG a RIC; MP; MINDEF; Mingob; SAA; Copredeh (Boletin informativo URN-MAIZ, 22 marzo 2011). Ver también: https://www.youtube.com/watch?v=rgpEvC94OM0 Winkler, K. 2013 La territorialidad Tz’utujil frente a la expansión de la caña de azúcar, CONGCOOP, MagnaTerraEdits., Ciudad Guatemala.

Entrevistas realizadas Entrevistas a enfermeras del centro de salud de Cuyotenango y al enfermero del puesto de salud de San Andrés Villaseca, Trabajo de campo en Cuyotenango, Suchitepéquez, 02/2016. Entrevistas a autoridades comunitarias territoriales, autoridades municipales, productoras y productores, migrantes, jornaleros agrícolas, comerciantes. Trabajo de campo, febrero 2013, Suchitepéquez. Testimonio de mujer habitante de San Andrés, madre de adolescente fallecido por contaminación del río Popjuá. Trabajo de campo en San Andrés Villaseca, Cuyotenango, Suchitepéquez. 02/2016. Testimonio de trabajador de caña para los ingenios Tululá y Palo Gordo, enfermo crónico renal. Trabajo de campo en San Andrés Villaseca, Cuyotenango, Suchitepéquez. 02/2016. Entrevista a piloto agrícola, 06/12/2012 91

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Páginas electrónicas y de prensa consultadas: https://www.youtube.com/watch?v=3nqCN3QSSH0 http://www.soy502.com/articulo/estas-son-siete-empresas-denunciadas-desvio-rios-32419; https://www.plazapublica.com.gt/content/trabajo-infantil-y-explotacion-laboral-en-el-azucar-de-guatemala https://secure.avaaz.org/es/stop_glyphosate_sam_4a; http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/fracasa-nuevo-intento-por-prorrogar-uso-del-glifosato-5185007 https://www.youtube.com/watch?v=3nqCN3QSSH0 http://www.ultimahora.sv (23/05/2016) http://business-humanrights.org/es/empresas http://www.sucre-ethique.org http://www.azucar.com.gt/economia3.html http://www.azucar.com.gt/audiovisuales2.html http://www.cengicana.org/en/mapas-zona-canera/func-startdown/469/ http://www.banguat.gob.gt Prensa Libre 03/05/14 Prensa Libre 17/02/2016; Emisoras Unidas 16/02/2016.

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Análisis de instrumentos de evaluación ambiental de tres monocultivos –banano, caña de azúcar y palma de aceite– en la Costa Sur Por Anne Bordatto

Foto: Katja Winkler. Caudal del río Sis totalmente seco por el desvío de su cauce por parte de los ingenios. Frontera entre los departamentos Suchitepéquez y Retalhuleu, 2013.

Análisis de instrumentos de evaluación ambiental de tres monocultivos –banano, caña de azúcar y palma de aceite– en la Costa Sur Por Anne Bordatto1

Resumen En el marco de las demandas presentadas ante el Tribunal Latinoamericano del Agua en su VIIIa Audiencia Pública en San Salvador del 4 a 8 de abril de 2016, se analizaron instrumentos de evaluación ambiental de los monocultivos de banano, caña de azúcar y palma de aceite, a manera de evaluar los principales impactos en el ambiente de estas agroindustrias. En particular, se revisaron el consumo de agua para los cultivos y procesos industriales, la generación y manejo de aguas residuales y residuos sólidos, así como los agroquímicos y los daños posibles derivados de su uso. Palabras clave: impacto ambiental, banano, caña de azúcar, aceite de palma.

El marco legal nacional para los EIA La Ley de Protección y Mejoramiento Ambiental de 1986 estipula: “para todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad que por sus características pueda producir deterioro a los recursos naturales renovables o no, al ambiente, o introducir modificaciones 1

Feminista y permacultora. Ingeniera ambiental de la Escuela Superior de Ingeniería de Poitiers (Francia), ha trabajado en energía renovable y acompañamiento a comunidades en defensa del agua, del territorio y de la vida. Actualmente, es voluntaria en la Pastoral de la Tierra de San Marcos por parte de la organización francesa Comité Católico contra el Hambre y para el Desarrollo (CCFD- Tierra Solidaria).

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Revista Territorios XI

nocivas o notorias al paisaje y a los recursos culturales del patrimonio nacional, será necesario previamente a su desarrollo un estudio de evaluación del impacto ambiental”.2 Fue de esperar hasta el 2003 para que se publicara el primer Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (abreviado por RECSA) que ha sido revisado en 2007, 2008, 2015 y dos veces ya en lo que va del año.3 En el RECSA, hay dos tipos de instrumentos de evaluación de impacto que se pueden desarrollar. Por un lado, el estudio de impacto ambiental que es un instrumento predictivo y que se realiza antes de la implementación de un proyecto, toma en cuenta y mitiga los impactos futuros. Como instrumento correctivo, está el diagnóstico ambiental que se aplica a proyectos ya existentes y que están operando. El Listado taxativo de proyectos, obras, industrias o actividades es el instrumento que clasifica las actividades según su grado de impacto, calificando de A las actividades de alto impacto ambiental, B1 de alto a moderado, B2 moderado a bajo, y C de bajo impacto ambiental potencial. Es importante notar que cuando se implementó el RECSA, era obligatorio para toda obra, industria o cualquier actividad existente presentar un diagnóstico ambiental y se estableció un plazo de dos años para que las empresas pudieran ponerse al día con la nueva reglamentación. No obstante, a partir del nuevo RECSA de 20074, el diagnóstico se vuelve equivalente a un instrumento de evaluación ambiental, el cual permite iniciar primero actividades para después presentar un instrumento ambiental. La evaluación ambiental ya no permite optimizar el proyecto planeado desde su concepción, sino más bien se limita a corregir lo que se decidió instalar. Es una práctica que se podría entender como el “pedir perdón en vez de pedir permiso”. Inhibe cualquier intento de ordenamiento territorial, ya que una empresa de esta manera impone sus actividades de implementación sin abrir espacio alguno de participación pública, para permitir establecer relaciones de buenos vecinos y acuerdos entre los actores que conviven en un territorio. Tampoco permite evaluar la capacidad de entorno para proveer los bienes básicos, tales como agua, electricidad u otros bienes naturales que serían disponibles o producidos localmente. No contempla la capacidad de absorción o tratamiento de residuos y efluentes (aguas residuales, residuos sólidos, humos, etc.).

2 3 4

Decreto Número 68-86. Acuerdo Gobernativo 23-2003. Acuerdo Gobernativo 431-2007.

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Agua, Tierra y Territorio

Hasta la última versión del RECSA publicada este año 20165, la participación pública no se consideraba necesaria para presentar un diagnóstico. Es de precisar que si pueden existir esfuerzos de ordenamiento, no hay aún una legislación a nivel nacional, sino que sólo pueden ser a nivel municipal. Por otra parte, no existe una línea de base ambiental a nivel de país que se actualice regularmente, lo que dificulta evaluar los impactos acumulativos de proyectos en una misma cuenca hidrográfica o entorno frágil a nivel cultural, social, económico y/o ambiental. Ilustración 1 Actividades relacionadas con los monocultivos que necesitan de la realización de instrumentos ambientales Siembra y producción agrícola

Aspersión aérea

Sistema de riego Proyectos derivados de concesión y autorización de agua (río)

Extracción y refinamiento de aceites vegetales

Generación de energía eléctrica de origen térmica

Producción de azúcares, alcohol, licores, etc.

Plantas de aguas residuales

Trasvase de agua y modificación de su cauce Perforación de pozo mecánico

En la normativa, no hay claridad acerca de si es necesario realizar un estudio diferente para cada una de las actividades. Sin embargo, si un proyecto se compone de varias de las actividades que ameritan la elaboración de un instrumento de impacto ambiental, la Dirección de Gestión Ambiental debería velar por que las diferentes actividades tengan una descripción y evaluación equiparable para cada una de las actividades dentro del documento único.

Instrumentos ambientales analizados Para el monocultivo de caña de azúcar, la zona de interés para el presente artículo, así como derivado de la demanda de las comunidades ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, ha sido Suchitepéquez y Retalhuleu, en particular las instalaciones de los ingenios Palo Gordo, El Pilar y Tululá. Se identificaron 45 instrumentos ambientales, de los cuales solo se lograron revisar 24, enlistados en la siguiente tabla.6 5 6

Acuerdo Gobernativo 137-2016. Los demás instrumentos se encuentran en la sección del Anexo al texto.

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Revista Territorios XI

Tabla 1 Listado de instrumentos ambientales de la agroindustria de la caña de azúcar analizados #

Instrumento

Descripción

Dirección

Estado

Ingenio Palo Gordo 1

D-043-2013

Destilería agrícola

San Antonio, Suchitepéquez

Aprobado

2

D-231-2011

Área Industrial

San Antonio, Suchitepéquez

Aprobado

3

DABI-608-2015

Captación de una porción de agua para el riego en el cultivo de Chicacao, Suchitepéquez caña Finca María del Mar

4

EAI-3512-2015

Toma de porción de agua del río San Pablo Jocopilas y San En análisis Ixtacapa para su utilización en Antonio, Suchitepéquez riego de cultivos

5

DABI-0623-2014

Pozo mecánico No.1

San Andrés, Retalhuleu

6

DABI-0624-2014

Pozo mecánico No.2

San Andrés, Retalhuleu

Aprobado

7

DABI-0625-2014

Pozo mecánico No.3

San Andrés, Retalhuleu

Aprobado Aprobado

En análisis

Ingenio el Pilar Aprobado

8

DABI-0626-2014

Pozo mecánico No.3

Champerico, Retalhuleu

9

DABI-0628-2014

Pozo mecánico No.4

Champerico, Retalhuleu

Aprobado

10 DABI-0627-2014

Pozo mecánico No.3

Champerico, Retalhuleu

Aprobado

11 DABI-0016-2014

Pozo mecánico No.2

Champerico, Retalhuleu

Dictaminado

12 DABI-0017-2014

Pozo mecánico No.1

Champerico, Retalhuleu

Dictaminado

13 DABI-0018-2014

Pozo mecánico No.1

Champerico, Retalhuleu

Dictaminado

14 DABI-0006-2014

Pozo mecánico No.5

Champerico, Retalhuleu

Dictaminado

15 DABI-0007-2014

Pozo mecánico No.4

Champerico, Retalhuleu

Dictaminado

16 DABI-0011-2014

Pozo mecánico No.3

Champerico, Retalhuleu

Dictaminado

17 DABI-0012-2014

Pozo mecánico No.2

Champerico, Retalhuleu

Dictaminado

18 DABI-0013-2014

Pozo mecánico No.5

Retalhuleu, Retalhuleu

Dictaminado

19 DABI-0014-2014

Pozo mecánico No.6

Retalhuleu, Retalhuleu

Dictaminado

20 DABI-0015-2014

Pozo mecánico No.1

Champerico, Retalhuleu

Dictaminado

Ingenio Tululá 21 EAI-4672-2015

Planta de tratamiento de agua de lavadores de gases y cenizas de San Andrés, Retalhuleu caldera y lavado de caña

En análisis

22 D-134-2013

Derivación del río Sis para su utiSan Andrés, Retalhuleu lización en la fábrica

Aprobado

23 EIA-36-2010

Construcción de la estructura de Santa Cruz y San Andrés, derivación para el aprovechaAprobado Retalhuleu miento hídrico del río Samalá

24 DABI-742-2013

Ampliación en la operación de la San Andrés, Retalhuleu planta deshidratadora de alcoholes

98

Aprobado

Agua, Tierra y Territorio

De todos estos instrumentos, solo tres son estudios de impacto ambiental, o sea, elaborados antes de implementar las actividades. Es importante notar, que son solo cuatro diagnósticos los que fueron presentados, y 18 los Diagnósticos Ambientales de Bajo Impacto (DABI). Cuando un instrumento aparece como dictaminado, significa que ha sido aprobado o no, pero que la empresa no ha recogido la resolución. En lo que se refiere a la zona de caña de azúcar estudiada, no ha sido posible identificar un solo instrumento de evaluación relacionado con su cultivo, sino solo con los pozos que sirven para abastecer con agua las zonas de cultivos, y por lo tanto, no se cuenta con información de los procesos del cultivo de la caña, más que los estudios publicados por CENGICAÑA.7 En lo relacionado con el banano y la palma de aceite, se buscaron los instrumentos existentes en la Costa Sur de San Marcos y principalmente de las empresas Palmas del Horizonte, Agroaceite y BANASA, como se puede ver en la siguiente tabla. Tabla 2 Listado de instrumentos revisados sobre las agroindustrias de banano y palma aceitera Nº

Instrumento

Descripción

Empresa

Localización

Estado

Grupo AgroAmérica 1

EIA-671-2004

Vertedero sumergido del sistema hidraúlico sobre el río Ocosito

Bananera del Sur

Coatepeque, Quetzaltenango

N.D.

2

D-0096-2015

Trento: Fumigacion área cultivos de banano

BANASA

Tiquisate y Reu., Retalhuleu

No aprobado

Area agrícola y de empaque de la Bananera (4,777 ha y 25 empacadoras) 3

D-788-2009

Bananera Nacional, S.A.

BANASA

Coatepeque, Quetzaltenango

Aprobado

4

D-207-2013

Cultivo y empaque del área bananera de la Finca La Virgen

BANASA

Ayutla, San Marcos

Aprobado

5

D-0081-2014

Cultivo y empaque del área baBANASA nanera de la Finca La Virgen

Ayutla, San Marcos

Aprobado

6

D-0123-2015

Valencia: Cultivo y empaque banano

Coatepeque, Quetzaltenango

Aprobado

BANASA

Continúa… 7

Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar, CENGICAÑA, fue creado por la Asociación de Azucareros de Guatemala, ASAZGUA, en 1992 para apoyar el avance tecnológico de la agroindustria azucarera, con el objetivo de aumentar la producción y la productividad del cultivo de la caña de azúcar y sus derivados. Es financiado por los ingenios que conforman la agroindustria azucarera del país.

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Revista Territorios XI Nº

Instrumento

Descripción

Empresa

Localización

Estado

7

D-0125-2015

Santander: Cultivo y empaque BANASA banano

Ocos, San Marcos

Aprobado

8

D-0126-2015

Madrid: Cultivoy empaque banano

BANASA

La Blanca, San Marcos

Aprobado

9

D-0129-2015

Barcelona: Cultivo y empaque banano

BANASA

Retalhuleu, Retalhuleu

Aprobado

Plantación de palma africana (7,354 ha) 10 EIA-434-2011

Minerva: planta extractora de aceite de palma

Agroaceite

Coatepeque, Quetzaltenango

Aprobado

11 D-058-2012

Janeiro

Agroaceite

Quetzaltenago y Retalhuleu

No aprobado

12 D-175-2012

Venus: plantación de palma

Agroaceite

Pajapita, San Marcos

Aprobado

13 D-176-2012

Trapecio: plantación de palma Agroaceite

Génova Costa Cuca, Quetzaltenango

Aprobado

14 D-177-2012

Corinto: plantación de palma

Agroaceite

Quetzaltenango y Retalhuleu

Aprobado

15 D-238-2012

Tacaná: plantación de palma aceitera

Agroaceite

Retalhuleu, Retalhuleu

No aprobado

16 EIA-210-2013

Proyecto Almatre: refinadora de aceite de palma

Agroaceite

Coatepeque, Quetzaltenango

Aprobado

17 EIA-211-2013

Proyecto Crecida: generación de electricidad

Agroaceite

Coatepeque, Quetzaltenango

Aprobado

18 D-0212-2014

Santa Lucrecia: plantación de palma

Agroaceite

Ayutla y Pajapita, San Marcos

N.D.

19 D-0213-2014

San José: plantación de palma

Agroaceite

Coatepeque, Quetzaltenango

Aprobado

20 D-0214-2014

San Fernando: plantación de palma

Agroaceite

El Asintal, Retalhuleu

N.D.

21 D-0215-2014

Santa Fe: plantación de palma

Agroaceite

Coatepeque, Quetzaltenango

N.D.

22 EIA-0352-2014

Proyecto Nativa: Terminal de transferencia de aceite de Agroaceite palma

Ayutla, San Marcos

Aprobado

23 EIA-0052-2015

San Andrés: Plantación de palma

Coatepeque, Quetzaltenango

En revisión

24 DABI-484-2012

Borda Río Pacayá

PAHOSA

Ocos, San Marcos

Aprobado

PAHOSA

Coatepeque, Quetzaltenango

Aprobado

Agroaceite

Grupo HAME 25 EIA-674-2004

Palmas del Horizonte

Continúa…

100

Agua, Tierra y Territorio Nº

Instrumento

Descripción

Empresa

Localización

Estado

26 EIA-906-2004

Planta extractora de aceite de palma de San Juan del Horizonte

PAHOSA

Coatepeque, Quetzaltenango

Aprobado

27 D-561-2008

Planta Olmeca Tecun Uman, extractora de aceite de palma

Olmeca

Ayutla, San Marcos

Aprobado

El diagnóstico de Tacaná no fue aprobado porque la plantación de palma aceitera que se presentó y se realizó en 2010 está ubicada en el área protegida del Manchón Guamuchal. Hasta mayo de 2016, el CONAP logró su retiro. El diagnóstico de la plantación de palma de aceite Janeiro no fue aprobado porque cubría una superficie demasiado extensa, por lo que se presentó después bajo los diagnósticos Venus, Trapecio, Tacaná y Corinto. También en las agroindustrias de banano y aceite de palma se desarrollan más diagnósticos post. Es decir, una vez implementadas las actividades. Dichos diagnósticos son basados en las prácticas actuales, en vez de estudios de impacto ambiental con alternativas para mejorar el desempeño ambiental.

Principales impactos de los monocultivos A continuación, recapitulamos los principales hallazgos sobre los impactos ambientales de los tres monocultivos estudiados.

En el agua En cada monocultivo se utiliza primero el agua para el riego en el área de cultivo. Tabla 3 Consumo de agua por monocultivo Monocultivos

Demanda de agua

Banano

10 a 80 metros cúbicos al día y por hectárea según datos de BANASA

Caña de azúcar

6.2 metros cúbicos al día y por hectárea según datos de los pozos del ingenio El Pilar 33.2 metros cúbicos al día y por hectárea según datos de la Finca María del Mar del Ingenio Palo Gordo 69.14 a 103.7 metros cúbicos al día y por hectárea según datos del desvío del río Samalá para los cultivos del Ingenio Tululá

Palma aceitosa

12.5 o 17.5 metros cúbicos al día y por hectárea según datos de Agroaceite 62.5 metros cúbicos al día y por hectárea según datos de PAHOSA

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los instrumentos de evaluación analizados.

101

Revista Territorios XI

Se observan grandes disparidades de consumo de agua, según los datos provenientes de cada una de las empresas para un mismo producto, aun cuando tienen sistemas de riego muy parecidos. Para el banano y la palma aceitera, el agua se succiona de pozos o ríos8 y después se circula dentro del sistema de riego por medio de bombas que funcionan con diésel. Circula en quineles y el riego se realiza por pequeños aspersores. En los instrumentos, no se estiman datos de rendimiento de este método de riego, ni alternativas para limitar el consumo de agua. En cuanto a la caña de azúcar, se utilizan ríos, y se realizan desvíos, los cuales pueden tener hasta más de 50 años de existencia. Por ejemplo, el río Nahualate para una parte de la producción de la caña del ingenio Palo Gordo, y el río Samalá para el ingenio Tululá. El agua es llevada a través de canales hasta los puntos donde se riega la caña. En el caso del río Samalá, se especifica que el riego por aspersión tiene una eficiencia total (conducción y distribución) de 68%, y el riego por gravedad de 45%. Sin embargo, y a pesar de ello, el área regada por gravedad es mucho mayor: 2,120 hectáreas comparado con 205 hectáreas de riego por aspersión. En el caso del Ingenio El Pilar, se identificaron 24 pozos ubicados entre los municipios de Champerico (19), Retalhuleu (2), San Andres Villaseca y Cuyotenango (3). Otros 10 pozos aparecen en los diagnósticos, pero no cuentan con evaluación ambiental. El agua se bombea con gas líquido de petróleo, y se riegan 5.6 hectáreas mediante seis aspersores por cada uno de los pozos. Las plantaciones de banano cuentan con un sistema de achicadoras para “captar y evacuar de forma rápida el exceso de agua superficial (por lluvias intensas), evitando la saturación del suelo de las zonas cultivadas. El excedente de agua se evacúa a través de canales de captación, trazados a lo largo y ancho de la finca, distribuyendo el exceso de agua y evitando que el mismo pudra las raíces de la plantación, las cuales son muy susceptibles al exceso de humedad”.9 No se encuentra un plan detallado en los diagnósticos de las instalaciones de las achicadoras, el que da cuenta de su ubicación, capacidad de bombeo, número de canales, entre otros. Tampoco dan cuenta de las instalaciones de riego, lo que no permite definir si hay trasvases de ríos o fluviales, o bien, zonas pobladas que podrían estar afectadas por el exceso o la falta de agua.

8

9

El río Ocosito se utiliza por parte de PAHOSA y de Agroaceite. Esta última empresa riega también sus plantaciones de palma con los ríos Meléndrez, Nahuatán, Naranjo, El Flor, Río Nil o Sibana y el Pacayá. En el caso de la plantación Trapecio, se da cuenta del almacenamiento de 3 millones de metros cúbicos de agua, de los cuales no se conoce el origen. Fragmento del diagnóstico de las plantaciones de banano.

102

Agua, Tierra y Territorio

Se consume agua en diferentes procesos durante la preparación de estos tres monocultivos. Para el banano, se utiliza agua en las empacadoras, en la preparación de la fruta para el lavado, el desmane, desleche y lavado de los uniformes. Las fuentes de agua son las mismas que las que se utilizan para el riego: pozos mecánicos para las plantaciones de Valencia, Madrid, Barcelona y Santander, y el río Meléndrez para La Virgen. No se encontró información para la Bananera Nacional, S.A. en Retalhuleu. En ninguno de los diagnósticos se pudo encontrar un dato del consumo de agua en una empacadora, sino únicamente de la producción mensual de aguas residuales, la cual alcanza 50 metros cúbicos, tratándose de aguas residuales de tipo doméstico, y de 1500 a 2000 metros cúbicos de aguas utilizadas en el proceso de la empacadora. En la Costa Sur de San Marcos, se encuentran los dos tipos de plantas de procesamiento de aceite de palma: la extractora de aceite que permite extraer de la fruta fresca el aceite crudo, y la refinadora de aceite de palma que transforma el aceite crudo en aceite comestible. Agroaceite tiene en Coatepeque una planta que trabaja como extractora (EIA del proyecto Minerva), una refinadora (Proyecto Almatre) y la generación de electricidad con biogás y biomasa10 que sirve para toda la planta. El Grupo HAME, por su parte, tiene una planta extractora de PAHOSA en el municipio de Coatepeque y una planta refinadora Olmeca en el municipio de Tecún Umán. Tabla 4 Utilización del agua y generación de residuos en los procesos de extracción de aceite de palma Capacidad Agroaciete

Consumo agua (m3/día)

Aguas Fuente residuales (m3/día)

1921

Destino

1586

Lodos (tono/ día)

Destino

954

Extractora Minerva

1728 ton fruta fresca/día

1728

Pozo

1584

Río Ocosito

950,4

Plantaciones

Relinadora Almatre

200 ton aceite crudo/día

180

Pozo

1,86

Minerva

3,78

Empresa

Generadora Crecida

7,8 MW

12,5

Pozo

Fosa séptica Continúa…

10

Residuos de los procesos de extracción y refinería.

103

Revista Territorios XI

Capacidad Grupo HAME

Consumo agua (m3/día)

Aguas Fuente residuales (m3/día)

1260

Destino

1198,25

Lodos (tono/ día)

Destino

ND

Extractora PAHOSA

480 ton fruta fresca/día

450

Rió Pacayá

481,25

“un río”

ND

Abono

Refinadora OLMECA

540 ton aceite crudo/día

810

2 Pozo

717

Río Suchiate

ND

Abono

TOTAL

diario

3181

2784

954

anual

954,300

835,200

286,200

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los instrumentos de evaluación analizados.

Las aguas residuales de las plantas de procesamiento de aceite de palma generalmente son tratadas con sistemas de metanización para reutilizar el biogás producido para la generación de electricidad generado y aprovechado en los procesos productivos, seguidos de lagunas de oxidación. En el caso de PAHOSA, la generadora de electricidad no cuenta con instrumento ambiental. No se cuenta con información detallada en los instrumentos ambientales sobre las fuentes de agua (pozos y río –las características técnicas y ubicación de las tomas), y tampoco sobre los puntos donde se descargan las aguas residuales. En el caso de PAHOSA, no se conoce ni siquiera con exactitud cuál es el cuerpo receptor de las mismas. En cuanto a la producción de lodos generados por los procesos de tratamiento del aceite, en el caso de PHAOSA se desconocen las cantidades. Tampoco se describe la forma e infraestructura para transformarles en abono. En el caso de Agroaceite, la producción de abono igualmente es un tema poco desarrollado, y la disposición de lodos sin tratamiento en la plantación probablemente propense la proliferación de insectos. En el caso de los ingenios, los procesos industriales pueden ser un poco más complejos dependiendo de si solo producen azúcar o también alcohol, rones, entre otros.

104

Agua, Tierra y Territorio

Tabla 5 Consumo de agua en los diferentes ingenios estudiados Consumos

Unidades

El Pilar

Azúcar

ton/año

258.000

Ingenio

m /año

3.631.713

Destilería

m3/año

Cogeneración Total

3

Tululá

Palo Gordo 1.292.000

372.096

18.186.716 65.664

MW

33,35

17,351

30,9

m3/año

358.289 *

186.407 *

331.968

m3/año

3.990.002

558.503

18.584.348

* Estimación basada en el consumo específico del cogenerador de El Pilar. Fuente: Elaboración propia con base en datos de los instrumentos de evaluación analizados.

Todas las aguas residuales de los ingenios van para la fertirrigación, con excepción del caso del ingenio Tululá, donde la planta de tratamiento de agua de los lavadores de gases y cenizas de las calderas y del lavado de la caña trata 1100 metros cúbicos por hora. Se trata de agua que se recicla en el proceso y que en teoría permite disminuir el desvío de agua del río Sis. En el caso del ingenio Palo Gordo, en el D-231-2011, se estima, que conseguir suficientes áreas de cultivo para fertirriego, o sea 1.544.000 m2 (154 ha), tiene un costo de US$1.920.000.11 Resulta mucho más económica esta opción que la alternativa que consiste en implementar un sistema de tratamiento biológico de todos los afluentes, cuyo costo sería de aproximadamente US$6.500.000.

Residuos sólidos Para la producción de banano, en los instrumentos ambientales se han podido encontrar los datos que se presentan en la siguiente tabla, y que demuestran que la mayor parte de la producción son desechos orgánicos que se reincorporan a la plantación sin tratamiento preliminar, tal como el compostaje.

11

Implicaría la compra de terrenos por US$1.750.000 -US$500.000 por caballería, y se adquirirían unas 3,5 caballerías, más la adquisición de equipos de bombeo y tuberías por un costo de US$170.000.

105

Revista Territorios XI

Tabla 6 Datos de producción de residuos sólidos en el monocultivo del banano Finca

Sólidos comunes

Sólidos comunes (Empaque)

Orgánicos agrícolas

No orgánicos agrícolas

Envases y embalajes fertilizantes

Total (toneladas)

Valencia

5

2.5

200

40

1

248.5

Santander

1

0.5

50

10

0.25

61.75

Madrid

3

1.4

80

20

0.5

104.9

Barcelona

5

3

120

30

1

159

La Virgen

1

0.5

50

10

0.25

61.75

BANASA

11

5.5

220

44

2

282.5

TOTAL Mensual Anual

26

13.4

720

154

5

918.4

312

160.8

8640

1848

60

11020.8

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los instrumentos de evaluación analizados.

Se puede afirmar, que en el proceso del cultivo de banano, se produce un total de 2,320 toneladas de desechos sólidos por año, lo que corresponde a lo que generaron 18,600 habitantes de los departamentos de Quetzaltenango y San Marcos en conjunto en promedio durante el 2009.12 En cuanto a la palma de aceite, los datos son los siguientes. Tabla 7 Producción de residuos sólidos en el cultivo de la palma aceitosa Plantación

Envases y embalaje de fertilizantes

Desechos de mantenimiento de plantaciones

Desechos comunes

Corinto

0.67

6.67

0.67

Venus

0.67

6.67

0.67

2

20

2

Santa Lucrecia

0.04

327.66

0.25

San José

0.04

1323.62

1

San Fernando

0.04

1172.8

1

Trapecio

Continúa… 12 http://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_ni/ni_pdfs/NationalReports/guatemala/waste.pdf

106

Agua, Tierra y Territorio

Plantación

Desechos de mantenimiento de plantaciones

Envases y embalaje de fertilizantes

Desechos comunes

Santa Fe

0.01

157.62

0.217

Tacaná

0.37

4.67

0.37

Total Agroaceite

3.84

3019.71

6.18

PAHOSA

0.16

5131.46

3.88

TOTAL

 

 

 

Mensual (toneladas)

4

8,151

10

48

97,814

121

Anual (toneladas)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los instrumentos de evaluación analizados.

En 2008, Agrequima reporta haber tratado 240 toneladas de envases13; los estimados de la agroindustria del banano en la Costa Sur de San Marcos podrían representar el 25% del monto total tratado. Por su lado, los de la palma aceitera podrían representar un 20% del monto total. Los procesos de extracción del aceite de palma generan también sus propios residuos sólidos: Tabla 8 Producción de residuos sólidos en el proceso de extracción del aceite de palma africana Residuos sólidos

Cantidad

Destino

Agroaceite

Extractora Minerva

Refinadora Almatre

Raquis

7050 ton/año

Energía y compost

Fibra

9400 ton/año

Energía

Cáscara

3760 ton/año

Energía

Harina de Palmista

21150 ton/año

Venta (alimento para ganado)

Cenizas

2020 ton/año

Plantaciones

Tierras de infusorios

664 ton/año

Energía

Acidos grazos destilados Cenizas

Venta (alimento para ganado) 310 ton/año

Plantaciones Continúa…

13

Ibíd. 2006.

107

Revista Territorios XI Residuos sólidos

Cantidad

Destino

Grupo HAME Extractora PAHOSA

Raquis

ND

Plantaciones

Fibra

ND

Energía

Refinadora OLMECA

Palmiste

8765 ton/año

Ceniza

650 kg/año

Plantaciones

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los instrumentos de evaluación analizados

Los subproductos de la actividad industrial de los ingenios, según la información tomada del diagnóstico de los procesos industriales del ingenio Palo Gordo, son los siguientes: •

bagazo: 26% de la caña que se utiliza como combustible para las calderas y para generar electricidad),

•

ceniza y hollín que se destinan para fines agrícolas: separados o mezclados, por vía seca o húmeda, para la fertilización de la caña.

•

residuos sólidos: los envases de productos fitosanitarios se entregan a ASAZGUA-AGREQUIMA.

Desgraciadamente, no existe una cuantificación.

Agroquímicos Para la caña de azúcar o la palma aceitera, los agroquímicos se utilizan únicamente durante el cultivo, pero para el banano, también se utilizan durante el proceso de empaque. En los tres monocultivos se realizan aspersiones aéreas pero sólo se ha encontrado un instrumento ambiental relacionado con esta actividad: el diagnóstico Trento para la fumigación de banano. Este instrumento no fue aprobado y presentaba varios faltantes, tales como el hecho de que no se especificaban los tipos de agroquímicos que se utilizan, las cantidades, o sus especificaciones técnicas con los cuidados que se necesitan para su manejo y almacenamiento. Esto a pesar de que se trataba de fumigaciones en contra de una plaga específica. Tampoco se definía en él cómo se limpiaban los tanques de agroquímicos y qué tratamiento se daba al agua utilizada para lavar antes de descargarla a un manto freático. De los que pudieron encontrarse como agroquímicos en los instrumentos relacionados con el cultivo de banano y de palma aceitera, podemos citar los siguientes, con los impactos que generan: 108

Agua, Tierra y Territorio

•

Mancozeb ha causado cáncer en animales de laboratorio. Los tumores observados en los estudios bajo altas dosis son considerados secundarios a la inhibición de la síntesis de la tiroides y la ruptura del balance hormonal. Se considera altamente tóxico para organismos acuáticos.

•

Morfolina provoca graves quemaduras en la piel, lesiones oculares, y es corrosivo para las vías respiratorias. En caso de aplicación frecuente, puede causar daño pulmonar después de repetidas inhalaciones, y puede afectar el hígado y riñones como indican los estudios en animales. Se considera peligroso para el medio ambiente acuático.

•

Difenoconazole tiene riesgo de daños serios a los ojos. Tóxico para organismos acuáticos y puede causar efectos adversos de largo plazo en ambientes acuáticos.

•

Nitrato de calcio es un fertilizante altamente tóxico para los seres humanos y los organismos acuáticos.

•

Sulfato de Amonio es un fertilizante pero el amoníaco es un tóxico para los peces. Puede ser dañino para el ganado y la fauna si es ingerido.

•

Bankit es un fungicida muy tóxico a organismos acuáticos, puede causar efectos adversos en el medio ambiente a largo plazo.

•

Imidacloprid (Jade) es un insecticida muy tóxico para organismos acuáticos, a largo plazo puede provocar efectos negativos en el medio ambiente acuático.

•

Glifosato (Roundup) es un herbicida que se utiliza también como madurante en el cultivo de la caña de azúcar, que la Organización Mundial para la Salud ha declarado “un probable carcinógeno para los seres humanos” en 2015. En el organismo humano puede causar toxicidad en células placentarias y en el hígado, actuar como un disruptor endocrino, generar afecciones respiratorias, gastrointestinales, dermatológicas y neurológicas, así como la fragmentación del material genético. En los sistemas acuáticos pueden provocar retardo en el crecimiento de organismos como algas y peces, cambios histopatológicos, alteraciones de parámetros enzimáticos, disminución de la actividad sexual y cambios bioquímicos.

109

Revista Territorios XI

Conclusiones Los monocultivos son agroindustrias en plena expansión en Guatemala, a pesar de todos los conflictos socioambientales que causan, y a pesar de que han sido denunciados por más de una década por desvío y contaminación de ríos, así como por violación de los derechos laborales, entre otros temas. La práctica que tienen estas agroindustrias en general es instalarse antes o después del supuesto cumplimiento con la regulación ambiental. Hemos podido ver que muchas de las actividades de estas agroindustrias no cumplen con los criterios establecidos. Los instrumentos carecen de información fidedigna que permita conocer con precisión los balances de materias e insumos, mediciones y monitoreo de calidad y calidad de las aguas utilizadas y residuales, emisiones y residuos que se generan, cantidad y tipos de agroquímicos utilizados, así como el propósito de los mismos. En la ausencia de información completa, no se pueden evaluar alternativas a la solución propuesta, ya que no se cuenta con todos los parámetros necesarios. En el caso de la caña de azúcar y del aceite de palma, se ve en los diferentes estudios, que existen técnicas, tecnologías y prácticas que permiten disminuir el consumo de agua, el tratamiento de aguas residuales y de residuos agrícolas para poder reutilizarlos en los procesos. También es posible valorar y producir electricidad para los procesos industriales, incluso hasta su comercialización. En lo que se refiere a cultivos, no se observa la búsqueda de sistemas de riego y reciclaje más eficientes de los residuos orgánicos. Por lo tanto, es imprescindible de parte del MARN de buscar una mejora sustantiva de la calidad de los instrumentos ambientales. Por el otro lado, es imprescindible reanudar su función de denuncia por incumplimiento de los compromisos ambientales que se emitieron en las resoluciones de aprobación de estos instrumentos. También es importante revisar las extensiones implementadas de monocultivos y actividades conexas en comparación con aquellas que cuentan con instrumentos aprobados. Es necesario sancionar y suspender las actividades que no cumplen con la ley. Los consumos de agua y la generación de residuos son muy importantes en regiones rurales con poca infraestructura para el manejo de residuos y el abastecimiento en agua de la población. Por lo tanto, y en ausencia de un ordenamiento territorial básico, sería necesario pensar en superficies límites para las extensiones de monocultivo, a manera de iniciar un control sobre el acaparamiento de recursos (tierra y agua en particular) que generan. 110

Agua, Tierra y Territorio

Es ya más que necesario fortalecer e implementar una política sobre agroquímicos que permita cumplir con los tratados internacionales firmados por Guatemala en la materia, mejorar y sobre todo proteger la vida de los trabajadores agrícolas, las comunidades aledañas a las plantaciones, así como la vida de los pocos ecosistemas que siguen existiendo.

Referencias 1. Decreto Número 68-86, Ley de Protección y Mejoramiento Ambiental, 1986. 2. Acuerdo Gubernativo 23-2003, Reglamentación de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, 2003. 3. Acuerdo Gubernativo 431-2007, Reglamentación de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, 2007. 4. Acuerdo Gubernativo 137-2016, Reglamentación de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, 2007. 5. Acuerdo Gubernativo 199-2016, Listado taxativo de proyectos, obras, industrias o actividades, 2016. 6. http://www.conap.gob.gt/index.php/servicios-en-linea/noticias/905-conap-logra-retiro-de-plantacion-de-palma-africana-en-area-protegida.html) 7. http://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_ni/ni_pdfs/NationalReports/guatemala/ waste.pdf

Anexo Tabla 9 Listado de instrumentos ambientales de la agroindustria de la caña de azúcar no analizados #

Instrumento

Descripción

Dirección

Estado

En análisis

Ingenio Palo Gordo 1

DABI-0671-2015

Construcción y operación de generación San Antonio, y cogeneración Suchitepéquez

2

EIA-511-2010

Proyecto Generación y Cogeneración

San Antonio, Suchitepéquez

Aprobado

3

D-192-2014

Alimentación con combustible de carbón San Antonio, en sistema de generadora existente Suchitepéquez

En análisis Continúa…

111

Revista Territorios XI #

Instrumento

Descripción

Dirección

Estado

Ingenio el Pilar 4

D-144-2012

Actualización de procesos del ingenio

San Andrés, Retalhuleu

Aprobado

5

D-253-2010

Generación de energía eléctrica y línea de San Andrés, transmisión de interconexión Retalhuleu

Aprobado

6

DABI-0970-2014

Pozo mecánico No.1

Champerico, Retalhuleu

Dictaminado

7

DABI-0972-2014

Pozo mecánico No.2

Champerico, Retalhuleu

Dictaminado

8

DABI-0974-2014

Pozo mecánico No.3

Champerico, Retalhuleu

Dictaminado

9

DABI-0975-2014

Pozo mecánico No.4

Champerico, Retalhuleu

Dictaminado

10 DABI-0976-2014

Pozo mecánico No.5

Champerico, Retalhuleu

Dictaminado

11 DABI-0977-2014

Pozo mecánico No.6

Champerico, Retalhuleu

Dictaminado

12 DABI-0978-2014

Pozo mecánico No.7

Champerico, Retalhuleu

Dictaminado

13 DABI-0979-2014

Pozo mecánico No.8

Champerico, Retalhuleu

Dictaminado

14 EIA-208-2012

Turbo Generador 22,850 MW

San Andrés, Retalhuleu

Aprobado

15 EIA-289-2013

Proyecto de riego Samalá - la Ponderosa

N.D.

Aprobado

16 EAI-5101-2014

Construcción y funcionamiento de una San Andrés, microdestilería Retalhuleu

Rechazado

17 DABI-0829-2014

Ampliación de la operación de la planta San Andrés, destiladora y deshidratadora de alcoholes Retalhuleu

Aprobado

18 EAI-984-2013

Ampliación en la operación de la planta San Andrés, deshidratadora de alcoholes Retalhuleu

Rechazado

19 EIA-055-2012

Ampliación de la capacidad de generación San Andrés, eléctrica Retalhuleu

Aprobado

20 EIA-535-2008

Construcción y operación de una planta San Andrés, deshidratadora de alcoholes Retalhuleu

Aprobado

21 EIA-257-2007

Construcción y operación de almacena- San Andrés, miento de combustible Retalhuleu

Aprobado

Ingenio Tululá

112

Ecocidio en el río La Pasión: una catástrofe anunciada Por Bayron Milián

Foto: Asociación Consejo Nacional de desplazados de Guatemala –CONDEG–. Muerte de peces en el río La Pasión. 2015.

Ecocidio en el río La Pasión: una catástrofe anunciada Por Bayron Milián1

Sayaxché ha sufrido un cambio masivo del uso de la tierra desde 1982 al 2010. En tan solo 28 años perdió el 66% de su cobertura boscosa. La mayor parte de su territorio se encuentra ahora utilizado para ganadería y palma africana. La deforestación ha ido avanzando en general, en particular en las áreas protegidas. La secuencia de mapas siguiente muestra cómo el avance de la frontera agropecuaria y palma africana ha ido sustituyendo el bosque primario poniendo en grave peligro los ríos de la región, y por ende los frágiles ecosistemas ribereños, ocasionado por el vertido de residuos agroindustriales de la extracción de aceite de la palma africana. Como puede observarse en el mapa siguiente, en 1982 la mayoría del municipio se encontraba cubierta de bosque y los focos de actividad agrícola se concentraban en los márgenes de los ríos La Pasión y Usumacinta debido a la inexistencia de carreteras y medios de transporte terrestre en la región. La cobertura boscosa abarcaba el 85% del municipio.

1

PhD.; Profesor Investigador; Centro Universitario de Petén, Universidad de San Carlos de Guatemala.

115

Revista Territorios XI

Mapa 1 Uso de la tierra de Sayaxché en 1982

Fuente: Elaboración B. Milián, 2015, con base en datos de PDP 2002.

Sin embargo, el mapa de cobertura forestal de 1987 ya muestra un incremento notable de la frontera ganadera y agrícola, principalmente alrededor de la carretera que de Sayaxché conduce a la franja transversal del norte. La actividad agrícola se posesionó en amplias regiones del sur, centro y norte del municipio, coincidiendo con el desarrollo de la infraestructura vial destinada a conectar el municipio de Sayaxché con el resto del país. El desarrollo de la infraestructura facilitó el acceso de ganaderos y campesinos a las tierras de la región estimulados por los programas de legalización implementados alrededor de las áreas protegidas. Los bosques cubrían el 75% del territorio.

116

Agua, Tierra y Territorio

Mapa 2 Uso de la tierra en Sayaxché en 1987

Fuente: Elaboración B. Milián, 2015, con base en datos de PDP 2002.

Ya para el 2000 comienza a establecerse el cultivo de palma africana en el centro del municipio, utilizando como desagüe el riachuelo el Tamarindo, en las comunidades Tamarindo I y II. En ese año comenzó la presión sobre el recurso hídrico y la compraventa masiva de tierras por parte de empresas palmeras que por medio de intermediarios negociaron la compraventa de tierras que había sido entregada a los campesinos por medio de los proyectos de legalización de tierras alrededor de la Reserva San Román y Aguateca-Dos Pilas. Para este tiempo la ganadería ocupaba la mayor parte del territorio municipal tal y como se aprecia en el siguiente mapa. Para ese año ya la cobertura forestal había disminuido a un 40% del territorio.

117

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Mapa 3 Uso de la tierra de Sayaxché en 2000

Fuente: Elaboración B. Milián, 2015, con base en Datos de CEMEC 2011.

La expansión ganadera en Sayaxché dio paso a la palma africana. Muchos ganaderos vendieron sus tierras a las palmeras y otros se convirtieron en intermediarios, negociando con los campesinos locales sus parcelas por voluntad propia o por la fuerza para después revenderlas a las empresas palmeras. El avance de la palma africana puede apreciarse en el siguiente mapa de uso de la tierra del 2007, donde otras empresas palmeras comenzaron a establecerse en las cercanías de la comunidad El Pato, utilizando los arroyos locales como desagües para los residuos de los plaguicidas y fertilizantes utilizados en el cultivo, así como de los residuos de la extracción del aceite. Ya para este tiempo fue evidente que los ríos de la región estaban siendo utilizados como desagües, vertiendo en ellos sedimentos y restos de plaguicidas y fertilizantes, contaminando los riachuelos locales que alimentan los ríos La Pasión, Salinas y Usumacinta.

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Agua, Tierra y Territorio

Mapa 4 Uso de la tierra de Sayaxché en 2007

Fuente: Elaboración B. Milián, 2015, con base en Datos de CEMEC 2011.

En el 2010, ya la palma africana abarcaba alrededor de 45,000 hectáreas, solo en Sayaxché, con varias plantas extractoras de aceite funcionando. El mayor desarrollo de la misma en el sur del municipio coincide con el asfalto de la franja transversal del norte como salida a la producción de aceite y la cercanía de la mano de obra de esa región, de donde proviene la mayoría de trabajadores temporales traídos por contratistas que trabajan para las empresas palmeras. En ese año el bosque se había reducido al 20% del municipio y se ubicaba principalmente en las áreas protegidas remanentes. La palma africana abarcaba ya el 12% del territorio y la ganadería y agricultura el 62%.

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Es precisamente en la zona de El Pato, coincidente con la mayor área de palma africana existente, donde se originó el colapso de las piletas de oxidación de la Empresa REPSA2, y el vertido de una enorme cantidad de sedimentos agroindustriales hacia el arroyo San Ignacio que conecta directamente al río La Pasión, en donde esta enorme masa de sedimentos agroindustriales se movilizó aniquilando la fauna acuática a su paso en un rango de 150 km. Esto debido principalmente a la presencia de alrededor de 25 contaminantes disueltos en los sedimentos, plaguicidas y residuos de aceite de las plantas de procesamiento que después de ser vertidos en el agua reaccionaron con el oxígeno del agua del río, haciendo bajar el oxígeno disuelto y ocasionando la muerte de cientos de miles de peces de diferentes especies, y de otras especies acuáticas del río. Este Ecocidio también pudo ser producto de un proceso acumulativo de desagüe al río. Las empresas palmeras tienen varios años depositando estos residuos a los ríos del municipio, y una concentración exagerada de los mismos, pudo haber ocasionado el Ecocidio, por intoxicación directa, disminución del contenido de oxígeno en el agua que los peces necesitan para respirar, o por el bloqueo de las branquias por películas de aceite proveniente de las plantas de extracción. El río movilizó esta masa hasta diluirla a 185 km de distancia del punto de origen, pero para ese entonces el Ecocidio había sucedido afectando comunidades y ecosistemas en forma irreparable.

2

Empresa de cultivo de palma africana, Reforestadora de Palma del Petén, S.A (REPSA), del grupo HAME, la cual tiene lagunas de oxidación en la que vierten los residuos químicos y que podrían haberse desbordado con el exceso de agua acumulada a causa de las lluvias.

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Agua, Tierra y Territorio

Mapa 5 Uso de la tierra de Sayaxché, Petén, en 2010

Fuente: Elaboración B. Milián, 2015, con base en datos de CEMEC 2011.

Observando el cambio en el uso de la tierra entre los años 1982 y 2010 en Sayaxché, se puede observar la deforestación en relación al avance de la frontera agrícola/ganadera; la expansión de la palma africana; y la expansión del sector agropecuario. La disminución de la cobertura de bosque en Sayaxché corresponde casi exactamente al incremento de pastajes y guamiles resultantes de las actividades agropecuarias, principalmente de la ganadería y palma africana. En este sentido es importante observar la tendencia de los bosques de Sayaxché, que han disminuido hasta un 20%, siendo una pérdida neta de bosque a usos agropecuarios y palma africana. También es importante destacar que ya en el 2010 también el área agropecuaria manifiesta una reducción del 4% con respecto al 2007, indicando que la palma africana, al prácticamente ser eliminadas las áreas boscosas (excepto las áreas protegidas), se expande ocupando las áreas de cultivos agrícolas.

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Gráfica 1 Cambios en las categorías principales de usos de la tierra en Sayaxché (en %) 1982-2010* 90

85

80

75

70

66

60

62

53.4

50 40.1

40 30 20

23

22

12

10 0

0 Porcentaje 1982

Porcentaje 1987

4

0.1

0

Agropecuario - No bosque - Guamiles

*

20

14

Porcentaje 2000

Porcentaje 2007

Bosque latifoliado medio-alto

Porcentaje 2010 Palma africana

Palma africana solo entre los años 2000 y 2010.

Fuente: B. Milián 2015, con base en Datos de CEMEC 2011 y PDP 2002.

¿Qué impactos tiene este cambio masivo de uso de la tierra para la economía campesina, la seguridad alimentaria y los recursos naturales del municipio de Sayaxché? Es claro que ha existido una pérdida de producción de alimentos básicos por palma de aceite. De hecho, los pequeños productores de Petén solían abastecer una quinta parte de la producción nacional de maíz y una cuarta parte de la producción de frijol, 3 sin embargo esto ha cambiado radicalmente. La sustitución de la agropecuaria familiar, que era la principal fuente de sustento y (auto)empleo en Petén, por otras actividades de base agraria incapaces de absorber a la población demandante de empleo (a la que se suma quienes perdieron su tierra), mientras que las oportunidades de empleo no agrario permanecen estancadas 3

Carrera y Carrera, 2012:280.

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Agua, Tierra y Territorio

y localizadas en la zona conurbana central, resultan en condiciones laborales precarias e ingresos inseguros e insuficientes. Estos tensionan las capacidades de la población rural para acceder a los alimentos y aumentan su vulnerabilidad. Esto ha sido ampliamente documentado en el libro: ¿Qué tipo de empleo ofrecen las Empresas Palmeras en Sayaxché? 4 Existe un impacto evidente sobre los ríos del municipio, los cuales están siendo sistemáticamente contaminados por los residuos agroindustriales de las plantas de extracción de aceite y plantaciones de palma africana. Sin embargo, otro gran dañificado es el recurso suelo, el cual después del cultivo de la palma africana queda prácticamente inutilizable. Se estima que en la actualidad deben haber al menos 60,000 hectáreas de palma africana sembradas en Sayaxché, abarcando el 20% del municipio. Con ello la presión sobre los ríos de la región es mayor y los procesos de contaminación más acelerados, tendencia que se incrementará a menos que el Ministerio de Ambiente y otras agencias de gobierno, realicen controles y monitoreos más efectivos de los residuos y sedimentos agroindustriales que las plantas vierten sobre los ríos, y obliguen a las empresas extractoras de aceite de palma a implementar medidas de mitigación adecuadas a las dimensiones de las áreas de palma africana establecidas. Ecocidios como el del río La Pasión, se sucederán intermitentemente en el futuro próximo sobre este y otros ríos importantes de la región, debido a la carencia de medidas de mitigación ambiental adecuadas por parte de las empresas palmeras. Otras causas son la pasividad y complacencia de un gobierno corrupto dedicado a proteger los intereses de las empresas contaminadoras. Siendo así las cosas, corresponde a las comunidades organizadas tomar el papel preponderante en la defensa de sus recursos naturales y evitar que las empresas palmeras contaminen sus ríos y lagunas, de las cuales depende el futuro de sus familias y comunidades.

4

Hurtado, Laura y Geisselle Sánchez, 2011.

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Prácticas hegemónicas y de control social sobre el territorio: Estados de excepción como recurso legal para la dominación Por Elisa Irene Aquino Gómez

Foto: Caracol Producciones e IDEAR-CONGCOOP. Imágenes de las fuerzas coercitivas judiciales y militares empleadas para efectuar un desalojo extrajudicial en la finca Miralvalle, Valle del Polochic, marzo 2012.

Prácticas hegemónicas y de control social sobre el territorio: Estados de excepción como recurso legal para la dominación Por Elisa Irene Aquino Gómez1

Resumen Como parte de los procesos hegemónicos de las nuevas formas de acumulación capitalista, el control social y la resistencia se encuentran como principales representaciones de las prácticas que se articulan alrededor de los mismos. Para facilitar tanto la expansión del capital como la imposición de megaproyectos de actividades extractivas, el Estado –como principal defensor de los intereses de la clase dominante– hace uso de la excepción al estado de derecho que posibilita, a partir del control social, la instauración de actividades de acumulación basadas en el despojo, la explotación de los recursos y la violencia. El presente artículo pretende hacer un esbozo general a las formas en las que el Estado ha utilizado desde el 2008 los recursos que la Ley de Orden Público permite. Palabras clave: hegemonía, Estado, control social, orden público, excepción.

1

Estudiante de pensum cerrado de la licenciatura en Antropología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha sido Auxiliar de investigación del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas en donde trabajó investigaciones relacionadas a la Violencia de Estado y la Memoria Histórica; y Auxiliar de cátedra de la carrera de Antropología de los cursos de sociología general, sociología guatemalteca e historia económica y social de Guatemala. Recientemente fue ganadora de la Beca Myrna Mack para la realización de su tesis de Licenciatura en Antropología.

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Introducción El Estado guatemalteco ha utilizado distintos mecanismos de dominación y reproducción hegemónica, aplicados de manera coercitiva para eliminar la resistencia que se articula alrededor de distintos procesos sociales, culturales y económicos. De esta forma se han visto afectadas ante todo, las poblaciones indígenas; sin embargo, a partir de la implementación de los nuevos ejes de acumulación capitalista neoliberal, el control y la represión se generalizan ante la defensa de los territorios donde se instauran dichos ejes. A favor los intereses de expansión del capital a partir de actividades extractivas, el Estado ha recurrido a viejas prácticas que desde lo “legal” permiten neutralizar cualquier tipo de defensa de los territorios, tales como los Estados de Excepción, que desde el 2008 fueron utilizados con frecuente recurrencia para amedrentar a poblaciones que se instalan en resistencia. Si bien desde las ciencias sociales y políticas, la excepción al Estado de Derecho se ha abordado con frecuencia, principalmente desde un plano filosófico, realizar un acercamiento desde disciplinas como la antropología, permite conocer el impacto que las leyes como la actual Ley de Orden Público, tienen sobre las formas de relacionamiento social que se dan alrededor de la tierra y el territorio. El presente artículo pretende hacer un recorrido general de las formas en las que dicha ley ha sido aplicada de manera reciente para favorecer a los megaproyectos que encajan en las nuevas formas de acumulación, a partir de un contenido de carácter contrainsurgente que responde a una de las épocas más represivas y violentas de la historia del país, sin que haya sido anulada o modificada, según lo sugerido por los Acuerdos de Paz.

Estado, hegemonía y antropología Previo a referirse a los contenidos de la Ley de Orden Público y a sus recientes formas de aplicación, es importante delimitar qué se entiende por Estado y hegemonía; y la relación de estos conceptos con el control social y la antropología. Partiendo de que el Estado no debe entenderse como un ente limitado a su carácter institucional, sino como un conjunto complejo de relaciones sociales enmarcadas por el poder y la dominación, el Estado está definido tanto por un sistema de producción, como por los distintos aparatos que le permiten ejercer desde el consenso y la coerción. 128

Agua, Tierra y Territorio

Según Antonio Gramsci, el Estado no es visto por las clases dominantes más que como un sistema de producción, de tal forma que para estas se convierte en el espacio de poder que permite y permea el modelo acumulativo y, por ende, sus intereses económicos: “(…) el Estado no es concebible más que como forma concreta de un determinado mundo económico, de un determinado sistema de producción. (…) Así, la conquista del poder y la afirmación de un nuevo mundo económico y productivo son inseparables y es de esta condición unitaria que surge la propia unidad de la clase que es, al mismo tiempo, política y económicamente dominante. (…) El Estado es concebido como organismo propio de un grupo, destinado a crear las condiciones favorables para la máxima expansión del grupo mismo.”2 Definiendo al Estado como un conjunto de relaciones que reproducen la dominación, y al mismo tiempo como un instrumento de la clase dominante, es necesario hacerlo, también desde una perspectiva antropológica, que permita entender las formas de relacionamiento entre el Estado y la clase dominada, pues es en este relacionamiento en donde se aplican los distintos mecanismos de control social así como los medios coercitivos de imposición de la hegemonía, tal como la violencia de Estado. Para entender los márgenes de la antropología de Estado son claves la relación entre violencia y las funciones ordenadoras del Estado y el uso de la fuerza. La utilización de la excepción al estado de derecho se enmarca de manera clara en dichos márgenes, pues consiste en la aplicación de la violencia de Estado con un fin directo, que es, en este caso, el mantenimiento del orden, y facilitar la imposición de modelos económicos y del poder, como ser verá más adelante. La hegemonía por su parte, como un proceso de dirección de carácter político y cultural de una clase sobre las subordinadas, permitirá mediante el consenso y la coerción la permanencia del sistema productivo garantizado, tanto desde un plano ideológico –consenso– como por el uso de la violencia –coerción–. En palabras de Néstor Kohan: “A través de la hegemonía un grupo social colectivo (nacional o internacional) logra generalizar su propia cultura y sus valores para otros, permitiéndole, de esa manera, ejercer un poder sobre otros.”3

2 3

Antonio Gramsci, Cuadernos de la Cárcel, Tomo I, Cuaderno 1; Tomo V, Segunda Edición (México: Universidad Autónoma de Puebla, 1999), pág. 188 y 37, respectivamente. Néstor Kohan. Antonio Gramsci, Vidas Rebeldes, Segunda Edición (Colombia: Ocean Sur, 2006) pág. 11.

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Actualmente, el nuevo modelo de desarrollo, basado ante todo en los principios de liberalización financiera, liberalización del comercio internacional, eliminación de las barreras a las inversiones extranjeras, privatización de las empresas públicas, la desregulación de los mercados y la protección de la propiedad privada, dictadas por el consenso de Washington, se ha caracterizado por ser extractivista y exportador, en una economía globalizada. Estos nuevos ejes, están definidos por la agroexportación y la extracción exacerbada de los recursos naturales, significando la acumulación desmedida de la tierra y un uso descontrolado del territorio por parte de una clase ideológicamente dominante, dueña del capital privado que además ha logrado ubicarse en las principales esferas del poder, disponiendo así de los principales aparatos ideológicos y represivos del Estado que posibilitan los dos principales mecanismos de imposición de su hegemonía: el consenso y la coerción. Esta imposición del nuevo modelo de desarrollo, a partir de la instalación de megaproyectos principalmente, da cuenta que la ideología de esta clase dominante mantiene una perspectiva colonialista, no sólo por el mismo hecho de ser impositiva, sino porque se fundamentan en elementos homogeneizadores, etnocentristas y de dominación. Evidentemente, en el modelo neoliberal y referente a los mecanismos de imposición, ambas premisas de la hegemonía juegan un papel preponderante, sin embargo, ante la conflictividad social que provoca el despojo del territorio para la instalación de megaproyectos, la coerción y la violencia ejercida por las fuerzas armadas del país –ejército, policía nacional civil y distintos grupos de carácter paramilitar– ha sido la coerción el principal instrumento para amedrentar a las comunidades, legítimas dueñas de los territorios. Así el Estado se convierte en el principal instrumento mediante el cual el nuevo modelo de acumulación se impone, tanto desde el consenso como de la coerción. Para su efectividad, tanto el Estado como las clases política y económicamente dominantes se han apropiado del concepto de orden público, aplicándolo según su conveniencia. A partir del mismo criminalizan a las poblaciones que se oponen al orden establecido.

Orden Público y Militarización “Entre lo legal y lo ilegal”: Estados de Excepción en el Siglo XXI en Guatemala El orden público como status responde a lo que se ha entendido como cultura hegemónica, prevaleciendo sobre él los principios de una clase que se ha conformado a partir de su tradición histórica y sus convicciones éticas más arraigadas, tales como el racismo, el control y la dominación. 130

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Relacionado a los casos recientes, el Estado, al momento de la excepción, defiende por medio de sus aparatos jurídicos como represivos un orden público que es también hegemónico, en el que no caben lógicas distintas a las ideológicamente instauradas. Cuando algún hecho o una sucesión de hechos, rompa con ese orden hegemónico, o con ese status establecido dentro del sistema socioeconómico, el Estado hará uso de la excepcionalidad, de lo que se conoce en sociedades democráticas como Estado de Derecho. El uso excesivo de la excepcionalidad puede derivar no sólo en la arbitrariedad del poder sino transformarse en una práctica permanente de gobierno, tal como sucedió durante las dictaduras militares del siglo XX en Guatemala. Para el caso guatemalteco debe prestarse importante atención en que el orden público como tal, no es definido por ninguna de las leyes que hacen referencia a él tales como la Ley de Orden Público y la Constitución de la República. Aunque ambas delimitan las formas en las que el Estado puede controlar a la población según el estado de excepción que se aplique, no se define lo que éste entiende por orden público. La Ley de Orden Público que se encuentra vigente corresponde al Decreto 7-1965 de la Asamblea Nacional Constituyente del mismo año y reformada por el Congreso de la República del 13 de noviembre de 1970. A pesar que en su artículo número 16 la Constitución reconoce la validez jurídica únicamente de los decretos-ley emanados del Gobierno de la República a partir del 23 de marzo de 1982, la Ley de Orden Público no fue vetada ni modificada por ningún ente legislador. Así mismo, como parte de los Acuerdos de Paz firmados en 1996, además de la reducción del ejército, se plantea la emisión de una nueva Ley de Orden Público, en concordancia con los principios democráticos planteados en dichos acuerdos. Desde ese momento, se sancionó cualquier tipo de exceso en su aplicación, así como la transgresión de la vigencia de los derechos humanos. La vigencia de esta ley ha sido desde entonces una herencia autoritaria de las dictaduras militares, asambleas constituyentes y congresos que respondieron a las mismas; y aún sigue siendo utilizada por el Estado como un instrumento de control social, altamente efectivo para mantener el orden socioeconómico ahora instaurado. Este se basa en la acumulación de capital a partir de la explotación y extracción voraz de los recursos. De esta forma, la Ley de Orden Público ha permitido al Estado transitar entre mecanismos “legales e ilegales” para controlar a la población, recurriendo a prácticas semejantes 131

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a las empleadas durante los estados de sitio del siglo XX, facilitando, a partir de la militarización de los territorios, el despojo no sólo de la tierra sino de las identidades que se mantienen al margen de la cultura hegemónica. En este sentido, tanto los mecanismos de control y de despojo que forman parte de la cultura dominante no pueden entenderse sin su relación con la inferiorización racista de los pueblos dueños del territorio –principalmente de los pueblos indígenas y campesinos– que a partir de la conflictividad que surge de la imposición extractiva, cargan a los actores sociales de caracterizaciones que permiten justificar la violencia y el control. Así el Estado no sólo violenta simbólicamente a la población homogenizándola y deslegitimando su identidad cultural y política, sino la violenta políticamente cuando controla su organización desde distintos mecanismos. Particularmente desde el 2008, el Estado ha direccionado el uso de su fuerza a la defensa de los bienes materiales y del capital privado y transnacional que opera en las áreas de conflictividad. Esto indica además una tendencia marcada a la criminalización de largos procesos de resistencia para el mantenimiento de sus identidades políticas, sociales y culturales y, por ende, de sus territorios. Ante esto, no resulta casual que los estados de excepción decretados entre el 2008 y 2014 coincidan con territorios con este tipo de conflictividad. Como un reflejo de la falta de políticas que caben dentro de la seguridad civil así como de planes de inclusión y respeto a los pueblos, en esa temporalidad fueron decretados dieciséis estados de excepción. Entre estos, diez fueron declarados estados de prevención, dos de ellos estados de alarma, y cuatro estados de sitio, –sin tomar en cuenta los estados de calamidad– la mayoría de ellos con prórrogas que superaron los dos meses de decreto. Estos estados de excepción han llevado en su implementación, mecanismos altamente represivos, que dentro de la validez del estado de derecho no serían posibles, presentándose tanto en los momentos álgidos de violencia que han servido para justificar su imposición, así como durante su decreto. Mecanismos como las amenazas de muerte, las violaciones sexuales, la tortura, la persecución y el secuestro, el desalojo violento, las ejecuciones extrajudiciales, el hostigamiento, el desplazamiento forzoso, las masacres, la desaparición forzada, los bombardeos, los allanamientos y detenciones ilegales, siguen siendo utilizados por las fuerzas, tanto del Estado como privadas para controlar a la población que resiste. Si bien ninguno de los mecanismos anteriores son legales, muchas de estas violaciones a derechos humanos se han dado en el marco de los decretos de estado de excepción, 132

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sin que la medida de control recaiga sobre los perpetradores de dichos mecanismos sino principalmente sobre la población víctima, pues en gran parte de los casos son las fuerzas del Estado mismo las principales reproductoras de la violencia. Por otro lado, es necesario mencionar que alrededor de los decretos de estado de excepción existen además, altos índices de corrupción que se dan principalmente en los estados de calamidad. Estos índices también abarcan los demás casos, con costos excesivamente altos. Ejemplo de ello fue el Estado de Sitio en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, en el 2012, que alcanzó un monto de Q53 millones 302 mil 200, para el cual el entonces portavoz del ejército, Rony Urízar, justificó que durante un estado de sitio, el mantenimiento de un efectivo del ejército en el territorio en el que se implementa el Estado “invierte” Q15 mil mensuales. 4 A continuación se realiza un esbozo general de los estados de excepción que han tenido relación con conflictividades en defensa del territorio. Es necesario mencionar que si bien estas medidas son el principal mecanismo legal para controlar y reprimir a las poblaciones en resistencia, existen otros mecanismos –ya mencionados– como los desalojos violentos, las capturas y el apresamiento de líderes comunitarios y las ejecuciones arbitrarias5 que transitan entre lo legal y lo ilegal, pero que se ubican fuera de los estados de excepción. De esta cuenta desde el 2008 existe un proceso tendiente a la remilitarización, visible en un aumento significativo de efectivos del ejército, y en una presencia generalizada de militares en todo el país, tanto en el espacio público, como ocupando funciones administrativas del Estado. Esta característica alcanza al gobierno actual, a pesar de no haber sido decretado ningún estado de excepción a la fecha. En el 2008 durante el gobierno de Álvaro Colom fueron implementados tres estados de prevención entre mayo y octubre del mismo año. El primero de ellos, – No. 01-2008– se decretó para todo el país, con una duración de 15 días, por motivo del paro de transporte que se dio a partir de la orden municipal que restringe el paso de vehículos pesados en horas específicas de la mañana y tarde por la ciudad capital, con el fin de reducir el tránsito vehicular. Si bien este decreto no tuvo relación con conflictividades en torno al territorio es necesario mencionarlo pues a partir de este el gobierno enviaba un claro mensaje de intolerancia a la oposición, así como de represión a las distintas luchas populares, en el cual

4 5

G. Contreras, A. Rojas y M. Castillo, Q53 millones costó el estado de sitio,(Guatemala: Prensa Libre 2013) Pág. 2. Es necesario mencionar en relación a la masacre de Alaska que si bien cualquier ejecución arbitraria es eminentemente ilegal ya sea en estado de derecho o bajo estado de excepción, fue justificada como “defensa propia” bajo una lógica de discriminación y criminalización de las víctimas y los demás manifestantes.

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primaría la excepción antes de priorizar medidas menos drásticas y más inclusivas para la resolución de conflictos. Seguido de este, en junio del mismo año, mediante Decreto No. 3-2008 se instaura un estado de prevención en el municipio de San Juan Sacatepéquez, el cual beneficiaría la imposición de una planta cementera de la empresa Cementos Progreso y que afectaría como mínimo a 12 comunidades. Además de la ocupación militar que presupone un estado de prevención, las características de los operativos fueron muy semejantes a aquellas empleadas en el siglo XX. En ellos, además de imponer los intereses privados a los de la población comunitaria, se recurrió a viejas prácticas de terror para controlar la resistencia expresada desde el 2007 en la consulta comunitaria. Se observó una progresiva tensión que se daba principalmente por el irrespeto a la lucha legítima de las comunidades kaqchikeles y por las innumerables violaciones a derechos humanos ejercidas por efectivos de la Policía Nacional Civil y el Ejército, las cuales fueron claras provocaciones para desatar hechos violentos con apariencia de delincuencia común. Ante la creciente tensión fue decretado el estado de prevención ya mencionado, el cual en lugar de corresponder a los intereses comunitarios, provocó múltiples capturas de líderes y agudizó el conflicto. Contrario a los requerimientos de desmilitarización que exigieron no sólo las comunidades de San Juan Sacatepéquez, sino distintas y numerosas organizaciones de derechos humanos, el estado de prevención continuó su curso y movilizó al área un aproximado de 2 mil efectivos del ejército y la PNC. Así se registraron denuncias de violaciones a la integridad, amenazas y constantes intimidaciones, violaciones sexuales a dos mujeres, recaudación de información de los líderes comunitarios en los establecimientos educativos a los cuales asistían los hijos de estos, supuestamente cometidos por parte de ejército. Además de esto, y a pesar del rechazo a la militarización por parte de la población, en el 2012 bajo el gobierno de Otto Pérez Molina, fue inaugurada la Segunda Brigada de Policía Militar “General de división Héctor Alejandro Gramajo Morales”. Así mismo, mediante Decreto 06-2014, fue impuesto un nuevo estado de prevención con más de 15 días de duración en el que también se registraron graves violaciones a los derechos humanos, incluida la violencia sexual hacia las mujeres por parte de efectivos del ejército. Posterior al estado de prevención descrito, en octubre de 2008 se emitió el Decreto 07-2008 con el cual se dictaba una vez más un estado de prevención en el municipio de Coatepeque, Quetzaltenango. Este tuvo siete prórrogas, prolongándose hasta el mes de 134

Agua, Tierra y Territorio

marzo de 2009. De esta forma se realizaron continuos desalojos, igualmente violentos, en los que resultaron decenas de personas heridas, intoxicadas, dos personas fallecidas y múltiples capturas. Aunque no tuviera relación con prácticas sobre el territorio, igualmente representó una muestra de los usos de prácticas represivas de las que el gobierno dispuso. Durante el 2009 fueron decretados dos nuevos estados de prevención. A tan solo días de haber culminado el estado de prevención en Coatepeque, fue emitido el Decreto 05-2009 que dictaba estado de excepción para el departamento de Huehuetenango. Este se dio como medida para controlar el disgusto de la población por el mal manejo de los desechos sólidos, lo cual estaba causando enfermedades en comunidades vecinas al terreno que la municipalidad estaba utilizando como vertedero. Posteriormente, en el mes de diciembre se decretó –No. 14-2009– un estado de prevención en el departamento de San Marcos, el cual se prolongó tras numerosas prórrogas, y un nuevo Decreto –No. 13-2010– hasta el mes de mayo de 2010. La conflictividad en San Marcos, a partir de la cual se justificó el estado de prevención, se dio a partir de que varias comunidades se vieran afectadas por importantes alzas al precio de la energía, así como por cortes de la misma, por la empresa transnacional y española Unión Fenosa. Al igual que en otras ocasiones el estado de prevención se llevó a cabo bajo un clima de criminalización de las poblaciones afectadas y de defensa de los intereses de la empresa privada. Esto se vio reflejado en el asesinato de ocho líderes comunitarios desde que se iniciaron las manifestaciones para exigir la expulsión de dicha empresa multinacional. Cuatro de los asesinatos se registraron en marzo de 2010 y tres más aún bajo la vigencia del Estado de Prevención. Tras la culminación del estado de prevención en San Marcos, en diciembre de 2011 fue decretado bajo el Decreto –No. 23-2013– el estado de sitio en el departamento de Alta Verapaz, el cual se prolongaría hasta febrero de 2011. Este estado de excepción fue el segundo de su tipo decretado desde la firma de los Acuerdos de Paz.6 Bajo la justificación del narcotráfico y por hechos violentos suscitados por el grupo denominado “Los Zetas” se desarrolló el estado de sitio en Alta Verapaz, sin embargo el mínimo de capturas realizadas durante los operativos que fueron parte de él, denotaron la falta

6

El primero de ellos fue decretado en el 2001 por el gobierno de Alfonso Portillo en el departamento de Totonicapán, ampliamente criticado por no corresponder a las necesidades reales y su larga duración –el mismo contó con una prórroga de 30 días más, además de los 30 que por decreto se instauran– fue decretado ante la conflictividad que se desarrolló a partir del alza del impuesto al valor agregado al 12%, en la que se dieron hechos violentos.

135

Revista Territorios XI

de un proceso de investigación y organización que justificaran la medida implementada. Igualmente, se reportaron –según informó la Comisión Interinstitucional contra la Violencia Sexual contra la Mujer– en enero del 2010, 30 violaciones sexuales a estudiantes en 17 municipios del departamento, pese al aparente control ejercido por las fuerzas armadas. Tras una masacre de 27 campesinos en el departamento de Petén, en mayo de 2011 fue decretado estado de sitio durante 30 días, el cual tuvo dos prórrogas de 30 días cada una. La masacre fue atribuida a grupos narcotraficantes en la región. El estado de sitio fue sustituido por dos estados de alarma consecutivos –Decretos 07-2011 y 12-2011. Con la prórroga del primer decreto, sumaron 90 días a la excepción del estado de derecho iniciado en mayo del mismo año. A partir de la restricción de los derechos constitucionales, al igual que en otras ocasiones, la militarización del territorio no implicó la reducción significativa de hechos violentos e implicó un ambiente de tenso control sobre la población. A diferencia del gobierno de Álvaro Colom, que utilizó los estados de excepción para militarizar los espacios y controlar a la población, durante los primeros dos años de gobierno, Otto Pérez Molina implementó dos estados de sitio y un estado de prevención para sustituir la primera medida. La finalidad de esto fue la protección de los intereses privados de empresas transnacionales y controlar a las comunidades que se encontraban en resistencia a la imposición de proyectos extractivos. De esta forma y durante el primer año de gobierno, en mayo de 2012, Otto Pérez hace uso de la Ley de Orden Público para decretar estado de sitio en el municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango. Dicha ley se instaura mediante el Decreto 001-2012, el cual a su vez fue ratificado por el Congreso de la República mediante el Decreto 11-2012. Esto ocurrió tras la la imposición del proyecto hidroeléctrico Q’amb’alam I y II de la empresa privada Hidro Santa Cruz –que desde el 2008 había realizado compras de tierra en diversos casos mediante coacción o amenazas, ocasionando una alta conflictividad en la zona: el día previo a la emisión del estado de sitio este conflicto había causado la muerte del campesino y líder comunitario Andrés Francisco Miguel por impacto de bala, y había dejado heridos a dos campesinos más, quienes se oponían a la construcción de dicho proyecto. La muerte de los líderes fue causada por dos guardias de seguridad privada de la empresa: Ricardo Arturo García López y Óscar Armando Ortiz Solares, quienes no fueron capturados sino hasta ya finalizado el estado de sitio, denotando el trasfondo de la medida. Es necesario mencionar que el destacamento militar había sido impuesto desde el 2009 como parte del “plan de seguridad” del gobierno de turno bajo la justificación de ser un 136

Agua, Tierra y Territorio

municipio con altos índices de conflictividad. Además del impacto que tuvo el apresamiento político de comunitarios y de las graves irregularidades que se dieron durante el proceso jurídico de las capturas7, la utilización del terror como mecanismo de control social por parte del Estado se hizo visible en hechos que acompañaron al estado de sitio. Posterior al estado de sitio descrito, el 01 de mayo de 2013 fue emitido el Decreto 06-2013 por el Organismo Ejecutivo, el cual pretendía establecer un estado de sitio para los municipios de Jalapa y Mataquescuintla, del departamento de Jalapa y San Rafael Las Flores, así como para el municipio de Casillas del departamento de Santa Rosa. Desde el inicio de la implementación de la medida, se presentaron múltiples ilegalidades, tales como no ser conocido por el Congreso de la República, así como el haber iniciado la militarización y los operativos de control a pesar de ello. El estado de sitio fue sustituido por el Ejecutivo por un estado de Prevención, mediante Decreto 08-2013. Al igual que en Santa Cruz Barillas, el estado de sitio de Jalapa y Santa Rosa afectó a comunidades indígenas, principalmente xincas, que se oponen a la instauración del proyecto minero El Escobal, de la empresa minera San Rafael. La conflictividad causada por la imposición de dicho proyecto ha contenido, como en casos anteriores, hechos violentos, producto de severas provocaciones, amenazas e intimidaciones que se dieron previo al estado de sitio, y que continuaron tras su levantamiento. En los hechos violentos se han visto involucrados miembros de la seguridad privada de la mina que funcionan como grupos paramilitares de control. Por último en septiembre de 2014 fue instaurado el ya mencionado estado de prevención en el municipio de San Juan Sacatepéquez, Guatemala, bajo la justificación de un hecho violento relacionado a la delincuencia común. Sin embargo, las comunidades en resistencia del municipio denunciaron represión e intimidación por parte de las fuerzas armadas como el objetivo principal detrás del estado de prevención. El abuso de la excepción, de otras formas de militarización, y el excesivo uso de las prácticas represivas, corresponden así a un plan estratégico, que a partir de su operatividad concuerda directamente con las necesidades del capital dominante. Los estados de excepción que fueron descritos de manera general impactaron de forma sustancial a las poblaciones que se han definido en resistencia, pues trasgreden no sólo las formas de organización que surgen alrededor de una conflictividad específica, sino en la mayoría de casos, a las formas identitarias que se vinculan a procesos históricos de resistencia política y cultural.

7

Ver: El Observador, Santa Cruz Barillas Criminalización y presos políticos. Pág. 48.

137

Revista Territorios XI

Reflexiones finales Alrededor de la tierra, territorio y de los recursos que de él emanan, se han establecido lógicas de dominación hegemónica y resistencia que se desarrollan más allá del orden establecido. Las prácticas de control que surgen desde lo dominante –Estado y clase– además de estar cargadas de un alto contenido ideológico que disminuye los planteamientos políticos de los pueblos sobre los que se imponen, están caracterizadas también por un uso excesivo de la violencia, del miedo y de la represión. Para su aplicabilidad el Estado ha recurrido a mecanismos de control social que caben en una noción de orden público, y que se movilizan entre lo “legal” y lo “ilegal” a fin de restar fuerza a los procesos anti-hegemónicos y anti-neoliberales. De esta forma mecanismos como la criminalización de los actores sociales, que se da principalmente en momentos de gélida violencia, permiten justificar la utilización de los estados de excepción, diseñados desde el carácter contrainsurgente del Estado del siglo XX, para militarizar, controlar y reprimir cualquier tipo de oposición a lo que se imponga. Los estados de excepción deben entenderse más allá del decreto mismo y de la duración que supone, según el tipo que este sea. Al contrario deben ser observadas las razones que llevan a su imposición, y las consecuencias inmediatas y posteriores a ser utilizados. Las conflictividades que determinan la aplicación de los estados de sitio, alarma y prevención llegan a altos niveles de “desestabilización social”, principalmente por la utilización de recursos de hostigamiento y provocación. Estas pueden ir desde amenazas anónimas a secuestros y asesinatos de líderes comunitarios, recursos previos a la imposición de un estado de excepción. Al aplicar la Ley de Orden Público, de manera inmediata presupone la militarización de un territorio que, con las características del país, afecta de manera directa las subjetividades que son producto de la memoria histórica. Esto implica también un rompimiento de los procesos de relacionamiento social, no solo de la vida cotidiana, sino también de las formas organizativas. Si bien el presente artículo esboza de manera general y descriptiva los estados de excepción que se dieron entre 2008 y 2014 como parte de un proceso de remilitarización, es necesario mencionar que la profundización en cada caso, puede revelar de manera más específica la articulación de las lógicas de dominación, despojo y explotación que existen en los territorios disputados. Estas son emprendidas principalmente desde el Estado en su fase de acumulación extractivista. Además de esto, cada caso específico denota también las formas de resistencia que se dan, no sólo como producto del despojo, sino que atraviesan planos identitarios –políti138

Agua, Tierra y Territorio

cos y culturales– y que se desarrollan como principal reflejo de la interacción subjetiva que existe entre los pueblos y la tierra. La misma se entiende como un conjunto de relaciones simbólicas que va más allá de ser un recurso únicamente material para el enriquecimiento y el poder; estas relaciones en la mayoría de los casos responden a siglos de conformación histórica.

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Decreto 08-2013. Diario de Centroamérica, Guatemala, 10 de Mayo de 2013.

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Decreto 06-2014. Diario de Centroamérica, Guatemala, 21 de Septiembre de 2014

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Iniciativa de Ley de Agua en Guatemala y su discusión Por Leocadio Juracán

Foto: Ricard Busquets. Marcha por el Agua, 2016.

Iniciativa de Ley de Agua en Guatemala y su discusión Por Leocadio Juracán1

Resumen El agua constituye un elemento importante para la vida de la humanidad por ende cualquier discusión en relación a una normativa debe contemplar el respeto al derecho humano al agua, a la consulta a Pueblos Indígenas sobre el uso del territorio y los recursos naturales, mitigar los impactos del cambio climático, y la seguridad y soberanía alimentarias.

Introducción El agua es literalmente un elemento vital. Considerada así para las personas en términos de sobrevivencia, para las comunidades en términos de su subsistencia y su cultura, y para la sociedad en términos económicos, sociales, políticos y de relaciones internacionales. El acceso y uso es además un derecho humano, reconocido como tal por las Naciones Unidas desde el 2010. En la Cosmovisión Maya, cuya población es mayoritaria en Guatemala, el agua constituye un elemento básico de la vida, y por lo tanto es tan sagrado como la vida misma. En el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo (WWDR, 2009) de su Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos (WWAP), predice que en 1

Diputado al Congreso de la República de Guatemala por la bancada Convergencia CPO CRD; Vicepresidente de la Comisión de Recursos Hídricos del Congreso de la República de Guatemala. Promotor de la gestión de tierras en diferentes puntos del país, para la implementación de sistemas agroalimentarios que contribuyen al desarrollo rural integral de los Pueblos. Fundador y ex- coordinador del Comité Campesino del Altiplano –CCDA–.

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Revista Territorios XI

los próximos veinte años la cantidad de agua disponible para todos disminuirá al 30%. En efecto, el 40% de la población mundial tiene insuficiente agua potable para la higiene básica. Más de 2,2 millones de personas murieron en el 2000 a consecuencia de enfermedades transmitidas por el agua (relacionadas con el consumo de agua contaminada) o sequías. En el 2004 la organización sin ánimo de lucro WaterAid, informó que cada 15 segundos un niño muere a causa de enfermedades relacionadas con el agua que pueden ser prevenidas y que usualmente se deben a la falta de un sistema de tratamientos de aguas residuales.2

Contexto Guatemala actualmente vive una convulsión social causada por la no resolución de temas estructurales que nos llevó por 36 años de Conflicto Armado Interno. A 20 años de la firma de los Acuerdos de Paz, estos debían convertirse en una agenda de nación, pero no han sido cumplidos por parte de los Gobiernos que se han sucedido en el ejercicio de la administración pública, generando mayor inestabilidad política, económica y social. La crisis ha ido profundizándose porque cada día los problemas son más grandes, los niveles de pobreza3 y pobreza extrema van en aumento, tal y como lo demuestran los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida –ENCOVI–: de un 51.2% en el 2006, la pobreza ha pasado a un 59.3% en el 2014, asimismo que un 23.4% de personas viven en extrema pobreza con un impacto mayor en el área rural. La migración ha roto los límites entre lo urbano y lo rural, con lo cual la necesidad de mayores servicios básicos se hace elemental en la vida, comercio y sobrevivencia de los habitantes del país. Desde 1985, año en el que fue aprobada la Constitución Política de la República, muchos de sus artículos se han incumplido, entre ellos el 127 del Régimen de Aguas. Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce, se otorgan en la forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social. Una Ley específica regulará esta materia.4 Este es uno de los tantos artículos que se han dejado de cumplir por parte del Estado de Guatemala, lo cual ha ocasionado que la conflictividad social haya ido en aumento. La reducción de los caudales hídricos en el país, la concentración de este recurso por parte de la industria y la agroindustria en detrimento de las mayorías ha sido una constante en el país, al igual que la alta contaminación por 2

Comisión Extraordinaria de Recursos Hídricos, Congreso de la República de Guatemala, Borrador Iniciativa de Ley General de Aguas, 2016. 3 https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2016/02/03/bWC7f6t7aSbEI4wmuExoNR0oScpSHKyB.pdf 4 Constitución Política de la República de Guatemala.

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parte de las poblaciones a partir de la baja inversión por parte de las municipalidades en servicios de agua, saneamiento y ordenamiento territorial. Hasta el momento no se ha aprobado y sancionado una Ley que ordene y norme el uso, reúso y aprovechamiento del agua, los derechos de aguas, protección de las aguas públicas, medidas de conservación, extinción de derechos, infracciones, sanciones específicas y vertidos. Se puede afirmar, que no hay una ley que cree un ente rector del agua, encargado de estructurar la institucionalidad para gobernar los recursos hídricos de cuencas y regiones hidrográficas de las tres vertientes guatemaltecas. Desde 1991 se han contabilizado más de 20 anteproyectos de iniciativa de Ley de Aguas en el país; ninguno de ellos ha prosperado. La mayoría ha recibido dictamen favorable por las diferentes comisiones al Congreso de la República a las que han sido remitidas por el Pleno de Diputados al Congreso de la República de Guatemala. Algunos otros anteproyectos se han socializado, pero sin haber sido conocidos por el Congreso de la República. Es de esa cuenta que en los archivos de Dirección Legislativa se encuentra el siguiente registro: Tabla 1 Iniciativas de ley registradas en el Congreso a partir de 1991 No.

Fecha

Registro

Denominación

1.

29-08-1991

677

Ley de Aguas

2.

28-11-1992

993

Ley de Aguas

3.

12-01-1993

1001

Ley de Aguas

4.

24-09-1996

1621

Ley de Aguas

5.

15-05-2003

2865

Ley de Aguas

6.

26-01-2005

3118

Ley de Aguas

7.

13-04-2005

3228

Ley que declara el Día del Agua

8.

01-02-2006

3418

Ley que pone bajo la rectoría del MARN a las diferentes autoridades a cargo de cuerpos de agua

9.

08-10-2006

3337

Ley de Protección de Cuencas Hidrográficas de Guatemala

10.

26-09-2007

3702

Ley para el Aprovechamiento y Manejo Sostenible de los Recursos Hídricos

11.

22-05-2008

3797

Ley para el tratamiento de descargas y reúso de aguas residuales

12.

14-05-2008

3815

Ley que pone bajo la rectoría del MARN a las diferentes autoridades a cargo de cuerpos de agua

13.

17-06-2008

3820

Ley para la Autoridad del Río Motagua y afluentes

Fuente: Iniciativa de Ley Marco del Agua 5070

145

Revista Territorios XI

1. Problemática hídrica en Guatemala Actualmente la búsqueda por parte de empresas nacionales y transnacionales de explotar los recursos naturales, la expansión de la agroindustria, así como la reconcentración de la tierra, han causado una alta conflictividad que va ligada estructuralmente a los recursos hídricos, caracterizada de la siguiente manera:

a) Criminalización Contra Defensores de Derechos Humanos La conflictividad social que se vive en el territorio nacional y en el mundo entero por la defensa de los recursos naturales y el respeto por los derechos colectivos, es sumamente preocupante. El tema del agua a nivel mundial se debe priorizar, pues este vital líquido es un derecho humano, pero se está agotando. Se deben crear mecanismos viables para que se respete el agua. Los megaproyectos están acabando con los recursos naturales de los pueblos en su intención de hacerles creer que esto es “desarrollo” para sus comunidades empobrecidas. Hay una fuerte ola de criminalización contra defensores del agua, la vida y el territorio en Guatemala, y es muy grave que se llegue hasta su encarcelamiento y asesinato por la búsqueda del respeto a sus derechos. La situación en el norte de Huehuetenango, específicamente en los municipios de Barillas, San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia, es un reflejo de la precaria calidad de Estado. El gobierno históricamente ha poseído, violado y violentado a todas luces los derechos de los Pueblos Indígenas, establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, los cuales están reconocidos mediante tratados y convenios internacionales, ratificados por el Estado de Guatemala. De febrero 2015 a julio 2016, siete eran los defensores de derechos humanos y de los recursos naturales del norte de Huehuetenango que se encontraban privados de su libertad en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18 de Guatemala. Es importante mencionar el emblemático proceso penal contra Saúl Méndez y Rogelio Velázquez, autoridades comunitarias de Barillas, el cual duró más de tres años en Huehuetenango. En ambos casos fueron absueltos. Veo con mucha preocupación que se utilice el Sistema de Justicia de Guatemala para criminalizar las acciones de defensa de los territorios, ya que se violan todos los derechos 146

Agua, Tierra y Territorio

de las poblaciones indígenas, lo cual refleja el incremento de la criminalización hacia defensores de derechos humanos. No podemos olvidar que la criminalización ha sido una táctica, que se ha generalizado en los últimos años en América Latina, para callar las diversas voces de protesta social frente a los modelos socioeconómicos y políticos impuestos por los gobiernos. Lo anterior tiende a agravarse frente a la imposición de megaproyectos5, sin consentimiento previo y sin participación de la población local.

b) Desvío de ríos A partir de la liberación del río Madre Vieja se ha posicionado la demanda histórica por parte de los Pueblos y comunidades de tener acceso a servicios de agua y saneamiento, así como también la creciente conflictividad social causada por desvíos de ríos implementados por parte de empresas, sobre todo agroindustriales. Las mismas han violentado el derecho humano al agua de muchas de las comunidades que se han quedado sin acceso al vital líquido, y expuestas a la contaminación ambiental. En este momento, a partir de las múltiples denuncias de las comunidades, se han presentado más de 50 denuncias ante el Ministerio Público por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN– en contra de empresas agroindustriales, esperando que el ente investigador realice una investigación imparcial que esclarezca estos hechos que han vulnerado los derechos humanos de las poblaciones.

c) Contaminación ambiental y de fuentes de agua El Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente –IARNA– de la Universidad Rafael Landívar indica que el 24.73% de los hogares rurales no posee servicio de agua potable. Asimismo, señala que la cobertura de servicio en el ámbito nacional es del 75.27%, pero que solo el 58.16% es en el área rural. Lo preocupante es que la cobertura rural anteriormente era de 64.14% y la cobertura nacional era de 78.65%. Los recursos hídricos guatemaltecos se encuentran contaminados en un 97%, además del hacinamiento y de la congestión urbana que anticipa una racionalización de todos los servicios: agua, electricidad, transporte. De los 223 centros urbanos de más de dos 5

Informe sobre las visitas realizadas por el diputado Leocadio Juracán Salomé, de la Banca Convergencia CPOCRD, al Centro de Detenciones de Huehuetenango y Centro Preventivo para Hombres de la zona 18. Autora: Cesia Juárez, Guatemala, 18 de Julio 2016.

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Revista Territorios XI

mil habitantes con sistemas de drenaje, solo 24 aplican alguna clase de tratamiento a sus aguas residuales, el resto la descarga directamente a los ríos. Varias organizaciones sociales señalaban que el 62% de la extracción de agua era realizada por las industrias manufactureras, en tanto que el sector agrícola de monocultivos extraía el 27%, siendo únicamente el 3% para el consumo en hogares. Señalaban que incluso esa agua domiciliar no siempre era potable, sino simplemente entubada. Si bien es cierto, que la tasa de servicios públicos en los hogares guatemaltecos es de 70, se evidencian las grandes brechas entre departamentos como Sacatepéquez (88), Guatemala (83), Chimaltenango (78), Alta Verapaz (42), Petén (43) y Santa Rosa (56). Se estima que un incremento en la cobertura de sistemas adecuados de agua en un 10 % en áreas urbanas podría disminuir la probabilidad de desnutrición infantil en un 8.2 % y, de igual manera, reducir la incidencia en la muerte materna de 153 a 116 fallecimientos por cada 100 mil niños nacidos vivos. Mapas: Toda la problemática ha causado una reducción en los caudales de agua como se demuestra en los mapas siguientes:

Fuente: INSIVUMEH.

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Agua, Tierra y Territorio

La necesidad de resolver la problemática del recurso hídrico ha llevado a buscar un consenso nacional para darle solución. Algunas posturas van desde la creación de una normatividad que promueva el derecho humano al agua y otras que dicen que no debe haber una ley que norme el uso y reúso de este importante recurso para la vida de la población.

2. Procesos de discusión y consensos del agua Las legislaturas actual y anterior, han enfrentado, como no sucedía hace aproximadamente 20 años, una severa crisis institucional de credibilidad y desgaste ante la opinión de la ciudadanía; la primera por la inacción legislativa del 2015, derivada de la emisión de pocas leyes y las prolongadas interpelaciones a ministros. Esta octava legislatura asumió el pasado 14 de enero del 2016 con 84 diputados y diputadas electos por primera vez, y con 74 diputados y diputadas reelectas. Con esto se abre una nueva oportunidad para el Congreso de la República, una de las instituciones más desprestigiadas en el país y contra la que hay una gran diversidad de señalamientos. Respuestas fueron las movilizaciones de abril del 2016 a raíz de los actos de corrupción, que han sumido al país en una crisis institucional con los casos de la Línea, TCQ , Cooptación del Estado, Negociantes de la Salud, y La Coperacha. Los mencionados casos tienen ligados a procesos judiciales a varios ex funcionarios del país, incluyendo al ex binomio presidencial. Todo esto ha abierto mayores niveles de movilización en el país. Esto abre una oportunidad para tener una agenda de país, en donde prive el bien común a través de la creación de instrumentos jurídicos y el fortalecimiento de la institucionalidad, destinados a velar por la promoción y el respeto a los derechos humanos de la población. Desde diferentes espacios de concertación social, colectivos y comisiones han iniciado diferentes procesos de discusión, acerca de cómo promover el respeto al derecho humano al agua, tanto en la normatividad como en el reconocimiento de la problemática.

2.1 Lanzamiento de discusión Iniciativa de Ley de Aguas por parte de la Comisión Extraordinaria de Recursos Hídricos Desde la integración de la comisión de recursos hídricos se iniciaron varias discusiones y reflexiones sobre la problemática del agua en el país. En los historiales de años anteriores no se encontraban antecedentes de haber siquiera abordado alguna vez este tema a lo interno de dicha comisión. Por el contrario, la actual comisión se encuentra en la discusión 149

Revista Territorios XI

y formulación de un anteproyecto de Iniciativa de Ley de Aguas. Para eso se ha generado una hoja de ruta diseñada de tal forma que permita la participación social, tanto de los pueblos, como también de los sectores económicos, políticos y del movimiento social en la construcción, discusión, validación y consensos de la misma. La finalidad de esta amplia participación es aportar en la resolución de la problemática socioambiental en el país, pero sobre todo el respeto al derecho humano al agua. El tema de discusión de iniciativa de ley de agua no ha pasado desapercibido para las bancadas del Congreso de la República, ni para los partidos políticos con representatividad en el país, quienes han ingresado una serie de iniciativas de Ley, vistas como de oportunismo político y sin mayores contenidos que resuelvan la problemática. Sin embargo, las mismas deben reafirmar un compromiso. Tabla 2 Iniciativas ingresadas en el 2016

No.

Fecha de Ingreso

Registro en Dirección Legislativa Congreso de la República

Principales Características

Bancadas o Diputados Ponentes

1.

12 de abril

Iniciativa de Ley número 5058. Ley para la penalización del desvío del cauce de ríos.

Dispone hacer reformas al Código Penal Movimiento para tipificar como delito el desvío de ríos Reformador-MRy penalizar con cinco a ocho años de cárcel y multas de 1 millón a 1 millón y medio de quetzales.

2.

28 de abril

Iniciativa de Ley número 5067. Ley de Aguas y Recursos Hídricos

Crear una Comisión Estatal del Agua Unidad del (CEA), la cual sería la autoridad nacional Cambio Nacional del agua, descentralizada, personalidad jurí- –UCN– dica, patrimonio propio y competencia para administrar las aguas de dominio público. Así mismo, resolverá administrativamente infracciones a la Ley de Aguas y Recursos Hídricos. Reconoce el derecho de acción pública ante la CEA o ante el Ministerio Público cuando cualquier usuario del agua considere lesionado sus derechos. Reconoce “la adquisición del derecho de aprovechamiento de aguas públicas conforme al derecho de los pueblos indígenas o tribales y según su derecho consuetudinario, adquiridos conforme a sus normas y prácticas sociales ancestrales. Continúa…

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Agua, Tierra y Territorio

No.

Fecha de Ingreso

Registro en Dirección Legislativa Congreso de la República

Principales Características

Bancadas o Diputados Ponentes Bancadas: Convergencia CPO-CRD Winaq URNG-Maíz A petición del colectivo Agua, Vida y Territorios.

3.

4 de mayo 2016

Iniciativa de Ley número 5070. Ley Marco del Agua.

Crea una Autoridad Nacional del Agua, Reconoce por primera vez en Guatemala el derecho humano al agua; norma una cantidad mínima vital entre 50 y 100 metros cúbicos de agua diaria por persona, la cual será gratuita en el servicio de agua domiciliar; reconoce la acción pública para defender el ejercicio del derecho humano al agua.

4.

2 junio 2016

Iniciativa de Ley 5091. Ley de Moratoria Minera e Hidroeléctrica

Con esta iniciativa se pretende decretar Bancada una moratoria de 5 años para proyectos Convergencia mineros e hidroeléctricos en el país. CPO-CRD

5.

15 de junio Iniciativa de Ley 5095. 2016 Ley General de Aguas

Esta Iniciativa no crea ninguna Autoridad del agua y solamente se circunscribe a reconocer los derechos por uso y aprovechamiento del agua, los cuales serían inscritos en el Registro de la Propiedad Inmueble de Guatemala y Quetzaltenango. Las infracciones a la Ley General de Aguas las resolvería administrativamente el MARN y serían amonestación, cesación definitiva de los derechos de uso y goce hasta subsanar la falta, revocatoria de concesiones, multa.

Bancada Unidad Nacional de la Esperanza –UNE–

6.

20 de junio Iniciativa de Ley 5098. 2016 Ley de Concentración de Autoridades Sobre Lagos, Lagunas y Ríos y Sus Cuencas.

Esta Iniciativa reconoce la vigencia de las autoridades de cuencas de los lagos de Izabal, Amatitlán, Atitlán, Petén Itzá y Río Dulce y faculta al MARN a crear más autoridades de cuencas de lagos y ríos, según considere necesario. Así mismo, crea un Consejo Consultivo en apoyo a las Autoridades de Cuenca arriba indicadas y las que cree el MARN.

Diputados: Rudy Castañeda UCN Raúl Romero FUERZA Aníbal Estuardo Rojas VIVA

7

28 de julio Iniciativa de Ley 2016 5122. Ley del Fondo de Regalías de Hidroeléctricas para el Desarrollo Comunitario.

Crea un Fondo de Regalías de Hidroeléctricas para el Desarrollo Comunitario –FORHIDECO–, cuyos ingresos se destinarán al desarrollo departamental, municipal y comunitario en las circunscripciones de las áreas de influencia de las actividades de los proyectos hidroeléctricos en funcionamiento y los futuros. Continúa…

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No.

Fecha de Ingreso

Registro en Dirección Legislativa Congreso de la República

Principales Características

Bancadas o Diputados Ponentes

Alianza La distribución de los fondos será así: 15% para las comunidades del área de in- Ciudadana fluencia de las hidroeléctricas. 15% para los municipios en donde se asienten físicamente las hidroeléctricas. 30% para los municipios del departamento donde se asienten físicamente las hidroeléctricas. 40% para el Estado de Guatemala. No crea nuevos delitos diferentes a los ya existentes en el Código Penal.

.

Fuente: Elaboración propia con datos de congreso.gob.gt

2.2 Marcha por el Agua

“La Marcha constata las consecuencias de la imposición de megaproyectos y la mercantilización de los territorios y bienes de las comunidades: se reciben denuncias por robo, desvío y apropiación privada del agua, con graves efectos en sequía, calor extremo, alteración de los ciclos de las cosechas, contaminación, falta de alimentos, enfermedades.” 6

La Marcha por el Agua, la Vida y el Territorio en sus dos vertientes, la de la costa sur, que inició el 11 de abril en Tecún Umán, y la de la vertiente norte, que inicio el 14 de abril en el municipio de Purulhá, Alta Verapaz, abrieron una oportunidad de discutir la problemática del recurso hídrico en el país. La misma afecta sobre todo a las poblaciones del área rural por la deforestación, y el escaso acceso a este servicio. La Marcha buscó hacer una conexión entre el área rural y el área urbana, dado el desabastecimiento de este servicio en estas áreas. Asimismo buscó posicionar los abusos que han realizado empresas extractivas, empresas generadoras de energía eléctrica, así como las empresas agroindustriales. En el recorrido de la Marcha, se contabilizaron más de 150 ríos desviados y contaminados por diferentes razones, entre ellas, el poco interés de la inversión para la construcción de plantas de tratamiento de aguas negras por parte de las municipalidades. 6 https://memorialguatemala.blogspot.com/2016/05/la-marcha-por-el-agua-y-la-coyuntura.html

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Agua, Tierra y Territorio

Se hicieron múltiples denuncias de desvío de ríos, y de esa cuenta se conformó a lo interno del Congreso de la República una Comisión Interparlamentaria en Seguimiento a las Demandas por el Agua, mediante la cual se han realizado múltiples verificaciones de las denuncias presentadas conjuntamente con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN–.

3. Diálogo Nacional por el Agua Actualmente está iniciando un proceso de articulación con la perspectiva de que los guatemaltecos y guatemaltecas, sin exclusiones, arribemos a un acuerdo nacional sobre el recurso hídrico, que se pueda ir traduciendo en una Política Nacional del Agua. La misma deberá ir encaminada al rescate y a la administración democrática de los acuíferos del país, contando con programas consensuados y recursos suficientes para su concreción. En su momento se tomó en consideración la crisis político-institucional, así como la falta de liderazgo por muchas instituciones. Para convocar a estos diálogos se proponía a la Universidad de San Carlos de Guatemala –USAC– a través del Rector, al Organismo Ejecutivo a través del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN–, al Organismo Legislativo a través de la Comisión Extraordinaria de Recursos Hídricos y a la Asamblea Social y Popular –ASP– como un núcleo promotor. La idea ha sido abrir este proceso de diálogo posteriormente a todos los demás sectores sociales, sin exclusión de ningún sector. En la convocatoria a este diálogo se han sumado la Alianza Evangélica, la Iglesia Católica y el Procurador de Derechos Humanos como convocantes y garantes de la transparencia de la discusión. Se han llevado discusiones en todos los departamentos del país, en los Centros Universitarios de la USAC con la participación de la sociedad civil, sector empresarial, estudiantes, juventudes, mujeres, campesinos y campesinas; comunidades y Pueblos.

4. Retos •

Alcanzar consenso entre todos los sectores y Pueblos acerca de la necesidad de discutir y aprobar una normativa que garantice el acceso al derecho humano al agua para todos y todas.

•

Definir una agenda socioambiental que visibilice y trate la problemática de los daños a la madre tierra. 153

Revista Territorios XI

•

El Organismo Legislativo deberá asumir su papel de garante al respeto a los derechos humanos de la población en el momento de aprobar una Ley de Aguas, que sea de beneficio para las mayorías y no únicamente para favorecer a los sectores económicos pudientes del país, tal y como ha sucedido durante los últimos años.

•

Detener la criminalización en contra de líderes y lideresas defensoras de la vida, el agua y los territorios. La liberación de 7 líderes del norte de Huehuetenango demostró que se debe desmontar la estructura que ha servido para judicializar las luchas y resistencias pacíficas de los Pueblos.

•

Discutir el modelo económico imperante es necesario y urgente para poder resolver la problemática que se ha ido profundizando en el país.

5. Bibliografía 1. Comisión Extraordinaria de Recursos Hídricos, Congreso de la República de Guatemala. 2. https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2016/02/03/bWC7f6t7aSbEI4wmuExoNR0oScpSHKyB.pdf 3. Constitución Política de la República de Guatemala. 4. Informe sobre las visitas realizadas por el diputado Leocadio Juracán Salomé, de la Bancada Convergencia CPO-CRD, al Centro de Detenciones de Huehuetenango y Centro Preventivo para Hombres de la zona 18. Autor: Cesia Juárez, Guatemala, 18 de Julio 2016. 5. https://memorialguatemala.blogspot.com/2016/05/la-marcha-por-el-agua-y-lacoyuntura.html

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Veredictos del Tribunal Latinoamericano del Agua

Foto: Katja Winkler. Río Mopán, Petén, Guatemala, 2016.

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1. Tribunal Latinoamericano del Agua: Veredictos 1.1 VIII Audiencia Pública TLA – Casos sobre Controversias Hídricas en El Salvador, Nicaragua y Guatemala; San Salvador– 04- 08 de abril 2016 Caso: Monocultivo de caña de azúcar y su impacto en las fuentes de agua en Guatemala VIII Audiencia Pública TLA – Casos sobre Controversias Hídricas en El Salvador, Nicaragua y Guatemala

San Salvador– 04- 08 de abril 2016

Caso: Monocultivo de caña de azúcar y su impacto en las fuentes de agua en Guatemala Actor del contradictorio: Más de 180 comunidades de 17 municipios de los departamentos de Suchitepéquez y Retalhuleu, de la Costa Sur Occidente (Pacífico) de Guatemala. En oposición a: Estado de Guatemala, a través de la Procuraduría General de la Nación, al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, al Ministerio de Salud MSPAS, al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, al Instituto Nacional de Bosque, al Concejo Nacional de Áreas Protegidas, la Secretaria de Seguridad Alimentaria, y a la Fiscalía de Delitos contra el Medio Ambiente del Ministerio Público de Guatemala. Objeto del Contradictorio: - Omisión en garantizar los derechos a la vida, a la salud, a la alimentación, a un medio ambiente saludable y al agua y el saneamiento, al realizar actos de gobierno que impulsan, permiten o no impiden un modelo de desarrollo agro-industrial basado en el monocultivo y el procesamiento de la caña de azúcar y sus derivados que afecta negativamente estos derechos, los ecosistemas y los modos de vida tradicionales.

HECHOS 1. Guatemala es un país multiétnico, multilingüe, pluricultural, que al tener cerca de 16 millones de habitantes, es el más poblado de Centroamérica. Algunos estudios académicos afirman que el 61% de la población son indígenas, y que el 47 % de la población indígena subsiste en condiciones de extrema pobreza. En las áreas rurales la pobreza se concentra aún más. Los indígenas de Guatemala, además, han sido sujetos a varios actos de genocidio en su historia reciente. Todo lo anterior hace altamente vulnerable a esta población. y obliga al resto del mundo a conferirles protección especial, incluyendo el de carácter precautorio. 2. El cultivo de la caña de azúcar en Guatemala ha tenido una acelerada expansión en los últimos años, sobre todo en la Planicie Costera del Pacífico. Dicha expansión ocurre a través de la facilitación de inversión de capital transnacional con fines agro-extractivos. El azúcar es el producto de mayor generación de divisas, y representa alrededor del 3% del PIB nacional. La producción agrícola cañera demanda grandes cantidades de agua.

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3. Suchitepéquez y Retalhuleu son departamentos de la República de Guatemala, situados en la región sur occidental del país. Con una población cercana a 750,000 habitantes, se caracterizan por sus terrenos planos o ligeramente ondulados, surcados por numerosos ríos que descienden de Norte a Sur desde la Sierra Madre hasta el Pacífico. En esos departamentos se desarrollan intensa actividad de producción de caña de azúcar con impactos en las poblaciones de dichos departamentos. 4. De acuerdo con los denunciantes, en esos departamentos se hace uso excesivo de las aguas de los ríos, lo que incluye su desvío y represamiento. Por ejemplo, el río Bolas tiene 11 represas y está seco en su tramo inferior, y lo mismo ocurre con los ríos Español y Nahualate, y con otros diez ríos de Retalhuleu. Los denunciantes presentaron pruebas preliminares de que estas prácticas provocan: secamiento de pozos y reducción general del acceso al agua en la vida cotidiana, proliferación de enfermedades, afectaciones a los huertos y plantaciones frutales familiares y parcelas de producción agrícola tradicional, pérdidas de biodiversidad y afectación a los productos de la caza y pesca tradicional.

5. La actividad cañera tiene otros impactos sobre el ciclo hídrico, los cuerpos de agua, los ecosistemas y el ambiente, al provocar: deforestación de las riberas de los ríos y fincas, erosión, secamiento de humedales, contaminación ambiental de las fuentes de agua con aceites y desechos orgánicos y químicos (incluyendo un fertilizante orgánico compuesto de desechos de la caña, de heces humanas y animales, denominado “vinaza”) y contaminación del aire y las viviendas por fumigaciones aéreas. Los denunciantes aportaron evidencia abundante y creíble de que esta contaminación causa daños a la salud, y en el caso de las fumigaciones, posibles daños respecto a la seguridad alimentaria. 6. Como un ejemplo de las gestiones realizadas por las comunidades para resolver esta situación, tenemos el caso en que la Asociación Civil única de Consejos y Líderes Comunitarios de San Antonio Suchitepéquez denunciaron el día 22 de marzo de 2013, ante la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Departamental de Desarrollo del departamento de Suchitepéquez, a un ingenio por la contaminación que durante años ha provocado con la quema de cañaverales, la fumigación de madurantes, la contaminación de agua de los pozos y la proliferación de moscas por el riego de cachaza y la “vinaza”.

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7. El Estado de Guatemala incluye en su estructura fundamental varios organismos responsables de tutelar y gestionar los derechos demandados. La parte denunciante aportó numerosas pruebas de que las violaciones son posibles debido a la existencia de vacíos y omisiones en las normas, y por fallas en la acción ejecutiva por indefinición de atribuciones mandatadas por la Constitución y las leyes vigentes, o la falta de asignación de recursos públicos para tal efecto. Por ejemplo, en el Oficio 79-2014-SG-AP de fecha 23 de junio de 2014, en respuesta al Oficio MI-609-2014/MMMK-jycr de fecha 26 de junio de 2014, en el que se solicita informe acerca de las acciones implementadas para el tratamiento del vertido de residuos de Vinaza en ríos, riachuelos y esteros que afectan a las comunidades de Escuintla, Santa Rosa, Mazatenango, Retalhuleu, Coatepeque y San Marcos, se establece que la autoridad ambiental no cuenta con personal que pueda realizar monitoreos permanentes o para realizar estudios de la calidad del agua de los ríos. Además, no se llevan a cabo acciones de tratamiento a los vertidos, pues si bien las empresas deben cumplir con el Estudio de Impacto Ambiental y sus compromisos, estos no son monitoreados por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 8. Frente a los hechos expuestos, este Tribunal, el 09 de octubre 2015, realizó una audiencia de instrucción, emitiendo algunas medidas cautelares. 9. La Procuradora General de Nación envió contestación de la demanda, en la que expone sustancialmente lo siguiente: “En atención a lo establecido en el Manual de Procedimientos del Tribunal Latinoamericano del Agua, en el primer párrafo del apartado Agotamiento de las Vías Locales, se establece: El Tribunal Latinoamericano del Agua recomienda como regala procesal y principio de política ambiental el agotamiento de las vías administrativas, acciones legales y procedimientos judiciales existentes en cada país. En aplicaciones de dicho principio, las personas, entidades o colectividades comprometidas en acciones ambientales por la defensa del agua deberán identificar los mecanismos y vías existentes en su respectivo país para garantizar el ejercicio de sus derechos ambientales …” “El Estado de Guatemala considera que en virtud de todo lo expuesto, ha quedado claramente evidenciado que los asuntos objeto de la solicitud de los peticionarios, se encuentran pendientes de resolución en el sistema judicial guatemalteco, por que el Tribunal Latinoamericano del Agua declare SIN LUGAR LA DEMANDA.”

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CONSIDERANDO QUE: 1. El Tribunal Latinoamericano del Agua se adhiere a la jurisprudencia internacional en el reconocimiento universal del Derecho Humano al Agua en adecuada cantidad y calidad, como un derecho humano fundamental, cuyo ejercicio pleno debe ser protegido por los Estados (III Audiencia TLA, Ciudad de México 2006); 2. La ausencia de un plan de gestión para el manejo integral de las cuencas de la región Costa Sur Oeste de Guatemala impide que los recursos como suelos y aguas puedan ser aprovechados de manera equitativa por sus habitantes (V Audiencia TLA, Antigua Guatemala 2008); 3. El Estado de Derecho se fundamenta en respetar y promover la dignidad humana y de todas y cada una de las personas bajo su jurisdicción (V Audiencia TLA, Antigua Guatemala 2008); 4. El agua en la cosmogonía indígena como elemento preponderante, de naturaleza holística, trasciende preconcepciones materiales y utilitarias que prevalecen en los medios productivos sobre la misma. Por tanto, debe ser evaluada en los conflictos como elemento fundamental de la identidad de los pueblos indígenas ( V Audiencia, Antigua Guatemala, 2008); 5. Como derecho social, el derecho al agua no debe ser ejercido en perjuicio de los que estén más próximos a la fuente de litigio (IV Audiencia, Guadalajara, 2007); 6. La Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 64/292 (2010) reconoce el Derecho Humano al Agua y el Saneamiento; 7. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su Artículo 29 establece que: 1. “Los pueblos indígenas tiene derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin discriminación alguna. 2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre previo e informado. 3. Los Estados también adoptarán medidas eficaces para garantizar, según sea necesario que se apliquen debidamente programas de control, mantenimiento y restablecimiento de la salud de los pueblos indígenas

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afectados por esos materiales, programas que serán elaborados y ejecutados por esos pueblos”; 8. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en el Artículo 22 que: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.”, y en su Artículo 28: “Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”; 9. El artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales incluye un derecho a estar protegido contra el Hambre, y establece que los Estados Partes adoptaran individualmente mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesiten para: a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios, de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales; 10. La Constitución Política de la República de Guatemala establece que: Artículo 2º, “Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”; Artículo 3, “El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona”; Artículo 97, “El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico; Artículo 127, “Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles por la ley, de acuerdo con el interés social. Una ley específica regulará esta materia”. Artículo 128, “El aprovechamiento de las aguas de los lagos y de los ríos, para fines agrícolas, agropecuarios, turísticos o de cualquier otra naturaleza, que contribuya al desarrollo de la economía nacional, está al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna, pero los usuarios están obligados a reforestar las riberas y los cauces correspondientes, así como a facilitar las vías de acceso”;

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11. La Ley de Protección y Mejoramiento del Ambiente establece que el Estado propiciará el desarrollo social, económico, científico y tecnológico que prevenga la contaminación del medio ambiente y mantenga el equilibrio ecológico, y velará porque la planificación del desarrollo nacional sea compatible con la necesidad de proteger, conservar y mejorar el medio ambiente, de tal manera que el suelo, subsuelo y límites de aguas nacionales no podrán servir de reservorio de desperdicios contaminados del medio ambiente o radioactivos. Además, ejercerá control para que el aprovechamiento y uso de las aguas no cause deterioro ambiental.

12. Los demandantes han presentado, a juicio de este Tribunal y de su cuerpo interdisciplinario de asesores, evidencia científica creíble de la posibilidad verosímil de un daño desproporcionado provocado por la producción de caña de azúcar en los departamentos de Suchitepéquez y Retalhuleu de Guatemala —en la salud, la seguridad alimentaria, el medioambiente y el abastecimiento de agua de los pueblos indígenas— debido principalmente al desvío y represamiento del agua de los ríos, a la deforestación de las riberas de los mismos y de las fincas, a la quema de cañaverales, a la fumigación de madurantes, a la contaminación ambiental de las fuentes de agua con aceites y desechos orgánicos químicos, y a las fumigaciones aéreas. 13. Dicha evidencia establece las condiciones necesarias y suficientes para invocar el Principio Precautorio (Principio 15 Declaración de Río) y establecer la obligación del Estado de Guatemala de cumplir con sus imperativos. 14. Este Tribunal considera que el Estado de Guatemala no ha actuado en un plazo razonable frente al peligro inminente de riesgo que la actividad de monocultivo extensivo de la caña de azúcar implica para la vida de las comunidades y de los ecosistemas afectados. Dicho peligro exige un actuar diligente y precautorio, por lo que este Tribunal declara acepta la denuncia incoada. En vista de los hechos y consideraciones que anteceden, el Jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua

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RESUELVE: RESPONSABILIZAR: al Estado de Guatemala por los actos de intimidación, amenaza y criminalización de la protesta social así como de toda represión contra las personas líderes, defensores y defensoras de los derechos humanos y en particular del derecho humano al agua. Por la omisión de informar y consultar a las comunidades, por las afectaciones a las áreas naturales protegidas y su biodiversidad, por propiciar el desplazamiento de comunidades enteras, por las afectaciones al derecho de los pueblos indígenas y la falta a la debida diligencia por no aplicar los principios de precaución y prevención establecidos tanto en o la normativa nacional como internacional.

RECOMENDAR: 1. Al Estado de Guatemala, con base en el Principio Precautorio (Principio 15 Declaración de Río), establezca una moratoria general para todas las actividades relacionadas al monocultivo extensivo de caña. 1. Al Estado de Guatemala, que establezca, con los recursos necesarios y suficientes, un procedimiento precautorio de decisión pública, consistente en: a. Establecer una Mesa Técnica para la protección de los bienes naturales de la costa sur de Guatemala, asegurando la participación de todos los sectores involucrados, respetando las decisiones y consensos tomados para el fin. b. Realizar una evaluación interdisciplinaria independiente sobre la explotación y sustentabilidad actual de los bienes hídricos, así como su impacto en los ecosistemas y en los derechos al agua, salud y alimentación de las comunidades afectadas y nuevas alternativas de explotación agrícola, cuyo impacto sea aceptable bajo los estándares establecidos por las normas nacionales e internacionales. 2. Que las autoridades públicas garanticen el pleno ejercicio del derecho a la libre expresión, manifestación y reunión, y se abstengan de cometer e impidan toda intimidación y criminalización de la protesta social, así como de toda represión contra las personas líderes, defensores y

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defensoras de los derechos humanos y en particular del derecho humano al agua, por parte del Estado o de los particulares interesados. 3. Que las autoridades públicas garanticen el pleno acceso a la información pública. 4. Al Congreso de la República de Guatemala, que priorice la ratificación de la reforma constitucional que reconoce el derecho humano al agua y la aprobación de una ley general que garantice una gestión pública, la cobertura universal y la consulta ciudadana. 5. Que se fortalezca a la Fiscalía de Delitos contra el Medio Ambiente del Ministerio Público, y se le otorguen los medios adecuados para ejercer de forma adecuada su mandato. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO: Este Tribunal adoptará, inmeditamente, medidas de seguimento y monitoreo con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las recomendaciones de este veredicto, en caso no sean acatadas. En el Auditórium del Museo de Antropología David J. Guzmán, y habiéndose realizado las Audiencias de Juzgamiento del Tribunal Latinoamericano del Agua durante la semana del 04 al 08 de abril de 2016, y una vez que han sido ponderadas las declaraciones, pruebas, comunicaciones de las partes, el Jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua profiere su resolución en el caso.

1. Philippe Texier (Francia) Presidente

2. Alexandre Camanho (Brasil) Vicepresidente

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3. Yanira Cortez (El Salvador)

4. Julia Evelyn Martínez (El Salvador)

5. Diego Cotiy (Guatemala)

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1.2 IX Audiencia Pública TLA- Casos sobre Controversias Hídricas en México y Guatemala del 03 al 07 de octubre de 2016 Caso: Expansión del monocultivo de palma africana y su impacto en las fuentes de agua en Guatemala.

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Declaración de los pueblos de Iximulew sobre los derechos a la vida, de la madre tierra, al territorio y el agua

Foto: Ricard Busquets. Marcha por el agua, 2016.

Declaración de los pueblos de Iximulew sobre los derechos a la vida, de la madre tierra, al territorio y el agua I. Introducción Nosotras y nosotros, hijas e hijos de la Madre Tierra, de diversas edades, provenientes de Pueblos Originarios, Comunidades indígenas, Autoridades Ancestrales, Comunidades en Resistencia del campo y las ciudades, Organizaciones, Sectores y Colectivos diversos, todas y todos luchadoras y luchadores por los derechos de la vida, la Madre Tierra, el territorio y el agua; recordando las luchas de nuestros ancestros y ancestras, desde la resistencia a la invasión europea, los levantamientos y rebeliones indígenas de la época colonial e independiente, las luchas contra los distintos gobiernos militares y contra la agresión de los Estados Unidos, las movilizaciones populares por nuestros derechos y la gran rebelión de la guerra popular desarrollada en montañas, campos y ciudades; nos hemos convocado para recuperar la capacidad de declarar y ejercer derechos para el presente y futuro, basados en el principio de que el poder proviene y descansa en el Pueblo. Esta declaración establece lo que consideramos la definición inicial de nuestros derechos en relación a la Vida, de la Madre Tierra, Territorio y Agua, los que serán utilizados como instrumentos de lucha y acumulación de fuerzas. Con esta declaración rendimos homenaje a las comunidades y pueblos originarios, organizaciones y colectivos, mujeres y hombres que participan en las luchas populares, sindicales, de las mujeres, la juventud, de los diversos sectores de la sociedad, en la resistencia al neoliberalismo y en las miles de movilizaciones y protestas por la defensa del territorio 175

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y contra el modelo extractivo, nos dan ejemplo de valentía y compromiso por construir una sociedad libre y justa. Damos este paso porque el Estado no nos representa, no buscan el bien común y han caído en ilegalidades; porque la mayoría de los que están al frente de estos organismos han llegado a sus cargos, no por sus propuestas o su trayectoria al servicio de la sociedad, sino por la corrupción o sus alianzas y subordinación a los que se enriquecen del trabajo del Pueblo. La aprobación de leyes que no benefician al pueblo, por parte de diputados y diputadas de derecha; el que se cambien de un partido a otro; al ponerse al servicio de quienes se han enriquecido a costa de las grandes mayorías; su corrupción y ambición personal; su incapacidad de responder a las demandas de quienes votaron por ellos; así como su responsabilidad en la selección de jueces y cortes corruptos que dan como resultado un sistema judicial que ha hecho de la impunidad e injusticia su norma de funcionamiento, les quita cualquier capacidad para hacer leyes. La mayor parte de la riqueza que se produce en Guatemala, sale de la explotación de seres humanos y la naturaleza y beneficia a los grandes empresarios nacionales y extranjeros, para ellos, la Madre Tierra y los bienes comunes son objetos a los que hay que exprimir, sin importar las consecuencias para el presente y futuro; la imposición de esta forma de producir riqueza, muchas veces es con violencia en contra de comunidades y colectividades. Los efectos sobre el agua, aire, bosques, suelo y la biodiversidad ponen en peligro la continuidad de la Vida para las actuales y futuras generaciones; por eso la profundización de la pobreza, desigualdad y la concentración de la riqueza y poderes en pocas manos, así como la ausencia del respeto a los derechos económicos, sociales y culturales de la mayoría de la población y el peligro que representan esas actividades extractivas, de monocultivo y megaproyectos nos obliga a establecer con claridad, para las presentes y futuras generaciones, cuáles son los derechos relativos a la Vida, la Madre Tierra, el Territorio y el Agua que defendemos e impulsamos. El Pueblo guatemalteco, de diversas identidades y culturas, nunca hemos tenido verdadera y real participación en la definición, elección y ejercicio de poder de alcaldes, diputados, así como los presidentes de los tres poderes del Estado; el sistema de partidos políticos no es el reflejo de la diversidad y composición de la sociedad guatemalteca. Tomando en cuenta que no hay posibilidades de que el sistema político se abra a la plena participación de las y los excluidos, los pueblos originarios, las mujeres y juventud; el desconocimiento e incapacidad de aceptar otras formas de expresar la participación y ejercicio de poder heredadas de la sabiduría de nuestros abuelos y abuelas; así como la falta 176

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de voluntad para cambiar el sistema político y que éste pueda responder a las demandas de la mayoría de la población, nos hace recurrir a uno de los derechos fundamentales que tienen los Pueblos: el derecho a gobernarnos por nosotras y nosotros mismos, consensuar de manera colectiva y ejercer las normas de convivencia entre los seres humanos y de éstos con la Madre Tierra. Nosotras y nosotros nos merecemos un presente y futuro mejor; por el que nuestros héroes y mártires dieron la vida y donde la democracia sea popular, participativa y protagónica para que se ejerza todos los días por mujeres y hombres de distintas edades y con ello construyamos ese futuro mejor que soñamos. Por eso hemos decidido constituirnos en Congreso Plurinacional, Popular y Multisectorial, para aprobar las normas que serán válidas en territorios, comunidades y colectividades, pero que aspiramos a que toda la sociedad los adopte por su carácter de derechos que nos garantizan la vida.

II. Preámbulo Basados en la dignidad y el derecho que tenemos todos los pueblos y en particular los pueblos originarios, así como las mujeres y hombres que constituimos el Pueblo de Guatemala, a decidir nuestro presente y futuro, Afirmando que tenemos el poder de concedernos y ejercer derechos y reconocer los derechos de la Madre Tierra, a la cual pertenecemos desde el inicio de los tiempos. Valorando que los pueblos originarios, las comunidades indígenas y campesinas así como las mujeres, hemos sido garantía y trinchera fundamental para el cuidado y administración para el uso común del agua y los frutos de la Madre Tierra, Reafirmando que el interés común y los distintos derechos individuales y colectivos, así como los de la Madre Tierra, están por encima del capitalismo que prioriza la ganancia, la explotación, el saqueo y la destrucción de las aguas, los territorios y la Madre Tierra, Reconociendo que todos los animales y las plantas, el ser humano, la Madre Tierra y todos los seres tenemos derecho a la vida, por lo cual merecemos respeto, cuidado y armonía, como condición para que construyamos relaciones justas, de equilibrio y en igualdad de condiciones Considerando que los pueblos originarios de Iximulew, buscamos mantener una relación armónica y equilibrada con la Madre Tierra. 177

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Reconociendo que desde la cosmovisión de los pueblos originarios, la Madre Tierra es considerada como Sujeta de Derecho, en tanto ser vivo y dadora de vida, y los seres humanos, familias, comunidades y pueblos debemos asumir, reconocer y respetar, Afirmando que la Madre Tierra se integra por los seres humanos, animales, plantas, minerales, agua, aire y otros elementos que deben de mantener relaciones de equilibrio, respeto y armonía, Definiendo el territorio como un espacio y tiempo vital donde creamos y recreamos nuestra identidad, cultura, economía y cosmovisión para nuestra reproducción y relación con el universo, con la Madre Tierra, con los animales y las plantas, los ríos y lagunas, lagos y mares y entre nosotros como seres humanos, como los conocimientos y lugares sagrados, la diversidad de dones, como los guías espirituales y terapeutas tradicionales; las personas que lo habitan y la memoria histórica, Considerando que el agua es la sangre en las venas de nuestra Madre Tierra sin la cual los seres humanos, animales y plantas estamos condenados a la muerte y desaparición, Destacando que es obligación de todo ser humano ser parte esencial en el cuidado, respeto, uso y preservación de las aguas en cualquiera de sus fuentes y procedencias, así como de accionar para evitar su contaminación, Valorando y reafirmando que las comunidades y los pueblos indígenas, su identidad y valores culturales, sus formas de organización política y de gobierno, han cuidado durante siglos y cuidan los derechos de la Madre Tierra y el buen vivir de nuestros pueblos y comunidades Reconociendo la responsabilidad de Pueblos, comunidades y personas de luchar para garantizar el derecho al agua por sobre cualquier uso productivo y negocio que afecte ese derecho, así como el acceso respetuoso al agua en cantidad y calidad a los seres humanos, familias, comunidades y pueblos, Destacando que en este momento histórico el agua está siendo afectada por el modelo capitalista que la utiliza como mercancía y por la política del Estado que garantiza el enriquecimiento de unos pocos, antes que el derecho al agua que corresponde al ser humano, la Madre Tierra, los animales y plantas, 178

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Convencidos en la necesidad de construir una nueva sociedad basada en principios y valores que deben servir para la relación entre los seres humanos y en nuestra relación con la Madre Tierra. Dando continuidad a nuestros principios y profundizando los derechos reconocidos en los acuerdos de paz, en particular el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, leyes y tratados internacionales. Reafirmando nuestros derechos por sobre cualquier ley, institución, interés contrario al bien común y recuperando las históricas declaraciones que hemos elaborado a lo largo de nuestras luchas, acordamos, proclamamos, y profundizaremos nuestra articulación y fuerza para hacer cumplir la siguiente:

Declaración de los pueblos de Iximulew sobre los derechos a la vida, de la madre tierra, al territorio y el agua Derechos a la vida: Artículo 1. La Madre Tierra, los animales, las plantas, los ríos, lagos y lagunas, bosques, cerros, lugares sagrados así como los seres humanos tenemos derecho a la vida en equilibrio y armonía, que debe ser cuidada, respetada y garantizada por todas y todos. Ninguna empresa o negocio nacional o extranjero, institución o disposición de cualquier autoridad justifica pasar por encima del derecho a la vida. Artículo 2. Todas y todos tenemos derecho al, Buen Vivir, a una vida plena, sin dominación, discriminación o subordinación; a que se nos respete y vivir sin sentirnos con temor o amenazas por acción u omisión de otras personas, grupos, empresas o gobiernos. Artículo 3. Toda persona tiene dignidad y derecho a decidir sobre su cuerpo; a tomar esas decisiones sin ser obligada, presionada o amenazada. A que su cuerpo y su integralidad estén, en forma sostenida, libre de violencia estructural y machista; libre de contaminación por las formas de producción y reproducción en la red de la vida, en la comprensión que en la vida todo está relacionado entre sí. Artículo 4. Todas y todos tenemos derecho a tener las condiciones de salud, educación, vivienda, alimentación, recreación, realización espiritual y servicios básicos que 179

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nos garanticen el desarrollo de la vida. Por ser derechos estas condiciones no pueden ser privatizadas ni objeto de negocio o corrupción. Es obligación del Estado proporcionar estas condiciones y derechos, sin ninguna distinción y con acceso digno, justo, equitativo, en calidad y cantidad suficiente. Artículo 5. Para poder desarrollar nuestras vidas, los seres humanos, mujeres y hombres, familias, comunidades y Pueblos que vivimos en Guatemala tenemos el derecho al territorio, pues es en este espacio, tiempo y relaciones donde concebimos y garantizamos nuestra vida a plenitud, así como la libertad y la seguridad individual y colectiva. Tenemos derecho a no ser objeto de despojo y desplazamiento por la fuerza de nuestro territorio; a que las empresas y gobiernos nos respeten a menos que sea por nuestra propia decisión colectiva y bajo nuestras propias condiciones.

Derechos de la madre tierra Artículo 6. La Madre Tierra tiene derechos que no pueden ser negados o violados. Es responsabilidad de todos los seres humanos, familias, comunidades, pueblos e instituciones respetarlos y garantizarlos. Artículo 7. La Madre Tierra tiene derecho a que se respete su existencia, al cuidado para que se pueda garantizar la reproducción, regeneración y restauración de sus relaciones, semillas criollas, ciclos y procesos vitales en general y en cada uno de sus ecosistemas. Es esencial recuperar y recrear prácticas, conocimientos y saberes ancestrales y formas económicas basadas en buen vivir. Artículo 8. Es responsabilidad de todas y todos, individual y colectivamente, personal e institucionalmente, cuidar y retribuir a la Madre Tierra, mantener sus equilibrios y velar porque nada afecte tan profundamente ese equilibro que ya no se pueda recuperar. Artículo 9. Todos los seres humanos, familias, comunidades y pueblos tenemos la responsabilidad y el derecho de defender a la Madre Tierra cuando esta sea afectada por la acción de agentes privados y por el Estado. Artículo 10. El acceso a los bienes comunes de la Madre Tierra se debe hacer con respeto, sin privatizarlos y cuidando de garantizar ese acceso a las presentes y futuras generaciones, sin romper el equilibrio y la capacidad de recuperación. Este acceso implica la defensa y recuperación de las tierras comunales y de Pueblos Indígenas, en igualdad de condiciones para hombres y mujeres. 180

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Artículo 11. Se prohíbe la deforestación, contaminación por cualquier medio, el uso de transgénicos, químicos o experimentos que alteren el normal funcionamiento de la Madre Tierra. Artículo 12. Los seres humanos pertenecemos a la Madre Tierra, ella no nos pertenece y no puede ser objeto de negocio, concentración en pocas manos o fuente de enriquecimiento que signifique el despojo o apropiación para el beneficio de unos pocos. Artículo 13. Las familias, comunidades y pueblos tenemos el derecho de garantizarnos en el territorio las condiciones esenciales para nuestra vida digna y buen vivir en armonía con la Madre Tierra.

Derechos al territorio Artículo 14. Los Pueblos, comunidades y familias, tenemos derecho a ser parte del territorio de acuerdo a nuestras cosmovisiones y con el objetivo de reproducirnos integral y colectivamente y garantizar el bien común. Artículo 15. Los pueblos originarios maya y xinca tienen derecho a reafirmar su origen y descendencia y sus derechos históricos y ancestrales con relación al agua, la madre tierra, el territorio, otros bienes y la vida. Artículo 16. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a gestionar el territorio y los bienes comunes como el agua, a partir de su identidad, valores culturales y sistemas de normas y justicia, sus formas de organización política y gobierno, los cuales han garantizado su preservación durante siglos. Artículo 17. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a garantizar los derechos a la vida, la madre tierra, el territorio y el agua a través de sus formas de organización política y gobierno, como las alcaldías indígenas, consejos de principales, autoridades ancestrales y otras formas de organización propia, sus decisiones y sistemas de justicia. Artículo 18. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a ser reconocidas y respetadas en sus derechos por las instituciones del Estado en el marco de los principios y definiciones de los Acuerdos de Paz, especialmente del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. 181

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Artículo 19. Los pueblos, las comunidades indígenas y sus autoridades propias tienen derecho a ser informadas y consultadas sobre las medidas administrativas y legislativas del Estado y los proyectos de empresas que afecten sus territorios, bienes naturales y la vida; a decidir de forma autónoma su acuerdo o desacuerdo con las mismas, decisión que deberá ser respetada. Artículo 20. Los seres humanos, las familias, comunidades y pueblos diversos que vivimos en Guatemala, tenemos derecho a relacionarnos y proveernos lo necesario de los bienes comunes del territorio para garantizarnos el bienestar común, sin que esto sea afectado por el interés individual, particular o privado. Tenemos derecho a decidir sobre cualquier actividad, proyecto, programa y política que atente contra el cuidado de nuestros territorios, las energías y los elementos materiales, simbólicos y espirituales del territorio y en contra de quienes ahí habitamos. Tenemos el derecho a garantizarnos en el territorio nuestra economía orientada a crear y desarrollar relaciones del kuchuj, soberanía alimentaria, bienestar común y la preservación de la Madre Tierra como bases de nuestra propia idea de desarrollo. Artículo 21. Tenemos derecho a garantizar una relación de complementariedad solidaria entre los Pueblos y sus territorios diversos, pues sólo de esta manera garantizaremos su protección, reproducción y utilización por los seres humanos, comunidades y pueblos en función del bien común y la preservación de la Madre Tierra. Tenemos responsabilidades de cuidado tanto los que nos ubicamos en la parte de arriba de los cerros, sierras, montañas, volcanes como en la parte de abajo en los valles, manglares, playas, etc. Artículo 22. Los Pueblos de Guatemala, en ejercicio de nuestro derecho a la soberanía y la libre determinación, tenemos derecho a decidir y elaborar nuestras formas de autogobierno y normas para administrar de forma comunitaria nuestros territorios y garantizarnos el bien común de todos los seres humanos, animales, plantas y demás elementos de la Madre Tierra. Artículo 23. Las personas, familias, comunidades, naciones y guías espirituales tenemos derecho a utilizar, administrar y preservar aquellos lugares, espacios y tiempos del territorio, que nos permiten vivir nuestra espiritualidad, religiosidad e identidad cultural, que incluyen centros ceremoniales, lugares sagrados, sitios arqueológicos y lugares históricos. Artículo 24. Las comunidades, pueblos y naciones que convivimos en este país tenemos el derecho a que se nos restituyan nuestros derechos sobre el territorio y los 182

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bienes comunes, especialmente cuando estos hayan sido objeto de robo y despojo, de apropiación ilegal y legal sin nuestro consentimiento. Declaramos nuestros territorios libres de minería y contaminación. Artículo 25. Todas y todos los seres humanos, familias, comunidades y pueblos tenemos el derecho a defender nuestro derecho al territorio, cuerpo, memoria y formas de ver el mundo, de cualquier intento de agresión, despojo, robo, ocupación, militarización e invasión por cualquier Estado, por empresas y personas jurídicas e individuales.

Derecho al agua Artículo 26. El derecho al agua es inseparable del derecho a la vida de la Madre Tierra y las personas, animales y plantas que la habitamos. Este derecho también es un derecho de los seres humanos, familias, comunidades y pueblos. Ninguna empresa, institución, gobierno nacional o municipal ni personas pueden violar este derecho. Artículo 27. Todas y todos los seres humanos, familias, comunidades y pueblos, tenemos derecho al agua, como bien común. Nadie puede despojar y privatizar ninguna fuente de agua y vedar nuestro derecho al consumo en calidad necesaria, suficiente y accesible para nuestra vida digna. En cualquier caso y en función de garantizar este derecho, siempre serán prioritarias las personas y su derecho al consumo, las personas y comunidades que no tienen o tienen acceso insuficiente al agua. Artículo 28. Es un derecho de la Madre Tierra, los animales, las plantas y los seres humanos la preservación de nacimientos, ríos, lagunas, lagos y aguas marinas, que garantice la continuidad de los ciclos vitales en toda la extensión de los ecosistemas, cuencas, micro cuencas y territorios. Los seres humanos, familias, comunidades, pueblos, y el Estado tenemos la obligación de cuidarlos y conservarlos. Este derecho no puede supeditarse o ser anulado por el interés de ninguna empresa. Artículo 29. Todas y todos los seres humanos, familias, comunidades y pueblos tenemos el derecho de acceder libremente al agua, como bien común y sin agotarla, para las actividades productivas o económicas, de tal forma que nos permita satisfacer nuestras necesidades vitales. La prioridad serán las personas y comunidades, y una vez cubiertas estas necesidades, se podrá usar para las actividades productivas familiares, comunitarias y de los pueblos y en último lugar de prioridad, otras actividades productivas. 183

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Artículo 30. Todas y todos los seres humanos, familias, comunidades y pueblos tenemos el derecho a defender nuestro derecho al agua en contra de cualquier actividad, proyecto, programa, política, institución, empresa, gobierno nacional o municipal que tienda a desviar, extraer del subsuelo, robar, despojar, apropiarse y contaminar para fines privados, particulares y de manera irresponsable cualquiera de las fuentes de agua en nuestros territorios y país.

Artículos transitorios Artículo 31. Cualquier comunidad, pueblo, autoridad, organización o colectivo podrá firmar, aceptar y aplicar esta declaración de derechos después de su aprobación. Artículo 32. Es responsabilidad de quienes hemos aprobado esta declaración de derechos de los Pueblos de Iximulew, divulgarla, explicarla, darla a conocer y utilizarla para la defensa de los derechos que con su aprobación nos hemos dado. Esta declaración deberá ser conocida y discutida en las comunidades con el fin de seguir profundizándola. Artículo 33. El Congreso Plurinacional, Popular y Multisectorial finaliza con la aprobación de estos derechos, pero nos comprometemos y convocamos para impulsar un proceso que nos permita la instalación de un Congreso Plurinacional, Popular y Multisectorial permanente que continúe con la elaboración de otras normas y decisiones que como Pueblo Soberano tenemos el derecho de aprobar y decretar.

Iximulew, Oxlajuj Tijax Guatemala, 22 de Abril de 2016 Día Internacional de la Madre Tierra.

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Memorial dirigido a los administradores de los Organismos del Estado de Guatemala: Judicial, Legislativo y Ejecutivo*

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Síntesis de las demandas presentadas a los organismos de Estado por la Asamblea Social y Popular (ASP). CONGCOOP 2016.

Memorial dirigido a los administradores de los Organismos del Estado de Guatemala: Judicial, Legislativo y Ejecutivo Las Organizaciones miembros de la Asamblea Social y Popular, con el respeto debido, nos dirigimos a ustedes, en representación de nuestros miembros y de cientos de miles de personas y comunidades del país, que han sido consultadas al paso de nuestra MARCHA POR EL AGUA que recorrió pueblos, ciudades y comunidades del país, desde el Nororiente y sur de la patria, hasta la ciudad capital. Presentamos a ustedes una síntesis de las penalidades y propuestas expresadas de las poblaciones que se abocaron con mucha expectativa a nuestra marcha. En documentos adjuntos ustedes encontrarán el detalle de los casos concretos. Este memorial resume un conjunto de ideas políticas, de carácter inmediato, que sustentadas en exigencias ciudadanas, deberán ustedes poner en práctica para el bien de la nación y particularmente de la población guatemalteca.

Al Organismo Judicial: 1º. Priorizar a través de la Supervisión de Tribunales la revisión y atención directa por parte de la Honorable Corte Suprema de Justicia, a los procesos penales sustanciados en contra de dirigentes sociales y populares. Estos procesos a nuestro juicio no tienen sustentación real, muchos de ellos están basados en testimonios retorcidos, prestados por personas no idóneas; sin embargo, en base a prueba espuria los Jueces mantienen detenidos a nuestros compañeros –hombres y mujeres– postergando innecesariamente los procesos al suspender audiencias con el único afán de mantener detenidos a los hermanos que son procesados por empresas, que buscan extraer bienes 187

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naturales de nuestros pueblos. En la mayoría de los casos, los jueces niegan medidas sustitutivas a nuestros hermanos, lo cual no es solamente injusto y discriminatorio, sino que viola principios constitucionales y de derechos humanos. 2º Contrario a la situación anterior, no se procede con la misma celeridad y dureza, cuando nosotros hemos iniciado procesos por robo de nuestras aguas –desvío de ríos–, cierre de caminos, contaminación del aire y las aguas, producto de insalubres formas de operación de empresas agroindustriales. Se trata de Magistrados, de delitos flagrantes, sin embargo, la justicia –en estos casos– deja de ser pronta y cumplida. Esta misma situación se presenta cuando guardias –privados– pagados por las empresas nos hostigan y atemorizan, sin que la autoridad judicial atienda con premura nuestros requerimientos. Tampoco se procede en contra de las plantaciones cañeras, de palma aceitera o banano que irrespetan las áreas señaladas por ley que no deben ser cultivadas: vecindades de viviendas o la orilla de los ríos, lo que lógicamente nos expone y expone las fuentes de agua, al impacto nocivo de agrotóxicos y otros desechos producto de las prácticas agroindustriales. 3º En el caso de los desalojos en contra de nosotros los campesinos, las órdenes para tal fin se emiten sin que la mayoría de las veces, los señores jueces, tengan información histórica de la situación de las tierras en litigio, ni siquiera hacen visitas al lugar y operan incluso sobre la base de documentación no lícita que presentan supuestos propietarios. En tal sentido queremos recordar a la Corte Suprema de Justicia su deber, para la instalación y puesta en funcionamiento de los Tribunales Agrarios, esta jurisdicción especializada, será un aporte muy importante para frenar la conflictividad en el campo y evitar la penalización de los litigios agrarios, en donde la parte con menos recursos –nosotros los campesinos– siempre llevamos la peor parte. 4º De manera puntual solicitamos seguimiento, a los recursos de amparo con el fin de garantizar el Derecho Humano al agua que estaremos interponiendo el día de hoy ante los Tribunales competentes.

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Al Organismo Legislativo: 1º Con vista a la gravedad de la situación surgida del desvío de los ríos hacia empresas agroindustriales, la contaminación del aire por la quema de la caña y la fumigación. La contaminación de las aguas por el desfogue de desechos por parte de estas industrias, el secamiento de los pozos de las familias, el irrespeto a las áreas de siembra – estas llegan a menos de diez metros de nuestras viviendas y están colocadas a la orilla de los ríos y otras fuentes de agua. A los Diputados al Congreso de la República les exigimos de forma respetuosa legislar de forma inmediata, en el sentido de reformar el Código Penal, tipificando como delitos y señalando penas drásticas a las nocivas prácticas de los propietarios y representantes legales de las empresas agroindustriales y extractivas en general.

Desvió y contaminación de ríos y toda fuente de agua, cierre de caminos, fumigación temeraria alrededor de fuentes de agua y/o viviendas de familias campesinas, transgredir el límite entre viviendas y fuentes de agua, la construcción de muros en las orillas de los ríos, la instalación de compuertas para determinar el detenimiento o liberación de los caudales, a decisión discrecional de los propietarios de los campos agroindustriales, todas estas actividades, es urgente frenarlas y en tal sentido deben tipificarse estos como delitos flagrantes y realizados de forma continuada en contra de la humanidad. Dentro de los hechos que nos afectan y en los cuales el Congreso debe intervenir a nuestro favor están los efectos nocivos que le programa MOSCAMED, genera en el cultivo de nuestras frutas.

2º Sobre la legislación de uso y aprovechamiento de las aguas, queremos manifestar que al igual que lo han propuesto otros colectivos sociales, esta debe estar basada en principios como los siguientes: a. Reconocer el agua como un derecho humano, intrínseco de los pueblos, quienes deberán gozar sin limitaciones su uso, goce y disfrute, b. La administración de las fuentes de agua debe ser una tarea que corresponda a los pueblos que cuidan de ellas, c. Impedir de forma absoluta la privatización de las fuentes de agua, reconociendo a esta el carácter de bien público ajeno a las motivaciones del mercado, d. Mantener libre el curso de los ríos, el acceso a lagos y lagunas, e. Protección especial a las lagunas comunales y los humedales. f. El derecho de las poblaciones al agua debe ser superior a cualquier interés privado de uso del agua. 189

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3º Dar trámite y redacción final a la iniciativa de ley 4084. Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, iniciativa largamente discutida y documentada, cuyo trámite es ingente en un contexto de hambruna y desnutrición de la población. 4º Por último reiteramos la necesidad de depuración del Sistema Político Nacional, para tal efecto: lamentamos que las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos no llenara las expectativas de la población particularmente en el tema de la paridad entre hombres y mujeres y la participación de los pueblos indígenas. 5º Una reforma total del sistema impositivo, que no solamente permita al Estado agenciarse de fondos, sino que estos sean dirigidos de forma prioritaria al desarrollo rural y se garantice su uso transparente y alejado de toda forma de corrupción. 6º Decretar una amnistía en favor de todos aquellos defensores de los derechos humanos y la naturaleza que han sido condenados por delitos políticos y común conexos. Esto en favor de cientos de familias que sufren ausencia de sus seres queridos, cuya actividad social ha sido criminalizada, mal intencionadamente por abogados de corporaciones empresariales con la connivencia de agentes del sistema de justicia.

Al Organismo Ejecutivo: 1º Tomar medidas urgentes para “liberar” todos los ríos que hasta el momento han sido desviados hacia fundos agroindustriales y aplicar normas y acciones drásticas e inmediatas para frenar la contaminación de las aguas y de nuestras familias por efectos de las fumigaciones y de las plantaciones. Haciendo que las plantaciones se “retiren” a cien metros por lo menos de nuestras viviendas y de las fuentes de agua. 2º Instruir a la Procuraduría General de la Nación para que –por los canales legales pertinentes– inicie de manera inmediata acciones legales en contra de quienes usurpando los derechos de todos los guatemaltecos –hombres y mujeres– y particularmente de los campesinos pobres, se apropian de nuestras agua y provocan además el secamiento de nuestros pozos y nos contaminan con agro tóxicos, madurantes y todo tipo de productos químicos y la quema recurrente de la caña de azúcar. 3º Interponer sus buenos oficios ante las instancias correspondientes, a efecto de lograr la liberación de los presos políticos, en aras de la conciliación nacional. 190

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4º Coadyuvar con la sociedad guatemalteca y particularmente las organizaciones del campo, promoviendo un programa amplio de dinamización de la economía campesina que contemple el acceso a la tierra de las familias de campesinos pobres. 5º Proscribir el uso de la fuerza pública para reprimir la propuesta y la movilización social, elementos sustanciales de la democracia. 6º Por último llamar su atención y exigir atención inmediata a los conflictos agrarios de la zona del Polochic, el bosque las granadillas, Xalapán, Cajolá y El Estor, entre múltiples demandas de tierra campesina. Guatemala, 22.4.16 ASAMBLEA SOCIAL Y POPULAR

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