METAPOLÍTICA
SUMARIO
Vol. 13, núm.66, septiembre/octubre 2009
P O RTA F O L I O
www.metapolítica.com.mx D I R E C T O R G E N E R A L : Ricardo Moreno Botello F U N D A D O R : César Cansino D I R E C T O R E D I T O R I A L : Israel Covarrubias E D I T O R L I T E R A R I O : Hugo Diego J E F E D E R E D A C C I Ó N : Enrique de Jesús Pimentel G E R E N T E G E N E R A L : Alberto Navarrete Zumárraga MESA DE REDACCIÓN Armando González Torres, Edgar Morales, Roberto Sánchez, Ángel Sermeño CONSEJO EDITORIAL José Antonio Aguilar Rivera, Roderic Ai Camp, Alejandro Anaya, Antonio Annino, Israel Arrollo, María Luisa Barcalett Pérez, Miguel Carbonell, Sergio Cortés, José Antonio Crespo, Jaime del Arenal Fenochio, Rafael Estrada Michel, Nestor García Canclini, Juan Sebastián Gatti, Aurora Gómez-Galvarriato Freer, Conrado Hernández López (+), José Lazcarro Toquero, Ismael Ledesma Mateos, María de los Ángeles Mascott Sánchez, Alfio Mastropaolo, Beatriz Meyer, Jean Meyer, Leonardo Morlino, José Luis Orozco, Juan Pablo Pampillo Baliño, Will G. Pansters, Mario Perniola, Ugo Pipitone, Juan Manuel Ramírez Saíz, Gerardo Ramos Brito, Víctor Reynoso, Xavier Rodríguez Ledesma, Antolín Sánchez Cuervo, María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera, Ilán Semo, Enrique Soto Eguíbar, Federico Vázquez Calero, Silvestre Villegas Revueltas, Danilo Zolo COORDINADOR DISEÑO,
DE
D E B AT E S D E L P R E S E N T E Israel Covarrubias
NÚMERO:
8
MIRADAS SOBRE MUROS: LA LENTE DE ELIZABETH CASTRO REGLA
SOCIEDAD ABIERTA 16
NORBERTO BOBBIO: UN REALISTA POLÍTICO por Luis Salazar Carrión
23
LA FILOSOFÍA POLÍTICA DE BOBBIO por Álvaro Aragón
31
GUATEMALA, LA INCERTIDUMBRE DE LA SOCIALDEMOCRACIA por Carlos Figueroa Ibarra
39
EL CONFLICTO DE INTERÉS O EL SURREALISMO SIN POESÍA DE LA VIDA PÚBLICA MEXICANA por Tomoo Terada
47
ENRIQUE SEMO: “MÉXICO ESTÁ EN DECADENCIA, HASTA DEJAMOS DE SER SIMPÁTICOS”, entrevista realizada por Israel Covarrubias y Ricardo Moreno Botello
D E B AT E S Urgencias y desastres. Discutir el Estado en México
COMPOSICIÓN TIPOGRÁFICA Y DIAGRAMACIÓN:
Armando Hatzacorsian VERSIÓN
ELECTRÓNICA:
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EL SEVERO DETERIORO DEL ESTADO MEXICANO por Alberto Aziz Nassif
62
EL ESTADO MEXICANO EN DISOLUCIÓN por Gerardo Ávalos Tenorio
68
LOS ABANDONOS ECONÓMICOS DEL ESTADO MEXICANO por Orlando Delgado Selley
75
¿A QUIÉN Y PARA QUÉ SIRVE LA LEY EN MÉXICO? NOTAS SOBRE EL ESTADO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO por Rafael Estrada Michel
80
UNA CUENTA NEGATIVA: DERECHOS HUMANOS Y CALIDAD DEL ESTADO por Alejandro Anaya Muñoz
84
DE POLICÍAS Y CIUDADANOS. APUNTES SOBRE UN ESTADO SIN LEY por Israel Covarrubias
89
SILENCIOS INTELECTUALES. LA CRÍTICA EN TIEMPOS DE CRISIS por Xavier Rodríguez Ledesma
México.com
METAPOLÍTICA es una publicación bimestral (septiembre-octubre de 2009) editada por Cangato, S. A. de C. V. Editor responsable: José Ricardo Moreno Botello. Número de reserva al titulo en derecho de autor: 04-2008120313370700-102. Número de certificado de licitud de título: 14466. Número de certificado de licitud de contenido: 12039. Domicilio: Campeche 351-101, Col. Hipódromo Condesa, Deleg. Cuauhtémoc, México, 06100, D.F., MÉXICO, tels. (55) 91 50 10 36 y (55) 91 50 10 38, fax: 91 50 10 38. Correo-e:
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DEBATES
Urgencias y desastres DISCUTIR EL ESTADO MEXICANO
Contrario al deseo democrático que muchos imaginaron y por el cual también muchos trabajaron, en la actualidad nuestro país vive en una situación preocupante. En particular, cuando en la vida diaria observamos una sucesión de imágenes y hechos que tienen su soporte en los fenómenos de la violencia, la desorganización social y económica, la irresponsabilidad política y la desconexión entre las aspiraciones de los ciudadanos y la poca sensibilidad de nuestra clase dirigente para cubrirlas de modo decente. Lo que es evidente en el México actual es la creciente zozobra y desconfianza de numerosos sectores sociales hacia sus representantes, hacia las instituciones y, particularmente, hacia el Estado. Hay una pregunta clara que recorre la discusión que aquí se propone: ¿qué le pasó al Estado mexicano? Sobre todo en el intento de responder a la situación de crisis que él mismo ha generado y que lo ha llevado a una estrepitosa caída. Por consiguiente, nos encontramos frente al dilema de saber cuál dirección tomará el Estado mexicano en los próximos meses, incluso en los próximos años, con relación a la precaria regulación del conflicto social. De igual modo, pareciera que estamos obligados a insistir sobre la necesidad y la urgencia de edificar una nueva agenda pública de discusión y de acción política para reactivar la polvosa y olvidada relación entre sociedad y Estado. De este modo, el objetivo que hemos intentado desarrollar es una sugerencia clara: necesitamos construir los nuevos lugares de un proyecto donde estatalidad y sociedad vuelvan a tejerse y produzcan un eje central del desarrollo mexicano. Ésta es nuestra apuesta. ¿Será posible en el tiempo más inmediato?
EL SEVERO
deterioro
DEL ESTADO MEXICANO Alberto Aziz Nassif*
E
n este texto me propongo hacer una breve revisión de algunos temas claves para entender las herencias y desafíos del Estado mexicano en estos tiempos complejos. De forma muy puntual haré prácticamente una enumeración de los problemas que están en la agenda de discusión, o que deberían estar: los impactos de la globalización y los efectos de la crisis económica; los temas de la agenda bilateral con Estados Unidos, migración, drogas, comercio; la política de seguridad pública y la “guerra” contra el narco que ha emprendido el gobierno federal; la discusión sobre las debilidades y fallas del Estado; las modificaciones que han tenido los poderes, sobre todo, la relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo; la indefensión de la ciudadanía y los graves huecos en la impartición de justicia; el escenario que dejaron las elecciones intermedias; y los posibles escenarios de la reforma. Hace cinco años, Jorge Alonso y un servidor coordinamos un balance colectivo elaborado por más de cuarenta especialistas sobre el Estado en México. El eje de ese estudio fue encontrar la dinámica entre cambios y herencias (Aziz Nassif y Alonso Sánchez, 2005). La idea es que todos los temas que trataremos ya presentaban problemas; sin embargo, consideramos que se han deteriorado más. Las principales conclusiones de aquel estudio nos mostraban un panorama complicado, pero en los últimos años prácticamente todas las variables *Investigador del CIESAS, México, D.F. METAPOLÍTICA
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han empeorado, por eso se puede considerar que ha habido un severo deterioro del Estado mexicano, como veremos a continuación. 1) La fuerte transformación que ha tenido el Estado mexicano en las últimas décadas obedece a su inserción en una dinámica de economía global, que ha transformado el perfil de las políticas públicas y ha modificado de forma importante su capacidad para tomar decisiones con autonomía. Sin duda, cada vez es más cierto que los controles estatales se han perdido y ahora una buena cantidad de decisiones de política pública están fuertemente determinadas por dinámicas que no dependen de la voluntad interna. “Gran parte del poder requerido para actuar con eficacia, del que disponía el Estado moderno, ahora se está desplazando al políticamente incontrolable espacio global” (Bauman, 2008, p. 8). A pesar de todo, el espacio del Estado-nación, que frecuentemente se considera que ha tenido una enorme reducción, o incluso que ha sido superado, es un factor que afecta de manera directa la vida de millones de mexicanos. Si bien hace unos años se consideraba que la dinámica del modelo neoliberal (ajuste estructural y economía de exportación) había generado resultados positivos en términos de estabilidad macroeconómica y cierta previsibilidad, no se puede dejar de lado que la economía en México no ha crecido lo suficiente para incorporar al empleo formal a los millones de mexicanos que están en la parte informal o, simplemente, que están excluidos del mercado y del bienestar.
EL SEVERO DETERIORO DEL ESTADO MEXICANO | DEBATES Con la crisis económica actual estas variables se han modificado de forma estructural. Sus impactos destruyeron el discurso tranquilizador del gobierno federal y llevaron al país a una situación muy complicada. Desde el inicio de 2009 se pudo prever que dentro de las primeras consecuencias llegaría menos inversión extranjera directa y habría menor consumo; bajarían las remesas y el turismo. Todo ello sucedió, pero agravado. Unos meses después se pudo comprobar que la actual crisis económica le ha pegado a México en su línea de flotación. Sin haber sido la fuente de esta grave descompostura internacional, ha sido uno de los países donde los efectos han sido más severos: se registra una caída del producto en el primer trimestre de 2009 de 8.2 por ciento; la producción industrial del primer semestre tuvo una contracción de 10.7 por ciento, la más fuerte desde 1983 (INEGI, citado en Reforma, 12/08/2009). El desempleo también ha tenido una baja considerable y el resultado ha sido un crecimiento de la informalidad, la precariedad laboral y el deterioro de las condiciones de vida para millones de mexicanos. A finales de 2008 era previsible un crecimiento inminente de la pobreza. A mitad del 2009, ya con los datos de la última encuesta de ingreso-gasto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coveval) estableció que entre 2006 y 2008 creció el número de personas en condición de pobreza alimentaria de 13.8 por ciento a 18.2 por ciento y también creció el número de personas en condición pobreza de patrimonio de 42.6 por ciento a 47.4 por ciento, lo cual implica que para 2008 había 50.6 millones de mexicanos que no tenían un ingreso suficiente para cubrir sus necesidades mínimas. Con la crisis económica en 2009 estas cifras seguramente van a empeorar. Especialistas en el ámbito laboral como Graciela Bensusán, han establecido que en el mundo del trabajo el reparto de los costos será completamente desigual, y que a diferencia de otros países, en México los trabajadores están en una situación más precaria para enfrentar los efectos de la crisis. Simplemente el salario para el 2009 fue menor a la inflación; la crisis ha acentuado la tendencia de mayor desprotección. En general, habrá condiciones que profundizarán un modelo de flexibilidad extrema con precariedad, “flexicariedad”, a diferencia del modelo que existe en otros países como Dinamarca, donde hay flexibilidad, pero con seguridad, la “flexiseguridad” (CIESAS, 2008). A pesar de las medidas anticíclicas que ha puesto en marcha el gobierno federal, la verdadera expectativa es
que la recuperación de la economía en Estados Unidos se dé lo más pronto posible, para que nuestro país se pueda volver a enganchar a ese tren. Lo que tenemos es un cambio “del país semiurbano de niños que fue México entre 1940 y 1970, al país de grandes urbes, poblado por jóvenes adultos que no encuentran cobijo en un empleo remunerador, se alojan en la informalidad u optan por la emigración masiva” (Cordera y Flores, 2009, p. 83). 2) La crisis ha hecho más evidente la enorme dependencia mexicana de nuestros vecinos del norte. Si durante la campaña presidencial de 2008 en Estados Unidos se habló de una renegociación del Tratado de Libre Comercio, un año después ha quedado claro que no se piensa abrir ninguna posibilidad para un cambio de reglas. La cumbre de Líderes de América del Norte, en la que participan México, Canadá y Estados Unidos, que se celebró en agosto del 2009 en Guadalajara, dejó más o menos en claro que los graves problemas de la agenda mexicana tendrán que esperar a mejores tiempos. Hubo un discurso de apoyo al gobierno de Felipe Calderón por su lucha contra el narcotráfico, incluso ha cambiado el trato y la administración del presidente Obama ha asumido que se trata de un problema compartido, pero la ayuda de Estados Unidos sigue siendo insuficiente y raquítica. El problema migratorio, uno de los temas más relevantes para México, no está en las prioridades del gobierno de Obama, donde primero figuran las reformas internas al sistema sanitario, la reforma financiera, la política en Medio Oriente, la guerra en Irak y Afganistán, y mucho después vendrá México. Por lo pronto, lo que ya era un problema complejo para nuestro país se ha agudizado por la crisis, cuyas expresiones inmediatas han sido la baja en las remesas y la falta de empleo a los migrantes. Además, se han seguido fortaleciendo las medidas que dificultan el cruce de la frontera. Como una nota extra, que expresa el grado de dificultad, apareció de manera sorpresiva la imposición de la visa para los mexicanos que quieran ir a Canadá. El argumento fue el abuso de las solicitudes de asilo falsas que aumentó exponencialmente en los primeros meses de 2009, quizá como otra expresión de la crisis económica. La migración hacia el norte seguirá siendo una vía de empleo para México y, al igual que sucede con la economía, miles y miles de ciudadanos mexicanos esperan la recuperación del vecino para regresar a la búsqueda de un empleo mucho mejor pagado. METAPOLÍTICA
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DEBATES | ALBERTO AZIZ NASSIF 3) En el estudio del Estado que hicimos hace cinco años se analizó de qué forma se había empezado a militarizar el perfil de algunos puestos en la seguridad pública del país. Durante el primer sexenio panista el combate al crimen organizado formó parte del escenario nacional. Sin embargo, el segundo gobierno del PAN concentró su política pública en una declarada “guerra” contra los cárteles de la droga y el escenario cambió de forma dramática. En la dinámica de combate al crimen organizado, la actual administración ha planteado una “guerra” a los cárteles de la droga y las consecuencias han sido terribles para el país, no sólo por los miles de muertos (4213 bajas en 2009, hasta el día 10 de agosto, El Universal), sino por la descomposición de la seguridad pública, el incremento de los delitos asociados al crimen organizado como el secuestro, el robo de vehículos, el control de los territorios; todo ello a pesar de los operativos donde intervienen el ejército y los cuerpos policíacos. ¿Qué habría pasado con la seguridad pública si se hubiera puesto en operación otra estrategia de combate al narcotráfico? Tal vez sería difícil saberlo. Especialistas en seguridad como Elena Azaola, han señalado que la actual política de seguridad pública es parte del problema y no de la solución, porque se trata de una política con enfoque punitivo que establece un sistema reactivo y de corto plazo a la presión social, pero no se contiene el crimen. En esta ruta, la crisis aumenta la criminalización de los sujetos y debilita la calidad de los vínculos sociales. Si la calidad de los vínculos se deteriora, ¿qué es lo que puede disuadir de los sujetos de cometer delitos? (CIESAS, 2008). Desde que se inició la “guerra” en contra del narcotráfico, hay territorios del país que han salido muy lastimados. Uno de ellos es el estado de Chihuahua, pero también pasa en Baja California, Guerrero o Michoacán. La estrategia del gobierno federal es polémica, hay voces que la consideran fallida, otras la apoyan. Pero lo que se puede observar es cómo se han desfondado los gobiernos locales —el estatal y los municipales— frente a las bandas del crimen organizado y los cárteles de la droga, que se han apropiado del territorio para imponer el terror a sus habitantes. La escalada ha sido brutal y ascendente. La vida en Chihuahua se ha vuelto una pesadilla para sus habitantes. Ahora las fuerzas armadas han tomado el control de algunos territorios y ciudades, como Juárez, pero la espiral de violencia no se detiene. La población está asustada, el miedo ronda las llanuras y los barrios, las bandas METAPOLÍTICA
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secuestran, extorsionan y asesinan con impunidad. Pero también se han incrementado “los casos de desapariciones forzadas, tortura, asesinatos y consignación de inocentes, de acuerdo con reportes de organismos defensores de derechos humanos” (El Universal, 13/VI/2009). Chihuahua es hoy el emblema de un Estado que le ha fallado a sus ciudadanos, desfondado, con autoridades que no tienen la menor capacidad de proteger a la ciudadanía, primera obligación de cualquier Estado. El aumento del crimen y la caída de la autoridad han generado anomia social. Como lo señala el diputado de Chihuahua, Víctor Quintana: “el noroeste es zona de desolación. De Nuevo Casas Grandes han emigrado por lo menos 40 empresarios por temor a la extorsión y al secuestro. En esa ciudad, de apenas 50 mil habitantes, se roban en promedio 60 vehículos diarios. Los agricultores ya ni quieren sembrar porque el año pasado aún no levantaban la cosecha y ya les estaban pidiendo cuotas y secuestrándolos” (La Jornada, 10/VII/2009). ¿Qué hacer frente a una autoridad incapaz?, ¿hacer una policía comunitaria o que las comunidades tomen en sus manos la justicia? Quizá por eso se puede entender que en el estado de Chihuahua la abstención llegó a niveles muy altos (67.5 por ciento) y también el voto nulo (7.47 por ciento). En las ciudades que más padecen el terror y la ocupación militar, como Ciudad Juárez, la abstención subió hasta 75 por ciento. Chihuahua es uno de los laboratorios donde se ha mostrado que la militarización no resuelve el problema de fondo. Todo indica que esta política seguirá en los mismos términos durante la segunda parte del sexenio. 4) El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos publicó el 25 de noviembre de 2008 un informe, Joint Operating Environment, en donde se establece que hay dos Estados que podrían sufrir un rápido colapso, México y Pakistán (p. 40). La tesis consiste en señalar a México como un Estado fallido. Unas semanas después la revista Forbes, ubicó al “Chapo” Guzmán en su lista anual de millonarios. Durante meses se debatió en nuestro país de forma intensa sobre la hipótesis: se establecieron índices para tratar de medir si el Estado mexicano era fallido o se podría colapsar de forma rápida; se discutió si había zonas que eran fallidas, entidades de la República o si se trataba de gobiernos fallidos, más que del Estado en su conjunto. Por supuesto, que no se llegó a ningún consenso. La polémica se revive cada vez que hay una declaración sobre todo en Estados Unidos. Por ejemplo, unos
EL SEVERO DETERIORO DEL ESTADO MEXICANO | DEBATES meses después de publicado el documento del Comando Conjunto, el director de Inteligencia, Dennis Blair, declaró que: “La influencia corruptora y la creciente violencia de los cárteles de drogas mexicanos impiden la capacidad de gobernar partes de su territorio y construir instituciones mexicanas efectivas” (Reforma, 11/03/09). Además, el subsecretario de Estado adjunto para asuntos de narcotráfico, David Johnson, afirmó que hay 150 mil personas en el negocio de la droga y otros 300 mil en el cultivo y producción de la mariguana y el opio (La Jornada, 11/03/09). La respuesta del gobierno fue amplia, primero el propio Calderón, luego el secretario de Gobernación y más tarde la secretaria de Relaciones Exteriores. Se negó de forma rotunda que exista un solo punto del territorio donde no exista control del gobierno; además se hicieron los reclamos clásicos de que Estados Unidos es el mayor mercado de drogas, y que se trata de un problema de los dos países, ante lo cual no hay resultados concretos, ni el tráfico de armas, ni en el combate al lavado de dinero (El Universal, 12/03/09). En esta ruta, Calderón siguió la estrategia y retó a los funcionarios de Estados Unidos a visitar cualquier zona del país; además criticó a Forbes y afirmó que parecía el lanzamiento de “una campaña contra México” (El Universal, 13/03/09). Ya se convirtió en una rutina de estímulo y respuesta este comportamiento. Ante una declaración de un funcionario de Estados Unidos, todo el gobierno se pone a girar para negar los hechos y señalar que el gobierno está en pleno control del país y establecer reclamos por la poca solidaridad frente a un problema compartido. Es necesario establecer un debate más allá de esta dinámica que se ha dado entre México y Estados Unidos. Para nadie es un secreto que toda la fuerza del Estado no está alcanzando para ganarle la batalla al crimen organizado; quizá porque esa fuerza está plagada de complicidades y capturas. La estrategia de enfrentamiento, la vía punitiva, del gobierno de Calderón no es necesariamente la más exitosa y, por supuesto, no es la única. Hay diversas referencias que indican que se tienen que invertir recursos y energías en atender otras partes del problema, que no todo es enfrentarse con los sicarios y ver cómo crece la cifra de muertos. Reconocer que se inició una guerra sin tener todos los instrumentos y capacidades, implica reconocer que no todo se resuelve con operativos militares. Pero es necesario debatir los temas, no sólo dar por supuesto que la política de seguridad y la estrategia que se llevan a cabo son las más adecuadas.
Recientemente varios ex presidentes de América Latina (Cardoso, Zedillo, Pastrana) publicaron un informe como parte de la “Comisión Latinoamericana sobre drogas y democracia” y llegaron a conclusiones que es necesario debatir en México. Se parte del hecho de que la “guerra” contra las drogas con el actual enfoque punitivo, está perdida, por ello se tiene que buscar un nuevo paradigma, que tendría los siguientes ingredientes: es necesaria una discusión amplia e informada; se tiene que tratar el consumo de drogas como un problema de salud pública (transformar a los adictos de compradores a pacientes); campañas innovadoras de información, orientadas sobre todo a jóvenes; focalizar las estrategias represivas y orientar la seguridad pública a un sistema de inteligencia; reorientar las estrategias de represión al cultivo de drogas ilícitas. Quedarse como estamos no es solución, con una estrategia fallida, con un socio que no nos hace caso y dejar de lado las nuevas propuestas, es una fórmula negativa. Urge revisar las estrategias que no están dando resultado. Es necesario replantear el problema y abrir el debate. 5) Los poderes de la República se han transformado. El presidencialismo ha mudado de su condición de dominio, unificación y control hacia otro de corte minoritario, dividido y con rasgos de debilitamiento. La competencia electoral ha dejado presidentes de alternancia que no tienen los instrumentos institucionales para mantener una gobernabilidad adecuada. En la primera mitad de los sexenios, tanto en 2000, como en 2006, se hacen esfuerzos para establecer reformas, y con las elecciones intermedias se pierden votos y escaños y la presidencia queda muy debilitada frente a la oposición. Esta dinámica afecta al país y pide urgentemente reformas que puedan darle al poder ejecutivo mejores instrumentos de gobierno y la posibilidad de formar mayorías estables en el congreso de la Unión. Desde 1997 se han tenido periodos de parálisis y otros de reformas que obtienen el voto mayoritario, pero que no resuelven la agenda. Se hacen las reformas posibles, pero no las reformas necesarias. El poder legislativo ha ganado en autonomía y centralidad dentro de la agenda pública del país, pero no ha logrado ubicarse a la altura de las necesidades de reforma que urgen. El juego de la alternancia y la competencia le ha dado al Congreso vitalidad política, pero no se ha logrado que la clase política establezca una agenda de transformación para el país. El juego de fuerzas se ha vuelto muy sofisticado, pero las huellas de los intereses y los poderes fácticos tieMETAPOLÍTICA
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DEBATES | ALBERTO AZIZ NASSIF nen cada vez mayor presencia, lo cual va en detrimento de las capacidades reguladoras del Estado. En la 60 Legislatura (2006-2009) se pudieron sacar adelante una serie de iniciativas que movieron la parálisis de las anteriores legislaturas, pero si se revisan los resultados, se obtuvo lo posible, pero se quedó muy lejos de lo necesario. Se hicieron reformas cuya temporalidad quedó establecida desde el siguiente día de su aprobación. Así se hizo una reforma fiscal limitada, y ya se busca otra nueva; se reformó la justicia penal, pero no se ha logrado implementarla. Se hizo la reforma al ISSSTE, y se modificó el modelo universal de pensiones por uno de carácter mixto. Se reformó Pemex, pero no se resolvieron sus problemas de fondo para hacerla una empresa sustentable y con un futuro asegurado. Por lo pronto, la empresa petrolera sigue a la baja en producción, se están agotando los mantos que le permitieron la producción a gran escala; necesita inversiones millonarias para las cuales el Estado no tiene recursos; y además, es una empresa víctima de robo y saqueo, lo cual la ubica en un momento muy complicado. Una de las reformas de mayor impacto, la electoral, que modificó el modelo de los medios de comunicación y su relación con la política, no ha dejado de ser motivo de litigio por parte de los actores políticos. Poner en práctica la reforma fue un desafío para las autoridades electorales, porque prácticamente todo el tiempo de la campaña electoral hubo violaciones y fraudes a la legalidad por parte de las televisoras comerciales y los partidos políticos, principalmente el Partido Verde. 6) Uno de los problemas más agudos que se le presentan al Estado mexicano tienen que ver con la indefensión ciudadana. Nuestro sistema de impartición de justicia está plagado de vicios, huecos de la ley y malas prácticas, lo cual deja desprotegidos a los ciudadanos. Se trata de uno de los problemas más graves de la incipiente democracia que vivimos. La penetración del crimen organizado hasta los más altos niveles de la seguridad pública nos habla de un Estado debilitado y con serias dificultades para dar seguridad y protección a los ciudadanos. Fallas en el sistema de impartición de justicia llevan a la ciudadanía a una indefensión que se agrava frente a la gran impunidad que blinda a los intereses políticos y los poderes fácticos. Estamos llenos de comisiones, fiscalías, organismos autónomos, grupos especiales, una pesada y costosísima burocracia, pero reinan la indefensión y la impunidad, porque los jueces se pueden comprar, al igual que los METAPOLÍTICA
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policías. Los ministros de la Corte muchas veces no logran la mayoría necesaria para investigar la violación a las garantías individuales. Muchas veces los consejeros del IFE se doblan ante el poder de las televisoras, y los que quedan en minoría no logran sacar adelante proyectos de respeto a la legalidad. En diversas ocasiones los magistrados electorales dictan sentencias que refuerzan el poder de las televisoras. De pronto, en un breve tiempo, se juntan diversos ejemplos que ponen de manifiesto esta problemática, por ejemplo en los siguientes casos: a) ¿cómo se puede negar que las autoridades están pintadas o coludidas cuando una banda entra a una cárcel, mata a tres presos y, después de lograr su objetivo, sale con nueve internos y no pasa nada, como sucedió en Torreón, Coahuila, y ha pasado en otras cárceles del país?; b) ¿qué se puede esperar de la justicia cuando la resolución del máximo órgano jurisdiccional del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), exonera a los responsables más importantes en el caso de Atenco, como son el gobernador Peña Nieto y el procurador Medina Mora (quien en mayo de 2006 era secretario de seguridad pública)? Un proyecto de dictamen de casi mil páginas que llega casi tres años después de los hechos de mayo de 2006, para juzgar que sí hubo múltiples violaciones a los derechos humanos, pero que la responsabilidad, si acaso hubiera alguna, no pasa de los que instrumentaron el quebranto, como si se hubiera mandado por sí mismos; c) el Instituto Federal Electoral, simplemente dobla las manos antes las televisoras e inventa un nuevo recurso de perdón por promesas de buena conducta, todo un aporte del modelo de justicia mexicano. En una de las múltiples ocasiones en que las televisoras violentaron la legalidad, el IFE decidió con 5 votos contra 4, sobreseer la multa a las televisoras. Ante ello, los partidos permanecieron callados porque ningún político con aspiraciones se quiere enfrentar con uno de los más importantes poderes fácticos, las televisoras comerciales; d) México se ha convertido en el segundo país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, sólo después de Irak, según Reporteros sin Fronteras. Nos preguntamos, ¿qué hace la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas? Su desempeño ha sido poco eficaz si se considera que en tres años se han registrado 274 agresiones, y sólo 3.4 por ciento han sido consignadas. Un dato describe la situación de esa fiscalía: el salario del fiscal es superior al presupuesto de la fiscalía (El Univer-
EL SEVERO DETERIORO DEL ESTADO MEXICANO | DEBATES sal, 12/II/09). Mientras tanto, sigue la persecución, hostigamiento y asesinato de periodistas. Según datos de la Fundación Manuel Buendía, en los últimos 18 meses han sido asesinados 17 periodistas; casi un periodista por mes en el último año y medio (noticia del 4 de agosto de 2009). En este país, la responsabilidad —como la riqueza— está muy mal distribuida y sólo alcanza para los que están abajo en la estructura y, muchas veces, ni para ellos. Nunca falta a quién responsabilizar, con tal que sea un funcionario menor, un simple agente policiaco o un ayudante del ayudante. Este es el nivel al que puede llegar la justicia en México. La indefensión, como desprotección y orfandad, es el pan de todos los días para una ciudadanía cuyos derechos civiles tienen siglos de retraso. Por ello pueden dormir tranquilos los altos funcionarios, desde un ex presidente que pudo haberse robado la mitad de la partida secreta, los gobernadores que se han convertidos en los nuevos señores feudales (Mario Marín, Ulises Ruiz, Enrique Peña Nieto), impunes ante la justicia. Igualmente las televisoras. Tenemos un Estado donde la justicia es incapaz de ser autónoma frente al poder político, a los intereses económicos y a los poderes fácticos. 7) Las elecciones intermedias presentan una nueva distribución del poder: el PRI regresa con un triunfo electoral amplio, el PAN pierde y la izquierda se cae. Antes del 5 de julio de 2009 no hubo una medición que no estableciera la recuperación del PRI, fue un triunfo anunciado, sobre todo en la cámara de diputados. ¿Cuáles son las posibles razones de este cambio de preferencias?, ¿qué país vendrá en los próximos tres años? Si partimos de la mala situación por la que atraviesa el país, tanto en materia de seguridad pública, con un gobierno federal concentrado de forma obsesiva y monotemática en combatir al crimen organizado, como de los estragos de una crisis económica que ha afectado directamente el empleo y el bienestar de la ciudadanía, tenemos un panorama muy desfavorable para el partido en el gobierno, como de hecho sucedió. Si, además, vemos que el PAN hizo de forma integra su compaña sobre la figura de Calderón y su combate al crimen organizado, nos dan un primer nivel de la explicación de la derrota blanquiazul. El tono de la campaña panista mantuvo, como lo hizo en 2006, la propaganda sucia marcada por un discurso agresivo en contra del PRI, con la idea de repetir una fórmula que hace tres años le funcionó, pero que ahora
fue un fracaso. Las decisiones del panismo fueron equivocadas, tanto en su propuesta de campaña, como en su tono, y hoy los resultados electorales lo comprueban. El PAN convirtió la campaña en un referéndum para avalar la política de Calderón y lo perdió. Otras hipótesis indican que si no se hubiera seguido esta política, la derrota hubiera sido más dura, pero es sólo una conjetura. Sin duda, otro de los factores que explican el resultado de las elecciones intermedias se ubica en el mapa de una izquierda que se fue desplomando desde su derrota del 2006. La crisis poselectoral, la elección interna del PRD, la fragmentación de las tribus, la división del Frente Amplio Progresista (PRD, por una parte y PT y Convergencia, por la otra), condujeron a ese partido a dejar de ser una opción política viable para un amplio sector de centro-izquierda. Una buena metáfora de cómo se desfondó la izquierda lo muestra el hecho de que hace tres años estuvo a punto de ganar la presidencia de la República con López Obrador a la cabeza, y ahora este líder sigue con vida porque ganó la delegación de Iztapalapa en la capital del país. Se trata de un cambio dramático de escalas, pero algo nos explica de lo que pasó. Habrá que decir que el daño que no lograron hacerle al PRD sus grandes adversarios como Salinas o Fox, se lo han hecho ellos mismos. Diversas voces se plantean si este triunfo del PRI puede representar un regreso al pasado. Sin embargo, habrá que preguntarnos si el panismo no representa un pasado, tal vez de otro tipo, pero ciertamente no ha sido una opción de modernidad democrática para México, como lo han demostrado en estos nueve años que ya tienen en Los Pinos. También se escuchan voces que indican que el PRI regresa al poder sin haber tenido que pasar por una transformación. Sin embargo, la falta de contrincantes modernos y la ausencia de un proyecto de futuro para el país, tanto de la izquierda, como de la derecha, le dan al PRI la oportunidad de un regreso si abandonar su cultura política, sus modos y sus inercias. Es cierto también que el PRI aprende de sus errores, cierra filas, es pragmático, maneja una buena estructura territorial y, en lugar de meterse al pleito con el PAN durante la campaña electoral del 2009, simplemente fortaleció sus estructuras electorales, evitó las pugnas internas y recreó en el imaginario del país la añoranza por los viejos tiempos. El PRI integró en su campaña al menos dos factores: un etéreo discurso de esencias que no lo comprometieron a nada en concreto, con una visión de que ellos sí saben gobernar y son eficientes. METAPOLÍTICA
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DEBATES | ALBERTO AZIZ NASSIF 8) México ha perdido grados importantes de gobernabilidad. Según el Banco Mundial tenemos un país cada vez más vulnerable: menor estabilidad, menos Estado de derecho y poco control de la corrupción (Banco Mundial, 2009). Un sistema político con rendimientos decrecientes, es menos legítimo, tiene un enorme desgaste y es poco eficaz para enfrentar los retos que se le presentan al país hoy en día: justicia, sustentabilidad, equidad, bienestar, democracia. Frente a esta problemática se pueden plantear tres escenarios de reforma para la legislatura 2009-2012. El primero es quedarnos prácticamente como estamos y sólo hacer algunos cambios menores. En este cálculo se piensa que las inercias del sistema podrán llevar al país a un siguiente proceso electoral sin mayores problemas. Si acaso, hacer algunos ajustes mínimos al actual modelo electoral. Así se actuó entre 2003 y 2006 y los resultados fueron muy negativos para el país. Se podrá argumentar que no estamos en la situación anterior, sobre todo porque no existe una opción fuerte de izquierda que se quiera descarrilar, como intentó Fox con AMLO. Nada es seguro, pero no se ve a Calderón en un intento para obstaculizar a Peña Nieto. Además, a partir del 1 de septiembre, el PRI es la voz mandante del Congreso y el ejecutivo tendrá que negociar en condiciones de mucha debilidad, con un contrapeso en el Senado, donde el PAN tiene mayoría. Un segundo escenario intermedio es hacer una reforma que tenga básicamente la autoría del PRI. Días antes de las elecciones se hizo un pequeño sondeo a los líderes de los partidos y en esa ocasión Beatriz Paredes estableció una agenda, que hoy con los resultados del 5 de julio, podemos empezar a tomar en cuenta como algo más que un buen deseo. Se trataría de hacer una “reingeniería institucional” de los tres poderes. Algunas de las principales propuestas esbozadas por la líder del PRI apuntan a: una ratificación del gabinete por el Senado; reducir las cámaras en la parte de la representación proporcional, sólo 100 diputados por este principio (sólo 400 diputados) y quitar la lista del Senado, para quedar en 96 integrantes. Fortalecer al Congreso y a sus comisiones para ubicar a los diputados en mejores condiciones de interlocución con el ejecutivo; y reforzar a la Suprema Corte de la Nación transformándola en un Tribunal Constitucional. Este escenario es más factible en la primera parte de la Legislatura, antes de que inicie la batalla formal por el 2012, y generaría una expectativa reformadora, pero dentro de una perspectiva conservadora porque no se afectarían los grandes nudos METAPOLÍTICA
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de poder, no se habla de democracia participativa, nueva ley para radio y televisión, reelección legislativa, reforzamiento del carácter regulador del Estado en materias estratégicas (telecomunicaciones, televisión), transparencia y rendición de cuentas de legisladores y partidos, en fin, de temáticas que comprometen la calidad democrática del país, que hoy está por los suelos. Un tercer escenario tiene que ver con una amplia agenda de reforma del Estado que sí tocaría nudos estratégicos. Se trataría de retomar los trabajos que dejó la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado del año 2000 y las propuestas que hizo el Congreso de la Unión en 2007. La idea es legislar una amplia agenda de temas que toca la democracia directa y participativa, ley de partidos, segunda vuelta, reelección de legisladores; redefinición del régimen mediante un sistema semiparlamentario; un marco para que las iniciativas del ejecutivo sean preferentes; una agenda de derechos humanos y justicia; ley de medios; federalismo; un pacto social y una reforma económica. Esta propuesta, sería la opción más completa. Es lo que hicieron otros países como inicio de su transición democrática, prácticamente elaboraron una nueva Constitución, como en Brasil. En un escenario intermedio, otras voces proponen que la presidencia debería hacer un planteamiento de la agenda de cambios institucionales y con ello convertir la sucesión presidencial en un “referéndum programático” (Castañeda y Rodríguez Wood, 2009). En México se piensa que sólo con modificar las reglas electorales es suficiente, y seguimos pagando el error de tener una democracia sin calidad, un creciente malestar social en un país cada vez más pobre y desigual, y con una estructura institucional poco representativa y mal apreciada por la ciudadanía. 9) El deterioro del Estado en México se debe a una mezcla de varias crisis que de forma simultánea desafían su capacidad institucional y han metido a la incipiente democracia mexicana en una serie de obstáculos complicados de superar. La conjunción de problemas para el corto plazo se inicia con el panorama económico para 2010, pero no termina en ese expediente. A ello se pueden sumar el embate de otras plagas que afectan al país, desde la violencia y el crimen, la desigualdad y la pobreza, la aparición de la influenza humana (H1N1) y, para rematar, una de las peores sequías en décadas. El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, lo planteó en el Senado en agosto del 2009, unos días an-
EL SEVERO DETERIORO DEL ESTADO MEXICANO | DEBATES tes de entregar el paquete económico del siguiente año, como un “shock financiero”, la caída histórica más importante en 30 años, donde las finanzas públicas tendrán una “brecha financiera de 480 mil millones de pesos, equivalente a más de 4 por ciento del producto Interno Bruto” (El Universal, 12/VIII/2009). Baja el precio del petróleo y, al mismo tiempo, cae la producción. En 2009 el gobierno financió 40 por ciento del presupuesto con el ingreso petrolero, que pudo mantenerlo en 70 dólares por barril, para 2010 se calcula que será sólo de 53 dólares por barril. Ante este panorama se prevé un recorte en el gasto y un incremento en las tasas fiscales. El hueco que deja Pemex en el presupuesto sólo puede ser cubierto con una nueva reforma fiscal que modifique de forma permanente la petrodependencia presupuestal. El panorama económico de los próximos tres años tendrá más de tres elementos: deuda pública, recortes a la burocracia y más impuestos. La “guerra” en contra del crimen organizado presenta una perspectiva compleja que no tiene señales de que vaya a disminuir en los próximos meses, o de que se vaya a obtener un resultado diferente a lo que ha sucedido en los últimos tres años. A pesar de que el gobierno se declara optimista porque supuestamente está destruyendo a los cárteles, y da cifras de decomisos de drogas y armas, detenciones de narcos y gatilleros, el enfoque punitivo sigue vigente, la destrucción del tejido social en múltiples comunidades del país, el contagio hacia otros delitos y el incremento de violencia y muertes siguen como una constante en el escenario nacional.
Uno de los desafíos del Estado será la preparación de los cuerpos policíacos para enfrentar al crimen y sustituir la labor que hace el ejército, que no puede hacer de forma permanente funciones de policía, para las que no está entrenado. Un factor disruptivo que podría darle un giro al escenario de “guerra” al narcotráfico sería la decisión del gobierno de atacar las complicidades políticas, como lo hizo parcialmente en Michoacán, y tocar las redes financieras de los cárteles. En ambos casos se agudizaría el enfrentamiento, pero quizá se pueda lograr un mejor resultado. 10) Me gustaría equivocarme, pero en estos momentos no se ve en el escenario nacional un proyecto de cambio que proponga una agenda que pueda darle la vuelta a esta historia de deterioro. Lo más probable es que vayamos a la lucha por el poder en 2012 con un Estado severamente deteriorado, en condiciones de bienestar a la baja, con una percepción ciudadana de mayor desconfianza hacia las instituciones públicas, una capacidad de regulación debilitada y una institucionalidad permanentemente vulnerada por los poderes fácticos. Con este rompecabezas resulta complicado imaginar mejores condiciones para una democracia, ya que sin un Estado capaz y eficiente, será difícil la garantía de los derechos ciudadanos y la construcción de políticas públicas que detengan y reviertan la pobreza, la desigualdad y la indefensión ciudadana. En suma, no hay buenas noticias ante un Estado con un deterioro tan severo como el que tenemos hoy en día. !
REFERENCIAS Azaola, E. (2008), “Intervención en el seminario Los impactos sociales de la crisis económica en México”, México, CIESAS, 27 de noviembre. Aziz Nassif, A. y J. Alonso Sánchez (2005), El Estado mexicano: herencias y cambios, (III tomos), México, CIESAS/Miguel Ángel Porrúa. Banco Mundial (2009), Governance Indicators, citado en El Universal, 30/VI/2009. Bauman, Z. (2008), Tiempos líquidos. Vivir en una época de incertidumbre, México, Tusquets.
Bensusán, G. (2008), “Intervención en el seminario Los impactos sociales de la crisis económica en México”, México, CIESAS, 27 de noviembre. Castañeda, J. G. y M. Rodríguez Woog (2009), “Una agenda para 2012”, Enfoque, 9 de agosto. Cordera, R. y C. Flores (2009), “De crisis a crisis: del cambio de régimen económico al derrumbe global (trayectoria y contexto)”, en O. Rodríguez Araujo (coord.), México, ¿un nuevo régimen?, México, siglo XXI.
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disolución
Gerardo Ávalos Tenorio*
L
a reorganización del Estado mexicano, forzada por la crisis del Estado fordista y el ulterior tránsito hacia el Estado de competencia global (vid. Hirsch, 1996; Hirsch, 2001; Hirsch y Ávalos, 2007), ha llegado a tal punto que lo que se juega hoy en día, en realidad, es su propia constitución en cuanto Estado.1 No es exagerado este juicio si por “Estado” no se entiende únicamente al gobierno o sólo al aparato administrativo de poder público. La mera subsistencia de un grupo gobernante amparado por el poder militar no significa que se preserve el principio de la estatalidad que es el de la justicia y el consenso entre los diferentes miembros de una asociación o comunidad con intereses encontrados. En el intento de convertir al Estado obeso en un Estado modesto y eficiente, el bloque dominante 2 se ha excedido y ha puesto en entredicho la propia convivencia políticamente organizada para garantizar la vida y la libertad de los individuos, pues es a eso a lo que respondería la existencia de un Estado. En las líneas que siguen apuntaré algunas de las razones por las cuales considero
*Profesor-investigador titular adscrito al Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Su libro más reciente como coordinador es El Estado mexicano. Historia, estructura y actualidad de una forma política en transformación, México, UAM-DCSH, 2009. 1 La constitución de un Estado es, según la tradición antigua del pensamiento político, el orden de instituciones por medio de las cuales una congregación de familias y aldeas deviene comunidad política. 2 Se trata de una alianza elitista entre políticos de la vieja guarMETAPOLÍTICA
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que existe una clara tendencia hacia la conversión del Estado mexicano en algo diferente a un Estado, sin que quede claro en que ha de resultar tal proceso.
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En primera instancia el fenómeno estatal se presenta como el monopolio del poder por encima de la sociedad. Ese monopolio es el de la violencia física pero también el de la impartición de justicia y, en consecuencia, el de imposición de las penas y los castigos. El poder del Estado también consiste en ser la única autoridad en recaudar impuestos y en diseñar los gastos y las inversiones públicas. No es menos importante el poder de legislar y gobernar, aunque en forma representativa y no necesariamente desde la misma instancia: legislar y gobernar son dos tareas estatales que han sido adscritas históricamente a poderes diferentes.
dia priísta, panistas de altos cargos pertenecientes a los equipos de Vicente Fox y Felipe Calderón, grandes empresarios beneficiarios de las privatizaciones del sector público, la jerarquía eclesiástica y una extensa red de “líderes de opinión”; éstos, aunque en realidad son empleados del duopolio televisivo y radiofónico, expresan cotidianamente los sentimientos y pensamientos del bloque dominante. Algunos de los miembros del bloque dominante son estudiados en el libro coordinado por Zepeda Patterson (2007).
EL ESTADO MEXICANO EN DISOLUCIÓN | DEBATES Basta situarse un poco más allá de esta visión del fenómeno estatal para comprender que el Estado, en realidad, es un conjunto de relaciones sociales entrelazadas, es decir, un proceso relacional. Todos los atributos, funciones y acciones del Estado descansan en el supuesto de que un pueblo ha ganado el derecho de regirse por sí mismo, es decir, darse leyes a sí mismo, lo que significa autonomía e independencia respecto de otros pueblos estatalmente organizados. Dicho con otras palabras, el Estado es ante todo una relación social entre pueblos, que han logrado diferenciarse entre sí precisamente por el hecho de que uno no manda sobre el otro. Soberanía es el nombre moderno de este atributo principal del Estado, pero en todo caso se trata de un atributo relacional. En segundo lugar, el Estado también es una relación entre gobernantes y gobernados. En esta relación se estructura la columna vertebral de un Estado, por lo menos dentro de su unidad territorial; sin esta relación gubernativa no hay principio de orden ni sistema de derechos y deberes de los integrantes de la comunidad política a la que llamamos Estado. Cómo sea esta relación depende de cómo se han entablado las luchas entre los distintos grupos que forman aquella unidad comunitaria. En tercer lugar, como corolario de la segunda relación, el Estado es también el proceso de unificación o cohesión de los individuos y grupos que forman la asociación o comunidad. Nacionalismo y patriotismo han sido las principales ideologías que expresan y determinan esta unificación, aunque la religión no ha sido ajena, históricamente, a este proceso. Ahora bien: un régimen político o forma de constitución es la concreción institucional de un Estado. En este entramado institucional es donde se juega el funcionamiento realmente efectivo y concreto de un Estado. Cuando los gobernados participan directa e indirectamente en las decisiones legislativas y ejecutivas del Estado, el régimen es democrático. En cambio, cuando los gobernados son ajenos a esas decisiones el régimen es autocrático aunque esas decisiones los beneficien desde el punto de vista material. Analicemos desde esta perspectiva, aunque no sea sino a grandes rasgos, el caso mexicano.
II Si el Estado es, en primer lugar, una relación de contraste o de frontera entre pueblos o entre comunidades políticamente diferenciadas, esto implica que compren-
der un Estado en particular es necesario ubicarlo en el espectro mundial, particularmente en el marco de los “grandes espacios” (vid. Schmitt, 1979) que son configuraciones geoestratégicas en las que uno de los Estados es dominante militar y económicamente. En el mundo moderno, estos grandes espacios se han constituido sobre la base del control que ejercen algunos Estados sobre las materias primas, la fuerza de trabajo y los mercados de los países de toda una región o de diversas regiones. Es parte de esta dimensión relacional pero externa de un Estado el papel que desempeña su diplomacia en el concierto de las naciones, en lo referente a su activismo en la defensa de principios generales de convivencia entre Estados, como son el principio de no intervención y el de autodeterminación de los pueblos. La reestructuración económica del mundo ha supuesto la reorganización de las formas de producción y comercialización cuyo motor ha sido la gran empresa transnacional, multinacional y globalizada. Mientras que para algunos países este proceso ha significado crecimiento económico y desarrollo, para otros, en cambio, ha representado mayor sometimiento y subordinación. México se encuentra entre este último grupo de países. La globalización sólo ha beneficiado a algunos grupos de empresarios que han podido integrarse con éxito al mercado de Estados Unidos y, en menor medida, también de Asia y Europa. Mientras tanto, las cadejcompetencia global. El caso más dramático es el de la agricultura. El resultado social más agudo ha sido el aumento de la pobreza y la concentración del ingreso, lo que ha generado un incremento de la población dispuesta a enrolarse en el crimen organizado y en un ascenso sin precedentes de la migración. En estas condiciones, el Estado mexicano se ha subordinado cada vez más a otros Estados, lo que también se manifiesta en un debilitamiento del papel de la diplomacia mexicana frente al exterior. En realidad, México ya no cuenta en el mundo. Por ejemplo, avanza la construcción estadounidense el muro fronterizo, se incrementan los controles contra la migración ilegal y no hay visos de acuerdo migratorio alguno con los socios comerciales signantes del TLCAN. La reciente exigencia canadiense de visado para los mexicanos debe ubicarse en este cuadro de interpretación. Por cierto, el argumento manejado por los funcionarios mexicanos para justificar la no reciprocidad en la exigencia de visas para los canadienses que viajan a México, argumento según el cual ello afectaría a la industria turística meMETAPOLÍTICA
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DEBATES | GERARDO ÁVALOS TENORIO xicana, no hace sino corroborar que la razón principal del debilitamiento de la diplomacia mexicana es de naturaleza francamente económica. El gobierno del Estado mexicano, en suma, cada vez posee menor autoridad frente al exterior.
III La relación gobernantes/gobernados es el aspecto más evidente de un régimen político porque concentra la forma de gobernar y el modo en el que los gobernados ajustan sus conductas a los dictados del gobierno. Es también, en el caso mexicano, el espacio donde se han registrado mayores modificaciones. Simplificando al máximo es dable sostener que el régimen autocrático, en su periodo de consolidación posrevolucionaria, tenía ciertas características que formaron una mezcla única de despotismo con promoción del desarrollo y del bienestar social. Se trataba de un régimen corporativo y presidencialista, electoralmente expresado en un partido hegemónico. El control corporativo sobre los grandes sindicatos de masas y sobre los campesinos organizados le dotó de una gran base popular de apoyo; el origen de tal control fueron las grandes conquistas sociales de la Revolución enlazadas con la onda expansiva del capitalismo en el periodo entreguerras y en la segunda posguerra. Tales conquistas se concretaron sólo por medio de la intervención del aparato estatal que jugaba las veces de gran árbitro de los intereses de las diferentes clases sociales. El acceso a la tierra y el derecho al trabajo y a la organización sindical se mediatizaron por la intervención del aparato de Estado, cuya figura central era el presidente de la República que, situado en la cúspide de la pirámide estatal, regía en todo el país apoyado en la estructura de gobernadores y presidentes municipales. Ellos, más que representantes populares, lo eran del presidente de la república para cada estado y cada municipio. Como se ve, quedaban ensamblados un control corporativo sobre los trabajadores y un control territorial personificado en la figura del cacique local o regional, en una suerte de mezcla de poder señorial hacia dentro de cada región y de vasallaje hacia arriba, esto es, hacia la figura del presidente de la república. Este sistema de control autocrático pero reformista social se manifestó en forma condensada en el Partido Revolucionario Institucional, que strictu sensu no era un partido político sino una agencia de la estatalidad METAPOLÍTICA
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mexicana en su conjunto con pretensiones de abarcar la totalidad de la vida política del país. En épocas electorales esta figura política adoptaba la forma de un partido político que disputaba los cargos de elección popular a la impenitente “reacción”. Como formalmente el régimen político era una democracia representativa con división de poderes, el Congreso de la Unión, conformado por una Cámara de Diputados y otra de Senadores, fue también abarcado por la estructura autocrática del PRI mediante un sistema de reparto de cuotas entre las distintas organizaciones integrantes de los sectores de ese partido. El PRI también era una especie de Secretaría de Estado (o Ministerio) que hacía funciones de gestión en todos los órdenes; era también una plataforma para la movilidad social y hasta organizador, a través de sus comités distritales esparcidos por todo el país, de la cultura y el entretenimiento de las “clases populares”. Era tan peculiar esta forma política, que no había acuerdo en cómo denominarla y caracterizarla. Algunos sugerían que era un partido de Estado, otros que era un partido del régimen político; unos más que era una pieza funcional de todo un régimen, el régimen de partido de Estado. Lo que siempre fue subrayado fue el carácter especial de esta forma de control político autoritario sí, pero con un fuerte soporte de protección a los derechos sociales, promoción del progreso y defensor del nacionalismo. Por supuesto que estos soportes no eran sino un modo de adaptar el espacio económico del país al régimen de acumulación fordista que imperaba a nivel mundial. La ideología del progreso, por ejemplo, fue la expresión de los procesos combinados de industrialización y urbanización de la segunda posguerra; el nacionalismo económico, cuyo modelo fue la expropiación de la industria petrolera en el gobierno de Lázaro Cárdenas, se utilizó ulteriormente (significativamente con la nacionalización de la industria eléctrica) para subsidiar la acumulación del capital en su conjunto. En suma, en la onda expansiva del capital, propia del modelo fordista, el PRI podía presentarse como la síntesis aparente de las conquistas de la Revolución mexicana en su práctica gubernativa, aunque en realidad funcionaba como agencia de control social (corporativo y territorial) necesario tanto para garantizar el marco de condiciones generales de la acumulación de capital, como, más específicamente, para promover la pequeña acumulación de grupos ligados con la estructura del poder político. Era una maquinaria casi perfecta, aun-
EL ESTADO MEXICANO EN DISOLUCIÓN | DEBATES que esto no quiere decir que la persecución y represión de movimientos y grupos disidentes fuera excepcional. El régimen de la revolución institucionalizada fue también un régimen represivo, para el cual el ejercicio de las libertades democráticas fue sinónimo de rebeldía. Este régimen autocrático comenzó a resquebrajarse cuando el modelo fordista de organización de la acumulación del capital se había agotado. Hacia 1982, este agotamiento se expresó en un sobreendeudamiento de la economía nacional y en una caída de los precios internacionales del petróleo: las bases del consenso se colapsaron. Tal crisis de consenso se expresó en las elecciones presidenciales de 1988, cuando el candidato neoliberal del PRI perdió frente al símbolo del cardenismo personificado en el hijo del General Cárdenas, aunque entonces operó la maquinaria que garantizaba el monopolio del control político y, a final de cuentas, Carlos Salinas fue impuesto en la presidencia del país. Desde entonces, al tiempo que se aceleraban las “reformas estructurales” privatizadoras y se concretaba una embestida descomunal contra el “Estado de bienestar” mexicano, el bloque del poder fue cediendo posiciones a fin de democratizar el régimen sin que esto significara la pérdida del control político: se trataba de impulsar una alternancia que no desestabilizara las bases del control social. Una auténtica democratización del Estado habría significado el desmantelamiento del control corporativo sobre los grandes sindicatos de masas, sobre todo el petrolero y el de maestros. Esto no podía hacerse desde arriba sino desde las propias bases trabajadoras, lo cual tampoco era sencillo, pues la reestructuración productiva que amenazaba el empleo, funcionó para garantizar la sumisión. La llamada democratización se concentró en la esfera electoral y fue conducida hacia una alternancia en la titularidad del poder ejecutivo federal. Este recambio era necesario y urgente hacia 1994 con una rebelión indígena en Chiapas y con el asesinato del candidato priista a la presidencia Luis Donaldo Colosio en marzo de ese año. Todo se fue preparando para que el bloque en el poder obtuviera una nueva legitimidad de mayoría electoral para un partido con cierta tradición histórica liberal pero que paulatinamente se había ido deslizando hacia posiciones caudillistas, empresariales, eclesiásticas y que, en todo caso, estaban en consonancia con las directrices “liberistas” económicas de reorganización social. El carácter sui generis de la formación política llamada PRI hizo pensar a varios analistas que su derrota electoral en los comicios presidenciales significaría un au-
téntico avance en la democratización del país. Lo cierto es que, con la pérdida de la presidencia, el PRI no se desintegró pues conservó parte de su control territorial y siguió siendo un factor de poder local y regional pero también tuvo una presencia importante en los congresos estatales y en el federal. La falta de pericia en el ejercicio de la presidencia por parte del gobierno panista de Vicente Fox fue un factor importante para no desmantelar al PRI. También lo fue el hecho de que ese gobierno quedó atrapado en la contradicción de, por un lado, garantizar la estabilidad económica del país, lo que también se tradujo en la protección del poder y privilegios de una clase, y por otro lado, cumplir con las expectativas ciudadanas de democratización efectiva. El gobierno de Fox simplemente sucumbió en medio de la corrupción, la represión y el desencanto ciudadano.3 Las elecciones presidenciales de 2006 no dieron como resultado un fortalecimiento de la democratización del régimen sino el inicio de una oligarquización de la política interna en la cual los grupos empresariales han sido protagónicos. Es significativo en este sentido el papel cada vez más relevante que han adquirido en la esfera política los dueños de las concesiones para operar el espacio radioeléctrico, en especial el duopolio televisivo. Es difícil negar que el activismo explícito de las televisoras haya desplazado a los factores tradicionales del poder. En términos de la relación estatal gobernantes/gobernados, el panismo en el poder ha representado un deterioro profundo. Carentes de proyecto de nación y sobre todo de visión de Estado, los gobiernos del PAN han asimilado el aparato estatal a los parámetros de una empresa en cuya administración ni siquiera se han acreditado como eficientes ni honestos. Tampoco han facilitado el procedimentalismo democrático sino que incluso han reproducido las inercias autocráticas al grado de identificarse con los métodos y las formas del PRI. Esta identificación no sólo ha anulado al panismo como corriente histórica crítica del despotismo, la corrupción y la autocracia sino también como una opción ciudadana de las clases medias para expresarse políticamente. De hecho, la convergencia práctica entre el priismo y el panismo es inexplicable desde un plano meramente ideológico o de principios: es el interés por
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Varias investigaciones periodísticas documentan la corrupción de los gobiernos panistas. Por ejemplo, Reveles (2006), Lizárraga (2009), Cervantes (2009). METAPOLÍTICA
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DEBATES | GERARDO ÁVALOS TENORIO perseverar en las privatizaciones e inclusive beneficiarse de ellas a costa del espacio público, lo que los hace coincidentes. Si el aparato de Estado es convertido en una empresa y sus administradores operan para quebrantarla, el resultado inevitable será la disolución del propio Estado en tanto comunidad política. La autoridad estatal se extravía como factor de cohesión social y su lugar lo irá ocupando un poder despótico que hace de la violencia su divisa cotidiana. Esto es lo que ha sucedido desde 1988 pero se ha profundizado con los gobiernos panistas de Fox y Calderón. Con un importante déficit de legitimidad electoral, el gobierno de Calderón recurrió al peligroso expediente de declaración de guerra contra la delincuencia organizada, particularmente contra el narcotráfico. También echó mano de la criminalización de la protesta social, como en el caso de la APPO de Oaxaca y los líderes de Atenco. En la supuesta guerra contra el crimen organizado, el grupo gobernante ha utilizado al ejército nacional como ariete, lo que no sólo ha resultado ineficaz y costoso sino también pernicioso para las garantías individuales y los derechos humanos. Y es que, en verdad, se trata de una estrategia muy arriesgada en la medida en que otorga cada vez más poder y privilegios al ejército y porque hace cada vez más dependiente el poder civil al militar. En el grupo gobernante no hay grandes estrategas ni siquiera medianos estadistas, por lo que lanzar al ejército por delante, desconociendo los principios más elementales de la estatalidad, ha representado hasta el presente sólo mayor violencia y menor autoridad estatal: ninguna imagen más elocuente para esta opción militar que la del aprendiz de brujo. Por cierto, la fuerza de un Estado no está fundamentalmente en el ejército ni en los cuerpos policíacos. En contraste, no existe ni la más mínima evidencia de intervención para bloquear o interceptar los circuitos financieros de lavado de dinero del crimen organizado; tampoco existe política estatal alguna para prevenir el consumo de drogas, a no ser las consabidas e ineficientes campañas en medios de comunicación o, peor aún, las primitivas prácticas de revisión parapoliciaca en las escuelas: todo en la misma lógica de persecución y represión. De rehabilitar a los adictos por medio del trabajo, el arte y el deporte, por ejemplo, ni hablar: como tales estrategias no enriquecerían a ningún particular relacionado con el grupo gobernante, entonces no se promueven. En suma, la estrategia gubernamental para obtener METAPOLÍTICA
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algún tipo de legitimidad solamente hunde al país en la violencia. Esta vorágine de violencia en la que está envuelto el país no sólo demuestra el fracaso de la estrategia oficial para combatir al crimen organizado sino también pone en evidencia que al gobierno se le está escurriendo el poder estatal entre las manos. Es real la posibilidad de que el grupo gobernante actual haga que el aparato estatal pierda el monopolio de la violencia física y deje proliferar a grupos paramilitares, de autodefensa y de seguridad privada, para dar paso a una privatización más: la de la seguridad pública, el combate al crimen y las cárceles.
IV
El Estado también es proceso de cohesión entre los miembros, clases y grupos que forman una comunidad. En este sentido, la sociedad civil no está fuera y en contra del Estado sino que el propio Estado deviene condición de existencia superior de la sociedad civil. Ésta se convierte en Estado cuando logra institucionalizar en normas y prácticas su ethos propio. El nacionalismo y el patriotismo han sido las divisas modernas para la cohesión de la sociedad y su transformación en Estado. Advierto que no es incompatible el pluralismo con la identificación de valores nacionales y patrióticos que actúan como significantes de unificación de los diversos grupos e individuos. Sin este elemento de unificación no hay Estado posible. Varios clásicos del pensamiento político hicieron énfasis en la necesidad de fundar y promover una religión civil que garantizara la identificación del individuo libre con su Estado y sus fines. En México la promoción de la educación pública para todos fue el motor para la superación de la religión tradicional y la construcción de un orden social civilizado e incluyente. No es difícil darse cuenta del fracaso de la educación iluminista. Las inmensas audiencias televisivas y el bajísimo nivel de lectura promedio de los mexicanos atestiguan que el individualismo posesivo se ha instalado en la mentalidad de amplios grupos de la población. Las desproporcionadas expectativas que genera la selección nacional de fútbol es, como han señalado diversas voces, el síntoma de la ausencia de una auténtica conciencia nacional. También funciona como sucedáneo de un nacionalismo genuino y como elemento de sublimación de las frustraciones en el juego real del poder en el plano global. Al abandono del pro-
EL ESTADO MEXICANO EN DISOLUCIÓN | DEBATES yecto nacional por parte del grupo gobernante corresponde la expansión de la ideología del individualismo posesivo y la indolencia frente a lo público de amplias capas de una población joven cada vez más excluida de la integración que supone el mercado. De nueva cuenta, la violencia que actualmente padece el país sería imposible, por lo menos en las dimensiones que ha adquirido en los años recientes, si no fuera por la disposición de los jóvenes a ingresar en los circuitos de la droga, la delincuencia y el crimen, previamente adiestrados por la industria cultural. En estas condiciones el Estado, el
proceso estatal, declina por arriba, por el lado del grupo gobernante, los representantes populares y los administradores de justicia, pero también se desfonda en el plano de la sociedad y en la vida cotidiana. Pensaba Hobbes que el Estado civil era creado para superar la condición de naturaleza del hombre que era un estado de guerra de todos contra todos y donde la vida era corta, insegura e infeliz. Es una estampa que sugiere que en México padecemos una clara tendencia a dejar de vivir en una condición estatal. !
REFERENCIAS
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LOS ABANDONOS
económicos DEL ESTADO MEXICANO Orlando Delgado Selley*
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a crisis ofrece la posibilidad de evaluar el desempeño de los gobernantes a partir de la manera como la enfrentan y como le informan a sus gobernados la naturaleza de las dificultades y los escenarios más probables para el corto y mediano plazo. Esta crisis, la primera crisis financiera global del siglo XXI, además, permite juzgar la gestión de las administraciones que han gobernado al país desde 1983 y que se plantearon transformarlo implantando el imperio del mercado, lo que permitiría lograr una etapa de desarrollo alto, sostenido y estable, y con una mejoría notable de los niveles de vida de la población. Luego de dos décadas y media es posible evaluar el cumplimiento de sus propuestas. La primera crisis del siglo XXI empezó en el mundo desarrollado en agosto de 2007 con el estallido de la burbuja inmobiliaria y en la periferia del mundo los impactos se han sentido en 2009. Dos años de crisis en el mundo y uno entre nosotros permite apreciar el éxito en los programas planteados para enfrentar la recesión económica y, sobre todo, el sentido social de esas acciones. Para fundamentar el desmantelamiento del Estado interventor, que en el caso latinoamericano y en el mexicano era un Estado desarrollista, se construyó una crí*Profesor de Tiempo Completo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. METAPOLÍTICA
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tica radical del funcionamiento de un modelo de desarrollo basado en la noción de que los Estados tenían la responsabilidad de conducir el desarrollo nacional y evitar que se dieran depresiones como la de 1929. Este trabajo se propone analizar estas dos ofertas de gobiernos neoliberales: primero, las promesas asociadas a la implantación de un modelo económico que sustituía una industrialización liderada por el Estado (Ocampo, 2004), que enfrentaba importantes problemas en ámbitos decisivos del funcionamiento económico y de su impacto en las condiciones de vida de la población. Después, nos concentramos en la crisis económica actual, no en sus características sino en las medidas planteadas para enfrentarla, en sus resultados y en los contenidos sociales de la crisis y de esas medidas. Finalmente, reunimos las principales consideraciones para plantear los saldos de casi treinta años de un modelo económico y de una crisis que ha alcanzado las características de una depresión económica.
UNO
El patrón de acumulación neoliberal se instrumentó a partir del cambio de las instituciones económicas y de las políticas económicas. El programa estaba basado en una crítica conservadora del intervencionismo ca-
LOS ABANDONOS ECONÓMICOS DEL ESTADO MEXICANO | DEBATES pitalista que se sustentaba en una visión teórica supuestamente moderna, la denominada síntesis neoclásica.1 Estas ideas pudieron imponerse porque el desempeño económico en el mundo capitalista desarrollado, y por supuesto también en el periférico, se había deteriorado. La inflación aumentaba, el desempleo también crecía y había empezado a reducirse el nivel de vida. Los ciclos económicos se repetían, pero en cada uno de ellos la inflación y el desempleo eran mayores: en 1966 y 1969 la inflación y el desempleo fueron superiores que antes de 1966, crecieron en 1970 y 1974 y en 1979 crecieron nuevamente. Al mismo tiempo era cada vez mayor la percepción social de que los niveles de vida ya no mejoraban y que incluso empezaban a deteriorarse. Sin embargo, en los 35 años de la posguerra, de 1945 a 1980, la amenaza de una depresión nunca estuvo presente. La crítica neoliberal al modelo intervencionista estatal se basó en la vieja idea de que los mercados autorregulados eran capaces de alcanzar resultados óptimos. La intervención gubernamental impedía que esos resultados se lograran.2 El credo neoliberal al concentrarse en que las intervenciones gubernamentales generaban inflación, al tiempo que eran igualmente incapaces de alcanzar el pleno empleo y, además, ya no podían aumentar los estándares de vida, planteó que esas intervenciones eran precisamente el origen del problema, de modo que lo que había que hacer era sacar al gobierno de la economía mediante la privatización de las empresas públicas y la liberalización económica. Esta visión proponía que los mercados tomasen el control del sis1
“El mayor teorema de la síntesis neoclásica es que un sistema de mercados descentralizado, cuyas unidades están motivadas por su propio interés, es capaz de alcanzar resultados coherentes y, en ciertos casos especiales, estos resultados pueden caracterizarse como eficientes” (Minsky, 1982, p. XII). 2 Esta noción se convirtió en una verdadera fe en la salvación secular de la humanidad, que se difundió en oleadas intermitentes a partir de 1820 cuando el liberalismo económico alcanzó una “pasión de cruzada” y el laissez-faire se convirtió en un credo militante (Polanyi, 2001). Cien años después, el liberalismo económico ganó un enorme prestigio intelectual luego de que las crisis habían golpeado a cientos de millones de personas, pero después de la guerra el liberalismo perdió su poder de persuasión cuando los gobiernos de Gran Bretaña y Estados Unidos se alejaron de esa doctrina y se empeñaron en una “gran transformación” en la que los gobiernos de los países desarrollados tenían un papel muy activo en la promoción de sus industrias y del desarrollo tecnológico y en la protección del derecho al trabajo (Stiglitz, 2001).
tema económico y, a partir de él, controlasen toda la organización de la sociedad. En lugar de que la economía se arraigara en las relaciones sociales, se proponía —y se estableció— que estas relaciones sociales se arraigasen en la economía (Block, 2001). Este desarraigo de la economía respecto a lo social llevaba a que se abandonara la función económica del Estado en tres mercados fundamentales: el del dinero y el crédito, el de la fuerza de trabajo y el de la tierra. Estos tres mercados exigen decisiones políticas que no pueden reducirse a cuestiones técnicas o administrativas.3 El liberalismo, sin embargo, logró establecer que el mecanismo de ajuste automático de los mercados era capaz de producir resultados óptimos que resolverían no sólo los problemas que había creado el Estado intervencionista, esto es, la inflación y el desempleo, sino que recuperaría la mejora en la calidad de vida de las poblaciones. Estos resultados, por cierto, no eran conseguibles exclusivamente en los países desarrollados, sino que los países periféricos o subdesarrollados, llamados actualmente emergentes, también lo tenían al alcance si hacían las reformas que terminaran con los Estados desarrollistas. Estas reformas en el caso mexicano fueron planteadas con el lenguaje críptico típico de los regímenes autoritarios.4 El discurso se enmascara en un contenido político y social inexistente: 3
En el primer mercado el gobierno intervine para controlar que los excesos en el precio del dinero inhiban la inversión, en el segundo el gobierno es responsable de que la población en edad de trabajar consiga un puesto de trabajo y en la tierra los precios agrícolas se determinan a partir de decisiones que buscan garantizar la reproducción del capital. 4 En un discurso pronunciado en mayo de 1988, el entonces Presidente de la República señalaba que “se ha avanzado en el fortalecimiento de la rectoría del Estado, desprendiéndonos de lo secundario, de lo que pueden manejar los particulares, para que el Estado mexicano pueda cumplir mejor con sus responsabilidades esenciales, para que pueda hacer la infraestructura que requiere el país…” (Secretaría de la Contraloría, 1988, p. 7). Este discurso demagógico se reafirma en un texto pretendidamente académico: “Hace casi nueve años [esto se escribió en 1991] México eligió el camino hacia la modernización. En el momento en el que nos encontrábamos inmersos en la confusión de una crisis económica y engañados por el espejismo de nuestro Estado paternalista, retornamos a nuestros principios fundamentales y tuvimos que definir la manera en que las fuerzas productivas de nuestro país tendrían que reorganizarse para producir bienes y servicios y ofrecer los beneficios del crecimiento a todos los miembros de la sociedad” (Aspe, 1993, pp. 9-10). METAPOLÍTICA
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DEBATES | ORLANDO DELGADO SELLEY La modernización, como se está llevando a cabo en México… contiene una profunda dimensión social. Es el compromiso de respetar las iniciativas de la comunidad y la promoción de los logros individuales; se basa en la inevitable necesidad de elevar la importancia del ciudadano, de organizar mejor la edificación y manejo del Estado y del gobierno. Está enfocado hacia el fortalecimiento de México por medio de la unidad, del progreso y de la justicia social (Aspe, 1991, p. 10).
Tras este planteo se ocultaba la decisión política de retirar al Estado de actividades productivas importantes, a las que se habían destinado cuantiosas inversiones con recursos públicos, de eliminar la protección de la industria asentada en el país, de desregular la economía, de eliminar los subsidios generalizados al consumo, así como las exenciones fiscales con fines de creación de empleo y expansión económica, de eliminar a la banca de desarrollo, etcétera. El recorrido de este proyecto liberalizador, que tiene ya prácticamente tres décadas, puede evaluarse con indicadores socialmente aceptados. El primero y obvio es la dinámica económica: el planteo neoliberal fue que los mercados eran capaces de hacer más eficiente a la economía, lo que necesariamente tendría que traducirse en un crecimiento del PIB alto y, sobre todo, sostenido. Usando como base de comparación los periodos sexenales, desde la presidencia de López Mateos hasta la de Felipe Calderón, tenemos que en 1959-64 el PIB mexicano creció en promedio a una tasa anual de 6.3 por ciento, en 1965-70 al 7.4 por ciento, en 1971-76 al 6.2 y en 1977-82 al 6.2; el crecimiento de la economía en estos 24 años fue de 6.5 por ciento promedio anual.5 Con las reformas orientadas al mercado el crecimiento promedio anual ha sido el siguiente: en 1983-88 se alcanzó un 0.2 por ciento, en 1989-94 se logró un 3.8, en 19952000 crecimos al 3.5, en 2001-06 un 2.3 y en los dos años de Calderón el dato es 2.3; en promedio, en estos 26 años el crecimiento económico alcanzado ha sido del 2.4 por ciento promedio anual. La comparación es apabullante: 6.5 contra 2.4, esto es, 1.7 veces mejor desempeño en la llamada época del populismo. Reconociendo que el mal desempeño del sexenio 1983-88 pue5 La información está tomada de los Informes Anuales del Banco de México. Para el caso del PIB per cápita algunos años fueron tomados del Estudio Económico de América Latina que publica anualmente la CEPAL.
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de asociarse a la gestión inmediata anterior, puede eliminarse de la comparación sexenal anterior; así las cosas, compararíamos el 6.5 por ciento promedio anual de crecimiento económico de los años desarrollistas con 3 por ciento anual del periodo neoliberal, lo que da cuenta de un desempeño que es 1.2 veces mejor en el primer periodo que en el segundo. En cuanto al producto per cápita, que es simplemente el cociente entre el PIB y la población y que, en consecuencia, es sensible a los movimientos en el ritmo de crecimiento demográfico, la información es la siguiente: en los cuatro sexenios del desarrollismo estatal el incremento del producto por habitante fue 2.8, 3.1, 3.2, 3.7, para un promedio de 3.2 por ciento en los 24 años desarrollistas. En los sexenios del neoliberalismo priista y panista, el per cápita disminuyó -1.7 en 198388 y luego fue de 2.0, 1.8, 1.2 y en los dos años recientes también 1.2, para un promedio en los 36 años de 0.9 por ciento anual. La comparación de nuevo es contrastante: 3.2 contra 0.9, lo que indica que en aquellos años el aumento del producto por habitante fue tres veces mayor que en los años neoliberales, pese a la importante reducción en el ritmo de crecimiento demográfico. Haciendo la misma corrección que con el comportamiento del producto, tendríamos que la comparación sería 3.2 por ciento anual de aumento del per cápita contra 1.5 por ciento, esto es, un incremento del producto por habitante en los años en los que el imperio del mercado permitiría alcanzar resultados óptimos que es apenas la mitad del alcanzado cuando la intervención estatal teóricamente lo impedía. Pero debiéramos introducir una corrección adicional: en la década de los años sesenta y setenta del siglo pasado la tasa de crecimiento de la población fue de 3.4 y 3.3, en tanto que en los ochenta y noventa se redujo a 2.0 y 1.8 y en los años 2000 ha llegado a 0.95 anual (Nacional Financiera, 1984, 1985 y 1998). La importante reducción en el ritmo de crecimiento poblacional no contribuyó a mejorar el crecimiento promedio del producto por habitante en el periodo neoliberal. Este indicador, además, revela una de las más importantes carencias de los años neoliberales: la manera como ha funcionado la economía mexicana no ha permitido que se generen los empleos suficientes para absorber a la fuerza de trabajo joven que anualmente se incorpora al mercado de trabajo, mucho menos para recuperar el rezago acumulado en los tiempos del Estado intervencionista. Junto a esto, los mecanismos laborales
LOS ABANDONOS ECONÓMICOS DEL ESTADO MEXICANO | DEBATES que la legislación liberal ha permitido han provocado una notoria precarización del trabajo que se funda en procedimientos de subcontratación para sustituir tareas que eran desempeñadas por trabajadores sindicalizados. El impacto directo de estos dos fenómenos se ha dado en dos sentidos: el crecimiento de la economía informal y la migración de mexicanos a Estados Unidos. Este último fenómeno ha implicado que la tasa de crecimiento poblacional disminuya cerca de medio punto porcentual. Esto se explica debido a que, según la Comisión Nacional de Población, dependiente de la Secretaría de Gobernación, el flujo neto anual (diferencia entre inmigración y emigración) se ha multiplicado —en términos absolutos— en más de trece veces en las últimas tres décadas y media, al pasar de un promedio anual de 26 mil a 29 mil personas en los sesenta a más de 300 mil por año en la década de los noventa y a cerca de 400 mil en los primeros años del presente siglo” (Conapo, 2005).
La expulsión del país por razones económicas de cientos de miles de mexicanos ha sido una constante en la historia nacional; lo dramático es que esta constante se ha incrementado trece veces en los años reciente, lo que constituye una constatación del fracaso del modelo económico que ofrecía convertirnos en un país desarrollado. Ello se ratifica si se atiende a la evolución de la ocupación informal. Según la información disponible, la población económicamente activa del país es del orden de los 42.5 millones de personas, de las cuales aseguradas en el IMSS y/o en el ISSSTE y los servicios sociales de las entidades y municipios son 20 millones. Si se suman los desempleados abiertos que, en los momentos malos, llega a 2 millones, tenemos que la población económicamente activa (PEA) sin ningún tipo de aseguramiento es del orden de los 20 millones de personas. Así que el dato ocupacional es impactante: han emigrado en los últimos 20 años alrededor de 7 millones de mexicanos y se encuentran ocupados en la economía informal cerca de 20 millones. Casi las dos terceras partes de la PEA están fuera de la economía formal del país. Este solo dato documentaría sobradamente el fracaso del modelo económico que se implantó en el país desde los años ochenta del siglo pasado. En un recuento general para realizar un balance del desempeño de la economía en los últimos treinta años,
los años neoliberales, otros dos elementos son importantes: la pobreza y la desigualdad en la distribución del ingreso. En cuanto a la pobreza, se ha demostrado que en las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado la pobreza se redujo en números absolutos a una tasa de 0.4 por ciento promedio anual y en las dos décadas siguientes aumentó a una tasa anual de 2.8 por ciento. En 1963 la población mexicana pobre era de 28.1 millones de personas, para 1977 el número se redujo a 26.7 millones; en cambio en 1984 los pobres aumentaron hasta sumar 45.7 millones de personas, en 1989 llegaron a 50.4, en 1996 aumentaron hasta sumar 55.7 y en 2000 disminuyeron a 50.1 millones de personas. Distintas investigaciones han estimado que para 2008 el número de pobres en México era de 45 millones (La Jornada, 09/04/08) lo que revela una mejoría respecto a 2000 pero está muy lejos de lo logrado en 1977. Los datos para los mexicanos en pobreza extrema muestran una tendencia similar: en 1963 eran 23.4 millones, en 1977 se redujeron a 18.4, para 1984 aumentaron a 31.2, en 1989 llegaron a 33.7 millones, en 1996 aumentaron nuevamente a 37.2 y en 2000 disminuyeron sumando 30.1 (Hernández Laos y Velázquez, 2003). La otra variable importante es la distribución del ingreso. El ingreso en México siempre ha estado concentrado: en 1963 el 10 por ciento más pobre de la población recibía solo el 1 por ciento del ingreso, mientras que el 10 por ciento más rico se apropiaba del 50.2 por ciento del ingreso. En los siguientes años, juzgando a partir de la comparación de estos deciles extremos, se observó una cierta desconcentración del ingreso, especialmente en 1968. 1977 y 1984. Entre 1985 y 1987, cuando se realizó la apertura comercial de nuestra economía, las tendencias hacia la desconcentración se revirtieron: en 1989 aunque el primer decil tuvo un aumento considerable en su participación en el ingreso al recibir el 1.54 por ciento del ingreso total, el decil más rico, el 10, también aumentó considerablemente alcanzando los niveles de 1963 con un 49 por ciento. En los siguientes años hubo movimiento hacia una menor desigualdad en 1989 y 1994 y hacia un aumento de la desigualdad en 1998 y 2000 (Hernández Laos y Velázquez, 2003, pp. 78-82); para 2005 de nuevo se produjo un movimiento que redujo la concentración y con la información recientemente publicada para 2008 la concentración volvió a agudizarse. En el largo plazo, es decir, comparando 1963 y 2008, es indudable que la desigualdad en la distribución del METAPOLÍTICA
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DEBATES | ORLANDO DELGADO SELLEY ingreso se ha atemperado: en aquel año el decil pobre se apropiaba de apenas el 1 por ciento del ingreso y ahora lo hace del 1.6 por ciento, en tanto que el decil rico se apropiaba en 1963 del 50.2 por ciento del ingreso y en 2008 recibe el 38 por ciento. Sin embargo, seguimos siendo uno de los países con mayor concentración del ingreso.
DOS
La crisis financiera y económica que enfrentamos es una crisis eminentemente global. En sus orígenes está una expansión colosal del crédito, explicada por la burbuja inmobiliaria, por innovaciones financieras y por una regulación y supervisión extraordinariamente laxas. La crisis ciertamente llegó del exterior, transmitiéndose a las diferentes economías periféricas por canales financieros y también por canales reales. De modo que los impactos se registran en la producción, el empleo, el ingreso y el consumo de las familias. Evitar que esos impactos los recibiese la economía mexicana era evidentemente imposible, pero era indudablemente posible amortiguar algunos de sus efectos y, sobre todo, reducir las consecuencias en términos de ingreso y consumo de los mexicanos más desfavorecidos. Esa era, y sigue siendo, la responsabilidad fundamental de cualquier Estado, neoliberal o desarrollista. En relación con las propuestas del Estado mexicano lo primero que sorprende es el diagnóstico de esos que Calderón llamó “probablemente el mejor equipo económico gubernamental” del mundo. De entrada minimizaron la magnitud de la crisis, en base al supuesto de que era una crisis financiera que golpeaba a las empresas estadounidenses y a algunas europeas. El planteo del Secretario de Hacienda en el sentido de que a diferencia de lo que pasaba hace algunos años, cuando a Estados Unidos le daba fiebre a nosotros nos daba pulmonía, ahora a Estados Unidos le ha dado pulmonía y a nosotros nos dará un simple catarro, se convirtió en la prueba irrefutable de su irresponsabilidad económica y política. Luego se dieron cuenta de que esa crisis era mucho mayor de lo que pensaban, pero siguieron sosteniendo que los impactos sobre nuestra economía iban a ser ligeros y que durarían poco. En términos técnicos hablaron de que había un desacoplamiento del ciclo económico mundial, lo que se fundamentaba en que los METAPOLÍTICA
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primeros meses recesivos en los países desarrollados sólo habían afectado marginalmente a los países de América Latina. El crecimiento económico logrado en 2008 daba cuenta de ese aparente desacoplamiento: la región logró un incremento de su PIB del orden de 4.6 por ciento (CEPAL, 2008), en tanto que el conjunto de los países desarrollados sólo lograron 0.9 por ciento y economías como la japonesa y la italiana tuvieron caídas de 0.6 y 1.2 (IMF, 2009) mientras México logró crecer 1.3 por ciento. Un tercer diagnóstico los llevó a reconocer la gravedad de la situación. A partir de enero de 2009 se convencieron de que había que actuar con mayor decisión, lo que les llevó a reeditar los pactos anti-inflacionarios del salinismo, ahora convertidos en un “Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo”. Este Acuerdo implicaba recursos fiscales que difícilmente alcanzarían para enfrentar la magnitud de las dificultades. El diagnóstico se había modificado, aunque seguían pensando que la crisis mexicana estaba desfasada respecto a la mundial. En su perspectiva lo peor ocurriría hasta 2010, lo que se explicaba por el hecho de que el gobierno había comprado coberturas del precio del petróleo mexicano hasta septiembre de 2009 lo que permitía que los ingresos de exportación se hubieran fijado en 70 dólares por barril. En consecuencia, la principal fuente de divisas estaba garantizada para la mayor parte de 2009. Por ello, según su visión, la crisis golpearía al país hasta finales de 2009 y principios de 2010, cuando se estimaba que lo peor de la crisis mundial ya habrá pasado para Estados Unidos y Canadá, nuestros socios comerciales. De modo que la apuesta del equipo económico del gobierno mexicano era que en nuestro país la crisis sería poco profunda y de corta duración. De allí su insistencia en compararla con la crisis de 1994-95, en la que el PIB se redujo 6.2 por ciento ese año pero en los años siguientes hubo una recuperación rápida y alta (entre 1996 y 2000 el crecimiento anual promedio del producto fue de 5.4 por ciento). Su planteo es que si entonces la crisis se superó en 10 meses, y era una crisis complicada, en esta ocasión no alcanzaría esa profundidad y su duración sería menor. Nadie en el mundo compartía esa tesis. Las predicciones de los organismos financieros internacionales, de los gobiernos de los países desarrollados y de las corredurías financieras reconocían que la situación se deterioraba, pese a las exorbitantes cantidades destinadas a los salvamentos fi-
LOS ABANDONOS ECONÓMICOS DEL ESTADO MEXICANO | DEBATES nancieros y las que se estaban destinando a los sectores productivos. El mundo de los economistas miraba con pesimismo la evolución de la economía mundial. Mientras tanto, Calderón y su equipo veían con un optimismo alarmante la situación y, lo peor, actuaba a partir de ese optimismo. Desgraciadamente sus previsiones fallaron. En otras latitudes su incompetencia y arrogancia les hubiera costado el puesto, aquí las consecuencias las estamos pagando todos. El problema no es académico, sino eminentemente político: de sus decisiones se derivaba el que lográramos paliar los efectos mayores de la crisis sobre la producción y el empleo y reducir la duración de la recesión. El “Acuerdo” proponía paliativos que, en realidad, resultaban intrascendentes en relación con la situación que se enfrenta. Su impacto económico era naturalmente limitado. En un texto anterior anotábamos que las consecuencias de la crisis se extenderían y el Estado estaría ausente, ya que tenemos un gobierno insensible frente a la desesperanza, incapaz de garantizar los más elementales derechos: seguridad, trabajo decente, educación de calidad, salud (Delgado, 2009). La evolución de la crisis mexicana confirmó con creces nuestra perspectiva. La economía está registrando contracciones en la actividad económica muy superiores a lo que se había previsto. Mientras los funcionarios gubernamentales se vanaglorian del resultado de sus políticas, la información los desmiente con contundencia. CEPAL publicó que los resultados de cierre de este año para América Latina serán peores de lo previsto ya que se reducirá su producto en 1.9 por ciento. En su estimación de marzo pasado había proyectado una reducción de sólo 0.3 por ciento. Este empeoramiento se asocia a que México tendrá una contracción mucho más severa de que se esperaba hace unos meses, del orden de -7 por ciento y a que Brasil también decrecerá, aunque sólo -0.8 por ciento. En la región latinoamericana México destaca: en al auge de 2003-08 por haber tenido las menores tasas de crecimiento y en la recesión actual por ser la economía que más se contraerá. En los últimos diez meses la tasa de desempleo ha aumentado en casi dos puntos porcentuales, lo que implica que 700 mil personas adicionales están en busca de empleo y no lo obtienen, llegando a un total de casi 2 millones 400 mil personas en busca de empleo. Si incorporamos el indicador del total de trabajadores asegurados en el IMSS, de junio de 2008 a mayo de
2009 se han perdido 604 mil empleos formales. Sabe-
mos que la contracción de la actividad económica continúa, lo que quiere decir que seguiremos perdiendo puestos de trabajo y que jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo en busca de empleo no lo obtendrán. Las familias de este conjunto de personas irremediablemente verán que su calidad de vida se reduce. A este panorama hay que añadir que muchas de las familias que viven de las remesas que reciben de sus familiares han dejado de recibirlas o, en el mejor de los casos, han visto reducir su monto. De cualquier manera el impacto sobre sus condiciones de vida es brutal. La crisis ha mostrado con absoluta crudeza la incapacidad del gobierno de Calderón para enfrentarla. Ha documentado su frivolidad y su arrogancia. Ha puesto al desnudo que piensan que los mexicanos podemos ser engañados con ideas tontas, como la crisis vino de afuera, el tema del catarrito o las innumerables correcciones a las estimaciones sobre las perspectivas inmediatas y mediatas. Pero lo más importante ha puesto en evidencia que no entienden la naturaleza fundamental de cualquier gobierno que responde a sus electores: la responsabilidad de evitar que se deteriore el nivel de vida de la población que enfrenta mayores desafíos. Los grupos vulnerables requieren que el Estado les garantice el uso de todos los recursos a su alcance para defender sus condiciones de vida. Los ricos cuentan con los recursos necesarios para defenderse por sí mismos. Esa es la responsabilidad esencial de un gobierno. Frente a esta responsabilidad este gobierno falló.
TRES
Para todos los analistas, el desempeño de la economía mexicana es decepcionante. La OCDE señaló que en los últimos 20 años, 11 gobernados por el PRI y otros 9 por el PAN, ha ocurrido un fracaso industrial y un lento avance en los indicadores de bienestar. El Centro de Estudios del Sector Privado advirtió que los niveles de producción perdidos se recuperarán hasta 2012 y que la economía informal ha crecido hasta representar el 63.4 por ciento de los trabajadores. El panorama no ofrece ningún argumento para pensar que lo peor ha pasado. En realidad, el fracaso económico mexicano no es solamente el de un modelo de desarrollo implantado en los años ochenta. Es también el fracaso de los grupos METAPOLÍTICA
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DEBATES | ORLANDO DELGADO SELLEY políticos y económicos que lo han impulsado a toda costa. Es el fracaso del PRI neoliberal, es el fracaso del PAN igualmente neoliberal, el fracaso de los grupos mo-
nopólicos es relativo: ellos han ganado, pero el mediocre desempeño económico les limita. Por eso cambiaron de partido en 2000 y por eso lo han hecho ya en 2009. !
REFERENCIAS
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¿
A quién
Y PARA QUÉ
SIRVE LA LEY EN MÉXICO? NOTAS SOBRE EL ESTADO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO
Rafael Estrada Michel* A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Silvio Rodríguez
H
a corrido por ahí, sin duda con propulsores interesados, la especie de que con la transición democrática los mexicanos hemos abandonado nuestro tradicional apego a las leyes y a las instituciones. Nada más falso, dado que tal tradición es auténticamente inhallable en nuestra Historia independiente, cuando menos en su dimensión positiva, es decir, en su sentido propiamente constitucional. En efecto, el respeto a las leyes ha sido entre nosotros, en el mejor de los casos, mistificación de una voluntad general que nadie ha visto jamás y, en el peor, sumisión a la arbitrariedad y al instinto homicida de los poderosos. Por ningún lado encontramos una cultura de respeto a los valores fundamentales, a los principios que hacen posible una convivencia pluralista. Nuestra “cultura de la legalidad” ha sido desde siempre culto a la voz de una representación naturalista, casi darwiniana, que no ha respondido a una configuración democrática ni al seguimiento de procesos abiertos, adultos y tolerantes. La ley se cumple porque es la ley, es decir, porque ante *Escuela Libre de Derecho.
su incumplimiento el poder político tiene la facultad discrecional de reprimir en forma artera o de dejar pasar y cobrar más tarde el favor con el correspondiente anatocismo. Querer ver en ello una virtud abandonada en el camino resulta notoriamente necio y destructivo. En las democracias consolidadas lo que cuenta, por el contrario, es el juzgamiento acerca de la legitimidad de las leyes. El ordenamiento jurídico se encuentra en ellas íntegramente constitucionalizado y la legitimidad de toda legislación y de cualquier acto de gobierno depende de su concordancia con la Constitución, entendida ésta como algo que excede, y en mucho, a una mera superlegalidad llena de preceptos y de reglas (Carbonell, 2005, pp. 16-21). La Constitución opera como un modelo de principios en perpetua adecuación a los valores que se van imponiendo con el paso de las épocas y de las sociedades. Mira al legado del pasado (en este sentido es conservación), pero sus miras pertenecen al futuro (de ahí su carácter revolucionario). Entre tanto, en el presente, determina las formas concretas de hacer justicia y mantiene el equilibrio, siempre precario y siempre precioso, que hace posible la paz (Carbonell, 2005, pp. 88-91). No hay en esto apoteosis alguna del Legislativo, que se interpreta como uno más de los poderes, tal vez METAPOLÍTICA
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DEBATES | RAFAEL ESTRADA MICHEL el más cercano a las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos (o de otra conveniente abstracción: la “Nación”), pero tan falible como lo es cualquiera de sus representados. Lo que ha marcado en Occidente el tránsito entre el legolátrico “Estado de Derecho” y el auténtico Estado constitucional (Ferrajoli, 2007, p. 71) es, de hecho, el desconocimiento de la decimonónica “omnipotencia del Parlamento” (Corte Costituzionale italiana, 2008, p. 14). En un país como el nuestro, acostumbrado por décadas (un siglo largo en realidad: el del Porfiriato individual y el del colectivo) a que se legislara desde Palacio o desde Los Pinos, los juicios técnicos y de valor sobre lo que el legislador produce son en sí mismo positivos. Es en ese difícil y transitorio punto de inflexión en donde nos hallamos ahora, y por eso la vital tarea de la Suprema Corte se encuentra en constante señalamiento y es objeto de incomprensiones varias. “Ley” es concepto que ha corrido con suerte sobre todo en las regiones de lengua romance, herederas del proceso napoleónico de codificación. Noción taumatúrgica, se le asimila facilonamente con la anglosajona “Law” que tiene, sin embargo, alcances mucho mayores. Si entre los países de tradición continental la “ley” puede identificarse con el producto del proceso legislativo, si es la expresión de un “pueblo” o una “nación” que en ejercicio de su “razón natural” fija de una vez y para siempre en un cuerpo normativo lo que es su “voluntad”, una “voluntad” legítima precisamente porque es “general”, los anglos han podido distinguir entre los mandatos del poder político (statutes o acts) y los preceptos jurídicos, frecuentemente desarrollados jurisprudencialmente a partir del derecho de los casos que tiene en la “law” su faro y guía inextinguible. Así, “law” debe regir como principio inmanente a todos los procesos (due process of law) y a todos los actos de gobierno y de ejercicio de las libertades (rule of law) (Orth, 2003, p. VIII). Equivale más a nuestro “orden jurídico” (del que nadie parece querer acordarse ya) o a nuestro “principio de buena fe” (estacionado en el garaje de las buenas intenciones) que al formalista y procedimental concepto de “ley”. Cuando la Carta Magna de 1215 habla de la lex terrae se refiere a un Common Law principialista, derivado de la labor multisecular de los jueces ingleses, y no a las reglas, preceptos y normativas de un grosero “principio de legalidad” que es todo menos principio actuante y renovador. Los gravísimos desafíos que nos presenta la transiMETAPOLÍTICA
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ción no se resolverán con el pomposo “cumplimiento estricto” de lo que dictan leyes hechas por congresos de dudosa representatividad y más que precaria capacidad argumentativa. Puede cumplirse estrictamente la ley (de hecho se hace) en temas de los que se abusa (la prisión preventiva no es mal ejemplo) y el resultado es siempre el mismo por cuanto el cumplimiento de leyes atrabiliarias no abona a favor de la creación de una cultura constitucional. ¿De qué nos ha servido tener las cárceles llenas de personas que aguardan condena o absolución?, ¿se ha abatido en algo el índice de los delitos cometidos?, ¿hay quien se sienta seguro en nuestras ciudades?, ¿se hace un uso adecuado y eficiente de los recursos públicos destinados al combate al crimen? El cumplimiento de leyes absurdas, herencia maldita de nuestro pasado porfiriano-priista, ha generado un cinismo tragicómico. Piénsese simplemente en lo electoral: reformas legales van y vienen y los actores políticos siguen incumpliendo los principios que las informan al tristemente célebre grito de “muéstrenme qué artículo del COFIPE estoy violando”. La lealtad a los principios es algo que simplemente no existe, y a nadie le extraña ver a un gobernador del Altiplano hacer campaña por los candidatos de su partido en los sitios más recónditos del Septentrión, ni admirar a actores ¿famosos? en su faceta de voceros de programas de gobierno abiertamente inconstitucionales y violatorios de Derechos Humanos, ni tampoco contemplar impávido en horario deportivo “triple A” cómo el duopolio televisivo se burla de las disposiciones de un Instituto Federal Electoral venido por desgracia a menos. Vaya, ya ni siquiera nos sorprende que en el noticiero nocturno de mayor audiencia un periodista de inexplicable prestigio se abstenga de dar cuenta a su público de las revelaciones mañaneras de un expresidente que de un plumazo brindó nuevos datos para explicar dos décadas de corrupción asoladora e intuida por todos. La consigna vale, siempre que no se viole la ley. Por ello es que el triunfo pseudocultural del Antiguo Régimen es tan patente en un país en el que la mayoría imagina que los estudiantes de Derecho estudian “Leyes” (¡qué bien nos haría impulsar la creación de una licenciatura en Justicia!) y en el que los jueces y abogados son mirados como servidores de la Ley y no del Orden constitucional. La crítica a las leyes, labor de una sana y funcional Ciencia jurídica, debe traducirse en crítica a las actitudes que se guardan frente a la ley, bien sea dando cumplimiento a leyes atroces,
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bien sea utilizando a las leyes como pretexto para violentar el Orden jurídico, que es Orden de Justicia o no es nada. Por un lado, cumplimiento de leyes absurdas, irrespetuosas del Orden constitucional. Por el otro, falsificación de la vida pública, normas “programáticas” que de tan programáticas han dejado de ser normas. Hace justamente cuarenta años Acción Nacional daba a conocer un documento auténticamente revolucionario que venía a actualizar, treinta años después de su fundación, sus principios de doctrina. En el documento (al que habría que recurrir una y otra vez en nuestras actuales coyunturas, y más si se repara en que nos gobierna ese instituto político) se hacía un llamado al “cambio democrático de estructuras” y se denunciaban los graves efectos que tiene la divergencia entre las normas y las conductas. Su autor, Efraín González Morfín, desesperado ante la supuesta y lentísima “evolución” que se estaba dando en el México del desarrollo estabilizador, criticaba la enorme distancia existente entre las normas y la realidad, misma que se traducía
en la pérdida de la confianza popular en el derecho y sus instituciones. Si los gobernantes no toman en cuenta la auténtica legalidad como principio de su accionar, y si las leyes contienen hermosos enunciados que carecen de aplicación práctica y de justiciabilidad (los derechos sociales son el ejemplo más claro) se generan “actitudes habituales de arbitrariedad” y se crean “factores reales de poder que pretenden actuar al margen de toda norma de convivencia” (González Morfín, 2000, p. 13). González Morfín escribía en 1969. Sería candidato a la presidencia de la República en 1970, en contra de Luis Echeverría. El resto es historia conocida, y permite comprender por qué las admoniciones de entonces nos suenan tan actuales, ocho lustros y varias transiciones después. Lo que no se entiende es la expresa nostalgia que el gobierno del presidente Vicente Fox experimentó hacia el “Milagro mexicano” (1952-1970) ni tampoco el triunfo cultural que, reivindicando concepciones legicentristas semejantes a las que imperaban entonces, parece encabezar hoy el Partido RevoluMETAPOLÍTICA
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DEBATES | RAFAEL ESTRADA MICHEL cionario Institucional. A veces, cuando hablo con mexicanos nacidos en los sesenta o setentas (la generación de 1988), me sorprende la enorme capacidad que tienen para identificar el “Orden” y la “Paz” que disfrutábamos cuando niños con órdenes y paces dignos de países escandinavos. ¿Qué lavado de cerebro es el que nos ha impetrado la estupidizante televisión? Cuando se habla de “cadena nacional” la metáfora suele ser dolorosamente literal. Al orden no le basta con ser legal para ser orden. Requiere la nota jurídica, principialista, axiológica: lo que hoy llamamos “constitucional”. Como ha recordado Paolo Grossi, historiador del Derecho recientemente nombrado Juez de la Corte Constitucional italiana, el concepto tomista de Ley —que fue el que iluminó al Medievo y el que aún se repite guacamayamente en nuestras Facultades de Derecho— excede con mucho los estrechos márgenes del positivismo voluntarista. La Ley, para ser Ley, esto es, para ser jurídica, requiere ordenar racionalmente, tender hacia el bien común y ser dictada por aquel que tiene la autoridad, el saber socialmente reconocido del que hablaba D’Ors, para cuidar de la comunidad. De otra manera, la Ley no es más que vana, inocua y en ocasiones inicua forma. Y en Derecho la forma no es fondo. Tampoco en Política, pero eso tendrá que discutirse en otra ocasión. El Derecho es un orden preestablecido que se lee en la realidad de las cosas (Grossi, 2009, p. 24) y que muta hacia estadios de progreso y de mayor juridicidad en razón del cumplimiento de los valores y modelos constitucionales. No extraña por eso que la fuente predilecta para adecuación semejante sea no la Ley (sujeta, desde la modernidad política, a los vaivenes de la lucha partidista) sino la costumbre. El México occidental, moderno y liberal haría muy bien en preguntarse por qué es que hubo de emprender en 2001 la reforma al capítulo indígena de la Constitución y por qué es que los pueblos indios no experimentan la “crisis de la ley” en la que el resto del país parece estar sumido. La respuesta es compleja, pero creo que tiene que ver con la resolución de las disputas jurídicas en sede usocostumbrista y no legolátrica. Cierto es que los problemas que la jurisdicción consuetudinaria causa en algunos pueblos y comunidades indígenas distan de haberse resuelto, sobre todo en materia de derechos fundamentales y de perspectiva de género, pero también es cierto que tales problemas no tienen que ver con el orden legal, sino con el orden jurídico-constitucional. Muchos METAPOLÍTICA
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se resolverían si la vía del Juicio de Amparo quedase expedita y abierta para aquellos individuos agraviados por la aplicación de los usos y costumbres. La cuestión profunda tiene que ver, en suma, más con la cultura constitucional que con la letra de la ley, siempre impotente para transformar las realidades. Se refiere a saber leer un orden inscrito en la trama cotidiana de las cosas comunitarias en lugar de pretender modificarlo a base de decretos y fórmulas tecnocráticas, y nos demuestra muy a las claras que el “debido proceso legal” puede ser “debido proceso consuetudinario” sin que la justicia sufra mutilación alguna. “Ordenamiento de la razón”, orden razonable, prudente, atento a las circunstancias que en cada caso varían. Una actitud racional sólo es tal cuando sabe interpretar lo que los hechos y los valores presentes en las relaciones sociales le dicen casi a gritos. No se trata de la mayúscula Razón que se impone desde arriba con apenas disimulados ecos de despotismo ilustrado. Aquel que está autorizado para cuidar de la comunidad debe abstenerse de inventar órdenes falsos y de crear mundos falaces, puesto que se halla inserto en lo cotidiano y en lo real. De ahí que su voluntad expresada en leyes sólo se traduzca en eficaz y justo instrumento de conducción cuando mantenga los valores del Orden constitucional y permita perfeccionar su instrumentación. Será entonces la “buena ley” a la que se refirió Morelos en los Sentimientos de la Nación. La única que merece ser cumplida y respetada. ¿A quién sirve la ley en el México de la transición? Es claro que como instrumento de dominio ha servido cada vez más a los tan en boga “poderes fácticos” e, intermitentemente, a los poderes legales, que en algo la han aprovechado. Como instrumento de igualación social, de traducción del modelo social y democrático que impone (no “sugiere”) la Constitución de la República, y como herramienta para el mantenimiento del Orden cultural de libertades constitucionales, cada vez menos a los habitantes del país. Aquí está el quid de nuestro proceso político, de cuya resolución depende el éxito del modelo que hemos pretendido construir desde los traumáticos años ochenta. Ahora que, tras la reforma de junio del 2008, la Constitución habla de “principios” que deben iluminar el desarrollo de los procesos criminales que se sigan en México, la oportunidad de que el ordenamiento mute en un sentido axiológico valorativo es clara. Y lo es porque el tema de los juicios penales expresa como pocos las an-
A QUIÉN Y PARA QUÉ SIRVE LA LEY EN MÉXICO | DEBATES gustias a las que se ven sometidos los “más débiles” de los que ha hablado Luigi Ferrajoli (2007, p. 75). El “más débil” es aquel que se enfrenta a un Ministerio Público irresponsable e ineficaz, armado hasta las cachas con herramientas como la fe pública durante la averiguación previa; a un juez que le urge dar cumplimiento a la ley y dictar un auto de formal prisión en el “término constitucional” aunque, por las necesidades humanamente lógicas del desarrollo de las cargas de trabajo, haya sido imposible analizar con calma las circunstancias del caso y los datos que ameriten o no el dictado de la prisión preventiva, una prisión que puede durar años (¡ah pero, eso sí, qué ejemplares somos dictando los autos en el tiempo que nos impone la legislación!); a una defensa inadecuada que muchas veces carece de la preparación jurídica más elemental (porque le basta con ser “persona de la confianza” del procesado) o que proviene de las oficinas de la defensoría de oficio en las que los abogados públicos, mal pagados y sobre exigidos, no se dan abasto para estudiar asuntos de Derecho Penal —la más grave y exigente de las ramas jurídicas— como es debido; a dictámenes periciales mal formulados o inocuos, que nada valen frente a la inefable palabra de un Ministerio que hace tiempo dejó de ser público en el sentido republicano del término. En fin, el “más débil” podemos ser todos. Lo pueden ser nuestros hijos en cualquier momento y ante cualquier descuido, pues el sistema legal imperante es eso: un sistema ciego, sordo y desalmado. El estado de cosas puede variar, decíamos, y la reforma constitucional, auténtico cambio de estructuras en un sentido democrático, es una oportunidad enorme para ello. Representó una valiente apuesta del Gobierno, del Parlamento, de los partidos políticos y de las organizaciones de la sociedad civil que la impulsaron. Lo mejor es que puede permear hacia los otros
ámbitos del ordenamiento que requieren soluciones menos legalistas y más constitucionales, como lo es, muy marcadamente, el de los derechos sociales tendentes a igualar, tornándolo razonable, el ingreso y el disfrute de las familias mexicanas. Al alejarse de la búsqueda y obtención de una “verdad legal” y centrarse en la necesidad de acceder a la “verdad real”, a la “verdad de los hechos”, el proceso penal acusatorio y garantista puede darnos la clave para la desmitificación de nuestra vida pública. La Constitución impone, a raíz de la reforma, el cumplimiento de los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación durante el desarrollo de los procesos de corte criminal, que deberán ser acusatorios y orales, esto es, no inquisitoriales, desarrollados en audiencias públicas (el acusado tendrá que ser oído y vencido en juicio para poder ser condenado), con la presencia inexcusable de un juez y con una Fiscalía que comenzará el partido, según la feliz comparación de Miguel Sarre, en absoluta igualdad de condiciones respecto de la defensa, esto es, cero a cero. El proceso penal nos puede arrojar luces para hacer que nuestros procesos jurídicos (y en general nuestra vida pública) tiendan menos al cumplimiento ciego de la ley (los medios alternativos de solución de controversias son ya posibles) y más a la vigencia efectiva de los principios y valores propios del Orden constitucional. Bien implementado puede abrir las puertas hacia una auténtica cultura constitucional, que es cultura de libertades y de igualdades, con la que se busque, como dice ahora nuestra Constitución, “el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”. En suma, que la Ley sirva a quien debe servir. !
REFE RE N CIAS
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UNA CUENTA
negativa:
DERECHOS HUMANOS Y CALIDAD DEL ESTADO Alejandro Anaya Muñoz*
E
n las líneas que siguen, abordo una discusión sobre el estado actual de la calidad del Estado mexicano. En específico, me aproximo a esta cuestión tomando como punto de partida el supuesto normativo de que el elemento central que determina los méritos o deméritos (en otras palabras, la calidad) de cualquier Estado en el mundo contemporáneo es el respeto a los derechos humanos —esa serie de prerrogativas que la persona tiene por encima del Estado y del mercado. En otras palabras, las reflexiones que siguen parten del supuesto de que los méritos o la calidad de un Estado se determinan en función de su capacidad para garantizar la libertad, la integridad física (y psicológica), la participación política y el acceso progresivo y no discriminatorio al bienestar (social, económico y cultural) para todos los individuos bajo su jurisdicción. Hace nueve años, muchos pensamos que el Estado mexicano entraba a un camino que le llevaría a adquirir un nuevo sentir (y por lo tanto un comportamiento renovado) con respecto a los derechos humanos. Para muchos, este optimismo tenía sustento no solamente en un abstracto ejercicio de vincular casi de manera automática a la democracia con el respeto a los derechos humanos, sino también (quizá en mayor medida) en la retórica y la prác*Profesor-Investigador de la División de Estudios Internacionales (CIDE). METAPOLÍTICA
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tica del nuevo gobierno. Muy importante en este sentido fue la decidida “vuelta en U” en la política exterior de derechos humanos del país; la cual pasó del principio de la no intervención a una apertura sin ambigüedades al escrutinio internacional (particularmente de parte de los órganos y mecanismos de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos). La lógica de la apertura era (sigue siendo) que el adoptar compromisos jurídicamente vinculantes con el exterior, aunado a la supervisión por parte de actores internacionales, sería no solamente un ancla a las nuevas preferencias gubernamentales en materia de derechos humanos, sino también un motor para el cambio interno (Anaya Muñoz, 2009a, pp. 35-58). Igualmente significativas fueron una serie de acciones del nuevo gobierno en materia de política interna: la promesa de “contar la verdad” y hacer justicia con respecto a los “crímenes del pasado” en contra de movimientos sociales y políticos; la creación de comisiones y fiscalías para Ciudad Juárez; el establecimiento de instancias especializadas en derechos humanos en distintas dependencias del gobierno federal (como las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación); la inclusión de reconocidas defensoras de derechos humanos en importantes espacios dentro del Gobierno Federal; el diagnóstico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y la elaboración del Programa Nacional e Derechos Humanos. En suma, el nuevo gobierno no solamente habló
UNA CUENTA NEGATIVA: DERECHOS HUMANOS Y CALIDAD DEL ESTADO | DEBATES más y más claro, sino que también comenzó a actuar alrededor de una agenda de derechos humanos a la cual dio una prioridad sin precedentes. Sin embargo, al poco tiempo surgieron tensiones y contradicciones. Figuras clave en la promoción de la agenda de derechos humanos dentro del propio gobierno federal perdieron sus espacios mientras las fuerzas de seguridad mostraban sin ningún remordimiento sus “usos y costumbres” en Guadalajara, la Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Atenco y Oaxaca. Por otro lado, se evidenció el fracaso (en distintos grados) de las grandes iniciativas en materia de política interna del gobierno federal: la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, las comisiones y fiscalías para Ciudad Juárez y el Programa Nacional de Derechos Humanos (Human Rights Watch, 2006; Anaya Muñoz, 2009b, pp. 495-506). El encanto terminó pronto. Seis años después de la alternancia, el nuevo gobierno hablaba (dentro y fuera de México) más y con mayor consistencia de los derechos humanos; pero fracasaba en sus grandes iniciativas y continuaba albergando en su corazón a un pequeño represor. Por su parte, la comunidad de defensores y promotores de derechos humanos no supo realmente qué hacer. Con los reflectores internacionales —los cuales habían sido tan importantes entre 1994 y el 2000— atendiendo otros procesos nacionales y regionales, la comunidad de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos tuvo muchos problemas para hacer lo que había hecho muy bien durante la década anterior: denunciar. Por otro lado, y por motivos sobre los cuales solamente podría especular, esta comunidad de promotores y defensores de derechos humanos no dio el salto cualitativo que en su momento dieron sus contrapartes en varios países del Cono Sur al final de las correspondientes dictaduras: complementar la denuncia con un ejercicio técnicamente sólido de elaboración de propuestas legislativas y/o de política pública en materia de derechos humanos, junto con el eficiente cabildeo político de las mismas. Posteriormente, durante los últimos tres años, se “securitizó” la agenda nacional; mala noticia para la de derechos humanos. En la práctica, se privilegió la “mano dura” de la fuerza de las armas por encima de la “mano izquierda” de la investigación policial tecnificada y estrictamente apegada a los derechos civiles. Como era de esperarse, la militarización de la lucha contra los cárteles de la droga generó un exponencial incremento en las denuncias de violaciones a los derechos humanos (Roth, 2009). Aunque se ha dicho ya hasta el cansancio y es una obvie-
dad, hay que subrayar de nuevo que los ejércitos están para hacer la guerra, y las guerras son los contextos más proclives para la violación de los derechos humanos. Por otro lado, hay que reconocer que el Estado mexicano tiene que enfrentar el reto (incluso territorial) que le presenta el crimen organizado, y hay que aceptar que las policías son en gran medida parte del problema. Desde esta perspectiva, parece ser que no hay, por lo pronto, alternativa a la militarización de la lucha contra el narcotráfico. Ante este panorama, la demanda de organismos nacionales e internacionales de defensa y promoción de los derechos humanos sobre la necesidad de revisar el fuero militar es no solamente legítima sino imperiosa: si la militarización de las labores de seguridad del Estado es inevitable y si por lo mismo también lo serán las violaciones a los derechos humanos, entonces lo más sano para todos (agentes del Estado y sociedad) es que busquemos minimizarlas disminuyendo los espacios para la impunidad (Human Rights Watch, 2009). Queda la duda, por supuesto, de qué tanto las instancias civiles de administración e impartición de justicia solucionarían el problema de la impunidad. Después de todo, no solucionaron mucho en casos como Guadalajara, Atenco, Oaxaca y Ciudad Juárez. Sin embargo, no hay que olvidar que las instancias civiles de administración e impartición de justicia son al menos más trasparentes y abiertas a la participación de las víctimas y sus defensores.1 De cualquier manera, la aplicación del sistema de justicia militar para casos de violaciones de derechos humanos es problemática desde la perspectiva del principio de la independencia y la imparcialidad de los órganos encargados de la administración y la impartición de justicia, al tiempo que pone al gobierno federal y a las propias fuerzas armadas en una situación sumamente incómoda a nivel internacional. Desde estas perspectivas, la férrea defensa del sistema de justicia militar por parte del gobierno y de las propias fuerzas armadas parece no solamente difícil de sostener sino poco racional desde el punto de vista de sus propios intereses. Aunado a la militarización de tareas de seguridad y de las ya señaladas consecuencias para los derechos humanos, la “securitización” de la agenda pública en el país se ha reflejado en una reforma al sistema de justicia penal que formalizó el arraigo (para casos de delincuencia organizada): una aberración desde el punto de vista del derecho al debido proceso. Desafortunadamente, la constitucionalización del 1
Agradezco a Jorge Chabat el haber llamado mi atención sobre este punto. METAPOLÍTICA
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DEBATES | ALEJANDRO ANAYA MUÑOZ arraigo obscurece los aspectos meritorios de la propia reforma en su conjunto: la inclusión en la Constitución del principio de presunción de inocencia y la eliminación del valor probatorio de confesiones no dadas ante un juez y de evidencias extraídas mediante violación de derechos humanos.2 Esta decisión de formalizar la facultad de las agencias de investigación criminal para detener primero para investigar después —aún cuando sea controlada judicialmente— demuestra una estrategia de seguridad que apuesta por el camino fácil de la coerción y la flexibilización de las garantías relativas a la libertad del individuo. Pasando a otro tema, cuando se habla de derechos humanos en el debate público en México, la mayoría de los actores o comentaristas tienden a pensar en las libertades civiles y en los derechos políticos: el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, el debido proceso, la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho a votar y ser votado, etcétera. Los derechos económicos, sociales y culturales son generalmente hechos a un lado. Sin duda, la agenda nacional siempre ha incluido debates sobre pobreza y desigualdad, pero generalmente estas discusiones no se dan desde la matriz normativa de los derechos humanos. Hay que subrayar, en este sentido, que el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, a la alimentación, al empleo bien remunerado, a la seguridad social y demás condiciones que posibilitan una vida digna son derechos humanos. Desde esta perspectiva, independientemente de los debates sobre el número de personas que en México han salido o han entrado a las filas de la pobreza, el Estado mexicano sigue ofreciendo cuentas negativas en materia de derechos económicos y sociales. Sin duda, la gran crisis de empleo y de ingreso que está enfrentando el país, está teniendo un impacto demoledor en materia del acceso progresivo y no discriminatorio al bienestar (social, económico y cultural) de millones de personas. En suma —y sin pretender haber hecho una descripción exhaustiva de todos los problemas de derechos humanos que enfrenta el país—, a pesar de la retórica y las iniciativas que el gobierno ha implementado en materia de derechos humanos desde 2000, el Estado mexicano no ha cambiado mucho durante los últimos nueve años: continúa teniendo serios problemas para garantizar la libertad, la integridad física y el acceso progresivo y no discriminatorio al bienestar (social, económico y cultural) 2
Véase los artículos 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. METAPOLÍTICA
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para todos los individuos bajo su jurisdicción. Los cambios de gobierno y la transformación del sistema políticoelectoral (de uno basado en la hegemonía de un partido a uno plural y competitivo) no han modificado de manera relevante la médula del Estado. Su calidad, en este sentido, continúa siendo muy baja. En lo que resta, me atreveré a argumentar que son tres los problemas centrales que alimentan esta situación: la impunidad, la pobreza y la pobre internalización de las normas de derechos humanos en el interior de las instituciones del Estado. Muy pocos se atreverían a sostener que el sistema mexicano de administración de justicia es funcional. La regla en dicho sistema es la impunidad; la excepción es la justicia. Ello aplica no solamente al crimen (común u organizado) en sí, sino también a las violaciones de derechos humanos. La impunidad representa un incentivo perverso no solamente para la criminalidad, sino también a la violación de derechos humanos. Sin la disuasión de un eventual castigo, los agentes del Estado que operan dentro de lógicas arraigadas de violación de todo tipo de derechos humanos no modificarán sus “usos y costumbres”. ¿Para qué, si a final de cuentas así se ha hecho siempre, o si así es más fácil obtener “resultados”? En otras palabras, la alta posibilidad de ser castigado sería un incentivo (negativo) muy bien puesto para romper inercias institucionales que están en la base de las violaciones (cotidianas y ocasionales) de los derechos humanos en México. El vínculo entre pobreza y derechos humanos, por su parte, ha sido ya sugerido líneas arriba. Sin embargo, la conexión va más allá de los derechos económicos y sociales. La pobreza también condiciona el acceso a las libertades civiles y los derechos políticos. En la medida en que la pobreza implica una distribución desigual del poder (económico, político, social y cultural), establece un escenario propicio para la violación de todos los derechos humanos. Esta discusión sobre pobreza y derechos humanos nos lleva irremediablemente a la relativa al desarrollo. El vínculo entre desarrollo —medido en términos simples de crecimiento económico— y vigencia de derechos humanos (incluidos los civiles y políticos) ha sido demostrado empíricamente (Landman, 2005, pp. 108-116). Claro que, más allá del mero crecimiento económico, está el problema de la distribución del ingreso y la desigualdad. Si alcanzar el desarrollo económico es difícil y hacerlo generando una distribución menos desigual del ingreso lo es aún más, entonces el reto que la pobreza plantea a los derechos humanos parece ser mucho más complicado que el que presenta la impunidad.
UNA CUENTA NEGATIVA: DERECHOS HUMANOS Y CALIDAD DEL ESTADO | DEBATES Finalmente, el tema de la internalización de las normas de derechos humanos tiene que ver con incluir una serie de principios y valores dentro de los elementos centrales de la identidad de un actor. En este sentido, la internalización de las normas de derechos humanos implica el adoptarlas como propias, reconociendo sus méritos y valor. A pesar de que las libertades civiles y los derechos políticos, así como importantes derechos sociales han estado históricamente presentes en el constitucionalismo en México, la identidad del Estado mexicano (reflejada más en su práctica que en su discurso legal) no ha sido la de uno que incluya en su catálogo de valores y principios a los derechos humanos. La entrada de los derechos humanos a lugares relevantes dentro de la agenda del Estado mexicano no se dio sino hasta los años noventa del siglo pasado. Más aún, en buena medida, ello se dio de manera marginal y como resultado de presiones internacionales más que por convicción propia. Sin contar con elementos empíricos contundentes (como una encuesta bien elaborada) me atrevo a argumentar, no obstante, que sectores mayoritarios dentro de las instituciones del Estado piensan que los derechos humanos son una mala idea; que son parte del problema, más que de la solución a los problemas de gobierno que enfrenta el país. En suma, la identidad del Estado mexicano no ha sido la de uno que crea en y valore a los derechos humanos. Ciertamente, los cambios discursivos y los intentos de práctica en la materia mencionados al principio de este ensayo sugieren que comienza a gestarse un cambio en este sentido. Hay que reconocer, de manera particular, que los cambios de dis-
curso no son inconsecuentes; que el adoptar sin reservas un discurso de derechos humanos limita las opciones de políticas y comportamiento en la práctica de los agentes del Estado. Sin embargo, estos cambios discursivos y las tensiones de identidad que están detrás de ellos no significan el fin, sino solamente el inicio del camino en el proceso de internalización de los derechos humanos por parte de los agentes del Estado en México. Concluyo estas líneas subrayando que el problema de la internalización es fundamental. Si los agentes del Estado no valoran los méritos de los derechos humanos (como eje rector de la función del Estado) serán pocas e intrascendentes las iniciativas para intentar romper con el ciclo de la impunidad y para abordar los retos de pobreza desde una perspectiva de derechos. El papel de los promotores y defensores de los derechos humanos (no sólo de aquellos de la sociedad civil, sino también de los pocos que actualmente ocupan espacios dentro de las instituciones del Estado) es fundamental en el desarrollo decisivo del proceso de internalización de las normas de derechos humanos en México. Desde dentro y desde afuera de México, organizaciones e individuos debemos seguir impulsando esta dinámica mediante la presión (material e ideacional) y la argumentación (Risse, Ropp y Sikkink, 1999; Risse, 1999, pp. 529559). Torciendo brazos y convenciendo en discusiones y debates directos y sinceros, se podrá persuadir a los agentes del Estado, de manera lenta pero progresiva, de que garantizar los derechos humanos es lo que hacen los Estados con méritos, dignos del reconocimiento y la valoración de su propia población y de la comunidad internacional. !
REFERENCIAS
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Landman, T. (2005), Protecting Human Rights. A Comparative Study, Washington, D.C., Georgetown University Press. Risse, T. (1999), “International Norms and Domestic Change: Arguing and Communicative Behavior in the Human Rights Area”, Politics and Society, vol. 27, núm. 4. Risse, T., S. C. Ropp y K. Sikkink, (eds.), (1999), The Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change, Cambridge, Cambridge University Press. Roth, K. (2009), “Letter to Secretary of State Hillary Clinton”, 13 de Julio, disponible en: http:// www.hrw.org/node/84417#_ftn2
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sin ley Israel Covarrubias*
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uiero comenzar con una historia simple. En la Ciudad de México, dos veces por año, cientos de miles de propietarios de automóviles, con placas de circulación del D.F., están obligados a concluir con el procedimiento de verificación vehicular. Como se sabe, es un mecanismo creado tiempo atrás para el control de las emisiones de gases contaminantes. Real o no, efectiva o no, la verificación vehicular ha provocado una serie de fenómenos moleculares de diversa índole, entre los cuales se encuentra por su visibilidad y forma corrosiva de resolución, el hecho de que miles o cientos de miles de automovilistas sencillamente no les da la gana verificar, sea porque no pudieron o no tenían dinero, sea porque se les olvidó, o bien, porque presuponen que “no pasará nada” si no lo hacen. Incluso, pueden llegar a la insolencia de dejar correr algunos años sin verificar sus vehículos. Como es evidente, las razones son múltiples, ya que quizá cada caso es una motivación, una forma individual y suficiente para entender el por qué no se verifica. Por ello, resulta un ejercicio vano intentar siquiera esbozar los trazos centrales a través de los cuales un sujeto ha decidido, consciente o inconscientemente, no realizar el trámite al cual está obligado. No hace mucho supe de una historia que tenía que *Director Editorial de Metapolítica. METAPOLÍTICA
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ver con lo antes dicho. En efecto, es una historia banal en exceso, pero sintomática de las relaciones sociales que se producen entre el Estado y la sociedad en nuestro país, y no sólo en la Ciudad de México. En particular, permite atisbar una parte significativa de la serie de relaciones que se tejen y destejen entre esa parte del Estado que pretende enarbolar y volver efectiva la ley y la autoridad, tanto en el ámbito simbólico como en el real, y esa parte de la sociedad que, al individualizarse y volverse sujeto, juega a aceptar o a rechazar la ley y la autoridad que le cae, en su literalidad, encima. Sin embargo, hay que apuntar que le son necesarias para poder elaborar su propia lógica del conflicto, permanente o intermitente, en la vida diaria frente al Estado (o francamente en contra de él, y en contra de las nociones arbitrarias de la autoridad y la ley que imprime la estatalidad en un momento histórico determinado). Decía, pues, que deseaba contar una historia. Un martes por la mañana, un ciudadano (que adopta este carácter cuando hay algo que lo une con un espacio público territorial o de otro tipo) circulaba en su automóvil por alguna de las calles centrales del oriente de la Ciudad de México; en un momento dado, una patrulla de tránsito usaría el altavoz para indicar que se detuviera. Al hacerlo, el ciudadano (C) sospechaba, quizá en realidad sabía con conocimiento de causa, el motivo de la indicación. Lo que sucedía era que C no llevaba pe-
DE POLICÍAS Y CIUDADANOS. APUNTES SOBRE UN ESTADO SIN LEY | DEBATES gada —y en ningún lado— en su automóvil la calcomanía de la verificación vehicular. De hecho, desde que había comprado ese automóvil (con un privado, y en una lógica donde el Estado había participado como tercero ausente) nunca le había dado la gana verificar. Sin embargo, a pesar de que C no traía la calcomanía de la verificación, traía el comprobante de pago de la multa correspondiente —que otorga una amnistía al transgresor por 30 días para ir a terminar el trámite. Ahora bien, aquí comienza lo interesante del asunto: el policía (P) se aproxima a la ventanilla del automóvil de C y le expresa: “mi nombres es X, mi número de policía es Y”, seguido de “¿su verificación por favor?”, a lo que C contesta: “no la traigo”. Acto seguido, P le comunica que tendrá que remolcarlo al depósito por haber violado la ley. En ese momento, C le pregunta a P: “¿por qué, si traigo la multa pagada, y ahora mismo voy al verificentro?”, P responde: “de todos modos, no puede circular, es martes y las placas de su coche terminan en 7, hoy no puede circular, cualquier otro día sí”; C pregunta de nueva cuenta: “¿y dónde dice que no puedo circular?”, P dice: “esta escrito en el reglamento”; C vuelve a insistir: “quiero ver dónde está escrito”, P revira: “ahora mismo se lo enseño”. P regresa y empieza a buscar en el reglamento de tránsito, frente a los ojos de C, la norma que prohíbe que C circule, y al no encontrar donde está estatuido (por eso la ley se puede volver, en este sentido, Estado) que C no puede circular, o por lo menos por esa calle y frente a ese representante de la ley, se hace un silencio por parte de P que, al final, lo quiebra al decir: “bueno, así literal jamás vamos a encontrar escrito que no puede circular, explícitamente no está…”. El desenlace es imaginable: nace un conflicto, C y P se gritan y amenazan. Poco después, llega el compañero de P y le dice a C: “Ok, no hay problema, puedes irte, pero vete directo al verificentro”. He aquí, pues, el punto central de nuestro alegato. ¿Qué pone en evidencia, tanto del Estado como de la sociedad, el fragmento anterior? En primer lugar, ensambla en una serie de prácticas sociales, relaciones y palabras —duras y quizá demasiado expresivas— que generan y ponen en juego fuentes potenciales de conflicto entre los sujetos y las autoridades, entre la sociedad y el Estado. Y no sólo es, como puede esperarse, una fuente potencial para una extorsión (si P pidiera dinero) o soborno (si C lo ofreciera) o ambas. No es tan simple. En este caso, por ejemplo, lo que se juega es la obligación por parte de la sociedad de llevar a
buen puerto un proceso administrativo (que es una de las esquinas más remotas de la ley) bajo el puente de la llamada verificación (verificare), vocablo que a un solo tiempo conjuga lo verdadero (verum) y el hacer (facere), esto es, “demostrar que algo que ofrece dudas es verdadero […] comprobar o examinar la verdad de algo” (Diccionario Enciclopédico Grijalbo, 1995, p. 1915, cursiva mía). Entonces, lo primero que se vuelve visible es un conflicto por la existencia manifiesta de una duda legítima sobre la forma particular que adopta la ley como verdad; un conflicto por una fisura en la escritura de la verdad que no le permite mantenerla en pie, al contrario, la desploma en forma irremediable; un conflicto, finalmente, por una norma que es cuestionada, interrogada y agredida en el espacio que está entre C y P. De este modo, siempre crecerá la necesidad de corroborar su autenticidad cada vez que el Estado y su ley son incapaces de disipar precisamente las dudas inherentes a su verdad, a su normatividad.1 Aquí, como lo veremos más adelante, de pronto aparece el mismo mecanismo que se pone en marcha en la infinidad de confrontaciones (si lo miramos desde el Estado) y resistencias (si lo miramos desde la sociedad) cotidianas a la ley y sobre todo al Estado en su acepción grie1
Pierre Legendre (1996, p. 11) indica dos niveles de esta manifestación; el primero, es el vínculo entre la normatividad y la verdad del Estado con el mundo social de aplicación, muchas de las veces de forma equívoca e injusta; el segundo, el vínculo “vital” entre el sujeto y la normatividad, donde, dice el autor: “La empresa de normalización se ha realizado hasta ahora a través de ciertos datos que pueden ser alterados o trastocados de arriba a abajo”. Lo que supone, agregaría, que nosotros como ciudadanos no tenemos el derecho a interrogar la ley. ¿Alguien se atrevería a decir que esto no es autoritarismo? 2 Quien ha trabajado la distinción de la ley para los griegos (nomos) y los romanos (lex) es Hannah Arendt. Para esta autora (Arendt, 1997, p. 121), el significado de la ley para los romanos es “[…] algo que instaura relaciones entre los hombres, unas relaciones que no son ni las del derecho natural, en que todos los humanos reconocen por naturaleza como quien dice por una voz de la conciencia lo que es bueno y malo, ni las de los mandamientos, que se imponen desde fuera a todos los hombres por igual, sino las del acuerdo entre contrayentes” (cursivas mías). En oposición a ello, para los griegos la ley no es (Arendt, 1997, p. 121): “[...] ni acuerdo ni tratado, no es en absoluto nada que surja en el hablar y actuar entre los hombres, nada, por lo tanto, que corresponda propiamente al ámbito político, sino esencialmente algo pensado por un legislador, algo que ya debe existir antes de entrar a formar parte de lo político propiamente dicho. Como tal es pre-política pero en el sentido de que es constitutiva para toda posterior acción política y todo ulterior contacto político de unos con otros” (cursivas mías). METAPOLÍTICA
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DEBATES | ISRAEL COVARRUBIAS ga de orden (nomos) y no en la acepción latina que dará vida al régimen político (lex ).2 De igual modo, se prefigura, aunque sea en un carácter marginal, la relación que existe entre ley y justicia, ya que parafraseando a María Zambrano, la justicia como nomos y en la personificación de un Estado que legisla antes de construir relaciones sociales, es una imposibilidad, al pretender mirar el mundo social con la espada de la verdad. No hay que olvidar que la verdad, en realidad, existe a condición de que se ordene en “el espacio funcional de una comunicación de factura litúrgica, en el que lo que se dice es siempre verdad, por hipótesis” (Legendre, 1996, p. 14). ¿No es acaso lo que pasa con el Estado mexicano en los últimos años?, ¿no es la punta de lanza de la andanada estatal de panistas, priistas, perredistas y demás enanos partidarios contra sectores cada vez más amplios de la sociedad y que tiene un objetivo único: crucificarla? En segundo lugar, el ejemplo muestra un modo de relacionar “à la mexicana” a un representante de la ley (Estado) con un sujeto (sociedad). Es decir, en un primer momento encontramos una forma específica de presentación de P: “soy representante de la ley, estoy en el lugar de la ley, pero no soy la ley”; dicho con una figura metafórica: “soy representante del Estado, estoy aquí frente a Usted en el lugar del Estado, pero no soy el Estado”. Como reacción a ello, encontramos una interpelación por parte de C que, a pesar de saber que ha cometido una falta a la ley, pero que ya ha pagado, resiste la representación de P, incluso la niega. Lo relevante es la noción anquilosada de “falta a la ley”, interpretada, la mayor parte del tiempo por los supuestos representantes de la ley, como “faltaste a la ley, me has faltado al respeto”. Sin olvidar, por supuesto, el juego donde la falta se nos presenta literalmente como déficit, es decir, connota una necesidad y un deseo (desiderare) de algo que no está presente, que precisamente falta. Por lo mismo, la ley es un objeto ausente que está obligado a encarnar en una representación. En consecuencia, cuando se paga por esa falta, surge otra pregunta: ¿es suficiente con el pago estatuido y aceptado en modo tácito? En nuestro ejemplo pareciera que no. Entonces, ¿algo tendrá que ver el lugar que ocupa en los juegos de verdad la culpa por dudar de la poca claridad de la verdad? Más aún, ¿son éstos juegos los que generan el conflicto o, más bien, las concepciones de unos (C) y otros (P) respecto al resarcimiento el daño provocado por una determinada acción violatoria?, METAPOLÍTICA
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¿no es quizá sugerir que nosotros como sujetos y ciudadanos —y sin posibilidad de cambiar este arbitrario esquema— estamos obligados a pagar en modo inexorable por algo, incluso por crímenes invisibles? Es decir, ¿no estamos frente a una situación donde contraemos una deuda por crímenes jamás cometidos, ya que pareciera que toda acción contraria a la ley es un modo de dañar algo o a alguien, aunque nunca se esté en condiciones de saber con precisión que fue lo que realmente se hizo pues la ley es igual a ninguno? Pareciera que más bien es una estrategia bien pensada, de naturaleza antidemocrática, donde se instituye déficit social permanente hacia la ley y el Estado, aunque éstos últimos se nos presenten en modo ausente. Por ello, en México sigue siendo común que un ciudadano prefiera y decida resolver un problema frente a la ley bajo la vía de la informalidad, del dinero, del arreglo que endeuda a víctimas y victimarios, para evitar ante todo pasar por la experiencia del interrogatorio del ministerio público. Al final, el adjetivo más próximo para caracterizar esta infinidad de situaciones con la ley, con sus administradores y con sus representantes es la vergüenza por lo poco que han cambiado en sentido democrático las prácticas sociales con la justicia y el Estado, por más insistencia de que no es así, y no nada más por parte del poder político, sino también de sus intelectuales y centros de referencia académica y social. En tercer lugar, cuando P dice “explícitamente no está”, tenemos una presencia (la ley y su escritura) que se ausenta por completo, que produce un vacío desde el cual es posible inventar y construir un manejo de la ley. Por consiguiente, muy lejos queda la acción (también legítima) de aplicarla en el ámbito social. Por lo tanto, P corrosivamente deviene un intérprete de la ley, una boca que la derrama y escupe una forma engañosa de la justicia, dada su impostura de juez. Al dejar de lado por completo su función de representante, se sustrae de ella. No hay que olvidar que sustracción está emparentada con robo. Con esto, estaríamos frente a otro ángulo del mismo problema de nuestro Estado: la producción sistemática de un régimen de verdad, expresable en una desquiciante forma del imperativo de la prohibición (“de todos modos, hoy no puede circular”, “como sea, me has faltado al respeto”) desde el cual P, de ser representante de la ley deviene juez y legislador al mismo tiempo. Adopta una posición inédita (depositario exclusivo de la verdad), se trasviste de
DE POLICÍAS Y CIUDADANOS. APUNTES SOBRE UN ESTADO SIN LEY | DEBATES teólogo político para actuar bajo la única forma que tiene en la actualidad el Estado mexicano: anulando, con la pretensión de retirar al sujeto y a la sociedad del espacio de la experiencia. ¿Qué elementos anula? Deroga dos veces, dos tiempos. Primero, anula la distancia entre la ausencia de la ley en cuanto objeto con su representación (P); segundo, anula el espacio entre C y P, que es ese entre que produce cualquier relación auténticamente política, auténticamente moderna (Arendt, 1997, pp. 122 y ss.). La consecuencia es evidente: la ley desaparece, no se vuelve ausente, y frente a la pérdida de orden, cualquier cosa puede producirse, empezando con la violencia del Estado. Quizá, en la coyuntura actual, el principal teólogo político es el propio presidente Felipe Calderón, quien ha mostrado en infinidad de ocasiones su propensión a ponerle nombre y apellido (lo que quiere decir su nombre y apellido) al lugar de la ley y del Estado. Y con lo cual manifiesta la pérdida de los referentes incluso constitucionales de lo que en realidad ha debido representar como jefe de gobierno y jefe de Estado.3 Por eso, hoy más que nunca, los ciudadanos mexicanos tenemos que soportar la imagen continua de un presidente fuera de sí, fuera del Estado y de la política; desnudo, pero jamás receptivo ante la crítica, olvidadizo al grado de que nadie a su alrededor ha tenido el coraje de recordarle aquello que ya Règis Debray (1995, p. 69) señalaba hace tiempo: demasiada publicidad mata la figura del presidente, no como el anecdotario oficialista, pues salió de Los Pinos, del supuesto intento de atentado contra Felipe Calderón. ¿En verdad creyeron su propia ridiculez? De este modo, al desaparecer la ley del espacio de los sujetos, de su estar “entre”, al regresarnos o empujarnos como comunidad política a un momento prepolítico y pe-moderno, queda en el aire un elemento que la mayor parte del tiempo es casi del exclusivo orden de los sujetos: frente a la injusticia del Estado al momento de aplicar la ley derogándola, el sujeto siempre se opone, siempre se resiste, siempre se niega, aunque le pese a la ceguera de la élite político-estatal. Con 3
En este punto es, a mi juicio, donde tiene lugar el nacimiento del llamado Estado doble, es decir, el Estado que para confirmarse en cuanto tal, necesita a la par de un Estado visible y legal, otro invisible, discrecional y, en muchos casos, ilegal de principio a fin. Sobre distintas experiencias históricas de esta figura estatal, sugiero el texto clásico de Fraenkel (2006).
esta actitud, contribuye al nacimiento de un horizonte de expectativas (ya que de todo conflicto surgen expectativas),4 o sea, deviene en actor central de una suerte de “no todavía”: algo que permita constituir una forma de coexistencia sin tener que vérselas, bajo determinadas circunstancias o, más bien, bajo casi todas las circunstancias, con la ley y el autoritarismo disfrazado de autoridad furiosa del Estado. En cuarto lugar, con la proyección de los sujetos al porvenir, en un horizonte de resistencia a la arbitrariedad y a la violencia del Estado, nos conectamos con el espacio que relaciona la ley con la autoridad y, en particular, con la legitimidad que necesita cualquier autoridad para aplicar e inventar, incluso, la ley. En México, la legitimidad actual del Estado (o lo que queda de ella) tiene que ver con la edificación de un mecanismo riesgoso de intercambio político: promesas por confianza (legitimidad), una suerte de compra-venta simbólica de aspiraciones para volver al Estado democrático un bien deseable pero no una experiencia vivible. Esto es, poner en confrontación la decisión que siempre es política con la mecánica del mercado en tanto lugar para hacer realidad las promesas materiales e inmateriales de la sociedad, como si fuera posible separar ambas instancias. La muestra más ominosa es la resolución reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al caso de Acteal, donde la impartición de justicia que dio origen a todo el embrollo ha sido postergada para un tiempo indefinido en el futuro. De este modo, la legitimidad, arrinconada y con poco eco social (aquí entra, por ejemplo, la expresión de anular el voto en la contienda electoral última), se ha organizado a partir de un principio muy simple: el Estado construyó en los últimos años su reputación pública mediante el input de la información que hace visible su presencia y sombra a través de los servicios y los 4 Las nociones de espacio de la experiencia y horizonte de expectativa las tomo de Koselleck (1993, pp. 333-357). Vale la pena puntualizar sobre todo la noción de horizonte de expectativa. Para este autor (Kosellek, 1993, p. 340), el horizonte: “[…] quiere decir aquella línea tras de la cual se abre en el futuro un nuevo espacio de la experiencia, aunque aún no se puede contemplar. La posibilidad de descubrir el futuro choca, a pesar de los pronósticos posibles, contra un límite absoluto, porque no es posible llegar a experimentarla”. Me parece que en estas coordenadas se puede comprender mejor la idea de sacar al sujeto y a la sociedad del espacio de la experiencia para empujarlo a ese terreno de nadie que es el futuro y donde poco o nada puede hacer el Estado para controlar lo que ahí se gestará.
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DEBATES | ISRAEL COVARRUBIAS “logros” que ofrece a la sociedad en conjunto: varios miles de muertos por la guerra al narcotráfico, una economía estancada y una conducción política errática y terca como ella sola. Luego entonces, ¿lo anterior puede ayudar a explicar, entre otros hechos, los resultados electorales de julio pasado? Si, así es, y en modo simultáneo permite entender —a título ilustrativo— la actuación discrecional, abusiva e ilegal en los últimos años del que quizá sea el precandidato esperable del PRI en la próxima contienda presidencial: el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, que como bien señaló en 2007 el diputado local del PRD, Francisco Vázquez, gasta más dinero en publicitar las obras que el costo de las obras mismas: […] Peña Nieto acudió a inaugurar una calle en Tezoyuca, a la cual le puso alumbrado por 100 mil pesos, pero
al día siguiente se observó la imagen del mandatario estatal en canal 2, en un segmento cuyo costo comercial es de 350 mil pesos por 30 segundos. “Es decir, nos sale más cara la difusión de las obras que la ejecución de las mismas” (Villamil, 2009, pp. 55-56).
Entonces, si demasiada publicidad puede matar simbólicamente al precandidato, demasiado deseo publicitario puede asesinar realmente a la democracia. Lo evidente es que somos observadores “privilegiados” de las acciones de una estatalidad que está desapareciendo. Injusto y ausente, capturado por la corrupción y los delitos, tenemos un Estado que ataca al propio Estado, volviéndose su principal enemigo. En consecuencia, termina fallándole a los ciudadanos de nuestro país y al propio espíritu que bañó el cambio político democrático en México en las tres últimas décadas. !
REFERENCIAS
Arendt, H. (1997), ¿Qué es la política?, Barcelona, Paidós. Debray, R. (1995), El Estado seductor, Buenos Aires, Manantial. Pontón, G. (Dir.), (1995), Diccionario Enciclopédico Grijalbo, Barcelona, Grijalbo, Fraenkel, E. (2006), The Dual State. A Contribution to the Theory of Dictatorship, Nueva Jersey, The Lawbook Exchanged Ltd.
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Koselleck, R. (1993), Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, Barcelona, Paidós. Legendre, P. (1996), Lecciones IV. El inestimable objeto de la transmisión. Estudio sobre el principio genealógico en Occidente, México, Siglo XXI. Villamil, J. (2009), Si yo fuera presidente. El reality show de Peña Nieto, México, Grijalbo.
SILENCIOS INTELECTUALES. LA CRÍTICA EN TIEMPOS DE
crisis
Xavier Rodríguez Ledesma* Justamente lo que sé es lo que no merece saberse. La parte más desagradable de las cosas, la serie de razones secretas, sucios motivos, soborno y extorsión que la gente denomina política. No tengo porque sentirme orgulloso de haber descendido a esas cloacas. G. K. Chesterton, El hombre que sabía demasiado
SOY TOTALMENTE… DEMÓCRATA
H
oy en día una significativa paradoja empieza a encarnar en el ámbito de la crítica y de lo político. A escasos años de haber iniciado a andar el camino en la construcción de un sistema político democrático en nuestro país, la palabra democracia junto a otros conceptos a los que se le vincula (como ciudadanía, tolerancia, pluralidad, etcétera) parece convertirse en moneda devaluada. Haciendo abstracción de sus particulares convicciones teóricas, filosóficas, políticas, partidarias, etcétera, así como de las prácticas de real politik que acostumbran ejercer en su cotidianidad, políticos, analistas, intelectuales, opinadores y demás integrantes del denominado círculo rojo realizan denodados esfuerzos por
* Universidad Pedagógica Nacional.
autoasignarse al campo de los defensores y luchadores por la democracia. No hay quien no se declare demócrata fiel. El unánime acto público de fe en tan alto valor humano, se realiza sin importar que entre todos esos individuos exista una amplia gama de posiciones teóricas y accionares empíricos concretos no solamente diferentes, sino incluso contrapuestos y excluyentes. La democracia, así en general, es lo de hoy, luego entonces sería un gravísimo error abrir la posibilidad de que la opinión pública construya una imagen de ellos alejada de los ánimos, filiaciones y nuevos vientos que corren por el mundo de lo políticamente correcto. Urge enarbolar una frase publicitaria eficiente y oportuna para las condiciones actuales del mercado de lo político. En efecto, “Soy totalmente… demócrata”, es la consigna. Tal uso indiscriminado del concepto obliga a tomarlo ya con reservas pues se ha convertido en palabra hueca que la moda y la corrección política obliga a enarbolar para poder surcar los mares de la moderna sociedad globalizada, generando una consecuencia verdaderamente atroz: la legitimación e institucionalización de una doble moral como forma válida, natural y legítima de existencia. Ver a individuos que se venden a sí mismos como demócratas convencidos que elevan loas al cielo proclamando sus profundas convicciones políticas positivas, mientras en su práctica diaria se manejan de forma completamente distinta a lo que de acuerdo a aquellos actos públicos de fe se esperaría de ellos, constituye un METAPOLÍTICA
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DEBATES | XAVIER RODRÍGUEZ LEDESMA fenómeno social al que nuestra sociedad poco a poco se habitúa. La doble moral impera. La evidencia de esta singular contradicción constituye parte de la explicación del oscuro matiz con el que el ciudadano de a pie, desde su sentido común, ha identificado a todo lo que tenga que ver con lo político. Chesterton lo plasmó crudamente en el epígrafe de estas páginas. El convencimiento sobre sus filias habría de ser más que intelectual, empírico. Tal panorama sugiere muchas preguntas, entre ellas: a) ¿cuál es el rol que la crítica y sus representantes, los intelectuales como encarnadores de la obligación de su ejercicio, han de jugar hoy?; b) ¿cómo han actuado estos a lo largo de las últimas décadas, cuando el discurso sobre lo “democrático” y la reformulación de las funciones del Estado se ha hecho hegemónico; c) ¿es posible continuar sosteniendo la obligación del compromiso del intelectual con la autonomía y la libertad como condición ineludible para el ejercicio de la crítica?
QUIEN NO TENGA LL AMADO QUE ARROJE L A PRIMERA CRÍTICA
Una de las características fundamentales de la ideología burguesa es justamente la negación de su propia existencia. Para ella, lo ideológico siempre estará en la acera de enfrente ya que de este lado sólo existen valores, apreciaciones, convicciones, etcétera, naturales, espontáneos y universales. La eficiencia de la hegemonía radica en su invisibilidad, luego entonces se comprende la necesaria declaración de inexistencia de una ideología perfectamente definida, consolidada y funcional para el sistema político económico imperante. Tenemos entonces que no sólo todos somos demócratas sino que, además, un elemento conformador axial de la ideología dominante es negar su propia existencia como ideología. Este postulado constituye la otra parte de la pinza que caracteriza al fenómeno social contemporáneo del que estamos hablando. Los valores, aspiraciones, definiciones, prejuicios y concepciones del mundo que permean a la sociedad y cuyas raíces pueden ser ubicadas históricamente, se hacen pasar por universales (ahistóricos, naturales, obvios, espontáneos, etcétera). Bajo esta lógica, la insistencia en que tal ideología burguesa no solamente existe sino que hoy en día está más viva y saludable que nunca, hace que la afirmación sea inmediatamente descalificada por METAPOLÍTICA
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ser —ésta sí— “ideológica”, es decir, heredera de concepciones rebasadas, derrotadas y arcaicas. La propia noción hegemónica de democracia se refiere exclusivamente a cuestiones electorales y representativas, presentándose como la única válida, real e históricamente aceptable. Esa y sólo esa es la democracia. Las otras posibles acepciones son desechadas, sobre todo si ellas se refieren a la necesidad de integrar al análisis reflexivo de lo democrático el asunto de la construcción y generación de una sociedad más igualitaria en términos económicos. Toda definición de democracia que se refiera a algún ánimo colectivista es descalificada rápidamente en virtud de que, se afirma, tal espíritu sobre la posibilidad positiva de la convivencia humana rebasa por mucho las responsabilidades de la democracia, ya que ésta sólo debiera concebirse como una forma (la mejor) de elegir a nuestros gobiernos. Los otros son problemas que aunque es necesario enfrentarlos y resolverlos simplemente no le incumben. La ideología dominante ha hecho suyo este discurso sobre lo democrático. Sus silencios se refieren a las cada vez más profundas desigualdades sociales, el imperio del capitalismo salvaje, el consumismo desbocado, las impunidades y complicidades criminales características del sistema político, entre otros temas igualmente cuestionadores del buen desarrollo del sistema. Estos tópicos, se afirma, son ajenos a la consolidación de la democracia como forma de gobierno, traerlos a colación cuando se habla del sentido de la democracia es motivo de fuertes descalificaciones o, nuevamente, silencios desdeñosos. Ahora bien, si el ser demócrata se refiere exclusivamente al cumplimiento de ciertas formas discursivas que validen el recién estrenado y moderno espíritu democrático, el problema no es mayor. El ejemplo del rol que las televisoras han asumido en los últimos años en nuestro país es por demás significativo, constituyendo un ejemplo idóneo de la instauración de la doble moral a la que nos estamos refiriendo. Esos añejos espacios bastiones de la antidemocracia hoy han logrado lavarse la cara y vestirse con los nuevos ropajes en boga. El ínfimo espacio abierto en sus programaciones para la presentación de algún ejercicio analítico sobre las diversas coyunturas políticas coadyuva a legitimar a la institución dentro del discurso de moda, con lo cual se hace imposible continuar sosteniendo su carácter hegemónico antidemocrático. Si a ello le agregamos la implementación de campañas publicitarias hablando de valores
SILENCIOS INTELECTUALES. LA CRÍTICA EN TIEMPOS DE CRISIS | DEBATES morales de los cuales ellas carecen, junto a unos pocos programas que usan apenas algunas horas a la semana, en horarios de bajo rating, con formatos infumables, conductores convenientes e invitados a modo, es más que suficiente para que esas empresas de comunicación puedan atribuirse, cual debe, un profundo espíritu demócrata. La designación se cumple: “Hoy todos somos demócratas”, ¿qué más quieren? A la tradicional ideología burguesa capitalista reproducida por la inmensa mayoría de los diversos programas que pueblan la programación diaria de esos medios de comunicación, hay que agregar la forma en que estos han hecho suyo los postulados de tolerancia y pluralidad que el ser democrático impone. La existencia de grandes espacios de silencio donde se ocultan problemas, eliminan personajes, matizan críticas, eluden temáticas y ningunean agendas, no hace mella en sus esfuerzos por convencernos de sus flamantes convicciones democráticas. El imperio de la doble moral institucionalizada. Silencios definidos, explícitos y, curiosamente, extremadamente ruidosos. La acción mínima para cubrir la expectativa sobre sus afanes democráticos, mientras el resto de su amplísimo accionar niega la pluralidad de contenidos evidenciando su intolerancia con las voces discordantes. Hoy día nadie podrá acusarlos, según ellos, de continuar impidiendo la difusión de un discurso crítico ajeno y distinto a sus intereses políticos, económicos y sociales. Algunos minutos de aparición en pantalla de algún intelectual o político discrepante del discurso hegemónico, además de reforzar la necesaria coartada democrática, al presentarlos así de manera mínima y aislada cumple el objetivo ideológico de mostrar que ese tipo de voces son absolutamente minoritarias.
UN INTELECTUAL EN CADA HIJO TE DIO
El espíritu crítico de multitud de intelectuales parece hallarse bastante cómodo bajo las nuevas condiciones. Finalmente sus apreciaciones, análisis y expectativas parecen coincidir, y lo hacen, con las del poder. Si en los años setenta y noventa se les criticó por renunciar y abandonar sus convicciones con tal de acercarse a recibir las migajas con las que el poder los coptó, hoy en día el fenómeno es distinto pues ellos no han debido abjurar absolutamente de nada. Ambas repúblicas, la de
las intelligentsia y la del poder, parecen finalmente coincidir en sus convicciones y definiciones, en lo “democrático” se posibilita la unión. La luna de miel debe ser tersa, la tranquilidad no puede ser rota por la irrupción del ruido proveniente de todos los recuerdos, temas, historias, situaciones y personajes vedados por la pareja. El silencio es condición para el disfrute de la noche de bodas, el ruido está reservado para el lecho nupcial. El tiempo, además de carcajearse de las certidumbres, otorga el espacio para generar nuevas interrogantes. Todos envejecemos. Las nuevas épocas provocan nuevos actores, los viejos intérpretes se modernizan, los discursos parecen no ser la excepción de la norma. El desencuentro generacional, los cambios políticos, las transformaciones culturales, las modas filosóficas han puesto en picota a la propia definición e identidad de los intelectuales. Ellos parecen habitar un laberinto donde su soledad queda más manifiesta que nunca. Su aguda crítica toma como objetivo sólo ciertos contenidos, se vuelve sesgada por definición, calla frente a temas incómodos. Hoy pareciera más alejada que nunca de la realidad el viejo axioma de que el primer y principal sujeto de crítica debiera ser el mismo sujeto que la ejerce, sus posiciones, convicciones y accionar concreto, revisar los hechos no sólo las palabras. El dedo inquisidor sólo se levanta contra aquellos que, desde sus propios parámetros, no han actualizado su discurso. Ellos, al sí haberlo realizado, se eximen automáticamente de verse a sí mismos en el espejo. La autocomplacencia abarca tanto al sujeto como a sus nuevos compañeros de viaje. La declaración intelectual sustituye lo empírico. Los silencios se comparten, las complicidades se diluyen bajo el aura deslumbrante de la frase: “todos somos demócratas”. Quizá sea este un camino para pensar la idea de la extinción de los intelectuales. El rol que ellos mismos se atribuyeron de ser la voz de una sociedad que históricamente había carecido de los medios políticos para hacerse oír, se ha agotado. No sólo porque a cuentagotas han aparecido tímidos espacios y dubitativas formas a través de los cuales la sociedad puede expresarse frente a lo político, sino porque la intelligentsia ve mellado o completamente desaparecido su filo crítico cuando éste se confunde y sintetiza con las posiciones que desde el poder se pretenden hegemónicas. ¿Por qué fiarse del juicio de individuos que ahora son aliados, socios, empleados o cómplices de quienes criticaron cuando eran jóvenes?, ¿cuántos de estos autodesignados pontificadoMETAPOLÍTICA
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DEBATES | XAVIER RODRÍGUEZ LEDESMA res profesionales podrían arrojar las primeras piedras de independencia, autonomía y libertad contra aquellos que han deshonrado a la crítica debido a sus vínculos con el poder?, ¿cómo es posible creer en su espíritu crítico cuando el silencio, lo no dicho, lo negado, agobia y oscurece sus larguísimas y sesgadas disquisiciones? La separación entre actividad intelectual, entre el ejercicio de la crítica y el poder es una construcción arbitraria que se consolida de acuerdo al gusto y la necesidad de quien la esgrime. Es en el ámbito de la intelectualidad donde se hacen los mayores y más peligrosos malabarismos filosóficos para intentar en vano delinear con precisión dónde se encuentra el límite de participación y vinculación con la gente del poder que impide caer en ese hoyo negro de la deslegitimación intelectual. Esa línea, lo subrayo, es inexistente en términos reales, es una mera convención, un invento al arbitrio de quien necesite manejarla para su autoexculpación y/o para efectos de sentenciar al otro. Cada quien la dibuja a conveniencia. Ser asesor, comisionado, proveedor/contratista, amigo, invitado social, consejero, burócrata en distintos niveles, deudor de favores, receptor de publicidad, asalariado, diplomático, becario, militante, corrector de discursos, etcétera, son algunas de las múltiples facetas que, de acuerdo a quien sea el sujeto, marcan los límites de la independencia, autonomía, libertad, compromiso, etcétera que —se afirma con voz engolada— garantiza que un intelectual siga ejerciendo plenamente lo único a lo que está obligado: la crítica de todo, empezando en primerísimo lugar por sí mismo. Si a esto se suma la urgencia por asumirse como fiel defensor de los valores de la democracia con la cual todos se visten, el blindaje frente a la crítica parece consolidarse. El desgarramiento de vestiduras por la pérdida de la autonomía crítica del intelectual busca siempre evidenciar a los otros, máxime si esos otros postulan posiciones políticas vinculadas o referidas a una lectura diferente de la hegemónica sobre lo que es la democracia y cuál sería su utilidad en la sociedad contemporánea. Diógenes no se atreve a alumbrarse frente al espejo, prefiere quedarse con la imagen que se ha construido de sí mismo a tomar el riesgo de compararse con la experiencia empírica de su accionar contemporáneo. El compromiso del intelectual que se envuelve en la bandera de la pureza crítica para arrojarse por el despeñadero de la autonomía siempre encuentra que su propio
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accionar, por más comprometido con el poder que aparente ser de acuerdo a la visión del resto de los ciudadanos, nunca ha implicado ningún tipo de límite a su libertad, mientras que la actitud de los otros siempre linda en lo ignominioso. De un lado, de la parte de lo que hoy se define como políticamente correcto están los intelectuales críticos demócratas; del otro se ubican los simples ideólogos. De este lado no hay ideología, hay convicciones democráticas, modernas, así como valores y expectativas sociales naturales, ahistóricas y universales; del otro simples efluvios acedos de ideologías fracasadas. Lo que en unos era (y es) deshonra, en otros es reconocimiento a sus excelsos talentos. Lo que antes era ser personero de gobiernos antidemocráticos y usurpadores, ahora es ser representante no de un gobierno específico, ni mucho menos de un partido político, sino de la añosa señora llamada Nación y su entenada bautizada con el nombre de Cultura Nacional. La simple referencia sobre los históricos comportamientos políticos de las diversas instituciones que en la actualidad dan cabida a esas expresiones críticas —con las que ellas coinciden— se anula con la definición: “todos somos demócratas”. Si alguien lo duda, ya lo dijimos más arriba, la propia apertura de esos microespacios es la mejor prueba de ello. La coartada se completa. Es tiempo de pensar todo ello como un falso problema y concebir nuevas formas de asumir y entender la relación intelectuales/poder/sociedad. De cara a los incipientes e insuficientes avances democráticos que la sociedad ha empezado a experimentar existe una responsabilidad que ésta deberá asumir paulatinamente. Me refiero justamente a, en primer lugar, informarse para, en segundo, normar un criterio propio con el cual pueda construir una opinión crítica particular, la suya, la cual podrá enriquecer, modificar, reafirmar, al compararla, al ponerla en relación con otras entre las cuales estarán la expresadas por los intelectuales quienes, de cumplirse esto, dejarían de jugar de una vez y para siempre el rol de ser los responsables de darle voz a la sociedad o actuar como sus guías dentro del escabroso camino hacia el futuro, sino simplemente ciudadanos iguales al resto, cuya perspectiva singular de los problemas sociales será tan sólo una más de las múltiples voces constituyentes del coro democrático, sin importar que ellos se arroguen el monopolio del uso legítimo de la crítica. De ello depende su extinción. Por lo pronto, prestemos atención a sus escandalosos silencios. !
