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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS Pregrado en Ciencia Política Curso de Políticas Públicas | Análisis de una Política Publica Jose A. Collazos Molina – Nelson Rendón Giraldo 25 de Enero de 2016 EL ESTADO EN ACCIÓN: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA FRENTE AL ASUNTO DE LAS VENTAS INFORMALES DENTRO DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA 2001 – 2015 La Universidad de Antioquia: bien público al servicio de la Educación La Universidad de Antioquia “es una institución estatal que desarrolla el servicio público de la educación estatal con criterios de excelencia académica, ética y responsabilidad social” (Acuerdo Superior 1, 1994). En el cumplimiento de esta misión y en el reconocimiento de su deber con la sociedad, como una institución de carácter público, “tiene la obligación de formar una buena parte del talento humano de la región con el más alto sentido de excelencia, pertinencia, permanencia y equidad en todos los campos del conocimiento y la cultura” (Alviar Ramírez, 2015: 1), de tal modo que reafirma su compromiso con el objetivo de alcanzar altos niveles de formación académica de la comunidad universitaria, siendo el principal objeto del acto educativo el estamento estudiantil. Sin embargo, y con preocupación de la comunidad universitaria (García, Lemus, Collazos, & Sánchez, 2015), el espíritu de la Universidad viene a encontrarse con una realidad que se incrusta en la Alma Máter durante los últimos años. Un ambiente para la academia deteriorado por la manifestación de actividades ajenas a las propias de la vida universitaria entre los cuales se cuenta el comercio desorganizado. “Es como si la Universidad en lugar de ser transformadora de la realidad se hubiera comprometido a reproducirla” (Alviar Ramírez, 2015: 3). Asuntos problematizadores y Estado en Acción Desde el año 2001, con la reglamentación del Acuerdo Superior 206, el asunto de las ventas dentro del campus pasó a ser un asunto de constante debate y negociación. El hecho de que se prohibiera “cualquier forma de venta informal dentro de las instalaciones de la Universidad” (Acuerdo Superior 206, 2001, pág. 1) y que la disposición se extendiera no solo a la venta informal sino a “cualquier medio de auxilio a las ventas informales por parte de estudiantes, profesores, personal administrativo, trabajadores oficiales y contratistas de la Universidad, en las instalaciones de la Universidad” (Acuerdo Superior 206, 2001), causó inconformidad que se mantuvo latente hasta el año 2008. La Universidad no había sido ajena a las realidades sociales y mantenía las puertas abiertas a todo aquel que quisiera ingresar a su ciudadela. Sin embargo, en el segundo semestre del año 2008, “pronunciamientos por parte del Claustro de Economía, el Secretario General de la UdeA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA FRENTE AL ASUNTO DE LAS VENTAS INFORMALES DENTRO DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA | 1

Carlos Vásquez Tamayo, y del entonces Vicerrector de Investigaciones, Alfonso Monsalve, rechazando la ocupación de las mesas por parte de los vendedores y conectando el hecho con los problemas de inseguridad dentro del campus universitario” (Acción Democrática, 2009), fueron las primeras luces de lo que en el año 2009 terminaría siendo el primero de muchas álgidas confrontaciones entre los distintos estamentos de la Universidad. El 13 de enero de 2009, “fueron retiradas las mesas donde normalmente ofrecían minutos a celular, dulces, películas, música, tinto y otros productos” (Luján, 2009). Para ese momento, la intención de la Universidad era proscribir las ventas informales del campus, con el fin de “reivindicar el interés general sobre el particular, en aspectos tales como la igualdad en el disfrute del espacio público, la libre circulación, la seguridad y en últimas, minimizar cualquier amenaza al normal desarrollo de la academia” (Acción Democrática, 2009), y finalmente, en aras a fortalecer la misión de la Universidad, y no hacer silencio frente al asunto socio-económico que ponía en constante riesgo la permanencia de la Universidad, el 28 de abril se autorizó al Rector para reglamentar las ventas que realizan algunos estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, por su vinculación a los proyectos de Bienestar Estudiantil de la Universidad (Resolución Superior 1553, 2009). Las negociaciones se abrieron entre una tensa calma, las soluciones sobre la mesa giraban en torno a aquellos estudiantes que vendían minutos a celular, dulces y snack, y algunos que ofrecían servicio de impresiones. Aquellos que vendían discografía o películas no fueron tenidos en cuenta, toda vez que la actividad se consolida en una violación a los Derechos Patrimoniales de Autor tipificados como delitos en el artículo 272 del Código Penal Colombiano. La propuesta inicial de los estudiantes, representados por el Colectivo de Estudiantes Vendedores Informales de la Universidad de Antioquia (CEVIUDEA), fundamentada en el asunto que causaba el desalojo de las ventas, era abandonar las mesas dispuestas en el campus y traer unas propias, en la que por cada mesa habría 4 vendedores; también que estudiantes de trabajo social realizaran visitas y verificaran la necesidad real de cada estudiante. Para acceder a los beneficios posteriores, se propuso que cada estudiante debería tener un mínimo de 14 créditos matriculados, para asegurar que no se relegan los estudios (Acción Democrática, 2009, pág. 2). Simultáneo a las negociaciones se realizaron actividades de visibilización como bazares, pupitrazos, pasquines y otras acciones que hacían a toda la comunidad Universitaria partícipe presencial de los eventos. La propuesta de la Administración de la Universidad fue clara: Aquel que resultara beneficiado debía cumplir con algunos requisitos. Tener un mínimo de 18 créditos matriculados por semestre, promedio crédito de 3,8, no tener ningún otro estímulo, no reprobar materias, pertenecer al estrato 1, 2 o 3, no ser hijo de docente y no tener ningún vínculo laboral (Acción Democrática, 2009). La negociación logró que se eliminara la exigencia de promedió mínimo y bajar de 18 a 14 los créditos matriculados. Del 28 de abril de 2009, fecha en que se facultó al rector para regular el asunto, al 30 de abril se presentó la propuesta para negociar. Ya a mediados de mayo se llegó a un acuerdo, un plan de acción que, según se aduce, “se implementaron tan rápidamente dada la coyuntura de elección UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA FRENTE AL ASUNTO DE LAS VENTAS INFORMALES DENTRO DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA | 2

del rector” (Acción Democrática, 2009, pág. 3). La respuesta fue eminentemente institucional, pues de ningún modo podría derogarse el Acuerdo Superior expedido en 2001, que era una iniciativa estudiantil, pues no existiría justificación para hacerlo, pues los hechos descritos en la parte motiva del acto no habían cesado y por tanto se iría en contra de la normatividad que establecía como falta disciplinaria las ventas dentro de la Universidad. La acción del Estado, administrando la materia, de conformidad al ámbito de competencia de la Universidad de Antioquia estaba lista. El “Programa de sostenibilidad económica” actuaba en tres líneas estratégicas: “El Alma Máter te comunica” consistía en los servicios de telefonía móvil celular; “Endulza tu Alma”, equipado de máquinas dispensadoras de snacks; “El Alma se imprime en la U”, un servicio de impresoras y el “Acompañamiento a estudiantes” que ofrecía comestibles elaborados por los propios estudiantes y, además, permitía la comercialización de los mismos en el Programa de Burbujas de Café, puntos de venta instalados en distintos lugares del campus (Uribe Correa, 2009). Además, aquellos que se acogieron a esta disposición se les vinculaban a los programas de Servicio de Alimentación a Estudiantes1 y Convenios con el Sector Cooperativo. Crisis del sistema de bienestar De entrada el plan resultó provechoso. Un año después de su puesta en marcha el asunto de los vendedores no menguaba tanto como para justificar la inversión que se realizaba desde Bienestar Universitario. Se desconocen las cifras exactas, y sólo puede comprenderse el fracaso de la acción a partir de los hechos que marcaron el año 2010. Por un lado, el estamento estudiantil respaldaba en su gran mayoría a los estudiantes vendedores que aducían que “las ventas son su sostén económico y la forma de mantenerse en la Universidad” (Vera, 2010, pág. 1). Del otro, y ante la recurrencia del asunto, la Administración argumentaba que las ventas informales van en contravía de la misión académica de la Institución, podrían propiciar inseguridad dentro del campus y que los programas de Bienestar Universitario hacían grandes esfuerzos por suplir varias de las necesidades de los estudiantes con escasos recursos económicos. Precisamente, frente a los graves asuntos de seguridad, se evocaron las acciones de la administración de Jaime Restrepo Cuartas en el año 2002. El ex rector afirmaba que “cuando sacaron por primera vez los venteros ambulantes de la Universidad, se comprobó una relación directa entre las ventas ambulantes y el ingreso de la delincuencia y los grupos ilegales armados a la Universidad” (Vera, 2010, pág. 1). Después de que se firmó el Acuerdo Superior 206 en un fin de semana, Restrepo ordenó sacar todos los negocios de Ciudad Universitaria y talar los árboles de “El Aeropuerto”. Según afirmó esa administración, luego de las acciones de allanamiento y de intervención, “los delitos en la Universidad pasaron de 80 casos a dos en un periodo de seis

1 Ofrecido actualmente en las instalaciones de Parque Norte con la ejecución de Bienestar Universitario y Metroparques

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meses” (Vera, 2010, pág. 1). Por lo que Restrepo afirmaba también que las ventas informales guardaban estrecha relación con el delito. Así, la administración de la Universidad de Antioquia volvió la mirada a los ejes problematizadores que fueron: “el expendio y consumo de drogas, los atracos a mano armada, supuestas violaciones sexuales al interior de los baños de mujeres, presencia de los venteros informales y las acciones de protesta de algunos estudiantes” (Corporación Jurídica Libertad, 2010). Considerando la necesidad de un protocolo procedimientos e instructivos, que rigiera las actuaciones del Departamento de Vigilancia en el control de ingreso, permanencia y salida de personas y bienes de la Universidad de Antioquia. los elementos pertinentes, por medio de la Resolución Rectoral 30959 del 15 de septiembre de 2010, recurrió a optar por un mecanismo de seguridad para filtrar el acceso al campus justificado en que es un “principio universitario que las normas internas que rigen la vida institucional definen el marco de condiciones para el funcionamiento adecuado y eficaz de la Universidad, e inducen la adhesión y el respeto del personal universitario” (Uribe Correa, Resolución Rectoral 30959, 2010). Allí se dispuso todo un sistema de seguridad, que impermeabilizaría las sedes del ingreso de usuarios no autorizados que destinaban las instalaciones para fines distintos a los académicos. Para ingresar al campus, desde esa fecha, se puede hacer de dos maneras: Para eventos de extensión, a través del sistema REUNE, una plataforma de identificación e inscripción a cursos y otros programas a desarrollarse en coordinación con las Unidades Académicas y la vicerrectoría de extensión; para aquellos usuarios frecuentes (estudiantes, egresados, empleados, docentes y jubilados) se estableció la Tarjeta Integrada Personal (TIP), como “único medio de identificación y de acceso a los servicios Universitarios” (Uribe Correa, Resolución Rectoral 30959, 2010). La Universidad entró en crisis. Los disturbios, manifestaciones, asambleas, anormalidades y otras acciones colectivas del estamento estudiantil (y los pronunciamientos recatados de otros sectores de la comunidad Universitaria), eran el preludio a esta decisión considerada arbitraria y represiva. Éstas acciones condujeron a que el Consejo Superior Universitario cerrara el campus a partir de la fecha en que se hizo pública la resolución. Muchas acciones se avistaron en ese lapsus. Entre ellas se resalta una acción colectiva en la que estudiantes se congregaron, a modo de bloques y salones, en la avenida Ferrocarril, por fuera de las instalaciones, y se dictaron cátedras sobre diversidad, deliberación y debate de la realidad universitaria el 21 de septiembre de 2015 (IPC, 2010). El rechazo de esta disposición se basaba en la inhabilidad a la que la sociedad se exponía para ingresar al Campus, donde se asistía a la “biblioteca, a los cine clubes, a sus espacios de esparcimiento, a la librería, al museo o, simplemente a recorrer la Universidad como patrimonio arquitectónico de la ciudad” (IPC, 2010, pág. 2). El administrativo, luego de 15 días del cierre de la Universidad presentó una encuesta a la “que respondieron 34.164 personas, estaba habilitada para estudiantes, docentes, empleados y egresados, y contenía cuatro preguntas sobre las ventas ilegales, seguridad, tráfico y consumo de UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA FRENTE AL ASUNTO DE LAS VENTAS INFORMALES DENTRO DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA | 4

drogas” (Gómez Valencia, 2010)2. La conveniencia de abrir las actividades en el campus, a principios de octubre de ese año, se reflejaba en la favorabilidad del sistema de seguridad, que seguramente reduciría esos cuatro factores dentro del campus. El CSU accedió y el 5 de octubre, entre otra calma tensa abrió las puertas, ahora con torniquetes y sistemas de identificación, a la comunidad vinculada a la Universidad de Antioquia. Fin de Sostenibilidad Económica y replanteamiento de alternativas La situación dio mérito a una revisión de las causas estructurales del asunto: Si los proyectos para desalojar las ventas informales no estaban arrojando los resultados esperados, no era meritorio continuar con ellos, pues, su ciclo había acabado. La evaluación fue tajante y la determinación del CSU fue breve. En un solo artículo se derogaron las facultades concedidas al Rector para reglamentar las ventas que realizan algunos estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, por su vinculación a proyectos de Bienestar Estudiantil de la Universidad (Resolución Superior 1664, 2010), y a la par el programa de Sostenibilidad Económica fue el gran desalojado de la vida de la Universidad. En la crisis del 2010, dentro de la Universidad se identificaban al menos tres grupos de vendedores: los que se declararan en desobediencia civil, vendiendo sus productos provocando la actuación de la Administración, los que esperaban el restablecimiento del convenio derogado y aquellos a los cuales no les importa lo que pase, con tal de mantener su fuente de ingresos. Los actos rechazo e indignación por la decisión unilateral no se hicieron esperar. Si la única posibilidad de formalización de los estudiantes era la del programa de Sostenibilidad, se volvió a la raíz del asunto. El Acuerdo que en 2001 constituía las ventas y el auxilio a las mismas en falta disciplinaria gravísima debía derogarse (Vera, 2010). La conciliación y el llamado a la cultura y al debate constructivo fue un asunto compartido en la comunidad Universitaria3. La relativa calma se retomó en el Campus, se instalaron cámaras y se reforzó la seguridad dentro de la Universidad (Caracol Radio, 2010). Durante el año 2011 la mirada se volvió a otros asuntos coyunturales. En la Universidad de Antioquia el paro de los universitarios comenzó el 14 de septiembre de 2011, tras una decisión tomada en la asamblea de estudiantes. En la Universidad Nacional sede Medellín también se mantuvo la anormalidad por protestas contra el proyecto de reforma a la Ley 30 (Gómez Valencia, 2011). En el año 2012, insistiendo en la necesidad de atender el asunto de las ventas informales, se impulsó una nueva política de atención solidaria a los “estudiantes en situación de venta”. Durante la primera fase, de caracterización socioeconómicas, se determinó que la dedicación a las ventas

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Se desconoce el contenido explícito de tres de las preguntas formuladas. Se conoce una, publicada por Semana en donde se cita: “¿Está usted de acuerdo y se compromete con el respeto por los principios de libertad de expresión, de cátedra, de investigación, de enseñanza y de aprendizaje, rechazando todas las formas que impliquen su trasgresión?” (Restrepo, 2010). 3 Evidencia de ello son los registros de la Asamblea de Estudiantes en el mes de noviembre. Disponibles en http://estudiantesudea.blogspot.com/2010_10_26_archive.html UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA FRENTE AL ASUNTO DE LAS VENTAS INFORMALES DENTRO DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA | 5

incidía negativamente en el proceso académico de los estudiantes no solo por la prolongación de su estadía en la Universidad por el tiempo dedicado a la venta, sino también pues se difería el tiempo para egresar. Asimismo, se definió que los estudiantes recurrían a las ventas por una real necesidad económica, y se determinaron tres niveles de necesidades: El nivel 1, en las cuales el recurso que se generaba se destinaba a solventar los complementos necesarios para las actividades académicas; el nivel 2 corresponde a aquellos estudiantes que necesitaban los recursos pues no tenían ningún apoyo familiar o institucional; y finalmente el nivel 3, donde se solventaban gastos vitales pues no tenían otra fuente de ingreso permanente (Uribe Correa, 2013). Para ese momento, el argumento de hacer frente al asunto de las ventas no giró en torno a los asuntos de seguridad o de venta de ilícitos dentro del campus, más bien se pensó en dos fenómenos que debían ocupar la acción institucional. El primero de ellos es que los estudiantes desarrollen actividades que están por fuera del propósito para el cual ingresaron a la Universidad, es decir, estudiar. El segundo es que los claustros universitarios sean utilizados para propósitos no misionales, lo cual afecta a toda la comunidad de la Alma Mater. Considerando la causalidad entre uno y otro hecho, las acciones encaminadas a que los estudiantes que se ocupan en las ventas informales retomen su proyecto académico de tiempo completo, han de redundar en el beneficio de toda la comunidad universitaria y en el cumplimiento cabal de los objetivos misionales (Uribe Correa, 2013, págs. 2-3).

Es allí cuando se resuelve reconocer el otorgamiento de 48 subvenciones de manutención de carácter excepcional y temporal a estudiantes inscritos en el Programa de atención social y solidaria a estudiantes en situación de ventas informales de la Universidad de Antioquia en el año 2013. Desde febrero la Universidad de Antioquia puso en marcha un programa con enfoque social, que buscaba frenar las ventas informales dentro de la Ciudad Universitaria Para atender a la discriminación realizada por Bienestar Universitario de los niveles se ofreció al primer nivel un recurso equivalente al 0.75% del salario mínimo legal vigente (SMLV), al segundo nivel se una beca de 1.25 SMLV. A aquellos que se encontraban en el tercer nivel se les destinó una beca de 1.75 SMLV (Bienestar Universitario, 2013). Mientras el proyecto se iniciaba por gestión de la Rectoría, al mismo tiempo recomendó al Consejo Superior Universitario la creación de una unidad encargada de resolver los asuntos disciplinarios de los estudiantes. Consideraba el Consejo rectoral que “la asunción del conocimiento, investigaciones, sanciones y resolución de recursos requiere de un conocimiento a profundidad sobre la materia disciplinaria a efectos de ofrecer las garantías y que el actuar administrativo esté acorde con los postulados esenciales en un estado social y de derecho” (Resolución Rectoral 2589, 2013). El Consejo Superior con beneplácito asumió la recomendación y el 19 de marzo de 2013 creó la Unidad de Asuntos Disciplinarios Estudiantiles de la Universidad de Antioquia, una corporación especializada que supliría a los comités técnicos nombrados por los decanos, quienes actuaban como reguladores de los procesos disciplinarios de conformidad a lo UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA FRENTE AL ASUNTO DE LAS VENTAS INFORMALES DENTRO DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA | 6

dispuesto en el reglamento estudiantil de pregrado, y que se encargarían de conocer, investigar y sancionar a los estudiantes que incurrieran en faltas contra lo regulado por la normativa Universitaria. Los asuntos de vendedores, proscritos desde 2001, no se escapaban del ámbito de competencia de la UADE. La protesta social por colectivos de resistencia dentro de la Universidad despertó el 13 de junio de 2013. El rector rechazó los actos en nombre de la Universidad de Antioquia. Alberto Uribe Correa, en su segundo periodo como rector, envió una carta a la mesa de diálogos en la Habana que fue en el periódico Alma Mater (Arango, 2013). En ella expone contundentemente el rechazo a las acciones violentas del llamado Movimiento Bolivariano, que “mediante inusitado despliegue de fuerza violenta, militarmente organizada, amedrentó, amenazó, violentó y desalojó oficinas y laboratorios (…) interrumpió las labores universitarias, atoró el tránsito circunvecino y puso en riesgo la integridad y la vida de miles de personas” (Uribe Correa, Carta abierta a la mesa de diálogo y negociación para la paz en Colombia, 2013). Las acciones violentas dentro del campus, según el rector, aumentan el costos de la educación superior y debilitan el logro de los propósitos por los que miles de jóvenes ingresan a la Universidad apoyados por sus familias. El 26 de septiembre de 2013 se convoca a asamblea de Estudiantes. La acción colectiva manifestada en la tradicional Asamblea, consideró varios puntos que venían nutriéndose de más asuntos en las Unidades Académicas. Entre ellas se encontraba la estadía de campesinos desplazados por Hidroituango, las medidas de securitización de la Universidad y la situación de los venteros. Para ese momento se formuló un pliego que se basaba principalmente en el asunto del bienestar Universitario y de la Unidad de Asuntos Disciplinarios quien empezaba a investigar asuntos de estudiantes involucrados en ventas y otras faltas (Asamblea de Estudiantes UdeA, 2013). El 3 de Octubre del 2013 se da inicio al paro estudiantil universitario como mecanismo de presión para demandar las exigencias del pliego. Se iniciaron concertaciones entre el administrativo y los estudiantes. Todas las Facultades, Escuelas, Corporaciones e Institutos se acogieron al mecanismo. Algunos estudiantes de programas regionalizados se acogieron a las disposiciones de la Asamblea reunida en Ciudad Universitaria. La deliberación se abrió entre administrativo y estudiantes. Se convocaron a comisiones de estudio de las posibles soluciones, a sesiones de negociación del pliego, donde no hubo mucho del interés en ceder de la posición para lograr a un acuerdo. Plantones en la ciudad Universitaria, pupitrazos, campañas pedagógicas, y más asambleas ponían en riesgo el semestre 2013/2. El Consejo Académico evaluó dependencia por dependencia la pertinencia de continuar. La facultad de Ingeniería declaró semestre especial el segundo de 2013, los estudiantes podían cancelar cursos aun teniendo el 100% evaluado sin que la cancelación guardara efectos en la historia académica. La facultad de Comunicaciones y los Institutos de Educación Física y Filosofía cancelaron el mismo semestre pues el paro se extendía y no se avizoraba solución. El examen de admisión para el semestre 2014/1 estaba en riesgo. Por ello, entre la crisis académica y la presión estudiantil se dispuso cerrar el campus a partir del 29 de octubre de 2013. Un plantón realizado en la noche del 28 de octubre en el bloque administrativo fue el detonante UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA FRENTE AL ASUNTO DE LAS VENTAS INFORMALES DENTRO DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA | 7

para justificar el cierre. En el transcurso de la misma, un bloque del escuadrón móvil antidisturbios los desalojó por completo. Algunos de los que allí se concentraban se dirigieron a la Unidad Permanente de Justicia “El Bosque”, cercana al campus, y se declararon en Huelga de hambre. En noviembre continuaron las asambleas. El 13 de ese mes se inició una seria negociación de delegados de la Asamblea de Estudiantes ante una comisión del Comité Rectoral que evaluaba las alternativas, encuentros y desencuentros de los puntos de vista frente a las diversas problemáticas de la Universidad (Asamblea de Estudiantes UdeA, 2013). El 18 de noviembre el asunto de la delegación fue polemizada. Se criticó el tipo de representación que realizaba y los intereses personales de la misma acción (Asamblea de Estudiantes UdeA, 2013). El 27 de noviembre, el órgano máximo de representación del estamento estudiantil, la Asamblea General de Estudiantes, consideró que el mecanismo de visibilización asumido, el paro, no había logrado la presión suficiente. Se consideró un desgaste para el movimiento estudiantil y un peligro para el mismo continuar con un mecanismo que no había logrado por sí mismo mayor impacto en el asunto tratado. (Asamblea de Estudiantes UdeA, 2013). Las luces de esta acción fueron básicamente la creación de varias comisiones y delegaciones para debatir la actualidad Universitaria. Se acercaba el final del año 2013 y se propuso para el 2014 continuar en discusión del pliego de solicitudes. Poco a poco, como se evidencia en la última relatoría de la Asamblea de estudiantes en 2013, se empezaron a derrumbar las propuestas iniciales. No se aprobó la eliminación de la UADE, se pidió levantar el paro en anormalidad académica, se cerró la vía de la conciliación con el administrativo (Asamblea de Estudiantes UdeA, 2013), y entre la confusión de un repentino e inconcluso modo de terminar con la anormalidad de más de 2 meses y gritos de “¡vendido, vendido!” a alguno de los delegados a la negociación con el Comité Rectoral, el asunto de los vendedores, de las ventas informales en la Universidad fue cerrado hasta enero de 2015. Acción del Estado por medio de la Universidad de Antioquia Las propuestas de los candidatos a rector 2015-2018 contemplaban múltiples mecanismos para solucionar el asunto ya creciente. Las primeras sentencias de la UADE de la Universidad de Antioquia empezaron a ser proferidas para un estudiante de la Facultad de Ingeniería4, proceso del cual no se conoce mayor detalle debido a la reserva sumarial y garantía procesal que de la materia gobernada se deriva. Más allá de la idea de que las ventas informales son un elemento antiestético del campus, la preocupación se centra en que aquellos que optan por esta estrategia de generación de ingresos se apropian de espacios (como las mesas instaladas en los diferentes bloques de la ciudadela), de los bienes (mobiliario de los salones) destinados para el estudio y de los servicios públicos (energía y acueducto) de la Universidad con fines distintos a aquel por el cual han sido dispuestos, toda vez que “aquella se compromete con todos los recursos a su alcance a darle una formación profesional integral, (…) de tal forma que exista un clima propicio para el desarrollo armónico de la 4

Información conocida personalmente.

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institución y el cumplimiento de los objetivos de formación en el proceso enseñanza aprendizaje” (Acuerdo Superior 001, 1981). Precisamente ese es uno de los planteamientos del rector de la Universidad de Antioquia (2015-2018) Mauricio Alviar Ramírez, y que sostienen su programa para la rectoría desde su inicio. El académico sostiene que “los estudiantes tienen que recuperar su rol y asumirlo con seriedad, compromiso y la energía propia de los años de juventud” (Alviar Ramírez, 2015, pág. 15), reconociéndose como parte fundamental de un proceso y un espacio que ofrece la sociedad para el crecimiento personal y profesional como es la Universidad. Este empoderamiento del rol del estudiante, se insiste, no puede de ningún modo ser sesgado por actividades ajenas a la academia, pero tampoco puede desconocer las subjetividades de cada uno de los mismos. Puede pensarse en el Bien Común, pero éste no puede olvidarse de aquellos condicionantes de cada sujeto para desenvolverse y desarrollarse en el contexto que transita. Precisamente “la sociedad colombiana y antioqueña debe definir nuevos paradigmas de actuación individual y colectiva basados en la ética de lo público y el bien común” (Alviar Ramírez, 2015: 4). Debe entonces propiciarse unas condiciones para una formación integral, cuando existe unos valores que se predican y son congruentes con aquellos se practican. Es menester pensar en aquella problemática que transversaliza este asunto pero también en las motivaciones que conducen a muchos optar por el empleo informal como forma de subsistencia, principalmente estudiantes activos de los programas de pregrado de la Universidad de Antioquia. La Universidad, desde el año 2001, viene interpretando el asunto de las ventas informales a partir de situaciones de contexto que la han llevado a disponer herramientas, instancias y recursos para atender a lo que coyunturalmente es sostenido como problemático. De lo anterior se infiere que la Alma Mater ha actuado de conformidad a lo que el medio le ha posibilitado para atender a las necesidades más sentidas de la comunidad Universitaria. El trato del asunto de los vendedores informales ha sido una disposición pública de la Universidad que cumple con los requisitos señalados por Roth (2002) para definirlos como Política pública. Indudablemente, la Universidad, de carácter estatal y público, por medio del Gobierno Universitario representado en el CSU, se vincula al asunto, reconociendo, al mismo tiempo que la Comunidad Universitaria y la opinión pública, la existencia de una situación problemática, que viene a ser tratada por medio de la definición de objetivos y metas a las cuales se pretende llegar en un proceso definido para la formular, ejecutar y evaluar, en función de superar el hecho problematizante. El término de política “pública” no puede circunscribirse a una unidad territorial únicamente, sino que remite a la vinculación del Estado, y sus entes administrativos como parte del mismo, para interpretar los problemas percibidos, definir objetivos para tranzar en la solución de los mismos y planear las estrategias que se establecerán y se ejecutarán de modo tal que beneficien eficientemente a aquellos reconocidos como actores involucrados en el asunto. Sin embargo, como pudo observarse en el proceso de creación de esta política de intervención a las ventas ambulantes, los resultados esperados no han sido satisfactorios. Reconociendo la existencia de redes que propician la informalidad dentro del campus, siendo una UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA FRENTE AL ASUNTO DE LAS VENTAS INFORMALES DENTRO DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA | 9

actividad rentable en tanto no hay gastos externos como: impuestos, pago de servicios públicos o arrendamientos, no hay lugar a pensar en una normativa rigurosa, pues no todos los vendedores son estudiantes y no todos los autores de la actividad son sujetos vinculados a la Universidad de Antioquia. Por tanto hay que pensar en recuperar el espacio público del campus para aquello que ha sido dispuesto, disminuir las ventas informales que aprovechan la mano de obra necesitada del estudiante activo, y promover así las condiciones de bienestar social y económico para la permanencia académica. La política de Sostenibilidad Económica tiene en la actualidad solo un efecto que ha permanecido hasta la actualidad que es el proyecto Burbujas de Café. Se considera que este precedente permite reconocer inconformidades no solo de los vendedores sino también del resto de miembros de la comunidad en General. Debe formularse proyectos teniendo en cuenta los más rigurosos estudios de factibilidad de modo tal que resulten eficientes, efectivos y de calidad en el largo plazo. Las ventajas de una intervención social no pueden medirse solo en la eliminación de las causas del problema central sino que deben contemplar que una disposición verdaderamente provechosa ataca la mayor cantidad de efectos producidos por la situación problemática, que para este caso van desde la deserción escolar por insuficiencia económica y hasta la disminución de las transferencias a la Universidad por la baja en la población estudiantil y en la calidad de los estudiantes. Por ello, debe propiciarse espacios incluyentes que permitan que el acceso al sistema de Bienestar sea posible y que además, desde la óptica del personal que no corresponde a la población de vendedores informales, pueda ampliarse competitivamente la oferta de productos y servicios lícitos que se disponen para el uso y consumo dentro del campus. El asunto de las ventas informales responde a los ciclos de la acción colectiva. Como se observó, la manifestación del movimiento estudiantil ha sido decisorio en la creación de política pública. Desde esta perspectiva que tiene en cuenta el papel de los otros, distintos al estado, “los resultados de la acción colectiva la política pública en este caso, son fruto de la interacción, negociación y convergencia entre distintos actores, algunos más visibles y explícitos que otros” (Villaveces Niño, 2010: 7). Partiendo de las premisas, la defensa de intereses que resultan pertinentes de incluir en las agendas públicas, mediante la metodología bottom-up refleja la “congruencia de intereses de distintos actores de la sociedad civil que se movilizan para conseguir un objetivo común” (Villaveces Niño, 2010: 8). El hecho de que no agende desde lo interpretado por el Estado, no supone una pérdida de la racionalidad pública, sino una construcción de agendas eficientes, incluyentes y que efectivamente, en el largo plazo se continúen reflejando los efectos de un Estado que cumple su función: actuar en favor de los intereses de aquellos quienes le han confiado la legítima defensa de sus derechos.

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