UNASUR. La constitución de un soporte regional del poder soberano estatal

Julián Kan y Rodrigo Pascual compiladores

INTEGRADOS (?) Debates sobre las relaciones internacionales y la integración regional latinoamericana y europea

COLECCIÓN ESTUDIOS DE NUESTRA AMÉRICA Julián Kan y Rodrigo Pascual (comps.) INTEGRADOS (?) Debates sobre las relaciones internacionales y la integración regional latinoamericana y europea. 1a ed. Buenos Aires: Imago Mundi, 2013. 320 p. 22x15 cm ISBN 978-950-793-159-8 1. Relaciones Internacionales. 2. Integración Regional. I. Pascual, Rodrigo II. Kan, Julián, comp. CDD 327.1 Fecha de catalogación: 25/07/2013 ©2013, Julián Kan y Rodrigo Pascual (comps.) ©2013, Ediciones Imago Mundi Distribución: Av. Entre Ríos 1055, local 36, CABA website:www.edicionesimagomundi.com Diseño y armado de interior: Alberto Moyano, hecho con LATEX 2" Hecho el depósito que marca la ley 11.723 Impreso en Argentina. Tirada de esta edición: 700 ejemplares

Se terminó de imprimir en el mes de setiembre de 2013 en Gráfica San Martín, Güiraldes 2727, San Martín, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo por escrito del editor.

Índice general

Introducción Julián Kan y Rodrigo Pascual . . . . . . . . . . . . . . IX

I Debates teóricos sobre las relaciones internacionales y la integración regional 1

El realismo y el liberalismo internacionalista. Una introducción crítica a las teorías clásicas de las relaciones internacionales Alejandro M. Jaquenod . . . . . . . . . . . . . . . .

3

2

Hegemonía, orden mundial y cambio histórico: siguiendo el camino de la teoría crítica. Perspectivas neogramscianas en las relaciones internacionales Andreas Bieler y Adam David Morton . . . . . . . . . . . 23

3

Más allá de las relaciones internacionales: acerca del mercado mundial y el estado-nación Werner Bonefeld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

4

Hegemonía neogramsciana y el orden internacional Peter Burnham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

5

El estado capitalista, la crisis financiera y el debate imperio-imperialismo Pablo Míguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

II Análisis sobre la reciente inserción e integración regional de América Latina 6

Estados Unidos, su proyecto de libre comercio para América Latina y la resistencia argentina Leandro Morgenfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

7

Una relación particular. Clase dominante, gobierno y orígenes del MERCOSUR Julián Kan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

8

¿A dónde va el ALBA? Modesto Emilio Guerrero . . . . . . . . . . . . . . . . 205

VIII 9

UNASUR. La constitución de un soporte regional del poder soberano estatal Rodrigo F. Pascual . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

10

Los tratados bilaterales de inversión y la protección a las inversiones: un análisis del caso argentino Luciana Ghiotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Autores

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Índice de autores . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

Capítulo 9 UNASUR. La constitución de un soporte regional del poder soberano estatal

Rodrigo F. Pascual* ......

Las acciones de la UNASUR En septiembre de 2008 UNASUR se presentó públicamente y lo hizo a través de la resolución del conflicto entre los prefectos insurrectos de la Media Luna boliviana y el poder ejecutivo nacional. A tan solo cuatro meses de haber firmado su tratado constitutivo la UNASUR encontró sus funciones específicas. Sin embargo, al momento de su firma no podía visualizarse ninguna especificidad.1 No se sabía si se trataba de un acuerdo comercial *. Agradezco los comentarios de Julián Kan, Alejandro Jaquenou, Alberto Bonnet, Luciana Ghiotto, Modesto Guerrero y Florencia Poggi. Como se suele decir, se los exime de toda responsabilidad de las afirmaciones aquí vertidas. 1. Tal es así que el 22 de mayo de 2008 el asesor en cuestiones internacionales de Lula, Marco Aurelio García, declaraba que una de las funciones centrales de la UNASUR sería la de desarrollar la integración financiera a través del Banco del Sur y de infraestructura. Sin embargo, a cuatro años de aquellas declaraciones los avances de la UNASUR en esas áreas han sido escasos. Véase La Nación, 22 de mayo de 2008. «Defienden la creación de la UNASUR.» También puede consultarse del mismo diario 27 de mayo de 2008 «Lula quiere moneda y banco central regional». Asimismo, según las declaraciones recolectadas por el diario La Nación, el 24 de mayo de 2008, Lula da Silva, presidente de Brasil, planteaba que una de las funciones a desarrollar por la UNASUR estaría dada por la formación del Consejo de Seguridad, no obstante se encontró con la fuerte oposición de Colombia. Véase, «La nueva estructura regional no apasiona a la Casa Rosada», 24 de mayo de 2008. También puede verse en La Nación, 10 de junio de 2008, «Una tercera oportunidad para la región» «Mientras la Comunidad Sudamericana de Naciones planteaba un área de libre comercio, la UNASUR no indica si su objetivo es ser una zona de libre comercio o conformar un bloque de integración cuyo destino sea ser un mercado común o una unión económica como la Unión Europea (UE)». Además, puede consultarse La Nación, 23 de mayo de

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base para la confluencia del MERCOSUR y la CAN – que incluía al resto de los países del Cono Sur y que tenía pretensiones de incorporar a otros países de Centro América y el Caribe – o si su conformación era más bien un gesto político. Ante una inminente guerra civil, entre los sectores que apoyaban a los prefectos de la medialuna boliviana y los que constituían las bases de apoyo del ejecutivo nacional, la presidenta de Chile – que ejercía la presidencia pro tempore de UNASUR – y la de Argentina reaccionaron inmediatamente y activaron a que los presidentes de Venezuela y el de Brasil se acoplaran a la UNASRUR para buscar una resolución pacífica. Sin embargo, esa reacción solo fue posible una vez que los bandos en conflicto llamaron a que se hiciera presente una instancia de mediación. De esta manera, UNASUR hizo efectiva su primera aparición.2 La reunión de los/as presidentes en la casa de La Moneda, Santiago de Chile, fue exitosa. Y no lo fue solo porque garantizó la gobernabilidad de Bolivia sino también porque lo hizo para el resto de los países de la región. Precisamente, de haberse desatado una guerra civil en Bolivia, las consecuencias hubieran sido negativas para el conjunto de los países del Cono Sur, principalmente para sus vecinos.3 Por otra parte, pocos meses antes de que se firmara el tratado de la UNASUR, en marzo de 2008, los principales países que la componen lograron desactivar un potencial conflicto bélico entre Colombia y Venezuela a través de la OEA. Luego de una incursión militar colombiana en territorio ecuatoriano, los presidentes Chávez y Uribe protagonizaron una escalada de enfrentamientos verbales que llegaron a amenazas de confrontación armada, e incluso se movilizaron tropas venezolanas a la frontera con Colombia. Sin

2008 «El debate por las asimetrías, presente en la cumbre de Brasil», y del 10 de junio de 2008 «La burocrática integración latinoamericana». 2. Véase, La Nación, 13 de septiembre de 2009, «Cumbre de urgencia por la crisis en Bolivia» y del mismo diario, 14 de septiembre de 2009 «Cristina Kirchner y otros jefes de estado se reunirán de urgencia». 3. Si bien las consecuencias económicas podrían haber sido las más inmediatas, de hecho durante los enfrentamientos ya había habido cortes de suministros energéticos, lo cierto es que desatada una guerra civil en Bolivia el efecto contagio discurría como una amenaza para el resto de los países de la región. Ambos niveles pueden leerse en La Nación, 15 de septiembre de 2008, «La Argentina espera dar una señal de unidad ante Estados Unidos»: «El Gobierno [de Argentina] considera que el respaldo de la comunidad regional a las instituciones en Bolivia podría evitar que el conflicto social derivara en una guerra civil y, por ende, en una crisis energética de dimensiones para esta parte del mundo». Asimismo, en La Nación, 14 de septiembre de 2008, «Cristina Kirchner y otros jefes de estado se reunirán de urgencia», se lee: «Otro motivo la desvela [a la presidenta]. En Balcarce 50 admitieron que Cristina Kirchner presiente, tal como lo expresó públicamente, que una crisis institucional en Bolivia podría tener un efecto de contagio regional de impredecibles consecuencias».

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embargo, luego de la intervención de los presidentes de Brasil y Argentina se alcanzaron acuerdos de paz. En 2009 el gobierno de Uribe y el de Chávez volvieron a enfrentarse. Esta vez el motivo fue el conocimiento público de la firma de un acuerdo entre Estados Unidos y Colombia para instalar siete nuevas bases militares. Si bien no se llegó a desatar un conflicto abierto, como en el caso boliviano, ni se llegaron a amenazas bélicas, lo cierto es que se produjo un clima de tensiones crecientes en que se requerió un llamado a la concordia. Chávez adujo que, entre otras cuestiones, se buscaba desestabilizar su gobierno. Así fue que, en agosto, la UNASUR llamó a la realización de una Cumbre de carácter urgente, realizada en Bariloche, Argentina. UNASUR asumía que los motivos de la Cumbre no se limitaban a un problema entre dos estados miembros. Para este organismo se trataba de un problema regional. En la Cumbre de Bariloche se logró detener la instalación de las nuevas bases militares. A pesar de las diferentes posiciones, se llegó a un acuerdo sin que se ejerciera una imposición sobre la soberanía4 colombiana. De esta manera, UNASUR evitó un potencial conflicto regional, con posibles efectos negativos para los países limítrofes. En septiembre de 2010, luego de un intenso conflicto entre el presidente de Ecuador y las fuerzas policíacas – desatado por una serie de medidas fallidas relativas a las formas de pago de haberes de las fuerzas del orden y ante una sucesión de hechos que fueron elevando vuelo, en una especie de motorización provocada por la propia turbulencia, que derivaron en lo que varios analistas consideraron como un intento de golpe de estado – los presidentes del Cono Sur se reunieron de urgencia. Esa vez lo hicieron de modo informal en la ciudad de Buenos Aires bajo el auspicio del secretario general de UNASUR, Néstor Kirchner. Desde Buenos Aires se emitió un comunicado que rechazaba las acciones de carácter «destituyentes». Además se reconocía y apoyaba a Rafael Correa como presidente legítimo. Como en el caso boliviano, la acción inmediata de la UNASUR se producía en pos de mantener la estabilidad ecuatoriana y regional. La inestabilidad política que hubiera seguido a un golpe en Ecuador podría haber desencadenado una escalada de conflictos con resonancias regionales. La UNASUR, nuevamente, actuó como un garante de la paz social interna y regional. Por último, en junio de 2012 se produjo un golpe institucional en Paraguay. Este fue similar al acontecido en Honduras, en 2009. El gobierno electo fue depuesto por medio de mecanismos legales, aunque, según muchos juristas, inconstitucionales en sus prácticas. Es decir, se siguieron los procedimientos enunciados en la letra de la ley, pero no se cumplió con la 4. A lo largo de este capítulo se utilizará soberanía en dos sentidos: a) como se comprende tradicionalmente, i.e. el ejercicio del poder de un estado sobre su territorio; b) como la capacidad de la burguesía de imponerse políticamente sobre la clase trabajadora.

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constitución práctica de la ley. Más allá de estos vericuetos legales, lo cierto es que ante estos dos golpes de estado la presencia y efectiva capacidad de UNASUR fue casi nula. Precisamente, en ninguno de los dos casos se podían visualizar amenazas para la estabilidad política nacional y regional. En el caso paraguayo la posición del presidente depuesto, Fernando Lugo, fue central en el reaseguro de la gobernabilidad. Su sujeción a los mecanismos que lo depusieron, así como su llamado a la concordia, fueron suficientes como para que la situación no llevara a enfrentamientos sociales mayores. Asegurada la gobernabilidad y la paz social del país y, por consiguiente, de los países lindantes, la capacidad de intervención de la UNASUR quedó reducida a su mínima expresión. En otras palabras, la presencia de la UNASUR fue meramente gestual. La institución regional suspendió al Paraguay hasta que se «normalizara» la situación institucional y se proclame un nuevo presidente electo democráticamente. Adelantando los argumentos, puede decirse que en todas estas ocasiones las acciones de la UNASUR apuntaron en una misma dirección: mantener la gobernabilidad nacional y regional por medio del fomento de la paz, la continuidad democrática y garantía de la seguridad regional.5 En este sentido, se comprende tanto que la UNASUR no se proponga en su tratado constitutivo mecanismos de supranacionalidad, como que mantenga una forma de organización intergubernamental en la que el consenso y el respeto de las soberanías nacionales entre las partes hayan sido condición para su firma (Paikín n/d; Solón 2008; Cardona 2008). Precisamente, estas características hacen de la UNASUR un organismo que opera como una apoyatura del ejercicio del poder soberano estatal. Es decir, como un soporte que asegura el efectivo ejercicio de ese poder luego de haber sido impugnado en las rebeliones sociales contra gobiernos neoliberales. La UNASUR, como soporte del poder soberano estatal, ha operado con efectividad solo en la medida en que logró disciplinar a los sectores dominantes nacionales. Pero UNASUR, en tanto que soporte, colabora con el disciplinamiento de los sectores dominantes solo con el consenso estricto del estado en cuestión. UNASUR opera como un órgano exterior – de allí la noción de soporte – asegurando el orden, la paz y la gobernabilidad nacional. Al asegurar la gobernabilidad nacional también lo hace a nivel regional. Su objetivo, entonces, es la estabilidad regional por medio del resguardo

5. Visto desde la perspectiva de la agenda de securitización regional, posibles guerras civiles en un territorio pueden fomentar la emergencia de grupos civiles armados en otros. Asimismo, el débil control de las fronteras, especialmente de los países andinos, con el Amazonas, incentiva el flujo migratorio sobre zonas donde la presencia de los estados es casi nula. De modo que permitirían el crecimiento de grupos armados (como las guerrillas de los sesenta, setenta y ochenta). Es entendible que la paz sea un objetivo central para la UNASUR.

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de la paz nacional. Su función como soporte de la soberanía nacional está determinada, entonces, por la necesidad de lograr la estabilidad de la región. En términos del último Foucault (2006), la UNASUR es un dispositivo de seguridad. Una tecnología de poder que apunta a anticipar y evitar posibles conflictos a nivel regional desatados por crisis institucionales nacionales. De allí que la estructura organizacional de la UNASUR deba entenderse como un índice del significado político del organismo. Es decir, como una apoyatura del poder soberano estatal que maniobra asegurando la gobernabilidad nacional y regional. En este aspecto la UNASUR, entonces, reviste un aspecto novedoso respecto de las funciones ejercidas por otros organismos de la región. Por otra parte, UNASUR viene a tomar el lugar vacío dejado por la OEA. Lugar que tuvo que reemplazar luego de que el poder de veto de Estados Unidos en la región, haya sido rechazado al calor del desarrollo de las luchas sociales que dieron lugar a la emergencia de gobiernos progresistasposneoliberales. Es al compás de esta breve e intensa trayectoria, y a la luz de sus características constitutivas, que propongo explorar el significado político de UNASUR. Para su comprensión se tomará el conflicto entre los prefectos de la Media Luna boliviana y el presidente Evo Morales. Se mostrará a través de ese caso el rol específico que cumple la UNASUR en la región. Pero primero se rastreará el origen de la UNASUR a partir de las funciones reconocidas aquí como esenciales: garantizar la paz y la gobernabilidad regional. En otras palabras, reconocer los orígenes de la UNASUR implicará realizar una mirada retroactiva que permita comprender la especifidad de este nuevo organismo regional. Finalmente, se buscará responder a las siguientes preguntas: ¿qué relación mantienen las acciones de UNASUR (mencionadas en los párrafos anteriores) con el ciclo de luchas sociales que se expandió por Latinoamérica desde mediados de la década del noventa del siglo pasado hasta mediados de la primera década del siglo XXI? ¿Qué implicancias tiene la emergencia de la UNASUR en el ejercicio de la soberanía estatal en los países involucrados?

Genealogías de la UNASUR: instituciones y lucha de clases Como dije, la emergencia de la UNASUR solo puede ser reconstruida retroactivamente y esta reconstrucción debe atender a las funciones específicas que la UNASUR ha desarrollado desde que se firmara su tratado constitutivo. En este sentido, si la UNASUR ha actuado como una organización que operó como garante y estabilizador del orden regional, lo que debe hacerse es una genealogía que atienda a la emergencia del desorden que, precisamente, la UNASUR pretende ordenar. En ese mismo sentido, si la UNASUR es una institución que operó como una especie de apoyatura del poder soberano estatal, lo que debe ponerse en el origen (como punto de partida para su comprensión) es a los procesos sociales que debilitaron a ese poder estatal.

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De modo, que otro tipo de genealogía de la UNASUR dependerá de cómo se entiendan sus funciones. Cabe aclara que, en la perspectiva que aquí se presenta, se asume que las funciones de la UNASUR se pueden comprender a la luz de sus acciones. En cambio, las perspectivas hegemónicas comprenden que la letra del tratado constitutivo es lo que define a la UNASUR. En esos casos la genealogía que sigue asume una visión institucionalista. A esta perspectiva podemos denominarla como genealogía institucional. Véase entonces primero esta perspectiva, así se podrá comprender la especificidad de mi mirada.

La genealogía institucional Esta adopta dos caminos que confluyen. Uno asume que la UNASUR es el resultado de los procesos iniciados por los gobiernos progresistas de la región y que por presión de los hechos – es decir, por un análisis realista de las relaciones interestatales – llevaron a que otros países con gobiernos de origen neoconservadores (como el de Uribe en Colombia y el Perú de Alan García) se sumasen. Por otro andanivel, están quienes comprenden que la UNASUR es la culminación de una serie de propuestas de Brasil para lograr la hegemonía de la región y que para lograrlo, requiere del apoyo del resto de los países. Como se ve, ambas perspectivas confluyen en el presupuesto de que la UNASUR es un producto de decisiones gubernamentales, institucionales. En el primer grupo se asume que la UNASUR responde a cuestiones de tipo ideológicas, en las que al haber sintonía se generan condiciones para la realización de políticas conjuntas (Arnoux 2012). En esta perspectiva ideologicista se señala que una condición para que la UNASUR naciera fue el común rechazo a las políticas de subordinación a Estados Unidos. El antecedente inmediato habría sido, entonces, la detención del tratado del ALCA. Asimismo, en la UNASUR se evidencian posturas confrontadas entre los países del MERCOSUR y Venezuela que rechazaban la propuesta de integración hemisférica, contra la perspectiva colombiana, chilena y peruana que pretendían lograr la firmar del tratado. Sin embargo, estos países se habrían sumado a la UNASUR por necesidad de no quedar fuera de un posible macro acuerdo de cooperación política, económica y financiera. Al interior de esta perspectiva hay autores que observan que las protestas sociales contra el neoliberalismo, que antecedieron a los gobiernos progresistas, habrían cumplido con la tarea de generar demandas antineoliberales las cuales serían las bases de la ideología compartida. Entre esas demandas se encontraría un fuerte rechazo a Estados Unidos y a su propuesta de integración hemisférica (ALCA). De ese modo, los gobiernos progresistas emergentes habrían asumido las demandas de los sectores movilizados contra las políticas neoliberales y sus políticas exteriores.

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Asimismo, el latinoamericanismo sería otro elemento común de la ideología progresista compartida en la UNASUR, y por los presidentes progresistas. Ese latinoamericanismo sería, a su vez, otro elemento emergente de las protestas (ibíd.). En definitiva, esta mirada comprende que la UNASUR es el producto de gobiernos progresistas que lograron darle forma al conjunto de demandas sociales emergentes en las luchas contra los gobiernos neoliberales. Precisamente, la atención a las demandas sociales sería un reaseguro para la gobernabilidad de la región (Colombo y Roark, 2012; Serbín, s/d). Cabe decir que, en esta perspectiva, la UNASUR no es el producto de un conjunto de propuestas brasileras sino, más bien, que esas propuestas se insertan en un terreno fertilizado por la ideológica progresista de los gobiernos. Sin embargo, el arado de ese terreno, según lo que varios autores concuerdan, habría estado a cargo de las protestas sociales que le precedieron. Pero, de modo análogo a la ganancia capitalista, el trabajo de los sembradores quedaría borrado por quienes lo cosechan: los gobiernos progresistas. Por otro lado están aquellos que asumen a la UNASUR como el producto de múltiples propuestas lanzadas desde Itamaraty. Aquí se identifica al intento de formar un mercado común del sur (la ALCSA), lanzado por Brasil en 1993, como el punto de partida de la emergencia de la UNASUR. Ciertamente, la ALCSA fue una propuesta de Brasil que tenía la intensión de generar un polo de negociación contra Estados Unidos ante lo que se observaba como un proceso imparable de integración hemisférico. En este camino se señala a la propuesta de Fernando Henrique Cardoso de la Comunidad de Naciones Sudamericanas como un segundo momento en esta genealogía institucional. Su continuidad en el tiempo y la eventual transformación de la Comunidad de Naciones Sudamericanas en UNASUR en el año 2007 serían índice de la veracidad de esta genealogía. Asimismo, en esta mirada, (también) se indica que el fracaso del ALCA constituyó un hito central en la formación de una institución política regional que, por primera vez desde la fundación de la OEA, excluye la presencia de Estados Unidos (Escudé 2012). Desde esta genealogía también se asume que la asunción de gobiernos progresistas dio lugar a la afinidad ideológica, pero el énfasis está puesto en la (in)capacidad de Brasil de mantener políticas de convergencia regional. En este sentido, se destaca la derrota del ALCA la cual se habría logrado porque Brasil había obtenido el apoyo de Argentina y Venezuela. Asimismo, luego de la derrota del ALCA, Argentina comenzó a modificar sus posiciones y a apoyar tímidamente a la UNASUR, apoyo que no había sido dado a la Comunidad de Naciones Sudamericanas. En esta mirada, se observa que el rol ideológico de los gobiernos progresistas queda como un mero complemento. Asimismo,

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las protestas sociales son reducidas a una especie de mancha en el camino institucional de América Latina.6 Sintéticamente, ambas perspectivas asumen recorridos institucionales para comprender la emergencia de la UNASUR. Es decir, se la comprende como el resultado de políticas gubernamentales que mantienen autonomía relativa respecto del conjunto de relaciones sociales. El estado es tomado como el agente de las relaciones internacionales, punto de partida y de llegada de la explicación. Las instituciones regionales se entienden, entonces, como determinadas por decisiones intergubernamentales. Asimismo, ambos recorridos comprenden que el fin de las negociaciones del ALCA tiene un lugar relevante en la emergencia de la UNASUR. Al mismo tiempo de evitar el tratado comercial regional, se habría puesto un freno a la presencia de Estados Unidos en la región de un modo más general. Por último, estas perspectivas son complementarias. La diferencia radica en el aspecto que se considera central. No obstante, ninguno de las dos se cuestiona el elemento que da forma a la explicación, es decir, ¿por qué se producen esos cambios institucionales y/o ideológicos? Dicho en términos clásicos, no se preguntan acerca de la materialidad que permitió la emergencia de la UNASUR. Más aún, no se preguntan ¿por qué la propuesta de Brasil esta vez fue asumida por el conjunto de los gobiernos del Cono Sur? Para responder a estas preguntas, se requiere de una genealogía que explique la virtual desaparición de la OEA como organismo regional con capacidad de intervenir en las crisis regionales y que, simultáneamente, explique el veto a Estados Unidos como mediador en la resolución de conflictos en y entre los países de la región.

La genealogía de la lucha de clases: entre el ciclo de luchas contra la ofensiva capitalista neoliberal y el fallido golpe de estado en Venezuela 2002 La materialidad a la que hice referencia, remite al desarrollo del antagonismo de clase constitutivo de relaciones sociales capitalistas. De modo que, la elaboración de una genealogía de la UNASUR, exige incurrir en un camino que no responde directamente al proceso de emergencia institucional. La genealogía propuesta, entonces, comprende a esas formas institucionales como modos de existencia de aquellas relaciones antagónicas. Lo primero que debe asumirse, entonces, es que las condiciones necesarias para el nacimiento de la UNASUR surgen de algo diferente a ella. Y ese algo diferente son las resistencias y luchas sociales contra la ofensiva capitalista neoliberal que a través de prácticas prefigurativas, erosionaron el poder de los estados miembros de la UNASUR, así como a las instituciones a la que 6. Por ejemplo, Russell y Tokatlián (2008) las mencionan bajo el vocablo «torbellino».

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esos estados reconocían como interlocutoras (y otros estados como Estados Unidos). La UNASUR en este sentido es una cristalización de aquellas luchas sociales. Naturalmente, esas luchas pueden ser reconocidas como constitutivas de la UNASUR en la medida en que se las comprenda desde el significado presente de la UNASUR. Es decir, son puestas retroactivamente como constitutivas por el lugar específico que cumple la UNASUR en la región desde su emergencia en 2008. A diferencia de las perspectivas institucionales, que parecen querer encontrar el significado de la UNASUR de modo proyectivo – mirando en las propuestas institucionales el germen del presente – esta mirada asume que aquellas luchas, no tienen nada del germen de la UNASUR sino a la luz del presente. Más exactamente, las luchas contra la ofensiva capitalista neoliberal son constitutivas de nuestro presente, en la medida en que se comprenda que aquellas se resolvieron a través de transformaciones operadas a nivel de los estados y de los organismos internacionales de los cuales estos son miembros. Esas luchas son significativas para y constitutivas de la UNASUR en tanto que al interior de esta, se manifiesta un modo específico de resolución de aquellas luchas. Es importante comprender, entonces, que la UNASUR se erige sobre las ruinas de las luchas contra el capitalismo neoliberal que, con sus prácticas prefigurativas, no solo erosionaron el poder soberano estatal sino que, también, superaron la especificidad de la territorialidad estatal desestabilizando a toda la institucionalidad regional y hemisférica. La UNASUR, entonces, es indicadora del carácter regional de aquel ciclo de luchas y de su capacidad de erosionar los poderes constituidos del conjunto de los países. Las resistencias y luchas a las que me refiero se inician en Chiapas, al sur de México, en 1994 y se extiende por los países andinos hasta alcanzar a la Argentina. Se inician tempranamente en 19947 y finalizan en 2005, cuando se produce la revuelta de los forajidos en Ecuador. Un elemento común, a (casi) todas esas luchas, es que contienen elementos prefigurativos que tienden a disolver las relaciones sociales capitalistas. Fundamentalmente, cuestionan la división entre el dominio estatal y la explotación de mercado. Estos elementos prefigurativos están presentes en casi todos estos procesos de lucha y conviven con otros elementos, tales como un fuerte rechazo a las políticas neoliberales y a las relaciones exteriores que esas políticas presupusieron; principalmente el alineamiento con Estados Unidos y con los organismos internacionales de crédito (como el FMI) (Russell y Tokatlián 2008). En ese ciclo de luchas contra el capitalismo neoliberal, los sujetos en lucha percibieron a Estados Unidos y a los organismos de crédito internacional, 7. En otros países, el comienzo del ciclo de luchas contra el capitalismo neoliberal comienza luego de la crisis del tequila; es decir, posterior a 1995.

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como partes responsables de las condiciones de pauperización a las que fueron sometidos (por aquella ofensiva capitalista). Todo este proceso de luchas y resistencias, mantuvieron un doble carácter de afirmación y negación del estado actual de cosas. Afirmación en tanto que en su comprensión de la ofensiva capitalista neoliberal se asumió que en ese ataque los estados estaban cumpliendo un rol de mensajeros8 de los designios de Estados Unidos y el FMI, extraviando su camino «natural».9 Pero, simultáneamente, esas luchas mantuvieron una relación de negatividad respecto del presente en tanto que, a través prácticas prefigurativas, cuestionaron el poder del estado y del mercado por la vía de los hechos. En efecto, estas acciones junto a momentos de irrupción callejera terminaron con gobiernos neoliberales y fueron condición de posibilidad para la emergencia de gobiernos progresistas. Ciertamente, esos gobiernos tuvieron la tarea de recomponer el poder estatal que había sido cuestionado en las calles. En este sendero se ubican los gobiernos de Evo Morales, Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Correa y en cierto modo el de Hugo Chávez.10 Todos esos gobiernos emergieron luego del ciclo continental de luchas contra los gobiernos neoliberales y fueron electos después de que los gobiernos predecesores fueran expulsados por insurrecciones callejeras que consagraban años de resistencias. En otro sendero se ubican los gobiernos de Uruguay y Brasil los cuales emergen de procesos de resistencia contra el neoliberalismo, pero que a diferencia del otro grupo de países las luchas sociales fueron gestionadas a través de mecanismos institucionales. El caso chileno es diferente. El gobierno 8. Para la noción de mensajero aquí utilizada, puede consultarse Adorno (2005). 9. Para una mirada que asume ese extravío, pueden consultarse Situaciones (2002) y los trabajos compilados por Modonesi y Rebón (2011). 10. Esos gobiernos surgieron luego de grandes insurrecciones sociales que terminaron con renuncias y salidas estrepitosas de diversos presidentes. Tal son los casos de Sánchez de Lozada y Carlos Mesa Gibert en Bolivia, en 2003 y 2005. En Ecuador el gobierno de la revolución ciudadana de Rafael Correa asumió luego de que el gobierno de Lucio Gutiérrez en 2005 terminara renunciando luego de la revuelta de los forajidos. Correa comienza a dar un cierre a la fragilidad institucional que se iniciara en 1996 con la deposición del vicepresidente Alberto Dahik en 1995. La experiencia Argentina varía un poco respecto de aquellas; el gobierno progresista de Néstor Kirchner fue elegido luego de que el gobierno interino de Duhalde comenzara a desactivar a los sectores movilizados que en diciembre de 2001 habían dado por tierra con la hegemonía neoconservadora y neoliberal, llevando a que el presidente Fernando de la Rúa huyera en helicóptero. La tarea sucia de la desactivación la llevó a cabo Duhalde y tuvo al asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki como su momento culmine. En Argentina nunca antes se había registrado una insurrección social contra un gobierno electo democráticamente. Por otro lado, Chávez constituye un caso aparte ya que es un producto de un ciclo de luchas anterior, cuyo antecedente es el Caracazo de 1989.

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socialdemócrata de Michelle Bachelet viene del ciclo de luchas y resistencias contra la dictadura miliar (Zibechi 2008). Se observa entonces que la (re)construcción del poder legítimo de estado, en los países de la región, no solo demandaba una recomposición interna. También implicaba una transformación de sus relaciones externas, y ello se materializó en los cambios institucionales de la región. Asimismo, la identificación del neoliberalismo con Estados Unidos imponía un nuevo tipo de relaciones con el país del norte.11 En efecto, la luchas contra la ofensiva capitalista neoliberal no solo determinaron las modificaciones en las forma de estado sino también a las políticas exteriores de esos estados; el resultado fue tanto la mutación de las instituciones existentes como la emergencia de otras. A la luz de este análisis puede observarse que el proceso iniciado por Chávez en Venezuela en 1999 y, principalmente, luego del golpe de estado de 2002 comporta un carácter anticipatorio de las políticas y discursividad de los gobiernos progresistas y de las acciones llevadas a cabo por la UNASUR. Una genealogía desfetichizada de la UNASUR envía a comprender la resolución del golpe de estado en abril de 2002. Allí se activaron una serie de mecanismos y conflictos que anticiparon los acontecimientos de 2008, momento en que la UNASUR hace su primera aparición pública frente a la insurrección de los prefectos de la Media Luna boliviana.

El carácter anticipatorio del fallido golpe de estado en Venezuela 2002: una genealogía desfetichizada Inmediatamente después de haberse producido del golpe de estado en Venezuela en abril de 2002 el gobierno de George W. Bush de Estados Unidos y el de José Aznar de España12 lo reconocieron como legítimo. Sin embargo, 11. Véase André Oppenheimer «Empezar a cicatrizar las heridas con la región». La Nación, 29 de abril de 2003. 12. El 12 de abril de 2002 Estados Unidos y España lanzan una declaracion conjunta. La misma dice: «Los gobiernos de Estados Unidos y de España, en el marco de su diálogo político reforzado, siguen los acontecimientos que se desarrollan en Venezuela con gran interés y preocupación, y en contacto continuo. A este respecto, los dos gobiernos declaran su rechazo a los actos de violencia que han causado una cantidad de víctimas y transmiten sus condolencias a las familias, piden el cese de la violencia y la recuperación de la calma pública, expresan su deseo de que la excepcional situación que experimenta Venezuela conduzca en el plazo más breve a la normalización democrática plena y sirva para lograr un consenso nacional y la garantía de los derechos y libertades fundamentales, urgen a la Organización de Estados Americanos ayudar a Venezuela en consolidar sus instituciones democráticas. A la vez que expresan su pleno respaldo y solidaridad con el pueblo de Venezuela, los gobiernos de Estados Unidos y de España reiteran su convicción de que solo la consolidación de un marco democrático estable puede ofrecer un futuro de libertad

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la Unión Europea, Colombia y El Salvador fueron los que expresaron mayor apoyo al gobierno golpista. En cambio, los países del Grupo Río, reunidos el 12 de abril en San José, Costa Rica, mantuvieron una posición intermedia en la que condenaban la interrupción de la Constitución, aunque no se volcaban por declarar a esos acontecimientos como un golpe de estado. Similar actitud se encontró en el presidente de México, Vicente Fox, quien no reconoció al nuevo gobierno y dijo que esperaría a nuevas elecciones.13 Quienes no dudaron en apoyar al golpe fueron los mercados. Durante el golpe de estado, los mercados celebraron la salida de Chávez de diversos modos. Hubo un aumento en más del 10 % de la bolsa de Caracas, «bajó el dólar, y mejoraron las cotizaciones de los bonos soberanos de deuda externa venezolana. El día siguiente del golpe, el Fondo Monetario no solo reconoció al gobierno golpista, sino que le ofreció su colaboración. El gerente de la Cámara de Comercio Venezolano-Americana (VENACHAM) dio un giro de 180 grados en su evaluación pesimista de la situación venezolana, afirmando que “el cáncer de la desconfianza” se había eliminado con la caída de Chávez. Ante la perspectiva del cambio en la política petrolera venezolana y consecuente debilitamiento de la OPEP, bajaron los precios del petróleo (. . . ) Cuando Chávez regresa al poder, los principales analistas financieros declaran que Venezuela pagará las consecuencias» (Lander 2002, pág. 8). La reacción de los mercados mostraba el carácter clasista del golpe; pues, como sucedería con otros gobiernos progresistas de la región, la reconstrucción del poder estatal afectaría a intereses capitalistas. Por otra parte, la mayor oposición al golpe provino de Argentina14 y Cuba; ambos rechazaron al gobierno golpista de plano. Estas diferencias entre los gobiernos del Cono Sur y el estadounidense se expresó al interior de la OEA. y progreso al pueblo venezolano (termina el texto)». http://www.derechos.org/ nizkor/venezuela/doc/usaesp.html, visitada el 26 de marzo de 2013. 13. Véase El País 14 de abril de 2002, «El Grupo de Río condena la interrupción del orden constitucional». 14. Argentina cumplió un rol central en la restitución de Chávez. Según escribiera el embajador de Venezuela en Argentina, Edmundo González Urrutia, en La Nación, 20 de abril de 2002, «En defensa de la democracia venezolana». Allí, se destacan las palabras del canciller argentino, Carlos Ruckauf, y las del presidente interino Eduardo Duhalde. Ambos reconocían su desacuerdo con el gobierno de Chávez, pero al mismo tiempo manifestaban un intenso rechazo del golpe. Se leía en la nota mencionada «La actitud de categórico rechazo demostrada desde el primer momento por el presidente Eduardo Duhalde en relación con el fallido golpe de estado ocurrido en Venezuela el día 12 coloca a nuestro país en una posición de honda y sentida gratitud. Tras las palabras expresadas por el primer mandatario argentino se advierte una emocionada defensa de los valores democráticos, la cual se vio acompañada por la contundente declaración del canciller Carlos Ruckauf al señalar en este contexto que “o se retrocede treinta años o se sigue caminando hacia el futuro”. Más recientemente, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó una resolución en repudio de la frustrada asonada».

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Como indica Lander (ibíd., pág. 7) «Solo después que la mayoría de los países de América Latina reunidos en San José de Costa Rica condenaron “la irrupción del orden constitucional en Venezuela” e instaron a la normalización de la institucionalidad democrática, y una vez que el golpe comenzó a ser revertido el sábado 13 de abril [luego de que una cantidad de personas salieran en apoyo del presidente depuesto y se desatara una serie enfrentamientos violentos], vota el representante de Estados Unidos en OEA a favor de la decisión de la resolución del Consejo Permanente de la organización que condenó “la alteración del orden constitucional en Venezuela”». Los países de Latinoamérica, en especial Argentina y Cuba, percibieron la gravedad de la situación y las posibles consecuencias para el resto de la región. Luego de las masivas movilizaciones en apoyo a Chávez, en las que hubo veinticinco muertos y cuatrocientos heridos, se pudo comprender que de proseguir el golpe no solo se llegaría a una guerra civil sino que, además, generaría una especie de efecto contagio sobre el resto de los países de la región en los cuales las sociedades estaban movilizadas contra gobiernos neoliberales. Sin embargo, ello no significaba que se llegara a tal radicalidad. Ciertamente, la fragilidad del poder estatal en países como la Argentina no se podía subestimar, menos aún en los países andinos, en especial Ecuador y Bolivia. Para los países donde se registraba un alza en las luchas contras los gobiernos neoliberales, defender al gobierno constitucional de Venezuela constituía un acto de autodefensa. En ese sentido, se comprende la posición de neutralidad asumida por el presidente de México, Vicente Fox. Precisamente, en el momento del golpe de estado a Venezuela el movimiento zapatista aún gozaba de apoyo nacional y seguía generando acciones con fuerte repercusión nacional e internacional. Es bajo estas coordenadas donde deben ubicarse, entonces, las declaraciones de alivio por parte de la Argentina una vez que el gobierno de Chávez fuera restituido.15 El principal objetivo de los países de Latinoamérica fue preservar la débil estabilidad regional. Paradójicamente, la estabilidad solo podía alcanzarse por medio de la continuidad del gobierno de Chávez. Ello pudo percibirse luego de que los acontecimientos de la madrugada inmediata al golpe dieran cuenta de la masividad del apoyo a Chávez y de la eventual posibilidad de que aquello desencadenara en una guerra civil. Sea esa o no la interpretación que hicieran los presidentes en aquella ocasión, lo cierto es que obraron en ese sentido. A los efectos de asegurar la gobernabilidad regional los países latinoamericanos asumieron una posición opuesta a la de Estados Unidos en la OEA. Pero el cambio de posición de Estados Unidos, y la resolución de la OEA a favor del gobierno de Chávez no puede verse como un logro de los 15. La Nación, 15 de abril de 2002, «Expresión de alivio en la Argentina».

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gobiernos latinoamericanos. Aquella oposición era más bien tímida y estuvo determinada por el desarrollo de los hechos. Precisamente, el Grupo Río pedía que la OEA interviniera, pero se abstenía de calificar la destitución de Chávez como un golpe de estado, al mismo tiempo que demandaba la intervención de la OEA, hacía poco para que se efectura. Justamente, porque de hacerlo podría haber desencadenado un conflicto diplomático con Venezuela, quien podría haber aducido un injerencia externa y, más aún, podrían haber sido acusados de desencadenar conflictos internos. En este sentido, declaraba Alejandro Toledo, presidente de Perú – y miembro de la troika del Grupo Río, junto a los presidentes de Chile y Costa Rica, Ricardo Lagos y Miguel ángel Rodríguez – «[S]ería inoportuno e inapropiado decir si fue golpe de estado [porque] la información es muy fragmentada todavía».16 El cambio de posición de Estados Unidos en la OEA y la resolución que esta finalmente tomó estuvo determinada por la potencia de las masas movilizadas a favor de Chávez. Y, más en general, por el ciclo de luchas contra los gobiernos neoliberales que se expresaban a través de esas movilizaciones callejeras a favor de la restitución del gobierno constitucional. Es decir, el ciclo de luchas contra el capitalismo neoliberal se manifestaba en y por medio del conflicto desatado en Venezuela en la medida en que una guerra civil en ese país hubiera impactado negativamente sobre el conjunto de la región, debilitando la frágil institucionalidad de países como Argentina, Bolivia y Ecuador. En este sentido, el actuar de los países de Latinoamérica estaba condicionado por la propia necesidad que les imponían las frágiles situaciones de gobernabilidad que atravesaban. Con la excepción de Cuba, si fuera por afinidad ideológica ningún gobierno se sentía cercano a Caracas. El apoyo a Chávez, así como la neutralidad, y el llamado a que la OEA interviniera estaba determinado por las luchas contra la ofensiva capitalista neoliberal que ponían en vilo a casi todo el conjunto de los países del Cono Sur. El desenvolvimiento del gobierno argentino fue el caso más pragmático y paradigmático. Los gobiernos de América Latina actuaron, entonces, defensivamente frente al peligro que podían tener las repercusiones de una guerra civil en Venezuela en sus países. Sus diversas posiciones fueron índice de la fragilidad de aquellos gobiernos. El pragmatismo con el que obraron no tenía por objeto el enfrentamiento con Estados Unidos y los sectores más conservadores. Se defendían, más bien, contra aquellas sociedades movilizadas que se (habían o se) estaban alzando contra los gobiernos y las representaciones sociales neoliberales. 16. El país, 14 de abril de 2002, «El Grupo de Río condena la interrupción del orden constitucional».

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Lo paradójico del caso fue que los gobiernos de América Latina pudieron oponerse a las posiciones de Washington pero obrando en su favor. Esto no significa desconocer la activa participación que tuvo Estados Unidos en el golpe de Venezuela, sino, más bien, no suponer que el poder y las evaluaciones de Washington son infalibles.17 Precisamente, en ese momento el Departamento de Estado estadounidense evaluaba como altamente peligrosa la situación de los países cordilleranos. A diferencia de la evaluación que realizaban para Argentina, donde reinaba la fragilidad política y económicamente pos crisis de 2001, el país del norte consideraba que se trataba de una crisis política que era solucionable (políticamente). En cambio, la agenda de seguridad apuntaba a la inestabilidad de los países que van desde Venezuela hasta Bolivia, las cuales tienen al Amazonas como frontera natural (Busso 2006). Lograr la estabilidad de esos países era una tarea central desde que la agenda de seguridad fuera instalada por el primer gobierno de Bush hijo. En ese sentido, se comprende la afirmación de que los presidentes de América lantina pudieron obrar en favor de los intereses de Estados Unidos a pesar de hacer lo contrario a lo realizado por ese país, pues por medio de su neutralidad y apoyo al gobierno de Chávez lograron garantizar la estabilidad regional. Exactamente, parece ser que así lo entendió Estados Unidos en su apoyo al gobierno de Chávez en la OEA, a pesar de su previo apoyo a los golpistas.18 En efecto, el golpe de estado en Venezuela fue anticipatorio de lo que acontecerá con la UNASUR en su intervención en el conflicto boliviano de 2008. Como se verá, tanto en Venezuela como en Bolivia los países del sur actuaron como reaseguros de la gobernabilidad de la región, buscando garantizar la paz en el país bajo conflicto. En ambas situaciones se enfrentaron a la posición de Estados Unidos, el cual había sostenido sendos apoyos a los sectores opositores de Chávez y Morales. Asimismo, la unanimidad de los apoyos de los países de la región a los gobiernos constitucionales se produjeron una vez que los hechos habían alcanzado una situación de no retroceso y demandaba la intervención. Sin embargo se visualizan diferencias, mientras que en el caso venezolano los apoyos fueron tímidos y determinados por las movilizaciones callejeras, en el caso boliviano el apoyo al gobierno constitucional por parte de los países 17. En este sentido puede leerse en la nota periodística mencionada en nota número 13: «¿Qué opinión le merece la actitud de Estados Unidos ante el intento de derrocamiento de Chávez?, quiso saber LA NACION de la fuente, cercana al canciller Carlos Ruckauf. “No comments”, fue su lacónica respuesta». 18. En este mismo sentido pueden comprenderse los diversos caminos seguidos por la oposición venezolana al gobierno de Chávez, apoyada por Estados Unidos. Al fallido intento de golpe de estado le siguieron otras estrategias las cuales no ponían la situación en tal extremo que la guerra civil se visualizara como la única resolución posible.

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de la región fue más contundente y explícito aunque cauteloso; precisamente, esa cautela se debía a que se buscaba evitar el aceleramiento de los acontecimientos. De esta manera, mientras que en el caso venezolano la OEA terminó siguiendo a la posición de los países latinoamericanos, cumpliendo un rol subalterno, en el caso boliviano casi que no tuvo participación relevante. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, fue un convidado de piedra en la reunión en la casa de La Moneda, y en los diálogos de paz. Por otra parte, en el caso de Venezuela la iniciativa de Argentina y Cuba, así como el apoyo por medio de la neutralidad del Grupo Río a aquella, fueron centrales para alcanzar un repudio de los acontecimientos y aislar a los golpistas a nivel regional. En el caso de Bolivia, de modo similar, fueron la Argentina y Chile quienes tuvieron la iniciativa de repudiar los actos de los prefectos de la Media Luna, y fueron secundados por Brasil y Venezuela.19 En síntesis, en la resolución del golpe de estado al gobierno constitucional de Hugo Chávez en 2002 se encuentra una respuesta anticipatoria del modo en que la UNASUR gestionará las crisis regionales de Bolivia, Ecuador y Ecuador/Venezuela-Colombia. En todas las ocasiones los países de la región actuaron, a través de la UNASUR, como apoyaturas que garantizaron la paz, logrando el «disciplinamiento» de los sectores dominantes desplazados del bloque en el poder luego de que irrumpieran las luchas contra los gobiernos neoliberales. Asimismo, por medio de la UNASUR los países de la región actuaron autodefensivamente. Esta genealogía no ignora la genealogía institucional. Es indiscutible que la UNASUR nace al interior del proceso liderado por Itamaraty y que solo pudo tomar forma a partir de la asunción de gobiernos posneoliberales y la detención de las negociaciones del ALCA. Pero el curso de los acontecimientos, es decir que de una institución económica deviniera en una organización política se debe al desarrollo del antagonismo social de clase en la región el cual tomó la forma de luchas contra el neoliberalismo Como se verá en el desarrollo del conflicto boliviano, las acciones defensivas de la UNASUR para restablecer el orden interno y garantizar la paz regional, actuando en oposición a los intereses manifiestos de Estados Unidos y relevando a la OEA, solo pueden comprenderse como resultado de las transformaciones operadas luego del ciclo de luchas contra la ofensiva capitalista neoliberal. En este sentido, el antecedente de la UNAUR es la resolución del golpe en Venezuela. Efectivamente, si la UNASUR ha operado como una especie de apoyatura, de soporte del poder soberano estatal, disciplinando a los sectores dominantes internos y garantizando el orden regional, entonces, el modo que obraron los gobiernos latinoamericanos en el golpe de Venezuela fueron anticipatorios 19. A la luz de estos acontecimientos y otros como la intervención en Haití en 2004, se comprende que el ex presidente Kirchner haya sido electo como el primer secretario general de la UNASUR.

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de la UNASUR. Más aún, si actuaron de ese modo fue porque junto a esas acciones estaba la amenaza de posibles contagios en un momento de ascenso de las luchas sociales contra el neoliberalismo; o al menos, de reacciones que profundizarían las crisis institucionales en ciernes. Asimismo, el énfasis de las perspectivas institucionales en la detención de las negociaciones del ALCA, debe ser inscripto al interior de las transformaciones que impusieron las luchas contra el capitalismo neoliberal. Así, se comprende que la detención de las negociaciones del ALCA constituyera un momento de central importancia en la genealogía de la UNASUR. Precisamente, porque esa detención fue expresión de la imposibilidad de continuar con políticas neoliberales luego de que ellas fueran impugnadas en las calles. Empero, la operatoria ideológica de los gobiernos asume esta detención como un gesto gubernamental, pero ese gesto gira en vacío, si no se atiende a los sujetos que llenaron el estadio mundialista de Mar del Plata en noviembre de 2005 en apoyo de los gobiernos del sur que se opusieron al ALCA (Kan y Pascual 2011a). La importancia de la detención de las negociaciones del ALCA, radica en el poder de veto que las luchas le imprimieron a la presencia de Estados Unidos en la región. La presencia o participación estadounidense en los conflictos regionales será, posteriormente, comprendido como un intento de restablecer el ALCA y con él, la ofensiva neoliberal.

El acto fundacional de la UNASUR: el conflicto entre el ejecutivo nacional y los prefectos de la Media Luna en Bolivia 2008 Si la gestión de la resolución del golpe de estado en Venezuela permite comprender la virtual desaparición de la OEA y el veto a Estados Unidos en la intervención en los conflictos de la región, los acontecimientos de la Media Luna boliviana tienen un carácter fundacional para la UNASUR. Precisamente, allí se despliegan las que serán sus funciones específicas. Como Venezuela, el caso boliviano reviste especial atención y anticipa el desarrollo posterior de la UNASUR. En otras palabras, garantizando el orden y la paz nacional y regional la UNASUR encuentra sus fundamentos retroactivamente. De allí que, como se vio en el apartado anterior, la resolución del golpe de estado de Venezuela opere como anticipatorio de la UNASUR. A diferencia de aquella ocasión, los países del Cono Sur estaban siendo gobernados, en su mayoría, por coaliciones progresistas. En el caso de los países andinos, principalmente Bolivia y Ecuador, esos gobiernos habían llegado al ejecutivo nacional luego de una sucesión de movilizaciones callejeras que habían llevado a la renuncia de varios presidentes. Situación que era compartida por Argentina. Mientras tanto, en Brasil y Uruguay gobernaban coaliciones partidarias de izquierda moderada que habían llegado al gobierno sin haber atravesado crisis institucionales. En ese sentido, la trayectoria de Brasil y Uruguay representaron una forma de transición de gobiernos conservadores

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neoliberales sin mayores sobresaltos, y en ambos casos, llegaban con el apoyo de sectores sindicales y diversos movimientos sociales territoriales (Zibechi 2008). En Chile también gobernaba una coalición de izquierda moderada pero que, a diferencia de Brasil y Uruguay, era un emergente del proceso de transición a la democracia pos dictadura pinochetista. Perú y Colombia, en cambio, seguían presididos por coaliciones neoliberales-neoconservadoras. La importancia de estos datos no radica tanto en quiénes gobernaban, sino en qué tenían que gobernar. Precisamente, esos gobiernos progresistas emergidos luego de grandes movilizaciones sociales tenían la tarea de reconstruir el poder estatal. En otras palabras, tenían que gobernar a una sociedad que había pulverizado el poder del estado y ello implicaba una reforma estatal que lograse incorporar las demandas emergidas del ciclo de luchas contra el capitalismo neoliberal. Naturalmente, el margen de los gobiernos emergentes era, más bien, pequeño. Las presiones a las que los procesos más radicales como el boliviano se vieron sometidos venían tanto de los sectores sociales movilizados, como de los sectores dominantes que no estaban dispuestos a perder posiciones. De allí que, ante los intentos de desestabilización social dirigidos por esos sectores dominantes, la UNASUR tuvo que actuar como disciplinadora de última instancia. De modo que, más allá de lo dicho en la letra del tratado de la UNASUR, esta operó como una apoyatura de esos gobiernos que tenían por objeto la reconstrucción el poder estatal. Poder que solo podía recuperarse a través de un doble disciplinamiento: uno dirigido a los sectores movilizados (a través de concesiones a los sectores opositores al gobierno nacional), el otro a los sectores dominantes. En este sentido, es posible afirmar que la UNASUR actuó como capitalista colectivo en idea.

Del ciclo de luchas contra el capitalismo neoliberal en Bolivia al conflicto entre los prefectos de la Media Luna y el ejecutivo nacional Puede decirse que entre 2000 y 2005 se vivió un ciclo de luchas contra el capitalismo neoliberal que en sus puntos más álgidos, llegó a cuestionar al capital y sus mediaciones tales como el estado, el mercado y el sistema de partidos y de representación (Chávez León, Mokrani Chávez y Uriona Crespo 2011, pág. 129).20 Cuatro fueron, pues, los momentos de insurrección 20. Un ejemplo de este cuestionamiento del capital y sus mediaciones lo constituye la experiencia de 2000 y 2001. Chávez León, Mokrani Chávez y Uriona Crespo (2011, pág. 130) destacan que «En este período [2000-2001] también es visible la impresionante movilización de las comunidades indígenas del altiplano, con su epicentro en el paradigmático pueblo de Achacachi, ubicado en el departamento de La Paz. Uno de los momentos más interesantes de este período, es la conformación del llamado “Cuartel Indígena de Qalachaka” en el pueblo de Achacachi, como una

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popular, que tomados en conjunto, abrieron varios horizontes políticos de transformación: «La Guerra del Agua (2000), Febrero Negro (2003), La Guerra del Gas (octubre de 2003), y el ciclo movilizatorio de 2004 y 2005 en el que se sucedieron de manera turbulenta los gobiernos de Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé, y que culminó con la convocatoria a elecciones a fines de 2005, que son ganadas por Evo Morales». El ciclo de luchas contra el capitalismo neoliberal dio lugar a una intensa crisis de las relaciones sociales capitalistas, en las que el estado – en tanto mediación política de la relación del capital – fue un fusible que estalló por el aire dando lugar a una sucesión de presidentes sin destino más que el de la renuncia. El poder estatal solo podía reconstruirse en la medida en que fuera reinventado y reconociera el proceso de luchas de 2000-2005. En tal sentido, puede verse que a medida que se fue desarrollando el conflicto, y el poder de estado se resquebrajaba, se identificaba a ese mismo estado como una instancia central para la transformación de la sociedad; o lo que sería similar, para efectivizar las demandas emergentes en ese ciclo de luchas. Precisamente ello implicaba un proceso de refundación, de reordenamiento estatal, el cual se podía lograr a través de la sanción de una nueva Constitución. Esta iba a tener que reconocer, legalmente, lo que era un derecho legítimo al calor de la lucha de los sectores campesino-indígenas. Se ponía en marcha un proceso de descolonización de las estructuras estatales. Un proceso con esas características pero que no negaba las relaciones sociales capitalistas existentes, solo podía ser conducido por un igual y con una fuerte impronta estadocéntrica: Evo Morales. No obstante, nada de ello presuponía la desaparición del conflicto, la descolonización del estado, así como el mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores subalternos (que se habían sublevado), sino se incluía la remoción de poderes constituidos.

fuerza militar alterna a la del ejército regular boliviano, y que en realidad estaba constituido por representaciones de las comunidades indígenas en las provincias del norte altiplánico, a través de un complejo sistema de rotación y turnos. Pero además, toda la trascendencia de las movilizaciones indígenas de 2000 y 2001 puede medirse en la pérdida de validez de la presencia y la fuerza física del estado y sus organismos, cuando ni el ejército ni la policía podían retomar el control de las carreteras y los espacios territoriales copados por las fuerzas indígenas, que fueron las que, a través de los bloqueos, vigiliaban los cerros y los puestos de control en los caminos, terminarían poniendo en entredicho la institucionalidad republicana y practicando su propio control sobre el territorio que ocupaban mientras se movilizaban» (el destacado es mío). Ejemplos como estos en Bolivia hay varios, muchos de ellos pueden consultarse en Gutiérrez Aguilar (2008); también, Zibechi (2006), asimismo como los trabajos compilados por Svampa y Stefanoni (2007). Sobre la experiencia de la guerra del agua puede verse la investigación de Ceceña (2005).

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La asunción de Evo Morales y el proyecto de una nueva Constitución supusieron un desplazamiento de la lucha contra el estado capitalista neoliberal hacia el interior del estado y se desenvolvió, naturalmente, al interior del proceso de sanción de la nueva Constitución. Ese desplazamiento de la lucha, se manifestó como un conflicto entre los sectores que representan y garantizan aquella ofensiva capitalista neoliberal y neocolonial contra el gobierno con características nacional-popular de Evo Morales (Svampa y Stefanoni 2007). Dos momentos pueden señalarse antes de que se desatara el intento de golpe de estado encabezado por los prefectos de la Media Luna: 1. el Enero Negro, desarrollado en Cochabamba a principios de 2007; 2. el desenvuelto a lo largo de todo el proceso de polarización durante el período de elaboración y aprobación de la Constitución. En el Enero Negro se produjeron enfrentamientos civiles que dejaron un saldo de tres muertos y más de cien personas heridas. Las acciones se desarrollaron «a raíz de que el entonces prefecto y candidato del principal bloque opositor en las últimas elecciones de 2009, Manfred Reyes, plantea la convocatoria a un nuevo referéndum sobre autonomías, que suponía el desconocimiento de un referéndum anterior en el que dicho proyecto había perdido en este departamento» (Chávez León, Mokrani Chávez y Uriona Crespo 2011, pág. 142). El segundo momento, es decir el relativo a la polarización social en torno a la sanción de la Constitución, tiene a los acontecimientos de Chuquisaca del 24 de mayo de 2008 como uno de sus hitos centrales. Allí sucedió uno de los hechos de mayor violencia en contra de las bases de apoyo de Evo Morales. «[P]ara evitar la concurrencia de grupos de campesinos, de indígenas y de sectores populares a un evento de entrega de ambulancias por parte de las autoridades gubernamentantles nacionales, una muchedumbre enardecida en la ciudad de Sucre somete a vejaciones inhumanas a un grupo de mujeres y hombres indígenas en la plaza central de dicha ciudad, obligándolos a arrodillarse y besar la bandera del departamento. En este hecho cualquier aparente intención de inclusión real y creíble del problema indígena dentro del discurso del bloque institucional se ve desbaratada. A pesar de que hubo intentos de borrar la imagen anti-campesina del bloque interinstitucional, con la postulación a la candidatura de una mujer indígena para el cago prefectural y pese al triunfo electoral de la misma no se consiguió que se neutralizara la disociación existente entre dicha candidata y la base rural del departamento de Chuquisaca» (ibíd., pág. 143). Finalmente se desató el enfrentamiento entre los prefectos que lideraban la oposición contra Evo Morales. El intento de golpe de estado se suscitó al calor de los intentos de autonomización de los territorios de la Media Luna, en

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septiembre de 2008, luego de que en agosto de ese mismo año el presidente Evo Morales fuera ampliamente apoyado en el referéndum revocatorio. El conflicto estaba instalado en el corazón del estado. La lucha contra la ofensiva capitalista neoliberal librada por movimientos de origen campesinoindígena, había devenido en una disputa por el reconocimiento estatal de las formas de organización social autonómicas de estos sujetos. Sin embargo, ni el reconocimiento, ni la inclusión social de los sectores campesino-indígenas, eran aceptados por los sectores que se veían desplazados del poder estatal. La insurrección de los prefectos de la Media Luna en septiembre de 2008, en efecto, se enmarca en esta situación e implicó un cimbronazo para la frágil institucionalización del conflicto que venía operándose desde la asunción de Evo Morales. Así fue que en agosto de 2008, tras la victoria de Evo Morales en el referéndum revocatorio, se desataron los enfrentamientos entre el ejecutivo nacional y los prefectos de los departamentos autonomistas del oriente – la denominada Media Luna que comprende Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando y parte de Chuquisaca – . La intensificación de los mismos se produjo cuando, con el aliento de las autoridades de los departamentos autonomistas, se sucedieron paros, cortes de ruta y ocupaciones de edificios públicos «exigiendo la transferencia de los fondos recaudados por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos, que el Gobierno de Morales había destinado a gasto social. A principios de septiembre, en un contexto de denuncias de golpe de estado y de crecientes ataques racistas contra los indígenas, grupos opositores ocuparon y cortaron distintos gasoductos y estaciones de bombeo, provocando explosiones y daños en la red y la caída del suministro a Argentina y Brasil. El 11 de ese mes se produjo la “masacre de Pando”, en la que un grupo de campesinos partidarios del Gobierno fue asesinado – con al menos 30 muertos y más de un centenar de desaparecidos – en el municipio de El Porvenir, en Pando, supuestamente por milicias autonomistas» (Sanahuja 2008, pág. 54). Ante estos hechos, el mismo 11 de septiembre, Evo Morales decidió expulsar al embajador de Estados Unidos – hecho que fue seguido por el gobierno nacional de Venezuela – . Se acusaba a la embajada estadounidense de injerencia externa ya que se suponía que había apoyado las movilizaciones de la oposición. Simultáneamente, el gobierno de Bush no dudó y a modo de represalia adoptó sanciones contra Bolivia motivadas por una supuesta no-cooperación en la erradicación de drogas ilícitas. El 12 de septiembre el gobierno nacional de Bolivia declara el estado de sitio, teniendo por respuesta de los prefectos del oriente el llamado a la resistencia armada contra las tropas gubernamentales. Ante esta escalada de enfrentamientos la salida más próxima auguraba mayores medidas de violencia (Sanahuja 2008; C. Malamud 2008; Serbín 2010). En este contexto actuará por primera vez la UNASUR.

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La Cumbre en la casa de La Moneda Luego de diversas conversaciones entre la presidenta de Chile y la de Argentina y por pedido expreso del presidente de Bolivia se llamó a una reunión de urgencia de la UNASUR. Previamente, Brasil había ofrecido intervenir como mediador. Sin embargo, esa mediación no fue posible dado el rechazo de Bolivia. Finalmente, Brasil logró poner ciertas condiciones para que la UNASUR actuara como mediadora. Así fue como se pudo efectivizar la cumbre en Chile. Resáltese que UNASUR actuó recién cuando Bolivia reclamó por su presencia. A pesar de los diversos llamados protagonizados por las presidentas Bachelete y Fernández de Krichner, para mediar en el conflicto de Bolivia, antes del pedido expreso de Bolivia no había habido respuestas positivas desde Brasil. La posición brasilera, hasta ese momento, había sido la de actuar en solitario o bien mantenerse aparte. El país verde-amarello suponía que participar sin el pedido boliviano podía ser evaluado como un avasallamiento sobre su soberanía. Además, si eso hubiera sucedido se dejaba un antecedente negativo para la región. Incluso podría haber generarado más conflictos al interior de Bolivia, en los que los países vecinos tendrían que haber asumido responsabilidades. Asimismo, la lectura de Brasil se ajustaba a los intereses que mantenían en Bolivia. Parte importante del suministro de gas de San Pablo proviene de ese país. Participar del conflicto sin ser previamente llamado, naturalmente, hubiera levantado sospechas.21 Pero más allá de sus intereses inmediatos, la lectura de Brasil era adecuada, en la medida en que sin el pedido de los sujetos en disputa – recuérdese que el llamado a que UNASUR hiciera de medidador fue producto de los acercamientos entre el poder ejecutivo nacional y los prefectos de la Media Luna boliviana para encontrar una salida pacífica – la UNASUR no hubiera tenido posibilidad de hacer efectiva su presencia. Brasil asumía, entonces, que sin un «mínimo» de autodisciplina de los sectores dominantes en disputa no había condiciones para la paz, y de esa manera la UNASUR hubiera echado más leña al fuego teniendo que pagar las consecuencias de la irresolución del conflicto. Naturalmente, aquella posición de Brasil no giraba en vacío. Meses antes de que se desataran los enfrentamientos abiertos, el canciller de Brasil (Celso Amorín) había intentado gestionar algún tipo de acercamiento entre los prefectos de la Media Luna y el ejecutivo nacional. En esa ocasión comprobó

21. «la crisis boliviana, a diferencia de la irrupción colombiana en Ecuador, afecta directamente la seguridad nacional y energética brasileña, cuyo principal polo industrial, en San Pablo, depende de los 31 millones de metros cúbicos de gas boliviano». Página/12, 22 de septiembre de 2008, «Lula capitalizará la fuerza de la región».

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la intransigencia de los prefectos22 . De modo que la participación de Brasil tenía por condición el doblegamiento de esa intransigencia. Hacia allí se avocó el presidente Evo Morales que ante los ofrecimientos de apoyo de los gobiernos de la región, prefirió establecer diálogos con los prefectos antes que llamar al auxilio de los países de la región.23 Asimismo, Lula había advertido que de efectuarse algún tipo de intervención de los países de la región, los contendientes iban a tener que acatar lo que se dictaminara. En ese mismo sentido se manifestó el presidente de Colombia: Alvaro Uribe llamó a la concordia, apoyó al gobierno de Evo y pidió que se mantenga la paz. Sin esa condición, la intervención sería asumida como injerencia en asuntos internos.24 De allí que la tarea de Morales fuera la de establecer las condiciones internas para que el auxilio de la UNASUR opere efectivamente. Sintéticamente, se requería un autodisciplinamiento de las partes, pero la disciplina del gobierno nacional suponía, asimismo, un disciplinamiento de los sectores subalternos que verían menguadas las concesiones logradas en la nueva Constitución.25 De este modo, UNASUR fue habilitada a actuar como apoyatura del poder soberano estatal. Por otra parte, Venezuela había tomado parte en la contienda. De manera inmediata a la expulsión de Bolivia del embajador estadounidense el presidente boliviariano no solo siguió esos pasos sino que, además, lanzó una serie de acusaciones contra el gobierno de Bush por la situación boliviana. Este clima de hostilidades generaba reticencias por parte de la diplomacia brasilera. Su participación estaba condicionada por la toma de posición venezolana. El gobierno de Lula no quería enfrentarse con Estados Unidos, por lo que para que se realizara la cumbre de la UNASUR no solo debía contar con el pedido de Bolivia, además imponía un llamado a la moderación en la discursividad que emergiera de esa reunión. Nuevamente, la posición de Brasil parecía certera. Pero esa adecuación no debe comprenderse tanto como una búsqueda de morigerar las palabras hostiles hacia Washington,26 sino en que si se mantenía esa verborragia anti-estadounidense se asumía una toma de posición en el conflicto a favor de Evo Morales, lo que hubiera inhabilitado a que UNASUR actúe como mediadora «neutral». Por otra parte, Brasil logró otra victoria sobre Venezuela, pues impuso que la reunión mantuviera cierta discreción en la publicitación de lo allí 22. Página/12, 13 de septiembre de 2008, «Toda la región apoyó a Morales» 23. Íbid. 24. Página/12, 14 de septiembre de 2008, «Presidentes solidarios». 25. Página/12, 26 de septiembre de 2008, «Tensa negociación entre Evo y los cívicos». 26. A poco de realizarse la cumbre anual de la ONU, se especulaba con que el presidente de Brasil lanzara palabras de protesta contra el gobierno de Bush por haber apoyado a los prefectos de la Media Luna boliviana. Véase Página/12, 22 de septiembre de 2008, «Lula capitalizará la fuerza de la región».

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acontecido. A diferencia de lo que sucederá en la cumbre de Bariloche en 2009, la reunión se televisó en directo pero sin audio. Así, la reunión fue pública pero no totalmente abierta (Arnoux 2012). Por último, UNASUR rechazó el pedido de los prefectos bolivianos de ser parte de la cumbre. Mostrando así que la resolución del conflicto boliviano requería del disciplinamiento de los insurrectos. La UNASUR reconocía un único poder estatal el cual recaía sobre la figura de su presidente Evo Morales. Debido a que Chile ejercía la presidencia pro tempore la reunión se realizó su territorio. El lugar elegido fue el Palacio de la Casa de La Moneda, en Santiago de Chile. Su elección fue un doble guiño para el mandatario venezolano y la presidenta argentina. Para el primero la elección de La Moneda, suponía un mensaje de rechazo a la política de Estados Unidos para la región. Precisamente, hacía muy poco días que se habían cumplido veinticinco años del golpe de estado a Salvador Allende, realizado por las fuerzas armadas dirigidas por Augusto Pinochet y con apoyo de la embajada estadounidense. En tal sentido, el apoyo de la UNASUR al gobierno de Evo Morales suponía un rechazo de la política exterior de Estados Unidos27 para América Latina. Para la mandataria argentina, el mensaje era más modesto. Hacía solo unos meses que había finalizado su contienda con las patronales rurales. Desde la perspectiva gubernamental, dicha contienda, supuso un intento de destituir a su gobierno. En este caso, La Moneda suponía un mensaje de rechazo a los supuestos intentos golpistas de las «oligarquías rurales». En ambos casos, la elección del lugar implicó un apoyo simbólico del estado de derecho y una toma de posición respecto de los acontecimientos de Bolivia. La cumbre finalizó con una breve declaración donde se «reafirman los principios de soberanía contenidos en el tratado de UNASUR, así como los de no intervención integridad e inviolabilidad territorial. Se expresa un apoyo unidireccional al orden constitucional y al gobierno de Evo Morales. Asimismo, se rechaza “cualquier situación que implique un intento de golpe civil, la 27. Este rechazo se asentaba en el poder de veto de las luchas sociales. Durante la Guerra del Agua en abril de 2000 cuando los manifestantes identificaron a una empresa de origen estadounidense como uno de los principales objetivos de lucha. «La Guerra del Agua se da en abril de 2000 debido a las acciones privatizadoras y encarecedoras del consorcio Aguas de Tunari, constituido por International Water Limited (Gran Bretaña), Edison (Italia), Bechtell (Estados Unidos), la empresa constructora y de ingeniería Abengoa (España) y dos compañía bolivianas, ICE y SOBOCE. Debido a una serie de irregularidades, como el alza desmedida de las tarifas en el servicio de agua o el intento de privatización de los pozos de agua que los habitantes cochabambinos habían abierto con su propio esfuerzo, se inició una insurrección que hizo tambalear al gobierno de turno, dirigido en ese entonces Hugo Banzer Suárez. Fue un momento crítico, pues se trató de la experiencia de expulsión de empresas transnacionales – en especial Bechtell – y del cuestionamiento del modelo económico neoliberal dominante» (Chávez León, Mokrani Chávez y Uriona Crespo 2011, pág. 129).

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ruptura del orden institucional o que comprometa la integridad territorial de Bolivia”» (Sanahuja 2008, pág. 42). Asimismo, la Declaración de La Moneda, también rechazó la violencia condenando la masacre de Pando, además de las acciones ilegales y desestabilizadoras como los ataques a las instalaciones gubernamentales. Esta declaración puso las condiciones para el diálogo y para la participación de la UNASUR en el conflicto. Finalmente, por pedido expreso del gobierno de Bolivia se conformó una comisión de investigación de la masacre de Pando y otra para acompañar al diálogo entre el ejecutivo nacional y la oposición. La Declaración de La Moneda tuvo efectos inmediatos. El Comité Cívico de Santa Cruz ordenó finalizar con los bloqueos de rutas. Seguidamente se iniciaron los procesos de diálogo entre las partes en conflicto. «Con ello, se ha puesto de manifiesto la capacidad de actuación de la UNASUR en la gestión de crisis y la defensa de la democracia, una función que hasta ese momento reclamaba para sí la OEA. Con el asenso de UNASUR, la OEA – y con ella, la actuación de Washington en las crisis de la región – parece haber quedado relegada a un segundo plano, y los propios líderes de la región, como se indicó, no han dejado de señalar que ese es precisamente uno de los objetivos que se persigue con la propia creación de UNASUR» (Sanahuja 2008, pág. 43; Sosa 2008; C. Malamud 2008; Bywaters y Rodríguez 2009; Peña 2009; Briceño-Ruiz 2010). Sin embargo, la estabilización y el restablecimiento de la paz no fueron inmediatos. Las negociaciones continuaron. En ellas participaron miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de la Unión Europea, diplomáticos de Brasil, Chile y Argentina, así como representantes de la Iglesia Católica, Evangelista y Metodista, y delegados de la UNASUR. El diálogo fue lento y con interrupciones. Hubo que realizar concesiones por ambos lados. En definitiva, el restablecimiento de la gobernabilidad supuso un disciplinamiento de los sectores dominantes, tanto de los antiguos – abroquelados alrededor de los prefectos y parte del poder judicial – como de los nuevos – que se aglutinaron alrededor del poder ejecutivo y parte del legislativo nacional – . Sin embargo, el disciplinamiento del poder ejecutivo nacional presuponía recortar concesiones a los sectores campesino-indígenas que habían protagonizado las luchas contra el capitalismo neoliberal y que en la nueva Constitución, que era el objeto de debate, encontraban plasmadas parte de sus demandas. Precisamente, esas demandas cristalizadas en el nueva Constitución eran las que estaban siendo menguadas. De modo que, el disciplinamiento de los viejos y nuevos sectores dominantes, presuponía el disciplinamiento de los sectores subalternos.

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UNASUR: disputa entre Brasil y Venezuela, gobernabilidad regional, apoyaturas del poder soberano estatal y autonomía El conflicto boliviano dejó entrever que la gobernabilidad de los países de la región, luego del ciclo de luchas sociales contra la ofensiva capitalista neoliberal, dejó de ser una cuestión nacional para ser un problema abordado regionalmente.28 En este sentido, la resolución del golpe de Venezuela cumplió un papel anticipatorio de lo que acontecería en Bolivia, destacándose que la defensa de su estabilidad nacional implicaba un reaseguro regional de la gobernabilidad. Más aún, si se tiene en cuenta que en ese momento las luchas sociales contra el capitalismo neoliberal – y la forma estado que le corresponde – estaban en pleno desarrollo. La resolución del golpe de estado en Venezuela tuvo un carácter anticipatorio acerca del frágil equilibrio institucional que supondrán los gobiernos progresistas emergentes de aquellas luchas, que tuvieron entre sus principales objetivos la estabilización social. En otras palabras, la frágil institucionalización del conflicto de las luchas contra el capitalismo neoliberal supuso la emergencia de un soporte regional que opera como reaseguro de la gobernabilidad nacional allí donde el desgobierno implica desestabilizaciones en otros países. En tal caso, la eficacia de la UNASUR radica en su carácter de disciplinador, en última instancia, de las clases dominantes y subalternas. Cabe enfatizar que la gestión y resolución de crisis de gobernabilidad en Bolivia, así como la reconstrucción del poder que supuso esa crisis de gobernabilidad, implicó el apoyo de los gobiernos de la región a través la UNASUR. Esta, asimismo, se mostró como lo que es: un mecanismo de cooperación regional que opera como apoyatura del poder soberano estatal. De allí su carácter intergubernamental. Ahí radica toda su especificidad. La capacidad de la UNASUR de operar como apoyatura del poder soberano se fundó, en el caso boliviano, en el autodisciplinamiento de la clase dominante al interior del país en conflicto y, simultáneamente, en el disciplinamiento de los sectores subalternos. En ese sentido, la UNASUR actuó como una instancia última, como un soporte para el efectivo disciplinamiento social que posibilita la gestión pacífica de las trasformaciones institucionales que las luchas contra el capitalismo neoliberal impusieron en la región. Al mismo tiempo, UNASUR actúa como un soporte, una especie de rescatista de última instancia para lograr la gestión pacífica de la internalización de aquellas luchas en las estructuras estatales allí donde esa internacionaliza28. La transición de Duhalde en Argentina tuvo características similares, pero con la particularidad que la gestión de la crisis de gobernabilidad tuvo el apoyo de Brasil y Estados Unidos. De modo que, si bien la salida de la crisis requirió de apoyaturas internacionales, no tuvo el carácter anticipatorio de los acontecimientos venezolanos, donde la situación supuso una disputa acerca de cómo afrontarla, donde los países del sur impusieron sus posiciones sobre la estadounidense.

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ción ha conducido a situaciones de «empate» social. Esto supone, pues, un disciplinamiento de las luchas en tanto que deben renunciar a sus acciones prefigurativas para pasar a ser una fuerza interna del desarrollo del nuevo estado emergente. En otras palabras, pasar a ser un momento del desarrollo capitalista y del poder estatal hacia su interior y hacia fuera.29 En efecto, puede entenderse a la UNASUR como un soporte para el conjunto de los países de su poder soberano porque al garantizar la paz en Bolivia, y como también aconteció prefigurativamente en el caso venezolano de 2002, se garantizó la gobernabilidad regional. Todos los países del Cono Sur estaban interesados en la paz boliviana, sea por una cuestión instrumental, como el abastecimiento de gas para la industria paulista o para el consumo hogareño argentino, o por cuestiones político/ideológicas, como en el caso venezolano. Pero más importante aún, garantizar la paz en Bolivia era necesario en un momento de fragilidad de gobiernos como el de Argentina que salía de un enfrentamiento con los patrones rurales y el de Paraguay donde recientemente había sido electo Fernando Lugo. Precisamente, una guerra civil en Bolivia podría haber tenido efectos desestabilizadores para toda la región y más allí donde el poder de los gobiernos estaba resentido.30 Asimismo, la experiencia de la guerra contra la guerrilla en Colombia y los efectos negativos en diversos aspectos, luego de la aplicación del Plan Colombia, actuaron como ejemplificadores. Evitar la guerra civil en Bolivia fue, en definitiva, un acto de autodefensa para los gobiernos de la región. En ese sentido, para el gobierno de Chávez, como para el de Correa, la defensa del gobierno de Evo Morales suponía una defensa de los proceso de cooperación política y económica del ALBA. En tanto que, resguardar el proceso del ALBA, a través del sostenimiento de un país miembro, suponía una defensa frente a los sectores con los que disputa internamente y que son opositores a procesos como los del ALBA.

29. Como señalan Bywaters y Rodríguez (2009, pág. 7) «la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) ha poseído las herramientas para generar espacios de diálogo que propician la creación y consolidación de una zona de paz sudamericana y aportan a la consolidación de sus estados miembros». Sin embargo, el autor no logra vincular esta función de la UNASUR con los procesos sociales que dieron origen a los gobiernos pos-neoliberales, que son para el autor los responsables de haber creado a la UNASUR. 30. Verónica Gago, investigadora de Argentina, muestra en una nota para Página/12, «El desborde de la frontera», del 18 de septiembre de 2008, la inmediata respuesta que los inmigrantes bolivianos en Argentina tuvieron luego de los acontecimientos descritos. Una guerra civil en Bolivia hubiera desatado posibles conflictos diplomáticos, así como la toma de posicionamientos en un momento en que la Argentina atravesaba su propia inestabilidad política.

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Por otra parte, que la UNASUR se estructure de modo intergubernamental no tiene que ser leído como una reticencia de los estados a integrarse. Precisamente, porque la UNASUR no es un medio para la integración. Su cara estrictamente intergubernamental da muestras de su especificidad política. Garantizar la gobernabilidad de la región es una tarea conjunta que solo puede asumirse de común acuerdo. Esos acuerdos comunes se constituyeron ex post y supusieron diversas estrategias acerca de cómo garantizar esa gobernabilidad, de allí la falsedad de las perspectivas ideologicistas. En este sentido, importa comprender el carácter, en el caso boliviano, acerca de cómo se produjo ese acuerdo por la vía de los hechos. La primacía de la posición brasilera cristalizó un cambio en el modo de conducción del antagonismo en la región. A diferencia de la salida victoriosa de Chávez del golpe de estado en 2002, que vino acompañada por una ofensiva diplomática (llamémosla) progresista, la resolución de la crisis en Bolivia supuso una moderación de la diplomacia y de los esquemas de integración regional (Serbín 2007). Por otro lado, el común acuerdo en garantizar la paz regional destaca una cuestión más profunda. La emergencia de la UNASUR indica una tendencia en la que el poder soberano estatal, luego de que fuera impugnado por luchas contra el capitalismo neoliberal, no se puede ejercer de modo autocentrado, sino que asume la necesidad de buscar apoyos regionales. Solo así se comprende el carácter compartido del liderazgo de Brasil en la UNASUR.31 Precisamente, porque las implicancias del desgobierno en un país, como Bolivia, no hubiera tenido repercusiones negativos solamente para Brasil, sino que involucraba al conjunto de los países. De allí que no deba sorprender que Chile, país que mantiene un conflicto limítrofe histórico con Bolivia por haberle quitado la salida al mar, haya sido uno de los promotores de la cumbre de la UNASUR. Y ello no se debió, ni puede reducirse, a su carácter de presidente pro tempore de la UNASUR. Chile era parte involucrada en la medida en que mantiene un conflicto con resoluciones espasmódicas con sus pueblos mapuches. Una guerra civil en Bolivia atravesada por clivajes étnicos, hubiera tenido efectos imprevisibles también para el país cordillerano. Insisto, que las posiciones de Brasil hayan sido las que se impusieron sobre el conjunto, especialmente sobre Venezuela, no debe conducir a abandonar la perspectiva aquí propuesta y reemplazarla por otra de carácter realista. El discipinamiento interno de las clases dominantes y subalternas se expresaron regionalmente a través de la moderación impuesta por Brasil al conjunto de los países. La condición para que el conflicto se resolviera exitosamente, fue la moderación de las partes. En este sentido, Brasil actuó como disciplinador regional. Pero la capacidad de moderación brasileña no debe comprender31. «[L]a crisis [de Bolivia] ha revelado que Brasil no puede actuar solo, y necesita del marco regional sudamericano para generar consensos. En suma, su liderazgo ha de se colectivo, o no será» (Sanahuja 2008, pág. 43).

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se como un éxito de la diplomacia de Itamaraty. Más bien actuó sobre el terreno fertilizado por los gobiernos progresistas de la región que, previamente, habían puesto en funcionamiento mecanismos de institucionalización y desactivación de las luchas sociales. Aun así, Brasil solo pudo disciplinar a los países de la región, principalmente a Venezuela, en la medida en que detrás estaba la amenaza de la guerra civil. Así, la lucha de clases contra la ofensiva capitalista neoliberal se hizo presente de modo pervertido al interior del estado boliviano y de las disputas interestatales de la región. En definitiva, Brasil no pudo actuar en solitario y debió actuar en conjunto con la región. Al mismo tiempo, la iniciativa estabilizadora argentina y chilena solo podían efectivizarse con el apoyo de Brasil. Pero, simultáneamente, no había posibilidad alguna de estabilización sin el beneplácito boliviano y el apoyo bolivariano. Por otra parte, la emergencia de la UNASUR expresa un desplazamiento en el rol de policía de Estados Unidos hacia la región, y junto a ese desplazamiento se ve anulada virtualmente la presencia de la OEA. Este conjunto de movimientos ha sido interpretado como un proceso de autonomización de los países de la región respecto de Estados Unidos. Y en general, esa autonomización se la vincula con el surgimiento de países progresistas posneoliberales, donde ha estado presente una ideología anti-estadounidense de raíz latinoamericanista-independentista (Arnoux 2012). En algunos casos, este análisis se complementa con la hipótesis de que Estados Unidos habría dejado hacer a los gobiernos progresistas ya que el país del norte se encontraría ocupado y empantanado en la guerra de Irak. Sin embargo, como se desprende del análisis propuesto aquí, el veto a la presencia estadounidense en la región, consagrado en la detención del ALCA, deber ser entendido a la luz de las transformaciones impuestas por las luchas contra el capitalismo neoliberal. Dicho sintéticamente, la estrategia de securitización estadounidense pos 11 de septiembre se encontró con la pulverización del poder de estado, que para recomponerse tuvo que asumir una agenda diferente a la propuesta por Estados Unidos. Pero, paradójicamente, la garantización de esa agenda se logró a través de acciones opuestas a la posición de Estados Unidos. En otras palabras, se pudo hacer la tarea que propuso Washington siendo profundamente anti-estadounidense. Como puede verse, es un error suponer que la emergencia de UNASUR comprende una respuesta autonómica frente al regionalismo abierto propuesto por Estados Unidos a través del ALCA. Asumir a la UNASUR como una respuesta frente al regionalismo abierto,32 implica comprender las relaciones internacionales desde una mirada que toma al estado como punto de partida sin cuestionarse su propia constitución. Esas visiones lo asumen (al estado) 32. La lista de autores es muy larga, alcanza con nombrar algunos como Sosa (2008), Sanahuja (2008), C. Malamud (2008), Serbín (2010), Bywaters y Rodríguez (2009), Peña (2009) y Briceño-Ruiz (2010).

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como un hecho dado y borran del mapa interpretativo toda relación entre las transformaciones en los esquemas de integración y el desarrollo del antagonismo social de clase que da lugar al origen y a las transformaciones de los estados (que son los sujetos jurídicos con capacidad de crear nuevos sujetos jurídicos como la UNASUR). Asimismo, esos estudios caen en un politicismo, en tanto que dejan fuera de sí toda relación con las transformaciones sociales las cuales, como se mostró, o aparecen como una simple mancha en el camino, o bien como un anexo subordinado a las acciones gubernamentales. Esas perspectivas, sean de izquierda, conservadoras o liberales, no solo son normativistas sino que, además, son estadólatras. En efecto, si alguna relación mantiene la UNASUR con la derrota del ALCA, es en que esa derrota supuso un cambio en el modo de desarrollo del antagonismo social de clase, en el que las formas de dominio y explotación capitalista neoliberal fueron impugnadas en las calles. En ese sentido, las impugnaciones sociales territorializadas y encerradas en y por los estados superaron esa territorialidad, implicando un cambio en las formas del dominio y la explotación regional. Precisamente, allí se ubican la detención del ALCA (y el empantanamiento de la OMC a nivel global). Más aún, para América Latina, las impugnaciones a las formas de dominio y la explotación neoliberal, suturaron la presencia de Estados Unidos en la resolución de conflictos nacionales o regionales en el Cono Sur. Como se mostró, entonces, la resolución del golpe de estado en Venezuela, y la derrota del ALCA, constituyen dos momentos centrales en esta impugnación de la presencia estadounidense. Lejos quedan los supuestos del empantanamiento de Estados Unidos en Irak y el olvido del patio trasero (Katz 2011). Las afirmaciones que circulan que con la asunción de gobiernos progresistas se recupera la soberanía y que organismos como la UNASUR ayudan a su resguardo se anuncia como falsa. No porque las medidas que tomaran los gobiernos progresistas no lo sean, o porque la UNASUR no aporte en esas decisiones. Sino porque esas afirmaciones suponen que las intervenciones previas, es decir, las asumidas por gobiernos neoliberales no lo fueron. El supuesto básico que recorren estas afirmaciones es que el estado es un tercero neutral en el desarrollo del antagonismo social de clase, y que, en la medida de lo posible, debe actuar en pos de los intereses de los sectores subalternos, o al menos atendiendo a sus demandas. Ese es un supuesto ideológico, y adolece de una comprensión del estado capitalista. No logra comprender el carácter constitutivo del antagonismo social de clase, no solo del estado, sino de las relaciones sociales en general. Pero a esas afirmaciones hay que darles algún crédito. Enuncian correctamente que esa soberanía comienza a ser ejercida de otro modo producto de las luchas contra el capitalismo neoliberal. Así a pesar de ellas, las proyecciones de Hardt y Negri en Imperio parecen

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devenir una realidad, incluso en la periferia. La recomposición del poder estatal, pos ciclo de luchas contra el cpaitalismo neoliberal, no pudo sino efectuarse dando un salto de escala. La disciplina del mercado mundial que se impuso a través del ataque neoliberal comenzó a ser desguazado. A su rescate salieron los gobiernos progresistas. En la reconstrucción del poder estatal la construcción de una apoyatura regional (UNASUR) devino necesaria. Como no podía ser de otro modo, la UNASUR es un resultado del antagonismo social de clase. Es, entonces, el proceso de recomposición del poder estatal donde debe ubicarse la emergencia de la UNASUR. No se trata, entonces, de una institución que responde a una supuesta defensa ante posibles ataques del mercado y de los organismos internacionales de crédito; ni frente al unilateralismo económico y político de Estados Unidos y los organismos internacionales de crédito, ni ante preventivos ataques militares dada la reactivación de la IV Flota. Tampoco es el mero reflejo de una ideología latinoamericanista ascendente que sería portada por los gobiernos progresistas. La UNASUR es, más bien, el resultado de los procesos de recomposición del poder (estatal) gestionado por gobiernos progresistas. En este sentido, la UNASUR puede pensarse como un resultado de los gobiernos progresistas emergentes ante el ascenso de la lucha de clases. Como una instancia de gestión de la estabilidad regional luego de que aquel ciclo de luchas se hallara en retroceso, pero cuyas resonancias institucionales implican momentos de fuerte inestabilidad política. La UNASUR es, entonces, un intento de coordinación regional de conducción del antagonismo social de clase. Un soporte interestatal que emerge como reaseguro de la paz nacional y regional. Una apoyatura de y para los estados cuyo objetivo central es la recomposición de su poder soberano. Asimismo, en su carácter de soporte del poder soberano, no debe limitarse su campo de acción a los conflictos internos, y a la necesidad de disciplinar a los sectores dominantes para lograr un efectivo dominio sobre los sectores subalternos. La UNASUR también opera sobre conflictos interestatales, en la medida en que expresan diversos modos de asumir esa conducción del antagonismo social de clase. Precisamente, en la gestión de los conflictos la UNASUR mostró dos propuestas extremas del modo en que se gestiona ese antagonismo. Por una parte están los países del ALBA y por la otra Colombia. En medio de ellas está la posición brasilera, que en cierto modo es compartida por Argentina, Chile y Uruguay. Allí la cuestión radicaba en el cómo de esa conducción, con qué apoyos, con qué recursos, etcétera. En la resolución del conflicto boliviano se impuso esta última posición más moderada. En este sentido, pueden comprenderse también la elección de Ollanta Humala en Perú y la de Juan Manuel Santos en Colombia. Es decir, como una victoria del modo de gestión progresista moderado del antagonismo social de clase pos ciclo de luchas contra el capitalismo neoliberal.

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Finalmente, al principio de este capítulo se dijo que el desarrollo del golpe de estado en Venezuela fue anticipatorio del modo en que gestionó la crisis la UNASUR en Bolivia. Pero a esta altura puede decirse que a diferencia de aquella ocasión donde la lucha en las calles volcadas a favor de Chávez dio muestras del poder de estas contra el capitalismo neoliberal, e luego de que ese poder se manifestara dio lugar a diversos apoyos regionales al gobierno constitucional, en el caso de Bolivia el desarrollo fue distinto. En este las luchas contra la ofensiva neoliberal ya habían sido reencauzadas al interior de procesos estatales. Así mientras que en el caso venezolano la cuestión radicaba en evitar el efecto contagio de la radicalización de las luchas, en el caso boliviano implicaba mantener el conflicto al interior de procesos institucionales. Es en este sentido que la UNASUR operó como un dispositivo de seguridad en la medida en que intervino para evitar, no la radicalización, sino la activación de conflictos en otros territorios. Se puede concluir, finalmente, que la UNASUR es un producto de la luchas de clases. Su carácter de apoyatura del poder soberano, entonces, permite ver a la UNASUR como una forma del dominio clasisita, como un mecanismo para la intervención en la lucha de clases.

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