UNA MIRADA HACIA LAS POLITICAS EDUCATIVAS ASOCIADAS A LA EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POSTGRADO: Maestría en Educación
SEMINARIO: Políticas Educativas
COORDINA: José Emilio Díaz



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Es la mayor organización internacional existente. Se define como una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el Derecho internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos. Y tiene como organismo especializado al Banco Mundial (BM) creado en 1944, que se define como una fuente de asistencia financiera y técnica para los llamados países en desarrollo. Y en 1945 nace lo que a la fecha se conocería como el sistema financiero de Bretton Woods, integrado por dos instituciones, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Esta concepción de desarrollo se dio desde una perspectiva "tradicional, técnica o clásica" como lo denominaría Munera (2007) desde un resultado de producciones sumadas y cuantitativas.
Postulado propuesto en la Segunda Reunión Interamericana de Ministros de Educación (Lima-1956).
Hace hincapié en los aspectos autoritarios y mandatarios de la política, es decir, la política intentar cambiar las conductas y las práctica de otros para encauzar el cambio hacia una dirección en particular.
Hago referencia en este punto a una globalización comprendida como un proceso dinámico de extensión, comunicación, integración, interdependencia entre países del mundo en los modos de producción y configuración de las sociedades de consumo, es decir, desde lo económico y su condición hegemónica. Ante esto, es importante destacar que autores como Boaventura (1998) , Beck (1997, p. 57) y Hoyos, F.A. (2006) desde una sociología de la globalización, perciben la globalización desde una perspectiva plural, es decir, se habla de globalizaciones.
La forma en que intervienen los organismos internacionales en los diferentes países es por medio de recomendaciones, que en últimas, no son más que condiciones que deben cumplir los países para poder acceder a los diferentes apoyos y ser parte de las organizaciones que ellos mismos promueven como única forma de gobierno.

Es importante destacar que los Planes de Desarrollo Nacionales son un medio que se originó luego de la Segunda Guerra Mundial con la implementación de las concepciones de la planeación del desarrollo. En Colombia, la práctica de la planeación fue establecida en Colombia a comienzos de los años 50 en el gobierno de Mariano Ospina Pérez, con el apoyo de una misión del Banco Mundial, y en 1968 recibió un impulso con la creación del Departamento Nacional de Planeación.
Con el Ministerio de Educación Nacional (MEN) se definieron los lineamientos para el diseño de los nuevos exámenes, de acuerdo con la política de formación por competencias, tanto en nivel universitario como tecnológico y técnico profesional. Los módulos de evaluación son instrumentos que evalúan competencias consideradas fundamentales para los futuros egresados de programas de formación. Algunos módulos evalúan competencias genéricas, es decir, competencias que deben desarrollar los estudiantes de cualquier programa de educación superior. Otros módulos evalúan competencias específicas, comunes a grupos de programas, ya sean de la misma o de distintas áreas de formación; es decir, no se pretende que todos los programas de una misma área tomen los mismos módulos. Con la ley 1324 de 2009 se establece dos pruebas adicionales para evaluar competencias comunes y básicas para el ejercicio de cualquier profesión: comprensión lectora y comprensión del idioma inglés.
La acreditación de un programa es la primera unidad de evaluación de la calidad de la Educación Superior, se realiza mediante la evaluación de pares académicos, quienes examinan la forma cómo los programas cumplen las exigencias de calidad establecidas por las comunidades académicas de la respectiva profesión o disciplina y su coherencia con la naturaleza y los fines de la institución en relación con unos óptimos de calidad que define el modelo del CNA. Por otra parte, la acreditación institucional permite reconocer y diferenciar el carácter de las instituciones como un todo, así como valorar el cumplimiento de su misión y su impacto social. Esta acreditación complementa y asume como requisito previo la acreditación de programas. Además, la acreditación institucional ofrece la posibilidad de valorar la capacidad de las instituciones de desplegar recursos físicos y humanos para el cumplimiento social de su misión, de manera eficiente y responsable. En la acreditación Institucional, la calidad se determina por el logro tanto de los fines como de los objetivos de la Educación Superior, por la capacidad para autoevaluarse y autorregularse, por la pertinencia social de los postulados de la misión y del proyecto institucional, por la manera como se cumplen las funciones básicas de docencia, investigación y proyección social, por el impacto de la labor académica en la sociedad y por el desarrollo de las áreas de administración y gestión, bienestar y de recursos físicos y financieros, también en relación con óptimos de calidad sugeridos en el modelo del Consejo (Revelo, 2002). La acreditación institucional apunta sustancialmente a valorar la capacidad de la institución para sostener en el mediano y largo plazo, su proyecto institucional y educativo, su capacidad para enfrentar y dar respuesta oportuna a los rápidos cambios que plantea el entorno. Es más, una mirada hacia delante, hacia el futuro.
Según Múnera (2007) es lo que se denomina el pensamiento simplificador propio de la modernidad; aquel que se basa en la racionalidad, que entiende por razón la racionalización y por racionalización la cuantificación y no entiende la razón como un momento o una dimensión del pensamiento. Este pensamiento se fundamenta en generar divorcios todo el tiempo con la necesidad de legislar, reducir, jerarquizar, separar, aislar lo múltiple y variado a elementos simples y elementales.
Es importante comprender que es un concepto complejo con múltiples interpretaciones y aplicaciones en los diferentes campos de saber y actores sociales; lo que para una persona algo es de calidad quizás para el otro no lo sea. Es un concepto valioso para la mejora permanente, pero ¿porque no pensar la calidad educativa, también, en términos pedagógicos que no se reduzca solo a la administración de lo educativo?
Por esto, hoy en día, existe un fuerte interés por adoptar estrategias para la promoción de la educación técnica y tecnológica, pues se constituye en una mano de obra barata , menos exigente y en menor tiempo de preparación para que cumpla con las necesidades de la producción para el crecimiento económico del país
UNA MIRADA HACIA LAS POLITICAS EDUCATIVAS ASOCIADAS A LA EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Elaborado por: Diana Carolina Rojas Gutiérrez
RESUMEN

El propósito del presente escrito es comprender, de forma panorámica, el marco en el que actualmente se están configurando las políticas educativas asociadas a la Evaluación de Estudiantes en la Educación Superior. Con el fin de develar y descubrir los intereses ideológicos, sociales, culturales y económicos que se mueven detrás de ellas, reconociendo su discurso y su ordenamiento, y así generar procesos de reflexión y comprensión que permitan pensar una política educativa asociada a la Evaluación de Estudiantes de la Educación Superior no solo a la orden de las demandas del mercado sino también al servicio de quien aprende y quien enseña, sin reducirla y enmarcarla en una sola dirección: lo económico.

El punto clave aquí, no es determinar si una política evaluativa es adecuada o no, sino develar los usos y los intereses que el diseño, la aplicación, la inversión y la evaluación implica en el campo de la Educación Superior en Colombia , es mirar dialécticamente las políticas, de tal manera, que no se conviertan en un obstáculo en el quehacer docente sino que se posibilite una mayor comprensión del tema, con el propósito de adaptarnos, confrontarnos y situarnos en la realidad educativa de nuestro país.

Para ello, propongo en primera instancia, hacer un pequeño acercamiento al concepto de política, sus implicaciones y tensiones. Luego, una aproximación al concepto de política educativa desde el modelo actual de configuración social, y por último, una caracterización de las relaciones de la política con el campo educativo, especialmente asociadas a la Evaluación de Estudiantes en Educación Superior.

PALABRAS CLAVES

Política, política educativa, evaluación, calidad, acreditación, evaluación de estudiantes, Educación Superior.





UNA MIRADA HACIA LAS POLITICAS EDUCATIVAS ASOCIADAS A LA EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

"la política es algo más que el documento político o la legislación, es decir, el texto (Taylor y Cols, 1997)
A que nos referimos cuando hablamos de una política.
El concepto de política no es un tema de hoy, es una palabra que desde hace varios siglos se ha venido implementando, cuestionando y reflexionando a partir de su utilización que ganó popularidad en el siglo V a.c. cuando Aristóteles desarrolló su obra titulada justamente "Política", la cual se asociaba de forma general a un arte, técnica o ciencia, orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos.
Para el presente escrito, no nos detendremos en dicha cuestión, ni tampoco pretenderé hacer un recuento histórico de sus significados y sus usos en las sociedades, pero lo que sí es importante, para este caso, es situarnos en un contexto específico que nos permita hablar de ella como fundamento para la configuración de las políticas de hoy. Por lo tanto, tomo como referencia inicial la II Guerra Mundial (1939-1945), como aquel suceso histórico relevante que generó grandes cambios económicos, tecnológicos, culturales, sociales, y especialmente políticos los cuales fueron asumidos por los propios países y motivados con la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aquel organismo multilateral que sirvió como instrumento para servir a la paz internacional y la colaboración entre naciones, luego de la destrucción y el empobrecimiento de los países europeos los cuales requerían ser conocidos, definidos e intervenidos, puesto que sus cuadros económicos habían quebrado y amenazaban con provocar serios conflictos sociales.
Como respuesta a la problematización de la pobreza y la reconstrucción de los países europeos, se generaron unos acuerdos de postguerra que apuntaron a proponer un nuevo orden mundial fundamentado en el desarrollo, y más específicamente desde la economía, con el fin de unificar las distintas culturas bajo unos mismos principios ideológicos y de los cuales las sociedades deberían apropiarse, por vía de la imposición y el control, fortaleciendo los intereses de quienes lo impartían. Para ello se creó el denominado Plan Marshall, que ante la presunción de que tales perturbaciones pudieran ser aprovechadas por el comunismo, los E.E.U.U. en cabeza del Secretario de Estado norteamericano, el general George Marshall estudio la posibilidad de efectivizar un crédito de ayuda económica para sus aliados, el cual se hizo realidad en 1947 y se adhirieron 16 países europeos.
A partir de esta crisis mundial, aparecen nuevas formas en torno a las relaciones políticas, sociales y ante todo económicas, que demandan nuevos retos a los países para salir de la crisis, y que sin lugar a duda, vieron el desarrollo socioeconómico de una comunidad en función directa de su desarrollo educativo, puesto que esta posee el mayor multiplicador económico, social y cultural, lo que implicó una resignificación de la educación, ya no configurada para contribuir al desarrollo ser humano y la sociedad, sino de la economía.
En los últimos años y como consecuencia del impacto provocado por la globalización económica, muchos países han iniciado importante reformas en sus sistemas, creando políticas en diferentes territorios, campos de actividad y sectores como el económico, administrativo, sanitario, público, privado, educativo, entre otras, debido a la necesidad de organizar todas las dimensiones del ser con un sentido y unos intereses en particular.
La política en ese orden, es comúnmente entendida como una forma de ordenamiento de la ciudad o de los asuntos del ciudadano, que en la mayoría de los casos se reduce a un simple texto asignado por unos agentes, que no puede ser cuestionado y que desconoce que gran parte de la política se da en sus procesos, sus resultados, su puesta en práctica y su evaluación, lo cual ha conllevado al planteamiento de un sin número de políticas de diferente orden sin contexto, sin funcionalidad y trascendencia en las sociedades.
Pero hay otro motivo aún, quizás más profundo, que conlleva a comprender que la política está también mediada por las interpretaciones que los actores hagan y las traducciones de estas en la práctica. Eso significa, que las políticas no están dadas simplemente en los textos sino que los practicantes hacen parte de la política y son potenciales políticos, que tiene la posibilidad de interpretar, comprender, aplicar y evaluar las mismas, rechazado la versión unidireccional y lineal que comúnmente caracteriza a la implementación de estas. (Rizvi y Lingard, 2013, p.28)
Si bien, algunos autores, han intentado definir la política, es importante reconocer que es un concepto complejo, polémico y polisémico debido a su variedad de definiciones en los distintos campos del saber. Al respecto, Roth (2007) señala por lo menos tres acepciones que se encuentran cobijadas por la misma palabra y que el idioma inglés sí distingue: en primer lugar, la política concebida como el ámbito del gobierno de las sociedades humana, polity en inglés. En segundo lugar, la política como la actividad de organización y lucha por el control del poder, politics en inglés. Y por último, la política como designación de los propósitos y programas de las autoridades públicas, policy en inglés (p.25), comúnmente conocidas como políticas públicas. Y será a partir de estos postulados en los que el presente documento se situará para referirse al concepto de política.
En la misma línea de las políticas públicas, Wedel y Colegas (2005), citado por Rizvi y Lingard (2013), afirman que una política es un propósito específico, una legislación gubernamental, un programa general o una "situación deseada", (p.27), es decir, es una permanente toma de decisiones que requiere del ejercicio del poder legítimo con el fin de guiar las acciones y las conductas de las personas por medio de "formulas" que trasmiten un mensaje influenciado por el contexto de su producción; una "reglamentación dispositiva" , que en años recientes ha estado cada vez más moldeado por los discursos del neoliberalismo y la globalización, y que sin lugar a duda, desconocen los contextos y proveen una visión general y única de la realidad.
Tal es el caso, de países de Latinoamérica como Colombia, donde es común encontrar un sin número de políticas descontextualizadas que enmascaran fuertes intereses, no pensados para el bien común, sino implementadas para el beneficio individual e instituciones particulares que se encuentran en concordancia con el modelo imperante; aquel donde la mercantilización progresiva de todas las cosas se constituyen en elemento fundamental de esta forma de significación. Son políticas aferradas a los tiempos, intereses y necesidades de los gobiernos de turno, que no son sometidas a un proceso revisión, verificación, evaluación que permitan su renovación, mejoramiento y transformación sino que en muchos casos son políticas "nuevas" que resultan siendo muchas veces lo mismo, o que en algunos casos, implica empezar de cero, olvidando los procesos adquiridos en anteriores etapas; para estos casos, los gobiernos quieren hacer hincapié en que sus apuestas son diferentes a las que se precedieron y en última, resulta afectando los distintos campos de actividad, el interés, el bien público y "reflejan la naturaleza cambiante del Estado". (Rizvi y Lingard, 2013, p. 34-35)
Esto deja entrever, que las políticas están mediatizadas y son estratégicas, pues legitiman determinados puntos de vista y evidencian que son elaboradas y reelaboradas no precisamente por los profesionales que implementarían la política, sino por sujetos que trabajan para la burocracia o en la oficina del político, esperando una excelente remuneración por su función. Realmente, existen políticas con un poco impacto al beneficio común, donde los agentes estén comprometidos con el planteamiento de los objetivos y su potencia para una operacionalización efectiva; con la estrategia de implementación concebida; el financiamiento de la política y su aplicación, en función del beneficio común, lo que Rein (1993) denominaría factores que afectan de forma significativa la posibilidad de aplicar una política.
Pero, sin lugar a duda, el afán de la burocracia local, sedienta de contratos, sobrepasa los factores que el autor propone, pues sus intereses personales sobrepasan los intereses comunes. De ahí que los políticos "educativos" del Estado estén interconectados con políticos de las agencias de afuera de la nación cuyo resultado es la creación de una comunidad política educativa global emergente. (Rizvi y Lingard, 2013, p.40) al servicio de la economía.
Esto no desconoce ni invalida que las políticas sean producidas o tratadas al interior de un marco de procedimientos, de influencias y de organizaciones gubernamentales guiadas por actores sociales quienes las conciben, las deciden, las implementan y las apropian directa o indirectamente, y que no dejan de ser, humanos. El punto clave aquí, es que dichos colectivos no solo pueden velar por los intereses personales sino que pueden representar los intereses de todos y velar por el bien común. Pero, gracias a nuestro desconocimiento, desentendimiento y despreocupación de como son y como surgen las políticas, sus consecuencias, los beneficios, las implicaciones ha conllevado a un pérdida de la facultad de apropiarnos, discutir, debatir, confrontar las diversas políticas planteadas en la sociedad.
Este es un llamado a comprender las políticas desde sus características, tendencias, relaciones y retos, y participar en la formulación, implementación y evaluación de las mismas, no de forma individual y aislada sino de forma colectiva y en contexto para guiar las acciones y las conductas de las personas para la convivencia colectiva, no al servicio de unos pocos, sino de forma trascendente y de beneficio común.

Economización de la política educativa: un enfoque de la política en términos numéricos

En el marco actual, son evidentes los efectos del neocapitalismo, neoliberalismo y la globalización en la configuración, el desarrollo y la promoción de políticas no solo en las reformas del marco educativo sino en todos los campos de acción del ser humano. Son políticas que ahora emergen más allá de la nación y lo territorial, puesto que provienen con mayor frecuencia de las "recomendaciones" que organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) , entre otras, impulsan bajo una forma de significación donde prevalecen los intereses económicos fundamentados en la eficacia, la eficiencia, la competencia, la comparación, la producción, la adaptabilidad, la pertinencia, la gestión, entre otras.
Esto genera una extensión y relación permanente entre lo local, regional, nacional y global pero de forma homogeneizadora y hegemónica ya que debido a las desventajas que tienen algunos países, por su desarrollo económico y por su heterogeneidad de las poblaciones, hace que las políticas no funcionen, se apropien o se den de la misma manera, constituyéndose en un marco propicio para que dichas organizaciones segreguen, califiquen y discrimen por medio de políticas en forma de "recomendaciones" a aquellos actores que no están en concordancia con dicho modelo.
Aquí es importante comprender que esta forma de gobierno, bajo sus lógicas, asume la educación como aquella herramienta ideal para crecimiento económico de los países que configura nuevas subjetividades basadas en la inserción al mercado laboral, la producción y el crecimiento a cualquier precio, ubicándola en una única visión; lo económico, y la aleja cada vez más de los pedagógico, didáctico, social y/o cultural que también le corresponde.
En este contexto, existe una reformulación economista de la política educativa desembocando en un énfasis de la educación como generador de capital humano para asegurar la competitividad de la economía nacional en el contexto global (Rizvi y Lingard, 2013, p. 40), es decir, la educación es considerada como una política económica necesaria para garantizar el crecimiento de la economía nacional, que con ayuda de medidas comparativas válidas y fiables de los resultados educacionales, como las pruebas nacionales e internacionales, podrá obtener adecuados indicadores educativos.

¿Qué es una política educativa?
Con lo dicho hasta el momento, se evidencia que los procesos de formulación e implementación de políticas forman parte de la agenda de los gobiernos de los países para organizar, regular y controlar todos los extensos dominios (sociales, culturales y económicos) y que para el caso de Colombia se ven reflejadas en los Planes Nacionales de Desarrollo el cual es el documento legal de gestión pública y la base de las políticas gubernamentales empleado para propulsar el desarrollo social y que sin lugar a duda, ven en la educación el medio para de la "construcción de la comunidad imaginada de la nación (Anderson, 1991)".
De esta forma, las políticas educativas resultan siendo un medio para encodificar el conjunto de decisiones económicas y políticas, trasnacionales y nacionales, de los poderes en control del Estado, dirigidas al Sistema Educativo, no ya como derecho de equidad individual y social, si no como "servicio público" en el escenario competitivo del mercado Díaz (2005). Y será en este contexto, que por disposición constitucional y legal, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) genere la política sectorial y la reglamentación para la organización de las diferentes modalidades de prestación del servicio público educativo, con el fin de orientar la educación hacia el Trabajo y el Desarrollo Humano, en concordancia con el modelo imperante.

En Colombia ¿Cuáles son las políticas educativas asociadas a la evaluación de estudiantes en Educación Superior?
En este punto, antes de hacer una identificación de las Políticas Educativas asociadas a la Evaluación de Estudiantes en Educación Superior, es importante reconocer que estas se encuentran íntimamente ligadas a los Planes de Desarrollo Nacionales propuestos en los diferentes gobiernos del país. Quizá, sea entonces, la oportunidad de conocer, de forma panorámica, como algunos programas de gobierno se centraron en cumplir ciertos objetivos e intereses asociados con la Educación, especialmente en el nivel Superior.

El plan de "Transformación nacional" de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) creó el Instituto Colombiano de Ciencias (COLCIENCIAS) y el Instituto Colombiano para la Educación Superior (ICFES); trabajo que Alfonso López Michelsen (1974 – 1978) con el plan "Para cerrar la brecha" continuo al confiar en el ICFES como auxiliar del Gobierno Nacional en lo relativo a la inspección y vigilancia de la educación superior. Así mismo, Lleras incluyó la preparación, la administración y evaluación de instrumentos en los que los resultados sirvieran a las universidades para los procesos de selección; línea que se siguió en el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978 – 1982) con el "Plan de Integración Nacional" que se basó en tres grandes premisas: la producción, la seguridad y el empleo, puesto que reglamentó los exámenes de estado para ingreso a la educación superior en 1980 y a partir de este año los resultados obtenidos en los exámenes se convierten en requisito para el ingreso a cualquier programa de pregrado dentro del territorio nacional.

Por otro lado, Misael Pastrana (1970 – 1974) con el plan "Las cuatro estrategias" inició programas basándose únicamente en la educación primaria como primera instancia para la cobertura y solución del problema de analfabetismo. Belisario Betancur (1982 – 1986) con el plan "Cambio con equidad" inició la apertura democrática en el país, promovió la universidad abierta y a distancia, la campaña Camina; orientada a la alfabetización masiva, y continuo con el fortalecimiento de la educación privada.
Virgilio Barco (1986 – 1990) con el "Plan de economía social" dio apertura completa de la economía y los mercados al capital internacional. Para la educación se impuso el plan de universalización de la educación básica primaria, adoptando la promoción automática de los estudiantes.

En este periodo es importante hacer una pausa debido a la incidencia que tuvo en 1989 el denominado Consenso de Washington que funciono como una política para resumir una serie de temas comunes entre instituciones de asesoramiento político, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, de los cuales se creían necesarios para la recuperación económica de los países Latinoamericanos afectados por las crisis económicas y financieras de los 80. Dicho Consenso incluyó 10 fórmulas que abarcaban políticas tales como la estabilización macroeconómica, la liberación económica con respecto tanto al comercio como a la inversión y la expansión de las fuerzas del mercado dentro de la economía doméstica. Y que se vio apropiado en el gobierno de César Gaviria (1990 – 1994) con el plan "La revolución Pacífica" que promovió el proceso de apertura económica, fortaleció el papel del sector privado, emprendió planes de modernización y estableció nuevos mecanismos de financiación de la educación. Además, logró la cobertura total de la educación primaria y expandió masivamente la educación secundaria, a la vez que elevó su calidad.

Por su parte, Ernesto Samper (1994 – 1998) con el plan "El salto social" institucionalizó la financiación de la educación por parte del estado, las instituciones (sociedad) y los padres de familia; descentralización. Se valora el trabajo docente por puntos y se define su salario. Aparecen también los Estándares de calidad para medir las administraciones y la gestión de recursos. Por su parte, Andrés Pastrana (1998 – 2002) con el plan "Cambio para construir la paz" introduce los indicadores para la asignación de recursos a las universidades públicas y la modificación del Régimen de los Docentes Universitarios. Introduce las pruebas de competencias profesionales en los programas académicos de alto impacto social, así mismo, el ICFES cambia sus contenidos a un enfoque por competencias.
Lo más reciente, se encuentra en el gobierno Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2006) con el plan "Hacia un estado comunitario" y (2006 – 2010) con el plan "Estado Comunitario: desarrollo para todos" con la "Revolución Educativa" donde buscó dar respuesta a las necesidades de cobertura, eficiencia y calidad que requería el país para alcanzar mejores condiciones de desarrollo social y económico, y mejorar la calidad de vida de la población. El desafío incluyo 5 temas esenciales: cobertura, calidad, pertinencia laboral, capacitación técnica e investigación científica. Se buscó el control total de los contenidos y métodos de enseñanza y a partir del año 2005 el examen de estado informa a los estudiantes acerca de sus competencias, apoya los procesos de mejoramiento de las instituciones escolares y sirve de criterio para otorgar beneficios educativos.
Conviene, detenernos en este punto, ya que fue en este gobierno donde se promovió el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y que seguramente nos permitirá comprender de mejor manera la evaluación de los estudiantes en la Educación Superior en el contexto actual.
Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN) esta política está diseñada para mejorar la calidad de la educación y se basa en la articulación de todos los niveles educativos (inicial, preescolar, básica, media y superior) alrededor de un enfoque común de competencias básicas, ciudadanas y laborales. En Educación Superior sus principales objetivos van orientados a que las instituciones rindan cuentas ante la sociedad y el Estado sobre el servicio educativo que prestan, provean información confiable a los usuarios del servicio educativo y se propicie el auto examen permanente de instituciones y programas académicos en el contexto de una cultura de la evaluación. Y se encuentra conformado por tres componentes relacionados entre sí, con sus respectivos sistemas: la información, la evaluación y el fomento.
La información, está constituida y apoyada por cuatro sistemas: El primero es el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), el cual ofrece datos confiables sobre las instituciones de educación superior en Colombia y los programas que ofrecen. El segundo es el Observatorio Laboral para la Educación (OLE), que ofrece un seguimiento permanente de los graduados de la Educación Superior en Colombia; reuniendo una variedad de datos para interpretar las relaciones entre el mundo de la educación superior y el mundo laboral. El tercero es el Sistema de Información para el Aseguramiento de la Calidad (SACES), el cual contiene información para el proceso de Registro Calificado de programas académicos y por último, está el Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior (SPADIES), que permite el seguimiento a cada estudiante para calcular el riesgo de la deserción y prevenirlo. Esta información sirve como insumo para la evaluación y otorgamiento de los registros calificados y certificados de acreditación de calidad de todas las instituciones del sector.

La evaluación es llevada a cabo con la colaboración de pares académicos y organismos asesores y de apoyo, el Sistema evalúa instituciones y programas en el momento de su creación, para obtener o actualizar el Registro Calificado; periódicamente durante su funcionamiento, y por solicitud de las instituciones cuando buscan la Acreditación de Alta Calidad.

Los estudiantes son evaluados previo su ingreso a la educación superior y su egreso del pregrado mediante un esquema de evaluación de competencias acumuladas.

Mediante el fomento, el Ministerio ofrece asistencia técnica en procesos de evaluación; acompaña planes de mejoramiento de instituciones que han tenido inconvenientes con la obtención del Registro Calificado; desarrolla proyectos enfocados a mejorar condiciones específicas de calidad, como infraestructura, investigación, capacitación docente; y promueve la pertinencia de la oferta en los diferentes niveles de formación o modalidades.

Finalmente, en el gobierno de Juan Manuel Santos (2010 – 2014) con el plan "Prosperidad para todos" en el (Capitulo III y IV) y por medio del documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) establece lineamientos de política para la gestión del recurso humano, en tres grandes ejes Pertinencia, Calidad y Acumulación de Capital Humano. Así mismo, promueve el fortalecimiento de la Educación Técnica y Tecnológica en Colombia, acorde con las necesidades del sector productivo, el desarrollo nacional y regional, y el avance de la ciencia y la tecnología. Y por último, autoriza a la naci n para contratar empréstitos externos para financiar el proyecto "Acceso Con Calidad a la Educación Superior en Colombia" (ACCES).

Para el caso actual, el Plan cuenta con el programa de Desarrollo Social, con el fin de lograr que todos los colombianos tengan acceso a educación de calidad, a una seguridad social equitativa y solidaria, al mercado laboral -promoviendo la formalización o apoyando el emprendimiento- y a mecanismos de promoción social efectivos que posibiliten el desarrollo personal y social. Para ello se implementa unos temas transversales relacionados con la Promoción de la Equidad y Reducción de la Pobreza, la Red Unidos para la Superación de la Pobreza Extrema, la Estrategia para la Atención de la Primera Infancia (De Cero a Siempre), los Objetivos de Desarrollo del Milenio –ODM, la Seguridad Alimentaria y Nutricional, la Discapacidad y el Género.

Adicional a esto, más recientemente encontramos el Informe Compartir como insumo clave para el diseño de la política pública educativa que nos regirá en los próximos años, con el argumento de que la educación de buena calidad para todos será el camino más eficiente para reducir la inequidad del país, y para ello se requiere de una política de mejoramiento de la calidad educativa fundamentada en el docente, para lograrlo. Este estudio propone, promover una mayor valoración social de la profesión docente; buscar que los mejores bachilleres accedan a la carrera docente; establecer estándares más altos en los programas de formación docente previa y en servicio (con énfasis en la práctica y la investigación pedagógica); acompañar a los docentes a lo largo de su carrera; mejorar la evaluación docente para lograr un mejoramiento continuo; y establecer esquemas más atractivos de remuneración que incluyan salarios e incentivos monetarios y en especie. Pero todo sustentado bajo tres pilares i) la revisión de prácticas del manejo docente en los sistemas educativos de mejor desempeño estudiantil en pruebas internacionales y la construcción de un marco de referencia para Colombia a partir de estos casos, ii) la evidencia empírica a nivel internacional sobre el impacto de innovaciones y proyectos a pequeña escala para mejorar el desempeño docente y de estudiantes y iii) un diagnóstico integral de la situación actual de los docentes colombianos.

En estas circunstancias, la educación se convierte en un factor determinante para incrementar el grado de competencia de un país, dado el auge del comercio internacional, situación que motiva a los países a crecer en el número de personas capacitadas en áreas especializadas de acuerdo con las necesidades del sector productivo (Departamento Nacional de Planeación, 2014), aspecto relevante con el que las Instituciones de Educación Superior se deberán identificar para garantizar su permanencia en el mercado. De ahí que se haga uso de la evaluación como herramienta propicia para el seguimiento y la monitoria constante que determina el grado de coherencia y pertinencia de las instituciones con las políticas educativas planteadas.

Es a partir de esto, que la evaluación empieza a ser comprendida desde racionalidades solamente de orden económico y administrativo, parece ser, que se ha abandonado, o quizás nunca se ha comprendido, el valor pedagógico y formativo que le compete a la evaluación en la educación; entendiéndose por educación como el:

ARTICULO 67. Derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente… (Constitución Política de Colombia, 1991)

Por su parte, la Ley 115 General de Educación de 1994 afirma:

ARTICULO 1°. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.

Lo dicho ahí, no supedita la educación solamente a un servicio público con función social, sino que también da la oportunidad de pensarla como derecho de la persona para su desarrollo integral, y en ambos casos, se requiere de la evaluación para comprender los avances, los progresos y las dificultades, que permitan generar acciones de mejora no solo al servicio de la sociedad de consumo y mercado, sino también al servicio del propio sujeto.

Ahora bien, aparte de las diversas políticas educativas consignadas en el Plan de Desarrollo Nacional, será la Constitución Política de 1991, la Ley 115 General de Educación de 1994 y para el caso de la Educación Superior la Ley 30 de 1992 aquellas que guíen y orienten las políticas educativas asociadas a la evaluación.
En primera instancia, la Constitución Política de 1991 refleja lo evaluativo en varios de sus artículos, sin embargo haremos énfasis en los más cercanos al tema. El artículo 67 al afirmar que: "Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo". En el artículo 69, "se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley". Y por último, el artículo 78 afirma que "La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización."

En segundo lugar, la Ley 115 General de Educación de 1994, el Artículo 4° en su segundo apartado afirma que "El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación; especialmente velará por la cualificación y formación de los educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo".
El Artículo 80 sobre Evaluación de la educación, afirma que "De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, el Ministerio de Educación Nacional, establecerá un Sistema Nacional de Evaluación de la Educación que opere en coordinación con el Servicio Nacional de Pruebas del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, y con las entidades territoriales y sea base para el establecimiento de programas de mejoramiento del servicio público educativo. El Sistema diseñará y aplicará criterios y procedimientos para evaluar la calidad de la enseñanza que se imparte, el desempeño profesional del docente y de los docente directivos, los logros de los alumnos, la eficacia de los métodos pedagógicos, de los textos y materiales empleados, la organización administrativa y física de las instituciones educativas y la eficiencia de la prestación del servicio; representadas en los Artículo 81, 82, 83 y 84 de la ley 30 de 1992.
Pese a esto, gran parte de la política evaluativa se da en el Titulo VIII sobre Dirección, Administración, Inspección y Vigilancia de la Educación, específicamente Capítulo I: de la nación y Capitulo IV: inspección y vigilancia. En primera instancia, en el Artículo148 se asigna las funciones correspondientes del Ministerio de Educación Nacional como de planeación, formulación, financiamiento y evaluación de políticas; de inspección y vigilancia por medio de la evaluación permanente del servicio educativo; de Administración del sector educativo con el fin coordinar todas las acciones educativas del Estado y de quienes presten el servicio público en todo el territorio nacional.

En segundo lugar, el Artículo 168 se propone al Estado, a través del Presidente de la República, como la suprema inspección y vigilancia de la Educación. Dicha función se ejecutará a través de un proceso de evaluación y un cuerpo técnico que apoye, fomente y dignifique la educación…adoptando las medidas necesarias que hagan posible la mejor formación ética, moral, intelectual y física de los educandos, así como su acceso y permanencia en el servicio público educativo.

Esta breve descripción basta para comprender que la evaluación en nuestro sistema educativo esta llamada a funcionar como una herramienta para el control, la vigilancia y el seguimiento del cumplimiento de políticas de la calidad educativa, en términos de rentabilidad económica. Valdría la pena en este punto, preguntarnos ¿a qué tipo de calidad se refiere la ley? y ¿qué sucede con otros aspectos del sujeto que comúnmente no son evaluados ni tenidos en cuenta por la mayoría de instrumentos aplicados para evaluar la calidad?, pues al parecer, estamos supeditados a un Plan de Desarrollo Nacional que está configurado desde un única visión: lo económico y por lo tanto, solo tiene interés por la evaluación de las dimensiones relevantes para dicho crecimiento, tal es el caso del capital cognitivo.

En concordancia con Díaz (2005) la evaluación en este caso funciona como valor e instrumento de la ideología del mercado y no como una herramienta de las políticas públicas en la Educación para el mejoramiento de la calidad de las instituciones educativas, la enseñanza-aprendizaje, la praxis profesional del educador, la formación y el fortalecimiento (p.27). Así mismo, es evidente que el sistema evaluativo es asumido de forma hegemónica y unilateral, el cual hace uso de sus facultades no para retroalimentar y tener acciones de mejora sino para promover y publicitar formas evaluativas que excluyen, clasifican y favorecen una permanente competencia desleal de disciplinas, de estudiantes, de docentes, de procesos, de instituciones, de infraestructura, de recursos, etc., con el fin de obtener "buenos" resultados para atender a la denominada "calidad educativa" que plantea la ley.
Hemos examinado hasta aquí como se han configurado las políticas educativas asociadas a la evaluación en general. Pero ahora, nos centraremos en aquellas normas, mecanismos e instrumentos de la evaluación que son implementados en la educación superior y se evidencian en la Ley 30 de Educación Superior de 1992; aquella que organiza el servicio público de la Educación Superior, define su carácter y autonomía, y determina el objeto de los programas académicos y los procedimientos de fomento, inspección y vigilancia de la enseñanza.
En el Título I sobre fundamentos de la Educación Superior, el Capítulo I sobre los principios, afirma que la Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral…y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional que le permita ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel nacional y regional. Es un servicio público cultural, inseparable a la finalidad social del Estado.
Gracias a esto, a diferencia de otros niveles educativos, es en la Educación Superior donde se garantiza mayor autonomía administrativa y pedagógica, puesto que la Ley 30, en su Artículo 28, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. Esto hace que a la hora de examinar las políticas educativas asociadas a la Evaluación de Estudiantes en Educación Superior, exista un sin número de referencias al respecto; unas políticas evaluativas en concordancia con el modelo imperante y otras, en pocos casos, relacionadas con el modelo pedagógico que las mismas instituciones construyeron y que indudablemente quedan solamente plasmadas en el papel y en la mayoría de los casos no son llevadas a la práctica.
Sin embargo, si reconocemos el panorama desde otro punto de vista, podríamos afirmar que si existen puntos de conexión entre las Instituciones de Educación Superior (IES) a la hora de hablar de política de evaluación de los estudiantes, las cuales son: los exámenes de estado y el Sistema de Acreditación Nacional. El primero, concebido como pruebas académicas de carácter oficial y obligatorio (Articulo, 27) que tiene por objeto, entre otros, comprobar los niveles mínimos de aptitudes y conocimientos de los estudiantes que cursan el último año de los programas académicos de pregrado que ofrecen las Instituciones de Educación Superior, en termino de competencias, y que en el caso actual se denomina Examen de Estado de Calidad para Educación Superior, que el Decreto 1781 de 2003 reglamentó y definió por primera vez como ECAES y actualmente se denomina SABER PRO.
Este instrumento estandarizado para la evaluación externa de la calidad de la educación superior junto con otros procesos y acciones permite evaluar la calidad del servicio educativo y ejercer su inspección y vigilancia. Así mismo, se obtiene información sobre el estado actual de la formación en las diferentes áreas proporcionando una visión de conjunto sobre los estudiantes, los programas y las instituciones, así como también sobre el país, los departamentos y municipios.
Fijémonos, que aunque el MEN afirme que los exámenes de Estado son parte de los instrumentos con que cuenta para ejercer su función de inspección y vigilancia y para proporcionar información para el mejoramiento de la calidad de la educación, parecer ser, que es el instrumento más relevante y valioso para evaluar los aprendizajes de los estudiantes, ya que justamente está pensado desde una visión económica de la educación ya que valora unos mínimos en términos cuantitativos solamente (una sola vez dentro del pregrado) en busca de la homogenización del conocimiento, la clasificación de las personas, la inserción al mercado, el desarrollo económico, la competencia desigual, entre otras, y no está pensada para verificar el desarrollo integral de la persona, como ser humano con anhelos, sueños y significaciones; así como lo plantea La ley 30 de 1992.
La Educación Superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada campo del saber, despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en el país. Por ello, la Educación Superior se desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra. (Artículo 4)

Con esto ¿para qué pensar la educación superior de esta forma, sí solo, en un futuro se tendrá en cuenta un examen oficial obligatorio que mide una única dimensión del ser?.
En segundo lugar, se encuentra el Sistema de Acreditación Nacional como el conjunto de políticas, estrategias, procesos y organismos cuyo objetivo fundamental es garantizar a la sociedad que las instituciones de educación superior que hacen parte del sistema (voluntariamente) cumplan con los más altos requisitos de calidad, con sus propósitos y sus objetivos (Artículo 53) allí intervienen comunidades académicas, instituciones y el Consejo Nacional de Acreditación y hacen uso de la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación como herramienta básica de seguimiento, control, aval y mejoramiento de la calidad de un programa o institución, con el fin de obtener la excelencia global de la institución a través del desempeño de grandes áreas de desarrollo institucional.
Según el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), la acreditación surge atendiendo a la necesidad, expresada en múltiples escenarios, de fortalecer la calidad de la Educación Superior como medio de desarrollo del país y al propósito de hacer reconocimiento público del logro de altos niveles de calidad. Dicho proceso ha estado muy ligado a la idea de la autonomía y la autorregulación, complementada con la exigencia de rendición de cuentas que se hace a la Educación Superior desde distintos sectores sociales.
En estos dos casos, de los exámenes y la acreditación, la evaluación está asociada al ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la Educación Superior por parte del Gobierno Nacional con la inmediata asesoría del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) por proteger, garantizar, adoptar, facilitar, crear, fomentar las condiciones necesarias para la calidad educativa. Esto se evidencia en el Artículo 32 de la ley 30 donde se afirma que " La suprema inspección y vigilancia… se ejercerá…a través del desarrollo de un proceso de evaluación que apoye, fomente y dignifique la Educación Superior, para velar por: la calidad dentro del respeto a la autonomía universitaria y a las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra; el cumplimiento de sus fines; la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; el adecuado cubrimiento de los servicios de Educación Superior; que en las instituciones privadas de Educación Superior, constituidas como personas jurídicas de utilidad común, sus rentas se conserven y se apliquen debidamente y que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de sus fundadores", entre otras.
Este marco normativo de la educación superior en Colombia basado principalmente por la Ley 30 de 1992, expresa un fuerte interés por profundizar en la formación integral de los colombianos (científico, cultural, económico, político, ético, ambiental, etc.). Sin embargo, se encuentran otras leyes de orden administrativo y económico como Ley 749 de 2002 que organiza el servicio público de la educación superior en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica, amplía la definición de las instituciones, hace énfasis en lo que respecta a los ciclos propedéuticos de formación y establece la posibilidad de transferencia de los estudiantes y de articulación con la media técnica.

Las condiciones de calidad que deben cumplir los diferentes programas de educación superior están reglamentadas por el Decreto 2566 de 2003, estas condiciones formalizan e indican el nivel de aceptabilidad de un programa académico al establecer ciertas características, niveles, y formas de estructuración y organización. Sin embargo, esta norma que fue derogada con la Ley 1188 de 2008 que regula el registro calificado de programas de educación superior, establece de forma obligatoria las condiciones de calidad para obtener el registro calificado de un programa académico, para lo cual las Instituciones de Educación Superior, además de demostrar el cumplimiento de condiciones de calidad de los programas, deben demostrar ciertas condiciones de calidad de carácter institucional.

En lo que respecta a la estructura institucional del sector, es pertinente señalar el Decreto 4675 de 2006 que modificó la estructura del Ministerio de Educación Nacional en cuanto a funciones, direcciones y administración. Por último, cabe destacar la Ley 1002 de 2005 que transformó la naturaleza del Instituto Colombiano de Crédito Educativo – ICETEX – que dejó de ser un establecimiento público, para convertirse en una entidad financiera de naturaleza especial, con el objeto de fomentar el acceso y la permanencia de los colombianos a la educación superior, priorizando la población de bajos recursos económicos y aquella con mérito académico en todos los estratos.

CONCLUSIONES
Identificar las políticas educativas asociadas a la evaluación de estudiantes en Educación Superior, requiere de un análisis que se mueve entre la formulación de la política y su práctica, lo cual implica la descodificación de textos, tanto en relación al contexto y a los efectos que tienen en la práctica, que conlleva a las siguientes conclusiones organizadas por categorías.
Política Educativa
Es común encontrar una fuerte tendencia a presentar las políticas, especialmente educativas, como únicas verdades que se instauran en los discursos y prácticas de los ciudadanos, naturalizándose y legitimándose sin ser cuestionadas, analizadas y reflexionadas frente a su congruencia con el contexto en el que se dan y sus actores; facilitando una mayor dominación de quienes las proponen, pues en la mayoría de los casos, hay que recocer que existe un alto índice de desconocimiento y participación en las políticas que regulan las sociedades: su origen, su historia, sus propósitos, sus características y sus consecuencias. Esta condición de desconocimiento y legitimización de las políticas, genera grandes espacios para la libre interpretación e incertidumbre de prácticas (Rizvi y Lingard, 2013, p.28) y que sin lugar a duda, posibilitan una distribución y apropiación inequitativa de los recursos humanos, económicos e ideológicos.
Tal es el caso, en las dificultades que se presentan en la transición de la política escrita a la política práctica que complica el proceso de su implementación en educación; por ejemplificar, el de las competencias. Si bien existen dificultades en la comprensión de su significado y las implicaciones, sin lugar a duda, existen mayores dificultades a la hora de evaluarlas, ya que su propia definición, en la mayoría de los casos, deja ver una relación estrecha entre el saber y hacer en contexto, donde aparentemente la persona se define como competente solamente cuando hace aplicación del conocimiento en un contexto determinado, esto conlleva a preguntarnos si realmente estamos haciendo un proceso educativo concienzudo, responsable, coherente y serio, basado en lo que el discurso de las competencias exige.
Así, también se encuentra la implementación de políticas educativas que cada vez más reducen la actuación de áreas como las humanidades (que atienden otras dimensiones del ser) y se favorecen únicamente las áreas de orden operativo que deslegitiman todo aquello que no es productivo y que no interviene en el crecimiento económico del país, suprimiendo otros puntos de vista u otras formas de ver la realidad susceptibles a la crítica y reflexión. Claro está, que no encuentra un mejor lugar para instaurase, crecer y desarrollarse más que en la universidad, aquella que se divide en facultades, departamentos y programas que funcionan como islas desintegradas, que forjan una lucha constante, una competencia, entre sus actores para la obtención de prestigio y capital financiero, y que dan cuenta de esa lucha constante hacia el vacío mercado; una universidad arborescente y jerárquica (Castro 2011).
Por otra parte, es evidente que la política educativa en materia de educación superior busca fomentar los procesos de autoevaluación, mejoramiento continuo, acreditación, certificación de calidad y flexibilidad de la oferta en las instituciones, las cuales se encuentran asociadas a la innovación, la productividad y el emprendimiento con el fin de preparar adecuadamente al recurso humano colombiano para enfrentar los retos impuestos por la economía del conocimiento, es decir, una vez más se reafirma el papel de la educación, y más específicamente de la Educación Superior para contribuir al desarrollo no precisamente del ser humano y la sociedad, sino de la economía.
Con todo esto y siguiendo a Díaz (2005, p 30) las políticas educativas actuales conllevan a comprender la institución en una empresa educativa. La educación no como derecho sino como servicio. La formación del ser humano cambia por la administración eficiente del servicio educativo habilitador de recurso productivo y apto para el consumo. El conocimiento como competencia, suscrita a la jerarquización de habilidades y destrezas abiertas a la demanda y participación competitiva de operadores nacionales e multinacionales; el profesor como gestor, el estudiante muta de ser humano a cliente y consumidor. Los padres de familia como socios y clientes, y la acción de evaluar como vigilancia, control, castigo y exclusión.
Lo dicho hasta aquí, evidencia que hay un intento por definir, caracterizar, situar las políticas, en términos del "ejercicio del poder" con medidas coercitivas en relación a un conflicto de intereses, donde existe un dominante y un dominado. Pero quizás, no se ha pensado y asumido las políticas desde una perspectiva, en un sentido ético, como una disposición a obrar en una sociedad utilizando el poder público organizado (distribuir y ejecutar el poder según sea necesario) para lograr objetivos provechosos para el bien común, en términos de, acuerdos y decisiones colectivas que implique la participación de todos.
La Calidad
Existe una fuerte inclinación por promover políticas educativas cada vez más asociadas a la calidad, desde una perspectiva neoliberal, puesto que ya es un lenguaje de la lógica universal de la globalización que incide en las reformas propuestas en los últimos años, estableciendo la eficacia, la economía y celeridad, por la que todos los actores sociales debemos estar comprometidos.
De ahí y por otros aspectos, que hoy hablemos de una cultura de la medición y la rendición de cuentas, asociada con el nuevo gerencialismo en las políticas, donde lo pedagógico se reduce a cuestiones meramente técnicas que promueven una enseñanza para los exámenes nacionales e internacionales, y enfatiza en concentrarnos en aquellos estudiantes que están en los niveles deseados de logros, con el fin de potenciar empresarios, generando así un debilitamiento de los objetivos pedagógicos y educativos, y una progresiva mercantilización de la educación.
Bajo esta perspectiva, existe una concepción de calidad pensada más en términos administrativos, de donde surgió, que realmente pedagógicos que le corresponde a la hora de tratar con sujetos. Resulta siendo un emblema que ya no solo se encuentra en los productos industriales (objetos) sino en los sujetos, abarcando todas sus dimensiones, incluso lo educativo; parece ser que todo requiere de esta marca de identidad y distinción para sobrevivir en la era de la fuerte competitividad (Escudero, 1999, p.4). Quedando así, en un segundo plano los fines de la educación y la mejor formación de los educandos que la Constitución y otras leyes propone.

Con este argumento, es lógico comprender el afán que tiene las instituciones educativas por la búsqueda de la calidad, pues esto, aparentemente les permitirá obtener excelente resultados en las diferentes pruebas estandarizadas con las cuales se mide la educación y así entrar en las lógicas del mercado con mayor facilidad, ya que una institución ubicada en los primeros lugares de los ranking, seguramente va a mejorar sus ingresos por concepto de estudiantes inscritos en sus programas, estímulos, entre otros.
Planteada así la cuestión, la calidad de la educación superior este supeditada a un examen, una prueba, un test obligatorio que mide solo una dimensión del ser, lo cognitivo, posibilitando al estudiante solo un reconocimiento público y una certificación que fortalecerá sus hojas de vidas para insertarse con mayor facilidad al mundo laboral, o por mucho, el otorgamiento de créditos para estudios de postgrado en el país y en el exterior. Y para el caso de la Institución Educativa, se le generará un título de "Excelencia académica en los Exámenes de Calidad de la Educación Superior" el cual es uno de los criterios para otorgar las becas de cooperación internacional, becas de intercambio y demás becas nacionales o internacionales que se ofrecen en las distintas entidades públicas. La cuestión en este punto es pensar ¿qué sucede con el desarrollo integral de los sujetos y su valoración de forma coherente con lo planteado en las diferentes leyes y normatividades?

No se trata de desconocer o eliminar lo dado, pues nuestra condición humana (capacidad de sentir y emocionarnos) de alguna u otra forma exige de calidad en todos los aspectos, pues es una condición que no se puede negar. Sin embargo, es importante reflexionar sobre la manipulación ideológica del concepto de calidad educativa que promueve una calidad en términos de cobertura; de competencia desleal; de producción, distribución y consumo de capital humano, específicamente para el trabajo, entre otros aspectos.
Si nos damos cuenta, venimos con este lenguaje de la calidad educativa por más de 60 años de gobierno, pues ya no es un tema novedoso y evidentemente refleja que el sistema educativo colombiano no mejora. Fijémonos bien, como el Informe Compartir replica lo que por muchos años se ha venido haciendo en términos de calidad, solo que ahora el centro está en el docente, pero no deja de construir marcos políticos educativos copiando modelos internacionales con condiciones económicas, políticas, sociales y culturales diferentes a las nuestras.
El Examen
La evaluación, en este contexto, es sinónimo de examen y por su naturaleza estandarizada está en una permanente comparación de actores educativos (estudiantes, docentes, programas, instituciones, etc.,) que no tienen acceso a la educación de la misma forma, ésta no está precisamente configurada con el fin de tener acciones de mejoras sino con el propósito de generar y promover una mayor desigualdad social, pues se encargará de definir quien está "bien" para merecer los "estímulos" o quien está "mal" para formular un plan remedial, asesorado y supervisado.
Según el ICFES, en su página web, los exámenes son una parte de una evaluación del sistema, sin embargo, el lenguaje implementado deja entrever múltiples intenciones e interpretaciones a la hora de hablar de los objetivos de dicho examen. Primero, se afirma la necesitad de evaluar todo el sistema de educación superior pero centra más en la cobertura y no en las implicaciones de lo que realmente significa evaluar, es decir, la evaluación no solo se reduce a un examen, testo o cuestionario, sino que tiene en cuenta múltiples factores para su desarrollo. Segundo, pretende garantizar la utilidad de los indicadores pero no en términos del mejoramiento pedagógico y/o administrativo para todos, sino para comparar y así establecer referentes a seguir que solo hace de la prueba un recurso de homogenización de los conocimientos y los actores. Tercero, y quizás el más relevante para este proyecto, se habla de garantizar la interpretación pedagógica de los resultados, para que la evaluación produzca una información rica en términos cualitativos, y no solo cuantitativos, que permita orientar las decisiones pedagógicas, y para eso es necesario identificar niveles y elaborar interpretaciones de los rendimientos que los caracterizan, pero realmente en la práctica las instituciones y sus actores se ven favorecidos de dicha propuestas para su mejoramiento. ¿Qué función están cumpliendo los directores de los centros educativos para que esto realmente se cumpla?.
Finalmente, es importante reconocer que el ICFES plantea los exámenes como una parte de la evaluación, y no como un todo, como lo asumen normalmente las instituciones, en este punto cabe preguntarnos ¿Cuáles son esas otras herramientas para evaluar, no medir, la calidad de la educación?
La evaluación
De esta manera, la evaluación en el desarrollo de la Constitución y otras leyes se encuentra más asociada a la función del Estado de regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la calidad educativa que por el cumplimiento de los fines de la educación y por la mejor formación de los educandos.
Esto evidencia que las políticas en evaluación se ha convertido en un mecanismo de control, vigilancia y poder que desempeña más funciones coercitivas y de clasificación, que terminan en discriminación o segregación, y que comúnmente es solo entendida y conocida como examen, prueba, nota. Parece ser que no hay otras opciones para evaluar realmente la calidad de la educación, los fines de la educación y la formación de los estudiantes desde otras lógicas, no solo desde lo numérico sino desde lo educativo, formativo, ético y humano que también le corresponde y le caracteriza.
Para el caso de Políticas Educativas Asociadas a la Evaluación de Estudiantes en Educación Superior, existe poca documentación al respecto, a diferencia de los documentos sobre dicha temática que regulan a la educación básica y media. Esto quizás se da por la forma en cómo se configura la Educación Superior, al afirmar la Constitución Política de 1991, articulo 69, que se le garantizará la autonomía para que ellas puedan darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley, pero como la Educación Superior esta en íntima relación con el desarrollo social, ella deberá esforzarse por implementar estrategias para el cumplimiento de dicho propósito, haciendo de la evaluación una herramienta propicia de seguimiento, que ya no solo se preocupara por los estudiantes, sino también por el docente, la docencia, el programa, la infraestructura, la institución, y así poder cumplir con las expectativas de la sociedad y entrar con mayor facilidad a las lógicas del mercado de la educación.

Así mismo, es evidente el fuerte interés por el aprendizaje de los estudiantes no como forma de desarrollo y perfeccionamiento personal, sino como medio para obtener buenos resultados en las pruebas externas que los evalúan, y para mejorar los indicadores de empleabilidad y articulación con el sector productivo, en el caso de los estudiantes. Y para la institución, mayor prestigio y competencia al estar en los primeros lugares de los rankings, lo cual le generará mayores ingresos por matriculas de estudiantes.
La educación, en este caso, deja de ser vista como una tecnología del yo, para el crecimiento personal y posibilidad de desarrollo y realización de las personas, según los intereses, gustos, y necesidades de los mismos, y pasa a ser una tecnología de gobierno al servicio del mercado y la producción, que configura subjetividades que desconocen otras dimensiones del ser como lo cognitivo, lo físico, lo motor, lo espiritual, lo social, lo cultural, entre otras, quedando todo en manos de lo económico, como elemento primordial y único.
La Propuesta
Todo lo anterior deja entrever que mucho se habla de las políticas, se muestra sus virtudes, pero poco se habla de las oscuridades que contiene, los usos y los intereses; como se formula, se produce, se difunde y se implementa.
Admitamos con esto, que el desconocimiento y la falta de participación en las políticas que regulan nuestra sociedad es un factor que facilita su naturalización y su legitimación en nuestros discursos y nuestras prácticas; si una política es algo más que el documento político o la legislación, es decir, el texto (Taylor y Cols, 1997) estamos llamados a acercarnos a ella, entenderla, comprenderla, apropiarla, cuestionarla, analizarla, y/o reflexionarla frente a su congruencia con el contexto en el que se dan y sus actores.
En este caso valdría la pena preguntarnos ¿Por qué no pensar la evaluación desde una perspectiva democrática, humanista, justa, formativa y crítica?, que promueva una educación no solo al servicio del crecimiento económico de un país, sino pensada para el desarrollo de ciudadanos comprometidos con su propia vida y de quienes le rodean. ¿Por qué no pensar una política educativa asociada a la evaluación en Educación Superior no solo a la orden de las demandas del mercado sino también al servicio de quien aprende y quien enseña?. Puesto que todos los estudiantes, independientemente de su procedencia, situación social, económica y cultural, tienen las oportunidades para adquirir conocimientos, desarrollar las competencias y valores necesarios para ser, vivir, convivir, y seguir aprendiendo a lo largo de la vida.
De ahí la necesidad de recontextualizar la evaluación desde una perspectiva instrumental a donde los sujetos son percibidos como objetos producidos y distribuidos en serie para estar el servicio del consumo y el mercado, a una perspectiva más humana, ética y formativa que reconoce que está tratando con sujetos, seres humanos con sueños, con esperanzas, con anhelos de lograr algo, y son los agentes educativos, los directivos y los docentes aquellas personas que en la mayoría de los casos podemos frustrar o estimular a una persona para que logre su proyecto social y de vida.










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