Una aproximación al estudio de las relaciones entre coerción y consenso en el caso del Operativo Independencia (febrero de 1975 – marzo de 1976)

Mesa 8: Modalidades y efectos de la represión

Coordinadores y relatores: Gabriela Águila, Luciano Alonso y Emmanuel Kahan

Cañón Voirin, Julio Lisandro (Universidad de Santiago de Compostela) Colonización del discurso cultural ideológico de orden en los planteos educativos del Proceso de Reorganización Nacional. Argentina 1976-1983. (Página 2)

Jemio, Ana Sofía (Centro de Estudios sobre Genocidio - UNTREF) Una aproximación al estudio de las relaciones entre coerción y consenso en el caso del Operativo Independencia (febrero de 1975 – marzo de 1976), Tucumán. (Página 21)

Lastra, María Soledad (CISH - IdIHCS / UNLP) La (des)organización del retorno: tiempos, rutas y conflictos en el regreso de los exiliados argentinos (1983-1988). (Página 52)

Colonización del discurso cultural ideológico de orden en los planteos educativos del Proceso de Reorganización Nacional. Argentina 1976-1983.

Julio Lisandro Cañón Voirin.

Pertenencia Institucional: Doctorando por la Universidad de Santiago de Compostela; Contratado predoctoral de la Xunta de Galicia en la Universidad de Santiago de Compostela Departamento de Historia Contemporánea e de América; Investigador en Formación y Perfeccionamiento del Grupo GI-1661-Historia de América

Términos claves: Hegemonía-represión-educación

Identificación y definición del objeto y los objetivos de estudio Entre marzo de 1976 y diciembre de 1983 la República Argentina estuvo gobernada por el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional1 (PRN). La asunción del poder de facto por parte de las FF.AA. supuso la violación de derechos humanos más grave, sistemática y masiva en la historia reciente de Argentina2. Durante esos siete años, las cuatro Juntas de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas (JCG), que se sucedieron en el ejercicio del control operacional del país, pretendieron disciplinar y reorganizar a la sociedad argentina. Como rasgo definitorio de aquella pretensión destaca el diseño de una maquinaria represiva de tales características y magnitudes que permite encuadrarla dentro de las prácticas del terrorismo de Estado. No obstante, además de la estructura represiva, el PRN desarrolló fundamentos ideológicos donde cimentar las bases de un mínimo consenso. En dicho sentido las JCG centraron su discurso en la reconstitución moral del país, en la recuperación de un Estado destruido por el desgobierno, la corrupción, y el desorden social, y afirmando que su “proyecto

1 Régimen militar establecido a partir del golpe de Estado que derroco al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, el 24 de marzo de 1976. 2 El campo de violación de los derechos humanos abarcó en Argentina, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A. los siguientes elementos: Violaciones del derecho a la vida. Violaciones del derecho a la libertad. Violaciones del derecho a la seguridad e integridad personal. Violaciones del derecho de justicia y proceso regular. Violaciones del derecho a la libertad de opinión, expresión e información. Violación de los derechos laborales. Violación de los derechos políticos. Violación de los derechos de libertad religiosa y de cultos. Cfr. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DE DERECHOS HUMANOS: Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, O.E.A., 11 de abril 1980. [en línea, fecha de consulta 25/05/2012] Disponible en: http://www.cidh.oas.org/countryrep/Argentina80sp/indice.htm

nacional no se impone ni por la ley ni por la fuerza, debe hacerse carne en la ciudadanía”3. Argumentando su apropiación del poder estatal en la necesidad de dar un nuevo destino a la nación, en la conformación de una nueva república, en la realización de una segunda organización nacional, en síntesis para las que consideraban sus misiones primeras restablecer el orden y la autoridad. Para avanzar en sus propósitos de reordenar todas las instituciones políticas, jurídicas, económicas, culturales, y sociales contaron con el aval de los sectores dominantes (quienes veían en la intervención militar un medio eficaz para la instalación de un orden y una disciplina). Todos los ámbitos de la vida en sociedad se vieron afectados por la estrategia refundacional, e ineludiblemente educación y cultura se colocaron en el epicentro de sus propósitos, siendo las instituciones educativas objetivos prioritarios de la guerra revolucionaria4. Es precisamente en ésta temática donde se inscribe el objeto de esta investigación las políticas educativas y prácticas represivas5 del PRN en el proceso de construcción de hegemonía. El criterio metodológico sobre el cual fundaremos el examen importa recuperar la concepción gramsciana de Estado: Estado es todo el conjunto de actividades prácticas y teóricas con las que la clase dirigente no sólo justifica y mantiene su dominio, sino que logra obtener el consenso activo de los gobernados6. Esta definición de Estado como la suma de dominio y hegemonía, donde la consecución del consenso ocupa un lugar destacado, es la de Estado pleno; presupone que se tome en cuenta al conjunto de los medios de dirección intelectual y moral de una clase sobre la sociedad, la forma en que dicha clase puede realizar su hegemonía7. Al momento de analizar las formas de organización de las relaciones Estado/sociedad, Gramsci profundizó lo anterior, donde “Estado = sociedad política + sociedad civil, o

3 “Argentina prepara una nueva organización nacional”, ABC, 25/11/1976, p.44. 4 Lo que en términos castrense suponía un conflicto no ya entre Estados, sino un conflicto entre individuos, donde el control territorial se reconvertía en control ideológico, y el enemigo era de carácter interno. 5 Entendiendo las mismas como reorganizadoras de las relaciones sociales. Esta es la línea de análisis desarrollada por el sociólogo argentino Daniel Feierstein, quien intenta explicar la capacidad para destruir y reorganizar relaciones sociales en aquellas sociedades donde se han implementado prácticas de aniquilamiento. FEIERSTEIN, Daniel (2007): El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina. Madrid: FCE. 6 GRAMSCI, Antonio (1999): Cuadernos de la Cárcel. Tomo V. México: ERA, p.186. 7 BUCI-GLUCKSMANN, Christine (1978): Gramsci y el Estado. Madrid: Siglo XXI, p. 123.

sea, hegemonía acorazada con coacción”8. Pudiendo identificar a la sociedad política, con los mecanismos del aparato estatal empleados para detentar el monopolio legal de la represión y de la violencia, bajo control de las instituciones de coerción (grupos burocráticos ligados a la aplicación de las leyes, fuerzas armadas y policiales). La sociedad civil, por su parte, engloba a las instituciones responsables de elaborar y difundir valores simbólicos e ideologías, esto es el aparato de hegemonía, comprendiendo el sistema escolar, la Iglesia, los partidos políticos, las organizaciones profesionales, los sindicatos, los medios de comunicación, las instituciones de carácter científico y artístico entre otras, es decir el Estado como organizador del consenso. En el nivel de análisis en el cual nos moveremos en este trabajo la hegemonía se referencia no tanto en las leyes generales de funcionamiento del ordenamiento social como en las modalidades internas de dominación. En tanto búsqueda del consenso o consentimiento de las clases subalternas el complejo y dinámico proceso hegemónico, planteado por Gramsci, permite observar el desarrollo de los modos de integración social. Desde la perspectiva gramsciana y en sintonía con nuestras inquietudes podemos observar dos instancias; una en la cual el bloque cívico militar se constituye en dirigente de sus grupos aliados y mediante aparatos privados intenta desarrollarse; otra instancia comienza cuando el bloque ya se ha apoderado del aparato estatal, he intenta a través de la escuela conformar intelectuales orgánicos al proyecto reorganizador. Ambas instancias funcionarían como modos de integración social en la conformación de un sentido común. Nuestra investigación9, de la cual este trabajo es un desprendimiento, centrada en la exploración social e histórica de los supuestos, proposiciones, métodos y efectos del PRN, parte de la presunción de que la existencia de diversas formas de resistencia u oposición en el ámbito educativo evitaron la reproducción del orden social pretendido por el PRN. De este modo, se desprende el objeto material de nuestra investigación, analizar el proceso de construcción de hegemonía del PRN y su articulación desde las instituciones educativas; mientras el objeto formal es demostrar que los mecanismos de la

8 GRAMSCI, Antonio (1977): Antología. Selección, traducción y notas de Manuel Sacristán. México: Siglo XXI, p. 291. 9Actualmente nos hallamos trabajando en el Programa de Doutoramento en Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela. Política educativa e prácticas represivas do Proceso de Reorganización Nacional. Arxentina 1976-1983.

reproducción social y cultural nunca son completos y siempre encuentran elementos de oposición y resistencia parcialmente manifiestos. En el presente trabajo avanzaremos en la exploración de los mecanismos empleados para conseguir la colonización del discurso cultural-ideológico de orden en el ámbito educativo, para hacer de la escuela un aparato de represión tanto física como ideológica. Es decir en el pasaje de la primera a la segunda instancia en la conformación de un sentido común, y por tanto centrados en los actos de violencia estatal persecutoria vinculados al ámbito de la educación. Y al mismo tiempo señalaremos la ineficacia, en ciertos casos, de la represión para acabar con ciertas formas de resistencia. Justificación del tema elegido Nuestro interés por intentar un acercamiento a las políticas educativas y prácticas represivas del PRN responde a varias cuestiones. Primeramente porque los años transcurridos entre el derrocamiento de Perón (1955) y el golpe de Estado de 1976, estuvieron marcados por una serie de cambios que modificaron los contornos de la sociedad provocando nuevas configuraciones en el ordenamiento social, como son la creciente politización de la sociedad argentina y la incapacidad de las clases dominantes para construir una hegemonía política duradera. Entonces por un lado, se ensancharon los márgenes del territorio político, mientras sectores medios diversos y heterogéneos concebían distintas visiones del mundo y ocupaban espacios políticos, sociales y culturales. Por otro, la percepción de la clase dominante respecto de las consecuencias de estos cambios. Al mismo tiempo un análisis de la dialéctica social, cultural y política de las décadas del `60 y `70 nos mostraría una ruptura sociopolítica que dio lugar a la emergencia de un nuevo actor social desvinculado de la esfera productiva: la juventud. En ese proceso la escuela pública, tuvo un papel relevante en la formación política de los jóvenes, a través de las nuevas corrientes pedagógicas de la educación problematizadora al influjo de Paulo Freire. La dictadura del PRN clausuró ese proceso e inauguró un período de aniquilación de personas y de prácticas, destinado a poner coto a los intentos transformadores de la sociedad. Entre los objetivos prioritarios del proyecto nacional del régimen dictatorial se hallaba la reforma del sistema educativo, en consonancia con otras preocupaciones referidas al campo de la cultura y del mundo juvenil. Respecto a estos propósitos, no hemos encontrado estudios integrales que los describan y analicen, aunque sí se los ha observado al remarcar la importancia conferida por el PRN a la educación, poniendo de manifiesto la trascendencia de las escuelas como mecanismos de reproducción

ideológica, pero en ninguna ocasión se ha estudiado su rol de articulación en el proceso de construcción de hegemonía. Ni tampoco sobre los elementos de oposición y resistencia surgidos en dicho proceso. Los límites en el abordaje de estas problemáticas, impulsaron la realización de la investigación, porque siendo cardinal en la reproducción social y cultural del régimen militar, la escuela se constituyó en uno de los espacios centrales desde donde, el PRN, intentó legitimar la racionalidad de sus prácticas y la construcción del consenso social. Y aún hoy seguimos desconociendo: qué fue lo que evitó la reproducción del orden social deseado por los ideólogos del PRN y el rol de las mayorías silenciosas en esa acción. Por lo tanto, con este trabajo intentamos aportar algunos elementos para pensar y analizar los mecanismos por los cuales la dictadura intentó construir un nuevo orden hegemónico; y descubrir algunas claves para entender los conflictos y desafíos actuales de la sociedad argentina. Estado de la cuestión La última dictadura militar ha sido objeto de múltiples abordajes, existiendo a día de hoy un profuso número de investigaciones que han profundizado en el conocimiento del período, permitiéndonos puntos de partida muy ricos y variados, como también un estímulo añadido respecto de cuales pueden ser nuestros aportes en aquellos aspectos en donde los vacíos aún son manifiestos. Como hemos mencionado nuestro interés analítico está dado por desentrañar el desarrollo del proceso hegemónico articulado desde las políticas educativas y las prácticas represivas del PRN; políticas y prácticas impulsadas por las JCG que gobernaron la República Argentina entre 1976 y 1983; y por tanto íntimamente vinculadas al terrorismo de Estado. En el campo de las ciencias sociales se formularon indagaciones, consignadas en aportaciones diversas y dispares, sin embargo, filósofos, sociólogos, psicólogos, historiadores, y antropólogos, entre otros, se muestran coincidentes en un aspecto, y es en las traumáticas consecuencias para una sociedad como es desconocer el paradero de aproximadamente 30.000 de sus integrantes. Tal como afirmase Paoletti, en 1986: No hay problema mayor en la sociedad argentina que la respuesta a la pregunta ¿Dónde están los desaparecidos? (...) O proponer que el olvido tape la memoria y reclamar, en nombre de la “unidad nacional”, la reconciliación entre víctimas y victimarios10.

10PAOLETTI, Alipio (2008): Como los nazis como en Vietnam. Los campos de concentración en la Argentina. Buenos Aires: Madres de Plaza de Mayo, p. 14.

Lo mismo señalaría quince años más tarde Bruno Groppo poniendo de relieve la vigencia de la naturaleza de los crímenes de la dictadura y el carácter permanente de la condición del desaparecido11. Incluso Marina Franco y Florencia Levín observan cómo el “carácter traumático de la última dictadura”12 marca la práctica profesional de la historia del tiempo presente en Argentina. Sin dudas no es sólo el número de desaparecidos lo que adquiere relevancia sino el hecho de que sean desaparecidos, y que su desaparición haya sido perpetrada principalmente por agentes del Estado. Si bien el período histórico ha sido muy transitado no ocurre lo mismo con la temática escogida para nuestra investigación: la cuestión educativa. Un primer acercamiento al particular fue el informe elaborado por el Equipo de Educación del Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino, con los propios condicionantes del momento de producción, 1978, no dejaba de poner al descubierto ciertas pautas presentes en la política educativa del PRN13. Sin embargo los aportes más sistemáticos han procedido del campo de la sociología de la educación, vinculados a tres grandes proyectos específicos sobre la cuestión. La primera integrada

por el Área de Educación y

Sociedad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -FLACSO- interesada por conocer las consecuencias de las políticas educativas del PRN sobre el sistema educativo. Donde El proyecto educativo autoritario: Argentina 1976-198214, marcó las agendas investigativas posteriores, respecto del carácter del programa del PRN, su condición de excluyente, la creciente segmentación interna del sistema educativo y el vaciamiento de contenidos socialmente significativos en los circuitos pedagógicos destinados a los sectores populares. Así fueron sucediéndose investigaciones que profundizaron en los mismos aspectos15. Otra línea de investigación se vincula al 11Cfr. GROPPO, Bruno y FLIER, Patricia (comps.) (2001): La imposibilidad del olvido. Recorridos de la memoria en Argentina, Chile y Uruguay. La Plata: Al Margen. 12FRANCO, Marina y LEVÍN, Florencia (2007): “El pasado cercano en clave historiográfica”, en: FRANCO, Marina y LEVÍN, Florencia (comp.): Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción. Buenos Aires: Paidós, p. 34. 13EQUIPO DE EDUCACIÓN DEL CÓMITE DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO ARGENTINO (1978): “Informe. La política educativa de la Junta Militar en Argentina”, en Cuadernos Políticos, 17, julio-septiembre, ERA, pp. 102-113 14TEDESCO, Juan Carlos, BRASLAVSKY, Cecilia y CARCIOFI, Ricardo (1983): El proyecto educativo autoritario: Argentina 1976-1982. Buenos Aires: FLACSO/GEL 15 BRASLAVSKY, Cecilia; TIRAMONTI, Guillermina (1990): Conducción educativa y calidad de la enseñanza media. Buenos Aires: Miño y Dávila. BRASLAVSKY, Cecilia (1989): “La educación en la transición a la democracia: Elementos y primeros resultados de una comparación”, en Propuesta Educativa, I, 1, pp. 30-43. Buenos Aires: Miño y Dávila. FILMUS, Daniel (1996): Estado, sociedad y educación en la Argentina de fin de siglo. Proceso y desafíos. Buenos Aires: Troquel. SOUTHWELL, Myriam (2004): “La escuela bajo la lupa: una mirada sobre la política de Subversión en el ámbito

programa Alternativas Pedagógicas y Prospectiva en América Latina (APPeAL), donde destaca la obra Historia de la Educación en la Argentina en VIII tomos dirigidos por Adriana Puiggrós, inscripta en los abordajes de larga duración (desde la etapa colonial hasta el presente). Respecto del período de la dictadura subraya el proceso de desmantelamiento del programa educativo vigente desde la ley 1.420 de 188416. El tercero de los proyectos mencionados es Tendencias ideológico/pedagógicas en la historia reciente de la educación argentina (TIPHREA), desarrollado desde 1994 en la Facultad de Ciencias de la Educación de Entre Ríos bajo la dirección de Carolina Kaufmann, y analiza las influencias de la corriente pedagógica del Personalismo en el plano educativo17. En algunas de las investigaciones antes mencionadas se caracterizó la gestión educativa del PRN como carente de un programa educativo unitario. En nuestro caso suponemos que no es ausencia de un programa único sino a la existencia de tres momentos del PRN (1976-1978; 1978-1982; 1982-1983) y las posibilidades con las que contó en cada uno de ellos de ejecutar una política educativa “en todos los órdenes y niveles basada en la disciplina y con un contenido nacional y cristiano”18. En efecto, durante el proceso de colonización del discurso cultural-ideológico de orden en la política educativa, los años 1976-1977 están primordialmente marcados por la represión física e ideológica en las aulas. Es en un segundo momento, desde finales de 1977, cuando el régimen formula políticas específicas para el ámbito educativo, aunque las pautas trazadas en el primer momento continúan vigentes. Ambos momentos conforman una parte del programa trazado para erradicar la infiltración cultural, para prevenir la gestación de futuros subversivos, y generar intelectuales orgánicos al nuevo modelo de país. La fórmula para conseguirlo era a través de un rígido control ideológico en los claustros educativos, fijando y regulando los comportamientos de los actores educativos; complementada por un sistema de sanciones públicas y clandestinas listas a aplicarse sobre quien se saltease los márgenes estipulados. El tercero y último de los momentos se caracteriza por la crisis y retirada de la dictadura, y su intención de administrar la memoria de lo ocurrido. educativo”, en Revista Puentes, 12. La Plata: Comisión Provincial por la Memoria. PINEAU, Pablo y MARIÑO, Marcelo (2006): El principio del fin. Políticas y memorias de la educación en la última dictadura militar (1976-1983). Buenos Aires: Colihue. 16 Cfr. PUIGGRÓS, Adriana (dir.) (1996): Dictaduras y utopías en la historia reciente de la educación argentina. Buenos Aires: Galerna. 17 KAUFMANN, Carolina y DOVAL, Delfina (1999): Paternalismos Pedagógicos. Rosario: Laborde. 18“Bases para la intervención de las Fuerzas Armadas en el Proceso Nacional”, en JUNTA MILITAR (1980): Documentos básicos y bases políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional. Buenos Aires: Congreso, p.23

Las investigaciones referidas al particular de la realidad educativa han permitido avanzar en el conocimiento de la escuela como el espacio donde el PRN pretendía difundir su ideología y afiligranar el consenso, conjuntamente con otros medios de integración social. No obstante al analizar el proyecto educativo desde las modificaciones curriculares, poniendo el acento en la idea de dominación, han dejado vacante la comprensión más amplia de cómo docentes y alumnos se reúnen en un contexto histórico-social determinado tanto para crear como para reproducir las condiciones de su existencia. Siendo su preocupación central el currículum y no las prácticas sociales, no se han interesado en observar el conjunto de instituciones y prácticas educativas que pretendieron ser eliminadas por el PRN, como vía de conocimiento de prácticas de solidaridad que presentaban un carácter contra hegemónico. En dicho sentido podemos averiguar más elementos si examinamos las prácticas e instituciones que se oponían a la sociedad occidental y cristiana. En las investigaciones consultadas no hay intersticios donde la “penetración capilar”19del régimen deje lugar a la autocreación, mediación y resistencia. Por otra parte no hemos encontrado trabajos que rastreen el discurso cultural ideológico de orden, su maridaje con la construcción de la subversión como problema, su posterior canalización en el ámbito educativo y la conformación de intelectuales orgánicos al programa reorganizador. Tampoco hemos hallado trabajos que den cuenta de las estrategias de quienes intentaron no ser agentes reproductores del sistema, ni si para los destinatarios del proyecto educativo de la dictadura, éste significó un intento de modelar su estructura de percepción20, a sola excepción de Pineau, quien en su libro le dedica seis páginas21. A grandes trazos, todos los esfuerzos investigativos referidos a la educación durante el PRN, realizaron análisis de corte descriptivo, orientados a conocer qué relaciones se establecieron entre las políticas oficiales y las ideas generadas en el ámbito académico pedagógico del período. Las investigaciones mencionadas, centradas en el análisis curricular, refieren a una peculiaridad del caso argentino donde habría predominado la destrucción de determinadas pautas curriculares sobre la construcción de un nuevo orden hegemónico22. Por su parte, nuestra investigación se asienta en la convicción de que sólo da inteligibilidad al programa del PRN su conexión con el sistema de 19

FILMUS: op. cit., p.12. WILLIAMS. Raymond (1997): Marxismo y literatura. Barcelona: Península. 21 PINEAU, Pablo: op. cit., pp. 100-106. 22 TEDESCO: op. cit. PINEAU, Pablo: op. cit. PALAMIDESSI, Mariano (1998): “La Política educacional de la dictadura militar argentina 1976-1983: una caracterización estructural”, en: Versiones, 10, Buenos Aires: UBA, pp. 6-11 20

relaciones sociales del cual la escuela es parte, y es lo que pretendemos demostrar con nuestro trabajo, centrado en torno a una fase del proceso de construcción de hegemonía por parte de un actor implicado en el desarrollo material del discurso cultural-ideológico de orden (cuya gestación ubicamos en el período de ascenso del peronismo, al cual percibían como causante de un supuesto desorden social). En dichos términos el PRN fue la materialización de la crisis orgánica por la que transitó la sociedad argentina. Formulación de la hipótesis de trabajo En estrecha vinculación al diseño del plan represivo del régimen surgieron dos de los interrogantes que guían nuestras indagaciones: ¿Cuáles fueron los mecanismos por los cuales la dictadura intentó construir su hegemonía?; ¿podemos entender el proyecto del PRN como un programa de educación colectiva? De allí nuestra hipótesis de que la fragmentación actual de la sociedad argentina y el exterminio de prácticas y personas por parte del PRN son parte de un mismo proceso. Porque como sostiene Gramsci, los efectos de la hegemonía son más que contradictorios. Cuanto más auténticamente hegemónica es una clase, tanto más permite a las clases adversarias la posibilidad de organizarse y constituirse en fuerza política autónoma23. El discurso cultural ideológico de orden en las aulas En la planificación que antecedió al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 las FF.AA. realizaron un diagrama respecto de las oposiciones con las cuales se encontrarían al asumir el poder de facto24. De entre los que denominaba oponentes activos, (aquellos que se opusiesen a la toma del poder u obstaculizaran el ejercicio del gobierno militar), se encontraba el movimiento estudiantil, universitario y secundario. Su peligrosidad estaba dada por “responder a corrientes ideológicas orientadas hacia el socialismo [y por servir] en lo fundamental a intereses de la subversión”25. Se establecían las posibles acciones de oposición que podrían realizar los estudiantes, tales como huelgas, paros, tomas de edificios y la realización de actos y concentraciones junto con organizaciones obreras para buscar la alianza obrero estudiantil. Así mismo los consideraba potenciales integrantes de las organizaciones político militares. Una vez usurparon el poder del Estado las FF.AA. pusieron en práctica el programa del PRN, trazando un horizonte refundador, por un lado se proponía eliminar toda forma de 23

BUCI-GLUCKSMANN: op., cit. JUNTA DE COMANDANTES GENERALES: Plan del Ejército (Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional), Febrero de 1976. [en línea, fecha de consulta 25/05/2012] Disponible en: http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/document/militar/plan/plan00.htm 25 Ibídem. 24

oposición existente o potencial, y por otro reestructurar todo el aparato del Estado, para una nueva república: restituir los valores que sirven de fundamento a la conducción integral del Estado, (...) erradicar la subversión y promover el desarrollo económico de la vida nacional (...) a fin de asegurar, la posterior instauración de una democracia, republicana, representativa y federal26. De acuerdo al programa de las FF.AA. reorganizar la sociedad suponía no sólo aniquilar a los oponentes, y sus ideas, era preciso sembrar el terror en el conjunto de la sociedad. De esta manera el terrorismo de Estado, en Argentina, ya no sólo debe ser caracterizado por sus actos de violencia estatal persecutoria, sino también por la irradiación del temor a la totalidad del conjunto social, donde cada uno de los ciudadanos teme ante la posibilidad de convertirse en objeto de la represión. La dimensión represiva se tradujo en decenas de miles de asesinados, de muertos en enfrentamientos, de desaparecidos, de exiliados, etc. negando a los represaliados cualquier espacio en la nueva república. Como hemos mencionado uno de los objetivos de la represión del PRN se dirigió a los jóvenes, a la educación, y a la cultura en tanto: Se ha comprobado que aquélla [la lucha armada] existe en virtud de que antes y durante su desarrollo, la ideología de la muerte se introdujo y dominó la educación y la cultura, el sector del trabajo, la economía y la justicia27 Parecería que esa comprobación se prefiguró al haber convertido en premisa la idea de la infiltración cultural haciendo de ésta una profecía autocumplida. Pero ¿de dónde tomaban esta idea de la infiltración cultural? pues si Roger Trinquier leyó a Mao para mejor diseñar sus planteos contrarrevolucionarios28, Díaz Bessone leyó a Gramsci. Según el militar argentino, Gramsci enseñó a los subversivos como conseguir el dominio del Estado si previamente realizaban un cambio cultural en los valores tradicionales de un país. De ello se seguía que la subversión se infiltraba en la cultura, la educación, los medios de comunicación, la religión, el arte, etc.29. Desde fines de los años `50 las FF.AA. argentinas se prepararon en la acción contrarevolucionaria, distintos manuales, reglamentos y leyes contribuyeron a la institucionalización de la guerra revolucionaria. Así durante el PRN la experiencia 26“Acta fijando el propósito y los objetivos básicos para el PRN”, en JUNTA MILITAR: op. cit., pp. 7-8. 27 GOBIERNO (1979): El Terrorismo en la Argentina. Evolución de la delincuencia terrorista en la Argentina. Buenos Aires: El Gobierno, p. 3. 28 TRINQUIER, Roger (1977): La guerra moderna. Buenos Aires: Cuatro Espadas. 29 Cfr. DÍAZ BESSONE, Ramón Genaro (1996): Testimonio de una década. Buenos Aires: Círculo Militar, pp. 91-94.

adquirida les permitió contar con una dinámica importante al momento de realizar diagnósticos tales como los contenidos en la Directiva del Comandante en Jefe del Ejército Nº 504/77: a) El ámbito educacional ha sido objeto, por parte de la subversión de una creciente infiltración y captación ideológica en todos los niveles de enseñanza, con la finalidad de formar futuras clases dirigentes de país y cuadros de sus organizaciones político –militares. El accionar subversivo en este ámbito se lleva a cabo fundamentalmente a través de: 1) Personal directivo, docentes y no docentes, ideológicamente captados, que a través de decisiones, cátedras o charlas informales, difunden ideologías subversivas. 2) Organizaciones estudiantiles de nivel secundario y universitario que realizan actividades de captación e intimidación en estrecha vinculación con las OPM. 3) Empleo de bibliografía y recursos didácticos que en forma objetiva o subjetiva sirven para difundir ideas extrañas a nuestros principios de nacionalidad30. Intentaban, a través de canales diversos, reproducir ampliadamente el mismo mensaje a toda la sociedad: Después del 25 de mayo de 1973, cuando Cámpora asumió el poder y liberó a los guerrilleros, la izquierda marxista que había trabajado en todos los frentes para facilitar ese asalto al poder recibió el premio que más codiciaba: la conducción de la educación del país31. Primaba la idea de que tanto la escuela como la familia eran los objetivos predilectos de la subversión para su destrucción: ¿Qué les están haciendo a nuestros hijos? (...) En este tiempo criminal que nos toca vivir, ante esta guerra subversiva que amenaza destruirlo todo, uno de los objetivos claves del enemigo es su hijo, la mente de su hijo32. Para reorientar dicha situación desde el Ministerio de Cultura y Educación, el PRN, se propuso: restaurar el orden, interviniendo en las diferentes instituciones del sistema educativo. Poniendo en marcha mecanismos coercitivos para conseguir la colaboración activa de los docentes con la represión militar “a fin de convertirlos en principales 30

COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO: Directiva del Comandante en Jefe de Ejército Nº 504/77. (Continuación de la ofensiva contra la subversión durante el período 1977/78), de 20 de abril. [en línea, fecha de consulta 25/05/2012] Disponible en: http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/document/militar/50477.htm 31 “Carta abierta a los padres argentinos”, Gente, 16/12/1976 32 “Carta abierta a las madres argentina”, Para Ti, 5/07/1976.

ejecutores y colaboradores directos para la obtención del objetivo sectorial, cual es, la erradicación de la subversión en la cultura y educación del país”33; en simultáneo se instaló un sistema de represión específico para el sector, con inhabilitaciones, desplazamientos, cesantías, y la suspensión del Estatuto Docente34. No obstante, en 1977, las FF.AA. constataban con cierto disgusto que “si bien se intentó erradicar la subversión en este ámbito, no se logró alcanzar resultados significativos”35. El ministro de cultura y educación, Ricardo Bruera, se haría eco del reclamo de los resultados ineficientes: He percibido una carga de ansiedades hacia el final del curso lectivo 1976. Como si el evitar para la joven generación los peligros de ayer, tuviese necesariamente que correr parejo con una actitud sólo represiva y angustiante36 Esa constatación se tradujo en un mayor esfuerzo por oficializar la versión de la realidad, avanzando en la colonización del discurso oficial, como certifica el ministro: Fue, ciertamente, el negativo impacto de falsas opciones (...) con las que nos indujeron a la disolución social mediante la quiebra de todas las responsabilidades de la autoridad paterna, el desprestigio de la institución familiar, la negación del ejercicio válido y honesto del poder adulto para arquitecturar orgánicamente el juego generacional37 En ese contexto el PRN se propuso desarrollar una política de acercamiento, asesoramiento y apoyo a las autoridades culturales, educativas y de ciencia y tecnología, con la finalidad de lograr la adopción de medidas político-administrativas, tendientes a la eliminación de las distintas manifestaciones contestatarias. Como intento de ese acercamiento se publicó una suerte de manual instructivo titulado Subversión en el ámbito educativo38, cuyo propósito confeso era colaborar con los docentes en la comprensión y erradicación de la subversión del ámbito educativo. 33

COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO: op. cit. 34 Cfr. Argentina. Ley 21.260/1976, de 24 de marzo. Fíjase fecha para dar de baja a distinto personal, Boletín Oficial de 26 de marzo de 1976, núm. 23.372, p. 2. Argentina. Ley 21.261/1976, de 24 de marzo, Suspéndese transitoriamente el derecho a huelga. Sanciones, Boletín Oficial de 26 de marzo de 1976, núm. 23.372, p. 3. Argentina. Ley 21.274/1976, de 29 de marzo. Organismos del Estado. Autorízase a dar de baja por razones de servicio a personal de diversos Organismos del Estado, Boletín Oficial de 2 de abril de 1976, núm. 23.377, p. 2. 35 COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO: op. cit. 36 MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN: Iniciación del Curso Lectivo 1977, Mensaje del Señor Ministro de Cultura y Educación, Prof. Ricardo Enrique Bruera. Santa Fe, 7 de marzo de 1977. Buenos Aires: Talleres Gráficos, 1977. 37 Ibídem. 38 MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN (1978): Subversión en el ámbito educativo. (Conozcamos a nuestro enemigo). Buenos Aires. [Resolución nº 538, 27/10/1977]

El manual explicaba que junto a las manifestaciones violentas y visibles de la subversión (huelgas, secuestros, asesinatos, sabotajes, ataques a cuarteles y comisarías), había otras acciones menos visibles, pero igual de peligrosas, tales como la desjerarquización generalizada, la educación tendenciosa, el fomento de la corrupción, la pornografía, y las drogas39. Finalmente describía las causas que se hallaban detrás de las acciones más ocultas de la subversión “pareciera que no nos damos cuenta de lo que sucede (...) aun creemos que no nos hallamos en tiempo de guerra”40. Para explicarla empleaban la interpretación de Díaz Bessone respecto de la infiltración cultural: Esta agresión apoyada es una permanente, intensa, vasta y profunda Acción Sicológica a través de la educación, la cultura, los medios de comunicación social, etc., desarrolla sus estrategias particulares en los distintos ámbitos adecuándolos a los tiempos, a las características particulares de la sociedad a atacar (...) para ello actúa simultáneamente en todos los ámbitos y trata de socavar los cimientos de nuestras instituciones y destruir nuestros valores41. A través de una concepción dicotómica de la sociedad, donde un nosotros (la comunidad nacional) era agredido por un otro (la subversión), se buscaba involucrar a los docentes en la defensa del ser nacional frente al ataque de las “Organizaciones subversivas que operan en el ámbito educativo”. Estas organizaciones operaban desde el nivel preescolar hasta la universidad por considerar “a los ámbitos de la cultura y la educación, como los más adecuados para ir preparando el terreno fértil hacia la acción insurreccional de masas”42. Si bien las autoridades gubernamentales reconocían que la subversión se hallaba prácticamente desarticulada y sin capacidad operativa, alertaban sobre la impostergable tarea de detectar el proceder subversivo en las escuelas. Siendo necesario el control del director y de los padres sobre la enseñanza recibida por los alumnos, la vigilancia y la denuncia entre los miembros de la comunidad educativa. El segundo momento de la colonización el Proyecto Educativo. Conformación de un sistema educativo acorde con las necesidades del país, que sirva efectivamente a los objetivos de la Nación y consolide los valores y aspiraciones culturales del ser argentino43.

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Ibídem, p. 8. Ibídem, p.11. 41 Ibídem, pp. 12-14. 42 Ibídem, p. 43. 43 “Acta fijando el propósito y los objetivos básicos para el PRN”, en JUNTA MILITAR: op. cit., p. 8. 40

Con claridad meridiana exponía la dictadura uno de sus objetivos prioritarios: la reforma del sistema educativo. La concepción del proyecto educativo del PRN estaba signada por una política “en todos los órdenes y niveles basada en la disciplina y con un contenido nacional y cristiano”44. En ese sentido se trató de una política autoritaria, que atacó las fuentes de conocimiento crítico, donde el aporte fundamental de los maestros y profesores debía ser el de “transmitir contenidos identificados con los valores esenciales de la nacionalidad, vinculados con nuestras tradiciones histórico culturales de la moral cristiana”45; y como contraparte procuró eliminar el debate, interrumpir los lazos y organismos identificados con la solidaridad gremial. Haciendo de la escuela un espacio central de su intento por legitimar la racionalidad de sus prácticas: Así podremos desde el sistema educativo afianzar el sentido moral que siempre distinguió, a nuestros jóvenes y a nuestro pueblo, evitando que pueda ser captado en el futuro por la acción nefasta de la frivolidad, de los extremismos y la delincuencia subversiva46 Como decíamos el proyecto educativo del PRN estaba orientado en primer término a la imposición disciplinaria para destruir todo lazo de identificación colectiva, en aras de una individualidad aislada, como manifestaban en la búsqueda del hombre armónico: porque preferimos la armonía al equilibrio porque los más altos valores humanos (la belleza, el bien, el amor, etc.) proceden de la armonía y no del equilibrio porque en el orden social, el equilibrio no basta para producir armonía47. La gestión educativa de la dictadura se propuso eliminar las propuestas subversivas contrarias al orden e introducir pautas de socialización vinculadas a una formación espiritualista en desmedro de una formación científica. Estas pautas tuvieron como punto de partida una “sociedad inspirada en los principios cristianos involucra la prevalencia del espíritu sobre la materia”48, un ordenamiento disciplinar de corte oscurantista como lo refiere el segundo ministro de Cultura y Educación del PRN Rafael Llerena Amadeo: “Pero ¿no es evidente que el hombre puede saltar las fronteras

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“Anexo I. Medidas inmediatas de gobierno”, en Ibídem: op. cit, p. 23. 45Cfr. MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN: Inclusión de ética y deontología en la formación superior no universitaria (incluye la formación docente). Resolución Nº 1196. Buenos Aires, 9 de julio de 1980. 46 MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN: Educar para la paz. Texto del mensaje del ministro de Cultura y Educación, Dr. Juan Rafael Llerena Amadeo, en la 37 Reunión de la Conferencia Internacional de Educación de la UNESCO en el Palacio Wilson, de Ginebra -Suiza-, el 6 de julio de 1979. Buenos Aires, 1979, p.6. 47Ibídem, p. 6. 48 “Bases políticas del las Fuerzas Armadas para el PRN”, en JUNTA MILITAR: op. cit., p. 46.

determinantes de la materia e incluso de la vitalidad porque en él anida el espíritu?”49. La individualidad y el oscurantismo se materializaron mediante la inclusión de ética y deontología profesional en todos los planes de estudio de los profesorados, cuyo articulado programático se vertebraba en torno a “La persona humana: corporeidad y espiritualidad (...) El orden natural, moral y trascendente”50. Toda esta política adquirió una dimensión represiva en el plano ideológico, orientada a destruir todas las formas de expresión vinculadas a las corrientes filosófico-pedagógicas gravitantes en Argentina entre los años 60 y la primera parte de los 70. Se reguló no sólo el puesto de trabajo del docente sino también las características personales del mismo, al realizar con fuerza de ley una definición del docente quien debe ser “un orientador en el proceso de aprendizaje, en la “formación de hombres””51. El docente debía ser un agente reproductor de los valores “ético-espirituales que sustentan el ser nacional”52, para lo cual se había puesto en marcha el Sistema Nacional de Perfeccionamiento y Actualización Docente, pensado para orientar su vida personal y profesional53, quien debía aspirar a un “modelo ejemplar y dar testimonio de él, tanto en su actuación docente como en su vida personal”54. Para el PRN se imponía acabar con la “agresión de ideologías disolventes contrarias al orden natural y a la concepción cristiana de la vida”55. El programa Hacia una renovación de la Escuela Media se convirtió en piedra angular del proyecto nacional. Su importancia estaba dada en ser el programa de formación y capacitación docente, para formar docentes comprometidos con principios y valores ético-espirituales, en el marco de una cosmovisión trascendente y cristiana que evitara la presión masificadora de la sociedad y potenciara la realización del hombre singular y concreto 56. La modificación de los contenidos mínimos de los programas de estudio en el nivel medio que significaron, entre otras cosas, nuevos contenidos en Historia, donde se agregaron apartados tendientes a tratar la problemática de la agresión marxista. Y una de las máximas satisfacciones de la gestión ministerial, la incorporación a la currícula del nivel medio de Formación Moral y Cívica: 49MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN: op. cit., 1979, p. 5. 50MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN: op. cit., 9 de julio de 1980, p. 3. 51MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN: Formación docente. Resolución Nº 538. Buenos Aires, 11 de abril 1980, p. 9. 52Ibídem, p. 10. 53Ibídem. 54Ibídem, p. 17. 55Cfr. Ibídem. 56Cfr. Ibídem.

Demás está que destaque lo importante de la incorporación de Formación Moral y Cívica, en cuanto hace a la formación

integral del hombre y en este caso

particular del hombre argentino57. Dentro de la difícil tarea del observador de no quedar atrapado en la línea destructiva del régimen y encontrar las unidades dotadoras de sentido dentro de un arsenal de medidas (leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, etc.) que involucran a distintos funcionarios en la titularidad del ministerio, declaraciones como la anteriormente citada permiten hallar la unicidad en el programa dictatorial. Pues una de las primeras medidas tomadas por el ministerio de Cultura y Educación del PRN, fue suprimir, el 1 de abril de 1976, los contenidos de la asignatura Estudio de la Realidad Social Argentina (ERSSA), y reemplazarla por Formación Moral y Cívica. El proceso de enseñanza y aprendizaje se aunaban con los principios deseados de la disciplina, y el orden como había sido propugnado desde el comienzo del régimen militar, cuando Ricardo Bruera, ministro de educación y cultura, le hiciera saber a la ciudadanía que: Tendrá primacía inmediata en la acción del gobierno (...) la restauración del orden en todas las instituciones escolares. La libertad que proclamamos como forma y como estilo de vida, tiene un precio previo, necesario e inexcusable: el de la disciplina58. Sin embargo cuando el régimen preparaba su retirada, y constataba con desagrado que los mecanismos de formación del cuerpo docente, no eran suficientes para conseguir el acompañamiento a la tarea fijada por el PRN, y al comprobar la ineficacia de las medidas represivas, acudía a la amenaza abierta: Si esa libertad del docente para elegir bibliografía en sus cursos no es bien empleada y yo descubro que hay algún docente que utiliza textos contrarios a la tradición, a las buenas costumbres, al ser nacional, a la doctrina nacional, evidentemente voy a tener que llamar a ese docente y veré lo que ocurre59. Por medio de mecanismos coercitivos y cohesionantes, el bloque dominante intentaba quebrar la fisonomía y el comportamiento de la sociedad, afectando la capacidad de las instituciones educativas, debilitando las posibilidades de resistencia y los lazos de

57MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN: Exposición realizada por S.E. el ministro de Cultura y Educación, Dr. Juan Rafael Llerena Amadeo, por la cadena oficial de radio y televisión, el día 9 de marzo de 1981. Buenos Aires: Talleres Gráficos, 1981, p. 7. 58Clarín, 14/4/1976. 59“Declaraciones del Ministro de Cultura y Educación”, La Prensa, 5/02/1983.

solidaridad entre los actores educativos. Pero, de acuerdo a los pronunciamientos y a los informes de situación gubernamentales ¿podemos pensar que la escuela, no fue reproductora lineal y eficiente de las pretensiones hegemónicas y homogeneizantes del programa refundacional del PRN?, ¿podemos pensar que la escuela se opuso a reproducir el modelo dictatorial, y preservo ciertos valores y principios contrarios al PRN? Bibliografía BRASLAVSKY, Cecilia (1989): “La educación en la transición a la democracia: Elementos y primeros resultados de una comparación”, en Propuesta Educativa, I, 1, pp. 30-43. Buenos Aires: Miño y Dávila. BRASLAVSKY, Cecilia; TIRAMONTI, Guillermina (1990): Conducción educativa y calidad de la enseñanza media. Buenos Aires: Miño y Dávila. BUCI-GLUCKSMANN, Christine (1978): Gramsci y el Estado. Madrid: Siglo XXI. DÍAZ BESSONE, Ramón Genaro (1996): Testimonio de una década. Buenos Aires: Círculo Militar. EQUIPO DE EDUCACIÓN DEL CÓMITE DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO ARGENTINO (1978): “Informe. La política educativa de la Junta Militar en Argentina”, en Cuadernos Políticos, 17, julio-septiembre, ERA, pp. 102-113. FEIERSTEIN, Daniel (2007): El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina. Madrid: FCE. FILMUS, Daniel (1996): Estado, sociedad y educación en la Argentina de fin de siglo. Proceso y desafíos. Buenos Aires: Troquel. FRANCO, Marina y LEVÍN, Florencia (comp.): Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción. Buenos Aires: Paidós. GRAMSCI, Antonio (1977): Antología. Selección, traducción y notas de Manuel Sacristán. México: Siglo XXI. GRAMSCI, Antonio (1999): Cuadernos de la Cárcel. Tomo V. México: ERA. GROPPO, Bruno y FLIER, Patricia (comps.) (2001): La imposibilidad del olvido. Recorridos de la memoria en Argentina, Chile y Uruguay. La Plata: Al Margen. KAUFMANN, Carolina y DOVAL, Delfina

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Una aproximación al estudio de las relaciones entre coerción y consenso en el caso del Operativo Independencia (febrero de 1975 – marzo de 1976), Tucumán.

Ana Sofía Jemio

Pertenencia Institucional: Centro de Estudios sobre Genocidio / UNTREF

Términos claves: genocidio – consenso – operativo independencia

Este trabajo se enmarca en los inicios de un proyecto de investigación sobre las prácticas sociales genocidas durante el Operativo Independencia (febrero de 1975 – marzo de 1976) en los departamentos del sur tucumano Lules, Famaillá y Monteros. Una dimensión de análisis relevante en este proyecto es la problemática relación entre coerción y consenso en la implementación de un modo específico de dominación cuyo núcleo operativo central consistió en el asesinato sistemático de personas y la posterior desaparición de sus cuerpos. Con el objetivo de avanzar en la construcción de un modo de aproximación a esta problemática, se toma como punto de partida aportes de trabajos académicos sobre el consenso social hacia la última dictadura militar que serán repensados a partir de herramientas teóricas del pensamiento gramsciano y conceptos del campo de estudios sobre genocidio. Los estudios sobre el consenso hacia la dictadura militar Desde el ámbito académico se han estudiado diferentes fenómenos bajo la rúbrica general del consenso prestado por la sociedad al golpe de Estado de 1976 y a la posterior dictadura militar. Estos estudios tienen como rasgo común el cuestionamiento a la imagen de la corporación militar como única responsable y artífice de la empresa represiva. Tras esta unidad temática, que incluye trabajos de muy diversa índole, se reconocen dos tipos de estudio que involucran problemáticas específicas. Por un lado, aquellos que investigan las prácticas de diversas organizaciones corporativas o instituciones, en particular las cúpulas partidarias, las asociaciones empresarias, la jerarquía eclesiástica, los grandes medios de prensa o las dirigencias sindicales60. Por otro lado, los trabajos que abordan las actitudes de quienes no estuvieron encuadrados en estas instituciones u organizaciones, a los que se nombra bajo el 60

Sobre las vinculaciones entre empresas y dictadura ver Basualdo, 2006; Friera, 2002 y Pucciarelli, 2004; sobre la participación de la iglesia en el régimen, Mignone, 1986; Obregón, 2005 y Verbitsky, 2001; con respecto a los partidos políticos durante el Proceso, Quiroga, 1994; Yannuzzi, 1996 y Tcach, 1996. Otros trabajos analizan el papel de los sindicatos (Abos, 1984; Calello y Parcero, 1984 y Simonassi, 2007) y de los medios de comunicación (Díaz, 2002 y Blaustein y Zubieta, 1998).

título genérico de “la sociedad”, los ciudadanos “comunes” o la “gente corriente” (Lvovich, 2006 y 2008; Romero, 2001; Águila, 2008). Las investigaciones empíricas acerca de los comportamientos de grupos corporativos o elites institucionales ponen de relieve distintos tipos de vinculación con el proyecto dictatorial que van desde la participación material en el sistema represivo –como los casos emblemáticos de los directorios de Mercedes Benz, Ford y Ledesma– hasta la legitimación discursiva de la intervención de las fuerzas represivas en la llamada “lucha contra la subversión”. En tanto se evidencian distintos niveles de participación de las organizaciones en el régimen, el problema del consenso se imbrica frecuentemente con distintas evaluaciones acerca de los niveles de responsabilidad que tuvieron los actores en ese proceso. Esto se expresa en la utilización de diversas categorías para dar cuenta de las prácticas de estos sectores, como complicidad, sumisión, consenso activo o corresponsabilidad. En los trabajos académicos que abordan las actitudes de consenso y apoyo a la dictadura por parte de la “gente común” o la “sociedad” existe un relativo acuerdo en que, en un primer momento, una parte significativa de la sociedad apoyó el golpe de Estado (Romero, 2001; Calveiro, 2008; Vezzetti, 2002). Sin embargo, las investigaciones empíricas que permitan sustentar dichas afirmaciones son relativamente escasas debido a la dificultad que supone abordar este tipo de actitudes en un régimen dictatorial que impedía y penalizaba toda expresión de disidencia. En este sentido, se ha resaltado que la ausencia de una resistencia activa y abierta en amplios sectores de la sociedad no implica necesariamente la existencia de un consenso tácito motivado por la aprobación de las políticas del régimen (Lvovich, 2006). Estas dificultades en el abordaje de los comportamientos y actitudes bajo un régimen dictatorial no se limitan sólo a una cuestión de fuentes; involucran también discusiones teóricas en torno a cómo explicar estas actitudes. En general, los trabajos toman en cuenta tanto los efectos del terror como factor explicativo del silencio-consenso como la existencia de una aceptación genuina o al menos una tolerancia por parte de la sociedad al exterminio de la “subversión”, atribuyendo distintos pesos a estos factores (Águila, 2008; Cheresky, 1998; Corradi, 1996). Los autores que se inscriben en esta última perspectiva suelen argumentar que la cultura política argentina tenía una larga tradición de autoritarismo y de negación de los derechos del adversario que contribuyó a hacer tolerable el exterminio (Calveiro, 1998; Romero, 2001). Otra vía de abordaje a esta problemática es el estudio de las iniciativas desplegadas por el régimen con el objetivo de generar un cierto consenso social. Desde esta perspectiva, se asume que cualquier régimen político no puede mantener su pervivencia basándose exclusivamente en

la fuerza, aunque ésta sea un componente fundamental. El planteo conceptual subyacente es que la formación del consenso no es un fenómeno espontáneo. A través de una serie de mecanismos, un conjunto de procesos, instituciones y aparatos se producen operaciones destinadas a la organización del consenso; esto es, a producir y extender comportamientos en relación con el poder (Calvo Vicente, 1995; Lvovich, 2006; Águila, 2008). Finalmente, y en íntima vinculación con las problemáticas señaladas, un debate que atraviesa estos trabajos es la pertinencia del concepto “consenso social” para analizar actitudes sociales en regímenes dictatoriales (Lvovich, 2006). Ciertamente, esta discusión radica en el modo en que se define dicho concepto. Las posiciones que rechazan la utilización de este término sostienen que la aceptación pasiva o la resignación no son actitudes que supongan estrictamente un consenso. Así, G. O’Donnell (1997) argumenta que las dictaduras, al eliminar la ciudadanía y reducir la participación a una “aprobatoria contemplación de las tareas que emprenden las instituciones estatales”, sólo pueden aspirar a un consenso tácito que, más que consenso, consiste en la despolitización, apatía y refugio en una cotidianidad altamente privatizada (p. 7980). Por su parte, quienes defienden la utilización de este concepto lo conciben de modo diferente, sosteniendo que no es necesario que existan adhesiones activas para hablar de consenso. Este trabajo buscará profundizar y replantear las problemáticas planteadas hasta aquí en función del caso analizado. Tomando cómo áreas de estudio diferenciadas las actuaciones de organizaciones e instituciones, por un lado, y de la “gente común” por otro, este trabajo procura construir desde el pensamiento gramsciano un modo posible de conceptualización de estas distintas áreas. Y propone, también, una forma de concebir las articulaciones entre ellas. El Operativo Independencia A través del Decreto Secreto Nº 261 del 5 de febrero de 1975, la presidente constitucional Isabel Martínez de Perón, en acuerdo general de ministros, ordenó el inicio del Operativo Independencia. El documento oficial disponía la realización de operaciones militares, de acción cívica y psicológica a “efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos”. Para llevar adelante esta tarea, el decreto ordenaba la acción de organismos del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial, Policía Federal y Provincial, Gendarmería, Armada y Aeronáutica bajo el control del Ejército, institución que tuvo a cargo la responsabilidad operativa directa en el territorio. El 9 de febrero de ese año, unos mil quinientos efectivos ocuparon el territorio oficialmente delimitado como la zona de operaciones del Ejército, que abarcaba los departamentos del sur

tucumano Lules, Famaillá y Monteros61. El Ejército desplegó en la zona un verdadero “escenario de guerra”: instaló trincheras y puestos militares en todo el territorio, estableció un estricto control de circulación de personas y mercancías y asumió el control directo o indirecto de las principales organizaciones estatales y civiles de esos departamentos. Los trabajos de investigación acerca del funcionamiento del sistema represivo en la provincia registran, hasta el momento, un total de 802 casos de desapariciones forzadas y asesinatos entre 1975 y 1983, el 35% de los cuales corresponden al período del Operativo Independencia62. En ese período funcionaron en la provincia al menos nueve espacios clandestinos de reclusión63, ocho de los cuales se ubicaban en Lules, Famaillá y Monteros. Esto nos permite postular que las prácticas sociales involucradas en aquella operación militar constituyen el inicio del plan sistemático de exterminio que se extendió hacia todo el territorio nacional en octubre de 1975, fijando como zona prioritaria el eje Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Capital Federal y La Plata; y se generalizó a partir de la dictadura militar iniciada el 24 de marzo de 197664. En este sentido, el Operativo Independencia implicó un cambio cualitativo en la política represiva que había comenzado a intensificarse a partir de la muerte de Perón a través de la Triple A y otras fuerzas parapoliciales y paramilitares. Este cambio se registra tanto en la metodología represiva como en el carácter de la fuerza represora: la práctica de secuestro y desaparición forzada de personas, que ya se venía utilizando de manera esporádica, se convierte en un mecanismo sistemático y planificado cuyo dispositivo principal será el Centro Clandestino de Detención. Y el Estado vuelve a centralizar, en su carácter institucional, la dirección de las acciones represivas desplegadas hasta entonces a través de los grupos paramilitares.

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La delimitación oficial de la zona de operaciones corresponde al área en la que se encontraba asentada la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Si bien en esa zona se instalaron las tropas militares, el accionar represivo se extendió a todo el territorio provincial. 62 Datos actualizados al 14-01-2011, cedidos por Inés Izaguirre, directora del proyecto de investigación “El genocidio en Argentina”, Subsidios UBACYT S017, S034, S136, SO 68. Subsidio CONICET PIP 1998 Nº 1075. 63 Los espacios clandestinos de reclusión reconocidos hasta el momento son la Chimenea de Caspinchango, el ex Ingenio Lules y el ex Ingenio Santa Lucía (bases militares); las comisarías de Famaillá y Monteros; los Conventillos de Fronterita (en la propiedad privada del Ingenio Fronterita); las escuelas Lavalle y Diego de Rojas; y la Jefatura Central de Policía de la provincia. Todos los datos acerca del sistema represivo son provisorios debido a la permanente actualización que se viene produciendo desde hace algunos años por las declaraciones de sobrevivientes que no habían denunciado oficialmente su secuestro y la investigación judicial generada a partir de la reapertura de las causas. 64 En octubre de 1975 el Poder Ejecutivo Nacional dicta los Decretos Nº 2770, 2771 y 2770, que son puestos en marcha a través de la “Directiva del Consejo de Defensa nº 1/75. (Lucha contra la subversión)” y la “Directiva Nº 404/75 (Lucha contra la subversión)”, ambos de carácter secreto.

Analizado retrospectivamente, el Operativo Independencia tuvo funciones polivalentes a nivel nacional. Funcionó como escuela para la formación de las fuerzas represivas, que posteriormente extenderán las prácticas sociales genocidas al conjunto del territorio nacional, y como laboratorio de ensayo de los mecanismos de terror que se aplicarían luego en los Centros Clandestinos de Detención y en la sociedad. En el plano simbólico, jugó un rol importante en la construcción de un consenso político y social en vistas a la instalación del Proceso de Reorganización Nacional. La acción de los grupos parapoliciales y paramilitares, además de tener un objetivo específico de aniquilamiento de los sectores en lucha, fueron generando a nivel social la percepción de una situación caótica y violenta que predisponía a ciertos sectores sociales a reclamar orden. El Operativo Independencia operó montándose sobre ese consenso construido acerca de la “necesidad de restaurar el orden” y presentando a las Fuerzas Armadas como el actor capaz de lograrlo. Al mismo tiempo, agudizó el aislamiento y el hostigamiento de las organizaciones armadas a nivel nacional, especialmente el PRT-ERP. A nivel provincial, supuso la ejecución de un plan sistemático de aniquilamiento durante un gobierno constitucional. En la práctica, esto implicó la instalación de una suerte de gobiernos paralelos. Mientras las autoridades políticas electas continuaron ejerciendo sus cargos y se mantuvo formalmente el funcionamiento de los tres poderes del Estado, las fuerzas represivas estatales “gobernaban” con sus propios métodos que, por cierto, no se limitaban al uso de la fuerza. La convivencia de estos dos poderes implicó distintos grados de connivencia, complicidad y colaboración de sectores civiles del Estado tanto provincial como nacional y de diversas organizaciones de la sociedad con las fuerzas represivas. En tanto el foco de análisis de este trabajo son las formas de construcción de un cierto consenso social a las operaciones represivas, se abordarán exclusivamente las prácticas destinadas a brindar un apoyo explícito y público al accionar militar. Esto no implica desconocer las múltiples vinculaciones entre sectores militares y civiles en lo que atañe al funcionamiento del sistema represivo65. Pero en tanto fueron eminentemente clandestinas o encubiertas, no formarán parte de este análisis. Los sujetos sociales. Sobre las instituciones y grupos corporativos En todo el desarrollo del Operativo Independencia, empresarios, políticos, representantes de la iglesia, sindicalistas, intelectuales y periodistas de Tucumán y el resto del país expresaron un apoyo activo a las actividades represivas ejecutadas por el Ejército. 65

Con esto se hace referencia a la participación, desde distintos roles, de grupos empresarios, funcionarios civiles del Estado provincial y sectores sindicales en el sistema represivo.

La investigación realizada por M. Artese y G. Roffinelli (2005) permite trazar algunas características de estos apoyos. El estudio se basa en el registro sistemático y exhaustivo de declaraciones públicas y otras acciones referidas a las políticas represivas realizadas por personas y/o representantes institucionales, publicadas en el periódico provincial La Gaceta entre el 1º de enero de 1975 y el 24 de marzo de 197666. A continuación se presentan sintéticamente algunos resultados de dicho análisis que resultan pertinentes para este trabajo: – Distinguiendo los registros según la intencionalidad de los hechos, los autores observan que las caracterizaciones acerca del “enemigo subversivo” fueron realizadas en un 91% a través de declaraciones públicas mientras que el apoyo a las fuerzas del régimen se materializó tanto a través de enunciados (53%) como de asistencia a actos cívico-militares y religiosos (45%)67. – Sólo el 7% de los hechos destinados a estigmatizar a las fuerzas populares fueron realizados en ámbitos castrenses. Los ámbitos estatales (casas de gobierno, palacios legislativos y /o judiciales, etc.) y las sedes partidarias y sindicales fueron los espacios en los cuales se produjeron la mayor parte de estos hechos (33% y 25% respectivamente). – Las declaraciones personales destinadas a brindar apoyo a las fuerzas armadas se realizaron por fuera de los ámbitos militares (72%) y más de la mitad de ellas fueron pronunciadas por personas de filiación político-ideológica peronista (60%). La misma tendencia, pero más acentuada, se registra en los enunciados que apuntaban a la caracterización del “enemigo subversivo”: sólo el 7% se pronuncia en ámbitos castrenses y el 76% provienen de personas ligadas al peronismo68. – Del total de intervenciones pronunciadas por dirigentes gremiales y sindicales, un 56% están dirigidas a apoyar a las fuerzas del régimen mientras que un 41% apuntan a caracterizar de manera negativa a las organizaciones populares. En el caso de los miembros de partidos políticos, los guarismos son el 62% y el 36% respectivamente. En cambio, las declaraciones pronunciadas por funcionarios del poder ejecutivo, judicial y legislativo (a nivel municipal,

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Como señalan los autores, el análisis de las declaraciones y acciones públicas no constituye un “espejo” que refleja la interpretación de la realidad de toda una población. Asimismo, debe tenerse en cuenta que los medios de información funcionan en muchos casos como medios de formación de la llamada “opinión pública”. Sin embargo, dichas declaraciones y acciones públicas permiten acceder a caracterizaciones y definiciones de diversas personificaciones sociales. 67 El análisis se basa en un total de 295 hechos registrados (declaraciones públicas, actos cívico-militares, actores religiosos y elaboración de leyes), 98 de los cuales apuntan a la caracterización del “enemigo subversivo” y 193 al apoyo a las fuerzas del régimen. 68 Los autores registran 533 intervenciones personales, efectuadas en los 295 hechos (en cada hecho puede intervenir más de una persona). Del total de intervenciones personales, 403 tienen como intención brindar apoyo a las fuerzas armadas y 143 están orientadas a caracterizar al “enemigo subversivo”.

provincial y nacional) y por representantes de la comunidad eclesiástica están dirigidas mayoritariamente a respaldar a las fuerzas del régimen (75% y 94% respectivamente)69. – Se registran 80 declaraciones personales agrupadas bajo la categoría “representantes de la sociedad civil”, la mayoría de las cuales está destinada a apoyar a las fuerzas del régimen. Una desagregación de esta categoría permite observar que la mitad de ellas son pronunciadas por representantes de organizaciones gremiales patronales, unidades educativas (fundamentalmente universidades) y por periodistas. Los datos aportados por esta investigación pueden considerarse como indicios claros acerca de la participación de representantes estatales y de grupos corporativos o elites institucionales, fundamentalmente dirigencias económicas, políticas, eclesiales y sindicales en la legitimación del exterminio contra parte de la población. Basándose en el pensamiento gramsciano, este trabajo propone pensar las prácticas de estas organizaciones e instituciones como funciones consensuales ejercidas por el Estado en sentido ampliado, es decir tanto por representantes de la sociedad política como por el “aparato privado de hegemonía de la clase dominante”. Para ello se asume que la puesta en marcha de un plan sistemático de aniquilamiento requiere como condición de posibilidad no sólo la acción de quienes ejecutan la matanza sino también la de quienes la legitiman. En este sentido, se considera que el genocidio involucró la movilización de una trama de sujetos sociales que excede la corporación militar e incluso atraviesa al Estado en sentido estricto, involucrando a organizaciones de la llamada sociedad civil. A través de algunas categorías de Gramsci, es posible establecer ciertos parámetros teóricometodológicos para analizar las especificidades de las prácticas de los distintos sujetos colectivos involucrados en este proceso pero también sus articulaciones. Es decir, analizar las dinámicas propias de las distintas organizaciones pero también la dinámica conjunta del proceso. En este trabajo se considera que el accionar de las fuerzas represivas se integra en el plan estratégico diseñado y conducido por las fuerzas sociales defensoras del régimen con el objetivo de derrotar social, política y militarmente a las fuerzas sociales populares y producir una transformación radical de las estructuras sociales, cuyo ordenamiento había hecho crisis (Marín, 2007; Villarreal, 1985). Desde esta perspectiva, el genocidio perpetrado en nuestro país constituye un momento clave en el proceso más amplio de reestructuración capitalista que se inició a mediados de la década del 69

Del total de intervenciones personales (533), 63 fueron realizadas por representantes sindicales o gremiales, 288 por funcionarios estatales y 34 por representantes de la comunidad eclesiástica.

setenta y logró una relativa estabilidad con la implementación del modelo neoliberal durante la década del noventa. Esta reestructuración implicó no sólo transformaciones en el patrón de acumulación sino también en el modo de estructuración de la sociedad, la política, la cultura, los imaginarios y las concepciones de mundo, es decir, en el patrón de hegemonía (Portantiero, 1980; Calveiro, 2005). Entender el genocidio como parte de una iniciativa de recomposición y reconfiguración de la dominación burguesa tiene implicancias a la hora de pensar la trama de sujetos involucrados en su desarrollo. Desde esta perspectiva, se podría postular que tanto los ejecutores directos de la masacre, las Fuerzas Armadas, como las organizaciones involucradas en el despliegue de un arsenal de recursos simbólicos y discursivos que contribuyeron a hacer posible el aniquilamiento pueden ser pensados como parte de la fuerza social que dirigió esa recomposición del sistema de dominación. Desde una perspectiva teórica, significa establecer un elemento unificador entre los sujetos y organizaciones que participaron desde distintos roles tanto en la construcción de las condiciones de posibilidad de esa matanza como en la matanza misma. Sin embargo, esto constituye sólo una primera orientación teórico-metodológica de carácter general y abstracto. En cualquier situación histórica, la lucha política no consiste en un simple enfrentamiento entre clases antagónicas. Como plantea C. Mouffe (1980): “Los sujetos de la acción política son voluntades colectivas que obedecen a leyes específicas, puesto que son la expresión política de sistemas hegemónicos creados a través de la ideología. En consecuencia, los sujetos (las clases sociales) que existen en el nivel económico, no se duplican en el nivel político. A este nivel se crean, en cambio, diferentes sujetos interclasistas” (p. 140) En este sentido, cuando se afirma que los distintos sujetos colectivos involucrados activamente en el desarrollo del genocidio pueden ser pensados como parte de la fuerza social que dirigió ese proceso no significa que estos sujetos constituyen homogéneamente “la clase burguesa” ni que pueden ser reducidos a “sus empleados”. Significa, por el contrario, que una heterogeneidad de sujetos políticos, relativamente autónomos, se articulan en una fuerza social cuya estrategia política estará orientada por la fracción de clase que logre dirigir a las demás. En este sentido, al interior de esta fuerza puede haber disputas para lograr la dirección del conjunto y no necesariamente todos los sujetos que allí participan tienen conciencia clara de la estrategia política que guía la acción de dicha fuerza. Podría pensarse a estas dos proposiciones como orientadoras de un enfoque que permita abrir la complejidad del análisis sin perder el criterio de unidad. Siguiendo la orientación metodológica

gramsciana, se trataría de “encontrar la identidad real bajo la aparente diferenciación y contradicción” (Gramsci, 2005: 166), entendiendo que identidad real no significa homogeneidad sino una tensión-cohesión orgánica (Prestipino, 2005). Este enfoque resulta particularmente propicio en el caso del Operativo Independencia debido a que se desarrolló en una coyuntura en la cual la burguesía tenía dividida sus fuerzas entre distintas fuerzas sociales interclasistas: la alianza hegemonizada por la gran burguesía financiera y la fuerza social en el gobierno, constituida por la alianza de clases del peronismo que había sufrido el desprendimiento de los sectores alineados al peronismo revolucionario. Ambas fuerzas sociales se planteaban entre sus objetivos, aunque de modo diferente, el aniquilamiento de las fuerzas sociales populares (Marín, 2007). Esto permitiría comprender el hecho de que la fuerza social representada por el peronismo en el gobierno haya iniciado el proceso de aniquilamiento y luego haya sido desplazada del poder. En el caso bajo análisis, permite también comprender los múltiples casos de dirigentes partidarios y gremiales alineados con el peronismo en el gobierno que, luego de haber prestado un apoyo entusiasta a las acciones represivas del Ejército durante 1975, fueron secuestrados y en algunos casos desaparecidos luego del golpe de Estado de 1976. El cambio cualitativo en la política represiva que representó el Operativo Independencia aparece profusamente legitimado por actores de la sociedad civil y política alineados en una y otra fuerza. Como fue mencionado, dicho cambio implicó la re-centralización de las tareas represivas por el Ejército. Los agentes vinculados a las fuerzas policiales y militares involucrados en las actividades represivas para-estatales fueron incorporados como parte de la estructura represiva mientras que los sectores sindicales y políticos que integraban la fuerza de choque provincial alineada con el peronismo en el gobierno dejaron de cumplir funciones represivas abiertas para articularse con el Ejército en funciones subalternas dentro del sistema represivo. En una suerte de división de tareas políticas, las funciones represivas quedaron centralizadas en manos del Ejército mientras que la función consensual tendiente a legitimar el exterminio fue ejercida fundamentalmente por representantes del Estado en sentido estricto y por el “aparato privado de hegemonía de la clase dominante”70. Los sujetos sociales. Sobre la “gente común” La información de la que se dispone hasta el momento para estudiar las actitudes de la “gente común” durante el Operativo Independencia no permite hacer afirmaciones certeras. Sólo 70

Se afirma fundamentalmente y no exclusivamente porque el Ejército desplegó sus propias estrategias de legitimación, sobre todo en la zona donde se asentaron las tropas.

permite constatar la existencia de actitudes variadas y heterogéneas no sólo entre sujetos sino en cada uno de los sujetos. Fueron relativamente frecuentes las prácticas de delación, pero también lo fueron las pequeñas o grandes resistencias individuales. Muchos guardaron silencio por el temor y la impotencia y otros tantos aceptaron entusiastas la intervención del Ejército. El “no te metás” y el “algo habrán hecho” circularon con frecuencia. En estas múltiples y variadas actitudes, el miedo fue relativamente omnipresente: en poblaciones pequeñas fuertemente militarizadas muy pocos “no se enteraban” que habían sido secuestrados vecinos, compañeros de trabajo, familiares y que en los lugares donde estaba asentado el Ejército había detenidos-desaparecidos. Por último, se puede afirmar, con mayor nivel de precisión, que el Ejército organizó las llamadas acciones cívicas que consistieron en campañas de vacunación, entrega de víveres y reparación de escuelas con el objetivo explícito –tal como se desprende de los documentos militares– de “suscitar el apoyo de la población civil”. También organizaron actos y festejos en fechas patrias u otros acontecimientos importantes, a los que asistían las “fuerzas vivas” del pueblo y muchos espectadores. En este apartado tomaremos algunas indicaciones del pensamiento gramsciano con el objetivo de especificar la categoría de “gente corriente” a fines de plantear líneas teóricas que permitan derivar algunas orientaciones metodológicas para la investigación. Si bien la “gente común” no constituye un término teórico, esta categoría se ha utilizado para aludir de manera genérica a quienes no participaban activamente en organizaciones, ya sean del campo popular o de las fuerzas del orden. La afirmación que aparece implícita en esta proposición es que los sujetos organizados serían “gente no común”. Es decir, se plantearía un corte entre unos y otros que apuntaría a evidenciar una diferencia de “naturaleza”. Sin embargo, en base a ciertas indicaciones de Gramsci sería posible plantear que esta diferencia no es de naturaleza sino de grado: “en una determinada sociedad nadie está al margen de una organización y de un partido, ya que ello se entiende en un sentido amplio y no formal. En esta multiplicidad de sociedades particulares, de doble carácter –natural y contractual o voluntaria–, una o más prevalecen relativa o absolutamente, constituyendo el aparato hegemónico de un grupo social sobre el resto de la población (o sociedad civil), base del Estado, entendido estrictamente como aparato-gubernativo” (Gramsci 2003, 161) ¿En qué sentido se puede interpretar la afirmación de que nadie está al margen de una organización y de un partido? Gramsci refiere aquí al hecho de que todo individuo desde su

nacimiento participa –y, podría agregarse, se constituye en sujeto– en determinadas concepciones de mundo: “Por la propia concepción del mundo se pertenece siempre a un determinado agrupamiento, y precisamente al de todos los elementos sociales que participan de un mismo modo de pensar y de obrar. Se es conformista de algún conformismo” (Gramsci, 1986: 246) El razonamiento gramsciano acerca de que nadie está al margen de una organización y un partido porque participa siempre de determinadas concepciones de mundo se fundamenta en una operación teórica de extensión del “lugar” de la política a todo el cuerpo de la sociedad. La clave de esta extensión se basa en dos elementos. Uno, es su concepto ampliado de filosofía, según el cual entre filosofía, sentido común, ideología y religión no existen diferencias cualitativas sino de grados, en tanto todas son concepciones del mundo que contienen principios morales para la acción71. Esta unidad entre teoría y práctica es la que permite plantear el segundo elemento, la identificación tendencial entre filosofía, historia y política: como en la concepción gramsciana toda filosofía es siempre histórica, es por lo tanto también política72 (Betances, 1988: 267-268). Retomando el planteo acerca de los sujetos organizados y no organizados, se puede afirmar entonces que esta distinción corresponde a una diferencia de grados en cuanto a los niveles de conciencia, coherencia y “libertad” de la concepción de mundo de la cual se participa, y, por lo tanto, los principios de acción que de ella se derivan: “¿Es preferible ‘pensar’ sin tener conciencia crítica, en forma disgregada y ocasional, o sea, ‘participar’ en una concepción del mundo ‘impuesta’ mecánicamente por el ambiente externo, y por lo tanto por uno de tantos grupos sociales en los cuales cada cual se encuentra automáticamente incluido desde su entrada en el mundo consciente (…) o es preferible elaborar la propia concepción del mundo consciente y críticamente y por lo tanto, en conexión con tal esfuerzo del

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“Si por religión se ha de entender una concepción del mundo (una filosofía) con una norma de conducta correspondiente, ¿qué diferencia puede existir entre religión e ideología (o instrumento de acción) y en último análisis, entre ideología y filosofía? ¿Existe o puede existir filosofía sin una voluntad moral correspondiente? Los dos aspectos de la religiosidad, la filosofía y la norma de conducta, ¿pueden concebirse como disociados (…)? Y si la filosofía y la moral son siempre unitarias, (…) no debe concluirse que ‘historicidad’ de la filosofía no significa otra cosa que su ‘practicidad’?” (Gramsci, 1986:162) 72 Al respecto Gramsci afirma: “El pensamiento filosófico no es concebido (…) como un desarrollo (…) sino como pensamiento de la realidad histórica” (Gramsci, 1986:120). Como toda historia es política, Gramsci afirma también la identidad de filosofía y política: “Reducción a ‘política’ de todas las filosofías especulativas, a momento de la vida histórico-política; la filosofía de la praxis concibe la realidad de las relaciones humanas de conocimiento como elemento de ‘hegemonía’ política” (Gramsci, 1986:143).

propio cerebro, elegir la propia esfera de actividad, participar activamente en la producción de la historia del mundo (…)?” (Gramsci 1986: 245) Desde esta perspectiva, es posible plantear que el análisis de los sentidos desde los cuales la “gente común” justificó o repudió el accionar represivo y las conductas que asumieron al respecto supone abordar como objeto de estudio elementos del sentido común de aquella época. Gramsci (1984) define el sentido común como la concepción del mundo difundida en una época histórica en la masa popular (p. 327). Expresa un cierto conformismo, un sentido de la “normalidad”, de lo “natural” pero también alberga “núcleos de buen sentido”. En este sentido, su característica específica es la de ser ocasional y disgregado, estar conformado por elementos dispersos y auto-contradictorios. En virtud de la operación teórica de extensión del “lugar” de la política a todo el cuerpo de la sociedad que se ha planteado, el terreno del “sentido común” se constituye en un ámbito clave de disputa política. Y esta disputa se desarrolla fundamentalmente a través de los organismos de la sociedad civil que intervienen activamente en la formación y transformación de ese sentido común. Intervienen reforzando sus elementos regresivos o intentando transformarlos; ahogando los núcleos de buen sentido o intentando potenciarlos. Si se acepta que éste es el ámbito de estudio que se aborda al analizar el consenso prestado por la “gente común” al Ejército, se puede considerar entonces que las prácticas de las organizaciones de la sociedad civil que tendieron a apoyar activamente a las fuerzas represivas y a estigmatizar al “enemigo subversivo” constituyeron iniciativas tendientes a organizar el consenso de la “gente común”. En la investigación de Artese y Roffinelli se señalaron las intervenciones de algunas de estas organizaciones, en general de sus dirigentes, en un medio de comunicación. Desde este punto de vista, pueden considerarse como iniciativas tendientes a suscitar cierto consenso a través de la formación de “opinión pública”. Sin embargo, también puede inferirse que estas posiciones señaladas por los dirigentes expresaban la postura de, al menos, una parte de esas organizaciones. Y que, por lo tanto, éstas actuaron en sus respectivos territorios orientadas por posiciones similares. Esto nos permite derivar algunas indicaciones para estudiar estas formas de organización del consenso en el territorio bajo análisis. En principio sería necesario identificar cuáles fueron las organizaciones de la sociedad civil que tenían un fuerte ascendente cultural en los pueblos. Teniendo en cuenta que se trata de localidades con población mayoritariamente obrera y que existían altos índices de afiliación gremial, el análisis del rol de los sindicatos resultaría relevante. Por otra parte, la tradición católica es fuerte en la zona, con lo cual la influencia de la

iglesia también debería ser analizada. Además, como señala Gramsci, cabría analizar el rol de los “intelectuales orgánicos” de los pueblos rurales, como los maestros, profesionales y médicos. Finalmente, es necesario aclarar que estas actividades de organizaciones de la sociedad civil tendientes a organizar un cierto consenso a las actividades represivas del Ejército no pueden ser analizados por fuera del efectivo despliegue de violencia. En los próximos apartados se abordará una aproximación a la necesaria vinculación entre estos elementos. Sobre el consenso y la hegemonía Hasta el momento, en este trabajo se ha utilizado las nociones de legitimidad y consenso para referirse al apoyo activo prestado por ciertas organizaciones de la sociedad civil y representantes de la sociedad política. Luego se han vinculado esas prácticas con iniciativas tendientes a organizar el consenso de la “gente común”. Sin embargo, antes de avanzar conviene explicitar desde qué perspectiva se utilizan nociones gramsciana ligadas al consenso para analizar una forma de dominación cuyo núcleo operativo central fue el uso sistemático del exterminio. Más específicamente, se buscará argumentar que un régimen de dominación basado en la fuerza no excluye funciones consensuales y directivas pero que dichas funciones no implican construcción de hegemonía. Se tomará como punto de partida la “doble perspectiva” en la acción política y en la vida estatal que plantea Gramsci: “Diferentes grados en que puede presentarse la doble perspectiva, de los más elementales a los más complejos pero que pueden reducirse teóricamente a dos grados fundamentales, correspondientes a la doble naturaleza del Centauro maquiavélico, de la bestia y del hombre, de la fuerza y del consenso, de la autoridad y de la hegemonía, de la violencia y de la civilización, del momento individual y del universal (…). Algunos redujeron la teoría de la ‘doble perspectiva’ a algo mezquino y trivial, o sea a nada más que dos formas de ‘inmediatez’ que se suceden mecánicamente en el tiempo con mayor o menor ‘proximidad’” (Gramsci, 2003:48) Esta “doble perspectiva” se plantea manifiestamente como una proposición de elevada abstracción teórica, que puede ser interpretada como una metáfora acerca de la naturaleza del poder en la historia (Anderson, 1981: 17). Este alto nivel de abstracción y simplificación puede contribuir a lecturas que tomen los pares conceptuales planteados por Gramsci como oposiciones binarias73. Sin embargo, hay al menos dos indicaciones teóricas que advierten la 73

Esta es la interpretación de Anderson cuando afirma “las oposiciones binarias de ‘estado y sociedad civil’ y ‘coerción y consentimiento’ se respetarán como los elementos centrales del discurso de Gramsci

inconveniencia de una lectura dualista de estas proposiciones y aportan indicios de una lógica de pensamiento que puede aplicarse a otros conceptos. Por un lado, Gramsci señala que la doble perspectiva se presenta en diferentes grados, de los más elementales a los más complejos. Los pares enunciados expresan la reducción teórica de esa complejidad a dos grados fundamentales. El término reducción teórica pareciera indicar que la complejidad de la real no puede ser leída en términos binarios sino que esos pares expresan situaciones polares, expresiones “puras” que, como tales, aparecen en distintos grados y combinaciones. Al mismo tiempo, la metáfora de la doble naturaleza del Centauro puede ser leída como la unidad orgánica entre fuerza y consenso ya que una naturaleza cuya característica es estar compuesta por estos dos elementos no puede sino cambiar cuando se mutila uno de ellos. En otros términos, si el consenso no puede existir sin la coerción, tampoco puede la coerción existir sin el consenso. En síntesis, podría decirse que en la complejidad de lo real existe tanto la fuerza como el consenso en distintos grados y combinaciones. Estos distintos grados y combinaciones remiten a una segunda indicación teórica acerca del modo en que pueden ser pensadas las relaciones entre coerción y consenso. Gramsci advierte la inconveniencia de reducir la doble perspectiva a dos formas de 'inmediatez' que se suceden en el tiempo. En principio, esta advertencia remitiría al hecho de que ambos elementos se encuentran presentes simultáneamente en toda situación histórica. Pero ciertas afirmaciones de Gramsci, que versan sobre otras cuestiones, permitirían avanzar aún más y plantear que tampoco se trata de una simultaneidad de dos formas de “inmediatez” relativamente autónomas, cuyas relaciones serían de exterioridad. El análisis de Gramsci acerca del conformismo social, que se tomará en este trabajo, expresa su forma de abordaje de las relaciones entre los elementos consensuales y coercitivos. Analizando la tarea educativa del Estado en sentido ampliado, plantea que el derecho es el aspecto represivo y negativo de la tarea formativa desplegada en la sociedad civil. Sin embargo, aún en su carácter represivo, el derecho cumple una función educativa “negativa” pues las sanciones punitivas tienen una importancia moral (Gramsci 2003: 106). Al mismo tiempo, la función educativa positiva que ejerce la sociedad civil no prescinde de elementos de presión más asociados a la coerción, aún cuando sea sutil, que al consenso (Gramsci 2003: 100). Esta unidad orgánica entre los aspectos consensuales y coercitivos es finalmente planteada por Gramsci en la operación de

(…) No se examinarán aquí las dificultades de cualquier teoría demasiado dualista del poder de clase burgués” (Anderson, 1981: 18)

ampliación del concepto de derecho que incluye también las actividades “jurídicamente indiferentes” (Gramsci 2003: 106). Sería posible plantear, entonces, que las relaciones entre coerción y consenso pueden ser pensadas en términos de una “relación dialéctica”. Esta perspectiva es la que asume el presente trabajo a la hora de plantear que el uso de una violencia exterminadora no supone la ausencia de prácticas consensuales y que, en articulación, ambos aspectos tendieron a cumplir una “función educativa negativa” hacia quienes estaban vivos. La segunda perspectiva que se explicitará apunta a argumentar la posibilidad de concebir a las prácticas tendientes a legitimar el exterminio, ejercidas por organizaciones económicas, partidarias, eclesiales o gremiales como una función consensual propia de la sociedad civil. El término sociedad civil en el pensamiento gramsciano tiene como acepción más frecuente el “conjunto de organismos vulgarmente llamados ‘privados’” a los que corresponde la función de "hegemonía" que el grupo dominante ejerce en toda la sociedad (Gramsci, 1986: 357). También aparece definida como "aparato hegemónico de un grupo social" (Gramsci, 1984: 104) y "aparato ‘privado’ de hegemonía" (Gramsci, 1984: 105). Es evidente que resulta problemático hablar de hegemonía cuando las funciones consensuales ejercidas desde organismos de la sociedad civil apuntan fundamentalmente a legitimar el exterminio contra grupos dominados. Sin embargo, es posible argumentar que las funciones consensuales que ejercen estos organismos no necesariamente implican un modo de construcción de hegemonía: “El Estado, cuando quiere iniciar una acción poco popular, crea preventivamente, la opinión pública adecuada, esto es, organiza y centraliza ciertos elementos de la sociedad civil [...] La opinión pública es el contenido político de la voluntad política pública que podría ser discordante: por eso existe la lucha por el monopolio de los órganos de la opinión pública; periódicos, partidos, parlamento, de modo que una sola fuerza modele la opinión y con ello la voluntad política nacional, convirtiendo a los disidentes en un polvillo individual e inorgánico” (Gramsci, 1984: 196) En esta cita, tanto los organismos privados (medios de comunicación, partidos) como el parlamento aparecen como los encargados de generar cierto consenso para hacer viables medidas que suscitarían oposiciones74. 74

Gramsci advierte expresamente los intentos de hacer aparecer a la fuerza como consensuada por la mayoría: “El ejercicio "normal" de la hegemonía en el terreno, ya clásico, del régimen parlamentario se caracteriza por la combinación de la fuerza y el consenso que se equilibran en formas variadas, sin que la fuerza rebase demasiado al consenso, o mejor tratando de obtener que la fuerza aparezca apoyada sobre el consenso de la mayoría que se expresa a través de los órganos de la opinión pública -periódicos

En términos más generales, se puede afirmar que un modo de dominación no hegemónico no implica sólo el recurso a la coerción. Puede, funcionar con un amplio consenso acerca de la dominación e incluso de la dirección por parte de la clase dominante o sus representantes (Balsa, 2006). Esta afirmación se fundamenta en el modo de conceptualización del término hegemonía75. En la definición clásica del parágrafo “Análisis de las situaciones. Relaciones de fuerzas”, el momento de la hegemonía aparece como la unión indisoluble de la dirección política y la dirección intelectual y moral, es decir, como la unidad entre objetivos económicos, políticos e intelectuales, en un nivel universal y no corporativo. Esta unidad es la que permite hablar de la hegemonía de un grupo social fundamental sobre una serie de grupos subordinados (Gramsci, 2003: 57-58). Esta definición refiere a una hegemonía expansiva, sólo uno de los tipos de hegemonía que Gramsci reconoce76. A su vez, la burguesía no necesariamente ejerce su dominio a través de la construcción de hegemonía. Esta es sólo una de las formas históricas que asume la dominación de esta clase fundamental. El siguiente parágrafo plantea una polarización de los modos en que la clase burguesa conserva y reproduce su dominio: “La revolución producida por la clase burguesa en la concepción del derecho y, por ende, en la función del Estado consiste especialmente en la voluntad de conformismo (y, por consiguiente, ética del derecho y del Estado) (…) La clase burguesa se considera a sí misma como un organismo en continuo movimiento, capaz de absorber toda la sociedad, asimilándola a su nivel cultural y económico. Toda la función del Estado es transformada; el Estado se convierte en "educador", etc. ¿Cómo se produce una detención y se retorna al concepto del Estado como fuerza pura? La clase burguesa está ‘saturada’, no sólo no se expande sino que se disgrega, no sólo no asimila nuevos elementos, sino que se desprende de una parte de ella misma (o al menos los desprendimientos son enormemente más numerosos que las asimilaciones)” (Gramsci, 2003:156) y asociaciones- que, con este fin, son multiplicados artificiosamente” (Gramsci, 2003: 125-126) 75 La definición del concepto de hegemonía en Gramsci ha sido y continúan siendo objeto de múltiples debates. No es objetivo de este trabajo explorar las diferentes posiciones que se han planteado. Sólo se retomarán algunas definiciones con el objeto de explicitar la opción teórica que se asume al respecto. 76 De hecho, en sentido estricto, una hegemonía plenamente expansiva sólo puede ser lograda por el proletariado en tanto sus intereses coinciden con la eliminación de toda explotación. Como la hegemonía supone que efectivamente se tomen en cuenta los intereses de las clases subordinadas, la hegemonía expansiva que puede construir la burguesía tiene un límite intrínseco: siendo una clase explotadora, sólo puede ceder en sus intereses hasta un punto, más allá del cual amenaza su propia existencia.

Esta polarización entre un Estado ético y un Estado como fuerza pura puede ser leída como la contraposición en términos teóricos generales de una situación de hegemonía expansiva con una situación de dominación no hegemónica. El concepto del Estado como fuerza pura parecería invalidar la posibilidad de hablar de consenso o legitimación en este modo de dominación. Sin embargo, retomando los razonamientos acerca de la “doble perspectiva” planteada por Gramsci, es posible pensar que “se trata de la hipóstasis de los dos momentos de la autoridad y de la universalidad” (Gramsci 2003: 170). La hegemonía, en tanto momento de la universalidad o función ético-política del Estado, se utilizará en este trabajo para referir exclusivamente al ejercicio de la dirección política y la dirección intelectual y moral sobre amplios sectores de la sociedad (Mouffe, 1980; Balsa, 2006). Si bien un sistema hegemónico no excluye el dominio mediante la fuerza (que puede ser más o menos extendido), éste no constituye el modo central con el que se gobierna a las masas. En tanto la hegemonía refiere a la dirección política y la dirección intelectual y moral sobre amplios sectores de la sociedad, antes que postular la existencia o ausencia de hegemonía, sería más conveniente hablar en términos de gradientes. El transformismo, por ejemplo, constituye una forma de construcción de hegemonía pero Gramsci resalta que se trata de una hegemonía “bastardeada”, en tanto se logra por la exclusión o más bien desactivación de las masas (Betances, 1988: 268-270). Este modo de definir la hegemonía implica una opción teórica en tanto existen posiciones que sostienen que la hegemonía solo se ejerce sobre una parte minoritaria de la sociedad (Portelli, 1978). Esta posición es argumentada a partir de la proposición gramsciana según la cual “un grupo social es dominante de los grupos adversarios que tiende a ‘liquidar’ o a someter incluso con la fuerza armada y es dirigente de los grupos afines y aliados” (Gramsci, 1999: 387). En base a la concepción de hegemonía adoptada es que se puede hablar de un modo de dominación no hegemónico en el cual se ejercen, sin embargo, funciones consensuales y directivas. El hecho de que las clases subalternas sean dominadas fundamentalmente a través del uso de la violencia y que los canales de participación democrática sean prácticamente nulos no permitiría caracterizar al conjunto del sistema de dominación como hegemónico (Balsa, 2006). Sin embargo, sí se ejercen funciones consensuales y directivas. Como mínimo, se requiere que ciertas fracciones dominantes ejerzan una dirección política sobre grupos afines y aliados que permitan acumular la fuerza suficiente como para legitimar una utilización masiva de una violencia exterminadora. Mucho más cuando las clases dominantes no tienen una expresión unificada, como en el caso bajo análisis.

Incluso este tipo de sistema de dominación puede lograr un determinado grado de consenso (alto o bajo) que permite “neutralizar” a otros sectores sociales para que no se opongan activamente. Sin embargo, esa “neutralización” –que podría ser producto tanto de un consenso pasivo como de una inacción por efecto del miedo– se apoya no sólo en funciones consensuales sino en el uso efectivo de la fuerza y su presencia permanente como amenaza, de allí que aún cuando exista un amplio consenso se opta por no hablar de hegemonía. El terror como modo específico de ejercicio del poder Hasta ahora se ha mencionado sin profundizar el concepto de genocidio, a través del cual se comprende el proceso de aniquilamiento sistemático perpetrado en Argentina. La explicitación de este enfoque permitirá abordar teóricamente el vínculo entre el uso efectivo de la violencia y las prácticas ejercidas por organizaciones de la sociedad civil tendientes a organizar el “consenso” de la gente común. Dicha vinculación será abordada a través del concepto de terror, entendido como modo específico de ejercicio del poder. Atendiendo al concepto de terror, se argumentará también que el “consenso de la gente común”, entendido como una disposición favorable con respecto a las fuerzas armadas y su accionar represivo (Lvovich, 2006), se inscribe en procesos más complejos que han tendido, con mayor o menor efectividad, a sentar las bases para producir en el largo plazo una transformación en las formas de concepción del mundo y las costumbres en la sociedad.

La perspectiva adoptada define al genocidio reorganizador como un conjunto de prácticas sociales que conforman una tecnología de poder propia de la modernidad. Su objetivo es la destrucción de relaciones sociales de autonomía y cooperación y de la identidad de una sociedad a través del aniquilamiento de una fracción relevante de esa sociedad (ya sea por su número o por los efectos de sus prácticas). Y del uso del terror producto del aniquilamiento para el establecimiento de nuevas relaciones sociales y modelos identitarios (Feierstein, 2007). En esta definición, el aniquilamiento físico constituye tanto una forma extrema de dominación sobre sus víctimas como un modo de clausurar en el conjunto social aquellas relaciones que generan fricción o mediaciones al ejercicio del poder: contestatarias, críticas, solidarias. Desde este punto de vista, las muertes cobran un carácter de medio y no de fines: el aniquilamiento de grupos de población apunta a la transformación del conjunto dentro del cual esos grupos existían (Feierstein, 2007). Como ha sido mencionado, el genocidio perpetrado en nuestro país constituyó una pieza clave en el proceso más amplio de reestructuración capitalista producido a partir de mediados de la década del setenta. En ese proceso, las modificaciones estructurales que sentaron las bases de la

transformación del patrón de acumulación de capital fueron inescindibles de la transformación de las bases sociales de sustentación de los actores políticos y de la alteración de las formas de construcción de identidades políticas. En “Los hilos sociales del poder”, Villarreal (1985) sostiene que el vasto proceso de reestructuración social producido por la dictadura militar tendió a transformar la peculiar configuración de la estructura social del país, a la que define como “heterogénea por arriba y homogénea por abajo” (p. 203). Esta formación social era el producto tanto de determinadas características del desarrollo económico como del proceso de enfrentamiento político en el que se habían constituido los diferentes sujetos sociales. Desde este punto de vista, la fragmentación de las bases sociales del poder de las clases subordinadas estuvo ligada no sólo a factores de estructura económica (la desindustrialización, el crecimiento del trabajo no asalariado y el avance de la tercerización, entre otros) sino también, y sobre todo, a una estrategia que utilizó el terror para romper los mecanismos tradicionales de solidaridad social (Villarreal, 1985:206). Este análisis desarrollado por Villarreal se inscribe en la concepción gramsciana acerca de la formación de las clases sociales. La fragmentación de las clases subalternas no se logra sólo mediante la transformación de las condiciones estructurales de las que emergen porque la clase no es una mera categoría económica. Si la relativa homogeneidad de los sectores populares en la Argentina es producto de una historia conflictiva de resistencias que habían tejido infinitas relaciones sociales solidarias, su fragmentación implicó no sólo la transformación de las condiciones estructurales de la que emergían sino la destrucción de esas relaciones inmateriales que, sin embargo, tienen fuerza material77. El concepto de genocidio permite delimitar analíticamente la modalidad específica mediante la cual se ejerció la destrucción de esas relaciones ‘impalpables’ de solidaridad y cooperación y su transformación en relaciones heterónomas e individualistas, en el marco del proceso más amplio de reestructuración capitalista, del cual fue, a su vez, condición de posibilidad. Desde esta concepción, el uso de la coerción directa constituye algo más que un mecanismo de destrucción de los cuerpos insubordinados, implica un modo de transformación de las relaciones sociales en el conjunto social. En este sentido, la coerción directa adquiere su real significado en articulación con otro tipo de sanciones simbólicas y materiales, constituyendo una forma específica de poder: el terror.

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“Destruir es muy difícil, tan difícil como crear. Porque no se trata de destruir cosas materiales, se trata de destruir ‘relaciones’ invisibles, impalpables, aunque se escondan en las cosas materiales” (Gramsci, 1984: 201)

J. E. Corradi (1996) señala que el terror tiene dos dimensiones, una de comportamiento y la otra ideológica: “Por un lado, adapta el comportamiento político a la obediencia absoluta de las directivas de los que detentan el poder. Por otro lado, moldea las actitudes a fin de obtener obediencia voluntaria. Procura conformar nuevos sujetos políticos” (p. 89). Atendiendo a esta definición, es posible inscribir en la dimensión del comportamiento aquello que hemos llamado el “consenso de la gente común”, entendido como una cierta adhesión y apoyo de los sujetos a las fuerzas armadas y su accionar represivo, que se traduce en términos de comportamiento en la obediencia y disponibilidad de los sujetos a aceptar dicho accionar. En este sentido, se puede plantear que ese “consenso” se inscribe en un fenómeno más complejo que involucra la conformación de nuevos sujetos políticos, es decir la destruccióntransformación de identidades y costumbres previas. ¿Cómo opera esta transformación? Según Corradi, el terror es “esencialmente una técnica de desorientación, que apunta a privar a los sujetos de la oportunidad de calcular y prever las consecuencias de sus acciones” (Corradi, 1996: 89). Esta desorientación deviene de la interpelación discursiva que fija las conductas a ser sancionadas. Es aquí donde la figura del “delincuente subversivo” como enemigo peligroso que amenaza al conjunto social resulta una pieza clave en la operatoria del terror. La definición del “delincuente subversivo” en tanto caracteriza a los sujetos pasibles de ser exterminados señalándolos y estigmatizándolos, impone al mismo tiempo las pautas de conducta que no deben ser adoptadas si se aspira a evitar el castigo: señala las pautas de comportamiento que el poder desea obtener de los sujetos. Si esta figura es lo suficientemente clara en delimitar como punible cualquier modo de cuestionamiento o crítica al orden imperante es también lo suficientemente ambigua como impedir prever qué prácticas constituyen o no un cuestionamiento o crítica (Feierstein, 2007; Corradi, 1996). Al mismo tiempo, el temor al castigo se vuelve más potente al fusionar el miedo a lo conocido y lo desconocido: el sistema represivo combinaba operaciones de ocultamiento y de exhibición que producían a la vez la negación de los hechos represivos y la factibilidad de su ocurrencia (Amestozy, 1998). La ambigüedad en la definición de aquello que constituía un motivo de persecución y el miedo al castigo tienden a producir un horror vacui: no hay límites fijables frente a la muerte, de allí que el terror sea definido como una técnica de desorientación. En tales condiciones, los sujetos se vuelven no sólo obedientes sino también potencialmente punitivos para sí mismos y para los otros (Corradi, 1996). Este efecto ha sido conceptualizado por O’ Donnell como la “liberación

de los microdespotismos”; los efectos del terror se habrían hecho capilares a través de las conductas de una sociedad que se patrulla a sí misma (O’ Donnell, 1997:137-138). ¿Por qué en tales condiciones los sujetos se vuelven potencialmente punitivos? El terror, como modo específico de poder, tiende a instalar una lógica de desconfianza en el otro. Dado que cualquier práctica puede identificarse como pasible de ser perseguida por el poder, el mecanismo de la delación se constituye como una alternativa individualista extrema de hacer frente a esa incertidumbre78. El señalamiento de otro aparece como una defensa frente a la posibilidad de ser delatado (Feierstein, 2007). En este sentido, la delación como práctica social es el objetivo básico de la tecnología de poder genocida en tanto constituye un modo eficaz de desestructuración de las relaciones de reciprocidad. Si la forma de escapar al terror es la delación, el otro se constituye en un potencial enemigo: es aquel que delata o aquel a quien se puede delatar. Esto no implica plantear que la práctica de la delación haya sido efectivamente practicada en amplia escala en todo el cuerpo social. A fines de producir un efecto de desestructuración, basta con que se instale la posibilidad de la delación (Feierstein, 2007). Esta práctica tiende a generar como efecto la reclusión de los sujetos en su individualidad y la clausura de las posibilidades de articulación política, de solidaridad y de cooperación. Esta lógica de la delación, por la cual se concibe al otro como un enemigo, no necesariamente cesa con el fin del período genocida propiamente dicho. Puede ser reestructurada y extendida a otros ámbitos de la práctica social una vez que el terror ha cesado, asumiendo formas menos brutales pero igualmente efectivas. De este modo, se generan las condiciones para la transformación de manera duradera de las formas de concepción del mundo y las costumbres de los sujetos. Los valores, normas, significaciones o explicaciones del mundo interiorizados por los sujetos como efecto del terror perduran, resignificados, a modo de huellas aunque el uso de la violencia efectiva haya cesado. En este sentido, sientan las bases no sólo para la implementación del nuevo proyecto socioeconómico, sino también para la difusión general de su significación como única alternativa posible y, en este sentido, para su consolidación a largo plazo como proyecto hegemónico. Sobre los mecanismos de transformación de relaciones sociales

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Ciertas interpretaciones plantean que la posibilidad de una sociedad que se patrulla a sí misma está ligada a la existencia de patrones autoritarios largamente arraigados. Ciertamente no es una explicación que pueda ser descartada. Lo que se busca poner de relieve acá es que estas conductas constituyeron un objetivo activamente buscado por la estrategia de poder genocida.

El concepto de terror vincula el uso efectivo de la violencia con las sanciones simbólicas e interpelaciones ideológicas señalando sus efectos en la destrucción-transformación de relaciones sociales. En función de lo expuesto hasta aquí, se puede considerar que las prácticas ejercidas por organizaciones de la sociedad civil tendientes a organizar el “consenso” de la gente común pueden entenderse como uno de los modos en que operaron las sanciones simbólicas propias del terror. Y que dichos mecanismos se articularon con el uso efectivo de la violencia exterminadora, ejercido por las Fuerzas Armadas, produciendo como efecto la difusión capilar del terror en el tejido social. Dicha conceptualización puede ser articulada con el modo en que Gramsci analiza la construcción de un cierto “conformismo social”. Los puntos de contacto entre ambas formas de conceptualización sólo presentan similitudes de carácter formal, en tanto el concepto de terror alude a la transformación de relaciones sociales a través del uso de la violencia mientras que en la concepción gramsciana la construcción de un cierto conformismo social no tiene como núcleo central el uso de la fuerza, aunque no la excluya. Sin embargo, se considera que es útil plantear estas similitudes en tanto permiten pensar, por analogía, los mecanismos efectivos a través de los cuales el genocidio operó una transformación capilar en las relaciones sociales. Para ello se tomarán los conceptos gramscianos de derecho y legislador, concebidos en un sentido ampliado.

En el parágrafo Concepción del derecho Gramsci sostiene que el derecho, junto a otras instituciones y actividades de la sociedad civil, constituyen los instrumentos mediantes los cuales el Estado ampliado construye un cierto tipo de civilización: “Si todo Estado tiende a crear y mantener un cierto tipo de civilización y de ciudadano (y por ende de convivencia y de relaciones individuales), tiende a hacer desaparecer ciertas costumbres y actitudes y a difundir otras. El derecho será el instrumento para el logro de este fin (junto a la escuela y otras instituciones y actividades)” (Gramsci, 2003:105). ¿Cómo operan estos instrumentos? Gramsci ubica la clave de la efectividad de dichos instrumentos en la articulación de la actividad represiva del derecho con la actividad positiva de formación civil: “me parece que no se puede partir del punto de vista de que el Estado no ‘castiga’ (…) y que lucha sólo contra la ‘peligrosidad’ social. En realidad, el Estado debe ser concebido como ‘educador’ en cuanto tiende precisamente a crear un nuevo tipo o nivel de civilización. El Estado, también en este campo [el superestructural], es un

instrumento de ‘racionalización’, de aceleración y taylorización, obra según un plan, urge, incita, solicita y ‘castiga’, ya que una vez creadas las condiciones en las cuales es ‘posible’ un determinado modo de vida, la ‘acción’ o la omisión criminal deben tener una sanción punitiva, de importancia moral y no sólo un juicio de peligrosidad genérica. El derecho es el aspecto represivo y negativo de toda la actividad positiva de formación civil desplegada por el Estado” (Gramsci, 2003:106) De este modo, la creación de nuevas costumbres, maneras de pensar y de obrar, de moralidad, comúnmente asociadas a las funciones eminentemente consensuales que se ejercen en la sociedad civil, no aparece desligada de componentes represivos y coercitivos. Más aún, en los momentos de lucha por la afirmación de la dominación burguesa este origen represivo – condensado en el derecho– suele ser central en la formación de nuevos tipos de civilización79. En una operación típica en el pensamiento gramsciano, el concepto de derecho es ampliado al punto tal de transformar en unidad orgánica la distinción entre la función negativa y represiva del derecho y la función positiva de formación civil: “El problema del ‘derecho’, cuyo concepto deberá ser extendido, comprendiendo también aquellas actividades que hoy están involucradas en la fórmula de ‘jurídicamente indiferente’ y que son del dominio de la sociedad civil, la cual opera sin ‘sanciones’ y sin ‘obligaciones’ taxativas, mas no por ello deja de ejercer una presión colectiva y de obtener resultados objetivos en la formación de las costumbres, las maneras de pensar y de obrar, la moralidad, etcétera” (Gramsci, 2003:101) En este sentido, es posible afirmar que la unidad orgánica entre ambas funciones no supone identidad sino justamente la posibilidad de comprender que, en sus diferencias, mantienen una unidad en virtud de su eficacia en la formación de nuevas costumbres, la creación de un cierto “conformismo social”. La ampliación del concepto de derecho trae aparejada una operación análoga en torno al concepto de “legislador”. Si pueden llamarse derecho a las actividades “jurídicamente indiferentes” en tanto generan normas de pensar y actuar, todos los hombres pueden ser considerados legisladores:

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En el parágrafo Las costumbres y las leyes, Gramsci sostiene: “Es una opinión muy difundida o, mejor, es una opinión considerada realista e inteligente aquella según la cual las leyes deben estar precedidas por las costumbres, que la ley es eficaz sólo en cuanto sanciona las costumbres. Esta opinión va contra la verdadera historia del desarrollo del derecho, que demandó siempre una lucha para afirmarse y que en realidad es una lucha por la creación de una nueva costumbre” (Gramsci, 2003:162)

“Todo hombre, en cuanto es activo, o sea viviente, contribuye a modificar el ambiente social en el que se desarrolla (a modificar determinados caracteres o a conservar otros), tiende a establecer ‘normas’, reglas de vida y de conducta” (Gramsci, 2003:101) Los ámbitos en los cuales los distintos hombres desarrollan sus actividades podrán ser muy heterogéneos. La conciencia de la propia acción y de los fines que la orientan, el poder representativo de sus actos y la sistematicidad normativa con la que actúan podrá ser mayor o menor. En todo caso, la diferencia será de grado pero no de naturaleza. Al señalar estas diferencias, Gramsci puntualiza: “En general, puede decirse que entre el común de los hombres y aquellos más específicamente legisladores, la distinción está dada por el hecho de que este segundo grupo elabora directivas que deben transformarse en normas de conducta para los demás y, al mismo tiempo, los instrumentos a través de los cuales esas directivas serán ‘impuestas’ y se verificará su ejecución. En este segundo grupo, el máximo poder legislativo corresponde al personal estatal (funcionarios electivos y de carrera) que tienen a su disposición las fuerzas coercitivas legales del Estado. Pero con esto no se niega que los dirigentes de organizaciones privadas tengan también a su disposición sanciones coercitivas, hasta del tipo de la pena de muerte” (Gramsci, 2003:163-164) Como ya fue analizado, esta conceptualización supone una unidad orgánica entre elementos coercitivos y consensuales, cuyas relaciones deben ser comprendidas en términos dialécticos. Así como el derecho en su función negativa y represiva implica una dimensión moral, las actividades “jurídicamente indiferentes”, en su función eminentemente consensual, no están exentas de elementos coercitivos. A través de esta articulación de una concepción ampliada de las nociones de derecho y de legislador, lo que Gramsci está poniendo de manifiesto son los modos a través de los cuales se produce el consenso “espontáneo” de las masas. El entrecomillado que utiliza el autor para referirse al término espontáneo relativiza su sentido, pues todo el desarrollo teórico apunta a mostrar que este consenso, que aparece como espontáneo, en realidad está activamente organizado en diversas instancias y desde distintos niveles, hasta penetrar profundamente en la trama capilar de la vida cotidiana, haciendo que la necesidad y la coerción se transformen en “libertad”. Si todo hombre promueve con mayor o menor conciencia ciertas pautas de conducta y tienen diferentes capacidades en manejar los recursos que implican la vigilancia y castigo del

cumplimiento de tales pautas, tendrán mayor conciencia de la propia acción y de sus fines, y, por lo tanto, mayor eficacia aquellos hombres activamente organizados. En este sentido, los organismos de la sociedad civil tienen un papel fundamental en esa organización del consenso “espontáneo” de las masas. En función de los argumentos que hemos expuesto acerca del terror como un modo específico de poder que procura la destrucción-transformación de relaciones sociales, resulta tentador reemplazar el término “derecho” por el de “exterminio” puesto que las analogías son potentes. El genocidio habría sido un modo a través del cual el Estado –en sentido ampliado– tendió a crear un nuevo tipo de civilización y de ciudadano. El hecho de que esta “creación” tenga un sentido profundamente regresivo no le quita el carácter de “creación”, entendiendo siempre que se trata de una dialéctica de destrucción-creación. Para lograr este fin, procuró hacer desaparecer –literalmente– determinadas costumbres y actitudes y a difundir otras. Los instrumentos para el logro de tal fin habrían sido la utilización centralizada por los profesionales estatales de la violencia de una fuerza exterminadora sobre los cuerpos de la fuerza social del campo popular que habría tenido una “función educativa negativa” hacia los vivos, en tanto tendió a “educarlos” acerca de las actitudes y costumbres que no debían asumir. En este proceso, los organismos vulgarmente llamados privados habrían operado en la trama capilar de la vida cotidiana a través de diversas prácticas discursivas y materiales que tendieron a difundir aquellas pautas de conductas, modos de pensar y obrar, y juicios morales castigados por el régimen y a exaltar los valores occidentales y cristianos que la población debía adoptar “espontáneamente”. Las afirmaciones acerca de una sociedad que se patrulla a sí misma serían también congruentes con la concepción ampliada del “legislador” postulada por Gramsci. Con mayor o menor sistematicidad, representatividad y conciencia de fines, los valores reprimidos por el régimen y aquellos que promovía habrían sido reproducidos y multiplicados en el tejido social por diferentes sujetos en los más diversos ámbitos. Sin embargo, aún cuando puedan establecerse analogías, la similitud es abstracta. No es posible pensar como simétricos procesos de carácter regresivo y progresivo. El mismo Gramsci reconoce esta diferencia en las funciones del derecho: “existe algo de verdad en la opinión de que la costumbre debe preceder al derecho. En efecto, en las revoluciones contra los Estados absolutos existía ya como costumbres y como aspiraciones una gran parte de lo que luego se transforma en derecho obligatorio. Con el nacimiento y desarrollo de las desigualdades, el carácter obligatorio del derecho fue creciendo, así como creció el ámbito de la intervención

estatal y del obligacionismo jurídico. Pero en esta segunda fase, aún afirmando que el conformismo debe ser libre y espontáneo, se trata de algo muy diferente: se trata de reprimir y sofocar un derecho naciente, no de conformar” (Gramsci, 2003:162) En el caso que se analiza, la diferencia no sólo radicaría en el hecho de que el derecho deja de cumplir funciones progresivas y tiende a reprimir y sofocar nuevas concepciones de mundo. La naturaleza de la actividad coercitiva es diferente en un punto nodal: mientras que el derecho tiene reglas claras acerca de lo que es o no punible, la característica inherente de la violencia genocida es la ambigüedad en la definición de las prácticas que potencialmente punibles. Por otro lado, la función organizadora que Gramsci reconoce en los partidos políticos o los sindicatos en la construcción de un nuevo “conformismo” social se convierte en función de policía en sentido ampliado cuando se trata de una situación de carácter regresivo80. Pese a que las funciones sean diferenciales, es posible pensar que el análisis planteado por Gramsci acerca de los modos en que se articulan diversos mecanismos y funciones en la producción de un fenómeno contribuye a pensar el problema planteado en este trabajo. Se ha afirmado que el terror, como modo específico de ejercicio del poder, se ejerce en la trama misma de la vida cotidiana. De allí se puede inferir que no actúa en forma lacunar, irradiando desde un centro único. La utilización de la fuerza exterminadora sí estuvo centralizada por los profesionales estatales de la violencia, pero ciertas organizaciones de la sociedad civil contribuyeron, a través de sus acciones y discursos, a capilarizar la acción del terror. La efectividad de su acción en el nivel de las organizaciones territoriales y fabriles radicaba en la potencial delación que podían ejercer estas organizaciones ya que los vínculos con el Ejército eran evidentes.

Reflexiones finales A lo largo de este trabajo se han procurado argumentar tres tesis fundamentales que contribuyen a formular un marco de interpretación y análisis de la compleja relación entre coerción y consenso en el marco de un modo de dominación que operó fundamentalmente a través del exterminio de personas.

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“La técnica política moderna ha cambiado por completo luego de 1848, luego de la expansión del parlamentarismo, del régimen de asociación sindical o de partido, de la formación de vastas burocracias estatales y “privadas” (político-privadas, de partido y sindicales) y las transformaciones producidas en la organización de la policía en sentido amplio, o sea, no sólo del servicio estatal destinado a la represión de la delincuencia, sino también del conjunto de las fuerzas organizadas del Estado y de los particulares para tutelar el dominio político y económico de las clases dirigentes. En este sentido, partidos ‘políticos’ enteros y otras organizaciones económicas o de otro tipo deben ser considerados organismos de policía política, de carácter preventivo y de investigación” (Gramsci, 2003:73)

En primer lugar, se ha procurado inscribir las acciones y discursos de las organizaciones e instituciones de la sociedad civil y de representantes de la sociedad política tendientes a legitimar el exterminio como parte de los engranajes que hicieron posible el genocidio. En una suerte de división de tareas políticas, las funciones represivas quedaron centralizadas en manos del Ejército mientras que la función consensual tendiente a legitimar el exterminio fue ejercida fundamentalmente por representantes del Estado en sentido estricto y por el “aparato privado de hegemonía de la clase dominante”. En segundo lugar, se argumentó que la función de legitimación del exterminio se operó tanto a través de los medios de comunicación –en tanto mecanismo de formación de la opinión pública– como a través de la acción más inmediata de las organizaciones de la sociedad civil sobre los grupos sociales en los que actúan (los trabajadores el caso de los sindicatos, los fieles en el de las iglesias, los afiliados en el de los partidos políticos). Desde este punto de vista, las acciones y discursos de estos organismos pueden ser pensados como mecanismos tendientes a organizar el “consenso de la gente común”. Estas funciones consensuales, sin embargo, no pueden pensarse por fuera del ejercicio efectivo de la violencia estatal que operó mediante la política de desaparición forzada de personas. En este sentido, el concepto de terror apunta a caracterizar este vínculo: la articulación del uso efectivo de la violencia con un tipo preciso de sanciones discursivas y materiales producen una desorientación en los sujetos que tiende a generar obediencia. Si el ejercicio de la violencia fue centralizado por las Fuerzas Armadas, las acciones y discursos de los organismos de la sociedad civil pueden pensarse como tipos de sanciones discursivas que, en articulación con la fuerza, contribuyeron a capilarizar la acción del terror. Finalmente, siguiendo la conceptualización del terror como un fenómeno que involucra dos dimensiones, una de comportamiento y otra ideológica, se planteó que las disposiciones actitudinales de los sujetos con respecto a las Fuerzas Armadas y su accionar represivo pueden ser pensadas como una dimensión de este fenómeno más complejo que involucra, en un mayor nivel de profundidad, transformaciones en las concepciones de mundo y costumbres de la sociedad. Desde este punto de vista, podría plantearse, a modo de hipótesis, que mientras el “consenso” en torno a la acción de las Fuerzas Armadas se rompió en un período relativamente corto, las transformaciones más profundas que se operaron en la subjetividad social sentaron las bases para transformaciones de más largo plazo, es decir, funcionaron como el sustrato para la articulación de un nuevo tipo de consenso, esta vez al modelo neoliberal.

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La (des)organización del retorno: tiempos, rutas y conflictos en el regreso de los exiliados argentinos (1983-1988)

María Soledad Lastra

Pertenencia Institucional: Centro de Investigaciones Sociohistóricas - Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales / UNLP / CONICET.

Términos claves: exilios - retornos políticos - organismos de solidaridad

Introducción

Durante el proceso de redemocratización del Cono sur en la década de 1980, los exiliados argentinos que habían salido de forma compulsiva del país durante la represión estatal, emprendieron el regreso. Este proceso de retorno que había comenzado desde por lo menos, el fin de la guerra de Malvinas, se vio notoriamente incrementado a partir de la asunción presidencial de Raúl Alfonsín en diciembre de 1983. El retorno político fue un tema de preocupación para distintas organizaciones sociales, ecuménicas y de solidaridad vinculadas a la defensa por los derechos humanos que actuaron comprometidamente con la recepción y la asistencia de los retornados. Entre dichas organizaciones cabe destacar a la Oficina de Solidaridad con el Exilio Argentino (O.S.E.A.) y a la Comisión Argentina para los Refugiados (CAREF) como aquellas que concentraron y coordinaron los principales programas de atención para los retornados a la vez que se encargaron de gestionar los recursos necesarios a nivel nacional como internacional. Ambas organizaciones trabajaron juntas desde 1983 y hasta 1985 en la coordinación de la asistencia a los retornados; a partir de 1986, CAREF se alejó del tema mientras que O.S.E.A. redefinió las actividades y gestiones para encarar un nuevo y último tramo de trabajo con los retornados argentinos hasta 1988. Una mención aparte merece el papel desempeñado por el gobierno argentino que, si bien constituyó en julio de 1984 la Comisión Nacional para el Retorno de los Argentinos en el Exterior (CNRAE), ésta sólo tuvo un rol asesor y administrativo dirigido a facilitar las condiciones de retorno para todos los argentinos en el exterior que emprendieran el regreso.

Algunos trabajos que han explorado el tema del retorno de los emigrantes políticos argentinos lo han hecho impulsados por la coyuntura del fenómeno y bajo la necesidad de dar respuesta a los problemas contemporáneos que repercutieron en esta población, abordando desde las políticas y programas implementados para asistir a los retornados (una mirada en clave comparada con Uruguay se encuentra en Mármora et. al, 1987 y Mármora y Gurrieri, 1988) hasta el significativo impacto que este proceso tuvo en la experiencia psicosocial y cultural de los exiliados (Maletta. et al, 1986). Más actuales son algunos trabajos en clave cultural que abordan el retorno como una nueva ruptura de la experiencia (Del Olmo, 2003) y aquellos que atienden también al caso de los hijos de ese exilio (Aruj y Gonzalez, 2008). Por otro lado, se encuentra el trabajo de Brenda Canelo (2004) que, desde un abordaje antropológico, explora la experiencia del retorno desde Suecia en clave discursiva. Finalmente, en el marco de los trabajos sobre el exilio argentino que cuentan con una mayor sistematización desde el campo de la historia, se reconoce en el retorno una de las problemáticas pendientes que debe ser integrada al estudio de los exilios para avanzar en su comprensión. Estas investigaciones incluyen en sus indagaciones el problema de los retornos desde la sociedad receptora hacia la de origen, aproximándose al problema de las luchas de memoria entre “los que se fueron” y “los que se quedaron” y observando la forma en que, la debilidad de las medidas gubernamentales tomadas en los ´80, dificultó los regresos de los migrantes políticos (para el caso de Catalunya: Jensen, 2004; para el caso de Francia: Franco, 2008; para el caso de México: Yankelevich, 2009). Es posible afirmar entonces que, desde el campo de la historia reciente, la problemática del retorno no ha sido aún investigada en profundidad ni contemplada dentro de un estudio histórico de la redemocratización argentina. La presente ponencia se guía por la necesidad de reubicar al retorno como un problema específicamente vinculado al exilio, pues es una dimensión constitutiva de la definición de dicha categoría. En lugar de ser pensado como una etapa de "cierre" de la experiencia represiva, debe ser reflexionado a la luz de dos dimensiones complejas: a nivel individual en relación a las repercusiones personales y familiares que tuvo para quienes retornaron y, a la luz social, en relación a las dificultades no sólo económicas sino políticas y sociales que formaron parte del proceso de redemocratización de la región y de Argentina en particular. En el marco de estos grandes lineamientos, la ponencia se propone abordar algunas de las dimensiones que constituyeron a este movimiento migratorio de retorno político y lo hace a partir del análisis de una serie de

documentos de O.S.E.A. y CAREF para el período, así como de otros organismos internacionales que tuvieron una presencia importante en los primeros momentos del retorno.81 En principio, la ponencia presenta algunas de las dificultades de cuantificación sobre el proceso e intenta, en segundo lugar, aprehender distintos momentos del retorno con el próposito de comenzar a distinguir sus fluctuaciones y movimientos, explorando también cómo se realizaron esos regresos, desde qué lugares y en qué momentos salieron del país. Finalmente, el trabajo presenta algunas de las barreras más importantes que en algunos casos impideron el arribo y la (re)inserción de los retornados; desde allí será posible observar el modo en que quienes vivieron el exilio continuaron afectados en el retorno por la dificultosa reconstrucción política del régimen democrático en Argentina. Con estos recorridos, la ponencia busca presentar los primeros avances alcanzados en el estudio del tema y abrir las interpretaciones sobre este proceso del retorno político.

La dificultad de cuantificar

Una de las dificultades que atraviesa el estudio del retorno político de los argentinos en los años ochenta se refiere a la carencia de bases y registros que permitan conocer la magnitud de ese fenómeno. Esta dificultad cuantitativa del retorno se desprende de la imposibilidad inicial de conocer con precisión las cifras del exilio que le dieron origen. Por ese motivo, las cifras del retorno -al igual que las del exilio- tuvieron en los trabajos sobre el tema, distintos tenores y magnitudes. Algunos estudios contempóraneos al proceso de retorno coincidieron con las cifras propuestas por el Comité Internacional de Migraciones (CIM) que estimó en 40 mil el número de exiliados del período 1974-1982 para luego arrojar el número de 20 mil retornados que regresaron entre 1983 y 1984 (Maletta, et. al, 1986: 296). El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) colaboró desde fines de 1983 hasta 1985 en la repatriación de argentinos que contaban con la figura de refugiados en sus países de exilio. Además de colaborar en la repatriación, ACNUR fue partícipe de un programa específico de asistencia a retornados argentinos 81 Este trabajo forma parte de una investigación más amplia que realizo en el marco del Doctorado en Historia de la UNLP, cuyo objetivo consiste en conocer y analizar los procesos de retorno político de argentinos y uruguayos en los años ochenta en clave comparada. Agradezco a Gabriela Águila y a Silvina Jensen por sus comentarios y observaciones a este trabajo.

para el cual trabajó con la cifra de un mínimo de 10 mil retornados para estimar el grupo potencial de repatriados que tendrían problemas de reinserción laboral en el país y que requerirían de ese programa (ACNUR, 05/10/1984). También la prensa se ocupó de difundir algunos números de argentinos que preparaban su regreso, por ejemplo, en noviembre de 1983 el periódico La Razón habló de 3 mil argentinos en México esperando para poder regresar (La Razón, 13/11/1983) y en diciembre del mismo año, Clarín calculaba en 70 mil los potenciales argentinos que regresarían desde España (Clarín, 10/12/1983). Pero sobre todo, la prensa se hizo eco de un número exorbitante que refería a 2.5 millones de argentinos en el exterior, cifra difundida a partir de un estudio realizado en Estados Unidos por el Comité de Estímulo a los Universitarios Argentinos en el Exterior (CEUAE) entre los cuales se distinguía un 95% de emigrados económicos mientras que el restante 5% correspondería a exiliados políticos (La Razón, 21/06/1984). Más allá de lo impactante de este último número, las noticias en los periódicos con mayor circulación referían principalmente a dos tipos de perfiles de los argentinos que se encontraban en el exterior: por un lado, a las características socio-profesionales que permitían hablar de una fuga de cerebros (Infesta, 1987: 22-23) y por el otro, a la naturaleza "subversiva y antipatria" de determinados líderes de organizaciones armadas o de izquierda que, a principios de los años ochenta, se encontraban preparando su regreso al país.82 A partir de junio de 1983, se creó por iniciativa de Emilio Mignone del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de otras organizaciones de derechos humanos, la Oficina de Solidaridad con el Exilio Argentino (O.S.E.A.),83 una de las organizaciones sociales de solidaridad más importantes para atender el problema de los retornados políticos argentinos. O.S.E.A. debió moverse en el marco de este universo cuantitativo tan impreciso para definir qué tipo de recepción ofrecerían a los retornados y hasta dónde podrían llegar en la ayuda requerida. En diciembre de 1984, desde O.S.E.A., se estimó que los números del retorno llegarían a ser de 15 mil personas como mínimo 82 Por ejemplo, algunos casos fueron los de Ricardo Obregón Cano, Mario Firmenich, Roberto Perdía, Oscar Bidegain y Fernando Vaca Narvaja, quienes vieron impedido su pronto regreso debido a órdenes de captura por "asociación ilícita calificada" (La Voz, 1/12/1983). 83 El Consejo directivo de O.S.E.A estaba formado por Emilio Mignone (presidente del CELS y del Comité Permanente de Defensa de la Educación - COPEDE), Adolfo Pérez Esquivel (Servicio de Paz y Justicia - SERPAJ), Augusto Conte (Diputado Nacional y Vicepresidente del CELS), Enrique Pochat (Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos -MEDH), Jorge Feldman (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -FLACSO) José Federico Westerkamp (Movimiento por la Vida y la Paz - MOVIP) y Octavio Carsen (Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay - SIJAU). Posteriormente ingresaron Jorge Taiana (Servicio Universitario Mundial - SUM), Violeta Correa (CAREF) y Marcelo Palermo (SERPAJ), (O.S.E.A, 1988: 1).

(Reencuentro, diciembre de 1984: 12) pero a la vez, se utilizó la cifra de 2 millones de argentinos en el exterior para contextualizar el fenómeno de la migración de los setenta, sobre todo cuando se dirigía a las potenciales agencias y organismos internacionales a los que solicitó financiamiento (O.S.E.A., 10/03/1984). Finalmente, O.S.E.A. cerró sus actividades acompañando la estimación del CIM en 20 mil retornados al país. De ese universo de retornados, O.S.E.A. anunció que la población que estuvo vinculada a la oficina durante todo el período fue de 10 mil personas: más de 5 mil lo hicieron como beneficiarios de ayudas de emergencias84 y el resto en asistencias del área de legales, laboral y salud mental, entre otros (O.S.E.A., 1988: 35). Otra de las razones por las cuales la cuantificación es dificultosa tiene que ver con el carácter que asumió la transición democrática en Argentina. Los sucesos de Semana Santa, unidos a la continuidad de los pedidos de captura que recayeron sobre los exiliados argentinos y que fueron iniciados por la dictadura militar, obligaron a organizaciones como O.S.E.A. a destruir sus archivos para preservar la identidad de quienes se acercaron en búsqueda de ayuda (Entrevista a Octavio Carsen, 25/01/2012). En este sentido, la destrucción de los expedientes personales de O.S.E.A. no sólo ilustran cómo el miedo a la persecución siguió formando parte de la vida cotidiana en el régimen democrático sino que explica otro de los motivos por los cuales conocer la magnitud del exilio y del retorno se vuelve una tarea muy difícil. La dimensión cuantitativa fue una de las tantas aristas que constituyó la compleja arena política sobre la que se desempeñó O.S.E.A. para atender las problemáticas del retorno. En esta arena, CAREF acompañó durante los primeros dos años ayudando a O.S.E.A. con las tareas de asistencia social. Esta organización ecuménica contaba con diez años de trayectoria en la asistencia a refugiados en Argentina -particularmente a chilenos desde 1973- y con un importante equipo de trabajadores sociales con experiencia en el tema (Correa, 1988: 3). En ambas organizaciones, una parte de las dificultades para definir los primeros posicionamientos frente al retorno tuvieron que ver principalmente con dos situaciones: por un lado, con los viejos estigmas que recaían sobre los exiliados como "subversivos" y, por el otro, con el carácter masivo que se estaba construyendo en torno a un regreso del que no tenían datos ni precisiones. El primer asunto generó serias complicaciones al interior de la organización ya que planteó 84 Las ayudas de emergencia consisitieron en un apoyo económico equivalente a un sueldo mínimo por adulto más las asignaciones por hijos. Estos estipendios se otorgaban a cada retornado o grupo familiar por un período de tres a seis meses siempre que el retornado hubiera regresado al país durante los seis meses previos a la presentación de su solicitud (O.S.E.A, 1988: 14).

la necesidad de un programa de asistencia que evitara "privilegiar" a esta población por sobre otra que pudiera considerarse igual o más afectada por la represión (Lastra, 2012: 259, 272). El segundo problema, el de la masividad de ese retorno, iba acompañado del temor por un regreso desorganizado que no contemplara algunos pasos previos antes de volver. De hecho, un año después de haber iniciado sus tareas de recepción y asistencia, Octavio Carsen -director de O.S.E.A.- señalaba que "el retorno de los exiliados debe ser organizado, lo menos espontáneo posible y debe ser preparado tanto en el país de exilio como en la Argentina" (La Voz, 24/06/1984).

Primeras rutas sobre retornos, repatriaciones y asistencias

Del trabajo realizado por O.S.E.A. y CAREF es posible acceder actualmente a algunos informes, documentos, cartillas de difusión y correspondencia de esa época. Algunos datos arrojados en los informes de gestión de O.S.E.A. y una serie de actas y registros elaborados en CAREF a propósito del Programa de Rehabilitación de Retornados permiten realizar una aproximación al problema. El Programa de Rehabilitación de Retornados fue pensado en principio para el año 1984 y luego se extendió un año más. Fue uno de los pocos programas que nucleó a los distintos organismos vinculados al problema del retorno de argentinos. Este programa consistió en un fondo especial otorgado por ACNUR a pedido del gobierno argentino, que convocó a O.S.E.A., CAREF y a la Comisión Católica Argentina de Migraciones (CCAM) como agencias interventoras y evaluadoras de beneficiarios. En este sentido, se abrió una convocatoria para recibir solicitudes que evaluaban las agencias en base a un sistema de puntos establecido por el gobierno nacional a través de la CNRAE y que luego, en una reunión semanal entre representantes de todas las agencias, definía quién sería beneficiario y quién no. El Programa otorgó una suma de dinero para solventar necesidades de corto plazo, sobre todo se destinó para resolver los problemas de vivienda y estimular los proyectos de inserción laboral (ACNUR, 05/10/1984). Sistematizando la información de las actas de trabajo del Programa de Rehabilitación y otros registros realizados en CAREF para el mismo programa, se puede construir una base de datos aproximada de 263 personas retornadas que se postularon en 1984 para ser beneficiarias de dicho Programa. Debe aclararse que estas 263 personas fueron registradas en tanto titulares de casos, es decir que, detrás de cada persona se contemplaba al grupo familiar. El Programa otorgó ayudas por un total de

485 mil dólares, atendiendo en 1984 a 210 familias y en 1985 a 139 familias más. De ese total, el 51% correspondía a familias de Capital Federal y Gran Buenos Aires y el resto, al Interior. En este registro se señalan datos que hacen al perfil socio-demográfico de los retornados (edades, estado civil, hijos), a las rutas seguidas en el exilio (fechas de salida, si salieron opcionados o no, países en los que estuvieron refugiados, si contaron o no con la condición de refugiados), a algunas carcaterísticas de su regreso (si contaron con ayuda para la repatriación, en qué fechas regresaron) y a los problemas laborales, legales, de salud y de vivienda que tenían en ese momento. Una pregunta problemática al momento de abordar la asistencia de O.S.E.A. y CAREF frente a los retornados, se refiere al modo en que fueron seleccionados los casos, ¿quiénes eran considerados exiliados? En primer lugar, sólo para el programa, el mayor peso de los puntajes se concentraba en la categoría "situación legal y jurídica" en la cual se contemplaba si el titular había sido opcionado, liberado sin opción, con antecedentes, con causas pendientes o con pedido de captura anterior. Pero además, partía de tres puntos otorgados si contaba con categoría de refugiado (CAREF, Acta del 16/10/1984). En caso de que no tuviese dicha categoría, se consideraba su exilio de una forma no establecida formalmente y que tenía a los asistentes sociales que realizaban la entrevista como uno de los principales responsables para definir el tipo de migración que había vivido la persona. Al tener en el equipo de trabajo a asistentes sociales que habían vivido el exilio, se disponía de una red de contactos que conocían la experiencia y que podían dar cuenta de la veracidad de las historias que narraban los postulantes. Si bien la instancia de entrevista era importante para conocer distintas dimensiones del exilio de cada persona, desde CAREF y O.S.E.A. se consideraba mejor no indagar a fondo en las causas o motivaciones de la salida, de manera que funcionaba un criterio de selección más amplio por el cual resultaba preferible equivocarse en lugar de convertirse en una institución inquisidora (O.S.E.A, 1988: 14). Otro eje que sumaba puntaje para el Programa se referían al tiempo de exilio, sumando un punto por año de permanencia en el exterior desde septiembre de 1974, lo cual ilustra cómo desde este Programa se consideraban las prácticas represivas anteriores al golpe militar de 1976 a la vez que el sistema de puntaje otorgaba más peso a un exilio iniciado en esos años previos en relación a los posteriores. También puede pensarse que esta ponderación del tiempo de exilio contribuyó a relativizar las salidas de quienes partieron a principios de

los años ochenta, momento en el que hubo una migración económica como consecuencia de la crisis económica.

A continuación se presentarán del registro citado sólo algunos ejes con la finalidad de ilustrar los movimientos de retorno y pinceladas específicas de este proceso en el marco de las tareas emprendidas por ambas organizaciones. El primer eje realiza un acercamiento a los organismos o gobiernos que brindaron asistencia para el retorno, el segundo aborda los países que fueron destino de exilios y los momentos en que se realizaron los regresos, el tercero da cuenta de los casos que salieron por la opción y el último explora los años de salida con los de retorno al país. Es importante aclarar que el uso de esta base no pretende representar estadísticamente a la población total de retornados sino potenciar la interpretación de algunos lineamientos posibles de este perfil. Iniciando este recorrido,85 para el caso del registro realizado en CAREF se tiene que, del total de los postulantes retornados hacia 1984, casi el 70% regresó al país contando con ayuda de repatriación. Esa ayuda fue otorgada en un 60% por ACNUR frente a un 4% y 3% que obtuvo ayuda del gobierno sueco y de la Iglesia Libre de Suecia respectivamente. Entre las ayudas de repatriación también se registra la del gobierno de Bélgica y la Acción Ecuménica Sueca, ambas con un 0.38% (Gráfico 1). Sin embargo es importante mencionar que, del total de los postulantes al Programa de Rehabilitación, más de un 60% contó con la categoría de refugio en su exilio mientras un 6% contó con ayuda del Gobierno Sueco y un 26% no contó con tal condición (Gráfico 2).

1. Organismos o gobiernos que ayudaron a los retornados en su repatriación (Fuente: Base CAREF, 1984, elaboración propia)

3% 29%

Acción Ecuménica Sueca ACNUR Gobierno de Bélgica Gobierno sueco

60%

Iglesia Libre de Suecia

3% 4%

No obtuvo ayuda sin datos

85 En esta exploración se utilizó la mencionada base de CAREF y los informes producidos por O.S.E.A. para los períodos correspondientes.

2. Personas retornadas que contaron con algún tipo de ref ugio o protección internacional en su exilio (Fuente: Base CAREF, 1984,elaboración propia)

3% 26%

ACNUR Gobierno Sueco No obtuvo ref ugio sin datos

64%

6%

Del total de los repatriados por ACNUR registrados en la base de CAREF (60%), los retornos se realizaron sobre todo desde México (38%), España (25.32%) y Francia (13,29%). Esto no quiere decir que los regresos del exilio se hayan realizado sólo desde allí ni que la mayoría de los retornos se hayan enmarcado en políticas de repatriación de organismos como el ACNUR; de hecho, según O.S.E.A., un 24% de los retornados habían regresado por sus propios medios (O.S.E.A., 1986b: 43). También hubo un significativo trabajo de repatriación del gobierno sueco y de las Iglesias suecas que tiene una representación menor en este registro (menos del 2%). Si se busca esta información en algunos informes de O.S.E.A., se tiene que hasta 1986 se atendió a un 23.75% de exiliados que retornaron desde México, un 14% que lo hizo desde Suecia y otro porcentaje igual desde España, seguido de un 10% desde Brasil (O.S.E.A., 1986 b: 42). Previamente al restablecimiento de la democracia, ACNUR ya había comenzado a repatriar a exiliados argentinos, algunos de los que se encontraban en Francia y México. Luego, junto al CIM se abocó durante todo el año 1984 a realizar repatriaciones desde distintos lugares del mundo. Para agosto de 1984, Clarín anunció la repatriación a través del CIM de 2600 argentinos, de los cuales, 1100 procedían de diversos países de América Central principalmente de México y Nicaragua y el resto de Europa (Clarín, 11/08/1984). Con respecto a las rutas del exilio, a partir del registro de CAREF se tiene que casi el 60% de los retornados pasó su exilio en un solo país mientras que un 27% lo hizo en

dos y sólo se cuenta con un caso de estancia en seis países (Venezuela-Perú-SueciaEcuador-México-España).86 Además, de la población atendida por O.S.E.A., la mayoría había vivido entre siete y ocho años de exilio (un 22% y un 20% respectivamente), llegando en algunos casos a 13 años y más. Si se observan los distintos momentos en que se realizaron las repatriaciones al país, se puede distinguir cómo el proceso de retorno en sus inicios tuvo, por lo menos, dos momentos de un significativo crecimiento en la cantidad de exiliados que regresaron. De acuerdo a los datos mencionados de CAREF es posible desplegar una mirada que abarque un período más amplio que devela que, si bien 1984 aparece como el punto más alto en el incremento de retornados, el movimiento se inicia desde 1980, toma impulso en 1982 creciendo de forma sostenida desde ese año hasta 1985 cuando 5. Retornos divididos por sexo desde 1980 hasta 1984 inclusive (Fuente: Base CAREF, 1984, elaboración propia)

Mujeres

35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

1980

1981

1982

1983

1984

empieza a desacelerarse (Gráficos 5 y 6). Es claro que el proceso de retorno no concluyó en 1984, por ello, si se observa la magnitud de casos atendidos por O.S.E.A. durante 1985 es posible obtener algunos indicios de cómo continuó este movimiento. El siguiente gráfico (Gráfico 6), toma los casos atendidos por O.S.E.A. en 1985 pero inicia el período en finales de 1984 y lo cierra en enero de 1986 como extremos de la serie de datos. Se considera que estos datos sobre nuevos casos de atención ofrecen una ilustración cercana a lo que pudo haber sido el movimiento de retorno en ese año con algunas salvedades. Por un lado, porque O.S.E.A. aceptaba casos en tanto la persona que se presentaba a solicitar ayuda había ingresado al país hasta seis meses antes de acercarse a la Oficina y para el período mencionado, O.S.E.A. continuó recibiendo casos de forma permanente en esos meses. 86 Para el caso de quienes pasaron por cuatro países, algunas de las rutas mencionadas fueron: PerúMéxico-Nicaragua-Panamá; Bolivia-Perú-Colombia-México; Brasil-Suecia-Nicaragua-México e IsraelItalia-España-Francia.

Hombres

Por ejemplo, desde julio de 1985, en O.S.E.A. se incrementó la cantidad de casos nuevos con la atención de 30 familias, en agosto con 55 familias y en noviembre con 68 más (O.S.E.A., s/f: 33). El notorio incremento del primer semestre de 1985 en los casos recibidos por O.S.E.A. se debe leer a la luz de una serie de reestructuraciones realizadas entre CAREF y O.S.E.A. en las cuales, los casos de retornados argentinos atendidos por la primera hasta ese momento, pasan a estar a cargo de O.S.E.A. que organizó en ese momento su propia área de Servicio Social. Es probable que también hubiera casos nuevos entre enero y junio de 1985 que no pertenecieran a este grupo, sin embargo, mucho de ese crecimiento se debe al total de 197 casos (correspondientes a 692 personas) que antes eran atendidas en CAREF (CAREF, 1985). Por otro lado es importante tener en cuenta que, durante 1985, O.S.E.A. circuló por distintos medios nacionales y a través del envío de su Boletín Reencuentro, el aviso de cierre de la recepción de nuevos casos estableciendo como fecha límite el mes de febrero de 1986 (O.S.E.A., 1985). Esta decisión puede ser una de las dimensiones explicativas acerca del incremento en la recepción de casos que se observa entre diciembre de 1985 y enero de 1986 (Gráfico 6). Es importante destacar también que, de acuerdo con O.S.E.A., la mayor cantidad de retornos se realizó desde 1983 y hasta 1985; luego se produjo un sensible descenso hasta 1987 (O.S.E.A., 1988a: 4-5). 6. Progresión de casos atendidos por OSEA (1985) (Fuente: OSEA, s/f, elaboración propia) 250 209

200 171 145

150

136

134

136

120 110

100 87

93

92 79

72 63

50

0

enero de 1985 marzo de 1985 may o de 1985 julio de 1985 septiembre de 1985 nov iembre de 1985 enero de 1986 ciembre de 1984 f ebrero de 1985 abril de 1985 junio de 1985 agosto de 1985 octubre de 1985 diciembre de 1985

Total casos atendidos

De acuerdo con O.S.E.A., los países de los que provenían los exiliados determinaban no sólo el tipo de ayuda que podían recibir para su repatriación sino las características con

las que contaban para insertarse con mayor o menor dificultad en el mercado laboral. Por ejemplo, en el caso de los retornados desde Suecia, si bien contaron con la solidaridad de organismos gubernamentales y de las Iglesias para solventar los gastos del retorno, también los condicionó el modo de vida en ese país, impidiendo que los exiliados ahorrasen lo suficiente para los primeros seis meses. Otros casos más extremos fueron los de retornados de Mozambique, Nicaragua, Bolivia, Brasil y Perú que retornaban sólo con el equipaje a comparación de los retornados desde México que traían consigo un capital profesional y académico importante. Otro caso fue el de los retornados desde España que, en su mayoría, se habían incorporado al mercado de trabajo español con características de ilegalidad, en tareas artesanales y dirigido a la venta de productos de consumos masivo (O.S.E.A., 1988a: 13). El registro hallado en CAREF permite observar también un porcentaje de casos que salieron opcionados y los lugares a los que fueron. La opción es un derecho constitucional explicitado en el artículo 23, que funciona en situaciones de conmoción interna. Este derecho le permitió a los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional salir del país con previa autorización de las autoridades, pero fue una pena de destierro en tanto quien salía perdía la ciudadanía y se le prohibía regresar al país. Algunas limitaciones que deben mencionarse sobre este derecho tienen que ver por un lado, con la suspensión que sufrió en algunos momentos del proceso dictatorial y por el otro lado, con el carácter arbitrario en el que fue aplicado.87 Sobre este registro se tiene que, del total de 263 retornados, un 22.43% salió del país opcionado. De ese porcentaje total se desprende que los lugares de destino fueron los siguientes: 21% hacia México, 14% hacia Francia, 12% de retornados se opcionaron en España y Suecia y el resto se distribuyó entre Italia, Perú y Estados Unidos (5%) entre los de mayor porcentaje (Gráfico 7). Esto no significa que hayan sido los países que más exiliados tuvieron sino que debe leerse a la luz de los registros ya mencionados. Además, los lugares de destino para quienes salieron por la opción se encontraban sujetos a las políticas de recepción de cada país.

87 Debe considerarse que los pedidos de opción no fueron atendidos inmediatamente por el Poder Ejecutivo nacional, ya que el procedimiento de autorización para salir del país llegaba a demorarse años en ser resuelto a la vez que contemplaba, entre otras cosas, que el país de destino del opcionado fuese valorado como "apropiado" por la corporación militar. Con respecto a los tiempos de tramitación de la opción y para una profundización sobre las experiencias represivas de opción y destierro, ver Pisarello, 2008.

7. Países de asilo para quienes salieron con opción (Base CAREF, 1984, elaboración propia) 25%

21%

20%

10% 5%

14%

12%

15%

2%

3%

3%

3%

5%

3%

12% 7% 3%

2%

7%

2%

0% Bélgica Austria

Brasil Bolivia

Dinamarca Estados Unidos Israel Italia Perú Colombia España Francia Gran Bretaña México Suecia

En una mirada desde otra escala que incluye al total de los 263 retornados del registro se observa que una gran proporción salió del país en el trieño 1976, 1977 y 1978, reuniendo más del 68% de los retornados hasta el año 1984. En el año inmediatamente anterior y posterior, el 6% de los retornados salió del país en 1975 y el 9% en 1979 y los datos continúan disminuyendo a medida que uno se aleja de ese trieño mencionado. En el marco de estos datos, también es interesante observar la distribución por género, de manera que es notorio el mayor contraste de salidas en 1977 con un 7% más de hombres que de mujeres exiliadas; diferencia que disminuye en los años inmediatamente anteriores y posteriores (Gráfico 9). Esta diferencia no debería interpretarse taxativamente, pues en algunos casos las mujeres fueron las titulares de las solicitudes en tanto se habían separado de sus parejas, o éstas se encontraban detenidas, desaparecidas o aún en el país de exilio. 9. Retornados según fecha de salida del país y sexo (Fuente: Base CAREF, 1984, elaboración propia) 18%

20% 15%

11%

9%

10%

11%

8%10% 4%5%

4%

5% 1%

2%

5%

2%

2%2%

0% 1973

1974

1975

1976

1977

1978

año de salida del país

mujeres

hombres

1979

1980

1981

1982

1983

Si se vincula el año de salida del país con el momento del regreso, se tiene como resultado un gráfico muy ilustrativo de los retornos hacia 1984 (Gráfico 10). Por un lado, se observa claramente un predominio en el año 1984 de regresos de todos aquellos exiliados que salieron desde 1975. Incluso, 1984 aparece como el año de retorno del único caso registrado con salida del país en 1983. Es probable que este caso pueda ser incluido en el flujo migratorio de tipo económico ya mencionado, pero al no contar con el registro personal de la solicitud no podría afirmarse. Continuando con la vinculación de ambos tiempos de salida y retorno, se destaca también cómo los exiliados que salieron en 1977 regresaron al país de forma continua desde 1981 hasta 1984, es decir, por goteo desde los años anteriores a las elecciones presidenciales y creciendo abruptamente a partir de ellas.88 Que casi el 30% de los retornados haya salido del país en 1977 resulta por demás significativo, por un lado, porque dicho año condensó uno de los puntos más álgidos en la represión política y de la derrota de las organizaciones armadas en el país para dar paso, en los años siguientes, a distintos grados de apertura política en los cuales comenzaron a organizarse los partidos políticos sobre todo desde 1980. En este sentido, serían comprensibles tanto los regresos que se efectuaron desde 1981 para aquellos que salieron en 1977, así como la presencia de retornos desde antes de la elección presidencial de 1983 realizados en su mayor parte por los que debieron salir en el trieño 1976-1977-1978. Algunos de los datos ofrecidos por O.S.E.A. para una población más amplia -que no sólo pasó por CAREF- arrojan un 42% de retornados que salieron del país entre 1975 y 1977 (Reencuentro, mayo de 1986: 23). Quizás fue la urgencia por el regreso la que se manifieste detrás de esos números del retorno en aquellos que salieron durante el auge de la violencia estatal, urgencia que podría ir de la mano con las consideraciones de O.S.E.A. y CAREF acerca de la débil planificación que hubo de parte de los exiliados para realizar sus regresos. Si se consideran todos los años de salida al exilio y se toman las fechas de regreso desde 1980 y sólo para los retornos por cuenta propia, se tiene que: en 1982 regresaron 3 personas, en 1983 lo hicieron 53 y en 1984 este número disminuyó a 18. Si bien no tiene demasiado sentido detenerse en cada dato, es importante tener en cuenta ese 88 Algunos datos con respecto a los regresos de aquellos retornados que salieron entre 1973 y 1974, muestran que todos los exiliados de la base CAREF de esas fechas regresaron antes de las elecciones de 1983 y no contaron con ayuda para la repatriación, excepto en el caso de un retornado que salió del país en 1974 y que regresó en enero de 1984 con ayuda de ACNUR. De los 17 retornados exiliados en 1975, 12 de estos tuvieron repatriación de ACNUR para regresar en 1983 y en 1984 (Gráfico 10).

crecimiento ilustrativo de la coyuntura de 1983 de los retornos por cuenta propia para profundizar en el futuro en las reflexiones acerca del carácter espontáneo y poco organizado de los regresos. Subrayando esta arista, en 1987 O.S.E.A. explicaba a organismos de financiamiento europeos que "el retorno ha disminuído sensiblemente en el último año perdiendo ya sus características masivas, y en cierto modo impulsivas de mediados de 1984 y 1985 para transformarse en una decisión mejor pensada y con mayor planificación" (O.S.E.A., 1987). Este carácter espontáneo y poco organizado del retorno se debe comprender también a la luz de las condiciones generales de salida al exilio que, para el caso argentino que aquí interesa fue -en la mayoría de los casos- una salida individual sin un encuadre organizativo que guiara esa migración.

10. Retornos vinculados al año de salida del país (Fuente: Base CAREF, 1984, elaboración propia)

1983

Año de salida del país

1982 1981

2% 2%

1980

3% 5%

1978

5%

1983

4%

12% 8%

1976

1982

13%

1%

1975

1984

4%

1979

1977

Año de regreso

1981

16%

1980

11%

3% 3%

1974 1% 1973 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Otros ángulos de la complejidad del retorno político (a modo de cierre)

En el abordaje de este retorno político es importante subrayar su carácter móvil y fluctuante. Como se intentó ilustrar a partir de los datos recogidos, la dificultad por

aprehender los límites de este movimiento se explica también por la naturaleza individual y desordenada en la que parece haberse desarrollado. Este carácter de escasa organización del retorno ha sido remarcado en los informes finales de O.S.E.A. como uno de los elementos más importantes para explicar la urgente necesidad de obtener una ayuda de parte del gobierno y de las organizaciones de solidaridad internacional. O.S.E.A. explicaba que "el exilio argentino no estaba preparado para el retorno. Si bien la mayoría de los exiliados se aprontaban para el regreso, carecían de información acerca de la verdadera situación del país" (O.S.E.A., 1988a: 4). En torno a las Segundas Jornadas de Exilio y Repatriación en Argentina (septiembre de 1988), un grupo de retornados explicaba que parte de esa desinformación para el regreso fue producto de la presencia inalterada de funcionarios del régimen militar en importantes espacios diplomáticos que negaron y ocultaron esa información. Pero también destacaban que en el exterior del país, la atomización y dispersión de los exiliados argentinos impidió que se proyectara una organización para el retorno así como desde el interior; el hecho de que la sociedad argentina no reconociera en el exilio un tema de preocupación colectiva, coadyuvó a sumar dificultades (O.S.E.A., 1988b: 1). Además de esta ausencia de preparación previa, la caracterización que se hizo de este flujo de regreso como un retorno masivo, integra una de las dimensiones explicativas que se ofrecieron desde O.S.E.A. para comprender las complicaciones en las tareas de asistencia y recepción al menos en los primeros tiempos. Por otro lado, hubo también dos factores significativos que condicionaron de diversas formas a este movimiento: de un lado, la crítica situación económica del país que impactó profundamente en el mercado de precios, de trabajo y de vivienda; del otro, las complejas y dificultosas barerras legales y penales que recayeron desde el sistema judicial sobre muchos exiliados argentinos incluso luego de concretar sus ingresos al país. Acerca del primer punto, interesa remarcar el esfuerzo realizado de parte de O.S.E.A. por subsanar las dificultades de inserción de los retornados en el mercado laboral. Además de la grave estructura de ese mercado -producto de la política regresiva del régimen militar y de la profunda crisis económica y de la inflación agudizada en el gobierno alfonsinista-, hubo un elemento específico de la experiencia del exilio que intervino de forma negativa para los retornados y que estaba vinculado a sus antecedentes "subversivos". Estos antecedentes "de protagonismo político o sindical inciden negativamente y en la mayoría de los casos producen la pérdida de la plaza (en

caso de que la hubieran ganado)" (O.S.E.A., s/f: 14). Pero además, otro de los conflictos tenía que ver con la ausencia del tiempo de exilio como años con antecedentes laborales que, sumado a la escasa oferta de trabajo los dejaba con pocas herramientas de competencia. O.S.E.A. denunció esta situación desfavorable ante del gobierno argentino, explicando que debían comprenderse las dificultades de la población retornada teniendo en cuenta sus especificidades, lo cual podría observarse en su índice de desocupación del 17% en comparación con el 13% que se estimaba para la población argentina en general (Reencuentro, mayo de 1986: 23). Con respecto a las barreras legales, una mirada a través de los ciclos de tareas del área jurídica y legal de O.S.E.A. permite abrir algunas puertas interpretativas acerca de los tiempos del retorno. De hecho, las tareas de O.S.E.A. y la preocupación inicial para su creación, emergen en el marco de los significativos problemas legales que recaían sobre los exiliados argentinos y que les impedía regresar al país sin correr el riesgo de ser detenidos. Al respecto, la vida institucional de O.S.E.A. aparece atravesada por estas cuestiones y pueden distinguirse dos momentos distintos. El primero, desde 1983 a 1984, requirió del mayor esfuerzo organizativo de parte de los abogados del CELS y de O.S.E.A. En este primer momento tramitaron en total dos mil habeas corpus preventivos de los que, si bien la mayoría arrojó un resultado negativo, hubo un 25% referido a pedidos de captura que siguieron funcionando luego del levantamiento del estado de sitio, un 15% de causas pendientes que fueron sobreseídas por prescripción, un 5% de causas pendientes en los que hubo que esperar a la fecha de prescripción y otro 5% de casos que persistían hasta 1988 que consistían en causas a las que se les negó la prescripción o eximición de prisión (O.S.E.A., 1988a: 11). En el segundo período, desde 1985 a 1987, se desaceleraron las consultas referidas a estos impedimentos legales, consultas que generalmente llegaban desde argentinos que permanecían en el exterior. En su lugar, aumentaron los casos de retornados con pedidos de captura posteriores a los habeas corpus preventivos tramitados; esto significa que fueron causas abiertas en democracia cuya base eran generalmente delitos políticos cometidos en el pasado (O.S.E.A., 1988a: 12). Las barreras legales para el ingreso y la permanencia en el país de algunos argentinos exiliados se profundizaron al ritmo del Informe Nunca Más de la CONADEP y de los juicios a las Juntas Militares. En este sentido, se delinearon y consolidaron las interpretaciones en torno a la teoría de los dos demonios como el paradigma para explicar la violencia política de los años setenta, desplegando en los exiliados con

causas abiertas un manto de sospecha y persecución. Agravando aún más la situación, a principios de 1985 ACNUR dio por concluída la vigencia del estatus de refugio para aquellos argentinos que permanecían en el exilio, lo cual repercutió en la fragilidad legal de los argentinos frente a la posibilidad de ser detenidos. Este cierre del estatus de refugio dejaba a los que aún no habían regresado en una condición irregular frente a los sistemas migratorios de cada país de asilo, además de que perdían la posibilidad de utilizar los programas de repatriación para regresar al país. En consecuencia, O.S.E.A. se preguntaba si estaban dadas las condiciones para pensar en el cierre de la etapa exilar y en una consolidación del régimen democrático. Fue entonces a partir de 1985 que, a contramano de lo esperado, comenzaron a profundizarse algunas de las barreras legales para los exiliados, barreras que no sólo impidieron que pudieran ingresar al país sino incluso, permanecer en él sin haber tenido causas pendientes del pasado. O.S.E.A. denunció esta situación de los retornados argentinos y contó con el trabajo de los abogados del CELS para resolverlo. Por ejemplo, uno de los casos que alertó sobre esta nueva situación fue el del dirigente de las Ligas Agrarias, Osvaldo Lovey que regresó con la asunción de Alfonsín y fue detenido a diposición del Poder Ejecutivo Nacional y trasladado a la Cárcel de Devoto en 1985. Los motivos de su detención se vincularon a una serie de documentos recolectados en Roma en 1977, por el Servicio de Inteligencia del Estado y la Cancillería argentina en el exterior pertenecientes al movimiento peronista montonero en la cual Lovey pudo haber participado.89 Sin embargo, Lovey había tramitado previamente a su regreso un habeas corpus preventivo en el cual estas causas ni siquiera existían. Al respecto, para Jorge Baños -abogado del CELS- la apertura de nuevas causas se debía a la necesidad de equilibrar la balanza para justificar luego la ley de amnistía contra los militares (Reencuentro, marzo de 1985: 7). Este incremento en la inseguridad legal y jurídica de los retornados también se expresaba en una encuesta realizada por O.S.E.A.,90 ya que al menos un 11% de retornados entre diciembre de 1983 y septiembre de 1984 tenían pedidos de captura abiertos sin resolver, un 20% declaraba tener problemas de inseguridad legal y, dentro 89 Este carácter potencial de la vinculación de Lovey con el movimiento montonero en Roma se debe a que la documentación sobre la que se sostiene el pedido de captura del Juez Federal Miguel Pons consiste en una lista que se atribuye a dicho movimiento político pero que no está firmado por nadie ni tiene carácter oficial. Además de Lovey, en la lista figuraban 25 personas más que habían regresado al país o estaban en plan de hacerlo (Reencuentro, marzo de 1985: 7). 90 La encuesta se desarrolló con una muestra de 241 personas entrevistadas de Buenos Aires y del Interior del país que recibieron asistencia de O.S.E.A. y tuvo como objetivo precisar la situación de los retornados y evaluar las áreas de inserción más conflictivas (O.S.E.A., 1986a).

de ese porcentaje, dos tercios se referían a problemas concretos de captura mientras que el resto se sustentaba en el contexto general del país (O.S.E.A., 1986a: 9). Desde la Comisión Nacional para el Retorno de los Argentinos en el Exterior (CNRAE), Graciarena afirmaba que no se crearía una legislación especial para los exiliados y que los problemas que algunos puedieran tener con la justicia quedarían tal cual está (Noticias Argentinas, 19/07/1984). Esta declaración iba en consonancia con el propósito que nutrió la escasa tarea de la CNRAE en la que fue prioridad la recuperación del capital científico emigrado. Desde 1985 entonces O.S.E.A. discute sobre el lugar que se le estaba negando al exilio en el proyecto democrático. Uno de los reclamos tuvo que ver con la negación del derecho a retornar, cuestión que se sustentaba en una criminalización de actividades políticas del pasado que eran mal interpretadas desde un presente democrático y constitucional. En otras palabras, los retornados entendían que había un grave error en la lectura del pasado de parte del sistema judicial pues por un lado, se comenzaba a consideraba un delito político toda actividad pasada que hubiera resistido al régimen militar como si se tratase de un gobierno legítimo y por el otro, que con este nuevo criterio se ignoraba la significativa responsabilidad de las Fuerzas Armadas a las que se exoneró de sus culpas por cumplir órdenes (Reencuentro, junio de 1985: 4). En consecuencia, O.S.E.A. denunció la incongruencia de que, al regresar, los exiliados fueran penalizados por sus actitudes de lucha contra la dictadura que llevaron adelante en ejercicio de sus derechos ciudadanos de resistir y luchar desde el ámbito internacional por la democracia en Argentina (Reencuentro, noviembre de 1985: 13). Durante 1986 y 1987, O.S.E.A. continuó trabajando en la reinserción de retornados en sus áreas laboral, de vivienda y salud, pero sobre todo en la defensa de los presos políticos heredados de la dictadura militar. En este sentido, articuló con otros organismos de derechos humanos sus recursos y experiencia en el área legal, por ejemplo en el caso de Osvaldo Antonio López que había sido condenado a 24 años de cárcel en base a una confesión obtenida bajo tortura y de Jerónimo Héctor López quien también continuaba bajo prisión y sin respuestas ante las demandas de libertad (O.S.E.A., 1986 b: 31-32). Este importante rol será luego retomado por el CELS cuando O.S.E.A. cierre sus actividades en junio de 1988. Si el retorno de la migración política contó con importantes dificultades para la inserción en el país, esta conflictiva dimensión legal persistió desde sus inicios,

evidenciando que el exilio no se cerraba con el regreso y coadyuvando, en muchos casos, a tomar la decisión de no regresar o de emprender la vuelta al país de refugio.

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Entrevistas - Entrevista a Octavio Carsen, Buenos Aires, 25/01/2012. Entrevistadora: María Soledad Lastra.