Un estudio sobre la representatividad sostenible

Cruz García Lirios(*)

UN ESTUDIO SOBRE LA REPRESENTATIVIDAD SOSTENIBLE (A STUDY ON SUSTAINABLE REPRESENTATIVENESS)

Resumen La sostenibilidad al ser un proyecto de desarrollo social, señala al Estado neoliberal como su principal obstáculo. Ante estas deficiencias, se han planteado las competencias eco-sociales entre individuos con el propósito de conservar los recursos naturales dosificando su consumo y diversificando su utilización. En tal sentido, el impacto del dispendio hidrológico de las zonas económicas opulentas sobre las necesidades de abasto de las zonas económicas marginadas es explicado en su el contexto socio-económico, político y demográfico que impide a la humanidad desarrollarse sostenidamente. Se fundamenta la Teoría de la Democracia Sostenible para explicar los efectos del abasto costoso, irregular e insalubre de agua en la ciudad de México. Se modelan en trayectorias lógicas causales cinco variables: (1) situación eco-sistémica, (2) competencia hidrológica (3) identidad comunitaria, (4) participación ambiental y (5) representatividad sostenible. Demostrada la verosimilitud de sus relaciones causales, se exponen los efectos indirectos, positivos y significativos del abasto irregular sobre el ahorro de agua a través de las creencias de escasez del recurso y los motivos de conservación. Finalmente, se diseña, aplica y evalúa una cotización, dosificación y reutilización del servicio de agua potable. Se propone la instauración de una democracia hidrológica sostenible considerando el contexto socio demográfico, económico y político de la megalópolis. Palabras clave:  Situación eco-sistémica, competencia hidrológica, identidad comunitaria, participación ambiental, representatividad sostenible Abstract Being a social development project, sustainability points to the neo-liberal State as its main handicap. Before such failures, eco-social competences emerge among individuals, in order to preserve natural resources, by measuring out their consumption and diversifying its use. In that sense, water waste in opulent zones has an impact on economically marginalized areas. This is explained in its socio-economic, political and demographic context, which prevent sustainable human development. In order to explain the effects of an expensive, irregular and unhealthy water supply in Mexico City, the Sustainable Democracy Theory is supported. Five variables are modeled in causal logic paths: (1) ecosystem situation, (2) water competence, (3) communal identity, (4) environmental participation and (5) sustainable representativeness. Once proved causal relations likelihood, indirect effects are displayed, which are positive and significant for irregular supply upon water save through resource shortage perceptions and conservation reasons. Finally, a water quotation, dose and re-utilization is designed, applied and evaluate. The proposal is a sustainable water democracy foundation, according to the social, demographic, economic and political context in the megalopolis. Keywords: Ecosystem situation, water competence, communal identity, environmental participation, sustainable representativeness. (*) Universidad Nacional Autónoma de México. Entelequia. Revista Interdisciplinar, nº 6, primavera 2008

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La Teoría de la Democracia Sostenible

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l impacto del crecimiento económico de la humanidad opulenta actual y futura sobre el desarrollo sostenible de la humanidad marginada actual y futura implica: 1. La explotación y escasez de los recursos energéticos y minerales disponibles para el consumo humano. 2. El crecimiento económico de la humanidad opulenta actual y futura a costa del nulo desarrollo sostenible de la humanidad marginada actual y futura. 3. La mediación favorable del Estado a dicho crecimiento económico y desfavorable a dicho desarrollo sostenible. Se exponen las dimensiones económicas, políticas, sociales y comunitarias de la formación del Estado moderno; la globalización corporativa sobre la localización comunitaria, los individuos sobre las comunidades, la competencia sobre la solidaridad y la libertad sobre la igualdad. Los efectos del crecimiento económico de las generaciones actuales sobre el desarrollo sostenible de las generaciones futuras han sido moderados por tres entidades: el Estado, la comunidad y el individuo. La primera entidad moderadora es el Estado y sus correspondientes políticas públicas, ejecutadas por sus correspondientes instituciones, han sido estudiadas principalmente desde disciplinas como la sociología, la economía y la ciencia política. La formación del Estado moderno inició durante el Renacimiento en la Europa del siglo XIV, las ciudades se consolidaron como ejes económicos con sus correspondientes migraciones de campesinos que se transformaron en comerciantes o proletarios con más obligaciones de explotación que de derechos civiles, políticos y laborales. La consecuente producción masiva de mercancías y

subsiguiente expansión del comercio tuvo en el Absolutismo, al principal sistema político sustituto de los sistemas feudales latifundistas: el poder se concentró en el monarca. Sin embargo, el incremento de la actividad industrial implicó el tráfico de mercancías entre entidades de consumo claves. Estos eran los estamentos (formas de organización feudal) que a finales del siglo XVII perdieron su poder de legitimidad y utilidad para la naciente burguesía. El trabajo del agricultor se expropió y se liberó junto con los productos agrícolas. Ambos fueron distribuidos como mercancías cotizados, comprados y vendidos como cualquier producto industrial del siglo XVIII. Una nueva forma de producción industrial sustituyó a los talleres artesanales con la contratación de oficiales para la creación de excedentes que superaron la demanda local y global posteriormente. Con base en una normatividad mercantil, se garantizó la producción y el trabajo en las ciudades. La descripción de la formación del Estado moderno inicia con los principios iusnaturalistas del Estado monárquico. El Iusnaturalismo es un conjunto de supuestos que tratan de justificar la pertinencia de un Estado que ordene el desorden en que vive la humanidad gobernada por la ley del más fuerte. Al estar en guerra de todos contra todos, causada por deseos que hacen antisociales a las personas, debe imponerse la voluntad de un monarca para conservar la seguridad de un grupo desunido por sus intereses particulares. En tal sentido, los individuos pactan un contrato para formar una sociedad estable siendo la renuncia a sus derechos naturales el principal costo que deben pagar. Una vez configurado este Estado, para conservar su coerción, debe integrarse un ejército lo suficientemente poderoso para evitar, y si es el caso, calmar posibles rebeliones. De este modo, en las monarquías absolutas el monarca asumió toda la responsabilidad de conciliar a cualquier precio y con cualquier me-

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dio los intereses de los habitantes. Más adelante, con la monarquía mixta (parlamentaria y constitucional) el monarca no podría delegar el poder ni siquiera al parlamento, salvo con el único límite que tendría una recién formada constitución. Esto indicaba que el poder del monarca se regulaba mediante un conjunto de leyes estatuidas que quizá no le permitieron actuar como lo haría el ente más fuerte en el Iusnaturalismo.

De esta forma, la soberanía popular tuvo tres características: unicidad, indivisibilidad e inalienabilidad. Sin embargo, si a lo irracional le correspondía la naturaleza humana entonces a lo racional, la civilización humana. En consecuencia, la suma de racionalidades individuales devendría en una racionalidad objetiva: el Estado monárquico representado por un individuo racional y representante de los individuos racionales.

Esta descripción de una humanidad irracional, la cual debe someterse a un orden supremo que la lleve a la buena convivencia, está instaurada en dos elementos muy importantes; se trata de la constitución y la voluntad del monarca. Precisamente, surge la necesidad de equilibrios entre los poderes ejecutivo (monarca), legislativo (parlamento) y judicial (magistrados). No se concibe un poder mayor a otro, más bien el poder dividido y a la vez moderado entre estos tres elementos.

La historia ha sido definida como un escenario de elementos antagónicos evolutivos y el Estado, ha sido estudiado como mediador del impacto del crecimiento económico de la burguesía sobre la explotación laboral del proletariado. Es decir, el Estado ha sido administrador de dicho impacto. Consecuentemente, el Estado ha sido un instrumento para la minimización (solidaridad y estabilidad social con desarrollo local) o la maximización (conflicto y cambio social con crecimiento global) de la lucha de clases. En tal sentido, la historia también es un escenario de elementos expansivos globalizados. Tanto los elementos antagónicos (burgueses vs proletarios) y expansivos (mercados globales vs mercados locales) configuran un sistema económico dinámico (capitalismo) en el que coexisten y son interdependientes, dichos elementos son la estructura sociohistórica del desarrollo sostenible. Es decir, son tres elementos estructurales que demuestran la inaplicabilidad de la concepción del Estado moderno. El primer elemento estructural sostiene la imposibilidad del Estado como entidad que subyace de la esfera pública. Además, el Estado es un instrumento de poder que se ajustó a la lógica económica de un sistema capitalista. En tal sentido, el primer elemento estructural es la separación del Estado con la sociedad, la separación entre lo público y lo privado. El segundo elemento estructural es la naturaleza de la burocracia como auto organización del Estado. Es decir el Estado moderno a través de la burocracia impone sus intereses al pueblo. Finalmente, el tercer elemento estructural es la noción de clase. Por lo tanto, el Estado moderno tiene

Al plantearse un contrato social, se reflexiona sobre la propiedad privada y el peligro que se corría al vivir en una sociedad donde todos eran dueños de todo porque sus derechos naturales los justificaban. Es así como al no haber las garantías básicas, se plantean tres principios de desigualdad económica, política y social, siendo la obtención y reconocimiento de una propiedad el primer indicador de diferencia en la sociedad. La segunda desigualdad humana sería la política que no le asistía a los súbditos, sólo al monarca. En un Estado despótico las garantías de propiedad, al ser exclusivas de la familia monárquica, constituyen la tercera desigualdad de la humanidad: la libertad cuando menos económica. Se necesitaba un contrato social para evitar esas tres desigualdades. Dicho contrato social fue el bosquejo de un Estado democrático y la supresión del despotismo en Francia. Los acuerdos y las coincidencias como la expresión de las voluntades individuales fueron el contenido de este contrato.

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como principales elementos a la lucha de clases sociales a través de la burocracia. El Estado moderno es una entidad estructurada por elementos interrelacionados.

ideologización burguesa, la desideologización proletaria y la reideologización comunista que se desglosan en el siguiente apartado.

El estructuralismo marxista tiene en sus fundamentos socio históricos, un análisis minucioso de las diferencias entre dos contextos coyunturales (el inicio del capitalismo y la consolidación de este sistema). El inicio del capitalismo en Alemania representó para esta sociedad, la oportunidad de insertarse en el crecimiento económico y para ello debió seguir el mismo proceso ideológico que en Europa predominó durante la consolidación del capitalismo. En contraste, en la consolidación del capitalismo, la ideología se torna diferente, tiene un impacto tal en el proletariado que la burguesía, es una clase diferente con una ideología diferente. Una ideología que se depura, se perfecciona y se ajusta al contexto. Esta ideología es contingente porque el contexto se estructura de un modo tal que desvanece los límites económicos de la burguesía y el descenso comunitario del proletariado. Se trata entonces, de desideologizar al proletariado para que en lo sucesivo comprenda la estructura de la sociedad capitalista, su emancipación consecuente y otra forma de Estado subsiguiente a la desideologización y la lucha frontal contra la burguesía, supone la supresión de la propiedad privada, principal fundamento jurídico del capitalismo. Es decir, En el absolutismo, el monarca como figura omnipresente siguió siendo monarca sin posibilidad alguna de cambio porque los estatutos feudales no contemplan el derecho del rey más allá del feudo. En contraste, el proletariado, en la sociedad capitalista determinaría, a través del conflicto social, su historia. A partir de su desideologización, el proletariado a diferencia del monarca, puede construir una forma de Estado que le proporcione una propiedad común e igualdad de resultados. La igualdad de resultados evitaría las diferencias entre los miembros de esta nueva sociedad. En tal sentido, la forma del Estado moderno tendría tres elementos estructurales: la

La ideologización burguesa. Se refiere al descrédito de la monarquía frente a la burguesía. En el caso del sistema político británico, la figura de un primer ministro sustituirá en sus funciones al monarca. En consecuencia, el proletariado sería un súbdito leal al ministro en sustitución del monarca. La desideologización proletaria. Significa la conciencia de clase, la idea amplificada entre la clase obrera de que el sistema político económico y social en donde podrá desarrollarse será aquel en el que la ideología burguesa se desvanezca. El Estado comunista sería un escenario de bienes comunes y resultados equiparables. Las diferencias entre las clases desaparecerían. En tanto, los disidentes del nuevo sistema serían relegados a zonas de desideologización. La reideologización comunista. Denota el nuevo programa de ideas y acciones para una sociedad igualitaria. A diferencia de la desideologización proletaria, en esta nueva fase socio histórica de la humanidad, las personas dejan de ser proletarios, burgueses y disidentes. La humanidad ha llegado a una fase superior a partir de conflictos y cambios que no se presentarán más. El impacto del sistema capitalista sobre la clase proletaria tiene en el Estado su principal fundamento mediador. La ideología burguesa al sustituir a la ideología feudal, desmitificó las religiones y con ello, la hegemonía del catolicismo sobre el protestantismo y otras formas de creencias. A través del Estado, grupos religiosos se configuraron en individuos libres de culto. Sin embargo, esta libertad dio lugar a otra forma de culto que el Estado se encargará de proteger y difundir para el beneficio de la burguesía.

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Esta es la esencia ideológica del Estado capitalista: la conservación de un culto a la libertad de elección. En el plano religioso, la libertad implicó la supresión de dogmas y la adopción de uno solo: la posibilidad de elegir entre múltiples cultos. Los ámbitos públicos y privados, tan evidentes en la sociedad capitalista, son compatibles en la medida en que la ideología se los permita. Éste culto a la libertad evidencia la posibilidad que tanto judíos como cristianos tienen para ajustarse a la realidad pública o civil en referencia a la realidad privada o comunitaria. La ideología burguesa en tanto instrumento para despojar a las comunidades de sus elementos, ha producido un ente individual que construye su propia interpretación de la realidad más no su interpretación de qué o quiénes regulan esa realidad. El Estado como elemento mediador usurpó de las comunidades, la cualidad de interpretar la realidad, ahora presentándose como regulador y difusor de creencias, obstaculiza las necesidades grupales de conflicto y cambio. Tres han sido los instrumentos que el Estado ha utilizado para conservarse a sí mismo y al sistema que le permitió aparecer. La libertad de elección. Implica la tolerancia a la heterogeneidad de decisiones más no de sus fundamentos. El Estado permite diferentes preferencias y expresiones pero no tolera los cuestionamientos a las ya existentes bajo el argumento de que cada quien es libre de pensar lo que quiera, pero si se trata de llevar las ideas a la acción se tendrán que ajustarse a un marco jurídico. La libertad de culto. Supone una diversidad de creencias en torno al origen del universo, las especies, las personas y sus diferencias consecuentes. El Estado promueve la diversidad de creencias porque en ellas se justifican las diferencias. La sociedad misma, al construir una multiplicidad de ideas, se explica a sí misma sobre las brechas económicas, políticas y sociales entre las clases sociales.

La libertad de desmitificación. Plantea la contrastación entre lo que la gente cree y la realidad tal cual se le presenta. En un sistema que produce creencias para conservar una ideología, es indispensable eliminar aquellos mitos que no se ajustan a la ideología dominante y conservar aquellas ideas que la consoliden. A partir de los tres instrumentos, se infiere que el Estado tiene como principal función social, la preservación de la ideología de la libertad. Cada individuo y grupo seleccionan, desmitifican y configuran creencias relativas a la conservación de una entidad mediadora de sus diferencias como lo es el Estado. La irracionalidad quedó excluida del poder político, después económico y se adentró en la cultura para después resurgir como estructura recuperable en la comprensión de los procesos comunitarios que se contraponen a la racionalidad económica o al homus economicus que tomaba las decisiones a partir de un cálculo de probabilidades consecuentes. De este modo se justifica una desigualdad humana: La razón no es para todos, su ausencia deslegitima todo sistema político alterno. Sólo la libertad se garantiza en un Estado racional. Lo racional legitima el poder sea político y económico. Esto implica un paradigma precursor que orientó a la humanidad hasta el contexto actual en el que deviene un paradigma alternativo orientador de un proyecto que a la humanidad le permitirá crear las instituciones necesarias para moderar el efecto del crecimiento económico reflejado tanto en la extinción de los recursos naturales energéticos, como en el bienestar subjetivo. Dicho proceso implica la concepción de un proyecto favorable a la humanidad y a su entorno: El Desarrollo Sostenible. En un programa socialista, a diferencia de un programa capitalista, el trabajo humano y la naturaleza, son elementos que configuran un producto expropiado por una clase que al

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controlar los medios de extracción, refinación, transformación, distribución y venta, impone un precio a dicho producto para que pueda ser intercambiado. En consecuencia, el Estado moderno establece el marco jurídico y legislativo para tal efecto. A partir de la propiedad comunitaria, se derivarían; la igualdad de oportunidades, el trabajo equitativo, el Estado comunitario y el sistema comunista. Se trata de tres las modalidades de justicia: capitalista, socialista y comunista. Justicia capitalista. Se refiere al derecho a la libertad de elección para cotizar y vender la propiedad privada y la fuerza de trabajo individual. El Estado moderno diseña, legisla e implementa políticas jurídico–fiscales para legitimar la producción, distribución, cotización y venta de productos. El Estado permite la redistribución de la riqueza a través de instrumentos fiscales (que convienen a una elite en detrimento de la mayoría). Justicia socialista. Sugiere el derecho a la igualdad de oportunidades y la inequidad en los resultados del trabajo. El Estado socialista diseñaría, legislaría e implementaría políticas sociales para legitimar el intercambio de productos bajo estándares planificados de consumo. El Estado permitiría la distribución equitativa de la riqueza a través de instrumentos pragmáticos (que convengan a la mayoría en detrimento de una elite). Justicia comunista. Supone el derecho a la igualdad de oportunidades y la equidad en los resultados del trabajo. El Estado comunista diseñaría, legislaría e implementaría políticas comunistas para legitimar la asistencia social en función de un plan de desarrollo equitativo para todos. El Estado permitiría la distribución de la riqueza a través de instrumentos de acoplamiento (que convengan a todos sin detrimento de ninguno)

Se advierte sobre la legitimación de la propiedad privada, su consecuente división del trabajo y subsiguiente orden jurídico. Frente a tal legitimación, se hace imprescindible reflexionar sobre otras alternativas de propiedad, trabajo y Estado.

El Estado Autoritario Las ciencias sociales que estudian cómo está representado el Estado por las personas, sugieren que se ha mistificado en demasía la función del Estado como promotor y conciliador de un crecimiento económico. En tal sentido, tanto el Estado totalitario como el Estado autoritario son concentradores de poder ideológico; político, social, cultural y económico. Tales son los casos de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), la República Popular China, Cuba y la Republica de México. En la ex-URSS el poder se concentraba en sus secretarios generales que utilizaban al partido único comunista para ideologizar, controlar o reprimir tanto a simpatizantes como a disidentes. El partido comunista fue un conglomerado que aglutinaba grupos de simpatizantes en cada región y localidad. Estos grupos asistían a congresos cada cinco años para definir los programas sociales. Antes bien, la realidad del sistema giraba en torno a los intereses de los secretarios particulares. Un ejemplo fue Stalin quien durante 31 años se mantuvo en el poder reprimiendo a disidentes, definiendo las políticas internas y externas, proyectando una ex URSS más totalitaria. Esto implicó la necesidad de flexibilizar al sistema político ex soviético. Una vez muerto Stalin, cada uno de sus sucesores fueron allanando el camino hacia una apertura con los regímenes políticos occidentales. Gorvachov fue quien culminó este proceso de flexibilización al proyectar la fragmentación del sistema totalitario. Es así como el sistema ex soviético fue rígido en sus decisiones políticas, sociales y

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económicas, impidió todo tipo de expresión alternativa o disidente, concentró el poder en Rusia, en su capital Moscú, en el partido comunista y en el secretario general. Sin embargo, el sistema ex soviético necesariamente fue flexibilizado por cuestiones más económicas que políticas al no sustentarse la competencia armamentista contra los Estados Unidos de América (EUA).

clusión de las minorías. En efecto, las diferencias entre los sistemas políticos de occidente y los sistemas políticos de oriente son culturales, políticas y sociales, aunque en términos económicos, la libertad de elección, la consecuente toma de decisión, la subsiguiente potenciación indicada en la innovación y la competencia, son los paradigmas del crecimiento y el progreso.

Por su parte, el sistema político chino, a diferencia del ex soviético, fue rígido y flexible según las contingencias económicas. Aunque el autoritarismo chino eliminó a un millón de disidentes, fue flexible al crear zonas capitalistas en Hong Kong y Taiwan combinando ambas políticas durante los 50 años del régimen. Mao Zedong a diferencia de Stalin, proyectó un liderazgo carismático que le permitió la aplicación de una política interna autoritaria y una política externa flexible.

Por su parte, el sistema político cubano incluye dos elementos fundamentales: el sistema electoral y su forma de gobierno. El sistema de elección está constitucionalmente determinado por distritos uni-nominales en los que el elector con un solo voto determina, ante una lista cerrada, al candidato impuesto por el partido único. Consecuentemente, la forma de gobierno es determinada por el formato de elección más que por un sistema electoral que debe convertir las preferencias en votos y después tanto en escaños como en cargos políticos de gobierno. La ausencia de un sistema de elección determina la forma de gobierno a través del formato de voto impuesto por el partido único. Esto implica la nula competencia por el poder por la inexistencia de un sistema de partidos.

El partido comunista chino tuvo una función ideológica similar al partido comunista ruso. Sin embargo, estableció alianzas con los disidentes al promover un nacionalismo comunista y capitalista. Estas diferencias políticas fueron derivadas de las diferencias culturales. Mientras que en la ex URSS hubo zonas y grupos heterogéneos, en la República Popular China hay grupos y zonas homogéneas dispuestas a obedecer a las autoridades para el beneficio colectivo. Por lo tanto, los líderes fueron esenciales para el control de las multitudes a través del partido comunista. Los líderes al ser carismáticos pudieron seducir a los simpatizantes al mismo tiempo que reprimían a los disidentes. Es así como la burocracia china al estar determinada y sometida por los líderes políticos, permitió el desarrollo de instituciones que legitimaron el sistema político chino. El sistema político chino, mezcla de autoritarismo y democracia republicana se consolida como una opción, sobre todo de crecimiento económico, frente a las democracias liberales que al día de hoy se plantean la ex-

La ausencia de un sistema electoral democrático supone que en Cuba la democracia es asimétrica, sólo aplicable al interior del partido no a la sociedad. Es decir, la máxima de repartición del poder en proporciones tales que incluyan a los actores políticos, sólo podría ser aplicable en el partido único cuando el líder dejara de controlarlo. Por lo tanto, la premisa sobre la forma de elección en interacción con los poderes ejecutivo y legislativo como principales parámetros de excelsa democracia, no serían aplicables en el sistema político cubano que busca desarrollarse sin interactuar con el legislativo en la repartición proporcional del poder como ocurre en las democracias del primer mundo desarrollado económicamente. Sin embargo, la premisa sobre el desarrollo sostenible a

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partir de un Estado fuerte y legítimo, se aplica al caso cubano. El sistema político mexicano es un caso excepcional de autoritarismo. Este sistema en el periodo de 1917 a 1994 en México, al igual que en Cuba, los poderes meta constitucionales tenían un mayor efecto en el sistema de elección, la forma de gobierno y el sistema de organización de partidos en relación con el presidencialismo de los Estados Unidos de América y el presidencialismo de los Estados sudamericanos. El presidencialismo mexicano, a través de sus facultades de veto, decreto e iniciativa legislativa, develan el poder meta constitucional que determinó la sucesión presidencial, las iniciativas legislativas y los cargos políticos estatales. El presidente controlaba la interacción entre el legislativo y el ejecutivo. Es decir, los candidatos a diputados no aspiraban a negociar con el presidente los espacios de poder (distritos uni-nominales) porque dichos cargos ya estaban determinados discrecionalmente por el presidente. La legitimidad, no fue necesaria en el pre-sidencialismo mexicano. Consecuentemente, las reglas de asignación de escaños (por divisores o por cocientes) sólo sirvieron al sistema político mexicano cuando la oposición empezó a ganar distritos en 1988. El estado autoritario incluye tres principales estructuras. Se trata de sus liderazgos opresores, su sistema clientelar y su ideología legitimadora. Liderazgos opresores. Propician las censuras, confrontaciones, encarcelamientos y desapariciones de los disidentes (en grupos o multitudes) al régimen autoritario. En la ex URSS, China, Cuba y México se han registrado tales acontecimientos el 1 de octubre de 1968 en México y en 1988 en China en donde los gobiernos han reprimido a los manifestantes en su mayoría estudiantes. En la ex URSS y Cuba los

casos de represión son individuales o en grupos. Sistema clientelar. Manipulan los sectores sociales más marginados a través de programas asistencialistas para obtener su apoyo contra los grupos disidentes. A través de los partidos comunistas en la ex URSS, China y Cuba se organizan comunas para la producción y distribución de propaganda ideológica que apoye al régimen. En México, los partidos políticos también organizan grupos para la ejecución de fraudes electorales. Ideología legitimadora. Son los discursos y la propaganda, las consecuentes manifestaciones, las subsiguientes confrontaciones, encarcelamientos y desapariciones tanto de grupos que apoyan al régimen como de grupos disidentes. la ex URSS, China, Cuba y México la lista de líderes disidentes desaparecidos es muy extensa. Puede observarse que los elementos estructurales del Estado Autoritario son sociales y no económicos o políticos. Los regimenes autoritarios han tenido una economía y una política estable durante el período que corresponde. En tal sentido, la inconformidad social ha surgido más a partir de la opresión de disidentes que posterior a una crisis. Es en el Estado Neoliberal donde las crisis han determinado el activismo social; las protestas, las manifestaciones y las confrontaciones de los disientes con los gobiernos democráticos neoliberales.

El Estado Neo-liberal El crecimiento capitalista implicó la división de lo público (rubros administrados por el Estado) y lo privado (rubros administrados por las personas). En efecto, lo público tuvo que ver con actividades económicas que pretendían determinar el destino de las personas. En tanto, lo privado, fue una concepción para explicar la agencia del indivi-

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duo ante la estructura social que el Estado comenzaba a administrar. Lo publico, fue un escenario en el que el Estado monopolizó los derechos civiles para modificar el conflicto o lucha de clases y el consecuente cambio social como lo planteó el estructuralismo marxista. El Estado liberal como regulador de la vida social, política y económica subordinó el interés comunitario al interés particular, esto implicó a una naciente ideología liberal. El Estado otorgó a los individuos las herramientas y las oportunidades para organizar el progreso de un país garantizando los procesos que favorecen la propiedad privada. La razón implicó el progreso y la fe significó el atraso social. Por lo tanto, el Estado sólo resguardó los derechos a la libertad de los individuos. Las clases trabajadoras se movilizaron (huelgas, mítines, plantones, marchas y manifestaciones) para exigir su bienestar social al Estado liberal. Las asambleas proletarias discutieron la pertinencia de crear instituciones para subsanar los problemas de justicia social. El Estado liberal se transformó en el Estado social benefactor que promovió la justicia social. La ideología liberal también se trasformó en una ideología de beneficencia social: un pensamiento liberal fue justo cuando no benefició a la mayoría. El Estado democrático neoliberal implica a una oposición que ha ganado alguna vez las elecciones municipales a presidenciales. De este modo, quién(es) han ganado las elecciones han arribado al poder recientemente. Por lo tanto, hay un pluralismo en la elección que significa la voluntad de la mayoría. En tal sentido, las opciones partidistas compiten por la preferencia del electorado. En dicha competencia electoral, los institutos encargados de organizarlas lo han hecho con autonomía y legitimidad. Para tal propósito, el electorado, ha tenido una diversidad de fuentes de información en torno a candi-

datos, plataformas políticas y propuestas de campaña. Finalmente, una vez efectuadas las elecciones, se reconoce en un lapso de tiempo corto al ganador otorgándole su constancia de mayoría correspondiente. Se exponen las diferencias entre el periodo fijo del presidente frente al periodo indeterminado del primer ministro. Consecuentemente, la viabilidad del sistema presidencial ante las crisis económicas en América Latina. Subsecuentemente, la interacción entre el ejecutivo con el legislativo y la federación. De este modo, se desarrolla la construcción de la democracia en el contexto sociopolítico de América Latina. El ejecutivo en el sistema presidencial tendría frente al sistema parlamentario, tres ventajas competitivas: La rendición de cuentas a través del voto popular y de forma directa. Es decir, el elector conocería los efectos tanto positivos como negativos de su voto en el gobierno próximo. La consecuente repartición del poder político en el senado, las cámaras de diputados, las gubernaturas y los municipios. Por lo tanto, el presidencialismo como un sistema de contrapesos, en donde habría una contienda electoral permanente frente a la hegemonía de las coaliciones parlamentarias. Sin embargo, se ha planteado la imposibilidad del surgimiento de líderes y gobiernos mayoritarios en el sistema presidencial. En contraste, se discute esta crítica al discernir entre liderazgos surgidos de un partido y los liderazgos surgidos de un parlamento. Los líderes parlamentarios que después serán primeros ministros, podrían ser bien vistos por la clase política, al ser profesionistas de carrera frente a los outsiders que subyacen en los sistemas presidenciales. Sin embargo, lo importante es la capacidad de los líderes para relacionarse con su partido, con el par-

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tido opositor y con los poderes parlamentarios y estatales. Es decir, el presidencialismo es un sistema que permite la lucha por el poder evitando la hegemonía de un partido sobre otros y la negociación del presidente con otros partidos permanentemente. En América Latina, la construcción de presidencialismos inmóviles ante la falta de acuerdos con la oposición, también ha permitido que el presidente desarrolle habilidades de negociación con el legislativo. En los sistemas presidenciales el ganador de la presidencia se lo lleva todo. Esta es una observación que induciría a pensar en la concentración del poder presidencial. En un sentido opuesto, el presidencialismo en realidad es incluyente al momento de repartir el poder. Frente al parlamentarismo en el que una coalición bipartidista se lo lleva todo, el presidencialismo permite una contienda por el logro de recursos, la asignación de ministerios, la captación de obras públicas y la redistribución de presupuestos entre las opciones partidistas ausentes en el parlamentarismo. En efecto, el presidencialismo tendría más beneficios que costos y sería un sistema ideal para el contexto socio económico político de América Latina. El presidencialismo pudo haber influido y agravado las crisis económicas. Sin embargo, de no haber existido este sistema, América Latina no hubiera afrontado dichas crisis e incluso haberlas superado. Por lo tanto, la estabilidad económica depende de múltiples factores entre los cuales el presidencialismo ha contribuido más para ello que por su agravamiento en crisis. Dicha estabilidad fue inducida por los poderes reactivos y preactivos del presidente: Poder de veto. Se refiere al rechazo de una iniciativa y su aprobación generada por el parlamento.

Poder de decreto. Implica la elaboración total o parcial de una iniciativa y su aprobación sin necesidad de que el legislativo lo apruebe. Poder de iniciativa exclusiva. Sugiere la posibilidad de que el legislativo apruebe o desarrolle una iniciativa que sólo el presidente puede elaborar y promover. Estos tres poderes permiten al presidente subsistir ante la ausencia de coaliciones, la indisciplina de su partido y la disciplina de la oposición. Debido a que el presidencialismo implica contrapesos que constantemente se desvanecen y desestructuran, en este sentido es que los tres regulan los mecanismos de coalición. Frente al liderazgo del primer ministro que depende del apoyo parlamentario, el presidente es una entidad independiente al tener estos tres poderes. Cabe señalar que el sistema presidencial además de tener elementos autónomos en el ejecutivo y en el legislativo, implica una configuración política que conlleva a la estabilidad. Ahora bien, los sistemas de elección presidencial y parlamentaria están fundamentadas en las estructura de sus comicios, la simultaneidad de sus elecciones, en la relación circunscripción-voto y tipo de candidatura. Se trata de un sistema electoral complejo en el que los países de América Latina transitan de un sistema fundamentado por la mayoría simple a una vuelta hacia un sistema de mayoría absoluta a segunda vuelta. Esto implicaría para el caso de México, una solución a la legitimidad de los comicios para el caso de las elecciones presidenciales. Sin embargo, dicha solución implicaría, una proliferación de candidaturas que confundirían en sus preferencias, al electorado y consecuentemente, la relación partidos-candidatos sería más flexible en tanto la relación candidatoselectores se reforzaría. Respecto al sistema de elección parlamentaria, la relación candidato-partido es más independiente cuando el elector con su

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voto elige en una lista cerrada al candidato en un distrito uninominal. Este fenómeno llevaría al sistema político mexicano a emular al brasileño en donde los candidatos aceptan o rechazan las iniciativas en función de sus intereses (partidas presupuestarias para su espacio de poder). Los presidentes ofrecen asistencia económica a las comunidades representadas por éstos candidatos, para lograr alianzas, acuerdos y aprobaciones de leyes. Precisamente, subyacen problemas tales como el clientelismo y el populismo que implican la compra-venta del voto a través de programas públicos, una consecuente participación ciudadana convenenciera y una elección de candidatos viciada. Antes bien, han sido tres las características de los sistemas de partidos que han llevado a la ruina económica a Latinoamérica. Los partidos políticos transitan de un sistema autoritario a uno competitivo. Consecuen-temente, los partidos evolucionan desde la determinación de una lista de candidatos para distritos uni-nominales a sólo la propuesta de una lista de candidatos para que el electorado los elija y configure una lista para distritos pluri-nominales. Por lo tanto, los partidos políticos tienden más a las alianzas parlamentarias que a las coaliciones antes de los comicios. Estos tres factores al interactuar configuran sistemas complejos que transformarán las preferencias políticas en votos, después en escaños o cargos políticos. Es decir, un sistema de elección presidencial por mayoría simple a una vuelta, implica la formación de coaliciones partidistas y la negociación entre alianzas parlamentarias después de los comicios. En contraste, una elección por mayoría simple a dos vueltas implica la proliferación de partidos y la legitimidad que llevaría a reelegirse a un presidente. Tal reelección permitiría la rendición de cuentas que conlleva a la formación de alianzas en torno a la negociación, aprobación e implementación de reformas estructurales que aumentarán los

méritos del presidente y la legislatura frente al electorado. Los sistemas de elección, los sistemas de partidos y la participación ciudadana, son indispensables para el desarrollo de una democracia legítima. Desde la percepción electoral (captación de las opciones partidistas y los candidatos) hasta la implementación de programas sociales, la política, es decir, el proceso de democratización, es la principal vía para la configuración de un Estado fuerte y legítimo; un sistema de repartición del poder en función de la preferencia electoral y un sistema de partidos competitivo en función de la estructura electoral (las reglas de asignación de escaños y cargos). Estas aseveraciones pueden observarse en dos sistemas presidenciales opuestos: el brasileño y el venezolano. El presidencialismo brasileño ejemplifica la importancia de los poderes. Sus presidentes llegan al poder en un entorno de indisciplina, en un conglomerado de intereses particulares donde el parlamento, los diputados, los gobernantes y los presidentes municipales, agrupan y desagrupan acuerdos a partir de partidas presupuestarias para sus entidades. En este escenario, el presidente está obligado a formar coaliciones mediante los mismos mecanismos. A través de las instituciones gubernamentales, los ministros organizan la formación de acuerdos para apoyar al presidente a cambio de más presupuesto para los estados a los que representan los sanadores, a los distritos que representan los diputados, y a las demás entidades que apoyan a un político a cambio de asistencia social. Este sistema tendría una propensión a la indisciplina partidista generado por sus propios intereses incompatibles con el proyecto del presidente. Sin embargo, existen tres beneficios subyacentes de esta problemática: Los proyectos de asistencia social se enfocan en las necesidades reales de la gente. La contienda política se estructura a partir de estas demandas justas. El sistema presi-

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dencial se vuelve competitivo y solidario entre los partidos y la sociedad civil Por lo tanto, el presidencialismo brasileño es el mejor escenario de interacción entre las fuerzas políticas, los movimientos sociales, las instituciones públicas y el presidente. El presidencialismo brasileño sería la antesala a un sistema político equilibrado en el que los poderes generan más beneficios que costos y los contrapesos necesarios a partir de su interacción, negociación y configuración contrarios a la coalición característica del sistema parlamentario, a la hegemonía bipartidista y a la omnipotencia de una asamblea. El sistema presidencial venezolano es opuesto al brasileño. Esto supone dos factores socio históricos del sistema político venezolano. En las dictaduras y autoritarismos venezolanos el partido Acción Democrática fue perseguido y reprimido. Esto significó el desarrollo de una identidad y lealtad de partido que tanto simpatizantes como dirigentes demostraron fehacientemente en los golpes de estado. La ley electoral en Venezuela obligó a la sociedad civil a asistir a las elecciones de partidos no de candidatos a la presidencia y al parlamento. Esto se tradujo en exigencias que obligaron a los partidos a disciplinarse llegando a acuerdos por encima de sus intereses.

mo de América Latina, tanto el ejecutivo como el legislativo son entidades autónomas que funcionan como contrapesos estructurantes que se influyen mutuamente en crisis económicas, políticas y sociales. En tal sentido, dos formas de gobierno configuran las democracias modernas: el parlamentarismo y el presidencialismo. Se trata de la legitimidad política versus la eficacia económica. Mientras que en el presidencialismo los países latinoamericanos que lo adoptaron han sufrido crisis políticas observadas por la ausencia de liderazgo, es en los regímenes parlamentaristas quienes se han consolidado con una democracia estable, incluyente y de contrapesos. En los sistemas parlamentarios las personas conocen debidamente a los que probablemente estarán en el gabinete. En contraste, en los sistemas presidenciales, el votante desconoce quién será incluido en el gobierno. Más aún, la propensión al autoritarismo en los Estados presidenciales, sugiere otra desventaja respecto a los Estados parlamentarios. Esto es significativo porque la ineficiencia de un presidente que su pueblo tendrá que soportarlo durante los años de elección, en los sistemas parlamentarios, el voto de censura será más que suficiente para que el primer ministro renuncie si es igual de ineficiente.

Es así como a diferencia de Brasil, Venezuela tiene un sistema de partidos disciplinado en una interrelación con la sociedad civil y el presidente. Precisamente, éste último sería el principal obstáculo para el desarrollo de Venezuela.

El debate tiene como trasfondo los postulados de la igualdad versus la libertad en ambas democracias. En el presidencialismo se fundamenta el sistema a partir de la libertad principalmente económica como ocurre en los EUA. En el parlamentarismo se contempla la inclusión de minorías y su reconfiguración como en la Unión Europea (UE).

Ante las crisis presidenciales, el pueblo venezolano ha desarrollado un orden cívico que le ha permitido tener periodos democráticos extensos y una prosperidad económica como factores de dicha estabilidad. Sin embargo, no es claro que el parlamentarismo sea un mejor sistema frente al presidencialis-

El Estado democrático presidencial es un sistema con bases constitucionales (EUA, Argentina) y meta constitucionales (México), siendo el extremo, conocido como hiperpresidencialismo. Las diferencias giran en torno a los atributos meta constitucionales que tuvo el sistema mexicano. El presi-

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dente elegía a su sucesor, quitaba y ponía candidatos a gubernaturas y municipios controlando al poder legislativo a través del partido hegemónico. En contraste en el modelo norteamericano, el partido republicano al tener una hegemonía, ha apoyado las decisiones del presidente sin necesidad de los poderes meta constitucionales. La segunda forma es el Estado democrático parlamentario, que tiene como principal problema la propensión a convertirse en asambleas hegemónicas que pueden imponer o destituir primeros ministros. Los líderes legislativos son promovidos como primeros ministros y los sub líderes como ministros del gabinete. El sistema político mexicano contemporáneo se ha democratizado a tal grado que ahora los partidos compiten por el poder. Sin embargo, al ser un sistema tripartita, adquiere el problema de las alianzas parlamentarias para la aprobación de iniciativas. Dado que el partido en el poder no tiene la mayoría absoluta en ambas cámaras, el sistema político tenderá a conservar un sistema de elección fundamentado en la mayoría simple en coexistencia con la representación proporcional que en el caso del senado, le asigna dos escaños al primer lugar y uno al segundo lugar de las elecciones. En Italia el sotogoverno tiene una mayor influencia que el mismo sistema parlamentario. Debido a la idiosincrasia, la tradición italiana de relajamiento político y la corrupción social en todas las esferas, el sistema político italiano no tendría una estructura definida en su influencia con las políticas públicas. Esto significa que hasta la operación “manos limpias” sólo el poder judicial tenía la credibilidad que al ejecutivo y al legislativo les faltaba. En tal sentido, la representación proporcional que favorecía la subsistencia de múltiples partidos coludidos con grupos de mafias, fue poco a poco sustituida por un sistema de mayoría simple que otorgó el poder a partidos con un alto presupuesto económico y un consecuente poder mediático. Tal fue el caso del partido “Forza

Italia” de Silvio Belrrusconi quién sin embargo, no terminó su periodo de seis años y dimitió ante la evidencia electoral no favorable. Sin embargo, el sistema político italiano ha consolidado un crecimiento económico en el que sólo tuvo que intervenir en la libertad, la iniciativa y la innovación. El pueblo de Italia ha trascendido el plano político; parece estar de acuerdo en tener un sistema político inestable, un primer ministro efímero, un parlamento impotente y un poder judicial eficiente. Este sistema político italiano contrasta con el sistema político español principalmente en su estructura de elección parlamentaria. Mientras Italia abandona la representación proporcional para excluir a grupos políticos non gratos, España adoptó la representación proporcional para configurar un sistema político incluyente, para cohesionar diversos grupos minoritarios que se disputaron el poder después de la muerte del dictador Francisco Franco. Esto implicó no sólo el progreso económico de España, sino sobre todo, la configuración de un régimen parlamentario que coexiste con una monarquía. Consecuentemente, las diferencias son que en Italia las iniciativas son diseñadas y llevadas a cabo por el parlamento. Así misma, su evaluación (aceptación o rechazo) no puede ser vetado por el primer ministro. En contraste, en España el primer ministro puede vetar una iniciativa del parlamento y además, como en Italia, disolverlo para convocar a elecciones anticipadas. En Francia el sistema parlamentario impedía su desarrollo. Por tal motivo De Gaulle proyecto “La Grandeur”. Sin embargo, el presidencialismo no sería pertinente al aproximarse al autoritarismo. Consecuentemente, un sistema semipresidencial fue el idóneo para los intereses de Francia. La quinta república se caracteriza por otorgarle un alto porcentaje de poder al presidente elegido por voto popular de la mayo-

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ría absoluta a dos vueltas. El parlamento, no tendría la facultad de destituirlo durante el periodo de siete años y mucho menos en sus eventuales reelecciones. Es así como el poder de veto del presidente y sus facultades legislativas conllevan la estabilidad política que los sistemas parlamentarios con representación proporcional no tienen. Tendría la posibilidad de compartir el poder (cohabitación) con la oposición que los sistemas presidenciales adolecen. El semipresidencialismo ha sido un sistema que no sólo incluye al presidencialismo y al parlamentarismo, sino que puede constituirse en una opción evolucionada de las democracias. La clave de dicha evolución es que controla los defectos del presidencialismo (poder limitado del presidente en el parlamento) y los defectos del parlamentarismo (poder limitado del legislativo en el gobierno). A través del equilibrio de poderes, el semipresidencialismo ha logrado estabilidad política traducida en legitimidad, eficiencia y eficacia. Legitimidad. Se debe a que la elección del presidente es popular y la elección del primer ministro parlamentario también, aunque indirectamente. Eficiencia. Es el gobierno que puede entregar cuentas a quién los ha elegido y ha depositado su confianza en ellos. Eficacia. Indica la estabilidad que se traduciría en la reelección posible sin que el parlamento obstaculice el proceso de consolidación de alguna política pública. Esto implica; Iniciativas más presidenciales que parlamentarias, la alternancia prolongada del poder, la concentración del poder en un sistema no en una persona o grupo, la compartición del poder reflejada en un presidente y un ministro del interior, el poder de veto innecesario si el parlamento pertenece al mismo partido del presidente, la rápida toma de decisiones del presidente, La disolución innecesaria del parlamento cuando el

presidente es legitimo, eficiente, eficaz y en los casos necesarios cohabitable con el ministro del interior y un gabinete que es monitoreado por el parlamento al que no puede pertenecer en la misma legislatura. A partir de este modelo, se desarrolla un presidencialismo alternativo en la que el presidente podrá llegar al poder si el parlamento resulta ineficaz. Esta situación haría dimitir al primer ministro y su lugar sería ocupado por el presidente hasta que demuestre su ineficacia. Tenemos entonces una propuesta en la que los líderes y sublíderes de los partidos compiten por el poder. Dicha competencia, no tendría otro motor más que la ineficacia de un primer ministro o de un presidente. Esta propuesta de semipresidencialismo avanzado tendría como principal obstáculo la indisciplina de los partidos porque requiere de ellos no sólo los votos sino sus funciones de coalición para compartir el poder. El Estado neoliberal plantea como principal factor de crecimiento económico a la ventaja competitiva estructurada a partir de creencias y percepciones de libertad de elección, conocimientos y habilidades técnicos productivos. En contraste, la burocracia estatal inherente a la ausencia de competencia sería el principal obstáculo de la prosperidad social al restringir los derechos de crecimiento económico individual. Las funciones del Estado como moderador del crecimiento económico se inician reformando los estatutos constitucionales y su adecuación para garantizar la venta de paraestatales, la inversión extranjera en la extracción, sobreexplotación y distribución de recursos energéticos. Esto implica el crecimiento de la propiedad privada (con su consecuente monopolización), la competencia de capitales en sectores claves de la economía, la mano de obra liberada, abundante, barata y disponible, y el deterioro de los recursos naturales inherentes a los recursos energéticos.

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El Estado como un anexo de la burguesía en el que las políticas económicas públicas favorecen el crecimiento económico e impiden el Desarrollo Sostenible. En la sociedad actual, para colocar un ejemplo, los organismos financieros tales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio, al condicionar el préstamo de dinero solicitando cambios estructurales que permitan la libre circulación, especulación, fuga y acumulación del capital, determinan dicho crecimiento económico. Durante los gobiernos de Ronald Reagan en los Estados Unidos y Margaret Tacher en el Reino Unido en la década de los ochenta, sus programas tuvieron seis ejes principales; privatización de empresas públicas, recorte a las prestaciones sociales, combate a la ineficacia pública, reducción de impuestos, incentivo a la eficiencia y a la eficacia y límites a los privilegios de los sindicatos. Posteriormente, durante el gobierno de Tony Blair en el Reino Unido, el Estado neoliberal plantea una tercera vía a partir de un programa de cuatro contenidos; aligerar la regulación de las actividades empresariales, aliviar las cargas sociales impuestas a los empresarios, reducir los costes de la seguridad social y privatización de los servicios públicos. Los resultados del programa neoliberal en el Reino Unido y los Estados Unidos implicaron el cobro de los servicios de salud o el subsidio a quienes pudieran costear una cuenta de seguro personalizada. El esquema de pensiones solidario característico del Estado social fue sustituido por el sistema de administradoras de fondos de retiro en cuentas individuales. La solidaridad característica entre las cuotas de trabajadores que consistía en pagar más si los ingresos eran mayores, fue desplazada por el esquema de cuotas personalizadas en las que los trabajadores aportaban según un parámetro mínimo.

En la educación, las universidades públicas compitieron con las universidades privadas por el reclutamiento, selección, formación y titulación de estudiantes en áreas científico tecnológicas sociales más que en las áreas de humanidades. Se privilegió un pensamiento deliberado, planificado y sistemático en la solución de necesidades ante el pensamiento lateral, heurístico e improvisado. Este primer tipo de pensamiento impacto en el desarrollo tecnológico sin prever las consecuencias en el medio ambiente y con ello en las futuras generaciones. En contraste, el segundo tipo de pensamiento social humano que consistía en la concatenación con la naturaleza más que en su transformación, fue estigmatizado como globalifóbico y con ello se ocultaron los cuestionamientos al progreso humano y su correspondiente crecimiento económico. En las empresas, los sindicatos fueron los principales afectados en sus privilegios enunciados en los fondos de pensión colectiva sustituidos por fondos de retiro individuales. Los salarios bajos y la consecuente disminución del poder adquisitivo propiciados por las políticas publicas inflacionarias en detrimento del pleno empleo. La historia de la formación del Estado moderno, tiene dos vertientes: la primera indica que el Estado ha sido una entidad que regula y hace compatibles los intereses humanos: la segunda vertiente denuncia que el Estado ha sido un instrumento para ejercer el poder político y económico. El ejercicio de dicho poder se ha centrado en la explotación, deterioro y extinción tanto de los recursos naturales como de los recursos humanos. En tal sentido, el Estado ha sido lo suficientemente conciliatorio para retardar la extinción de la biodiversidad y con ella la muerte de la humanidad como la conocemos hasta hoy. El Estado al ser moderador de los efectos del crecimiento económico sobre el comportamiento humano y su entorno se encuentra

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ante dos opciones: propone reformar la constitución o pospone dichos cambios, permite el libre fluir financiero o lo regula, maximiza el desempleo y el subempleo o lo abate, limita al empobrecimiento o lo extiende a las clases medias, tolera la extinción de los recursos naturales o lo retarda. Los países de América Latina, al retomar los fundamentos del Estado moderno permitieron la sobreexplotación, contaminación, destrucción, escasez y extinción de los recursos naturales (principalmente agua, petróleo, gas y electricidad), así como la desocupación, el desempleo, el subempleo, la abismal diferencia en el ingreso entre ricos y pobres, el aumento de la deuda tanto externa como interna, sus correspondientes altas tasas de intereses y la inflación permanente. La racionalidad orientada al progreso, en América Latina se ha manifestado en cinco modalidades de política económica; estabilizadora, conciliadora, ortodoxa, heterodoxa y neoliberal determinadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Los supuestos teóricos del monetarismo y

el intervencionismo son los principales argumentos de la política económica en América Latina. Los monetaristas plantean que el libre juego de las fuerzas del mercado estable­ ce una economía próxima al pleno empleo y,  por consiguiente, la intervención del Estado  se   debe   reducir   a   lo   mínimo   posible:   en  esencia,   a   controlar   estrictamente   la   canti­ dad de dinero. Es decir, las economías tien­ den a largo plazo hacia el pleno empleo de  los   recursos   productivos   y  el   gasto   público  debe limitarse en lo posible para equilibrar  el presupuesto público anualmente. En con­ traste, los Intervencionistas sostienen que el  Estado mediante una política fiscal debe es­ tabilizar la economía, ante una recesión mo­ tivada por una demanda agregada de forma  insuficiente. El sector público debe interve­

nir manipulando los gastos y los impuestos.  Por lo tanto, el presupuesto se debe equili­ brar cíclicamente.

La política económica estabilizadora ha sido definida como la interpretación del desarrollo (apertura al comercio exterior, valuación adecuada de la moneda, incentivos al ahorro interno, estimulación de la inversión extranjera y compensación de la balanza de pagos) a partir de programas e instrumentos de estabilidad fundamentados por la teoría monetarista y la practica tecnócrata que favorecen un oligopolio en el financiamiento, producción y comercialización. Dichos programas, son de ámbito: Monetario. Plantea el proceso inflacionario como el efecto de una demanda neutralizada mediante restricciones monetarias, emisión y circulación mínima de dinero, regulación del crédito, eliminación de déficit fiscal, supresión de subvenciones, eliminación de déficit paraestatal y ajuste de los salarios en función de la productividad. Comercial externo. Implica al Banco Central como corrector de desniveles entre precios nacionales e internacionales, control de la inflación y desajustes en la balanza de pagos (diferencial entre importaciones y exportaciones) mediante un tipo de cambio fijo o fluctuante. Social. Se considera como ineludible y transitoria la sobreexplotación de los recursos naturales, el límite al empleo, la insuficiencia de oferta y el alza de precios. Estos programas incluyen seis instrumentos:  Reservas internacionales sanas en un mercado de capitales que respaldan la inversión productiva. Devaluación de la moneda para ajustar la balanza comercial (la demanda de las importaciones en función de los niveles de

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exportación y la variación de divisas) e incentivos al consumo y ahorro interno. Un sistema bancario eficiente en el control de crédito y la cantidad de los medios de pago, control inflacionario y adecuada oferta monetaria. Subsidios, exoneraciones fiscales y crédito con bajos intereses al sector manufacturero para incentivar la exportación y la competitividad. Ajustes salariales periódicos en referencia al aumento de los productos y servicios. Reformas tributarias simples y de rápido rendimiento para vender las paraestatales y algunos elementos de la seguridad social, reducir el gasto público, la inversión y subsidios, así como el aumento de tarifas por servicios públicos para abatir el déficit fiscal al nivel de gobierno central y local. Por su parte, la política económica conciliadora auspiciada por la CEPAL ha sido definida como el ejercicio pragmático del poder para contrarrestar el proceso inflacionario en el corto, mediano y largo plazo, el cual es causado por: El predominio de una población rural y producción de productos agrícolas. El bajo nivel de ingreso per cápita. La inadecuada transferencia del diseño, financiamiento y aplicación de programas macroeconómicos en y para los países económica, tecnológica, técnica y profesionalmente desarrollados. El proteccionismo, incompetencia, estancamiento y monopolización en la producción que limitan las exportaciones y desequilibran la balanza comercial. Los esquemas de integración económica entre países con diferencias en salarios, desempleo, deuda externa y reformas agrarias, laborales, fiscales y tributarias.

Durante las décadas de los 40`s hasta los 60`s ambas modalidades estuvieron en discordancia, la producción agrícola disminuyó, la industria se estancó y hubo escasa exportación manufacturera y la balanza de pagos se desequilibró. Debido a que se financió el fracaso de la industrialización del mercado interno con deuda externa, su amortización propició un nuevo endeudamiento. En consecuencia, América Latina no sólo se endeudó, sino además su integración regional se obstaculizó. Finalmente, tanto la política económica ortodoxa como la heterodoxa se definen y fundamentan a partir de la inflación inercial (hiperinflación). En la primera modalidad, la hiperinflación se genera por un desequilibrio fiscal (se gasta más de lo que se recauda) y plantea su abatimiento mediante la apertura a la inversión extranjera y la liberación del sector financiero a partir de un reajuste en la estructura y finanzas públicas. En la segunda modalidad, se plantean dos tipos de mercados: fijo y fluctuante. En el primero, el Estado controla el tipo de cambio, el incremento salarial y el aumento de productos agrícolas. En el segundo, deja fluctuar a la alza los productos no agrícolas. Sin embargo, la descoordinación del Estado en el mercado fijo y los sectores productivos en el segundo, propiciaron más hiperinflación. América Latina ha resultado afectada directa, negativa y significativamente por este proceso de centralización y desvalorización, el cual se ve reflejado en la incesante desvalorización de la moneda, bajos precios internacionales de las materias primas, supeditación en el funcionamiento de los sistemas financieros nacionales, descapitalización y desequilibrios intersectoriales. La política económica ha oscilado entre la prevención, evitación y auspicio de la estabilidad de precios y el crecimiento económico, la conservación de una estructura económica, política y social mediante el ejercicio, regulación y control del poder, así como

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la comprensión y explicación de los determinantes sociales. La política económica se ha planteado como centro y mecanismo de decisión para destinatarios sociales con objetivos determinados. Las modalidades de políticas económicas develan que los Estados latinoamericanos adquieren formas, tales como: Absolutos. Representación autónoma abstracta y general de la sociedad, sus procesos económicos y valores. Autónomos mínimos. Representación de intereses concretos y una imagen mínima de libertad en el ejercicio del poder. Autónomos relativos. Representación indirecta de los intereses particulares, conciliación e intervención en disputas a favor de un sector financiero energético. Se han consolidado tres tipos de Estados a través de la historia: equilibrio estable con autonomía plena, equilibrio inestable con autonomía relativa y autonomía mínima con desequilibrio permanente. Un recorrido socio histórico económico y político de las problemáticas más sentidas en la sociedad crisis económicas por efectos dominó y fuga de capitales, consecuente desequilibrio en la balanza comercial, subsiguiente desempleo, subempleo, desocupación y el consiguiente deterioro en la calidad de vida, demuestra la moderación del Estado en el impacto del crecimiento económico sobre la naturaleza y la humanidad. Se evidencia la necesidad de una política económica ajustada a una racionalidad ambiental para conservar la estructura de poder económica, política y social. Se hace imprescindible la necesidad de innovar, modelar, analizar y predecir un comportamiento que gestione una política económica para garantizar satisfactores básicos tales como salud, empleo y educación, la explotación estratégica de los recursos naturales, la transferencia de tecno-

logía a las comunidades y a las generaciones venideras. La globalización es parte del proceso expuesto en el que la localización es su complemento antagónico. Esto significa a los flujos económicos y humanos concentrados en las ciudades desarrolladas al mismo tiempo que quienes se quedan en sus lugares de origen se arraigan identificándose con el mundo global a través de los medios masivos de comunicación. Internet como la principal ventana a las imágenes y discursos, promueve ideas y sentimientos de pluralidad como libertad de elección y competencia. En contraste, en las zonas comunitarias se gestan sentimientos de solidaridad. Ambos son consecuencias de lo global y lo local que se ubican en cinco dimensiones. Las consecuencias de la globalización definida como la consolidación de mega empresas líderes en tecnología y la maximización de la producción en un mercado mundial simultáneo, han sido identificadas en la calidad ambiental y la calidad de vida. De este modo, Singapur destaca como el país más globalizado, Norteamérica sobresale como la zona con mayor poder de compra, México se encuentra en el primer lugar de inmigrantes e Irlanda repunta con un crecimiento económico aunque se proyecta que en el 2100 aumentará a 88 centímetros el nivel del mar. La dicotomía entre la globalidad, principalmente económica y tecnológica, y la localidad, esencialmente la decisión a partir de sentimientos, implica a los dos fundamentos de justicia humana: la igualdad y la libertad. Precisamente, son cinco las consecuencias que subyacen a este proceso de globalización y localización. De la territorialidad hacia la extraterritorialidad En el sentido de lo territorial, la migración a las zonas desarrolladas económicamente propicia la erosión de las identidades locales. Los espacios urbanos se fragmentan

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en barrios disgregando las comunidades y sus procesos de cooperación y solidaridad. El poder sobre los espacios públicos que el Estado expropió para legitimarse ahora la iniciativa privada lo utiliza como estrategia para su crecimiento económico. Por tal motivo, en el sentido de lo extraterritorial, los espacios geográficos son sustituidos por los espacios geopolíticos. La política comercial externa y la política comercial interna tienden a asemejarse. Los espacios públicos son sustituidos por los espacios privados. El Estado invierte en la infraestructura necesaria para facilitar la inversión en zonas turísticas y zonas maquiladoras más que en la infraestructura educativa para redistribuir los beneficios económicos. De la seguridad hacia la inseguridad En el sentido de la seguridad, el mercado político se encarga de vigilar y establecer las mejores condiciones para que se desarrolle el mercado económico. En las democracias neoliberales, las personas votan por aquellas opciones que les prometen acabar con la delincuencia y consecuentemente, les presentan escenas de operativos y subsiguientes capturas de personajes supuestamente peligrosos para la sociedad, redes de traficantes que amenazaban con el Estado de derecho o bien funcionarios que fueron corrompidos. De este modo, en el sentido de la inseguridad, se construye una ideología del castigo no a los responsables directos que son quienes diseñan y aplican las políticas públicas, sino a los responsables indirectos, aquellos que su situación socioeconómica les orilló a delinquir. Esta ideología del castigo, ha sido más severa con el delincuente común que con los banqueros responsables de deudas absorbidas por el pueblo a través del erario público.

De la movilidad hacia la inmovilidad En el sentido de la movilidad, una conse­ cuencia y evidencia del nulo poder del Esta­ do frente a los flujos financieros es la capaci­ dad que tienen de transferirse y devastar las  economías de los países como las de Améri­ ca Latina e incluso de las regiones económi­ cas como las de los tigres asiáticos. Conse­ cuentemente,   en   el   sentido   de   la   inmovili­ dad, las bases de datos son utilizadas para  vigilar a las personas, sus intereses o necesi­ dades,   sus   ingresos   y  su   consumo  actual   y  futuro. 

De la inclusión hacia la exclusión En el sentido de la inclusión, los medios de comunicación, Internet como el principal escenario, son el sinóptico moderno principal instrumento y zona de libertad de decisión y la consecuente pluralidad o voluntad mayoritaria. Es el lugar donde los locales observan a los globales. Precisamente, en el sentido de la exclusión, las personas marginadas económicamente, pagan para acceder al sinóptico, las personas pagan para poder informarse no de política, sí de las peripecias de los políticos que demostrarán su incompetencia con iniciativas, no de economía, sí de las consecuencias de la inflación, no de la ciencia, sí de la ética distorsionada de algunos científicos que pretenden más progreso con más inventos, no de tecnología, sí del último invento que será obsoleto y aumentará los residuos en el planeta, no de cultura, sí de imágenes y discursos dominantes que se impondrán en la educación. De la satisfacción hacia la insatisfacción En el sentido de la satisfacción, las necesidades motivan a las personas a buscar, seleccionar, comprar y utilizar productos o servicios. Este proceso trató de asemejarse a la realidad comercial mediante modelos económicos que predecían el comportamiento del consumidor. Se trataba de un comporta-

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miento lineal en el que las personas eran consideradas como clientes racionales, deliberados y sistemáticos. Sin embargo, las empresas pronto advirtieron que el comercio reflejaba a una sociedad afectiva. Es así como en el sentido de la insatisfacción, se plantea que las necesidades de los consumidores son creencias, percepciones y valores heurísticos e improvisados. Este proceso emocional es interminable y cíclico al derivarse de sentimientos que funcionan como analogías de una sociedad adversa a su futuro. En estas cinco consecuencias de la globalización pueden observarse su decantación de lo general a lo particular y su relación inversa de este con aquel. Esto implica una menor igualdad en lo social y una mayor libertad en lo individual. Este desequilibrio caracteriza a las democracias liberales más globalizadas y localizadas. Estas sociedades abiertas que responsabilizan a los individuos desintegrando sus grupos, sus comunidades, sus sociedades y sus culturas presentes y futuras. Sin embargo, la principal consecuencia de la globalización neoliberal implica a la migración y a la participación ambiental. La migración es una problemática asistencial que crece exponencialmente. Los Estados Unidos son el principal receptor de migrantes, el 12% de los 286 millones de habitantes son migrantes, 16.8 millones son de origen mexicano con la nacionalidad norteamericana y 9.9 millones son mexicanos ilegales. En efecto, la migración desde México hacia los Estados Unidos se ha incrementado considerablemente a partir de la década de los noventas. A partir de 1990 y hasta el 2005, 5.7 millones de mexicanos en un promedio anual de 438 mil personas han ingresado ilegalmente (Conapo, 2005). Consecuentemente, el país que emite (28.4 millones de dólares) más remesas en el mundo son los Estados Unidos y la nación que más recibe (15,178 millones de dólares) éstas re-

mesas es México que representan la segunda fuente de divisas (Banxico, 2005). Esta problemática asistencial implica el estudio de los flujos migratorios desde sus orígenes económicos hasta sus consecuencias asistenciales. De este modo, se conceptúa, en el apartado siguiente, el proceso asistencial de la migración a partir de la teoría de los Sistemas Mundiales. A partir de la Teoría de los Sistemas Mundiales, la migración es explicada como una consecuencia de la competencia por la hegemonía económica mundial entre las empresas trasnacionales y la hegemonía económica administrativa entre los Estados. Es decir, las empresas dirigen sus inversiones a aquellas naciones cuyos Estados les garanticen la apertura de los mercados financieros, las mejores utilidades, y la especulación accionaría. La liberación de los mercados financieros determina la migración de la mano de obra barata para su expansión. Tales son los casos del Valle del Silicon en California, la franja maquiladora de Tijuana y Ciudad Juárez, los centros industriales de Shangai, las zonas comerciales de Frankfurt, los corredores productivos de Corea, Taiwán, Singapur, Hong Kong y Malasia. Sin embargo, la problemática esencial en torno al imperio global es su crecimiento sostenible. Es decir, la taza de ganancia tendría que ser menor a la taza de depreciación del capital natural y menor a la taza de migración del capital humano para que el sistema mundial económico se reprodujera sin comprometer las capacidades y los recursos de crecimiento de las futuras generaciones. Precisamente, la asistencia institucional auspiciada por el Estado sería el factor garante de dicho crecimiento sostenible. Tal modelo de asistencia ha sido construido desde las ciencias sociales. La antropología ha explorado las necesidades humanas a

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partir de su cultura, la psicología ha explicado los factores mediadores del impacto del crecimiento económico sobre el comportamiento humano y la economía a propuesto los mecanismos financieros para una mayor calidad de vida. Sin embargo, estas contribuciones han ignorado la relación estrecha entre los flujos migratorios en función de los flujos del capital y la escasez de los recursos energéticos. "Interdisciplinas" tales como; la Economía Ambiental, la Psicología Ecológica y el Trabajo Social, han planteado modelos de explicación, predicción e intervención para disolver la problemática del crecimiento sostenible. La Economía Ambiental ha diagnosticado con precisión los efectos del crecimiento económico de las empresas trasnacionales sobre la calidad de vida de las comunidades marginadas. A partir de análisis financieros se ha demostrado que las inversiones concentradas en los países con altos índices de marginalidad propician la migración de las zonas agrícolas a las zonas industriales y comerciales. La Psicología Ecológica ha demostrado que la pérdida del sentido de comunidad, la consecuente evitación de contacto y la formación de actitudes egoístas, son consecuencias inmediatas de la migración y la subsiguiente competencia por la obtención de recursos económicos. Finalmente, ante tales problemáticas, el Trabajo Social ha diseñado estrategias de atención considerando tres objetivos: (1) el retorno a la identidad y solidaridad comunitaria, (2) la potenciación de los conocimientos y las habilidades humanas y (3) la construcción de formas de participación ambiental. El retorno a las tradiciones; las costumbres y los hábitos comunitarios que han favorecido el crecimiento sostenible implican el respeto de los recursos naturales; las espe-

cies animales, la diversidad vegetal y sobretodo, la conservación, por ignorancia, de las fuentes energéticas como el petróleo y el gas. En efecto, esta opción asistencial distribuye los recursos en función de su utilidad económica. Es decir, a las comunidades se les permite conservar sus asentamientos humanos siempre y cuando no obstaculicen o atenten contra los intereses económicos de las empresas trasnacionales. Si ocurriese lo contrario, el Estado promueve la migración de las comunidades y en última instancia su indemnización por los daños ambientales que la empresa trasnacional le genere. La potenciación de los conocimientos y las habilidades humanas es auspiciada por el Estado y los organismos financieros internacionales para promover la migración o en el menor de los casos, la competencia por los recursos al interior de las comunidades. Se adiestran e incluso se instruyen técnicamente a los miembros de las comunidades para que ellos mismos exploten los recursos naturales de su entorno o bien emigren a las ciudades buscando un salario que les permita financiar el crecimiento habitacional de sus comunidades. Finalmente, la construcción de nuevas formas de participación ambiental es una estrategia que refuerza las otras dos anteriores. El Estado invierte en programas de asistencia técnica o financiera para la reforestación de las zonas erosionadas, la agricultura sostenible en las comunidades contaminadas por los desechos tóxicos. Por su parte, las empresas trasnacionales distribuyen a través de las instituciones del Estado, los aditamentos para la prevención de enfermedades gastrointestinales derivadas de la contaminación de ríos o acuíferos. Es así como las comunidades voluntaria u obligadamente participan en la reparación de los daños a la naturaleza, a sus propias comunidades y a sus generaciones futuras. La relación entre capital financiero y capita comunitario ha sido estudiada por las

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ciencias sociales a partir del impacto del crecimiento económico de las zonas opulentas sobre el deterioro ecológico de las zonas marginadas y la migración de sus pobladores. La Teoría de los Sistemas Mundiales ha explicado éstas consecuencias sociales de la globalización financiera. Sin embargo, al enfocar su análisis en lo global ha soslayado el análisis local. El estudio de las comunidades a partir de sus flujos migratorios indica el impacto de la liberación del los mercados en las zonas marginadas y deterioradas ecológicamente. El Estado ha intervenido en las comunidades a través de tres estrategias para garantizar el crecimiento económico del imperio global al cual pertenece. En esta trilogía entre el Estado, las trasnacionales y las comunidades, las universidades (sus disciplinas tales como la Antropología, la Psicología y la Economía y sus ínter disciplinas tales como la Economía Ambiental, la Psicología Ecológica y el Trabajo Social) han construido formas de asistencia institucional para ajustar las necesidades humanas al proyecto de crecimiento sostenible del imperio global. La globalización al ser la reversión de las sociedades cerradas que aumentaron la igualdad de resultados y disminuyeron las libertades individuales por la ausencia de sus derechos y los regímenes autoritarios. Implica a un nuevo sistema social, económico y político diferente que puede construirse a partir de la concatenación de sus consecuencias. Es decir, la igualdad y la libertad, la consecuente afectividad y racionalidad, las subsiguientes solidaridad y competencia, son los factores para revertir un sistema injusto para las minorías marginadas económicamente. En el Estado liberal, los tres elementos determinarían una política ambiental sostenible que limitaría tanto los valores egoístas

de los individuos, su libertad e igualdad como los valores biosféricos de las comunidades, la identidad y la solidaridad en su interior. El impacto del crecimiento económico de las zonas opulentas sobre el desarrollo sostenible de las zonas marginadas ha sido explicado e intervenido interdisciplinar e institucionalmente a partir de la participación sostenible en la asistencia institucionalizada de los flujos de emigrantes. Es decir, los flujos de capitales han estado teniendo un efecto recursivo directo, negativo y significativo sobre los flujos de identidades. Dicho efecto, ha sido mediado por los flujos de emigrantes. A continuación se exponen con más detalle las consecuencias sociales y económicas del pensamiento liberal en el Desarrollo Sostenible de América Latina.

El Estado Sostenible En Asía, Latinoamérica y Europa, los efectos económicos “dominó” definidos como los choques bursátiles de un mercado accionario con otro en economías emergentes como las de Singapur, Corea, Malacia Hong Kong y Taiwán (efecto dragón), Brasil (efecto zamba), México (efecto tequila), Argentina (efecto tango) y Rusia (efecto vodka), se han explicado desde cuatro teorías: Rezago Informativo. Plantea la diferencia de uso horario que explica por qué las operaciones de los mercados accionarios poderosos influyen en las operaciones de los demás. Precio del arbitraje. Establece la convergencia de la misma cotización de activos en todos los mercados. Por lo tanto, se genera el entrelazamiento constante de las acciones a largo plazo de dos o más economías.

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Choques exógenos. Conocido como fuga de capitales especulativos (retiro de activos financieros con altos rendimientos) por parte de bancos, casas de bolsa, fondos de inversión, fondos de pensiones y tesorerías de las empresas. Movimientos comunes. Identifica los flujos de capital a corto plazo que responden al balance fiscal en cuenta corriente, tasa de inflación y tamaño de la deuda externa. Las cuatro teorías refieren procesos económicos y psicosociales en las decisiones de transferir los capitales entre las bolsas de valores. En tal sentido, los indicadores macroeconómicos y geopolíticos expuestos pueden complementarse con los indicadores socio psicológicos. Consecuentemente, la globalización implicaría efectos derivados de la igualdad de oportunidades en un sentido social y la libertad de elección en un sentido individual. A continuación se exponen los fundamentos del pensamiento liberal, su estructuración en el Estado liberal y sus implicaciones en el crecimiento económico; educativo, tecnológico y laboral conocido como Desarrollo Sostenible. El liberalismo fue una visión de la realidad en la que las sociedades fueron consideradas como un conjunto de individuos aislados por sus derechos, problemas, necesidades, percepciones, valores, creencias, sentimientos, actitudes, habilidades, decisiones y comportamientos en torno a cuatro formas de Estado. El antecedente del Estado Neoliberal fue el Estado benefactor que promovió la justicia social a través de instituciones que dieron por hecho una equidad social (las personas nacen con las mismas oportunidades). Esta problemática fue resuelta a partir de tres fundamentos; toda persona posee igual derecho a la más amplia libertad compatible con una libertad igual para todos. Las desi-

gualdades son inaceptables a menos que sea razonable esperar que actúen en beneficio de todos. Por lo tanto, las posiciones y oficios deben estar abiertos para todos. La libertad era la conciencia de la necesidad, en consecuencia, la desigualdad implicó oportunidades exclusivas para unos cuantos individuos. Una teoría con su correspondiente método para desvanecer y superar una falsa dicotomía: la libertad versus la igualdad, consiste en la conciliación de ambos valores materializados en un contrato social. Se trata de la configuración de dos formas de Estado (benefactor y liberal) con base en una síntesis moral. Una teoría de la justicia social y un método de equilibrio reflexivo surgieron de las reflexiones sobre las problemáticas de la inmoralidad del Estado liberal mínimo. La propuesta consistió en valores comprensivos de tolerancia y pluralidad de visiones morales orientadas a demandas compatibles. Es en este sentido que la teoría de la justicia social estableció los fundamentos morales y jurídicos, políticos y sociales, liberales y democráticos para una sociedad democrática liberal justa. Por lo tanto, es un acercamiento interpretativo y heurístico (asume críticas y ajusta sus planteamientos) a los sistemas políticos. Son siete los fundamentos en torno al Estado liberal justo; la percepción de libertad, las subsiguientes creencias en torno a la equidad de oportunidades, los consecuentes valores de igualdad, el necesario individuo moral que busca el bien social a partir de establecer un punto de equilibrio reflexivo entre los valores de la igualdad y las percepciones de libertad, la obvia cooperación y la posterior participación, la resultante sociedad democrática justa; cooperativa, ordenada y estable y la inevitable redistribución de la riqueza del Estado liberal para una vida plena.

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Posteriormente, se planteó el principio del maximin (elección racional de un sistema político de menores costos frente a mayores beneficios a través de un contrato social). De este modo, la libertad e igualdad como principios de justicia, en un nivel institucional, fueron criterios que orientaron las decisiones ciudadanas. Los principios de igualdad tuvieron en los principios de diferencias sus contrapesos. Dichas desigualdades sociales, políticas y económicas beneficiaron a los menos aventajados. Consecuentemente, surgió la equidad (oportunidades abiertas en la obtención de oficios). Ambos principios, develaron la improcedencia del pensamiento utilitarista que justificó las ventajas sociales, políticas y económicas en los individuos. Enmarcados por el concepto de equilibrio reflexivo entre la estructura social y las decisiones individuales, cada ciudadano acepta los dos principios de justicia para construir una sociedad ordenada con individuos moralmente libres e iguales. El Estado fue planteado como un redistribuidor de la riqueza. A través de sus instituciones, se enfrentaría a los intereses hegemónicos que apelan al principio de libertad para lucrar con los servicios públicos. En tal sentido, la libertad de consenso como la capacidad que tienen los individuos para elegir, hacer y ser fue el principal instrumento en la concepción del Estado justo. Se concibió una forma de Estado mínimo como el único permisible y justificable para una sociedad liberal. Esta forma mínima de Estado fue rechazada al considerarse que violaba los derechos individuales. Sin embargo, en los derechos humanos, sobretodo los de libre pensamiento y propiedad determinaron la función protectora del Estado. La diferencia entre las necesidades individuales coartó la cooperación entre las personas. Es decir, cada miembro autónomo, es igual en sus derechos más no en sus obligaciones de

solidaridad. Moralmente, la decisión de cada individuo implicó su responsabilidad. La función del Estado mínimo es compatible con el concepto de maximin. Es decir, se busca un sistema que afecte lo menos posible a aquellos que han sido marginados o excluidos. Tanto el Estado mínimo como el principio del maximin son opciones que no producirían desigualdades sino precisamente, libertades de elección racional, misma que es indispensable para construir un Estado de justicia social, sólo posible en la democracia liberal. El Estado benefactor al entrometerse en las libertades de los individuos afectó directa, negativa y significativamente el funcionamiento y la estructura social, los derechos políticos y mercantiles de las personas. Es así como se planteó un Estado mínimo que sólo debiera garantizar el derecho a la propiedad y la seguridad correspondiente. El Estado liberal fue una opción pertinente porque promovió los derechos individuales. Sin embargo, históricamente el Estado ha expropiado propiedades para transferirlas a una elite. El estado ha transferido propiedades a personas particulares que no han probado merecer dichos bienes. Por lo tanto, el Estado es inmoral. Ambas funciones le pertenecerían a la racionalidad de los individuos quienes pueden decidir cotizar, comprar, vender, intercambiar o regalar sus bienes. El Estado fue ilegitimo porque restringió estas iniciativas en las personas. Por lo tanto, la pobreza y la exclusión social, fueron consecuencias de la inmoralidad e impertinencia del Estado. Más aún, el Estado ha sido ineficaz en la distribución de la riqueza. Finalmente, la solución a la injusticia social es impulsando una nueva moralidad en la sociedad civil. En el Estado mínimo pueden enmarcarse las utopías de cambio moral: los derechos civiles. Sin embargo, bajo el Estado liberal no fue posible cambiar la moralidad humana individualista a una moralidad colectivista. Además, fue

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indispensable cambiar el marco jurídico para activar el cambio moral. Por lo tanto, la sociedad también debió cambiar en sus hábitos más que en sus valores. En estos planteamientos se enfatizaron los conocimientos decisorios y las habilidades comunicativas que llevarían a la construcción de una entidad (Estado, grupo o individuo) moral líder. Precisamente, es en las democracias gobernadas por la representación de voluntades mayoritarias y minorías proporcionales más que por oligarquías, dictaduras o tiranías, donde ambos planteamientos liberales son pertinentes. Sin embargo, esta estructura liberal democrática fue incompatible tanto para el crecimiento individual como para el desarrollo comunitario. La igualdad de oportunidades es diferente a la igualdad de resultados. El Estado social al promover la equidad también restringe la libertad de crecimiento económico al planificar la producción y regular la oferta y la demanda. El Estado igualitario en regímenes autoritarios y tiránicos, concentró el poder político, económico y social a través de instituciones sanitarias, educativas y laborales. Esta problemática implicó al Estado liberal como arbitro social que estableció las condiciones de competencia social; económica, política, sanitaria, educativa y laboral. El desequilibrio, entre la igualdad y la libertad puede revertirse a partir de sus consecuencias concentradas en la solidaridad y la competencia. Esto sugiere excluir a la burocracia estatal, permitir la auto gestión comunitaria y el desarrollo de un auto sistema educativo. Es en las democracias gobernadas por la representación de voluntades mayoritarias y minorías proporcionales más que por oligarquías, dictaduras o tiranías, donde ambos planteamientos liberales son pertinentes. Sin embargo, esta estructura liberal democrática fue incompatible tanto para el crecimiento

individual como para el desarrollo comunitario. Tres factores humanos permitieron el desarrollo sostenible: los sentimientos de comunidad, el pensamiento políticamente correcto y la intención de contacto. Es decir, la igualdad no pudo promoverse en un sistema que impide la solidaridad. Por su parte, la libertad fue cooptada por el pensamiento que se mostró escéptico del programa liberal. El pensamiento políticamente correcto cuestionó el fundamento del Estado mínimo: la eficiencia protectora y la consecuente credibilidad del Estado. La seguridad social que proporcionó el Estado liberal fue representada como innecesaria al ser el menos injusto. La relación entre las actuales y las futuras generaciones implica intereses más divergentes que convergentes. Ambas son esenciales tanto para el crecimiento económico como para el desarrollo sostenible de la humanidad. A partir de las situaciones derivadas por el cambio climático, se ha planteado un sistema de desarrollo equilibrado entre lo que en la naturaleza se encuentra disponible para el consumo humano y lo que la humanidad está dispuesta a consumir. Es en este sentido que la alianza entre las generaciones actuales y futuras es indispensable para vislumbrar nuevas formas de desarrollo: Valores, creencias, actitudes, motivos, habilidades, conocimientos, intenciones, creatividad y comportamientos. Igualmente, deben plantearse nuevas formas de crecimiento: Investigación, explotación, transformación, distribución, venta, promoción y consumo de productos y servicios. El Desarrollo Sostenible implica la convergencia de los intereses de las actuales y las futuras generaciones para la exploración, descripción, explicación y predicción de un nuevo sistema competitivo y en equilibrio con la disponibilidad de los recursos naturales. Antes bien, las incompatibilidades entre el Desarrollo Sostenible , el Estado liberal

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democrático, la justicia social (equilibrio entre libertades e igualdades), los sentimientos de comunidad, el pensamiento políticamente correcto y la intención de contacto develan una problemática de estudio exclusiva de la filosofía política que se podrá extender a las ciencias sociales. La justicia social como indicador de un Desarrollo Sostenible y un Estado liberal demanda la aportación de áreas especializadas de las ciencias sociales tales como la sociología política, la psicología ambiental, el urbanismo, el derecho ambiental, la economía de la sustentabilidad, la mercadotecnia social y la pedagogía comunitaria. Estas ínterdisciplinas describirían, explicarían y propondrían, junto con la ciencia política y la psicología social, una nueva forma de Estado que desarrolle los fundamentos de la justicia social planteados por la filosofía política. La justicia social fue debidamente explicada por la filosofía política. Sin embargo, las propuestas necesariamente deberán desarrollarse desde ínterdisciplinas para lograr la reflexividad humana, la solidaridad comunitaria, la moralidad del Estado y el Desarrollo Sostenible. La sustentabilidad implica la construcción de una racionalidad, igualdad e inclusión social. En tal sentido, La racionalidad estructura individuos con una propensión a la competencia. La igualdad estructura grupos con una propensión a la solidaridad y la inclusión estructura sociedades con una propensión a la equidad. Estos serían los elementos esenciales para el Desarrollo Sostenible de la humanidad. En este contexto surge La Teoría de la Democracia Sostenible que explica el impacto del dispendio hidrológico de las zonas económicas opulentas sobre las necesidades de abasto de las zonas económicas marginadas. Consecuentemente, plantea el cambio social a partir del conflicto entre la estructura económico política y las minorías deman-

dantes. Por lo tanto, explica la relación causal entre los sistemas de percepciones, valores, creencias, conocimientos, motivos, actitudes y habilidades tanto de destrucción como de preservación de la humanidad y los recursos naturales. Esta estructura sociopolítica es un indicador del Desarrollo Sostenible que denota la relación entre el subsistema económico representado por los mercados con el subsistema político representado por el Estado. La interacción entre ambos subsistemas determinará más el Desarrollo Sostenible comunitario que el crecimiento económico corporativo. La sustitución del sistema económico, político y social feudalista en un nuevo sistema capitalista supone que el nuevo sistema económico, político y social, tuvo en el nuevo Estado moderno y en el mercado de capitales, sus principales instrumentos de legitimación. Ambos subsistemas, desarrollaron una clase burguesa en detrimento de una clase proletaria. Esta división de clases en dueños de los medios de producción y vendedores de su fuerza de trabajo, fue el resultado de la división del trabajo que evidenció la lucha de ambas clases por la extracción, refinación, transformación, distribución, venta y consumo de los recursos energéticos. Es decir, el Estado moderno favoreció a la clase burguesa en el proceso de explotación de los recursos energéticos y humanos representados en la naturaleza y el proletariado. El Estado moderno además permitió la sobreexplotación y la sobreproducción. Ante la crisis de sobreexplotación y sobreproducción, son dos las principales consecuencias: El Estado impide la entrada de productos internacionales y promueve la salida de los productos nacionales. O bien, reduce el gasto social en salud, educación y asistencia a las clases proletarias. Ambos, son mecanismos que favorecen el crecimiento capitalista y sus crisis consecuentes. La principal de ellas, es el deterioro ecológico

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que extingue las especies animales, vegetales y humanas. Al mismo tiempo, el Estado y algunos subgrupos de la burguesía, implementan el asistencialismo para el primero y la filantropía para los segundos. El sistema capitalista sobreexplota los recursos energéticos provocando crisis de sobreproducción, El Estado moderno minimiza sus efectos en las clases proletarias con políticas asistencialistas y maximiza sus beneficios en las clases burguesas con políticas económicas. El Estado moderno cumple tres funciones; política nacional, política trasnacional y política internacional en este proceso que a continuación se exponen. Política nacional. Se refiere a los mecanismos que legitiman la sobreexplotación de los recursos energéticos y humanos nacionales para el progreso de la nación. El Estado moderno diseña, difunde, legisla y ejecuta reformas estructurales para promover la inversión nacional en la extracción, refinación, transformación, distribución, venta y consumo de productos que generarán empleo e impuestos para el sistema político. Además, el Estado implementa programas asistencialistas para los grupos más pobres de la nación difundiendo con ello, la pertinencia de las reformas estructurales que beneficiaran a los sectores más marginados. Política trasnacional. Denota los mecanismos que legitiman la creación de basureros tóxicos y su correspondiente compensación a las comunidades afectadas por los desechos peligrosos. El Estado moderno negocia con otros Estados nación la creación de zonas de residuos energéticos que sólo pueden almacenarse en lugares que no afecten los intereses y la infraestructura del desarrollo capitalista. El Estado promueve el enjuiciamiento en tribunales internacionales de las empresas responsables por el ecocidio, la consecuente indemnización económica y la subsiguiente administración de estos recursos a las comunidades afectadas.

Política internacional. Significa los mecanismos que legitiman la creación de reservas ecológicas y patrimonios de la humanidad a través de protocolos internacionales sostenibles. El Estado moderno establece convenios con otros Estados nación para configurar bloques económicos que aceptarán o rechazarán en función de sus intereses económicos, acuerdos internacionales para proteger el medio ambiente. El Estado aprovecha la situación medioambiental para difundir una imagen ecologista que será aprovechada en el diseño de programas turísticos en playas, ciudades coloniales y centros ceremoniales arqueológicos que son uno de sus principales fuentes de financiamiento. El Estado moderno aspira a un Desarrollo Sostenible mediante tres tipos de política; nacional en la que regula la explotación moderada de los recursos energéticos, trasnacional en la que promueve en las cortes internacionales, juicios contra las corporaciones responsables de ecocidios y las indemnizaciones a las poblaciones afectadas e internacional en la que promueve acuerdos ecológicos para captar turistas que serán su principal fuente de financiamiento. La diferencia superficial entre el Estado burgués y el proletario se encuentra en las funciones, salarios y revocaciones de los funcionarios. En el Estado burgués los funcionarios son seleccionados por el sistema político, no hay posibilidad de que cualquier proletariado pueda ser candidato. El período por el que es elegido no podrá ser destituido aún a pesar de su incompetencia y su salario será superior al de un proletario. En contraste, en las comunidades, los funcionarios son elegidos por los proletarios, sus salarios son los mismos y pueden ser evocables en cualquier momento. El voto se plantea como el principal instrumento de poder del proletariado. A través del sufragio los individuos podrían cohesionarse como un grupo para preservar sus inte-

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reses. La elección y probable revocación de un funcionario es el principal instrumento para construir un Estado proletario en el que la igualdad de oportunidades y la equidad de beneficios son los principales elementos estructurales de la naciente sociedad comunitaria.

el crecimiento económico de la burguesía. Este elemento estructural sería el principal factor de acoplamiento entre el Estado Sostenible y los demás Estados modernos que aspirarán a ser sostenibles en función de la crisis ecológicas.

Sin embargo, las comunidades y sus principales elementos son incompatibles con un sistema capitalista de Estados modernos donde la propiedad privada, la libertad, las desigualdades y la competencia por los recursos son sus principales fundamentos. Es en este sentido que las comunidades deben implementar tres fundamentos para insertarse en el sistema capitalista y poder desarrollarse en el mismo.

Las comunidades pueden constituirse como un Estado ideológico, comunitario y sostenible superando las deficiencias de los otros Estados modernos. Estas características les permiten desarrollarse en un conglomerado de Estados capitalistas. Más aún, les permiten erigirse como un Estado más evolucionado al plantear soluciones a las crisis capitalistas ecológicas.

Estado ideológico. Implica la configuración de un régimen identificado con los valores, las creencias, las tradiciones y las costumbres de la burguesía y el proletariado. El Estado promovería estos elementos para diferenciarse de otros Estados contemporáneos. Incluso utilizaría estos elementos para justificar no la creación de un nuevo Estado sino la evolución del anterior. Estado comunitario. Supone la configuración de un régimen a partir de la solidaridad entre grupos más que de la competencia entre individuos. El Estado crea las condiciones necesarias para minimizar la lucha de clases y maximizar su armonía. En referencia al medio ambiente, se implementan políticas de identificación con el medio ambiente con la finalidad de que los grupos se arraiguen y desistan en emigrar para el caso de los proletarios y expandirse para el caso de los burgueses. Estado Sostenible. Plantea la configuración de un régimen preocupado por la conservación de los recursos más que por su explotación en beneficio de las generaciones futuras. El Estado crea programas de protección, dosificación, reutilización, reforestación y reciclaje de los recursos energéticos con la finalidad de garantizar

A continuación, se exponen los constructos que complementan esta aproximación: (1) situación ambiental, (2) representatividad consensual, (3) competencia hidrológica (4) identidad comunitaria y (5) participación sostenible en la configuración de un modelo.

La situación ecosistémica Anualmente, en los océanos (que contienen 1350 millones de km3), el ciclo hidrológico implica la evaporación de 502 800 km3 de agua de los cuales 458 000 km3 regresan en precipitaciones, 42 600 km3 regresan en derrames superficiales y 2 200 km3 en derrames subterráneos. En los continentes (que contienen 23 800 000 km3 de agua en hielo y nieve, 10 400 000 km3 en acuíferos y 901 000 en lagos y ríos), 119 000 km3 de agua se precipitan y 74 200 km3 se evaporan al año. La problemática del agua en el mundo esta interconectada climática y económicamente. El 97.5% es salada, 2.24% es dulce y solo 1% esta disponible en ríos, lagos y acuíferos para el consumo humano. 113000 km3 de agua, se precipitan anualmente. En el mundo, 7100 km3 se evapora, 42000 km3 re-

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gresa a los océanos y se filtra a los acuíferos. Anualmente, el 70% entre 9000 y 14000 km3 mantienen los ecosistemas y sólo 4200 km3 (30%) está disponible para irrigación, industria (23%) y uso domestico (8%). Se estima que en el 2025 el 80% de la población mundial estará en alta escasez.

Al respecto, se estima que el 28% del agua disponible es consumida por el 77% de la población que contribuye con 84% del Producto Interno Bruto (PIB) y en contraste, el 72% del agua disponible es consumida por el 23% de la población que contribuye con el 16% del PIB.

En el mundo las principales problemáticas en torno al recurso agua son su abasto irregular e insalubre. Se estima que una quinta parte de la población mundial sufre escasez del vital líquido y que cinco millones de personas mueren cada año por beber agua contaminada. En este sentido, se estima para el año 2025 una crisis mundial de abasto irregular e insalubre de agua en la que 2000 millones de individuos no dispondrán de agua bebible.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) en su informe de 2006 al evaluar los porcentajes de calidad del agua superficial de 393 estaciones en 225 ríos, 81 estaciones en 62 lagos y presas, 26 estaciones en 13 santuarios y sitios costeros, 15 estaciones de descarga de aguas residuales, así como de la subterránea que consta de 228 estaciones en 24 acuíferos, estableció el Índice de Calidad del Agua con valores entre 0 y 100, siendo este último valor excelente, después aceptable, levemente contaminada, contaminada, fuertemente contaminada, y el último como excesivamente contaminada. Demostró que el 60.7% del agua superficial y el 46.3% de subterránea están contaminadas y fuertemente contaminadas, clasificando al agua superficial del Valle de México como excesivamente contaminada con un 32.49.

La densidad poblacional (número de personas que viven en una casa habitación) y la escasez, desabasto e insalubridad del agua que se espera para el 2030 en las zonas marginas del mundo (ONU, 2005), implica a México como el onceavo país con más población (101,7 millones de personas), con una densidad de 52 personas por Km2 en promedio, una población menor de 15 años que es el 33% la cual contrasta con el 5% que son mayores de 60 años, el 74% vive en zonas urbanas y su ingreso per cápita al año es de 8,790 dólares norteamericanos trabajando 40 horas a la semana. Además, su población crece anualmente a un ritmo de 2,1 millones y se espera que en el 2050 aumente 48%, estimando su población para el 2030 de 131,7 Además, el 27.7 de la población infantil mexicana es extremadamente pobre (UNICEF, 2005) y está concentrada en 4 millones en el Estado de México los cuales contrastan con los 8 millones de personas entre 15 y 64 años. Ambos grupos coexisten en la zona con mayor densidad poblacional aproximada de 12 472 648 de habitantes (CONAPO, 2005).

La Conagua (2006) señala que la disponibilidad del agua por región hidrológica (m3/ habitantes/año), en la Zona Metropolitana del Valle de México, esta clasificada como baja siendo la causa principal del abasto irregular de agua. Las inversiones del subsector en zonas urbanas fueron en la ZMVM de 394.200 pesos y se canalizaron única y exclusivamente al saneamiento de aguas residuales. El suministro de agua en la ZMVM es de 68 m3/seg. los cuales provienen de pozos explotados 25.16 m3/seg. (37%), pozos recargados 15 m3/seg. (22%), manantiales . 36 m3/seg. (2%), del Río Cutzamala 13.6 m3/ seg. (20%) del Río Lerma 6.12 m3/seg. (9%) y saneamiento con 6.8 m3/seg. (10%). En la ZMVM habitan cerca de 21 millones de personas de las cuales 7 millones tienen menos de 15 años siendo la mitad mujeres y 12 de millones los que habitan en el

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Estado de México. Respecto a la densidad poblacional el Estado de México y el Distrito Federal son la primer y segunda entidades con mas viviendas ocupadas siendo la delegación Iztapalapa la mas poblada con 1 750 336 de los cuales la mitad son menores de 15 años. El agua en el Distrito Federal, esta destinada a la industria (17%), el comercio (16%) y uso domestico (67%) el cual se divide en el uso de excusado (40%), regadera (30%), ropa (15%), trastes (6%), cocina (5%) y otros (4%). Esta situación sociodemográfica y económica en torno al servicio de agua potable, se agudiza por la cooptación (disciplina de voto del partido hegemónico en el congreso de la unión) y el boicot (indisciplina de voto de los partidos en las cámaras legislativas) de las demandas ciudadanas en torno al servicio de agua potable. La evidencia científica demuestra que la situación del entorno es el constructo fundamental del modelo teórico que se expondrá en el siguiente capitulo.

La competencia hidrológica La explicación de las discrepancias entre los procesos ambientales, económicos, políticos, sociales y psicológicos en torno al desarrollo sostenible ha sido planteada a partir de las percepciones, los valores, las creencias, las actitudes, los motivos, los conocimientos, las habilidades, las competencias, las intenciones y los comportamientos como las variables que explican y predicen la participación ambiental. Respecto a las percepciones, éstas denotan la exposición involuntaria al riesgo, la ausencia de un control de la situación (incertidumbre) y el escepticismo a la información generada por instituciones de protección ci-

vil. En este sentido, la percepción hacia situaciones de riesgos normales y extraños se representa explícitamente a partir de experiencias e información no experimentada. Por consiguiente, implica indicación de peligro, prevención, contingencia, manejo y protección; expectación que determina una acción, y reacción de solución rápida. Se pueden definir como una respuesta inmediata y simplificada a los peligros y las incertidumbres que determinan juicios, decisiones y conductas. Por su parte, los valores han sido definidos como los rasgos que un grupo de personas presentan concomitantemente ante situaciones o eventos, pueden ser definidos como la autoexpresión determinada por el grado de dificultad e importancia de necesidades que una generación antecedente transfiere a una generación consecuente. Esta variable es pertinente en la comparación de muestras culturales y etnográficas en tanto determinantes de creencias antropocéntricas y ecocéntricas. Antes bien, las creencias son planteadas como desorientadoras (paradigma social dominante, paradigma de la excepción humana, antropocentrismo, materialismo, progresismo y utilitarismo) y como orientadoras (nuevo paradigma ambiental, conservadurismo, ecocentrismo, naturalismo y austeridad) de los comportamientos humanos hacia la protección del medio ambiente. Las creencias que impiden el desarrollo sostenible denotan que el comportamiento humano y su crecimiento económico están exentos de las leyes de la naturaleza y por lo tanto dicho crecimiento sólo esta determinado por el avance tecnológico. En contraste, las creencias que favorecen el desarrollo sostenible implican el replanteamiento de las visiones antropocéntricas, el establecimiento de los límites al crecimiento económico, la

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importancia del equilibrio ecológico, el desarrollo sostenible necesario Las creencias en torno a la supremacía de las necesidades humanas sobre los procesos de la naturaleza, la consecuente concepción del equilibrio o desequilibrio de las necesidades humanas con los procesos de la naturaleza y consiguiente crecimiento económico ilimitado o limitado, se presentan con un grado diferente ínter cultural, económica y generacionalmente. Las actitudes implican el grado de proximidad e involucramiento del evaluador con el objeto. Por lo tanto la fuerza de asociación actitud-comportamiento es alta cuando hay información y conocimiento previo. Esto implica tres componentes de la actitud. En el componente cognitivo el evaluador debe tener un conocimiento amplio y detallado del objeto. En el afectivo, el evaluador debe haber experimentado positiva o negativamente al objeto. Finalmente, en el conductual el conocimiento y la experiencia determinan tanto una proximidad como un involucramiento gradual en el que se gesta la intención de llevar a cabo una conducta en torno al objeto evaluado. La actitud se considera como una evaluación heurística que las personas utilizan para desarrollar hábitos ante el abasto irregular e insalubre de agua. Las actitudes se activan a partir de las creencias en torno a los resultados deseables e indeseables de objetos o eventos y es bipolar al reflejar la coexistencia de positivas y negativas disposiciones hacia un objeto, entonces dichas asociaciones orientan juicios, decisiones y conductas que facilitan la adaptación al medio ambiente. Es decir, la gente discrimina entre los ámbitos locales y globales en cuanto a la ubicación de los problemas ambientales. Evalúa un contexto que lleva a las personas a realizar determinadas conductas favorables o desfavorables hacia ese contexto.

Son tres las teorías que conceptúan a las actitudes como determinantes del comportamiento. Teoría del Procesamiento Espontáneo. Conceptúa a las actitudes como el grado de activación de la memoria a partir de la asociación entre el objeto actitudinal y una valoración. Explica el efecto indirecto, positivo y significativo de la activación actitudinal y las normas sobre el comportamiento. Dicho efecto, esta mediado por percepciones Teoría de la Acción Razonada. Conceptúa a las actitudes como el grado de información sobre un objeto dado. Explica el efecto indirecto de las actitudes y las normas subjetivas sobre la conducta. Tal efecto está mediado por la intención. Teoría del Comportamiento Planificado. Conceptúa a la actitud como el grado de valoración positiva o negativa hacia la conducta. Explica el efecto indirecto de las  actitudes, las normas subjetivas y la percepción de control sobre la conducta. Dicho efecto está mediado por la intención de llevar a cabo el comportamiento. Respecto a los motivos esencialmente, se han definido como las razones que tienen las personas para llevar a cabo un comportamiento determinado ante una problemática de abasto irregular de recursos naturales. La motivación puede ser extrínseca al implicar beneficios esperados por conservar los recursos naturales y puede ser intrínseca al implicar la satisfacción por conservar los recursos para las generaciones futuras. Subsecuentemente, Los conocimientos han sido definidos como la información estructurada sobre tópicos ambientales más o menos relacionados. Implican el grado de información en torno a las situaciones globales y locales ambientales. Posteriormente, las habilidades han sido conceptualizadas como las acciones eficientes que responden a requerimientos ecológi-

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cos. Son el consumo de cantidades mínimas de recursos naturales energéticos. Han sido consideradas como predictores de comportamientos a partir de la preposición: Si una actividad es realizada eficientemente entonces se obtendrán resultados eficaces. Finalmente, las competencias son la evolución conceptual de las variables que explican el crecimiento psicológico ante el impacto del crecimiento económico en el comportamiento humano. Se plantean como el desarrollo de sistemas conservacionistas a partir de problemáticas ambientales y pueden ser definidas como el crecimiento de habilidades a partir de una motivación extrínseca en la que los logros y las compensaciones son sus componentes principales. Las competencias ecosociales son sistemas de percepciones, valores, creencias, conocimientos, motivos, actitudes y habilidades de preservación de los recursos naturales. En orden alfabético y por año de publicación 12 estudios han respaldado la importancia del constructo El primer estudio hecho por Amérigo, Aragonés, Sevillano y Cortés (2005) con una muestra de 212 estudiantes españoles establecieron la correlación positiva y significativa (r = .32; p< .01) entre el egocentrismo y el biosferismo, dos dimensiones, de los valores ambientales. El segundo estudio argumentado por Corbet (2005) con una muestra de 344 residentes norteamericanos demostró el efecto directo, positivo y significativo de las normas personales sobre la conducta de responsabilidad ambiental (β = .19; p < .01). El tercer estudio registrado por Meinhold & Malkus (2005) con una muestra de 848 norteamericanos correlacionaron la auto eficacia con las actitudes ambientales (r = .23), con los conocimientos ambientales (r = .16) y con el comportamiento pro ambiental (r = .30), las actitudes ambientales con los co-

nocimientos ambientales (r = .18) y con el comportamiento pro ambiental ( r = .45), los conocimientos ambientales con el comportamiento pro ambiental (r = .34) todos con una significancia menor a .001 para establecer el efecto directo, positivo y significativo de las actitudes ambientales y los conocimientos ambientales sobre el comportamiento pro ambientale (β = .44 y β = .26 respectivamente y con una significancia de .01) El cuarto estudio le corresponde a Oom, Rebelo, Reis & Menezes (2005) con una muestra de 2093 portugueses demostraron los efectos directos, positivos y significativos de los valores personales sobre los valores ambientales generales (β = .60), los valores ambientales generales sobre las actitudes hacia el reciclaje (β = .41), los conocimientos específicos sobre la percepción de control (β = .81), la percepción de control sobre la conducta de reciclaje (β = .77), la norma subjetiva sobre las normas personales (β = . 28) y las normas personales sobre la conducta de reciclaje (β = .45) todas con una significancia menor a .05. El quinto estudio le pertenece a Bechtel, Asai, Corral y González (2006) con una muestra de 1358 residentes japoneses, mexicanos, peruanos y estadounidenses, mediante cuatro modelos estructurales (Japón: X2 = 64.6; 49gl; p = .07; NNFI = .95; CFI = .96 México: X2 = 68.2; 48gl; p = .03; NNFI = . 91; CFI = .93 Perú: X2 = 38.6; 50gl; p = .89; NNFI = 1; CFI = 1 Estados Unidos de América: X2 = 60.5; 49gl; p = .12; NNFI = .96; CFI = .97) establecieron la estructura trifactorial (limites al crecimiento, balance natural y excepción humana) de la creencias ambientales. En el primer, segundo y tercer modelos el balance natural tiene una correlación positiva (φ = .41; φ = .42; φ = .84; p < .05) con el factor de limite al crecimiento respectivamente. El sexto estudio se le acredita a Corral & Frías (2006) con una muestra de 177 residentes mexicanos establecieron, mediante

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un modelo estructural (X2 = 285.5; 203gl; p < .001; NNFI = .90; CFI = .91; RMSEA = . 000), el efecto directo de las creencias normativas y la conducta antisocial (β = .22 y β -.18 respectivamente) sobre la conservación de agua. Ambos constructos exógenos tuvieron una correlación (φ = -.14). El séptimo estudio se le adjudica a Corral, Frías, Fraijo y Tapia (2006) con una muestra de 150 residentes mexicanos, demostraron mediante un modelo estructural (BNNFI = .90; CFI = .91; RMSEA = .00; p < .001) una correlación negativa y significativa (r = -.12; p < .05) entre la tendencia al riesgo y el comportamiento pro-ambiental. Análoga-mente, la falta de auto control también se relacionó negativa y significativamente (r = -.19; p < .05). El octavo estudio esta relacionado con Martín portugués, Gallego y Ruiz (2006) con una muestra de 225 residentes españoles demostraron tanto las correlaciones positivas (r = .46 y r = .32; p < .01) como negativas (r = -.28 y r = -.31; p < .01) de la percepción ambiental con la satisfacción residencial, la satisfacción ambiental, la percepción ruidosa y las molestias sonoras respectivamente. Demostraron las correlaciones positivas (.r = 37 y r = .37; p < .01) y negativas (r = -.22; p < .01) de la satisfacción residencial con la satisfacción barrial, la satisfacción ambiental y la percepción ruidosa respectivamente. El noveno estudio se le amerita a McFarie & Hunt (2006) con una muestra de 3052 residentes canadienses, demostraron mediante un modelo estructural (X2 = 1.91; 2gl; p = .38; AGFI = .99; RNSEA = .000) los efectos indirectos; negativos y significativos de los valores y los conocimientos sobre el activismo ecológico (γ = -.54; γ = -.08). Dicho efecto esta mediado por las actitudes (β = -.25)

modelo: X2 = 997.88; 582 df; RMSEA = . 04; SRMR = .06; CFI = .98; ECVL = 3.72; CALC = 1564.83 Segundo modelo: X2 = 946.88; 581DF; RMSEA = .04; SRMR = . 06; CFI = .98; ECVI = 3.57; CALC = 1520.66) el efecto directo, positivo y significativo (β = .71) de la dimensión (utilitaria) de las creencias y actitudes ambientales sobre el comportamiento proambiental. El undécimo estudio se le cita a Pato y Tamayo (2006) con una muestra de 443 estudiantes brasileños establecieron el efecto tanto indirecto (β = .266) como directo (β = .20), positivo y significativo de la dimensión universal de valores sociales sobre (β = .466) una dimensión (activismo) del comporta-miento proambiental. Así mismo, la dimensión benevolente de los valores sociales tuvo ambos efectos (β = .14 y β = .20) sobre (β = .34) esta dimensión activista proambiental. Dichos efectos, estuvieron mediados (β = .19 y β = .20 respectivamente) por la dimensión ecocéntrica de las creencias y actitudes ambientales. El duodécimo estudio se le reconoce a Tal, Hill, Figueredo, Frías & Corral (2006) con una muestra de 186 residentes mexicanos, establecieron diferencias significativas (F (1.179) = 8.02; p