envio Esta edición de la Revista Envío-Honduras es una producción del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (eric-sj). Su contenido puede ser reproducido total o parcialmente, citando la fuente.
Año 11 • N° 39 • Honduras • septiembre de 2013
• Crónica de un río, un roble, muchas resistencias y la respuesta de los fuertes.......................1 • Las elecciones generales del 24 de noviembre de 2013, entre el riesgo y la incertidumbre.............................................10 • Un esbozo sobre la situación del proceso de reforma al sistema de seguridad y justicia..........................16
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• Reflexiones sobre los medios de comunicación públicos........22 • Tendencias de la minería en Centroamérica: el caso de Honduras.................................................................26 • Un nuevo paradigma para Honduras (3) La construcción de la nación....................................................34 • En las “cocinas de la ciencia” sobre migraciones....................42
Consejo de redacción: Ismael Moreno SJ, Isolda Arita, Marvin Barahona, Joaquín A. Mejía R. y Eugenio Sosa. Colaboran en este número: Ismael Moreno SJ, Eugenio Sosa, Joaquín A. Mejía R., Lucila Funes Valladares, Marvin Barahona, Pedro Landa y José Luis Rocha. Editores: Marvin Barahona e Isolda Arita Diagramación: Yasmin Pérez Este número de la revista se publica con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert. No obstante, su contenido no refleja necesariamente la opinión de esta Fundación. Impresión: Editorial Guaymuras, Tegucigalpa, Honduras. Tiraje: 1 000 ejemplares
Palabras que resuenan En Honduras, las clases gobernantes buscan las causas de la anormalidad política fuera de las fronteras nacionales y, en vez de enfrentar con su pueblo la parálisis de las fuerzas productivas, agigantan sus fuerzas armadas y las colocan por encima del poder civil y de las disposiciones constitucionales, con el argumento de que hay que repeler una agresión que viene de fuera. Y los partidos políticos, particularmente los tradicionales, se convierten en activistas de esta política y con tal proceder influyen o contagian a la mayoría de los medios de información. Se forma así un frente sólido, hasta el momento inexpugnable: poder económico, poder militar, poder civil y poder informativo, para defender a como haya lugar el statu quo, invocando el nombre de la democracia. Ventura Ramos (1908-1992)
Honduras: guerra y anti-nacionalidad, 1988, p. V.
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Crónica de un río, un roble, muchas resistencias y la respuesta de los fuertes Ismael Moreno (SJ)*
Este es el relato sentido y minucioso de una lucha que inició bajo la sombra de un roble, y que ahora se libra en el hostil escenario del Poder Judicial. El hilo conductor es la ancestral resistencia del pueblo indígena lenca, enfrentado a una poderosa empresa china y sus aliados nacionales. El ejemplo de estas comunidades, en defensa de su río y de su ambiente, ha comenzado a irradiar hacia otras igualmente amenazadas, y se ha convertido en un símbolo de defensa de la vida.
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uchas familias de la aldea Río Blanco y de diez comunidades más de este sector, desperdigadas en las agrestes montañas del costado norte del departamento occidental de Intibucá, amanecieron el uno de abril bajo la sombra de un roble. Utilizando machetes y garrotes, familias de estas once comunidades —a las que se les unieron vecinos de 17 comunidades más—, abrieron una enorme zanja que cruzaba la carretera de un extremo a otro hasta llegar al río Gualcarque, símbolo de vida y cauce de leyendas y tradiciones que evocan encantos, promesas y amor. Desde tiempos inmemoriales estas comunidades lencas han nacido, crecido, trabajado e invocado a sus dioses y a su Dios cristiano junto al arrullo de las límpidas y mágicas corrientes del río Gualcarque, que nace en la cordillera
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Director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ) y de Radio Progreso.
de Puca Opalaca, en la legendaria comunidad indígena de Yamaranguila, y cruza hondonadas hasta encontrarse con el río Ulúa, al que se une en un solo cauce, como cuando dos enamorados lencas se casan para hacerse una sola corriente de vida. Unidos bañan el valle de Sula y desembocan en el Atlántico. Lo que nadie pudo imaginar Nadie, entre quienes tomaron la iniciativa de ponerse a la sombra de aquel roble aquella mañana de abril, imaginó que ahí nacía el campamento de dignidad y resistencia en que permanecerían durante varios meses hasta que, a finales de septiembre, lo dispersó la fuerza de las armas, el chantaje, las amenazas y la manipulación de la justicia para “justificar” y hacer valer el “derecho” de una multinacional china coaligada con empresarios nacionales. Ninguno pudo imaginar tampoco que su lucha trascendería al país y el mundo, haciendo eco en comunidades y organizaciones solidarias de muchas naciones.
Y menos aún pensaron que sus nombres serían maldecidos en las oficinas del poderoso empresariado de Tegucigalpa y San Pedro Sula, o que andarían de boca en boca entre los ricos y famosos que forman parte del exclusivo grupo Ficohsa, propietario de bancos, centros comerciales, supermercados, farmacias, medios de comunicación, equipos de fútbol, restaurantes de comidas rápidas, empresas de energía térmica, gasolineras y otros negocios. Y que andarían también en boca de muchos diputados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de dirigentes de los partidos Liberal y Nacional. Incluso, en boca de algunos líderes de megaiglesias neopentecostales, sin que hiciera falta algún miembro de la jerarquía católica. Cuando iniciaron el tranque al pie del roble, no sabían que el entonces ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Rigoberto Cuéllar, sería “electo” meses después como Fiscal General Adjunto y que afirmaría que las comunidades participantes 1 junio 2013
actualidad Jueza ordena prisión contra Bertha Cáceres El 20 de septiembre, la jueza Alicia Lizeth Naigh Reyes del Juzgado Primero de Letras en el departamento de Intibucá, dictó prisión preventiva para la coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cáceres. Víctor Fernández, apoderado legal del COPINH, informó que la jueza Naigh Reyes no se presentó a la audiencia: “Ella solamente notificó la sentencia mediante un escrito a los apoderados legales de los líderes campesinos: Bertha Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Membreño”. La decisión de la jueza establece que los dirigentes lencas son responsables de causar daños a la empresa mercantil DESASINOHYDRO, que desarrolla el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en la comunidad de Río Blanco, Intibucá. Aureliano Molina y Tomás Membreño estarán sometidos a vigilancia y tendrán que presentarse a los Juzgados cada 15 días a firmar un libro, pero Bertha Cáceres tendría que ir a prisión preventiva al Centro Penal de La Esperanza. El dictamen también ordena el desalojo inmediato de la toma de la carretera, acción de protesta pacífica que, por más de seis meses, desarrollaron los campesinos lencas junto a la comunidad de Río Blanco y el COPINH.
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en la protesta no eran reconocidas como poblaciones lencas; y —haciendo eco a las voces de los empresarios de Ficohsa— diría también que estas comunidades estaban siendo manipuladas por la líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Bertha Cáceres, por uno que otro cura revoltoso, y por gente mal informada de las ONG que se lucran apoyando a quienes hacen “relajo” en Honduras. Lo que jamás pudieron imaginar es que los nombres de estas comunidades y la gesta que su gente inició a la sombra de un roble habrían de ganarse muchas maldiciones en oficinas burocráticas y empresariales en la lejana China. Allá residen los propietarios de la empresa Sinohydro, la más grande del mundo en la construcción de represas hidroeléctricas. Junto a otras empresas, y con el respaldo de su gobierno, Sinohydro está acostumbrada a captar el interés de gobiernos y empresas privadas en América Latina, sin mayor oposición. Así ha ocurrido incluso en la Venezuela chavista, donde esta participa en el negocio petrolero, la agricultura y la construcción de viviendas. Algo similar parece estar ocurriendo en la vecina Nicaragua, donde un solo empresario chino obtuvo una concesión para construir un canal interoceánico y ocho megaproyectos, con privilegios de concesionario que hacen ver al gobierno de Daniel Ortega incluso más entreguista que aquel que presidió en Honduras el general Manuel Bonilla hace más de un siglo, quien cedió las mejores tierras de nuestra Costa Norte a las compañías bananeras estadounidenses. Pero la diferencia es que el de Bonilla fue un gobierno entreguista financiado desde el
inicio por Samuel Zemurray —el futuro barón del banano en Honduras—, quien no tuvo empacho en facilitar un antiguo navío de guerra para que Bonilla invadiera Honduras desde Nueva Orleans; mientras que Daniel Ortega se dice izquierdista y se proclama a la vez —sin vergüenza alguna— como heredero de Sandino, el General de Hombres Libres. Pero esta es harina del costal ajeno. La iniciativa nació en las comunidades Volvamos a Honduras y las comunidades lencas. Los empresarios chinos y sus aliados hondureños analizaron en sus estudios los inconvenientes que podrían interrumpir sus negocios en zonas tan remotas del continente americano. Lo que no calcularon es que sus negocios serían boicoteados por unas comunidades a las que, ni por asomo, se les ocurrió informar y mucho menos consultar a la hora de diseñar y firmar un contrato con el gobierno hondureño en consorcio con el grupo Ficohsa. Tampoco se les cruzó por la mente que cuando las comunidades locales cumplían 138 días de protesta y resistencia pacífica contra el asalto de su territorio, Juan Barahona, dirigente popular y candidato a una de las tres vicepresidencias de la República por el Partido Libertad y Refundación (Libre), siempre escéptico y distante de las luchas que no se originan en las organizaciones sindicales o en los espacios políticos de “clase”, haría un homenaje a la lucha de los indígenas lencas en un pronunciamiento hecho público el 14 de agosto. Bajo el roble y junto a la zanja excavada en la carretera, las familias lencas instalaron sus plásticos y sus tapescos para dormir; impro-
actualidad visaron sus hornillas para cocinar el nixtamal y los frijoles, celebrando la vida para compartir alegrías y temores. Allí las encontré el uno de mayo, cuando las visité por primera vez desde el establecimiento de su campamento de dignidad y resistencia. En ese momento, la lucha de Río Blanco era solo un asunto de comunidades indígenas aisladas, respaldadas únicamente por el Copinh, liderado por la infatigable Bertha Cáceres desde que esta organización popular e indígena nació en 1994. Pero no fueron el Copinh y Bertha Cáceres quienes iniciaron esta lucha de resistencia pacífica. Fueron las comunidades mismas quienes tomaron la iniciativa de apostarse bajo el roble y abrir la zanja para impedir la construcción de la represa hidroeléctrica. Varios dirigentes comunitarios, miembros del Copinh, pidieron la solidaridad de su organización, logrando que esta asumiera la iniciativa comunitaria como expresión de sus luchas. Voz suave y palabras firmes Entre las personas concentradas en el bloqueo de la carretera pude ver a muchas mujeres, ancianos, jóvenes y jovencitas. ¿Qué pretenden con la toma de esta carretera? —les pregunté. Me contestaron que proteger su río y sus bienes de las amenazas del extraño; que no permitirían que les robaran el río, fuente de vida y de su fe a lo largo de toda su historia. Su vida y su fe en Dios las viven en íntima relación con la Naturaleza, especialmente con sus bosques y sus ríos. Las personas que dirigen estas comunidades no son altas ni blancas. Sus nombres jamás han sonado en las radios o han aparecido en los periódicos. No son líderes políticos ni gente con títulos acadé-
micos. Si alguien va al roble donde se inició el campamento indígena y comunitario, buscando a algún líder connotado o a una mujer con una larga trayectoria de lucha, se equivoca porque no los encontrará. A la sombra de este roble todos los rostros se parecen: son indios e indias lencas víctimas del hambre histórica que han padecido en su humanidad, con la piel curtida por el sol o por el calor del fuego de la hornilla. Nadie se distingue ahí por su apariencia. Los adultos son iguales en tamaño y los niños son iguales en sus ropas en harapos, sus pies descalzos y encallecidos. Estas gentes hablan con sencillez, en voz baja y con la mirada clavada en la tierra. Hablan sin detenerse y sin alzar nunca la voz, en una cabal armonía entre voz suave y palabras firmes. Adelaida Sánchez es una de esas voces. ¿Por qué te opones a la represa en el río Gualcarque? Sin levantar la vista y como hablando para la tierra me respondió: “Esta represa hidroeléctrica no es desarrollo para nosotros. Ellos se están llevando nuestras riquezas y a nosotros nos dejan sin río y con más hambre”. Adelaida es flaca y pequeña, tiene cuatro hijos y no terminó la primaria. Con esa misma voz suave llegó unos días después al Instituto San José de los jesuitas en El Progreso, para compartir su experiencia y espíritu de lucha con los estudiantes urbanos del nivel secundario en esta ciudad. Adelaida les contó que tuvo que trabajar desde muy pequeña, que su familia es muy pobre y que cree en la lucha comunitaria. Y, acto seguido, relató: “Mi esposo se llama Martín Domínguez, trabaja la tierra sembrando maíz, frijoles y otras cositas para comer. Desde que iniciamos la toma, el uno de
Asesinan y acosan a indígenas tolupanes El 25 de agosto, tres indígenas tolupanes, defensores del ambiente, fueron asesinados por sicarios. Ellos son: María Enriqueta Matute, Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto Fúnez, de la tribu San Francisco de Locomapa, Yoro. “Nuestros hermanos indígenas fueron asesinados por defender los derechos de nuestras comunidades y los derechos de la madre tierra”, manifestó la dirigente indígena Consuelo Soto. Organismos de derechos humanos informaron que, además, por temor a perder sus vidas, familias tolupanes continúan abandonando la comunidad San Francisco de Locomapa pues, de acuerdo a testimonios, han recibido amenazas a muerte por medio de mensajes de texto. “Exigimos a las instituciones del Estado investigar con celeridad estos hechos para hallar a los responsables”, manifestó Ramón Matute, quien tiene dos semanas de haberse desplazado de su comunidad. Desde hace mucho tiempo, los indígenas tolupanes realizan acciones de resistencia contra la explotación de una mina de antimonio, la instalación de una hidroeléctrica y la invasión de sus tierras comunitarias por parte de terratenientes y exmilitares de la zona.
3 junio 2013
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Una ley para subastar lo poco que queda El Congreso Nacional ratificó el 23 de julio el punto de acta que deja en firme la aprobación del decreto que contiene la cuestionada Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de la Deuda Pública. Esta ley ya había sido aprobada
abril, nos vamos todos para la toma. El hecho de ser mujer no me afecta en la lucha, porque todos estamos en lo mismo. Cuando mi esposo no puede, yo puedo, y a veces nos vamos los dos. A veces él va a trabajar al monte y yo me voy a la toma con mis hijas. En el lugar de la toma, las mujeres, además de estar presentes, también hacemos la comida y los hombres halan la leña y el agua. Cocinamos lo que hay. Si solo guineos y frijoles tenemos, eso comemos todos. Y si no tenemos nada, pues nos aguantamos”.
apresuradamente el 19 de julio en Gracias, Lempira, por lo que el diputado pinuista, German Leitzelar, pidió que, por sus implicaciones, era necesario someterla de nuevo a discusión en el pleno, a fin de que los diputados conocieran los detalles de la misma. Pero la moción no fue considerada. Mediante esta ley, el gobierno podrá enajenar o vender bienes del Estado que se encuentran ociosos. Esto incluye proyectos en el área de recursos naturales, minería, energía y telecomunicaciones, según explicó el secretario de Finanzas, Wilfredo Cerrato. La idea del Poder Ejecutivo, según la nueva ley, “es contar con un mecanismo que permita la explotación racional de los recursos nacionales ociosos y la realización de proyectos de infraestructura que no han sido desarrollados por falta de financiamiento”.
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No será fácil quitarlos de en medio Bajo el roble, una madre de familia me contó que su hija llegó apresurada a la casa, con los ojos enrojecidos por el llanto, y casi sin decir palabra rebuscó todo lo que pudo de comida y ropa. “El pueblo lenca nos necesita mamá —le dijo— y tenemos que compartir, aunque nos quedemos sin comer lo que nos gusta por unos días”. Después de escuchar a muchos de los “atrincherados” bajo la sombra del roble, me convencí de las palabras que dijo el empresario de una de las compañías contra las cuales se alzaron las comunidades lencas: “Estos indios son distintos. Si no buscamos una medida extraordinaria, ellos podrán pasar aquí toda la vida. No son como otra gente de Honduras, a la que se le puede comprar con dinero o se le puede amenazar con la policía y el ejército. A estos indios solo matándolos los quitamos de en medio”. Las comunidades lencas no se oponen al aprovechamiento del agua de los ríos para producir la energía que mejora la vida. Lo que no permiten es que sus ríos y sus aguas sean utilizadas por extraños sin contar con ellas o haciéndolo en contra de ellas. No aceptan que los marginen y pongan en riesgo su
vida y sus tradiciones. Un día cualquiera, sin saber de dónde venían ni con qué propósitos, aparecieron técnicos, maquinarias, hombres con cascos en sus cabezas, con muchos aparatos, y comenzaron a trabajar en el río Gualcarque. Ningún funcionario de la empresa ni del Estado se acercó a las comunidades para informarles y mucho menos para preguntarles si estaban de acuerdo con la construcción de una represa hidroeléctrica en “su” río. Las comunidades indígenas se fueron informando por sí solas hasta saber que los constructores responden a empresas que combinan el capital de unos cuantos empresarios nacionales con el capital de alguna empresa transnacional, proveniente, en este caso, de la República Popular China. Supieron que los empresarios nacionales son los mismos que han usado la generación de energía térmica, la energía sucia, para amasar grandes capitales y dañar el ambiente. También supieron que las nuevas inversiones para producir energía limpia están en manos de esos mismos empresarios. El punto clave no es lo positivo que representa pasar de la energía sucia a la energía limpia, sino que ambas son propiedad de un capital sucio que está en manos también sucias. Una estrategia de lucha que ha dado frutos Las comunidades lencas han impulsado una estrategia de lucha que ha resultado exitosa. Comenzaron por su cuenta y riesgo. Pero no se quedaron allí. Primero buscaron al Copinh, la organización que les representa en sus luchas y demandas. A través de esta buscaron la solidaridad de otras organizaciones e instancias fraternas, como los medios de comunicación comunitarios.
actualidad Así fue como me buscaron. Me invitaron a celebrar una misa el uno de mayo. Después, el 20 de mayo, nos convocaron a varias organizaciones a una movilización que, desde el roble, marcharía hasta el campamento de la empresa constructora, instalado a unos dos kilómetros. Ese día, la carretera que conduce al roble estaba repleta de militares. En tres ocasiones fuimos detenidos. Los militares registraron el carro milímetro a milímetro, y a quienes ahí viajábamos nos apuntaron con ametralladoras. Llegamos al lugar entre vivas de las comunidades lencas. En esta actividad participamos diversas organizaciones de Tegucigalpa, San Pedro Sula y El Progreso, los indígenas tolupanes de Yoro y comunidades de los departamentos de Atlántida y Santa Bárbara. Éramos organizaciones eclesiales, feministas, sindicales, indígenas y observadores internacionales. Todos desarmados. Nuestras armas eran las voces y las consignas. Cuando llegamos al campamento empresarial nos encontramos con decenas de militares, policías y guardias de seguridad privada amurallados para defender las instalaciones. El camino al campamento es uno solo y está bordeado por acantilados. No hay escapatoria. Diez minutos después de habernos plantado frente al campamento volvimos nuestra mirada hacia atrás y divisamos varios convoyes repletos de soldados y policías. Quedamos atrapados entre dos fuegos. Por mi cansancio me quedé al final de la manifestación. Me tocó estar cerca del jefe del operativo. Escuché cuando recibió una llamada que él respondió así: “Sí, mi mayor, aquí está la gente, pero no está armada, no creo que haya necesidad de seguir con el plan”. Pa-
saron minutos que me parecieron eternos. Diez minutos después, otra llamada, “Sí, mi mayor, dígame… No, no creo que haya necesidad. Están pacíficos y de un momento a otro se regresan… Sí, entiendo lo que me dice, pero no veo que haya necesidad de ir más allá con el plan porque no hay amenazas”. Era evidente: había órdenes de disparar. ¿Qué hacer? Me senté en el monte y encomendé a Dios a esas comunidades defensoras de la vida. Un grave error empresarial Los chinos y sus socios hondureños, que se hacen representar a través de DESA, se resisten a aceptar que la iniciativa de defender el río Gualcarque tenga su origen en las comunidades lencas y los dirigentes comunitarios. Sus investigaciones identificaron a tres dirigentes del Copinh y sobre ellos lanzaron sus ataques: Bertha Cáceres, Tomás Gómez y Aureliano Molina. Los tres están en la mira del grupo Ficohsa y de los empresarios chinos con la complicidad del ejército, la policía, la seguridad privada de la empresa y también de la Fiscalía y los jueces. Más que los dos jóvenes, el objetivo es Bertha Cáceres. Ella simboliza la tenaz resistencia del Copinh, la fuerza de las indias y la capacidad de resistencia de las mujeres. Bertha no cabe en ningún molde. Los rompe todos. No cupo en el molde patriarcal. Lo hizo añicos. No cupo en el molde de mujer tradicional. Lo mandó al carajo. No cabe en el molde de una organización popular: va más allá que el propio Copinh y que el molde de las organizaciones feministas. No cabe en el molde de un partido político. Nadie ha logrado encasillarla. Dice las cosas sin tapujos frente a quien sea. Se vuelve más fuerte cuando quien está frente a ella es un político tra-
La violencia se ensaña con niños y jóvenes Cerca de 3500 menores de 23 años han muerto de manera violenta en Honduras en los últimos 43 meses, según el Informe mensual de Casa Alianza, divulgado el 19 de septiembre. El promedio de muertes violentas de menores de 23 años es de 79.8 mensuales. En lo que va del año, fueron asesinados 653 menores, de los cuales 93 murieron en agosto. El director de Casa Alianza, José Guadalupe Ruelas, detalló que de esas 93 muertes violentas, el 26.9% (25) eran menores de 17 años, en tanto que el 73.1% (68) tenía entre 18 y 23 años. El informe indica que los departamentos de Cortés, Colón y Francisco Morazán son los que en agosto registraron los índices más altos de asesinatos de jóvenes. El 77% de las víctimas fueron asesinadas con armas de fuego; el 12% murió por asfixia y el 11% de otras formas. Por su parte, el director del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (Ihnfa), Felipe Morales, aseguró el 7 de octubre que los niños de los barrios marginales y los que pertenecen o simpatizan con maras y pandillas, cada día son más utilizados por delincuentes para cobrar extorsiones y hacer labores de narcomenudeo.
5 junio 2013
actualidad
Ley de Minería e impunidad A inicios de julio, el director del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin), Aldo Santos, denunció que la nueva Ley de Minería, que entró en vigencia en abril, carece de disposiciones para castigar los delitos ambientales y solo cuenta con sanciones administrativas. Santos responsabilizó al Congreso Nacional por la no inclusión de esas penas, que constituyen una herramienta para tener orden en la explotación y exportación de recursos mineros. “Este es un tema que corresponde al Congreso Nacional; debe dar una respuesta del por qué no hay delitos en la nueva Ley de Minería, aunque sí hay sanciones, nada más que son administrativas”, señaló. Según Santos, en su momento, el Ministerio Público remitió al Legislativo un borrador del capítulo relacionado con delitos, pero fue el Congreso Nacional quién determinó no incluirlo en la nueva ley. El director del Inhgeomin comentó que las leyes, así como se hacen, se pueden modificar. En tal sentido, recomendó que, en vista de los constantes atentados contra el medio ambiente, cualquier diputado puede proponer reformas a esta ley.
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dicional, un dirigente oligárquico o un oficial militar o policial. Los empresarios chinos y hondureños, en complicidad con las autoridades estatales, están convencidos de que quitando de en medio a Bertha el asunto se puede resolver. Un gran error. Al menos a mediano y largo plazo. En este caso, las comunidades lencas son más que el molde de Bertha. Los empresarios pueden tomar ventajas inmediatas, pero para implantar su proyecto, antes tendrían que arrasar todas las comunidades. Y todas las Berthas de occidente, del norte, el sur y el centro del país. Pero abrieron fuego El 24 de mayo los militares detuvieron a Bertha Cáceres y la acusaron de estar armada. La detuvieron al final de la tarde y la llevaron a la cárcel de Santa Bárbara, cabecera departamental en la región noroccidental. Amaneció en la cárcel el día 25. También apresaron a Tomás Gómez. La captura de Bertha se regó como pólvora y la cárcel amaneció rodeada por gente de todas partes. Tuvieron que soltarla, pero con la obligación de ir el 13 de junio a una audiencia por el delito de portación ilegal de armas. En esa fecha Bertha se presentó al juzgado acompañada de centenares de personas y las autoridades tuvieron que darle un sobreseimiento provisional. Unos días después la Fiscalía volvió a la carga, retomando las acusaciones. Mientras tanto, el roble se agitaba con la presencia de las comunidades, que convocaron a otra movilización para el 15 de julio con el mismo objetivo: protestar pacíficamente frente al campamento de la empresa constructora de la hidroeléctrica. A diferencia de la movilización del 20 de mayo, en esta ocasión los soldados sí dispara-
ron sobre un miembro del Consejo Indígena y animador de fe, Tomás García. Su hijo resultó herido. Y unos minutos después se descubrió el cadáver de otro joven con los orificios de las balas que usan los sicarios al servicio de la empresa constructora, según los datos que Envío-Honduras recogió entre los pobladores de esa zona. La obediencia de la Fiscalía y de la jueza Después de este ataque, los tres dirigentes del Copinh en la mira de los empresarios fueron citados por la Fiscalía para una nueva audiencia, el 14 de agosto, el mismo día que el dirigente popular Juan Barahona respaldó públicamente la lucha de los lencas. La audiencia sería en la ciudad de La Esperanza, cabecera departamental de Intibucá. Los tres fueron acusados de atentar contra bienes y propiedades privadas, actos terroristas y violación del orden público. La audiencia resultó impactante, no tanto por lo que ocurrió dentro del juzgado, sino por la presencia masiva de personas que llegaron de todos los rincones del país junto a representantes de la solidaridad internacional, entre los que destacó la exsenadora colombiana Piedad Córdoba, quien viajó desde su país para manifestar su solidaridad con el Copinh, los tres acusados y las comunidades lencas en resistencia. Los abogados defensores de la empresa demandaron que a los acusados se les prohibiera salir del país, hacer acto de presencia en las comunidades lencas y hacer declaraciones públicas. Y que se les exigiera presentarse a firmar en los registros del juzgado cada quince días. En esta primera ocasión, la jueza aplazó la principal decisión, que políticamente ya había sido to-
actualidad mada por los propietarios de la empresa. Dejó sin lugar las demandas que atentaban contra las libertades individuales, estableciendo únicamente la obligación de presentarse a firmar cada quince días. Se les citó a una segunda audiencia para el 12 de septiembre, en el mismo juzgado. La jueza llevaba en sus manos lo que le había entregado el cuerpo de abogados de la empresa: prisión con medidas sustitutivas para Tomás y Aureliano, y cárcel preventiva para Bertha Cáceres. Las multinacionales van con todo y simultáneamente. Una semana antes de esta decisión, el presidente Porfirio Lobo recibió en Casa Presidencial a varios miembros de las comunidades, quienes supuestamente las representaban a todas. Estos le solicitaban a la empresa que prosiguiera con la construcción de la represa y les ayudara a defenderse de los dirigentes opuestos al desarrollo. Así lograron que la jueza librara orden de desalojo contra los indígenas apostados en el roble, y se prepararan medidas similares, jurídicas, políticas, policiales y militares en los casos relacionados con la explotación minera en la zona de Locomapa (Yoro) y las comunidades de Atlántida. “Dios está aquí en este roble” Las comunidades lencas son profundamente religiosas. Ponen su confianza en que Dios protegerá sus vidas de las amenazas de quienes tienen poder y traen a la comunidad propuestas extrañas a sus tradiciones y creencias. Los principales dirigentes, hombres y mujeres, de este movimiento defensor de los ríos y la Naturaleza, son también animadores de las comunidades eclesiales insertas en la pastoral de la Iglesia católica. Bajo
la sombra del roble, esta gente tiene pocas pertenencias. Apenas un tapesco alzado con varas rústicas, plásticos, algunas cobijas para el frío de la noche, unos cuantos trastes para cocinar y comer. No faltan la guitarra y los libros de cantos para animar las celebraciones religiosas. Nada les alegra tanto como la llegada de sacerdotes o religiosos que vengan a animar y confirmar su fe en la lucha emprendida para defender su río. Así lo experimenté cuando los visité por primera vez. Nada les ha dolido tanto como las críticas y los rechazos que han recibido de parte de algún sector de la jerarquía católica. Todavía recuerdo la celebración del Primero de Mayo, realizada bajo un calor de angustia que agradecía más la sombra del roble. Ese día leyeron el pasaje del Evangelio que relata cómo a Jesús lo rechazan sus paisanos en su comunidad de Nazaret por haber hablado palabras de sabiduría y haber realizado acciones milagrosas a favor de la gente excluida, a pesar de conocerlo como el hijo del carpintero. Jesús dice entonces aquella frase tan conocida: a un profeta lo desprecian en su patria y entre los suyos, porque nadie es profeta en su tierra. La celebración fue minuciosamente preparada por los animadores de las comunidades. Improvisaron una mesa con un mantel que alguna vez debió ser blanco. Encima pusieron una vela encendida, un manojo de flores silvestres recién cortadas, un vaso con agua limpia y la Biblia en su edición latinoamericana. Al par de la mesa, un hombre con su guitarra, dos mujeres con el libro de cantos de la parroquia y el animador de la Palabra, listos a iniciar la liturgia. Cuánto sobraban en aquella celebración las paredes, las cam-
El cinismo de Billy Joya (1) Así titula el periodista Oscar Reyes Baca el artículo que escribió y difundió por internet, como reacción a la comparecencia del candidato a diputado por el partido Alianza Patriótica, Billy Joya, en Globo TV. “Realmente estoy asombrado por el cinismo que sigue demostrando el ex capitán del ejército Billy Joya quien, aprovechando la ineficiencia del sistema judicial hondureño y la complicidad de sus ex compañeros de armas, sigue gozando de libertad a pesar de ser uno de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Honduras a principios de la década de los 80. “Joya negó nuevamente su participación en esas acciones delictivas, basándose en dos argumentos muy simples: Que ninguno de sus acusadores lo había identificado personalmente, y que el fatídico Batallón 3-16, del que él admitió haber sido miembro, no existía en ese entonces. “Ni mi esposa, ni yo, ni ninguna de las víctimas pudimos identificar a nuestros agresores, porque todos ellos llevaban la cara cubierta con pasamontañas (…) Cuando lo acusamos de haber asaltado nuestra casa, fue porque él mismo se puso en evidencia al publicar Un Rayo de Luz, un mamotreto que él llama libro, y que fue armado con fotocopias de noticias falsas que ellos mismos suministraron a los periódicos en esa época. En él incluyó fotocopias de mi licencia de manejar, partes de mi currículo, fotografías que tenía en mi escritorio, y una lista de libros que estaban en mi oficina...”.
7 junio 2013
actualidad El cinismo de Billy Joya (2) Continúa Reyes Baca: “Su segundo argumento también es ridículo. Se aprovecha de que la gente sabe muy poco acerca de la organización de los cuerpos militares”. Aludiendo a que Joya ha logrado demostrar que el Batallón 3-16, fue creado “oficialmente” hasta el 2 de enero de 1984, Reyes Baca se pregunta: “Pero, quién nos asegura que ese grupo no operaba ya clandestinamente en 1982?”. “Además, existían otros cuerpos represivos como la Fusep, la DNI y los Cobras, un grupo táctico que él mismo admite haber creado después de que regresó graduado de la Escuela de Carabineros de Chile… el 3-16 no intervino en esos casos. Pero los otros grupos sí. Un día después del asalto a mi casa, el mismo Jefe de las Fuerzas Armadas, General Gustavo Álvarez Martínez, informó al Presidente Suazo Córdoba, que ‘el cuerpo especializado Cobras’ había realizado el operativo de La Florencia. Es decir, el asalto a mi casa. “Yo ya no vivo en Honduras, y tal vez no debería responder a sus estupideces. Pero me duele ver que el país que me vio nacer, del que me expulsaron Joya y sus compinches y al que aún amo intensamente, siga siendo manipulado por elementos tan nocivos como Billy Joya, que saben llevar muy bien una blanca piel de oveja sobre su nauseabunda piel de lobo. Que Dios salve a Honduras, si personas como él llegan al Congreso o controlan el poder político del país”. Así concluye su mensaje el ex director de la Escuela de Periodismo de la UNAH.
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panas, los altares y el oro de las liturgias oficiales. No solo sobraban, ni siquiera hacían falta. A nadie se le ocurrió siquiera que existían. Tampoco yo recordé que no estaba en un templo. Porque aquello era el templo. Aquellas comunidades eran la iglesia, y el roble y el ardiente sol de la mañana eran el templo vivo de Dios. No podía haber más encarnación de Dios que en aquella Naturaleza viva y en aquellas voces y rostros que celebraban a Dios bendiciendo la lucha de resistencia de un pueblo que defiende su libertad en medio de tantas calamidades. Aquella mañana desapareció para mí la frontera entre la fe y la vida, entre el mundo religioso y el mundo profano, entre la oración y la acción por la justicia. Aquellas comunidades me enseñaban que la defensa de los bienes naturales es expresión de la fe en Dios y de la pertenencia a la Iglesia. Todos los debates sobre si hay manipulación, si la Iglesia debe o no meterse en asuntos ambientales o de derechos humanos, me parecían irrelevantes en aquella mañana. La reflexión que hicimos se orientó a alentar la fe en el Dios que hace sentir su paso en la historia de los humildes de la tierra. Lo dijo así uno de los animadores: “Dios no está lejos de nosotros, está aquí entre nosotros que somos su pueblo. No tenemos que ir a otro lado a buscarlo, está aquí en este roble. Y la sombra del roble es su sombra que nos protege. Está en nuestros cantos y lucha a través de nuestras fuerzas. Nadie más que Dios nos ha abierto los ojos para defender nuestro río del extraño. Y en esta lucha experimentamos su presencia”. La gente no se pierde Muchas veces buscamos salvación y salvadores fuera de nuestra
realidad y esperamos que las respuestas a nuestros problemas y necesidades vengan de fuera. Es lógico que los constructores de la represa en el río Gualcarque no crean en estas comunidades y que estén convencidos de que gente de fuera ha llegado a calentarles la cabeza. Jesús nos enseñó que los dinamismos salvadores están en nosotros, dentro de nosotros mismos. Nos invita a creer en nuestras fuerzas, y nos anuncia que cuanto más confiemos en nuestras capacidades, más presencia de Dios experimentaremos en nuestras vidas y comunidades. La decisión de estas comunidades de apostarse por días, semanas y meses en una carretera para defender sus aguas y todos sus bienes naturales, es un ejemplo de dignidad y soberanía. La gente no se pierde. Sabe que si se quedan sin hacer nada, si solo protestan un día, perderán el río de su historia y de sus leyendas. Saben que una vez que las maquinarias inicien los trabajos, será difícil la vuelta atrás y las comunidades serán postergadas. Un ejemplo que ha comenzado a irradiar El 9 de agosto la maquinaria de la empresa china salió del lugar donde estaba instalada. Pero a los pocos días ingresó por el extremo contrario al roble y prosiguió su trabajo, más discretamente. Fue una estrategia de DESA —que representa a Ficohsa y a Sinohydro—, para priorizar el ataque jurídico, estratagema en la que se ha concentrado. Fue también una forma de evitar ser tan visibles ante la llegada de observadores internacionales... Enfrentando todas las estrategias del poder, la acción de las comunidades lencas es un ejemplo que ha comenzado a irradiar hacia otras
actualidad comunidades, igualmente amenazadas en otras zonas del país. Lo que han hecho estas comunidades representa una acción patriótica de dimensión nacional. Es un símbolo de defensa de la vida, tanto local como nacional. Los tolupanes también El día que celebramos la misa estaba entre nosotros un pequeño grupo de indios tolupanes o xicaques. Llegaron de las montañas del departamento de Yoro. Vinieron a “merodear”, a enterarse de cómo hacían los indios y las indias lencas para defender sus bienes naturales. Abrían los ojos y escuchaban con mucha atención los testimonios de mujeres y hombres. Necesitaban saber, aprender, porque sus comunidades también están siendo amenazadas por la presencia de compañías canadienses dedicadas a la explotación minera. Varios años atrás llegaron a ofrecerles un centro de salud y una escuela, y los tolupanes se alegraron pensando que se trataba de gente de buena voluntad. Poco tiempo les duró la alegría. La minera comenzó a romper montañas y a emplear cianuro. Los cerros de los tolupanes están repletos de antimonio, oro, plata y óxido de hierro. Desde hace muchos años, los topulanes vienen padeciendo la invasión de “ladinos”, terratenientes y madereros, que han destruido sus pinares y expulsado a varias comunidades indígenas para quedarse con sus tierras, tituladas desde el siglo 19 gracias al firme apoyo de un sacerdote: Manuel de Jesús Subirana. Subirana, cura español, llegó a Honduras en 1857, a la zona de La Mosquitia fronteriza con Nicaragua; entonces el obispo de Comayagua le encomendó la evangelización de
las comunidades xicaques o tolupanes. En mula y a pie, el misionero subió y bajó montañas sin caminos. En pocos años visitó todas las comunidades indígenas y decidió unir el evangelio a la lucha para proteger legalmente sus tierras. En menos de cinco años había logrado su propósito: entre 1858 y 1864, el año de su muerte, al menos nueve mil topulanes fueron bautizados por Subirana que, con el agua del bautismo, les devolvió su dignidad de seres humanos y de legítimos propietarios de las tierras que habitaban. Por haber sido un férreo defensor de sus derechos, especialmente de sus tierras, Manuel de Jesús Subirana es venerado por los tolupanes como el “Santo misionero”. Ese patrimonio es el que hoy les están arrebatando los madereros, mineros, terratenientes, políticos y otros vividores. La esperanza ha brotado La lucha de resistencia de las comunidades lencas en defensa del río Gualcarque reanimó la fuerza que ya traía el impulso de diversas comunidades topulanes de las montañas de Locopama. Y un día de julio también decidieron tomar la carretera para impedir que los mineros continuaran su acción depredadora. El 25 de agosto, tres topulanes que estaban plantados en la carretera fueron asesinados tras un feroz ataque de los sectores que ven en la lucha indígena una amenaza a sus intereses. Uno de los muertos era uno de aquellos que abrieron sus ojos y oídos ante el testimonio compartido por los lencas en la celebración litúrgica del Primero de Mayo a la sombra del roble. El ejemplo de las comunidades lencas también ha tenido eco en la
lucha de las comunidades campesinas del valle y montañas del río Leán, en el norteño departamento de Atlántida. Los meses de junio, julio y agosto fueron especialmente ardientes en esas comunidades, de manera especial en Nueva Esperanza, municipio de Florida. El empresario Lenir Pérez, yerno del potentado Miguel Facussé, decidió con su empresa “La Victoria” —suya o quien sabe si solo es un testaferro— iniciar la explotación de las minas de óxido de hierro contra vientos y mareas populares y comunitarias. Ha comprado a varios pobladores y los ha armado en contra de su propia gente. Ha amenazado a los dirigentes de base. Sus sicarios capturaron y expulsaron el 25 de julio a dos acompañantes extranjeras, una francesa y otra suiza, representantes de la organización Programa de Acompañantes Internacionales (Proah), y ha conformado grupos armados para amedrentar a quienes se oponen a sus designios, aterrorizar a la población y quitar de en medio cualquier obstáculo que se oponga a sus proyectos mineros. Mucha gente no cree en estas comunidades en lucha no violenta, porque son indígenas y pobres. Estamos acostumbrados a que los líderes y las palabras que nos impactan provengan de personas y grupos profesionales, con un discurso muy bien organizado. ¿Quién cree que de comunidades lencas, alejadas de las ciudades, pueda salir algo bueno? Pero ha salido mucho de bueno. Mucha esperanza ha brotado de estos humildes de la tierra y la acción de las comunidades lencas ha abierto una nueva oportunidad para el despertar de la conciencia. Para hacernos entender que en Río Blanco, Intibucá, se está jugando también nuestro futuro. 9 junio 2013
actualidad
Las elecciones generales del 24 de noviembre de 2013, entre el riesgo y la incertidumbre Eugenio Sosa*
Muchas cosas diferencian las elecciones generales que se realizarán el próximo 24 de noviembre de las que se han celebrado en los últimos treinta años. El contexto de país es de una complejidad inédita, y de una competencia electoral bipartidista se pasó a una multipartidista. Estas páginas ofrecen elementos para analizar el escenario preelectoral, un ejercicio ciudadano indispensable en estos tiempos de aguda crisis e incertidumbre. Elecciones en un contexto de crisis compleja Nueve partidos políticos1 se disputan los cargos a elección de la Presidencia de la República2, diputaciones al Congreso Nacional3 y alcaldías municipales4, en un contexto de país que atraviesa por una de sus crisis más complejas.
* Sociólogo. 1 Partido Liberal (PL), Partido Nacional (PN), Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH), Partido Unificación Democrática (UD), Partido Libertad y Refundación (Libre), Partido Alianza Patriótica (AP), Partido Anticorrupción (PAC) y Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (FAPER). 2 Siete candidatos y una candidata se disputan la Presidencia de la República: Juan Orlando Hernández, actual presidente del Congreso Nacional, por el PN, Mauricio Villeda por el PL, Jorge Aguilar por el PINU-SD, Orle Solís por el PDCH, Romeo Vásquez Velásquez, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, por AP, Salvador Nasralla por el PAC, Andrés Pavón por la alianza UD-FAPER, y Xiomara Castro de Zelaya, ex primera dama, por Libre. 3 El Congreso Nacional está integrado por 128 diputados y diputadas. 4 Se eligen 298 corporaciones municipales correspondientes a igual número de municipios.
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El presente gobierno cerrará este año con un déficit fiscal que alcanzará el 8% del producto interno bruto5, lo cual representa un aproximado de 25 mil millones de lempiras. La deuda interna (2,860 millones de dólares) y externa (4,602 millones) se ha incrementado en los últimos años, sumando en la actualidad 7,462 millones de dólares6. A la calamidad fiscal hay que sumar una segunda dimensión de la crisis: la criminalidad y violencia que devora a la sociedad hondureña. La tasa de homicidios en 2011 fue de 86.5 por cada cien mil habitantes, en 2012 se situó en 85.57, y aunque las proyecciones para 2013 prevén una reducción leve, la tasa seguirá arriba de 80 homicidios por cada cien mil habitantes8. Una tercera dimensión de la crisis es la referida a la legitimidad, pues la institucionalidad estatal en5
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Proyecciones del Foro Social Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH). Entrevista con el economista Rodulio Perdomo para el presente artículo, realizada el 4 de octubre de 2013. Presentación de Roldán Duarte Maradiaga, presidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), realizada el 26 de agosto de 2013 en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH. Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la UNAH. En un afán por mostrar éxitos en la política de seguridad, el secretario de Seguridad, Arturo Corrales, ha cuestionado los
actualidad frenta altos niveles de desconfianza en la ciudadanía. El 59% de esta expresa tener ninguna confianza en los partidos políticos, 50% en el Congreso Nacional, 49% en la Presidencia de la República y la Corte Suprema de Justicia, 48% en la Policía Nacional y 45% en la Fiscalía General9. Una cuarta dimensión es la pérdida del control por parte del Estado de algunos territorios que están en manos de bandas del crimen organizado. Según la Organización Contra el Tráfico de Drogas de las Naciones Unidas: Varios grupos territoriales están trabajando en Honduras para organizaciones de tráfico de drogas colombianas (en Atlántida) y mexicanas (en Olancho, La Ceiba y Copán). En el país también se ha informado de algunos grupos de estilo tumbadores, conocidos como “los grillos”, en particular en el área de La Ceiba. Como en Guatemala, propietarios de tierra y “rancheros” están involucrados en actividades de tráfico, en particular en las áreas fronterizas que tienen bajo su control10.
Este contexto constituye el telón de fondo del proceso electoral en el que concurrirá a las urnas la ciudadanía hondureña el domingo 24 de noviembre de 2013. En síntesis, es un proceso en que se enfrentan desafíos, riesgos e incertidumbres, pero también esperanzas. Creen que las elecciones serán fraudulentas, pero irán a las urnas11 El 59% de la ciudadanía considera que las elecciones serán muy fraudulentas o algo fraudulentas. Paradódatos del Observatorio de la Violencia, aduciendo un error de cálculo en las cifras presentadas por el organismo universitario que, de enero a junio de 2013, contabilizó 3,547 homicidios; mientras que la Secretaría de Seguridad registró 2,629. Véase: diario El Heraldo, 30 de septiembre de 2013, en: http://www. elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/Seguridad-quiereexcluir-casi-mil-homicidios. 9 Centro de Estudios para la Democracia (Cespad). Encuesta de opinión ciudadana de julio de 2013. 10 Organización Contra el Tráfico de Drogas de las Naciones Unidas (Undoc). Informe de 2012, p. 14. 11 Estos porcentajes han sido tomados de: Cespad, Ciudadanía activa ejerciendo democracia. Monitoreo elecciones 2013. Serie documentos de análisis. Documento de análisis 2. Elecciones de Honduras 2013: Ciudadanía desconfía del proceso electoral, pero mantiene expectativas de cambio, septiembre de 2013.
jicamente, el 80.3% expresa su decisión de ejercer el sufragio el próximo 24 de noviembre. Lo anterior tiene varias explicaciones plausibles. La primera se relaciona con las expectativas de cambio que tiene la ciudadanía, aun en las condiciones adversas que presenta el país. El 98% de los hondureños y hondureñas considera, independientemente de su posición partidaria e ideológica, que Honduras requiere cambios urgentes para enfrentar sus principales problemas. El 72.9% considera que los cambios deben ser profundos y globales. Esta aspiración generalizada de cambio es la que puede explicar también por qué ha ido creciendo el porcentaje (75%) de ciudadanos y ciudadanas que están de acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Algo muy importante es que visualizan que el cambio requiere el fortalecimiento del Estado. El 56.2% considera que el Estado debe fortalecerse para hacer frente a los problemas actuales. La segunda explicación de esta motivación puede estar relacionada con la ampliación y diversificación de la oferta electoral. Mientras que la tercera se relaciona con la politización y polarización política heredada del golpe de Estado de 2009. El TSE en busca de legitimidad institucional El Tribunal Supremo Electoral (TSE), después de administrar las elecciones de noviembre de 2009 en pleno golpe de Estado y las elecciones primarias de noviembre de 2012, denunciadas como fraudulentas, enfrenta un alto grado de desconfianza de la ciudadanía. Una encuesta del Cespad de julio de 2013 reveló que el 38.2% no tiene ninguna confianza en el TSE, el 26.8% tiene poca confianza, el 30.6% tiene una confianza media, y solamente el 4.5% tiene una confianza alta en el TSE12. Buscando generar credibilidad en el proceso electoral y gobernabilidad poselectoral, el TSE y los nueve partidos políticos firmaron —con el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)—, el documento denominado: “Compromiso de garantías mínimas para la ética y la transparencia electoral”. Los compromisos más relevantes, entre otros que contiene el documento, son los siguientes. Los partidos políticos se comprometen a promover una campaña electoral basada en la transparencia, honestidad, legalidad y equidad; desarrollar una campaña basada en el debate que responda a las necesidades y 12 Cespad, Encuesta de opinión ciudadana de julio de 2013.
11 junio 2013
actualidad expectativas de los electores; evitar el uso de recursos públicos a nivel nacional, departamental o local; cumplir con la obligación de transparencia y rendición de cuentas sobre la procedencia y uso de los fondos públicos y privados que se reciban durante la campaña electoral; rechazar y condenar las prácticas de oferta de dinero, empleos, regalos, contratos, compra de votos o cualquier otra forma de coerción o intimidación a los (as) electores (as), con el propósito de afectar el voto responsable y en libertad; someter a consideración del Consejo Consultivo las soluciones tecnológicas, para hacer más eficiente y transparente el sistema de transmisión, divulgación y escrutinio de los resultados electorales; y respetar y aceptar los resultados de las elecciones generales conducidas por el TSE. Por su parte, el TSE se comprometió a definir reglas claras y aplicación de la ley en condiciones de equidad para las distintas fuerzas políticas; cumplir con los mecanismos de participación de los partidos políticos en el TSE, asegurando que el Consejo Consultivo sea un espacio real de consulta previo a las decisiones que deberán ser tomadas por el TSE; proporcionar a los partidos políticos información detallada del proceso de contratación de los equipos y del software que se utilizarán en el nuevo sistema de transmisión; y, determinar la recepción simultánea por parte de los partidos políticos, de las actas transmitidas al TSE. El Registro Nacional de las Personas (RNP) se comprometió a garantizar un manejo transparente y eficiente en la distribución de las tarjetas de identidad. Respecto a los medios de comunicación, el documento establece: solicitar, a través del TSE, al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) que gestione, ante los medios de comunicación de Honduras, su contribución a la estabilidad democrática del país, procurando tarifas que, en ningún caso, estén por encima de la publicidad comercial y evitando cualquier tipo de exclusión de los partidos políticos. Respaldar la solicitud del TSE de que los medios de comunicación en manos del Estado establezcan una franja/horario para la educación e información electoral, la cual deberá ser distribuida de manera proporcional entre los distintos partidos políticos. El contenido central del “Compromiso de garantías mínimas para la ética y la transparencia electoral”, aborda aspectos relevantes y sensitivos de las elecciones generales de noviembre de 2013. Sin embargo, en coyunturas electorales los partidos políticos se muestran dispuestos a firmar pactos, acuerdos y compromisos, aunque después los olvidan fácilmente. Este caso no es 12 envío
la excepción: los partidos políticos no están cumpliendo ni dando seguimiento al documento auspiciado por el PNUD. La controversia en torno al mecanismo de transmisión de resultados Uno de los temas más controversiales en esta coyuntura electoral es el sistema de transmisión de resultados. En el compromiso firmado, los partidos políticos acordaron rechazar “el uso del sistema de transmisión de resultados por voz (vía teléfono) utilizado en las elecciones generales de 2009 y en las Elecciones Primarias de 2012”. Algunos partidos, como el PAC y Libre, después de la experiencia de las elecciones primarias de 2012, demandaron la incorporación del voto electrónico como un mecanismo más seguro para evitar el fraude. Sin embargo, esta petición fue descartada por considerar que no había tiempo ni recursos para implementarla. Posteriormente, el TSE propuso incorporar la tecnología del escáner para transmitir los resultados preliminares el día de las votaciones generales, el cual fue aceptado. La mayoría de los escáneres los prestarían los tribunales electorales de República Dominicana, Paraguay y Guatemala. No obstante, los candidatos presidenciales de los partidos Liberal, PAC y PDCH13 rechazaron el software de los escáneres de República Dominicana. Posteriormente, República Dominicana decidió retirar el préstamo de los escáneres14 y luego anunció su retiro la República de Paraguay15. El Consejo Consultivo de los partidos políticos llegó a un nuevo acuerdo: aceptarían los escáneres que prestaría Guatemala, más cuatro mil que compraría el TSE, siempre y cuando el software se elaborara con par13 Proceso Digital, Tegucigalpa, 13 de septiembre de 2013. http://proceso.hn/2013/09/12/Pol%C3%ADtica/Partido. Liberal.C/74849.html 14 Esto llevó a que el 17 de septiembre el partido Libre denunciara, mediante un comunicado, lo que denominó “la construcción de un fraude electoral por parte del Partido Nacional”, y responsabilizó directamente al magistrado presidente del TSE, David Matamoros Batson (nacionalista). 15 El 16 de septiembre el TSE informó en un comunicado que: “hemos recibido comunicación de forma responsable del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay indicando que por trámites internos ante su gobierno no podrá enviar a tiempo los mil equipos prometidos, conforme al cronograma electoral”. Diario Tiempo, San Pedro Sula, 17 de septiembre de 2013.
actualidad ticipación de técnicos de todos los partidos políticos16. Al momento de escribir este artículo17, el problema de la transmisión de resultados electorales no tiene un consenso firme en los partidos políticos y persisten las actitudes de desconfianza y duda. Este es un factor a partir del cual puede detonar una precrisis electoral o una crisis poselectoral. El sospechoso financiamiento de las campañas políticas No se sabe con exactitud cuánto invierten los partidos políticos y los candidatos a la presidencia, diputaciones y alcaldías en sus campañas electorales. Pero es posible deducir que son miles de millones de lempiras. Tampoco se sabe cuál es la procedencia u origen del dinero de sus campañas. Ningún partido ni candidato proporciona las cifras exactas ni sus fuentes de financiamiento. Uno de los efectos negativos de la individualización del voto para diputados y alcaldes es que ha encarecido las campañas electorales, porque estos hacen campaña electoral, en algunos casos, igual o más intensa que los candidatos presidenciales. Y cada día cobran más fuerza las denuncias de que, detrás del financiamiento de las campañas, se encuentra el dinero ilícito proveniente del crimen organizado. Yo quiero mencionar otro peligro que el dinero ilícito representa, y eso tiene que ver con el año electoral, y este es año electoral en Honduras. Manejar una campaña cuesta dinero y ese dinero puede venir de una variedad de fuentes. Todos los candidatos, candidatos para la presidencia, para el congreso, las alcaldías o cualquier otro cargo de elección popular deben asegurarse de que sus campañas no están empañadas con dinero sucio. Así como los bancos deben conocer a sus clientes, los candidatos deben conocer también a sus donantes, y deben de rechazar fondos de cualquier fuente cuya legitimidad está en duda. Esto es responsabilidad de los candidatos y los partidos, y la ignorancia intencional no es una defensa. Los candidatos que no puedan manejar una campaña limpiamente tendrán mucha dificultad para gobernar limpiamente el día después de ganar, porque se ven comprometidos con particulares peligrosos que no tienen el mejor interés en mente para el país. El aumento
16 Acuerdo tomado en reunión del Consejo Consultivo de los partidos políticos, el 19 de septiembre de 2013. 17 5 de octubre de 2013.
de la transparencia en el financiamiento de campañas puede ayudar a combatir el flujo de fondos ilícitos a las campañas y exhorto a Honduras para que adopte medidas que prevengan la entrada de fondos ilícitos en las campañas políticas. Miren que estoy diciendo algo que los candidatos mismos adoptaron cuando firmaron el pacto electoral hace un mes más o menos18. Pero el punto es, no hay lugar para el dinero sucio en una democracia, ni en los bancos, ni en las campañas19.
Las palabras anteriores son de la embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Lisa Kubiske, ante las cuales algunos candidatos salieron al paso. Juan Orlando Hernández, del PN, declaró: Ningún político hondureño debe aceptar dinero mal habido para financiar sus campañas de cara a las elecciones generales […] He sido claro desde que inició esta campaña y dije que ningún aspirante político, dentro y fuera del Partido Nacional, debe prestarse al uso de dinero oscuro o mal habido porque eso va contra la conducta que nuestro partido debe tener20.
Mauricio Villeda, candidato liberal, se limitó a decir que “si ella lo dice [refiriéndose a la embajadora Kubiske] es porque algunas pruebas tiene […] y agregó que donde haya crimen organizado hay que sacarlo de la política”21. Los demás candidatos presidenciales se llamaron a silencio. Mientras, la ciudadanía sigue preguntándose: ¿cuál es el origen del dinero de las campañas políticas onerosas? Los partidos políticos y candidatos siguen guardando silencio y los organismos del Estado, responsables de combatir este tipo de delitos, siguen exhibiendo su incapacidad o una fingida amnesia. La impunidad electoral En Honduras la impunidad se ha generalizado. Esta situación la reconoció Luis Alberto Rubí ante el Congreso Nacional —cuando aún se desempeñaba 18 Se refiere al “Compromiso de garantías mínimas para la ética y la transparencia electoral”. 19 Texto oficial de la embajadora de los Estados Unidos Lisa Kubiske en la conferencia sobre “El Sector Financiero y los Nuevos Riesgos en la Prevención del Lavado de Activos, Tráfico de Drogas y el Financiamiento del Terrorismo”, 19 de septiembre de 2013. 20 Diario El Heraldo, 20 de septiembre de 2013. 21 Diario La Prensa, 22 de septiembre de 2013.
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actualidad como Fiscal General—, al informar que el Ministerio Público (MP) solo tenía capacidad de investigar el 20% de los homicidios, quedando el 80% sin investigación ni judicialización22. Es decir, en total impunidad. Así las cosas, no es de extrañar que el 87% de la ciudadanía se encuentre poco o nada satisfecha con lo que la Corte Suprema de Justicia, los juzgados, el MP y la Policía han hecho para garantizar el acceso a una justicia imparcial23. Considerando lo anterior, no debe extrañar que la impunidad también persista en los procesos electorales. Con la finalidad de combatir los delitos electorales, el 24 de septiembre, las nuevas autoridades del MP crearon la Unidad Especial Contra Delitos Electorales (UECDE), adscrita a la Dirección General de la Fiscalía. Es una Unidad de carácter temporal (4 meses), en el marco de las elecciones generales de 2013. No se conocen datos exactos de las denuncias presentadas ante el MP por supuestos delitos electorales en las elecciones primarias del 18 de noviembre de 2012, pero se estima que fueron centenares. Ninguna fue investigada, y no es la primera vez. En ningún proceso electoral se han investigado las denuncias por supuestos delitos electorales y el MP tampoco ha actuado de oficio. De esta manera, lo que ha prevalecido es la impunidad electoral. ¿Asumirá la UECDE el desafío de combatir la impunidad electoral? Existen muchas dudas y desconfianza al respecto. El Ministerio Público, una institución creada hace apenas dos décadas, pasa por una crisis institucional profunda. Diversos estudios han evidenciado su mal desempeño y se han denunciado casos de corrupción y colusión que lo involucran. La madrugada del domingo 1 de septiembre de este año, el Congreso Nacional eligió un nuevo Fiscal General (Óscar Fernando Chinchilla) y Fiscal Adjunto (Rigoberto Cuéllar), violentando los procedimientos establecidos y pese al rechazo de sectores de la sociedad civil, de los partidos Liberal, PINU y Libre; y de importantes sectores de la ciudadanía. La elección la impuso el PN, en especial su candidato presidencial, que también es presidente del Legislativo, Juan Orlando Hernández. Lo anterior hace suponer a varios sectores políticos y sociales que estamos ante un MP controlado por el 22 Diario La Prensa, 10 de abril de 2013. 23 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informe Nacional de Desarrollo Humano de Honduras (INDH) 2011, p. 164. 14 envío
Partido Nacional y su candidato presidencial. En todo caso, no se le puede dar más que el “beneficio de la duda”, pues tiene la oportunidad de demostrar que, en las próximas elecciones generales, los delitos electorales no quedarán impunes. La embajada de los Estados Unidos sigue siendo un jugador clave Este proceso electoral también ha servido para reafirmar el alto grado de injerencia24 que sigue teniendo la embajada de los Estados Unidos en los asuntos internos del país. Para muy pocos ciudadanos es extraño que los Estados Unidos tengan y ejecuten su propia política de seguridad en Honduras, sobre todo en cuanto a los delitos transnacionales que afectan su seguridad interna. Los partidos políticos y sus candidatos consideran clave mantener una buena relación con los EUA. Esto es lo que permite comprender por qué el partido Libre, a través de su coordinador —el expresidente Zelaya Rosales— se reunió con la embajadora Kubiske en el presente año. Libre consideró importante, para su campaña electoral y posible gobierno, evidenciar que será un “buen vecino” de los Estados Unidos. La embajadora Kubiske, por su parte, no solo se siente con el derecho de llamar la atención sobre la presencia de dinero del crimen organizado en las campañas políticas, sino también sobre la conducta que deben observar los partidos ante los resultados electorales. Así, llamó a los candidatos presidenciales y a sus simpatizantes a aceptar los resultados electorales del próximo 24 de noviembre, porque estos “pueden ser estrechos”. La embajadora ha insistido en la necesidad de que se acepten los resultados el día después de las elecciones, porque “los problemas que el país enfrenta en estos momentos son muy serios”. También llamó a la población a analizar y entender las propuestas de cada uno de los presidenciables antes de ejercer su voto en las urnas, para que posteriormente los resultados sean aceptados. Remarcó que después de los comicios puede haber dos o más candidatos que obtengan similar cantidad de votos, e insistió en que “cada vez que hay una elección estrecha, es un poco más difícil saber realmente quién ganó, entonces tanto los candidatos como sus partidos y sus simpatizantes tienen que tener un poco
24 Para el gusto de algunos analistas nacionales debería usar la palabra “participación” o “influencia” en lugar de injerencia.
actualidad de paciencia y dejar que el Tribunal Supremo Electoral haga su trabajo”25. En conclusión, uno de los grandes jugadores que no puede pasar desapercibido en el actual proceso electoral es la embajada de los Estados Unidos, que ha asumido un papel visible y activo de opinión acerca del proceso electoral hondureño. Las tendencias en la competencia electoral y las encuestas Es importante tener claro que las encuestas miden la intención de voto en un momento específico, pero no existe ninguna garantía de que esa misma intención prevalecerá el día de las votaciones. Lo anterior se debe a que los tiempos electorales son muy dinámicos, y cuando el contexto es muy complejo y produce crisis permanentes como el hondureño, la decisión del electorado puede sufrir cambios relevantes en corto tiempo. El otro problema que tienen las encuestas proviene de las firmas encuestadoras, que también han perdido credibilidad ante la ciudadanía. A continuación presentaré las tendencias de intención de voto de las encuestas Keller de julio de 2013, Cespad de julio de 2013 y Cid Gallup de septiembre de 2013. La encuesta Keller realizó el trabajo de campo entre el 18 y 29 de julio. El hallazgo en la intención de voto fue el siguiente: Xiomara Castro 25%, Juan Orlando Hernández 21%, Salvador Nasralla 17%, Mauricio Villeda 16%, otros 2%, indecisos 15%, no vota 4%26. En la encuesta de Cespad, realizada en campo del 21 al 31 de julio, la intención de voto la encabeza Xiomara
Castro con 28%, seguida de Juan Orlando Hernández con 20.7. En su orden siguen: Mauricio Villeda 13.7, Salvador Nasralla 11.7, Romeo Vásquez 0.7, Orle Solís 0.3, Andrés Pavón 0.2, y Jorge Aguilar 0.1. No se ha decidido el 17.8, y por ninguno el 6.827. La encuesta de CID/Gallup Latinoamérica fue realizada en campo del 6 al 12 de septiembre de 2013. Esta muestra la intención de voto en el orden siguiente: Xiomara Castro 29%, Juan Orlando Hernández 27%, Mauricio Villeda 15%, Salvador Nasralla 11%, y no sabe o no responde 17%28. En un proceso electoral es importante diferenciar la competencia formal de la competencia efectiva. La competencia efectiva se refiere a las posibilidades reales de triunfo que tienen los contendientes o de obtener una cuota política relevante que le permita influenciar la forma de gobernar. De una competencia electoral bipartidista se pasó a una competencia electoral multipartidista (Libre, Nacional, Liberal y PAC). El partido Libre y el PN encabezan la contienda política, considerando las mediciones que hasta el momento reflejan diferentes encuestas. Finalmente, como es común decir, la encuesta real se realizará el 24 de noviembre. Mientras tanto, varias interrogantes esperan ser despejadas: ¿qué tan fraudulentas serán estas elecciones? De ser limpias y transparentes, ¿los partidos políticos respetarán los resultados? ¿Hasta dónde es capaz de llegar el candidato del PN para imponerse como ganador? ¿Reflejarán los resultados electorales cambios en la cultura política?, y muchas otras que rondan en el pensamiento de la ciudadanía.
25 Proceso Digital, Embajadora Kubiske llama a aceptar los resultados de comicios porque “pueden ser estrechos”, 30 de septiembre de 2013. http://proceso.hn/2013/09/30/Pol%C3%ADtica/ Embajadora.Kubiske.llama/75738.html 26 Alfredo Keller y Asociados, Consultoría en asuntos públicos. Seguimiento de las variables del voto, con base en un estudio cuantitativo de opinión pública. Realizado para el Capítulo Hondureño del Centro Empresario de América Latina (CEAL).
27 Cespad, Quinta encuesta de opinión ciudadana, julio de 2013. Informe final: segmento sobre comportamiento electoral, agosto de 2013. 28 Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo S.A. CID/Gallup Latinoamérica, Estudio de Opinión Pública Honduras No. 84, septiembre 2013. Esta encuesta no muestra la intención de voto para los partidos pequeños.
15 junio 2013
actualidad
Un esbozo sobre la situación del proceso de reforma al sistema de seguridad y justicia Joaquín A. Mejía R.*
La crisis por la que atraviesa el proceso de reforma del sector justicia y seguridad no es una especulación. Esta se nutre de hechos, nombres, leyes y cinismos consumados que no dejan lugar a la duda: no hay voluntad política para implementar una política pública de seguridad encaminada a alcanzar el objetivo de una sociedad en paz, libre de temor y violencia. De manera breve y precisa, estas páginas dan fe de ello. Introducción El aumento progresivo de los niveles de criminalidad e impunidad y la evidencia de involucramiento de miembros de la Policía Nacional en asesinatos de gran impacto social —como el de los jóvenes universitarios Rafael Alejandro Vargas y Carlos Pineda en octubre de 2011, y del experto antidrogas Alfredo Landaverde en diciembre del mismo año—, fueron los detonantes para que la sociedad hondureña exigiera una depuración y la reforma integral del sistema de seguridad y justicia. Frente a ello, el gobierno de Porfirio Lobo Sosa anunció el inicio de un proceso de reorganización y depuración de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Para tal fin, se conformaron nuevas estructuras como la Direc*
Doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos. Investigador del área de derechos humanos del ERICSJ y Radio Progreso. Miembro de la Comisión Multinacional de la Alianza por la Paz y la Justicia.
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ción de Investigación y Evaluación de la Carrera Judicial (DIECP) y la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP), cuyo decreto de creación —Decreto 4-2012 del 31 de enero de 2012— le otorgó la responsabilidad de diseñar, planificar y certificar el proceso de reforma integral de la seguridad pública, que incluye la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial, y realizar las recomendaciones necesarias para readecuar la normativa legal respectiva. Pasado el tiempo, este proceso de reorganización y depuración no ha dado los resultados esperados, lo cual refleja la falta de coordinación entre las instancias correspondientes, la diversidad de agendas por los intereses políticos de ciertos actores y la nula voluntad política para enfrentar la situación de corrupción e impunidad. Así, en términos generales, el papel de la CRSP se ha limitado a ejercer de comisión legislativa que elabora y presenta leyes sin que la sociedad tenga claro sus contenidos, y sin que en definitiva, se constituya en una verdadera instancia rectora
y coordinadora del proceso de reforma. Por su parte, la DIECP continúa siendo dirigida por dos funcionarios que han sido reprobados en las comparecencias ante el Congreso Nacional y, aunque renuncias fueron aceptadas, el Consejo Nacional de Seguridad Interior (Conasin), intencionadamente, ha retardado la presentación de una terna para que el presidente Lobo seleccione al nuevo director y subdirector. Además, el nuevo secretario de Seguridad, Arturo Corrales Álvarez, descalificó las pruebas de confianza realizadas por expertos colombianos con el apoyo de Estados Unidos, y decidió hacerlas nuevamente con personal hondureño sin que hasta la fecha se conozcan los resultados obtenidos, ya que el mismo funcionario dispuso dar la información a cuentagotas y mediante comunicados oficiales, sin posibilidad real de acceder a toda la información pertinente. Y el Congreso Nacional, aprovechando que el tema de seguridad es rentable electoralmente, se ha
actualidad dedicado a proponer leyes, reformas y la creación de nuevas instancias como el grupo élite de la Tropa de Inteligencia y Grupo de Respuesta Especial en Seguridad (Tigres) y la Policía Militar de Orden Público (PMOP), con lo cual se legaliza la militarización de la sociedad y el Estado se desvincula de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Este trabajo tiene como propósito presentar un esbozo sobre la situación crítica que atraviesa el proceso de reforma del sector justicia y seguridad, debido a la falta de voluntad política para implementar una política pública de seguridad que establezca los lineamientos o cursos de acción para alcanzar el objetivo de una sociedad en paz, que requiere que el Estado se ocupe de las diferentes dimensiones de los problemas que originan la criminalidad y la violencia. 1. Elecciones “Estilo Honduras” de las autoridades del MP y del Consejo de la Judicatura Después de su comparecencia ante el Congreso Nacional, tanto el Fiscal General como su adjunto, Luis Rubí y Roy Urtecho, fueron improbados en su conducta administrativa por su deficiente desempeño en el ejercicio de sus funciones. Por ello, el Congreso aprobó el Decreto Legislativo 50-2013, por el cual creó e integró una Comisión Interventora con el objetivo de evaluar el desempeño del MP y sentar las bases para un verdadero proceso de depuración y reforma. Sesenta días después de su constitución, la Comisión Interventora presentó su primer informe sobre el proceso de evaluación,
depuración, administración y fortalecimiento del MP. Este informe consta de 19 páginas y varios documentos anexos que incluyen una evaluación general al Ministerio Público, una evaluación a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y una evaluación a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos1. Los hallazgos de la Comisión Interventora se centraron en la ausencia de liderazgo institucional, en la falta de coordinación y de credibilidad del Ministerio Público, el manejo inadecuado del presupuesto, la falta de protección a los fiscales, la ineficiencia e irresponsabilidad en la investigación de los delitos y la existencia de un grupo privilegiado de fiscales y otros empleados que han usado, de forma exclusiva, los recursos institucionales y se han beneficiado de ascensos y aumentos salariales arbitrarios. El 25 de junio, Luis Rubí y Roy Urtecho renunciaron a sus puestos y, de forma inesperada, el Congreso Nacional decidió elegir a un nuevo Fiscal General y su adjunto, no para terminar el mandato de estos que finalizaba en marzo de 2014, sino para un nuevo mandato de cinco años. El 9 de agosto se publicó en el Diario Oficial La Gaceta el Decreto 158-2013 que reformó la Ley del Ministerio Público en lo relativo a la integración de la Junta Proponente que enviaría al 1
Evaluación del Ministerio Público de la República de Honduras, Tegucigalpa, enero de 2013; Comisión de Reforma a la Seguridad Pública, Equipo Evaluador de la Fiscalía Especial contra la Corrupción. Informe final, 16 de noviembre de 2012; Investigación sobre la capacidad de gestión y eficiencia de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, Pastoral Social Caritas/ Counterpart, Tegucigalpa, 2013.
Congreso Nacional una nómina de cinco candidatos y que quedó conformada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un magistrado de la CSJ, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), un representante de las universidades privadas, un representante del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y un representante de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ). La Junta Proponente acordó reglamentar los pasos para el proceso de selección, los cuales consistían en (a) que el proceso de inscripción y autopropuestas tendría una duración de cinco días hábiles; (b) hacer una convocatoria pública donde se especificaran los requisitos para aspirar al cargo; (c) seleccionar los candidatos con la calificación más alta tomando en cuenta su experiencia académica y profesional; (d) evaluar a los profesionales seleccionados a través de audiencias públicas; (e) escoger una nómina de 5 candidatos; (f) someter a los 5 finalistas a pruebas de poligrafía, toxicología y psicosocial; y (g) presentar públicamente un informe sobre el proceso de elección2. El proceso fue dividido en tres grandes momentos: (a) La preselección, en el que se verificaría si las 52 candidaturas propuestas cumplían con los requisitos establecidos en el artículo 233 de la Constitución de la República3. En esta etapa se inhabilitaron tres candidaturas por no cumplir el requisito de edad 2
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El Congreso Nacional extendió el plazo para la entrega de la nómina hasta el 30 de agosto. La Junta Proponente recibió 52 solicitudes. No obstante, el abogado Óscar Cruz retiró su candidatura. 17 junio 2013
actualidad (Roberto Ramírez), por ser diputado (Olman Maldonado) y por no acreditar la condición de abogada (Sandra Ponce); (b) la selección, en el que se realizaron entrevistas a los precalificados; es decir, a los 48 candidatos restantes, diez de los cuales no acudieron a la entrevista y fueron descartados. A 37 de los candidatos se les realizaron las pruebas psicométricas para evaluar su capacidad intelectual, inteligencia emocional y capacidad de reacción4. Tomando en cuenta los resultados de esta prueba en relación con el desempeño en las entrevistas, la Junta Proponente identificó a 13 candidatos como los más calificados y, de forma unánime, decidió que solo a ellos se les sometería a la prueba del polígrafo. Los 13 candidatos identificados fueron: Ivis Antonio Discua, María Antonia Navarro, Gina Gonzáles, José Arturo Duarte, Aníbal Izaguirre, Eugenio Edgardo Rivera, Rolando Argueta, Mario Salinas, Rigoberto Cuéllar, Marcelino Vargas, José Lisandro Sánchez, German Enamorado y Eduardo Jair López, a quienes se les convocó para realizarles la prueba del polígrafo el 27 de agosto. Ese mismo día por la noche, Luis Eveline, representante de las universidades privadas, violentando el procedimiento establecido, exigió que esta prueba se aplicara también a los restantes 24 candidatos, sumándose a ello otros tres 4
Una de las candidatas fue descalificada porque llegó una hora y media tarde a la prueba. En la entrevista, cada candidato debió responder a una pregunta sobre sus prioridades si fuera electo Fiscal General, y a otra pregunta escogida por sorteo relacionada con las actividades y decisiones a tomar para fortalecer el MP.
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miembros de la Junta Proponente (CSJ, magistrada, CAH); se opusieron la rectora de la UNAH, el Conadeh y la APJ, quienes, finalmente, renunciaron a la Junta debido a las irregularidades y a la injerencia política que se dieron en esta etapa. Finalmente, en la etapa de (c) la nominación, la Junta Proponente siguió funcionando de manera irregular y poco transparente, solo con cuatro de sus miembros, y el 30 de agosto presentó al Congreso una nómina de 5 candidatos finalistas, entre los que se encontraba el magistrado de la CSJ, Óscar Fernando Chinchilla, quien ni siquiera había quedado entre los 13 finalistas; el secretario de Recursos Naturales y Ambiente, Rigoberto Cuéllar Cruz; el exmagistrado Ivis Discua Barillas; el abogado Rolando Argueta y el abogado Eduardo Jair López, quien no aceptó la nominación por las irregularidades en el proceso, y cuyo lugar lo ocupó la presidenta de la Comisión Interventora, María Antonia Navarro5. Para evidenciar aún más lo viciado del proceso, los diputados German Leitzelar, Yuri Sabas y Osman Aguilar se retiraron de la comisión especial que evaluaría a los aspirantes a Fiscal General, argumentando que la selección de los candidatos se hizo en un proceso plagado de irregularidades. A su vez, el abogado Ivis Discua Barillas se retiró del proceso denunciando que la elección del Fiscal General buscaba poner en el MP a una persona obediente a la clase política nacionalista. En un acto de cinismo y desvergüenza, el partido Nacional 5
Inexplicablemente, la candidatura de Rigoberto Cuéllar reapareció a pesar de que él había renunciado a su nominación el 29 de agosto, denunciando que el proceso estaba viciado.
logró los votos requeridos (90 a favor, gracias al apoyo de Unificación Democrática y el Partido Liberal) para elegir a Óscar Chinchilla (nacionalista) como Fiscal General y a Rigoberto Cuéllar (liberal) como Fiscal Adjunto para el período 20132018. Así se evidenciaron, una vez más, las negociaciones y el reparto político. Es del caso señalar que el nuevo Fiscal General, Óscar Fernando Chinchilla, fue el único magistrado de la Sala de lo Constitucional que no fue destituido en diciembre de 2012, porque fue también el único que votó a favor de las ciudades modelo y de otras leyes que beneficiaban electoralmente al presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández. Además, a Chinchilla se le vincula familiarmente con el secretario del Congreso Nacional, el también nacionalista Rigoberto Chang Castillo. Por otra parte, el nuevo Fiscal Adjunto, Rigoberto Cuéllar, fue secretario de Recursos Naturales y Ambiente, desde donde ha desempeñado un papel clave en el proceso de concesión y privatización de los bienes naturales sin respetar el derecho a la consulta previa de las comunidades, y sin garantizar la realización de estudios técnicos independientes y confiables sobre el impacto de tales procesos en la salud, la vida y el ambiente. Como lo señala en su más reciente informe la Comisión Multinacional, Todas estas irregularidades en el proceso de selección de las altas autoridades del Ministerio Público evidencian la primacía de criterios políticos sobre la meritocracia, único fundamento que asegura la existencia de una Fiscalía independiente y profesional. Ello, además, genera suspicacias sobre los verda-
actualidad deros intereses que estarían detrás de la designación del Fiscal General. Siendo el Ministerio Público la institución llamada a luchar contra el delito, podría ser el anuncio de una intención de garantizar impunidad a ciertos sectores cercanos al poder instituido6.
Una semana después de elegidas las nuevas autoridades del MP, el Congreso Nacional eligió a los integrantes del Consejo de la Judicatura que, de acuerdo con la ley, debe ser un órgano independiente que garantice efectivamente la imparcialidad, la independencia y la competencia de los operadores judiciales. Este separa las funciones administrativas y jurisdiccionales de la CSJ, con el fin de asegurar que la selección, ingreso, traslado y remoción de jueces y juezas no quede en manos de los magistrados. No obstante, la integración de este Consejo también estuvo salpicada por actuaciones que, lejos de generar confianza en la ciudadanía, empañan la transparencia con que debería integrarse un órgano de tanta importancia para la independencia judicial. La integración del Consejo de la Judicatura tuvo su primera limitación al incluirse en la ley que el presidente de la CSJ formaría parte y presidiría dicho órgano; a su vez, el Congreso Nacional no estableció ni publicó un cronograma con las fechas de inicio y finalización de cada una de las etapas del proceso de selección, y tampoco divulgó ampliamente el listado de posibles nominados y el resultado de las evaluaciones de los mismos. Por otro lado, pese a que el 11 de septiembre de 2012 concluye6
Comisión Multinacional de la Alianza por la Paz y la Justicia. Tercer informe, octubre de 2012.
ron las audiencias públicas a los aspirantes a integrar el Consejo, el proceso fue engavetado y paralizado durante un año hasta que, de manera intempestiva, el Congreso eligió como consejeros, con 110 votos a favor, a Julio César Barahona, Rolando Argueta7, Francisco Quiroz y Teodoro Bonilla como propietarios, y a Liliam Maldonado y Celino Aguilera como suplentes. Estos nombres ratifican una vez más la lógica del reparto político partidario en menoscabo de los intereses de la justicia. Pero, además, a pesar de que el artículo 4 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial establece que cada asociación de jueces tendrá derecho a integrar en el Consejo a un representante, el Congreso Nacional violentó esta normativa y eligió a dos representantes de la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de Honduras (Asojmah), la cual siempre ha estado cercana al poder de turno. Sin ninguna razón excluyó a la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), que se ha caracterizado por sus posiciones críticas frente a la falta de independencia judicial, la condena al golpe de Estado y sus constantes exigencias de un verdadero régimen de carrera judicial ajeno a las recomendaciones y favores políticos. 2. La legalización de la militarización de la sociedad Todo lo que se había logrado en materia de desmilitarización de la sociedad y sus instituciones a partir de los años 90, recibió el tiro de gracia con la creación de la 7
Posteriormente, Rolando Argueta fue nombrado director de Fiscales del Ministerio Público.
PMOP, lo cual debe analizarse en un contexto más amplio en el tiempo. En primer lugar, la remilitarización volvió con fuerza en el gobierno de Ricardo Maduro, cuando sacaron a los militares a las calles para realizar funciones policiales de seguridad ciudadana, lo cual continuaron los gobiernos de Manuel Zelaya y de Lobo Sosa. En segundo lugar, con el golpe de Estado, los militares asumieron un papel protagónico y, a partir de entonces, recuperaron el control sobre instituciones claves como Hondutel, Migración y Extranjería, y Aeronáutica Civil, entre otras. En tercer lugar, el Consejo de Ministros de la administración Lobo Sosa aprobó un decreto para que los militares administren y usufructúen los bosques; y el Consejo de Defensa y Seguridad autorizó que unidades militares vigilen y resguarden las instalaciones penitenciarias por 90 días, lo que puede ser el inicio de un peligroso proceso de militarización del sistema penitenciario. A esto se suma que el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la nación de 2013 contemplaba una reducción de 389 millones de lempiras para la partida de educación y, en contraste, registraba incrementos para las secretarías de Defensa y Seguridad en 757 y 125 millones, respectivamente. Esto evidencia la apuesta estatal por las armas y la violencia, en detrimento de la educación pública, gratuita y de calidad. En cuarto lugar, con la publicación del Decreto 168-2013 se creó la POMP, integrada por efectivos de las Fuerzas Armadas, en virtud de lo cual se legaliza la intervención militar en asuntos de seguridad ciudadana, y coloca a la ciudadanía ante el grave peligro de lidiar con quienes no saben 19 junio 2013
actualidad distinguir entre civiles y enemigos de guerra. Sin duda, la creación de la PMOP representa un retroceso grave con respecto al proceso de desmilitarización de la sociedad y sus instituciones, que inició en la década de 1990, y coloca al Estado de Honduras en franca violación de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, que le exige que los asuntos de seguridad ciudadana sean de competencia exclusiva de cuerpos policiales civiles, debidamente organizados y capacitados. En quinto lugar, la gravedad de la crisis de las instituciones de seguridad ha acelerado el proceso de privatización de la seguridad pública a través de la proliferación de empresas privadas de seguridad, cuyos dueños son, por lo general, militares y policías en activo o retirados; estas tienen un contingente de más de 70 mil guardias privados, de los cuales solo una minoría trabaja para las 709 empresas registradas ante el gobierno, mientras que la gran mayoría no están registradas y operan sin control gubernamental. De hecho, 307 de las empresas registradas son consideradas “organismos sin fines de lucro”, y por tanto, no pagan impuestos8. Si tomamos en cuenta que, de acuerdo con el más reciente censo realizado por la Secretaría de Seguridad hay 7702 agentes de policía, la proporción de policías en relación con la población sería de apenas un agente por cada 1103 habitantes, mientras 8
Comisión Multinacional de la Alianza por la Paz y la Justicia. Segundo informe, mayo de 2013. En Revista EnvíoHonduras, Año 11, N° 38, ERIC-SJ, Tegucigalpa, junio 2013, p. 42. Hay otras fuentes que estiman en más de 120 mil los guardias privados de seguridad. 20 envío
que la proporción de agentes privados de seguridad y habitantes es de uno por cada 1139. Y en sexto lugar, un efecto importante de dicha crisis es la creación de nuevas instancias que sustituyen, temporal o permanentemente, las viejas instancias policiales que han sido permeadas por la corrupción y el crimen. De esta manera, se ha intentado un proceso de depuración policial que, aunque errático y lento, ha provocado un cisma dentro de la Policía Nacional que posiblemente esté siendo aprovechado por algunos sectores para debilitarla y fortalecer nuevos espacios e instituciones con tintes peligrosamente autoritarios. 3. El peligro del "Gran hermano" La creación de la Dirección Nacional de Investigación y Defensa es un ejemplo de lo anterior; esta se constituyó como una estructura independiente de otros ministerios e instituciones, con el objetivo de recabar y ofrecer información precisa y confidencial a los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial antes de tomar decisiones en materia de represión del crimen. Hasta el momento, esta nueva dirección cuenta con 200 agentes, la mayoría jóvenes, el 80% con títulos universitarios y que nunca han tenido un empleo. Son capacitados en la recién creada Escuela de Inteligencia y se planea que, para el próximo año, cuente con 700 agentes y, para el 2015, con 1000. Dentro de esta estructura se encuentran unidades de seguimiento para búsqueda de información sobre
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Comisión Multinacional de la Alianza por la Paz y la Justicia. Tercer informe... op. cit.
extorsiones, sicariato y narcotráfico, así como unidades relacionadas con la intervención de las comunicaciones y la investigación de casos emblemáticos o de impacto social. En pocas palabras, la Dirección Nacional de Investigación y Defensa ha asumido muchas funciones de los aparatos policiales en crisis, pero no existe un verdadero control sobre la información recabada, pues toda la discrecionalidad recae en su director, el general Julián Pacheco Tinoco, quien responde directamente al Presidente de la República. Sin duda, esta amplia discrecionalidad resta transparencia, credibilidad y seguridad jurídica a la acción penal pública, y mezcla peligrosamente los ámbitos de las acciones de inteligencia del Estado con la investigación criminal que, constitucionalmente, es responsabilidad del Ministerio Público. Por tanto, nos encontramos ante una estructura que escucha, ve, interviene, da seguimiento y utiliza información de cualquier ciudadano sin que existan verdaderos y efectivos controles judiciales ni de ningún tipo, con lo que, ante el descalabro institucional en materia de seguridad, se está creando una nueva institución que, peligrosamente, puede convertirse en un autoritario “Gran Hermano”, un ojo que vigila y conoce cada movimiento de la ciudadanía y que, si sigue creciendo en recursos humanos y logísticos, puede convertirse, si ya no lo es, en una verdadera amenaza para la construcción del Estado democrático y la garantía de los derechos fundamentales de ciudadanos y ciudadanas.
actualidad 4. Reflexiones finales La creación de estructuras de vigilancia y controles discrecionales, y de la PMOP, es un retorno a un reciente pasado autoritario que, en nombre de la prevención y el control del crimen y la violencia, apeló al uso de la fuerza en forma ilegal y arbitraria, poniendo en grave peligro los procesos de construcción democrática y la vigencia de los derechos humanos. Además, como lo señala la Comisión Multinacional, la experiencia en otros países ha evidenciado que el involucramiento de militares en tareas de seguridad ciudadana
crea más problemas de los que resuelve, puesto que su intervención siempre ha estado acompañada de violaciones a derechos humanos y desvía los recursos limitados que deberían fortalecer el proceso de depuración y reforma de la Policía Nacional, la Dirección General de Investigación Criminal, el Poder Judicial y el Ministerio Público10. El Estado tiene la obligación de no confundir los conceptos de seguridad pública y seguridad nacional, ya que la criminalidad ordinaria, por muy grave que sea, no constituye una amenaza militar a la soberanía del Estado. Por tan-
to, la formulación de una política pública de seguridad exige situar los derechos humanos como límites infranqueables para las intervenciones estatales y abordar integralmente las diferentes dimensiones de los problemas que originan la criminalidad y la violencia11. Por ello, la obstinación de la clase política en fortalecer a los militares parece ser más una llave de cierre al círculo del poder absoluto, que se complementa con la fuerza de las armas (PMOP), el control sobre el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Consejo de la Judicatura.
10 Tercer comunicado de la Comisión Multinacional sobre la evolución de la reforma de seguridad y justicia en Honduras. Alianza por la Paz y la Justicia, Tegucigalpa, 19 de septiembre de 2013, punto 3.
11 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. OEA/ Ser.L/V/II. Doc. 57. Washington, D.C. 31 diciembre 2009, p. 43, párr. 103.
21 junio 2013
Debate
Reflexiones sobre los medios de comunicación públicos Lucila Funes Valladares*
En muy pocas ocasiones los medios de comunicación públicos, esos que son sostenidos con fondos del Estado, son objeto del escrutinio ciudadano. De ahí la pertinencia de estas páginas que, a partir de hechos incuestionables, evidencian el uso indebido del espacio público para intereses políticos y personales sin que la ciudadanía repare en ello. Peor aún, pareciera que nos hemos acostumbrado a presenciar, impasibles, el asalto de lo público a través de la pantalla chica.
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altaban algunos minutos para las siete de la noche cuando prendí el televisor y me detuve a ver un noticiero. Una presentadora anunció la reseña de un suceso político en Juticalpa, Olancho; se trataba de un grupo de políticos liberales que abandonaban las filas de su partido para formar parte del movimiento oficialista de Juan Orlando Hernández. El acontecimiento lo acuerpaba el candidato presidencial, su compañero de fórmula Ricardo Álvarez y el aspirante a diputado, Reynaldo Sánchez, ex secretario privado del presidente Lobo Sosa. A renglón seguido, la misma reportera reseñó una celebración del Día del Niño que Sánchez habría organizado para unos 1500 infantes olanchanos. A menos de tres meses para las elecciones generales, ninguna de las notas era extraordinaria, era proselitismo disfrazado de noticia. Sin embargo, era inadmisible que se transmitiera por ese medio, porque se trataba del noticiero de Canal 8, la Televisión Nacional de Honduras o TNH, es decir, el canal público. Además, aunque no hubiera sido lo correcto, ni siquiera “equilibraba” el mensaje electoral del partido de gobierno con los de otros partidos en contienda. En otras oportunidades ese mismo canal me ha sorprendido haciendo apología de la fuerza militar; con la transmisión de coreografías reguetoneras promovidas de manera subliminal por aspirantes a diputados o con programas de oración de grupos evangélicos recitando la Biblia con histeria. * Periodista.
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Como aderezo, en lugar de los anuncios comerciales de la televisión privada, TNH intercala su programación habitual con “comerciales” institucionales (sin comillas también vale) que exaltan la figura presidencial y concluyen con un epílogo obligado: “el gobierno de Pepe Lobo”. Ciertamente que no todo es malo en el canal público. Orillado por las circunstancias, intenta llenar nichos que a la televisión privada no le son rentables; por ejemplo, transmite simultáneamente varios de sus contenidos al lenguaje de señas para la población sordomuda; ha hecho acopio de diversas producciones nacionales sobre diversidad cultural, y en noches de insomnio es posible ver documentales internacionales de calidad sobre temas ambientales, incluso contra el militarismo, un tópico que desaparece en el horario con más audiencia. Con todo y que tapa baches sociales y utiliza una “estrategia vampiro” para abordar en la noche lo que no puede decir en el día, el concepto que predomina es el de apropiarse de la señal pública para promover la imagen presidencial durante los tres primeros años de gobierno, con el ánimo de alentar su popularidad como si todavía se tratara de un candidato; y, durante el cuarto y último año, el de mantener esa visión presidencialista para garantizar la continuidad del partido en el poder. Esa es la regla y no la excepción. En definitiva, no sé qué asombra más: si el uso indebido del espacio público para intereses políticos y personales o que, como ciudadanos, no reparemos en
Debate ello y nos hayamos acostumbrado a presenciar impasibles el asalto público a través de la pantalla chica. Medios públicos, los malqueridos del Estado La trayectoria de los medios públicos a través de la historia nacional resulta más fácil de rastrear que la aquiescencia de la ciudadanía a medios que son mantenidos con fondos del Estado, pero que no cumplen su función pública. Despreciados por los gobernantes cuando no se les ve utilidad, o peleados cuando adquieren interés particular por ellos, los medios de comunicación del Estado han tenido un recorrido errático a lo largo de los años. Honduras es la nación precursora de la prensa oficial en Centro América, con la publicación de La Gaceta el 25 de mayo de 1830 (Guatemala, 1880; El Salvador 1875; Nicaragua, agosto de 1830; Costa Rica, 1833), una gesta impulsada por Francisco Morazán, quien ordenó la importación de la primera imprenta al país, en 1829. Ese empuje inicial no fue congruente con lo que ocurrió después. Guatemala inauguró en 1930 la TGW, no solo la primera emisora del país sino también de carácter público; El Salvador fue el pionero, en 1926, con la AQM, iniciales del presidente de entonces, Alfonso Quiñónez Molina, pero de carácter público; Nicaragua la estableció en los años veinte, para fines político militares. Honduras, en cambio, cedió la primera frecuencia radial a la Tela Railroad Company a finales de los años veinte del siglo pasado, para que la compañía bananera estableciera la Tropical Radio. Una conducta de República Bananera en toda la dimensión de la palabra. La emisora oficial, Radio Honduras o Radio Nacional de Honduras, como se le conoce actualmente, surgió en 1976 (46 años después que en Guatemala y medio siglo más tarde que en El Salvador), para impulsar el proceso agrario, por lo que estuvo adscrita en sus comienzos al Instituto Nacional Agrario, pero luego fue absorbida por la naciente Secretaría de Cultura, Turismo e Información, SECTIN. Esta emisora ha tenido esa suerte de los perritos que son mimados y consentidos mientras están pequeños y que luego son olvidados y desprovistos de sus necesidades básicas. En diferentes gobiernos, diferentes directores —con escasísimas excepciones— se han valido de la radio pública para hacer uso de su equipo y llevarlo a sus propias empresas radiales hasta convertirlo en un cascarón, sin tecnología ni contenidos.
Con relación a la televisión pública, el gobierno de Manuel Zelaya Rosales actuó en dos direcciones. En 2007, el presidente cedió la señal del canal educativo público (Canal 10) a Rodrigo Wong Arévalo para su explotación privada y comercial. Años más tarde mostraría su arrepentimiento público por no haber podido con ello comprar la lealtad del empresario y periodista, a quien calificó como un traidor. Y el 8 de agosto de 2008 el gobierno de Zelaya abrió la señal digital de Canal 8, que le había sido concedida como análoga a Teleunsa, del empresario Elías Asfura. Al parecer esta señal estuvo reservada al Estado desde el 23 de junio de 1962, pero nunca había hecho uso de ella. Ese conflicto se mantiene en el silencio, pero no en el olvido. En ambos momentos Zelaya actuó como el dueño y señor de las frecuencias públicas para favorecer sus intereses particulares. El 2 de septiembre de 2011 el Congreso Nacional decretó la exclusividad de los canales 8 y 20 para el Estado de Honduras (léase para el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, respectivamente, o para usufructo de sus titulares). En los dos últimos gobiernos ha habido una trayectoria de “readquirir” las señales concesionadas por el Estado a manos privadas y emitir sus propias comunicaciones. Es sabido, por ejemplo, que en el gobierno de Zelaya fue favorecido el Canal 36 o Cholusat Sur para emitir en vivo la programación presidencial. En el gobierno de Porfirio Lobo, el Congreso Nacional también logró acuerdos no transparentes sobre la adquisición del equipo para transmitir las sesiones legislativas y otros contenidos a través de la señal estatal del canal 20. Otros medios de comunicación del Estado a destacar son los programas institucionales que se transmiten por canales públicos o privados, muchos de los cuales han alcanzado varios años de transmisión. Igualmente deben mencionarse los portales electrónicos (más de ochenta) de las instituciones del Estado que surgieron con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, después de 2006. Casi todos tienen a su vez un portal de transparencia que debe contener la información pública de oficio contemplada en el artículo 13 de la referida ley. De más está decir que —de más a menos— ninguno la registra en su totalidad, como ya lo ha constatado el propio Instituto de Acceso a la Información Pública, el que a su vez tampoco brinda toda la información de ley. 23 junio 2013
Debate Una mención especial merecen los medios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH: la UTV o canal universitario, que salió al aire en 2009 y mantiene una programación para promover la investigación, el arte y la cultura y realiza una cobertura basada en los principios éticos del periodismo; y, el revivido Presencia Universitaria, el órgano oficial del Alma Máter que —en el dilema de ser digital o proseguir imprimiéndose— lleva informaciones, entrevistas, análisis y notas culturales, tanto de la UNAH como del país y el mundo. Finalmente, deben citarse otros medios de comunicación históricos que han quedado en poder del Estado, pero convertidos en verdaderos museos por su baja rentabilidad o uso, como la telefonía fija y la pública, el telégrafo, el télex y el correo, así como los boletines institucionales impresos, de escasa circulación y de reducido impacto. Un debate en ciernes ¿Cómo ha respondido la ciudadanía frente a este panorama? Hasta hace pocos años comenzó a debatirse en voz alta el tema sobre los medios de comunicación, su responsabilidad social, su concentración monopólica y su relación íntima con el poder. La mirada ciudadana se ha posado principalmente en valorar los medios de comunicación privados y descubrir los conflictos de intereses con otras empresas de los grandes barones de la industria mediática. Al menos cuatro momentos en la historia reciente del país han sacado filo a esta discusión: el primero, durante los años ochenta, que no solo confrontó a los periodistas y las fuentes, sino también a los medios de comunicación con una visión diversa para cubrir la información. Fue una época de muerte, sangre y desapariciones que alimentó el morbo o la denuncia, según como se le viera. Fue también un período de prueba para el periodismo nacional, convertido —al decir del maestro Ramón Oquelí— en el principal opositor de la Doctrina de Seguridad Nacional. El segundo momento coincidió con el arranque oficial del modelo neoliberal, durante el gobierno de Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), con la integración del llamado Grupo de los Trece, un colchón mediático fabricado desde Casa Presidencial para amortiguar el golpe económico de un modelo profundamente inhumano. Con los Trece no nació precisamente la corrupción en la prensa, pero sí adquirió la licencia para justificarse, propagarse, reproducirse e integrarse como parte inevitable del sistema. Como una chispa sobre la yesca, 24 envío
los Trece pronto se multiplicaron, aunque al “histórico” grupo de sus fundadores se le siguió conociendo con ese número. El tercer momento se produjo después de la firma de los Acuerdos de Estocolmo, suscritos en mayo de 1999 por los estados centroamericanos tras el paso del huracán Mitch en octubre del año anterior. Para el gobierno hondureño, presidido por Carlos Flores Facussé —uno de los barones de los medios— la prensa que fiscalizaba el compromiso de transformar y reconstruir el país con la millonaria ayuda internacional recibida, era como una paja en los ojos de la que debía limpiarse, y así lo hizo al propiciar en los medios privados el despido de los periodistas más críticos a su gestión. El cuarto momento tuvo como detonante el golpe de Estado, en junio de 2009, no solo con una prensa golpeada y censurada de manera directa, sino también con el reacomodo de espacios y roles asumidos por la prensa —periodistas y medios— de suerte tal que al final de cuentas la más golpeada resultó ser la ciudadanía, abrazada al péndulo de un Estado censor y de medios desinformativos, desequilibrados, poco objetivos, ideologizados y con baja credibilidad. La dignidad, la lucha contra la corrupción, la transparencia y la independencia resaltan entre los valores principales a rescatar de estos cuatro momentos, en tanto que el Estado se advierte como el portaestandarte de la mentira, la corrupción, la opacidad y la manipulación, antivalores que muchos medios y periodistas también han avalado. Entonces, ¿vale la pena lo público? Esta es sin duda la parte más compleja de este artículo. ¡Claro que vale la pena!, el problema es cómo rescatar los medios públicos para el interés social y cómo garantizar que sea un esfuerzo sostenible en el tiempo y enriquecedor en el espacio. Es incuestionable que los medios de comunicación, cualquiera que sea su denominación, alcance y propiedad, responden a un sistema dominante, como parte que son de la infraestructura social. En ese sentido, no hay medios totalmente buenos ni totalmente malos, sino respondiendo muchas veces a coyunturas que favorecen la denuncia, la investigación, la profundidad, el equilibrio, la sobriedad en el lenguaje o la contratación de los periodistas más críticos, para citar elementos positivos. En otras circunstancias, los medios caen en agujeros negros de prolongada duración (aunque cualquiera que sea su duración, las lesiones que producen al de-
Debate recho a la información siempre son profundas). Quizá los períodos electorales son los que más envilecen a los medios y a los periodistas, porque salen a flote las ambiciones, la corrupción y el tratamiento farandulero de la información, y la práctica del antiperiodismo asalta los micrófonos y las salas de redacción para saturar de calificaciones y descalificaciones los contenidos noticiosos. Lo público no es ajeno a esta corriente. En su afán por ganar audiencia y presencia, trata de injertarse como medio privado y pierde su condición natural de bien público. Además, sus referentes a imitar son igualmente cuestionables. Estoy convencida de que un primer reto es rescatar el oficio del periodista, la ética que le debe ser inherente y la pasión por formar opinión pública e informar. Los medios públicos deben ser catalizadores de cultura democrática y de tolerancia, dos ausentes en los medios del país a lo largo del proceso de transición de democracias electorales durante los últimos 33 años. Los medios públicos tienen su cordón umbilical en el Estado, son una institución de servicio público; por
tanto, deben servir en primer lugar a la ciudadanía, en segundo lugar a la ciudadanía y en tercer lugar a la ciudadanía. Entender esto es fundamental para desterrar la tentación de convertirse en voceros del gobierno, en correas de transmisión del discurso oficial y en lectores autómatas de boletines de prensa. Es cierto que los medios públicos tienen una política orientada generalmente a favorecer la imagen del jerarca que encabeza la institución o el poder del Estado al que responden; es cierto también que los periodistas urgen con frecuencia de un trabajo que los guarezca de la orfandad, por lo menos en un período de cuatro años. Pero igualmente cierto es que el periodista debe responder primero a la ética de su profesión y a la ciudadanía como sujeto primordial del derecho a la información, y que puede apelar a la cláusula de conciencia como parte del derecho a la información; e igualmente cierto es —y esto deben irlo comprendiendo los funcionarios públicos al más alto nivel— que la información más rentable para su imagen es la que siempre busque decir la verdad.
Este informe permite aseverar que la delincuencia común y estatal no son los únicos factores de la inseguridad y criminalidad que aquejan al país; a esto se suman las entidades del sector justicia que, con su actuar displicente, solo reafirman la impunidad de los responsables de violaciones a los derechos humanos.
Las publicaciones de la Convegencia no tienen todas las respuestas, pero se atreven a preguntar.
25 junio 2013
Debate
Tendencias de la minería en Centroamérica: el caso de Honduras Pedro Landa*
Los yacimientos de minerales industriales de la región centroamericana están en la mira de las grandes economías del mundo, avasalladas por la lógica irracional del consumismo. Esto, aunado a la avidez de las elites gobernantes por atraer inversión extranjera a cualquier costo, está provocando nuevas violaciones a los derechos humanos, y la criminalización de la lucha por la soberanía territorial, la vida y el ambiente. Honduras es un buen botón de muestra. Tendencias globales y regionales Para comprender las tendencias predominantes en la minería centroamericana debemos analizar, previamente, las tendencias observadas a escala global. Primero, señalar que ha habido un crecimiento económico mundial con la incorporación de los países emergentes, que ha generado mayor demanda de recursos minerales; entonces hay presión para generar nuevos yacimientos minerales y estos requieren de nuevas condiciones, lo que implica el debilitamiento
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Coordinador de la Coalición Nacional de Redes Ambientalistas de Honduras. Este escrito corresponde a la versión transcrita en San Salvador por la organización anfitriona, y editada por Envío-Honduras, de la presentación hecha por Pedro Landa en el Seminario Centroamericano de Análisis sobre “Industria minera, mitos y realidades”, organizado por la Comisión del Apostolado Social de la Compañía de Jesús, en el Centro Loyola de San Salvador del 17 al 19 de septiembre de 2013.
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de los Estados nacionales a través de la imposición de mecanismos para desregular las obligaciones que competen a los Estados. Cada Estado es responsable de garantizar el bienestar, la salud, el trabajo, el desarrollo, la libre circulación y un ambiente sano para la población, entre otros derechos. Sin embargo, para que las inversiones extranjeras sean viables, es necesario desregular todo esto a través de menores controles ambientales, menores exigencias y requisitos; incluso se habla de eliminar las evaluaciones de impacto ambiental en los proyectos extractivos. A la par se produce otro elemento que nos preocupa enormemente, porque tiene que ver con la disminución de las obligaciones de los Estados de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Esto se da con la aprobación de normas y de una institucionalidad encargada exclusivamente de reprimir y criminalizar la protesta social, como lo hemos visto en Nicaragua, Guatemala y Honduras. Para analizar el origen de estos hechos, también debemos conside-
rar que, recientemente, la Unión Europea aprobó algunas políticas para el abastecimiento de recursos minerales que repercuten en lo que está sucediendo en la región centroamericana. Una lógica salvaje Consideremos el tema del consumismo: este modelo económico nos hace depender de cosas que no son necesarias, pero que están estrechamente vinculadas a la explotación de los recursos naturales, específicamente al aprovechamiento de yacimientos minerales. Aparatos como teléfonos celulares, planchas, televisores y otros que se encuentran en nuestras casas, implican una mayor demanda de minerales. Estos productos se elaboran para que duren menos, y así acelerar el ritmo del consumo y dinamizar el mercado, lo que a su vez acelera la demanda de recursos minerales. Por ejemplo, los teléfonos celulares más sencillos tienen aproximadamente 34 minerales y, cada vez que compramos uno, debemos pensar en cuántos proyectos
Debate mineros estamos impulsando; y con el aumento de la demanda, cada semana aparece un celular nuevo, con más aplicaciones; de ahí viene esa lógica salvaje de la economía de mercado. En treinta años se ha duplicado el consumo de minerales en el mundo, y actualmente se consumen 60 billones de toneladas de materia prima al año. En 1980 eran aproximadamente 17 millones de toneladas, pero en 2005 estas se incrementaron a 25 millones, solo de minerales. Y este ritmo acelerado de consumo está agotando el planeta, también de forma acelerada. Esto nos lleva a otra crisis, relacionada con lo que está pasando en nuestra región. China es el mayor consumidor de minerales como aluminio, plomo, cobre, níquel y hierro, pero no le importa el oro y la plata. A esto no le hemos puesto mucha atención, pero en Honduras lo tenemos claro. Recientemente, cuando se aprobó la nueva Ley de Minería, una de las cosas que China solicitó es que el gobierno de Honduras le otorgue exclusividad de explotación en todas las minas de hierro del país. El conflicto del que nos habló el padre César Espinoza, se debe a una mina de óxido de hierro que hay en el departamento de Atlántida. Los tres indígenas tolupanes asesinados en agosto, en Yoro, murieron a causa de una mina de óxido de hierro que hay en esa zona; entonces, el problema no es solo el oro y la plata. En el caso expuesto por los representantes de la comarca de Panamá, el problema es el cobre. Allí se encuentra el segundo yacimiento más importante de cobre a escala mundial. Entonces, la tecnología y el crecimiento económico tiene mucho que ver con los minerales indus-
triales; ese es el nuevo paradigma en el tema de la minería, no tanto el oro y la plata. En 2010, Alemania importó 1.12 billones de euros solo en minerales industriales, de los cuales el 16% fue para automóviles, el 14.5% para fabricar maquinaria y el 9.4% para productos químicos. El tema es: ¿cómo sostener el nivel de producción de las grandes economías, como la de Alemania, sin recursos minerales? Y la gran preocupación consiste en esto: ¿cómo abastecer de las materias primas necesarias a la gran industria del Norte? Algunos científicos de la Unión Europea han pronosticado que, si seguimos con el mismo ritmo de consumo de minerales que tenemos actualmente —para mantener el nivel de vida y de confort que nos ha impuesto el sistema consumista—, llegaremos a la escasez de materias primas. Estos son los horizontes planteados para cada mineral: para el estonio, once años antes de manifestar escasez en el mercado global; para la plata trece años y para el arsénico quince años. Lo que planteo es que si no detenemos el consumo y la producción de ese tipo de artefactos, estamos propiciando que las grandes economías globales sigan generando “políticas de abastecimiento de materias primas”. Alemania, Reino Unido, España y Canadá han declarado estas políticas como estratégicas para la defensa nacional. Es decir, que ahora es lo mismo prepararse para una guerra contra Siria que garantizar el suministro de minerales industriales para sus economías. Detrás de esto hay un proyecto global para apoderarse de las reservas minerales que existen en la región centroamericana, y este es el punto que debemos considerar en las luchas que hemos emprendi-
do, para responder adecuadamente a esa lógica. ¿Cuáles son los objetivos de las grandes economías europeas? Primero, garantizar el abastecimiento de materias primas para la gran industria que, ante todo, significa garantías de inversión; por eso, en nuestros países están modificando las leyes y se habla mucho de garantizar la seguridad jurídica de las inversiones. Pero detrás de la seguridad jurídica de las inversiones se esconde el debilitamiento de las obligaciones de los Estados para respetar los derechos ciudadanos. Se garantiza la seguridad jurídica de las empresas, mientras se desprotege a la población. Segundo, desmontar los obstáculos al comercio. Esto significa eliminar todas las barreras arancelarias, disminuir los impuestos, reducir las regalías, simplificar los procesos administrativos para otorgar con mayor rapidez permisos y licencias ambientales, y eliminar las evaluaciones de impacto ambiental. Tercero, sancionar cualquier distorsión de la competencia en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que implica ir contra iniciativas como la ALBA y cualquier otra que se salga de la lógica de la OMC y pretenda crear modelos alternativos de economía. La crítica que se le hace a este tipo de directrices es que solo buscan continuar el modelo de desarrollo actual, sin ningún cambio en el patrón de consumo ni en los estándares y niveles de vida de los países del Norte, que podrían prescindir de muchos minerales sin sacrificar su calidad de vida; pero no hay ninguna intención de modificar este modelo de desarrollo. 27 junio 2013
Debate En segundo lugar, no hay ninguna opción ni garantía para reducir el consumo de minerales. Por tanto, vamos a entrar en el proceso de escasez, a pesar de que ya se está experimentando con la minería en asteroides, como lo hacen Europa y los Estados Unidos, convencidos del agotamiento de estos recursos en el planeta. En tercer lugar, se ignoran los problemas que existen en nuestros países: no importamos, solamente somos suplidores de materias primas. Si aquí se violan los derechos humanos, si se entrega la soberanía territorial, si se imponen gobiernos de fuerza, no importa; lo que importa es que se garantice el suministro de materias primas para las economías globales del Norte. Creció la inversión extranjera en minería En los años 90, América Latina tenía apenas el 12% de la inversión minera mundial, pero en 2010, subió al 36%. En este momento tenemos la tercera parte de la inversión minera mundial, probablemente más que África, que era el patrón anterior. Las empresas han incrementado sus inversiones en un 40%; es decir, hay una competencia acelerada para garantizar el suministro y explotar las reservas minerales entre las grandes economías mineras, y hay países —como Chile y Perú— donde la inversión o las exportaciones mineras representan más del 70%. En Centroamérica sucedió que, después de la crisis política regional y los conflictos armados internos, los países estaban endeudados, comprometidos y sin capacidad para generar bienestar a la población. La CEPAL dio la misma receta que hace un siglo, a la que ahora
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llamamos neoliberalismo: atraer inversiones y generar desarrollo con reformas a las condiciones de inversión. En Honduras se aprobó una ley de minería en 1999 y otra en 2013; en Guatemala se inició en julio de 1997 y actualmente está en proceso de reforma; en El Salvador se aprobó en 1995, actualmente en proceso de reforma con una moratoria; en Nicaragua se aprobó en julio de 2000; en Costa Rica en 1982 y reformada en 2010; en Panamá, la ley de 1963 fue reformada en 2011; y, en México, se aprobó en 2013. La aprobación o readecuación de estas leyes se hicieron para garantizar el suministro de minerales a las grandes economías, y sirvieron para preparar el camino a lo que hoy enfrentamos. En Centroamérica hablamos mucho de las inversiones canadienses, pero hay otros países, como China y Brasil, y varios bancos europeos, que también invierten en minerales industriales. Es el caso de los bancos suizos que, entre 2000 y 2006, invirtieron 14,477 millones de euros; bancos holandeses que invirtieron 14,306 millones; Alemania, 13,323 millones; Francia, 12,245 millones por medio del BNP y 11,150 millones a través del Banco Sociedad General. Esto indica que las inversiones en la minería están bien distribuidas. Un proceso de desnacionalización en marcha La problemática que enfrentan nuestras naciones en materia de recursos naturales es común y, por tanto, el enemigo es también común. Los grandes capitales llegan a Centroamérica para apoderarse de nuestros recursos a través de tratados comerciales, tratados bilaterales
o inversiones directas. Veamos los casos de Guatemala y Honduras. En Guatemala, en julio de 2013, se decretó una moratoria de dos años, no para proteger a las comunidades de los efectos de la minería, sino para reformar la ley, para ponerse de acuerdo sobre cómo sería la minería; no para suspenderla. En aquel momento, había 75 proyectos de minería metálica en exploración y 32 en explotación, haciendo un total de 107; los no metálicos son 144. Esto suma un gran total de 368 emprendimientos mineros con posibilidades de desarrollarse en Guatemala. Honduras presenta una variada riqueza de minerales distribuida por casi todo el país: oro, hierro, zinc, cobre, plomo y polimetálicos, que son conglomerados de tres o cuatro minerales; de ahí el interés en aprobar una nueva ley como la que se aprobó recientemente. En Honduras se han aprobado 98 proyectos mineros metálicos, concesionados a perpetuidad con la única condición de que las empresas paguen 3.50 dólares al año por hectárea. Hay 329 solicitudes nuevas en minería metálica; 194 concesiones de minería no metálica ya aprobadas, que representan en conjunto casi un millón de hectáreas; y más 233 solicitudes para minería no metálica. Los 292 proyectos mineros aprobados hasta el momento abarcan el 46.6% del territorio nacional, concesionado al capital transnacional. Pero, de ser aprobadas las 562 solicitudes en proceso, el porcentaje concesionado representará el 65.8% del territorio, lo que significa un proceso de desnacionalización en marcha, que conlleva desmovilización, represión, criminalización de la protesta social y generación de conflictos a niveles insospechados.
Debate Las estrategias complementarias Pero solo hemos hablado de minería metálica y no metálica. También está el petróleo, por el que en Honduras se han concesionado más de 35 mil km2 de la plataforma marítima continental a la empresa inglesa BG, lo que se hizo de forma directa y en un claro acto de corrupción. Tampoco habíamos mencionado los más de 60 proyectos de represas hidroeléctricas. Si sumáramos todo esto al porcentaje mencionado, es posible que el 75% del territorio hondureño se encuentre ya en manos del capital transnacional. Para llegar a este punto, primero se aprobó una diversidad de leyes que sirven como “blindaje” para entregar la soberanía y el territorio nacional; pero también para criminalizar a las organizaciones sociales, sus demandas y protestas; descalificar a los defensores y defensoras de derechos humanos, y favorecer la impunidad ante las violaciones a la ley que puedan cometer estas empresas y otros agentes privados, que nunca serán juzgados. Entre otras leyes aprobadas con estos fines, se encuentra la que crea las zonas especiales de desarrollo o “ciudades modelo”, que constituyen un Estado aparte del Estado nacional. Según esta ley, cualquier empresa transnacional o gobierno extranjero puede comprar una porción del territorio hondureño, establecer su propio sistema de gobierno, su policía, su sistema tributario y monetario, lo cual representa una entrega descarada de la soberanía territorial. Se aprobó también la Ley para el Fomento de la Inversión PúblicoPrivada y se creó la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-
Privada (Coalianza), que impulsa todas las inversiones extranjeras en el país, concesionando bienes y recursos que antes eran impensables. Para el caso las carreteras, el canal seco y hasta los mares; prácticamente todo está concesionado. Además, se aprobó la Ley de Protección y Promoción de las Inversiones, que es como un escudo fiscal para las empresas; por un lado dicen que con la Ley de Minería van a pagar cerca del 30% de todos los impuestos nacionales y el 6% en impuestos municipales; pero con la Ley de Inversión PúblicoPrivada, los impuestos nacionales les serán descontados del impuesto sobre la renta, y al final no pagarán nada. Como parte de este velo corporativo que crea las bases para las inversiones, se aprobó también la Ley para la Producción de Energía Eólica, que se está implementando en territorios indígenas; y una ley antiterrorista, según la cual, cualquier organización que recibe fondos del exterior, superiores a los dos mil dólares, es objeto de investigación y vigilancia por parte del Estado. Unida a la ley antiterrorista se aprobó, hace dos semanas, una ley para crear la Policía Militar que, entre otras cosas, amplía los delitos considerados como actos de terrorismo. En este momento, en Honduras, es terrorismo hacer un bloqueo de carreteras; una movilización, como las que hemos hecho en el pasado, ahora es un acto de terrorismo. Entonces, todos los que salimos a protestar, o a proteger cualquier derecho, somos catalogados como terroristas. La misma ley de la Policía Militar dice que cualquier obstaculización a la libre empresa será considerado un acto de terrorismo.
También se aprobó la ley de escuchas teléfonicas, y muchos de los que trabajamos como defensores de derechos humanos tenemos intervenidas nuestras comunicaciones; hemos tenido que estar cambiando direcciones de correo electrónico, números de teléfono, y recibimos amenazas. Por otra parte, la nueva Ley de Minería asigna el 2% de los impuestos municipales a la Tasa de Seguridad, cuyos recursos son para la policía y el ejército. Esto tiene el efecto de que, automáticamente, la policía y el ejército se convierten en socios de las empresas mineras, al recibir el 2% de las utilidades. Este es un incentivo para que la policía y el ejército repriman a todos los que nos oponemos a este tipo de proyectos. Por eso están asesinando a los líderes indígenas, a los líderes ambientalistas, a los abogados. Así podríamos ir señalando otras leyes que tienen un impacto directo en la generación de condiciones para que cualquier acción que se haga contra la inversión extranjera y contra la seguridad jurídica de las inversiones, sea reprimida por la fuerza de las armas. A un paso del Estado neocorporativo Después del golpe de Estado de 2009, hubo un segundo golpe, entre diciembre de 2012 y enero de 2013. Este se consumó cuando el Congreso Nacional destituyó a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para poner en su lugar a magistrados afines al gobierno de turno. Recordemos que golpe de Estado no solo es expulsar a un presidente del país; también es atentar contra uno de los tres poderes establecidos en el sistema republicano, y aquí se atentó contra la Corte Suprema de Justicia. El 29 junio 2013
Debate único magistrado que quedó en su cargo fue el que estaba a favor de las “ciudades modelo”, el mismo que hoy es el Fiscal General del Estado. Otro elemento es el aumento en la militarización; se presenta al ejército como el “buen amigo”, el salvador de la sociedad, el que nos brindará seguridad; y la policía es la corrupta, la que está metida en el sicariato. Y no deja de ser cierto, pero lo mismo está haciendo el ejército. Con esto, quedó demostrado que lo que querían era crear la Policía Militar. Además, meses antes se desarticuló el sistema de persecución penal con la intervención del Ministerio Público por una comisión gubernamental. Se están generando las condiciones para que reine la economía de mercado y las empresas transnacionales. Avanzamos hacia el Estado neocorporativo, que surge cuando cedemos la capacidad de gobernar y dejamos que las decisiones las tomen las grandes corporaciones. El proceso hacia el Estado neocorporativo tiene sus propias reglas. Primero se debilitan los Estados nacionales y su soberanía; después se disminuye o hay una regresión en la garantía y el respeto de los derechos humanos. Todo esto implica más criminalización y más persecución, acompañadas de la flexibilización de los marcos regulatorios y la profundización del extractivismo. Por otro lado, hay un incremento enorme de la corrupción y mayores niveles de ingobernabilidad, que se están dando en diferentes regiones. Propuestas y desafíos Para concluir, algunas propuestas que se han planteado ante este escenario tan depresivo y catastrófico. Lo primero es que han surgido nuevos actores sociales y 30 envío
hay sectores de la juventud que están asumiendo más participación e interés en los problemas locales. El movimiento ambientalista se está convirtiendo en uno de los movimientos sociales más importantes, comprometido en modificar las políticas que se han impuesto. Hoy se afirma con más fuerza que la lucha ambientalista es también una lucha por la defensa de la vida y los derechos humanos; por eso hay una presión muy fuerte para que se reconozcan los derechos ambientales como derechos humanos. También están surgiendo coaliciones nacionales, regionales y continentales. Se está iniciando, de igual manera, un proceso de diálogo religioso, que plantea un encuentro a nivel continental para ver cómo, desde las iglesias, se puede crear estrategias y líneas de trabajo para enfrentar todas estas agresiones contra nuestros Estados. Otro tema clave es la lucha por el reconocimiento territorial de los Estados, que suena un poco complicado para algunas personas, pero que representa un logro importantísimo. Quiero destacar lo que sucedió recientemente con la demanda de HudBay Minerals en Guatemala, relacionada con la violación de seis indígenas por los guardias de seguridad de esta empresa y el asesinato de un líder indígena. El caso se llevó ante una corte canadiense y, por primera vez en la historia, la corte admitió el caso y este se va a desarrollar allá. Esto está generando una jurisprudencia importantísima que permite presentar —ante los Estados de donde provienen estas empresas—, los casos que las señalan como responsables de violaciones a derechos humanos cometidas en nuestros países. Por ahí se está abriendo un camino hacia la judicialización internacional de estas
empresas y los Estados de donde provienen. También hay propuestas, cada vez más firmes, en torno a la defensa de los territorios y los bienes naturales, aunque un poco fragmentadas. Esto implica alianzas con otros actores sociales, con las víctimas, las comunidades afectadas, las organizaciones de derechos humanos y las iglesias. El tema de la modificación de las políticas públicas, así como la exigibilidad y la justiciabilidad, son tres elementos fundamentales en materia de derechos humanos para el conocimiento de la verdad, la impartición de justicia y la reparación integral de las víctimas del mal llamado desarrollo basado en el extractivismo. Algunos desafíos surgieron de dos encuentros; uno lo realizó el CELAM en 2011, y otro fue una conferencia ecuménica mundial que se desarrolló en Canadá sobre el extractivismo, con la participación de representantes de la Iglesia católica, las iglesias presbiterianas y sectores evangélicos. A continuación algunas pistas que surgieron en estos encuentros. Primero, la necesidad de trabajar para que las empresas en el extranjero sean reguladas con mayor rigor; es decir, hacer responsables a las empresas que operan fuera de sus países de origen. Segundo, la necesidad de analizar el carácter ético de la decisión de invertir en acciones mineras, porque se identificó que hay sectores eclesiales y congregaciones que tienen inversiones en empresas mineras. Tercero, reconocer que los pueblos originarios no cuentan con la debida protección para defender sus comunidades, y que es importante seguir trabajando por los derechos de estos pueblos.
Debate Cuarto, la necesidad de responsabilizar a las empresas transnacionales por violaciones a derechos humanos; recordemos que hasta ahora, según el derecho vigente, los únicos que cometen violaciones a derechos humanos son los Estados. Pero aquí hablamos de dar el paso a responsabilizar a las empresas por esas violaciones. Estas pistas nos hacen pensar en un papel más decidido de las iglesias en la defensa de la vida; hasta hoy hemos visto una dualidad en la región, con sectores de iglesias
que se mantienen impávidos ante los daños que provoca la industria extractiva. No ven en esto un campo de trabajo, mientras que otros sectores sí se están involucrando. En Honduras, lamentablemente, hay obras católicas —como la Universidad Católica—, que son financiadas por una empresa minera que opera en el país. Este tipo de cosas son las que tenemos que analizar. La necesidad de recuperar la dimensión ética y el papel de mediación es algo en lo que las iglesias pueden jugar un papel muy
importante, como lo señaló el padre Ricardo Falla en este seminario. Concluyo citando lo dicho por los obispos católicos en Aparecida: El Señor ha entregado el mundo para todos, para los de las generaciones presentes y futuras, el destino universal de los bienes exige la solidaridad con la generación presente y las futuras, ya que los recursos son cada vez más limitados, su uso debe estar regulado según un principio de justicia distributiva respetando el desarrollo sostenible.
Considerando su trascendencia, a continuación se reproduce íntegramente la Declaración final del Seminario Centroamericano de Análisis de Realidad, que este año versó sobre “Industria minera, mitos y realidades”. MINERÍA: MITOS Y REALIDADES
Las instituciones, organizaciones y representantes de pueblos en resistencia participantes en el Seminario Centroamericano de Análisis sobre “Industria minera, mitos y realidades”, hemos decidido concluir nuestros testimonios, reflexiones, debates y deliberaciones con la siguiente declaración: 1. Declaramos que nos inspira el amor por la vida, la solidaridad y el compromiso con las víctimas y la entrega de los mártires del sistema depredador y productor de violencia y miseria; que nos anima el convencimiento de sentirnos corresponsables de nuestro planeta como un regalo del Dios de la Vida para que dignamente lo compartamos como nuestra única casa común. 2. Declaramos que nos situamos en resistencia permanente contra la industria minera y sus compañías transnacionales explotadoras, generadoras de desastres sociales y ambientales, y que constituyen una amenaza creciente para la vida de las comunidades. Aunque la minería es riqueza, esta funciona en la lógica de multinacionales que, en contubernio con socios dentro de cada país, la explotan para llevarla al extranjero. 3. Declaramos que la industria minera y las concesiones para la explotación industrial de otros recursos naturales son reflejo de un modelo extractivo,
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consumista y de contaminación. Es una explotación basada en la lógica de consumo infinito en un mundo con recursos limitados. La riqueza mineral deja miseria y desastre ambiental en las comunidades ubicadas en las áreas de explotación, en contraposición a la creciente vida de lujo y derroche de los propietarios de las compañías mineras. Declaramos que la industria minera ha alcanzado tan alto nivel tecnológico que requiere cada vez de menos mano de obra y de menos tiempo para extraer la riqueza mineral, dejando como secuelas un acelerado desastre ambiental y la destrucción de las tradicionales formas comunitarias de vida. Una comunidad tocada por la explotación minera nunca vuelve a ser la misma; sus tejidos culturales quedan rotos. La explotación minera conlleva, promueve e incentiva la división y la corrupción. Declaramos que en esta resistencia se confrontan dos cosmovisiones. La primera mira a la naturaleza y la Tierra como una madre, como fuente de vida y don sagrado para pueblos y comunidades. Las comunidades indígenas testimonian que “la Tierra es nuestra madre y las mineras la tienen destrozada, le han partido el corazón y eso es un atentado contra Dios”. La segunda es la de las compañías mineras. Para estas, las montañas y las minas, el agua y los bosques son negocio, dinero, crecimiento, desarrollo, bienestar económico, en el que todo debe ser convertido en ganancias y capital. Declaramos que la industria minera con todas sus secuelas es criminal y por eso está provocando un fenómeno creciente de resistencia de comunidades, articuladas con organizaciones ambientalistas y populares. Como contrapartida, las mineras, en alianza con empresarios nacionales y autoridades públicas, amenazan, persiguen, secuestran y asesinan a dirigentes y líderes comunitarios a través de la Policía, el Ejército y guardias de seguridad privada. Declaramos que las compañías mineras se confabulan con diputados de nuestros Congresos o Asambleas Legislativas para aprobar figuras jurídicas con el doble propósito de minimizar costos legales y criminalizar las luchas de resistencia. Las compañías mineras han hecho alianzas con medios informativos y comunicadores nacionales hasta conformar cercos mediáticos para controlar la información, desfigurar las luchas y presentar la industria extractiva y contaminante como “bondadosa” para las comunidades, el Estado y la sociedad. Declaramos que nuestras luchas de resistencia se han de apoyar en alianzas con los diversos sectores nacionales e internacionales con los que compartimos el compromiso de defender nuestros bienes comunes y territorios; en estrategias de comunicación alternativa que logren romper el cerco mediático. Si las corporaciones mineras son las mismas que están en nuestros países, ¿cómo emprender luchas que fortalezcan nuestras identidades para hacer frente al peligro de dejarnos deslumbrar por el oro y las regalías de las compañías mineras? ¿Cómo fortalecer nuestros compromisos éticos para saber vencer las tentaciones de los sobornos, las atractivas ofertas de las mineras de mejorar los servicios públicos en 32 envío
Debate nuestras comunidades o los miedos ante las amenazas y chantajes? ¿Cómo conformar plataformas/bloques que articulen nuestras luchas nacionales con luchas centroamericanas y latinoamericanas? 9. Declaramos que como comunidades; organizaciones ecologistas, ambientales, populares; universidades jesuitas; pueblos originarios; y sectores de iglesias que buscamos ser fieles al Evangelio, optamos por la articulación de los diversos esfuerzos en una lucha común por la paz, la salud y la vida, a partir de la defensa y protección de nuestros bienes naturales. Nuestra lucha será más creíble y sólida si la sostenemos sobre compromisos éticos y una práctica testimonial de austeridad, reciclaje, ahorro y protección de la naturaleza que comience en nuestros ambientes familiares e institucionales más cercanos. 10. Declaramos que la vida es el don más preciado que hemos recibido de Dios y que lo debemos seguir defendiendo desde todos los medios pacíficos, no violentos. En pie de testimonio, elevamos nuestra plegaria al Dios de Jesucristo para que, con su Espíritu, tengamos las fuerzas para seguir las huellas de nuestros mártires latinoamericanos en este camino de entregas y generosidades hasta alcanzar la paz que nos arrope como un solo pueblo en libertad.
Organizaciones firmantes:
Audiovisuales UCA (El Salvador); Cafod-Centroamérica; Cáritas (El Salvador); Centro Cultural Universitario de la UCA (El Salvador); Centro de Investigación Nitlapán de la UCA (Nicaragua); Cehprodec, Honduras; Cidea, UCA Nicaragua; Comisión de Medios de Comunicación de Centroamérica de la Compañía de Jesús (C-CAM); Comisión Provincial de Apostolado Social de la Compañía de Jesús (CPAS); Comité Ambientalista del Valle de Siria (Honduras); Comunidades Eclesiales de Base de Nicaragua; Coordinadora Gnäbe-Bugle (Panamá); Catholic Relief Service (El Salvador); ERIC/Radio Progreso de Honduras; Fe y Alegría (El Salvador); Fondo de Desarrollo Local (FDL) (Nicaragua); Grupo de Solidaridad (Grudesa), El Arenal (Nicaragua); IARNA-Universidad Rafael Landívar (Guatemala); ICE-CEFAS (Guatemala); IISUCR (Costa Rica); INGEP-Universidad Rafael Landívar (Guatemala); Institute for Policy Studies (Estados Unidos); Idhuca (El Salvador); Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica; La Brújula, Universidad Rafael Landívar (Guatemala); Liceo Javier (Guatemala); Mesa Frente a la Minería (El Salvador); Misioneros Claretianos de Honduras; Movimiento de Resistencia Pacífica (Guatemala); Oxfam América; Parroquia Nuestra Señora del Pilar, Arizona, Atlántida (Honduras); Parroquia San Bartolomé de Arcatao (El Salvador); Parroquia Santa María Chiquimula (Guatemala); Pastoral Social de Ixcán (Guatemala); Plaza Pública, Universidad Rafael Landívar (Guatemala); Proyecto Educativo y Laboral Puente Belice (Guatemala); Puente de Paz (Guatemala); Radio YSUCA (El Salvador); Red Jesuita para las Migraciones (RJM) de Centroamérica; Semanario Universidad, San José (Costa Rica); Seprojoven (Costa Rica); Servicio Jesuita para Migrantes (Costa Rica y Panamá); Servicio Jesuita para Refugiados (Panamá); Vicerrectoría de Proyección Social UCA (El Salvador). Y otras organizaciones participantes. San Salvador, 20 de septiembre de 2013.
33 junio 2013
Reflexión
Un nuevo paradigma para Honduras (3)
La construcción de la nación Marvin Barahona*
En los dos artículos anteriores se enfatizó en el Estado y su régimen político, sus orígenes y antecedentes; pero poco se dijo sobre la configuración de la nación. Por tanto, aquí se exploran los vínculos precisos y la correspondencia entre la configuración de la nación, el Estado y el territorio, y sus incidencias sobre las características de la sociedad hondureña de hoy. Esto resulta indispensable para construir un nuevo paradigma que permita a Honduras imaginar un futuro distinto al que hoy se percibe.
1. Propósitos de este artículo La construcción de la nación y las formas particulares que esta construcción asumió en el tiempo es el tema esencial de la historia hondureña y de todo intento para comprender los fundamentos de la identidad nacional. El modo en que Honduras ha sido imaginada determinó lo que es hoy como nación y lo que su sociedad percibe de sí misma. Cuando se trata de identificar un nuevo paradigma que permita a Honduras imaginar un futuro distinto al que hoy se percibe, las preguntas sobre el pasado de la nación son obligadas porque, al contrario de las escasas variaciones que su territorio ha sufrido durante largos periodos, la nación y su identidad registran variaciones constantes, cambios lentos o acelerados que, con su dinamismo, las moldean y transforman. La nación asume de esta forma una plasticidad que no tienen el Estado o el territorio, estructuras de más larga duración y, por tanto, menos expuestas a cambios bruscos como los que la modernidad, la globalización u otras revoluciones pueden introducir en la transformación de la nación que, desde esta perspectiva, incluye a todos los ciudadanos que comparten un territorio, una historia y un destino común en un Estado específico. *
Historiador, doctor en Ciencias Sociales, autor de Evolución histórica de la identidad nacional, Tegucigalpa, Guaymuras, 1991, y Honduras en el siglo XX. Una síntesis histórica, Tegucigalpa, Guaymuras, 2004, entre otras obras de contenido histórico y social. 34 envío
Este preámbulo no es gratuito, puesto que cuando se habla de identidad nacional se corre el riesgo de asimilarla a la “cultura nacional”, al folclor y la tradición; o, entender confusamente que Estado y Nación son una misma cosa. Estado y Nación, además de tener significados distintos, son categorías que deben separarse para estudiar sus características e identificar los procesos históricos a los que responden, para confluir posteriormente en la explicación global de la forma específica de organización política y social identificada como “Estado nacional”. En los dos artículos precedentes el énfasis ha sido el Estado y su régimen político, sus orígenes y antecedentes; pero en estos se dijo poco respecto de la configuración de la nación y de su historia como categoría específica. Un interrogante demuestra la pertinencia de esta separación: ¿Si el Estado colonial antecedió al Estado nacional, qué precedió a la nación contemporánea y cómo su proceso evolutivo nos ayuda a comprender la sociedad y la nación de hoy? Buscando responder a tal interrogante, este escrito explora los vínculos precisos y la correspondencia entre la configuración de la nación, el Estado y el territorio, y sus incidencias sobre las características de la sociedad hondureña de hoy, lo que además resulta indispensable para contribuir a imaginar un nuevo paradigma nacional, objetivo principal de esta serie de artículos.
Reflexión 2. La Nación como hecho histórico No es pertinente reseñar la historia de la conquista española desde 1524 solo para recordar lo ya dicho en la abundante bibliografía existente; pero reconocer que este acontecimiento es fuente originaria de una herencia social, cultural y económica que perdura hasta nuestros días, es indispensable para comprender la configuración pasada y presente de Honduras. La nación hondureña surgió de una sociedad heterogénea, asentada en los límites precisos del territorio actual, pero carente de unidad nacional y de vínculos de convivencia compartidos socialmente. Esta particularidad y la orientación oligárquica del Estado contribuyeron a limitar la participación social en la construcción del nuevo orden nacional iniciado por los criollos desde la Independencia de 1821, impidiendo así que la construcción del Estado y de la Nación se convirtiera en la expresión de una voluntad colectiva. Tal voluntad no existió y ni siquiera fue imaginada porque la sociedad heredada de la Colonia no era homogénea, sino un complejo mosaico de diversidades étnicas, culturales y sociales en el que confluían indios, blancos, mestizos, negros y una abigarrada diversidad humana derivada de múltiples mestizajes biológicos y culturales. Este mosaico fue la primera planta del edificio sobre el que se construyó la nación hondureña. El proceso fue lento. El territorio y el Estado colonial contribuyeron a darle al mosaico social y cultural la forma que adquirió durante los tres siglos de la dominación española, modelado por dos procesos históricos básicos. El primero fue la organización del territorio según las características asumidas por la conquista. Los rasgos más característicos del territorio actual representan la geografía de la conquista y del avance de la colonización en Honduras, constituyendo una figura organizada y delimitada según esos parámetros, hasta convertirse en una provincia administrada por la Capitanía General de Guatemala. 3. La construcción de un imaginario sobre el territorio hondureño El descubrimiento de minas y metales preciosos condujo al segundo proceso, que identificó a Honduras como territorio de explotación de oro y plata, de tránsito del Mar Atlántico al Mar Pacífico para facilitar la salida de los metales extraídos, y como fortaleza militar para defender las posesiones españolas en Centroamérica. La ubicación de la capital provincial en Comayagua, equidistante entre ambos mares, culminó la configuración territorial de la provincia, trascendiendo hasta nuestros días.
Ambos procesos consolidaron la configuración territorial y, a la vez, crearon un imaginario específico sobre Honduras, que también trascendió a la actualidad. Tal imaginario estableció que el valor real del territorio se definía por su utilidad como eslabón en el tránsito de un mar a otro, y por su potencial como fortaleza defensiva contra las amenazas de los piratas del Caribe y otros rivales del imperio español. Los ideales del puente interoceánico y de constituir la provincia en una fortaleza militar defensiva, dieron a Honduras —durante los tres siglos coloniales— una identidad territorial con la que solo rivalizó la minería de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa1. El caso de esta demarcación administrativa es ejemplar, por cuanto la conformación de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa (1579-1788) respondió a la necesidad de organizar la explotación minera en los límites geográficos de la actual capital; en la era colonial se extendía hasta el extremo sur, en el Golfo de Fonseca y sus colindancias con las provincias de Nicaragua y El Salvador, un área cubierta de yacimientos de oro y plata. La organización y explotación de dicho territorio, así como su estructura administrativa, se vincularon por tanto a la emergencia de la economía minera. Respondiendo a sus características y requerimientos, se reorganizaron los antiguos poblados indígenas y en su entorno surgieron nuevos asentamientos de españoles y ladinos, al aumentar las necesidades de abastecimiento agrícola y ganadero, de sal, cueros y grasas animales en los centros mineros. El crecimiento de la población mulata, mestiza y negra en esta demarcación, como su presencia continua en este territorio, se explica principalmente en función de tales necesidades. 4. La minería y sus impactos El éxito inicial y el fracaso posterior de la economía minera dejaron hondas huellas en la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa y en la historia colonial y nacional, no solo por haber consolidado una de las visiones sobre Honduras como la que proclamaba su condición de rica provincia minera; sino también por haber organizado en su territorio y en torno a su economía la más variada diversidad étnica, cultural y social, anunciando así la Honduras del futuro. El fracaso de la economía minera, que al final del periodo colonial implicó la desarticula1
Para un conocimiento específico de la historia de dicha Alcaldía, véase: Luis Pedro Taracena Arriola, Ilusión minera y poder político. La Alcaldía Mayor de Tegucigalpa siglo XVIII, Guaymuras, Tegucigalpa, 1998.
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Reflexión ción administrativa de la Alcaldía Mayor, demostró a la vez los límites de una industria extractiva volcada al exterior que no generó las bases indispensables para cimentar el desarrollo posterior del país. A pesar de su peculiaridad, la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa no vivió al margen, viendo hacia el Pacífico. La ganadería hondureña conquistó un lugar en la Feria de San Miguel en la vecina provincia de San Salvador; y la incidencia económica de sus centros mineros irradió a otras provincias de la Capitanía General de Guatemala y los establecimientos británicos en el Caribe; así surgieron redes y rutas comerciales que, partiendo de Tegucigalpa, avanzaban hacia el sur hasta el Golfo de Fonseca, o atravesaban las llanuras orientales de Olancho hasta el puerto de Trujillo, en la Costa Norte. Al situarse en el centro del territorio y ser el corazón de la industria minera, Tegucigalpa se convirtió en una referencia fundamental que incidía simultáneamente en los extremos costeros del sur y el norte, que daban salida a sus productos y la abastecían de mano de obra y mercancías que suplían necesidades de la industria y el comercio minero. Cuando se dirige la mirada hacia los polos costeros, resaltan la fortaleza del costado sur y la marginalidad del costado norte; no obstante sus diferencias, compartían la similitud de origen y características de su población, compuesta principalmente de mulatos, negros y pardos o castas de mestizaje indiferenciado. En ambos casos resaltaban la multiculturalidad, la diversidad étnica y la pluralidad lingüística que hoy son reclamadas como herencia constitutiva de la nación hondureña. En el área caribeña, principalmente, los informes coloniales destacaron la multiplicidad de orígenes al caracterizar la población afrodescendiente como “negros ingleses” o “negros franceses”, revelando así el estrecho vínculo entre el colonialismo europeo. La Alcaldía Mayor de Tegucigalpa y su industria minera impactaron, además, en dos formas precisas en la conformación de la nación. La primera es que el fracaso y casi total agotamiento de la minería en el último cuarto del siglo XVIII, por falta de capital, insuficiencia tecnológica o escasa disponibilidad de mano obra, revelaron que la explotación minera, en más de dos siglos, no produjo una economía sostenible y una acumulación de capital capaz de impulsar su modernización para regenerar dicha industria. La organización territorial de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa motivó una diversificación económica indispensable, pero su riqueza no construyó ciudades que testimoniaran su poder económico y llenaran de 36 envío
esplendor la provincia, cuya existencia se justificaba principalmente en la importancia atribuida a sus minas de oro y plata. Tegucigalpa y Yuscarán, centros mineros con ciertas pretensiones de esplendor, solo revelaron las limitaciones propias de una industria volcada a satisfacer necesidades externas determinadas por el colonialismo, afanado en extraer y acumular riquezas para fortalecer el poder imperial. Así lo demuestra el hecho de que los propietarios mineros y los hacendados ganaderos eran españoles peninsulares, cuyos descendientes abandonaron las actividades económicas de sus antepasados al entrar la minería en su etapa de agotamiento. Las minas y las haciendas languidecieron, provocando la decadencia de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa y despojando a la provincia del imaginario construido alrededor de la minería, según el cual Honduras era una provincia insigne del Tesoro Real. Como lo afirma el biógrafo del gobierno del más prominente mandatario en las últimas décadas del régimen colonial en Honduras, “El gobernador intendente don Ramón de Anguiano al tomar el mando, encontró su jurisdicción muy atrasada, sin cabildo en la capital, en decadencia la minería y la agricultura. Subsistía la sociedad gracias a la ubicación en Valladolid de Comayagua de un batallón de tropa veterana, y a la corta producción de plata de los mineros”2. En suma, la decadencia de los dos centros de mayor importancia minera y administrativa, Tegucigalpa y Comayagua respectivamente, fue simultánea, llegándose incluso a la disolución temporal de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa desde los últimos años del siglo XVIII. El hundimiento de las piezas clave en el engranaje colonial impactó en casi todos los habitantes de la provincia: “La situación de pobreza de la mayoría de la población queda reflejada en la imposibilidad de dotar de fondos al ramo de Propios y Arbitrios, a excepción de Tegucigalpa”3. La segunda forma en que el agotamiento de la minería y el estancamiento generalizado de la economía incidieron en la construcción de la nación fue el surgimiento de una paradoja que impactó en el imaginario predominante sobre Honduras desde su etapa fundacional; esta se reveló al hacer un balance de cuentas cercano al final del régimen colonial, cuando se constató 2
Bernabé Fernández Hernández, El gobierno del intendente Anguiano en Honduras (1796-1812), Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, Sevilla, 1997, p. 45.
Reflexión que Honduras “…poseía tantas riquezas potenciales, que no se explica la inexistencia de una actividad comercial pujante y fuertemente desarrollada”4. 5. ¿Un conflicto entre imaginarios distintos sobre el territorio? En este punto chocaron las dos visiones paradigmáticas que existieron desde la primera década de la conquista, fundamentadas en sendas visiones estratégicas sobre la valía del territorio como base de la defensa militar del Caribe y como filón de oro y plata explotado por la minería. Al evaluar las ruinas de ambas visiones, sobrevivientes aún al final del régimen colonial, se descubre un estrecho vínculo entre el costo de sostener los deberes exigidos por la defensa de la Costa Norte y el costo de asegurar los contingentes de fuerza laboral requeridos por la minería de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa en la zona central y sur. La recluta de milicianos para la defensa costera se enfrentaba así a la necesidad de conservar una mano de obra cautiva en el entorno de los centros mineros, casi siempre escasa. La desarmonía entre estos dos factores, ambos decisivos para mantener en vigor la identidad colonial hondureña, se produjo por falta de firmeza en las autoridades coloniales para imponer una solución definitiva al problema; aunque desde 1762 la Capitanía General de Guatemala se pronunció a favor de la exención del servicio de milicias a los vecinos de Tegucigalpa, varias décadas después los mineros seguían exigiendo suprimir la recluta de su fuerza laboral para fines defensivos en la Costa Norte. Al entrar en conflicto la visión que privilegiaba la defensa y la que privilegiaba la explotación minera, tendieron a anularse mutuamente a medida que el gobierno colonial se debilitaba y la defensa militar y la explotación económica perdían su complementariedad. El imaginario que surgió posteriormente, en torno al ferrocarril interoceánico en el siglo XIX y la conversión de Honduras en una base militar de los Estados Unidos en el siglo XX proviene, por tanto, de las principales conclusiones sobre el territorio hondureño elaboradas por los estrategas militares de la conquista en el siglo XVI, que fueron asumidas como propias por los criollos hondureños en el siglo XIX, por los estrategas estadounidenses en el siglo XX y por los chinos en el siglo XXI. Desde esta perspectiva, la con3 Ibíd., p. 52. 4 Ibíd., p. 66.
quista no solo configuró el territorio hondureño según su propia visión; también definió el futuro nacional y su ubicación en el contexto internacional durante cinco siglos consecutivos, siendo esta una de las herencias más decisivas de la conquista española en Honduras. La historia del territorio nacional, partiendo de las características antes señaladas, no debe servir solo para que los investigadores organicen las fuentes del conocimiento histórico según la utilidad y las finalidades que le fueron atribuidas al territorio; sino, sobre todo, para identificar los rasgos comunes en las visiones que sustentaron la construcción de un imaginario sobre Honduras desde la conquista en el siglo XVI, con las ambiciones neocoloniales de Inglaterra y los Estados Unidos en diversos momentos de su historia; hasta llegar a la inserción del narcotráfico y el crimen organizado en la misma visión desde los últimos años del siglo XX, y el interés que China manifiesta actualmente en la minería y el valor estratégico del territorio hondureño. 6. Las otras Honduras La percepción de que siempre hubo varias Honduras en un solo territorio se reafirma en la existencia de poblaciones indígenas, españolas y mestizas más allá de los linderos de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa y la economía minera. La región occidental, conformada principalmente por las jurisdicciones coloniales de Tencoa (Santa Bárbara) y Santa Rosa de los Llanos (Copán), eran extensas áreas rurales y agrícolas densamente pobladas. Al igual que las jurisdicciones comprendidas en el territorio de la capital provincial, Comayagua, que se extendían hasta los actuales departamentos de Intibucá y La Paz y sus colindancias con la provincia de San Salvador. Las extensas llanuras de Olancho, el área más extendida del costado oriental, dedicadas a la crianza de ganado y colindantes con la región caribeña y La Mosquitia, esta última nunca conquistada por España, pero sometida a una larga influencia inglesa; y la presencia de población afrodescendiente en los actuales departamentos de Islas de la Bahía y Colón completan el mosaico étnico, cultural, económico y social que era Honduras al iniciar la construcción de una nación enmarcada en un Estado nacional republicano. Las preguntas obligadas son: ¿Podía surgir una sola nación de este mosaico tan heterogéneo y articulado únicamente por la fuerza del Estado colonial? ¿Derribó el Estado nacional republicano las barreras de la segregación racial, social y cultural que impuso el Estado colonial, o solo las reafirmó? Las respuestas a 37 junio 2013
Reflexión estos interrogantes son clave para determinar la existencia de una nación hondureña durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX, y para perfilar el contenido de un nuevo paradigma ante los desafíos del siglo XXI. 7. Organización y administración territorial Los españoles introdujeron —como en todos los territorios conquistados en América—, sus formas particulares de organización administrativa como los ayuntamientos, alcaldías mayores, curatos y otras al servicio de la recaudación de tributos y el mantenimiento del orden y la dominación colonial. La población autóctona, por ejemplo, fue administrada organizando “pueblos de indios”, segregados y marginalizados. En el último cuarto del siglo XVIII, durante las reformas borbónicas, se introdujeron los partidos, las tenencias y corregimientos, reconfigurando así la administración colonial hasta el agotamiento del régimen. De igual manera, cuando la Independencia dislocó el Estado colonial, las formas tradicionales de administración fueron adaptadas a las figuras administrativas del régimen político republicano, con sus nuevas demarcaciones departamentales y municipales para gobernar. Es previsible que algunas de estas se calcaran sobre las jurisdicciones coloniales precedentes, para el caso las que contaban con mayor número de habitantes o detentaban poder político (Comayagua, Tegucigalpa). No obstante, transformar los términos de la administración de los antiguos pueblos de indios, villas de españoles y poblados de ladinos, negros y mestizos en nuevas jurisdicciones territoriales debió ser traumático para estas comunidades, cuyas vidas quedaban así sujetas a nuevos poderes y nuevas formas de organización y funcionamiento. Los traumas vinculados con los procesos de organización o reorganización territorial y con los procesos para institucionalizar su administración aparecen con regularidad en la historia hondureña y tienden a convertirse en fuente de conflicto, al ser intermediados por la construcción de relaciones de poder que implican vínculos de dominación, sometimiento y obediencia. La primera reconfiguración territorial y administrativa de Honduras fue la establecida por el régimen colonial, que culminó durante las reformas borbónicas en un proceso que pretendió reconfigurar la administración territorial, introduciendo nuevas demarcaciones y jurisdicciones (partidos, tenencias, corregimientos) para modernizar la administración colonial.
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No obstante, la parcelación de la administración territorial, iniciada con la supresión de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa y la voluntad de centralizar el poder en la intendencia de Comayagua, confrontó a las viejas figuras administrativas, constituidas ya en poderes locales con cierto grado de autonomía, con la centralización del poder implícita en las reformas borbónicas. Este conflicto, cuyo trasfondo era una reestructuración abrupta de los mecanismos administrativos y de las relaciones de poder, reveló que en el futuro inmediato y lejano las luchas por el poder estarían vinculadas a un agudo antagonismo entre la centralización y la descentralización de la administración territorial, un presagio del caos que predominaría durante la mayor parte del siglo XIX durante la construcción del Estado nacional y los procesos de reorganización administrativa que surgieron posteriormente en nuevos intentos para modernizar el Estado. El poder concentrado en un Estado centralizado, o el poder distribuido en múltiples poderes locales autónomos, serían las disyuntivas a las que el Estado se enfrentó, y sigue enfrentándose, cuando se trata de la administración territorial y la distribución de su poder político-administrativo. Estos hechos y su interpretación facilitan la comprensión de los vínculos que han existido en la historia hondureña entre el territorio y su administración, la construcción del Estado nacional y la configuración de la nación, por cuanto ninguno de los hechos mencionados está disociado de las relaciones de poder impuestas durante cada uno de dichos procesos. En este caso, las divisiones y subdivisiones administrativas y jurisdiccionales no acentuaron las diferencias locales y regionales, pero las reafirmaron a través del conflicto con la intendencia, que representaba el cambio en la administración territorial en las postrimerías del siglo XVIII y el inicio del siglo XIX. La reivindicación de identidades locales específicas (Olancho, Tegucigalpa, Comayagua, Santa Bárbara) fue la manifestación de este conflicto, como lo reflejó la voluntad de Tegucigalpa de reestablecer su Alcaldía Mayor, y la de Olancho y otras comarcas de reafirmar una identidad construida lentamente durante el régimen colonial y en el que se configuraron relaciones de poder basadas localmente. Cuando en el siglo XIX el Estado nacional republicano se propuso reorganizar la administración territorial por departamentos y municipios, buscó esencialmente llenar con la centralización administrativa el vacío de poder dejado por el Estado colonial, rompiendo los es-
Reflexión quemas tradicionales de las jurisdicciones precedentes. Considerando dicha finalidad, no debe desvincularse la reorganización de la administración territorial de la reconfiguración de la nación, tanto por las implicaciones que aquel proceso tuvo en la reestructuración del espacio físico para facilitar la nueva administración territorial, como por el impacto político y social que tuvo la reestructuración de las relaciones de poder a escala local y nacional. Para el caso, desde la Independencia, Honduras pasó a ser una nación de “ciudadanos” residentes en departamentos y municipios, pero la conducción del Estado quedó bajo el control de la elite criolla que reemplazó a los españoles. 8. ¿El último sueño sobre un territorio sin nación? Al iniciar el siglo XIX, el intendente Ramón de Anguiano concibió una iniciativa de desarrollo basada en la explotación de los recursos naturales, orientada a fortalecer una economía que, a fines del siglo XVIII, lucía decadente y excesivamente dependiente de la minería y los intercambios comerciales externos. Esta iniciativa, que en el trasfondo retomaba la idea de explotar el territorio con fines económicos explorando nuevas vías para lograrlo, involucraba otros recursos y recurría al tema de la abundancia y el potencial que ofrecía la provincia hondureña. Sin embargo, esta implicaba también el traslado de la capital provincial de Comayagua a Santa Bárbara —un viraje geográfico del centro al occidente que contradecía las visiones tradicionales que miraban hacia el Atlántico y la minería vinculada al Pacífico—, para buscar refugio en la agricultura y el campo indígena y mestizo. Aunque tal iniciativa no fue implementada, demostró al menos que el ciclo de explotación de la minería había fracasado, dejando un enorme vacío en la economía. Imaginar una Honduras más agrícola que minera, irrigada por la abundancia de sus aguas, parecía ser una necesidad imperiosa que nunca superó el umbral de la promesa. No obstante, la información en poder del intendente reforzaba su iniciativa y la justificaba. Un número considerable de productos agrícolas había sido introducido en Honduras desde la segunda mitad del siglo XVIII, y todos tenían un potencial considerable para transformar la economía y el paisaje agrícola: café (comparado en calidad al de Moka); té (con semillas traídas de China y Japón); mostaza silvestre, algodón (en Trujillo había 9600 ejemplares de esta planta traídos de China); grana silvestre, mora y brasilete para la obtención de tintes (abundantes en
Olanchito); zarzaparrilla y otras plantas medicinales, árboles maderables en gran variedad, cacao, pimienta de Tabasco, jengibre, vainilla, sasafrás, bálsamos y resinas, pita fina y ordinaria, seda silvestre, maíz estrella, achiote, ipecacuana, vid (dos cosechas anuales), trigo, arroz, frijol, y una enorme como diversa riqueza forestal. Es pertinente considerar si esta iniciativa y esta visión sobre el desarrollo económico, basadas en la abundancia y el potencial de los recursos naturales, es el fundamento del mito que, en el siglo XX, y aún en la actualidad, concibe a Honduras como el “granero de Centroamérica” y futuro gran exportador de alimentos agrícolas no tradicionales. Vista desde el siglo XXI, la iniciativa del intendente Anguiano puede percibirse como una visión sustentada en el potencial económico de la producción de alimentos y como una crítica a los dispendios de la minería, además de un abandono de la visión sobre el territorio hondureño como fortaleza defensiva del régimen colonial. Aunque no fue posible en su tiempo, sobrevivió en el imaginario económico como una alternativa siempre disponible y nunca aprovechada suficientemente. 9. ¿El retorno de una identidad perdida o un fracaso repetido? El Estado nacional republicano del siglo XIX, inmerso en el caos y la inestabilidad política, retornó desde 1880 a la minería concedida al capital extranjero, un reencuentro que también supuso —como pretendía el intendente Anguiano—, un cambio del emplazamiento de la capital política, que de Comayagua pasó a Tegucigalpa, que así quedó nuevamente al frente de un proyecto económico basado en la minería y sustentado por las nuevas elites ilustradas por el positivismo de la reforma liberal de 1876. La minería de fines del siglo XIX, como en el pasado, se enclavó en la antigua Alcaldía Mayor de Tegucigalpa y fue puesta en manos de una empresa estadounidense, sin llegar a convertirse en el resorte del desarrollo nacional, como también ocurrió en el pasado. En este contexto, población, territorio, economía y naturaleza no se acoplaron plenamente y su desarmonía condujo a un nuevo desahucio de la minería, cuando la plantación bananera de la Costa Norte tomó su relevo como fuente principal de la economía. En suma, las prioridades económicas y sus modalidades (industria extractiva y diversificación agrícola) —aunque de signo distinto y excluyentes entre sí por el lugar que ocuparon en las prioridades estatales—, 39 junio 2013
Reflexión coincidieron en ser modelos basados en visiones y proyectos cuya finalidad era explotar los recursos y el potencial del territorio concentrándolos en pocas manos; así se constata en las políticas estatales ubicadas entre el siglo XIX y el último cuarto del siglo XX, que nunca promovieron la redistribución de la tierra y los recursos naturales para ampliar la participación social en los procesos económicos. Por el contrario, la minería y la plantación bananera, que representan los dos ciclos económicos más importantes de los últimos cien años, supusieron procesos de concentración masiva de capital, recursos y beneficios en elites económicas nacionales y empresas extranjeras involucradas en tales actividades. Partiendo de estos antecedentes, la búsqueda de nuevos procesos económicos que contribuyan a integrar a la mayoría de la población, y se basen en una transformación profunda de las formas de propiedad y uso de la tierra y los recursos naturales, se mantiene vigente y justifica la necesidad de un nuevo paradigma sobre el papel del territorio, la función del Estado y la reconfiguración de la nación. 10. Conectando el pasado con el presente Explorar las relaciones e influencias recíprocas entre el territorio, el Estado y la Nación, aun con las limitaciones que se puedan identificar, ha implicado una reconstrucción breve pero esencial del modo particular en que Honduras se constituyó como territorio, Estado y Nación. Destaca la historicidad de las estructuras y relaciones estudiadas, por cuanto la delimitación actual del territorio, el establecimiento del Estado colonial y el surgimiento del mosaico étnico, social, cultural y lingüístico del que posteriormente surgió la nación hondureña, responden al hecho colonial, sin el cual Honduras no se habría constituido como tal. El territorio actual representa la geografía de la conquista y la colonización del siglo XVI; y las funciones que cumple le fueron atribuidas por la visión estratégica de los conquistadores respecto de su utilidad como medio de tránsito del Atlántico al Pacífico y como depósito de metales preciosos. La primera visión —centrada en la vocación atlántica de los imperios coloniales de la época—, condujo a que el territorio fuese percibido como estratégico para la defensa militar ante el acecho de otros imperios. La segunda visión —centrada en satisfacer la necesidad de metales preciosos para fortalecer el imperio español—, motivó la creación de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa 40 envío
(1579) y la organización de la explotación minera en la región central y sur, orientada en sus actividades hacia el Golfo de Fonseca y el océano Pacífico, hasta constituir una unidad diferenciada de otras parcelas de la provincia que cumplían otras funciones. Las funciones y finalidades atribuidas a su territorio, dieron a Honduras la identidad que tuvo durante los tres siglos coloniales: bastión defensivo contra la piratería de los rivales europeos de España y provincia minera. La organización administrativa del Estado colonial respondió a estas visiones y dejó una huella indeleble en las percepciones que se tuvieron posteriormente sobre Honduras, las cuales siguieron respondiendo a los mismos atractivos descubiertos por los estrategas militares de la conquista en su territorio. Estas mismas visiones siguieron predominando en la percepción que se tuvo en los siglos XIX y XX, trascendiendo al siglo actual al ser reforzadas por políticas estatales que conceden la explotación del territorio al capital extranjero. El sueño de construir un ferrocarril interoceánico para comunicar las costas del Atlántico y el Pacífico cobró fuerza en la segunda mitad del siglo XIX, renovándose cada vez que se pretende visualizar una nueva senda para el desarrollo nacional. Esto conduce nuevamente a depositar toda la confianza en el potencial del capital extranjero, con la presunción de que la acelerada circulación de mercancías y el libre intercambio comercial, preconizado por la globalización, contribuyan al desarrollo nacional. En las últimas décadas del siglo XX, la construcción del denominado “canal seco” ha reemplazado parcialmente la ilusión ferrocarrilera y, tardíamente, busca culminar sueños ajenos en nombre del desarrollo. Las concesiones mineras de la última década, avaladas por el nuevo régimen concesionario que se ha venido organizando y reorganizando en los últimos años hasta culminar en la recientemente aprobada Ley de Minería, se inscriben en un proceso que, consciente o inconscientemente, busca reconstruir la identidad más antigua de Honduras como territorio de tránsito, fortaleza militar y extracción minera. Paradójicamente, la reafirmación de la identidad y de las más antiguas visiones estratégicas sobre la función y utilidad del territorio hondureño, son presentadas por los funcionarios estatales como una novedad a favor del desarrollo y de una inserción positiva en la globalización económica. La visión de Honduras como fortaleza militar sigue vigente en el carácter de las relaciones con los Estados Unidos, único país del mundo en establecer una base
Reflexión militar en suelo hondureño (Palmerola, Comayagua), después de las fortalezas militares construidas por los españoles en los puertos caribeños de Trujillo y Omoa durante la Colonia. La construcción de Palmerola y su estratégico aeropuerto fue justificada en la década de 1980 por razones de seguridad nacional, mientras que la presencia actual de fuerzas policiales estadounidenses antidrogas se pretende justificar por la actividad del narcotráfico en diversas porciones del territorio. La mención del tema relativo a la seguridad es indispensable, no solo por haberse originado en visiones del pasado que se manifiestan en el presente, sino también porque este demuestra que quienes aprovechan las ventajas territoriales de Honduras son actores externos, lícitos e ilícitos, a falta de una visión estratégica nacional que sea congruente con el aprovechamiento de esta ventaja comparativa, más allá del canal seco, el ferrocarril y el canal interoceánico, las concesiones mineras y el alquiler del territorio para establecer “ciudades modelo” al servicio de actores externos. Lo anterior implica que, en los dos últimos siglos, Honduras no ha podido transformar positivamente la visión colonial sobre su territorio y su función en la economía internacional, para reemplazarla por una nueva visión sustentada en la definición del interés nacional y la satisfacción de las necesidades de su población. Por el contrario, Honduras se ha empeñado en asumir el neocolonialismo como parte de un determinismo histórico vinculado con las ventajas comparativas de su territorio. Desde una perspectiva estrictamente histórica, asumir como propias las visiones del pasado, para ponerlas al servicio de intereses foráneos, constituye un puente por el que se persiguen los mismos fines y objetivos que atribuimos a los conquistadores del siglo XVI; y también constituye una fuente fundamental para explicar los procesos que han contribuido a desnacionalizar a Honduras, que han debilitado el espíritu de nacionalidad de su población y que han puesto el país al borde de una aguda crisis de identidad nacional, que actualmente alcanza su máxima expresión en la calificación de Honduras como un “Estado fallido”. Un aspecto fundamental sobre la visión pasada y presente del territorio, se relaciona con el grado de incidencia que esta tuvo en la construcción de la nación, como freno o como acelerador de tal proceso. Si partimos del hecho de que la definición histórica de Honduras como provincia colonial estuvo vinculada estrechamente con las características de su territorio, entonces el grado de incidencia de estas concepciones
en la construcción de la nación no debió ser poco. En este punto nos encontramos con otra paradoja, según la cual, durante el proceso de construcción del Estado nacional hasta la primera mitad del siglo XX, desde el Estado se percibía el territorio como un obstáculo difícil de franquear por su condición montañosa y la inaccesibilidad de las regiones a falta de caminos, puentes y medios de locomoción. Este aspecto pudo ejercer un peso decisivo en la construcción de la nación, en la medida que supuso una postergación de la integración nacional a través de redes de caminos de fácil acceso y la construcción de un mercado interno facilitado por la fluidez de los intercambios económicos. En consecuencia, el mapa colonial de poblados y comunidades establecidos desde la conquista en un entorno específico se consolidó, a la vez que frenó la constitución nacional que pudo facilitarse por medio de la movilidad de la población, el intercambio de la cultura, la sociabilidad y el compartir un ser colectivo. ¿Qué hacer con esta nación?, en lugar de: ¿qué hacer con este territorio?, parece haber sido la pregunta que nunca se intercambió entre los puestos de mando del Estado. La debilidad del Estado, o su falta de voluntad para coadyuvar a la construcción de la nación, fueron tan importantes en el pasado como en el presente al reafirmar el peso del territorio y disminuir con ello el valor y la participación de la población en la construcción del Estado y la nación independientes. Esta realidad implicaba que el Estado no era capaz de ejercer su hegemonía en todo el territorio, lo que a su vez imposibilitaba su consolidación, todo lo cual repercutió negativamente en la construcción de la nación. Y es tanta su incidencia actual que, desde los primeros años del siglo XXI, la negociación del territorio con agentes externos, a través de las modalidades ya señaladas, ha adquirido preeminencia sobre la necesidad de fortalecer la nación por medio de la construcción de ciudadanía y la consolidación de la integración nacional. El punto más crítico de este proceso se alcanza actualmente, cuando las tres estructuras exploradas en este artículo: territorio, Estado y Nación, constituyentes decisivos de la identidad nacional, se encuentran en franco proceso de deterioro, de debilitamiento progresivo y de crisis por agotamiento o caducidad del paradigma que las ha sustentado hasta hoy. Una nueva visión sobre la Nación, el Estado y el territorio parece ser indispensable en la crisis actual, reto principal en la construcción de un nuevo paradigma para Honduras. 41 junio 2013
Centroamérica
En las “cocinas de la ciencia” sobre migraciones JOSÉ LUIS ROCHA*
Exploremos lo que sucede en las cocinas de las que surge el conocimiento actual sobre las migraciones en Centroamérica. Sepamos quiénes son los dueños de las cocinas y quiénes los cocineros que en ellas trabajan. Analicemos qué platos nos presentan y con qué sabores. Descubriremos el triple juego de la dominación.
L
a producción del conocimiento no ocurre en las asépticas probetas que los abanderados de la neutralidad científica pregonan. El proceso viene lastrado, y enriquecido, por las tradiciones e intereses que informan la actividad de los productores y por los vicios institucionales, trayectorias y deudas —morales, culturales, financieras— de los organismos de producción. ¿desde dónde pensamos?
Pierre Bourdieu planteó las raíces individuales de los condicionamientos cuando dijo que “el tipo de ciencia social que se puede hacer depende de la relación que se tenga con el mundo social y, por tanto, de la posición que se ocupe en este mundo”. En versión de Feuerbach: “En un palacio se piensa de otro modo que en una cabaña”. Aplicar estos rancios hallazgos al ámbito de los organismos de producción y financiamiento del conocimiento sobre las migraciones nos lleva a decir: “No se pueden escribir los mismos documentos para Naciones Unidas o la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que para una pequeña agencia de izquierdas, un proyecto de la Iglesia luterana o un congreso de académicos con afán crítico”. Los financiadores de las investigaciones sobre fenómenos migratorios tienen su agenda y consiguen marcar las pautas de producción al compás de su cultura y de sus intereses institucionales. No es preciso hurgar muy profundo o cultivar una relación longeva para percatarse de que los grandes financiadores no establecen una relación de mecenazgo con los científicos sociales, *
Miembro del Consejo Editorial de la revista Envío de Nicaragua. Instituto de Sociología de la Universidad Philips, Marburg, Alemania. 42 envío
sino un vínculo patronal, que se expresa jurídicamente en un contrato, pero que también expande sus ramificaciones a obligaciones no contractuales, implícitas en una relación donde la posición subalterna del productor le obliga a aceptar un paradigma epistemológico —unas coordenadas de lo políticamente correcto que operan como marco conceptual—, el automatismo de los clichés consagrados por el uso y con planteamientos políticos subterráneos, ciertas prácticas laborales —someter el texto a sucesivas revisiones para descafeinarlo— y hábitos organizacionales inscritos en el marco operacional, entre los que destacan los eventos, los lugares y el público donde el conocimiento debe ser diseminado para que adquiera el rango de “conocimiento con incidencia”. Bourdieu habló de “las cocinas de la ciencia”. Debemos explorarlas. Allí encontraremos a los financiadores con su agenda más o menos oculta, y a los cocineros actuando según un guión que otros escribieron. Hay en las cocinas constricciones político-financieras al conocimiento crítico sobre migraciones: quiénes producen conocimiento sobre migraciones, quiénes los financian, cómo se ejecuta ese financiamiento, qué tópicos son financiados y qué tópicos son descuidados, y qué efectos tienen estas dinámicas sobre las posibilidades de producción de un conocimiento crítico. Habiendo estado al frente de un organismo no gubernamental que realizó varias consultorías para la OIM y para cinco agencias de Naciones Unidas, conozco de primera mano los hechos de los que escribo que, según he tenido oportunidad de contrastar con colegas de otros países, son comunes a toda la región centroamericana. Los hallazgos quizás tengan incluso una aplicación más extensa.
centroamérica las cuatro cocinas que hay en centroamérica
En Centroamérica existen cuatro “cocinas” de la investigación sobre migraciones. Las describo en orden de menor a mayor productividad. La primera cocina son las universidades. Sus principales platillos son investigaciones amateurs de estudiantes de pregrado que, con sus muy limitados recursos, realizan breves trabajos de campo y sistematizan la literatura existente para elaborar disertaciones con las que obtienen el título de licenciatura. Se trata de una cocina de baja productividad y nula diseminación. Las tesis quedan almacenadas en los sitios más recónditos de las bibliotecas universitarias y solo investigadores muy acuciosos retoman sus hallazgos o su materia prima. La segunda son las ONG, cien por ciento dependientes de los fondos internacionales. Tienen baja productividad e investigaciones de muy limitado alcance geográfico y conceptual, pues se trata de estudios enfocados en aspectos muy específicos; por ejemplo, la desintegración familiar por efecto de las migraciones en una aldea en particular. La tercera cocina son las Facultades Latinoamericanas de Ciencias Sociales (Flacso), que en Costa Rica, Guatemala y El Salvador dedicaron importantes estudios al tema. Tienen la limitación de ser subcontratadas por las grandes agencias, las más de las veces por la OIM y Naciones Unidas. La cuarta es una cocina múltiple. Es el food court de la multitud de consultores que en Centroamérica venden sus servicios de investigación a las agencias de cooperación externa, a las dependencias de Naciones Unidas, a las instituciones financieras internacionales, a los gobiernos, a las agencias intergubernamentales —como es la OIM—, a la empresa privada y a las ONG. Quienes realizan estudios de migración suelen ser profesionales con títulos de posgrado que, en los años 90, se desplazaron desde las precarias universidades —que ofrecían predominantemente contratos a destajo por horas de clase— hacia los generosos cuernos de la abundancia de la cooperación internacional. La conjunción de los consultores con Naciones Unidas y la OIM ha dado por resultado la mayoría de los estudios sobre migrantes centroamericanos. De esa dinámica escapa Costa Rica, donde el desarrollo de las universidades —muy superior al del resto de la región— ha posibilitado que numerosas investigaciones hayan sido producidas y publicadas con autonomía académica. Pero incluso allí los investigadores más productivos han crecido a la sombra de Naciones Unidas, la OIM y la Fundación Ford.
un ejemplo interesante en nicaragua
La inexistencia de un catálogo completo de las migraciones nos impide ponderar el peso de las distintas plataformas y mecenas de la producción de conocimiento sobre migraciones. Pero podemos tomar como ejemplo una investigación en particular, con un tema relativamente laxo — Migración internacional y desarrollo en Nicaragua— y echar un vistazo a su bibliografía para caer en la cuenta de que, de los 63 textos que ahí figuran, el 26% lleva el sello de Naciones Unidas y/o la OIM, entidades a las que corresponde el primer lugar en el financiamiento de los estudios sobre migración. Los textos citados en segundo lugar (14%) fueron producidos por consultores al servicio del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El tercer lugar lo ocupa Flacso (8% de los textos), la mayoría patrocinados por grandes fundaciones como la Ford. El quinto lugar (5%) lo tienen los textos que aparecieron con el sello de las fundaciones. Aun cuando el 30% de los textos fue producido por académicos y publicado en revistas y libros de universidades estadounidenses y costarricenses, son estudios predominantemente sobre desarrollo agrario —no sobre migración— y ninguno fue producido en universidades nicaragüenses. El 17% de la bibliografía abarca informes estadísticos de los gobiernos de Estados Unidos y de Costa Rica, pero los que tratan de migraciones fueron elaborados en el US Census Bureau, que no califica como productor centroamericano de conocimiento. ¿Quiénes están financiando? Y ¿qué quieren financiar?
Los principales financiadores son las agencias de Naciones Unidas, la OIM, las instituciones financieras internacionales —Banco Mundial, BID— y las fundaciones más poderosas, como la Ford y la Rockefeller, entre otras. Sus principales requerimientos tienden a minimizar a priori el carácter científico, crítico e independiente de las investigaciones. Los estudios, así lo establecen las agencias, deben ser aplicados —resolver aspectos muy específicos, como calcular el volumen del potencial mercado de ahorrantes que las remesas propician en una aldea—, basados en datos cuantitativos, dirigidos a los tomadores de decisiones. Y deben ser no conflictivos. La información típicamente requerida es: las dimensiones de los flujos de migrantes, los números de desaparecidos, el volumen y la fluctuación de las 43 junio 2013
centroamérica remesas, etc. Quieren cifras, números, gráficos… como talismanes que conjuren la carencia de pensamiento. Les cae al pelo a estos financiadores la sentencia del escritor británico Andrew Lang: “Buscan en las estadísticas lo que un borracho en los postes de alumbrado público: más que la luz, un punto de apoyo”. Puesto que los tomadores de decisión no tienen mucho tiempo para invertir en la lectura de sesudos o extensos tratados, uno de los productos más cotizados en el mercado de las consultorías son los policy briefings, textos concisos que, en cuatro plumazos, dan la piedra de toque sin asomo de dudas y con posibilidades de que el conocimiento se convierta en una tecnología, una ciencia aplicada capaz de producir cambios directos e inmediatos en cualquiera de los ámbitos de la realidad. En otras palabras, se propician obras de ingeniería social, realizadas por lo que Bourdieu denominó sociólogos o economistas que son ingenieros sociales que tienen por función proporcionar recetas a los dirigentes de las empresas privadas y de las administraciones. Ofrecen una racionalización del conocimiento práctico o semicientífico del mundo social que poseen miembros de la clase dominante. Los gobernantes necesitan hoy en día una ciencia capaz de racionalizar —en el doble sentido de la palabra— la dominación.
causas obliga a desentrañar culpabilidades, conceptos abstractos y despolitizados como “desempleo”, “paro friccional”, “globalización de los mercados laborales” y “movilidad poblacional”, son los más recurridos y con mejor prensa. O bien aparece el infaltable enemigo colectivo: el crimen organizado, ejecutor de la trata, los secuestros y el coyotaje. quieren investigaciones descafeinadas
Esta “descafeinización” de las investigaciones es requerida por la demanda de los “clientes”, agencias, gobiernos y ONG que quieren soluciones en el marco de su ámbito de acción: proyectos muy focalizados, circunscritos a un territorio y, dentro de este, dirigidos a una población meta. Los estudiosos deben aceptar un marco maniqueo que presenta un universo dividido en efectos negativos y efectos positivos de las migraciones. Esa dicotomía se encuentra inscrita en los términos de referencia con los que las agencias lanzan las licitaciones. A esos términos deben reaccionar los investigadores con una propuesta situada en las antípodas del talante crítico de la academia. Porque nada despierta tantos anticuerpos en las agencias como una propuesta que tenga visos de culminar en un estudio con altos componentes teoréticos, estilo ensayístico y visión politizada que, en esos ambientes, es sinónimo de análisis con aroma de izquierda.
quieren recomendaciones precisas
Breve o extenso, todo estudio debe culminar con unas recomendaciones exactas, precisas: qué hacer para bancarizar el dinero de las remesas, cómo disminuir el flujo de indocumentados, qué políticas son adecuadas para reinsertar a los retornados... Las metas no necesariamente deben ser razonablemente realizables. Basta con que sean políticamente correctas. En este sentido, se puede decir que las investigaciones perpetúan las relaciones de dominación en dos vertientes: dando pistas sobre cómo manipular la realidad a beneficio de un grupo económico —como en el caso de la bancarización de las remesas— o, como ocurre en el caso de propuestas irrealizables, reforzando una determinada visión de la realidad y de las aspiraciones en el terreno del deber ser. Los investigadores deben cuidarse mucho de señalar culpables —sobre todo si se trata de agencias gubernamentales, como en el caso de los abusos a los derechos humanos—, de explicitar en qué consiste el trasfondo del conflicto que genera migrantes o de mencionar qué políticas estatales desencadenan situaciones riesgosas para los migrantes. Cuando la búsqueda de 44 envío
¿qué hacen los “dueños” de la investigación?
Las obligaciones contractuales son el corsé que constriñe cualquier intento de crítica de los investigadores. Los contratos de Naciones Unidas y la OIM incluyen generalmente una renuncia a los derechos patrimoniales, con lo cual estos organismos determinan el grado y los espacios de difusión de los hallazgos. El investigador deja de ser dueño del documento y, bajo impedimento legal, no puede difundirlo ni modificarlo. Incluso todo documento acopiado durante el proceso de investigación pertenece a Naciones Unidas o a la OIM, y puede ser requerido en cualquier momento de la vinculación contractual o posteriormente. Extendiendo sus prerrogativas más allá de los límites prescritos por la ley, en abierta violación al derecho de los autores a no enajenar los derechos morales, estos financiadores también exigen el anonimato de la autoría, para atribuirla a sus funcionarios de forma explícita o implícita. Exigen también la obligatoriedad de usar determinadas fuentes sin ningún tipo de cuestionamiento
centroamérica y someten el texto a una serie de revisiones ad infinitum, destinada a limar todas las asperezas que puedan incomodar a sus contrapartes y socios: gobiernos, instituciones financieras internacionales, entidades bilaterales. Basta con descalificar la fuente para eliminar lo políticamente incorrecto y enviar las críticas incómodas al cajón de “afirmaciones no sustentadas”. En definitiva, el nuevo propietario del texto puede editarlo, presentarlo como de su creación y guardarlo en una gaveta hasta que, en un día glorioso —que puede ocurrir dos meses o tres años después de terminados texto y contrato— el investigador sea invitado a exponer sus hallazgos en un lujoso hotel —jamás en una universidad o en la comunidad donde realizó el trabajo de campo— ante una audiencia de bostezantes y renuentes funcionarios estatales. Es el día de la incidencia. El aula —magna o parvus— de las universidades ha dejado de ser el ágora donde los estudiosos dan a conocer el fruto de sus pesquisas. temas preferidos de los financiadores
A fin de mantener clientes satisfechos, la OIM y Naciones Unidas seleccionan los temas que anticipan un sesgo en el tratamiento, una especie de compromiso con una versión de los hechos. El tema predilecto suele ser la trata y el tráfico ilícito. Le sigue, en alianza con USAID y las agencias sanitarias de Naciones Unidas (Onusida, Unfpa y OMS) el marcado énfasis por el vínculo Sida-migrantes, que en ciertos contextos carece completamente de base o es una cortina de humo para cubrir otras asociaciones más plausibles. Llama la atención, en este sentido, que ninguna agencia de Naciones Unidas se ocupe del muy constatado vínculo Sida-turismo, y que Unicef no financie estudios sobre la relación entre turismo y prostitución infantil. Una somera revisión de la bibliografía con sello OIM nos muestra el compromiso de esta institución con una visión criminalizadora del espectro de las migraciones y un enfoque de securitization de las migraciones, con énfasis en la recolección y distribución de información acerca de lo que se ha nombrado, desde inicios de los años 90, smuggling of migrants (contrabando de migrantes). Las instituciones financieras internacionales, sobre todo el BID, el Banco Mundial, también agencias de Naciones Unidas como la FAO y la Cepal, no han dejado de mostrar una marcada predilección por los estudios de remesas que conduzcan hacia su “bancarización”, a su inserción en los circuitos financieros convencio-
nales, promoviendo la cultura bancaria y las virtudes del ahorro entre los migrantes y sus familiares para que pongan sus migajas —que sumadas son fortunas descomunales— al acceso de los inversionistas y especuladores, y por ende, que estén al servicio del casino global. La OIM también ha entrado en este juego, suscribiendo convenios con los más poderosos y ubicuos bancos privados, financiando la formación en cultura bancaria entre receptores de remesas y diseminando urbi et orbi propaganda bancaria, en flagrante subsidio al sector de pesca más opípara en el revuelto río de las más devastadoras crisis económicas. el migrante ideal
Varias agencias de Naciones Unidas buscan diseñar ante nuestros ojos al migrante ideal: el que llega al país de destino sin compañía, trabaja duramente y luego retorna. Este ciclo ejemplar es presentado como una win-win-win situation, donde gana el país emisor, gana el país receptor y ganan los migrantes. En otras palabras: a las remesas sumisas —canalizadas a través de los bancos hacia sus destinos más rentables— corresponden unos migrantes modositos, que llegan, trabajan y se marchan sin chistar cuando su fuerza física empieza a declinar y antes de que sus familiares dependientes tengan la tentación de unírseles. El capitalismo de las metrópolis no quiere cargar ni siquiera con la reproducción de la mano de obra y envía de regreso a los países de la periferia a esos “desperdicios humanos” como un bagazo que no quiere reciclar. temas evitados en las “cocinas”
Esta selección de temas tiene el efecto de bloquear los aspectos políticos y proporcionar otros puntos de vista, empezando por aquellos que pretenden explicar las condiciones socioeconómicas que incentivan las migraciones. Crecientemente, el acceso al mercado ha sido presentado como una limitación más importante para el desarrollo local que la participación política. Se ha establecido una seductora conexión entre ciudadanía y mercado. “Devenir ciudadano —dice Evelina Dagnino— significa ahora integración individual al mercado, como consumidor y como productor. En un contexto donde el Estado se exime progresivamente de su papel de garantizador de derechos, el mercado es ofrecido a la ciudadanía como una instancia sustituta”. En contraste, hay un enorme abanico de temas descuidados o deliberadamente evitados. Entre otros, 45 junio 2013
centroamérica la trata laboral y la explotación de indocumentados por parte de empresarios, el papel de las políticas migratorias en el incremento del riesgo de los migrantes, los derechos humanos de los migrantes indocumentados violados en los centros de detención, los movimientos sociales de migrantes y de los activistas que los apoyan, el boicot contra las empresas que se lucran con la transferencia de remesas —Western Union y Money Gram son intocables—, los vínculos entre políticas neoliberales y migración, las impugnaciones al marco legal que norma el orden migratorio —el derecho de los Estados a deportar y detener a los indocumentados— y todo lo que suponga un desafío político o epistemológico al “sentido común” y a los clichés mil veces repetidos. cómo son los migrantes reales
Esos clichés están ligados a los temas impuestos y funcionan como frenos automáticos de la imaginación sociológica y esquemas mentales esterilizadores. Un ejemplo de estos marcos infecundos lo constituye la falsa dicotomía entre remesas productivas e improductivas, según la cual las improductivas son las que se destinan al consumo, a la subsistencia o al bienestar familiar. “Improductivas” es un adjetivo que pesa como un estigma infamante del cual ese uso ocioso necesita redimirse. Pero ¿cómo puede un economista serio sostener que la inversión en alimentos y salud no tiene repercusiones sobre la producción? La respuesta es muy simple: si los investigadores desean seguir siendo contratados por estos organismos, deben entonar el estribillo maniqueo de las beatíficas remesas productivas vs. las satánicas remesas improductivas. En definitiva, esta abulia intelectual es posible debido a que los científicos sociales, en aras de su inserción en el prestigioso mercado de las consultorías de los multilaterales, evitan ser científicamente inteligentes, una condición que, según Bourdieu, exige “colocarse en una situación generadora de verdaderos problemas, de verdaderas dificultades”. no son pasivos ni meras estadísticas
Las consecuencias de este modus operandi y su dramatis personae para la producción de conocimiento crítico sobre migraciones pueden ser segmentadas en al menos tres tipos: efectos epistemológicos, efectos políticos y efectos relativos a las restricciones socioeconómicas de los investigadores. Entre los efectos epistemológicos cabe destacar la reproducción del paradigma de la criminalización de las migraciones: la migración es presentada, ante todo, 46 envío
como un acto que entraña riesgos y pone en contacto con el crimen organizado. Este paradigma, en términos simples, pivota sobre la distinción entre una migración ordenada (documentada), que produce desarrollo, y una migración desordenada (etiquetada como irregular, indocumentada, no autorizada e incluso como ilegal) que cosecha violaciones, Sida, desintegración familiar, trata, remesas improductivas, cárcel y muerte. Esta migración desordenada también es asociada con el tráfico de drogas, la explosión demográfica, la invasión, la amenaza a las culturas nacionales, la fuga de cerebros y la ingobernabilidad. Este planteamiento induce a la conclusión de que la migración irregular es un problema, una fase perniciosa, un desequilibrio temporal, una pérdida y, en definitiva, una anomalía que puede ser reparada por medios técnicos. Con una ingeniería social. Este paradigma requiere que los migrantes aparezcan como objetos pasivos, y masivos, que no tienen una palabra que aportar sobre su proceso. Solo aparecen con un abstracto rostro estadístico. Los migrantes están ahí para ser contados, clasificados, a veces compadecidos y ocasionalmente entrenados mediante una alfabetización financiera para que sepan cómo opera la magia que transforma remesas improductivas en bancarizadas remesas productivas. Esta interesada reducción allana el camino hacia una visión de los migrantes simplificada y manipulable. Exenta de verdaderos problemas y dificultades, diría Bourdieu. no son ni víctimas ni héroes
La manipulación de la imagen de los migrantes conduce hacia otra dicotomía maniquea: los migrantes son víctimas —de la trata y el tráfico ilegal, del SIDA, de las rupturas familiares— o son villanos, coyotes, parásitos de las remesas, personas que toman malas decisiones y no evitan riesgos. Los manipulados también pueden ser idealizados, presentados como héroes emprendedores a condición de que adquieran las virtudes del capitalista weberiano. Sobre estas dicotomías se asientan las propuestas de ingeniería social. Cientos de veces, en reuniones de Naciones Unidas, escuché una propuesta que al inicio me sonó atractiva: “Vamos a potenciar los elementos positivos de las migraciones y a mitigar sus factores negativos”, como si tales elementos aparecieran en estado químicamente puro, fueran distinguibles técnicamente y tuvieran docilidad ante las políticas públicas o las llamadas “intervenciones para el desarrollo”. En la práctica, ocurre una reducción de lo pensable a lo
centroamérica susceptible de ser traducido en políticas. Porque esa exigencia de una aplicabilidad inmediata solo puede asentarse sobre distinciones maniqueas y simplificaciones voluntaristas. cuando la verdad no es el fin
La demanda de que el conocimiento sea aplicable y expresable en forma de policy briefings tiene consecuencias aún más radicales. Supone que el conocimiento carece de valor en sí mismo. Un nuevo enfoque, un novedoso punto de vista que revela que lo que antes no era visible no es valorado como conocimiento. Horkheimer sostiene que esa instrumentalización del conocimiento constituye el triunfo del pragmatismo, según cuya visión del mundo, “la verdad no es deseable únicamente por ella misma, sino que es tal en la medida en que funciona mejor. Para probar que es pensado con razón, todo pensamiento tiene que tener una coartada, debe garantizar su utilidad funcional”. Con frecuencia, el logro del conocimiento es proporcionar un punto de vista diferente, cambiar una percepción, poner bajo otra “luz” lo que no se “ve”, mostrar que las cosas podrían ser de otra manera. Pero en la era de la tecnocracia sin utopía, el pensamiento se limita a ser un registro de hechos y un esclarecedor de la cadena de medios y efectos para alcanzar ciertas metas. “Su valor operativo —dice Hokheimer—, el papel que juega en el dominio de los hombres y de la Naturaleza, ha sido finalmente convertido en un criterio único. Por eso, tan pronto como las palabras no son clara y abiertamente usadas para sopesar probabilidades técnicamente relevantes, o están al servicio de otros fines prácticos, corren el peligro de resultar sospechosas de no ser otra cosa que cháchara vacía; porque la verdad no es un fin en sí misma”. Los términos de referencia, diseñados por los financiadores de las investigaciones sobre migrantes se aseguran de evitar esa cháchara dirigiendo los esfuerzos hacia la investigación aplicada, basada en encuestas que contienen los siempre venerados “datos duros”. también hay terrorismo ideológico
Existen otros requerimientos que a veces están en los términos de referencia y que tienen efectos políticos: por ejemplo, adoptar el enfoque antitrata, que constituye un elemento vital de la criminalización de las migraciones y del nacionalismo metodológico. Ese enfoque consigue complacer a los gobiernos de turno en su política de control fronterizo y políticas migratorias altamente restrictivas. Puesto que el
propósito declarado de la insistencia en los aspectos tenebrosos y criminales de la migración es proteger a las personas, el fin justifica los miedos. Naciones Unidas y la OIM, en contubernio con diversas administraciones gubernamentales, no han tenido reparo en promover el enfoque antitrata, incluso a costa de los derechos humanos de los migrantes, como el derecho a la libre movilidad y a no ser coaccionados con publicidad aterradora, como ha sido destacado por los politólogos alemanes Fabian Georgi y Susanne Schatral. Existe un ejemplo dramático de esta voluntad de aterrar, que muestra extremos mayores de aquellos a los que se ha llegado en Centroamérica, aunque nacen de una misma voluntad. Se trata de un video difundido en YouTube, a nombre de la OIM y la Federal Office for Migration (FOM) de Berna, que muestra la conversación entre un padre —en algún país africano— y un hijo —en algún país europeo—, salpicada de escenas que muestran al hijo en situaciones que contradicen las palabras que dirige a su padre, en una noche lluviosa, desde una cabina telefónica: hambriento, sin casa, perseguido, etc. El padre escucha sus embustes piadosos desde una cálida, bien iluminada y lujosa habitación que lo muestra como un profesional exitoso, miembro de la clase media alta, sugiriendo la idea de que la migración opera un brutal descenso en las condiciones de vida, además de arrojar a los migrantes a un calvario inenarrable. El video fue subido al mismo tiempo que un reporte a los medios informaba de la campaña contra la migración ilegal, lanzada en Camerún y Nigeria “para informarles sobre las negativas consecuencias de la migración ilegal”. La Unión Europea se unió a la FOM en ese proyecto piloto. La FOM dice contar con el respaldo de la OIM y, de hecho, el reporte aparece firmado por un oficial de la FOM y otro de la OIM. El reporte es claro en sus motivos: “No hay casi nadie que no haya visto imágenes que muestran embarcaciones hacinadas y personas arrojadas al mar por despiadados traficantes de personas, fotos de barcos volcados, de personas que mueren ahogadas en el mar. Por falta de perspectiva económica, la gente de África se dirige a los países europeos, como Suiza, en busca de una vida mejor. Son personas que acarician expectativas de un próspero futuro en el extranjero, pero son expectativas condenadas a la decepción porque la vida diaria de los inmigrantes ilegales destruye inevitablemente esas esperanzas”. Según el investigador danés Thomas GammeltoftHansen, en 2010 la OIM recibió 265 millones para 47 junio 2013
centroamérica asistir a los gobiernos en procesos de deportación y otras actividades, entre las que se incluyen este tipo de informaciones, la promoción del enfoque securitizador y la bancarización de las remesas. agendas definidas que reproducen el “sentido común”
En Centroamérica, un intento menos explícito, pero con idénticos fines, fue la promoción de la película “El camino”. Difundida por la OIM y obra de una realizadora costarricense, el filme muestra el periplo de una niña y su hermano en su travesía desde un barrio marginal en Managua hacia Costa Rica. El niño queda perdido en la selva fronteriza y la niña termina como esclava sexual de un extranjero pedófilo. Estas iniciativas de terrorismo ideológico encuentran eco entre los periodistas, artistas y científicos sociales. Asumen la agenda de la securitización y se convierten en intelectuales orgánicos que apuntalan la hegemonía del nacionalismo metodológico. En el caso de los consultores, puesto que su agenda es definida desde los despachos de los grandes financiadores, bajo la coartada de ofrecer unos servicios científicos y apolíticos, en la práctica están condicionados para producir una investigación orientada a producir los migrantes ideales —que llegan solos, trabajan duro y retornan a sus países de origen cuando termina la cosecha de café o fresas—, a descubrir cómo las remesas están siendo o pueden ser canalizadas hacia usos productivos y a mostrar el riesgo de la migración indocumentada. A la postre, su agenda es definida por el gran financiador de la OIM en América Latina: USAID. El rol subalterno de la OIM frente a USAID es perceptible en su portafolio de proyectos y en la concomitante clonación de la agenda, fácilmente constatable en un somero chequeo sinóptico de sus páginas web. No cabe aquí una teoría de la conspiración: la OIM abreva en las ánforas que le presentan. Del lado de la OIM se trata de una falta de criterio y de un afán de supervivencia organizacional e individual antes que de una confabulación inspirada en un programa ideológico. Del lado de los investigadores, se trata de una propensión a pensar “con barandillas” —como decía Hannah Arendt—,
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aceptando y reproduciendo un “sentido común” sobre los migrantes. Pero el relativo automatismo de estas dinámicas sincronizadas refuerza su eficacia. Los estudiosos son en parte objeto de una cooptación ideológica. El nacionalismo metodológico es un canto de sirena ante el que muchos académicos, de escaso entrenamiento crítico, caen rendidos. Adicionalmente, su sometimiento opera por medio de las constricciones socioeconómicas de su trabajo y la reproducción de sus condiciones de vida. Esas constricciones les impiden impugnar el sentido común difundido por Naciones Unidas y la OIM. Su reproducción implica aceptar los términos propuestos por sus patronos: el marco analítico, la exigencia de aplicabilidad y el cortoplacismo. Pero las investigaciones de corto plazo y aplicadas no pueden penetrar profundamente. el triple juego de la dominación
El especialista indio en conocimiento y educación, Jandhyala Tilak, apunta que la intervención de la cooperación internacional en investigación toma la forma de consultorías y establece las agendas de investigación, de modo que las necesidades y compulsiones de corto plazo de la cooperación contribuyen a negar el valor de la investigación de largo plazo y no construyen capacidades sostenibles en las universidades y otras instancias de investigación. Los investigadores están sujetos por el corsé de unos términos de referencia que establecen los estrechos límites de lo cuestionable. Sus herencias sí vienen precedidas de un testamento: los términos del contrato. Los investigadores deben complacer a sus patronos si desean ser contratados nuevamente. Con toda razón Bourdieu sostuvo que “los posicionamientos sobre el mundo social quizás se deban en parte a las condiciones en que se producen, a la lógica específica de los aparatos políticos y del ‘juego’ político, de la cooptación, de la circulación de ideas…”. Esta frase expresa el tripe juego de la dominación que mantiene bien ceñida la mordaza sobre el pensamiento crítico: la cooptación por la metodología hegemónica nacionalista, la sombra alargada de USAID sobre la OIM y la imposibilidad financiera de que quienes trabajan en “las cocinas de la ciencia” sobre migraciones diseñen una agenda de investigación autónoma y crítica.
Nuestra Palabra
Leyendo entre líneas Aunque el año pasado la Conferencia Episcopal de Honduras, con ocasión de las elecciones internas, publicó una carta pastoral sobre el proceso electoral, ahora lo hace nuevamente en vísperas de las generales. Nos aporta su punto de vista eclesial y, diríamos más, nos señala sus “temores y esperanzas” en este momento delicado de la coyuntura nacional. Como siempre, nos ofrece criterios orientados a formar una conciencia crítica, ciudadana y cristiana. Como es cosecha nuestra hacer una “lectura entre líneas” y explicitar qué entendemos por sus “temores y esperanzas”, recogemos los interrogantes que plantea: ¿habrá elecciones transparentes? ¿Se desarrollarán en paz y sin violencia? ¿Nos ayudarán a salir de la crisis que envuelve al país? ¿Serán aceptados los resultados? Hay, pues, una duda razonable como punto de partida de sus reflexiones. Inmediatamente después, señala los elementos positivos que existen en la realidad política: a) los esfuerzos del TSE por establecer mecanismos de credibilidad para el proceso electoral, b) el “pacto político ético” que obliga a los candidatos a respetar los resultados, c) una campaña electoral basada en la transparencia, respeto a la Constitución y legislación electoral, d) observadores de diferentes instancias internacionales, e) participación de universidades y de la sociedad civil por medio de debates electorales y, f) la presencia de la Iglesia Católica que se suma al esfuerzo de unas elecciones transparentes. ¿Qué ven como pastores? “Miramos con profundo dolor y compasión el grave deterioro de la salud, de la enseñanza, del trabajo, de la seguridad. Urgimos a todos los candidatos a mostrar su cercanía al sufrimiento que ese deterioro genera y a presentar propuestas claras, con presupuestos creíbles para cambiar estas situaciones. La conquista del poder no debe ser para abusar de él, sino para usarlo en bien de toda la colectividad. Urgimos a los candidatos católicos para que se comprometan a estar atentos a las situaciones de injusticia y dolor, pues revertir la pobreza en todas sus manifestaciones es la tarea prioritaria de cualquier gobierno”. Es de subrayar que algo fundamental en el pensamiento de los obispos es que la política es mucho más que los partidos políticos. Por eso afirman: “Es todo el pueblo hondureño, no solo los partidos políticos, quien debe recuperar su soberanía y su protagonismo en la vida pública y en la vida política. Es responsabilidad de todos mantener la gobernabilidad del país, de manera que el pueblo hondureño pueda expresarse como sujeto de su propio destino, organizarse para encontrar alternativas a sus problemas y participar en la toma de decisiones, fiscalización, control y ejecución de los asuntos gubernamentales...”. De sus propuestas, recogemos las siguientes: un voto maduro, reflexionado y responsable; candidatos que viven y defienden los principios democráticos; un voto libre sin condicionamientos, sobornos, presiones o amenazas o por la simple costumbre; electorado vigilante que denuncie cualquier fraude o práctica ilegal que altere los resultados; y, para los cristianos, que den testimonio de participación por encima de los colores políticos. Finalizamos recogiendo el voto de confianza en el futuro que hace la Conferencia Episcopal, cuando dice: “Confiamos en que el proceso electoral bien realizado y con elevada participación ciudadana, dé paso a una reorganización social y política que permita la elaboración de un proyecto nacional incluyente al servicio de una democracia pluralista, participativa, justa, responsable, respetuosa de la dignidad humana, dialogante, promotora del bien común y defensora de los Derechos Humanos. Que sea este el estilo de vida y cultura democrática de nuestro pueblo”.
Radio Progreso y ERIC-SJ 11 de octubre de 2013
