Un año prolífico
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2/3/2017
Un año prolífico
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Legal | Análisis Jurídico | Ética y profesión | Artículo 1 de 1
Un año prolífico "... Muchas de las materias sobre las que se escribió se refieren a los cambios socioeconómicos y culturales que ha sufrido el ejercicio de la profesión y su marco regulatorio junto a sus problemas y posibles soluciones. De mantenerse esta tendencia, una de las cátedras cuyo solo nombre puede generar bostezos en la audiencia quizás prometa un futuro esplendor..." Viernes, 03 de febrero de 2017 a las 10:04 | Actualizado 9:54
Pablo Fuenzalida
Al hacer un balance del año 2016 en el campo de la profesión jurídica existen diversas materias que podrían ser objeto de análisis. Para evaluar el año pasado se podría atender a las actuaciones públicas de los colegios de abogados. Al menos respecto al Colegio de Abogados de Chile A.G. el año estuvo marcado por diversas declaraciones públicas, comenzando por aquella referida a las declaraciones a la prensa y uso de redes sociales por parte de fiscales pertenecientes al Ministerio Público. Luego del último cambio de gabinete el Colegio hizo presente las posibles incompatibilidades que afectan al actual ministro de Justicia aparejadas a su ejercicio profesional asociado junto a otros abogados con anterioridad a ser investido en el cargo. Cierra este período la declaración sobre solicitudes de información dirigidas a abogados por parte del Servicio de Impuesto Internos y sus posibles reparos con el resguardo del secreto profesional. Una alternativa más usual consistiría en destacar jurisprudencia de los tribunales de ética, de primera instancia y superiores de justicia recaídos en cuestiones de ética profesional. Por ejemplo, en el fallo de 11 de abril de la Corte de Apelaciones de Santiago ( , acción de protección, rol 956842015) se discutieron dos problemas comunes al ejercicio de la jurisdicción disciplinaria de los colegios profesionales, a saber, la relación entre acción de protección y recurso de apelación del artículo 19 Núm. 16 de la Constitución y el efecto que apareja la renuncia de uno de sus miembros afiliados sobre la jurisdicción de los colegios.
Mañalich, Jaime con Tribunal De Ética Colegio Médico Regional Santiago
Sin perjuicio de tratarse de cuestiones relevantes sobre las cuales el fallo se pronuncia destaca el voto concurrente por reflexionar sobre un aspecto sustantivo, la posibilidad de reprochar éticoprofesionalmente conductas realizadas en el desempeño de funciones no profesionales. El voto arguye a favor de excluir de la jurisdicción disciplinaria las acciones cometidas en el marco de funciones públicas, circunscribiendo el control éticoprofesional a aquellas conductas acontecidas en el ejercicio profesional. Respalda esta posición doctrina comparada abogando por la abolición de sanciones sobre conductas cuya tipificación pareciera estar dirigida más a proteger la imagen pública de la profesión en vez de tutelar un interés público. Bajo esta línea de argumentación la ética profesional debiese evitar el castigo de conductas que son juzgadas por otras instituciones, por ejemplo, el derecho penal o administrativo y, en cambio, centrar sus esfuerzos en tipificar comportamientos no profesionales en la medida que socaven la capacidad profesional de quien incurre en los mismos (Rhode, D. y Woolley, A. 2012 ‘Comparative Perspectives on Lawyer Regulation: An Agenda for Reform in the United States and Canada’, 80 2761).
Fordham L. Rev.
Un foco menos obvio puede encontrarse en lo acontecido en materia de educación. Por ejemplo, lo sucedido con la decisión de la Universidad de Santiago de impartir la carrera de Derecho. Ante la supuesta supresión de la cátedra de Derecho Romano de su malla curricular se generó un breve debate sobre las razones que justificarían enseñar dicho ramo en la carrera. Pudo ser una oportunidad para extender la discusión hacia los desafíos que enfrenta la enseñanza del Derecho en la actualidad, así como sobre la razón que justificaría que el Estado, por medio de una de sus universidades más emblemáticas, produzca más abogados y aumente la oferta de servicios legales. Cada uno de estos temas daría pie para escribir una columna en su propio mérito. Empero, en esta deseo destacar el interés académico que ha suscitado el campo de la profesión legal y sus reglas de conducta profesional. Dado que estamos en el periodo estival del nuevo año, lo que resta de esta columna resulta más acorde con las típicas recomendaciones de lectura para el verano que suelen publicarse por estos días. Últimamente se ha ido retomando lo que fueran experiencias interrumpidas en la academia chilena, la realización de estudios http://www.elmercurio.com/Legal/Noticias/AnalisisJuridico/2017/02/03/Unanoprolifico.aspx
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empíricos sobre Derecho. Un primer esfuerzo se registró entre fines de la década de los sesenta hasta mediados de los setenta, donde las preguntas más acuciantes se referían a la crisis del Derecho y a su relación con el cambio social. Uno más reciente, auspiciado por organismos internacionales y apoyado por centros de estudios, puede encontrarse hacia fines de la década de los ochenta y gran parte de la primera década de los noventa cuyo foco de atención fuera la judicatura, sirviendo de base para una serie de reformas a la misma. En ese sentido, la prestigiosa revista publicó un excelente artículo de Marianne Gonzalez Le Seux titulado ‘Legal Aid, Social Workers, and the Redefinition of the Legal Profession in Chile, 1925–1960’, sobre la formación de la identidad profesional de los abogados en torno a la instauración y posterior desarrollo del Servicio de Asistencia Judicial del Colegio de Abogados, cuyo continuador legal son las Corporaciones de Asistencia Judicial. En dicho artículo la autora hace hincapié en la existencia de algunos estudios sobre la profesión organizada en nuestro país y su relación con el poder, particularmente el estatal, y sobre la ausencia de estudios de la relación entre el Colegio de Abogados con los más desposeídos de nuestra sociedad. El artículo revisa lo que llama la época de oro del Servicio de Asistencia Judicial, en cuanto respuesta institucional de los abogados a la cuestión social. Otro ejemplo de este renacer por lo empírico se encuentra en el libro de los académicos De la Maza, Mery y Vargas, titulado . Durante el año nos fueron regalando adelantos por la prensa de su investigación sobre las fiscalías de empresas, los aspectos económicos de los grandes estudios jurídicos en el país y cómo este trabajo ilustraba desde nuevas perspectivas la controversia relativa al nombramiento del actual ministro de Justicia.
Law and Social Inquiry
Big Law:
Estudios de abogados en Chile
El año que acaba de concluir también da cuenta de la aparición de nuevas voces en el área de la ética profesional. Precisamente refiriéndose a los dilemas aparejados al ejercicio profesional a través de estudios de abogados el 2016 comenzó con una provocadora columna de Renato Garín y Pablo Bravo (“¿Y los abogados cuándo? Justicia civil y conflictos de interés”) en la cual promueven extender la legislación sobre en el marco de las reformas a la justicia. Según ambos autores existiría un grupo de interés, los abogados litigantes, quienes por diversas vías (estudios de abogados, función académica y elaboración de informes en derecho) podrían influir desapercibidamente en la discusión legislativa de la reforma procesal civil.
lobby
Este artículo fue respondido por Javier Gallego (“La regulación de los abogados”). Dicho autor cuestiona la ausencia de análisis sobre la extensa normativa contenida en el Código de Ética Profesional de 2011 en materia de conflictos de funciones e intereses. Para este autor la actual regulación del Código de Ética, su dimensión dogmática, resultaría suficiente para hacer frente a varios de los problemas identificados por los autores en cuestión. En relación a lo que Gallego denomina la dimensión institucional del régimen disciplinario que rige a la abogacía, la columna reflexiona sobre el paso desde la colegiatura obligatoria a la actual jurisdicción dual para colegiados y no colegiados, club en el cual nuestro país sería un miembro bastante exclusivo. Esta transición había generado un estado de heterogeneidad normativa y adjudicativa ante el cual exhorta a discutir nuevamente la introducción de la colegiatura obligatoria como posible salida a lo que considera un estado actual de indefinición entre el derecho y la moral. Sin tener como objeto ser una respuesta a lo anterior, Álvaro Anriquez cierra el año promoviendo una solución dogmática que solucionaría el problema de la heterogeneidad normativa y adjudicativa que la regulación vigente nos ha dejado desde 1981. Con ciertas salvedades —como la permanencia de la afiliación voluntaria—, para este autor la reforma constitucional de 2005 habría significado un retorno al escenario legal previo a la entrada en vigencia del Decreto Ley 3.621 de 1981 en cuanto a la jurisdicción de la ética profesional se trata. Es decir, los colegios profesionales ejercerían jurisdicción sobre sus afiliados conforme a las normas éticas dictadas con anterioridad a este último cuerpo legal. Para conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, los juicios por conductas contrarias a la ética profesional se regirían por las reglas del juicio sumario, al igual que aquellos que se tramitan actualmente ante los juzgados de letras respecto a profesionales no afiliados a un colegio. En caso de pronunciarse una sentencia condenatoria serían aplicables las sanciones contenidas en las leyes de cada colegio profesional dictadas con anterioridad al Decreto Ley 3.621. Al igual que las columnas antedichas, la solución de Anriquez debiese generar un extenso debate por cuanto pone en cuestión lo que ha sido la práctica disciplinaria por más de treinta años tanto de los colegios profesionales como de los tribunales de justicia. Haciendo una digresión cabe agregar que durante la elaboración del Código de Ética el entonces presidente del Colegio de Abogados hizo presente la necesidad de contar con ciertos estándares respecto a la elaboración de informes en derecho a los cuales el informante debiera ceñir su actuar. Esta preocupación es posible encontrarla también en el derecho comparado, en particular respecto a académicosabogados (Simon, W. H. 2008 ‘The Market for Bad Legal Advice: Academic Professional Responsibility Consulting as an Example’, , 15551603). Mientras el rol académico estaría sujeto a deberes de honestidad y franqueza manifestados en la difusión transparente del saber, el rol del abogado es partisano, sujeto a deberes de celo, lealtad y confidencialidad. Simon propone aplicar los mismos estándares que la autoridad impositiva en Estados Unidos exige a los abogados tributaristas al momento de proveer de consejo en esta área del derecho: honestidad, claridad, diligencia debida, respaldo analítico y formulación razonable del asunto, a los cuales agrega deberes de actualización y corrección de las opiniones emitidas, que debiesen ser publicadas permitiendo su crítica por parte de la comunidad académica. No se trata de una cuestión pacífica (Green, B. 2008 ‘The market for bad legal scholarship: William H. Simon's experiment in professional regulation’, , 16051671), pero vale la pena considerarla.
Stanford Law Review
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Un año prolífico
En este año prolífico muchas de las materias sobre las que se escribió se refieren a los cambios socioeconómicos y culturales que ha sufrido el ejercicio de la profesión y su marco regulatorio junto a sus problemas y posibles soluciones. De mantenerse esta tendencia, una de las cátedras cuyo solo nombre puede generar bostezos en la audiencia quizás prometa un futuro esplendor. Como invitaba David Luban en su visita a Chile con ocasión de los cinco años de vigencia del Código de Ética Profesional de 2011, es de esperar que este renacido interés por la profesión y sus reglas prontamente sea divulgado en los diversos foros y conferencias internacionales.
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