Treinta años de elecciones democráticas en España: balance de un récord en nuestra historia política

Treinta años de elecciones democráticas en España: balance de un record en nuestra historia política

Pablo Oñate Universidad de Valencia

Publicado en P. Oñate (ed.), Treinta años de elecciones en España, Valencia, Tirant lo Blanch, 2010 (15-38) 1. Introducción: ¿30 años no es nada? Las elecciones de 15 de junio de 1977 abrieron la puerta a un período democrático nuevo en la historia política española. Esas elecciones cerraban la puerta a más de dos siglos de vida política convulsa y dramática, en la que se sucedieron 9 Constituciones1 y diversas reformas y proyectos constitucionales que no llegaron a aprobarse. Esos dos siglos estuvieron jalonados por toda una serie de golpes de Estado, asonadas, revoluciones, motines, dictaduras y guerras civiles que retrasaron que nuestro país se incorporara en su momento al proceso de Modernidad. La Constitución de 1978, elaborada por consenso por los diputados elegidos en aquellas elecciones fundacionales de 1977, estableció el marco normativo que ponía fin al carácter pendular de nuestra historia política, propiciando alternancias de gobierno y el desarrollo de la vida política por cauces de normalidad democrática que nuestro país había desconocido hasta entonces. Ese marco y convivencia democrática propiciaron, por fin, que España se incorporara plenamente al proceso de modernización, en sentido amplio. Después de 30 años de experiencia democrática damos por supuestas muchas cosas que hace solo tres décadas se percibían como objetivos casi

1

Dos de ellas no llegaron a ser promulgadas (las de 1856 y 1873). Estuvieron en vigor la Constitución de 1912, el Estatuto Real de 1834, la Constitución de 1837, la de 1845, la de 1869, la de 1876 y la de 1931.

quiméricos: el desarrollo de un sistema político-institucional democrático plenamente consolidado en el que la composición de las respectivas cámaras parlamentarias (y, a través de ellas, otras instituciones) responda a la voluntad política ciudadana plural expresada en las urnas; un sistema político altamente descentralizado, con intensos y extensos niveles de autogobierno, que permiten calificarlo como funcionalmente federal; que en las distintas instancias políticas estén presentes representantes de un amplio abanico de posiciones políticas, que reflejan el pluralismo político existente en la sociedad, trasladando a las instituciones las diferentes alternativas políticas y sociales; unos altos niveles de garantías y protección en el ejercicio de derechos y libertades políticas básicas para los ciudadanos; la plena integración de España en los organismos e instituciones europeos, en los que se ha vinculado de forma definitiva e intensa; o que los responsables políticos estén sometidos a escrutinio público y tengan que rendir

cuentas

ante

las

instituciones

–políticas

y

judiciales-

por

las

responsabilidades en que pudieran haber incurrido en su mandato, así como, periódicamente, ante los ciudadanos; unos altos niveles de apoyo al sistema democrático, que se ha mantenido estable desde aquellos primeros momentos de este período, cuya longevidad supera la de cualquier otra etapa de vida democrática en España… No obstante, hay que recordar que este balance no puede ser plenamente positivo, pues hay que recordar que aún hay problemas severos no resueltos: esos logros no se han alcanzado en todo el territorio español: en el País Vasco perduran excepcionales circunstancias que limitan la vida democrática plena de buena parte de la ciudadanía, que ve cercenados sus derechos hasta el punto de tener de vivir con escoltas. El resto de cuestiones son propias de la vida democrática y de la mejora de su calidad, aun cuando versen sobre la reforma de estatutos de autonomía o la aprobación de determinadas leyes altamente cuestionadas. Pese a ello, no resulta exagerado afirmar que estos 30 años de elecciones democráticas han cumplido satisfactoriamente los objetivos que tradicionalmente se atribuyen a las elecciones: generar gobierno, generar representación y generar legitimidad. En estas tres décadas ha habido gobierno (gestión política y políticas

públicas) y gobiernos (instituciones eficaces) duraderos y estables. Nunca en la historia democrática española hemos conocido gobiernos tan estables. Incluso, si se comparan con otros europeos, los gobiernos españoles de las tres últimas décadas han sido de los más longevos. Baste recordar que el promedio de duración de los gobiernos de la II República fue de 101 días, mientras que el de la de los gobiernos de la actual etapa democrática supera los 1.000 días (1.250, si se cuenta desde 1982). Los partidos políticos han formado y seleccionado a candidatos y han elaborado programas electorales que someten a la consideración de los ciudadanos en cada proceso electoral. Los gobiernos han podido desplegar su programa político, negociando eficazmente con otros partidos para recabar su apoyo, si lo necesitaban. Y lo han hecho en todos los niveles de gobierno, estatal, autonómico y municipal, sin que se hayan vivido crisis institucionales dignas de mención. Al tiempo, se ha desplegado un desarrollo institucional de carácter democrático que ha afectado a todos los niveles de gobierno, experimentándose una vertiginosa descentralización que jamás había conocido nuestro país, creándose una élite política y organizativopartidista regional, y desarrollándose unas relaciones de cooperación multinivel con el apoyo de la ciudadanía. Toda esa generación de gobierno ha propiciado una rápida modernización del país lo que, a su vez, ha mejorado la calidad del sistema democrático. En segundo lugar, la práctica totalidad de las opciones políticas presentes en la sociedad --de todo el espectro ideológico (incluso las antisistema)-- se ha visto representada en unas u otras instituciones. Las elecciones se conforman, de esta forma, como un mecanismo fiable de representación (si bien, no exhaustivo), que permite a los ciudadanos expresar su voz para optar por un programa político que consideran afín a sus intereses y elegir a quienes deban gobernarlos llevándolo a la práctica o controlando a quienes lo hacen. Las elecciones han servido eficazmente para trasladar la voluntad ciudadana a las instituciones de todos los niveles y para propiciar la participación generalizada en los asuntos públicos. Las elecciones han coadyuvado a integrar políticamente a los ciudadanos facilitando que sus intereses estén representados en las instituciones y en las decisiones que en ellas se han adoptado.

Por último, las elecciones han generado legitimidad, esto es, adhesión y apoyo ciudadano para el sistema político, sus instituciones y actores. Las elecciones han permitido a la ciudadanía ver sus opiniones y posiciones políticas representadas en las instituciones, elegir a quienes protagonizan su actividad y percibir que hay acción de gobierno y control de la misma respecto de cuestiones importantes de su vida cotidiana; por último, todo ello es sometido a su escrutinio periódicamente: ello permite a los ciudadanos sentir al sistema político como propio y otorgarle su respaldo. Los estudios que miden el apoyo a la democracia evidencian un inequívoco y estable apoyo de la ciudadanía al sistema político en su conjunto y a la democracia como forma de gobierno. Las altas tasas de participación electoral confirman esa misma observación. Aunque ese apoyo sea menor cuando se refiere a alguna de las instituciones o actores en particular, una abrumadora mayoría de ciudadanos españoles respalda es sistema democrático. Pese a que puedan señalarse un buen número de cuestiones que merecerían atención y mejora, el balance de estas tres décadas de elecciones no puede ser sino positivo. Los cambios experimentados por el país en estas tres décadas de elecciones han sido ingentes, incorporando a España definitivamente en la senda de la Modernidad. No es este el lugar para relatarlos, pero ciñéndonos al ámbito electoral, merece la pena recordar que en 1977 el censo electoral incluía a 23,5 millones de electores, mientras que en 2008 había 35,1 millones de ciudadanos censados (un 50 por ciento más). El porcentaje de votos nulos en aquellas primeras elecciones fue del 1,43, mientras que en 2008 esa cifra se había reducido al 0,64. En las elecciones fundacionales de 1977 hubo 4.480 candidaturas en 585 listas de partidos, mientras que en 2008 las candidaturas ascendieron a 8.800 y el número de listas a 720. Los dos primeros partidos (UCD y PSOE) sumaron en 1977 el 63 por ciento del voto y el 81,1 por ciento de los escaños, mientras que en 2008 los dos primeros partidos (PSOE y PP) sumaron casi el 84 por ciento del voto y el 92 por ciento de los escaños. En 1977 accedieron al Congreso de los Diputados 12 formaciones políticas (6 de ellas de ámbito estatal y 6 de ámbito no estatal); en 2008 fueron 10 los partidos que contaron con representación en el Congreso, siendo solo 3 de ellos de ámbito estatal. En 1977 las 6 formaciones de ámbito no estatal presentes en el Congreso

de los Diputados sumaron el 15,5 por ciento del voto y 25 escaños (el 7,2 por ciento); en 2008 los 7 partidos de ámbito no estatal con representación en el Congreso de los Diputados acumularon el 12,3 por ciento del voto y 25 escaños (el 7,2 por ciento). En estos 30 años transcurridos entre los comicios de 1977 y los de 2008 los ciudadanos españoles han votado unas 30 veces para elegir a sus representantes en el Parlamento Europeo (5 elecciones), el Congreso de los Diputados y el Senado (10 elecciones), los parlamentos autonómicos (7 elecciones; en las históricas 8) y las corporaciones locales o ayuntamientos (8 elecciones). Además, han sido convocados al menos en tres ocasiones a sendos referendos. En esos procesos se ha configurado toda una élite política en todos los niveles: los ciudadanos han elegido 3.500 diputados, 2.940 senadores, unos 9.000 diputados autonómicos, aproximadamente 522.800 concejales, 65.000 alcaldes y casi 300 diputados europeos.

2. Los sistemas electorales En todos estos procesos electorales la normalidad y limpieza democrática ha sido la pauta. Esto que nos parece hoy tan evidente (¿cómo iba a ser de otra forma?), supone un verdadero salto adelante respecto de la tradición que imperó en las efímeras experiencias democráticas de los últimos 200 años: en ellas, el pucherazo, la compra de votos, las manipulaciones electorales y otras manifestaciones de fraude electoral eran la norma. En cambio, a partir de 1977, en ninguna elección fue cuestionada la limpieza del proceso, de manera que los resultados han sido sistemáticamente aceptados por todas las fuerzas y las autoridades elegidas reconocidas como legítimas. El sistema electoral que ha propiciado que la voluntad política de los ciudadanos (votos) se traduzca eficazmente en distribución de la autoridad (escaños) en todos los niveles fue delineado en marzo de 1977. Después la Constitución recogió los principios básicos del sistema electoral en sus artículos 68 y 69, aunque fue en la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General

(LOREG) donde se regularon de forma precisa estas cuestiones para las elecciones

generales

(Congreso

de

los

Diputados

y

Senado),

locales

(corporaciones locales) y europeas (Parlamento Europeo). Merece la pena recordar que la LOREG fue aprobada con sólo un voto en contra y tres abstenciones, lo que no fue obstáculo para que resultara cuestionada casi desde su entrada en vigor y por muy distintos motivos. Para las elecciones autonómicas rige la ley electoral de la respectiva comunidad, y sólo subsidiariamente la LOREG. El sistema que rige la elección del Congreso de los Diputados (proporcional corregido) se aplica también –salvadas las diferencias en cuanto a la magnitud de las circunscripciones— a las elecciones autonómicas, locales y europeas. Sólo la elección del Senado se rige por un sistema electoral distinto (mayoritario), como suele ser habitual para este tipo de Cámara, donde prima el criterio de representación territorial. El sistema electoral adoptado por la LOREG para el Congreso de los Diputados establecía una Cámara de tamaño relativamente pequeño, 350 escaños, que se distribuían entre las circunscripciones (las provincias) en atención a dos criterios: una cierta igualdad territorial, al otorgar un mínimo de escaños (dos) para cada distrito; y la proporción a la respectiva población. El resultado es una gran cantidad de circunscripciones cuya magnitud (número de escaños) es pequeña: hay 30 en las que se eligen 5 o menos de 5 escaños. Las candidaturas son de listas completas, cerradas y bloqueadas, que no permiten ningún tipo de modificaciones: el elector opta por la candidatura de un partido tal y como éste ordena a sus candidatos: no permiten al elector manifestar sus preferencias entre ellos. La fórmula electoral para la distribución de escaños entre los partidos políticos que habían obtenido votos es una fórmula electoral proporcional de divisor, la fórmula d´Hondt, que sólo despliega sus efectos proporcionales cuando es aplicada a circunscripciones de más de 7 escaños: en los distritos pequeños da lugar a considerables sesgos desproporcionales (o mayoritarios). De los 30 distritos electorales en los que se reparten 5 o menos de 5 escaños, sólo en 3 de ellos un tercer partido logra algún escaño; en los otros 27 los escaños se reparten entre los dos partidos más votados. Por último, se

establece una barrera electoral o cláusula de exclusión del 3 por ciento del voto válidamente emitido en el ámbito de la provincia, que nunca ha tenido aplicación en este tipo de elecciones habida cuenta del sesgo mayoritario generado por el bajo número de escaños a repartir en muchas de las circunscripciones y la alta desproporcionalidad resultante. Para la elección del Senado se ha optado por un sistema de fórmula mayoritaria, con cuatro escaños por provincia (circunscripciones) y por listas de panachage o --mal llamadas-- abiertas, listas en las que el ciudadano selecciona tres candidatos cualesquiera de entre la lista de nombres que le proponen todos los partidos. La fórmula adoptada, en este caso, es la fórmula de mayoría simple: consiguen los escaños los candidatos que han logrado más votos. Las leyes electorales autonómicas que configuraron los sistemas para ese ámbito electoral siguieron los criterios de la LOREG, diferenciándose de ésta sólo en el número de escaños que tiene el parlamento respectivo y, así, los distritos, así como en el tamaño de la cláusula de exclusión, como se puede apreciar en el cuadro 1. La consecuencia es que en las elecciones autonómicas se suelen alcanzar mayores tasas de proporcionalidad que en las del Congreso de los Diputados.

Cuadro 1. Sistemas electorales autonómicos (*) Tamaño Número Tamaño de de med la dist io Asa rito del mbl s distr ea ito Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria C-La Mancha C y León Cataluña

109 67 45 59 60 39 47 83 135

8 3 3 4 7 1 5 9 4

13,6 22,3 15,0 14,8 8,6 39,0 9,4 9,2 33,8

Ratio Cláusula de elec exclu tore sión s por esc año 57.200 3D 15.200 3D 21.800 3D 12.000 3D 25.600 3 CA/20 D 12.500 5 CA 32.000 3D 26.500 3D 39.400 3D

Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Com alencia Promedio

65 75 120 45 50 75 33 99 70,9

2 4 1 5 1 3 1 3 3,8

32,5 18,8 120,0 9,0 50,0 25,0 33,0 33,0 28,6

13.700 35.300 37.200 21.400 9.500 23.300 7.200 35.300 24.600

5D 5D 5 CA 5 CA 3 CA 5D 5CA 5CA

Elaboración propia con datos de elecciones de 2007. (*) La fórmula empleada es siempre la fórmula D´Hondt, y la forma de la candidatura, de listas completas, cerradas y bloqueadas. La cláusula de exclusión es “D” (en el nivel del distrito) o “CA” (en el nivel de la comunidad autónoma).

Los sistemas electorales fueron concebidos en el proceso de transición para reforzar a unas organizaciones partidistas débiles, creadas prácticamente ex novo en los años 70, carentes de una base social bien trabada y que se manifestaban incapaces de integrar en ellos a la sociedad española. Así, con el convencimiento de que sin partidos consolidados no podría haber democracia, el reforzamiento de las organizaciones partidistas fue –conviene recordarlo— un objetivo del sistema electoral conscientemente buscado. Los sistemas electorales se manifestaron inmediatamente como sistemas electorales fuertes, en función de las relevantes consecuencias políticas que se derivaron de su aplicación para los electores, los partidos políticos y las instituciones (Sartori; 1994: 37): generaron considerables sesgos mayoritarios, que obligan a calificarlos más como mayoritarios atenuados que como proporcionales

corregidos:

refuerzan

a

los

dos

partidos

más

votados,

sobrerrepresentándoles, mientras que castigan a los terceros y sucesivos, confiriéndoles menos representación de la que les corresponde en términos de estricta proporcionalidad. El sistema electoral del Congreso de los Diputados propicia, además, que partidos de ámbito no estatal que presentan candidaturas en pocas circunscripciones compitan en ellas con éxito con los de ámbito estatal, desplazándoles de las primeras posiciones. Así, junto a los partidos de ámbito estatal, coexiste un buen número de partidos no estatales: en la elección de la Cámara Baja suman entre el 10 y el 15 por ciento de los votos y el 7,5 por ciento de los escaños, y se han manifestado considerablemente útiles para facilitar la gobernabilidad y para establecer relaciones de cooperación y competición en los

distintos niveles de gobierno. Aunque los sistemas electorales autonómicos generan mayor proporcionalidad, siguen dando lugar a efectos mecánicos de sobrerrepresentación de los dos partidos más votados en perjuicio de los demás. Como decíamos en la introducción, los sistemas electorales fueron criticados desde prácticamente su aprobación, proponiéndose su reforma por considerar que estaban generando efectos perniciosos para la democracia: las críticas pueden agregarse en torno a tres cuestiones de las que se responsabiliza al sistema electoral: que las listas completas, cerradas y bloqueadas refuerzan a las cúpulas y maquinarias partidistas, impidiendo la selección de candidatos por los electores y que éstos establezcan una relación más directa con sus representantes; que se confiere excesivo poder a los partidos de ámbito no estatal de cuyo apoyo depende el gobierno del partido de ámbito estatal que gana las elecciones pero sin mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados o el Senado;

y

que

los

sesgos

desproporcionales

que

generan

perjudican

severamente a los pequeños partidos en beneficio de los grandes, mermando la representación de importantes segmentos de la ciudadanía. Pese a esas críticas y alguna propuesta concreta de reforma, la ley de la inercia de los sistemas electorales ha venido imponiéndose hasta la fecha: para reformar el sistema haría falta el voto favorable de aquellos partidos que son reiteradamente beneficiados por el sistema a reformar… La Comisión Parlamentaria que había de elaborar una proposición de reforma del sistema electoral parece haber fracasado en su intento de alcanzar un acuerdo que reciba el suficiente apoyo en el Parlamento. No parece muy arriesgado augurar que tampoco en la presente Legislatura vaya a ver la luz esa reforma del sistema electoral en ninguno de sus aspecto.

3. La participación y la abstención electoral Los niveles de participación electoral han sido relativamente altos y estables en estas tres décadas de elecciones en España. Si se compara las tasas de participación registradas en España con las de otros países europeos, España se

ubica en el décimo lugar en la última elección, ligeramente por debajo de la media (Blais, 2000; Boix y Riba, 2000; Rose, 2004; López Pintor y Gratschew, 2004; Franklin, 2004). Esa participación ha variado tanto en función del tipo de elección como de la coyuntura política de cada convocatoria y territorio. Pero más allá de la comparación con otros sistemas políticos europeos, hay que señalar que se confirma en España la distinción que hace años hicieron Reif y Schmitt (1980) al diferenciar entre elecciones de primer y de segundo orden, en atención a la relevancia que los ciudadanos conferimos a sus respectivos resultados: tenemos a considerar que hay más en juego en las elecciones generales (Congreso de los Diputados y Senado) que en las autonómicas, locales o europeas, en las que pensamos que se dilucidan cuestiones de menor importancia. Ello lleva a una parte significativa del electorado a experimentar con su voto en estas elecciones de segundo orden, absteniéndose en mayor medida que en las generales, utilizando su voto para castigar al partido que está en el gobierno estatal (y al que en las generales votó) o apoyando a pequeñas formaciones a las que no otorgaría su voto en las elecciones al Congreso de los Diputados y el Senado. El resultado es que en las elecciones de segundo orden suele registrase más abstención que en las de primer orden, el partido del gobierno estatal suele lograr peores resultados que en la convocatoria general precedente, el primer partido de la oposición logra habitualmente mejores resultados, los grandes partidos consiguen menor porcentaje de voto, los pequeños partidos suelen cosechar mejores resultados, y el número efectivo de partidos suele ser mayor que en las elecciones generales precedentes. El caso de las elecciones en España se ajusta considerablemente bien a este modelo: sirvan las elecciones autonómicas de 2007 de ejemplo para comprobar cómo se confirman las cinco condiciones propias de las elecciones de segundo orden (Cuadro 2).

Cuadro 2. Características de elecciones de segundo orden (autonómicas 2007) Mayor Absten.

Menos voto grandes

Más voto pequeños

Menor NEP

Menos voto partido Gob

Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria C-Mancha C y León Cataluña Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Valencia

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü -

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Elaboración propia a partir de datos electorales de Argos. En buena parte de los casos en los que no se cumple la característica los resultados de los respectivos índices correspondientes a las elecciones autonómicas y a las generales inmediatamente anteriores fueron iguales. En alguna comunidad autónoma los partidos más votados no fueron PSOE y PP: el segundo partido más votado en Canarias fue CC; los dos partidos más votados en Cataluña fueron CiU y PSC-PSOE; el segundo partido más votado en Navarra fue Na-Bai; el partido más votado en el País Vasco fue el PNV.

En las elecciones generales la abstención se ha mantenido en niveles relativamente más bajos, oscilando entre el 20 y el 32 por ciento (el promedio para las 10 convocatorias es de 26,1 por ciento). Como ocurre en buena parte de los países europeos (Rose, 2004), no se aprecia una tendencia al aumento de la abstención que pudiera evidenciar que los electores están retirando su apoyo a los partidos o a las instituciones democráticas, como la teoría del malestar apunta. La oscilación del nivel de abstención parece responder más bien a la valoración que los electores hacen de la situación política y económica y all grado de competitividad de la elección (y, así, a que los electores perciben la convocatoria como excepcional o de continuidad). Pero si se atiende a la dimensión territorial (cuadro 3), se observa que hay unas comunidades autónomas más abstencionistas que otras, por mucho que las tasas respectivas se hayan aproximado, superándose un primer momento en el que se configuró una periferia claramente más abstencionista, como Boix y Riba (2000) señalaron hace años. En las elecciones de 2008 la mayor abstención se

registro en el País Vasco (36 por ciento), mientras que los niveles más altos de participación se dieron en Castilla-La Mancha (20 por ciento).

Cuadro 3. Abstención en elecciones generales 2008 y autonómicas 2007 Abstención Generales 2008 Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Comunidad Valenciana

27,2 24,1 28,1 32,4 34,1 23,6 20,0 22,3 29,7 21,5 29,5 20,9 20,4 27,9 36,0 20,7 21,2

Abstención Autonómicas 2007 25,3 33,5 38,4 39,9 38,7 28,0 26,4 29,3 44,0 25,1 35,8 32,7 32,0 26,2 32,0 26,7 29,9

Fuente: Ministerio del Interior y Archivo Electoral de la Comunidad Valenciana Argos. Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco celebraron sus elecciones autonómicas en fecha distinta.

En las elecciones de segundo orden se registran mayores tasas de abstención, aunque tampoco se observa una pauta de declive en la participación electoral desde que se comenzaron a celebrar este tipo de comicios a comienzos de los años 80. En las elecciones autonómicas se repiten, prácticamente, las pautas de comunidades más y menos abstencionistas. En el período 1983-2007 las comunidades en las que se registró mayor abstención fueron Galicia (40,9), Cataluña, Baleares y Canarias, mientras que se alcanzó la menor abstención en Castilla-La Mancha (25,0), Extremadura, Cantabria y La Rioja. En la convocatoria de 2007 (o asimiladas) la abstención osciló entre el 44 por ciento (registrado en Cataluña) y el 25,1 (de Extremadura).

En las elecciones municipales tampoco se observa un declive de la participación electoral en estas tres décadas: la abstención ha oscilado entre el 30,1 (registrado en la convocatoria de 1995) y el 37,2 (de la de 1991). Es en las elecciones al Parlamento Europeo en las que se suelen dar tasas de abstención muy elevadas en casi todos los países, especialmente en las últimas convocatorias, por la distancia a la que los electores perciben las instituciones europeas: en España se registró una tasa de abstención del 55,1 por ciento en la convocatoria de 2009 (un promedio de 44,1 por ciento para el período 19872009), aunque está lejos de la registrada en países como Eslovaquia (80 por ciento), Lituania (79 por ciento) o Polonia (75 por ciento), y un poco por debajo de la media (que para esta convocatoria se ubicó en el 57,5 por ciento –53,9, si se considera a los dos países en los que el voto es obligatorio). Así, como notas más relevantes en cuanto a las dinámicas de la participación y la abstención en estas tres décadas de elecciones en España, cabe apuntar las de una abstención moderada (algo más alta que en las democracias desarrolladas), con ciertas fluctuaciones a lo largo del tiempo debidas a factores coyunturales, la convergencia en la dimensión espacialterritorial (que ha suavizado las considerables diferencias entre comunidades más y menos abstencionistas), así como la clara diferenciación entre elecciones de primer y de segundo orden en cuanto a esta variable (en virtud de la distinta importancia que los ciudadanos conferimos a unas y otras elecciones). Los principales factores que explican en mayor medida una mayor o menor tasa de participación (o de abstención) son de carácter político-institucional: relevancia de las instituciones/autoridades a elegir, ubicación ideológica del elector (más en el centro del espectro ideológico, donde se registra mayor abstencionismo, o más en los extremos), grado de competitividad percibida y cálculos de los electores, estrategias de movilización de las elites políticas, así como los efectos de las reglas electorales (Boix y Riba, 2000).

4. Los períodos electorales

Las elecciones celebradas en estas tres décadas pueden agruparse en distintos períodos electorales en atención a las características de los resultados que generaron para los partidos y los sistemas de partidos. Aunque la periodización va a realizarse en atención a las elecciones generales, las de segundo orden siguen –en términos generales y salvadas las peculiaridades de cada una de ellas-- las pautas de las del Congreso de los Diputados. Así, se pueden distinguir tres períodos diferentes. El primer período electoral abarcó las elecciones de 1977 y 1979. Las elecciones fundacionales registraron una participación considerablemente alta (en torno al 80 por ciento del censo). Lograron representación en el Congreso 12 partidos políticos (cuadro 4): dos de ellos eran grandes partidos (UCD y PSOE, de centro-derecha y de centro-izquierda, respectivamente) que sumaban la mayoría holgada de escaños; estaban acompañados por otros dos pequeños partidos de ámbito estatal (AP y PCE, de derecha y de izquierda, respectivamente). Otros dos partidos de ámbito estatal serían absorbidos, en breve, por los primeros. Junto a ellos, otros 6 partidos de ámbito no estatal

representaban identidades

regionalistas o nacionalistas, de formaciones que habían logrado representación en las pocas circunscripciones en las que presentaban candidaturas. Cuadro 4. Resultados del primer período electoral (Congreso de los Diputados) 1977 Partido

1979

% voto

escaños

% voto

escaños

PSOE

29.4

118

30.5

121

UCD

34.5

166

35.0

168

PCE

9.4

20

10.8

23

AP (*)

8.2

16

6.1

10

CiU

2.8

11

2.7

8

PNV

1.6

8

1.7

7

Otros

14.1

11(a)

13.2

13(b)

Total

100.0

350

100.0

350

Fuente: datos del Ministerio del Interior. (*) AP se presentó en 1979 bajo las siglas de Coalición Democrática. (a) Lograron escaños: Partido Socialista Popular-Unidad Socialista (6), Unió del Centre i de la Democracia Cristiana de Catalunya (2), Esquerra de Catalunya (1), Euskadiko Ezquerra (1) y Candidatura Independiente Aragonesa de Centro (1). (b) Lograron escaños:

Partido Socialista de Andalucía (5), Herri Batasuna (3), Partido Aragonés Regionalista (1), Unión Nacional (1), Esquerra Republicana de Catalunya (1) y Unión del Pueblo Canario (1).

Estas elecciones configuraron una Cámara de composición bien distinta a las que se dieron en la II República, en 1931, 1933 y 1936. En aquéllas, había 20 ó más partidos con escaños, y ninguno de ellos sobrepasaba el 20 por ciento del voto. Es decir, entre los dos partidos más votados no llegaban siquiera al 50 por ciento de los escaños. Esa enorme fragmentación dificultó severamente la articulación de mayorías suficientes para garantizar la gobernabilidad. Por el contrario, en 1977 entre los dos primeros partidos superaban el 65 por ciento del voto y sumaban más del 80 por ciento de los escaños, en una Cámara donde además estaban representadas otras formaciones políticas del ámbito estatal y no estatal. Ese pluralismo supuso una importante inyección de legitimidad y una suficiente estabilidad para que el proceso de transición pudiera conducirse con éxito, a diferencia de lo que ocurrió en la Segunda República. Se configuraba, por lo tanto, una Cámara considerablemente poco fragmentada y que registraba una alta concentración que facilitaba los grandes acuerdos de Estado que el país necesitaba para elaborar una Constitución suficientemente consensuada. A ello se unía una considerable pluralidad de pequeños partidos que confirió la necesaria legitimidad para el sistema político español en todas las regiones: legitimación, integración y eficacia. Pero, al tiempo, se registraba una alta polarización, en el sentido de la distancia en el espectro ideológico entre todas las formaciones y de los dos principales partidos entre sí. No obstante, esa polarización se matizaba por la dinámica de la competición electoral que se había creado, que era de carácter centrípeto (a diferencia de la de carácter centrífugo de la II República española): la mayor parte de los electores se ubicaron en el centro del espectro ideológico, y la competición electoral se concentraría en la conquista de ese espacio, por tendencias a la moderación que fueron claramente reforzadas por el electorado. Por último, aparecía una característica que distinguiría al sistema de partidos español de otros del resto de países europeos: se registraban unas altas

tasas de regionalismo, es decir, especificidades electorales en varios ámbitos territoriales –más tarde comunidades autónomas-- en comparación con las pautas registradas en el conjunto del territorio del Estado. Esas especificidades se concretaban en el surgimiento de actores, pautas de competición, mayorías y sistemas de partidos diferenciados, rompiendo la tendencia generalizada a la nacionalización de los sistemas de partidos observada en la práctica totalidad de los sistemas políticos europeos occidentales (Caramani, 2004). Desde 1977 se observa en España el fenómeno contrario, la heterogeneidad de las arenas electorales subestatales y que se analizará con más detalle en el siguiente apartado. Estas pautas se repiten básicamente en las elecciones de 1979, con una novedad: se incorporan a la cámara dos partidos antisistema, Unión Nacional y Herri

Batasuna,

dos

partidos

antisistema

cuya

presencia

no

provocó

consecuencia alguna en la Cámara, más allá del efecto testimonial. El segundo periodo electoral se abre con la votación de 28 de octubre de 1982, y abarca también a las de 1986 y 1989. Las elecciones de 1982 fueron calificadas de cataclismo o terremoto electoral, por registrarse en ellas –y con marcada virulencia-- el reajuste que suele seguir a unas elecciones fundacionales y que, en nuestro caso, se retrasó hasta las de 1982 (cuadro 5). Se produjo una convulsión electoral por muchas circunstancias que no podemos analizar aquí detenidamente, pero que acabaron provocando que el partido que tenía casi la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados (168 escaños) vio su presencia reducida a 11 diputados; el Partido Socialista obtuvo una holgada mayoría absoluta de escaños y rozó la mayoría absoluta de votos, dando lugar a que por primera vez un partido socialista gobernara España y, además, que lo hiciera con mayoría absoluta en el Congreso. Alianza Popular, que había sido el cuarto partido en las anteriores elecciones, se convirtió en el segundo partido, multiplicando por cinco su apoyo electoral y multiplicando por 11 su número de escaños (alcanzando los 107). El PCE vio cómo sus parcos resultados de 1979 se reducían hasta un 4 por ciento del voto, pasando de 23 a 4 escaños (sumiéndose en una crisis que le llevaría a dividirse en tres partidos comunistas distintos. Y una

variedad de partidos de ámbito no estatal lograron acceder al Congreso de los Diputados con desigual suerte. Cuadro 5. Resultados del segundo período electoral (Congreso de los Diputados) 1982 Partido

1986

1989

% voto

escaños

% voto

escaños

% voto

escaños

PSOE

48.3

202

44.3

184

39.9

175

PP (**)

26.5

107

26.1

105

26.0

107

IU (*)

4.0

4

4.7

7

9.1

17

CDS

2.9

2

9.3

19

8.0

14

UCD

6.8

11

CiU

3.7

12

5.1

18

5.1

18

PNV

1.9

8

1.5

6

1.3

5

Otros

5.9

4(a)

9.0

11(b)

10.6

14(c)

Total

100.0

350

100.0

350

100.0

350

Fuente: datos del Ministerio del Interior. (*) En 1982 se presentó como PCE. (**) En 1982 y 1986 se presentó en coalición con diversos partidos (bajo las siglas de Coalición Democrática, en 1986). En 1989 se presentó como Partido Popular. (a) Lograron escaños: Herri Batasuna (2), Esquerra Republicana de Catalunya (1) y Euskadiko Ezquerra (1). (b) Lograron escaños: Herri Batasuna (5), Euskadiko Ezquerra (2), Coalición Galega (1), Partido Aragonés Regionalista (1), Agrupaciones Independientes de Canarias (1) y Unió Valenciana (1). (c) Lograron esaños: Herri Batasuna (4), Partido Andalucista (2), Unió Valenciana (2), Eusko Alkartasuna (2), Euskadiko Ezquerra (2), Partido Aragonés Regionalista (1) y Agrupaciones Independientes de Canarias (1).

El resto de pautas siguieron dándose más o menos en iguales términos: fragmentación reducida (más reducida aún por el carácter excepcional de la elección de 1982), polarización matizada por la tendencia centrípeta y moderada de la competición electoral, y, en tercer lugar, altos niveles de regionalismo o heterogeneidad en el voto de los ciudadanos –y, consiguientemente, en los sistemas de partidos resultantes. En las elecciones de 1986 y de1989, que son las otras que integran este segundo ciclo electoral, se reprodujeron básicamente las características de las elecciones excepcionales de 1982. El PSOE consolidó su mayoría absoluta de escaños; UCD desapareció del mapa político y el CDS tuvo una presencia efímera hasta su desaparición en el siguiente ciclo electoral. AP se mantendría en

el techo del 26 por ciento del voto, aunque consolidando su posición de segunda fuerza más votada y primer partido de la oposición; y el PCE se incardinó en la plataforma Izquierda Unida, fusionándose en ella con varios pequeños partidos y formaciones sociales y mejorando ostensiblemente sus resultados aunque siempre lejos de los dos partidos más votados. El tercer periodo electoral se abre con las elecciones de 1993, abarcando hasta la actualidad, y se caracterizará por la pérdida de las mayorías absolutas (con la excepción de la convocatoria del 2000), así como por la crisis interna del PSOE (que experimentaría una profunda crisis interna organizativa y de liderazgo –tras verse severamente afectado por diversos casos de corrupción entre sus dirigentes-- durante toda la década). Como se puede observar en los cuadros 6 y 7, las elecciones de este período serán ganadas bien por el PSOE o por el Partido Popular (en el que Alianza Popular se había transformado en 1990), pero sin alcanzar la mayoría absoluta de escaños en el Congreso de los Diputados y necesitando, así, de apoyos de otras formaciones (que ambos partidos encontraron en los partidos de ámbito no estatal). Cuadro 6. Resultados del tercer período electoral (I) (Congreso de los Diputados) 1993 1996 2000 Partido

% voto

escaños

% voto

escaños 141

% voto 34,2

escaños 125

PSOE

39.1

159

38.0

PP

35.0

141

39.2

156

44,5

183

IU

9.6

18

10.6

21

6,0

9

CiU

5.0

17

4.6

16

4,2

15

PNV

1.2

5

1.3

5

1,5

7

Otros

8.3

10(a)

6.3

11(b)

9,6

11(c)

Total

100.0

350

100.0

350

100.0

350

Fuente: datos del Ministerio del Interior. (a) Lograron escaños: Coalición Canaria (4), Herri Batasuna (2), Esquerra Republicana de Catalunya (1), Partido Aragonés Regionalista (1), Eusko Alkartasuna (1) y Unió Valenciana (1). (b) Lograron escaños: Coalición Canaria (4), Herri Batasuna (2), Bloque Nacionalista Galego (2), Esquerra Republicana de Catalunya (1), Eusko Alkartasuna (1) y Unió Valenciana (1).(c) Lograron escaños: Coalición Canaria (4), Bloque Nacionalista Galego (3), Esquerra Republicana de Catalunya (1), Partido Andalucista (1), Chunta Aragonesista (1), Eusko Alkartasuna (1).

Las elecciones de 2000 constituyen un paréntesis en este tercer período, ya que fueron ganadas por el PP por mayoría absoluta, en unas circunstancias de considerable crisis interna del PSOE. Esa ausencia de mayorías absolutas (dejando al margen la legislatura de 2000 a 2004), provocó una vigorización o reactivación de la vida parlamentaria. Se repitieron también los valores básicos de las dimensiones relevantes anteriormente comentados: baja fragmentación, alta concentración, una polarización considerable pero también matizada por el carácter centrípeto y la tendencia moderada de la competición electoral, y una heterogeneidad en el reparto del voto en los distintos espacios autonómicos, configurándose lo que luego analizaremos con las Españas electorales. Aunque cambiaron los protagonistas que ganaron las elecciones en cada una de las consultas de este período, las pautas de la competición electoral y de los consiguientes sistemas de partidos se repitieron (dejando al margen la elección de 2000). El PP ganó por mayoría absoluta las elecciones de 2000, al estar el PSOE sumido en una profunda crisis organizativa y de liderazgo, tras el ensayo de elecciones primarias y la victoria del candidato no oficialista, y su posterior dimisión por desavenencias con la cúpula dirigente del partido. No obstante, a partir de 2000 el PP hubo de hacer frente a una serie de conflictos sociales y políticos (movilización contra la Ley de Universidades, catástrofe del Prestige, Guerra de Irak… que mermaron sus apoyos electorales. El PSOE ganó, contra pronóstico, las elecciones de 2004 que se vieron afectadas por los atentados terroristas de los trenes de Atocha, en los que fallecieron 192 personas y casi 2.000 resultaron heridas un día antes de la votación. Pese a lo excepcional de la convocatoria (por los atentados y la gestión de la información de los líderes políticos hasta la votación), las pautas del comportamiento electoral de los ciudadanos siguieron siendo básicamente las mismas. La pequeña ventaja del PSOE se mantuvo toda la legislatura y le sirvió para ganar de nuevo las elecciones de 2008, repitiéndose de nuevo las pautas y niveles de las distintas dimensiones del voto.

Cuadro 7. Resultados del tercer período electoral (II) (Congreso de los Diputados) 2004

2008

% voto

escaños

% voto

escaños

PSOE

42,6

164

43,9

169

PP

37,7

148

39,9

154

IU

5,0

5

3,8

2

CiU

3,2

10

3,0

10

ERC

2,5

8

1,2

3

PNV

1,6

7

1,2

6

CC

0,9

3

0,7

2

Otros

6,5

5(a)

6,3

4(b)

Total

100,0

350

100,0

350

Fuente: datos del Ministerio del Interior. (a) Lograron escaños: Bloque Nacionalista Galego (2), Chunta Aragonesista (1), Eusko Alkartasuna (1) y Nafarroa Bai (1). (b) Lograron escaños: Bloque Nacinalista Galego (2), Unión, Progreso y Democracia (1) y Nafarroa Bai (1).

Esas pautas de los sistemas electorales que se han ido generando a lo largo de 30 años en las elecciones generales, se han reproducido básicamente en las elecciones de segundo orden, si bien con peculiaridades derivadas de unos sistemas electorales más proporcionales y de una distribución del voto algo más favorable a los partidos de ámbito no estatal (propias de las elecciones de segundo orden). En varios de esos ámbitos autonómicos, los partidos de ámbito no estatal han sido los que han protagonizado mayorías y gobiernos, bien en solitario o en coalición con otras fuerzas, de ámbito no estatal o estatales. No obstante, pese a esas especificidades de cada convocatoria y ámbito territorial, se observa un paralelismo en la evolución de los distintos valores de las variables que estamos analizando, de manera que se evolucionan dentro de un mismo ciclo electoral, variando pari passu con las elecciones generales.

5. Los sistemas de partidos y las Españas electorales

Los procesos electorales que, en su respectivo nivel, se han ido sucediendo en los últimos 30 años han dado lugar a una pluralidad de sistemas de partidos. Así, como hemos visto, en el primer período electoral (de 1977 a 1982) se configuró un sistema de partidos poco fragmentado, alcanzándose una alta concentración de voto y escaños en los dos primeros partidos. La competitividad entre las dos primeras fuerzas políticas fue alta en las dos elecciones de este período, como lo fue la polarización del sistema, cuyas negativas consecuencias fueron atenuadas por una competición de carácter centrípeto y de tendencia moderada. Las tasas de volatilidad fueron moderadas, sorprendentemente bajas para las primeras elecciones tras una transición a la democracia (el reajuste electoral se verificó en las terceras elecciones); y se manifestó una pauta peculiar, que distinguiría al sistema de partidos español de los de sus homólogos europeos, en la dimensión territorial o del regionalismo: se alcanzaron altos niveles de éxito de formaciones de ámbito no estatal y una distribución del voto peculiar en varias de las regiones españolas, diferenciada respecto de la registrada en el conjunto del Estado. El sistema de partidos que se implantó fue el del pluralismo moderado, con tendencias centrípetas y pautas moderadas más orientadas a la reforma que al cambio abrupto, y al consenso que a la política de adversarios. Ya entonces se consolidaron, junto a los partidos de ámbito estatal (principalmente, UCD, PSOE, AP y PCE), varias formaciones de ámbito no estatal que presentaban candidaturas sólo en unas pocas circunscripciones, logrando un considerable éxito en ellas, llegando a desplazar en sus respectivas regiones a los partidos de ámbito estatal de las primeras posiciones. En la elección de 1982 se produjo un verdadero cataclismo electoral (Gunther, Sani y Shabad, 1981; también Caciagli, 1984). Fueron unas elecciones excepcionales, por las extraordinarias circunstancias políticas, económicas y sociales que vivía el país: el partido que había ganado las dos anteriores elecciones y había conducido con éxito la transición a la democracia prácticamente desapareció del espectro político. El Partido Socialista se hizo con la mayoría absoluta de escaños en la primera vez que un partido socialista ganaba unas elecciones en España. AP pasaba a ser el segundo partido más votado, multiplicando sus votos por 5 y por 11 sus escaños. Por su parte, el PCE

se sumía en una crisis interna al casi desaparecer del espectro parlamentario, al ver reducirse su número de escaños de 23 a 4. De nuevo, los partidos de ámbito no estatal lograban acceder al Congreso de los Diputados con no pocos escaños, desplazando de las primeras posiciones a los partidos de ámbito estatal en sus respectivas comunidades autónomas. En las elecciones autonómicas lograban hacerse con los gobiernos autonómicos ya fuera en coalición con otras formaciones o en solitario. En las elecciones de 1986 y 1989 se repetirían, básicamente, estas características, aunque el PCE se incardinó en la coalición Izquierda Unida desde la que desplegaría desde entonces toda su actividad político-electoral y conseguiría mejores resultados electorales. Por su parte, Alianza Popular viviría experimentó distintas coaliciones con formaciones afines, sufriendo varias crisis internas de liderazgo y un techo electoral que no logró superar en toda la década. En 1990 el partido fue refundado como Partido Popular, configurándose desde entonces como un partido más moderno y centrado. Los partidos de ámbito no estatal se consolidaron en sus posiciones electorales en el Congreso de los Diputados, así como en la respectiva arena electoral autonómica, como un elemento característico de nuestra geografía electoral (cuadro 8).