Tras el corazón verde: los vaivenes del conflicto en la región esmeraldera de Colombia

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Tras el corazón verde: los vaivenes del conflicto en la región esmeraldera de Colombia

Ralf J. Leiteritz¹ & Manuel E. Riaño²

¹ Universidad del Rosario Facultades de Ciencia Política, Gobierno, y de Relaciones Internacionales Carrera 6 No. 12C-13 Bogotá, Colombia E-mail: [email protected]

² Especialista en Gobierno en Políticas Públicas y Maestría en Ciencia Política Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia Este capítulo forma parte del libro “Diferentes recursos, conflictos diferentes: La economía política del conflicto armado y la criminalidad en las regiones de Colombia” (por publicar con Ediciones Uniandes, Bogotá)

 Los datos primarios que figuran en este documento son el resultado del trabajo de campo en la zona esmeraldera del occidente de Boyacá entre julio de 2008 y enero de 2009. Debido a la naturaleza confidencial de las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo, en este documento no se pueden atribuir directamente a personas algunos datos de esta naturaleza. La última revisión realizada durante el segundo semestre de 2013 contiene datos oficiales de vigencias actuales. Nuestros agradecimientos a Jacinto Pineda y Claudia Steiner por compartir con nosotros sus profundos conocimientos acerca de la región, a Juan Diego Prieto, Horacio Coral y Federico Segura por su excelente asistencia en la investigación, a Sarah Nieto por su ayuda editorial, al Centro Internacional de Investigación del Desarrollo de Canadá (International Development Research Centre of Canada) por su apoyo económico, y a nuestros colegas en la Universidad de los Andes, Angelika Rettberg y Carlo Nasi, por sus valiosos comentarios a versiones previas de este capítulo.

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RESUMEN

La nueva economía política de los conflictos armados se centra en analizar qué recursos naturales están vinculados a qué tipo de violencia organizada y en qué forma. Con miras a prestar atención al vínculo recurso-conflicto, analizamos el caso de las esmeraldas en Boyacá, Colombia. Por un lado, le seguimos la pista a la historia del conflicto armado entre el Estado y los empresarios de las esmeraldas; y, por otro lado, describimos el conflicto entre estos últimos. En lugar de una conexión directa o causal entre la producción de esmeraldas y el conflicto, con el tiempo encontramos una relación cambiante entre ellos. En concordancia con el institucionalismo histórico, el contexto de la extracción favorece los vínculos entre recursos naturales y conflictos violentos. Sostenemos que la existencia de un marco de extracción conjunto público-privado posterior a 1990 ha operado como un amortiguador institucional contra la penetración del conflicto armado a nivel nacional en la región esmeraldera. Sin embargo, la violencia como tal no ha desparecido de la región. El gran número de conexiones entre la industria de las esmeraldas y el negocio de las drogas ilícitas ha incursionado en una nueva dinámica del conflicto en la región esmeraldera del occidente de Boyacá.

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1.

Introducción

La nueva economía política de conflictos armados se enfoca en entender qué recursos naturales están vinculados a qué tipo de violencia organizada y de qué manera lo están (Collier 1999, Humphreys 2005, Le Billon 2001, Ross 2004, Snyder 2006, Weinstein 2007). De acuerdo con la floreciente literatura sobre el vínculo entre recursos naturales y violencia, los países exportadores de productos básicos primarios (commodities) son susceptibles a altos niveles de violencia organizada debido a que, en principio, estos recursos ofrecen una fuente fácil de financiamiento para los rebeldes. Además, los productores de estos bienes tienen capacidades estatales relativamente bajas. Como resultado, el control de productos básicos tales como diamantes o petróleo los hacen un premio atractivo para grupos insurgentes armados (Fearon 2005).

Sin embargo, como se discutió en la introducción a este volumen, la literatura existente se ha centrado de manera predominante en el análisis a nivel nacional. Lo que ha recibido menos atención es la dinámica del conflicto armado local o regional asociada con la explotación y la comercialización de recursos naturales. El enfoque en el nivel nacional no permite tener en cuenta las diferenciaciones del vínculo recurso-conflicto a nivel local o regional; como resultado, puede existir un vínculo entre un recurso natural específico y el conflicto armado a nivel nacional, aunque vastas regiones del país vivan en una paz relativa. En otras palabras, la explotación de recursos naturales se concentra, por lo general, en algunas áreas del país, lo cual puede relacionarse con conflictos violentos en esas regiones pero no en otras (Collier and Hoeffler, 2012).

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En esta clave de interpretación la (extracción o industria de) las esmeraldas en Colombia es un ejemplo de lo expuesto con anterioridad. La explotación de este recurso se concentra en una pequeña región del país donde ha habido una larga historia de violencia, causada en gran medida por los enfrentamientos entre actores que buscan alterar en su beneficio la distribución de las ganancias de la actividad esmeraldera (ver mapa)1. Históricamente, los efectos de estos enfrentamientos se han limitado al área de extracción, aun cuando en los últimos años se ha extendido a otras regiones del país a medida que el conflicto entre los propietarios de las minas o patrones aumenta en escala. Además, a nivel nacional las esmeraldas no representan una fuente considerable de ingresos ya que para 2014, el valor de sus exportaciones2 solo constituyó cerca del 0,038% del PIB de Colombia3. Aun así, son una fuente importante de conflicto en el área de extracción. La literatura acerca de la relación entre recursos naturales y conflicto disponible no percibe las esmeraldas como una fuente de conflicto, debido a su relativa insignificancia económica a nivel nacional. Solo un nivel subnacional de análisis permite al investigador ver recursos naturales relevantes a nivel regional o local y sus vínculos con la dinámica específica del conflicto armado (Snyder 2001). Si bien no hay duda de que en gran parte del territorio colombiano existen conexiones con los actores y principales impulsores del conflicto armado, la dinámica subnacional

1 La zona productora esmeraldera tiene una extensión de algo más de 2.100 km², aproximadamente el 9% del departamento de Boyacá, con una población de cerca de 130.000 habitantes (2009) y está dividida en 11 municipios. 2 De acuerdo con el informe del comportamiento de la producción minera y exportaciones en Colombia publicado por el Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO), del Ministerio de Minas y Energía, la producción de esmeraldas registró una producción de 1.966.550,44 quilates en el año 2014, cifra 25,1% menor si se la compara con la producción de 2013 registrada en 2.627.017,22 quilates en el año. Sin embargo, ambas cifras representan un gran crecimiento en comparación con el registro de 2012 que fue de 1.210.594 quilates. Por otra parte, el documento también estima el valor en exportaciones de esmeraldas durante el año 2014 en US $145.239.640,02 dólares y en US$125.574.097,38 para 2013 (SIMCO 2015). 3

Cálculo propio de acuerdo con datos del PIB del Banco Mundial y de exportaciones de esmeraldas del Banco de la República. World Bank, “Data: Colombia”, http://data.worldbank.org/country/colombia; "Principales productos no tradicionales de exportación", Banco de la República, 2015, http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/sec_ext_014.xls.

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de conflicto y paz está vinculada inextricablemente al contexto político, económico y social del espacio geográfico específico. Como resultado, los análisis realizados en el país representan una trayectoria experimentalmente fructífera para sacar conclusiones más detalladas acerca de los mecanismos precisos que vinculan los recursos naturales con la dinámica de guerra y paz (Restrepo et al. 2006).

Tal como lo anota Pierson (2000), debemos volver nuestra mirada a la historia puesto que los aspectos importantes de la realidad social se pueden comprender mejor como procesos temporales. El institucionalismo histórico nos ayuda a comprender por qué las prácticas organizacionales e institucionales son a menudo persistentes (Steinmo et al. 1992). Por ejemplo, algunas instituciones económicas y sociales particulares4 han demostrado una extraordinaria tenacidad a pesar de los profundos cambios a nivel nacional. De hecho, las arraigadas instituciones regionales que existen de manera algo independiente, aunque en constante interacción con instituciones nacionales, pueden tener una vida media más larga que sus contrapartes en el resto del país. Un análisis histórico de los fundamentos de estabilidad y desorden en la región esmeraldera del occidente de Boyacá ayuda a comprender los complejos vínculos entre el marco institucional que regula la industria de las esmeraldas y los patrones del conflicto.

El marco institucional para la extracción de recursos “saqueables”5 —recursos lucrativos y fáciles de transportar— es una importante variable intermedia entre los recursos naturales y el conflicto armado. Dependiendo de la interacción específica de instituciones públicas y privadas, en términos

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Que en muchos casos representan valores sociales y jerarquías que dominan la región esmeraldera tales como los valores de clanes familiares de la mafia o de algunas relaciones sociales específicas dentro de este tipo de negocios. 5 “Lootable resources”, de acuerdo con la terminología que usa Snyder (2006).

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de la regulación de la industria, la riqueza de los recursos puede conducir a un rango variable de resultados que van desde estabilidad y orden hasta caos y violencia (Snyder 2006). De acuerdo con este enfoque institucional, la riqueza “saqueable” no siempre origina desorden (y nunca lo hace directamente); por el contrario, la conexión depende de las instituciones específicas que regulan la extracción y la comercialización del recurso. En el caso de la industria de las esmeraldas en Colombia identificamos tres marcos de extracción distintos durante la segunda mitad del siglo XX: inicialmente una extracción pública hasta finales de los años 60, después una extracción privada durante los años 70 y 80, y finalmente una extracción conjunta entre el Estado y los productores locales a partir de los años 90. A su vez, cada uno de los tres marcos está relacionado con una dinámica de conflicto diferente en el área productora.

La zona productora de esmeraldas en el occidente del departamento de Boyacá, desde hace tiempo, ha sido considerada como un área sui generis. Expresiones tales como “un cuasi Estado o Estado regional”, “feudo privado” o “territorio en concesión” (Armenta 2005; El Tiempo, 17/11/2005) destacan el carácter único de esta área. Muchos observadores la ven como una parte del país que no ha sido tocada por las estructuras estatales modernas, una zona en la cual abundan sombríos personajes, delincuentes, estructuras de tipo mafioso que rodean la industria de las esmeraldas y enraizadas relaciones paternalistas sociales y culturales reminiscentes del feudalismo (The Independent, 29/04/2006). En consecuencia, a esta región, en repetidas ocasiones, se la describe como el “Lejano Oeste” de Colombia. La producción de Hollywood de 1984 “En busca de la esmeralda perdida” (Romancing the Stone), a pesar de que se filmó en México, popularizó este concepto en un escenario global como referente para toda Colombia.

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De esta forma, la región esmeraldera tiene una imagen peculiar, casi siempre negativa o de atraso entre los colombianos del común, quienes la consideran un territorio de y para delincuentes que buscan dinero fácil sin importar los costos, tradicionalmente dominada por poderosos clanes familiares, conflictos territoriales violentos entre ellos y formas privadas de justicia, todo en un contexto general de impunidad (Téllez 1993, 2011). Apenas a un poco más de 100 kilómetros de distancia de la capital Bogotá, la región parece estar a años luz del resto del país en términos de desarrollo político, social, económico y cultural.

La región esmeraldera es considerada como una región muy pobre aún para los estándares del departamento de Boyacá, en sí uno de los más pobres a nivel nacional en Colombia (ver Tabla 1). El ingreso anual per cápita en la región del occidente de Boyacá en 2012 fue de US$1.395 en comparación con el promedio nacional de US$6.990. La tasa porcentual de necesidades básicas insatisfechas —NBI, un indicador común del nivel de pobreza— para el mismo año entre la población de la región esmeraldera fue del 43% en comparación con 30.7% y 27,8% a nivel departamental y nacional, respectivamente. Adicionalmente, la tasa de alfabetismo en esta región de Boyacá es solo del 70% con el indicador a nivel departamental de 80% y el promedio nacional en 92% en 2012. La población flotante y migrante proveniente de todo el país atraída por la riqueza nominal de la región complica los esfuerzos para brindar infraestructura y servicios públicos a la población local y aumenta las tensiones y conflictos sociales de baja escala.

En adición a esto, durante más de dos décadas, la región del occidente de Boyacá fue conocida por los continuos enfrentamientos entre clanes familiares territorialmente definidos cuya raíz se encontraba en el deseo de controlar la operación de las minas de esmeraldas en Muzo-Quípama, Coscuez y Peñas Blancas. Los enfrentamientos entre los clanes familiares, que involucraban a la

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población de los municipios sobre los que ejercían el control territorial, fueron conocidos como las “guerras verdes” entre 1960 y 1990. (Uribe 1992, Téllez 1993, Guerrero 2008, Téllez 2011). Lo particular del caso del conflicto generado por la explotación de esmeraldas es que los enfrentamientos se presentan principalmente entre ellos mismos. Los actores ilegales “clásicos” aparecen sólo en los márgenes del conflicto y muy tarde en su desarrollo, como se verá más adelante. Ahora bien, aunque hubo un acuerdo de paz en 1992 que redujo considerablemente la violencia en la región, no se ha podido comprobar un impacto positivo en la situación socioeconómica de la población local. Si bien la reducción en la producción de esmeraldas en los últimos 10 años ha traído una nueva realidad de paz y tranquilidad a la región del occidente de Boyacá, dada la ausencia de fuentes alternativas de ingresos, también ha contribuido al deterioro del nivel de vida económico y social de la población.

Este capítulo se divide en nueve partes. Luego de esta introducción, la segunda sección ofrece un panorama de las principales características de la industria esmeraldera en Colombia, incluyendo información sobre precios, sobre el proceso de extracción y sobre la organización interna de la industria. La tercera sección describe la evolución histórica de los diferentes marcos institucionales que rigen la industria de las esmeraldas en Colombia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La cuarta sección ahonda en la historia de los conflictos violentos en la región desde mediados de la década de los años 1960 y comienzos de los años 1990, asociados a su vez con la privatización de la industria y los resultantes enfrentamientos entre clanes familiares rivales y la entrada de nuevos actores como los traficantes de cocaína. La quinta sección ofrece un recuento de las características del acuerdo de paz de 1992 entre los patrones de las esmeraldas y analiza sus repercusiones políticas y económicas. La sexta sección examina la compleja e incómoda relación entre la industria de las esmeraldas y la industria de la cocaína. Las secciones siete y ocho describen

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el papel de los grupos guerrilleros y de los grupos paramilitares en la zona esmeraldera. Las conclusiones ponen de relieve una serie de procesos y actores que pueden si no bien socavar, sí al menos desenmarañar el marco institucional que apoya la frágil paz en el occidente de Boyacá. 2.

La industria de las esmeraldas en Colombia

Colombia es el mayor productor de esmeraldas del mundo. Su participación en el mercado mundial durante la última década ronda entre el 55% y 60%.6 Además, informalmente las esmeraldas colombianas son consideradas las más preciosas y apetecidas en el mercado internacional. El importador más notable es Japón (debido a que las gemas de mayor valor terminan en el país asiático), pese a que el destino de la mayoría de las exportaciones colombianas es Estados Unidos, Hong Kong y Tailandia7. Colombia exporta entre el 95% y el 98% de la producción nacional. A pesar de su posición dominante en el mercado mundial, para Colombia como un todo, las esmeraldas no constituyen un recurso económico importante ya que en 2012 representaron solo el 0,2% de los ingresos del país por concepto de exportaciones.8 Sin embargo, las esmeraldas constituyen un importante recurso económico a nivel local9 pero las ganancias de la industria no generan beneficios para el departamento ni para los municipios en donde se concentra su

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Datos no oficiales provistos por las asociaciones de exportadores de esmeraldas y de los productores expresan que las piedras preciosas colombianas han perdido terreno en los mercados internacionales. La asociación colombiana de exportadores de esmeraldas ACODES declaró al diario Portafolio que Colombia, si bien ha dominado tradicionalmente el comercio internacional de esa gema con una participación del 55 por ciento, el peso del país en ese mercado ha caído hasta el 33 por ciento "debido a los procesos de industrialización y avances tecnológicos de países como Brasil y al deterioro en la producción nacional". Véase “Colombia quiere recuperar el liderato mundial en esmeraldas”, Portafolio, 4 de septiembre de 2013, http://www.portafolio.co/negocios/colombia-lider-mundial-esmeraldas. 7 Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO), en: www.simco.gov.co. 8 De acuerdo al DANE, en su informe correspondiente al periodo junio de 2013, las exportaciones totales del país en el año de 2012 alcanzaron $60.125 millones de dólares (FOB). http://www.dane.gov.co/index.php/comercio-yservicios/comercio-exterior/exportaciones 9 En el año 2012 el informe de exportaciones totales colombianas no mineras por departamento de origen muestra que Boyacá exportó un total de USD $573.837, es decir algo menos de medio punto porcentual (0.47%) del total de exportaciones de esmeraldas para ese mismo periodo estimado en USD$122.140.803. “Informes de turismo, inversión y exportaciones,” Proexport Colombia, consultado en octubre de 2013 en: http://www.proexport.com.co/publicaciones-proexport/informe-turismo-inversion-y-exportaciones.

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producción. Si bien según la ley10 por concepto de regalías la explotación de esmeraldas debe pagar el 1.5% del valor del material extraído, en la práctica lo que se recibe por regalías es u valor mucho menor dado que gran parte de la producción no puede ser monitoreada por las autoridades. En consecuencia, los municipios productores reciben por regalías mucho menos de lo que deberían y los obliga a depender presupuestalmente de las transferencias del gobierno para atender sus gastos11.

Precios y producción Determinar el precio de una esmeralda es una tarea difícil, pues no existe un mecanismo objetivo para la determinación del precio de las esmeraldas.12 Al contrario de otros minerales, como los diamantes, varios factores pertinentes solo a las esmeraldas, como son la claridad, la pureza, la transparencia, el tratamiento o la intensificación13, hacen difícil acordar un precio entre el vendedor y el comprador. Debido a las circunstancias específicas del proceso de comercialización, las negociaciones sobre un precio de venta requieren un alto grado de confianza entre los actores participantes que normalmente se ha establecido en anteriores transacciones. Como resultado,

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Ley 756 de 2002, artículo 19. Al respecto véase el informe de la Contraloría General de la República (Garay 2013), y las declaraciones del antiguo gobernador de Boyacá (El Tiempo 22/09/2014; El Espectador 21/11/2013). 12 Según entrevistas con varios miembros de la industria esmeraldera, no existe una escala objetiva de precios. La determinación de la calidad de la piedra y la pureza varía según el comerciante y el cliente. En otras palabras, no existe información estandarizada acerca del precio de esmeraldas por quilate. El artículo 7 de la Ley 1380 (en vigencia hasta el año 2012), establece en adición al artículo 84 de la Ley 685 de 2001 el siguiente párrafo: “El Ministerio de Minas deberá diseñar un formularlo especial para la elaboración de los programas de trabajo y obras (PTO) para el sector de las esmeraldas, toda vez que estos minerales no son cuantificables como los demás”. 13 La claridad de una esmeralda hace referencia a la oscuridad de la pieza, siendo las esmeraldas más oscuras las que alcanzan un mayor precio en el mercado. La pureza se refiere al color de cada esmeralda, el cual puede ir desde el verde oscuro hasta un verde amarillento. En general las esmeraldas con un color verde profundo son consideradas más puras. La transparencia de las esmeraldas se refiere a la presencia de elementos (conocidos como inclusiones) en la pieza, lo cual puede disminuir su precio. Para tratar de corregir por estos defectos naturales las esmeraldas son sometidas a tratamientos que eliminan algunos de ellos. El tipo de tratamiento que no altera su color es el preferido y por el que se ofrece un mayor precio. Por último, la intensificación se refiere a la cantidad de luz que cada pieza refleja, siendo preferidas las que reflejan la luz de manera más intensa. 11

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involucrarse en el proceso de comercialización de esmeraldas representa un ejercicio con transacciones comerciales bilaterales, descentralizadas y personalizadas.

Dadas las anteriores condiciones, existe una gran variación en el precio internacional de las esmeraldas a pesar de las categorías muy generales de calidad (buena, muy buena y excelente). Asimismo, los precios son volátiles, debido a fluctuaciones en la demanda y en la oferta. Las figuras 1 y 2 muestran las cifras de producción de esmeraldas en Colombia entre 1940 y 2012 y el valor de las exportaciones en dólares estadounidenses entre 1980 y 2012, respectivamente14. Estos gráficos ofrecen una indicación general de la lógica de las bonanzas y las caídas de la industria. Así, luego de considerables inversiones en procesos técnicos a comienzos de los años 1970, las exportaciones se dispararon de manera importante y bajaron igual de rápido a finales de esta misma década durante la segunda guerra entre los productores debido en gran parte a la crisis económica de los países importadores. Ahora bien, las exportaciones suben de manera asombrosa cuando se encuentran nuevos sitios de producción que luego son explotados. Este fue el caso con las minas de Coscuez y La Pita en las décadas de 1980 y 1990, respectivamente. Los valores de exportación alcanzaron su punto más alto a mediados de la década de 1990 experimentando luego una dramática depresión que devolvió su valor actual a niveles anteriores a la bonanza de dicha década. Con un estimado de cerca de $ 158.4 millones de dólares en exportaciones oficiales en 2010 y unos discretos valores de $ 128,4 millones de dólares en 2011 y $122,1 millones para 2012, la industria

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Estas cifras deben tomarse de manera muy cuidadosa. Los números representan estadísticas oficiales sobre producción y exportaciones. Como bien se sabe, en la industria de las esmeraldas en Colombia existe una considerable economía ilegal o clandestina. Por ello, es probable que las cifras oficiales estén por debajo de las cifras de producción y exportación totales. Para dar solo un ejemplo de la enorme discrepancia que hay a veces entre la economía legal e ilegal de las esmeraldas, en 1968, Alemania Occidental, Estados Unidos y Francia registraron un valor de US$2,8 millones de esmeraldas importadas desde Colombia, mientras que el entonces operador de las minas, el Banco de la República, solo reportó US$575,000 como el valor de exportaciones a esos tres países (Gutiérrez & Barón 2008: 109).

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de las esmeraldas está muy lejos del valor en exportaciones de otros minerales como el carbón, el oro, el ferroníquel e inclusive el petróleo. La época dorada de la década de 1990 se ha ido y existen pocas perspectivas para un próximo auge esmeraldífero en el corto plazo. Figura 1. Producción de esmeraldas colombianas, 1940-2014 (quilates) 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000

1940 1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

0

Fuente: Construcción propia con datos del Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO). Figura 2. Valor de exportaciones de esmeraldas colombianas, 1970-2012 (millones de US$)

13

500

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

Fuente: Construcción propia con datos del Banco de la República de Colombia y del SIMCO.

El proceso de extracción La extracción de esmeraldas de la tierra era un proceso más o menos sencillo; no requería de herramientas ni de tecnología sofisticadas. Desde los tiempos de la tribu Muzo en la era precolonial, se utilizaba el método de guaquería en las riberas del Río Minero. Más adelante, las personas eran equipadas con herramientas sencillas como unas botas y una pala. Aún hoy, la gente se congrega en torno al río para buscar esmeraldas en los restos del proceso de extracción de las minas, lo que les brinda la posibilidad de cazar dinero rápido.

Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, la mayoría de las esmeraldas solo pueden encontrarse muy por debajo de la superficie con el uso de equipo técnico pesado aunque no muy sofisticado:

Normalmente, buldóceres cortan enormes trochas a través de la montaña. Los mineros luego utilizan gatos hidráulicos y dinamita. Las compañías mineras corren abundante agua sobre el manto para exponer las vetas de esmeraldas. Este proceso permite a los mineros descubrir tanto los cristales más grandes como los cristales que se han destruido en el proceso. El resto de la producción se hace montaña abajo. Se crean pequeños lechos

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fangosos donde los ilegales buscan los cristales de esmeralda (Genis 1996, traducción de los autores).

En consecuencia, la extracción se ha convertido en un proceso que demanda mucho capital pero sin una perspectiva razonable de que la inversión al final valdrá la pena. De hecho, varios inversionistas han optado por retirarse de la industria debido a los altos costos de producción y los resultados relativamente inciertos en términos de rentabilidad, mientras que las compañías que deciden entrar al mercado son recibidas con hostilidad15, lo que sirve de advertencia a las que evalúan la posibilidad de invertir en la industria. De esta manera, habiéndose convertido en una industria que demanda mucho capital, el proceso obligó a los propietarios tradicionales de las minas, en su mayoría familias de la región, a buscar nuevas fuentes de capital e inversión. Los empresarios entonces tuvieron que ampliar su tradicionalmente estrecho círculo de socios comerciales para incluir nuevos accionistas con suficiente músculo económico, lo que en últimas sería una puerta abierta de entrada para miembros involucrados con el comercio de drogas ilícitas, como veremos más adelante.

La estructura piramidal de la industria La organización interna de la industria de las esmeraldas es estrictamente jerárquica (ver figura 3). En el fondo de la cadena de producción están los guaqueros, cazadores de tesoros o rebuscadores. Los guaqueros son la encarnación del lado informal de la industria de las esmeraldas. Usualmente son individuos que aceptan tomar cualquier clase de riesgo y provienen de todas partes de

Véase el caso de Minería Texas Colombia (MTC); “The dangerous search for emeralds in Colombia”, Washington Post, 9 de agosto de 2015, http://www.washingtonpost.com/sf/world/2015/08/09/the-dangerous-search-for-emeraldsin-colombia; “‘Queremos llevar la esmeralda colombiana a otro nivel’”, Portafolio, 9 de octubre de 2015, http://www.portafolio.co/negocios/queremos-llevar-la-esmeralda-colombiana-otro-nivel 15

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Colombia e, incluso, del exterior. Habitualmente trabajan en la superficie, cerca al Río Minero o en túneles antiguos —que perforaron en las colinas dándoles la apariencia de un queso suizo— para probar suerte en la búsqueda de esmeraldas, por lo general, pequeñas en tamaño y con imperfecciones. Estos trabajadores informales viven en precarias condiciones sociales cerca de las minas, algunas veces junto con sus familias. Las mujeres que habitan estos campos cocinan para un grupo de mineros, pero cada vez más participan en actividades de extracción de los guaqueros. Los ingresos de los guaqueros son el resultado del azar de encontrar enterrada una piedra preciosa de valor considerable que haya quedado de la producción formal de la mina o en una de los muchos pozos perforados y abandonados hace tiempo en las montañas. Sin embargo, estos guaqueros apenas pueden ganarse la vida. Pese a las miserables condiciones laborales, muchos guaqueros han vivido y trabajado en la región durante años, si no décadas, sin elevar nunca de manera sustancial sus condiciones de vida. De hecho, los estándares de calidad de vida en el occidente de Boyacá están por debajo del promedio de otros municipios de este mismo departamento (Ver Tabla 1).

Tabla 1. Indicadores socioeconómicos de la región occidente de Boyacá, 2011 Municipio

Necesidades básicas insatisfechas

Urbano (%)

Rural (%)

Alfabetismo

Total (%)

Matrículas en entidades oficiales (5-19 años) Total (%)

Total (%)

Ingreso anual per cápita

Total (USD)

Briceño

13.32

64.06

36.15

68.84

74.35

$1575

Buenavista

17.72

49

45.04

79

71.92

$670

Chiquinquirá

13.32

64.06

17.68

88.1

92.8

$740

Coper

13.32

64.06

47.03

68.84

65.75

$1385

Muzo

32.6

61.97

45.67

73.48

78.68

$1653

Maripi

27.71

50.23

47.63

78.61

73.48

$640

Otanche

30.83

62.66

50.66

78.48

72.37

$640

Pauna

36.26

70.07

61.74

74.37

65.86

$640

Quipama

26.27

60.85

53.76

76.92

73.97

$565

San Pablo de Borbur

34.67

47.68

45.72

77.5

70.93

$333

16 Tununguá

34.67

47.68

24.64

75.2

76.1

$1765

Total

24.3

50.75

40.05

70.04

67.44

$1095

Fuentes: Federación Nacional de Municipios; Departamento Administrativo Nacional de Estadística; Banco de la República de Colombia, Ministerio de Educación Nacional

En los últimos años, la región ha experimentado un éxodo dramático de guaqueros a medida que se ha ido reduciendo la bonanza de las esmeraldas a partir de mediados de la década de 1990. Se estima que hoy en día menos del 5% de quienes trabajaron como guaqueros hace diez o quince años viven y trabajan en la región.16 Además, debido a que el dinero que genera la industria esmeraldera se concentra en Bogotá por ser el centro de venta y exportación, en la región no circula; por eso, en lugar de dinero, en la región las esmeraldas se utilizan para el intercambio de productos, lo que es conocido como trueque.

Figura 3. Jerarquía y estructura de la industria de las esmeraldas

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Entrevista con Jacinto Pineda, profesor de la Escuela Superior de Administración Pública, Tunja, julio de 2009.

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Propietarios

Exportadores

Intermediarios

Mineros Formales

Informales (guaqueros)

Enseguida en la línea de la estructura interna de la industria se encuentran los mineros empleados por las compañías productoras. Estos mineros tienen un contrato laboral legal, alimentación y vivienda en los campos. Algunas compañías mineras también ofrecen seguro de riesgo profesional. Si bien no se les paga un salario fijo mensual, reciben bonificaciones trimestrales o anuales con base en los ingresos totales de las minas, que van desde $500.000 a $1,000.000 de pesos.17 Además, las bonificaciones no necesariamente son en forma monetaria sino que pueden incluir una pequeña porción en esmeraldas que luego pueden ser vendidas por ellos mismos a comerciantes mayoristas tanto en el mercado local como en Bogotá.

17

Información suministrada por directivo de Fedesmeraldas. En 2011, el salario mínimo mensual legal era de $ 535,600 pesos, para 2012 fue de $566.700 pesos.

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En general los guaqueros están relacionados con algunos comerciantes, mercaderes o intermediarios. Estos actores intermedios trabajan cerca de las minas donde las piedras en bruto son vendidas por los mismos mineros o por los guaqueros. La principal función del grupo comerciante es transportar las piedras en bruto desde la región de la mina para pasar luego al siguiente grupo en la cadena de la industria: los talleres de corte y talle, que en su gran mayoría y por estrategia comercial se encuentran en Bogotá. En estos talleres, las esmeraldas en bruto son tratadas técnicamente para su venta final en el mercado nacional o internacional. El margen de utilidades del intermediario es la diferencia de precio que este pagó en la región por la piedra en bruto y el precio que obtiene por vender la piedra cortada a un exportador. Los exportadores que compran las piedras cortadas de los intermediarios en Bogotá son el último elemento en la cadena de producción. Normalmente venden las piedras cortadas en ferias comerciales alrededor del mundo a mayoristas internacionales o a clientes individuales.

Sin embargo, la mayoría de las esmeraldas producidas en Colombia no pasan por esta elaborada cadena. Solamente cerca del 15% de las esmeraldas exportadas pasan por las manos de intermediarios, usualmente las de inferior calidad.18 La mayoría de las esmeraldas colombianas son vendidas directamente al mercado internacional por las compañías productoras y sus firmas exportadoras asociadas. Solo una pequeña fracción de la producción que sale de las minas de esmeraldas en el occidente de Boyacá entra al mercado local debido a la falta de demanda local por piedras de alta calidad.

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Entrevista con un comerciante en esmeraldas, Bogotá, diciembre de 2008.

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De lejos, la posición más poderosa en la cadena de producción de la industria la ocupan los propietarios de las minas, los denominados esmeralderos o patrones. Organizados en un número relativamente pequeño de compañías de esmeraldas estrictamente nacionales, estos propietarios han obtenido una concesión del gobierno sobre el territorio donde se encuentran las minas. Este territorio, de alrededor de 36.000 hectáreas, fue previamente identificado como una “reserva especial de la nación”, y asignado inicialmente a tres compañías mineras privadas a mediados de la década de 1970 en medio de la segunda guerra entre los productores locales.

Estas compañías privadas las componen varios socios o accionistas, que oscilan entre cinco hasta más de veinte personas, exclusivamente hombres. Tradicionalmente, ha habido un esmeraldero de “peso pesado” o primus inter pares quien ha podido controlar las actividades de la compañía sin ser necesariamente el mayor accionista. Sin embargo, a medida que aumentó enormemente el número de accionistas como resultado del acuerdo de paz que puso final a la última guerra entre los productores de esmeraldas en 1992, dentro de estas compañías han surgido considerables problemas en el manejo de las empresas. Igualmente, a medida que la industria se ha tornado intensiva en capital, se han requerido más inversionistas; no obstante los propietarios tradicionales de las minas no han sido muy selectivos en la escogencia de nuevos socios con el fin de aumentar la base de capital de las compañías. Se ha reportado en medios de comunicación que los nuevos esmeralderos han adquirido más del 30% del negocio entre 2002 y 2006 (Cambio, 27/01/2007); varios de ellos han estado vinculados al narcotráfico utilizando sus inversiones en la industria de las esmeraldas como una estrategia de lavado de activos relacionados con el tráfico de drogas (Semana, 22/04/2006). El caso más publicitado fue el de Yesid Nieto, un ex–accionista de la mina La Pita en el municipio de Maripí, el cual fue vinculado al narcotráfico y a las consecuentes actividades de lavado de dinero (Prensa Libre, 13/11/2007; Semana, 12/02/2011). Nieto fue

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asesinado en Guatemala en 2007, presuntamente por órdenes de sus anteriores socios en la industria de las esmeraldas, es decir, por otros propietarios de minas quienes temían que Nieto se había convertido en un personaje demasiado poderoso. Más adelante trataremos la relación tradicionalmente ambivalente e incómoda entre los esmeralderos y los narcotraficantes.

Ahora bien, ser accionista de una compañía minera confiere a la persona el derecho de participar en las ganancias de la producción. Sin embargo, el mecanismo utilizado para distribuir los ingresos de las minas es algo arcaico. Al contrario de otros recursos minerales, las minas de esmeraldas no producen todo el tiempo hasta que se agota la capacidad de extracción. La mayoría de las minas ya han existido durante varias décadas, entonces, si se descubre un sitio importante de producción dentro de una mina y una cantidad considerable de esmeraldas, se convoca a los accionistas al lugar. Todas las esmeraldas recién extraídas son distribuidas según categorías generales de calidad (buenas, muy buenas, excelentes) y exhibidas sobre un mesón para inspección por parte de todos los accionistas. Enseguida, se invita a los accionistas a que hagan subastas sobre su valor de acuerdo con cada categoría. Así, el accionista que ofrezca el precio más alto recibe toda la producción por categoría. Este accionista es libre de vender por su cuenta la producción; sin embargo, la mayoría de los accionistas en la compañía no solo se representan a ellos mismos, sino también a otros inversionistas. Como resultado, se requiere que no solo se les consulte antes de hacer una oferta sino, también, dividir la compra que hacen en la subasta de producción con sus socios comerciales.19

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Entrevista con exportador de esmeraldas y directivo de ACODES (Asociación Colombiana de Exportadores de Esmeraldas), julio de 2009.

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Habida cuenta de su poder político y social en la región minera a los propietarios de minas tradicionales también se les conoce como patrones, más allá de su influencia económica. Ellos son empresarios privados naturales de la región occidental de Boyacá, quienes usualmente comenzaron su carrera profesional como guaqueros durante la época del monopolio del Banco de la República sobre las minas. Gradualmente han subido a la cadena tradicional de la industria y se han convertido en productores y exportadores de esmeraldas al mismo tiempo. En su proceso de ascenso, estos patrones se han equipado con sus propias fuerzas armadas de seguridad. Como resultado, su control económico sobre la industria es enorme.

Más allá de su base de poder económico, y dada la ausencia de estructuras estatales que funcionen en la región durante la mayor parte de su historia, los principales accionistas de las minas de esmeraldas, los patrones o “líderes” también han asumido funciones oficiales. María Victoria Uribe describió este papel así:

Desempeñan múltiples funciones, puesto que actúan como jueces cuando castigan a los delincuentes y premian a sus servidores más leales: son árbitros en peleas familiares o empleadores que ofrecen trabajo en las minas a sus parientes (...) los líderes se caracterizan por una combinación de benevolencia con los pobres y con una implacable indiferencia con quienes consideran sus enemigos. Han desempeñado un rol de juez y parte y terminan aun defendiendo acciones relacionadas con el orden público y la seguridad en los municipios y en la región" (Uribe 1992: 100).

El caso emblemático de un líder de este tipo fue Víctor Carranza o “Don Víctor”, uno de los miembros sobrevivientes de la última guerra entre los productores locales, a finales de los años 80, y el principal arquitecto del acuerdo de paz de 1992 (Erazo Heufelder 2005). Hasta su muerte en abril de 2013 a los 78 años, “Don Víctor” era presuntamente uno de los más grandes terratenientes y uno de los hombres más ricos de Colombia, con un patrimonio estimado en 4.000 millones de

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dólares y con una presencia considerable en varios sectores de la industria aparte de las esmeraldas (The Independent, 29/04/2006; Don Juan, julio-agosto 2007). Se estima que Carranza controló 40% del negocio de las esmeraldas en Colombia y era el dueño de unas 2 millones de hectáreas de tierra (The Atlantic, 07/08/2013). Su ejemplo ilustra la diversificación del portafolio de inversiones de las familias propietarias de minas. Cuando la industria tuvo su última recaída a finales de la década de 1990, los empresarios tradicionales de esmeraldas buscaron nuevas asociaciones rentables que encontraron en otros sectores geográficos y económicos del país, usualmente conectados con la agricultura y la ganadería. En consecuencia, se redujo su interés económico en la industria de las esmeraldas y en la región occidental de Boyacá (Cepeda y Giraldo 2012).20

El número de personas que trabaja en la industria de las esmeraldas en Colombia, en la cadena de producción, se estima en cerca de 10.00021. En la actualidad existen alrededor de 25 empresas exportadoras y cerca de 1.000 distribuidores registrados oficialmente. Durante largo tiempo, la agencia estatal INGEOMINAS (Instituto Geológico y Minero Nacional) distribuyó 87 concesiones mineras, 17 de las cuales se encuentran en funcionamiento y tan solo cinco minas (en Muzo y Maripí), que se encuentran en manos de siete compañías mineras, son actualmente productoras. El número de trabajadores mineros es más difícil de estimar, pues está sujeto a una gran fluctuación debido a los ciclos de bonanza y escasez del sector. Durante los periodos de bonanza de producción

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Antes de ser investigado por vínculos con grupos paramilitares a finales de la década de 1990, Víctor Carranza se convirtió en uno de los más grandes terratenientes de Colombia. Las frecuentes caídas en la industria de las esmeraldas a finales de los años 1980 y una mayor rentabilidad en otros sectores comerciales atrajo a los empresarios de esmeraldas a incursionar en mercados y regiones fuera del área occidental de Boyacá. En 1995, una revista de noticias económicas nombró a Carranza como uno de los 100 hombres más influyentes en Colombia, no sólo por el papel que jugó durante el proceso de paz en la zona esmeraldera sino por los destacables logros en sus negocios siendo el principal accionista de varias empresas productoras de esmeraldas, de compañías ganaderas y en compañías productoras de carbón (Dinero, 05/01/1995). 21

Entrevista con Jacinto Pineda, julio de 2008.

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de esmeraldas se congrega un alto número de trabajadores en la región, mientras que durante la escasez se produce un exceso de trabajadores mineros que los obliga migrar a otros sectores económicos.

Por ejemplo, en la mina más antigua y reconocida en el occidente de Boyacá, Muzo, el número de mineros oficiales es de aproximadamente 200. Cerca de 500 personas son mineros empleados por subcontratistas bajo una licencia de explotación (“corte”) adjudicada directamente por la compañía minera y alrededor de 1.000 personas son trabajadores informales o guaqueros. Así, por cada trabajador de la compañía en las minas hay cerca de cinco trabajadores informales fuera del territorio de estas.

La extracción de esmeraldas en la región occidental del departamento de Boyacá data de tiempo atrás. Ya para la época pre-colonial existe documentación acerca del comercio de las esmeraldas entre tribus indígenas antes de la invasión española. La tribu Muzo extraía y comercializaba esmeraldas en las aldeas vecinas a cambio de productos básicos como cobijas, algodón, sal y oro, así como pescado, maíz, frutas y hojas de coca. Además, las esmeraldas de Muzo se comercializaban por el norte hasta México a cambio de obsidiana y por el sur hasta Perú con los Incas, a cambio de plata (Peralta-Barrera 1998).

Luego de la proclamación de la independencia de España, la extracción de esmeraldas en Boyacá era asignada por contrato a personas quienes, luego de cierta dificultad, alcanzaban algunas pequeñas utilidades, que a la vez, eran utilizadas para el pago de la deuda contraída por el naciente Estado durante la guerra previa de independencia (Peralta-Barrera 1998:2004). Durante la segunda mitad del siglo XIX y hasta antes de la primera Guerra Mundial, la operación de las minas de

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esmeraldas estuvo en gran parte en manos de compañías mixtas, británicas y colombianas. Una de ellas, la Colombian Emerald Company Ltd., asumió el manejo y control de las minas en marzo de 1909 pero de manera irregular debido a que no contó con la aprobación del Presidente ni del Congreso de Colombia. Luego de la revocatoria del contrato, la compañía, ateniéndose al derecho internacional, demandó con éxito al gobierno de Colombia y, finalmente, obtuvo una fuerte compensación. Después de la Primera Guerra Mundial, las minas de esmeraldas se cerraron entre 1920 y 1931 debido a tres aspectos claves: (i) el pleito perdido descrito anteriormente; (ii) la crisis económica mundial; y (iii) la falta de interés entre operadores privados para la explotación de las minas (Pineda 2008:62).

En 1940, el gobierno de Colombia creó el Ministerio de Minas y Petróleo, que de ahí en adelante fue la entidad pública encargada del sector minero y de la industria de las esmeraldas. De acuerdo con la ley 35 de 1944, el Ministerio de Minas decidió mantener cerradas las minas y depositar las esmeraldas extraídas en el Banco de la República para talla y posterior comercialización hasta 1946, año en que el control de las minas pasó del Ministerio de Minas al Banco de la República. El Decreto 1986 de 1947 estipuló que el Banco de la República era la única entidad que podía explotar, tallar, comprar y vender esmeraldas en Colombia. Sin embargo, la base legal sobre la que el Banco operaba las minas de esmeraldas era algo ambigua y podía ser fácilmente manipulada (Pineda 2008:62).

De una parte, la entidad estaba dirigida por una junta directiva compuesta por líderes representantes del sector privado. Solo veintisiete años más tarde, durante la administración de Lleras Restrepo a finales de la década de 1960, el Banco de la República se convirtió en una entidad pública formal. De otra parte, la administración de las minas por parte del Banco de la República demostró ser un

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desastre económico, agravado por el hecho de que el Banco decidió no vender la mayoría de las esmeraldas extraídas por temor a inundar el mercado mundial y afectar el precio internacional. Finalmente, la corrupción entre los funcionarios del Banco se encontraba en todo lugar y la extracción ilegal y clandestina de esmeraldas superaba fácilmente los cálculos oficiales (Pineda 2008: 80-82).

3. La evolución histórica del contexto institucional para la extracción de esmeraldas

En concordancia con la terminología de Snyder, definimos extracción privada como situaciones en las cuales los actores económicos privados gozan del control exclusivo, no regulado y no gravado de los ingresos generados por recursos naturales, negando de este modo a los dirigentes políticos a nivel nacional o regional una participación de la riqueza. Por el contario, extracción pública se refiere a casos donde los gobernantes ejercen un monopolio en el proceso de extracción y comercialización y, de este modo, tienen pleno control de los ingresos generados por el recurso en particular. Finalmente, extracción conjunta se refiere a la cooperación entre actores públicos y privados que comparten los ingresos generados por el recurso (Snyder 2006).

De otra parte, definimos una escala de intensidad de conflicto (i) alta, (ii) mediana y (iii) baja con base en el número de homicidios en los municipios productores del occidente de Boyacá (ver figura 4). Mientras un número de muertos por encima de 200 homicidios al año corresponde a un conflicto de alta intensidad en la zona esmeraldera, una cifra entre 100 y 200 refleja un conflicto de mediana intensidad y un número por debajo de 100 homicidios anuales lo clasificamos como un conflicto de baja intensidad. Kalyvas (2008) ofrece un resumen detallado de la forma en la que se ha intentado definir el nivel de intensidad de un conflicto basándose en el número de homicidios.

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Aunque no existe un consenso sobre esta aproximación, Kalyvas deja ver que el número de muertes es un buen proxy para la definición de la intensidad del conflicto, y basándonos en esa experiencia proponemos esta escala de intensidad de conflicto.

Figura 4. Número de homicidios en los municipios del Occidente de Boyacá, 1990-2014 300 250 200 150 100 50 0

Fuente: Gutiérrez Sanín & Jaramillo 2003 (1990-1998) y Policía Nacional (1999-2014).

Finalmente, evaluamos la continuidad del conflicto violento bajo diferentes contextos de extracción con base en factores que podrían dilucidar o explicar los diversos acuerdos institucionales. La figura 5 presenta un bosquejo de nuestro argumento acerca de los vínculos históricos entre el contexto institucional para la extracción de esmeraldas y el conflicto violento en el occidente de Boyacá.

Figura 5. Contexto histórico de la extracción de esmeraldas y conflicto en el Occidente de Boyacá

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ESMERALDAS

Extracción pública (1947-1968)

Extracción privada (1968-1992)

Extracción conjunta (1992-Hoy)

Conflicto:

Conflicto:

Conflicto:

MEDIO

ALTO

BAJO

Continuidad: BAJA (económicamente no viable)

Continuidad:

Continuidad: MEDIA

BAJA ("guerras verdes")

(basada en baja presencia del Estado )

Según nuestra perspectiva institucionalista, el contexto de extracción pública que rigió a la industria de las esmeraldas entre 1947 y 1968 condujo a un conflicto violento a mediana escala, es decir, no existen informes de matanzas o asesinatos masivos en la zona esmeraldera. Ocasionalmente se reportaban estallidos focalizados de enfrentamientos violentos entre clanes rivales de esmeraldas pero ninguna guerra sostenida que implicara muertes entre ellos. Finalmente, el gobierno renunció a su intención de controlar y prohibir la explotación ilegal de esmeraldas en el occidente de Boyacá. Como resultado de la mala administración del Banco de la República, de la corrupción de sus administradores locales además de un número creciente de accidentes en las minas, el contrato de operación con el Banco de la República fue revocado por el gobierno nacional en 1968. Al mismo tiempo, el Decreto 912 de 1968 creó la Compañía de Esmeraldas de Colombia que más tarde se

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convirtió en la “Empresa Colombiana de Minas” (ECOMINAS). Frente a una campaña de desprestigio contra el monopolio del Estado, orquestada por los productores locales, en cuanto a las minas de esmeraldas y como un reconocimiento oficial de los productores privados como empresarios legales por el Estado, la administración Lleras Restrepo delegó a ECOMINAS la administración de las minas de Muzo, Coscuez y Peñas Blancas, junto con el derecho de adjudicar las concesiones de sus operaciones. A su vez, ECOMINAS abrió la puerta hacia la privatización de la industria y en 1970 el Banco de la República le entregó el manejo de las minas, inicialmente para imponer controles en la producción clandestina de esmeraldas por medio de medidas restrictivas.

Sin embargo, el gobierno de Misael Pastrana decidió en 1971 cerrar nuevamente las minas y dejarlas bajo vigilancia de la Policía Nacional. Además, se ordenó desalojar del área a todos los mineros excepto a los propietarios de las tierras para lo cual invocó razones de tráfico ilegal de esmeraldas. Aun así, dado que la extracción ilegal continuó, al igual que la campaña de los productores locales por privatizar las minas en su totalidad, el gobierno finalmente cedió.

Se decidió entonces convocar a los principales esmeralderos del país a una licitación pública para proponer la concesión de las principales minas a una sociedad integrada por ellos mismos. La estrategia fue implementar un modelo de extracción mixta. Tres empresas fueron beneficiarias de la concesión: la Sociedad de Esmeraldas y Minas de Colombia (Esmeracol) a la cual le correspondieron las minas de Coscuez, que abarcaban más de 50 hectáreas; la Compañía Colombiana de Explotaciones Mineras (Coexminas), propiedad de Víctor Carranza, se hizo cargo de las vetas de Peñas Blancas, y Técnicas Mineras Ltda. (Tecminas), fundada por el narcotraficante y ex funcionario del Banco de la República, Gilberto Molina en asocio con Víctor Carranza, asumió la explotación en el sector de Quípama, próximo al municipio de Muzo (Cepeda y Giraldo 2012: 46-7).

Mediante la resolución 337 de 1977 se aprobaron contratos de explotación entre ECOMINAS, la Sociedad Minera de Boyacense, ESMERALCOL y TECMINAS, estas dos últimas creadas por

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empresarios locales que históricamente estuvieron involucrados en la extracción clandestina de esmeraldas. Esta decisión del gobierno legalizó finalmente la extracción privada en la industria de las esmeraldas y habilitó a los esmeralderos más tradicionales de Boyacá para ser reconocidos como empresarios mineros legales por parte del Estado lo que les permitió también legalizar sus enormes fortunas.

Al final, las tácticas legales e ilegales empleadas por los esmeralderos en la búsqueda por obtener el pleno control sobre las minas dieron sus frutos. Lo que algunos años atrás se consideraba una actividad comercial ilícita ahora es una próspera industria privada. El cuadro se complementa con la transformación de los anteriores guaqueros en comerciantes legales y en patrones ricos, lo cual quiere decir que los propietarios privados de las minas ejercen control político, económico, social y territorial, de manera informal, sobre la región del occidente de Boyacá.

El marco regulador de la industria esmeraldera En términos generales, en Colombia existen requisitos legales laxos para las actividades mineras (Ángulo y Norato 2008, Cárdenas y Reina 2009, Díaz 2009, Idarraga et al. 2010). El código minero colombiano señala los términos y condiciones del contrato de concesión entre el Estado y una empresa privada para realizar estudios geológicos, de exploración y de explotación, el cual es una licencia a término por un máximo de treinta años. Para la mayoría de las concesiones de minas de esmeraldas el periodo adjudicado ha sido de veinticinco años prorrogables. Además, el código minero actual establece un máximo de tres años para la primera etapa de exploración, con pocas obligaciones económicas para la compañía y la posibilidad de prórrogas antes de que la compañía pueda explotar el recurso.

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En 2007, el Ministerio de Minas de Colombia propuso hacer varias enmiendas al Código minero vigente para ese entonces, la Ley 685 de 2001. Estas reformas finalmente quedaron plasmadas en la Ley 1382 del 9 de febrero de 2010, por la cual se modifica la ley 685 de 2001 Código de Minas. Sin embargo, la reforma al Código de Minas22 fue declarada inexequible por parte de la Corte Constitucional, principalmente debido al hecho de no haber consultado previamente a las comunidades étnicas sobre el particular. Ante la situación y como medida de emergencia, el Gobierno expidió cuatro decretos con fuerza de ley (933, 934, 935 y 943 del 2013) que fijan parámetros para desarrollar la actividad minera. Aunque el articulado de la inexequible ley contiene herramientas que pueden cambiar varias prácticas establecidas en la industria de las esmeraldas, y a la vez la tradicional relación entre los propietarios de las minas y el Estado, especialmente en términos de prácticas de responsabilidad social empresarial (RSE) y esquemas de protección ambiental con nuevas restricciones de tiempo para la fase de exploración, la declaración de la Corte hace necesario esperar las nuevas actuaciones del Ministerio de Minas sobre esta materia.

Entre los procesos de la reforma propuesta al código minero, se puede destacar la modificación que a las restricciones de tiempo y al establecimiento de pagos de tarifa plena para las compañías que obtengan la concesión incluso durante la etapa de exploración, limitando la posibilidad de prórrogas para la etapa de exploración hasta un máximo de dos años. Luego de este periodo, la compañía debe comenzar con el trabajo de explotación; de lo contrario la licencia le será revocada.

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El legislador concedió el término de dos años, contados a partir de la promulgación de la ley para que los explotadores, los grupos y asociaciones de mineros tradicionales que exploten minas de propiedad estatal sin título inscrito en el Registro Minero Nacional se les otorgue contrato de concesión minera con el lleno de unos requisitos. Esto ocurrió el 12 de mayo del 2013. De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-366 del 11 de mayo de 2011, se hace necesario establecer los mecanismos para seguir evaluando, realizando las visitas de viabilidad, la consecuente aprobación del Programa de Trabajos y Obras y el Plan de Manejo Ambiental y la procedencia de otorgar los contratos de concesión minera, a este grupo de mineros que conforme a la Ley 1382 de 2010 presentaron en el término señalado por la norma, la solicitud de formalización respectiva (Decreto 933 de 2013).

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La reforma establece que el gobierno nacional puede entregar la concesión a otra compañía que quiera y pueda comenzar la explotación si el anterior titular de la concesión no ha comenzado la explotación luego de tres años. Otro cambio propuesto que concierne a los empresarios de las esmeraldas, se relaciona con las responsabilidades económicas y sociales que el gobierno exige para una concesión. Estas responsabilidades incluyen la prohibición de trabajo infantil, una mayor atención a la responsabilidad social empresarial y prácticas comerciales ambientalmente amigables, por ejemplo, en el código minero se introducen incentivos para la acreditación de exportaciones mineras como “productos verdes”. Como resultado, los exportadores que inviertan al menos el 5% del valor de sus exportaciones anuales en proyectos forestales quedarán exentos de impuestos y gravámenes por treinta años. Además, la reforma del código minero establece una licencia ambiental minera la cual deberá ser adquirida por todas las compañías que posean una concesión.

De acuerdo con las conclusiones extraídas de varias entrevistas con representantes de la industria de las esmeraldas, las reformas propuestas al código minero han sido tema de controversia al interior de la industria. La reforma fortalece los requerimientos y las sanciones relacionadas con aspectos ambientales, lo cual incrementa los costos de producción para las compañías. Además, las compañías podrán perder su contrato de concesión debido a falta de productividad o a incumplimiento con los esquemas de RSE y licencias ambientales.

Lo más importante quizás, es que estos nuevos requerimientos han sido vistos como una puerta abierta para las compañías multinacionales (CMN) en la industria de las esmeraldas en Colombia. Hasta ahora, las CMN han establecido un historial y acumulado experiencia técnica en esquemas RSE y de protección ambiental, además cuentan con un músculo económico sólido para las

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inversiones requeridas (Brown et al 2010). El potencial ingreso de las CMN a la industria de las esmeraldas podría socavar la posición dominante de las compañías mineras tradicionales al menos en dos aspectos. Primero, la extracción de esmeraldas se ha convertido en una actividad que requiere mucho capital, lo cual abre un espacio para que las compañías multinacionales puedan invertir en el sector minero en Colombia. Segundo, las normas internacionales acerca de productos “limpios” y “verdes” podrían impedir las exportaciones de las compañías de esmeraldas colombianas que no puedan cumplir con las normas internacionales del modo que habitualmente sí lo pueden hacer las multinacionales.23 De ahí que ya se puede vislumbrar el surgimiento de asociaciones conjuntas entre compañías colombianas y extranjeras en la industria de las esmeraldas.24

4. Las tres guerras de las esmeraldas en la Región Occidental de Boyacá entre 1965 y 1990

Durante más de dos décadas, la región del occidente de Boyacá fue conocida por los continuos enfrentamientos entre clanes familiares territorialmente definidos alternados con cortos periodos de pacificación. La causa principal de la persistente violencia fue el deseo de controlar la operación

En julio de 2009, representantes de Pallinghurst, el operador de la mina de esmeraldas más grande del mundo localizado en Zambia, se reunieron con funcionarios del gobierno y empresarios de las esmeraldas en Colombia. Según el Jefe de Relaciones Públicas de Pallinghurst, Sean Gilbertson, ellos tienen dos intereses principales en el negocio: primero, ser la primera empresa multinacional operadora de las minas de esmeraldas en Colombia; y segundo, vender mejor las esmeraldas colombianas en el mercado internacional obteniendo precios más altos para los productores nacionales (Semana, 07/12/2009). 24 Para dar un ejemplo reciente: la mina “Puerto Arturo” en Muzo ha estado tradicionalmente en manos de las familias Carranza y Molina, operada por su compañía Coexminas. Desde enero de 2010, una compañía estadounidense llamada MTC ha invertido una considerable cantidad de dinero en la mina bajo un acuerdo de asociación conjunta con Coexminas, y prácticamente en la actualidad es la operadora de la mina. MTC, al contrario de Coexminas, tiene una política RSE explícita, y como resultado de su participación, las condiciones de trabajo en la mina “Puerto Arturo” han mejorado considerablemente. MTC paga a los mineros un salario regular y les brinda seguro de salud. Además, hay escuelas en el lugar y vivienda para los mineros. Información suministrada por Jeffrey Paris, estudiante de doctorado en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de California en Los Ángeles, 2010. 23

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de las minas de esmeraldas en Muzo-Quípama, Coscuez y Peñas Blancas. Cada clan familiar dominaba una fracción de la región compuesta por varios pueblos en donde conformaron un ejército de tamaño considerable alrededor de ellos. Todas las poblaciones y sus territorios adyacentes se dividían entre dos grupos antagónicos armados, cada uno bajo el liderazgo de un clan familiar. En el transcurso de los años 1960 hasta los años 1990, tuvieron lugar tres “guerras verdes”: 1965-1971; 1975-1978; y 1986-1990 - las cuales tuvieron su origen en batallas entre clanes familiares sobre la distribución de la riqueza de las minas de esmeraldas (Uribe 1992, Téllez 1993, Guerrero 2008, Téllez 2011).

El Estado no fue un participante directo en ninguna de estas guerras y solo apareció en escena al final de cada una, en calidad de agente pacificador entre los grupos esmeralderos rivales. Las guerras tampoco tenían ninguna relación con objetivos políticos o ideológicos por parte de los participantes, ni siquiera para disfrazar sus motivaciones esencialmente económicas. Por el contrario, la violencia sistemática era endógena a la industria de las esmeraldas, causada por intereses económicos privados o colectivos que tenían que ver con el control sobre la fuente de riqueza en la región.

Según nuestro marco analítico, la modalidad privada de extracción en la industria de las esmeraldas que prevaleció entre mediados de los años sesentas y a comienzos de los noventas condujo a un conflicto de alta escala, es decir, el número de muertos estaba por encima de doscientas personas al año. La violencia armada entre grupos productores rivales estaba al orden del día, interrumpido por periodos breves de tranquilidad utilizados, por lo general, para la conformación de alianzas entre los esmeralderos. Durante periodos de violencia, el número de asesinatos en las áreas productoras alcanzó cifras históricas. El rol del Estado fue mayormente de no intervención,

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habiendo abdicado su responsabilidad política y económica sobre la región, luego de que el Banco de la República se retirara de la industria de las esmeraldas. Siempre y cuando el conflicto privado entre los esmeralderos se limitara a una pequeña área y no se diseminara a nivel nacional, las autoridades oficiales decidieron no tomar parte en el negocio, y prefirieron quedarse al margen del conflicto violento hasta que los esmeralderos resolvieran internamente sus diferencias con los medios que ellos mismos estimaran apropiados.

La primera “guerra verde” tuvo lugar entre 1965 y 1971. Las partes involucradas en el conflicto estaban compuestas por el clan familiar González Guerra de una parte, y por las familias Forero Ávila, Murcia y Molina por la otra. Este último grupo se conocía como “La Pesada” y dominó la producción clandestina de esmeraldas durante la primera mitad de los años sesenta (Uribe 1992; Gutiérrez y Barón 2008; Pineda 2008). En ese momento, y a pesar del monopolio legal del Banco de la República sobre la extracción y comercialización de esmeraldas, el grupo que controlaba la producción y venta ilegal acumuló enormes utilidades. En consecuencia, la amenaza de conflictos violentos entre diferentes grupos de esmeralderos fue una característica constante en la región. Todos los grupos productores se basaban en milicias privadas para defender militarmente sus intereses económicos en el negocio de las esmeraldas. La paz temporal era mantenida solo por un frágil equilibrio de poder entre los grupos productores dada la ausencia virtual del Estado en la región.

La muerte de Efraín González —el más importante líder miliciano y el más reconocido bandolero conservador25 en la región— a manos de agentes del Estado en junio de 1965, ocasionó un enorme

El término “bandolero” se ha adoptado de la obra clásica de Eric Hobsbawm Bandits (1969) que describe a individuos que viven en los confines de las sociedades rurales robando y saqueando y quienes son vistos por el común 25

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menoscabo al orden público y a la estabilidad en la región esmeraldera (Steiner 2006). Los asaltos y robos se salieron de control, los clanes familiares reunidos en el grupo de “La Pesada” supieron que requerían de alguien con suficiente músculo militar que ejerciera autoridad en la región y estableciera el orden a falta de actores y estructuras en el sector público (Pineda 2008: 153; Gutiérrez y Barón 2008: 110).

La precaria paz, o mejor, la ausencia de violencia abierta entre los grupos productores llegó a su fin en 1975 cuando estalló la segunda guerra de las esmeraldas entre los miembros sobrevivientes de la familia González y sus rivales, básicamente por el control de la producción y comercialización de la mina en Coscuez y catalizada por vendettas entre los anteriores clanes de las esmeraldas. En medio de la segunda “guerra verde”, ECOMINAS aprobó nuevos contratos mineros para compañías privadas de esmeraldas. El reconocimiento oficial de los grupos combatientes como empresarios legales y la subsiguiente distribución de licencias mineras entre ellos prepararon el terreno para el acuerdo de paz firmado en 1978 finalizando de este modo la segunda guerra de las esmeraldas. Las minas de Muzo quedaron bajo el control de Isauro Murcia y luego de Gilberto Molina y Víctor Carranza, y las vetas de Peñas Blancas y Coscuez pasaron a manos de “Pacho” Vargas.

Sin embargo, la privatización de las minas y el subsiguiente retiro de las tropas del ejército como base para el acuerdo de paz de 1978 no aseguraron una paz duradera. Luego de casi seis años de

de las personas como héroes o arquetipos de resistencia popular contra la represión del Estado. A su vez, los “bandoleros” en el contexto colombiano se refieren a grupos armados al margen de la ley que emergen en el contexto del periodo partisano de violencia durante los años cincuenta (Sánchez y Meertens 1983).

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relativa tranquilidad, en la región reapareció la guerra entre esmeralderos que se caracterizó por los asesinatos sistemáticos. Es importante destacar que este alto nivel de violencia estuvo asociado con una relativa bonanza de producción de esmeraldas entre 1985 y 1991 (ver figura 1) y la fusión de las actividades de esmeraldas y narcotráfico que describiremos a continuación.

A mediados de la década de 1980 existían dos clanes familiares propietarios de las minas con igual participación de poder en la región. Ambos estaban organizados de manera jerárquica con claras estructuras de liderazgo, y ejercían control político, económico y social sobre ciertos territorios focalizados en algunas minas de esmeraldas específicas. El primer grupo ejercía control sobre las poblaciones de Pauna, Maripí, Briceño y Tununguá, el segundo grupo con control sobre las poblaciones de Otanche, San Pablo de Borbur, Muzo y Quípama. Ambos grupos contaban con considerables recursos financieros, equipos sofisticados de comunicaciones y armamento, además con facilidades de transporte aéreo dentro de la región (Uribe 1992: 120). Por otro lado, aparte de la población masculina residente de los diferentes pueblos, ambos grupos incluían alrededor de trescientos combatientes bien entrenados y contaban con la posibilidad de reclutar a cientos más de fuera de la región, incluyendo a gente proveniente de Bogotá (Torres y Ordóñez 1995: 119, 121). Las prácticas comunes de la guerra consistían en emboscadas sorpresa contra miembros conocidos del grupo rival, realizadas en terreno montañoso y de poco acceso del occidente de Boyacá. Dadas las condiciones estratégicas de la región esmeraldera, la guerra abierta era imposible y por lo tanto los grupos armados debían utilizar operaciones militares a pequeña escala infligiendo daño limitado al otro. No obstante, si se rastrea durante varios años (ver figura 4), las guerras de baja intensidad también producen un número considerable de muertes. El número total de muertes durante la tercera guerra de las esmeraldas entre 1984 y 1990 se estima entre 3.500 y

37

6.000, algo así como ente el 4 y 6% de la población permanente de la región en ese momento (Guerrero 2008: 134).26

Lo que diferenció la última guerra de las esmeraldas de las dos que le antecedieron fue ante todo su penetración a todos los estratos sociales, los sectores políticos y económicos de la región, afectando, con ello, el comercio, la agricultura, la ganadería y, naturalmente, la minería, incluso llegando hasta la interrupción de la comunicación y del transporte intermunicipal en el occidente de Boyacá durante la segunda mitad de la década de 1980. Aparte de lo anterior, el cartel de la droga de Medellín ingresó al conflicto en persona de su líder militar, Gonzalo Rodríguez Gacha, llamado “El Mexicano”, quien además era un exesmeraldero convertido en narcotraficante. Rodríguez Gacha cambió de bando varias veces durante el curso del conflicto y ayudó a elevar el grado de violencia de manera exorbitante, e incluyó el asesinato del “zar de las esmeraldas” y líder del “grupo Muzo”, Gilberto Molina, en febrero de 1989. El principal interés de los narcotraficantes en general y de Rodríguez Gacha en particular era el de hacerse con el control estratégico sobre las minas de esmeraldas, tanto como corredor estratégico para el tráfico de drogas proveniente de regiones vecinas27 como para legalizar (“lavar”) dinero mediante de la compra de minas de esmeraldas (Cortés 1993: 90). El casi inexistente control del Estado sobre la industria de la esmeraldas, aunado a la capacidad de registrar enormes cantidades de exportaciones legales por parte de los esmeralderos, se consideran como condiciones de fondo ideales para repatriar dólares obtenidos del narcotráfico. Por último, aparte de narcotraficantes como Rodríguez Gacha, surgieron fuerzas paramilitares establecidas como actores nuevos y externos, en la guerra entre los

Es difícil obtener un número exacto de las muertes durante la última “guerra verde”. Según cifras oficiales suministradas por el Departamento de Policía de Boyacá, las muertes reportadas fueron de 2.098. 27 Rodríguez Gacha había introducido en el noroccidente del Departamento de Cundinamarca enormes cultivos de coca a comienzos de la década de 1980. 26

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esmeralderos. Algunas fuentes hablan de las alianzas entre los esmeralderos y los grupos paramilitares del área cercana del Magdalena Medio, alrededor del municipio de Puerto Boyacá, con el fin de defenderse contra la intrusión de la guerrilla de las FARC en la región esmeraldera durante la segunda mitad de los años 1980 (Gutiérrez y Jaramillo 2003; Gutiérrez y Barón 2005; Guerrero 2008: 130).

En gran medida, el gobierno de Bogotá optó por ignorar la violencia en esta región en Boyacá. Lo que es peor, las autoridades locales del momento fueron participantes directas en el conflicto: La población en general no ve a la fuerza pública con buenos ojos – dice un interesante informe del Ministerio del Interior. Durante la última guerra, miembros de la policía y del ejército alquilaban sus uniformes y participaban en acciones que exacerbaron aún más las rivalidades. Por ejemplo, una muerte que exacerbó la última guerra, la de Torcuato López, fue ejecutada por un soldado siguiendo órdenes de la familia Vargas: la policía arrestaba a personas que eran requeridas por el grupo opuesto con el fin de facilitar su asesinato. Algunas personas eran confinadas a prisión y allí morían. Para perpetrar estas acciones se contrataban sicarios que tenían acceso directo a estas instalaciones (Ocampo, Rangel y Sánchez 1993: 26). En octubre de 1987 la administración Barco expidió el Decreto 2045, que observaba “los violentos eventos que sucedieron recientemente en la región del occidente de Boyacá” (Torres y Ordóñez 1995: 120). El decreto reconocía la existencia de un grave conflicto en esta región de Boyacá, pero no proponía acciones inmediatas para detenerlo. Ante la negligencia del Estado y la determinación por parte de los dos grupos rivales para continuar la guerra, el conflicto solo fue aceptado luego de casi 2.000 muertes violentas, un creciente número de ataques armados y el asesinato de varios prominentes esmeralderos entre 1987 y 1989.28

28

Rodríguez Gacha fue dado de baja el 15 de diciembre de 1989 en Tuluá, Valle, por agentes del Estado, supuestamente con la ayuda de inteligencia facilitada por esmeralderos rivales luego del asesinato de Gilberto Molina a comienzos del mismo año (Cortés 1993: 146-150).

39

Lo que finalmente condujo a la finalización de la tercera “guerra verde” a comienzos de los años 1990 fue el “relativo equilibrio de fuerzas que impidió una victoria decisiva de un grupo sobre el otro” (Uribe 1992: 125). Ante la imposibilidad de lograr una derrota física del oponente, aun por una guerra de desgaste y, por lo tanto, prolongada y costosa, se dio inicio a las negociaciones tácitas e informales que comenzaron en 1990 y que condujeron a un acuerdo de cese a las hostilidades y a la firma de la reconciliación entre los dos grupos. Luego de varias rondas de conversaciones informales, el 12 de julio de 1990 se firmó un acuerdo de paz preliminar en Quípama.

El acuerdo preliminar contenía los siguientes puntos (Torres y Ordóñez 1995: 122): 1.

Un inmediato cese al fuego entre las dos partes con la consecuencia de que “cualquier violación a este acuerdo por una de las partes conllevaría a la intervención inmediata de las fuerzas armadas”;

2.

La abolición de todos los grupos de “auto-defensa” que operaban en Maripí, Coscuez y Betania;

3.

La erradicación del narcotráfico (se agrega énfasis);

4.

La creación de condiciones para que los habitantes de la región tuvieran acceso y participación en la explotación de esmeraldas en la mina Coscuez;

5.

La creación de condiciones y garantías para el regreso de quienes fueron forzados a abandonar sus propiedades.

5. El acuerdo de paz de los esmeralderos de 1992. Las consecuencias de un pacto ambiguo

El acuerdo final de paz entre las facciones rivales de esmeralderos se firmó en 1992. El denominado “Comité Permanente de Pacificación, Normalización, Verificación y Desarrollo del Occidente de

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Boyacá” fue creado en julio de 1991 con el fin de supervisar la implementación del acuerdo de paz preliminar. Durante las deliberaciones del Comité en 1991 y 1992 se prestó atención especial a la discusión de mecanismos para la resolución pacífica del conflicto que asegurara orden social mediante el tratamiento “racional” de la violencia, las relaciones Estado-sociedad, el progreso socioeconómico y la participación política (Uribe 1992: 126). Un resultado tangible de las deliberaciones del Comité fue el Plan Provincial de Desarrollo.

Los miembros del Comité incluyeron al Obispo de Chiquinquirá, al Gobernador del Departamento de Boyacá, a los comandantes regionales de las fuerzas armadas y de la policía, a los gerentes de las principales compañías mineras y a otras personalidades con un rol de liderazgo en el occidente de Boyacá. La Iglesia Católica jugó un papel muy importante en el acuerdo de paz al actuar como la mediadora e interlocutora que guió el proceso de negociación mediante el establecimiento de contactos y facilitación de compromisos entre las dos partes. El contenido del acuerdo de paz final de agosto de 1992 se basó mayormente en el acuerdo preliminar de 1990. La única adición sustancial al texto, aun cuando muy importante, fue la redistribución de la explotación minera en la región. El punto 8 del acuerdo de paz final requería un incremento en el número de accionistas de las compañías mineras. Este punto tenía que ver principalmente con la mina de Coscuez y su compañía operadora, ESMERACOL. Los accionistas existentes de ESMERALCOL tuvieron que renunciar a sus derechos en la explotación legal con el fin de permitir la participación de otros accionistas en iguales proporciones. En consecuencia, a los miembros del grupo esmeraldero rival se les adjudicaron acciones en las compañías mineras localizadas en el territorio del antiguo rival, con miras a que todos los grupos de esmeralderos de los municipios previamente en conflicto (Otanche, San Pablo de Borbur, Pauna, Maripí y Muzo) recibieran una participación proporcional en la explotación de las minas de esmeraldas de la región.

41

La modalidad de extracción resultante se asemeja a un contexto de asociación conjunta públicaprivada (ver figura 5). Este tipo de arreglo se caracteriza por la “cooperación entre actores públicos y privados que comparten ingresos generados por la explotación de recursos. Esta participación en ingresos puede tener una variedad de formas, que oscilan desde tributación pública de recursos extraídos en forma privada hasta grupos de protección organizados por el Gobierno” (Snyder 2006: 948). La privatización de la industria de las esmeraldas en la década de 1970 instaló los cimientos institucionales para la creación de un tipo específico de orden privado en la región occidental de Boyacá. Los términos y condiciones del acuerdo de paz de 1992, que distribuía las acciones de las compañías mineras entre todos los anteriores participantes del conflicto armado, reforzaron con el tiempo la estabilidad del contexto de extracción público-privado. La propiedad privada sobre el proceso de extracción y comercialización de las esmeraldas se mantuvo en su lugar, brindando, de este modo, a los propietarios de las minas un continuo control sobre la industria y la perpetuación de sus funciones políticas y sociales en la región occidental de Boyacá. Al mismo tiempo, el Estado reingresó a la escena institucional local mediante el establecimiento de nuevas reglas del juego respecto a los mecanismos de resolución del conflicto armado entre los esmeralderos y la creación de reglas para obtener ingresos para el Estado provenientes de la industria de las esmeraldas. De esta manera, a cambio de mantener su autonomía regional en aspectos políticos, económicos y sociales, los patrones de las esmeraldas ofrecieron pagar regalías sobre las exportaciones. La cantidad es un porcentaje relativamente pequeño, solo un 1,5% del valor declarado de las exportaciones. Desde 2005, se ha cobrado un punto porcentual adicional para la financiación del

42

Fondo Nacional de Esmeraldas administrado por la Federación de Esmeraldas de Colombia (Fedesmeraldas)29.

Este marco institucional creado en 1992 condujo a una escala de conflicto relativamente baja en la región esmeraldera después de 1994 (ver figura 4). Los violentos enfrentamientos entre los grupos esmeralderos rivales prácticamente desaparecieron. Sin duda, el acuerdo de paz y sus características institucionales alcanzaron el objetivo de mantener una relativa paz en la región. Si bien la violencia no ha desaparecido completamente del occidente de Boyacá durante los últimos veinte años, los incidentes ocasionales han seguido un patrón sistemático. Satisfecho con el hecho de que los patrones cumplieron con respecto a su parte del acuerdo de mantener la paz entre ellos, el Estado dejó en manos de la industria actuar sus propios mecanismos. Es así como, hasta antes de la muerte de Victor Carranza, emergió un acuerdo mutuamente conveniente e informal entre el Estado y los patrones de las esmeraldas mediante el cual la seguridad regional de orden privadp se intercambió por la participación pública en los ingresos provenientes de la industria de las esmeraldas. En otras palabras, el Estado renunció a su derecho de autoridad política, social y económica en la región por la solemne promesa juramentada por parte de los esmeralderos de mantener la paz entre ellos – una estructura de gobernanza único entre las demás regiones y recursos estudiados como parte de este proyecto. No obstante, sin Carranza han surgido nuevas dinámicas de conflicto que amenazan con desestabilizar este acuerdo. La amenaza de una nueva “guerra verde” entre los patrones de las esmeraldas que aspiran a ocupar el lugar dejado por

Por el contrario, las regalías de exportación que se cargan a otros recursos minerales en Colombia son las siguientes: níquel 12%; carbón 10%; hierro y cobre 5%; oro y plata 4%; platino 5% (Ley 762 de 2002, artículo 16). 29

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Carranza ha llamado la atención de las autoridades locales que presionan para que el Estado desactive los enfrentamientos.30

Sin embargo, en el contexto de la política de “seguridad democrática” de la administración Uribe (2002-2010), el tema de la seguridad nacional fue objeto de creciente atención con considerables implicaciones para la operación de la industria de las esmeraldas. El Estado intensificó sus esfuerzos en el control de la posesión de armas y la distribución de explosivos para fines comerciales. Debido a que la industria de las esmeraldas depende en gran parte del uso de explosivos para su proceso de extracción, el Estado asumió el control de un instrumento regulador indirecto frente a la industria, toda vez que la distribución de dinamita a empresas privadas ha sido considerada

como

un

asunto

de

seguridad

nacional.31

Según

representantes

de

FEDESMERALDAS, ESMERACOL y ACODES, debido a las restricciones de seguridad por parte del Estado sobre el suministro de explosivos, el proceso de extracción en la industria de las esmeraldas en Colombia ha tenido últimamente un impacto negativo. Sus representantes argumentan que la falta de explosivos es una de las razones detrás de la baja en los niveles de producción.

El acuerdo de paz de 1992 es aclamado por muchos observadores y por la población local como el fundamento crucial para la preservación de la paz y de la estabilidad en la región esmeraldera durante los últimos 23 años. La solución de no sólo dividir la propiedad de las minas entre las

30

El antiguo gobernador de Boyacá hizo varios llamados al gobierno central para que revise el tema de las regalías y de seguridad (El Espectador, 13/09/2014). 31 El reciente esfuerzo del Estado por acabar con el mercado ilegal de dinamita está relacionado directamente con ataques terroristas contra políticos de alto rango atribuidos a la guerrilla de las FARC, cuyo material explosivo fue rastreado a equipos previamente vendidos a las compañías esmeralderas del occidente de Boyacá. En consecuencia, las fuerzas armadas han limitado rigurosamente la venta de dinamita a esas compañías salvo que ellas tomen medidas específicas de seguridad con el fin de impedir el robo o ventas a terceros ilegales.

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partes del antiguo conflicto como sucedió al final de la segunda “guerra verde” a finales de la década de 1970, sino también de crear vínculos entre ellas, se consideró ampliamente como la espina dorsal institucional para la sostenibilidad de la paz. El tener intereses comerciales comunes contuvo la proclividad de los esmeralderos hacia el uso de medios violentos para resolver sus diferencias económicas. Sin embargo, el efecto del proceso de paz de 1990-92, en términos de una reducción en muertes violentas, no fue inmediato. A pesar de firmar el acuerdo de 1992, el número de homicidios se redujo solo muy gradualmente y, de hecho, experimentó un pico en 1993 a medida que se resolvían viejas y nuevas cuentas y se radicaban en forma violenta nuevos guaqueros en medio de un periodo de bonanza de las esmeraldas. Mientras los esmeralderos tradicionales se regían en su mayoría por las reglas del acuerdo de paz, la bonanza de las esmeraldas de comienzos de los años 1990 atrajo a un grueso grupo de trabajadores informales que no se sentían vinculados por el acuerdo. Como resultado, el nivel de violencia en la región se incrementó inmediatamente luego de la firma del pacto de paz.

Con todo, el nivel de violencia bajó de manera gradual en el curso de los últimos quince años. Sin embargo, en lugar de atribuir simplemente esta reducción al impacto del acuerdo de paz, otro factor importante tuvo que ver con el ciclo de bonanza y declive en la industria de las esmeraldas. La figura 6 muestra una relación positiva y estadísticamente significativa entre la tasa de homicidios y la producción de esmeraldas entre 1984 y 2011. El vínculo causal en juego sugiere que para el caso de las esmeraldas, una mayor producción genera mayores niveles de violencia. En otras palabras, más producción de esmeraldas o de riqueza potencial genera más incentivos para crear conflictos económicos con el uso de medios violentos. Por ello, no es coincidencia que dos de las tres “guerras verdes” sucedieran durante los periodos de bonanza de producción de esmeraldas.

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Adicionalmente, tal como Gutiérrez Sanín y Jaramillo lo denominan con agudeza, el acuerdo de paz de 1992 entre los esmeralderos fue un “pacto paradójico” (Gutiérrez Sanín y Jaramillo 2003). De una parte, el acuerdo, sin duda, fijó los cimientos para una paz duradera en la región esmeraldera, puesto que alcanzó un consenso notablemente amplio y aceptación de sus principios básicos entre todas las partes involucradas en el anterior conflicto armado. De otra parte, el acuerdo consolidó el orden político, económico y social existente en la región, cementando el dominio de unos cuantos actores privados (los patrones) y la relativa ausencia del Estado. Casi parece como si las partes del anterior conflicto hubieran sido premiadas con mayor poder económico y una legitimidad política y social recientemente adquirida, conferida por las instituciones del Estado y de la sociedad civil.

Figura

6.

Relación

entre

homicidios

y la

producción

de

esmeraldas,

1984-2011

46

Fuente: Construcción propia con datos de Policía Nacional y del Banco de la República. No obstante, la paz y la estabilidad relativa en la región esmeraldera ha sido enmarcadas dentro de los siguientes tres aspectos: “a) como sabemos, los contextos de extracción conjunta no son democráticos; b) no eliminan la violencia, solo la reducen; c) mirando al futuro, pueden evitar el cambio a otras formas de orden que sean más abiertas y legales” (Gutiérrez & Barón 2008: 126). Visto desde esta perspectiva, si bien se genera y se mantiene el orden mediante un acuerdo públicoprivado informal en la línea divisoria entre legalidad e ilegalidad, las demandas de la población local para procedimientos de toma de decisiones más democráticos y alternativas de desarrollo sostenible más allá de la “cultura” de las esmeraldas difícilmente entran en la ecuación. De hecho, atender dichas demandas de la población podría socavar los pilares del contexto establecido. El hecho de que el Estado ignore la situación claramente beneficia los intereses económicos de los esmeralderos, al tiempo que perpetúa el nivel arraigado de pobreza entre la población local.

Al contrario de otros recursos analizados como parte del proyecto que originó este libro, no existe evidencia de que la desigualdad social haya causado violencia a alta escala en la región esmeraldera. Una explicación común de este fenómeno se refiere al paternalismo cultural que domina la relación minero-patrón y la posibilidad de un ascenso económico y social luego de encontrar una piedra de alta calidad y considerable valor (Uribe 1992: 54-58). Según Duncan, “las relaciones clientelistas, el patronaje, el conservatismo extremo, la vida campesina tradicional y una economía deficientemente monetizada siguieron siendo los cimientos básicos del orden social” en la zona esmeraldera del occidente de Boyacá (Duncan 2010: 33). La paz alcanzada al principio de los años 90 entre los productores locales no ha cambiado este patrón político y cultural en la zona esmeraldera. A su vez, el acuerdo de 1992 lo cementó y ha dejado el Estado y los otros actores

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“clásicos” del conflicto armado en Colombia a los márgenes de los principales acontecimientos en el Occidente de Boyacá.

6. La histórica pero incómoda relación entre esmeraldas y drogas

Los vínculos entre las drogas ilícitas y las esmeraldas son complejos. En realidad, la existencia de estructuras tipo mafia en el sector esmeraldero sirvió como inspiración para el surgimiento de la industria ilegal de las drogas en los años de 1970 y 1980. Incluso podría decirse que existía una cierta envidia entre los narcotraficantes frente a los esmeralderos porque estos últimos lograron un estatus legal para sus actividades privadas a pesar de sus inicios ilegales32.

A finales de la década de 1960 los cultivos de coca aparecieron por primera vez en la región esmeraldera (Guerrero 2008: 126). En los años 1970 se presentaron varios incidentes de decomiso estatal de la producción de coca. Para la década de 1980, la región experimentó una próspera relación entre los esmeralderos y los barones de la cocaína, incluida la adopción del modelo de negocio de plantero en la industria de la cocaína que condujo a una revolución tecnológica en este último (Guerrero 2008: 127).33 Por otro lado, los patrones de las esmeraldas se lucraron del uso de la red de distribución internacional de la cocaína.

32

Mauricio Romero, en su investigación sobre los inicios de las autodefensas y el paramilitarismo, hace referencia a este hecho (Romero 2003). Duncan (2006) y Ronderos (2014) también mencionan las relaciones entre los narcotraficantes y los esmeralderos y la diferencia que existía entre ellos en términos del estatus legal. 33 El término plantero se refiere a la práctica de proveer inversión financiera (“plante”) a personas con el fin de iniciar el cultivo o comercialización de drogas ilícitas. Aplicado a la industria de las esmeraldas, un plantero se considera un inversionista que alquila su equipo técnico o entrega préstamos a guaqueros a cambio de una participación de sus utilidades.

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Según Duncan, “(los) primeros barones de la cocaína en Colombia provenían casi en su totalidad de dos áreas del país: Antioquia desde Medellín hasta el norte de Cali, y en menor medida, las áreas con influencia por las mafias de esmeraldas de Boyacá”. Además, la región esmeraldera del occidente de Boyacá sirvió como área central para la expansión de la industria de la cocaína en Colombia puesto que contaba con “la presencia de una población nativa disponible para plantar la hoja de coca hasta el punto de hacer innecesaria la importación de base de coca de Perú y Bolivia” (Duncan 2010: 15, 33).

Una segunda forma de traslapo entre los dos sectores ha sido más indirecta. Mientras que el zar de la cocaína Rodríguez Gacha se involucraba directamente en la industria de las esmeraldas durante la tercera “guerra verde” de finales de los años 1980, la generación contemporánea de distribuidores de cocaína prefiere permanecer en los márgenes de la industria y utilizarla principalmente para fines de lavado de dinero. La emergencia de accionistas con antecedentes de negocios ilícitos del pasado reciente en las compañías esmeralderas como Yesid Nieto, mencionado con anterioridad, es un caso emblemático. A pesar del compromiso de los esmeralderos en el acuerdo de paz de 1992 de erradicar los cultivos de coca y prohibir el negocio de la cocaína en la región esmeraldera, el cultivo de coca en el occidente de Boyacá experimentó una verdadera bonanza durante la primera mitad de la década de 2000, lo cual indicó, si no al menos una activa promoción, sí una tolerancia pasiva de la producción de coca por parte de los patrones locales.

¿Qué puede explicar el apoyo de la producción de coca entre los productores de esmeraldas, aun si ello significa tentar la ira del Estado por romper una de las reglas esenciales del juego, bajo el contexto de extracción conjunta? La respuesta a esta pregunta puede encontrarse en la relación inversa entre la producción de esmeraldas y la producción de coca. Debido a que los ingresos por

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la exportación de esmeraldas tuvieron un dramático declive a finales de la década de 1990 y comienzos de 2000, el número de cultivos de coca en el occidente de Boyacá igualmente experimentó un alza considerable (ver Anexo 1 y Anexo 2). Por ello, podría decirse que el exceso de mano de obra de la industria de las esmeraldas fue empleado posteriormente por el sector al alza de la coca en ese momento, dentro de la misma región geográfica (Armenta 2005). Varias entrevistas con la población local en la región esmeraldera confirman esta conclusión.

Sin embargo, la promoción o al menos la tolerancia de la presencia de cultivos ilícitos constituye una violación de los términos y condiciones del acuerdo de paz de 1992, y una de las condiciones cruciales para el funcionamiento del contexto de extracción conjunta entre el Estado y los productores de esmeraldas privados. El Estado, o para ser precisos, el gobierno Uribe no quiso restarle importancia a esta aparente ruptura del acuerdo. Dada su declarada “guerra contra las drogas”, y teniendo en cuenta la reticencia de los esmeralderos para actuar contra el comercio ilícito de drogas en “su” región, el Gobierno optó por intervenir mediante el lanzamiento de un programa de erradicación de coca a gran escala en la región del occidente de Boyacá. Como puede verse en el Anexo 2, cinco de los seis municipios con cultivos ilícitos en el Departamento de Boyacá forman parte de esta región y cuatro de los últimos cinco son municipios productores de esmeraldas.

Con la política antidroga de la administración Uribe, por primera vez en muchos años, la presencia del Estado —al menos en términos coercitivos— se pudo sentir en la región. La política de la administración Uribe tuvo bastante efecto en la región occidental de Boyacá, al menos en términos del número de hectáreas donde existen cultivos ilícitos. Los informes de las Naciones Unidas entre 2001 y 2013 sobre cultivos ilícitos en Colombia muestran una notable reducción en los cultivos de coca en la región esmeraldera, que ha continuado incluso en el periodo de la administración Santos.

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Para el censo de 2012 publicado en agosto de 2013 solo el municipio de Otanche reportaba un total de diez hectáreas sembradas de coca (ver Anexo 2).

7. Actores armados ilegales en la región esmeraldera: la guerrilla Según una lectura desde las “causas estructurales”34 del conflicto colombiano y dada la difícil situación económica de la población del occidente de Boyacá, se podría esperar un potencial considerable para la incursión exitosa de grupos guerrilleros de izquierda en esta región. Sin embargo, las percepciones económicas acerca de las acciones y las motivaciones de los seres humanos en áreas de conflicto tienden con frecuencia a ser engañosas (Gutiérrez 2004). Sin duda, ha habido varios intentos por parte de la guerrilla de las FARC desde finales de los años 1960 para lograr establecerse en esta región, usualmente comenzando en áreas vecinas bajo su control, especialmente del Magdalena Medio entre los departamentos de Antioquia y Santander y de la provincia de Rionegro en el departamento de Cundinamarca (Uribe 1992: 83). Estos intentos sucedieron cada vez más luego de los resultados de la denominada Séptima Conferencia de las FARC en 1983. La conferencia no solo definió a las FARC como “un ejército popular revolucionario” con un carácter político explícito y objetivos políticos, sino que también aprobó un cambio en la estrategia de su organización hacia un rápido y extensivo crecimiento militar y

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Richani (2005) ofrece un recuento de las causas estructuralistas del conflicto, vinculando la presencia de recursos naturales y violencia en las regiones de Colombia.

51

expansión territorial. Como resultado, las FARC intentaron ingresar a la región esmeraldera del occidente de Boyacá con una fuerza militar y ambición estratégica intensificadas a mediados de la década de 1980 pero con relativamente poco éxito.

Con el fin de entender este fracaso en su intento de obtener un control a largo plazo sobre la región, se deben considerar explicaciones a varios niveles. Primero, la región esmeraldera es un fortín tradicional del Partido Conservador. La cultura política está diseñada por valores conservadores, anticomunistas y religiosos entre la población local, estimulada por los patrones con el fin de asegurar la legitimidad de su reclamo a la hegemonía regional y control social (Uribe 1992: 54-58; 124-125). Como resultado, prácticamente no existe una base ideológica o subestructura socioeconómica para la retórica revolucionaria y práctica de lucha de clases.

Segundo, la lealtad de los trabajadores de esmeraldas para con su patrón triunfa sobre cualquier otra forma posible de identidad política o social para la mayoría de la población local. Por la falta de alternativas y de fuentes legales de trabajo o ingresos, la dependencia económica de los trabajadores de esmeraldas en sus empleadores formales o informales constituye una característica común en esta región. Las estructuras sociales y económicas prevalecientes prácticamente no ofrecen ningún campo fértil para la presencia sostenible de las FARC y su legitimidad entre la población local. Además, el control sobre la economía local requiere control sobre la base social en la región —algo que las FARC no pueden alcanzar en un nivel sostenible—.

Tercero, la región del occidente de Boyacá no es un corredor táctico o estratégico para las FARC en términos de sus operaciones contra el Gobierno, ni para asegurar el suministro de equipos, ni para propósitos de narcotráfico (con base en información suministrada por las fuerzas armadas de

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Colombia). En consecuencia, en su planeación estratégica contemporánea, la región esmeraldera no es una prioridad y por ello ha sido relegada últimamente a un relativo abandono por parte de la guerrilla.

8. Actores armados ilegales y la región esmeraldera: los paramilitares

En el sentido opuesto a las relaciones con la guerrilla, los vínculos entre los patrones de las esmeraldas y los paramilitares de derecha o las denominadas fuerzas de autodefensa son bien conocidos y ampliamente documentados en la prensa y en el sistema judicial colombianos, aunque con muy pocas condenas formales realizadas. Con todo, sus relaciones han sido más complejas y ambivalentes de como han sido comúnmente representadas.

El comienzo de la relación puede rastrearse hasta los días de Efraín González y su grupo bandolero durante el comienzo de los años 1960. El despliegue de las milicias armadas por parte de los patrones tuvo el propósito inicial de mantener el orden social y económico preexistente, en contra de los disturbios ocasionados por la población minera o por grupos esmeralderos rivales en su búsqueda por riqueza fácil y el frecuente uso de medios violentos. Para tal fin, no se requería armamento sofisticado ni una cantidad numerosa de milicianos. No obstante, el principal objetivo de los grupos armados bajo el liderazgo de los patrones cambió posteriormente. Con el surgimiento de la segunda y, especialmente, la tercera “guerra verde”, el propósito principal de las milicias privadas fue el de combatir a los grupos amenazantes al orden tradicional en la región, en particular,

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a la guerrilla. Esta nueva tarea requirió de armamento de avanzada tecnología y también la extensión cuantitativa de las fuerzas de milicia. Por consiguiente, las fuerzas de milicia rural se convirtieron en verdaderos ejércitos privados al servicio de los patrones de las esmeraldas. Estos ejércitos privados de los esmeralderos sirvieron después como fuerza laboral de diferentes clases que luego servirían como sustento para el ascenso de estructuras paramilitares en otras partes en Colombia; es decir, la formación y la organización local de grupos de milicia privada en la región esmeraldera se extendió posteriormente a nivel nacional.

Como parte esencial de la transformación de las pandillas campesinas armadas en ejércitos semiprofesionales, fue crucial el rol del líder militar del cartel de las drogas de Medellín, Gonzalo Rodríguez Gacha. Durante su activa participación en la tercera “guerra verde” en nombre del “grupo Coscuez”, Rodríguez Gacha formó una estrecha alianza militar con las estructuras paramilitares emergentes en la región del Magdalena Medio, contigua a la región esmeraldera hacia el occidente, con el fin de asegurar su control territorial uniendo la zona de los Llanos Orientales al oriente de Colombia (en el departamento del Meta) con la región del Magdalena Medio al occidente. El occidente de Boyacá y las minas de esmeraldas están localizados precisamente en la mitad de este corredor (Cortés 1993: 103-107).

Luego de la muerte de Rodríguez Gacha en diciembre de 1989 y el final de la tercera “guerra verde”, los esmeralderos han mantenido estrechos vínculos con el entonces floreciente paramilitarismo en Colombia, aprovechando la proximidad geográfica con los fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) —la reconocida familia Castaño— en la región sur del Magdalena Medio, alrededor de Puerto Boyacá (Gutiérrez y Barón 2005). En este sentido, los barones de las esmeraldas han actuado no solo como una fuente de financiación de los grupos

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paramilitares emergentes, sino también como una fuente de provisión de recursos humanos por medio de sus propias milicias privadas.35

Adicionalmente, varios esmeralderos han formado alianzas en otras partes del país con otros grupos armados. El principal propósito de estas alianzas ha sido proteger los intereses comerciales de los patrones fuera de la industria de las esmeraldas —relacionados principalmente a la tenencia de tierras para actividades agrícolas y ganaderas y especialmente contra ataques de la guerrilla o de grupos económicos y paramilitares rivales (Cepeda y Giraldo 2012)—. Especialmente tras la muerte del “zar” Víctor Carranza en abril de 2013, se hizo notable que las llamadas bandas criminales (Bacrim) están involucradas en la lucha entre diferentes clanes de familia de la zona esmeraldera de Boyacá. Estas luchas no han tomado la forma habitual de las “guerras verdes” del pasado donde ejercicios privados de los clanes de esmeralderos se enfrentaron sino más bien aumentó el número de asesinatos selectivos dentro y fuera de la zona esmeraldera durante los últimos años. Una hipótesis para explicar la ausencia de una guerra a gran escala entre los patrones es la falta de recursos financieros (The Atlantic 07/08/2013). Sin embargo, Bacrim como “Los Urabeños” han formado alianzas tácitas con uno de los clanes esmeralderos para disputar el control del negocio de las esmeraldas y, sobre todo, para controlar los corredores estratégicos del

El antiguo “zar de las esmeraldas” Víctor Carranza fue arrestado en febrero de 1998 por cargos de financiación a grupos paramilitares, entre estos, el reconocido grupo paramilitar “Serpiente Negra”. Sin embargo, fue liberado en el año 2002 y fue exonerado de cargos en el año 2004 (The Independent, 29/04/2006). Recientemente se revivió el debate acerca de los vínculos entre los esmeralderos y los paramilitares debido a que exlíderes paramilitares como Freddy Rendón, alias “El Alemán”, han señalado que los empresarios esmeralderos en general, y concretamente Carranza, financiaron y apoyaron los grupos paramilitares comandados por Carlos Castaño entre 2001 y 2003 (Cepeda y Giraldo 2012). Rendón declaró que el acuerdo estipulaba que los esmeralderos debían entregar a grupos paramilitares el 5% de la producción anual de esmeraldas con el fin de financiar sus acciones contra la guerrilla (Verdad Abierta, 05/18/2009). Asimismo, antes de su muerte, se presentaron varios episodios de violencia dirigida entre esmeralderos y narcotraficantes en donde el objetivo más frecuente era Carranza. La policía colombiana sospechaba que el barón de la droga Daniel “El Loco” Barrera estaba detrás de estos ataques (Semana, 07/12/2009). 35

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narcotráfico de Antioquia hacia los Llanos Orientales (El Espectador, 28/03/2014; El Tiempo, 29/03/2014).

En términos generales, es fácil revelar una afinidad entre los esmeralderos y los líderes paramilitares de las AUC y sus sucesores con base en las siguientes premisas: (i) oposición a la guerrilla, (ii) apoyo común, y (iii) promoción activa de sistemas regionales de ley y orden organizados de manera privada en ausencia del Estado. Sin embargo, la relación entre ellos no ha estado libre de tensiones, rivalidades, falta de confianza y hasta intereses políticos y económicos divergentes a largo plazo. Si bien los patrones de las esmeraldas y los líderes de los grupos paramilitares han compartido muchos valores y creencias políticas y sociales, además de tener intereses estratégicos comunes a corto plazo, la principal división entre ellos ha sido la asociación de los paramilitares con el negocio de la droga. Los esmeralderos han demostrado una relación ambigua hacia las drogas ilícitas: a veces las aceptan como una fuente alternativa de ingresos para su fuerza laboral o para ellos mismos, en particular en tiempos de baja producción de esmeraldas, pero en otras ocasiones los esmeralderos las rechazan temiendo la persecución del Estado por romper uno de los elementos centrales del acuerdo de paz de 1990, que estipulaba la erradicación de todos los cultivos de coca en el occidente de Boyacá. Además, han sido conscientes de la pérdida de su hegemonía social y económica en la región esmeraldera por fuerzas paramilitares intrusas. De manera que sería incorrecto asumir una alianza estable o durable, sin conflictos y mutuamente provechosa entre los esmeralderos y los grupos paramilitares.

9. Conclusiones

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Este capítulo buscó vincular la presencia de recursos naturales con las dinámicas particulares de conflicto y paz a nivel local, utilizando el ejemplo de la región productora de esmeraldas en Colombia. Hemos mostrado que la región del occidente de Boyacá tradicionalmente ha estado caracterizada por periodos de violencia y orden relacionados con diferentes contextos institucionales de la extracción de la industria de las esmeraldas. En el actual contexto de extracción conjunta vigente desde 1992, el Estado esencialmente entregó a empresarios privados el control económico de la industria a cambio de una pequeña participación en los ingresos del sector, y ante todo para mantener la paz entre los esmeralderos, lo cual llevó a un periodo de estabilidad en la región. Al mismo tiempo, el acuerdo de paz de 1992 reforzó la hegemonía regional de los esmeralderos y de este modo afianzó el orden político, económico, territorial y social específico en el occidente de Boyacá.

Adicionalmente, la longevidad de la paz fue facilitada por los datos específicos de la producción de esmeraldas en las últimas dos décadas. Hemos dicho que los vaivenes de la violencia sistemática están unidos a la tendencia de bonanza y bajas de la producción de esmeraldas. En tiempos de alta producción, suben los incentivos para los miembros de la industria de acudir a medios violentos para resolver sus conflictos económicos. Por el contrario, la baja producción de esmeraldas está unida a niveles más bajos de violencia, condicionados por la disponibilidad de fuentes de ingreso alternativas, aunque ilícitas, que ofrece el negocio ilegal de drogas.

En resumen, hemos demostrado la cambiante relación entre los recursos naturales y el conflicto violento a lo largo del tiempo y el modo cómo ello es mediado por el contexto institucional de extracción. El conflicto que rodea las esmeraldas en Colombia no es el resultado de enfrentamientos entre el Estado y/o entre actores no estatales en el contexto más amplio del

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conflicto armado en los últimos sesenta años. A pesar de varios intentos por parte de grupos paramilitares y guerrilleros de penetrar en la región y establecer allí su modelo de orden social, estos grupos nunca han logrado tener un arraigo duradero en esta parte del occidente de Boyacá. Por el contrario, las dinámicas del conflicto y paz en la región esmeraldera colombiana están inextricablemente ligadas a las características institucionales y económicas únicas de la industria de las esmeraldas. En otras palabras, si bien el conflicto armado a nivel nacional interactuó con la dinámica local del conflicto, ver o interpretar violencia y orden sólo a través de la perspectiva nacional es insuficiente para explicar los resultados a nivel local.

El “amortiguador” específico en la región esmeraldera contra la intromisión a gran escala del conflicto armado nacional y sus actores ha sido el inamovible poder de un grupo privado de actores económicos relacionados con la industria de las esmeraldas. Este pequeño grupo de patrones de las esmeraldas está ligado por estrechos lazos familiares, la confianza social al interior del grupo, y una profunda aversión a las fuerzas políticas y económicas externas. Manteniendo el nivel de violencia entre ellos relativamente bajo, los productores de esmeraldas han sostenido los términos del acuerdo informal con el Estado, impidiendo la creciente intromisión de este último en sus actividades comerciales.

Sin embargo, ¿durará el acuerdo informal que constituye el contexto de extracción conjunta para la industria de las esmeraldas? En otras palabras, ¿qué podría conducir a la decadencia o a una posible ruptura de los pilares instituciones del orden y paz en la región esmeraldera? Nos referimos a cuatro factores que pueden socavar y posiblemente desenmarañar el contexto actual. Primero, los esmeralderos deben haber aprendido la lección de experiencias pasadas con respecto al cultivo de coca en “su” región. Por ahora, el Estado no está dispuesto a tolerar que los cultivos de coca

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prosperen en ningún lugar del país durante un periodo considerable de tiempo y por ello ha tomado medidas activas para combatirlos, incluso en la región esmeraldera. El hecho de no tener una posición definida sobre el aspecto de las drogas ilícitas no ha dado seguridad al Estado de que los esmeralderos se sostengan en esta parte del acuerdo de paz y ello ha llevado a la incursión de las instituciones oficiales con el fin de librar a la región de los cultivos de coca. No es probable que la presencia a largo plazo de las fuerzas policivas y militares en el occidente de Boyacá ponga en duda en forma alguna el control social de los barones de las esmeraldas, pero al menos puede interpretarse como una pérdida parcial de su autonomía política.

Segundo, en el contexto de la política de “seguridad democrática” del gobierno Uribe, se puso considerable énfasis en el control de armas y municiones en el país. El rastreo de explosivos utilizados en recientes ataques de la guerrilla vendidos a las compañías de esmeraldas amenaza la tolerancia del Estado hacía sistema privado de gobierno de seguridad en la región esmeraldera.

Tercero, existe el espectro de un cambio generacional inminente entre los patrones de las esmeraldas. Los esmeralderos tradicionales como Víctor Carranza son considerados como los garantes esenciales del acuerdo de paz. No está claro que una nueva generación de esmeralderos sin raíces directas en el occidente de Boyacá y sin participación directa en la última “guerra verde” y el consiguiente acuerdo de paz, se sienta obligada a honrar y cumplir con los términos y condiciones del acuerdo informal entre los patrones y el Estado. Debido al relativo rechazo de la industria esmeraldera por la nueva generación, los actores externos provenientes del negocio de las drogas ilícitas puedan percibir el vacío y asumir el control de la industria. Por ello, Yesid Nieto podría ser un precursor de cosas por venir en un futuro cercano.

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Cuarto, la inversión extranjera directa y el concurrente ingreso de empresas multinacionales a la industria de las esmeraldas podrán no sólo transformar las prácticas comerciales vigentes en el sector, sino también amenazar la cómoda relación entre los productores de esmeraldas y el Estado. Como resultado, las formas tradicionales de las relaciones Estado-negocio podrá cambiar y, así, socavar el control económico y social de los patrones locales de esmeraldas.

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Anexo 1. Evolución de Cultivos de Coca en el Departamento de Boyacá, 2001-2011

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Anexo 2. Hectáreas de Cultivos de Coca en Municipios Esmeralderos de Boyacá 2000-2014 Coper La Victoria Maripí Muzo Otanche Pauna Quipama San Pablo Borbur Tununga

2000 0 0 19,30 0 89,10 22,70 14,02 22,79

2001 0 0 0 0 20,00 1,00 0 0

2002 3,00 0 14,00 1,00 23,00 10,00 3,00 15,00

2003 3,00 0 25,00 39,00 140,67 22,00 27,00 18,99

2004 0 0 10,00 11,00 84,00 10,00 15,00 13,00

2005 0 0 0 2,00 101,00 14,00 10,00 9,00

2006 1,00 0 4,00 13,00 142,00 54,00 6,00 20,00

2007 0 0 0 0 52,00 0 0 5,00

2008 0 0 0 0 120,00 0 0 4,00

2009 0 1,00 0 0 106,00 0 6,00 10,00

2010 0 0 0 0 30,00 0 0 0

2011 0 0 0 0 47,00 0 1,00 8,00

2012 0 0 0 0 8,00 0 0 0

2013 0 0 0 0 6,00 3,00 0 0

2014 0 0 1,00 0 4,00 3,00 0 0

0

0

0

0

1,08

0

4,00

0

0

0

0

0

0

0

0

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