Transición y desafíos para la democratización en Argentina: visibilización de nuevos sujetos en el marco de la comunicación como derecho humano

II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS CRÍTICOS DE LAS TRANSICIONES POLÍTICAS Mesa Temática: Los roles de la comunicación en un eventual horizonte de paz, transición y postconflicto Bogotá, 20 al 22 de octubre de 2014

Transición y desafíos para la democratización en Argentina: visibilización de nuevos sujetos en el marco de la comunicación como derecho humano Ponente: Diego Rossi

Resumen: Desde una visión del caso argentino, los procesos de transición no han tenido necesariamente un horizonte temporal definido, ni una evolución lineal ni una consolidación definitiva. Ya sea por la saludable ambición de luchar por ampliar derechos, como por la necesidad de defender lo conseguido en algunos campos, el accionar coordinado de organizaciones sociales de amplio espectro (DDHH, movimientos de base, CELS y otras, algunos sindicatos, la Coalición para la Radiodifusión Democrática, etc.), se han articulado con tiempos de acumulación política o de correlación de fuerzas que permitieron la institucionalización de valores y programas quizás impensados en ciertos períodos de gobiernos constitucionales de 1983 a la fecha. La ponencia rescata el activismo y la militancia pacífica, constante y creativa de grupos quizás numéricamente poco masivos, pero con fuertes cargas simbólicas que, además de la reparación en sí misma, trascendieron en la articulación por garantía de derechos de asociación, libertad de expresión, no represión de las manifestaciones públicas, garantía de derechos de minorías o sectores invisibilizados (actores comunitarios, pueblos originarios, colectivos de género y LGTB, organizaciones sociales sin fines de lucro, etc.). Esa trascendencia logró movilizaciones y posicionamientos que incidieron en un cambio de la opinión pública mayoritaria, aún con la tibieza u oposición de los sistemas de medios

concentrados y hegemónicos (caso Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, o Ley de Matrimonio Igualitario).

Debatir sobre el derecho humano a la libertad de expresarse, sus límites y sus potencialidades, nos lleva a profundizar el análisis de la dinámica relación de la democracia con los sistemas comunicativos. Esto es, sobre las construcciones que estos sistemas generan tanto en su carácter discursivo como performativo y sus implicancias respecto de las relaciones de representación y acción política de los sujetos. En este sentido, la eventualidad del escenario de paz en el postconflicto colombiano resulta una construcción político-comunicacional que impulsa a repensar el lugar de la(s) identidad(es), las prácticas y los sentidos sociales que deberían ser parte de la construcción de una esfera pública democrática amplificada. Resurge la pregunta sobre quiénes pueden expresarse en nuestras democracias, y cuáles son los mecanismos institucionales que deberían garantizar, no sólo justicia sino equidad en el camino siempre inconcluso de la búsqueda de convivencia social y realización colectiva. La variable temporal no es menor: las construcciones políticas y mediáticas de las crispaciones, de la insostenibilidad de las situaciones, o por el contrario, el ocultamiento de injusticias o inequidades moldean las percepciones y expectativas de dignidad y calidad de vida. Tomar más de 30 años de ejercicio democrático en Argentina podría ser generacionalmente un lapso excesivo, pero los vaivenes de los procesos políticos indican que organizaciones y experiencias que parecían condenadas al fracaso o la indiferencia, se han instalado e institucionalizado en formas difícilmente adivinables en una prospectiva de corto plazo. En medio de las presiones de esas agendas interesadas en desencadenar decisiones de única vía, y de las crisis económicas y sociales que condicionan miradas estratégicas para proyectos nacionales y populares, señalamos que las “reconciliaciones” en los discursos y registros mediáticos, aún siendo posturas hegemónicas en ciertos momentos, resultaron poco consistentes tras dos décadas, al menos en el caso argentino.

Situados en América Latina, nuestro sistema y régimen político sobre matrices de concentración y dependencia, y fuertes contrastes en la distribución del ingreso (ahondados por políticas neoliberales que surcaron la región), son causas constitutivas de los problemas de convivencia democrática. La configuración del sistema de medios y las relaciones entre propietarios, productoras, distribuidores y emisores, y la regulación, en muchas regiones representan y reproducen esta desigualdad. En este marco, sin embargo, se despliega un cambio de paradigma a nivel académico, organizaciones sociales, sindicales, organizaciones de derechos humanos. No todos los Estados asumen este cambio de paradigma, ya sea en forma integral o a través de algunas agencias públicas; pero sí hay una incidencia en las agendas de los estándares del sistema interamericano de los derechos humanos y de las políticas públicas de radiodifusión 1.

Democracia y culturas políticas. Gentismo y populismo: conflictos sobre la legitimación de la acción colectiva. La década de los noventa había producido en Argentina una fuerte subordinación de la política como actividad, como esfera de la vida social, a dos discursos que en ese momento se hicieron predominantes (Rinesi: 2011). Una subordinación se produjo con el discurso técnico de los economistas del ajuste estructural, del saber experto como conocimiento válido que señalaba el camino por el cual un país debía marchar. La política quedaba entonces convertida en un discurso subordinado, no solo para el pensamiento neoliberal o conservador, sino también para cierto pensamiento progresista. Prevalecía la opinión de que quien quería hacer política debía aceptar esas reglas de juego. 1

Loreti (2014) cita a un fallo de la Corte Constitucional de El Salvador que recientemente ha dispuesto la inconstitucionalidad, por violar la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), ante la pretensión de entregar las frecuencias de radiodifusión por mecanismos de subasta al mejor postor, es decir, que la razón para ser sujeto de emisiones de radiodifusión sea la capacidad de disponer de recursos económicos. También puede consultarse la declaración de plena constitucionalidad en 2013 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina (Grupo Clarín SA y otros vs. Poder Ejecutivo Nacional), donde se reconoció a la libertad de expresión como derecho universal, tanto individual como social en el marco del derecho humano a comunicar, frente a proyecciones del derecho a la propiedad y al libre comercio esgrimidos por un grupo de medios con posición dominante. Más información (videos, documentos, etc.) en Audiencias Amicus Curiae de la Corte Suprema de Justicia, disponible en: http://www.cij.gov.ar/ley-de-medios.html

Y la segunda subordinación del discurso de los políticos –que tendría luego su disrupción a partir de los gobiernos kirchneristas- también se produjo a fines del siglo XX, ante la lógica y la estética de los medios, devenidos en espacios públicos virtuales aún en géneros no periodísticos ni noticiosos. Rinesi (op. cit.), retomando a Landi, indica que esta recuperación de la credibilidad de los medios se había producido en la transición democrática alfonsinista previa a la crisis y elección de Menem, tras “haber salido muy golpeados de la dictadura a causa de su ostensible complicidad con las mentiras oficiales alrededor de la Guerra de las Malvinas, en 1982” en particular y de las omisiones ante las violaciones de los derechos humanos en general. La crisis económica y social de 2001-2002 en Argentina, y los medios de movilización, protesta y reivindicación que se desplegaron aparejados a ella, llevaron a nuevos movimientos populares (piqueteros, colectivos de excluidos, agrupaciones de base) a ser reconocidos como sujetos políticos "de hecho". Por otra parte, la mencionada conformación de los medios privados comerciales como actores políticos en Argentina, avanzó con creciente capacidad de incidencia política tras la crisis post 2001, en paralelo a la casi desarticulación de las fuerzas políticas tradicionales. El tipo de relación simbólica constituida se basa en lo que Postolski (2013) denomina “gentismo”, y se opone a la lógica de construcción política de los movimientos populares. Ambos disputan el lugar tradicional de la política fundando campos antagónicos con modalidades de invocación y de construcción política disímiles. Los conglomerados comunicacionales asumieron el rol de liderazgo dentro de la fracción de clase dominante, conservando el núcleo ideológico de una forma liberal y burguesa de pensar y representar el mundo. En base a esto declaman un patrón de comportamiento social que se referencia republicano, aunque también se constituyeron como factores destituyentes en momentos de radicalización de la política. El kirchnerismo, interpretado polémicamente como populismo, accede al control del Estado, profundiza la relativa autonomía de éste, basando sus alianzas populares a partir de la implantación de políticas públicas que tienen como elemento común la radical inclusión de sectores subalternos.

El escenario antagónico constituido por este par dicotómico (medios hegemónicos-políticos del establishment opositor-gentismo frente a kirchnerismo-Estado-populismo) marcó las formas de producir políticas que articulan a dos bloques históricamente organizados. “El gentismo, como avanzada del anti populismo, en realidad configuran la anti política, desde su propia lógica de interpelación hacia la gente. Un montaje cultural eficaz porque logra imponer su conciencia y sentido como el sentido común general. Pero la sociedad se ha puesto a discutir sobre quiénes son los dueños de la comunicación. Una discusión que era marginal y que hoy está en los contenidos de los medios” (Postolski, op. cit.). Más allá de la arrogancia de las elites y la desviación de los usos hegemónicos, el liberalismo como tradición democrática está vinculado al respeto a ciertos derechos fundamentales, como la no persecución de la disidencia política y la garantía de la libertad de expresión de todo el mundo. A pesar de los señalamientos del arco opositor, el kirchnerismo demostró actitudes liberales en el ejercicio del poder político como las indicaciones a la policía y fuerzas de seguridad para la no represión de la protesta pública y la preservación de la integridad de quienes manifiestan. También tiene sesgo liberal la eliminación de la figura penal de las calumnias y de las injurias, lo cual restringe posibilidades de censura política a de la libertad de expresión en el país. Desde una mirada desde el aquí y el ahora sobre la cultura política en la transición y afirmación democrática argentina, Natanson (2014) proyecta la supervivencia del kirchnerismo como cultura política, más allá de los resultados políticos en 2015, entendiendo que generó transformaciones progresivas, con un sentido emancipatorio y de reparación social. No resulta previsible la vuelta atrás en medidas tales como la Asignación Universal por Hijo, la garantía del matrimonio igualitario, la nacionalización de los fondos de pensión, movilidad de haberes jubilatorios y moratorias previsionales 2.

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Natanson utiliza resultados de una encuesta de orientaciones ideológicas de Flacso-Ibarómetro, señalando que un porcentaje mayoritario de los argentinos se manifiesta a favor de una intervención activa del Estado en la economía (61,8 por ciento), prefiere las alianzas con los países de la región antes que con las potencias del primer mundo (53,6), apoya los juicios por violaciones a los derechos humanos (61,4) y asegura que la búsqueda de la igualdad debe ser, más que de la libertad, el principal objetivo de un gobierno democrático (50,5 contra 32,8). Y señala que las principales orientaciones políticas del kirchnerismo definen un núcleo básico de ideas compartido por un porcentaje mayoritario de la población.

Pero en las sociedades democráticas modernas, la cultura política no es una sola sino una serie de capas que se superponen unas sobre otras. En la Argentina actual, también se manifiestan rasgos culturales del menemismo –un liberalismo pro-mercado envuelto en un ultra-pragmatismo que apela a una supuesta “toma de conciencia para la reinserción de Argentina en el mundo”. Para Natanson, una huella igualmente profunda en el modo de entender la democracia y las instituciones, ha sido la cultura de la transición simbolizada en el ideal alfonsinista. “Expresa un espacio común de diálogo y búsqueda de consensos del cual el rechazo innegociable a cualquier forma de violencia política quizás sea su rasgo más sobresaliente, a la vez que postula la autonomía del Estado respecto de las corporaciones, sean éstas sindicales, militares o económicas” 3. En esta línea, resulta interesante comprobar que la valoración social de cierto período histórico no necesariamente coincide con el balance más inmediato. Ciudadanía(s) y democracia inclusiva Uno de los factores constitutivos del espacio público son los propios sujetos sociales que lo conforman: quiénes, cómo y desde qué lugar social lo hacen en términos formales. La categoría de “ciudadanía” aparece como central y polisémica, de acuerdo a la carga ideológica que conlleve su formulación. La concepción más clásica de ciudadanía refiera al “status que determina la igualdad de todos los ciudadanos en derechos y deberes, permitiendo así la integración y la cohesión social”. Pero esta igualdad básica no coincide con las diferencias producidas por el sistema capitalista, ya que el status de ciudadano es considerado independiente de la situación de clase emergente del sistema económico y sus efectos” (De Charras et al.: 2012) 4

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Aclara el autor que “Importa poco a esta altura si Alfonsín, en el ejercicio concreto de sus casi seis años de gobierno, fue efectivamente eso, si el tan revisitado tape de su enojo con Clarín fue un desborde ocasional o una línea de acción política real. Lo que interesa es lo que el alfonsinismo dejó en nuestro sentido común, el fragmento de Alfonsín que todos llevamos dentro, hecho de plazas llenas, retiradas negociadas, Moncloas”.

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Para situar las posibilidades del ejercicio ciudadano, resulta útil revisar tres dimensiones de la libertad (Jurado Vargas: 2005): “La primera dimensión es aquella que se conoce como libertad negativa, en virtud de la cual los derechos humanos se concretan en impedir que se restrinja o viole la libertad de hacer o no hacer lo que los individuos quieren, pero con el límite de lo que manda ley. La segunda dimensión es la de la libertad positiva, concretada en los derechos y deberes que los individuos tienen para participar como miembros de

En materia de libertad de expresión y acceso a medios de comunicación, el mito liberal que sólo sitúa la necesidad de resguardo de la libertad frente al Estado, encubre por omisión que en la actualidad menos de una decena de grupos multimediáticos controlan la comunicación de América Latina. La responsabilidad no ha sido sólo de los Estados; más bien han sido las corporaciones en complicidad con los estados dictatoriales y post dictatoriales quienes han controlado directa o indirectamente el ingreso y exclusión del espacio público convertido en “mercado de medios”. (De Charras et al., op. cit.) Ser ciudadano es una condición que se adquiere en términos de práctica social, política y cultural (Alfaro: 2000), lo que implica la capacidad de constituirse en sujetos de derechos, demanda y proposición responsables en diversos ámbitos vinculados con la experiencia. De ahí resulta posible hablar de ciudadanía comunicativa. Este ejercicio de la ciudadanía se ubica en múltiples campos, y no sólo en relación con el Estado. Pero la experiencia reciente de varios países latinoamericanos demuestra que sólo a través del Estado ha sido posible terciar en la disputa con los intereses comerciales trasnacionales y/o concentrados. Para ello, es imprescindible retomar la idea de lo público con una matriz incluyente (donde el Estado garantiza, no estipula), motorizado por la sociedad civil y sus organizaciones. Esto conlleva también la desgubernamentalización de dichos espacios (De Charras et al. op. cit.). El contexto de la Ley de Medios argentina La sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009 (en adelante LSCA) logró una trascendencia social atípica para un texto normativo. La movilización y participación social en torno al proyecto fue un claro contraste en relación a la caracterización sesgada que realizaron los principales medios de comunicación, que hicieron de la victimización una constante. La radicalidad de la discusión permitió por contrapartida que la problemática comunicacional se transformara en un tema de debate público y cotidiano. una comunidad política y definir (también redefinir) su proyecto social en clave jurídico-política. La tercera dimensión es la que se ha llamado libertad real, la que se identifica con la noción de capacidad, es decir que el individuo es realmente libre para hacer algo sólo si tiene las capacidades, condiciones y recursos que lo habilitan para hacer ese algo”. Recién en esta última dimensión surgen las condiciones materiales de existencia de los sujetos como una cuestión a considerar.

La LSCA fue sancionada en un momento donde la Argentina estaba transitando el séptimo año de crecimiento ininterrumpido, al calor de una fuerte puja política por la redistribución de la renta, con la gran mayoría de los sectores productivos, económicos y financieros recuperados y con proyectos de desarrollo producto de la salida de la crisis de la postconvertibilidad. El contexto macroeconómico positivo, entre otras cosas debido a la reestructuración del endeudamiento externo y la derivación de recursos hacia políticas de desarrollo nacional, se tradujo en una paulatina redistribución del ingreso hacia sectores asalariados que confluyó hacia la sustentación de un modelo de consumo basado en la demanda solvente extendida. Tal situación repercutió en el aumento del monto global de inversión publicitaria, en las estrategias de financiamiento de emisoras comerciales basadas en publicidad segmentada (principalmente televisión de pago), y en un aumento del presupuesto de los hogares destinado al consumo de los productos y servicios vinculados a las industrias culturales. El ciclo iniciado en el año 2003 con la primer presidencia de Néstor Kirchner (continuado con las dos presidencias de Cristina Fernández) había tenido una política comunicacional condicionada por la presión de los poderes fácticos. El 18 de marzo de 2009, la presidenta Cristina Fernández dio a conocer el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, basado en 21 puntos que habían sido planteados por la Coalición para una Radiodifusión Democrática, un núcleo de diversas organizaciones sociales, sindicales y universitarias que impulsaban el reemplazo de la Ley dictatorial aún vigente por un marco normativo alineado a la comunicación como derecho humano, orientador de programas de gobierno sobre antecedentes de la mejor legislación comparada en pluralismo y diversidad. Haber tomado como referencia “los 21 puntos” 5, fue una decisión presidencial que marcó una clara orientación política del sentido de la propuesta. Esto implicó la construcción de un entramado social como sostén, a la vez que una definición en torno a la comunicación como un bien social a promover y proteger. Desde ese momento, y a pesar de la resistencia y oposición de los grupos hegemónicos de la prensa y el audiovisual, desde el Gobierno se impulsó un proceso movilización y participación social. Se realizaron más de cuarenta foros abiertos donde intervinieron miles

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Ver texto completo presentado por la Coalición, el 27 de agosto de 2004, en http://es.wikisource.org/wiki/21_puntos_b%C3%A1sicos_por_el_derecho_a_la_comunicaci%C3%B3n

de representantes sociales de las más diversas expresiones. Ese mecanismo le dio un gran consenso y potencia política al proyecto que, con los agregados y las modificaciones planteadas, ingresó al Parlamento para su tratamiento el 27 de agosto. Aprobada el 10 de octubre del 2009 por una amplia mayoría que excedió a la representación parlamentaria del partido gubernamental, aún hoy sigue siendo resistida por los principales agentes privados involucrados, quienes mediante una estrategia de judicialización y de victimización discursiva, han intentado frenar su plena aplicación 6.

Conflicto de intereses: inclusión-exclusión. La visibilización de actores sociales condicionados por poderes fácticos, o ignorados por sistemas de representación El ejercicio de la democracia restringida por concepciones y prácticas particularistas (O’Donnell: 1996) inhibió históricamente la expresión y capacidad de incidencia de numerosos colectivos sociales. En Argentina, el conflicto del kirchnerismo en 2008 con el sector agroexportador alrededor de la retenciones impositivas a las exportaciones, y luego la puja en 2009 con los medios dominantes por la regulación del audiovisual, llevó al Gobierno y aliados políticos a una confrontación hegemónica con estos poderes fácticos. La situación sirvió como ventana de oportunidades para que una cantidad de organizaciones sociales se fortalezcan como sujetos con capacidad de acción colectiva y sean reconocidos en la agenda pública. En tal sentido, pude afirmarse que el proceso de debate, los valores incluidos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y su posterior implementación coadyuvaron a incluir en la comunicación masiva a sectores re-conocidos por una apertura política. “Existe una discriminación activa, obvia, brutal y violenta, y también una discriminación pasiva, subyacente, disfrazada de discurso democrático. La invisibilización es parte de la discriminación pasiva” (Gumucio Dagrón: 2009). Durante el proceso de discusión de la LSCA, en los foros y audiencias federales donde se sometió a opinión el anteproyecto de ley, variadas organizaciones de la sociedad civil 6

Además de la presentación y aprobación de planes controversiales de adecuación por normas anticoncentración, los licenciatarios deben cumplir con cuotas de pantalla y otras normas. Esto sobrepasó las capacidades de control de la nueva autoridad de aplicación -AFSCA-.

expresaron su preocupación por la relación existente entre la producción de mensajes discriminativos y excluyentes y la concentración mediática. La aprobación de la Ley consolidó la posibilidad (ya abierta en 2005 por medio de la Ley 26053) de que nuevos actores puedan ofrecer servicios de comunicación audiovisual; específicamente entidades privadas sin fines de lucro, sector público estatal y no estatal. La participación como licenciatarios dejó de estar restringida a pocas empresas comerciales: el propio Estado salió de un rol subsidiario, y se garantizó reserva de espectro radioeléctrico para Universidades, organizaciones comunitarias e indígenas, además de alinear la normativa con la doctrina actualizada en materia de la garantía de la comunicación como derecho humano. La visibilidad en los medios no era ni lo es aún necesariamente positiva. Los principales medios de comunicación mantienen prejuicios sobre la mujer, la homosexualidad, los pobres, los migrantes, los indígenas, las personas con capacidades especiales, etc. y ejercen la discriminación naturalizando los sentidos que construyen. Sin embargo, a través de nuevas señales públicas, y de mecanismos de financiamiento de contenidos de diverso tipo, otros acentos regionales, nuevas tramas y nuevos personajes tienen lugar en las pantallas, de distintos géneros temáticos, para públicos de diversas edades. Resultó lamentable la resistencia del Grupo Clarín-Cablevisión a incorporar a sus sistemas de televisión de pago señales públicas de calidad como la infantil Paka-Paka (producida por el Ministerio de Educación), o el canal de noticias de la Universidad Nacional de Córdoba CBA24N. Sendos fallos judiciales lo obligaron a acatar lo que la normativa y el sentido común indicaban. Asimismo, la estatización de la transmisión de los partidos de fútbol a través de la rescisión del contrato entre la Asociación del Fútbol Argentino y la empresa Torneos y Competencias (también vinculada a Clarín-Cablevisión), además de asegurar la gratuidad de la recepción en todo el país, modificó sustancialmente el negocio de la TV de pago, y ha sido utilizado como otro ingrediente para las críticas a los presupuestos del Gobierno Nacional destinados a sostener esta y otras programaciones.

Sin dudas, una “transición” de los hábitos de recepción y consumo de medios audiovisuales no acontece en el corto plazo. Por ello, paralelamente a las tensiones desatadas por la aplicación de una inédita política de comunicación, se asume necesaria la profundización de la recepción crítica a través de la educación en medios en las escuelas y en otros espacios educativos. Además de Observatorios para el seguimiento del modo en el que los medios de comunicación configuran procesos y sujetos sociales, en Argentina se dispone de la Defensoría del Público creada por la LSCA bajo supervisión de una Comisión Bicameral del Congreso 7. * Inserción de la Televisión Digital Abierta en Argentina Una de las políticas más relevantes, no tanto por la audiencia obtenida sino por sus implicancias en mediano plazo, ha sido el compromiso del Estado Nacional en invertir en infraestructura para que la Televisión Digital Abierta (TDA) llegue a todos los rincones del país, garantizando recepción gratuita, de calidad y diversa con al menos 16 señales de alcance nacional de distintos géneros más canales y señales del área primaria de cobertura en cada región 8. Hoy, las emisiones de TDA alcanzan al 85% de la población, pero conviven con un “mercado maduro de TV por suscripción”: un 82% de los hogares argentinos pagan abonos mensuales para ver TV, debido a la histórica ausencia de emisoras de recepción gratuita en la mayoría del país. La disponibilidad de señales públicas diversas es un potencial enorme, asumido con fondos públicos derivados de los presupuestos de Educación, Infraestructura y el propio sector audiovisual. Tras la puja por su ubicación en las grillas, el posicionamiento en la oferta comunicacional junto a otras estrategias multipantallas para converger con los nuevos hábitos de recepción, demandan y promueven nuevas capacidades en funcionarios y fundamentalmente en una constelación de creativos, productoras y realizadores independientes que reconocen un campo fértil para desplegar proyectos. 7

Consultar amplias actividades de articulación y promoción de derechos en http://www.defensadelpublico.gob.ar/es 8 A través de un sencillo paneo de la situación de la TDT en Colombia, Hernández (2014) alerta un decálogo de riesgos en la relación Estado-contenidos en TV pública (encasillarla en la región; criticarla sin conocerla; exigirle ganancias; compararla con la TV privada; impedirle emitir contenidos de calidad; dificultar visibilización de actores sociales, minorías, comunidades, poblaciones; estigmatizarla, entre otros).

* Sustentabilidad económica y garantía de frecuencias para sectores sin fines de lucro La creación de producciones desde las propias identidades y contextos, junto a la instalación de temáticas en las agendas públicas son objetivos que conllevan la necesidad de un esquema sustentable para estas actividades a cargo de actores comunitarios y organizaciones sociales sin fines de lucro. A modo de ejemplo de los desafíos por venir, transcribimos el posicionamiento de un colectivo complejo e históricamente invisibilizado, ahora reconocido por la LSCA: los pueblos originarios 9. "En la transición a la televisión digital, reconocemos a la autoridad de aplicación que ha brindado autorizaciones de radios indígenas para emitir con baja potencia en FM (unas 50 autorizaciones hasta mediados de 2014), y ha autorizado al primer canal indígena de televisión (en Bariloche). Pero pedimos que revisen el porqué de restringir a bajas categorías con escaso alcance de cada emisora. En este proceso por la apropiación de frecuencias para TV digital otra vez nuestras frecuencias indígenas deben ser defendidas ante los intereses económicos. Exigimos el derecho a tener señales full HD en cada uno de los 35 pueblos y 1300 comunidades indígenas. Pudimos haber tenido errores en la gestión de algunas emisoras. Pero estamos defendiendo nuestro derecho a la comunicación con identidad. Reconocemos el logro histórico de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (2009), y queremos que nos garanticen los derechos adquiridos en la reserva del espectro para que cada pueblo tenga su canal”. 10 A modo de cierre La alternatividad de experiencias organizativas y comunicacionales durante años permitió mantener vínculos políticos, sociales, comunitarios y universitarios, que luego en el 9

Los pueblos originarios han sido reconocidos como preexistentes al Estado argentino por la Constitución Nacional (reforma de 1994) y diversas Constituciones provinciales. 10 "En este proceso de descolonización, tampoco queremos discriminación positiva, ya que no mendigamos derechos, sino que los ejercemos". "Pensamos en una Patria Grande, justa e igualitaria, para evitar la marginación, no sólo de los pueblos originarios, sino también de muchos otros actores". Testimonios de Mario Enrique Valdez y Armando Lisandro Quispe, representantes de comunidades aborígenes, en la Audiencia Pública para tratar el Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales, convocada por la autoridad regulatoria AFSCA, 19 de setiembre 2014.

kirchnerismo incidieron en la institucionalidad a nivel nacional, aunando experiencias y prácticas emancipadoras, de la mano de doctrinas supranacionales que aún en los marcos de democracia restringidas por poderes fácticos, son capaces de generar contradicciones, tensiones y conflictos en pos de su garantía y plena implementación. Sin un solo modelo o prototipo de ciudadano, se trata de admitir que hay procesos diferentes de vínculos ciudadanos, y de ejercicio de la participación en los sistemas de medios. Apuntalar a esos ciudadanos concretos existentes, comprendiendo la cultura política que han venido conformando, reducir las desigualdades en posibilidades de producción y emisión de contenidos, y equilibrar los impactos causados por la naturalización de las industrias audiovisuales basados en el lucro y la segregación, son atributos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y las políticas que la enmarcan en la Argentina. Las tensiones por una redistribución de los recursos, del conocimiento y de la palabra han resultado transversales a los poderes del Estado y generaron mayor conciencia crítica de la recepción de medios. Si bien la normativa y la acción de gobierno en Argentina han dispuesto fondos y medidas para atender derechos de expresión de grupos vulnerables, la sustentabilidad de proyectos sin fines comerciales, tanto económico-financiera como organizativa y social permanece como objetivo a alcanzar en un lento camino de desconcentración. Los actores globalizados y nacionales del sector también inciden y planifican escenarios de implementaciones digitales y obturaciones a la diversidad que podrían poner en peligro el paradigma consagrado institucionalmente. El conflicto por las distribuciones de recursos comunicacionales hegemonizados por los poderes fácticos, también impacta en la vida cotidiana: la construcción de crisis recurrentes, el miedo y la inseguridad (policial-delictiva) sigue siendo una cuestión prioritaria en la agenda publicada en Argentina. Los intentos de erosión de valores solidarios en la esfera pública y de confianza en las prácticas participativas conviven con forma de inclusión y convivencia democrática impensadas en aquellos tiempos de la “transición” y la “reconciliación nacional”.

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