Tolerancia a la desigualdad y justicia social. Una agenda teórica de investigación

July 16, 2017 | Autor: Emmanuelle Barozet | Categoría: Social Justice, Chili, Justicia social, Justice sociale et démocratie
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Descripción

Tolerancia a la desigualdad y justicia social. Una agenda teórica de investigación1

Emmanuelle Barozet2, Universidad de Chile, [email protected] Oscar Mac-Clure3, Universidad de Los Lagos, [email protected]

Publicado en libro Desigualdades: tolerancia, legitimación y conflicto en las sociedades latinoamericanas, editado por Mayarí Castillo Gallardo y Claudia Maldonado Graus, RIL editores, 2015, pp.151-182, ISBN: 978-956-010176-1, 498 pp.

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Este texto se enmarca en el proyecto Fondecyt regular 1130276, 1130800 y FONDAP 15130009. Contó además con el apoyo financiero de Enlace VID-CEPIA de la Universidad de Chile. Los enfoques generales del proyecto y sus resultados están disponibles en www.desigualdades.cl. Agradecemos a nuestros coinvestigadores por el trabajo de equipo: María Luisa Méndez, Universidad Diego Portales, Virginia Guzmán, Centro de Estudios de la Mujer y Vicente Espinoza de la Universidad de Santiago. 2 Socióloga y cientista política, profesora asociada del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile e investigadora asociada del proyecto CONICYT/FONDAP/15130009 COES (Centro de Estudios para el Conflicto y la Cohesión Social), [email protected]. 3 Sociólogo e historiador, investigador de la Universidad de Los Lagos, [email protected].

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¿Cómo abordar hoy la pregunta por la desigualdad, no desde su medición, sino que desde la comprensión de su reproducción en la vida cotidiana? Las ciencias sociales, desde hace dos siglos, han aportado considerables volúmenes de reflexión y publicaciones acerca de la reproducción de la desigualdad, como fenómeno social que traspasa las barreras de los países y de los siglos. Los aportes han sido tales que muchas veces cuesta orientarse en ese bosque frondoso y tupido, donde se mezclan reflexiones epistemológicas, políticas, descriptivas, analíticas, ideológicas o una mezcla de lo anterior. En efecto, la existencia de la desigualdad en nuestras sociedades no es solamente un problema moral. Se trata de un fenómeno que parece resistir con fuerza al cambio social, a las políticas públicas e incluso a las más fuertes voluntades de igualación social. La última mitad del siglo XX y el inicio del siglo XXI han sido fecundos en intentos de limitar la desigualdad en varias partes y en América Latina en especial, pero con resultados finalmente limitados. Algunas de las razones que explican la permanencia y la reproducción de la desigualdad se relacionan con la legitimación de la misma, y desde otra vereda, con la tolerancia hacia ella. No todos valoran o quieren la igualdad formal o la igualdad real, más allá de los discursos piadosos o políticamente correctos. Algo ocurre que con los ciclos económicos, políticos y sociales, siempre debemos, como Sísifo, volver a plantear la pregunta por la desigualdad, por la comprensión de este complejo fenómeno y por las formas de luchar contra ella, pues siempre se reinstala, a nivel macro pero también en nuestras propias vidas, en su cotidianeidad banal e invisible. En este trabajo, establecemos un recorrido acerca de la reflexión sobre reproducción de la desigualdad desde la noción de justicia social, en el marco de una sociología pragmática, preocupada de los modos cotidianos de construcción de lo social, desde los propios actores. Nos proponemos, al igual que otros autores de este libro, entregar herramientas teóricas para el análisis de este problema en América Latina. En particular, nos interesa presentar y analizar los elementos conceptuales que permiten observar los procesos micro y mesosociales en los cuales se asienta la reproducción de la desigualdad. Buscamos en especial presentar los enfoques teóricos chilenos e internacionales que permiten describir e interpretar la formación y reproducción de los mecanismos de diferenciación subjetiva en las interacciones cotidianas.

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Un problema social central que hemos abordado desde diversos ángulos en nuestro equipo en estos últimos años4 es la consistencia entre los niveles de desigualdad presentes y las creencias y prácticas de individuos y grupos sociales que en la interacción social condenan la desigualdad, a la vez que la reproducen en su actuar y discurso. Desde el punto de vista de las creencias, los individuos pueden justificar o impugnar un orden desigual basado en diversas consideraciones, siguiendo discursos generalizados en torno a la justicia social o lo que uno desea para sí mismo o la crítica hacia otros grupos sociales. Sin embargo, desde un punto de vista micro social o interaccionista, los mecanismos productores de desigualdad se caracterizan por la continuidad de relaciones sociales que se expresan en categorizaciones sociales, separaciones, barreras, o apropiaciones, en las cuales algunos de los grupos obtienen sistemáticamente mayores recompensas, y otros grupos bajas recompensas. Desde este punto de vista, la reproducción de la desigualdad en la vida cotidiana se refiere a cómo estos mecanismos llegan a constituirse como parte de la normalidad social. Este trabajo vuelve a plantear este tema en un momento en que los temas de justicia y desigualdad dejan de estar restringidos a la pobreza: emergen fuertemente discursos críticos y transversales respecto a los niveles de desigualdad que caracterizan la sociedad chilena y América Latina. La hipótesis general que sustenta y organiza el presente documento es que si bien las desigualdades se asientan en procesos de carácter macro estructurales, tienen un fuerte arraigo en las normas que regulan las interacciones de los sujetos y en los comportamientos y prácticas de las personas, así como sus elecciones: las personas toman decisiones y actúan no solo en base a principios de justicia social, sino que también a partir de prejuicios y opiniones formadas en el marco de la interacción social y en el momento mismo, lo que tiende a reforzar y reproducir las desigualdades. En una primera parte, presentaremos los principales debates en torno a las desigualdades, su arraigo en nuestras sociedades y el repudio subjetivo a su existencia. En una segunda parte, relacionaremos la pregunta por la desigualdad con la pregunta por la justicia social, antes de abordar en una tercera parte lo que implica cada visión de la justicia social en términos de redistribución de los bienes societales. En la cuarta parte, presentaremos los

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Véase detalle de nuestros enfoques y trabajos en el sitio web del Proyecto Desigualdades: www.desigualdades.cl.

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enfoques asociados a la justicia social como objeto sociólogo de investigación, antes de cerrar en la quinta parte con un encuadre hacia América Latina y Chile en particular, buscando entender qué está en juego localmente en la pregunta por la desigualdad y la justicia social.

1. El arraigo de las desigualdades y el repudio a su existencia

En los últimos diez años, la temática de las desigualdades socioeconómicas y el discurso público y académico sobre las mismas han adquirido una fuerte centralidad en la sociedad chilena, en la medida que varias de las desigualdades anteriormente naturalizadas han pasado a ser percibidas como injusticias. Profundizar en la dimensión subjetiva de la desigualdad socio-económica, una de las menos conocidas (Chauvel, 2006; ENES 2009; Castillo, 2009; Castillo, 2011), parece entonces muy necesario, pues de modo general, la sociología ha abordado más las desigualdades sociales que la justicia social como tal (Turner, 2007). En el caso particular de Chile, a pesar de los elevados niveles de desigualdad que presenta este país en diversos ámbitos de medición, hasta el año 2006, parecía existir cierto consenso entre las fuerzas políticas y las autoridades sobre los aportes positivos del modelo económico al crecimiento del país. A su vez, las y los ciudadanos parecían reconocer la ampliación de oportunidades y de bienestar social en el país. Sin embargo, a partir de ese año, y con mayor fuerza a partir del año 2011, el malestar (PNUD, 1998; Brunner, 1998) y las demandas de redistribución frente a las desigualdades (Espinoza, 2012) comenzaron a ganar posiciones en las agendas públicas y académicas. Se visibilizaron la diversidad de reivindicaciones sociales insatisfechas, las dimensiones ocultas de la desigualdad, la injusticia, el abuso de poder y la imposición de decisiones de parte de las autoridades sobre temas públicos. Una creciente ola de protesta social fue llevando esta agenda al espacio político, partiendo en 2006 con las movilizaciones de los “Pingüinos”, los paros de trabajadores subcontratados en la minería, la re-mediatización de las luchas de grupos indígenas, las demandas ambientalistas, para culminar a partir del año 2011. La aparición simultánea de una serie de escándalos y problemas sociales que

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afectaron a grupos modestos y de clase media5 en los años anteriores, constituyeron antecedentes directos de la crisis del año 2011. La producción social, periodística, y científica acerca de las desigualdades pasó a estar por lo tanto mucho más fuerte que hace una década. Se ha centrado sin lugar a dudas en las diferencias de ingresos como síntesis de las diferencias sociales, en especial desde la economía, pero se ha demostrado desde la sociología y la psicología que lo que está en juego para las personas también se expresa en categorizaciones sociales y representaciones de la sociedad (Durkheim, Mauss, 1903), mucho más ancladas en las mentes de las personas que sus fluctuantes niveles de ingresos. Desde el punto de vista cuantitativo, distintas encuestas evidenciaron los niveles de malestar ciudadano frente a la desigualdad y situaciones de abusos (CERC, CEP, ISSP, ENES). Esto llevó a la discusión nacional lo que parecía un tema menor hace diez años: las brechas de la desigualdad, la sustentabilidad del modelo de desarrollo y a fin de cuentas, la necesidad de introducir importantes reformas al sistema imperante para reducir las desigualdades. Como señaló Sen (2000), varias desigualdades invisibles hasta el momento pasaron con este ciclo de acción colectiva a ser no solamente visibilizadas, sino que consideradas como particularmente injustas. El problema de esta coyuntura específica es que en América Latina y en Chile en especial, a lo largo de la historia moderna, se ha tenido que escoger entre crecimiento económico y redistribución. En efecto, en varios momentos del siglo XX, se ha sacrificado el desarrollo económico en pos de una mayor igualdad social, pero los resultados no han sido los esperados, especialmente entre los años 1950 y 1970. Desde la vuelta a la democracia en 1990 hasta la elección de Bachelet para su segundo mandato en 2014, se optó por no sacrificar el crecimiento económico en pos de una mayor igualdad social, lo que colocó a la clase política frente a un dilema. Mirando hacia el futuro, muchos pasaron a considerar que las condiciones estaban dadas para compatibilizar ambos logros, aunque varias voces

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Podemos destacar los siguientes escándalos: colusión de las farmacias para fijar precios de medicamentos, estafa a los deudores de la multitienda La Polar, altas ganancias de las administradoras de fondos de pensiones en un período de turbulencia económica, aumento del endeudamiento de las familias para financiar la educación de sus hijos, entre otros. Cabe destacar en esta larga lista el escándalo de la “señora Pérez” del condominio de Chicureo, una zona de acomodadas casas en gated communities de Santiago y del maltrato simbólico y social hacia las empleadas de casa (“nanas”), que ha generado impacto público; se trata de un ejemplo de discriminación, que puede ser analizado desde un punto de vista micro social (http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/01/120118_chile_nanas_discriminacion_jgc.shtml).

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discordantes tanto en la izquierda como la derecha opinaron que se terminaría nuevamente sacrificando una de estas esquivas metas. Desde el punto de vista sociológico y económico, la desigualdad social es “el resultado de una distribución desigual, en el sentido matemático de la expresión, entre los miembros de una sociedad, de los recursos de ésta” (Bihr, Pfefferkorn, 2008)6. Se produce y reproduce por un conjunto de mecanismos, dentro de los cuales cabe destacar algunos de corte estructural, e institucionales tales como el sistema educacional, el sistema tributario, la matriz productiva, los requerimientos del mercado laboral respecto de trabajadores más o menos especializados, los patrones de segregación espacial, las políticas sociales, y la falta de redistribución en general (Fitoussi, Rosanvallon, 1996; Thernborn, 2006). Junto a éstos, existen mecanismos de discriminación social expresados en percepciones y actitudes de la población así como en su interacción social, que denominamos nivel microsocial (Simmel, 1908; Goffman, 1959; Garfinkel, 1967) y que no responden sólo a determinaciones estructurales o macro, sino que también a micro-decisiones que toman las personas. De una parte, las creencias y prácticas que sustentan la desigualdad a un nivel micro-social pueden concebirse como mecanismos de adaptación ante procesos estructurales. Pero también puede afirmarse que los procesos estructurales que producen la desigualdad social sólo pueden sustentarse en la medida que hayan sido socialmente justificados y que las personas avalen la existencia de desigualdades. En este contexto, la micro-reproducción de las desigualdades puede ser considerada como un mecanismo habitual y diario de diferenciación social (Schwalbe et al., 2000; Forsé, Parodi, 2010). También cabe considerar que el sistema imperante, por muy injusto que sea, trae recompensas en el día a día: diferenciarse socialmente de los demás, gozar de un nivel de bienestar un poco superior al vecino, sentirse distinto o más que el de al lado, también trae bienestar sicológico. Parte de nuestros procesos de conformación identitaria implica diferenciarse de los demás y obliga a marcar fronteras y límites (Lamont, 1992; Méndez, 2008). Una explicación complementaria consiste en señalar que reproducimos la

Obviamente, el término “desigualdad social” requiere de una importante precisión en cuanto al tipo de variables que se tomarán en cuenta para definir los distintos aspectos de dicha desigualdad. Se puede tratar cada una de estas dimensiones por separado o mediante una combinación de varias de ellas. En nuestro equipo, optamos por tomar en cuenta varias dimensiones de la desigualdad, de manera conjunta (Tilly, 2000). 6

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desigualdad en nuestro quehacer diario porque muchas veces nuestras decisiones emergen en un contexto de baja racionalidad (Cefai, 2011) y no engarzan con modelos de justicia social que elaboramos en otro nivel de reflexividad (De Singly, Martuccelli, 2009; Araujo, Martuccelli, 2012). También se puede argumentar que las personas, frente a situaciones injustas, esperan que la situación evolucione a futuro o simplemente se considera por fatalismo que no se puede cambiar (Turner, 2007). Una visión más agencialista consistiría en argumentar que combatir las desigualdades, en especial las más fuertes en nuestras sociedades, significa implicarse en actividades colectivas, que toman tiempo, energía y riesgos7. Parece aceptable en este contexto quedarse en la aceptación de la situación para no pagar tales costos, sobre todo cuando estas actividades compiten con el tiempo dedicado al trabajo, al cuidado de la familia y otras actividades que permiten la reproducción del diario vivir. Muchos individuos que consideran que las desigualdades son injustas, decidirían entonces renunciar a lo justo para actuar en la medida de lo posible, lo que más que legitimación, expresa tolerancia hacia las desigualdades, pues las personas están conscientes de que existen y de que son injustas (Puga, 2011). En este ir y venir entre el plano objetivo de la existencia de la desigualdad y el plano subjetivo de su rechazo o aceptación de ella, se puede afirmar que la desigualdad por sí misma no amenaza la continuidad de las sociedades (Tilly, 2000; Chauvel, 2006). Pero sí se ven amenazadas las sociedades cuando la percepción de injusticia en la distribución de los recursos materiales y simbólicos se cristaliza en una crítica cada vez más amplia (Boltanski, 2009), que a su vez es retomada por organizaciones capaces de movilizar orientaciones alternativas (Touraine, 1978; Pizzorno, Crouch, 1978), tal como lo observamos en varios países de la región en los últimos años. Pero esas expresiones colectivas tienen sustento en un plano subjetivo y micro. Siguiendo a Honneth para comprender lo que ocurre a este nivel (1995; Basaure, 2011), debemos situarnos preponderantemente debajo del umbral de tematización y visibilidad pública o mediática, para observar en qué medida a nivel micro social surgen no solamente justificaciones de la desigualdad, sino también expresiones críticas que pueden no haberse representado en la acción colectiva ni en el espacio público.

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Considerando incluso seguimientos y detenciones arbitrarias de parte de las fuerzas del orden, como sigue ocurriendo en Chile: http://fech.cl/fech-y-dirigentes-sindicales-exigen-la-libertad-de-camilo-diaz-y-el-fin-ala-persecucion-a-estudiantes/

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2. La pregunta por la justicia social: del colectivo al individuo

Relacionar la desigualdad con la justicia social responde a la necesidad de ir más allá de la mera descripción de las desigualdades: si se quieren calificar o incluso cambiar, se tienen que leer a la luz de un modelo normativo. Sin ese elemento, sólo podemos retratar las desigualdades, pero no podemos calificar si son justas o injustas8. La justicia social como componente de la justicia es una construcción a la vez moral y política, tanto individual como colectiva, acerca de lo que es justo en cuanto a derechos, pero también en cuanto a la distribución y redistribución de las ventajas y recursos en la sociedad, sean éstos materiales o simbólicos9. Abarca en estricto rigor a la vez el campo económico y social, así como los criterios de repartición de dichas ventajas entre grupos e individuos. En las últimas décadas, los principales ámbitos en los cuales se han centrado las reflexiones sobre justicia social a nivel internacional son los siguientes: desigualdades en la distribución de ingresos, de activos (materiales o no materiales), de oportunidades de acceso a trabajo y empleo remunerado, de acceso al conocimiento, de acceso a beneficios y de protección social, de acceso a oportunidades de participación cívica y política (ONU, 2006). Si bien la pregunta por la justicia social ancla sus raíces en la filosofía política y moral, sus desarrollos más profundos y acabados corresponden a los dos últimos siglos y en especial a la segunda mitad del siglo XX. Buscando sustituir el utilitarismo que dominó el debate anglosajón, Rawls, usando una versión más abstracta de la noción de contrato social, establece una teoría de la justicia como equidad, que permita “entregar un análisis satisfactorio de los derechos y las libertades de base de los ciudadanos en cuanto personas libres e iguales” (Rawls, 1971 [2009]: 10). Esta concepción implica el pleno ejercicio de dos facultades morales básicas: el sentido de la justicia y la concepción del bien10. Como es de amplio conocimiento, Rawls plantea que para definir la mejor concepción de justicia, se 8

A menos por supuesto que consideremos que todas las desigualdades son injustas, punto cuestionado por la mayor parte de las teorías de la justicia hoy en día, como veremos más adelante. 9 Una completa síntesis de los debates desde la filosofía moral y política se encuentra en el libro del canadiense Will Kymlicka (1999), tomando en consideración los debates utilitaristas, liberales, libertarios, marxistas, comunitaristas y feministas. 10 “Es lo que llamo las dos aplicaciones fundamentales. En breve, la primera consiste en la aplicación de los principios de justicia a la estructura de base de la sociedad, gracias al ejercicio del sentido de la justicia de los ciudadanos. La segunda consiste en la aplicación de las facultades de razonamiento y de pensamiento práctico de su concepción del bien” (Rawls, 1971 [2009, prólogo para la edición en francés], 11).

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debe deliberar desde el velo de la ignorancia, es decir sin saber cuál es la posición de clase o el status social que uno ocupará en la sociedad, lo que “garantiza que nadie saque ventaja o desventaja en la elección de los principios por el azar natural o por la contingencia de las circunstancias sociales” (Rawls, 1971 [2009]: 38), es decir sin favorecer su condición personal y particular. Al respecto, Rawls afirma: “sostendré que las personas puestas en esta situación inicial [el velo de ignorancia] elegirían dos principios bastante diferentes. El primero exige la igualdad en la atribución de los derechos y los deberes de base. El segundo, por su lado, plantea que desigualdades socioeconómicas, tomemos por ejemplo desigualdades de riqueza y de autoridad, son justas si y sólo si producen, como compensación, ventajas para cada uno y, en particular, para los miembros más desaventajados de la sociedad” (Rawls, 1971 [2009]: 38), lo que es conocido como principios maximin. Rawls señala que “una concepción de la justicia entrega [...], en primer lugar, un criterio para evaluar los aspectos distributivos de la estructura de base de la sociedad” (Rawls, 1971 [2009]: 35).

Sin embargo, para el común de las personas, este ejercicio máximo de abstracción no es posible; se elaboran juicios y concepciones de la justicia social más bien como “el equilibrio adecuado entre reivindicaciones en competencia” y la concepción de la justicia, definida como “un conjunto de principios que tiene como meta determinar los elementos pertinentes que cabe tomar en cuenta para definir dicho equilibrio” (Rawls, 1971 [2009]: 36). Dicha concepción busca abarcar a la vez los principios abstractos en los cuales descansa la justicia social, así como la justicia en su sentido cotidiano, es decir llevada al raciocinio en el día a día que hace cualquier persona frente a situaciones concretas. En general, desde el punto de vista del sujeto, las nociones de justicia social emergen en el momento en que se percibe una desigualdad. Luego, evaluar una desigualdad implica emitir un juicio en comparación con lo que uno considera una situación de justicia social. En esta línea, en décadas recientes, uno de los desarrollos más conocidos de las teorías de la justicia - retomando los trabajos de Rawls -, corresponde a la teoría de la equidad (fairness en inglés) en el ámbito de la psicología social, que aborda estas problemáticas de forma pragmática (Adams, 1963, 1965). Este enfoque descansa en las siguientes premisas: i) el sentimiento de justicia o de injusticia emerge en el individuo al compararse con los demás, 9

lo que significa que no existe un criterio absoluto acerca de lo que es justo o injusto. De hecho, no se percibe desigualdad cuando se considera que las diferencias entre las personas son justificadas. Este punto es central, pues establece que “la injusticia radica en la « mirada del actor » y no en las características objetivas de la situación: esto significa que los aportes y las gratificaciones de cada uno son definidos de manera subjetiva; dependen de las percepciones de las personas que participan del intercambio” (Kellerhals, Languin, 2008: 21) ii) las recompensas o gratificaciones que reciben las personas deben ser proporcionales a su contribución, según el principio de meritocracia - idea de igualdad de tratamiento de Aristóteles -, es decir no en base a un principio de igualdad, sino que de proporción (Guienne, 2001). De ahí que lo justo corresponda a ser tratado como los demás, y no ser discriminado, lo que podríamos considerar como una definición mínima. Una versión aún más exigente implica además de lo anterior que las capacidades de las personas sean reconocidas y evaluadas en su justa medida, y en situaciones concretas, lo que podríamos considerar como una definición máxima. Otra vertiente de la justicia social corresponde a la teoría del estatus (Berger et al., 1972), que podría tener también aplicaciones muy directas en el caso de Chile, por la configuración histórica de las desigualdades, consideradas como persistentes, es decir ancladas históricamente (Tilly, 2000). Esta vertiente de la teoría de la justicia establece derechos y deberes en función de determinados estatus (hombre/mujer; nacional/extranjero; niño/adulto), en general basados en elementos más bien culturales: no se trata por lo tanto de una medida universal, sino que una medida relacionada a la posición particular que ocupa cada uno. En esta concepción, lo justo es definido como “la atribución de retribuciones adecuadas - en términos de estatus - a una performance que a su vez es evaluada como idónea. La idea de proporcionalidad es reemplazada aquí por la idea de “correspondencia entre roles y gratificaciones” (Kellerhals, Languin, 2008: 26). Podemos señalar entonces que las concepciones de justicia social que tienen las personas se construyen en referencia a marcos generales y concepciones normativas de la justicia social, pero en la medida en que se enfrentan a situaciones específicas en el día a día. No ocurren en el vacío: nadie nace con una concepción de justicia ya construida ni enfrenta la vida cotidiana con un corpus teórico pre-elaborado – a menos que sea abogado, religioso o tenga una ocupación cuya actividad central consiste en administrar la justicia en una 10

determinada comunidad. La visión subjetiva de lo justo se construye pragmáticamente, con una mezcla de principios generales y de confrontaciones a situaciones específicas en la vida cotidiana.

3. ¿Cómo redistribuir legítimamente los beneficios de la sociedad?

A partir del trabajo de John Rawls, la preocupación de los autores en el campo de la justicia social se centra en las fórmulas de distribución de las riquezas, recursos y ventajas sociales, no sólo in abstracto, sino que también mediante fórmulas que se puedan usar en la vida cotidiana. Podemos partir de los trabajos de Nozick (1974), quien enfatiza, entre otros elementos la importancia de la relación entre beneficios y esfuerzo. Las opciones en cuanto a lo que es una redistribución justa mezclan en general lo que es bueno para el individuo y lo que es bueno para la sociedad, buscando un equilibrio entre ambos, pero sin desconocer las tensiones que surgen entre ambas exigencias, o incluso las contradicciones que acarrean. En esta idea de la diversidad o pluralidad de nociones en competencia, está claro que cualquier principio de justicia distributiva es por excelencia dinámico o inestable (Rawls, 1971; Frohlich, Oppenheimer, 1990). En Sen (2000), esta misma pregunta se desplaza desde los principios generales de justicia hacia la pregunta por la igualdad y sobre todo qué tipo de igualdad, frente a la diversidad de los seres humanos y de las circunstancias en que les toca vivir. Dicha diversidad dificultaría que se aplique la propuesta de Rawls en cuanto a la determinación de principios únicos y generales de repartición de los bienes. También se exploran los otros conceptos que pueden competir con la igualdad, en especial la noción de libertad, tal como la privilegian los pensadores libertarios como Nozick. Otro aporte central en esta dimensión redistributiva corresponde a Walzer (1983), quien demuestra que cualquier teoría de la justicia debe basarse en la diversidad de las esferas de justicia y del bien, es decir en una “poliarquía de los principios”. Este aporte busca también limitar los embates del relativismo, que debido al pluralismo actual de los principios, determinaría que ya no vale la pena definir “lo justo” como un principio unitario. Como señalan Boltanski y Thévenot, Walzer busca “superar los problemas del relativismo cultural que conlleva necesariamente una apertura hacia la diversidad” (1991: 28). La pluralidad de los ámbitos de justicia se relaciona también según 11

Sen con el bienestar de las personas, más allá del equilibrio entre igualdad y libertad, así como en los elementos subjetivos en los cuales descansa el bienestar. Se trata más bien de llegar a una concepción de la justicia basada en desigualdades toleradas, más que en una concepción de la justicia “total”. En efecto, como hemos señalado anteriormente, no todas las desigualdades son percibidas como injustas, sino que muchas de ellas son naturalizadas y por lo tanto no son objeto de deseo de cambio (Sen, 2000). El rol que las percepciones juegan es entonces central en las concepciones de justicia, campo del cual la sociología se hará cargo recién a partir de los años 1990. Profundizando en el rol de las percepciones, en los últimos años, en base a las teorías de Taylor (1994), Honneth (1992) y Fraser (1995), otra vertiente de la filosofía moral se abre en el debate sobre justicia social, más allá de la redistribución de beneficios materiales, acerca del reconocimiento – recognition en inglés – de las diferencias, en especial de las diferencias de identidades, generando de esta forma una dualidad o paridad entre la concepción redistributiva de la justicia y su concepción en términos de reconocimiento, lo que requiere de un trabajo de articulación entre ambas dimensiones, entre injusticia socio económica e injusticia cultural (Fraser, Honneth, 2003). Este sería el gran dilema que enfrentan las sociedades modernas y Chile no está excluido de esta reflexión, en que se debe satisfacer a la vez la justicia en el plano socioeconómico y simbólico. Esto no está exento de dificultades, para no decir que se trata de una resolución difícilmente alcanzable: las demandas se pueden multiplicar al infinito y más rápido que los recursos de los cuales se dispone para remediar las situaciones de injusticia material y simbólica.

Aclarado el panorama general y los aportes más reconocidos en las últimas décadas en el ámbito de la desigualdad y la justicia social, podemos señalar que hoy, una parte importante de los debates en este campo se resumen en la oposición entre igualdad de oportunidades e igualdad de resultados - o de posiciones. Ambas concepciones “buscan reducir la tensión fundamental, en las sociedades democráticas, entre la afirmación de la igualdad entre todos los individuos y las desigualdades sociales que provienen de las tradiciones y de la competencia entre intereses en acción. En ambos casos, se trata de reducir algunas desigualdades, con el fin de volverlas si no justas, por lo menos aceptables” (Dubet, 2010: 9). En ambas concepciones, aunque de forma diferencial, también se busca separar entre lo 12

que son las desigualdades producidas por la elección de las personas y las desigualdades que se deben a las circunstancias (Guienne, 2001). La igualdad de posiciones busca limitar las diferencias de las condiciones de vida entre las personas a pesar de las diferencias entre ellas y a estrechar las posiciones, sin que la movilidad de los individuos en función de sus talentos sea la preocupación principal. Se trata de la opción más igualitaria. La igualdad de oportunidades, por su lado, descansa más bien en el principio del mérito (Roemer, 1996): busca limitar las discriminaciones y limitaciones que afectan a las personas en la carrera de la vida. El modelo en este caso es el de una sociedad que retribuye a cada uno en función de su esfuerzo y de su especificidad. Se trata por supuesto de una visión mucho más liberal que la primera. Ambas visiones apuntan a concepciones muy distintas de la sociedad y de la justicia. Podríamos resumir - sacrificando el detalle - que en el siglo XX, las sociedades europeas han sido más proclives a la primera concepción mientras las sociedades americanas han sido más bien inclinadas a la segunda, aunque todas hoy en día estén más proclives a la igualdad de oportunidades. Cabe señalar, sin embargo, siguiendo a Dubet, que “la igualdad de oportunidades descansa en una ficción y sobre un modelo estadístico que supone que para cada generación los individuos se reparten de forma equitativa en todos los niveles de la estructura social, cualesquiera sean su origen y su condiciones iniciales. […] Esta ficción es tan exigente como la de igualdad de posiciones: incluso más exigente porque supone que la herencia y las diferencias de educación sean abolidas, con el fin de que el mérito de los individuos produzca por sí solo desigualdades justas” (Dubet, 2010: 54-55). Sabemos hoy en día, en base a encuestas internacionales, que la igualdad de posiciones ha perdido bastante terreno entre las preferencias de las personas a nivel mundial (Duru-Bellat, 2013) y Chile es un ejemplo de este giro profundo.

Finalmente, en el ámbito de las formas de expresión de la justicia y de repartición de los bienes societales, existe una última distinción central: la distinción entre justicia distributiva y justicia de los procedimientos o justicia procedimental (Turner, 2007). La primera se refiere a lo que los individuos deberían recibir y en función de qué criterios, mientras la segunda especifica los procesos de acuerdo a los cuales se deben distribuir los bienes (Kellerhals, Languin, 2008). De un modo más delimitado, la justicia de los procedimientos 13

se fundamenta en la neutralidad de las reglas del juego y en el criterio de si las personas sienten que reciben un trato correcto, de acuerdo a Tyler (2006). Generalizando a partir de un análisis empírico, el autor afirma que existen aspectos normativos en la experiencia social referidos la neutralidad y la ausencia de sesgos en las reglas, así como el respeto de derechos de las personas y la honestidad en el trato interpersonal, que definen la equidad en los procedimientos en términos no relacionados con los resultados. Esta acotada definición no instrumental de la justicia de los procedimientos se conecta con la corriente de la teoría social acerca de las fuentes de legitimidad de la autoridad (Beetham, 1991; Weber, 1921). Tiene la ventaja de que facilita una distinción analítica precisa y permite indagar en qué medida y bajo qué condiciones está presente en los criterios de justicia que aplican las personas. La evaluación de lo considerado justo puede depender de modo crucial de una evaluación de procedimientos, es decir, no sólo de criterios asociados a una justicia referida a que las oportunidades son equitativas en cuanto a la distribución de los recursos. Por lo tanto, cualquier problema de investigación vinculado con desigualdades y justicia social involucra indagar sobre la incidencia de ambos tipos de justicia, la distributiva pero también la procedimental.

4. La justicia social como objeto sociológico

Si bien Rawls plantea una teoría de la justicia universal, desde un punto de vista más pragmático, señala que “por supuesto, las sociedades existentes son rara vez bien ordenadas en este sentido [que existe una concepción de justicia], porque lo que es justo o injusto es en general el objeto de debates. Los seres humanos no están de acuerdo acerca de los principios que deberían definir los términos de base de su asociación. Sin embargo, podemos decir que a pesar de este desacuerdo, tienen una concepción de la justicia, es decir, comprenden la necesidad de un conjunto característico de principios y están dispuestos a defenderlos” (1971 [2009], 31). Esto no es nuevo en sociología: ha sido demostrado tempranamente que las evaluaciones de las personas y los actores sociales incluyen un juicio valorativo, estableciendo una relación entre lo existente y un elemento referencial de tipo normativo (Durkheim, 1903). A partir de esta constatación, desde los años 1960, y en especial desde los años 1970, las ciencias sociales han desarrollado 14

estudios en relación con este campo tradicional de la filosofía moral y política, procurando entender cómo en concreto, funcionan los principios de justicia y cuáles son, en grupos humanos específicos, fuera de las concepciones modelizadas de la filosofía (Guienne, 2001). Es decir, se ha intentado separar el fundamento de lo justo de sus aplicaciones (Forsé, Parodi, 2010). Este nuevo derrotero ha dado lugar a estudios empíricos especialmente desde la década de 1990 tanto en sociología como en psicología social respecto de la observación y el análisis concreto de la conformación y expresión de los criterios y sentimientos de justicia e injusticia, en individuos y grupos sociales. Estas nuevas orientaciones o “aterrizajes” de la pregunta filosófica en el campo sociológico y la gran diversidad de estudios que ha aflorado en especial en el mundo anglosajón, asumen varios cambios ocurridos en las sociedades contemporáneas, que a su vez operan en las definiciones de justicia social: la dilución de identidades sociales más grupales a favor de identidades más individuales, así como las transformaciones económicas y los cambios asociados en las posiciones relativas de los distintos grupos sociales (Kellerhals, Languin, 2008). El ciclo de crisis abierto en los años 1970 en los países industrializados, así como la nueva ola de crecimiento en los países emergentes, alteraron formas más estables de pensar la redistribución entre grupos y personas. El descentramiento de la lucha de clases también ha vuelto más borroso el límite de lo justo e injusto (Fraser, 1995). “Estos hechos han generado una descomposición de las « rutinas de justicia », de las distribuciones pre hechas de derechos y deberes, tanto en la empresa como en la casa, en el barrio como en el hospital. De ahí surge a la vez un llamado renovado a la justicia y un sentimiento de falta de criterios o de normas para definir lo uno y lo otro. Es probablemente dentro de este movimiento que cabe entender el florecimiento de investigaciones empíricas acerca de lo que es vivido como justo e injusto” (Kellerhals, Languin, 2008:13). Gran parte de los estudios hoy parten de la idea de Walzer (1983) en cuanto a que existen principios plurales que compiten entre sí cuando se trata de juzgar la legitimidad de las desigualdades y de la justicia social. Por ejemplo, las personas pueden apelar según su argumentación o el objeto en disputa a la igualdad, la autonomía o el mérito como varas para medir la justicia o injusticia de una determinada situación. Se pueden usar también medidas variadas para determinar lo justo: puede ser en términos de lo que las personas invierten para desarrollarse y progresar (diplomas, experiencia, esfuerzo), la calidad de lo 15

que hacen (productividad, calidad) o su actitud (lealtad, colaboración con los demás). Esto ha sido ampliamente analizado en países europeos, con estudios nacionales o comparados (Dubet, 2006, 2010). Por ejemplo, para 26 países europeos que son parte del European Values Survey, los principios de justicia social responden a la triada jerarquizada descrita por Deutsch para Estados Unidos (1975): necesidad, equidad, igualdad desde el más importante al menos importante (Forsé, Parodi, 2010; datos de 1999). De la misma manera, si bien el principio de meritocracia se ha alzado en términos generales sobre otros criterios de justicia, el principio de igualdad sigue siendo el más relevante en el ámbito político o el de necesidad por ejemplo en el campo de la salud (Boudon, 1995), mientras que en el ámbito de la familia, estas concepciones son completamente distintas, por lo que cabe tener claro cuál es la unidad de la sociedad que observamos. Se puede apreciar entonces como se ha ido desagregando en sub-espacios o sub-campos la definición de los principios de justicia. Boltanski y Thévenot (1991), por su lado, han demostrado que en sociedades marcadas por la pluralidad de culturas o de sistemas de valores, existen simultáneamente varias dimensiones de evaluación o de argumentación acerca de la justicia, que generan diferencias y contradicciones en el momento de realizar justificaciones o juicios en la vida social11. Estos autores se preocupan en especial de entender la complejidad pragmática que se manifiesta en las personas desde la emisión de juicios sobre lo justo en situaciones concretas, sean individuales o grupales, tomando en consideración varias dimensiones de evaluación y resguardando para el individuo la posibilidad de fundamentar su argumentación en cierta generalidad. En efecto, las personas emiten juicios sobre lo justo en situaciones específicas y por lo tanto sus juicios son plásticos, de modo que los

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Las seis dimensiones de justificación descritas por Boltanski y Thévenot (1991) son el mundo de la inspiración (cuyo valor es la creación), el mundo doméstico (cuyo valor corresponde a la jerarquía de los status en la familia), el mundo de la opinión (cuyo valor es el renombre), el mundo cívico (cuyo valor corresponde al aporte al bien público), el mundo mercante (cuyo valor es la competencia comercial) y el mundo industrial (cuyo valor es la performance técnica); estos dos últimos serían los predominantes en nuestras sociedades en la actualidad. En nuestra evaluación de las situaciones de la vida cotidiana, usamos estas variadas dimensiones, las que chocan entre sí. Como lo señalan los autores: “las personas, en la vida cotidiana, no logran callar completamente sus inquietudes, y al igual que los sabios, no dejan de sospechar, de preguntarse y de someter el mundo a pruebas” (Boltanski, Thévenot, 1991: 54).

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individuos producen ajustes en sus discursos en función de las situaciones que enfrentan12. Los autores están particularmente interesados en dar cuenta del hecho y del momento en que los individuos realizan juicios sobre lo justo y lo injusto en un marco de incertidumbre y falta de principios generales o unificados de justicia. Buscan producir instrumentos “adaptados al estudio de una sociedad donde la crítica ocupa un lugar central y constituye una herramienta principal de la cual disponen los actores para poner a prueba la relación entre lo particular y lo general, entre lo local y lo global” (Boltanski, Thévenot, 1991: 31). Obviamente, esta concepción se da en el marco de una mayor autonomía o individuación de las personas en las sociedades contemporáneas, “en la medida en que el individuo es llamado a construir juicios autónomos debido a la pluralidad misma de principios que se cruzan en la experiencia de la injusticia” (Bonnefoy, 2013: 11).

Para fundamentar investigaciones pragmáticas sobre justicia social, en especial cuando se busca entender su emergencia y funcionamiento como juicio de manera pragmática, sin partir a priori de posiciones ideológicas (Guienne, 2001), se ha tendido a recurrir a metodologías experimentales o experimentos “de laboratorio” donde se pone a personas a trabajar de forma colaborativa para determinar retribuciones en función de aportes (Greenberg, Cohen, 1982). En efecto, el razonamiento in abstracto o imparcial que plantea la filosofía política y moral, puede no funcionar de la misma manera en la vida cotidiana, donde las personas no necesariamente tienen un juicio acabado sobre justicia o no disponen de toda la información, el tiempo o la disposición como para emitir un juicio “imparcial” o abstraído de su propia experiencia y situación en la sociedad. Uno de los experimentos más conocidos al respecto ha sido llevado a cabo por Frohlich y Oppenheimer (1990) en los Estados Unidos, en el cual se busca reproducir las condiciones más cercanas para que las personas se puedan pronunciar de forma imparcial sobre principios de justicia13. Si bien el experimento se orienta a la comprensión de las razones 12

“Las personas que seguimos en las pruebas que les toca enfrentar deben pasar de un modo de ajuste a otro, de un orden de grandeza u otro en función de la situación en la cual se encuentran” (Bolstanki y Thévenot, 1991: 30). 13 Se reclutó a 129 sujetos entre estudiantes de pregrado de universidades norteamericanas; un grupo es familiarizado con principios de justicia redistributiva y el otro no. El primer grupo puede deliberar y elegir un principio de repartición en el futuro sistema tributario al cual serán sometidos experimentalmente. Una vez elegido el principio, se les solicita realizar una tarea, para la cual se calcula la productividad – corregir errores editoriales en un texto de Parsons – y se les retribuye según el sistema elegido en el primer grupo y según un

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que llevan a las personas a preferir un determinado sistema de impuestos – asumiendo que la justicia distributiva hoy en día se juega a nivel nacional sobre todo en los sistemas tributarios y el caso de Chile es un ejemplo de ello –, demuestran que la gran mayoría de los participantes elige un sistema de maximización de los retornos de la productividad, pero con un piso mínimo para el conjunto de la sociedad, de tal manera de no dejar a nadie sin nada, es decir una opción matizada de igualdad de oportunidades. Otros trabajos posteriores en los años 1970 y 1980 (Rainwater, 1974; Shepelak, Alwin, 1986) han confirmado que las personas manejan dos conceptos cuando reflexionan sobre lo justo, en especial sobre lo que es un salario justo: la necesidad y el mérito. Es decir, las personas consideran que en general debiese existir un piso que permita a cada uno vivir satisfaciendo sus necesidades básicas, independientemente de su mérito o de su aporte a la sociedad y que arriba de ese piso mínimo, debería regir un sistema de recompensa proporcional al esfuerzo y al mérito. Existe por lo tanto una combinación entre necesidad y proporcionalidad de la retribución al esfuerzo. Estas conclusiones han sido confirmadas posteriormente en encuestas de gran alcance a nivel internacional partir de los años 1990. Algunos estudios más recientes en este ámbito (Forsé, Parodi, 2010) muestran que para un conjunto de países europeos, opera efectivamente la idea del “piso” de ingresos en base a la idea de necesidad, pero que los beneficiados por este mínimo tampoco pueden exigir más y que deben hacer lo posible para salir de su situación de desventaja. No se trata por lo tanto de un “cheque en blanco” a los más desfavorecidos, en el entendido que el bienestar de los más desposeídos es financiado por el aporte solidario de los demás (altruismo limitado o contrato de solidaridad). Pero más allá de los países del norte, ¿qué ocurre con América Latina en el ámbito de las percepciones de la desigualdad y la justicia social?

5. La pregunta por la justicia social en América Latina y Chile

La pregunta por la percepción de la desigualdad y la justicia social en el caso de América Latina es por supuesto crucial y recurrente, pues las sociedades latinoamericanas desde la colonización han sido sociedades marcadamente desiguales, con sistemas de explotación de sistema impuesto en el segundo grupo. El experimento se realiza varias veces, con el fin de medir la estabilidad de los principios elegidos o los cambios de preferencias, así como la satisfacción de las personas con el sistema tributario elegido, en comparación con el sistema impuesto.

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las poblaciones nativas o importadas mediante esclavitud. La independencia del continente al inicio del siglo XIX, si bien influida por la emancipación norteamericana y la revolución francesa, no consistió en procesos revolucionarios a través de los cuales operara una transformación radical de las estructuras sociales o económicas. Más bien, la élite criolla perpetuó el sistema instalado desde fines del siglo XIV. Los intentos por alterar fuertemente la distribución de la riqueza ocurrieron recién en el siglo XX, pero sólo en algunos países, donde los procesos revolucionarios, cuando desembocaron en un resultado revolucionario en términos de Tilly (2000), no alcanzaron a establecer estructuras más igualitarias 14. Los demás países de América Latina pueden haber entrado en procesos revolucionarios, pero generalmente, se volvió a imponer un orden conservador. Tal ha sido el caso de Chile con la Unidad Popular, y su abrupto fin con el golpe de Estado en 1973 y el establecimiento de un sistema económico nuevo a partir de 1976, que se impondrá posteriormente en países emblemáticos como Estados Unidos y Gran Bretaña: el régimen neoliberal. Como se señaló al inicio, la principal tensión en el siglo XX para el continente ha sido no encontrar un equilibrio entre crecimiento económico y justicia o redistribución social. Chile, al igual que sus vecinos, ha tendido a oscilar entre momentos en que se favorecía lo uno sobre lo otro, hasta que la exacerbación de tensiones hiciera moverse el péndulo hasta el otro lado. En América Latina, el debate actual sobre justicia social se aborda en gran medida desde las políticas públicas, así como desde las demandas por más democracia y por derechos sociales de parte de los movimientos sociales15. En el caso particular de Chile, luego de treinta años de crecimiento de alrededor de 5% casi ininterrumpido – salvo en la crisis asiática en 1998 y la crisis global de 2008 – la pregunta por la justicia social reflotó a partir de 2006. La bonanza económica que se inició después de la crisis financiera de 1982, permitió un enriquecimiento general del país y una baja drástica de la pobreza, del 45% en 1988 a alrededor de un 15 a 20% según las mediciones hoy en día. Una franja importante de la población salió de la pobreza, a la vez que los sectores más acomodados mejoran aún más su situación. A mediados de los años 2000, luego de que una generación entera pasara 14

Se puede mencionar al respecto los cuatro principales procesos con resultados revolucionarios: México en 1910, Bolivia en 1952, Cuba en 1959 y Nicaragua en 1979. Tres de estos procesos se cerraron y sólo en el caso de Cuba se prolonga hasta hoy, aunque su transformación posterior lo alejara de lo que se entiende por proceso democrático. 15 En general, la literatura producida en el continente, en especial en los últimos años, aborda la justicia social desde temas como educación, pobreza, derechos humanos, medio ambiente, pueblos indígenas, justicia transicional, derechos reproductivos, en especial de las mujeres, es decir, de manera sectorializada.

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por la escuela después de la dictadura, se desarrollaron protestas en torno a la educación. Tomaron más fuerza a partir de 2011 y plantearon derechamente la pregunta por la redistribución y la justicia social. En un país donde la segregación socio-espacial, así como educacional es muy profunda, la posibilidad de igualdad, incluso desde la noción de derechos, claramente no tenía asidero. Este despertar ocurrió después de un prolongado período durante el cual los integrantes de la sociedad no apreciaban el problema de la educación como una exacerbada injusticia social, lo que se convirtió en aguda injusticia sólo a partir de los estallidos de los años 2006 y 2011 (Mac-Clure, 2012). Este cambio subjetivo pone de relieve la importancia de conocer mejor las ideas y sentimientos de justicia de las personas en la sociedad, sin reducir el estudio de la justicia social exclusivamente al importante campo de los derechos sociales y políticos en diversos ámbitos. Cabe señalar sin embargo, que el debate chileno sobre justicia social se ubica más bien en el campo político (Castillo, 2011) y en menor medida en el campo científico o en el ámbito de la comprensión de la conformación de principios de justicia en las personas. La producción sobre sentimientos, experiencia y juicios sobre injusticia, como la hemos abordado al inicio de este trabajo, son recientes y poco numerosas, según la opinión de especialistas (Castillo et al, 2009). Destacan sin embargo las iniciativas del International Social Justice Project (ISJP) y el International Social Survey Program (ISSP), en el campo de la investigación en justicia empírica (Castillo et al., 2009; Costa, 2009), aunque la participación de América Latina sea aún limitada16. Estos estudios han demostrado por ejemplo que si bien Chile y Brasil comparten un alto nivel de desigualdades de ingresos, los brasileños perciben más desigualdad que los chilenos. No existe necesariamente relación entre el nivel de desigualdad existente y el nivel percibido de las mismas, como ha sido demostrado para países desarrollados (Chauvel, 2006), por lo que las explicaciones para dichas diferencias remiten en general a elementos históricos y culturales. En ambos países, sin embargo, son los grupos más pobres los que perciben menos desigualdad. Esto genera un importante problema en cuanto a la posibilidad de transformación social. Los autores señalan que la aceptación de las desigualdades va de la mano con un significativo 16

Ambas herramientas son aplicadas sólo a Chile y Brasil en lo que se refiere a América Latina, lo que dificulta comparaciones regionales, pero sí permite comparaciones con los demás países incluidos en las bases de datos.

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desarrollo del individualismo. Sin embargo, por muy contradictorio que parezca, existe una demanda por más apoyo de parte del Estado (Castillo et al., 2009), por lo que no se puede argumentar sólo a favor de los valores del mercado.

El contexto sociopolítico en Chile es sin lugar a dudas excelente para analizar los discursos en torno a la justicia social, en un momento de mediatización recurrente del tema, considerando que nos encontramos en una fase de indeterminación, post “matriz clásica” del siglo XX en Chile y América Latina (Garretón, 2007), donde predominó el principio de una igualdad de posiciones basada en disminuir las diferencias existentes. Con un modelo neoliberal híbrido en la etapa actual (Garretón, 2012), los principios neoliberales no se logran imponer absolutamente y se han difundido estándares morales heterogéneos y principios de justicia plurales. En este contexto, en el ámbito académico, gran parte del debate en la sociología chilena actual ha girado alrededor del diagnóstico de Lechner (2003) estableciendo que una sociedad-mercado como orden auto regulado se habría vuelto una especie de “orden natural” sustraído a la voluntad política. A pesar de ello, se ha señalado que se encuentra anidado en la población un malestar difuso ante las inseguridades que provoca esa sociedad (PNUD, 1998) y entre las personas reina la desvinculación emocional con respecto de las transformaciones ocurridas, generando condiciones para el surgimiento de demandas sociales. De hecho, desde el punto de vista académico, se ha notado en los últimos años un aumento de los trabajos que parten de ese diagnóstico, sea desde la filosofía (Page, 2007, Salvat, 2005) o en el ámbito de la sociología de las percepciones de los individuos (Garretón, Cumsille, 2002; Castillo, 2011; Puga, 2011; Araujo y Martuccelli, 2012; Mayol et al. 2013; Bonnefoy, 2013)17. Garretón y Cumsille (2002), usando datos de encuestas y grupos focales, muestran que los chilenos rechazan la desigualdad, al igual que sus efectos correlativos, el clasismo (Contardo, 2009) y el individualismo. Sin embargo, es sabido también que las percepciones de las personas acerca de su propia posición y de la posición de los demás es poco certera, por falta de conocimiento del conjunto de la estructura social, entre diversos factores (Núñez, 2005). 17

Sólo para mencionar algunos de los trabajos con ese enfoque. En el ámbito de la generación de datos en Chile, cabe señalar los aportes de la encuesta Bicentenario de la Universidad Católica y las encuestas de la Universidad Diego Portales en particular. Podemos además señalar los aportes de estudiantes que han trabajado con el material generado en el Proyecto Desigualdades y el Proyecto Fondecyt 1130276: Figueroa, Illaramendi; 2012; Mella, 2013; Velasco, 2013, Espinoza, 2014.

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Otros estudios muestran que respecto de las percepciones sobre las diferencias salariales existentes y deseables, se Roemer, 1996 observa que las personas legitiman brechas salariales de diez a uno entre un ejecutivo y un obrero, aunque condenen brechas de veinte a uno (Castillo, 2009; Castillo 2011). La brecha justificada o deseada es de todas maneras mucho más amplia que en países considerados igualitarios (Chauvel, 2006), lo que demuestra la existencia de patrones arraigados de aceptación de la desigualdad y de las distancias sociales. Cuando se podría haber esperado cierta coherencia entre deseos de cambio, valoración negativa de las distancias sociales y propensión a la acción para el cambio, los resultados de la encuesta ENES indican otra cosa, en especial que una parte no menor de la población considera que las desigualdades son necesarias para el desarrollo del país18. Otros estudios muestran también que en la explicación de fenómenos como la pobreza, los chilenos señalan razones individuales más que estructurales, sobre todo porque las causas de la desigualdad son asimiladas desde temprana edad como parte de la historia personal, interiorizando las desventajas sociales como atributos personales (Torche, 2009), lo que implica la legitimación de la desigualdad, en su dimensión simbólica (Ibañez, 2010; Puga, 2011). Sin embargo, se observan también fuertes variaciones de lo mismo según el nivel educacional (Castillo, 2009).19 Para el caso de Chile, pesa particularmente la orientación política, el nivel de satisfacción con los ingresos y la movilidad social experimentada por las personas (Castillo, 2009; Torche, 2009). En otra línea de investigación, Araujo (2009a y 2009b), estudiando la experiencia de la desigualdad en la vida cotidiana, muestra una generalizada visión de injusticias y abusos, que no encuentra otra solución que no sea la (mal) adaptación individual. Esto lleva a estudiar a los actores en sus tensiones, sus miedos desde una sociología del individuo (Araujo, Martuccelli, 2011). También importa la justicia procedimental, como se señaló anteriormente, debido a que gran parte de la percepción de injusticia no se debe sólo a la repartición de los bienes societales, sino que también a la forma en que los diferentes grupos sociales acceden a En especial en las afirmaciones “Estaría dispuesto/a a agregar 10% de mis ingresos a los impuestos que pago, si con ello se pone fin a la desigualdad en Chile”, “En Chile, las personas reciben ingresos acordes a su esfuerzo”, “En Chile, las personas reciben ingresos acordes a su inteligencia y capacidades”, “Las diferencias de ingreso en Chile son demasiado grandes” y “Las diferencias de ingreso son necesarias para el desarrollo del país” (www.desigualdades.cl). 19 Entre los factores influyentes, la literatura sociológica internacional considera también la movilidad social intra-generacional (D’Anjou et al., 1995; Forsé, Parodi, 2010) o incluso factores culturales nacionales (Verwiebe, Wegener, 2000), las clases sociales – o el nivel socioeconómico –, el nivel de satisfacción con los ingresos, la edad y el nivel de desigualdad de la sociedad donde se vive. 18

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dichos bienes. Por ejemplo, en el caso de la evaluación que realizan los chilenos acerca de los recursos de los cuales dispone la élite nacional, muchas veces no es tanto la acumulación de bienes de parte de ese grupo lo que se evalúa negativamente, sino que la forma en que se adquieren los bienes, o el trato de parte de los integrantes del grupo más acomodado hacia el resto de la sociedad (Mac-Clure, Barozet, 2014). Puede existir entonces una distancia importante entre discursos normativos que rechazan las desigualdades con respecto a prácticas y actitudes que las justifican y reproducen (Puga, 2011), con fuertes diferenciaciones según los grupos que se observan y según si nos referimos a justicia sustantiva o justicia procedimental. A partir de ahí se puede afirmar que la construcción subjetiva de los principios de justicia social se sitúa en la dinámica de las condiciones sociales que actualmente experimentan las personas. La inconsistencia posicional (Araujo, Martuccelli, 2011) refleja la poca legibilidad de las posiciones sociales en un momento de alteración de las mismas, así como de las reglas de lectura de lo que es justo y de lo que no lo es. Estas subjetividades desde los propios actores en contextos de alta desigualdad como el de Chile, han tendido recientemente a ser investigadas mediante aproximaciones metodológicas complementarias a las encuestas de opinión tradicionales, con el fin de entender la formación y negociación de juicios críticos en el día a día20.

Los principios de justicia que emergen en el actual contexto histórico, exigen entonces revisar in situ desde el punto de vista de las personas en la sociedad, los tipos de justicia que examinamos al inicio de este trabajo. La justicia de posiciones que dominó el imaginario colectivo del siglo XX ha perdido relevancia, pasando desde la demanda de una remuneración justa al trabajo, hacia un conflicto relacionado con la justicia de

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Los referentes empíricos de este análisis teórico más particular son nuestros estudios acerca de clasificación social y auto-identificación que las personas en Chile utilizan y negocian en situaciones interactivas, acerca de las distancias y fronteras que perciben entre los distintos grupos (Méndez, 2008; Mac-Clure et al., 2012) y sobre la valoración de estas distancias, en especial hacia la élite (Mac-Clure, Barozet, 2014). Inspirado en los trabajos de los sociólogos Boltanski y Thévenot (1983, 1991) y la sociología pragmática (Cefai, 2011), así como en la línea de metodologías de experimentación usadas en economía o de metodología interactivas más propias de la psicología, se trata de una línea de carácter experimental que busca estudiar los criterios, ideas, prejuicios presentes en los procesos de toma de decisión, así como las prácticas sociales mismas. La actual propuesta de análisis busca pasar del “en qué” consisten las desigualdades socio-económicas en Chile - en sus distintas dimensiones – al desafío de investigar “cómo” se construyen y reproducen las desigualdades, tanto a nivel subjetivo como en situaciones interactivas.

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oportunidades en el sentido de Rawls. Pero en torno a esta justicia de oportunidades, existe un debate abierto acerca de sus particularidades y limitaciones. La igualdad de oportunidades, aún con sus inconsistencias desde una perspectiva sociológica, constituye en la actualidad el principio predominante de justicia distributiva, pero los individuos la someten a prueba desde sus propias percepciones y experiencias. En el caso de Chile, la noción de capital humano en economía (Becker, 1975), hegemónica con respecto a la justicia de oportunidades, se ha visto constantemente cuestionada al ser confrontada con la noción de capital de Bourdieu (1979). En efecto, frente a la noción de capital humano, las redes sociales tienen un peso indiscutible en sociedades como la chilena en particular (Barozet, 2006) y las distinciones culturales establecen límites significativos (Méndez, 2008). La vigencia efectiva de una justicia de oportunidades exige también examinarla a la luz del concepto sociológico de movilidad social, para determinar si se trata realmente de una sociedad desigual pero fluida o por el contrario estancada y con rasgos de polarización (Torche, 2005; Espinoza, Núñez, 2014). De este modo, el concepto teórico de justicia de oportunidades no es cuestionado en sí mismo, pero se le relaciona con otras nociones teóricas que la delimitan y precisan. Esto, por lo demás, no es estático ni consolidado, sino que emerge y está en proceso. Cabe recordar también que lo que está en juego no es homogéneo para todos los sectores de la sociedad, por lo que una de las preguntas más relevantes se refiere a quiénes son los portadores de estas subjetividades.

Finalmente, si bien el objeto que es enjuiciado cuando se trata de justicia social se sitúa a nivel micro-social - y no solamente en las reglas o derechos que definen la distribución del poder a nivel macro -, las personas también incorporan en sus juicios sobre justicia social intuiciones, emociones y componentes afectivos, además de un “deber ser” normativo (Mac-Clure et al., 2012), que son indicios de que sus evaluaciones no se reducen a un razonamiento estereotipado ni son meramente cognitivas. En este sentido, más allá de los individuos, los movimientos sociales actuales en Chile construyen un universo simbólico que compromete intensamente no sólo a los involucrados, sino a varios segmentos de la sociedad, a través de formatos específicos de juicios críticos que son particulares a diversos grupos etáreos y de género (Mac-Clure, 2012). Estudiar estos diversos objetos y formatos de los juicios subjetivos a nivel micro, especialmente las expresiones de injusticia y crítica, 24

puede aportar una clave para su mejor comprensión al momento que vive Chile en torno al debate sobre desigualdades y justicia.

Conclusión

La demanda de justicia social en América Latina y Chile ha sido un tema recurrente en la vida de estas sociedades. En las ciencias sociales, las desigualdades representadas como injusticias han sido estudiadas desde diversos ángulos, pero sólo más recientemente la propia justicia ha sido objeto de análisis. En este marco, este trabajo pretendió establecer un recorrido o mapa conceptual de la discusión actual en torno a la relación entre desigualdades percibidas y concepciones de justicia social. Particularmente, se buscó analizar la consistencia entre los niveles de desigualdad presentes y las creencias y prácticas de individuos y grupos sociales que en la interacción social condenan la desigualdad, a la vez que en su actuar y discurso la reproducen. Como se ha señalado, partimos del supuesto teórico de que las desigualdades no sólo se arraigan en procesos macro y estructurales sino también en las prácticas sociales nutridas por las concepciones, ideas, creencias, e intereses concretos que movilizan a las personas en sus interacciones sociales y que están presentes en los momentos de toma de decisiones, que son también parte del actual “espíritu del capitalismo”. La pregunta central es qué es lo que está en juego en la sociedad en términos de redistribución de los bienes societales y que al mismo tiempo tensiona a los individuos en su interacción social, estableciendo así un vínculo entre lo micro y lo macro. Lo que ocurre a nivel individual no es ajeno a las desigualdades colectivas y estructurales, pues éstas son sometidas a prueba a través de los juicios que surgen en la vida social de las personas. Se trata obviamente de una perspectiva alejada de las más convencionales acerca de la medición de las desigualdades – ámbito necesario y clásico en nuestras disciplinas – porque busca entender la construcción y reproducción de las desigualdades sociales no desde una norma heterodoxa, sino que desde los propios principios de justicia social de los individuos en la vida común y corriente, en los momentos en que movilizan dichos principios para evaluar situaciones concretas. Los caminos conceptuales y las aproximaciones metodológicas sobre los cuales transitamos marcan el modo de entender la relación entre 25

los niveles de desigualdad presentes en la sociedad chilena y las apreciaciones subjetivas en torno a ellos. Las agudas desigualdades imperantes en Chile se sitúan entonces, y como siempre, en un contexto histórico caracterizado por su dinamismo, lo que es objeto de percepciones y apreciaciones mutables por parte de los propios actores. Estas subjetividades aparecen en el plano de las opiniones individuales, pero también en la interacción con los más cercanos en la vida cotidiana, un nivel intermedio más cercano a los comportamientos, a nivel subjetivo e intersubjetivo. Allí adquiere una forma particular su evaluación de la justicia social, tanto en lo relativo a una justicia distributiva como acerca de una justicia de los procedimientos. Lo que está en juego tanto en la sociedad como a en la interacción cotidiana, está situado en sectores sociales específicos, lo que requiere ser comprendido desde su propia perspectiva. Finalmente, el examen de las subjetividades puede aludir a múltiples aspectos, pero una de las preguntas más relevantes consiste en cuáles son los problemas y desigualdades sociales que se pueden convertir en injusticias y expresarse como crítica social.

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