Tesis: Características Psicométricas del Inventario de Riesgos y Necesidades vinculados con Factores Criminogénicos (IRNC - YLS/CMI)

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA - FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA

Magíster en Psicología Jurídica y Forense

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA PROGRAMA DE MAGÍSTER EN PSICOLOGIA JURÍDICA Y FORENSE

CARACTERÍSTICAS PSICOMÉTRICAS DEL INVENTARIO DE RIESGOS Y NECESIDADES VINCULADOS CON FACTORES CRIMINOGÉNICOS (IRNC)

SERGIO ANDRÉS CHESTA SAFFIRIO

Tesis presentada a la Universidad de la Frontera para optar al grado de Magíster en Psicología Jurídica y Forense. PAULA ANDREA ALARCON BAÑARES Enero , 2009

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RESUMEN El objetivo principal de esta tesis es determinar las características psicométricas básicas del Inventario de Riesgos y Necesidades Criminogénicas en adolescentes infractores de ley. Corresponde a un diseño no experimental descriptivo transversal. La población de este estudio está compuesta por adolescentes varones residentes en las regiones IX, X y XIV del país. Se utilizarán 2 muestras, una de adolescentes reincidentes, y otra de adolescentes no reincidentes. Los resultados consisten en un cálculo de la confiabilidad interjueces mediante un coeficiente Kappa, consistencia interna, validez concurrente con la Escala de predisposición delictual, y coeficientes de correlación adecuados a los niveles de medición de cada puntaje obtenido. Se va a calcular además la validez predictiva del instrumento mediante una regresión lineal múltiple con las variables más adecuadas para este efecto. Los resultados en general son consistentes con los encontrados en literatura internacional. El aporte de este estudio radica en contribuir a validar un instrumento que permite el diseño de estrategias de intervención especializadas y diferenciadas, entregando herramientas más adecuadas para enfrentar el fenómeno de la delincuencia.

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INDICE

I. II.

Resumen

……………………………………………………………………

2

Introducción

……………………………………………………………………

4

Marco

……………………………………………………………………

6

Conceptual III.

Hipótesis

……………………………………………………………………

24

IV.

Metodología

……………………………………………………………………

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V.

Resultados

……………………………………………………………………

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VI.

Discusión

……………………………………………………………………

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……………………………………………………………………

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VII. Bibliografía

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I. INTRODUCCION La delincuencia es un tema que siempre está vigente en la discusión social y política nacional, con una particular relevancia en los medios de comunicación y el debate cotidiano de la población general. La preocupación creciente por ella, y la percepción de inseguridad que se observa, ha establecido la necesidad de contener y dar una solución definitiva al problema de la delincuencia. La respuesta y demanda política en general apunta al establecimiento de penas más duras y una mayor utilización de medidas privativas de libertad efectivas, eliminando el efecto “Puerta giratoria”. En particular además, es la población juvenil la que ha sido más relacionada al aumento de la delincuencia. En Octubre del 2005, se aprueba en congreso el texto definitivo de la ley de responsabilidad penal juvenil (2007) (en adelante LRPJ), donde se establece un sistema de justicia especializada que incluye un limite a la edad de responsabilidad penal, así como un catalogo de sanciones, que implica que las penas privativas de libertad se establecen para los delitos mas graves; la nueva normativa busca por una parte, responsabilizar al joven por los ilícitos cometidos y, por otra, lograr su reinserción social y familiar, relevando de manera particular el interés superior del adolescente. La LRPJ se enmarca en la reforma a la justicia, y cambios en políticas de infancia y adolescencia, constituyéndose en uno de los ejes centrales de las políticas públicas de los últimos gobiernos. Esto ha implicado además modernizar las políticas públicas

sociales,

particularmente

las

políticas

de

infancia

y

adolescencia,

adecuándolos a la normativa internacional vigente. Durante el primer año de funcionamiento de la nueva ley se han relevado algunos aspectos particulares a mejorar. A un nivel concreto, existe un problema en

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relación al financiamiento de la misma que afecta directamente la efectividad de la implementación de los programas y, por tanto, del cumplimento y aplicación de las condenas (Hernández B. 2007). Queda pendiente además la estructuración de un sistema verdaderamente especializado que permita implementar la ley de manera adecuada. El nuevo catalogo de sanciones impone la necesidad de una evaluación más detenida y caso a caso, de los jóvenes que ingresan al sistema. La literatura nos indica que existen muchas causas que llevan a los jóvenes a infringir la ley, lo que releva el espíritu de especialización de la ley y la derivación adecuada a los diferentes tipos de sanciones. Es por estas razones que el aporte de instrumento de evaluación como el IRNC se vuelve de interés tanto para los equipos de intervención, el sistema judicial y la población en general. La principal variable a estudiar es el riesgo. Thompson (Thompson and Putnis 2003) la define relacionándola en dos aspectos. Primero, la posibilidad de que un adolescente se vaya a comprometer en alguna actividad delictiva (riesgo de reincidencia) y en segundo lugar, el riesgo puede ser usado para describir las condiciones específicas asociadas a la ofensa. Los juicios de riesgo de reincidencia son frecuentes en el sistema judicial, y se conforman en uno de los principales factores tanto para dictar sentencia como para estructurar planes de intervención. Los objetivos de la investigación apuntan a determinar la confiabilidad interjueces y por consistencia interna del inventario, como también su validez concurrente y predictiva.

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II. MARCO CONCEPTUAL Actualmente la reincidencia es uno de los elementos que los jueces toman más en cuenta a la hora de dictar sentencia; es, además, uno de los criterios con los que se evalúa el éxito y fracaso de las intervenciones, y cobra particular relevancia al momento de determinar el quebrantamiento de condena. Históricamente, la evaluación del nivel del riesgo de reincidencia y de necesidades de intervención se ha basado en gran parte en juicios clínicos no estructurados. Es así como se hacen necesarios indicadores empíricamente validados en nuestra población adolescente. Dentro de las problemáticas relativas a la intervención de los adolescentes infractores de ley encontramos que no existe una diferenciación adecuada de las problemáticas a la base de las conductas, que en ocasiones se desenvuelven en derivaciones y aplicación de medidas inadecuadas, mermando en esta forma la efectividad de la respuesta de los programas a la problemática. Esto además lleva a generar una oferta de programas inadecuada al no conocer de forma detallada las características de la población; en particular a partir de la implementación de la nueva LRPA se genera una expectativa social frente a los nuevos programas de intervención, siendo que estos requieren de un sistema adecuado de aplicación de sanciones en función de las características individuales de los usuarios. En general, los programas de intervención , y particularmente los de sistema cerrado, son coherentes solo con el aspecto de control expresado en la ley, sin que se cumpla, en la mayor parte de los casos, con el objetivo final de reinserción social (Ortiz, Sepúlveda et al. 2005) Es en este contexto que la evaluación de riesgo y necesidades en los adolescente infractores de ley cobra especial relevancia, al permitir establecer de manera más focalizada los aspectos a intervenir, y destinar los recursos de tanto

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económicos como de intervención a una utilización más efectiva. En este sentido, Clemente Laporte, en su conferencia en el marco del congreso de psicoeducación del año 2006, indica que para prevenir e influenciar la reincidencia es necesario abordarla aplicando ciertos principios: 

Principio de riesgo: o sea, definir adecuadamente quién debe recibir tratamiento. Mientras más elevado el riesgo de reincidencia, más intensivo debe ser el control social y las intervenciones deben ser de mejor calidad. Los jóvenes de más alto riesgo aprovechan mejor las intervenciones intensivas que los de riesgo menor.



Principio de necesidad: sobre cuales focos se necesita trabajar en un caso específico. Permite precisar los objetivos de cambio en una intervención eficaz. La intervención puede reducir la reincidencia delictiva en la medida que responda a las necesidades relacionadas con los factores criminógenos del infractor de ley.



Principio de receptividad: Cual es la forma más adecuada de llevar a cabo el tratamiento. Permite escoger los modos y estilos de servicios mas apropiados para los jóvenes infractores.



Juicio profesional: Para evaluar los riesgos, las necesidades y la respuesta a la problemática. Permite tomar la decisión más conveniente en función de consideraciones éticas, humanitarias, jurídicas y de eficacia.



Integridad terapéutica: Esto significa que no solamente los programas deben responder a criterios "apropiados", sino que también el diseñador o evaluador tenga un muy buen manejo de la aproximación cognitiva-conductual y que los miembros del personal hayan recibido la formación necesaria para estar en

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condiciones de ejecutar un programa. En general, la proporción de delincuencia grave entre los adolescentes es poca, pero un porcentaje de los mismos son los que cometen muchos delitos. Las carreras delictivas cambian según sus características de personalidad, y el número de delitos debiera ser uno de varios indicadores para tomar una decisión en relación a la intervención o condena de un joven. Se debieran seguir acciones con un impacto efectivo en la reincidencia, lo que implica una evaluación diferencial continua, o sea, en distintos momentos de la intervención. La evidencia expuesta en estudios internacionales indica que mientras más temprana es la intervención, más efectivo es el resultado, así como que un tratamiento que ofrece continuidad a lo largo del tiempo tiene efectos más duraderos que una intervención corta, aun intensa; la intervención que comienza antes de la adolescencia es más efectiva, y los programas que tratan problemas múltiples son más efectivos que aquellos que tratan un solo factor de riesgo (Vanderschueren 2004) Existen estudios relativos a los factores de riesgo, desadaptación y causas de infracción de ley. Desde una perspectiva histórica, entendemos el riesgo como un concepto socio-jurídico que tiene su origen en los sistemas de protección para los niños y jóvenes en situación de pobreza durante el siglo XIX, que se hace cargo de los mismos determinándolos sujetos de intervención estatal y control social a fin de transformar a estos individuos alienados en "normales". Las diferentes situaciones en las que los jóvenes veían vulnerados sus derechos son objeto de una misma intervención, frecuentemente reducida a la internación en instituciones, donde se fomentaba el contacto entre los jóvenes que infringían la ley y los que se encontraban por medidas de protección por otras causas (situación que hasta el día de hoy se

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observa en nuestras instituciones). En general, el concepto aun se asocia al lenguaje de las políticas publicas de protección a la infancia y a la juventud flotante y marginal, las mismas que tienen como centro la preocupación por la normalización y la integración (Maluf 2002). Farrington, citado en (Mettifogo and Sepúlveda 2005), identifica “signos de mal pronóstico” que de ser reconocidos a temprana edad pueden servir para establecer estrategias preventivas: 

Presencia de conducta antisocial infantil que incluya agresividad, impulsividad y problemática escolar.



Baja capacidad intelectual y, en consecuencia, bajos logros escolares.



Presencia de delincuencia familiar, con padres con condenas, hermanos mayores delincuentes y con problemas de conducta.



Pobreza familiar, con escasos ingresos, familias excesivamente numerosas, desempleo, malas condiciones de vivienda.



Métodos de educación y crianza no apropiados, con disciplina violenta, pobre supervisión, conflictos entre los padres, separación conyugal. Mettifogo identifica cinco momentos o circunstancias en las trayectorias de vida

de los jóvenes infractores de ley, entendiendo que la delincuencia o la conducta antisocial juvenil son fenómenos que reciben influencias no sólo multifactoriales sino también multicontextuales. Estos elementos de contexto o factores de riesgo serian: 

Aquellos que inciden en el inicio en la actividad delictual.



Aquellos relacionados con la mantención de la actividad delictual o asunción de este tipo de actividad como estilo de vida.



Elementos asociados en el alejamiento de la actividad delictual.

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

Momentos en la historia de vida en que existió la oportunidad de detectar la situación de riesgo del niño o joven y de efectuar algún tipo de intervención, pero que finalmente no se concretó. Explica además, los factores que, aunque no desencadenan un inicio de la

actividad delictiva, sí configuran un contexto común y que podrían categorizarse como factores de riesgo: Situación de violencia intrafamiliar - maltrato infantil; fracaso escolar, expulsión o deserción escolar; exposición habitual a situaciones de violencia en el hogar, escuela y otros contextos; inicio temprano de consumo de drogas, y la institucionalización. Además, frente al tema del inicio de la actividad delictual, identifica los siguientes elementos: Mendicidad e inicio temprano en actividad laboral - trabajo infantil, que facilitan el aprendizaje de conductas delictivas; Carencias afectivas, de cuidados básicos, depresión; Conductas exploratorias, imitación de grupo de pares y el consumo de drogas y dependencia. Como elementos que inciden en la mantención en la actividad delictual: Inexistencia o insuficiencia de tratamiento o programas de rehabilitación; violencia; estructuración de un sistema familiar que incluye la actividad delictiva; contexto familiar y comunitario en que actividad delictiva es habitual; asunción de identidad; consumo de drogas; falta o frustración de expectativas. La inexistencia de una oferta educativa de calidad y apropiada a las características del joven infractor de ley no existe, sin que exista una posibilidad real de socialización y normalización. Los establecimientos a los cuales en su mayoría acceden los jóvenes infractores se muestran incapacitados en brindar una oferta pertinente, que permita a además el modelaje y la socialización de valores socialmente deseados. Los niveles de violencia

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escolar observados y la dificultad de los agentes educadores para integrar a esta población, permite caracterizar a la escuela o liceo como expulsiva por acción o indiferencia. En otro estudio realizado por Fundación Paz Ciudadana (Hein 2004), identifica indica que factores de riesgo asociados a la delincuencia juvenil, que pueden ser clasificados en 6 ámbitos de procedencia: a) Factores individuales: bajo coeficiente intelectual, pobre capacidad de resolución de conflictos, actitudes y valores favorables hacia conductas de riesgo, hiperactividad, temperamento difícil en la infancia. b) Factores familiares: baja cohesión familiar, tener padres con enfermedad mental, estilos parentales coercitivos, ambivalentes o permisivos. c) Factores ligados al grupo de pares: pertenencia a grupos de pares involucrados en actividades riesgosas (comportamientos delictivos, consumo de drogas, por ejemplo). d) Factores escolares: bajo apoyo del profesor, alienación escolar, violencia escolar. e) Factores sociales o comunitarios: bajo apoyo comunitario, estigmatización y exclusión de actividades comunitarias. f) Factores socioeconómicos y culturales: vivir en condición de pobreza. Además indica comportamientos de riesgo, clasificados en 4 grandes grupos, entendidos como el abuso de alcohol y drogas, las relaciones sexuales no protegidas, el bajo rendimiento, fracaso o deserción escolar y la delincuencia, crimen o violencia. Los autores mencionados refieren a los factores que inciden en el desarrollo, mantención o desaparición de conductas delictivas. Los tipos delictivos pueden ser

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clasificados de diferentes maneras. Doris Cooper (Cooper 2000) estudia e identifica los principales tipos de delincuencia común en Chile, donde encontramos la Delincuencia Rural Tradicional Masculina No-Mapuche, la Delincuencia Masculina Rural Mapuche y la Delincuencia Femenina Rural: todas poseen una bajísima reincidencia y habitualidad delictual y son en su mayoría contra las personas, la familia y la moral, predominando el homicidio y las violaciones. La que destaca y que más se relacionaría con los procesos adolescentes es la Delincuencia Urbana Masculina Extrema: en esta categoría, del total de los delitos, un 90% de ellos corresponde exclusivamente a delitos contra la propiedad. Este tipo de delincuencia concentra la más alta reincidencia (60%) y habitualidad delictual (comparativamente). Se subdivide en: a) Delincuencia Profesional. b) Delincuencia no-profesional constituida por Pandillas Poblacionales. c) Delincuencia no-profesional compuesta por trabajadores-obreros que roban ocasionalmente y que se autodefinen como ocasionales. Un último tipo corresponde Delincuencia Femenina Urbana, la que también se asociaría a procesos adolescentes, y que se caracteriza por presentar una alta proporción de delitos contra la propiedad y parricidios, con baja reincidencia y habitualidad comparativa. Se trata de un Tipo de Delincuencia Transicional. Laporte también identifica distintos tipos de delincuencia, más enfocados en la delincuencia juvenil: Delincuencia común: Se manifiesta en los varones durante la adolescencia media, sin que el origen social sea un factor de incidencia en la misma. Se comenten infracciones de poca

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gravedad y se entiende como parte del aprendizaje del adolescente en torno a las prescripciones normativas; o sea, se da bajo el supuesto de que la delincuencia es un fenómeno normal en la adolescencia. Estos jóvenes no todos desarrollan una "carrera criminal". Delincuencia distintiva: Se da a lo largo de la adolescencia, con un proceso específico de agravación, caracterizada por su precocidad, gravedad objetiva, densidad, polimorfismo y consolidación del actuar delictivo. Caen en conductas delictivas más graves y es donde debieran dirigirse la mayoría de los recursos de intervención Para diferenciar entre la delincuencia común y la distintiva, se distinguen 5 criterios: 

Precocidad: el primer delito cometido a temprana edad.



Gravedad objetiva: los delitos van aumentando en gravedad.



Densidad criminal: un solo joven comete muchos delitos.



Polimorfismo: Diversidad de delitos (si se especializa hay menos posibilidad que desarrolle una carrera delictual).



Consolidación del actuar delincuente: lo que implica considerar que para cumplir con todos los puntos anteriores, debe hacerse en un período de tiempo corto, antes de llegar a la mayoría de edad. Todo su entorno lo apoya en consolidar la carrera delictual. Hein (2004) introduce el concepto de Síndrome de riesgo, en el que explica que

los comportamientos de riesgo no parecen ser problemas aislados, sino que tienden a manifestarse en conjunto. Por ello, considera más correcto hablar de síndrome de riesgo que de comportamientos de riesgo puntuales. Ello también se debe a que hay

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gran similitud entre los factores asociados a las conductas de riesgo. En otras palabras, muchas veces los mismos factores de riesgo influyen en el desarrollo de múltiples comportamientos problemáticos. Tanto Hein como Laporte son enfáticos en aseverar que la presencia por si sola de estos factores no son deterministas de conductas contranormativas: existe coincidencia en destacar que parte del desarrollo normal del adolescente implica rebelarse, ir contra la norma y particularmente explorar diferentes tipos de comportamientos. Se debe ser sensible a la esta diferencia entre las actitudes propias de un adolescente y conductas que se vuelven persistentes y tienden a arraigarse en el joven. La diversidad de los factores que inciden en el riesgo psicosocial determina que los jóvenes en los que se manifiestan en la forma de conductas infractoras de ley se requiera un marco amplio de intervención en diferentes áreas y con distintos grados de intensidad. Además, Laporte distingue 3 etapas en el desarrollo de la delincuencia en el adolescente, que se utilizan para hacer un diagnóstico diferencial: 1. Delincuencia de ocasión: con número restringido de delitos de baja gravedad y un leve retraso del desarrollo psicosocial. La recomendación es que se debe dar el menor castigo posible, consolidando redes familiares y sociales, evitando contribuir al desarrollo del delito. 2. Delincuencia transitoria (menor-mayor): crecimiento delictivo heterogéneo, con delitos graves, inestables en el tiempo (esto la hace mayor o menor) y abundante. Se presentan en general dificultades particulares de desarrollo. 3. Delincuencia persistente: es precoz, voluminosa, heterogénea, persistente y

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aumenta en gravedad. Son los que llevan un verdadero estilo de vida antisocial marginalizado. Serían estos jóvenes los responsables de la comisión de la mayoría de los delitos. En el marco de un estudio realizado en Colombia (Klevens, Restrepo et al. 2000) en Mettifogo, 2005, se identifican dentro de una población de delincuentes al menos dos subpoblaciones con características familiares, individuales e historia natural distintas, que aunque no se diferencian en cuanto a las características del delito, si lo hacen en la edad de inicio, denominando “precoces” a un grupo que presentó problemas a muy temprana edad, como hiperactividad, rabietas, baja tolerancia,

desobediencia,

mentiras,

impulsividad,

destructividad

y

agresión,

persistiendo estos en la edad escolar, y continuando en la vida adulta con consumo de alcohol, drogas, y un comportamiento más violento que el promedio. Los principales factores de riesgo para este grupo son: antecedentes familiares delictivos, padre menor de 20 años en el momento de nacer, maltrato físico, tratos crueles, conflicto en la familia, separación permanente de padres, problemas económicos graves, mayor número de estresores (agudos y crónicos) y una madre (o sustituto) con poca capacidad para afrontar los problemas, ausente, poco pendiente y rechazante. Un segundo grupo, denominado “tardíos”, presentaba pocos o ningún signo de comportamiento antisocial antes de la adolescencia. Sin embargo, la deserción escolar se dio a una edad más temprana en esta población en comparación con los “precoces”. El estudio identificó muy pocos factores de riesgo asociados a este grupo, entre ellos: tener un padre mayor de 40 años en el momento de nacer, familia incompleta, separación permanente de la madre, separaciones temporales del padre

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antes de los seis años y problemas económicos graves. En este estudio, a diferencia de lo reportado en Canadá, se relevan factores de orden más familiar, lo que no excluye lo reportado por Laporte, pero contribuye a establecer parámetros más arraigados en la realidad latinoamericana. La evaluación de riesgos y necesidades presenta, en si misma, diversos desafíos en los niveles teórico, empírico y profesional. Thompson (2003) manifiesta que para lograr un acercamiento estructurado al abordaje del fenómeno es necesario tener en cuenta que a mayor número de factores de riesgo, mayor es el riesgo, lo que implica un problema al agregar elementos adversos a resultado de la evaluación, produciendo un aumento geométrico del riesgo. Otra dificultad para la evaluación certera implica que además de evaluar riesgo, se hace necesario evaluar factores protectores, que aumentan la resiliencia. Al no tener instrumentos adecuados que tengan en cuenta esta perspectiva, los índices pueden aparecer aumentados o disminuidos. Thompson hace referencia además a la evidencia empírica que indica la mayoría de los factores de riesgo son de orden psicosocial y que son los que predominan en las teorías de delincuencia juvenil; en este plano, un abordaje estructurado de dichos factores es valiosos al ser sistemático, y a pesar de que la sistematización de inventarios por si sola no es condición suficiente para una intervención exitosa, sirve como base para la caracterización del tipo de criminalidad, así como las características personales y circunstancias que debieran ser abordadas para reducir la reincidencia. En general los inventarios de riesgos y necesidades apuntan a proteger a la sociedad de los comportamientos transgresores de los adolescentes y a fomentar el encauce y asistencia apuntando a las necesidades particulares de los jóvenes infractores de ley.

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Bonta hace una revisión histórica de la evaluación de riesgo (Bonta 1997). Partiendo desde un enfoque que utiliza muy poca teoría a la base, de carácter eminentemente empírico, sin intentar explicar el por qué del comportamiento criminal, lleva al desarrollo de la Escala de Información Estadística sobre Reincidencia (SIR); estaba compuesta de quince subescalas, que se incorporan porque correlacionaban alto con la reincidencia en los reclusos de las penitenciarías canadienses. Por lo menos a nivel de los delincuentes varones, los puntajes de la escala SIR predecían la reincidencia tanto general como violenta; cabe destacar que una variación moderna de este enfoque es el Juicio Clínico Estructurado, del que se desarrolla el HCR-20 (Andrews, Bonta et al. 2006). En general las escalas no teóricas presentaban niveles de desempeño aceptables pero fueron notablemente mejoradas al ser complementadas por teoría criminogénica. Una segunda generación de instrumentos tenía una carga teórica más importante pero mantenían factores no enfocados en elementos dinámicos, por lo que no eran apropiados para definir estrategias de intervención; acá encontramos el Salient Factor Score o SFS de Hoffman. La tercera generación se basa en un componente empírico, pero privilegia factores de riesgo de orden dinámico, o sea, susceptible de cambio; un ejemplo de estos instrumentos es el Level of Service Inventory–Revised o LSI-R de Andrews y Bonta, predecesor del IRNC. Ya en un cuarto momento, los instrumentos apuntan a una evaluación constante desde el inicio al final de la intervención, incluyendo inclusive un seguimiento posterior al egreso; estos instrumentos evalúan además del riesgo, las fortalezas, necesidades y responsividad, incluyendo reevaluaciones, planificación de servicio y evaluaciones intermedias. Existen tres perspectivas generales sobre las teorías del comportamiento

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criminal (Bonta 1997; Andrews, Bonta et al. 2006), la sociológica, la clínica y las que siguen un enfoque de aprendizaje social. En general las escalas derivadas particularmente de las dos primeras perspectivas presentan una mejoría frente a las escalas puramente empíricas, pero aún presentan limitaciones al poner el énfasis cada una en factores muy ligados a sus campos de práctica. Con la llegada de los acercamientos psicosociales se proporcionó el acercamiento multifactorial necesario paras evaluaciones de carácter global. Particularmente Andrews y Bonta identifican lo que llaman “Los cuatro grandes” (Bonta 1997), refiriéndose a los cuatro conjuntos de factores que juegan un papel importante en la teoría general psicológico-social y de la personalidad del comportamiento criminal: La personalidad antisocial, la historia criminal, el apoyo y el pensamiento antisociales; los dos primeros serían los que mejor explican el comportamiento antisocial. Dentro de los instrumentos desarrollados con estos criterios encontramos el Correctional Assessment and Intervention System (CAIS), el Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions (COMPAS), el Offender Intake Assessment (OIA) y el Level of Service/Case Management Inventory de Andrews, Bonta, y Wormith, de cuya versión adolescente deriva directamente el Inventario de riesgos y necesidades criminogénicas que comprende este estudio. Se ha probado el uso de estos instrumentos fuera del contexto norteamericano, con resultados adecuados en Inglaterra (Raynor 2007) y Australia (Thompson and Pope 2005). En un estudio de Marczyk (Marczyk, Heilbrun et al. 2003), se investiga el riesgo de reincidencia en jóvenes infractores de ley como una función entre los factores de riesgo dinámicos y estáticos identificados en la literatura, integrando la Psychopathy Checklist-Youth Version (PCL:YV), el Massachusetts Youth Screening Instrument

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(MAYSI), and the Youth Level of Service/Case Management Inventory (YLS/CMI) en un modelo predictivo. Los resultados indicaron una relación predictiva entre el modelo de 9 factores del MAYSI y la reincidencia, cuya precisión se eleva si se le incluye la subescala de infracciones actuales y anteriores del YLS/CMI. En general se concluye que la angustia emocional, el historial de ofensas a la ley, y el compromiso delictual actual pueden ser factores importantes a considerar al intervenir para disminuir el riesgo de reincidencia. En el desarrollo de la evaluación de riesgos y necesidades destaca Don Andrews, quien establece algunos principios estratégicos en su abordaje (Andrews 1989). Sus planteamientos se han transformado en la base de muchos instrumentos, indicando que los individuos (en este caso, tanto adolescentes como adultos) que presenten el más alto riesgo de reincidencia son los que deben tener el mayor nivel de intervención (principio de riesgo). Por otra parte, se debe intervenir sobre aquellos aspectos dinámicos y susceptibles de cambiar en el individuo (principio de necesidad). Las estrategias tendientes a fomentar el cambio deben tener en cuenta las características particulares del cliente (principio de respuesta). A partir de estos principios Andrews ha desarrollado y corregido una serie de instrumentos de evaluación durante un período superior a 20 años (Thompson 2003). Es en este contexto teórico que aparece el Inventario de Riesgos Vinculados a Factores Criminogénicos. En particular, se perfila como un instrumento que permite evaluar al joven en distintos aspectos, apuntando a distinguir a los jóvenes que entran en conductas contranormativas por procesos propios de la adolescencia, de aquellos que en realidad se hayan integrado en una escalada delictiva más seria, quienes serían los que requieren un mayor nivel de intervención. De esta forma el instrumento

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permitiría establecer distinciones más claras entre las tipologías, definiendo lineamientos en los planes de intervención de los adolescentes infractores de ley. Entrega además un indicador objetivo a la hora de tomar decisiones apropiadas relativas a las condenas en el marco de la nueva LRPA, perfilándose como un instrumento a utilizar en evaluaciones presentenciales. En este marco teórico y mediante el uso del IRNC, Laporte señala que “los últimos estudios realizados revelan que la reincidencia de jóvenes en el delito ha disminuido en 40% en los últimos 5 años”, gracias a los nuevos modelos de intervención social y al aporte de la psicoeducación en su región (Crónica 2006, Diario Austral). Es así como en concreto el aporte del instrumento se resume a: 

Dar apoyo a los interventores en la evaluación de los infractores.



Construir una lista de factores de control, un catalogo de riesgos y necesidades ligadas a los factores criminógenos.



Apoyar el desarrollo del plan de intervención en la identificación de focos pertinentes.



Basar la toma de decisiones sobre una evaluación fidedigna y validada de riesgos y necesidades.



Desarrollo moderno de teorías de la conducta infractora de ley. El IRNC es adaptado en Chile del YLS/CMI; este consiste en una lista de

chequeo con 42 ítems, y que se divide en ocho subescalas: 1. Infracciones anteriores y actuales 2. Situación familiar y rol parental 3. Educación y empleo

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4. Relaciones con los pares 5. Abuso de sustancias 6. Uso del tiempo libre 7. Personalidad y comportamiento 8. Actitudes/tendencias Como se puede observar, estas subescalas coinciden con los resultados de los estudios reportados a nivel nacional (Molina and Romero 2003; Hein 2004; Mettifogo and Sepúlveda 2005), entendiendo que coinciden con los factores e indicadores de riesgo que se obtuvieron de ellos. Para la obtención de normas, fue aplicado por un profesional de salud mental o delegado de libertad condicional usando entrevistas a jóvenes, revisión de expedientes clínicos, e información recolectada de diferentes fuentes. Cada ítem en el YLS/CMI fue codificado como presente o ausente, entregando un puntaje total entre 0 a 42 puntos. Acorde a este puntaje total, se categorizó a los adolescentes en cuatro niveles de riesgo de reincidencia: bajo, moderado, alto, o muy alto. Esta medida proporciona una vista amplia y detallada de los factores del riesgo y necesidad, protectores, y del receptividad adecuados a cada joven en particular (Hoge and Andrews 2002) y se ha adaptado del LSI-R, una herramienta utilizada en adultos en el sistema judicial norteamericano. Podemos encontrar indicadores psicométricos para el YLS/CMI en su manual (Hoge and Andrews 2002), con la validación inicial establecida en un estudio de Jung (Jung and Rawana 1999) que usan una muestra de 263 adolescentes infractores de ley. Se definió la reincidencia como cualquier sanción a alguna infracción hasta 6 meses después de la evaluación o, para jóvenes que se encontraran en un régimen

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de custodia al momento de la evaluación, cualquier sanción a alguna infracción hasta 6 meses después del término de la custodia. Los resultados mostraron que el puntaje total del YLS/CMI y cada uno de los ocho factores de riesgos y necesidades discriminaron adecuadamente entre los reincidentes y los no reincidentes. Se incluyo además una muestra de adolescentes sin antecedentes delictuales, y los resultados mostraron que la YLS/CMI discriminó perceptiblemente entre el delincuente y los grupos del no-delincuente (Jung 1996). Costigan (Costigan and Rawana 1999) hace un seguimiento a la muestra durante períodos de 2 años y determinaron una adecuada validez predictiva. Existen otros antecedentes de una adecuada capacidad predictiva de reincidencia del instrumento (Schmidt, Hoge et al. 2005). El estudio revisa la confiabilidad y validez del YLS/CMI en una muestra de 107 jóvenes infractores de ley, mediante consistencia interna y acuerdo interjueces para la confiabilidad y validez predictiva en la reincidencia de los jóvenes a los que se les aplicó el instrumento. Los autores relevan la capacidad del instrumento para distinguir entre los jóvenes con alto y bajo riesgo de reincidencia. A pesar de que la consistencia interna es baja (con un alpha menor a 0,6) el acuerdo interjueces es bastante alto (mayor a 0,7). La validez concurrente se calculó con el CBCL, con un alto grado de correlación (apuntando a la capacidad discriminativa), y la validez predictiva utilizando el método de curvas ROC dio indicadores de 0,6 a 0,66, lo que pone al YLS/CMI en un rango de moderado a alto en ese tipo de validez. El instrumento se ha adaptado en otros países fuera de Canadá y se han llevado a cabo estudios de su validez (Thompson and Pope 2005; Upperton and Thompson 2007). Los resultados en general son similares al comparársele con investigaciones

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en Canadá, utilizando una muestra de 133 jóvenes con un promedio de 16 años, reincidentes y no reincidentes. La correlación entre el puntaje total del instrumento y la reincidencia efectiva es significativa (p