SUSTENTABILIDAD, CONSERVACIÓN Y MODELOS PRODUCTIVOS

SUSTENTABILIDAD, CONSERVACIÓN Y MODELOS PRODUCTIVOS Por Hernán de Arriba1 Tres son los pilares del Desarrollo Sostenible: el crecimiento económico; el desarrollo social y la protección ambiental. En estos tres puntos se fundamentan sus objetivos generales y requisitos esenciales y que tienen que ver en primer término con la erradicación de la pobreza; en segundo término con la modificación de los sistemas insostenibles de producción y consumo; y por último con la protección y ordenación de la base de recursos naturales del desarrollo económico y social. Toda práctica agrícola inevitablemente produce un efecto sobre el medio ambiente, el bienestar social y la viabilidad económica de las personas involucradas y de la comunidad rural. El cambio de uso de suelo representa un crecimiento para las áreas cultivadas con el desarrollo de actividades productivas y el crecimiento económico que esto implica. Sin embargo este proceso de conversión de bosques nativos a parcelas para uso agrícolas también tiene un impacto negativo para la conservación de la biodiversidad, siendo el más notorio de ellos la pérdida y fragmentación de ambientes naturales. En muchos casos, los productores agropecuarios perciben el manejo de estos ambientes como algo ajeno a su labor cotidiana y que nada tiene que ver con las actividades productivas y esto hace que dichas actividades todavía no estén diseñadas en base a criterios de sustentabilidad, generando efectos negativos en el ambiente. La experiencia marca que, justamente antes de la sanción de la ley de presupuestos mínimos y el POT, en algunas zonas de la provincia y de otras regiones de similares características las consecuencias ambientales acumuladas de la actividad de aprovechamientos forestales, y el desmonte para usos agrícolas, reflejan de alguna manera que hasta no hace mucho tiempo existía ausencia de una planificación estratégica anterior no sólo a nivel provincial. Si a esto se le agrega el perjuicio que sufren las comunidades que dependen directamente del recurso forestal nativo al perder los bosques por actividades extractivas, que para otros sectores de la población, se traducen en ingresos económicos y consecuente aumento de intereses y en la que se involucra 1

Ingeniero Agrónomo Gerente Bosque Modelo Jujuy - Programa Nacional de Bosques Modelo Dirección de Bosques Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental Secretaría de Gestión Ambiental de la Provincia de Jujuy

a productores, trabajadores rurales, técnicos, académicos, pobladores, aborígenes, etc., pone en evidencia que es de vital importancia la presencia proactiva del Estado para reducir eventuales conflictos generando consensos participativos mediante el monitoreo, el control, la prevención, y la asistencia técnica y económica con políticas claramente orientadas al desarrollo de las actividades productivas pero que a la vez aseguren un manejo sustentable de los recursos naturales y la permanente provisión de los servicios ambientales que brinda el bosque nativo. Si bien los aspectos ideológicos y políticos no dejan de ser importantes es necesario abordar la evaluación de impactos, las consecuencias y las alternativas de manejo desde una perspectiva técnica y donde es necesario que la discusión sobre la conveniencia de la expansión agrícola sea en relación a quién hace el análisis. Es decir, la percepción de los inconvenientes y las bondades del proceso varía según los grupos sociales o de interés que se consideren. . La conservación de la naturaleza y el aprovechamiento de los recursos naturales requieren un balance entre transformación, protección y recuperación de los ecosistemas La agricultura sostenible busca desarrollar prácticas que tengan una influencia benéfica sobre algunos o todos estos factores, por ejemplo, proteger y mejorar la biodiversidad, fomentar el uso de PAS (Prácticas Agrícolas Sustentables), proporcionar mayores rindes de cultivos de mejor calidad a menor costo, proteger el suelo y el agua no solo como conservación del recurso sino, algo más importante aún, como estrategia para reducir la pobreza rural y mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades del entorno rural. En muchos casos, los elementos de la agricultura sostenible pueden tener efectos benéficos en más uno de estos factores. En el caso de los sistemas productivos presentes en el territorio argentino y particularmente en la región NOA y NEA, como la forestación, la soja y la ganadería entre otros, no cabe duda que, si bien han significado un aporte fundamental al crecimiento económico el resultado no ha sido tan claro en lo que se refiere a su aporte al desarrollo social y a la protección ambiental. Las estrategias del desarrollo sostenible están siendo definidas sin un diagnóstico suficiente de los problemas ambientales y su interacción con los sistemas productivos y sin incorporar propuestas alternativas. Si bien la concientización ambiental y la mejora de las prácticas son paulatinamente mayores, hay un desbalance entre los tres componentes de la sustentabilidad aún sin resolver.

La transformación de los bosques, asociada a la explotación forestal, a la agricultura y a la ganadería extensiva bajo monte y en pasturas cultivadas, ha generado posiciones encontradas entre el sector productivo que fomenta la incorporación de nuevas tierras al mapa agrícola de la región y la generación de ingresos que ello implica, con los ecologistas, científicos y organizaciones que alertan sobre los riesgos que involucra el modelo adoptado, en relación a la sustentabilidad de los ecosistemas (pérdida de biodiversidad, conectividad entre ambientes, servicios ambientales, etc.) y del entorno social (caída del empleo rural, concentración de la renta, procesos migratorios, conflicto con comunidades campesinas, mal uso de agroquímicos, etc.). Se hace difícil encontrar un equilibrio entre el mantenimiento y aumento de la productividad de los sistemas agropecuarios, en donde los intereses de las Empresas y/o propietarios de tierras, cuyo fin casi único es la rentabilidad económica a corto plazo, conjuntamente con la conservación de los recursos naturales y mucho menos analizar las consecuencias y perjuicios ambientales acumulados que genera el aprovechamiento forestal de los bosques nativos, y el desmonte para usos agrícolas/ganaderos. Como contrapartida, muchas personas vinculadas con la Ecología consideran que la Producción agrícola excluye la cuestión ambiental y que estas prácticas son incompatibles con la biodiversidad. Esta incompatibilidad aumenta cuando los intereses sobre el bosque están dados más por una cuestión de índole social en donde existe una marcada diferencia en el acceso a los bienes que derivan del aprovechamiento de los recursos naturales. Los trabajos de los ambientalistas pocas veces consideran la existencia de un modelo productivo sustentable. Generalmente, en sus observaciones, predominan los contenidos referidos a problemas generados por la agricultura (desmontes, contaminación, etc.) que en muchos casos no dejan de ser una realidad pero no abren la posibilidad a otro tipo de análisis, con una visión mucho más amplia que no sólo revise los impactos ambientales, sino que compatibilice un manejo sustentable de los sistemas productivos teniendo en cuenta que tanto la agricultura como la ganadería también son procesos biológicos. Una consecuencia de lo anterior es que las relaciones entre los sectores de la producción y los vinculados con la temática ambiental han sido casi inexistentes o abiertamente conflictivas, cuando en realidad tanto las cuestiones ambientales sociales y económicas van de la mano independientemente desde el punto de vista que se las mire. Es importante que los productores incorporen planes de gestión ambiental en su actividad y, al mismo tiempo, que los biólogos consideren

como objeto de análisis a los sistemas agropecuarios para lograr tener una visión más desarrollada y superadora. En este contexto, podemos establecer que existen dos visiones, no necesariamente contrapuestas sino más bien ubicadas en extremos: por un lado están los sectores ambientalistas que sostienen que ante la ausencia de políticas el estado no tiene capacidad de control, y la manera de ejercer ese control y provocar un cambio de conducta como el que demanda una práctica sustentable, es hacerlo a través de la toma de conciencia. Lo ambiental depende de manera imprescindible de lo que haga el estado, incluso antes que de la conciencia. Para ellos tendría que haber una política que promueva prácticas sustentables en detrimento de otras que deberían prohibirse, y mientras el estado no aplique estas políticas o las esconda en la esa falta conciencia, la cuestión ambiental no tendrá solución, pero en realidad, lo que estos sectores no evalúan eventualmente es que, de todas maneras, no habrá una solución porque, si nadie se ocupa de la protección, la protección sola no va a ocurrir. Por otro lado están aquellos que entienden que la forma de generar cambios es a través de las reglas del mercado y de los procesos de certificación, a través del cual se podría encontrar una solución a los problemas de cambio de uso de la tierra, protección de biodiversidad, protección de los derechos de los trabajadores, etc, forzando a que el productor deba cumplir para entrar al mercado ciertos requisitos. En este marco, el objetivo del proyecto de alguna manera tiene que ver con la forma de vincular esos dos extremos y en donde cada una de las miradas con las cuáles estemos trabajando sean complementarias una con otras en función de un mismo objetivo y que tiene que ver con la planificación territorial, con conservar la biodiversidad, la producción, el desarrollo sustentable, etc. Ahora bien, por un lado hay dos marcos regulatorios nacionales de cumplimiento obligatorio por parte de los territorios provinciales que de alguna manera para la región chaqueña son centrales: La ley de regularización de tierras indígenas o de territorios originaros que básicamente es una ley que impulsa que las comunidades definan sus territorios y el estado se los entregue en propiedad comunitaria. Este es un tema para la región chaqueña de alto alcance potencial porque toda la región chaqueña está concentrada de aborígenes que reclaman o reclamarán sus territorios y una buena parte de la región chaqueña entra dentro de este esquema.

Por otro lado tenemos la ley de Ordenamiento Territorial de los bosques nativos y los mapas de ordenamiento que también al final se vinculan con las tierras indígenas , muchas de las tierras identificadas con color amarillo en el OT del chaco son territorios comunitarios es decir que la ley de territorio indígenas puede quedar incluida dentro de la ley de OT si se tiene en cuenta que uno de los principios de esta ley es el respeto a los territorios indígenas Sin embargo, ambas leyes tienen un nivel de implementación deficiente. Hoy por hoy todavía cada provincia lo hace a “su manera” y con una tendencia a disminuir los criterios de interpretación de la ley y tampoco están definidos cuáles son esos criterios ni cuáles son territorios indígenas o, en muchos casos, tienen superposición de títulos. Otro punto que hay que mencionar es que en la región chaqueña las áreas de protección son pequeñas, aisladas una de otras, con escasa superficie (parches) y además el porcentaje de protección dentro de la propia región es muy bajo, si tenemos en cuenta que en promedio los OT consideran un 10% en rojo, y, para el caso de la ecoregión chaqueña es de menos del 1%, es decir, es una de las ecorregiones con menos porcentaje de tierra conservada. En este sentido, uno de los principales objetivos debe ser fortalecer la implementación de Áreas de Conservación y activar el esquema de protección porque además de un escenario desfavorable donde las reservas son insuficientes y ocupan superficies chicas, muchas veces están sub manejadas o directamente no tienen ningún tipo de manejo o control. El sistema de AP para la región chaqueña necesita de más y mejor protección. Por otro lado, si bien existen algunos trabajos al respecto como el que desarrolló TNC en base a la selección de áreas prioritarias para conservación en el Gran Chaco, éstos tienen una orientación netamente académica, no técnica que requieren implementación y eso va en detrimento del actual esquema de protección. Todas esas áreas que han sido identificadas deben ser actualizadas y es necesario avanzar en actividades de protección, ya sea para las áreas del TNC o para otras como por ejemplo las áreas de importancia para conservación de las aves, que son las que aparentemente usa el sector sojero. La realidad es que en cualquiera de éstas áreas no tienen ningún status de protección efectiva. En el mismo sentido deberían situarse los corredores que son los espacios silvestres que conectan áreas de importancia para conservación de AP o áreas prioritarias.

Los corredores se vinculan con los procesos de certificación pero se vinculan de una manera que no termina de convencer ya que no está clara la forma que los estándares de certificación inciden sobre ellos, por ejemplo en las Áreas Protegidas no se pueden certificar y de acuerdo a cómo están diseñado estos procesos de certificación, estos excluyen éstas áreas de conservación y la forma que abordan estos temas es estableciendo la no intervención en estas áreas. Sin embargo, al llevar el concepto de “no tocar” a la práctica, las empresas más grandes que en teoría son las más interesadas en adoptar sistemas responsables de producción y de protección dejan estas áreas de lado y, a partir de esa instancia, entran en un proceso en donde nadie se hace cargo de la conservación o la toman productores que no les interesa, entonces de alguna manera, los procesos de certificación terminan castigando a esas áreas y las marginan aún más produciendo el efecto contrario a los objetivos que los sistemas de certificación persiguen, en este caso la conservación. La certificación no mira necesariamente esas áreas sino de alguna manera, sin proponérselo, las condena y las excluye de sus procesos. Entonces podemos decir que el ordenamiento territorial es la base sobre la que se pretende trabajar y desarrollar el proyecto, y dentro de este concepto, que tiene tres niveles que componen el marco de la ley: Rojo. Amarillo y Verde, donde el rojo es el que en general esta mayormente concentrado en lo que es las áreas de protección, el color amarillo tiene dos componentes: lo que es estrictamente el manejo forestal del bosque nativo y por otro lado el aprovechamiento silvopastoril. Mientras que le verde son las áreas para transformación y cambio de uso de la tierra. En términos promedio podemos establecer los siguientes porcentajes para la región: Rojo 15%, Amarillo 65 y Verde 20%. Todos los ordenamientos para la región chaqueña vigentes plantean que del bosque existente entre un 60 y un 70% de lo que queda para cada provincia lo tienen puesto en amarillo esto quiere decir que, de acuerdo a los términos de la ley, podrán ser considerados para un manejo forestal. A pesar de que la expansión de tierras con destino agrícola o ganadero es la principal causa de deforestación, no debemos desconocer además la degradación de las masas agropecuarios, y por el otro, la progresiva eliminación del bosque lleva a una explotación intensificada de los recursos forestales remanentes (Leake, 2008; Minetti, 2010), sobre la cual se argumentan y justifican los desmontes. Una de las causas de esta degradación (además del accionar del

ganado vacuno) se vincula con las décadas de desmanejo forestal que pesan sobre estos bosques, y que han llevado a que la gran mayoría de las superficies de bosques se encuentren empobrecidas. Ahora bien, en su mayoría, estos bosques se encuentran con altos niveles de intervención y degradación. El manejo del bosque o mejor dicho el aprovechamiento forestal es, hoy por hoy, un subproducto de la desforestación y habilitación de tierras pero en términos económicos casi nadie lo ve como una posibilidad de negocio rentable. A estas dos cuestiones de la rentabilidad y la degradación se le suman la escasa capacidad técnica, la falta de planificación, las deficiencias del mercado con ausencia de reglas claras sobre el uso el recurso (leña, carbón) y la falta de apoyo institucional sin estímulos de inversión gubernamental, o con mínimas intenciones como la ley de bosques. Esta cuestión de fondo que se encuadra dentro del amarillo, es central en el núcleo de la región chaqueña y tiene que ver con el lote predial y su plan de ordenamiento en donde se hace difícil consensuar objetivos en términos de OT porque toda la discusión está basada en la comparación de la biodiversidad en los sistemas productivos con la biodiversidad del bosque chaqueño. En términos reales y a nivel predial, ésta es una comparación errada porque al contrastar las plantaciones (pino, caña) o el manejo silvopastoril con el bosque, es obvio que va a haber pérdida de biodiversidad cuando la realidad es que esa comparación debería hacerse en forma global e integral. Si se hace esta comparación en forma integral tomando la biodiversidad de una unidad predial con sus sistemas productivos y sus bosques y por otro lado se toman los bosques continuos, probablemente el resultado sea que no existan mayores diferencias e incluso, si se compara ese sistema con otras áreas de bosque, pero que están siendo presionadas por presencia antrópica activa, seguramente el balance resultará con valores de biodiversidad más altos. Hay muchas cosas para trabajas y revertir para que el manejo forestal sea una la alternativa para el 60 o 70% de la superficie boscosa actual, entendiendo que, en ese sentido, si no encontramos una la alternativa se van a seguir perdiendo bosques con el transcurso del tiempo. Como una forma de estimular una relación positiva entre el sector productivo y la protección de la biodiversidad, aunque para algunos puede resultar un tanto controversial, es instalar el concepto de lo que podríamos llamar Manejo

Integral o Múltiple y que la ley de bosques actualmente no contempla para la zona amarilla en el OT.

Básicamente este manejo consiste en que pueda haber otras actividades que no sean exclusivamente para manejo forestal sino que permitan otros sistemas productivos como soja o sistemas silvopastoriles. Estas actividades de alta rentabilidad concentradas en el espacio predial en un determinado porcentaje es la que generará al nivel del predio una cantidad de recursos que harán que el propietario invierta no solamente en procesos de certificación sino también en áreas prioritarias de conservación. Hay ejemplos concretos donde el 25% de una tierra con cambio uso en una cuenca permite una excelente conservación en el 75% restante. El 25% en términos económicos, financia ese 75%, En ese sentido la desforestación no es necesariamente un tema negativo si está en un contexto adecuado de planificación, de manejo y control. Hoy esta posibilidad, si bien existe una presión real de los gobiernos provinciales, en el marco de la ley está vetada y es aquí donde también cobra relevancia la necesidad de incidir con insumos técnicos, capacidad técnica, monitoreo de biodiversidad, etc. Las herramientas tradicionales de planificación del desarrollo económico están muy desvalorizadas en la actualidad en el país, habiendo caído en desuso. La concepción dominante es la de librar a las fuerzas productivas (mercados, inversión) de la tutela que supone toda planificación central. Las opiniones divergen respecto de lo acertado o desacertado de este enfoque pero, indudablemente, desde un punto de vista ambiental, hay consenso en la necesidad de establecer límites al accionar de las fuerzas del mercado En tal sentido, la Constitución Nacional reformada en 1994, llama en su Art. 41° a establecer un marco de normas mínimas de protección que serían, según algunas interpretaciones, la base de esas limitaciones. El marco macroeconómico actual ha traído aparejado un notable incremento en la inversión, especialmente en áreas básicas de la economía, tales como minería, extracción y transporte de hidrocarburos, producción y transmisión de energía eléctrica, forestaciones, tecnificación de cultivos, etc., lo cual implica cambios acelerados en el uso del territorio. Lamentablemente, los planes de fomento de la inversión privada no integran expresamente la problemática de la diversidad biológica en general, y de las áreas protegidas en particular.

Generalmente, las reglamentaciones sectoriales se limitan a la exigencia de realizar Evaluaciones de Impacto Ambiental y, por lo general, no cuentan con instancias de auditoría que sean técnicamente sólidas y transparentes. Por último, y como para ir cerrando el concepto, hay un tema que tiene que ver con que además de las áreas en verde, que son las destinadas a conversión o cambio de uso de suelo y donde participan las buenas prácticas, consideramos que deberían incorporarse bajo las mismas prácticas las áreas en amarillo en la parte que se convierte, ese porcentaje que se destina a manejo forestal o silvopastoril y de la misma manera también deberían incluirse en el marco de los procesos de certificación. Actualmente lo que hace la certificación es dejar de lado las áreas conflictivas, y en donde actúan aseguran la sustentabilidad, la eficiencia desde el punto de vista energético, la contaminación, la seguridad, la salubridad, etc., pero estos procesos tienen que incidir en la relación entre la certificación y el territorio y cuando hablamos de certificación es necesario hacerlo en un sentido amplio de sustentabilidad, tanto productivo como ambiental. En términos globales la certificación más o menos actúa en un 30% del territorio porque actúa solamente en las áreas verdes, pero la realidad es que deberían poder llegar a actuar en las áreas amarillas si se establece la posibilidad, aun cuando, hoy por hoy, está en cierta forma vetado y sería contrario al espíritu de la ley de bosques. En definitiva los procesos de certificación en líneas generales terminan actuando sobre un 30% cuando lo que pretendemos y consideramos, en términos de sustentabilidad, es que intervengan en un 70% del territorio. Es necesario que la problemática ambiental trascienda de su propio enfoque o espacio intelectual para insertarse en las acciones y decisiones de otros sectores como los gobiernos y las empresas, combinando enfoques y visiones haciéndolos confluir en un manejo integral o múltiple de esos “paisajes de conservación” o “Paisajes Productivos Protegidos”. Es decir espacios a escala de paisajes donde coexisten y se potencian en los espacios destinados a la producción con aquellos destinados a la preservación de los bienes y servicios de la naturaleza (mantenimiento biodiversidad, provisión continua de agua, conservación de suelos, regulación climática).

ESQUEMA GENERAL Y RESUMEN PROCESO PPP y CERTIFICACIÓN

PROCESOS

TERRITORIO

CERTIFICACIÓN

Observatorio Permanente Cambio Uso de la Tierra y Biodiversidad

OT´s

Áreas Transformadas PCUS

AP´s

Manejo Integral

15%

Áreas Prioritarias

Manejo

65% O Múltiple Forestal de BN

Corredores  Fortalecimiento  Implementación  Activar Procesos de Protección

Legal

Privada

    

  

Rentabilidad Capacidad Técnica Mercado  Apoyo Institucional  Información

70% CERTIFICACIÓN POTENCIAL

20%  BPA´s

30% CERTIFICACIÓN ACTIVA BAP´s Insumos Técnicos Monitoreo Biodiversidad Capacitación Técnica OT Predial