¿Son las políticas de workfare más coste-efectivas que las de welfare?

¿Son las políticas de workfare más coste-efectivas que las de welfare? Por Vasco Coelho 03/12/2009 1.

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es responder a la pregunta siguiente:

¿Son las políticas de workfare más coste-efectivas que las de welfare?

Esta formulación precisa de una definición clara del concepto de coste-efectividad que guiará nuestra explicación. Consideramos una política efectiva en términos de tasas de empleo/desempleo (output), esto es, una medida de este tipo será más efectiva cuanto menor sea la tasa de desempleo en el ámbito geográfico que se considere. En el lado de los costes deberemos fijarnos en la asignación presupuestaria de las políticas de workfare y welfare en las que nos centraremos (input). Hemos decidido guiar el análisis mediante el recurso a dos Estados que, a día de hoy representan a priori buenos ejemplos de aplicación de welfare y workfare, esto es, España (que nos interesa también por proximidad) y Alemania. Debemos tener en cuenta, sin embargo, que no estamos hablando de tipos ideales en los que se implemente de manera exclusiva uno u otro tipo de política sino que ambos aplicarán las dos aunque con predominancia de una de ellas. La respuesta a la pregunta se elaborará a partir de la verificación o falsación de las siguientes hipótesis: 1. Alemania destina una mayor parte de sus presupuestos a financiar políticas de Workfare lo que se traduce en tasas de desempleo menores. 2. Alemania tiene una tasa de paro que sigue (inversamente) los ciclos de crecimiento económico (en términos de PIB) sostenido (ley de Okun1). 3. La configuración del mercado de trabajo en España y Alemania determina la aplicabilidad de las medidas de Workfare y Welfare. 2.

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS CLAVE: WELFARE, WORKFARE Y POLITICAS

ACTIVAS DE EMPLEO, CRECIMIENTO DEL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

1

“Para crear empleo habrá que esperar a que la economía recupere tasas de crecimiento por encima del 2,5%”. Martín Ruesga, El periódico mediterráneo 3/10/2009.

Antes de profundizar en el análisis, que nos llevará a falsar o verificar nuestras hipótesis y a responder así a nuestra pregunta, definiremos una serie de conceptos clave. Welfare El término Welfare, se vincula con el concepto de bienestar social. No obstante conceptualizar el bienestar es difícil porque entraña aspectos subjetivos que pueden vincularse bien con el bienestar individual, bien con el colectivo o con ambos simultáneamente. El concepto de bienestar también es multidimensional. Existen diversos enfoques teóricos sobre que es bienestar y, a pesar de las dificultades, se han establecido herramientas para ejercer su medición. En un intento por definir y acotar el concepto, haremos unas breves referencias teóricas. Moix (1986:35) considera que el término “bienestar social” concibe la idea de que los grupos políticos organizados tienen la obligación de proveer a las necesidades más urgentes de los ciudadanos más carenciados, con fondos públicos y mediante los sistemas de protección, haciendo hincapié, por consiguiente, en la doble dimensión individual y otra social del concepto. De esta manera el Welfare posibilita la idea de un mínimo nivel de vida y que cualquier dificultad en alcanzar dicho nivel tiene que ser considerado como una clara deficiencia en la consecución de ese bienestar básico. En la dimensión social el welfare, afirma Moix, las necesidades de las personas respecto al establecimiento de un orden social compartido fomenta el logro de los ciudadanos de su propio bienestar social. Wilensky y Lebeaux (1958) definen el bienestar social como “aquellos programas, agencias e instituciones organizadas formalmente y patrocinadas socialmente que funcionan para mantener o mejorar la condición económica, la salud o la competencia interpersonal de algunas partes o de todas las de una población”. Aquí se plantea el Bienestar social como un valor social que expresa lo deseable, la forma en que las personas entienden su naturaleza y las relaciones con los demás; las actividades, aspectos prácticos y organizativos que tiene que ver con los agentes sociales, las organizaciones formales, los programas, las prestaciones y servicios que desarrollan.

Por tanto, entendido así, el bienestar social se configura como un valor socialmente compartido, cuya finalidad es que todos los miembros de la sociedad deben contar con los medios precisos para satisfacer sus necesidades básicas. El Bienestar social hace referencia a una forma de acción social

organizada que se practica en

sociedades capitalistas desarrolladas y que evoluciona en el marco político organizativo del Estado de Bienestar, implementando políticas que se concentran en una amplia red de sistemas de protección, principalmente bajo responsabilidad pública. Workfare y las políticas de activación del empleo El modelo de workfare es un modelo alternativo al modelo convencional de políticas de bienestar (welfare). El término “workfare” fue introducido, en 1968, por James Charles Evers, un líder de derechos civiles en los EE.UU. El workfare plantea una combinación de actividades que pueden ser llevadas a cabo para: 1) aumentar las perspectivas de empleo del beneficiario (por ejemplo, formación, rehabilitación y experiencia de trabajo); y 2) contribuir al desarrollo socioeconómico de la sociedad. Para ello, se plantean dos principales tipos de políticas de workfare: a) las que promueven el empleo directo para reincorporar a los desempleados en el mercado laboral; y b) las que aumentan el capital humano a través de formación y educación de todos los que se encuentran en el sistema de bienestar (Peck, 1988). El principal objetivo del modelo de workfare es generar una contribución neta para la sociedad por parte de los beneficiarios de las políticas de bienestar. Esto se traduce en mover la gente desempleada para el empleo remunerado, reduciendo o eliminando los pagos sociales (subsidios de paro) y creando ingresos que generan impuestos. Además, una vez que una persona tenga experiencia de trabajo reciente está mejor preparada para lograr un empleo a más largo plazo. Las políticas de workfare intentan quebrar el ciclo de pobreza creado por la dependencia asociada a las políticas de bienestar, muchas veces transformadas en un “estilo de vida”. (Peck, 1988) Algunos sistemas workfare también apuntan para sacar la contribución de receptores de bienestar por el medio más directo. Estos sistemas obligan a la gente en paro a

emprender el trabajo que es útil a su comunidad. La justificación de estos programas es doble:  En primer lugar, los contribuyentes pueden sentir que reciben más valor por cada euro de bienestar gastado, ya que observan que así los receptores trabajan y con ello benefician a toda la comunidad, haciendo tales programas políticamente más populares.  En segundo lugar, poniendo a la gente en paro en un ambiente parecido a un lugar de trabajo, se intenta usar el argumento que una de las barreras más grandes al empleo a largo plazo para la gente en el paro es su carencia de experiencia de trabajo reciente. En los últimos años organismos internacionales como la Comisión Europea o la OCDE han apoyado el desplazamiento del gasto en políticas de empleo pasivas, más propias del welfare hacia políticas activas, que podemos decir que se sitúan en el plano del workfare. Así, se pretende disminuir las partidas correspondientes a las prestaciones vinculadas a la no ocupación laboral favoreciendo una mayor inversión en la protección del empleo y la mejora de la competencia de la fuerza laboral. Los países nórdicos fueron los primeros en adoptar esta estrategia, a lo largo de los años 80. La evolución en la financiación de estas políticas es variable, en periodos de crisis económica, algunos países han fomentado su uso, cuando otros han tenido que desviar los fondos empleados en esas políticas activas a la financiación de subsidios de desempleo. La inversión entonces no viene determinada por la expectativa de beneficio de una u otra política sino por la escasez de recursos y la necesidad de aliviar las necesidades de los desempleados. El concepto de políticas de activación del mercado de trabajo engloba diversas medidas. Estas son, entre otras: la creación de un servicio público de empleo, organizado localmente de forma que pueda responder mejor a las necesidades de su grupo de población, la formación, el empleo subvencionado (incluye las ayudas al empleo regular en el sector privado), las ayudas al empleo autónomo y los programas de empleo público) y medidas de activación dirigidas a los grupos más afectados por el desempleo, esto es, jóvenes, mujeres y discapacitados. Crecimiento del empleo y crecimiento económico

La tasa de crecimiento de un país cuantifica el progreso del mismo en un periodo determinado. Concretamente el crecimiento o decrecimiento se mide a través del Producto Interior Bruto (PIB). Existen diversas teorías en relación a los factores que intervienen el este crecimiento, no obstante, la mayoría de los autores convergen en señalar el capital, el factor humano y los avances tecnológicos como factores explicativos (R. Solow). Refiriéndonos concretamente al factor humano en conjunción con el capital podemos mencionar la Ley de Okun que establece una correlación entre los cambios en la tasa de desempleo y los cambios en el PIB. 3.

ANÁLISIS COMPARATIVO ALEMANIA - ESPAÑA

Hemos escogido estos dos países porque partimos del supuesto de que Alemania ha llevado a cabo una política de empleo muy diferente a la seguida en España y creemos poder disponer de la información necesaria para señalar la política de empleo del primero como preferible a la del segundo. El periodo escogido comprende los años 1997 a 2008. Durante el mismo se identifican aspectos coyunturales que gran importancia para explicar las diferencias entre ambos países. Nos centraremos en primer lugar en el caso alemán. Su Estado de Bienestar entra en crisis al final de la década de los 90. Es concretamente en 1997 cuando el número de personas receptoras de subsidios y pensiones públicas supera al de trabajadores. Una de las causas principales de esta situación fue la coincidencia en el tiempo de un incremento del número de jubilaciones anticipadas (fundamentalmente en los antiguos Länder de la República Democrática Alemana, RDA) y de un aumento de personas desempleadas. La situación era, sin duda, extrema y requería medidas urgentes e innovadoras (preferentemente de workfare), más allá de las tradicionales subida de las cotizaciones y recorte de beneficios fiscales, con el fin de evitar el colapso. Estas medidas incluían la contratación obligatoria de los parados de larga duración (más de 6 meses en situación de desempleo), la formación para el empleo que aumentara la productividad de los ocupados o la retribución con cargo a los presupuestos de los trabajadores afectados por una suspensión o una reducción temporal de horas de trabajo, lo cual posibilitaría un mantenimiento de los salarios en el caso de una coyuntura desfavorable para la empresa. Este tipo de medidas contienen el crecimiento del desempleo en época de recesión económica y a priori no impactan negativamente en el gasto social relacionado con la protección del

empleo. Además, se parte de la hipótesis de que con la introducción de medidas de workfare se produce una mejora de la productividad de la fuerza laboral y sienta las bases para una recuperación económica rápida y sostenible. Por su parte, si algo caracteriza al mercado laboral español es su alta temporalidad, su elevada tasa de paro y su baja tasa de actividad – ocupación femenina.

El

mercado laboral español sufre de males endémicos fruto de sistemas productivos poco competitivos y desarrollados tecnológicamentd, amplías capas de economía sumergida y niveles altos de deuda (tanto pública como privada) Estas características no son nuevas, de hecho, en cuanto a la temporalidad podemos remontarnos a la década de los 80. Las políticas as de flexibilización del mercado laboral ya se iniciaron ya en los 80 quizás como reacción a la incorporación al mercado de trabajo de aquella numerosa generación del baby boom que mostró cifras alarmantes en cuanto al paro juvenil, que poco podían hacer ya que el sistema sólo permitía acceso a subsidios por desempleo. La ley que regula el mercado de trabajo en España es el Real Decreto 1/1994. “Ley de la Seguridad Social” en dicha ley (con posteriores actualizaciones) se articulan las “acciones protectoras” en la lucha contra el desempleo. Esta norma establece dos prestaciones básicas: 1 a nivel contributivo y 2 a nivel asistencial. Esta última la podríamos englobar en las políticas de welfare aunque establece mecanismos para fomentar el empleo, así: […] La acción protectora comprenderá, además, acciones específicas de formación, perfeccionamiento, orientación, reconversión e inserción profesional a favor de los trabajadores desempleados y aquellas otras que tengan por obejto el fomento del empleo estable[…] RDL 1/1994 – Ley General de la seguridad Social art. 206. Cabe mencionar que en su artículo 215, condiciona la obtención del subsidio por desempleo al cumplimiento de una serie de obligaciones por parte del receptor del mismo, así por ejemplo no debe haber rechazado oferta de empleo adecuada a su perfil, ni haberse negado a participar en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales. En cuanto a las políticas laborales tanto “welfare” como “welfare to work” encontramos básicamente: Acciones a la mejora de medidas de recolocación laboral y aumento de las inversiones en formación, acciones hacia el aumento de las inversiones en apoyo de la mejora de las trayectorias escolares y universitarias; apoyo al poder de compra de los hogares ( traducido en subida de pensiones y

salarios mínimos). Otras medidas menos importantes serían: acciones encaminadas a la reducción de los costes del trabajo (previendo el aplazamiento de pagos de la seguridad social y subsidios para el empleo); medidas de apoyo de la demanda de los sectores afectados por la crisis (especialmente en el sector automovilístico mediante la ayuda a la compra y a facilidades para la renovación); medidas en apoyo del mercado secundario; medidas para fomentar el trabajo autónomo y la creación de empresas (por medio de la posibilidad de capitalización de los subsidios – línea específica de financiación por parte del ICO). Verificación (o falsación) de Hipótesis Una vez hemos definido los conceptos y el entorno en el que se ubican las políticas laborales de estos dos países nos adentraremos de lleno en el análisis con el fin de verificar nuestras hipótesis. Hipótesis 1. Alemania destina una mayor parte de sus presupuestos a financiar políticas de Workfare lo que se traduce en tasas de desempleo menores. Contamos, para Alemania y España, con los datos relativos al gasto público destinados a las políticas de Workfare (que igualaremos a las políticas activas de empleo) y Welfare (de las cuales tomaremos el dato en base a las políticas pasivas) en términos PIB. Alemania: Políticas pasivas y medidas de activación (workfare). Porcentaje de gasto público respecto al PIB 3,5 3 Medidas pasivas (welfare)

2,5 2

Medidas de activación (workfare)

1,5 1 0,5 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Año

España: Políticas pasivas y medidas de activación (workfare). Porcentaje de gasto público respecto al PIB 2,5

2

1,5

Medidas pasivas (welfare)

1

Medidas de activación (workfare)

0,5

0 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Año

Asimismo, disponemos de los datos relativos a la tasa de desempleo en ambos países. Evolución de la tasa desempleo 18

Porcentaje desempleados

16 14 12 10

Alemania

8

España

6 4 2 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Año

De los datos expuestos podemos extraer las siguientes conclusiones. -

Alemania dedica un porcentaje mayor de gasto público a financiar políticas laborales (1 punto aprox.). Sin embargo, con respecto a la evolución temporal de ambas, mientras las partidas se mantienen relativamente estables en España, en Alemania tienden a decrecer. Esto tiene su explicación en la distribución de la población no ocupada en el periodo 1997-2008, esto es España ha optado por mantener su gasto (incrementando en ocasiones las prestaciones) a pesar de disfrutar de tasas de paro relativamente bajas. Por el contrario, Alemania ha disminuido su gasto tanto en políticas activas como

pasivas de empleo a medida que la situación de su mercado laboral se normalizaba. -

En términos relativos, Alemania y España destinan un porcentaje similar de su presupuesto para políticas laborales a las políticas activas2 (alrededor del 30%). Sin embargo, esto no tiene un correlación en la evolución de la tasa de paro de ambos países, esto es, mientras a similar porcentaje España está disminuyendo notablemente sus tasas de paro, Alemania sufre incrementos de población desempleada.

-

El hecho de que las tasas de paro converjan en ambos países entre 2005 y 2007 no evidencia una situación de igualdad entre ambas economías pues, tomando como referencia el paro estructural, los datos para ese período en Alemania son negativos (el país tiene graves problemas con sus grandes empresas exportadoras en un entorno de mercado internacional y por la presión de los nuevos productores) mientras que el mantenimiento en España de una tasa de paro alrededor de los 8 puntos es un dato muy positivo.

Por tanto, procedemos a falsar esta primera hipótesis porque: a) no es cierto que Alemania destine en términos relativos un porcentaje mayor de su presupuesto para políticas laborales a financiar medidas activas de empleo que España; y b) a similares proporciones de gasto, Alemania genera desempleo mientras que España lo reduce, por lo que no parece que haya una relación directa entre el peso relativo de las políticas de Workfare y la evolución de la tasa de paro. Hipótesis 2. Alemania tiene una tasa de paro que sigue (inversamente) los ciclos de crecimiento económico (en términos de PIB) sostenido (ley de Okun). Para verificar esta hipótesis nos remitiremos de nuevo al dato sobre la tasa de desempleo (que no reiteraremos) así como al crecimiento económico en términos de crecimiento del PIB para estos países en el periodo 1997-2008.

2

Esta actuación está en concordancia con las recomendaciones de la Unión Europea, que a principios de los años 90 promovió una nueva concepción de la actividad estatal en la promoción del empleo, optando por medidas menos subsidiaristas que creasen un valor añadido

Para facilitar el análisis superpondremos las dos gráficas (crecimiento del PIB y paro).

Ahora nos centraremos en ver si la evolución de la tasa de desempleo guarda alguna relación con el crecimiento del PIB. En la figura anterior se observa gráficamente una relación inversa entre ambos indicadores ya que en los momentos en que el desempleo repunta, el crecimiento económico sufre un retroceso. La excepción se configura en los años 2006 y 2007, momentos en los que un freno en el crecimiento del PIB no se traduce en la destrucción de empleo. Todo parece indicar, en este caso, que la madurez del sistema de políticas laborales intensivas en workfare (y en un workfare extremo y no el suavizado que se da en España) estuviera dando sus

frutos manteniendo el porcentaje de población empleado a pesar de una acuciada recesión económica. Veamos ahora el caso de España.

Aquí, se observa claramente una correlación entre ambas variables (aplicación exhaustiva de la Ley de Okun). Las políticas de workfare implantadas en España son, como ya hemos apuntado, medidas light, que sólo inciden parcialmente en el núcleo duro (de ahí que no se haya apostado, por ejemplo por la financiación de horas por parte del Estado en empresas que hayan declarado EREs) y, por tanto, no han podido suavizar los efectos más negativos de la actual crisis. En este caso, por tanto, verificaremos nuestra hipótesis y añadiremos que para superar la estigmatización de la tasa de desempleo por parte el crecimiento económico pueden introducirse diversos elementos, uno de los cuales son las políticas activas de empleo de tipo hard. Hipótesis 3. La configuración del mercado de trabajo en España y Alemania determina la aplicabilidad de las medidas de Workfare y Welfare. Hemos anunciado ya que el tipo de políticas activas que se implemente va a determinar su mayor eficacia en términos de reducción de la tasa de empleo. Sin embargo, a continuación trataremos de dilucidar si el modo en que el mercado de

trabajo esté regulado influye en la aplicabilidad e incluso en la eficacia de las políticas activas y pasivas de empleo. Tomaremos dos perspectivas para el análisis la que se relaciona con la introducción de incentivos para el empleo tanto en un sistema Workfare como Welfare y aquella que tiene que ver con la promoción de determinados sectores de actividad intensivos en mano de obra. Desde el primer enfoque nos ayudaremos de un modelo econométrico aplicado al caso alemán para explicar gráficamente las implicaciones sobre la incentivación al empleo tanto del Workfare como del Welfare. Comenzaremos por este segundo.

(La linea continua oscura, “ALG II”, es el subsidio por desempleo)

La curva de indiferencia (MonEq of ALG II utility) muestra los puntos por encima de los cuales para el trabajador es indiferente trabajar o no trabajar recibiendo un subsidio por desempleo. La distancia entre las líneas que representan el subsidio por desempleo y el salario neto viene determinada por la oferta del mercado de trabajo. Si la oferta es muy grande la distancia entre ambos ingresos aumentará pues las empresas podrán encontrar trabajadores a cambio de salarios bajos, mientras que si la oferta está limitada, la distancia entre ambas líneas aumentará pues las empresas necesitarán ofrecer salarios altos para atraer a los trabajadores. Según la lógica del Welfare, la población de renta más baja no tiene incentivos para buscar y obtener un empleo ya que, como se observa, el subsidio supera la curva de indiferencia por lo que actuando racionalmente el individuo preferirá quedarse en casa que ir a

trabajar. En cuanto a la población de renta alta, tampoco existen incentivos a la búsqueda de empleo porque los subsidios siempre van a ser superiores. Podemos suponer un estado en el que la línea de salarios y la de subsidios se crucen (esto puede hacerse mediante el recurso a la regulación), así estaríamos proporcionando incentivos a los trabajadores en paro para incorporarse al mercado laboral.

Lo que pretende el Workfare, por el contrario, es crear un sistema de incentivos para su incorporación al mercado laboral especialmente para la población de renta baja. Por lógica, una reducción de horas por causas de la producción con la consiguiente disminución de salario (incluso hasta los límites mínimos marcados legalmente) puede conducir a que los trabajadores en activo bien busquen otro empleo que les proporcione un salario mayor al que le están ofreciendo por trabajar menos horas o bien se conviertan en desocupados. El workfare, para evitar este desplazamiento de la mano de obra en sectores concretos, lo que hace es rellenar el vaciado salarial que se ha producido y pagar lo que le falta al trabajador para cobrar el salario que antes percibía. Esto genera incentivos primero para la entrada en el mercado laboral de aquellas personas que por la baja utilidad de los salarios no se lo habían planteado hasta el momento; y segundo, también para hacer emerger posibles trabajadores ilegales.

Así, podemos deducir que efectivamente, por el lado de los incentivos al empleo pueden introducirse modificaciones legales que hagan más o menos efectivas las políticas, tanto de welfare como de workfare. En lo que respecta a la promoción de sectores de actividad necesitados de mano de obra intensiva, efectivamente podemos concluir que la inversión en actividades económicamente sostenibles (tecnología, innovación…) tiene efectos sobre la efectividad a medio y largo plazo de las políticas de workfare. Esto es así pues, este tipo de medidas incentivan el reciclaje y la formación continua de los profesionales así como la posibilidad de asegurar el crecimiento económico y controlar la tasa de paro pues se invierte en sectores de actividad especialmente rentables. Si, por el contrario, se promocionan sectores insostenibles económicamente (construcción, ganadería y agricultura…), el esfuerzo del sector público para recuperar tanto a trabajadores como a empresas en el momento en que éstas dejen de ser rentables deberá ser mayor. Por tanto, la aplicación de medidas de workfare en este caso perderá evidentemente efectividad real, lo cual nos lleva a pensar que es aquí donde el welfare tiene cabida. Así, ante la coyuntura actual, la Comisión Europea ha publicado un informe en el que insta a realizar esfuerzos en doble sentido. Por una parte, trata de, dentro de lo que llamamos políticas activas, favorecer las medidas que protejan el empleo existente, advirtiendo claro está, sobre un correcto uso de las mismas. La subsidiarización del trabajo (subvención de parte de la jornada laboral de los empleados) debe realizase sobre la base de una perspectiva de recuperación. En caso contrario, solo contendrá temporalmente el incremento del desempleo y supondrá un gasto mayor para el estado. En el informe se opta, de igual manera, por fortalecer el empleo, mediante medidas que ataquen al sector productivo: cabe mejorar la tecnología y especialización. En estos puntos radica probablemente el éxito alemán en la gestión de la actual crisis. La estrategia de protección del empleo viene siendo ampliamente usada en el país germano. Cabe decir que su tejido empresarial (industria automovilística, química, tecnológica) de grandes corporaciones es propicio al empleo de estas técnicas. En España, en cambio, este tipo de medidas no se han aplicado. El sector empresarial de la construcción, motor de la economía a medidos de esta década, fuertemente ocupado por población inmigrante, se muestra altamente desprotegido. El sector industrial, concentrado en ciertas áreas geográficas y con un peso mucho

menor en lo que a actividad económica se refiere, tampoco ha recibido el apoyo de las instituciones públicas. 4.

CONCLUSIÓN

A modo de resumen, retomaremos la cuestión formulada al inicio del texto con el objetivo de darle respuesta (recordemos que nos preguntábamos acerca del coste efectividad de las políticas de workfare frente a las de welfare). En términos generales, podemos enunciar 2 conclusiones: -

La efectividad de las políticas de workfare depende en gran medida de la tipología de las mismas, es decir, de si se aplican en sus formas más extremas (hard), actuando sobre el núcleo del problema que se pretende atajar (sobre la prestación directa de mano de obra) o de si se opta por un tipo de medida más enfocada hacia la formación para el empleo. Asimismo, en su efectividad juegan un papel importante la configuración legal y política del mercado de trabajo, tanto en lo que se refiere al diseño de las políticas como a la promoción de sectores económicos estratégicos. Todo ello incide directamente sobre la evolución del PIB, que nosotros hemos tomado como medida de crecimiento económico.

-

A largo plazo, hemos visto como, en el caso alemán, han sido las políticas hard de workfare las que han posibilitado el control de la tasa de paro a medio plazo. Muy al contrario, el sistema español, que aplica medidas de welfare y de workfare suavizado, no ha conseguido ser eficaz en cuanto al control de la tasa de desempleo. Por tanto, si observamos el esfuerzo presupuestario que se ha hecho para financiar estas medidas, llegamos a la conclusión de que las políticas de workfare más duras son más coste efectivas no ya sólo que las workfare suavizadas sino también que las welfare.

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