SOBRE LA CONFIGURACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE GUERRA Y POLÍTICA EN COLOMBIA UNA GENEALOGÍA DE LA CONFIGURACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE GUERRA Y POLÍTICA EN COLOMBIA

SOBRE LA CONFIGURACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE GUERRA Y POLÍTICA EN COLOMBIA UNA GENEALOGÍA DE LA CONFIGURACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE GUERRA Y POLÍTICA EN COLOMBIA

JOHANNA AMAYA PANCHE

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA BOGOTÁ D. C. 2005

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HACIA UNA GENEALOGÍA DE LA CONFIGURACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE GUERRA Y POLÍTICA EN COLOMBIA

JOHANNA AMAYA PANCHE

Trabajo de grado para optar al título de Politóloga con Énfasis en Relaciones Internacionales

Director: Luis Carlos Valencia Sarria Director de Departamento Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Pontificia Universidad Javeriana

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA BOGOTÁ D. C. 2005

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A mi mamá por su amor incondicional

A mi hermana por su comprensión y apoyo A mi padre

A José María y a Tomasa con amor.

En la memoria de María Florentina y

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José David.

AGRADECIMIENTOS A la Pontificia Universidad Javeriana y a la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por brindar elementos necesarios para la formación del conocimiento construido durante estos años. A mis profesores, en especial a aquellos que no sólo fueron profesores, sino amigos y guías en el proceso de construcción del conocimiento y de la vida. A mis amigos, a los que estuvieron, a los que permanecen y a todos los que me apoyaron de alguna forma la elaboración de este trabajo

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CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 1. SOBRE LA APROXIMACIÓN GENEALÓGICA A LA CONFIGURACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE GUERRA Y POLÍTICA. ELEMENTOS TEÓRICOS……………………………………. ……………………………………………. ….. 15 2. LA REPÚBLICA FRAGMENTADA ………………………………………………………… 18 3. LA REVOLUCIÓN EN MARCHA INTENTO DE-CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO…………………………………………………………………………………………… 34 4. DE LA VIOLENCIA A LAS VIOLENCIAS…………………………………………….. …... 39 5. SOBRE LA SOCIEDAD CIVIL Y LA RECOMPOSICIÓN DE LOS MECANISMOS DE PACIFICACIÓN…………………………………………………………………………………… 48

6. CONCLUSIONES ……………………………………………………………………………57

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………………………52

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“ La escritura y la investigación, en la búsqueda de una verdad

transitoria, son una lucha continua contra uno mismo, sólo

recogen las certidumbres de un momento, en el proceso infinito

de indagación que constituye la vida de un investigador consecuente”

Clément Thibuad Repúblicas en armas.

Los ejércitos bolivarianos en la guerra de Venezuela y Colombia.

La guerra… con sus destrucciones, proporciona la prueba de que la sociedad no estaba todavía lo bastante madura para hacer

de la técnica su órgano, y de que la técnica tampoco estaba

suficientemente elaborada para dominar las fuerzas elementales

de la sociedad”

Walter Benjamín. “Discursos Interrumpidos” En: La Obra De Arte En La Época De Su Reproducibilidad Técnica.

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INTRODUCCIÓN Las relaciones entre guerra y política son múltiples y complejas. Esta relación requiere ser pensada en términos teóricos e históricos, ya que el proceso de construcción de ambos conceptos, guerra y política, se da en una interacción compleja de factores. Si se admite lo anterior como cierto, se puede decir que la construcción moderna de la relación entre guerra y política, suscrita a la racionalidad liberal, se caracteriza por realizar una separación entre guerra y política tanto al nivel del pensamiento como al nivel de la praxis, siguiendo a Schmitt1: El Estado clásico europeo había logrado algo totalmente inverosímil: instaurar la paz en su interior y descartar la hostilidad como concepto jurídico. Había conseguido eliminar el instituto medieval del “desafío” poner fin a las guerras civiles confesionales de los siglos XVI y XVII, entendidas de un lado y otro como particularmente justas; establecer fronteras adentro, paz, seguridad y orden (Schmitt;1991:40)

Esa separación que el proyecto moderno traza entre guerra y política no es más que una construcción frágil a la que subyace una contradicción, las esferas de distinción que separan las dinámicas de ambos conceptos son imprecisas, pues subyacen al proyecto del Estadonación moderno en su intento de pacificar la guerra conteniéndola: El poder es la guerra... proseguida por otros medios, y en este momento invertiríamos la proposición de Clausewitz y diríamos que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Lo cual quiere decir tres cosas. En primer lugar, esto: que las relaciones de poder, tal como funcionan en una sociedad como la nuestra, tienen esencialmente por punto de anclaje cierta relación de fuerza establecida en un momento dado, históricamente identificable, en la guerra y por la guerra, y si bien es cierto que el poder político detiene la guerra hace reinar o intenta hacer reinar una paz en la sociedad civil , no lo hace en absoluto para neutralizar los efectos de aquélla o el desequilibrio que se manifestó en su batalla final. En esta hipótesis, el papel del poder político sería reinscribir perpetuamente esa relación de fuerza, por medio de una especie de guerra silenciosa, y resinciribirla en las instituciones, en las desigualdades económicas, en el lenguaje, hasta en los cuerpos de unos y otros. (Foucault; 1991:28)

En este punto resulta fundamental aclarar la relación entre guerra y política a nivel epistemológico, para justificar la pertinencia del estudio de la guerra dentro de la Ciencia Política. Es así, que si se define la política en términos de poder y éste se lee como fuerza en última instancia, es decir, si se quisiera recrear un espectro, es decir, un continuo que va de la política a la fuerza extrema como puntos antípodas, cabría cuestionarse sobre varios asuntos. En primer lugar, sobre la posibilidad de distinguir entre el poder político y la fuerza, o los límites que definen el poder político, es decir, establecer cuándo el poder político deja de 1

Karl Schmitt es un teórico político alemán de mediados del siglo XX. Sus aportes se enmarcan en el desarrollo de la teoría política realista

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serlo y se transforma o no en fuerza, o a la inversa, cuándo la fuerza se limita y deviene poder político. Segundo, en un sentido práxico, entender si el poder político se puede distinguir de la fuerza pura en el desarrollo de las relaciones de poder reales o, a la inversa, entender en qué punto las relaciones de fuerza se distinguen de las relaciones de poder; quizá esta distinción sólo es posible como abstracción teórica o como un tipo ideal. En suma, el problema que subyace a esta reflexión es: ¿Cómo entender la distinción entre lo político y lo no-político a partir de la limitación de la fuerza? ¿No resulta acaso problemática esa distinción si se piensa, desde una perspectiva óntica, el problema del adentro y del afuera en la definición de lo político? Y en este sentido, ¿Podrían surgir relaciones de diferenciación, de distinción y de intersección entre política y guerra, entendida esta como la mayor expresión de la fuerza organizada colectivamente? Habría que decir entonces, que si la política se define desde el poder, y la fuerza es un elemento constitutivo del poder, entonces la concepción del uso limitado del poder social, que parte de una concepción del poder como potencia, es decir, como capacidad, se refiere al ejercicio social de la fuerza bajo ciertas limitaciones. Si esta es la condición de posibilidad del poder, entonces la fuerza sin limitaciones -el uso ilimitado del poder- se excluye del campo de la política; la trasciende al situarse fuera de ella2. Pero ello no significa que la fuerza sea algo diferente de la política, pues si se piensa el afuera como parte constitutiva del adentro, de su inmanencia, se puede decir que la relación de exterioridad de la primera respecto a la segunda conlleva a que forme parte de ella y que por tanto la fuerza no esté afuera de la política. El uso ilimitado de la fuerza, el poder puro en su máxima expresión, es constitutivo de la política al ser excluido de ella. Pero: ¿por qué la limitación? Habría que decir que la exclusión mencionada se da por el traslado de un supuesto histórico a la construcción de una identidad disciplinar. Es así, como 2

En este mismo sentido, Hannah Arendt señala que: “La violencia se distingue del poder, la fuerza o el poderío en que siempre requiere implementos… La sustancia misma de la acción violenta está determinada por la categoría medios-y-fin, cuya característica principal, en cuanto a los asuntos humanos, es que el fin está en constante peligro de dejarse abrumar por los medios que justifica y que son precisos para alcanzarlo. Y ya que los fines de la actividad humana, a diferencia del producto final de la manufactura, nunca puede predecirse con certeza, los medios empleados para llegar a un objetivo político llegan a tener, casi siempre, una mayor relevancia para el mundo futuro que los fines previstos” (1970, 9-10) La autora limita la fuerza a fenómenos físicos y establece que poder y violencia se contradicen. Sin embargo, para efectos de la reflexión epistemológica en la Ciencia Política, nos centraremos en la definición estipulada en el Nuevo Manual de Ciencia política por Goodin y Klingeman.

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la Ciencia Política, al definir la política como su objeto de estudio, establece sus alcances epistemológicos. En el esfuerzo por construir una definición de lo político Goodin y Klingeman3 retoman la definición clásica de política como: “Uso limitado del poder social…A partir de ahí, el estudio de la política –ya sea el que se llevan a cabo los académicos o los políticos- puede caracterizarse a su vez como el estudio de la naturaleza y el origen de esas limitaciones y de las técnicas para el uso del poder social dentro de tales limitaciones”. A su parecer, el poder ilimitado no es más que pura y simple fuerza y no: “poder político en absoluto, excepto quizás en algún sentido degenerado para algún caso límite” (Goodin,Klingeman;2001:27). Esto quiere decir que el poder político se define en oposición a la fuerza4 ya que: “Literalmente, la fuerza pura pertenece más a la física (o a sus análogos sociales: la ciencia militar y las artes marciales) que a la política” (Goodin,Klingeman;2001:28). A su modo de ver, la fuerza -en su sentido esencial- trasciende la política, es decir, se sitúa fuera de ella. En este momento, se puede afirmar que –al parecer de los autores- la guerra como expresión de la fuerza organizada deviene degeneración de lo político, se exilia de la política y se supone superada; es por eso que estos autores realizan a partir de allí la distinción disciplinar y otorgan a la “ciencia militar” y a las “artes marciales” el estudio de la fuerza ilimitada. La definición de esos límites, en el esfuerzo de la Ciencia Política por definir su campo de acción en términos epistémicos, resulta incierto y difuso, ya que no se puede extraer la noción de fuerza pura en la construcción de lo político, pues dentro el proyecto moderno asumen relaciones de identificación y de contención. Siguiendo a Clausewitz, la guerra se constituye en: “Un acto de fuerza para imponer nuestra voluntad al adversario… la fuera física (porque existe fuerza moral fuera de los conceptos de y de Estado) es de este modo el medio; imponer nuestra voluntad al enemigo es el objetivo… El objetivo político, como causa original de la guerra, será norma, tanto para el propósito a alcanzarse mediante la acción militar, como para los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de este propósito… La guerra es sólo una parte del intercambio político y, por lo tanto, en ninguna forma constituye una cosa independiente en sí misma (Clausewitz; 1994:283).

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Esta definición se construye en “El nuevo manual de Ciencia Política” que se erige como un estado del arte de la disciplina realizado por la asociación internacional de Ciencia Política, que por tanto da cuenta del estado actual de la discusión en la disciplina y de los acuerdos epistemológicos construidos en su proceso de formación. 4 La diferencia entre poder y fuerza estaría dada para Arendt en términos de medios y fines y la violencia sería en este caso

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Desde el punto de vista planteado por Clausewitz, la política contiene a la guerra: El poder como fuerza ilimitada no se sitúa fuera del campo de la política, sino que, en palabras del mismo autor, se establece como su instrumento: “Debe llevar su carácter y medir con su medida” (Clausewitz;1994:291), Ahora bien, no reduce la guerra al carácter de simple instrumento, pues reinterpretando a Clausewitz desde Schmitt se puede entender que: “La lucha militar no es en sí misma la “prosecución de la política por otros medios”, como acostumbra citarse de modo incorrecto la frase de Clausewitz, sino que, como tal guerra, posee sus propias reglas, sus puntos de vista estratégicos, tácticos… y todos ellos presuponen que está dada previamente la decisión política sobre quién es el enemigo… La guerra no es pues en modo alguno objetivo o incluso contenido de la política, pero constituye el presupuesto que está siempre dado como posibilidad real, que determina de una manera peculiar la acción y el pensamiento humanos y origina así una conducta específicamente política” (Schmitt;1991: 63-64).

De este modo, para Schmitt, una lectura a fondo de Clausewitz arroja que la guerra, al no reducirse a un instrumento de la política, se constituye en la última ratio de la distinción característica de la política: amigo–enemigo; y aunque la guerra tenga su propia “pragmática”, la política es su cerebro, es decir, la política contiene la guerra y ésta no es más que la forma extrema de su distinción esencial: “La guerra como medio político extremo revela la posibilidad de esta distinción entre amigo y enemigo que subyace a toda forma de representarse lo político, y por esta razón sólo tiene sentido mientras esa distinción tiene realmente lugar en la humanidad, o cuando menos es realmente posible.” (Schmitt;1991: 65).

En síntesis, la guerra al constituirse en la forma última de racionalidad de lo político resulta ser la máxima expresión de su razón de ser; el antagonismo óntico que implica la relación de distinción con el otro, es decir, con el enemigo público5, debido a la imposibilidad de mediación de la justicia o de una norma general previa (Schmitt;1991:56,57). La guerra es la última ratio de la política, porque si ella se escinde de su carácter racional- que sería en este punto su límite - significaría el fin de lo político, es decir, la última guerra de la humanidad. Pero: ¿por qué pensar esto en Colombia? ¿Existe acaso una domesticación6 de la guerra por parte del discurso político? ¿Cuáles son las maneras de dicha conculcación? ¿Nos es necesario platear un nuevo discurso de la guerra? ¿Cuál sería su genealogía para entender su devenir actual? 5

El enemigo público no es más que un pueblo o un colectivo de hombres que se opone a otro por motivos hostiles, no es un enemigo personal, no es inimicus es hostis. (Schmitt;1991) 6 La domesticación se refiere la intención de limitar la guerra por parte del discurso histórico, siguiendo a Foucault, se realiza una interpretación de lo que significa el proceso en el que la guerra pasa de ser un patrón constitutivo de inteligibilidad histórica, a ser delimitada y de cierto modo civilizada y reducida, aunque no eliminada del discurso de la historia. Los términos “conculcación” y contención hacen referencia al mismo proceso.

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Se hace necesario pensar todo esto en Colombia porque las particularidades de su proceso histórico denotan la necesidad de leer las formas de agenciamiento biopolítico desde una perspectiva molecular y microfísica (Vega:2005), para de este modo analizar si se ha dado una sujeción de la guerra al discurso político y de qué forma se ha desarrollado esta domesticación. Ello nos plantea la necesidad de crear un nuevo marco de lectura de la guerra que puede construirse desde una perspectiva genealógica para entender el devenir actual de la relación en cuestión. A modo de hipótesis, se puede decir que en Colombia el proceso histórico de gubernamentalización7 del Estado trae consigo la construcción fallida -tanto a nivel de las prácticas como de los discursos- del proyecto de conculcación de la guerra por parte del discurso histórico y político de hacer de la política una esfera pacífica. Esto es, el proceso de gubernamentalización del Estado está atravesado por la intención fallida –tanto a nivel de los discursos como de las prácticas- de conculcar la guerra y hacer la política un ámbito pacífico. Es así que este trabajo monográfico busca establecer una aproximación las posibles relaciones que se configuran entre guerra y política en Colombia para analizar si existe una conculcación de la guerra por parte del discurso político y, de este modo, determinar cuáles son las maneras de dicha conculcación para proceder a determinar si nos es necesario platear un nuevo discurso de la guerra en Colombia. Las preguntas centrales son: ¿Es posible entender el proceso de gubernamentalización de forma homogénea? ¿O es necesario abordarlo desde la particularidad de sus agenciamientos moleculares, en los que la guerra se constituye en una forma de racionalización del ejercicio de gobierno? Y entonces: ¿Se podrían entender los mecanismos de disposición de lo viviente como una forma de domesticación de la guerra y de pacificación de la política?

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En la clase de 1978 Foucault concluye que por gubernamentalidad entiende: 1.El conjunto de instituciones, procedimientos, análisis y flexiones, cálculos y tácticas que han permitido ejercer esta forma específica y muy compleja de poder que tiene por blanco la población, por forma principal de saber la economía política, y por instrumentos técnicos esenciales los dispositivos de seguridad. 2. La tendencia de que en Occidente no ha dejado de conducir a la preeminencia del tipo de poder llamado “Gobierno sobre los otros” (Soberanía, disciplina, etc.) que ha implicado el desarrollo de una serie de aparatos específicos y el desarrollo de un conjunto saberes: Las disciplinas. 3.El proceso, o el resultado a través del cual el Estado de Justicia medieval, convertido en Estado administrativo en los siglos XV y XVI, se encuentra poco a poco “gubernamentalizado”.

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A nivel teórico y disciplinar, analizar las posibles relaciones entre guerra y política permite comprender la pertinencia y la importancia del estudio de la guerra dentro de la Ciencia Política. Este estudio permite repensar, en particular, el problema de la persistencia de la guerra en Colombia como una constante histórica –que toma diferentes formas y expresiones a nivel de su organización, de sus prácticas sus discursos y estrategias en diferentes momentos y contextos históricos- y que actualmente continúa siendo una cuestión irresuelta. Ello plantea la necesidad de leerla desde su particularidad para brindar elementos que aporten a las discusiones teóricas planteadas desde la Ciencia Política, dada la incidencia de éstas en la construcción de políticas públicas, derivadas de interpretaciones y lecturas de dichos análisis teóricos.8 En primer lugar, se esboza una discusión teórica sobre las posibles, múltiples y complejas relaciones que se pueden dar entre guerra y política, para que, a partir de allí, se pueda establecer por qué resulta pertinente analizar el problema de la guerra en relación con la política y por consiguiente, con la Ciencia Política. Esta argumentación se fundamenta en los supuestos teóricos de Karl Von Clausewitz y en la interpretación que Karl Schmitt realiza de él. Para abordar el problema de la relación entre guerra y política, se opta por interpretar esa relación desde la perspectiva teórica de la biopolítica, y en especial desde la gubernamentalidad expuesta por Michel Foucault. Siguiendo los supuestos metodológicos y teóricos de este autor, la construcción del problema se realiza a partir de la reconstrucción genealógica -en términos de rupturas y continuidades- del proceso de construcción de una racionalidad gubernamental como un intento fallido de domesticación de la guerra por parte del discurso político. Este análisis se realiza desde la particularidad de los agenciamientos biopolíticos moleculares y molares, es decir, desde los intentos de implementación tanto fragmentaria como centralizada de ese agenciamiento y las posibles fluctuaciones que se derivan de él. De esta forma, en la presente monografía se realiza una aproximación genealógica que tomando momentos de ruptura en la historia de Colombia- se distancia del análisis 8

Claro ejemplo de ello es la creación de la Comisión investigadora de las causas actuales de la violencia, bajo la presidencia de Lleras Camargo, así como los posteriores análisis de los denominados violentólogos.

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historiográfico tradicional y busca rastrear la configuración de la relación guerra-política, sus dinámicas y transformaciones, para establecer las implicaciones teóricas que tiene el desarrollo particular de esas dinámicas, ante la necesidad de pensarlo desde un nuevo discurso y unos nuevos marcos de referencia. Para establecer esta topología, el problema de la configuración de la relación entre guerra y política se aborda desde momentos de quiebre histórico en el agenciamiento biopolítico con las fluctuaciones que implica, a saber: La colonia y la crisis que significó el subsiguiente proceso de independencia. En seguida, se analiza hasta qué punto la posterior conformación de la República liberal produce quiebres y continuidades con respecto al pasado colonial y cómo la Regeneración se constituye en un quiebre respecto las dinámicas de agenciamiento del proyecto liberal. Posteriormente, se analiza el proceso de la Revolución en macha y cómo, tras su fracaso, adviene el denominado período de la violencia que se intentará superar mediante el pacto frentenacionalista. Por último, se analiza cómo tras la crisis de esta fórmula se complejiza la imbricación entre guerra y política en los ochenta con los gobiernos del posfrente y la consolidación de la insurgencia, así como el posterior desarrollo de los diálogos de paz; para finalmente analizar cómo se readecuan los mecanismos de pacificación mediante la recomposición del problema de la sociedad civil. Finalmente, vale la pena resaltar que la motivación personal de este proyecto esta dada por una serie de inquietudes que, como estudiante de Ciencia Política, he venido construyendo a lo largo de la carrera: En primer lugar, la inquietud permanente sobre el por qué de la guerra en la historia de la humanidad y cómo analizarla en relación con la política; segundo, comprender las tipos de relación entre guerra y política para entender por qué se intentan escindir y hasta qué punto esa escisión es resultado de una construcción histórica. Asimismo, surgen inquietudes sobre el por qué de la permanencia de la guerra en nuestro país, sus raíces históricas y las fluctuaciones e imbricaciones en relación con la política; y las formas en que la guerra es velada mediante el discurso y las prácticas políticas; y sobretodo, la posibilidad de superar la guerra como mecanismo de interacción política ante la predominancia de sus discursos y prácticas, y la forma como nos hemos constituido a partir de ellos. Así, este trabajo busca dar una respuesta a esas inquietudes en el compromiso académico y personal con la vida y con la posibilidad de resistir desde su potencia a las

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fuerzas que la aniquilan, destruyen y controlan para dibujar la posibilidad de pensar, construir y recorrer otros caminos en la configuración compleja de guerra y política en nuestro país.

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1. SOBRE LA APROXIMACIÓN GENEALÓGICA A LA CONFIGURACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE GUERRA Y POLÍTICA: ELEMENTOS TEÓRICOS El objetivo de este escrito es analizar el problema de la guerra en clave de gubernamentalidad, es decir, analizar cómo los procesos de administración de lo viviente transmutan sus formas de tecnificación por vía de la gubernamentalización -de las relaciones complejas que se entretejen entre las variables seguridad-territorio-población- y cómo se relaciona ello con las dinámicas de la guerra interna desde una perspectiva genealógica; para establecer si se configura una ratio gubernamental en la administración de la guerra en Colombia.9 Para lograr el objetivo planteado es necesario entender que el problema del gobierno en occidente emerge desde mediados del siglo XVI en el marco de un movimiento de concentración estatal y, a la vez, de dispersión y disidencia religiosa. En medio del entrecruzamiento que suponen estos movimientos se plantea el problema de cómo ser gobernados: Quién, cómo, hasta qué punto y con qué método. En efecto, la problemática del gobierno en general derivada de este movimiento es una constante que se expresa en el proceso de gubernamentalización, es decir, en el desarrollo de tecnologías para el control de la vida mediante prácticas biológicas (Foucault; 1981); pero ¿Se puede entender el proceso de gubernamentalización de forma homogénea o es necesario abordarlo desde la particularidad de sus agenciamientos moleculares en los que la guerra constituye una forma de racionalización del ejercicio de gobierno? Y en tal caso, ¿Se podrían entender los mecanismos de disposición y control sobre la vida como una forma de domesticación de la guerra y pacificación de la política? La guerra como técnica política sólo se puede entender en relación con los procesos de gubernamentalización; es decir, reconociendo que la gubernamentalización del Estado implica una reconfiguración de la relación entre guerra y política, y que a partir de esa reconfiguración ambas esferas se intentan separar para pacificar la política mediante el proceso de gubernamentalización, con la aparición del problema de gobierno. Ahora bien, 9

Esta preocupación se remite a los problemas enunciados por Michel Foucault en las clases del 10 y 17 de marzo (1976) y principalmente en el texto: La gubernamentalidad, texto correspondiente al curso “Seguridad, territorio y población” (1978) y la lección sobre “El nacimiento de la biopolítica” (1978).

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para abordar el problema del gobierno que surge con la pacificación de la política, es necesario comprender que este se conforma con la crisis del poder soberano, y que a partir de esta crisis se da el paso a la transposición de los mecanismos disciplinares con los mecanismos biopolíticos. Al respecto, Foucault considera que: Todo sucedió como si el poder, que tenía la soberanía como modalidad y esquema organizativo, se hubiera demostrado inoperante para regir el cuerpo económico y político de una sociedad en vías de explosión demográfica e industrialización a la vez… muchas cosas escapaban de la vieja mecánica del poder de la soberanía tanto por arriba como por abajo, en el nivel del detalle y en el de la masa. Para recuperar este detalle se produjo una primera adaptación… de los mecanismos de poder al cuerpo individual, con vigilancia y adiestramiento; eso fue la disciplina… tenemos una segunda adaptación a los fenómenos globales, los fenómenos de la población: con los procesos biológicos o sicobiológicos de las masas humanas. Adaptación más difícil porque implicaba… órganos complejos de coordinación y centralización…Esos dos mecanismos, uno disciplinario y otro regularizador, no son del mismo nivel. Lo cual les permite… no excluirse y poder articularse uno sobre el otro. (Foucault; 2001: 226)

Ambos mecanismos -disciplinares y biopolíticos- al no ser del mismo nivel, se articulan en casi en todos los casos: Uno opera sobre el hombre-individuo (anatamopolítica), y el otro sobre el hombre-especie (biopolítica) y ambos se articulan en la forma de biopoder. Siguiendo a Rubén Sánchez, el concepto de biopolítica se refiere a: Un conjunto de procedimientos por medio de los cuales las fuerzas vitales son capturadas y regularizadas, en primer lugar por medio de la aplicación de reglas tendientes a encaminarlas tratando de aumentar hasta donde sea posible su persistencia y vigor y, en segundo lugar, a través de la elaboración de un conjunto de conocimientos que buscan definirlas como fuerzas moldeables propias de una especie… el biopoder indica la articulación que se da entre los procedimientos propios de la biopolítica y los procedimientos propios del poder disciplinar…La diferencia entre biopoder y biopolítica no se agota en una distinción entre objetos sino que puede ser expandida hasta una distinción que hace de la biopolítica un conjunto de tecnologías y al biopoder una forma de racionalidad política (2004:7).

La biopolítica como tecnología y el biopoder como forma de racionalidad política serán fundamentales para entender de qué manera la guerra se constituye en una racionalidad a través de la operación de un conjunto de técnicas gubernamentales eficientes que se agencian de forma molar y molecular. Por tanto, la formulación del problema se realiza a partir de la construcción de una lectura histórica

en

términos

de

rupturas

y

continuidades

del

peculiar

proceso

de

gubernamentalización como intento de domesticación de la guerra y pacificación de la política. En primer lugar, se analiza cómo durante el siglo XIX guerra y política se constituyen en esferas inescindibles durante la conformación de la República liberal; esferas que empiezan a distinguirse a finales del siglo XIX con el proyecto regeneracionista y que se acentúan a comienzos del XX con la Revolución en marcha, que tras sus crisis trae el

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período de “La violencia”, entendida como una guerra civil que revive el enfrentamiento entre identidades partidistas radicales que marcan la fragmentación nacional irresuelta por los intentos posteriores de unificación: el Frente Nacional y los subsiguientes procesos de pacificación. Estos intentos, desde la noción de conflicto y racionalización de la administración, intentan desplazar la guerra y privilegiar las vías políticas -entendidas ahora como pacíficas- en el agenciamiento discursivo gubernamental, y ello responde al desarrollo de una tecnología política eficiente: El liberalismo y su justificación de la necesidad de gobernar la sociedad; a partir de ese supuesto se analiza el proceso de visibilización de la sociedad civil en los años noventa en Colombia. De forma paralela, se muestra entonces cómo ligado a lo anterior, la construcción del proyecto nacional no está dada por la conformación de una identidad construida en términos schmittianos, es decir, por la distinción clásica amigo-enemigo (Schmitt:1991), sino que esa distinción se traslada a la geografía interna, imposibilitando la conformación de un proyecto nacional unitario, pues allí la guerra se constituye en el principal catalizador de las relaciones entre amigos y enemigos internos, y conlleva a la conformación de identidades fragmentarias y locales y por tanto, de múltiples proyectos de nación10 .

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Al respecto Iván Orozco realiza un análisis de la construcción jurídica del enemigo en términos shmittianos en Colombia a y sobre cómo se llega a la concepción de terrorista (Orozco; 1992)

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2. LA REPÚBLICA FRAGMENTADA La articulación de los procedimientos biopolíticos con los disciplinares se gesta con la conformación del proyecto Republicano, de modo que la crisis del régimen colonial y la posterior Guerra de Independencia ponen de manifiesto la necesidad de readecuar los mecanismos de coordinación y centralización que implica la crisis del poder soberano. Dicha articulación opera en diferentes procesos que se analizarán a continuación. Primero, a nivel biopolítico, el prototipo colonial de la ciudad -como una forma de disposición del espacio en relación con sus dinámicas sobre el territorio y la población- se constituye en una forma de organización espacial premeditada que, desde las disposiciones de la corona española, se construye y edifica como la ciudad modelo: como un producto artificial que responde a las necesidades de disposición del territorio, la población y los recursos (Zambrano: 1993). A partir de la fundación de ciudades -como espacio dispuesto para la organización y regulación de la población en función de la producción de riquezas para la corona- se desarrolla un proyecto de poblamiento acorde a la división de castas, y destinado a crear técnicas para hacer la población más productiva y útil desde la lógica mercantil. En ese orden de ideas, el mercantilismo fue un intento de racionalización del arte de gobierno, pero se bloquea en sí mismo debido a que la función y finalidad del territorio colonial (entendido en relación con las formas de habitación de la población) fue la extracción del excedente económico con destino a España11. En segundo lugar, siguiendo a Foucault, entendemos que la norma se constituye en un elemento que expresa el entrecruzamiento entre ambos procedimientos, ya que aplica tanto a nivel del individuo como de la población, va de lo disciplinar a la regularización; es por esto que el entrecruzamiento de ambos procedimientos opera en el dispositivo jurídico de la

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El mercantilismo es un primer umbral de racionalidad del arte de gobierno a nivel de la práctica política y del conocimiento del Estado, es la primera racionalización del ejercicio de poder en tanto que práctica de gobierno, pero fue bloqueado porque su objeto estaba en función de la potencia soberana y no de la riqueza del país. Además, utiliza las mismas herramientas de la soberanía: Leyes, ordenanzas y reglamentos. El mercantilismo intentaba introducir las posibilidades de un arte de gobierno en una estructura institucional y mental que por sí misma las bloqueaba. (Foucault: 1978)

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legislación indiana12 ; la cual -acorde a los principios mercantilistas- creó una reglamentación monopolística de la corona sobre la actividad económica que implicó el desarrollo de mecanismos molares de seguridad para la disposición de la población en función de la producción, a la vez que fijó mecanismos disciplinares en forma en un derecho casuístico que lo proscribía todo en la conducta social: la conducta sexual, los trajes que debían usarse, los libros que se debían leer, el monopolio sobre la tierra y sobre el manejo fiscal y comercial (A. Tirado; 1989), asegurándose así el manejo monopólico de los dispositivos de seguridad y control a nivel de la economía política -como forma de disposición del hombre especie- y al nivel del hombre como individuo, mediante la regulación de sus prácticas y costumbres. Por último, el nivel de hibridación de ambos procedimientos -como adaptaciones que se generan a nivel del detalle y de la población respecto a la incapacidad del poder soberano para regir el cuerpo económico y político- encuentra su máxima expresión en el racismo, pues es a través de su introducción dentro del Estado que se podrá hacer funcionar el biopoder y ejercer el viejo derecho soberano de matar, el racismo activa una relación de tipo bélico que constituye un enemigo de raza que debe ser eliminado, por representar un peligro biológico para la sociedad. En este sentido, la concepción colonial de la organización del Estado -estrictamente jerarquizada al igual que la vida cotidiana- acentuaba las distinciones raciales en dos niveles: Primero, entre la colonia y la metrópoli, es decir, entre españoles y españoles americanos; y segundo, en el ámbito interno bajo el principio de división de castas, según el cual se justificó el ejercicio de la autoridad de la corona bajo la potestad que le otorgó la iglesia en nombre del derecho divino para civilizar a los infieles de las razas inferiores. Ese principio se refleja en la forma de organización de las jerarquías sociales a nivel de las burocracias estatal y militar, de tal modo que dividió la burocracia en Alta burocracia estatal, a la que pertenecían civiles, religiosos o militares la mayoría de las veces españoles y excepcionalmente criollos y ricos; la Burocracia media, conformada por los americanos blancos; la Burocracia religiosa, en la que estaban clérigos y obispos que por medio del patronato fungieron como funcionarios públicos y como administradores de la enseñanza, y finalmente la Burocracia del ejército, en la que los altos oficiales eran

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El derecho indiano es el cuerpo de leyes que regía en los territorios de Indias en el que se estipularon las disposiciones de la corona española y las autoridades sucesivas en el orden jerárquico destinadas para ello este derecho sufrió diversas reformas desde 1492 hasta los procesos de independencia. Para mayor información ver Tirado: 1989 y Jaramillo: 1989.

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españoles y los no blancos se organizaban en los batallones de pardos (A. Tirado; 1989). Igualmente sucedió con las dinámicas de organización y distribución de la población sobre el territorio, de modo que las castas crearon espacios de distinción y habitación a partir de la definición de territorialidades específicas orientadas por los criterios de la corona. De este modo, el racismo se legitima como práctica y como discurso, y se adecua a un proyecto de nación ligado al discurso republicano e independentista. Pero es en el tránsito de la colonia hacia el intento de conformación de la República que se produce una ruptura en el discurso de las elites criollas sobre la cuestión racial. Ese cambio consiste en el paso de la defensa de las tesis degeneracionistas de Leclerc conde de Bufón, Linneo y Camper, a las tesis evolucionistas de Lamarck ahora defendidas por parte de las elites criollas ilustradas. Los primeros sostenían que las razas inferiores eran resultado de la degeneración de la raza superior europea debido a la influencia de las condiciones ambientales y geográficas del trópico, mientras que el segundo creía que las razas inferiores mediante un proceso de adaptación y de cruces biológicos podía llegar al estadio de la raza superior. Ello explica el tránsito de la concepción negativa de las razas inferiores como degeneraciones de la raza superior europea a una concepción evolucionista que, dentro del proyecto de independencia, justifica formas de mestizaje como contribución a la formación del proyecto de nación; allí el cruce de razas ayudaría a las razas inferiores a evolucionar hacia la perfección propia de la raza superior en la construcción de la nación13. (Múnera: 2005) Es así, que la corona opera un procedimiento biopolítico complejo que comporta una transformación con el ascenso de las Reformas Borbónicas14 . El agenciamiento biopolítico fue transformado mediante la introducción del liberalismo del proyecto Borbón, el cual se erigió como una forma racionalizar la gestión del Estado para hacerlo más eficaz como instrumento de política económica, reorganizando el sistema mercantil de modo que fuese 13

José Ignacio Pombo y El sabio Francisco José de Caldas se preocuparon por actualizar las tesis racistas europeas en un proceso de transculturación. Su discurso cambia con los procesos de independencia y el proyecto de nación en el que se vinculan, al menos en el discurso, a los zambos. Se justificó biológicamente la superioridad de la raza europea mediante las teorías de Lamarck y Leclerc y cómo las elites criollas se encargaron de justificar las ventajas del cruce de su raza con la raza negra, mientras que indígenas y zambos fueron rechazados y en muchos casos se emprendió una campaña de exterminio contra algunos de ellos. Múnera afirma que la justificación de las bondades de los mulatos obedeció, además de los criterios biológicos, a su ascenso en los ejércitos y su posicionamiento en actividades sociales. Sobre la cuestión y la concepción de las castas en el orden social y político del siglo XIX Ver: Múnera: 2005. 14 La reformas Borbónicas son las reformas iniciadas por los reyes Borbones a comienzos del siglo XVIII destinadas a racionalizar la gestión del Estado y hacerlo más eficaz a través de un fuerte énfasis en el aspecto administrativo (Jaramillo; 1989).

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más productivo. Se puede decir que a estas reformas subyace la preocupación de que se gobierna demasiado poco, por lo cual hay que ampliar la tecnología gubernamental que se hace cargo de los problemas de la población para que sea lo más numerosa y lo más activa posible (Foucault:1978); ciertamente es la emergencia del problema de la población la que desbloquea el arte de gobierno, antes bloqueado por la Razón de Estado -del Estado territorial, administrativo y colonizador español- que ahora empieza a tomar una nueva forma, ya que se trata de disponer no sólo sobre el territorio, sino de este en relación con las dinámicas de la población de las colonias, pues: La población había entrado en un movimiento ascendente. Con base en el censo de 1778, el Arzobispo virrey Caballero Góngora, consideraba que entre 1770 y la fecha del mencionado empadronamiento, la población del virreinato correspondiente al Nuevo Reino había aumentado en 240.432 habitantes, lo que representaría un aumento del 1.5% anual, coeficiente alto para la época. El aumento… también cambiaba la composición social de los grupos socio-raciales. El grupo mestizo blanco… había crecido a un ritmo más rápido que el indígena que… permanecía estático o posiblemente disminuía… Tal crecimiento significaba una mayor participación de los criollos en estos problemas públicos y un mayor grado conciencia política y social de estos sectores, capaz de generar una actitud crítica y más activa frente a la administración colonial (Jaramillo; 1989: 183,184)

Por tanto, el grueso de las reformas -la recomposición de la estructura hacendataria, la intensificación del comercio intercolonial y el fomento de la producción de nuevas materias primas- estuvo dirigido a la consolidación de una forma de administración de la población acorde a la racionalidad liberal. Sin embargo, ese reformismo -y la racionalidad que le subyace- permea el discurso de las elites criollas, las que en principio apoyan las reformas como una estrategia encaminada a rediseñar las lógicas de administración de la colonia, construyendo propuestas destinadas a apoyarlas, pero más tarde formulan las pautas para el desarrollo del proyecto independentista tras la crisis de la gestión borbónica a principios del siglo XIX.15 La crisis del poder soberano se debe, entre otros factores, a la imposibilidad de aplicar las reformas de manera homogénea a todo el territorio neogranadino, dadas las dificultades geográficas para su agenciamiento molar. A ello se suma una coyuntura histórica: La expansión del proyecto napoleónico hasta el territorio español, durante el período que

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Según Jaramillo: “A juzgar por el producto de las rentas durante las últimas décadas del virreinato la gestión de los regentes no tuvo significativos resultados para mejorar la organización hacendataria. Tampoco para rectificar los inveterados vicios de la administración –corrupción, lentitud, defraudación, abusos de autoridad, etc.-”. (Jaramillo; 1989: 183-184)

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Francois Xavier Guerra16 denominó como los años cruciales de 1808 a 1810 (Guerra;1993), el cual significó la recomposición de las esferas de distinción hasta entonces indisolubles entre colonia y metrópoli, que empiezan a configurarse debido al problema de la desigualdad de la representación de la colonia en las nuevas instancias: La junta central, la regencia y las cortes; que desencadenarían una guerra civil entre los partidarios de las instancias gubernamentales peninsulares y los defensores de la autonomía americana a la espera del retorno del rey, distinción que progresivamente conformaría los campos nacionales. Thibaud señala, siguiendo a Francois Xavier Guerra, que la independencia de las colonias españolas fue más un producto de las intensiones expansionistas de Francia que un intento de emancipación. Al parecer, la preocupación de las elites criollas ante la invasión de Andalucía y la posible invasión de Cádiz abrió el proceso, que en principio resultó ser una oposición a la posibilidad del dominio francés y un movimiento de defensa a favor de la corona española. Lo que posteriormente haría estallar el ánimo emancipatorio de los españoles americanos fue la desigualdad en la representación de los criollos ante las nuevas instancias (Thibaud: 2003). Con la Guerra de Independencia y la incertidumbre sobre cómo reorganizar la República durante lo que se denominó la “La Patria Boba”, la crisis gubernamental marca en lo sucesivo el carácter fragmentario del proyecto nación. Allí, la herencia colonial es determinante en la manera en que se aborda el problema del gobierno y la guerra en la conformación del proyecto independentista (Anderson:1993,77-101). En ese proceso, la guerra se constituye en la racionalidad que determina las identidades entre españoles peninsulares y españoles americanos -más tarde realistas y republicanos, y finalmente españoles y colombianos- y requiere replantear las formas de organización del poder y de disposición sobre la vida heredadas de la Colonia, aunque no sin separarse del todo de su herencia, ya que la lógica militar de la guerra junto con la lógica religiosa liderarán el proceso de emancipación y atravesarán la conformación de la República17. En efecto -como afirma Guerra- el proceso de independencia se debe entender como la imbricación de múltiples 16

Francois Xavier Guerra y Climent Thibaud realizan un propuesta histórica que se aleja de lo que Foucault denomina como la historia de los monumentos y se aproxima a un análisis de los procesos de independencia de América Latina desde un perspectiva crítica de la historia de mitos fundacionales basada en los héroes para develar la importancia de las elites en la dirección de esos procesos. 17 Para entonces las únicas fuerzas organizadas eran el clero y las fuerzas militares, ellas jugarían un papel fundamental en el proyecto de independencia y de construcción del proyecto de la República.

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procesos, como un hecho político revolucionario que comportó una profunda mutación cultural en términos de la configuración de identidades, y no como un fenómeno aislado. Esto implica que las formas de agenciamiento biopolítico se recompongan asumiendo la herencia colonial e incorporando nuevos mecanismos, acordes a las necesidades que trajo consigo el proyecto independentista. Así, tras la reconquista española y su posterior derrota, la República independiente debió asumir la herencia institucional colonial, de modo que al definir su territorio se acogió a la doctrina del Ius possidetis respetando los límites imprecisos establecidos por esa administración (Anderson:1993:84). Pero se debe tener en cuenta que el proyecto de independencia fue liderado por las elites terratenientes y esclavistas del sur del país -Cauca y Popayán principalmente- y algunas elites comerciantes de Santa fe y de puertos como Cartagena, focos donde se implantaron liderazgos caudillistas que se erigirían como la autoridad principal a nivel regional: Estandartes del orden y la seguridad dentro de su territorio, provistos de autonomía jurídica y fuerzas armadas propias. Por tanto, las formas de administración estuvieron sujetas a los intereses regionales que tendieron a prevalecer agenciando formas particulares de organización y administración caracterizadas por el progresivo desmonte de la los principios de la legislación indiana y la implementación de una nueva legislación tendente a promover la autonomía regional que -inspirada en la tradición de la Revolución francesa- regiría hasta finales del siglo XIX interrumpiéndose sólo hasta la Regeneración. Es así, que el dispositivo jurídico constitucional da cuenta de la operación en la que se entrecruzan la norma de la disciplina y la norma de la regulación en la organización y administración de la incipiente forma estatal, de modo que, desde allí y a través de la organización federal, se fragmenta la guerra civil dispersando en los poderes regionales de facto las formas de agenciamiento y administración de la vida en ambos niveles, serán ellas quienes dispongan de las formas de agenciamiento biopolítico en función de la guerra para la defensa de un proyecto particular de nación mediante la creación de legislaciones y ejércitos regionales. En este proceso guerra y política se constituyeron en dos caras de la misma moneda, en la que la guerra fue el canal de acceso normal a la política, pues salir de una contienda armada

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a otra era tan común como pasar de una contienda electoral a otra (Sánchez:1991) y los agenciamientos biopolíticos se articularon en torno a esa relación. Desde esta lógica, el proyecto de poblamiento -ya iniciado durante la colonia- se daría ahora en función de las lecturas de la relación hombre–cosas, marcando el paso al Estado administrativo.18 Ello significó la apuesta por la consolidación de una administración del espacio y la población que fuese propicia para el desarrollo de una nación civilizada a la cabeza de la raza superior criolla (Anderson;1993), pues sólo bajo su égida se construiría una nación exenta de guerra. Así, el poblamiento se desarrolló de acuerdo a estas dinámicas de distinción racial y construcción de proyectos de dominación regional en zonas geográficas proclives a ello, privilegiando algunas zonas en especial: La ruralización, el desplazamiento de los centros urbanos a causa de las guerras civiles y las perdidas de las redes urbanas, no significaron una ruptura definitiva con el período colonial. El cotinuum biopolítico como ratio gubernamental sobre la población, ya no centralizado sino fragmentado, conservo los ejes norte-sur y meridional del territorio como lógica fundamental del ordenamiento del espacio. El criterio de esta organización territorial-poblacional nunca abandonó la racionalidad mercantil sobre las zonas de producción y vías de transporte; de manera que el desplazamiento de mestizos negros y pobres, es decir, de los hombres no-ciudadanos, actualizan una política para el poblamiento y circulación de mano de obra [sic] (Vega;2005)

La distinción racial interna se contuvo bajo los principios del discurso liberal emancipatorio de libertad e igualdad en el que se involucraron y reivindicaron todos los sectores sociales y razas19 en el discurso, aunque no en la definición de la ciudadanía, es decir, en la forma de operación anatomopolítica de la racionalidad liberal del Estado de Derecho, pues se restringió a ciertas condiciones de propiedad en finca raíz, ilustración, mayoría de edad, y profesión a lo largo del siglo XIX: En general la prédica igualitaria de los ideólogos del siglo XIX, encubierta en el concepto de pueblo, se refirió a los ciudadanos ilustrados y con bienes y fortuna, a los iguales entre iguales, pues dentro de una concepción racista que informa el pensamiento de casi todos los escritores políticos del siglo XIX, las 18

Para Foucault, este cambio denota el paso al Estado administrativo en el que la soberanía se ejerce sobre las cosas, aquello a que se refiere el gobierno no es sólo al territorio sino a un complejo hombres – cosas. Las cosas de las que el gobierno debe ocuparse son los hombres en sus relaciones con otras cosas que son las riquezas, los recursos, el territorio; los hombres en relación con los usos, costumbres, modos de pensar, etc. Y los hombres en relación con otras cosas como los incidentes, desgracias, epidemias, muerte, etc. Aquí vale la metáfora del navío y del gobierno de la casa, se trata de gobernar sobre los individuos en relación con las cosas y las adversidades. En el complejo hombres – cosas, la propiedad y el territorio sólo son una de sus variables. Gobernar significa gobernar las cosas con un fin, disponer de cada de modo que se obtenga el mejor provecho posible de ella. (Foucault; 1981: 15-16) 19 En el discurso de independencia forjado desde las elites locales, se involucraron en el discurso libertario a los indígenas a los negros, a los artesanos, campesinos y esclavos, que más tarde serían excluidos del estatus de ciudadanía en la República.

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masas indignas, de negros y mestizos, fue tratada como inferior, abyecta, degradada, apta para ser manejada, pero incapaz de decidir su propio destino. (A.Tirado;1989:161)

Con la introducción de la nueva racionalidad liberal se evitarían los conflictos porque: “el interés individual y social constituían un todo armónico” (A.Tirado;1989) en el que se contiene el posible desencadenamiento de una guerra interna por las reivindicaciones de los sectores sociales en pugna, y por las diferencias entre las elites regionales; esa concepción responde a los fundamentos positivistas que subyacen a esa racionalidad liberal que suponía la superación de la barbarie colonial y el camino hacia la civilización europea en la construcción de un proyecto de nación (Vega:2003) . Sin embargo, ante la tensión interna, y en un proceso precario de conformación de la forma estatal y de definición de los límites territoriales, estallaron nueve guerras civiles a lo largo del siglo y aproximadamente 40 levantamientos regionales durante la forma federada de gobierno; las guerras fueron seguidas de constituciones plasmadas por los vencedores (Valencia: 1987)20. El siglo comienza con La Guerra de Independencia y termina con La Guerra de los Mil Días; el transcurso entre una y otra denota cambios profundos en las formas de agenciamiento biopolítico y conformación del discurso político como formas de contención y domesticación de la guerra. Primero, el proyecto fallido de la independencia desencadena en una reconquista por parte de los españoles, de la cual los criollos se librarán por medio de la guerra de 1818; luego, la guerra de los supremos o de los conventos demostraría la incapacidad de organización del poder central y la superioridad del poder militar de “los supremos” o caudillos regionales, que traería como consecuencia la forma federada del Estado. Pero las formas de distinción se reconfigurarían en la forma de identidades partidistas en la guerra de 1851 en torno a la abolición del esclavismo y la recomposición de la participación burocrática de las nuevas elites en el Estado. Las identidades partidistas se fragmentarían en la guerra de 1854, en la que se compusieron facciones “de clase” al interior de los partidos y que se extenderían a las fuerzas armadas a la cabeza de las que se realizaría un golpe de Estado contenido por los caudillos regionales; este acontecimiento marcaría el inicio de la fragmentación regional por la que se lucharía en la guerra entre 1859 y 1862 en la que -debilitado el poder central mediante la constitución de 20

La relación entre las cartas constitucionales y las guerras desarrolladas a lo largo de la historia de Colombia, desde la constitución de 1821 hasta la de 1886, y las guerras civiles de las cuales resulta ser producto son estudiadas por Hernando Valencia Villa.

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1863- se produjo una descentralización que se traduciría en decenas de levantamientos locales, y en la guerra de 1876 que, a la cabeza del partido conservador y sobre todo de la oligarquía caucana sumida en la decadencia económica y política, desencadenó una lucha entre “Estados soberanos” que terminaría con un acuerdo entre las elites regionales, pues una guerra devastadora así fuese victoriosa no favorecía su intereses (A.Tirado; 1989). Las guerras civiles y los levantamientos locales denotarían el carácter fragmentario de la construcción de lo nacional, determinado por la configuración de diversos proyectos asociados a identidades regionales con intereses económicos y formas de administración particulares; es por ello que, una vez conformadas las esferas de distinción internas a nivel territorial bajo la figura del caudijalle militar y terrateniente permeadas por esta lógica, las esferas de distinción política empezaron a configurarse a nivel nacional y local; pero es la conformación clara de los partidos a mitad de siglo XIX lo que determinaría, bajo la preocupación por las formas de la representación21, la configuración de una forma de distinción interna que acentuaría la fragmentación, y lejos de fortalecer su identidad en oposición a un “otro”, tal y como se entendió en el sentido clásico de formación de las naciones europeas en torno a la distinción amigo-enemigo (Schmitt: 1991), no se conformará un proyecto unitario nacional, sino que la formación de identidades internas en torno a las estructuras regionales y a la filiación partidista, llevaría a la construcción de múltiples proyectos de nación encontrados, determinados por intereses locales, a lo sumo regionales que acentuarían la atomización del intento de construcción de lo nacional. A la base de la distinción partidista se encontraba una profunda diferencia relacionada con el problema religioso, pues aunque el debate se plantease en términos teóricos y abstractos, en realidad se trató de cómo administrar las cosas en este mundo: Manejo y apropiación de la tierra, relación entre la iglesia y el Estado, manejo de la educación, naturaleza de las fuentes fiscales, etc. (a.Tirado: 1989). El movimiento de concentración estatal y dispersión religiosa que caracterizó el nacimiento del problema del gobierno en el siglo XVI en Europa; el cuestionamiento sobre cómo debe dirigirse espiritualmente en esta tierra hacia la propia

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La elección popular de presidente, vicepresidente, magistrados de la corte suprema de justicia, procurador general y gobernantes de provincia, se estableció el sufragio universal para hombres mayores de 21 años se reglamentó en la constitución de 1853, así como la capacidad de cada provincia para expedir su propia constitución.

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salvación, que allí se abordó mediante los movimientos de la Reforma y la Contrarreforma (Foucault: 1981), sucedió de forma inversa en Colombia: Se dio un movimiento de concentración religiosa y dispersión estatal. La concentración enfrentó en apariencia a ambos partidos dentro del catolicismo: El liberal con un discurso secular constitucionalista, y al conservador con una teología política regeneracionista; su conformación estuvo atravesada por la dispersión estatal, dada por los caudillismos locales que configuraron proyectos de nación fragmentarios que la regeneración no lograría unificar. Todo esto demuestra que las guerras civiles contenidas en acuerdos provisionales no solucionarían la cuestión de la fragmentación y llevarían al desencadenamiento de la gran guerra de fin de siglo -La guerra de los mil días- y se postergarían hasta el siglo XX. En la consolidación de los proyectos regionales se da continuidad a la herencia de los poderes organizados al fin de la colonia -El ejército y el clero- pues fue en manos de ellos que se agenciaron proyectos regionales que arrojarían una nación escindida y guiada por los poderes tradicionales y locales; ellos fueron los agentes de la fragmentación del continuum biopolítico y de la articulación de los mecanismos molares y disciplinares de la colonia con los emergentes mecanismos biopolíticos, y fueron quienes debieron traslapar las tecnologías disciplinares y de seguridad durante todo el siglo XIX por medio de la distinción racial, la cual cumplió funciones políticas dentro del proyecto de conformación de civilización. Allí, la guerra fue la forma en que las elites dirimieron sus intereses y también la forma de “purificar” su raza.22 En este orden de ideas, mediante la guerra se producía -desde la óptica de las elites- una purificación de la raza y a la vez un efecto inesperado: La movilidad social y el ascenso de mestizos en los altos mandos del ejército, que aterrorizó a las elites al punto de tratar de evitar las confrontaciones armadas para contenerlas y evitar la conformación de una masa popular peligrosa para la estabilidad del proyecto de dominación de las elites regionales y 22

Para Foucault “en la guerra habrá… dos intereses: destruir no simplemente al adversario político sino a la raza rival, esa especie de peligro biológico que representan, para la raza que somos… En cierto modo no hay allí más que una extrapolación del enemigo político. Pero, más aun, la guerra –y esto es absolutamente nuevova a aparecer a finales del siglo XIX como una manera no sólo de fortalecer la propia raza mediante la eliminación de la raza rival… sino también de regenerar la nuestra. Cuanto más numerosos sean entre nosotros, más pura será la raza a la que pertenecemos… Tenemos aquí… un racismo de guerra, novedoso a fines del siglo XIX, que era necesario… cuando el biopoder quería hacer la guerra ¿cómo podía articular la voluntad de destruir al adversario y el riesgo que corría de matar a los mismos individuos cuya vida debía, por definición, proteger, ordenar y multiplicar?”(Foucault; 2001:232).

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nacionales.23 En la conformación de la República el racismo fue un mecanismo fundamental del Estado para configurar el proyecto de nación a través de la recepción de los estudios europeos sobre la raza superior europea y la inferioridad de las otras razas: Indígenas y negras en el caso de América, (Múnera:2005). Se fragmenta el continuum biopolítico y se legitima discursivamente la preeminencia racial como condición de posibilidad de un proyecto de nación exitoso. Es por eso que, decepcionados por las elites criollas ilustradas de las que formaban parte, José Ignacio Pombo y el sabio Francisco José de Caldas adaptan el discurso de las razas a la realidad del mestizaje para legitimar el proyecto de nación, de modo que justifican teórica y biológicamente esta realidad para legitimar que el mulato se conformara en una raza apta para la civilización, al tomar lo mejor del negro y del blanco. El negro al estar inmiscuido en la guerra y ser fuerza productiva fue vinculado al proyecto de nación, mientras que los indígenas fueron excluidos. (Múnera: 2005). En suma, se puede decir que el paso de la sociedad colonial a la conformación de la República Independiente acentuaría el problema de la emergencia de la población y las diferentes formas de regularla. Primero, durante la hegemonía liberal al establecer una forma federada de gobierno en la que se acentuaron los agenciamientos biopolíticos regionales de carácter molecular mediante los proyectos de las elites regionales liderados por formas de caudillaje particulares que se reconocieron en las constituciones24 de la Confederación Granadina y los Estados Unidos de Colombia bajo la figura de “Estados soberanos”. El proyecto federal de la hegemonía liberal fue entonces una forma de agenciamiento biopolítico molecular que -desde un proyecto de intención secular25 - fragmentó los conflictos 23

El biopoder, como poder sobre la vida, justificó su capacidad de disponer de la muerte mediante el racismo. El surgimiento del biopoder inscribió el racismo en los mecanismos de Estado, como mecanismo fundamental tal como se ejerce hoy en los Estados modernos, de modo que no hay funcionamiento moderno del Estado que en ciertas condiciones y cierto límite no haya pasado por él, según Foucault. 24 Así se observó en las constituciones de 1853, en la que hubo un avance hacia la forma federada de gobierno, que se consolida con la constitución de 1858, de la confederación granadina y luego con la constitución de Los Estados Unidos de Colombia en 1863, forma de organización que prevalecerá hasta la constitución de 1886. 25 Se dio la desamortización de bienes de manos muertas en manos de la iglesia y se quitó de sus manos el monopolio de la educación, también se eliminó el fuero especial eclesial y se quitó el carácter de funcionarios que los clérigos y miembros de la iglesia en general tenían en la colonia. En suma se eliminaron los privilegios de la iglesia, porque el proyecto liberal era más proclive a la separación de los asuntos Estado -iglesia, en el espíritu protestante, determinado por la posición de hegemonía inglesa en el nivel internacional (a.Tirado: 1989), se buscaba un tipo de religión más secular respecto a los asuntos del Estado y que no impidiera el desarrollo del libre cambio con las medidas que provenían de la tradición como el diezmo, que encarecía los productos agrícolas y entrababa la exportación, del mismo modo, la importación se veía afectada por medidas arancelarias proteccionistas. El papel de la iglesia fue fundamental en la dinámica social, económica y política de conformación de la nación en el siglo XIX, el control monopólico de la educación le permitió un control ideológico sobre la sociedad y su estrecha relación con el ejercicio de gobierno, herencia de la colonia, le permitió influir en los asuntos de Estado y en la destinación de bienes y rentas a su favor.

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de modo que las guerras revueltas y levantamientos, así como las formas de administración de la población, se agenciaron principalmente en el escenario regional. A nivel anatomopolítico, la racionalidad liberal, acorde al libre cambio y a las exigencias de libertad política, abrió paso a la ciudadanía de “iguales entre iguales” a la sociedad de consumidores: “Hacer igual al esclavo y al indio al amo si fuera sólo ante la ley, era dar un golpe a las jerarquías en las que se basaba gran parte del poder político de la aristocracia” (A.Tirado:1989). Esta racionalidad intentó resquebrajar las viejas estructuras coloniales, con el agenciamiento del discurso liberal ligado al libre cambio y a la democracia liberal. Pero la ruptura respecto al orden anterior no fue fundamental, se trató más de recomposición del orden central establecido por la las formas coloniales de administración, que desencadenó en una atomización de corte regional. La Regeneración se erige entonces como un intento de composición de un proyecto nacional unitario a través del fortalecimiento del poder central con especial énfasis en las fuerzas armadas, debilitadas y rezagadas durante la forma de gobierno federal que rigió desde la constitución del 63, necesarias para restablecer el orden y mantener una “paz armada” - en palabras de Caro - y necesaria para corregir los errores del pasado -según Rafael Núñez. Entonces es preciso resaltar que La Regeneración implicó un quiebre con las formas de agenciamiento biopolítico molecular al hacer de su pilar la construcción de un proyecto nacional central fuerte, que contuviera las escisiones regionales y formalizara el ejercicio de la fuerza por parte del poder central en defensa de la constitución y el orden. De nuevo, se otorgó un poder fuerte al ejecutivo que tuvo prelación sobre el parlamento e incluso sobre la constitución en la etapa de transición, poder que durante la hegemonía liberal fue casi difuminado por los caudillos regionales y por la preeminencia del parlamento sobre el ejecutivo. Allí, el ejército fue fundamental: su calificación y tecnificación permitieron garantizar la permanencia del control central y la represión de las posteriores revueltas regionales y su victoria devastadora en la Guerra de los Mil Días, aunque no en la separación de Panamá. Se observa en este punto cómo se articulan el ejército, los partidos y la religión: la concentración religiosa dirige los principios de los partidos que devienen en aparato militar, al tiempo que atraviesan la construcción de la virtualidad nacional; en eso consiste la metonimia de Thibaud “El ejército es la nación” (Thibaud: 2003)

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El proyecto regeneracionista albergó en su interior diversas paradojas, pues siendo un proyecto de intención centralista molar intentó impulsar la unidad nacional sin lograrlo; La Guerra de los Mil Días y la posterior separación de Panamá serían muestra de ello y de que la intención de unidad nacional deviene acentuación de la fragmentación.26 En 1895 estalla la guerra que pone de manifiesto esas contradicciones y las limitaciones impuestas por los conservadores a los liberales27 . Los últimos serán derrotados en el enfrentamiento, pero las tensiones continuarán latentes, de modo que los liberales belicistas esperarían agotar los medios legales para dar paso a la guerra de 1899 a 1902 o Guerra de los Mil Días; pugna por el reparto burocrático del Estado. La guerra fue de carácter nacional, las técnicas organización y dirección de los ejércitos se hizo en función de la consecución de recursos, para lo cual se inició una expedición destructiva en la que la hacienda, núcleo de la economía y de la organización social28; la principal fuente de provisión de pertrechos y recursos para el mantenimiento de las tropas29. Allí, se verá fuertemente golpeada una estructura de poder tradicional, pero ella sobrevivirá a la guerra y permanecerá como institución básica para las forma de agenciamiento biopolítico. La tensión partidista regional se acentuó con las reformas realizadas durante el gobierno de Reyes, cuyo poder será contrarrestado en 1910 mediante la “Unión republicana” -coalición en la que ambos partidos depondrían y realizarían ajustes a la carta centrados en tres puntos, a saber: Moderación del centralismo, regulación del presidencialismo y enriquecimiento de las

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Desde los gobiernos de Núñez, pasando por el Caro, Sanclemente y Marroquí, se encuentran gobiernos cesaristas radicales encaminados a contener la oposición en todas sus formas de expresión y a fortalecer los poderes del ejecutivo y anular la oposición. Pero el proyecto regeneracionista se verá truncado, en términos coyunturales, por la muerte de Núñez y por el impuesto a las exportaciones de café, así como por la división de ambos partidos en dos facciones, nacionalistas e históricos en el caso de los conservadores, y pacifistas y belicistas en el caso de los liberales. 27 En lo relacionado con la banca central, la reforma electoral, la ley de caballos (ley de prensa) y la expedición del papel moneda de curso forzoso. 28 Ver: Guillén Fernando. El poder político en Colombia. Bogotá. Punta de lanza. 1979. Allí se muestra cómo la hacienda es fundamental para entender los procesos de estructuración y formación del poder político en Colombia. 29 La guerra civil combinó elementos de guerra tradicional, por que se desarrolló entre ejércitos; y elementos de la guerra de guerrillas debido a la fragmentación del ejército liberal y la posterior conformación de guerrillas conservadoras en respuesta, pese la superioridad numérica y de calificación de su ejército. Esta estrategia prolongaría la guerra hasta el punto en que los liberales se desencantarían de la guerra, ante la fragmentación inminente de sus tropas y la superioridad de las fuerzas conservadoras y terminarían por firmar un acuerdo de paz en el que los últimos se declararían victoriosos a nivel nacional, con la excepción de Panamá, donde los liberales triunfarían y facilitarían las condiciones para la separación

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libertades públicas30 . El dispositivo jurídico es entonces reformado en estos aspectos, pero sigue guardando paradojas en relación con su puesta en marcha, ya que promueve el centralismo a la vez que conserva las divisiones territoriales del federalismo y con ello la estructura de los poderes regionales31. Lo cierto es que, pese a sus contradicciones, todos los intentos de unificación del proyecto regeneracionista debían sustentarse en la conformación de una racionalidad molar característica del Estado administrativo y la economía política: La creación de un mercado interno, que exigía el desarrollo de vías de transporte y de una Banca nacional, los cuales se intentarían articular y fortalecer mediante el proteccionismo32 y el papel unificador de la iglesia católica a nivel del agenciamiento discursivo. La crisis del proyecto regeneracionista está dada por su carácter excluyente, que conlleva a la anulación del otro como adversario político, conduciendo así al desarrollo de nuevos paroxismos de violencia: “Entre 1886 y 1910 el país vio de nuevo la guerra civil como única forma de acción política abierta a la oposición, vio el gobierno mediante facultades extraordinarias y vio, tras la separación de Panamá la dictadura de Rafael Reyes” (Restrepo:1996). Adicionalmente, la intención de un agenciamiento biopolítico molar choca con las estructuras locales de agenciamiento local que continúan predominando sobre lo nacional y se acentúan con el papel privilegiado que se otorga a la iglesia, estrechamente relacionada con las elites conservadoras locales. Por tanto, la religión se erige como un elemento de unificación a la vez que el proyecto estatal se posterga, dada la preeminencia de los caudillismos locales. Recomponer y superar las distinciones partidistas mediante la intención de construir un proyecto nacional se posterga y no logra concretarse en la Regeneración; la naturaleza molecular y fragmentaria de los agenciamientos biopolíticos a la cabeza de los poderes locales, obstaculiza la construcción de un orden central que controle

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Valencia Villa señala que el cumplimiento del primer objetivo se realizó mediante el reestablecimiento de las Asambleas departamentales como entidades de elección popular con cierta autonomía administrativa y el fortalecimiento de los concejos municipales. El segundo se da mediante la limitación del período presidencial a cuatro años y la prohibición de reelección inmediata, el estado de sitio se modifica de manera que las leyes no pueden ser derogadas sino suspendidas durante éste mientras sean incompatibles con el orden público y los decretos legislativos serían transitorios y no permanentes. Ninguno de sus actos sería sancionado sin la aprobación de un ministro. Por último, se otorga al congreso la capacidad de sesionar cada año por su propia iniciativa y de reformar la carta por medio de trámite tradicional de las dos legislaturas. (Valencia:1979) 31 El cambio fue nominal se pasó del concepto de Estado soberano al de Departamento, sólo con las reformas de 1910 se transformarían las estructuras de representación. 32 Destinado a robustecer el fisco y proteger la economía nacional mediante el aumento de aranceles.

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la guerra, una vez más resulta contenida por un intento molar de unificación, aunque no la resuelva. Finalmente, si se quisiera evidenciar un rasgo común entre las guerras del siglo XIX, se puede decir, siguiendo a Gonzalo Sánchez, que durante el siglo XIX guerra y política son prácticas simétricas e indisociables: La guerra fue “El mecanismo profundo de constitución del otro como interlocutor político” (Sánchez;1991:23), mientras que la política se constituye en un campo de batalla que se imbrica en la sociedad por medio de instituciones tradicionales como la hacienda y la iglesia, y la posterior conformación de los partidos. La guerra es el canal normal de acceso a la ciudadanía, pues ella resulta ser fundadora del derecho y del orden, no es negación ni substituto de las relaciones políticas sino su prolongación. Estas son guerras inconclusas, cuyo rasgo distintivo es la confluencia de la conducción político ideológica con el mando militar en defensa de los principios partidistas; el jefe político era el jefe militar por lo que la estructura de la guerra fue una réplica de la estructura social, los líderes políticos derivaron su poder del prestigio previo adquirido por su posición en el sistema hacendatario o por su desempeño comercial de renombre; así la predominancia y control de las elites determinó la dinámica de la guerra y el hecho de que en su mayoría culminaran con pactos horizontales de inclusión del opositor, que se traducían en la reforma o en el cambio de la constitución y la ampliación del espacio social para los perdedores: Las elites aprendieron a ganar la guerra después de la amnistía, “El inconsciente de toda guerra no era la victoria total sino el armisticio” (Sánchez; 1991:23). A lo largo del siglo hay un movimiento pendular entre violencia y coalición: “En esta complementariedad esencial, la guerra es el escenario donde se afirman los principios, en tanto que la política es el arte de transar” (Sánchez;1991:24). La guerra no era entonces perversión de lo político, sino su constitución profunda, ante el carácter fragmentario de la construcción de los proyectos de lo nacional la política se resolvía en la desnudez de la guerra: “La matriz de lo político, como en la visión clausewitziana de Karl Schmitt, era aquí la relación amigo-enemigo a la cual se subordinaban eventualmente las demás oposiciones” (Sánchez;1991). Todo esto produjo efectos contradictorios: Se reforzaron los caudillos locales como intermediarios ante el poder central perpetuando las dinámicas regionales de agenciamiento biopolítico. Sin embargo, debido a que se devastó la economía regional y se produjo

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desarraigo, se rompieron los lazos de dependencia con las estructuras tradicionales de propiedad y organización social, y administración de lo viviente, oscilando entre los agenciamientos biopolíticos moleculares en la República Liberal, y molares en el proyecto regeneracionista, que a su vez articularon formas del poder disciplinar, bajo la construcción de la figura del ciudadano dentro de la racionalidad liberal como un sujeto de derechos, y poder regulador como sujeto de intervención; constituirlo como individuo y como parte de la población en función de las dinámicas de la guerra fue un proceso fundamental para la defensa de los proyectos regionales de las elites. El proceso de gubernamentalización en este período estuvo entonces imbricado con las dinámicas territoriales de la guerra y sólo hasta el siglo siguiente se intentará escindirlo de ella.

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3. LA REVOLUCIÓN EN MARCHA: INTENTO DE-CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO

Guerra y política durante el siglo XIX estuvieron marcadas por una relación de contigüidad en la que los procesos de administración de la vida se imbricaron profundamente con las dinámicas de la guerra en la construcción de una racionalidad gubernamental. Pero como hemos visto, es la emergencia del problema de la población la que disloca esa relación, y es en esa operación biopolítica que se enmarca lo que Foucault denomina como la inversión de la fórmula de Clausewitz: La guerra ya no sería la continuación de la política por otros medios, sino que la política sería la continuación de la guerra. Esto es claro en el tránsito del siglo XIX al siglo XX, pues el perfeccionamiento de los mecanismos biopolíticos con el advenimiento de la Revolución en Marcha supondría la domesticación de la guerra permanente del siglo XIX, y la pacificación de la política con la emergencia del dispositivo de la sociedad civil, que surge como justificación de por qué se debe gobernar: En nombre de la sociedad se va a intentar saber por qué es necesario que haya un gobierno, pero también qué es lo que hay que dejar de lado, en qué ámbitos es inútil o perjudicial que el gobierno intervenga… la reflexión liberal no parte de la existencia del Estado, no encuentra en el gobierno el medio de alcanzar un fin que el gobierno se procura a sí mismo, sino que parte del presupuesto de que la sociedad se encuentra constantemente en una relación compleja de exterioridad y de interioridad con el Estado. Es la sociedad -en la medida que es a la vez condición y fin último del gobierno- la que permite que ya no se plantee la cuestión de cómo gobernar lo más posible al menor coste, sino más bien la cuestión de ¿por qué hay que gobernar? (Foucault: 1978-79)

La visibilización de las figuras de sociedad y de pueblo implicaría la composición de formas democráticas de interacción política en las que el sujeto popular podría constituirse y representarse sin tener que recurrir a la guerra como medio de constitución de su identidad, o como forma de expresión de sus reivindicaciones articuladas a las dinámicas del capitalismo emergente. La última administración de la República conservadora de 1926 a 1930 estuvo marcada por la crisis a nivel social, económico y político: Fue un período en el que se desarrollaron movilizaciones y levantamientos que fueron fuertemente contenidos por el gobierno, situación que favoreció a la oposición liberal para articular un proyecto de modernización del Estado que le dio el triunfo en los comicios siguientes y la gestión de gobierno, del cambio y los conflictos en la década del 30 hasta 1945. Ante la crisis de un partido conservador sumido en

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el fraccionamiento e incapaz de asumir los cambios que el proyecto modernizante traía consigo, el partido liberal asume en la presidencia de Olaya una serie de reformas laborales con el apoyo parcial de la oposición. Para 1934 el partido ya estaba en capacidad de gobernar por sí mismo, y fue entonces cuando emprendió el proyecto de la Revolución en Marcha, a la cabeza de Alfonso López Pumarejo, cercano a los principios del New Deal norteamericano (Valencia;1987:157). El gobierno de López Pumarejo marcó el inicio de una nueva racionalidad liberal: La apuesta por un proyecto de Estado moderno regido por una economía política de nuevo orden molar que se construye partiendo de tres supuestos; Primero, la capacidad del Estado democrático para garantizar un orden económico y social; segundo, la necesidad de rescatar el fundamento popular como base de la institucionalidad democrática, y por último, la figura de la sociedad civil como legitimadora de las acciones democráticas del Estado. Esta fase del proceso de gubernamentalización es fundamental para entender las dinámicas de conformación del Estado de gobierno, en las que los conceptos de sociedad civil y de pueblo son fundamentales para legitimar la noción de un Estado democrático y pacífico, que supere las interacciones violentas que hasta entonces se habían dado en las constantes guerras del siglo anterior y de principio de siglo, y que se concrete en un proyecto nacional que incluyese al sujeto popular en la construcción de nación. La intervención del Estado en la economía se justifica con el fin de racionalizarla y dar la protección necesaria al pueblo. Y aunque este podría verse como un cambio innovador en la forma de intervención del Estado, no resulta ser tal, pues como afirma Valencia Villa: En la práctica no existe una diferencia sustancial entre las dos etapas del mismo estado capitalista y liberal. Antes de 1936 cuando no existía una herramienta intervencionista en la constitución, hubo intervención material del gobierno en la economía… De 1821 a 1847, la política económica preponderante fue el proteccionismo: de 1847 a 1886, fue el libre cambio; y de 1886 a 1930, otra vez el proteccionismo. El nuevo elemento en la crisis de los años treinta no estaba, por tanto en la política económica, ni en el Estado, sino en el mercado, en la sociedad civil: La clase obrera (1987:156-157)

A comienzos del siglo XX, Colombia se envuelve en un proceso de cambio social: El tránsito de una sociedad rural con una economía agraria a la incipiente emergencia del desarrollo capitalista, marcado por la formación de las primeras fábricas modernas, la organización del sector obrero en sindicatos, el desarrollo de grandes obras de infraestructura física por parte

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del gobierno, y la realización de las primeras inversiones extranjeras de petróleo, que junto con las ideas socialistas, socialdemócratas y keynesianas, fortalecían a las nuevas generaciones del partido liberal. López captó e implementó el espíritu de las reformas keynesianistas, comprendió que el cambio social que las fuerzas de la modernización traían consigo fortalecía a un poder popular que podía configurarse en sujeto político y que sólo podría ser contrarrestado con una contrarrevolución preventiva emprendida desde el Estado: Se trataba de dar paso al agenciamiento biopolítico del Estado interventor y administrativo, y dejar atrás el agenciamiento molar de la Regeneración, es pues, un intento por modernizar la posición del Estado frente a la sociedad civil como un mecanismo discursivo que buscó contener las diferencias y conflictos que subyacían al proceso acelerado de cambio social; se trataba de una nueva categoría para disponer de las dinámicas de intervención sobre la población. Es así, que se intentó reconfigurar las tecnologías sobre lo viviente, ahora la población debía ser regulada mediante la ampliación de los mecanismos de disciplina y los dispositivos de seguridad social. Siguiendo a Valencia Villa, la reforma constitucional de 1936 aseguró un dispositivo de intervención mediante la regulación estatal del mercado, no mejor ni mayor, ya que las funciones económicas del Estado en una formación social capitalista precaria, se daban de acuerdo a arreglos tácticos y estratégicos entre las clases y sus fracciones, los partidos políticos y grupos de presión. Todas las acciones del gobierno estuvieron encaminadas a agenciar y reconocer dentro del discurso liberal y de las prácticas gubernamentales la noción del pueblo como sujeto y como sustento del Estado democrático y de la nueva economía política, a la vez que se garantizaba el desarrollo de libertades individuales con la reforma de los dispositivos disciplinares. Es por ello que las enmiendas constitucionales se relacionan con el Estado de Derecho: La organización y funcionamiento de las ramas del poder público, se reconocen nuevas libertades económicas y sociales como el derecho de huelga y la asistencia pública, se da la apertura a “lo social” en el plano jurídico y en la formulación de políticas públicas33, tanto el 33

El gobierno intervino en conflictos laborales, ahora como mediador y no como represor. El cambio del discurso del gobierno fomentó las adhesiones de estos sectores con el proyecto lopista, formando una parte importante de su base social. Entre 1930 y 1937 las asociaciones de trabajadores aumentaron de 15 a 168 y entre ellas se creó la CGT (Central General De Trabajadores). La constitución de 1936 elevó al carácter constitucional el derecho a la huelga, salvo en los servicios públicos. En materia social se dictó la ley 12 de 1936, que organizó el

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trabajo como la propiedad se asumen en su dimensión de obligación y función social respectivamente, y se faculta al Estado para intervenir en la explotación de empresas públicas o privadas para racionalizar la producción, distribución y consumo de las riquezas, o de dar al trabajador “la justa protección a la que tiene derecho”34. Asimismo, las medidas tributarias se encaminan a aumentar el presupuesto nacional, al tiempo que impulsan el intervencionismo. Al nivel disciplinar, se implementan reformas educativas abriendo el espectro ideológico restringido por el conservatismo y la iglesia, y los niveles de acceso a los sectores populares; se restablece la libertad de conciencia, de enseñanza y de reunión. (B.Tirado;1989). En suma, en todas las reformas el pueblo debía ser objeto de las técnicas de modelación de la racionalidad liberal intervencionista, bajo el criterio de la ciencia como fundamento del gobierno sobre el Estado y de la sociedad civil. El pueblo se consolidaba como sujeto en el nivel discursivo y se moldea mediante prácticas y reformas gubernamentales que intentaban dirimir los conflictos subyacentes a las formas de propiedad y de interacción política, que de antaño habían desencadenado las guerras. Se desarrollaba una revolución desde el interior del Estado que mediante una serie de discursos y prácticas gubernamentales de corte popular intentaba pacificar la sociedad y separarla de la guerra. Pero el proyecto lopista fracasa en su segundo gobierno35: Se desata una crisis institucional que lleva al fraccionamiento del partido liberal y el reestablecimiento de los conservadores en el poder. El intento de-construcción del Estado mediante la nueva racionalidad liberal intervencionista y molar entra en crisis: Se abre la puerta a “la guerra civil”, la llamada “violencia” que devastó la nación entre finales de los años cuarenta y principio de los setenta” (Valencia; 1987:158). La sociedad civil, como un mecanismo de pacificación de la política y domesticación de la guerra, se erige en un intento de conformar un espacio de neutralidad Departamento Nacional del Trabajo, la ley 91 sobre patrimonio familiar inembargable, la ley 149 de 1936, que redujo al 10% los obreros extranjeros y al 20 % los empleados extranjeros e empresas industriales, agrícolas o comerciales que funcionaran en Colombia, la ley 38 de 1937 sobre descanso remunerado y la ley 140 del mismo año sobre congresos sindicales. Finalmente la ley 53 de 1938 sobre protección a la maternidad. (b.Tirado;1989). 34 Con anterioridad, durante el gobierno de Olaya, se realizaron intervenciones sin que lo regulara la constitución. La novedad consistió en hacer explícita la capacidad interventora del Estado, el concepto de racionalización que por su sesgo bolchevista se remplazaría por el de planificación en la reforma de 1945. 35 Debido a la prohibición de reelección inmediata durante 1938 y 1942 gobernó el presidente Eduardo Santos propietario de El Tiempo, este período se conoció como “la pausa administrativa”, tras el cual López será reelegido (Valencia:1979).

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ante las esferas de distinción partidistas conformadas en las guerras del siglo anterior mediante la conformación de un Estado administrativo; pero ese proyecto fracasa porque las distinciones partidistas perviven, y con ellas, las formas de agenciamiento biopolítico regional molecular que se imponen sobre la lógica molar del proyecto lopista. En esa crisis es crucial la pervivencia de estructuras tradicionales de agenciamiento biopolítico como la iglesia y la hacienda (Sánchez;1991, Guillén:1979) y las formas de organización militar (Thibaud:2003), pues ellas atraviesan las formas de composición local de la guerra y su predominio sobre la lógica de lo nacional, donde el desarrollo del proyecto modernizante de la racionalidad liberal estará atravesado por la confrontación armada. Entonces, el colapso de la sociedad civil como mecanismo de pacificación conlleva a la activación de la guerra como mecanismo de expresión política; la separación que pretendía el proyecto liberal demostraría su caducidad, se recompondría durante la violencia y significaría la radicalización de la guerra como última racionalidad de la política en la confrontación interpartidista.

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4. DE “LA VIOLENCIA” A LAS VIOLENCIAS La crisis del proyecto lopista acentuó y revivió las lealtades partidistas que se intentaron contener mediante las reformas efectuadas en este gobierno. El proyecto de construcción de una sociedad civil como mecanismo de pacificación frustrado, conlleva al desencadenamiento de una confrontación radical entre enemigos internos identificados bajo esferas de distinción partidista que se intentarán difuminar en el pacto frentenacionalista. El período de la violencia resulta fundamental para entender cómo, ante la agudización de la confrontación interna, el Frente Nacional se constituye en un intento renovado de pacificación de la política y de domesticación de la guerra. El denominado período de “La violencia” se puede definir como una guerra civil producida en medio de una crisis económica, social y política; una tensión revolucionaria no disipada por el pacífico desarrollo económico, ni atajada para crear estructuras sociales nuevas (Hobsbawn;1974). En su complejidad, es la convergencia de múltiples procesos sociales que sucedieron en diferentes geografías, unas veces simultáneos, otras secuenciales, y otras únicos. Primero, la dislocación del poder del Estado como culminación de una trayectoria de crisis política ocasionada por la indefinición de los mecanismos de hegemonía que se expresaría… en rivalidades de poder y en la disociación del campo social y el campo político y el segundo, por los traumatismos sociales y políticos inherentes a una penetración rápida del capitalismo en la agricultura y en las relaciones de producción capitalista” (Bejarano; 1985)

La crisis política que trae “La Violencia” significa la imposibilidad de conservar la hegemonía sin la fuerza, pues ante la pérdida de legitimidad que implican los cambios sucedidos de forma simultánea en la base social, se agudizan los conflictos locales hasta derivar en la confrontación armada; y aunque Oquist cree que ello se deriva del derrumbe parcial del Estado, es posible afirmar que el proyecto inconcluso de gubernamentalización del Estado, domesticación de la guerra y constitución de un proyecto nacional, es lo que marca el resurgir de la guerra y al fraccionamiento local que trae consigo.

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En este sentido, Palacio plantea que el proyecto de unidad nacional, con las características complejas que desarrolla en la periferia, se refiere a la incorporación de todos los grupos en un proyecto político unificador capaz de expresar sentimientos, lealtades e identidades nacionales enraizadas en lo más profundo del campo histórico (Palacio;1980:14). No obstante, en Colombia “La unidad nacional” fue endeblemente construida y no se identificó con la centralización estatal, sino con las adhesiones partidistas profundamente locales o a lo sumo regionales (Bejarano;1985). La violencia como guerra civil evidencia la contención de la tensión irresuelta en las guerras del siglo XIX al revivir radicalmente las identidades partidistas y llevarlas a la confrontación extrema: Hasta el punto de la eliminación física del enemigo. (Schmitt;1991). Las primeras fases de la violencia estarían marcadas por la conformación, desde su fase urbana hasta su extensión rural, de incipientes organizaciones guerrilleras, apaciguadas durante la dictadura de Rojas Pinilla36; sofocadas militarmente y desmovilizadas casi en su totalidad, se desmoronan y fragmentan entre quienes se alinderan en el bandidismo de un lado y en la lucha social del otro. El golpe de Estado que dio inicio a la dictadura se emprendió desde un acuerdo bipartidista para contener la violencia y recomponer el Estado37 , se trata de un proceso de transición al consocionalismo del Frente nacional, pero: "Estando entonces los dos partidos asociados en el poder, la asociación se reproducirá y se profundizará entre lo que concierne a las rivalidades partidistas y lo que pertenece al vandalismo y a la lucha social” (Pecaut;1976:78). El fin de la dictadura llevó a los sectores 36

Según la periodización introducida por Bejarano, retomando a Sánchez (1976) y Fajardo (1981) la primera fase se extiende de 1946 a 1949 y se caracteriza por la ofensiva de las clases dominantes a los sectores populares y por un fuerte enfrentamiento partidista. La segunda fase, de 1949 a 1953 que caracteriza por la extensión a la zona rural, la inclusión del campesino en la lucha significarán en principio el desarrollo de una guerra civil en la que él luchará en nombre de sus jefes políticos, y luego el comienzo de la lucha guerrillera contra los terratenientes, leído por autores como Sánchez y Ramsey como el paso a un enfrentamiento de clases, que posteriormente se conformaría como un proyecto político nacional de resistencia armada. La fase siguiente se da entre 1953 y 1957 la segunda ola de violencia durante la dictadura de Rojas que da el paso a la disociación entre los campos político y social mediante la emergencia del vandalismo que atraviesa la lucha reivindicativa. La última fase (1957-1964) se da con el fin de la dictadura y el comienzo del Frente Nacional 37 Un año después Ospina clausura el congreso, por lo que el partido liberal se va a la oposición apoyando la formación de las primeras guerrillas rurales, que luchaban por las expectativas frente a una reforma agraria incumplida. Es entonces cuando Laureano Gómez asume la presidencia y cita una Asamblea constituyente, con el fin de reformar la carta de modo que el gobierno pudiera hacer frente a la violencia, allí propone reformas inspiradas en el Estado Corporativo de Mussolini y Salazar, ante las que el partido liberal y una facción del partido conservador emprenden el golpe de Estado a la cabeza del general Gustavo Rojas Pinilla, única medida que desde la perspectiva de las elites contendría la violencia. El acontecimiento no resultó ser más que un golpe de opinión de las elites que se encargarían de realizar los acuerdos necesarios para que en 1957 se realizara el plebiscito y los acuerdos que desembocaron en el FN y en la entrega del poder por parte de Rojas a la Junta militar, ésta rigió de 1957 a 1958 y gobernaron allí 5 militares.

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populares dispersos a la filiación política con la alianza partidista, la cual intentó mitigar la violencia atacando el mismo blanco que la dictadura: Los núcleos campesinos de autodefensa, pero ya no de forma localizada, sino extendiendo su operación a diversas zonas del país. Esta campaña reconfigura el agenciamiento discursivo gubernamental del Frente Nacional (En adelante FN), que arguye un proyecto de reconstrucción nacional centrado en la lucha contra el bandidismo, forma bajo la que se esconde la lucha contra la posibilidad de conformación de una insurgencia revolucionaria armada (Fajardo;1981): En el proceso mismo de la lucha, el campesinado adquirió conciencia organizativa y percibió la posibilidad de romper parcialmente el sistema de dominación, pero también enseñó a los sectores dominantes-al igual que en los treintas-los peligros que encierra convocar al campesinado y a los sectores populares a la lucha partidista... La historia de las luchas agrarias del siglo XX es eso, la convocatoria del campesinado como objeto político y su rápida conversión en sujeto político provocará permanentemente la reunificación de las clases dominantes para conjurar el desborde. En adelante, y durante todo el frente nacional, los sectores dominantes se encerrarán sobre sí mismos negándose la aventura de la movilización social para dirimir sus disputas (Bejarano; 1985)

Entonces, el intento por conculcar la violencia por vía del pacto y por las vías de la fuerza y la excepción entra en contradicción con el aumento y concentración de formas de lucha social de extracción popular y con ello, deriva en la expresión regional y nacional del colapso del proyecto de conformación de la forma estatal: La confluencia de las corrientes liberal y conservadora en el gran aparato frente-nacionalista y la compenetración de este último con el régimen económico prevaleciente, determinaron la conformación de un establecimiento que convirtió sus rigideces interiores en índice de fuerza y que terminó por ver como una perturbación inquietante cualquier proyecto susceptible de introducir la contradicción en su seno... La inconformidad y las demandas de reforma, imposibilitadas para encontrar algún lugar en el establecimiento, formaron una franja de marginalidad ideológica que en los últimos tiempos no ha hecho más que radicalizarse y ello en los términos más aptos para expresar una ruptura insalvable (Arrubla; 1978:210)

La unidad política de los grupos dominantes daría pie a la consolidación de las condiciones necesarias para la conformación de una racionalidad administrativa liberal, con la que el FN trató de apaciguar la guerra bipartidista “fratricida”, someter a los militares y reestablecer el control político de la sociedad por parte de la oligarquía; pero estos objetivos no serían suficientes para contener los cambios sociales dados de modo que: Hasta ese momento la política era absorbida por el bipartidismo…copaba la mayor parte de los espacios de la incipiente sociedad civil. Los partidos y la Iglesia garantizaban… la cohesión de un Estado precapitalista y débil. El notorio atraso y la marcada regionalización de la sociedad, la predominante bipolaridad de las clases entre terratenientes y campesinos –no obstante la dinámica adquirida por urbanización- la tradición autoritaria de una clase latifundista y la subordinación pasiva de las mayorías que ello conllevaba, hacían parecer a las sectarias subculturas políticas liberal y conservadora como detentadoras de una acogida supuestamente nacional. En estas condiciones la fórmula del pacto político se incluyó como natural el monopolio bipartidista en el ejercicio del poder público (Leal; 1995:22-61)

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El plebiscito mediante el cual se aprueba el FN selló el pacto de alternación bipartidista38 en el cual se ratifican los principios de la carta del 86 y sus reformas39 en nombre de los valores de la continuidad, la estabilidad, el orden y sobretodo, la unidad. En efecto, la fórmula facilitó la unidad en el gobierno de las elites partidistas -a través del reparto burocrático, la alternancia presidencial y la cooptación judicial (Valencia:1987)- unidad que se justificó en nombre de la conjura del movimiento armado revolucionario (Leal:1995). Reconstituir el orden mediante la racionalidad de la política económica, es decir, mediante un agenciamiento de orden molar, fue fundamental. Por tanto se trató de institucionalizar la estabilidad económica para hacer frente a la situación de crisis política, de modo que el aumento del gasto social produjo una reconfiguración de la organización y dinámica población, que a saber promueve la expansión de nuevas clases medias como medida necesaria pero insuficiente para contrarrestar la inestabilidad social y la permanencia de la violencia (Leal:1995). En este sentido, la racionalidad administrativa se configuró bajo la lógica de la planificación como una técnica de administración de la vida40 ; la introducción de su racionalidad a la administración del Estado indica la configuración del Estado de gobierno, bajo los fundamentos de la economía política y la ampliación de dispositivos de seguridad social necesarios para disponer de la población (Foucault:1981). La sociedad civil como un mecanismo de pacificación era la precondición para el desarrollo de la racionalidad administrativa, de modo que los dos primeros gobiernos se encargaron por una parte de implementar medidas destinadas a separar la política partidista de la económica e introducir equilibrio entre ellas, y por otra a la pacificación del sector rural por medio de la guerra; pero lejos de su cometido, las medidas gubernamentales terminaron por activar la incipiente resistencia guerrillera. Con el FN se opera una concentración del agenciamiento biopolítico molar mediante la introducción de la racionalidad de la planificación, y a la vez, una dispersión molecular del mismo a través del dispositivo del clientelismo: “La autocracia del ejecutivo se disimuló con la 38

Y a la vez cerró la posibilidad de que el constituyente primario reformara la carta a futuro, pues esa capacidad quedaba restringida exclusivamente al legislativo: Artículo 218 de la constitución y artículo 13 del decreto legislativo 0247 de 1957. 39 Excepto las realizadas entre 1952 y 1957 por la constituyente 40 Durante el gobierno de Lleras se crea el Departamento Nacional de Planeación, León Valencia a través de la Junta monetaria pasa el control monetario a manos oficiales. Se creó el Consejo Nacional de Planeación (CONPES) encargado del control técnico político de las decisiones del ejecutivo (Leal; 1995).

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expansión de los mecanismos clientelistas” (Leal:1995). La dispersión se favorece con la reforma a la administración territorial, que transforma el principio centralista según el cual los gobiernos regionales y locales no son más que agencias administrativas del gobierno central, y aunque no tienen carácter decisorio, toman un nuevo rumbo con la creación de las juntas administradoras locales y las asociaciones de municipios y áreas metropolitanas; el objeto de ellas no fue “devolver el poder a la población” (Valencia:1987), sino aplicar la racionalidad gerencial al sector público, ampliar los mecanismos de regulación e intervención sobre la población desde los dispositivos propios de la racionalidad de la administración pública y pacificar la sociedad por vía de la autocracia presidencial, el fortalecimiento de la autonomía militar y el desconocimiento del poder judicial; a todo lo que en reacción se opuso la profesionalización del dispositivo clientelar.41 El FN se cierra en forma de “casta”, pero a diferencia del concepto del siglo XIX, en este período, “casta” se refiere a una operación de racismo político renovado: Una elite cerrada que controla el poder político en manos de algunas familias, que se diversifican parcialmente con la movilidad social que produce la operación clientelar y se bloquea posteriormente por sus propias dinámicas; es decir, la reproducción de capitales electorales y el control de su atomización refuerzan la permanencia en el poder de líderes tradicionales (Leal, Dávila:1990). Sin embargo, la paradoja del FN consiste en que cuando el país vivía un bajo un sistema diseñado para la quietud, para gerenciar la permanencia, se experimentó una época dinámica de la sociedad colombiana en algunas de sus esferas como la economía y la administración (C.Tirado;1989), mientras que experimentó quietud y permanencia en las formas de propiedad del sector agrario. Todo ello se da en el contexto de la guerra fría: Allí se produce una configuración de las esferas de distinción interna en torno a la distinción capitalistas – comunistas, en la que bajo la figura del estado del sitio, el gobierno proscribe al “enemigo interno”, siguiendo los supuestos de la doctrina de la Seguridad Nacional, y haciendo de la excepción una 41

Durante el último gobierno Misael Pastrana, los mecanismos de profesionalización del clientelismo se perfeccionan, como forma de llenar el vacío político que dejaron las funciones de las que fueron despojados los congresistas.

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herramienta permanente para disponer de la población en nombre del orden y la seguridad nacional para la conjura del enemigo, y de este modo integrar de manera definitiva “a las instituciones

formalmente

consideradas

ordinarias

para

el

ejercicio

del

poder

político”(Gallón;1979). La crisis de la fórmula frentenacionalista está dada entonces por la imposibilidad de consolidar un proyecto de lo Estatal: La intención de conformar una relación estable entre Estado y sociedad civil fracasa como consecuencia de la imposibilidad de la incipiente forma estatal para mediar e institucionalizar los conflictos sociales (B.Leal;1995:424), a través del traslapamiento de agenciamientos biopolíticos molares y moleculares. Una vez más, la fragmentación nacional se acentúa y la lógica de la guerra pervive dentro de las formas de interacción política. Los gobiernos del posfrente significaron una extensión y profundización de la racionalidad administrativa como forma de conjura de la guerra, pero a su racionalidad se opone la resistencia armada que cada vez tomará más fuerza; inicialmente ésta cuestiona la forma de agenciamiento del poder gubernamental y sus mecanismos –como el clientelismo y la autocracia del ejecutivo- y denotan su composición fragmentada y débil ante la diversificación de la composición de la población. En una tensión permanente entre la intención de establecer y hacer perdurar el orden y la consolidación de la resistencia armada, el dispositivo jurídico de la excepción -Estado de sitio y de la emergencia económica- fueron determinantes para justificar la guerra contra estas expresiones insurgentes: Los aparatos coactivos… fueron contraproducentes, puesto que las respuestas represivas a las demandas sociales alimentaron la violencia y justificaron el uso de instituciones militares para menesteres ajenos a sus deberes profesionales, colocándolas en una situación de permanente enfrentamiento con la sociedad (Leal;1994)

El primer gobierno de posfrente acentuó el fraccionamiento y promovió la represión de las movilizaciones sociales, reflejando la creciente autonomía del poder militar y la creciente fragmentación local. La crisis política latente se desencadena en los gobiernos siguientes hasta la principios de los 90: Los gobiernos Turbay, Betancur y Barco implementaron un modelo diferente de tratamiento del conflicto, ahora denominado así y no como guerra. Las medidas económicas desarrolladas durante las tres administraciones lograron mantener cierta estabilidad macroeconómica que no se tradujo en el mejoramiento de la situación social, pues éstas llevaron al traste con los niveles de vida de los sectores poblacionales emergentes, sectores obreros, campesinos y pequeños empresarios, lo que se tradujo en el

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desarrollo masivo e intenso de movilizaciones y protestas sociales reprimidas fuertemente por el gobierno bajo el amparo del Estado de excepción.42 Así, el primero de estos gobiernos implantó un modelo represivo mediante el Estado de sitio un estado de excepción sin restricción temporal- que dio pie para conjurar la crisis derivada “del exceso de libertades.” La confrontación se realizó con unas fuerzas armadas robustecidas en sus atributos, en contra de organizaciones guerrilleras fragmentadas en proceso de consolidación, que hicieron resistencia armada. El balance de este gobierno fue una situación de crisis política generalizada. Betancur, el segundo de estos gobiernos, opuso un modelo de diálogo, de paz y de negociación que buscó sacar al país de la polarización que supuso la adscripción del conflicto a la lógica de la guerra fría (Ramírez;1994)43. Es decir, se trató de recomponer las esferas de distinción internas, de modo que se difuminarán y se abriera la posibilidad de negociar para recomponer la unidad nacional hasta entonces fragmentada. A partir de entonces, la paz se erige en un mecanismo discursivo que desde una postura axiomática se opone a la guerra, para ser velada bajo el seudónimo de conflicto. Es por ello que esta administración se encargará de estudiar y asumir medidas para contrarrestar “las causas estructurales del conflicto”44 , a partir de allí el conflicto se constituye como objeto de 42

En materia de política económica, Turbay afrontó una época recesionaria derivada de la disminución del precio del café, que se tradujo en el aumento desmesurado de la deuda externa, y en una crisis financiera, intentó controlar el desborde de la inflación con medidas monetarias contraccionistas. Betancur retorna al proteccionismo de forma cauta y recurre a las reservas internacionales para detener la crisis, tomó medidas sobre el sector bancario nacionalizando y subsidiando a las entidades en crisis, pero aunque logró contener la crisis, el desempleo y la deuda externa aumentaron al doble respecto a la administración anterior y las reservas internacionales habían disminuido. Al final se encuentra un sector industrial debilitado mientras que el sector financiero se había fortalecido. Barco aumentó el endeudamiento que llegó a 18.000 millones de dólares al final de su gobierno, se debilitó la estabilidad de la economía y la inflación aumentó sobre el 32%. Barco inició la implementación de medidas de apertura económica acordes con las políticas neoliberales de orden internacional. El manejo de la economía política durante estas tres administraciones denota la imposibilidad de llevar a cabo un proyecto molar de administración y de administrar bajo la racionalidad gerencial la forma estatal administrativa, se trata sólo de una capacidad para mantener una estabilidad macroeconómica parcial. (Leal:1995) 43 Ramírez afirma que ello será determinante en el desarrollo de la siguiente campaña electoral en la que los candidatos asumirán la paz como bandera. 44 Se expide la ley de amnistía (Ley del 35 de noviembre de 1982), y con ella una estrategia basada en el reconocimiento de las causas objetivas y subjetivas que habían alimentado la inconformidad social y el conflicto armado. Así, propuso el diálogo como herramienta para alcanzar la paz y para ello conformó la comisión de paz, así como programas tales como el Plan De Rehabilitación Nacional (PRN), que se erigió como un esfuerzo encaminado a crear condiciones económicas y políticas más favorables en los municipios más afectados por la violencia. De igual modo se establece la Elección popular de Alcaldes y la reforma municipal que se constituye en un elemento político destinado a democratizar el sistema político y a mitigar los efectos de la exclusión

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estudio disciplinar, desde el que se conformarán dispositivos discursivos y tecnologías para la pacificación de la guerra, con el desarrollo diversas teorías que sustentarían las acciones de gobierno. El agenciamiento discursivo del conflicto y la paz estará atravesado por una serie de políticas de paz visibles y de guerra soterrada, que traslapadas, buscarán desdibujar el concepto de guerra y subsumirla al apaciguamiento que supone el tratamiento integral de las causas del conflicto. Por su parte, Barco toma algo de sus dos antecesores y decide abrir negociaciones de paz bajo el lema: “la mano tendida y el pulso firme”. Sin embargo, el intentó de negociación fracasa ante la imposibilidad de acordar mecanismos jurídicos y ante la oposición de sectores sociales y militares a su política, y sobretodo, ante la arremetida de los grupos armados en contra del gobierno, que responderá con la guerra sucia. La fragmentación nacional se había dado en torno a los dispositivos partidistas de representación desde su conformación a mediados del siglo XIX, y a partir de los ochenta, esta forma de distinción se recompone y asume nuevas formas aún más atomizadas que estarán en permanente confrontación. Ello deriva en una complejización de las formas de la guerra: Su dinámica estará marcada por la emergencia del narcotráfico y la conformación de dispositivos de guerra contrainsurgente paramilitar conformadas por él que se erigen en agentes biopolíticos en el orden local y en el orden nacional. Desde mediados de la década de los años ochenta, el conflicto armado colombiano adquirió una nueva dinámica que responde a una transformación del enfrentamiento entre el Estado y las organizaciones guerrilleras en los sectores rurales. El complejo de nuevos conflictos y actores que resulta de esta transformación es producto de procesos desarrollados en corto plazo, como la penetración del narcotráfico en la economía y la sociedad colombiana, las política. (López 1999: 245-274) Paralelo al desarrollo de estos procesos, en la administración Betancur la búsqueda de la paz estuvo atravesada por el enfrentamiento con guerrillas existentes y con el surgimiento de nuevas organizaciones subversivas como el Quintín Lame, el PRT, el MIR Patria Libre, el Frente Ricardo Franco, los que, junto con el ELN establecen una propuesta de unidad y se manifiestan en contra de las negociaciones desarrolladas con el M-19. A la vez se firmaran los acuerdos de la Uribe el 28 de marzo de 1984 con las FARC; el 24 de agosto del mismo año se firma el acuerdo de cese al fuego, tregua y diálogo nacional con el M-19 y la ADO. Respecto a la continuidad de de estos procesos, se puede decir que aunque hubo incumplimientos posteriores por parte de esta última organización se firmaron nuevas treguas, y que, en el caso de los acuerdos de la Uribe, estos se ratificaron con la creación de la Unión Patriótica (UP). (Villamizar;En medina:335-505) .

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transformaciones de los movimientos guerrilleros al operar en circunstancias y territorios distintos de los originales y tradicionales, el surgimiento y auge de grupos paramilitares y la autodefensa

de

derecha,

y

la

creciente

deslegitimación

del

régimen

político

(Galindo:2005,González:2003). Allí, se hará evidente que en la lógica de la guerra se crea una franja de indistinción entre civiles y no civiles, es decir, que el dispositivo de domesticación de la guerra que se intentó conformar desde los 30 a través de medidas de política económica -la sociedad civil- se hará difuso y será permeado por las dinámicas complejas de interacción y por la confrontación militar e ideológica de los múltiples actores de la guerra. Todo ello, asociado a las dinámicas globales, trae consigo el fin de la guerra fría y nos obliga pensar en cómo se recomponen las formas de domesticación de la guerra mediante la complejización de los agenciamientos biopolíticos, donde el mecanismo de la sociedad civil es vital para comprender de qué manera se justifican nuevas formas de intervención y de gobierno sobre la población en la administración de la guerra. A continuación, se analizará la visibilización del problema de la sociedad civil en la década del noventa como un intento de construir una tecnología política eficiente desde la racionalidad liberal.

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5. SOBRE LA SOCIEDAD CIVIL Y LA RECOMPOSICIÓN DE LOS MECANISMOS DE PACIFICACIÓN La última década del siglo comienza, como la última década del siglo anterior: Con una nueva constitución política que se expide en un contexto de guerra prolongada e irresuelta en el que la nueva carta intenta constituirse en una alternativa a la guerra, en un nuevo intento de pacificación. Pero esta vez la iniciativa constitucional no nace bajo la égida de los partidos tradicionales, sino bajo la confluencia de una multiplicidad de actores de identidades diversas, que fragmentan las esferas de distinción establecidas por los partidos tradicionales. La emergencia de estos actores, pone de manifiesto la visibilización de la cuestión de la sociedad civil (SC en adelante)45 como mecanismo de pacificación: Desde el dispositivo jurídico de la constitución del 91 ésta va a tomar cuerpo bajo la figura de la participación ciudadana. Ese proceso pone en entredicho los mecanismos tradicionales de representación, es decir, cuestiona el papel de los partidos tradicionales mostrando su incapacidad histórica para representar a la sociedad, y a la vez, abre la posibilidad jurídica de que la sociedad se identifique como SC, como cuerpo autónomo, y se represente por sí misma mediante la figura de la participación ciudadana46 . Este discurso replantea las relaciones clásicas entre Estado y SC, que desde la perspectiva liberal pueden ser múltiples y complejas. Keane plantea que ellas se pueden clasificar en cinco versiones que permiten diferenciar esferas estatales de las no estatales y “por tanto trazar límites a la acción estatal legítima”: 1.El Estado de seguridad, en el que el Estado 45

La noción de sociedad civil contemporánea, viene de los escritos de Antonio Gramsci, quien reconoció a la sociedad civil no sólo su carácter económico estructural… sino la describió como función del estado ampliado a cargo de los organismos privados: la iglesia, los medios de comunicación, los sindicatos, los partidos entre otros, consistente en producir el consentimiento de las clases subordinadas, a quienes reconoce su interés, sin poner en peligro la dominación de clase. Esa función la denominó Gramsci hegemonía, en contraste con la nuda dominación o coerción. Esa hegemonía es abierta, dialéctica, pues los antagonistas políticos defienden proyectos hegemónicos y contrahegemónicos, que por momentos hacen crítico, estático en equilibrio del sistema político en tiempo de crisis orgánica. Este esquema lo utilizó para estudiar la revolución electoral en curso, y su clave principal, el sistema de gobierno presidencial asediado por la guerra interna y la crisis fiscal. (Herrera. 2003:54) (Herrera; 2005). 46 El marco jurídico de la democracia participativa se abre con la constitución de 1991 y posteriormente se reglamenta en la ley 134 de 1994 en la que se regulan los mecanismos de participación ciudadana.

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aparece como negación del estado de naturaleza, de la guerra perpetua que se reinscribe mediante el contrato, del que se deriva la SC 2.El Estado constitucional, allí la asociación aparece como natural y el Estado debe complementar y velar por su permanencia, su situación natural, 3.El Estado mínimo, que defiende la autonomía de la sociedad respecto al Estado, el cual es un mal necesario que debe reducirse cada vez más para ampliar el margen de acción de la sociedad, 4.El Estado universal, el Estado aquí debe conservar y trascender la SC como situación natural de libertad, como un acuerdo ético construido históricamente que subordina a la sociedad para mantener su situación de libertad, el Estado es un momento nuevo que preserva y contiene la independencia de la SC para transformarla en universal formal. 5.El Estado democrático, que supone la protección y renovación de la SC por parte del Estado, por su carácter de esfera autoorganizada que se garantiza legalmente e independientemente del Estado (Keane;1992). En suma, la discusión liberal sobre la relación entre SC y Estado se circunscribe a los límites del segundo en relación con la primera en términos de legitimidad, y ello obedece -como ya lo había anunciado Foucault- a la emergencia del problema de la sociedad en la racionalidad liberal como tecnología de gobierno: La idea de sociedad es lo que permite desarrollar una tecnología de gobierno a partir del principio de que el gobierno es en sí mismo algo que está por demás, en exceso… que es algo que viene a añadirse a modo de suplemento… que es preciso cuestionar y al que se puede siempre plantear la pregunta de si es necesario y en qué sentido es útil… En lugar de hacer de la distinción Estado-sociedad civil un universal histórico y político a partir del cual es posible plantear interrogantes sobre todos los sistemas concretos se puede más bien intentar ver en esa distinción una forma de esquematización propia de una tecnología particular de gobierno (Foucault; 1978-79)

En la búsqueda de una tecnología liberal del gobierno, se comprobó que la regulación jurídica es un instrumento eficaz, en el que la ley es una forma de definición de la intervención general que excluye medidas concretas, individuales y excepcionales y en el que la participación de los gobernados mediante un sistema parlamentario: “constituye el sistema más eficaz de economía gubernamental”. Allí, el Estado Social de Derecho y la democracia se justifican como prácticas críticas de la gubernamentalidad desde el liberalismo, entendido éste como un modo de racionalidad que se operativiza a través de procedimientos que dirigen la conducta de los hombres por vía de la administración estatal (Foucault; 1978-79). La definición de límites entre lo estatal y lo no estatal, es decir, la limitación de lo estatal en relación con la SC, es el modo de operación de una tecnología política eficiente: La sociedad civil consiste en un conjunto de diferentes instituciones no gubernamentales suficientemente fuertes como para contrarrestar al Estado, y aunque no impidan al Estado cumplir con su función de

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mantenedor de la paz y árbitro de intereses fundamentales, puede no obstante evitar que domine y atomice el resto de la sociedad (Gellner; 1996:16)

El concepto de SC se configura a partir de una preocupación teórica por: “identificar las nuevas realidades políticas de las democracias”, y definir nuevas dimensiones y alcances de la política, pensada ésta en clave democracia (Bejarano;1999). Allí, la Ciencia Política encontrará elementos para repensar el problema de la democracia desde la visibilización de la SC como categoría conceptual: Como objeto a posicionar en la discusión disciplinar47 e intentar adaptar a los supuestos de la teoría clásica las particularidades del caso colombiano. El concepto de SC emerge entonces como una preocupación que parte de supuestos teóricos sistémicos que requieren abordar los subsistemas del sistema político y sus subsunsciones de forma más específica para matizar los análisis, discursos, prácticas y procesos que conllevan a la comprensión de los factores y técnicas necesarias para garantizar la estabilidad del sistema. Aquí, la guerra se erige como disfunción y la política se lee como un ámbito pacífico de interacción. En este sentido, Bejarano plantea cómo los análisis teóricos sobre la SC se fundan en el supuesto según el cual la civilidad consiste en la progresiva superación de la guerra como eliminación de la violencia de los asuntos humanos: Allí la SC se constituye en un factor de civilidad que intenta contener la guerra o contrarrestarla con su accionar: No sorprende… que así como no ha sido pensada desde lo político, la sociedad civil no sea pensada desde la guerra, o desde su correlato, la solución pacífica de conflictos. No sorprende tampoco que en esa nueva política de civilidad, la sociedad civil, que es llamada a tantas y tan dispares tareas no sea llamada desde la irenología si no a cambiar las estructuras políticas que posibilitan la guerra, al menos si a incidir en los términos que puede negociarse la paz políticamente (1999: 274-275).

Bejarano pone de manifiesto el problema de la suposición clásica de la SC como un proyecto de civilidad ausente de guerra para abrir la posibilidad de que -en medio de las particularidades o “disfuncionalidades” del caso colombiano- se constituya en un mecanismo que contribuya desde su accionar a la construcción de ese proyecto de civilización, el cual supone la superación de la guerra como forma de interacción política. Con esto, el mecanismo se convierte en una vía para la intervención sobre la población, bajo la figura de la SC en función del proyecto de pacificación de la política y domesticación de la guerra. La apuesta por conformar la SC como mecanismo de pacificación y contención de la guerra fue 47

Para una bibliografía amplia al respecto ver (Delgado;1999)

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un proyecto fallido de “La Revolución en marcha”: Su colapso trajo a la luz el carácter inconcluso de las guerras del siglo XIX que se agudizaría y se prolongaría en la historia del siglo XXI, como afirma Maria Teresa Uribe: “Colombia sigue siendo una sociedad sin pacificar ni desarmar” (Uribe;2003:16). La operación jurídica del 91 implicó el posicionamiento de la SC también como sujeto moldeable por las prácticas participativas que ahora debían ser promovidas desde el Estado, como una forma de separar su acción de las lógicas de la guerra; es así que el gobierno por sí mismo reconoce la carencia de legitimidad del sistema político, derivada del “clientelismo, la corrupción y la falta de responsabilidad pública”, que debe encontrar salida en la democracia participativa como una técnica destinada a la relegitimación del sistema político y de la gestión pública en el marco del proceso de descentralización (Presidencia;1995): Como una técnica de pacificación (Castro:1998). La contradicción de los agenciamientos molares y moleculares debe ahora recomponerse ahora bajo la forma de los dispositivos jurídicos, por ejemplo, en lo molar bajo el Estado social de derecho y el discurso de la paz, y en lo molecular bajo el dispositivo jurídico de la tutela. En ambos niveles los agenciamientos se hacen pues difusos y se traslapan en el dispositivo de la SC. En este marco, y a raíz de un diagnóstico gubernamental que arroja una SC desarticulada y difusa, el reto consistió en fortalecer la SC mediante la participación, es decir, concientizarla de su condición de sujeto social, a través de las estrategias pedagógicas de cultura de paz de modo que se conforme como sujeto de responsabilidades que da los cimientos para el desarrollo de políticas encaminadas a hacer eficaz su participación (Bejarano;1999:276). Entonces, el problema de la SC justifica la acción gubernamental: Ella es la razón por la que se debe gobernar, es así que, la acción del gobierno se encamina a moldearla, potenciarla y recomponerla mediante la institucionalización de la participación. 48 La composición de la SC como sujeto implica la puesta en marcha de un mecanismo que se opone a la lógica de la guerra interna -que llevó a la indistinción entre civiles y no civiles- para rescatar la figura del ciudadano, entendido como sujeto del Estado social de derecho que

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En el documento Conpes ya citado se definen como condición de implementación de la política de participación el fomento de estrategias, ámbitos, información, capacidades y motivaciones apropiadas para participar, a partir del diagnóstico realizado que arroja una sociedad civil fragmentada y débil que requiere ser potenciada mediante las políticas de participación.

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debe ser apartado de las dinámicas bélicas, para constituir un ámbito de acción presuntamente neutral desde el que puede resistir y crear alternativas a la guerra. Ese ámbito, se configura en torno a una espacialidad política que está determinada por la SC como extensión de la ciudadanía, de modo que se constituye en sujeto ampliado de la figura de ciudadano en la democracia participativa dentro de un “cuerpo político” proclive a la intervención, permitiendo la modelación anatomopolítica al nivel del ciudadano y la biopolítica a nivel de la SC: Ser ciudadano es ser sujeto social, tener la capacidad de controlar el presente y definir futuros posibles en cooperación con los otros… es tener la capacidad de crear organización o de pertenecer activamente a las organizaciones. Saber asociarse es la ciencia maestra de una sociedad, porque la asociación organizada produce autorregulación y permite más fácilmente la protección de los Derechos Humanos (Toro;2001:9).

Ahora, ya no se trata de buscar las regularidades biológicas de la población, sino de componer la fragmentación previa que trae consigo la dinámica de guerra, y la emergencia de múltiples actores, para reproducir y apropiar formas de pacificación dentro de un todo heterogéneo, que contenga y legitime la multiplicidad y la pluralidad como objeto y sujeto de políticas públicas. Ello está ligado al advenimiento de la racionalidad neoliberal en Colombia, que vislumbra la recomposición de la racionalidad liberal, ya anunciada por Foucault: La crítica desarrollada en nombre del liberalismo se ve validada por el peligro que representaría la inevitable secuencia siguiente: intervencionismo económico, inflación de los aparatos gubernamentales, exceso de administración, burocracia, rigidificación de todos los mecanismos de poder, al mismo tiempo que se producirían nuevas distorsiones económicas que inducirían a nuevas intervenciones… El neoliberalismo norteamericano pretende más bien ampliar la racionalidad del mercado, los esquemas de análisis que dicha racionalidad presenta, y los criterios de decisión que esta implica, a ámbitos no exclusiva ni predominantemente económicos: La familia y la natalidad, pero también la delincuencia y la política penal (1978:124)

La irrupción de esta lógica gubernamental va a determinar la acentuación de la gestión pública bajo la racionalidad administrativa del mercado, iniciada por los gobiernos del postfrente nacional. Así, el problema de la gubernamentalización se reconfigura haciendo de la racionalidad del mercado una nueva tecnología de administración de lo viviente. Ahora, se trata del ciudadano como consumidor, el cual demanda bienes públicos que deben ser provistos de manera eficiente por el mercado y en menor medida por el Estado; los individuos deben agruparse en las diferentes expresiones que asume la SC para ejercer presión respecto a sus demandas ante las instancias de representación y mediante los mecanismos de participación. En un mercado de demandas múltiples, se traducen en políticas aquellas que logran posicionarse dentro de la agenda pública como prioritarias, resultado de la

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competencia democrática. Todo esto no resulta ser más que una transposición de la racionalidad del mercado al desarrollo de una tecnología política eficiente. En el modelo de la caja negra de Easton, este esquema se hace visible (Easton;1979), sin embargo, ese modelo de democracia supone condiciones externas estables que no se dan en Colombia: La extensión de la lógica del mercado a las formas de gestión gubernamental no es posible por la “interferencia” de factores no resueltos como la guerra aplazada y contenida en la historia del proceso de formación estatal; guerra que trae consigo la imbricación de múltiples agentes, como la guerrilla y los paramilitares, y de dinámicas a la vez molares y moleculares, como el clientelismo y el narcotráfico, que hacen necesaria una lectura particular de las dinámicas gubernamentalizantes. No basta suponer que la presencia y conformación de esos agentes y su operación se resolverá con la satisfacción de sus demandas no atendidas, pues muchas veces en contextos regionales ellos fungen como agente biopolítico que suple y satisface demandas sociales: La figura de la SC se hace funcional a sus prácticas y discursos erigiéndose en algunos casos en espacios proclives a la cooptación o en objetivos militares.49 La máxima expresión de la extensión de la nueva racionalidad liberal a la esfera de la sociedad civil bajo las premisas del mercado la constituye la construcción del discurso del “tercer sector” y la estructuración de organizaciones a partir de él. Éste se define en oposición al sector gubernamental y tiene por objeto: “trabajar sobre los intereses de la mayoría, movilizando recursos sobre la base de la coerción y la autoridad legítima”; y al sector privado cuyo fin es el lucro y la maximización de ganancias “generando recursos a través mecanismos de intercambio”, mientras que el tercer sector “moviliza sus recursos a través de visiones y valores compartidos” (Villar;2001). Por eso, Bernardo Toro señala que: Podemos definir a la sociedad civil o al tercer sector como el conjunto de organizaciones que los ciudadanos generan para producir bienes colectivos y/o públicos no-estatales… aquí se entiende por bienes públicos aquellos que convienen a todos de la misma manera para su dignidad… La finalidad de

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En el comunicado número 8, en Los Pozos, San Vicente del Caguán, el 28 de enero de 2000, durante las negociaciones de paz con el gobierno Pastrana, las FARC manifiestan que dentro de los puntos fundamentales de la agenda en discusión se incluirán “Temas relacionados con la democracia y la estructura política del Estado”; la reivindicación de la participación de la sociedad en la estructura del Estado se erige como una de sus banderas también en la Plataforma de los nueve puntos del Movimiento Bolivariano, por una Nueva Colombia. Por su parte Villar muestra cómo la sociedad civil se ve afectada por la dinámica del conflicto armado. (Villar: 2001)

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todo bien público es hacer posible la equidad y superar las exclusiones. Por eso la sociedad misma puede producir bienes públicos y/o colectivos; es lo que llamamos bienes públicos no estatales. (2001:13)

El traslado del lenguaje del mercado a la caracterización de dinámicas sociales resulta ser una operación discursiva que legitima la puesta en marcha de una lógica eficiente, de una tecnología del gobierno de la sociedad que opera bajo los presupuestos de las dinámicas del mercado y que potencia la productividad de la población respecto al discurso de paz, aunque el fin para las organizaciones que la componen sea en muchos casos contrarrestar sus desigualdades. Según el discurso del tercer sector, la SC se clasifica respecto a su posición en el mercado: Dentro de los bienes públicos, algunos son colectivos por excelencia, por lo que se espera que sean provistos y garantizados por el Estado;50mientras que hay una serie de bienes públicos y colectivos no-estatales que el tercer sector “debe y puede producir”: La solidaridad, la tolerancia, la ternura (!), la ética civil, la legitimidad de lo público estatal, la credibilidad política, el perdón social (El cual será fundamental en el post-conflicto colombiano). En la producción de bienes públicos no estatales el tercer sector no debe competir con el Estado, aunque históricamente el tercer sector ha suplido al Estado en producción de bienes públicos… Es su tarea lograr que el Estado pueda garantizar la producción de estos bienes [sic] (Toro; 2001:10)

El posicionamiento de la SC, como ámbito de acción e intervención, es una forma de recomponer los marcos de análisis de la geografía interna de la guerra y oponerla al Estado como totalidad para pensarlo en relación con “otro” que potencie su capacidad ante sus limitaciones, derivadas de la deslegitimación proveniente de su incapacidad para “superar” la guerra y concretar el proyecto de pacificación que supone la concepción occidental de civilización. Es por ello, que las esferas de diferenciación entre Estado y SC se hacen difusas y se articulan, complementan o separan según lo dispongan los mecanismos gubernamentales. En esa lógica, la SC se configura en sujeto que demanda la paz como bien público, a la vez que entra a formar parte activa de ese proceso al conformarse -pese a su heterogeneidad funcional-51 como un sujeto social con voluntad que impone su lenguaje a los actores y construye desde su neutralidad activa (Bejarano; 1999:278), y a partir de allí, promover o 50

“La justicia, la seguridad, la defensa, los servicios domiciliarios, la educación básica, la salud preventiva, la libertad de movilización y de conciencia… y sobretodo las leyes útiles (la ley justa es el máximo bien público del Estado)” (Toro: 2001:10) 51 Así es como denomina Bejarano a la convergencia de múltiples sectores dentro de su cuerpo que no la hace fragmentaria sino que se constituye en su rasgo principal, la heterogeneidad es parte de la representación democrática y plural de la sociedad

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demandar la paz. Esto se evidencia en los años noventa con el posicionamiento de la SC y su participación en la construcción de la agenda gubernamental así como en el posterior desarrollo de los fallidos procesos de paz. En principio, esta visibilización se da durante el gobierno Gaviria, con la composición heterogénea de la constituyente y la expedición de la nueva carta, así como con los procesos de paz desarrollados en este período. Este discurso de la participación se intenta fortalecer durante el gobierno Samper y, ante el escalamiento de la guerra, desemboca en las negociaciones de paz entre el gobierno Pastrana y las FARCEP. A lo largo de ese proceso la figura de la SC va a ser determinante para posicionar el discurso de la paz: Si bien desde Betancur se encuentra la emergencia de este discurso como prioridad en la construcción de la agenda pública, es en los noventa cuando se intentará asociar e identificar con la sociedad y no sólo como una política gubernamental. Ahora la SC debía ser un sujeto privilegiado en la construcción de paz, en la conculcación de la guerra; si a comienzos de la década del noventa la SC fue un actor ausente en los procesos de paz según los diagnósticos gubernamentales y teóricos, ahora se intentaría incluir al amorfo sujeto emergente mediante una serie de dinámicas que incorporaran su participación en el proceso a través de mecanismos como las audiencias públicas. Reconocer la posibilidad del empoderamiento de la SC en un contexto de guerra, implicó un desafío a las teorías clásicas de la SC que suponían una sociedad pacificada para poner en marcha unas políticas tendentes a su fortalecimiento y a su separación de los actores armados y de las dinámicas de la guerra en general. Sin embargo: La democratización normativa y los desarrollos a partir de la constitución, contribuyeron de manera importante al avance de la participación de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en la vida pública, pero fueron insuficientes para la “institucionalización del conflicto”. Eso conllevó a que en la década de los noventa se moviera por el doble camino de la ampliación de la participación democrática de las OSC en la vida pública y la intensificación del conflicto armado (Villar; 2001:81).

La contradicción inherente a las prácticas gubernamentales sobre la sociedad estuvo atravesada por el problema de la prolongación y escalamiento de las acciones armadas, de la guerra y su polarización. Es así que una vez más el proyecto de construcción de la SC se ve atravesado por las dinámicas de la guerra, el proyecto de la SC como estandarte de la teoría democrática de los años noventa se ve truncado por las particularidades de las dinámicas nacionales, y la posibilidad de constituir a partir de ella un campo neutral que opusiera y transformara esas dinámicas se frustra una vez más, como con el fin de la revolución en

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marcha y el advenimiento de la violencia, para dar paso a un escalamiento de la guerra, imposibilitando la conformación de una SC autónoma. El intento por separar guerra y política mediante la operación de prácticas gubernamentalizantes dirigidas a ampliar el espectro de la política y extender la participación como institución a la SC se ve truncado por la guerra. Ese proceso de crisis de la implementación de las salidas negociadas y de los procesos de paz da paso, como en el Frente Nacional, a una salida que busque la reunificación nacional por vía de a fuerza, ese discurso ecléctico denominado como “seguridad democrática” es el resultado de un movimiento histórico: Retoma las intenciones de construcción de una nación unificada y fuerte e incorpora –al menos en el discurso- la noción de democracia; se construye a la vez como práctica de gobierno y como teleolología que justifica el tratamiento de la guerra por la vía armada y por el desarrollo de prácticas gubernamentales que contrarresten los efectos de la acción de los grupos armados ilegales sobre la población en todo nivel. Ese discurso se articula con el posicionamiento del terrorismo y el narcotráfico como amenazas a la seguridad global y recompone -una vez más- las esferas de distinción y el carácter de la guerra. En ese panorama queda abierta la pregunta sobre la posibilidad de leer la guerra en Colombia desde una lectura global, o de la imposibilidad de la misma, debido a la particularidad de sus agenciamientos en la construcción de las relaciones entre guerra y política, entendiendo que las relaciones difusas, múltiples y complejas que se recrean entre ambas se distancian de la intención de separarlas, la profunda imbricación que permanece entre ambas esferas evidencia que ni la vía de la negociación, ni la vía armada han sido suficientes en el intento de pacificar la política y domesticar la guerra, la guerra parece ser una bestia indomable que no deja de inmiscuirse a la fuerza en la esfera de la política.

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6. CONCLUSIONES “Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros centrifugado por la cólera del huracán bíblico, cuando Aureliano saltó once páginas para no perder el tiempo en hechos demasiado conocidos, y empezó a descifrar el instante que estaba viviendo, descifrándolo a medida que lo vivía, profetizándose a sí mismo en el acto de descifrar la última página de los pergaminos, como si estuviera viendo un espejo hablado. Entonces dio otro salto para anticiparse a las predicciones y averiguar la fecha y las circunstancias de su muerte. Sin embargo, antes de llegar al final había comprendido que no saldría más de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos (o los espejismos) sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra”

Gabriel García Márquez Cien años de Soledad

Este intento por establecer una topología genealógica de las rupturas y continuidades en la configuración de la relación entre guerra y política en Colombia arroja el reconocimiento de los movimientos de fluctuación entre las vías de la fuerza y las vías de la negociación en la tentativa de domesticar la guerra y pacificar la política, pero lo cierto es que ninguna de ellas lo logra, dada la complejización de los agenciamientos biopolíticos, que muestra cómo se operan tecnologías gubernamentales encaminadas a separar ambas esferas, en el sentido en que buscan superar la guerra y pasar al reino de la política en la concepción civilista de la tradición moderna occidental; superar la guerra y pacificar la política supone el cúlmen del proyecto de la modernidad, pero dadas las particularidades y contingencias en configuración de la relación entre guerra y política en Colombia, éste se ve truncado e impide la conformación de un proyecto nacional unitario, pues aún hoy predominan el carácter fragmentario de las estructuras locales de agenciamiento biopolítico que marcaron la génesis de la forma estatal y que marcan el carácter fragmentario del proyecto de lo nacional. Del entrecruzamiento de las tecnologías disciplinares y los procedimientos biopolíticos va a resultar una progresiva separación a nivel discursivo entre guerra y política, en la que las prácticas gubernamentalizantes -bajo las diversas formas en que se recompone la racionalidad liberal- se constituyen en un intento fallido de domesticar la guerra y de hacerla

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una tecnología política eficiente, primero en el paso del Estado soberano al Estado administrativo y luego al Estado de gobierno, con todas sus particularidades, a nivel de los diferentes dispositivos jurídicos, las prácticas de distinción racial y las lógicas de poblamiento del territorio, los cuales se reconfiguran a partir de una serie de momentos históricos de quiebre y continuidad. Este estudio muestra la dinámica de conformación de esferas de distinción internas arraigadas en las estructuras tradicionales de la hacienda, la iglesia y el ejército que se vana articular al desarrollo de identidades partidistas fuertemente marcadas que imposibilitan la concreción de un proyecto de unidad nacional en el sentido clásico (Schmitt;1991). Este trabajo analiza las dinámicas de la conformación de lo nacional en relación con la guerra, y cómo la relación entre el carácter fragmentario del proyecto nacional y la guerra fue determinada por formas de agenciamiento biopolítico que pasaron de la forma molar de la colonia -dirigidas de forma central y vertical- a una forma molecular que construyó proyectos regionales aislados con un poder central débil durante la hegemonía liberal, y pese a las intenciones centralistas del proyecto Regeneracionista de orden, se constituyó así una tensión permanente y aún irresuelta entre las formas moleculares y molares de agenciamiento biopolítico, que lejos de superar la guerra la acentuaron y prolongaron hasta la historia del siglo XX, en la que surgen formas cada vez más atomizadas y fragmentarias de agenciamiento biopolítico, que entrarán en permanente tensión, agudizarán la guerra y diversificarán sus mecanismos y lógicas de reproducción, configurándola en una técnica política eficiente que debe ser velada en el discurso y fortalecida en las prácticas gubernamentales. El intento por hacer de la política un ámbito pacífico de interacción mediante la operación de tecnologías biopolíticas que suponían que la guerra fuese superada fracasa, pues el carácter atomizado de los agenciamientos biopolíticos conlleva a la imposibilidad de establecer un poder capaz de unificar la heterogeneidad, la complejidad y la fragmentación de la construcción de la forma estatal. La tensión que subyacente a la conformación fragmentada de la nación impide el desarrollo de un poder central fuerte que recomponga las prácticas biopolíticas necesarias para contener la guerra, ella desborda entonces las intenciones del discurso político y del orden jurídico, a la vez que resulta ser funcional a las lógicas de agenciamiento gubernamental. Así,

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las tecnologías sociales desarrolladas a lo largo de dos siglos, con todos sus cambios y continuidades, serían entonces insuficientes para contener las fuerzas sociales esenciales, y la guerra constante y contenida demostraría -como lo anunció Benjamin- la inmadurez de la sociedad para hacer de la técnica su órgano, de la guerra su forma esencial, y a la vez, la insuficiencia de la elaboración de las técnicas de dominio de las fuerzas esenciales de la sociedad. A nivel metodológico el trabajo aborda un análisis que -desde una perspectiva genealógicasitúa el origen histórico de problemas que hoy perviven en Colombia, como lo es la guerra. Comprender, no de forma historiográfica sino genealógica, la configuración de la relación entre guerra y política en Colombia permite establecer rupturas y continuidades dentro de la misma para comprender la necesidad de realizar una lectura particular de los procesos de gubernamentalización del Estado, de construcción y agenciamiento de la racionalidad liberal, como un proyecto fallido de separar guerra y política, de domesticar la primera y pacificar la segunda. Analizar la profunda raíz genealógica de los problemas políticos colombianos permite en primer lugar rearticular las coordenadas múltiples y complejas que comprender la interacción entre guerra y política, y comprender por qué la guerra es velada en el discurso y exaltada en las prácticas de su reproducción como racionalidad gubernamental. En segundo lugar, lo anterior nos permite analizar el proceso de la construcción de lo que somos, en una aproximación a una ontología del presente -en palabras de Foucault- que nos permita entender cómo nos hemos constituido. Por lo tanto, la pertinencia de este estudio está dada por la necesidad de pensar, o mejor, de repensar la complejidad que implica la configuración histórica de la relación entre guerra y política en Colombia para mostrar que estudiar su raíz genealógica permite crear nuevos marcos de lectura sobre esta relación y pensar desde herramientas genealógicas el análisis de la guerra en la Ciencia Política. Esa relectura nos lleva a replantear respuestas a preguntas que arroja este análisis: ¿Por qué persiste actualmente la guerra en Colombia? ¿Existe la posibilidad de superar la guerra como forma de interacción política, y no sólo de velarla mediante los discursivos y las tecnologías biopolíticas? ¿Cómo opera la excepción como mecanismo de conculcación y postergación de la guerra en Colombia? ¿Cómo se recompone hoy la racionalidad que subyace a la pacificación de la política y la domesticación

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de la guerra? Finalmente ¿Cómo leer las particularidades de esa configuración en el marco de la globalización; existen similitudes con otras guerras del mundo en la actualidad? Toda esta reflexión nos lleva a pensar que dentro de las contradicciones que ha producido el desarrollo de la guerra, aún es posible pensar sobre la posibilidad de superarla como forma de interacción política, existe la esperanza de que, pese al fracaso del proceso de gubernamentalización como una forma de conculcar la guerra, se pueda pensar que: Todo hombre tiene derecho a su propia vida, porque la guerra aniquila promisorias vidas humanas, pone al individuo en situaciones indignas, lo compele a matar a otros, cosa que él no quiere, destruye preciosos valores materiales, productos del trabajo humano, y tantas cosas más. También, que la guerra en su forma actual ya no da oportunidad ninguna para cumplir el viejo ideal heroico, y que debido al perfeccionamiento de los medios de destrucción una guerra futura significaría el exterminio de uno de los contendientes o de ambos. Todo eso es cierto y parece tan indiscutible que sólo cabe asombrarse de que las guerras no se hayan desestimado ya por un convenio universal entre los hombres (Freud:1932)

Tanto la prédica de Freud como la de Walter Benjamin podrían arrojar la posibilidad de una destrucción total del otro, incluso de todos los bandos, ante la imposibilidad de la mediación y de control sobre la sociedad, la configuración de la esferas de distinción en términos de amigo- enemigo en la geografía interna lleva a constituir la guerra como racionalidad de lo político, pero la eliminación total del otro supondría la ausencia de toda racionalidad en la guerra y por tanto la eliminación total de la política. ¿Es posible evitar este extremo? Quizá la superación de la guerra está determinada por la posibilidad de entender la complejidad de los procesos de estructuración de lo que somos, las formas en las que las tecnologías gubernamentales han fracasado en el intento de domesticar la guerra, y la forma en que se han apropiado históricamente las estructuras de poder tradicional como agentes de esa ratio para hacerla funcional a sí mismas, y reproducirla mediante dinámicas complejas de recomposición de los agenciamientos biopolíticos que hoy permanecen y se difuminan en actores y espacios fragmentarios. La posibilidad de pensar por qué guerra y política se imbrican en las prácticas y se velan en el discurso puede abrir otras preguntas y quizá alguna respuesta esperanzadora sobre la posibilidad de su superación.

Si bien los límites entre guerra y política muchas veces se hacen difusos, es preciso asumir la importancia de reconocer que es necesario construir alternativas a la predominancia de la guerra en la configuración de lo político, pensar que esa constante histórica no es un destino

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trágico e inevitable, que no estamos condenados al encierro y la previsión de que la ciudad de los espejismos desaparezca arrasada por el viento de la memoria de los hombres. Nuestra historia no está escrita definitiva e inevitablemente, tenemos la posibilidad de evitar el éxodo macondiano. Sólo la memoria de lo que somos nos permitirá repensarnos y reconstruirnos lejos de las profecías que intentan dirigir cómo caminar nuestro camino y el destino al que debemos llegar.

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