Revista Estudios y cultura 067. Artículo \"El ostracismo\"

FUNDACIÓN 1 DE MAYO

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REVISTA estudios y cultura Artículos de Bruno Estrada, Fernando Rocha, Alicia Martínez, Luis de la Fuente y Jesús Cruces

Año 7 después de la crisis: Más pobres, con mayor desigualdad, con menor protección social SUMARIO • ANÁLISIS | Javier Doz: En el comienzo de un año de cambios profundos. • El 24 de enero, 38 aniversario Abogados de Atocha. • Ignacio Fernández Toxo y Fernando Lezcano: Reforma de la Constitución: una reforma inaplazable. • Carlos Martín Urriza: Los presupuestos impulsarán debilmente el crecimiento. • Javier Doz: Grecia en la crisis europea. • Félix Ovejero: Nueva Agenda de Desarrollo 2015. • Pepe Gálvez: Esto no es una pipa o la risa también es cuestión de poder.

• Mireia Morán: El ostracismo es una de las pautas reconocidas en los manuales de prevención de acoso laboral. • Jaime Ruiz: No esperemos otros 40 años a ejercer el derecho a la verdad. • Antonio José Marques: La Comisión Nacional de la Verdad en Brasil y el protagonismo de los trabajadores por memoria, verdad, justicia y reparación. SECCIONES • Centro de Documentación y Biblioteca • Los datos tienen la palabra

REVISTA ‘ESTUDIOS y CULTURA’ | Consejo de Redacción: José Babiano, Ramón Baeza, Jesús Cruces, Bruno Estrada, Ana Fernández Asperilla, Pepe Gálvez, Amaia Otaegui, Carmen Rivas, Fernando Rocha y Juan Vargas. Fundación 1º de Mayo. Centro Sindical de Estudios de CCOO. C/ Longares,6. 28022 Madrid. Tel.: 913640601. Fax: 913640838 | www.1mayo.ccoo.es | [email protected]. ISSN: 1989-4724

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Javier Doz | Presidente de la Fundación 1º de Mayo

En el comienzo de un año de cambios profundos

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o es aventurado afirmar que el año 2015 no va a ser uno más en la historia de España y de Europa. Son muchos los adjetivos que están siendo usados para calificarlo: decisivo, crítico, etc. Yo he preferido poner título a estas líneas desde el “optimismo de la voluntad”. Dada la situación que vive España y Europa (también el mundo, pero prefiero acotar el alcance de mi reflexión) habría que promover y canalizar la energía positiva que sin duda existe en nuestro pueblo y en los pueblos europeos para que surja la fuerza necesaria para cambiar el rumbo económico, social y político y salir de las profundas crisis que padecemos. Son muchos los hechos importantes que vamos a vivir. En España, 2015 va a ser el año electoral más intenso desde 1977. La Unión Europea tiene sólo en los días en que se cierra la edición de esta Revista dos fechas muy señaladas en relación con su imprescindible cambio de rumbo: el 22, el BCE ha acordado, por fin, comprar deuda de los Estados de la zona euro, y, el 25, Grecia celebrará elecciones anticipadas. ¿Cuál va a ser el impacto de los atentados del 7 de enero, en París, contra Charlie Hebdo y un supermercado judío en las poliédricas crisis política y social europeas? En el mes de septiembre, también en París, la CES reunirá, en congreso, a los sindicatos europeos. El cómo salir de la crisis, el modelo de Europa por el que deben luchar los trabajadores y el cómo reforzar y renovar el sindicalismo europeo para conseguirlo, deberían centrar sus debates. A las previstas elecciones municipales y autonómicas de mayo y generales de noviembre, se unen las “plebiscitarias” de septiembre en Cataluña -a través de las cuales el independentismo catalán pretende imponer, unilateralmente, la separación de Cataluña de España-, y, posiblemente, las autonómicas andaluzas en marzo. El Gobierno de Rajoy y el PP lo fían todo a la mejora de la situación económica para evitar que su seguro descenso electoral sea estrepitoso. Frente a los casos de corrupción que apuntan, ya con el dedo de jueces instructores y fiscales, a su cúpula (casos Gurtel y Bárcenas), o frente al desafío del independentismo catalán, el Gobierno se mantienen en la inmutabilidad o el “dontancredismo”. La EPA del 4º trimestre de 2014, aún su lectura

más positiva -477.900 parados menos en el añono puede ocultar el repunte trimestral del paro +30.100- y que las dos cifras principales resultantes -5.457.700 parados, el 23,7% de la población activa- hagan de España el país de la UE con mayor número de parados, con una tasa que dobla ampliamente la media europea. Cuando la OIT acaba de pronosticar que el paro no bajará del 21% hasta 2019, no hay triunfalismo alguno que hacer con estas cifras. Sobre todo cuando hay más trabajadores con empleo, sí, pero trabajando menos horas y de forma más precaria. Tampoco pueden ser materia de propaganda electoralista las cifras de crecimiento económico, aunque sean mejores y haya que alegrarse por ello. En uno de los artículos de este número, dedicado a analizar cómo está España después de siete años de crisis, se muestra el trecho que nos queda para

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ada la situación que vive España y Europa habría que promover y canalizar la energía positiva que sin duda existe en nuestro pueblo y en los pueblos europeos.

alcanzar la riqueza que teníamos en 2007. Pero los estragos son mucho más graves en los campos laboral y social Así lo muestran todos los indicadores: salarios, precariedad, protección social, estado de los servicios públicos, pobreza, desigualdad, etc. Otros dos artículos se dedican a analizar estos campos. El BCE acaba de aprobar un programa de “expansión cuantitativa”. La cuantía es importante (más de un billón de euros y de lo previsto), pero las concesiones a Alemania, como siempre, le hacen restar eficacia para ayudar a los Estados que más lo necesitan. Tal es el caso de condiciones como que las compras sean proporcionales al peso en PIB de cada país, o que no se compren bonos con las calificaciones crediticias más bajas, lo que impediría, de entrada, comprar los griegos, chipriotas y portugueses. Tampoco es aceptable, en una moneda única, el que el 80% de la operación deba ser garantizada por los bancos centrales nacionales.

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Pero como afirmó el propio Mario Draghi, en la reunión anual de banqueros centrales de Jackson Hole el pasado mes de septiembre, no basta la política monetaria para enfrentarse al peligro bien real que tiene la zona euro de estancamiento y recesión. Se necesitan políticas fiscales y de inversión. Y el Plan Juncker está muy lejos, por su cuantía global, por su nula financiación pública nueva y por el modelo de generación de inversiones que preconiza, de representar lo que la UE necesitaría. Tampoco hay voluntad de coordinar estímulos fiscales de la demanda cuando el primer país que debería hacerlo, Alemania, tiene como objetivo mantenerse en el déficit presupuestario cero, ya alcanzado. Tanto o más que el terreno económico, la quiebra del liderazgo político europeo se manifiesta en la incapacidad de enfrentarse a la crisis política que vive la UE, por su ineficiente y poco democrático funcionamiento y por su incapacidad de enfrentar un proyecto político coherente y cohesionador al avance de los nacionalismos, los extremismos o populismos de derechas y el euroescepticismo, casi siempre teñido de xenofobia. La UE sólo puede salir de su crisis política con más Europa en una orientación más democrática y más socialmente avanzada. Pero la Comisión Junker prefiere transitar por la renacionalización de políticas (programa REFIT). Otro ejemplo de mala orientación lo da una parte de la respuesta a los atentados de París. Pasado el buen gesto de la presencia de los líderes europeos en la impresionante manifestación del pueblo francés en rechazo del terrorismo y el antisemitismo y en defensa de la libertad de expresión, ya se anuncian medidas que pueden restringir los derechos y libertades de todos los ciudadanos, incluida la de expresión. Sin embargo, atentado tras atentado, desde el 11 de septiembre de 2001, se viene constatando que el principal problema para una lucha antiterrorista más eficaz es la persistente descoordinación de policías y servicios de información, dentro de cada país y, no digamos, entre países. ¿Por qué no se adoptan, lo primero, las medidas necesarias para acabar con este gravísimo problema de la lucha antiterrorista? El cómo enfrenten los responsables políticos europeos y los principales gobiernos del continente, empezando por el alemán, una posible victoria de Syriza, el próximo domingo, puede ser la piedra de toque para saber si la UE tiene futuro o se precipita hacia su final.

España necesita un cambio profundo en su política económica y social. La mejora de la demanda interna debe cimentarse en mejores salarios y empleos de más calidad, inversión pública, y más y más barata financiación de las PYMES. La inversión debe hacerse con unos objetivos de cambio de modelo productivo en la cabeza al tiempo que se prioriza la inversión en educación y formación profesional e I+D+i. Pero España también necesita enfrentarse sin demora a su crisis política que tiene dos factores principales: la territorial y del modelo de Estado y la del descrédito y deslegitimación de las instituciones democráticas por la acción combinada de empobrecimiento, desigualdad, corrupción y mal

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a mejora de la demanda interna debe cimentarse en mejores salarios y empleos de más calidad, inversión pública, y más y más barata financiación de las Pymes.

gobierno. Hasta ahora lo han dicho las encuestas. A lo largo de los procesos electorales del 2015 lo dirán las urnas, con el fin más que probable del bipartidismo imperfecto que nos legó la transición, con Podemos y, en menor medida, Ciudadanos como agentes principales de esa ruptura. Una de las componentes –no la única, desde luego– de cualquier alternativa a la crisis política española debería ser la reforma de la Constitución. El artículo de Ignacio Fernández Toxo y Fernando Lezcano que sobre esta cuestión reproducimos se sitúa, a mi juicio, en ese camino necesario de la reforma en profundidad, alejado tanto de la opción de los “leves retoques imprescindibles” como de la tabla rasa de la apertura de un proceso constituyente. También nos recuerdan, era necesario, todo lo bueno que conserva la Constitución de 1978. Ante los cambios que van a alterar el panorama político de España y de Europa, el reto de las fuerzas políticas y sociales es lograr que dichos cambios no nos precipiten hacia un escenario de inestabilidad permanente sino que fundamenten un cambio de rumbo hacia lo que reclaman las grandes mayorías: sociedades más justas, más igualitarias y más democráticas. Los lemas de la Revolución Francesa -libertad, igualdad y fraternidad- que volvieron a escucharse en las calles de París el 11 de enero siguen teniendo plena vigencia. 3

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Atocha Jorge M. Reverte | EL PAÍS, 22 ENE 2015

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El 24 de enero, 38 aniversario de los Abogados de Atocha El 24 de enero de 1977, hace ya 38 años, un grupo de pistoleros de extrema derecha irrumpieron en el despacho de abogados laboralistas de CCOO y del PCE situado en el número 55 de la calle Atocha y ametrallaron a las nueve personas allí presentes. Fallecieron los abogados: Javier Sauquillo Pérez del Arco, Luis Javier Benavides Orgaz, Enrique Valdelvira Ibañez, Serafín Holgado de Antonio y el sindicalista Ángel Rodríguez Leal. Resultaron gravemente heridos: Alejandro RuizHuerta Carbonell, Mª. Dolores González Ruiz, Luis Ramos Pardo y Miguel Sarabia Gil. Premios ‘Abogados de Atocha’. El Patronato de la Fundación Abogados de Atocha de CCOO, ha acordado premiar y reconocer en esta 11ª edición a la jueza María Servìni, la jueza de la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo y a los actores Juan Diego y Concha Velasco, que recogerán el galardón en representación de los artistas que protagonizaron la Huelga de Actores de 1975.

ace ya 38 años que una banda de pistoleros fascistas asesinó en un despacho laboralista de la calle Atocha de Madrid a cinco de sus trabajadores e hirió gravemente a otros cuatro. Atocha fue para España lo que Charlie Hebdo ha sido para Francia, aunque las connotaciones son muy distintas. Atocha en 1977 era una calle que olía a calamares. Desde la estación, pasando por debajo del escalextric, hasta después de Antón Martín, los bares, más que en toda Escandinavia junta, le daban ese aroma que comenzaba y todavía comienza en El Brillante y se cerraba cerca del Ministerio de Asuntos Exteriores. Atocha olía entonces a trabajador del metal y de la construcción. Y olía a comunista. En aquel piso del número 49, los fascistas dieron sin quererlo la gran oportunidad para que la hoy denostada Transición se pudiera acometer con éxito. ¿Cómo se puede decir, si uno es un bien nacido, que aquello fue un pacto de élites? ¿Cómo se puede decir eso de un proceso que se cimentó en la sangre de toda aquella gente? Porque Atocha sigue oliendo a calamares y todavía huele algo a una cosa que parece del pasado: a clase obrera, a trabajadores organizados, a gente que les defienda de una reforma laboral que tiene solo una cara: el abaratamiento de la mano de obra. Dentro de dos días se conmemora el aniversario de aquella matanza. El edificio está vacío a la espera de una declaración de ruina, y el monumento basado en un cuadro de Genovés aparece cada día cubierto de pintadas que ignoran qué significa. Pongámonos en lo peor, en que nada de todo aquello haga falta. Nos ponemos en eso, pero también en que en ese sitio habitaban la solidaridad y el ansia de libertad de todo un pueblo. Hoy je suis CC OO.

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Ignacio Fernández Toxo| Secretario General de la Confederación Sindical de CCOO Fernando Lezcano| Secretario de Organización y Comunicación de la Confederación Sindical de CCOO

Reforma de la Constitución: una reforma inaplazable

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on muchas las voces que desde hace un tiempo vienen planteando la necesidad de una reforma constitucional. Salvo el partido en el Gobierno –noqueado ante una realidad adversa en todos los frentes y sustanciada en unas expectativas electorales que ni la campaña propagandística sobre la inmediatez de la salida de la crisis puede enderezar– la mayoría de fuerzas políticas, sindicales y sociales vienen haciéndose eco de la necesidad de una reforma constitucional que a estas alturas se presenta como inaplazable. Bien es cierto que las motivaciones que llevan a un planteamiento de esta naturaleza y la finalidad de las mismas son diversas. Una de las que más resonancia pública esta alcanzando se justifica ante la dimensión que la reivindicación independentista está adquiriendo en Catalunya, con los antecedentes del Plan Ibarretxe y las dinámicas que el éxito de la misma podría desencadenar. Está clara la motivación pero no su objetivo último, ¿regular un encaje diferente de Catalunya en España por la vía de un reconocimiento del hecho diferencial, modelo Euskadi-Navarra? ¿O se trata de una reforma constitucional que persiga dotar a España de una configuración Federal? Cabe incluso la posibilidad de que alguno se plantee la necesidad de la citada reforma en clave recentralizadora, que de todo hay. Otra de las tendencias que más eco está adquiriendo en el debate político es la que parte de considerar que la Constitución del 78 es un “candado” que hay que romper para, a través de un proceso constituyente, canalizar la efervescencia de las demandas de regeneración democrática que con la crisis económica y la saturación de casos de corrupción se han colocado a flor de piel de una ciudadanía castigada y harta. Esta tesis interpreta la Constitución como el marco que ha propiciado un “régimen” que es el causante de todos los males que padece la sociedad española en el presente.

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a Constitución de 1978 trajo un nuevo régimen, pero fué un régimen democrático, perfectamente homologable a los existentes en los países de nuestro entorno, que enterraba cuarenta años de dictadura tras fuertes luchas populares en las que los trabajadores y trabajadoras tuvieron el mayor protagonismo. En nuestra opinión, el auge del independentismo en Catalunya es un factor a tener en cuenta pero no en sí mismo, sino como expresión de un fenómeno más complejo, a medio camino de una realidad histórico cultural insuficientemente resuelta en la transición; de una acción de los Gobiernos que se han sucedido desde entonces, que tanto desde el centro como desde Barcelona, han venido jugando a los equilibrios inestables en be-

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neficio recíproco; de una instrumentalización, por unos y otros, del fenómeno para preservar intereses políticos poco confesables, y de una crisis, y la gestión hecha de ella, que lleva a los ciudadanos a creer encontrar “salidas” en objetivos sencillos que concitan fuertes vínculos sentimentales. La “crisis catalana” pone de manifiesto los límites del modelo territorial consagrado en el Título VIII de la Constitución de 1978, cuando no el agotamiento del mismo, si bien no es solo por esto que se justifica ahora la urgencia de la reforma. De la misma manera pensamos que la visión adanista hoy de la transición es una aproximación ahistórica al período en que se tuvo que construir una democracia después de 40 años de dictadura, visión que podría inducir a errores futuros. Es lícito el debate sobre cómo se fraguó la transición, pero una reflexión rigurosa sobre aquel proceso debe incluir necesariamente una contextualización en la que se tengan en cuenta las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales de la sociedad española de entonces y no se pierda de vista en que términos estaba planteada la hegemonía social. La referencia a la contextualización no es una excusa para justificar lo que unos y otros hicimos en aquel momento, sino un recurso metodológico indispensable en cualquier aproximación histórica. La Constitución de 1978, efectivamente trajo un nuevo régimen, pero fué un régimen democrático, perfectamente homologable a los existentes en los países de nuestro entorno, que enterraba cuarenta años de dictadura tras fuertes luchas populares en las que los trabajadores y trabajadoras tuvieron el mayor protagonismo. No compartimos esa «enmienda a la totalidad» simplemente porque ni el contexto en el que se produjo la transición lo podemos obviar, ni es cierto que el texto constitucional encierre un «régimen» perverso que ha provocado la degradación política que estamos padeciendo. Basta con hacer una relectura de la Constitución despejados de prejuicios para ver que su contenido es avanzado y que ha tenido la virtud de colocarnos en la historia democrática del mundo, acabando con una tradición de asonadas militares que nos asemejaba más a los países del sur de América que a los del norte de Europa. El deterioro político institucional que sufrimos,

y que con la crisis ha alcanzado niveles desconocidos hasta ahora, no radica en la Constitución sino más bien en el escaso uso que se ha hecho de ella. En nuestra opinión, cuando afirmamos que el entramado político institucional creado en la transición, con el telón de fondo de la Constitución, está agotado, lo que queremos decir es que está agotada una forma de hacer política que poco o nada tiene que ver con los principios constitucionales.

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asta con hacer una relectura de la Constitución despejados de prejuicios para ver que su contenido es avanzado y que ha tenido la virtud de colocarnos en la historia democrática del mundo, acabando con una tradición de asonadas militares que nos asemejaba más a los países del sur de América que a los del norte de Europa.

Basta con recordar el preámbulo de la Constitución para ver la naturaleza de los valores que la inspiran y observar su vigencia y actualidad: “– Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. – Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. – Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. – Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. – Establecer una sociedad democrática avanzada, y – Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.” Hoy, a nuestro entender, a esta declaración de principios le podríamos objetar el uso de un lenguaje poco respetuoso con los aspectos de género, lo que era habitual en la época en que fue redactada, pero difícilmente podríamos reprocharle

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mucho más, pues afirmaciones como “garantizar la convivencia democrática; un orden económico y social justo; que impere la ley como expresión de la voluntad popular; el respeto a las culturas, tradiciones, lenguas e instituciones; promover el progreso cultural y económico para garantizar una digna calidad de vida; fomentar las relaciones pacíficas y de cooperación entre los pueblos”, contienen todos los elementos que definen la mejor tradición del pensamiento democrático en el que se incluye la izquierda, también aquella más rabiosamente anticapitalista. El preámbulo constitucional nos parece suficientemente revelador, pero el tratamiento dado en otros artículos a diversas cuestiones también nos merece una opinión positiva, difícil de imaginar en contextos de hegemonía conservadora como los que estamos atravesando. El reconocimiento del papel de los sindicatos en los artículos 7 y 28, y a la negociación colectiva en el artículo 37; el tratamiento dado al derecho al trabajo y a una retribución digna (art.35), a una política orientada al pleno empleo, valorando el papel de la formación y la readaptación profesional (art.40); a un régimen público de Seguridad Social, a prestaciones suficientes en caso de necesidad, sobre todo de desempleo (art. 41); a una vivienda digna, donde se habla incluso de regular la utilización del suelo para evitar la especulación (art. 47); la regulación de los derechos democráticos de la ciudadanía pudiendo promover Iniciativas Legislativas Populares (art. 87.3) o que las decisiones de especial trascendencia “puedan ser sometidas a referéndum consultivo” (art. 92). El título VII dedicado a Economía y Hacienda merece una mención especial por lo que supone de contradicción flagrante entre lo que postula la Constitución y las políticas implementadas por los sucesivos gobiernos que se han alternado en estos años de vida democrática. En el artículo 128.2 se reconoce el papel de la iniciativa pública en la actividad económica; en el 129 se habla de facilitar el acceso de los trabajadores a los medios de producción; en el 131.1 se recoge que el Estado podrá planificar la actividad económica y el punto 2 de este mismo artículo contempla la participación de los sindicatos en esta tarea. Los artículos citados son expresión de una determinada correlación de fuerzas en el momento

de negociar los contenidos constitucionales que definen el carácter de economía social y de mercado que caracteriza a la Constitución del 78, que marcan su carácter avanzado y que no pueden ser minusvalorados y mucho menos despreciados. Otra cosa es, como decíamos más arriba, la acción de gobierno y como ésta se ha alejado progresivamente de los preceptos constitucionales.

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tra cosa es la acción de gobierno y como ésta se ha alejado progresivamente de los preceptos constitucionales. Los ejemplos son muchos y difícilmente discutibles, pero por citar solo uno, nos podemos referir a la liberalización del suelo promovida por el Gobierno de Aznar, liberalización que animó una especulación sin precedentes (justo lo que la Constitución pretende evitar) que en gran medida fue la causante de la burbuja inmobiliaria que está en el origen de la devastadora crisis por la que todavía transitamos.

Los ejemplos son muchos y difícilmente discutibles, pero por citar solo uno, nos podemos referir a la liberalización del suelo promovida por el Gobierno de Aznar, liberalización que animó una especulación sin precedentes (justo lo que la Constitución pretende evitar) que en gran medida fue la causante de la burbuja inmobiliaria que está en el origen de la devastadora crisis por la que todavía transitamos. En definitiva, para nosotros la Constitución, pese a insuficiencias evidentes incluso en el momento de su aprobación, como son la forma de Estado o el mal resuelto modelo territorial, ha jugado un papel fundamental. Ha contribuido a alejar la negra noche del franquismo, ha asentado un sistema democrático, ha permitido un nivel de desarrollo económico sin precedentes, avances en educación y en salud que nos han aproximado a estándares europeos… Nuestra permanente crítica a las insuficiencias de nuestro modelo económico y social, no puede

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llevarnos a negar lo que es una realidad poco discutible a poco que se tenga perspectiva histórica. Los que vivimos y luchamos por los derechos democráticos antes y lo seguimos haciendo después, sabemos de lo que hablamos. El deterioro institucional que sufrimos no se debe tanto al “encorsetamiento” que algunos le atribuyen a la Constitución, como a la combinación de una serie de factores: La apuesta de los sucesivos gobiernos por un crecimiento económico acelerado sobre una base tan perversa como la del todo vale; a unas maneras de ejercer la acción política que ha tratado a los ciudadanos y ciudadanas como estúpidos y cuya consecuencia ha sido el progresivo alejamiento de éstos del hecho público; a la connivencia del poder político con el poder económico que ha favorecido la utilización reiterada de los espacios de gobierno en beneficio de intereses particulares, corporativos o partidistas, animando una corrupción que se ha convertido en motivo de escándalo cotidiano; a una gestión de la crisis en la que los más desfavorecidos han visto como, día a día, sus condiciones de vida y de trabajo empeoraban mientras las élites económicas y sociales incluso mejoraban su situación de partida… y a un modelo electoral que distorsiona seriamente el sentido del voto que la ciudadanía emite en las urnas. Porque quienes han gobernado no han promovido ni la justicia ni el bien común como mandata la Constitución, sino que se han valido de ésta para impulsar unas políticas al servicio de un determinado modelo económico a favor de los más poderosos, unas veces por “solidaridad de clase” y otras por la ingenuidad de pensar que favoreciendo la riqueza de unos acabarían beneficiándose todos. No es menor el daño que hace al crédito institucional una forma de gobernar alejada de los usos democráticos que exigirían una mayor participación de la ciudadanía, no solo en ocasión de las citas electorales. Solo hay que recordar la suerte que han corrido las escasas Iniciativas Legislativas Populares, ninguneadas por la fuerza de mayorías absolutas ganadas gracias a la Ley D`Hont, que han terminado, a base de Reales Decretos, hurtando también parte de sus funciones al propio Parlamento. El reconocimiento del papel jugado por la Cons-

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l reconocimiento del papel jugado por la Constitución y la convicción de que la crisis político institucional que sufrimos tiene su origen en otros fenómenos solo relacionados con ella de forma tangencial, no impide que consideremos que la Constitución del 78 responde a un tiempo que en corto espacio ha cambiado de manera radical.

titución y la convicción de que la crisis político institucional que sufrimos tiene su origen en otros fenómenos solo relacionados con ella de forma tangencial, no impide que consideremos que la Constitución del 78 responde a un tiempo que en corto espacio ha cambiado de manera radical. La sociedad española ha evolucionado de manera muy significativa en los treinta y seis años que nos separan de la aprobación de la Constitución. Algunos de los cambios que nos interesan destacar y que contribuyen a explicar por qué creemos que debe ser reformada la Constitución y en que dirección debe abordarse ésta son los siguientes: - España se incorporó al embrión de la actual Unión Europea en 1986. Los ocho años transcurridos entre la aprobación de la Constitución y la entrada en el antiguo Mercado Común, ya supo-

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nen un desajuste cronológico que no se puede dar por resuelto con la reforma del artículo 13.2 sobre los derechos de los extranjeros que se acometió en agosto del 92. Máxime cuando, desde entonces a esta parte, la Comunidad Europea ha evolucionado de un ámbito para la superación de las barreras comerciales a un proyecto que avanza, con no pocos tropiezos pero de manera difícilmente reversible, hacia formas federales. De un país aislado en todos los órdenes hemos pasado a estar plenamente integrados en el mundo y particularmente en Europa, y este hecho indiscutible requiere ser contemplado como corresponde en el texto constitucional. - Las nuevas dinámicas económicas y sociales registradas a lo largo de este tiempo. El modelo económico concebido en nuestra Constitución se ha visto pervertido por las sucesivas acciones de Gobierno. El exponente máximo de esta afirmación lo encontramos en la precipitada y alevosa introducción de la “regla de oro del pago de la deuda”, pactada, sin el más mínimo debate y sin que la ciudadanía pudiese expresarse al respecto, por los dos partidos mayoritarios. El fondo de la nueva redacción del artículo 135 antepone el pago de la deuda a cualquier otra consideración, lo que es contradictorio con la finalidad última de la Constitución, que, como hemos visto al citar los valores recogidos en el Preámbulo de la misma, debe procurar, antes que nada, el bienestar de la ciudadanía. Por su parte, el modelo social configurado en la actual Constitución nos habla de asegurar unos ingresos suficientes, sobre todo en situaciones de desempleo. Con un desempleo que ni en los períodos de bonanza hemos conseguido bajar del 8% y en la actualidad con más de cinco millones y medio de personas desempleadas, de las cuales más de dos millones han dejado de percibir cualquier tipo de ingreso, hace pensar en que la Constitución se queda corta para garantizar unos mínimos de supervivencia. Algo similar sucede con los elementos que contribuyen a definir el Estado de bienestar. Una sociedad que en tan poco tiempo ha adquirido los rasgos propios de las sociedades desarrolladas: caída de la natalidad; envejecimiento de la población que, acompañado de una notable prolongación de la esperanza de vida, ha dejado cortas las medidas contempladas a este respecto en el

texto constitucional. Ahora no solo podemos abordar la situación de los jóvenes, los “disminuidos físicos” y de la tercera edad, como se contempla en los artículos 48, 49 y 50; habría que hacer referencia a los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales y plantearnos también la protección de las personas en situación de dependencia. - El desarrollo económico, que ha coincidido en las últimas décadas con la eclosión de las tecnologías de la información y la comunicación, definiendo los perfiles de las denominadas socieda-

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l desarrollo económico, que ha coincidido en las últimas décadas con la eclosión de las tecnologías de la información y la comunicación, definiendo los perfiles de las denominadas sociedades del conocimiento, ha ido conformando una sociedad muy distinta a la de entonces. Tenemos una sociedad más formada y consciente de sus derechos y por tanto más exigente.

des del conocimiento, ha ido conformando una sociedad muy distinta a la de entonces. Tenemos una sociedad más formada y consciente de sus derechos y por tanto más exigente. Exigencia que ha crecido a medida que la gestión de la crisis ha resaltado las desigualdades y ha llevado la corrupción hasta límites insoportables. La tolerancia hacia este fenómeno se ha agotado y estamos ante una ciudadanía que ya no está dispuesta a pasar por alto lo que hasta hace poco disculpaba. Estamos ante una exigencia de mayor participación democrática que deja corto lo regulado en el artículo 87.3 sobre la Iniciativa Legislativa Popular y en el artículo 149, cuando al especificar las competencias exclusivas del Estado, en la 32, se aborda el recurso a la consulta popular. Consulta negada una y otra vez, no solo ante iniciativas desde las Comunidades Autónomas como acaba de suceder con Catalunya y Canarias, sino ante situaciones como la derivada del flagrante incumplimiento, desde el primer día, por el actual Gobierno del programa electoral con el que el

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Partido que le da soporte concurrió a las últimas elecciones. - Igualmente, la sociedad española, como todas las que han alcanzado ciertos niveles de desarrollo, ha evolucionado hacia el laicismo. En todo caso, la realidad multicultural propia de estos tiempos ha traído consigo una pluralidad de credos religiosos que no se corresponde con lo recogido en la Constitución cuando en el artículo 16.3 se habla de “aconfesionalidad del Estado” y acto seguido se da un trato privilegiado a la religión católica. Lo mismo sucede con el artículo 27.3 cuando al regular el derecho a la educación se contempla el derecho a la formación religiosa, que está en el origen de un debate permanente sobre la impartición de la asignatura de religión católica en los centros educativos públicos. Los cambios sociológicos han sido de tal magnitud que han afectado a todos los órdenes de las relaciones sociales y, en esa medida, valores que tenían un fuerte anclaje en la vinculación entre iglesia y estado, hasta el punto de condicionar los usos y costumbres ciudadanas, han sido trastocados. Una sociedad que perseguía la orientación sexual distinta a la permitida por la iglesia católica ha pasado no solo a reconocer la libertad sexual sino a ser una de las que primero ha legislado sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Así no parece muy moderna la definición que se hace en el artículo 32 del matrimonio como aquella unión entre hombre y mujer. - La globalización sobre postulados neoliberales ha contribuido a difuminar las fronteras y ha generado una aculturación de los países que ha animado una reacción de repliegue identitario que persigue preservar la idiosincrasia que tradicionalmente ha venido definiendo a los pueblos ante el riesgo de que ésta quede diluida definitivamente. Esta dinámica, también espoleada por la crisis, ha contribuido notablemente a que el modelo de organización territorial, mal resuelto en el 78 en lo que concierne a las nacionalidades históricas, haya eclosionado en un auge nunca visto de la reivindicación independentista en Catalunya. A la vista de los acontecimientos, parece evidente que el modelo autonómico, regulado en el Título VIII, si en un momento supuso una solución de compromiso, se ha agotado. El artículo 145.1, que establece que en ningún caso se admitirá la federación de CCAA, se presenta como un

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a ciudadanía se merece de sus dirigentes la altura de miras suficiente como para, tejiendo los consensos necesarios, desde la máxima participación de la ciudadanía, cerrar un ciclo que muestra claros síntomas de agotamiento, para poder inaugurar otro nuevo y prolongado de renovada convivencia.

corsé que la realidad se encarga de reventar y lo mismo sucede con la distribución de competencias asignadas a las CCAA y las que son exclusivas del Estado. Antes al contrario, a estas alturas, para nosotros es indispensable reconocer el agotamiento del modelo y hay que hacerlo más pronto que tarde si no queremos alimentar por acción u omisión la reivindicación independentista. Las legítimas aspiraciones a la asunción de mayores cotas de autogobierno por parte de los pueblos que conforman el Estado español pueden y deben ser reguladas dotándonos de un modelo federal. - En este tiempo, España ha entrado en las alianzas militares y aunque lo hizo de forma engañosa por el primer gobierno del PSOE y contra una gran oposición ciudadana, lo cierto es que este hecho ha contribuido a cambiar de manera

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radical el concepto de defensa. Del ejército de levas se ha pasado a un ejército profesional y de un ejército concebido para defender militarmente un régimen dictatorial se ha avanzado hacia un ejército redimensionado y significativamente más reducido que participa en labores humanitarias en diversas partes del mundo. No obstante, en nuestro texto constitucional sigue presente una concepción del ejército como garante de la unidad de la patria que poco o nada tiene que ver con la que ha ido adquiriendo en todos estos años. Es también un anacronismo limitar el derecho de sindicación en las FFAA (art. 28.1), que en la práctica se extiende a las fuerzas de Seguridad, o que siga recogida la pena de muerte en caso de guerra (art. 15). - En 1978, pese a la fuerte tradición republicana española, la pervivencia en el imaginario colectivo de la idea, convenientemente alimentada por la dictadura durante casi cuarenta años, de que la II República había sido la causante de la guerra civil, y las medidas adoptadas por el antiguo régimen entronizando la monarquía hicieron que el pueblo español no pudiese pronunciarse respecto a la forma de Estado y tuviéramos que aceptar, de forma complaciente unos y a regañadientes otros, la monarquía parlamentaria. Hoy, la sociedad española no solo ha cambiado desde todo punto de vista, como hemos señalado, sino que ha podido comprobar por experiencia propia lo que da de sí la monarquía y a la vez goza de la madurez suficiente para que los temores del pasado no puedan esgrimirse de manera que amordacen su opinión al respecto. Consideramos llegado el momento de poder consultar al pueblo español si desea seguir bajo una monarquía parlamentaria o, por el contrario, es partidario de una tercera República superando lo que no deja de ser un anacronismo histórico. En conclusión, aunque los valores constitucionales, aquí como en cualquier otra parte, deben ser imperecederos, lo cierto es que la forma de darles contenido debe actualizarse, máxime si la realidad hace que éstos estén en permanente tensión. Deben actualizarse a través de los mecanismos contemplados en la propia Carta Magna, en su Título X, sobre la reforma constitucional. Una re-

forma que, en nuestra opinión, debe concitar, como mínimo, los apoyos que tuvo la Constitución del 78, para ser finalmente refrendada por la ciudadanía española. Una reforma que no puede limitarse a plantear soluciones al permanente debate sobre la articulación territorial del Estado -que también-, sino que debe ser la oportunidad para incorporar las

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na reforma que no puede limitarse a plantear soluciones al permanente debate sobre la articulación territorial del Estado –que también–, sino que debe ser la oportunidad para incorporar las nuevas realidades, algunas tan indiscutibles como nuestra plena inserción en Europa; profundizar en el carácter social de nuestro modelo económico, lo que nos daría la oportunidad de regular una renta mínima o la atención a la dependencia; introducir nuevos mecanismos de democracia directa acordes con las exigencias de una sociedad española madura...

nuevas realidades, algunas tan indiscutibles como nuestra plena inserción en Europa; profundizar en el carácter social de nuestro modelo económico, lo que nos daría la oportunidad de regular una renta mínima o la atención a la dependencia; introducir nuevos mecanismos de democracia directa acordes con las exigencias de una sociedad española madura, como la iniciativa legislativa popular sin cortapisas y la consulta ciudadana no restringida a la competencia del Estado, y abordar democráticamente un debate irresuelto sobre nuestra forma de Estado. La ciudadanía se merece de sus dirigentes la altura de miras suficiente como para, tejiendo los consensos necesarios, desde la máxima participación de la ciudadanía, cerrar un ciclo que muestra claros síntomas de agotamiento, para poder inaugurar otro nuevo y prolongado de renovada convivencia. 3

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Carlos Martín Urriza| Responsable del Gabinete Económico de la Confederación Sindical de CCOO

La apuesta presupuestaria por menos economía mixta, peores servicios públicos y más desigualdad

Los presupuestos impulsarán débilmente el crecimiento

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os recientemente aprobados Presupuestos Generales del Estado para 2015 desarrollan la apuesta del Gobierno del PP -diseñada en su Programa de Estabilidad 2014-2017- por un Estado cada vez más pequeño. Un sector público menguado significa peores servicios públicos y menor capacidad del Estado para orientar el desarrollo del país y defender a los trabajadores, consumidores y pequeñas empresas de los abusos de las grandes corporaciones nacionales e internacionales. Asimismo, un Estado débil difícilmente podrá corregir la falta de competencia en los mercados oligopolizados, donde muchas de estas grandes empresas operan. Unos servicios públicos de mala calidad provocan la huida de la clase media hacia alternativas privadas y que se reclamen, a continuación, bajadas de impuesto, poniéndose en marcha un círculo que termina arrinconando los servicios públicos en tareas de auxilio social. Este deterioro interesa a los grupos privados que se mueven en los aledaños de los partidos que gobiernan, donde presionan para que, como primera etapa de su plan de negocio, la prestación del servicio se privatice aunque su financiación siga siendo pública. El propio Gobierno reconoce en su Informe de Reforma de la Administración Pública (CORA) que el sector público español es pequeño. El porcentaje que representa el gasto público sobre el PIB (43,3%) se situaba 6,4 puntos por debajo del nivel medio de la Eurozona (49,7%) en 2013. Lo mismo sucede con los ingresos públicos, que en España están (36,9% del PIB) 9,4 puntos por debajo de la Eurozona (46,3%). A pesar de esta gran distancia, la política presupuestaria del Gobierno aleja a España aún más de las economías europeas más avanzadas, que cuentan con Estados fuertes capaces de crear mercados eficientes y competitivos, de orientar el desarrollo del tejido productivo hacia actividades de futuro y de cohesionar la sociedad con servicios públicos

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n presupuesto expansivo en el gasto tendría, ahora que se ha completado el ajuste de oferta de la economía española, un importante efecto tracción sobre la actividad económica.

universales y de calidad, que garantizan la igualdad de oportunidades. El gasto no financiero del presupuesto consolidado del Estado, la Seguridad Social y los Orga-

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nismos Autónomos se reducirá un 0,3%, en términos reales, en 2015. El gasto sólo del Estado se recortará en 2.856 millones. La rebaja se localiza en el Servicio Público de Empleo Estatal que reduce sus gasto en 4.217 millones, a pesar de tener España una tasa de desempleo de las más altas de Europa (casi una de cada cuatro personas que quiere trabajar está en paro) y de que la tasa de cobertura de la protección por desempleo ha caído veinte puntos. Hoy cuatro de cada diez desempleados no están protegidos. El salario consolidado de los empleados públicos se congela por quinto año consecutivo, acumulando una pérdida de entre el 15% y el 20% en su poder de compra desde 2009, y la oferta de empleo público, nuevamente, ni siquiera cubrirá las bajas por jubilación, ahondando en el deterioro de la atención pública. Las pensiones recortarán su valor real un 0,35% en 2015. La inversión pública crecerá (6%) de manera insuficiente para compensar el duro ajuste sufrido a lo largo de la crisis y el gasto en I+D+i aumentará testimonialmente, vehiculándose en gran parte a través de créditos, que terminan no ejecutándose en muchos casos. La inversión no sólo debería crecer más sino también reorientarse desde lo físico hacia lo intangible, desde las infraestructuras a la mejora tecnológica y la calidad de la producción y los procesos de las empresas. No necesitamos más líneas de alta velocidad que lleguen a más capitales de provincia, por muchos votos que crea el político de turno que va obtener por llevar el AVE a su pueblo; lo que necesitamos es más industria. La poca atención prestada por los presupuesto a estas cuestiones indica que no tienen intención de impulsar un nuevo modelo de crecimiento, donde ganen protagonismo las actividades industriales y los servicios de alto valor añadido. Como resultado, el empleo seguirá creciendo siguiendo su patrón tradicional, en los servicios de bajo valor añadido, como el comercio al por menor y la hostelería, que crean, fundamentalmente, empleos inestables remunerados con salarios bajos. Por el lado de los ingresos, las estimaciones presupuestarias para 2015 están infladas. Prevén un crecimiento de los ingresos de la Administración Central del 5,1% y del 5,4% en la recaudación, cuando los ingresos del Estado, la Seguridad Social y las Comunidades Autónomas crecerán sólo un 1,8% en 2014, con un aumento del PIB nomi-

nal de sólo 0,9 puntos por debajo del estimado para 2015. Se espera, asimismo, que la recaudación del Impuesto de Sociedades suba un inverosímil 20,4% y que las cotizaciones a la Seguridad Social aumenten en casi 7.000 millones (6,8%) con un crecimiento del empleo y la remuneración por asalariado no muy diferente a la de 2014, año en que la recaudación sólo se incrementó en 849 millones. Los ingresos están, además, influidos por una reforma fiscal superficial que no tiene el carácter estructural que demanda el sistema y que se limita a bajar, de manera indiscriminada y regresiva, el IRPF y el Impuesto de Sociedades, lo

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l porcentaje que representa el gasto público sobre el PIB (43,3%) se situaba 6,4 puntos por debajo del nivel medio de la Eurozona (49,7%) en 2013. Lo mismo sucede con los ingresos públicos, que en España están (36,9% del PIB) 9,4 puntos por debajo de la Eurozona (46,3%). A pesar de esta gran distancia, la política presupuestaria del Gobierno aleja a España aún más de las economías europeas más avanzadas. que provocará una caída de la recaudación de entre 9.000 y 12.000 millones de euros en los próximos tres años. Con todo, la reforma sólo tendrá una influencia ligeramente positiva sobre el crecimiento en 2015, de dos o tres décimas, y un importante efecto negativo sobre la equidad, provocado por el recorte del peso de la recaudación directa y de la progresividad. Se renuncia así a configurar un presupuesto que impulse de manera vigorosa el crecimiento: aumentando las partidas de gastos con mayor efecto multiplicador sobre la demanda interna, rebajando los impuestos sólo de las familias de menos renta y mayor propensión al consumo, y elevándolos allí donde la presión fiscal es baja en comparación a Europa y la falta de equidad en la distribución de las cargas fiscales es mayor. Lograr un crecimiento vigoroso que alcance a toda la sociedad y reduzca de manera importante el desempleo exige un presupuesto con más gasto

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público en inversión y en I+D+i, para propiciar una economía basada en el conocimiento y el empleo estable. Se necesita un presupuesto que termine con la congelación de los salarios de los empleados públicos y, al menos, garantice la cobertura de todas las bajas en los distintos niveles de la Administración. Que financie un plan de empleo para recuperar a los desempleados que llevan más tiempo desocupados, dándoles formación y protección, y evitando que se conviertan en paro estructural. Un presupuesto que tenga como objetivo empezar a recuperar la cohesión social y reducir la desigualdad, la pobreza y la exclusión social, que han crecido por la larga duración de la crisis, pero también, por el recorte indiscriminado y excesivo de las políticas redistributivas, y por las reformas laborales, que han aumentado los despidos por encima de lo necesario y provocado una devaluación salarial que ha hecho que encontrar un empleo ya no sea una garantía para salir de la pobreza. Un presupuesto expansivo en el gasto tendría, ahora que se ha completado el ajuste de oferta de la economía española, un importante efecto tracción sobre la actividad económica. Ahora bien, cualquier programa de aumento del gasto público exige reformar los mecanismos y los procesos de control y rendimiento de cuentas. Las democracias europeas más avanzadas no sólo se caracterizan por tener Estados fuertes sino también por llevar a cabo una gestión eficiente del gasto público. En efecto, no sólo se trata de mejorar los servicios públicos equiparando el nivel de recursos relativos a la media de Europa, sino de hacer también que éstos se gasten e inviertan con criterios de ahorro y eficiencia. El rendimiento claro de cuentas a los contribuyentes sigue siendo –más allá del simulacro de la CORA- una de las reformas estructurales pendientes en todos los niveles de la Administración española. Para conseguirlo sería necesario que todas las unidades administrativas llevaran una contabilidad de costes con criterios comunes, que permitieran hacer comparaciones homogéneas entre las distintas unidades de producción y gestión, para un mismo estándar de calidad y descontadas las especificidades

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l salario consolidado de los empleados públicos se congela por quinto año consecutivo, acumulando una pérdida de entre el 15% y el 20% en su poder de compra desde 2009, y la oferta de empleo público, nuevamente, ni siquiera cubrirá las bajas por jubilación, ahondando en el deterioro de la atención pública. de la población y el territorio donde se presta el servicio. De esta manera, el contribuyente podría comparar y saber si sus impuestos se gastan con austeridad y sin despilfarros. Asimismo, si queremos disfrutar de buenos servicios públicos habrá que financiarlos adecuadamente. El motivo por el que los países europeos más avanzados tienen mejores servicios públicos se explica no sólo por su mayor renta per cápita, sino también porque pagan más impuestos, porque gestionan mejor el dinero público y porque combaten con más recursos y menos restricciones las bolsas de fraude fiscal y a la Seguridad Social. 3

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Año 7 después de la crisis: Más pobres, con mayor desigualdad social, con menor protección social. Bruno Estrada López| Director de Estudios de la Fundación 1º de Mayo

España es un país más pobre en el escenario internacional

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spaña y Grecia, países a los que se les ha sometido a duras políticas de ajuste como consecuencia de la crisis, han reducido su PIB, tomando como base 100 el valor de 2007 en 2013 nuestra economía representaba tan solo el 94,3% de la de 2007, mientras que en caso de Grecia la contracción ha sido mucho mayor, su PIB en 2013 era tan solo un 76,4% del de 2007. Mientras que el PIB en 2013 de otros países, como Alemania y EEUU, que también sufrieron inicialmente los efectos de la crisis financiera global, pero que posteriormente no se vieron castigados con políticas de recortes de gasto público y de devaluación salarial, ha crecido respecto al de 2007, un 4,2% y un 5,9% respectivamente. En el caso de EEUU la política monetaria expansiva desarrollada por la Reserva Federal, que ha financiado parte del importante crecimiento del gasto público experimentado por EEUU en esos años, ha sido una de las claves de su rápida recuperación. Mientras que Alemania se ha beneficiado de la restrictiva política monetaria del BCE

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n el caso de EEUU la política monetaria expansiva desarrollada por la Reserva Federal, que ha financiado parte del importante crecimiento del gasto público experimentado por EEUU en esos años, ha sido una de las claves de su rápida recuperación. frente a los países con problemas de financiación exterior, ya que las restricciones monetarias en la zona euro han incrementado las incertidumbres sobre el futuro de esos países y han tenido como resultado un mayor flujo de capitales, esto es, de financiación barata hacía Alemania, buscando la seguridad de las inversiones. Un caso muy diferente es el de economías emergentes, como China, que no se vieron muy afectadas por la crisis financiera originada en EEUU en el verano de 2007, en gran parte por sus mecanismos

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Evolución PIB 2007-2013 (2007 = Base 100)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del FMI.

de regulación de los flujos de capitales exteriores, y han seguido creciendo a tasas muy elevadas. En 2013 el PIB de China era un 66,4% superior al de 2007. En los informes del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2010, 2011 y 2012 se reconoce que “la volatilidad de los flujos de capital jugo un papel muy crítico en la crisis reciente, tanto al incrementar las vulnerabilidades como al transmitir el shock entre países”, por lo que el FMI recomienda, a posteriori, que “se podrían emplear medidas de gestión de los flujos de capital para hacer frente a los riesgos macroeconómicos y financieros relacionados con la afluencia de capitales”, concluyendo que: “la liberalización de los flujos de capital no es un objetivo adecuado para todos los países en todo momento. En el caso de las grandes economías de mercados emergentes de importancia sistémica podría ocasionar considerables efectos multilaterales (como implicaciones para la estabilidad financiera)”. España es un país con más pobres. Este empobrecimiento global de España en el ámbito internacional se ha producido de forma muy desigual en el interior de nuestro país, según la OCDE el 10% de la población con mayores ingresos perdió en el periodo 2007-2010 un 3% de sus

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ste empobrecimiento global de España en el ámbito internacional se ha producido de forma muy desigual en el interior de nuestro país, según la OCDE el 10% de la población con mayores ingresos perdió en el periodo 2007-2010 un 3% de sus ingresos, mientras que la población más pobre perdió un 33%.

ingresos, mientras que la población más pobre perdió un 33%. Como consecuencia de ello se han incrementado las ya elevadas desigualdades de la sociedad española: en 2007 el 10% de la población más rica era, como media, 9,4 veces más rica que el 10% de la población más pobre, mientras que en 2010 ese ratio creció hasta 13. España es uno de los países desarrollados con unas políticas públicas menos redistributivas. Parte importante de las razones de ese empobrecimiento desigual de la sociedad española, además de la devaluación salarial ocasionada tras las sucesivas reformas laborales, es la estructura esca-

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Transferencias de renta recibidas del Estado en función de los ingresos. (30% población de renta más alta y 30% de población de renta más baja)

Fuente: Panorama OCDE 2014.

samente redistributiva que tiene nuestro Estado del Bienestar, que cada vez más se está convirtiendo en un Estado del Malestar. A la tradicional favorable fiscalidad aplicada en nuestro país a las rentas del capital, que son los ingresos principales de la población más rica, frente a las del trabajo, bajo el falaz argumento de incentivar el ahorro, se han unido los efectos de los recortes de gasto público que han afectado a elementos centrales de las políticas redistributivas, como la sanidad, la dependencia o la educación, que benefician en mayor medida a las rentas más bajas, lo que ofrece unos resultados sorprendentes.

Según la OCDE en el año 2010 la prestación pública media en metálico, incluidas las pensiones, que recibía el 30% de la población más rica de España era un 40% superior a la prestación pública media que recibía el 30% de la población española más pobre. Dentro de la OCDE solo Luxemburgo, Portugal, Grecia, Italia, México y Turquía tienen una estructura de transferencias públicas de renta más regresiva, en función de los ingresos de los beneficiarios, que la española. 3

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Año 7 después de la crisis: Más pobres, con mayor desigualdad social, con menor protección social. Fernando Rocha| Fundación 1º de Mayo

Paisaje después de la batalla

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a difusión de los últimos datos de 2014 sobre la afiliación y el paro registrado, y en espera de la publicación del cuarto cuatrimestre de la Encuesta de Población Activa, ha contribuido a alimentar el debate sobre la salida de la crisis en España, polarizado en torno a dos posiciones claramente contrapuestas y por lo demás bastante previsibles. Así, el gobierno ha destacado que la evolución seguida por ambas variables confirma su tesis sobre la recuperación de la crisis; un fenómeno que ya puede considerarse historia –Rajoy dixit– gracias, naturalmente, a las medidas de consolidación fiscal y el proceso de reformas estructurales desarrollado en los dos últimos años (especialmente, la “agresiva” reforma laboral de 2012). Diferentes voces críticas han cuestionado sin embargo esta visión optimista, señalando que las políticas de austeridad aplicadas en este período –en el marco de la nueva gobernanza económica europea– están promoviendo un modelo frágil y socialmente injusto de salida de la crisis, que se manifiesta en diversos aspectos: La incertidumbre sobre la sostenibilidad de la actividad económica, afectada tanto por factores externos de índole europea e internacional, como por los efectos negativos de las políticas de consolidación fiscal y devaluación salarial sobre la demanda interna (y que no pueden ser compensados por el crecimiento de las exportaciones). La persistencia de un elevado volumen de desempleo –en torno a cinco millones y medio de personas– así como de importantes desequilibrios en el mercado de trabajo, tales como: el continuado crecimiento del paro de larga duración, así como de las personas que agotan su derecho a las prestaciones; las escasas expectativas de trabajo para determinados colectivos como las personas jóvenes y mayores de 45 años; los desequilibrios de género; y la permanencia de notables diferencias territoriales. El tipo de empleo que se está creando, en su

mayor parte en actividades de carácter estacional, y de carácter temporal y a tiempo parcial no voluntario. Las consecuencias negativas sobre la dinámica de relaciones laborales de las sucesivas reformas legales aprobadas unilateralmente desde el inicio de la crisis. Este es un fenómeno extensible a otros países europeos, que se refleja en: (a) la caída del número de convenios colectivos, y también, en algunos países, en el descenso radical del número

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odos estos elementos dibujan un “paisaje después de la batalla” después de más de siete años de crisis sustancialmente diferente al escenario publicitado por el gobierno, que ha llevado a las organizaciones sindicales españolas a plantear un cambio de rumbo del modelo de gobernanza europeo.

de decisiones de prórroga de estos convenios; (b) la aceleración de la tendencia ya existente de la descentralización de la negociación colectiva, por dos vías: el aumento del número de convenios de empresa y el declive de los sectoriales; y el incremento de las excepciones y descuelgues de los convenios colectivos sectoriales a nivel de empresa; (d) la consolidación de un modelo autoritario de relaciones laborales; (e) el bloqueo de las relaciones laborales en el sector público; y (f) una profunda devaluación interna, basada en la espiral descendente de los salarios, que potencia el riesgo de deflación e incluso de una tercera recesión en la eurozona. Todos estos elementos dibujan un “paisaje después de la batalla” después de más de siete años de crisis sustancialmente diferente al escenario publicitado por el gobierno, que ha llevado a las organizaciones sindicales españolas –en conso-

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nancia con la Confederación Europea de Sindicatos– a plantear un cambio de rumbo del modelo de gobernanza europeo, y muy especialmente de las orientaciones en materia de política económica, a fin de contrarrestar los efectos negativos de la aplicación indiscriminada e intensa de las políticas de austeridad sobre la actividad económica y el empleo. La puesta en marcha de un plan de este tipo se enfrenta a un serio obstáculo de partida sin embargo, como es el actual marco de gobernanza económica europea. Un marco que se asienta sobre un complejo entramado institucional que deja un margen muy estrecho para la aplicación de políticas económicas que difieran sustancialmente del modelo económico neoliberal dominante. En este sentido, más allá de la capacidad de maniobra para adoptar medidas de carácter parcial en los Estados miembros de la UE, sólo una transformación sustancial del actual esquema de gobernanza económica europea posibilitaría la adopción de políticas económicas alternativas a las que han conducido a la crisis, y que de hecho están gobernando la salida de la misma. Además de esta prioridad en el corto plazo, una tarea asimismo inaplazable es la de promover políticas a medio plazo orientadas a corregir aquellos desequilibrios estructurales propios que –conjuntamente con otros factores de índole externa– han determinado la magnitud de la crisis en España y, sobre todo, la mayor intensidad de sus efectos sobre el empleo en comparación a otros países de la Unión Europea. El análisis de esta cuestión desbordaría ampliamente los objetivos y límites de este texto, pero cabe llamar la atención sobre dos retos de singular importancia por su repercusión sobre la capacidad de creación de empleo decente en nuestro país: la lucha contra la precariedad laboral; y la transición a un modelo económico más sostenible. La lucha contra la precariedad laboral La precariedad laboral es un fenómeno heterogéneo que afecta tanto a las formas de empleo –contratos atípicos, falsos autónomos, situaciones de trabajo sin relación laboral, trabajo no declarado…– como a las condiciones de trabajo, en dimensiones como el salario, jornada, protección social etc., y de vida (por ejemplo, en relación a la vivienda). En España, la precariedad laboral se ha conso-

lidado como uno de los principales rasgos estructurales del mercado de trabajo, impulsado por la combinación de una serie de factores ampliamente estudiados por la literatura especializada, tales como: (a) los desequilibrios estructurales de la estructura productiva; (b) la prevalencia de políticas de gestión empresarial basadas en la competencia vía reducción de costes y precios; (c) la sucesión de reformas laborales aprobadas en las últimas décadas, orientadas a propiciar una mayor

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n este sentido, frente a las tesis planteadas por el discurso neoliberal, es importante enfatizar que ni el problema del empleo en España ni el origen de la segmentación del mercado de trabajo radica en las instituciones laborales. flexibilidad de las instituciones laborales; (d) factores relacionados con la reproducción de la fuerza de trabajo; y (e) el declive del poder contractual de las organizaciones sindicales, debido en buena medida a las múltiples transformaciones registradas en el mundo del trabajo en las últimas décadas. La conclusión que se desprende de los anteriores argumentos es que la lucha contra la precariedad laboral requiere de un enfoque complejo de actuación, que aborde de forma integral los diversos factores determinantes de este fenómeno a través de medidas planteadas en diferentes ámbitos de actuación (económico, jurídico, educativo, de innovación…). En este sentido, frente a las tesis planteadas por el discurso neoliberal, es importante enfatizar que ni el problema del empleo en España ni el origen de la segmentación del mercado de trabajo radica en las instituciones laborales. Naturalmente, una mayor flexibilización de las mismas puede contribuir a una mayor precariedad del empleo, pero en última instancia las causas de la segmentación no se encuentran del lado de la oferta de la fuerza de trabajo sino de la demanda, más concretamente: en una determinada organización de la producción, que diferencia entre puestos de trabajo más y menos productivos, y de un modelo de gestión empresarial orientado a

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buscar la competitividad vía reducción de costes y precios. De ahí que las propuestas que plantean la adopción de un modelo de contrato único sólo darían lugar a una eliminación “nominal” y no real de la segmentación. Promover el cambio a un modelo económico más sostenible La transición a un modelo económico más sostenible es posible valorarla en función de dos elementos: por un lado, el carácter multifacético del concepto de sostenibilidad, que combina tres dimensiones diferentes pero estrechamente entrelazadas (económica, social y medioambiental). Por otro, el elemento temporal: un modelo económico será tanto más sostenible cuanto contribuya a garantizar a las generaciones futuras unas perspectivas de bienestar que no desmerezcan de las existentes para las generaciones presentes. Esta es una cuestión especialmente compleja cuyo tratamiento requeriría un espacio mucho mayor, pero merece la pena apuntar algunos elementos de reflexión que contribuyan al debate de la misma. En primer lugar es importante remarcar que las propuestas en este campo no pueden reducirse a estimular cambios en la composición sectorial de la actividad económica y el empleo (potenciando la modernización de los sectores tradicionales y el desarrollo de nuevos sectores emergentes de futuro). La reorientación del modelo productivo debería implicar además transformaciones significativas en la organización y funcionamiento de las empresas, que favorezcan el tránsito de un modelo de competencia basado de forma mayoritaria en la reducción de costes y precios, a otro orientado hacia la innovación, la inversión productiva, los productos y servicios de mayor valor añadido y la calidad del empleo. En segundo lugar, las políticas que puedan adoptarse para favorecer un cambio de modelo productivo deben plantearse necesariamente en diferentes ejes de actuación, combinando medidas horizontales –en áreas como la educación y formación, la innovación entre otros– y otras de ámbito sectorial y territorial. Asimismo, sería necesario tener en cuenta la diversidad de formas de empresa existente, planteando actuaciones que atiendan a las características y necesidades de las mismas.

En tercer lugar, una condición esencial para favorecer el tránsito a una economía sostenible es la adopción de un enfoque proactivo por parte de las Administraciones Públicas, que contemple el desarrollo coherente y coordinado de políticas en diferentes ámbitos de actuación. En otras palabras: las políticas públicas son imprescindibles para impulsar un cambio de modelo productivo en España; sin ellas, dicho cambio será pan para hoy –aunque no para muchos– y hambre para mañana (para los más). Asimismo, el diálogo social y la negociación colectiva constituyen unos instrumentos centrales tanto para promover la modernización de los dis-

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as políticas que puedan adoptarse para favorecer un cambio de modelo productivo deben plantearse necesariamente en diferentes ejes de actuación, combinando medidas horizontales –en áreas como la educación y formación, la innovación entre otros– y otras de ámbito sectorial y territorial.

tintos sectores productivos existentes y el fomento de sectores emergentes, como para impulsar medidas que favorezcan una transición justa para los trabajadores, mitigando los efectos sociales más negativos que puede conllevar el cambio de modelo productivo. Finalmente, es necesario hacer referencia a los límites ecológicos que condicionan el desarrollo de la actividad económica, y de las posibilidades de una vida digna en última instancia, entre otros el agotamiento de los recursos energéticos fósiles y minerales, o los efectos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. De ahí la urgencia de profundizar en el debate sobre el desarrollo de las políticas necesarias para promover una transición hacia un modelo económico diferente, más sostenible y justoi. 3 NOTA: i Una buena síntesis de este debate en: Carpintero, O.; y Riechmann, J. (2013), “Pensar la transición: enseñanzas y estrategias económico-ecológicas”, Revista de Economía Crítica, nº 16.

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Año 7 después de la crisis: Más pobres, con mayor desigualdad social, con menor protección social. Alicia Martínez Poza, Luis de la Fuente Sanz y Jesús Cruces Aguilera Servicio de Estudios de la Fundación 1º de Mayo

Más empobrecidos y con menos derechos

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a democracia y la ciudadanía están en jaque. La precarización creciente de las condiciones de vida y de trabajo de las personas y el expolio de recursos materiales y sociales conviven al mismo tiempo con un incremento de las desigualdades. La cohesión social es más que nunca una ilusión y el vaciado de los derechos de ciudadanía es cada vez más evidente. Más de siete años de crisis: un saldo de pobreza y desigualdad En tan sólo siete años hemos visto romperse el espejismo del desarrollo económico y social de las últimas décadas. Con el estallido burbuja inmobiliaria, se destruyó un gran número de empleos en el sector de la construcción, seguido de otros sectores, cuyo resultado ha sido el crecimiento exponencial del paro. Posteriormente, tal como han puesto de manifiesto diversos informes1, las distintas reformas laborales y las políticas de austeridad no han hecho sino multiplicar ese impacto inicial del desempleo, generando desastrosas consecuencias desde el punto de vista social. Resultado al que se añade creciente la desigualdad generada por una política fiscal injusta con las personas y benevolente con las grandes empresas y capitales. Hoy en día, una de cada cinco personas que quiere trabajar no puede hacerlo y el 15% de ellas lleva más de un año buscando un empleo. Esta situación de desempleo prolongado ha llevado a que se incremente el número de hogares sin ningún tipo de ingreso, ya sea proveniente del trabajo o de las prestaciones derivadas de la falta de éste, que ya suman un total de 728 mil hogares en 2014. Las consecuencias son evidentes: el 20% de la población española vive por debajo de los umbrales de la pobreza y uno de cada cuatro menores de 16 años se encuentra en riesgo de pobreza. Al mismo tiempo, la desigualdad de ingresos no deja

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oy en día, una de cada cinco personas que quiere trabajar no puede hacerlo y el 15% de ellas lleva más de un año buscando un empleo.

de incrementarse: el grupo de población con más ingresos tiene unas ganancias que representan 6 veces las correspondientes al grupo de menor ingreso. Esta situación ha llevado a situar el índice de Gini2 en 33,7 puntos en el año 2013. Con todo, los procesos de empobrecimiento y desigualdad no son novedosos. Han estado presentes -en mayor o menor medida- en las condiciones de vida de la población a lo largo de las últimas décadas en España, incluida la etapa de crecimiento económico. Por ello, es importante remarcar que estas desigualdades se han visto agravadas por la crisis económica y las consecuencias de las reformas laborales y las políticas

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de austeridad. Sin embargo, las raíces de esta desigualdad hay que buscarlas en las propias debilidades de un Estado social que se forjó en un contexto histórico en el que se adoptaban políticas neoliberales en los países vecinos. Esto no significa infravalorar las mejoras sustantivas que la población española ha experimentado en términos de condiciones de vida y niveles de bienestar, pero sí remarcar las fragilidades de un Estado de bienestar que no llegó nunca a los niveles de derechos sociales de otros Estados. Esta debilidad se ha manifestado tradicionalmente en elevadas tasas de paro estructural, un importante infradesarrollo de determinadas áreas de protección social (como la atención a la dependencia), una enorme dificultad para asegurar el derecho a una vivienda digna y un modelo productivo sustentado sobre la fragmentación, con gran peso de las actividades con bajos salarios, temporalidad y de bajo valor añadido. La fragmentación laboral ha sido tal, que la precariedad asociada a determinados contratos laborales y la relevante importancia del trabajo no declarado ha implicado en la sociedad española niveles diferentes de integración ciudadana. Migrantes y jóvenes han sido protagonistas de situaciones desaventajadas, y transversalmente también las mujeres, cuyo trabajo ha estado tradicionalmente a caballo entre lo formal y lo informal. El empleo ya no es una salvaguarda frente a la pobreza El crecimiento de la precariedad en España es tan acelerado que cada vez resultan más comunes las situaciones en las que el empleo no previene la pobreza: el 34% de las personas asalariadas en España tiene unos ingresos iguales o inferiores al salario mínimo. Los últimos datos arrojan que el 15% de la población ocupada puede ser considerada pobre, ya que sus ingresos representan menos del 60% de la mediana de ingresos de los hogares. Esta situación se explica principalmente por los bajos ingresos motivados por las ocupaciones cada vez más precarias y por el incremento del autoempleo en situaciones de mayor precariedad e inestabilidad. En ello ha sido determinante el papel que han jugado las diversas reformas laborales, que han abaratado el despido, precarizado el empleo

y reforzado la posición del empresariado en el ámbito de la negociación colectiva, especialmente en la fijación de las condiciones laborales. En un mercado de trabajo fragmentado, las consecuencias de la crisis no han sido iguales para toda la población y prueba de ello son las diferentes tasas de desempleo y pobreza de jóvenes o inmigrantes, entre quienes las mujeres muestran peores situaciones. A modo de ilustración, la tasa de desempleo de mujeres es 2,5 puntos mayor que la de los varones y la tasa de pobreza de las

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os últimos datos arrojan que el 15% de la población ocupada puede ser considerada pobre, ya que sus ingresos representan menos del 60% de la mediana de ingresos de los hogares. Esta situación se explica principalmente por los bajos ingresos motivados por las ocupaciones cada vez más precarias y por el incremento del autoempleo.

personas con ciudadanía extranjera es del 42,7%, muy superior al del conjunto de la población en España; y casi 13 puntos por encima de la media europea. No podemos obviar que el crecimiento acelerado de las desigualdades y el empobrecimiento generalizado de la mayor parte de la población forma parte de las profundas consecuencias sociales de las políticas de austeridad impulsadas en los últimos años de crisis económica. Por esto mismo, debemos poner en primer plano el papel que cumplen las políticas, ya que estas actuaciones pueden y deben luchar contra este injusto proceso, en lugar de legitimarlo y perpetuarlo. Las políticas de austeridad potencian la desigualdad y la pobreza De esta manera, las políticas de recortes y la limitación de derechos han supuesto un duro golpe al sistema de protección social, impulsando una mayor brecha social dentro de la sociedad española. Sumada a la dificultad de tener unos ingresos estables como consecuencia de la precariedad laboral,

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cada vez se dificulta en más el acceso a los servicios públicos más básicos como educación, sanidad, dependencia, desempleo, pensiones y otro tipo de prestaciones sociales. A esto hay que añadir las consecuencias de los límites de un Estado de bienestar y los previos procesos de privatización de servicios públicos, cuyo suministro deja de estar asegurado y pone en peligro las condiciones para una vida digna. La carencia de un parque público de vivienda o los precios inasumibles de los suministros básicos como el agua, la luz o el gas están llevando a dramáticas situaciones de desahucios y pobreza energética, mientras que los grandes bancos y empresas energéticas siguen manteniendo sus posiciones privilegiadas de negocio. Se pretende que, del relato de la crisis, una parte importante de la población salga (más) empobrecida y con menos derechos, mientras que otra ve reforzada su posición social. La pobreza y la desigualdad en un contexto de reducción del Estado social son elementos clave que cuestionan el funcionamiento de la democracia y que ponen en tela de juicio el propio concepto de ciudadanía como eje vertebrador de las democracias occidentales. En la última década, se han ido dando pasos para limitar los derechos de ciudadanía, en un principio mediante leyes restrictivas y penalizadoras contra las personas migrantes o con leyes excepcionales antiterroristas, y más recientemente con la próxima aprobación de la ley de seguridad ciudadana (todavía en trámite parlamentario) que prevé coartar ampliamente libertad de expresión o reunión. Una salida justa de la crisis para una sociedad más democrática y cohesionada Apostar por una salida justa de la crisis supone tomar como estandarte la defensa de un concepto amplio de ciudadanía, que implique un acceso equitativo de las personas a los derechos, que contemple como principio básico la redistribución justa de la riqueza y respete el acceso a los recursos públicos y comunes. Es en este contexto en el que se ponen sobre la mesa todas las propuestas vertidas para potenciar un sistema fiscal justo, la promoción del empleo con derechos, sistemas de rentas garantizadas, provisión pública de recursos o salvaguarda de los sistemas de protección social. Cada vez es más evidente la necesidad cambiar las prioridades políticas para garantizar la sub-

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a pobreza y la desigualdad en un contexto de reducción del Estado social son elementos clave que cuestionan el funcionamiento de la democracia y que ponen en tela de juicio el propio concepto de ciudadanía como eje vertebrador de las democracias occidentales. sistencia, la libertad y la calidad de vida, y colocar a las personas en el centro de los compromisos. Hace falta una apuesta firme para controlar los abusos empresariales en la búsqueda de ventajas fiscales, mano de obra empobrecida, trabajo no reconocido, expolio de recursos y deterioro de los entornos medioambientales. Sólo así se podrá asegurar la reconstrucción de la idea democrática de ciudadanía, asociada a la participación y pleno ejercicio de las libertades y derechos sociales. 3 NOTAS: 1 Servicio de Estudios de la Fundación 1º de Mayo, 2014; Cruces, J. y De la Fuente, L. 2013; Sánchez Llopis, E., Cruces, J., De la Fuente, L, Martínez, A., 2013, entre otros. 2 El índice de Gini mide la desigualdad de ingresos siendo 0 la igualdad total de ingresos y 100 la máxima desigualdad.

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Javier Doz | Presidente de la Fundación 1º de Mayo

Grecia en la crisis europea

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uando los ecos del brutal ataque del terrorismo yihadista, en París, y de la impresionante respuesta de la ciudadanía francesa se van mitigando, volvemos a tener el nombre de Grecia en el centro de la política europea. Por las elecciones del próximo 25 de enero, por la inestabilidad de los mercados financieros y por las presiones que electores y políticos griegos están sufriendo por parte de los paladines de las políticas de austeridad que, según parece, son incombustibles ante su clamoroso fracaso. Fue en 2010 cuando la crisis económica mundial comenzó a vivir su fase europea, de la que todavía hoy no se ha salido. El epicentro fue Grecia. Su estallido tuvo lugar en mayo cuando, a través del Ecofin, Alemania impuso su condena a Grecia en forma de rescate, obligando de paso a los países de la Zona euro a adoptar las prescripciones de su economía política más conservadora para gestionar la crisis: austeridad presupuestaria extrema, reformas estructurales que recorten prestaciones y servicios públicos, y devaluación salarial de los países endeudados y sometidos a procesos de rescate para compensar, supuestamente, los efectos recesivos de la austeridad mediante ganancias de competitividad. Cinco años más tarde, y con la crisis del euro convertida en una crisis política de la Unión Europea, Grecia vuelve a ser el epicentro de su nueva fase. ¿Será la del inicio de la rectificación? ¿O continuará el progreso de cuarteamiento de la UE? Tras la convocatoria de elecciones generales, por el fracaso de Nueva Democracia en la elección de su candidato a Presidente de la República, se han vuelto a generar presiones políticas tendentes a impedir que el partido al que todas las encuestas señalan como favorito, Syriza, pueda formar un gobierno que ponga en cuestión la continuidad de las políticas de austeridad y promueva la reestructuración de la deuda griega. No son nuevas. Conocidas son las que obligaron a dimitir a Yorgos Papandréu y auparon a Antonis Samarás. Poco

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inco años más tarde, y con la crisis del euro convertida en una crisis política de la Unión Europea, Grecia vuelve a ser el epicentro de su nueva fase. ¿Será la del inicio de la rectificación? ¿O continuará el progreso de cuarteamiento de la UE? importó, en este caso, que fuese su partido, Nueva Democracia, el responsable de la falsificación de las cuentas públicas griegas que sirvieron de justificación para unos tipos de interés de castigo, impuestos inicialmente en el primer rescate griego al calor de la campaña de la prensa amarilla alemana. Ahora, han sido primero las “declaraciones de fuentes gubernamentales” al semanario Der Spiegel, luego las del presidente del think tank IFO, Hans Werner Sinn, las que han planteando

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el bajo coste o la necesidad de la salida de Grecia del euro. Matizaciones del gobierno alemán o desmentidos de la Comisión Europea aparte, los mensajes han quedado para su uso en la campaña electoral griega y para alimentar el nerviosismo de los mercados financieros. La jugada es conocida: se alimenta ese fácil nerviosismo y luego se achaca al temor de que la izquierda gane. Profecía autocumplida se llama. Una de las más inaceptables paradojas de la situación política europea es, sin duda, ésta: los máximos responsables de la imposición a Grecia de una política completamente fracasada, que ha producido un hundimiento económico histórico en Europa después de la 2ª Guerra Mundial, amén de estragos sociales y políticos de parecido o peor calibre, en lugar de cambiarla, tienen la osadía de presionar para que los griegos no voten a aquellas formaciones que preconizan el más que justificado cambio. Siendo el gobierno de Alemania el principal responsable de la dirección de la política económica europea, hay que preguntarse: ¿Cómo es posible que una nación que actúa así pueda seguir ejerciendo –lo quieran o no sus gobernantes– el liderazgo político de Europa? ¿Hacia dónde va la UE con un liderazgo alemán de esta clase? Recientemente, Hans Kundnani ha sumado su voz a la de Joschka Fisher para volver a subrayar esa histórica incapacidad de liderazgo positivo de Alemania sobre Europa. Y no son precisamente “enemigos” de Alemania. El mal gobierno, la corrupción y la irresponsabilidad de las élites políticas y económicas de Grecia junto con la austeridad extrema han hundido al país. Caída del PIB del 24%, y del 40% de la renta disponible de las familias. Tasas de paro y de pobreza del 26% y del 33%, respectivamente, gravísimo deterioro de los sistemas educativo, sanitario (3 millones de excluidos de la asistencia sanitaria de la seguridad social) y de protección social, drástico recorte de salarios y pensiones, destrucción del diálogo social y la negociación colectiva, vulneración de los convenios internacionales (OIT, Consejo de Europa), bolsas de hambre y desnutrición, etc., etc. Y su deuda pública, si antes del rescate era del 129% del PIB (2009), hoy supera el 180%, después de haber experimentado una quita del 53% de su valor nominal. ¿Puede haber una superior acumulación de pruebas sobre el fracaso absoluto de una política?

Si Grecia es el caso extremo, las consecuencias de la mala “gestión alemana” de la crisis europea afectan a toda la UE: segunda recesión y situación actual de riesgo de estancamiento con deflación. La tendencia general no oculta la profunda divergencia por países de las dos variables principales, crecimiento y empleo. Mientras que los países rescatados, incluido España, Italia y otros están lejos de haber recuperado los niveles de PIB y empleo previos a la crisis, Alemania y otros del Norte ya recuperaron, en 2012, su PIB de 2007. Sin negar el papel de las fortalezas y debilidades internas para este comportamiento tan desigual, no hay duda de que el masivo flujo de capitales

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iendo el gobierno de Alemania el principal responsable de la dirección de la política económica europea, hay que preguntarse: ¿Cómo es posible que una nación que actúa así pueda seguir ejerciendo –lo quieran o no sus gobernantes– el liderazgo político de Europa? ¿Hacia dónde va la UE con un liderazgo alemán de esta clase? hacia Alemania y el Norte de Europa, motivado por decisiones políticas (o la falta de ellas), está siendo una poderosa causa de divergencia. Y si la Unión Europea pasa a ser un factor de divergencia entre sus miembros, invirtiendo el papel jugado desde su fundación, será insostenible a largo o medio plazo. Hoy reclaman un cambio de rumbo de la política económica europea no sólo los sindicatos y organizaciones sociales y buena parte de los partidos de izquierda, sino un número creciente de instituciones internacionales y gobiernos y académicos de variado signo político. Lo ha hecho el propio Mario Draghi, con palabras medidas, en Jackson Hole. Pero el poder político determinante de la UE se resiste a reconocer su fracaso. El Consejo Europeo y el BCE, fuertemente presionados, sólo rectifican parcialmente, con retraso, sin plantearse la coordinación de medidas monetarias, fiscales y de inversión. Mientras se está a la espera de que el BCE, el próximo 22 de enero, de un paso más en su política de expansión monetaria, comprando deuda de los Estados, se ve sometido

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a la oposición del Bundesbank y a la presión de Angela Merkel para que, si lo hace, lo haga en cuantía reducida después de imponer una contraproducente espera. El Plan Juncker está muy lejos, en sus objetivos, de lo que la UE necesitaría para reducir sustancialmente la caída de la inversión que la crisis ha producido (siete puntos de PIB). Que la inversión privada aporte el 80% de la financiación es sólo un deseo. Lo que aportan los presupuestos de la UE, sacándolo de otras partidas de inversión, son unos ridículos 15.000 millones de euros. Compárese esta cifra con los 45.000 millones de inversiones que se dejaron de gastar en los presupuestos ordinarios de 20072013 y se trasladaron a 2014-2020, después de ser sólo dibujados en el Plan de crecimiento y empleo de 2012. Pues bien, ni siquiera se aporta esta última cantidad que figuraba en ese fraudulento Plan, aprobado por la cumbre del Consejo y que nunca gastó nada porque no se realizó nada. A pesar de todo ello, el gobierno alemán pone pegas y retrasa la aprobación del Plan Juncker, de modo que su aplicación no se iniciará, en el mejor de los casos, hasta finales de 2015. Una forma de gobernar así es insostenible. Pone en peligro la existencia de la propia UE. La deriva económica del continente europeo no se arregla con algo más de flexibilidad en los periodos de cumplimiento de los objetivos de déficit (de los de deuda, mejor no hablar porque son inalcanzables para muchos países), algo de expansión monetaria y un poco de inversión. Se necesitaría hacer coincidir en el tiempo y con la mayor intensidad posible cuatro actuaciones: un plan europeo de inversiones como el que propone la Confederación Europea de Sindicatos (250.000 millones anuales durante diez años); la aplicación de toda la gama de medidas de flexibilización cuantitativa por parte del BCE, incluida la compra de deuda de los Estados; una coordinación de las políticas fiscales para activar la demanda; y un plan efectivo contra la evasión y la elusión fiscales. A partir del crecimiento que generaría la combinación de estas medidas se plantearía un mucho más efectivo y menos dañino programa de reducción de los déficits y deudas nacionales. La mutualización de una parte significativa de las deudas de los Estados mediante su conversión a eurobonos, reduciría la necesidad de proceder a reestructuraciones de las mismas. En los casos inevi-

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na forma de gobernar así es insostenible. Pone en peligro la existencia de la propia UE. La deriva económica del continente europeo no se arregla con algo más de flexibilidad en los periodos de cumplimiento de los objetivos de déficit (de los de deuda, mejor no hablar porque son inalcanzables para muchos países), algo de expansión monetaria y un poco de inversión.

tables (lo es, al menos, el de Grecia) debería procederse con orden y prontitud. Reestructurar la deuda no equivale a su impago. Existen diversas modalidades aplicables a empresas y a Estados. Entre los países europeos que, después de la 2ª Guerra Mundial, reestructuraron su deuda se encuentra Alemania. Lo hizo en 1953, y ayudó poderosamente al “milagro económico alemán”. Pero aún más preocupante es, a mi juicio, la falta de proyecto político de futuro para Europa que atenaza a las dos principales corrientes políticas del continente, populares y socialdemócratas, en particular cuando desde los gobiernos configuran el poder principal de la UE, el Consejo

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Europeo. No ha habido ninguna alternativa mínimamente articulada a la política de la “Europa alemana” (la austeridad) como política para la gestión de la crisis. Y ahora, para enfrentarse a una situación muy difícil, compleja y peligrosa, con manifestaciones mayoritarias de desconfianza de la población hacia las instituciones políticas europeas y nacionales, con síntomas serios de deslegitimación de los sistemas democráticos, con un auge de las corrientes políticas nacionalistas, xenófobas, populistas o de extrema derecha en numerosos países europeos, todas ellas contrarias a la existencia misma de la UE y algunas de ellas con aspiraciones a ser la primera fuerza política en países centrales (Frente Nacional en Francia), ¿cuál es la respuesta de los principales líderes políticos europeos? Simplemente, capear el temporal, sin ideas ni proyectos. Se cede en la vía de la renacionalización de las políticas, como es el caso del programa REFIT que, con la excusa de simplificar la legislación europea, va a eliminar importantes directivas que protegen derechos sociales o medioambientales. Idéntica dirección llevan las concesiones que se están preparando para que el gobierno de Cameron no convoque el anunciado referéndum sobre la pertenencia del Reino Unido a la UE. En los ámbitos nacionales, son muchos los partidos, en el gobierno o en la posición, que adoptan puntos de vista propios de la agenda de la extrema derecha antieuropeísta, en cuestiones como las migraciones o la movilidad de los ciudadanos de la UE. Actuando así no sólo no se solucionará la crisis política que atenaza la UE sino que se agudizará. Los lazos de cohesión imprescindibles para mantener unido el proyecto europeo continuarán deteriorándose. Para superar la desconfianza profunda de la ciudadanía en los responsables políticos y las instituciones de la UE se necesitan, sobre todo, dos cosas: por un lado percibir de un modo efectivo que las decisiones que se adoptan enfrentan correctamente los problemas en beneficio de la mayoría, que no generan desigualdad, de trato ni de resultados, entre los Estados o en el interior de los mismos; por otro, que los líderes políticos, los partidos políticos europeos (¿existen realmente?) tengan un proyecto claro de hacia

dónde debe ir Europa y que medios se necesitan para ello. La crisis política que vive la UE sólo se solucionará con más Europa, pero con una Europa mucho más democrática, socialmente avanzada y solidaria. Caminar hacia ella puede requerir probablemente una refundación política y la adopción de un modelo que no se puede alejar mucho del propio de una federación o confederación de Estados. Las fuerzas políticas y sociales que realmente creen en un proyecto europeo fundamentado en dichos valores tienen que salir de la posición defensiva que les ha atenazado durante más de una década y comenzar a dar la batalla ideológica y política para construir una mayoría social de escala europea que lo sustente. El 11 de di-

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ctuando así no sólo no se solucionará la crisis política que atenaza la UE sino que se agudizará. Los lazos de cohesión imprescindibles para mantener unido el proyecto europeo continuarán deteriorándose.

ciembre, en París y otras ciudades de Francia, el pueblo francés con la presencia simbólica de los demás pueblos europeos se enfrentó unido a quienes quieren acabar con una parte de las ideas y valores sobre los que se sustenta la Unión Europea. No debiera ser flor de un día, como algunos quieren ya convertirlo. Europa, la UE, para recobrar su alma y su impulso necesitan ideas y valores sólidos y cohesionadores. Las próximas elecciones griegas y las reacciones que desencadenen sus resultados, sobre todo si se confirma el triunfo de Syriza, deberían servir de ayuda para la superación de las malas ideas y las malas prácticas que llevan hacia el fin del proyecto político más importante del Siglo XX (que ya no lo está pareciendo en lo que llevamos de Siglo XXI), y a la apertura de un proceso de reflexión y debate públicos sobre la Europa del futuro.3

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SECCIÓN

Centro de Documentación y Biblioteca F1M | Centro de Documentación Confederal1 PREnSA SInDICAL: nEGOCIACIÓn COLECTIVA Recogemos una selección de artículos publicados en diciembre en las revistas editadas por los distintos órganos de Comisiones Obreras, en relación a la negociación colectiva. Todos los artículos están disponibles a través de Internet. “Gobernanza económica europea y negociación colectiva” de Fernando Rocha. Publicado en Revista Estudios y Cultura, n. 66 (noviembre-diciembre 2014), p. 34-35 http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/042055GobernanzaEconomicaEuropa.pdf “Preacuerdo en el convenio colectivo sectorial de transporte de viajeros por carretera de Navarra”. Publicado en Acción Sindical, Ekintza Sindikala : Revista de CCOO de Navarra, n. 38 (diciembre 2014), p. 7 http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/042049PreacuerdoConvenioTransporte.pdf “Relevancia y trascendencia de los Acuerdos Interprofesionales estatales” de Rita Moreno Preciado, secretaría confederal de Acción Sindical de CCOO. Publicado en Acción Sindical Confederal, n. 30 (diciembre 2014), p. 6-8 http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/042114RelevanciaTrascendenciaAcuerdos.pdf “La participación sindical en la negociación de acuerdos defensivos” de Fernando Rocha Sánchez, Fundación 1º de Mayo de CCOO. Publicado en Acción Sindical Confederal, n. 30 (diciembre 2014), p. 22-23 http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/042122ComisionesParitariasOrganismos.pdf “Mercedes, un buen resultado fruto de un buen trabajo”. Publicado en Biltzar, n. 9 (diciembre 2014), p. 10 http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/042154MercedesBuenResultado.pdf “Negociación colectiva : criterios para 2015 : algunas claves” de José Luis Montes, responsable del Área de Acción Sindical y Negociación Colectiva de CCOO de Industria de Asturias. Publicado en Asturias Industrial, n. 77 (diciembre 2014), p. 10-11 http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/042162NegociacionColectivaCriterios.pdf “El TSJ CLM vuelve a condenar a Nacho Villa a pagar a los trabajadores de RTVCM atrasos de convenio acumulados desde 2009”. Publicado en Gaceta Sindical Digital : Castilla-La Mancha, n. 171 (diciembre 2014) p. 8 http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/042071TSJCLMCondenaRTVCM.pdf “Cerca de 1.500 trabajadores y trabajadoras del sector de limpieza se concentran en la región para desbloquear la negociación de sus convenios colectivos”. Publicado en Gaceta Sindical Digital : Castilla-La Mancha, n. 173 (diciembre 2014) p. 10 http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/042180TrabajadorasSectorLimpieza.pdf

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Avance de contenidos de Prensa Sindical número 39, elaborado por el Centro de Documentación Confederal en colaboración con los centros de documentación de CCOO Madrid y el CERES y la Biblioteca de la Fundación 1º de Mayo.

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Félix A. Ovejero Torres | Director de la Fundación Paz y Solidaridad ‘Serafín Aliaga’

Nueva Agenda de Desarollo en 2015

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ste año la Asamblea General de Naciones Unidas aprobará una nueva agenda de desarrollo que reemplazará a la Agenda del Milenio suscrita en el año 2000 y que estableció los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Después de diferentes consultas temáticas nacionales e internacionales, de varios informes elaborados por expertos, el pasado 4 de diciembre el Secretario General de Naciones Unidas hizo público el informe que establece el marco de las discusiones para el establecimiento de la denominada Agenda de Desarrollo Sostenible después de 2015. Este informe supone el pistoletazo de salida para las negociaciones intergubernamentales en el marco de Naciones Unidas. Recoge en su práctica totalidad lo planteado en el informe del Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que supone que no habrá dos agendas diferenciadas, una de desarrollo y otra de sostenibilidad y conllevará un tratamiento integral del desarrollo en sus dos vertientes fundamentales, la humana y la sostenible. El informe sitúa una agenda a 15 años con 17 objetivos; universal y que se pretende sea transformadora y basada en derechos. El inicio de la discusión intergubernamental supone un avance por lo que respecta al empleo, la protección social y la lucha contra las desigualdades que mejora sustancialmente lo planteado en los ODM. El Objetivo 8 es el que se dedica al crecimiento económico, el empleo y el trabajo decente. El Grupo Abierto señala como metas, entre otras, que en 2030 se logre el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor; que se adopten las medidas inmediatas y eficaces para asegurar la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, erradicar el trabajo forzoso y, a más tardar en 2015, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados;

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n su informe, el Secretario General de Naciones Unidas hace una serie de recomendaciones en cómo financiar esta nueva agenda entre las que cabe destacar que todos los países desarrollados deben cumplir la meta de destinar el 0’7% del Ingreso Nacional Bruto para Ayuda Oficial al Desarrollo

proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores; para 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo. En el Objetivo 10 Reducir la desigualdad en y entre los países figuran entre otras metas adoptar políticas, en especial fiscales, salariales y de protección social; o mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esa reglamentación.

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Propuesta de Objetivos de Desarrollo Sostenible Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas su formas en todo el mundo. Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Objetivo 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países.

En su informe, el Secretario General de Naciones Unidas hace una serie de recomendaciones en cómo financiar esta nueva agenda entre las que cabe destacar que todos los países desarrollados deben cumplir la meta de destinar el 0’7% del Ingreso Nacional Bruto para Ayuda Oficial al Desarrollo; que las políticas fiscales y macroeconómicas deben incluir soluciones basadas en bajas emisiones de carbono; que se debe asegurar que las políticas de inversión estén en consonancia con los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, normas fundamentales de la OIT sobre el trabajo y normas medioambientales de las Naciones Unidas; o la implantación de mecanismos tributarios por

ejemplo impuestos sobre transacciones financieras, las emisiones de carbono o los billetes de avión. La propuesta realizada por el Grupo Abierto y asumida por el Secretario General de Naciones Unidas es ambiciosa. Un primer paso tendrá lugar en julio de este año en la 3ª Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo que se celebrará en Addis Abeba. Será un buen termómetro para ver si las declaraciones ambiciosas se concretan en propuestas concretas y en compromisos generosos que permitan la consecución de los objetivos que se plantean para conseguir una sociedad más justa e igualitaria. 3

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Pepe Gálvez | Director del Area de Cultura de la Fundación 1º de Mayo

Esto no es una pipa o la risa también es cuestión de poder Sólo tiene sentido hablar de libertad de expresión si se incluye la posibilidad de ofender (Tuit de Albert Monteys)

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l acto de barbarie de Charlie Hebdo, como toda masacre, ha provocado reacciones, interrogantes y debates en el conjunto de la sociedad sobre sus causas y en consecuencia sobre cómo evitar que vuelva a suceder algo similar. En la génesis de ese hecho confluyen muchos desequilibrios: circunstancias de la política internacional que generaron, desarrollaron y mantienen el terrorismo islamista, la globalización de la desigualdad, la quiebra de la integración social de la inmigración en Francia y en Europa en general. Y sobre ellas se ha desarrollado el más duro enfrentamiento sobre la libertad de expresión del siglo XXI en el llamado primer mundo. He iniciado este texto con un tuit de Albert Monteys, disidente de El Jueves y fundador de Orgullo y satisfacción, para situar de entrada uno de los grandes peligros que soporta la libertad de expresión, en especial la que realiza el humor o desde el humor: ser limitada y en gran parte anulada por el concepto de ofensa. Un concepto subjetivo que puede abarcar desde la ridiculización y la burla propia de cualquier caricatura hasta el insulto. El humor gráfico se basa en la caricatura gráfica que de entrada choca de frente con la sacralización. Cuando se dibuja a un par de príncipes en pleno acto sexual, se resalta un aspecto que le identifica con el resto de la ciudadanía. El mismo hecho de dibujarlos en esa postura constituye un acto democrático en lo que tiene de igualitario, en lo que tiene de desproveerles de prebendas que no les corresponden. Ese dibujo, como advertía Magritte en su cuadro de la pipa que no era tal, no son los príncipes, sino una representación suya: como personas que no trabajan, que viven muy bien a pesar de ello y que además practican el sexo. Y sin embargo no hace falta recordar lo que pasó

Stéphane Charbonnier tenía 47 años y era el jefe de redacción de Charlie Hebdo. Fue una de las doce víctimas del ataque.

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a fe como toda creencia humana es una opción individual con características y prácticas que pueden, y muchas veces deben, ser sometida al tamiz del humor, sin que ello suponga nada más que una debida falta de falso respeto.

con la portada de El Jueves, ¿o si?. ¿En cuantos foros se repitió que era ofensiva? . Hay que continuar hasta que el islamismo esté tan banalizado como el catolicismo. (Charb. Director asesinado de Charlie Hebdo)

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Otro frente de conflictos de la caricatura gráfica y que se genera casi espontáneamente es el de su relación con las religiones. Sor Angutias de la Cruz, dibujada por Ja, fue uno de los personajes más populares de la revista El Papus a pesar de fue fulminada rápidamente por la censura. Ja no caricaturizó a, la monja en abstracto, ni siquiera al conjunto de las religiosas españolas de entonces, sino a un importantesector de ellas, que la historia ha demostrado que existían. La actuación de la censura entonces no vetó o castigó una ofensa sino que impidió la difusión de una crítica basada en la realidad. El concepto de banalización al que se refiere Charb más arriba, es evidentemente laico, pero puede ser también asumido por personas con creencias religiosas, por lo que tiene de democratizador. Sólo el hecho de dibujar un concepto abstracto y todopoderoso como el del Dios de cualquier religión monoteísta, de trasponerlo a una imagen construida por medio de trazos que guía la mano humana, para unos ya es un blasfemia, para otros simplemente dar su propia visión de ese concepto abstracto. Cuando ese dibujo toma la forma de caricatura, humaniza la representación de Dios, le atribuye defectos, emociones, pasiones… que son los defectos, emociones, pasiones de las personas que quieren ostentar, y casi siempre, monopolizar la representación de ese Dios. La fe como toda creencia humana es una opción individual con características y prácticas que pueden, y muchas veces deben, ser sometida al tamiz del humor, sin que ello suponga nada más que una debida falta de falso respeto. Hay que recordar que el origen del primer Char-

lie Hebdo fue la revista Hara-Kiri que apareció el 1º de septiembre de 1960 bajo el impulso de François Cavanna y con la colaboración entre otros de Fred, Jacques Lob y de Jean Marc Reiser , a los que enseguida se añaden Cabu, Gébé, Georges Wolinski, Roland Topor. En el número 7 adoptó el muy definitorio subtítulo de “Béte et Méchant”, (bestia y despreciable) que expresaba su voluntad de irreverencia y de saltarse las normas de buen gusto imperantes y por lo tanto de ofender a los que impo-

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entro de la izquierda, o de los de abajo, o en fin de los que queremos transformar la sociedad, la caricatura debería ser moneda corriente, debería ser un ejercicio continuo de divertida autocrítica.

nían esos códigos. Y es que al fin y al cabo esas normas no son inmutables, responden a criterios que cambian con el tiempo y que quieren preservar valores y relaciones de poder. Por eso dentro de la izquierda, o de los de abajo, o en fin de los que queremos transformar la sociedad la caricatura debería ser moneda corriente, debería ser un ejercicio continuo de divertida autocrítica. Creer que por estar en el bando de los oprimidos no tenemos contradicciones, no hacemos el ridículo o no practicamos la doble moral es engañarnos a nosotros mismos y aceptar la concepción conservadora y tramposa de la ofensa. 3

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Mireia Morán

El ostracismo, o aislamiento, es una de las pautas reconocidas en los manuales de prevención de acoso laboral

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inusvalorar, ningunear o ignorar a las personas y su trabajo constituye una manera efectiva de mobbing que sufren todos los días multitud de trabajadores dentro y fuera de nuestro país. Muchas veces va ligado a burlas, difamación, bloqueo profesional y un largo etcétera de factores que muchas veces son muy difíciles de demostrar. Aunque se emplea más la palabra mobbing, proviene del término mob que significa muchedumbre, turba, mafia, pandilla... y retrata la manera de actuar de los acosadores. Quizás nos ocupemos de ella otro día. El término ostracismo, que ya se encuentra tan asimilado a nuestra época, se remonta a la antigua Grecia. Proviene de la palabra ostrakismos y se refiere a un procedimiento preventivo que permitía excluir a aquellas personas que eran consideradas incómodas para el estado expulsándolas de la polis, por considerarlo un bien público. Cada año en los meses de enero y febrero (durante la sexta pritanía) se reunía en asamblea y se realizaba una votación para valorar si la situación merecía realizar un ostracismo. En el caso de que resultase ésta favorable, en torno a dos meses después se convocaba, realizándose una votación pública. Para que fuese válida un candidato tenía que obtener mayoría absoluta; según comenta Plutarco un ostracismo sería válido si llegaba a los 6.000 votantes, mientras que otras fuentes, como Filocoro, señalan que la cantidad de 6.000 votos era la que el individuo tenía que obtener para ser expulsada.

La votación pública se realizaba sobre fragmentos de cerámica, las denominadas ostraka de donde deriva el término ostrakismos, a modo de papeletas de voto sobre los que se grababa el nombre de la persona a la que se consideraba meritoria de expulsar. Esos fragmentos cerámicos provenían de piezas desechadas ya que en el momento de la cocción se habían malogrado; era un material prácticamente gratis y

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a votación pública se realizaba sobre fragmentos de cerámica, las denominadas ostraka de donde deriva el término ostrakismos, a modo de papeletas de voto sobre los que se grababa el nombre de la persona a la que se consideraba meritoria de expulsar.

abundante, se han encontrado muchos de ellos en zonas próximas a donde se ubicaban los talleres, como deshechos. Está claro que en multitud de ocasiones el ostracismo pudo utilizarse (y fue utilizado) como arma política, por aquellos con poder en la polis, para la expulsión de determinadas personas que les resultaban incómodas o contrarias a su proceder. De hecho, análisis grafológicos han interpretado que la cantidad de manos que los grababan se limitaba a bastantes pocas, se ha

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contabilizado en una votación determinada tan sólo catorce grafías diferentes, por lo que se ha podido deducir que, determinados políticos, repartían entre sus seguidores las papeletas ya pregrabadas y/o que incluyesen formas coactivas y de adoctrinación. Aunque también se ha justificado debido a que no todo el mundo sabía escribir, los votantes podían ser ayudados por un escriba, que grabaría el nombre en el fragmento, por lo que no se considera que existiese fraude electoral. En Vidas Paralelas, Plutarco narra que Nicias y Alcibiades dejaron a un lado sus hostilidades mutuas y con su influencia combinada se presentaron solicitando la expulsión de un tercer nominado, Hipérbolo, y de esa manera, consiguieron eludir el ostracismo de alguno de ellos. Debido a este método de control social que buscaba mantener el orden establecido en la polis, la persona designada por la votación pública tenía diez días para abandonar la ciudad y la pena por regresar era la muerte. No había ningún tipo de defensa contra ella por parte del nominado. El exilio no era permanente ni ello suponía una pérdida de su estatus o sus derechos y sus propiedades eran respetadas. En algunas ocasiones se les permitía volver antes de que concluyese ese pe-

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nálisis grafológicos han interpretado que la cantidad de manos que los grababan se limitaba a bastantes pocas, se ha contabilizado en una votación determinada tan sólo catorce grafías diferentes, por lo que se ha podido deducir que, determinados políticos, repartían entre sus seguidores las papeletas ya pregrabadas y/o que incluyesen formas coactivas y de adoctrinación. riodo a la polis y una vez allí, ya fuera antes o después, volvían sin estigma alguno. Esta pena era leve en comparación con grandes multas, la pérdida de derechos o incluso la muerte, ya que era una pena preventiva y no punitiva. Ahora, quienes acosan, exilian ignorando, cargando de trabajo tedioso o eliminando toda tarea a las personas que consideran incómodas para sus manejos y esto es algo con lo que todos los trabajadores debemos estar concienciados. 3

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Jaime Ruiz | Presidente de la Plataforma por la Comisión de la Verdad

No esperemos otros 40 años a ejercer el derecho a la verdad

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ntramos en un nuevo año y nuestro país sigue sin afrontar nuestro pasado reciente y dramático. Un año más de aquella victoria franquista, fruto de un golpe militar sin éxito contra el gobierno legítimo de la II República, que provocó una guerra civil y la instauración de una dictadura fascista y totalitaria, copia del modelo alemán e italiano de la época cuyos gobiernos si apoyaron sin pudor su entronización. Cuarenta años de dictadura fueron y son una anormalidad producida en la Europa liberada del fascismo y defensora de la democracia después de la II guerra mundial. Somos una democracia joven que tiene como único antecedente histórico la II República, y no podrá encontrar otro, que “el que constituyó el antecedente más inmediato y la más importante experiencia democrática que podemos contemplar al mirar nuestro pasado” (Ley 24/06 de 7 de julio que declara como año de la Memoria Histórica el 2006). Explicar que un país europeo que se dotó de una constitución en 1978 mantenga a miles y miles de ciudadanos sin atender y sin reconocer sus derechos, como ocurre con las víctimas del franquismo, a la verdad y en situación de olvido es difícil y constituye en sí mismo una violación continuada de los Derechos Humanos. Recordemos que hablamos de la existencia de más de 2.300 fosas comunes, 150.000 desaparecidos, más de 30.000 bebés robados…. que puede catalogar a nuestro país como campeón, entre todos los países en número de desaparecidos en sus fronteras, y algunos miles más allá de las mismas. Hablamos, por tanto, de lo que se califica penalmente como crímenes contra la humanidad, lesa humanidad, crímenes que consideran a sus autores y sus conductas como agresiones en la forma más brutal a la persona, y que pertenecena todo el género humano como derechos elementales a la vida, la integridad, la dignidad, la libertad, constituyendo los pilares sobre los que se asienta una sociedad civilizada y el propio estado de derecho”.

El carácter permanente de los delitos de detención ilegal y posterior desaparición obliga a mirar como delito continuado estos hechos, ya que «todo acto de desaparición forzada será considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos Crímenes que no admiten leyes de punto final por alcanzar la categoría de crímenes contra la humanidad». Las víctimas y sus familiares acudieron a la justiciaconsiderando que el tiempo transcurrido y

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xplicar que un país europeo que se dotó de una constitución en 1978 mantenga a miles y miles de ciudadanos sin atender y sin reconocer sus derechos, como ocurre con las víctimas del franquismo, a la verdad y en situación de olvido es difícil y constituye en sí mismo una violación continuada de los Derechos Humanos.

nuestro estado social y democrático les atendería, y en vez de ser escuchados, como pretendió el juez Garzón, el Tribunal Supremo estableció, por una parte, la absolución del juez y de otra, tal como explica Javier Chinchón (Cuadernos Deusto de Derechos Humanos nº 67) “en nuestros tribunales de justicia la investigación judicial de esos hechos, incluso si solo se tratara de realizar las meras diligencias para, ya la restitución de sus restos a sus seres queridos es inviable por jurídicamente imposible en este país. “Los argumentos generales puesto sobre la mesa pueden resumirse en aquellas palabras que hacía suyas la Audiencia Provincial de Burgos: 1. Los delitos han prescrito según el código penal vigente; 2. La ley de amnistía de 1977 es aplicable a todos los asesinatos políticos anteriores a esa

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fecha; 3. Con toda seguridad, los autores han fallecido; 4. Fuera de ello, el tratamiento de la memoria histórica no corresponde o compete a los juzgados”. Es decir en nuestro país no se cumple “la obligación general de los estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos, de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad en caso de fallecimiento o desaparición acerca de la suerte que corrió la víctima”….. No se aplican estas obligaciones a estas víctimas, existe impunidad para este tipo de delitos. Si la justicia no interviene en nuestro país las reclamaciones no se detendrán y no dejaremos de exigir el cumplimiento de derechos de las víctimas, y no daremos por bueno que el estado de derecho mantenga zonas de impunidad o incumpla obligaciones contraídas como Estado parte de convenios internacionales. Esos marcos institucionales, supranacionales a los que nuestro país elude en materia tan grave vienen demandando, no sólo en Europa, sino también a nivel de Naciones Unidas que cumplamos con los mismos. La justicia transicional, a la que nos referimos, es un conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han utilizado y utilizan como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos. Y entre ellas figuran acciones penales, las comisiones de la verdad, los programas de reparación y diversas reformas institucionales. Todo ello porque hablamos de violaciones masivas de los DDHH, y las víctimas tienen el derecho oficialmente reconocido, a ver castigados a los autores de los mismos, a conocer la verdad y a recibir reparaciones. La especial gravedad que entraña los crímenes de genocidio y lesa humanidad y los crímenes de guerra, así como la impunidad que con frecuencia se han procurado los grandes criminales que han perpetrado dichos crímenes ha dado lugar a la elaboración de los siguientes principios de derecho aplicables a las más graves violaciones de los Derechos Humanos:

• El principio de jurisdicción universal o principio de extraterritorialidad • El principio de imprescriptibilidad penal. El derecho internacional vigente obliga a todos los estados a perseguir, por su especial gravedad, ciertos crímenes internacionales, se produzcan donde se produzcan y con independencia de la nacionalidad de los agresores y de sus víctimas, porque conductas tan odiosas trascienden a las víctimas, ofenden a toda la humanidad y ponen en peligro los principios generales de civilización consagradas por las normas protectoras de los derechos humanos fundamentales. Loa comisión de derechos humanos (61 sesión de Naciones Unidas 2005) aprobó los principios generales para combatir la impunidad (principio

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i la justicia no interviene en nuestro país las reclamaciones no se detendrán y no dejaremos de exigir el cumplimiento de derechos de las víctimas, y no daremos por bueno que el estado de derecho mantenga zonas de impunidad o incumpla obligaciones contraídas como Estado parte de convenios internacionales. 1). Destaca el derecho inalienable a la verdad en los casos de crímenes como los que se investigan (principio 2). El derecho de las víctimas a saber (principio 4). Como un derecho imprescriptible a conocer la circunstancia en las que se produjeron la violencia, la muerte o las desapariciones. El derecho a la justicia (principio 19). Y recomienda, para garantizar el derecho a la verdad: 1. Tomar medidas para garantizar el derecho a la verdad en caso de violaciones graves de Derechos Humanos. 2. Instar a los Estados a revisar su normativa interna, derogar disposiciones que directa o indirectamente impidan cumplir sus obligaciones internacionales y adopten la legislación que garantice el derecho a la verdad. El derecho a la verdad comprende una doble dimensión. En primer lugar, se reconoce el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la

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verdad con respecto a los hechos que dieron lugar a grandes violaciones de los Derechos Humanos, así como el derecho a conocer la identidad de quienes participaron en ellos. Ello implica que el derecho a la verdad acarrea la obligación de los estados de esclarecer, investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de los casos de graves violaciones de Derechos Humanos. Y en segundo lugar este derecho no sólo corresponde a las víctimas y sus familiares sino también a la sociedad en su conjunto. Toda la sociedad tiene el irrenunciable derecho a conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro. Herramienta utilizada para estas circunstancias, en la actualidad por más de 40 países, son las Comisiones de la Verdad como “órganos oficiales, temporales y de constatación de hechos que no tienen carácter judicial y que se ocupan de investigar abusos de los derechos humanos o el derecho humanitario que se haya cometido a lo largo de varios años. Y en particular, llama a los Estados, a redoblar los esfuerzos para prevenir el fenómeno de desaparición forzada de persona e implementen los mecanismos necesarios para tipificarlo como un delito penal; esclarecer lo ocurrido a las víctimas, determinar su paradero, identificar cuerpos exhumados y entregar los restos a los familiares de acuerdo con sus deseos, así como los mecanismos adecuados para asegurar su participación en el proceso. Llama a que se garantice la colaboración de todas las instituciones estatales en relación con la desclasificación de documentación y provisión de información en los procesos investigativos judiciales o extrajudiciales. Así como adoptar todos los esfuerzos necesarios para cooperar en la entrega de información y cooperación entre los estados que buscan investigar, juzgar y sancionar violaciones. Instrumento recomendado y conveniente a partir de apoyo político, presupuestario e institucional necesario a las iniciativas oficiales extrajudiciales de determinación de la verdad son las Comisiones de la Verdad. El estado debe garan-

tizar condiciones adecuadas para la creación y funcionamiento de la Comisión de la Verdad y deben adoptar las medidas pertinentes para implementar las recomendaciones formuladas en plazo razonable por dichas Comisiones de la Verdad. Todo ello sin que deje de activarse actuaciones dememorialización, pedidas de disculpa y reconocimiento de responsabilidad por la comisión de violaciones de Derechos Humanos. Así como

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oda la sociedad tiene el irrenunciable derecho a conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro.

sistematizar los esfuerzos emprendidos en relación con la garantía del derecho a la verdad, implementandoamplias campañas de difusión que permitan socializar las razones, argumentos y conveniencia de establecer una Comisión de la Verdad. Las sociedades que no se enfrentan a las violaciones masivas de Derechos Humanos suelen quedar divididas, generándose desconfianza entre diferentes grupos y frente a las instituciones públicas. Esta situación pone en cuestión el compromiso por el estado de derecho y puede conducir a la repetición de actos violentos. En nuestro país, el actual gobierno suspende en Derechos Humanos, suspende por sus incumplimientos con obligaciones ineludibles como son las que nuestra democracia debe a las víctimas del franquismo. Esta situación convierte a nuestra sociedad en una sociedad herida que se aleja de los valores recogidos en la Declaración de Derechos Humanos, y nosotros y toda Europa, conocemos por la historiay desde el fondo de nuestra memoria democrática a que horror podemos llegar si olvidamos a los que lucharon por la libertad. 3

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Antonio José Marques Historiador y archivista. Coordinador del Centro de Documentación y Memoria Sindical de la CUT Brasil.

La Comisión Nacional de la Verdad en Brasil y el protagonismo de los trabajadores por memoria, verdad, justicia y reparación

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n los primeros años de la década de 1960, la sociedad brasilera vivió momentos de grandes tensiones políticas: la renuncia del presidente Jânio Quadros; la campaña por la legalidad, exigiendo la pose del vice-presidente João Goulart; la instalación del parlamentarismo por parte del Congreso Nacional, impuesto por sectores conservadores de la sociedad; y el retorno al presidencialismo, después que la mayoría del pueblo aprobó en un plebiscito esta forma de gobierno. En el marco internacional existía la polarización entre los Estados Unidos de un lado y la Unión Soviética de otro, período que forma parte de la llamada “guerra fría”. El gobierno brasilero adoptó una política internacional independiente y, en el ámbito interno, la práctica de una política nacional de desarrollo económico y social apoyada por los trabajadores y los movimientos sociales. Las políticas llevadas a cabo por el presidente João Goulart desagradaba fuerzas políticas conservadoras, empresarios, latifundistas, la mayor parte de la prensa y militares conspiradores, que acusaban al presidente de aproximarse de los comunistas. Al mismo tiempo en que estos sectores conspiraban contra el presidente João Goulart, apoyados y financiados por el gobierno de los Estados Unidos, como comprueban varios documentos, los trabajadores de la ciudad y del campo se organizaban en el Comando General de los Trabajadores (CGT), en la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Agricultura (CONTAG), en las Ligas Campesinas y todos ellos exigían la profundización de las reformas económicas, políticas y sociales. En Brasil el mes de marzo de 1964 fue de intensa agitación social. Entre otros hechos, ocurrió en la ciudad de Rio de Janeiro la concentración en apoyo a las reformas de base propuestas por el presidente João Goulart. Esas reformas de base consistían básicamente en reformas política, edu-

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urante los 21 años de dictadura militar en Brasil, entre 1964 y 1985, los trabajadores fueron las principales víctimas del régimen militar, como muestran las actuales investigaciones.

cacional, fiscal y agraria. La concentración impulsada por los sindicatos reunió más de 150 mil personas, un número sorprendente para la época. Las movilizaciones sindicales, sociales y populares provocaron la intensificación de las articulaciones de las fuerzas golpistas. El día 31 de marzo de 1964, militares golpistas y civiles conservadores asaltaron el poder y derrocaron al presidente João Goulart. Éste, para evitar una guerra civil y un derramamiento de sangre, prefirió no resistir y se exilió en Uruguay. Los golpistas acusaron a João Goulart de querer implantar una “República

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Sindicalista” en Brasil y por este motivo eligieron los sindicatos y los trabajadores como sus principales enemigos. El CGT, la CONTAG y las Ligas Campesinas fueron desarticuladas y exterminadas, sindicatos invadidos, sus dirigentes encarcelados, les retiran sus derechos políticos, son torturados e inclusive algunos asesinados. Al mismo tiempo se impone toda una legislación contra los trabajadores: la ley de huelga, la ley del fin de la estabilidad en el trabajo, la ley de seguridad nacional, la ley de prensa entre otras. El plan de desarrollo de los militares, apoyado por empresarios y latifundistas comprometidos con el capital internacional, promueve la disminución de salarios, provoca desempleo, la expulsión de los trabajadores del campo, la concentración del latifundio, el crecimiento desordenado de las ciudades. Como consecuencia se profundiza la miseria entre los trabajadores y los sectores más pobres de la población y se concentra la riqueza en manos de pocas personas. Las persecuciones contra los trabajadores, sus sindicatos y los movimientos sociales; la falta de libertad de organización y de prensa; la cruenta represión, con encarcelamientos, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas, llevaron a la resistencia y la lucha para que volviera la democracia. En ese período millares de personas eran encarceladas, torturadas y algunas centenas asesinadas y desaparecidas forzadamente. Durante los 21 años de dictadura militar en Brasil, entre 1964 y 1985, los trabajadores fueron las principales víctimas del régimen militar, como muestran las actuales investigaciones. Aunque en una situación bastante adversa, los trabajadores se organizaron, lucharon por sus reivindicaciones, hicieron paros masivos, como en los años de 1978, 79 y 80, que ocurrieron en todo Brasil. En este proceso impulsaron la creación de la Central Única de los Trabajadores (CUT), fundada en 1983, y que se constituyó combatiendo la dictadura militar y se consolidó como una de las fuerzas exponentes de la lucha por la democracia y la ciudadanía en el País. En esos más de 30 años de historia, la CUT siempre denunció las atrocidades cometidas por la dictadura militar. Apoyó las entidades de familiares de presos, torturados, muertos y desaparecidos forzados. Denunció y todavía denuncia que la dictadura militar tuvo y tiene un alto costo

para la sociedad brasilera. La dictadura militar dejó una herencia, un vil legado, que está presente en el mundo del trabajo, en las relaciones laborales, en la legislación social, en la educación, en la seguridad pública, en la violencia en el campo, en la concentración de los medios de comunicación, en la falta de viviendas, en la precariedad de la salud pública y sanidad básica, en la violencia urbana, entre otras aflicciones. Sin embargo, fue solamente en 1995, con la creación de la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos, vinculada al Ministerio de la Justicia, que las investigaciones sobre la brutal represión durante la dictadura militar y la

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n esos más de 30 años de historia, la CUT siempre denunció las atrocidades cometidas por la dictadura militar. Apoyó las entidades de familiares de presos, torturados, muertos y desaparecidos forzados.

busca de la verdad y memoria histórica pasaron a ser hechas por el Estado brasilero. Esto ocurre después de mucha movilización de la sociedad, principalmente de las entidades de familiares de las víctimas y militantes de los derechos humanos. Pero, fue en el segundo mandato del presidente Lula (2007–2010) que la temática alcanzó un nivel más avanzado, momento en el cual se discutió el Plan Nacional de los Derechos Humanos 3 (PNDH 3). La legislación con el PNDH 3 fue aprobada en 2009 y traía como uno de los ejes orientadores el tema “Derecho a la Memoria y a la Verdad”, principalmente durante la dictadura militar. En 2011, las discusiones sobre la creación de la Comisión Nacional de la Verdad tuvieron mayor visibilidad en la sociedad brasilera. El mes de noviembre, cuando ya se sabía que la ley que instituía la Comisión sería corroborada por la presidenta Dilma Rousseff, las entidades se articularon para indicar militantes comprometidos con la lucha por la verdad, memoria, justicia y reparación, en contrapartida a los nombres defendidos por los medios de comunicación y comprometidos con posiciones conservadoras. El día 18 de ese

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mismo mes, la presidenta Dilma Rousseff ratifico la ley que creó la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), con la finalidad de investigar las graves violaciones de derechos humanos practicadas entre 1946 y 1988 “con el fin de garantizar el derecho a la memoria y a la verdad histórica y promover la reconciliación nacional”, de acuerdo con el texto de la ley. Por fin, en mayo de 2012, después de 27 años del término de la dictadura militar, la Comisión Nacional de la Verdad fue instalada por el gobierno brasilero con el plazo de dos años para realizar sus trabajos, y que después se prorrogaron por seis meses más. La CUT apoyó la instalación de la Comisión, pero defendió también, que se hiciera justicia, con la debida investigación de los crímenes cometidos por los agentes de la dictadura y sus apoyadores, que se los llevaran a juicio, que hubiera castigo a los culpables y que se indemnizara a las víctimas y/o sus familiares. Los trabajadores y trabajadoras reconocen que la memoria histórica, la verdad, la justicia y la reparación son fundamentales para la construcción de una sociedad justa e igualitaria. En su 11º Congreso Nacional, en julio de 2012, la CUT aprobó una resolución que exigía investigación de todas las violaciones cometidas durante la dictadura militar. También requirió la profundización de las investigaciones de los crímenes de la dictadura contra los trabajadores, trabajadoras y los sindicatos. Para esto, la Ejecutiva Nacional de la CUT creó una Comisión de Acompañamiento de la Comisión Nacional de la Verdad. En la primera reunión de la CNV con la sociedad civil, la CUT entregó documentos con nombres de dirigentes sindicales asesinados que necesitaban ser investigados y reivindicó la creación de un Grupo de Trabajo (GT) de los Trabajadores en el ámbito de la CNV. Al comienzo de 2013, después de la movilización de la CUT, ahora también apoyada por otras centrales sindicales, la Comisión Nacional de la Verdad institucionalizó el Grupo de Trabajo Dictadura y Represión a los Trabajadores y al Movimiento Sindical. En mayo de 2013, la CUT creó su Comisión Nacional de la Memoria, Verdad y Justicia que fortaleció el GT Trabajadores de la CNV. Esta Comisión, aún en actividad, asesorada por el Centro de Documentación y Memoria Sindical de la CUT, hace investigaciones, recolecta testimonios y tam-

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a presidenta Dilma Rousseff ratifico la ley que creó la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), con la finalidad de investigar las graves violaciones de derechos humanos practicadas entre 1946 y 1988 «con el fin de garantizar el derecho a la memoria y a la verdad histórica y promover la reconciliación nacional» bién incentiva investigaciones sobre la represión sufrida por los trabajadores y el movimiento sindical. Ella también hace un llamamiento a las entidades sindicales que fueron perseguidas durante la dictadura militar para que constituyan sus Comisiones de Memoria y Verdad, para que recuperen y organicen sus documentos, recolecten testimonios, en la medida en que estas son formas de contar sus historias de resistencia y lucha. Las actividades de archivo y memoria deben ser permanentes y no se agotan con el fin de los trabajos de las Comisiones de la Memoria y Verdad. La Comisión Nacional de la Memoria, Verdad y Justicia de la CUT también presionó para que

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la Comisión Nacional de la Verdad del gobierno brasileiro incluyese en la Justicia de Transición los trabajadores del campo asesinados en el período de la dictadura y que sus familias sean debidamente indemnizadas, en la medida en que hayan sido crímenes políticos. La ley que creó la CNV estableció que la misma investigara solamente los crímenes cometidos por agentes del Estado. Sin embargo, la política para el medio rural impuesta por la dictadura militar propició la concentración del latifundio, la creación de asesinos a sueldo mantenidos por hacendados que perseguían y mataban trabajadores y sindicalistas rurales. Muchas veces, los propios hacendados y sus sicarios cometían los crímenes y eran respaldados por el gobierno y por órganos de la Justicia. Según un levantamiento hecho por el investigador Gilney Viana, casi 1.200 trabajadores y sindicalistas rurales fueron asesinados en el campo entre 1964 -1988. Estos trabajadores aún no tuvieron sus derechos reconocidos como perseguidos políticos, víctimas de asesinatos, sus familias no han sido debidamente indemnizadas. Entre centenas de asesinados, diecinueve sindicalistas rurales estuvieron directamente involucrados en el proceso de formación de la CUT al inicio de los años 1980, siendo que tres de ellos ocuparon cargos en la Central. Los trabajadores y trabajadoras son la mayoría de la población y fueron los más perseguidos por la dictadura militar. Por esto, la CUT y su Comisión Nacional de la Memoria, Verdad y Justicia se mantienen atentas y acompañando los trabajos de la CNV, atentas a la presentación del informe final y las recomendaciones que deben ser seguidas por el Estado brasileiro, para que se acabe con la herencia dejada por los militares, para que nunca más haya dictaduras. Finalmente, después de dos años y medio de investigaciones, estudios y recolección de centenas de testimonios, la Comisión Nacional de la Verdad presentó su Informe Final a la sociedad brasilera el día 10 de diciembre de 2014. El Informe Final de la CNV analiza los orígenes del golpe, trae casos emblemáticos de represión, nombres de centenas de personas involucradas con torturas, asesinatos y desaparecidos políticos, identifica locales de prisiones, torturas y asesinatos en varias partes de Brasil, algunos de esos clandestinos, otros en instalaciones militares,

como cuarteles del ejército y reconoce 434 muertos y desaparecidos políticos. No dejamos de reconocer que el Informe Final es un avance y buscó la memoria y la verdad histórica, siendo un instrumento para que continuemos luchando por justicia y reparación para todos los que sufrieron represión, fueron torturados, muertos y desaparecidos forzosamente. De cualquier manera, es necesario revisar la Ley de Amnistía de 1979 ratificada por el gobierno militar y que auto-amnistió los asesinos y torturadores. Muchos de los nombres listados como torturadores y asesinos todavía están vivos, algunos hicieron declaraciones en la

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os trabajadores y trabajadoras son la mayoría de la población y fueron los más perseguidos por la dictadura militar. Por esto, la CUT y su Comisión Nacional de la Memoria, Verdad y Justicia se mantienen atentas y acompañando los trabajos de la CNV.

Comisión Nacional de la Verdad, reconocieron sus crímenes y quedaron libres, como si nada hubieran hecho y volvieron a sus casas. Esto es vergonzoso para la sociedad brasileira. La revisión de la Ley de Amnistía permitirá que los responsables por crímenes contra la humanidad tengan el castigo que merecen. Estos crímenes no pierden la validez, conforme el Derecho Internacional. Otro hecho frustrante es que las fuerzas armadas, Ejército, Marina y Aeronáutica, no reconocen su rol y participación en la represión, tortura y asesinato de personas, aun cuando la Comisión Nacional de la Verdad haya comprobado el uso de sus instalaciones e identificado los asesinos y torturadores. Los militares alegan que hicieron investigaciones y nada encontraron, cuando la verdad es que fueron ellos mismos los que quemaron archivos y destruyeron pruebas. La Comisión Nacional de la Verdad no avanzó en la localización de los restos mortales de los desaparecidos forzados, siendo necesaria la continuación de estos trabajos. De esta manera, el número de 434 muertos y desaparecidos políticos no es definitivo y el mismo debe aumentar. No está en la relación divulgada por la CNV, por ejem-

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plo, tres nombres de trabajadores rurales asesinados por militares alrededor de la década de 1980 cuando realizaban paros. Por otro lado, constan en la relación nombres de tres trabajadores rurales asesinados por desconocidos, y no por agentes del Estado, abriendo la posibilidad, por lo tanto, para que centenas de trabajadores y sindicalistas rurales asesinados durante la dictadura militar sean reconocidos como crímenes políticos. Todavía es necesario avanzar en las investigaciones sobre la participación de los empresarios y de las empresas en el golpe militar, por dar soporte a la dictadura y apoyo en la infraestructura de represión. Algunas empresas cedían vehículos, instalaciones, financiaban organismos para torturas y asesinatos de personas, mantenían estructuras internas de seguridad encabezadas por militares, denunciaban y despedían a los activistas sindicales. Estos empresarios y las empresas son cómplices de los militares, deben recibir punición e indemnizar a los trabajadores por los crímenes cometidos. Por fin, existen todavía otras cuestiones que necesitan ser más investigadas, ya que, aunque no sean reconocidas internacionalmente como crímenes contra la humanidad, provocaron millares de muertos. Es el caso, por ejemplo, de los muertos en accidentes de trabajo. En la década de 1980, Brasil se convirtió en el campeón mundial en accidentes de trabajo. También tenemos las muertes provocadas por enfermedades debido al crecimiento desordenado de las ciudades y la falta de sanidad básica e inversión en salud. Tenemos los casos de los niños que tuvieron que abandonar la

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odavía es necesario avanzar en las investigaciones sobre la participación de los empresarios y de las empresas en el golpe militar, por dar soporte a la dictadura y apoyo en la infraestructura de represión.

escuela y fueron obligados a trabajar para ayudar a mantener a su familia. Los militares modificaron la Constitución de la República en 1967 e instituyeron el trabajo infantil. Esto se constituye un crimen contra nuestra infancia. La Comisión Nacional de la Verdad y su informe final es el comienzo de un proceso. Ahora es necesario llevar a cabo las recomendaciones, principalmente en lo que se refiere a la democratización de las policías y las fuerzas armadas. No existe época para la busca de la verdad, memoria, justicia y reparación. 3 São Paulo, 15 de enero de 2015.

NÚM: 67 • ENERO 2015 • 43

SECCIÓN

Los datos tienen la palabra F1M | Jesús Cruces PENSIONES CONTRIBUTIVAS Y NO CONTRIBUTIVAS EN ESPAÑA, 2010-2014

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2014.

Pensiones contributivas (miles de pensiones) 2010: ......................................................... 8.671,02 2011: ......................................................... 8.805,16 2012: ......................................................... 8.920,00 2013: ......................................................... 9.065,83 2013 (ene-nov): ........................................ 9.058,54 2014 (ene-nov): ........................................ 9.194,73 Pensiones no contributivas (nº de pensiones) 2010: ......................................................... 453.295 2011: ......................................................... 449.006 2012: ......................................................... 446.425 2013: ......................................................... 446.292 2013 (ene-nov): ........................................ 446.214 2014 (ene-nov): ........................................ 449.433

PENSIONES CONTRIBUTIVAS EN VIGOR POR REGÍMENES Y CLASES, 2014 (ene-nov 2014; miles de pensiones)

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2014.

Total sistema: ............................................

9.194,73

General: ..................................................... Trabajadores autónomos: ....................... Trabajadores del mar: .............................. Minería del carbón: .................................. Accidentes de trabajo: ............................. Enfermedades profesionales: ................. Sovi: ...........................................................

6.447,98 1.917,27 130,79 67,04 208,35 39,80 383,51

Incapacidad permanente: ....................... Jubilación: ................................................. Viudedad: .................................................. Orfandad: .................................................. Favor de familiares: ..................................

929,48 5.554,22 2.347,70 325,03 38,30

IMPORTE MEDIO DE LAS PENSIONES CONTRIBUTIVAS EN ESPAÑA, 2010-2014 (euros/mes)

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2014.

2010: ......................................................... 2011: ......................................................... 2012: ......................................................... 2013: ......................................................... 2013 (ene-nov): ........................................ 2014: (ene-nov): .......................................

779,49 804,96 829,79 856,37 855,85 870,50

POR CCAA, 2014 (ene-nov) Andalucía: ................................................. Aragón: ...................................................... Asturias: .................................................... Baleares: ................................................... Canarias: ................................................... Cantabria: ................................................. Castilla y León: .......................................... Castilla La Mancha: .................................. Cataluña: ................................................... Comunidad Valenciana: ........................... Extremadura: ............................................ Galicia: ....................................................... Madrid: ...................................................... Murcia: ...................................................... Navarra: ..................................................... País Vasco: ................................................ La Rioja: .................................................... Ceuta y Melilla: .........................................

789,03 909,32 1.028,14 798,77 811,44 908,46 851,36 809,22 900,46 801,56 732,30 733,46 1.030,26 767,35 991,39 1.075,91 838,82 864,32

IMPORTE MEDIO DE LAS PENSIONES CONTRIBUTIVAS EN VIGOR POR REGÍMENES Y CLASES, 2014 (ene-nov 2014; euros/mes)

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2014.

Total sistema: ............................................

870,50

General: ..................................................... Trabajadores autónomos: ....................... Trabajadores del mar:............................... Minería del carbón: .................................. Accidentes de trabajo: ............................. Enfermedades profesionales: ................. Sovi: ...........................................................

965,31 611,23 921,38 1.501,89 930,42 1.163,57 381,89

Incapacidad permanente: ....................... Jubilación: ................................................. Viudedad: .................................................. Orfandad: .................................................. Favor de familiares: ..................................

915,32 999,07 623,84 369,57 508,11