Retos para la renovación sindical (1990)

RETOS PARA LA RENOVACIÓN SINDICAL1 Denis Sulmont 1990 Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

Se ha cuestionado fuertemente al movimiento sindical peruano en la última década desde diferentes perspectivas. Algunos analistas de izquierda observan que el sindicalismo obrero ha perdido la importancia que había cobrado en los años ‘70; otros señalan que las luchas sindicales no han logrado detener el deterioro de las remuneraciones. Desde la derecha los cuestionamientos tienen otros alcances. Sus voceros simplemente ignoran o minimizan a los sindicatos o los atacan con vehemencia, acusándolos de construir un “monopolio laboral” que merma la productividad, incrementa los costos, desalienta la inversión y crea privilegios. No obstante estos cuestionamientos, el-movimiento sindical ha tenido una constante presencia en el panorama social y político del país. Para empezar, ha alcanzado un importante nivel de centralización. El grueso de las federaciones se han nucleado en torno a la CGTP, la que, junto con Izquierda Unida y las diferentes organizaciones gremiales y políticas presentes en la Asamblea Nacional Popular, ha llegado a constituir un importante bloque sindical-popular. Bloque que empezó a perfilarse con perspectivas programáticas y políticas de alcance nacional. Las huelgas y las luchas han sido, por otro lado, mucho más numerosas y prolongadas que durante los años ‘70. A lo largo de la presente década, el promedio anual de trabajadores involucrados y de horas hombres pérdidas fue de 600 mil y 17 millones respectivamente, sin contar a los empleados públicos; se convocaron once paros generales a nivel nacional (los cuales ocho fueron masivamente acatados), tres paros agrarios y numerosos paros regionales. Prácticamente todos los sectores protagonizaron luchas muy duras; recordemos en particular las huelgas de los trabajadores textiles, municipales, petroleros, de electricidad, de construcción civil, estatales, mineros pescadores, médicos. La movilización y centralización sindical se ha desarrollado en el contexto de profundización de la crisis. La recesión y la inflación han afectado brutalmente el empleo y los salarios de los trabajadores asalariados, deteriorando las condiciones de subsistencia de las familias populares. A las constantes agresiones económicas, se ha sumado la arremetida de la violencia política, del terrorismo y de la guerra sucia. En este entorno, la clase capitalista no dejó lugar a ninguna concesión ni posibilidad de concertación, recortando, más bien, toda forma, de participación de los trabajadores e incrementando sus ganancias acosta de ellos de manera escandalosa Cohesionados en torno a la ideología neo-liberal, los grandes empresarios se nuclearon gremial y políticamente, constituyendo la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) en 1984, el Movimiento Libertad en 1987 y, poco después, el FREDEMO. De manera arrogante, ante las desavenencias del APRA y la división de Izquierda Unida, este nuevo bloque clasista empresarial está a la ofensiva con el propósito de capturar directamente el gobierno y el poder. Sin embargo, no ha podido aún destruir la organización sindical, pero no cabe duda que apunta a ello. 1

Publicado en Cuadernos Laborales N° 57 en marzo de 1990.

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En este Crítico panorama ¿qué puede y debe hacer el movimiento sindical? El análisis y los planteamientos que presentamos a continuación buscan contribuir a responder a esta pregunta. Consideramos que el sindicalismo, con el nivel de representación social, organización y experiencia de lucha que ha alcanzado, puede no sólo seguir resistiendo los múltiples embates actuales, sino ser uno de los protagonistas fundamentales de una alternativa frente a la arremetida política del FREDEMO. Ello implica el reconocimiento de las limitaciones existentes y la necesidad de articular las luchas sindicales con las del conjunto del pueblo, dándoles un contenido orientado hacia un proyecto nacional de inversión y producción. El reto del movimiento sindical consiste, fundamentalmente, en enfrentar la crisis, no a la defensiva sino con la persistente perspectiva de gobierno y poder de quienes apuestan por construir el país. Alcances y limites del movimiento sindical Entre las múltiples y diversas formas de organización del vasto mundo laboral, se encuentran los sindicatos. Desde hace muchos años este tipo de organización viene jugando un papel claro en el proceso de constitución de un movimiento popular. No obstante sus debilidades, constituyen una importante fuerza social organizada a nivel nacional. De su capacidad de resistencia depende, en gran parte, la suerte de las otras luchas del pueblo. Las clases dominantes lo saben muy bien. A nivel nacional, de acuerdo al Censo Nacional de Población de 1981, habían 2.2 millones de asalariados sobre un total de 5 millones que era la Población Económicamente Activa (PEA). Es decir el 45% de la fuerza laboral del país (23% obreros, 22% empleados) eran asalariados. Para 1990, con una PEA proyectada de 7.6 millones y un porcentaje probablemente inferior de asalariados (estimado en 35%), éstos sumarían 2.7 millones hoy día. De éstos, ¿cuántos son sindicalizados? A partir del estudio efectuado por Yépez y Bernedo (1985), es posible estimar ahora un total de un millón de trabajadores (60() en el sector público y 400 en el sector privado). Es decir, los sindicalizados representan el 13% de toda la PEA Nacional y el 37% de los asalariados. Esta estimación, que es conservadora, muestra que no obstante la situación de subdesarrollo y crisis del país, la organización sindical tiene una presencia muy significativa. Si bien es cierto que la recesión económica hace disminuir -en términos relativos- el peso de los asalariados y de los sindicalizados, aún así, la base organizativa del movimiento sindical sigue siendo importante. El número de organizaciones sindicales oficialmente reconocidas asciende a cerca de 5 mil de los cuales el 80% corresponde a sindicatos obreros o mixtos. Un importante sector que se ha sumado recientemente a la organización sindical, lo constituye el sector de los trabajadores de la administración pública. Hasta fines de los años 70 no se les había reconocido su derecho de sindicalización. A raíz de la gran movilización en defensa de su estabilidad laboral, que dio lugar a la formación de la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE) en 1978, la nueva Constitución le consagra este derecho. Hoy día, el conjunto de trabajadores que dependen del Estado reúne el mayor contingente sindicalizado del país.’ Los diferentes sectores sindicales están agrupados en cuatro Confederaciones Nacionales: la CGTP, CTP, CTRP y CNT. La CGTP agrupa, de lejos, a la mayoría del sindicalismo nacional. Ya para 1986, según el Ministerio de Trabajo, el 68.71% de los convenios colectivos resueltos eran de gremios afiliados a la CGTP, frente a 2.28% de 2

la CTP, 2.49% de la CTRP y 0.24% de la CNT. Fu el transcurso de los años ‘80, se incorporaron a la CGTP sectores decisivos en el mundo laboral como la Federación Nacional Minera, Luz y Fuerza, Petroleros, la Confederación Campesina del Perú y la CITE. De las diferentes categorías de asalariados ¿cuáles son las que más interés tienen de incorporarse a la acción sindical?. En primer lugar los obreros, que constituyen tradicionalmente los “núcleos duros” del movimiento sindical (por esta razón, frecuentemente se identifica el movimiento sindical con el” movimiento obrero”; sin embargo, tal identificación presta a confusión y no es conveniente). En segundo lugar, se trata de la mayoría de los empleados que no tienen responsabilidad, de profesionales que han tenido que asumir la lucha sindical ante el grave deterioro de sus remuneraciones, como los maestros y profesionales del sector salud. Un factor fundamental para el acceso a la sindicalización, lo constituye la garantía de una cierta estabilidad en la relación contractual con el empleador. La estabilidad laboral ha sufrido, en esta década, marchas y contramarchas y junto con el problema de la precarización del empleo es trascendental para el movimiento sindical y requiere ser abordado de manera integral. Hoy, para el FREDEMO, derrotar el sindicalismo pasa por generalizar el empleo precario, suprimiendo toda estabilidad laboral tanto en el sector privado como el sector público. Ya Libertad amenazó con despedir a 500 mil trabajadores públicos y su líder, Vargas Llosa, anunció el propósito de transformar a todo el Perú en una “zona franca”. La derecha quiere un país de trabajadores descartables e impotentes. Es fundamental, por lo tanto, defender el derecho a la estabilidad, asociándolo a una política programada de desarrollo y promoción del empleo, reivindicando la participación responsable de los trabajadores en sus centros de trabajo y afirmando la defensa de la ótica laboral. Asimismo, el movimiento sindical necesita adecuar sus estructuras organizativas para poder albergar en su seno a los trabajadores precarios. Sobre este punto regresaremos. Las condiciones de organización y capacidad de presión sindical varían también según los tipos de empresas y los sectores económicos. Para formar un sindicato, la ley exige un mínimo de 20 trabajadores. Pero, en general, la organización sindical difícilmente puede resistir si no existe una mayor concentración de afiliados. Esa es una de las razones por las empresas subdividen sus unidades operativas. Por eso, 1a organización sindical no puede restringirse a los centros de trabajo donde los trabajadores se relacionan cara a cara; necesita estructurarse a nivel de instancias empresariales, sectoriales y regionales más amplias, a través de Federaciones y Confederaciones. Otro elemento a considerarse es el de la importancia de la actividad desempeñada por los trabajadores organizados. La fuerza sindical depende tanto de la organización como de la capacidad de presión económica y social de los trabajadores, es decir del verdadero impacto que tenga el ejercicio del derecho de huelga. Por eso, los sectores sindicales más fuertes se encuentran en las ramas productivas y los servicios más rentables o estratégicos: minería y petróleo, industria fabril, construcción civil, electricidad y sistema financiero. A estos sectores corresponden más del 90% de las horas hombre perdidas por huelga. Se estima, además, que el conjunto de trabajadores organizados sindicalmente aportan el 70% de la producción nacional. En otras palabras, los sindicatos están involucrados en las relaciones de trabajo decisivas para el gran capital y para el Estado y ello les confiere una importancia nacional. Finalmente, un problema fundamental de la acción sindical lo constituye aún la atomización. En el sector público los trabajadores negocian con el Estado, por pliegos

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presupuéstales. En el sector privado, los pliegos de reclamos se negocian por lo general a través de los sindicatos de base, a nivel de cada centro de trabajo. Esta situación disgrega la negociación colectiva, debilita la capacidad reivindicativa y acentúa las diferencias entre trabajadores. Además, dificulta el planteamiento de propuestas globales para el sector en el cual se desenvuelve la acción sindical. En la actualidad, sólo logran negociar pliegos por rama de actividades los trabaja dores textiles, bancarios, gráficos, de restaurantes y hoteles, pescadores, panaderos, de Construcción Civil, de Luz y Fuerza, de Agua Potable y Alcantarillados, ferroviarios y portuarios. La Federación Nacional Minera Metalúrgica y Siderúrgica ha librado tres importantes huelgas entre 1988 y 1989 para que las empresas del sector acepten discutir su Pliego Nacional. Más allá del trabajo asalariado Nos hemos referido hasta ahora fundamentalmente a los obreros y empleados involucrados en las relaciones salaria les “típicas”. Sin embargo, existe una serie de modalidades distintas de relaciones de trabajo “a-típicas’. Entre ellas, fundamentalmente, la subcontratación y el trabajo por encargo. En la subcontratación, la empresa principal es la que real mente controla el proceso de trabajo, pero usa un intermediario para contratar la mano de obra y para que se encargue de las relaciones laborales. De este modo la empresa principal evita la concentración de una virtual fuerza sindical, y no se responsabiliza de dichas relaciones laborales. Muchas de esas empresas intermediarias operan en forma semi-legal o clandestina, no cumplen con registrar sus obreros en planilla, no pagan beneficios sociales y no respetan las condiciones de trabajo. En estas condiciones resulta difícil, pero también muy necesaria, la organización sindical. En varios casos (Southcrn, Petroperú), la lucha para reivindicar a los trabajadores subcontratados ha dado resultados positivos. El trabajo por encargo prolifera sobre todo en la industria de la confección, que emplea una gran cantidad de mujeres “a domicilio” según los pedidos de grandes empresas que planifican, reparten y controlan las tareas. A pesar de ser una modalidad de trabajo a destajo reglamentada desde hace muchos años, esas empresas la usan como si fuera una actividad “in formal’ sin respetar los derechos laborales. Ocurre lo mismo con los vendedores ambulantes que distribuyen los productos de determinadas tiendas o fábricas. Si bien aparentan ser “independientes”, usando medios propios de trabajo, dichos trabajadores en realidad son dependientes. Su dispersión y la competencia a la que están sujetos dificultan la organización sindical bajo el modelo típico; sin embargo, no impiden su participación en otras formas de organización gremial, como lo demuestra la agremiación generalizada de los vendedores ambulantes. Los talleres satélites, las empresas sub-contratistas y el trabajo por encargo no pueden entenderse como si fueran iniciativas individuales de pequeños empresarios informales. Corresponden al uso de formas arcaicas de explotación capitalista y a la vez a una moderna estrategia de “exteriorización” de las relaciones de trabajo que apunta a descentralizar la fuerza laboral, es decir organizar el proceso de trabajo sobre la base de pequeñas unidades coordinadas entre sí, sin afectar la capacidad de gestión centralizada. De este modo, se establece una mayor distancia entre los verdaderos centros de decisión empresarial y los trabajadores directos. Es obvio que esta realidad hace necesario renovar los modos de organización y acción sindical.

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Cabe precisar la incidencia de la llamada “in formalidad” sobre la organización labora. El calificativo de informal se usa para designar al conglomerado de pequeñas unidades de trabajo y personas que operan al margen de las leyes y de las regias consideradas como normales. El desarrollo de la “informalidad” sería el fruto de las estrategias populares frente a las trabas del Estado y la incapacidad del sistema económico dominante de ofrecer oportunidades de empleo y garantizar la sobre-vivencia mediante los salarios. Sien do una especie de “cajón de sastre, en el que entre todo tipo de prácticas, resulta difícil precisar el tamaño del “sector in formal”: el Instituto de Democracia y Libertad (dirigido por Hernando de Soto, autor del libro “El Otro Sendero”) toman do como criterio el carácter extra-legal de las actividades, evalúa que abarca alrededor de la mitad de la PEA y un 40% del PBI. El Ministerio de Trabajo, basándose en el tamaño de los centros de trabajo (menos de 10 trabajadores en la industria), calcula aproximadamente un tercio de la PEA y 7% del PBI. En realidad, dado el carácter ilegal, clandestino ose- mi-clandestino de muchas actividades, las estimaciones son bastante arbitrarias. Por ejemplo, hay que incluir al narcotráfico, que involucra a Cientos de miles de personas. Lo cierto es que, con la crisis, dicho conglomerado informal viene incrementándose. Dentro del mundo de la informalidad, es necesario distinguir entre varios tipos de situaciones. Un primer tipo corresponde a la evasión de impuestos y obligaciones sociales por parte de las empresas supuestamente formales; es la “informalidad empresarial” que promueven (y practican) los pro motores neo-liberales de una política de “desregulación” del Estado, política claramente antisindical. Un segundo tipo corresponde a las iniciativas de personas o familias de extracción popular (comuneros que migran a la ciudad, trabajado res asalariados insuficientemente remunerados o despedidos, madres de familia, jóvenes, etc.) que emplean su fuerza laboral y sus escasos recursos para generar oportunidades propias de traba o realizar negocios. Es necesario también señalar allí distintas situaciones, que varían según campos de actividades (comerciantes, transportistas, talleristas, etc.): algunos trabajadores se convierten en medianos propietarios, empleando una mano de obra dependiente; otros se mantienen como pequeños propietarios, invirtiendo sólo su propia fuerza laboral y la de algunos familiares; y muchos quedan reza gados, “cachueleando” para vivir. El trabajo de los más pobres es usado por los pequeños y medianos propietarios, y éstos a su vez dependen de los más grandes. El mundo de la informalidad popular se constituye en una cadena de relaciones de explotación y de poder, en el que el capital saca provecho. En cierta forma, tiene razón Hernando de Soto cuando ve en ello la expresión de un capitalismo. Pero se trata de un capitalismo sub-desarrollado, fruto del estancamiento productivo. El desarrollo de las actividades populares informales implica, por parte de los sectores sociales involucrados, la con quista de determinadas condiciones sociales, económicas y políticas (acceso a los espacios de la ciudad; definición de los precios, tarifas e impuestos; disposición de crédito y mercados, etc.). De aquellos protagonistas, nacen diferentes formas de organización gremial, que toman el nombre de “comité’, “federación’, “asociación” e incluso “sindicato”. La organización en este caso no se define como representación de los trabajadores, sino de pequeños productores y de micro empresarios. Este campo de organización y lucha gremial fue descuidado por la izquierda, que centró su atención fundamental mente en las relaciones asalariadas de producción, donde el eje “clasista” de los conflictos aparece más nítido. Este des cuido fue percibido por el ILD, que propició una vasta campaña para convertir a las organizaciones de los pequeños 5

propietarios informales en defensores de la ideología capitalista y en aliados de los grandes empresarios, a través de la “Unión Informal-Formal”. Esta campaña, sin embargo, choca con los intereses monopólicos del capital. Por ello, el campo de organización y lucha de los pequeños productores es ya abierto a una perspectiva distinta: la de democratizar la economía y promover programas de desarrollo que coincidan con los intereses de todos los trabajadores. Esta perspectiva requiere del apoyo decidido del sindicalismo clasista. Crisis y resistencia sindical-popular Sabemos que el nivel real de los sueldos y salarios ha ido deteriorándose desde el año 1973. La bajada, sin embargo, no ha sido lineal. Hubieron algunos repunte del gobierno de Belaunde y de García) y los c ron un poco mejor que los empleados, sobre todo empleados públicos. Pero el saldo global es negativo. En 1989, los sueldos reales se encuentran en la cuarta parte nivel que tenían en 1973 (15% en el caso de los empleados públicos). La caída más brutal se registró a partir de setiembre de 1989. El trágico deterioro del valor promedio de las remuneraciones es mayor que la baja del PBI y del Ingreso Nacional. Es decir que, entre los diferentes sectores económicos, son los asalariados quienes han sido los más afectados. El total de las remuneraciones que representaba en 1973 la mitad del Ingreso Nacional constituye, a fines de la presente década (1988) sólo un tercio. En el mismo lapso, las utilidades de las empresas han pasado del 20% al 36%. La participación de los independientes no se incrementó (más bien disminuyó en el caso de los agricultores). La crisis ha sido utilizada por una cúpula empresarial para reforzar considerablemente su poder económico (y político) en detrimento del resto de los peruanos. La menor participación de las remuneraciones en el Ingreso Nacional se explica en parte por la disminución relativa del trabajo asalariado en la PEA total. Algunas estimaciones del Ministerio de Trabajo señalan que la proporción habría bajado de 40% a 35% entre 1973 y 1985. Aún así, el problema principal lo constituye la disminución del nivel promedio de los sueldos y salarios. Además, quienes dejaron de ser asalariados engrosaron la masa de los independientes sin que el total de ingresos de dicha masa aumentara; en consecuencia, los independientes son más numerosos, pero cada uno es más pobre. Por su parte, las grandes empresas, emplean do menos trabajo asalariado y explotando a más productores independientes sub-contratados, termina ganando más. Y, al mismo tiempo, no realizan mayor inversión, no asumen la renovación tecnológica del aparato productivo, casi no pagan impuestos y terminan transfiriendo sus ganancias hacia el exterior. La empresa y el Estado, que nunca han asumido el mantenimiento de los trabajadores sub-empleados y desocupados, dejan cada vez más de garantizar la subsistencia de quienes emplean directamente. Han generado una creciente brecha entre las remuneraciones y las necesidades básicas. El Ingreso Mínimo no cubre ni la décima parte de la canasta familiar. Un trabajador del gobierno central gana apenas la quinta par te de lo que requiere su familia; los obreros un poco más de la cuarta parte; y los empleados no llegan a la mitad. Otra manifestación dramática de la desvalorización de las remuneraciones lo constituye el incremento del “sub-empleo”, que indica fundamentalmente el número de trabajado res (asalariados o no) que están por debajo del mínimo legal. En Lima, el sub-empleo ha pasado del 26% a 73% del empleo total entre 1980 y 1989, Con una desocupación

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abierta de 8%, queda sólo un 19% de la PEA llamada “adecuadamente empleada”. De ésta última sólo un reducidísimo sector alcanza una remuneración superior a la canasta familiar En suma, estamos ante un sistema que pretende explotar la fuerza de trabajo asalariado del país cubriendo tan sólo una fracción del costo de su reproducción; sistema, además, que no cuenta con un seguro de desempleo y que ofrece una cobertura de seguridad social limitada y muy deficiente. Esta situación no significa que los trabajadores asalaria dos abandonen la lucha por defender su empleo y el salario. Muy pocas familias populares pueden darse el lujo de renunciar a esta fuente de ingreso cuando la tiene, por más modesta que sea; tener un empleo en una empresa o en el Estado permite, además, acceder a algunos beneficios sociales que otras actividades laborales no ofrecen. Para subsistir, es necesario sumar varias fuentes de ingresos, tanto la remuneración aportada por los miembros de la familia que trabajan en forma dependiente, como las ganancias obtenidas de los diferentes trabajos realizados de manera independiente en la casa y fuera de ella, incluyendo las labores de auto-producción y ayuda mutua (vaso de leche, Comedores Populares). Todo ello implica mucho tiempo adicional de trabajo y la extensión de la participación laboral de todos los miembros de la familia. La lucha popular por la subsistencia significa, pues, la combinación de varios terrenos de movilización que involucran, junto con los sindicatos, a las organizaciones campesinas, las de los pequeños productores urbanos, de las mujeres y de los pobladores principalmente. El movimiento sin i tiene un rol decisivo que cumplir para articular dichos terrenos de lucha, como de hecho lo ha hecho a través de los Frentes de Defensa y las plataformas de los paros regionales y nacionales. La constitución de la Asamblea Nacional Popular en 1988 responde, en gran parte, a esta necesidad de coordinación, aunque hasta el momento ha quedado rezagada por divergencias políticas. Nuestro análisis muestra que, en la lucha por la subsistencia, resulta fundamental no abdicar la lucha sindical. El d del salario y/o del empleo afecta directamente a las familias populares y a los pequeños productores. Desprestigiar y desatender la reivindicación de los trabajadores sindicalizados, bajo el pretexto que ellos son privilegiados, termina perjudicando brutalmente a todo el pueblo. Las estrategias de subsistencia y movilización de los pobladores, así como la acción gremial de los pequeños productores, no deben sustituir a la lucha sindical sino sumarse a ella. De hecho, entre las múltiples formas de resistencia popular, la movilización huelguística ha sido una de las más persistentes, no obstante que la recesión productiva le ha resta do fuerza. La paralización del trabajo, como modio de presión económica, resulta insuficiente. Por ello, además de las huelgas, asistimos a otras formas de lucha, tales como las marchas de sacrificio, manifestaciones callejeras, huelgas de hambre, y ocupación de centros de trabajo. Muchos trabaja dores arriesgan su vida en ellas. Las huelgas se prolongan a veces varios meses y sus resultados son generalmente muy modestos. Defensa del empleo y de la producción Los efectos de la recesión y de la carencia de inversiones no sólo afectan el empleo y ponen en cuestión la vigencia de muchas empresas a corto plazo. Sus repercusiones alcanzan gravemente el futuro de la estructura productiva del país, disminuyendo aún más las oportunidades de trabajo y de remuneración a corto y mediano plazo. Pocas 7

ramas de actividad escapan a este problema. En la industria manufacturera, las más afectadas son las metal-mecánica, la de confecciones y de calzado. Sectores estratégicos como la minería y petróleo, se encuentran también seriamente perjudicados por la falta de inversión y re- novación tecnológica. La situación es particularmente crítica para las empresas estatales. El deterioro de la viabilidad de las empresas coloca al movimiento sindical al pie de una pared. La lucha reivindicativa centrada sólo en el salario no es suficiente; la defensa de la estabilidad laboral adquiere mayor prioridad, pero, tarde o temprano, resulta si la empresa descapitaliza y no renueva su base productiva. Ante esta situación la acción sindical se ve obligada, en la práctica, a tomar iniciativas para defender el futuro de las empresas, entrando a tallar en las políticas económicas de carácter sectorial y nacional. Un elemento importante a tomar en cuenta es el papel que desempeñan las Comunidades Laborales, sobre todo en las empresas industriales y mineras. Los alcances de este sistema de participación en la propiedad, utilidades y gestión de esas empresas han sido recortados a partir de 1978. Sin embargo, los trabajadores comuneros se movilizaron para defenderlo, llegando incluso a realizar un “paro comunero” en 1982; además, la mayoría de ellos optaron por el llamado “Sistema 1” (es decir el mantenimiento de los tres niveles de participación), rechazando el “Sistema II” (opción que circunscribe la participación a las utilidades). Lo que está en juego, no es sólo el aspecto redistributivo, sino la posibilidad de contar con una instancia colectiva de acceso a la información y control, aunque sea parcial, de la gestión empresa rial. Los trabajadores la han usado, al lado del movimiento sindical, para evitar el cierre de fábricas y minas, así como la desactivación de empresas estatales. Esta acción concerta da ha permitido la defensa de empresas como CUVISA, Moraveco, SIDERPERU y PESCAPERU. En varias de las empresas estatales, los sindicatos y las comunidades (con la par ticipación de algunos profesionales) han constituido sus respectivos Frentes de Defensa. La defensa de la producción no se circunscribe a determinadas empresas, sino se proyecta a nivel de ramas de producción, ya sea a través de las federaciones sindicales o “Frentes de Defensa” sectoriales (Frente de la Industria Automotriz, de Energía y Minas, de la Pesca, etc.). De este modo, las organizaciones laborales incursionan en el campo de las políticas de gestión empresarial y de alter nativas económicas, a nivel s regional y nacional. El desarrollo de este tipo de participación programática se concreta a través de una serie de iniciativas tales como la realización de foros de debate, la constitución de comisiones de trabajo y de estudios y la organización de campañas (por ejemplo “salvemos a PETROPERU’) en las que participan dirigentes sindicales, ingenieros, asesores y, en algunas ocasiones, funcionarios de las empresas. Tales iniciativas se traducen, a su vez, en plataformas y medidas de luchas. Algunos sindicatos y federaciones empiezan a incorporar planteamientos de orden programático en sus pliegos y luchas sectoriales: por ejemplo, los problemas de la educación para los maestros, los de la salud pública para los médicos, los de la administración pública para los estatales, los del Sistema financiero para los bancarios. Hay que reconocer, sin embargo, que las reivindicaciones urgentes de salario copan las principales energías de la lucha sindical. A nivel nacional, constituye un avance importante la realización de las Conferencias Nacionales de Trabajadores (CO NADET), convocadas por la CGTP a partir de 1984 para de batir los problemas nacionales y los planes de Gobierno de los partidos.

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Retos para la renovación A manera de conclusión, resumiremos lo que consideramos son los principales retos que el movimiento sindical de be y puede asumir para encarar la grave situación actual. 1. Ganar un mayor espacio público en la sociedad. Es necesario defender el lugar del movimiento sindical en la vida social y política del país, ganando más legitimidad y respeto de parte de las empresas, del Estado y de las demás entidades. Para ello, los sindicatos deben fortalecer su organización, consolidarse internamente como instituciones democráticas y representativas, y defenderse frente a cualquier intromisión y violencia terrorista. 2. Desarrollar una acción sindical articulada. Para servir a los intereses del conjunto de los trabajado res, la acción sindical requiere superarla dispersión-atomización. Debe enfrentar de manera sistemática la inevitable des centralización de los lugares de trabajo, mediante mecanismos ágiles de coordinación entre sindicatos de base, apuntan do a los verdaderos núcleos de decisión del capital y del Estado. Se requiere para ello activar las federaciones y coordinadoras sindicales a nivel de grandes empresas, de conglomera dos de empresas y de ramas productivas. En este sentido, resulta decisiva la negociación colectiva articulada, basada en pliegos sectoriales concertados entre diversos sindicatos, tal como viene operando en muchos países y en algunos sectores en el Peri, y tal como lo esta exigiendo ahora la Federación Minera. El esfuerzo de coordinación de la acción sindical no debe excluir a los trabajadores de las sub-contratas y las distintas categorías laborales insertas en relaciones atípicas de trabajo. 3. Propiciar una participación programática. Uno de los mayores retos del movimiento laboral consiste en asumir a la vez la lucha reivindicativa diaria y la lucha por participar en el control y la gestión de las empresas, con un enfoque programático de desarrollo económico y social. Este planteamiento exige, en particular: 1) defenderlos espacios de participación existentes y renovarlos, en especial las Comunidades Laborales, apuntando a proyectarlas funda mentalmente como instancia de cogestión; 2) conseguir a través de la negociación colectiva, convenios relativos a la inversión productiva, la modernización tecnológica, la re conversión profesional, la reubicación de personal, etc.; 3) impulsar la participación de representantes de los trabajado res en los diferentes campos de la actividad empresarial y estatal (Comités de Seguridad e Higiene; Administración de la Seguridad Social; Instituto Nacional de Planificación, etc.); 4) Sistematizar las relaciones del movimiento laboral con los sectores técnico-profesionales comprometidos con el país. Todas estas metas reclaman de los trabajadores no sólo una “moral (le asalariados” sino también una “moral de productores”, vale decir la reivindicación de su capacidad de dominio sobre el proceso colectivo y de su papel como actores responsables del futuro de la sociedad. 4. Transformar las actividades de sobre-vivencia en un proyecto de desarrollo.

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El sindicalismo debe coordinar con los diferentes campos de acción del pueblo trabajador en su lucha por subsistir, asumiendo una estrategia de desarrollo local y regional. Ello supone una política de concertación y apoyo mutuo con los gremios de pequeños productores y trabajadores independientes, las organizaciones campesinas y de pobladores urbanos, los programas de emergencia, los frentes de defensa, los municipios y gobiernos regionales. 5. Asumir un proyecto nacional con voluntad de poder. Resulta fundamental, finalmente, que el movimiento sindical asuma un proyecto nacional como parte de una perspectiva popular de gobierno y de poder. Ante el ahondamiento de la crisis, la extensión de la violencia y la arremetida de la derecha liberal, no basta protestar y coordinar luchas reivindicativas, tampoco es suficiente ofrecer alternativas programáticas. Es necesario, desde ahora, afirmar la voluntad de hacerse cargo del país y acumular fuerzas políticas.

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