¿Responsabilidad de Proteger? La intervención internacional en los casos de Libia y Siria [Ágora - Nº 12 Febrero 2015]

Ágora. Nº 12. Febrero 2015

Bernardino León Reyes Elisa Llop Cardenal

¿RESPONSABILIDAD DE PROTEGER? La intervención internaciónal en lós casós de Libia y Siria Bernardino León Reyes Estudiante de Grado en Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Autónoma de Madrid

Elisa Llop Cardenal Estudiante de Máster de Abogacía y Derecho Internacional, Maastricht University-ESADE

I- INTRODUCCIÓN El concepto de “comunidad internacional” está hoy ampliamente consolidado. En el actual mundo globalizado, la interdependencia de unos Estados, naciones y pueblos con otros hace imposible cerrar los ojos ante un sufrimiento que ya no nos es ajeno. Aquello que no nos toca directamente, lo hace por vías que no tardarán en ponerse de manifiesto. Y aunque no lo hicieran, ya no podemos permitirnos alegar desconocimiento. Sobre nuestras conciencias pesan aún hoy casos sangrantes de un pasado no lejano, en que elegimos no actuar: las víctimas en Ruanda, los Balcanes o Camboya [1] nos recuerdan que no intervenir o llegar tarde tiene consecuencias moralmente inasumibles. Pese a ello, una intervención en el territorio soberano de otro Estado no puede dejarse al libre arbitrio de los demás. Un marco jurídico internacional legítimo es fundamental para evitar abusos y que la intervención se convierta en un subterfugio para llevar a cabo una política de expansión imperialista o neocolonial. Es importante recordar, a estos efectos, que la actual Carta de las Naciones Unidas prohíbe a sus Estados Miembros recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado [2]. La ONU no puede tampoco intervenir “en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados” [3]. Sólo hay dos excepciones a esta prohibición: a) El artículo 51 de la Carta autoriza a intervenir en territorio de otro Estado en legítima defensa [4], aunque obliga a comunicarlo inmediatamente al Consejo de Seguridad. b) El capítulo VII de la Carta permite al Consejo de Seguridad autorizar el uso de la fuerza para mantener la paz y la seguridad internacionales. Esta es la base legal de una intervención. Las precondiciones o requisitos legales establecidos -por la costumbre internacional- para una intervención en este marco son: 1

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1. La existencia de una potencial catástrofe humanitaria 2. Que la catástrofe y sus efectos supongan una amenaza a la paz y seguridad internacionales 3. Autorización explícita del Consejo de Seguridad de cualquier intervención militar 4. La autorización y el desarrollo de la intervención deben ser un acto de ultima ratio. No obstante, el principal obstáculo a cualquier acción en este sentido es la ausencia de un organismo supranacional que lo gestione (el Consejo de Seguridad es un órgano netamente político) y de regulación imperativa: no hay un deber de intervenir. Pero la necesidad de hacerlo en ciertos casos ha hecho emerger una doctrina en el marco de la ONU según la cual sí hay una responsabilidad de proteger (R2P, por sus siglas en inglés: Responsibility to Protect). Esta doctrina se ha desarrollado como propuesta de solución a la tensión existente entre los principios de no interferencia con la soberanía de los Estados y la responsabilidad de la comunidad internacional de responder a violaciones masivas de derechos humanos en forma de genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad. Se estructura fundamentalmente en tres pilares [5], según los cuales:

1. La responsabilidad de prevenir y evitar catástrofes humanitarias recae de forma prioritaria en el propio gobierno de cada país, que debe tomar las medidas oportunas.

2. En caso de que el Gobierno no pueda actuar solo, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de facilitar ayuda y medios.

3. En última instancia, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de intervenir para evitar o frenar la catástrofe, primero de forma pacífica, y como último recurso, militarmente, siempre previa autorización del Consejo de Seguridad.

Según esta doctrina, el objetivo principal de su aplicación ha de ser la protección de la población civil. Las fuerzas intervinientes deben situarse en una posición de estricta neutralidad entre las partes enfrentadas. La intervención debe respetar el Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos. Y finalmente, y esto es relevante, para poner en marcha una intervención bajo la doctrina del R2P, esta debe tener probabilidades de conseguir su objetivo, dar lugar al mantenimiento o la creación de un gobierno estable y legítimo, y no aumentar la inestabilidad regional. El objetivo de este artículo es, en primer lugar, analizar la primera aplicación directa de esta doctrina para intervenir ante la comisión de crímenes de lesa humanidad que tuvo lugar en Libia en 2011, así como la situación actual en que se encuentra el país tras ella y las lecciones que nos ha dejado; a continuación, volveremos la vista al conflicto más sangriento de lo que va de siglo: 2

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Siria. En la segunda parte del artículo, señalaremos cuáles son las circunstancias internas, regionales y geoestratégicas que diferencian el caso sirio del libio, y trataremos de explicar las razones fundamentales por las que todavía no se ha producido una intervención internacional en este caso. Añadiremos un recuadro dedicado a la “guerra” contra el Estado Islámico emprendida por una coalición comandada por EEUU, para señalar qué ha llevado a esta situación y los posibles peligros que acarrea. Y, finalmente, trataremos de ofrecer una reflexión acerca de cómo debería haberse conducido la intervención en Libia, qué opciones se plantean para Siria y por qué no podemos permitirnos seguir impasibles. II- LIBIA. UN PAÍS DIVIDIDO

Es interesante pararse a pensar cómo se ha llegado al complejo escenario que constituye Libia a día de hoy. Tras el éxito de la revolución en 2011 frente al régimen de Muamar al Gadafi, como consecuencia del espíritu de la primavera árabe, las esperanzas democráticas se han ido disipando conforme las diferentes posiciones de los grupos revolucionarios se fueron polarizando. Para entender cómo se llega a un país en guerra civil, con dos parlamentos y con presencia de Daesh (el mal llamado Estado Islámico)[6], hay que analizar en manos de quién se concentró el poder tras la desaparición del régimen: en las milicias. El 19 de marzo, un mes después de comenzar la revolución, y basándose precisamente en el concepto de la responsabilidad de proteger, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó mediante 3

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las resoluciones 1970[7] y 1973[8] diferentes intervenciones. La primera de ellas se puede resumir en el embargo de armas, una prohibición de viajar a las personas relacionadas con la figura de Gadafi, la congelación de activos a las autoridades libias y una serie de medidas en relación con los intentos de exportar petróleo crudo de forma ilícita, a causa de los abusos cometidos por el régimen gadafista, y por las constantes negativas a permitir el acceso a observadores internacionales en misión humanitaria. Pero poco después de un mes de la primera resolución citada, ante los numerosos incumplimientos a las medidas establecidas y el alto riesgo de una posible matanza de revolucionarios por parte del régimen a modo de represalia, el Consejo de Seguridad llegó a una nueva, la 1973[9]. En ella se autorizó una actuación colectiva en Libia en virtud del artículo 42 de la Carta de las Naciones Unidas, se establecieron límites al espacio aéreo libio, así como la autorización de una intervención militar por varios Estados, mediante una coalición inicial formada por Bélgica, Canadá, Catar, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Noruega y Reino Unido, que llegó a ampliarse hasta llegar a 16 países. Este auxilio internacional dio un respiro a los acorralados rebeldes, y constituyó el espaldarazo que requerían para derrotar al dictador.

El objetivo de la misión era garantizar la seguridad de los civiles libios. «Todas las medidas necesarias [...] para proteger a los civiles y las zonas pobladas por civiles que estén bajo amenaza de ataque». La OTAN no llegó a reconocer la existencia de un “ejército” revolucionario armado que hiciera frente al del régimen, sino que lo incluyó como población civil. En cuanto a 4

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Gadafi, el objetivo era capturarlo y juzgarlo conforme al derecho internacional, a través de la Corte Penal Internacional. Pero tras ser encontrado por los rebeldes en el último bastión fiel al

régimen, Sirte, murió por causas aún por determinar -si bien los propios rebeldes reivindicaron su captura y asesinato. El Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, afirmó que su muerte constituía una «transición histórica», pero también advirtió de las cuestiones que aún seguían latentes en la sociedad libia. «Vamos a reconocer inmediatamente que esto es sólo el fin del principio. El camino por delante para Libia y su pueblo será difícil y lleno de desafíos. Ahora es el momento de que todos los libios se unan». Tras la caída definitiva del régimen, la OTAN puso fin a sus operaciones. Los medios de comunicación paulatinamente dejaron de cubrir las noticias del país. El papel de la ayuda humanitaria quedó en manos de Naciones Unidas, que coordinó las aportaciones económicas de los diferentes Estados. Es fundamental entender que la responsabilidad de proteger va más allá de establecer una zona de exclusión aérea. No sólo hay que proteger a la población de un régimen armado, también es necesario en un contexto de vacío institucional el “State building”, así como cubrir las necesidades humanitarias a través de proyectos de cooperación. Es decir, la doctrina de la responsabilidad de proteger tiene tres fases: prevenir, reaccionar y reconstruir, y fue en esta tercera en la que la comunidad internacional se quedó corta. La coalición fue relativamente rápida al intervenir tras el estallido de las protestas, pero no acompañó a los libios en el momento inmediatamente posterior, en el que debía comenzar su transición política. Así las cosas, tras 42 años de dictadura en Libia, los diferentes Gobiernos que fueron sucediéndose fueron incapaces de hacer frente al problema de las milicias que habían luchado contra Gadafi en la revolución, que duró tan sólo 8 meses. Cada una de ellas tenía su propia ideología, y cada grupo armado utilizó su poder para tratar de imponer sus demandas. En la situación de desorden institucional posterior a la caída del régimen, estas milicias se hicieron cargo del control de la seguridad de las ciudades, del control de las fronteras, la gestión de los centros de detención y la protección de las instalaciones estratégicas del país. Podríamos clasificar las diferentes milicias en dos grupos, a grandes rasgos: las islamistas, cuya ideología y programa político consiste esencialmente en la adaptación de la vida política a los mandatos religiosos del Islam, y las mal llamadas liberales, cuya posición podríamos calificar como anti-islamista. En las fuerzas islamistas encontramos diferentes facciones políticas. Las principales son el parlamento de Trípoli (Congreso General de la Nación) y los Hermanos Musulmanes, que constituyen el corazón de la coalición Fayer Libia (Amanecer de Libia), una alianza militar cuyo territorio conforman las ciudades de Trípoli y Misrata, junto a Janzur, Sorman, Zawiya y Khums. A este movimiento islamista hemos de añadir el grupo terrorista Ansar al Sharia, vinculado a Al5

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Qaeda y al Estado Islámico, alineados con ellos. Este bloque controla Derna, Bengasi y Sirte, y se opone a cualquier movimiento democrático. Frente a ellas encontramos un parlamento liberal, la Cámara de Representantes de Libia, elegida en elecciones el 25 de junio de 2014 y reconocido por la comunidad internacional. La fuerza militar anti-islámica la conforman la Operación Dignidad, dirigida por el General Jalifa Haftar, y las Milicias de Zintán, que controlan las fronteras con Argelia y tienen focos de resistencia en los alrededores de Trípoli. La crisis libia en la prensa se reduce demasiado a menudo a esta narrativa simplista de “islamistas contra liberales”, pero la situación real es menos una batalla ideológica que una lucha por el poder y los recursos económicos y sociales anclada en la dinámica regional. Mientras que la ideología importa a una minoría, no es la principal fuerza impulsora, aunque los elementos de todas las partes tienen interés en hacer girar dichas narrativas para reunir sus respectivas bases. Cada uno de los dos campos principales empuja su propia versión de los hechos: las milicias de la próspera ciudad portuaria de Misrata, que constituyen las más poderosas fuerzas de combate en el país, y sus aliados (que incluyen los grupos islamistas, pese a que la población de Misrata predominantemente no es islamista) sostienen que se están defendiendo de un intento de contrarrevolución orquestada por figuras vinculadas con el antiguo régimen de Gadafi. Mientras tanto, sus rivales en la conservadora ciudad de Zintán, que están alineados con las corrientes políticas y armadas anti-islamistas que apoyan el parlamento en Tobruk, afirman estar resistiendo una toma islamista. Haciendo un análisis más profundo de este conflicto, se puede determinar que tiene más peso la rivalidad entre las regiones y la lucha entre las élites que prosperaron bajo el antiguo régimen y las nuevas élites que surgieron de la revolución de 2011 que las propias ideologías y diferencias religiosas. En medio de este caos, en agosto de 2014 se constituyó en la ciudad de Tobruk el nuevo Parlamento libio, la Cámara de Representantes de Libia. Abu Sahmain, presidente del antiguo Congreso General, se negó a traspasar oficialmente los poderes al nuevo órgano, ya que exigía que éste se reuniera en Trípoli, bajo el control de las milicias islamistas. No obstante, la Cámara de Representantes empezó a legislar aún con el boicot de algunos de los diputados de ideología islamista. La Corte Suprema de Libia anunció el 6 de noviembre el no reconocimiento de la Cámara de los Representantes de Libia, la única institución reconocida por la comunidad internacional. Por tanto, nos encontramos ante un país en guerra civil que mantiene dos parlamentos simultáneamente, ambos boicoteados sistemáticamente por la oposición. En este

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contexto, se llega a pedir a Naciones Unidas una posible intervención, para evitar un enfrentamiento abierto entre las dos facciones. En julio de ese mismo año, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas amenazó con aplicar sanciones a aquellos que fomentaran la violencia y la inestabilidad de Libia, lo que llevó a algunos miembros del Amanecer Libio a negociar con la Cámara de Representantes. Ante la devastada situación de Libia, la ONU puso en macha una de sus misiones de apoyo, la denominada UNSMIL, aprobada al igual que las dos resoluciones en 2011 con la tarea de respaldar los esfuerzos nacionales para restaurar la seguridad y promover la creación de un Estado de Derecho. Los dos grandes proyectos de paz que UNSMIL ha puesto en marcha, Gadamés I y Gadamés II, no han sido suficiente para acercar las antagónicas posiciones de los líderes milicianos. No obstante, desde principios de este 2015 se han sucedido una serie de negociaciones en Ginebra que con casi toda seguridad serán determinantes, bien para alcanzar un gran pacto político entre todas las facciones, bien para agotar esta vía del diálogo y optar por una misión de mantenimiento de la paz, aprobada por el Consejo de Seguridad.

A día de hoy la gran amenaza para estas negociaciones la constituye el Estado Islámico, que ha empezado a operar en ciudades como Sirte, Nofaliya, Bengazi y Derna, a través del ya mencionado grupo terrorista Ansar Al Sharia, que juró lealtad a Abu Bakr al-Baghdadi en 2014. El pasado domingo 15 de febrero publicó un video en el que se mostraba la decapitación de 21 egipcios cristianos coptos capturados. Egipto respondió bombardeando posiciones del Estado Islámico, pero fue más allá: El presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, pidió el martes una resolución de Naciones Unidas que permita una intervención internacional en Libia.

Con las negociaciones de paz en Ginebra progresando, pero en jaque por la vertiginosa propagación del ISIS, sólo los días podrán decirnos cuál es la salida al conflicto. El diálogo y el consenso a través de un Gobierno de unidad nacional que deje a un lado los intereses de unas élites implantando el Estado de Derecho en Libia y haciendo frente al terrorismo, o una traumática 7

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pero -como último recurso- necesaria intervención de imposición de la paz para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Como es sabido, la soberanía de los Estados entraña derechos y responsabilidades, y entre las responsabilidades más importantes encontramos la de proteger a su propia población. El futuro de la población libia se decidirá en cuestión de días. III - SIRIA. SU TERROR, NUESTRA VERGÜENZA La guerra civil en Siria se ha convertido ya en el telón de fondo de todo telediario y periódico. Los niveles de violencia, destrucción y desesperación siguen creciendo, pero son ya tan habituales que han pasado a un lugar secundario en la agenda política occidental. O eso pensábamos, hasta que los efectos de este conflicto se han hecho notar en la misma cuna de los “Droits de l’homme”. Los atentados de París del pasado enero fueron un efecto colateral de una guerra que se prolonga ya cuatro años y nos recuerda que hoy en día ningún conflicto es estanco.

El número de víctimas mortales desde que comenzó la guerra en 2011 se estima en torno a 200.000[10], ya son 10 millones los desplazados, y 3 millones de ellos son refugiados, que se reparten entre países vecinos y lejanos. A estas cifras se suman serias sospechas de que el régimen de Bashar Al-Assad ha utilizado armas químicas contra la población civil[11], y la creciente organización de las fuerzas rebeldes en torno al llamado Estado Islámico, que controla ya una superficie mayor que el territorio de Jordania.

Fuente: El País

La cuestión evidente que surge entonces es ‘¿A qué estamos esperando?’. Esbozar una respuesta está resultando extremadamente difícil. La situación es insostenible, pero después de analizar la situación en Libia, una intervención no promete ser capaz de proteger a la población civil. Y, sin embargo, no podemos esperar a que haya más muertos, más heridos, más desplazados, más torturas. Dada la situación actual en ausencia de intervención internacional, ¿es esta genuinamente mejor que las posibles consecuencias negativas de una intervención? 8

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Veamos en qué contexto se encuentra la comunidad internacional en este caso. Las protestas en Siria empezaron “contagiadas” por el espíritu de la Primavera Árabe en marzo de 2011. La represión del régimen de Al-Assad no funcionó como disuasión, sino como acicate del movimiento rebelde. En cuestión de semanas la escalada de violencia alcanzó cotas no vistas en ninguno de los países de la región, comenzaron a organizarse varias facciones de rebeldes, y meses después podía hablarse ya de guerra civil. Los motivos de que la comunidad internacional no interviniese ya en 2011 no sólo tienen que ver con lo acaecido previamente en Libia. El escenario sirio sacaba a escena intereses particulares de los miembros del Consejo de Seguridad que se pusieron de manifiesto desde un principio. Rusia, por ejemplo, nunca autorizaría una intervención contra Al-Assad, habida cuenta de que Siria es uno de los mayores importadores de armamento ruso, y su territorio alberga la importantísima base naval rusa de Tartus. Así, Rusia ha vetado sistemáticamente cualquier intervención en Siria, convirtiéndose en su principal aliado en el Consejo de Seguridad.

Fuente: Real Instituto Elcano

Además, una intervención en Libia parecía poder servir para proteger a la población civil. El ejército era débil, se encontraba dividido entre los fieles al régimen y militares sublevados, y los apoyos políticos a Gadafi por parte de otros Gobiernos se retiraron desde un principio. Las fuerzas opositoras alcanzaron niveles considerables de organización, y no existía un riesgo real de que 9

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otros Gobiernos entraran en el conflicto por defender a un régimen dictatorial moribundo [12]. Siria, en cambio, tenía y tiene un ejército fuerte y fiel a Al-Assad, quien también contaba con un apoyo significativo de la población. Aunque la oposición rebelde también era notablemente fuerte, y pronto tomó el control de ciudades como Homs o Hama, su fragmentación es uno de los obstáculos fundamentales a cualquier posible intervención: el único nexo que une a sus varias facciones es la ambición de derrocar a Al-Assad. Muchas de ellas, además, comparten un carácter fundamentalista islámico, lo que aleja aún más cualquier apoyo occidental a su causa. Desde el estallido de la guerra se han producido diversos intentos de alcanzar una solución negociada políticamente, con la mediación de países occidentales y bajo el auspicio de la Liga Árabe [13], pero varias de estas facciones de la oposición no han demostrado interés alguno en movimientos políticos. Otra cuestión que diferencia de forma esencial los casos libio y sirio es el papel que cada uno de ellos juega en el plano regional. Mientras que el régimen libio perdió apoyos desde que se atisbó la posibilidad de que fuese derrocado, el gobierno de Al-Assad ha sido -y continúa siendopercibido como un bastión de estabilidad en medio de una región “volátil” [14]. Varios gobiernos de la región ven en Siria un importante socio comercial y un aliado estratégico. Estas alianzas en el mundo árabe constituyen un importante obstáculo para que el Consejo de Seguridad autorice cualquier acción colectiva contra el régimen sirio. Cualquier intervención militar en Siria tendría hoy efectos sobre la estabilidad Oriente Medio. El “entrometimiento” de las potencias occidentales incendiaría la llama más radical entre los seguidores de Hezbolá en Líbano, muchos de los cuales ya se han unido a los rebeldes sirios

[15]. El gobierno libanés, que se sustenta en un frágil equilibrio entre grupos político-religiosos, se vería amenazado por esta radicalización. De hecho, los efectos ya empiezan a sentirse en este país debido a la afluencia masiva de refugiados, que están alterando el tejido social: uno de cada cuatro habitantes de Líbano es sirio [16]. La crisis de los refugiados está afectando también las relaciones de Siria con Turquía, su vecino del norte. Se estima que la cifra de refugiados sirios en Turquía supera ya el millón y medio [17]. Esta situación se recrudece aún más en Jordania, que ya acogía a más de 3 millones de refugiados palestinos e iraquíes en 2011. Desde entonces, se estima que unos 600.000 sirios han podido cruzar sus fronteras [18], afectando gravemente a la ya frágil estabilidad del país. Por otra parte, una victoria rebelde en Siria sería un triunfo para su oposición, en su mayoría suní, y por ello también para la minoría suní en Irak, que podría verse reforzada para reclamar más poder, lo que tensaría las relaciones con la mayoría chií. Además, la presencia del Estado Islámico o Daesh se extiende y consolida por Irak, y las fronteras con Siria han sido abiertas en algunos puntos por los combatientes de Daesh [19]. Una intervención militar comandada por 10

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fuerzas occidentales significaría probablemente también que Irán intervendría su vez en el conflicto, bien directamente, bien través de sus aliados libaneses y palestinos. La caída de AlAssad hoy en día implicaría, probablemente, su sustitución por un gobierno pro-suní, acercando posturas a los enemigos de Irán en la región.

En suma, la Guerra civil en Siria puede entenderse como el campo de batalla en que se libran también otros conflictos regionales. Destaca el enfrentamiento entre Irán y sus enemigos en la zona [20], y la amenaza que planea sobre Israel. Este último, con el apoyo de EEUU, ambiciona ser la única superpotencia militar en la zona, pero su posición quedaría muy comprometida si el arsenal de armamento químico del régimen sirio cae en manos de facciones islamistas próximas a Al-Qaeda y el Estado Islámico. Así pues, una intervención militar contra el gobierno sirio orquestada desde la ONU o dirigida por las grandes potencias occidentales [21] podría desencadenar un efecto dominó de inestabilidad, guerras y luchas de poder en Oriente Medio, aunque su objetivo inicial sea proteger a la población civil de los abusos de Al-Assad. Este escenario jamás se planteó en el caso de Libia [22], cuyos posibles efectos secundarios negativos (spillover) no podían alcanzar niveles de dislocación tan acusados en toda la región. No obstante, los lectores habrán llegado a este punto sin encontrarse con una respuesta a la pregunta que planteábamos al inicio de esta sección: ¿Es la actual situación en Siria genuinamente 11

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mejor que las posibles consecuencias negativas de una intervención? La respuesta, nos tememos, no puede ser taxativa. De un lado, se hace indispensable una respuesta inmediata, coordinada y efectiva a la crisis humanitaria [23]: la situación de la población civil, los refugiados, los heridos y los servicios básicos es insostenible y la comunidad internacional no puede continuar eludiendo su responsabilidad. De otro, si la primera pieza se coloca mal, puede desatarse un efecto dominó que provoque una sacudida en la región de dimensiones imprevisibles, extendiendo sus efectos mucho más allá de las fronteras sirias. ¿Cuál es el coste admisible de mantener el statu quo? La respuesta, nos tememos, no cabe en estas líneas. IV - CONCLUSIONES Los casos libio y sirio son dos ejemplos, significativos y recientes, de las consecuencias reales que tiene el debate en torno a la intervención humanitaria. No obstante, pese a que la cuestión fundamental que subyace a estas ideas sea la protección de la población, lo cierto es que la responsabilidad de proteger no es sólo deseable desde un planteamiento deontológico de las relaciones internacionales. Más allá de ser una cuestión ética, tiene una importancia, también clave, de naturaleza geoestratégica. Como señalábamos al comienzo, vivimos en un mundo interconectado, más globalizado de lo que ha estado nunca, en un proceso que se desarrolla exponencialmente. Lo que sucede en cualquier Estado nos concierne, puesto que este proceso de globalización no sólo ofrece innumerables oportunidades, sino que conlleva una serie de riesgos, como es el del terrorismo a escala internacional. El planteamiento hasta 2001 de la doctrina de la intervención humanitaria, que hoy ha desembocado en la llamada responsabilidad de proteger, era la protección de la población ante catástrofes humanitarias stricto sensu, pero a partir de los atentados acaecidos el 11 de septiembre de ese mismo año en EEUU, y posteriormente en Madrid, Londres y más recientemente París, se puso de manifiesto que las decisiones que tomamos fuera de nuestras fronteras, por acción u omisión, pueden tener consecuencias dentro de las propias. Como una realidad que parece lejana pero finalmente acaba salpicándonos. Por tanto, desde esa toma de conciencia hemos de tener más presente que nunca que el garantizar la estabilidad y establecer ayudas al desarrollo sobrepasa la dimensión meramente ética y tiene también un objetivo geoestratégico, y que los efectos de estas ayudas tienen una repercusión -ya sea directa o indirecta- positiva en los Estados donantes o auxiliadores. Esta segunda dimensión, de motivación geoestratégica, es palmaria en el caso sirio. Cuando se habla de Daesh y de su desprecio por los Derechos Humanos, nadie entiende cómo puede gozar de altos niveles de aceptación entre la población de los territorios que actualmente controla. Lo que no queda reflejado en los grandes medios de comunicación occidentales es que, de manera 12

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paralela a sus campañas de terror a través de decapitaciones y torturas, Daesh proporciona en zonas destruidas la única ayuda al desarrollo que llega a esas zonas. El grupo se ha hecho con el control de fuentes petrolíferas [24], y utiliza también técnicas como el saqueo para hacerse con los recursos de poblaciones que “conquista” y con la ayuda humanitaria que proporcionan ONGs y organizaciones internacionales [25]. Gracias a estos recursos, el llamado Estado Islámico no sólo se autofinancia, sino que lleva a cabo proyectos de lo más heterogéneos; reconstrucción de ciudades, financiación de la agricultura o financiación de proyectos, constituyen en este momento el único salvavidas para las familias sirias o iraquíes atrapadas en la guerra. Como si de un Plan Marshall del diablo se tratara, consigue día a día afianzar su apoyo social, y conseguir que sus filas crezcan.

Volviendo de nuevo la vista al caso de Libia, la situación es de vacío institucional como consecuencia de una transición aún no iniciada tras la revolución, parcialmente debido a la inacción de la comunidad internacional. El actual escenario es el perfecto caldo de cultivo para la consolidación de grupos terroristas como Ansar al-Sharia o el propio Daesh. Y esto puede parecernos aún más grave en el caso de Libia si tenemos en cuenta que sus costas están sólo a 200 nudos (unos 370km) de Italia. La amenaza real para Europa. En otras palabras, tenemos al enemigo en el jardín de casa, alimentándose y creciendo.

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Así pues, la necesidad de actuar se fundamenta en principios inapelables a la moral y la solidaridad humana, pero se apoya asimismo en intereses que benefician en buena medida a quienes tienen la capacidad de intervenir. Los argumentos que subyacen a la doctrina de la responsabilidad de proteger no han sido puestos en duda, pese al escepticismo suscitado tras el “fracaso” de la intervención en Libia. Lo que sí debe ponerse en duda es la gestión de este tipo de intervenciones: el momento de intervenir, la autorización previa para hacerlo, la dirección de las operaciones, el verdadero objetivo y, especialmente, el acompañamiento a la sociedad civil en la fase post-conflicto. Lejos de abandonarse por fallida, la doctrina de la responsabilidad de proteger ha de desarrollarse aún más. Ante catástrofes humanitarias de la talla de la que tiene lugar hoy en Siria, los Estados con recursos y capacidad de reacción tienen la responsabilidad política, y el deber moral, de fomentar el diálogo entre las partes, promoviendo el acercamiento y convergencia de las diferentes posiciones políticas, y obtener el consentimiento para proveer ayuda humanitaria y al desarrollo a la población civil. Ante una negativa del poder soberano, este apelativo moral ha de transformarse en deber jurídico y primar sobre la agenda de los Estados miembros del Consejo de Seguridad. Insistiendo en la idea con la que dábamos comienzo a este artículo, no intervenir o llegar tarde tiene consecuencias moralmente inasumibles. Todavía es posible tender puentes en Libia, que se juega mucho en los próximos días. Siria ya pesa sobre nuestras conciencias, pero, mejor que seguir observando, ¿no será mejor llegar tarde? La comunidad internacional, no lo olvidemos, somos todos.

[1] El número estimado de víctimas mortales de estos conflictos asciende a 800.000 en Ruanda (entre abril y julio de 1994), unos 102.000 en Bosnia y, aunque las estimaciones varían, podrían haber superado los 2 millones en Camboya (1975-1979). [2] Artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas de 1948: “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”. [3] Artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas de 1948: “Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará; a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII” [4] Es decir, no es aplicable a casos de abusos del propio régimen contra su población. [5] Contenidos en los artículos 138 y 139 del 2005 World Summit Outcome Document, adoptado por la Asamblea General de la ONU a través de la Resolución 63/308 de 14 de septiembre de 2009. El documento completo está disponible en inglés en: http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/pdf/World%20Summit%20Outcome%20Document.pdf#page=30

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También resulta de interés en este tema el Informe del Secretario General de la ONU “Hacer efectiva la Responsabilidad de Proteger”, disponible en: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/63/677&referer=http://www.un.org/en/preventgenocid e/adviser/responsibility.shtml&Lang=S [6] El nombre Daesh, una de las posibles transliteraciones del acrónimo árabe al-Dawla al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham, es el que utilizan la mayoría de los países árabes para referirse al grupo yihadista que opera en Iraq y Siria. El ministro francés de Exteriores, Laurent Fabius, afirmó en Naciones Unidas que son "un grupo terrorista y no un Estado”. Posteriormente sentenció: "Los árabes lo llaman Daesh” (algo que aplastar). [7] Disponible en: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1970(2011)&Lang=S [8] Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/sede/dv/sede240511unscres1973_/sede240511u nscres1973_es.pdf [9] Esta resolución además tomaba nota “de la decisión adoptada por el Consejo de la Liga de los Estados Árabes el 12 de marzo de 2011 de pedir que se impusiera una zona de prohibición de vuelos de la aviación militar libia, y de establecer zonas seguras en los lugares expuestos a bombardeos como medida de precaución para proteger a la población libia y a los extranjeros que viven en la Jamahiriya Árabe Libia”. [10] Según datos estimados, aunque son difíciles de contrastar. De hecho, la ONU dejó de contar las muertes en Siria 2014, debido al difícil acceso de sus trabajadores a la zona para verificar las cifras. Sus últimas cifras, de julio de 2013, alcanzaban los 100.000 muertos. [11] El 21 de agosto de 2013 se produjo un ataque con armas químicas en Ghuta, un suburbio de Damasco. Dejó más de 1.300 muertos y 3.000 heridos, convirtiéndose en la peor masacre de ese año y el ataque químico más grave de los últimos 25 años. Aunque la autoría no ha sido reconocida por el régimen, todo apunta a este. Informe del Secretario General de la ONU sobre esta cuestión disponible en inglés en: http://www.un.org/disarmament/content/slideshow/Secretary_General_Report_of_CW_Investigation.pdf [12] ZIFCAK, Spencer. The responsibility to protect. En Evans, Malcolm D. (ed) International Law, (Oxford University Press, 2014). Pp. 523-527 [13] Tras el fracaso de las negociaciones de Ginebra en enero de 2014, la última ronda de negociaciones, auspiciada por Rusia y que tuvo lugar en enero de 2015, trató de reunir a la oposición moderada y al régimen sirio, pero estuvieron ausentes dos actores opositores clave: la Coalición Nacional para las Fuerzas de la Revolución y la Oposición Siria (CNFORS, reconocida por Europa y Estados Unidos como Gobierno sirio en el extranjero) y representantes de los grupos armados rebeldes. Fue absolutamente infructuosa. [14] ZIFCAK, Spencer. Ver nota 12. [15] Ibid. [16] Según información de ACNUR, ya son más de 1’16 millones los refugiados sirios en Líbano. Disponible en: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122. De hecho, el 1 de enero entró en vigor una norma que prohíbe el trabajo de extranjeros en más de 60 profesiones en Líbano, según información del diario libanés The Daily Star, disponible en inglés en: http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Dec-16/281267-ministry-limits-over-60-jobs-tolebanese.ashx [17] Según información de ACNUR, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224

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[18] Ibid, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=107 [19] Información en español disponible a través de El País, 21 de junio de 2014. ESPINOSA, Ángeles. Los rebeldes unen Siria e Irak al tomar un paso fronterizo. http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/21/actualidad/1403381301_477160.html Para saber más sobre este asunto, se recomienda el documental de VICE News “Islamic State”, disponible en: https://news.vice.com/video/the-islamic-state-full-length [20] Principalmente, Arabia Saudí, Qatar y Turquía. [21] Sin perjuicio de lo expuesto, no podemos dejar de mencionar que ya se ha producido una cierta intervención colectiva en Siria. El avance de la ofensiva del llamado Estado Islámico (EI) o Daesh ha provocado ya que una coalición dirigida por EEUU bombardee objetivos “militares” de Daesh en territorio sirio, bajo la operación “Determinación Inherente” (Inherent Resolve). El escenario es diferente, pues la intervención ya no se escuda en la doctrina de la responsabilidad de proteger a la población civil siria de los crímenes cometidos por el régimen de Al-Assad, sino que se trata de una “guerra” contra el EI (que, pese a su nombre. no es un Estado soberano). El combate que se libra en suelo sirio no cuenta tampoco con una autorización oficial del régimen. No obstante, AlAssad ha reconocido tener “información” acerca de las operaciones americanas en su territorio, y parece existir un pacto informal entre ambos Estados (más información en: http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east31312414. Para saber más sobre la operación Determinación Inherente, visitar: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/02/150216_estado_islamico_guerra_numeros_vj_gch_jp). [22] ZIFCAK, Spencer. Ver nota 12 [23] Project Syndicate, 10 de junio de 2014. MILLIBAND, David y EGELAND, Jan. Syria’s Humanitarian Lifelines: http://www.project-syndicate.org/commentary/jan-egeland-and-david-miliband-on-why-policy-towardsyria-must-enter-a-new-phase-of-intensity-and-focus#yC8sWSbR8ef1ORXE.99 [24] The Guardian, 19 de noviembre de 2014. HAWRAMY, Fazel, MOHAMMED, Shallaw y HARDING, Luke. Inside Islamic State’s oil empire: how captured oilfields fuel Isis insurgency. http://www.theguardian.com/world/2014/nov/19/-sp-islamic-state-oil-empire-iraq-isis

[25] Información proporcionada por RUIZ CID, Rocío en las conferencias “Ciberdelincuencia, TERRORISMO YIHADISTA” que tuvieron lugar los días 17, 18 y 19 de febrero en la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.

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