Resistencia yaqui frente a la construcción y consolidación del Estado-nación mexicano: dos identidades en pugna.

ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DIVISIÓN DE POSGRADOS POSGRADO EN HISTORIA Y ETNOHISTORIA INAH

SEP

RESISTENCIA YAQUI FRENTE A LA CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO-NACIÓN MEXICANO: DOS IDENTIDADES EN PUGNA. T

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I

S

QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE MAESTRO EN HISTORIA Y ETNOHISTORIA

P R E S E N T A AXEL ALFONSO SOLÓRZANO DE LA ROSA DIRECTOR DE TESIS: TOMÁS PÉREZ VEJO Investigación realizada gracias al apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

México, D.F.

2014

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AGRADECIMIENTOS Al Doctor Tomás Pérez Vejo por confiar en mí, por su incondicional apoyo y por propiciar los aciertos historiográficos más relevantes de la investigación. A Hilda Iparraguirre por sus consejos, crítica del trabajo y por su soporte académico, investigativo y personal para poder culminar esta investigación. Al Doctor José Luis González Martínez por su sugerente seminario y por enseñarme a valorar la belleza del trabajo historiográfico y docente. A Mónica Savage por darme otra oportunidad y por los diversos consejos, correcciones y sugerencias para mejorar este trabajo. A Lucía Rayas, a la Doctora Ivett García Sandoval por involucrarse en este proceso y por sus pertinentes y acertados comentarios. A la Doctora Elena Castañeda por su importante apoyo y por sus consejos para sortear el sin número de obstáculos del proceso. A Juan Manuel Argüelles y a José Luis Vera por su comprensión y por brindarme una nueva oportunidad. A Josefa Erreguerena Albaitero por su invaluable apoyo, por siempre hacerme ver el lado amable y gracioso de la investigación, por sus préstamos y sugerencias bibliográficas, por su seguimiento e interés incondicional en mi desarrollo personal y académico y sobre todo por luchar para quedarse con nosotros. A Joel Ortega Juárez por su permanente interés en mi desarrollo académico y por su apoyo incondicional, a Joel Ortega Erreguerena por sus diversos consejos y reflexiones para transitar más amablemente por esta senda académica y por sus recomendaciones y préstamos bibliográficos. A mi madre y a mi hermano, a José de la Rosa por siempre demostrar los beneficios del trabajo duro y por sus apoyos de diversa naturaleza, a Vladi, a Alexis, a Karlita, a Melissa, a María José, a Tania Guerrero, y desde luego a Lillian Paz Ávila por brindarme su amistad, por ser mi aliada y por tenderme una mano en momentos muy difíciles, gracias Lillian. Al Doctor Carlos Sánchez Ramos por su invaluable apoyo, por escucharme, por sus consejos, por contribuir a no perder la confianza en mí mismo, por ayudarme, gracias Doc. A Anna Guasch por darme una lección de vida en cada sesión, por ayudarme a no perder mi espíritu y mi alma, por su incondicional servicio y por sacarme de un oscuro sitio y enseñarme la luz nuevamente, por devolverme mis sueños, gracias Anna. Y finalmente agradecerle a la persona que dedico esta tesis y a la más importante para la consecución de la misma, por creer en mi cuando yo mismo había dejado de hacerlo, por su amor, por pararse junto a mí en esta tormenta cuando no tenía por qué hacerlo, gracias Jose, esto es por y para ti. 2

ÍNDICE INTRODUCCIÓN

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CAPÍTULO I. EL LEGADO JESUÍTICO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD YAQUI.

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I.I I.II I.III I.IV

SISTEMA MISIONAL JESUÍTICO EN LAS PROVINCIAS DEL NOROESTE NOVOHISPANO: EL CASO YAQUI (SIGLOS XVII Y XVIII). CONTRADICCIONES DE LA COLONIZACIÓN: DECLIVE DEL SISTEMA MISIONAL, SECULARIZACIÓN Y LA PUGNA POR EL RECURSO INDÍGENA. LA REBELIÓN YAQUI DE 1740. LOS PUEBLOS YAQUIS POSJESUÍTICOS, EL REGRESO DE LA AUTODETERMINACIÓN (1767-1821).

CAPÍTULO II. ESTADO-NACIÓN MEXICANO EN CIERNES, LA NEGACIÓN DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y LA CONTENCIÓN DE UNA LÓGICA HISTÓRICA: LA INTERRUPCIÓN DEL PROCESO DE COLONIZACIÓN (1821-1854). II.I II.II

II.III

EL PROBLEMA ÉTNICO-NACIONAL. EL INDÍGENA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN MODERNA: LA HOMOGENIZACIÓN. EL CAMBIO DE PARADIGMA, LA PÉRDIDA DE REPRESENTATIVIDAD POLÍTICA DE LOS PUEBLOS YAQUIS. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CORPORADOS A LA IGUALDAD ANTE LA LEY. LA INSURGENCIA YAQUI DE 1825-1833, EL MOVIMIENTO DE JUAN BANDERAS Y LOS FUNDAMENTOS IDENTITARIOS DE LA LUCHA POR LA AUTONOMÍA POLÍTICA.

CAPÍTULO III. EL ARRIBO DEL REFORMISMO LIBERAL, EL ESTADO FORTALECIDO Y LAS ESTRATEGIAS INDÍGENAS (1854-1887). III.I III.II

III.III III.IV III.V III.VI III.VII

LAS CONTRADICCIONES LEGALES Y LA REALIDAD COMUNITARIA, OTRO PARÉNTESIS EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA PROPIEDAD. ESTRATEGIAS DE REPRODUCCIÓN CULTURAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y CAMPESINAS ANTE LAS LEYES DE DESAMORTIZACIÓN. LA RESPUESTA INDÍGENA Y EL PESO DE LA TRADICIÓN. LA RESISTENCIA YAQUI. ALIANZAS POLÍTICO-MILITARES DE ENTRE LA PUGNA LIBERAL-CONSERVADOR (1854-1866). LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO NACIÓN, SU EXPRESIÓN EN SONORA Y LA RESPUESTA INDIA. (1867-1887). EL PERIODO AUTONÓMICO YAQUI (1875-1887). LA REACTUALIZACIÓN DE LA IDENTIDAD YAQUI COMO MEDIO PARA RESISTIR LA IMPOSICIÓN DE LA IDENTIDAD NACIONAL. LA REESTRUCTURACIÓN YAQUI Y LE RENOVACIÓN IDENTITARIA. LOS YAQUIS COMO UN PROBLEMA A ESCALA NACIONAL. FIN DE LA COYUNTURA

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AUTONÓMICA Y PRIMEROS PLANES DE DESARROLLO PORFIRIANO EN SONORA.

III.VIII

LA MODERNIDAD EN POS DE LA TRADICIÓN. LA RESIDENTICA YAQUI DE CAJEME, UN PROBLEMA IDENTITARIO.

CAPÍTULO IV. EL ENGRANAJE DE LA TRANSFORMACIÓN MODERNIZADORA A ESCALA INÉDITA EN EL TERRITORIO YAQUI Y LA CONTINUACIÓN DE LA RESISTENCIA (1887-1908). IV.I IV.II IV.III IV.IV IV.V IV.VI

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LAS ESTRATEGIAS DE LUCHA SE MODIFICAN PERO LA RESISTENCIA CONTINÚA: LA ERA DE JUAN MALDONADO TETABIATE. LA COLONIZACIÓN Y TRASFORMACIÓN DEL VALLE DEL YAQUI. UN MEDIO DE RESISTENCIA EFECTIVO, EL SUSTENTO DE LA GUERRILLA Y LOS NUEVOS MEDIOS PARA LA REPRESIÓN. LA PAZ DE ESTACIÓN ORTIZ (1897-1899) Y LA PARAFERNALIA NACIONALISTA. LA BARBARIE DE LA CIVILIZACIÓN: DEPORTACIÓN Y EXTERMINO. LA RESISTENCIA COMO UNA CUESTIÓN ESTRUCTURAL Y UN ARMA DE DOBLE FILO: EL FACTOR ESTADOS UNIDOS. DOS PROCESOS DE PAZ FALLIDOS (1904 Y 1908). LA IMPORTANCIA DE LOS LÍDERES CULTURALES Y DE LAS FIESTAS Y RITUALES EN LA CONSERVACIÓN DE LA IDENTIDAD.

CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES CONSULTADAS

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157 165 169 187 197 207 214 245

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INTRODUCCIÓN 1

Paradójicamente los yaquis, los que hablan fuerte , nunca han sido verdaderamente escuchados. Históricamente han tenido que usar todos los recursos a su alcance, desde el ámbito peticionario y legal, hasta el ensordecedor rugir de las armas para hacerse mínimamente audibles. Pero la sordera, la represión, las dádivas y paliativos han sido las repuestas a sus demandas. Hoy en día, en el año 2014, continúan esgrimiendo diversas estrategias para hacer oír su voz ante la usurpación de que ahora son objeto. El problema actual es la puesta en marcha, desde 2010, del programa hidráulico Sonora Integra, que mediante la construcción del Acueducto Independencia está desviando buena parte de las aguas del Río Yaqui, desde el mes abril de 2013, hacia la ciudad de Hermosillo, 2

directamente desde la cuenca del río, en la presa El Novillo . El acaparamiento del vital líquido no es una cuestión reciente, data por lo menos de las últimas dos décadas del siglo XIX, durante la instauración latifundista y empresarial porfiriana que puso en marcha los grandes proyectos de riego, colonias agrícolas, presas, bocatomas y canales de irrigación que iniciaron el desvío de las aguas del río y que provocaron una trasformación sin precedentes en el territorio yaqui. Esta metamorfosis justamente estuvo sustentada en el control y uso industrial del Río Yaqui y los afluentes aledaños. Las dragas del río continuaron con nuevos bríos en la era revolucionaria y muy particularmente a partir de 1940, con la creación del distrito de riego número 18, Colonias Yaquis, pero sobre todo con la construcción de las presas de la Angostura (1941) y la de Oviachic (1945), que acabaron con las inundaciones periódicas que los yaquis aprovechaban para el cultivo y agricultura de subsistencia (Olavarría; 2003: 49). La tónica durante el resto del siglo XX fue la misma, la creación de más distritos de riego, como el número 41 (1955), nuevas presas, como la Álvaro Obregón (1953), además de mayores invasiones de tierra en los años setenta (Olavarría, 2003: 50; Velasco, 1988: 66).

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La traducción del vocablo yaqui significa la gente que hablan fuerte. “Jiac-emé-e (hiaquimí, yaqui) La gente que habla fuerte”. (Soto; 2010: 248). 2 Que pretende extraeré entre 50 y 75 millones de metros cúbicos anuales de las aguas del Río Yaqui para enviarlas a la ciudad de Hermosillo. Véanse http://namakasia.jimdo.com/; https://www.facebook.com/solidaridad.tribuyaqui; https://www.facebook.com/yaqui.namakasia?fref=ts; http://www.animalpolitico.com/2014/01/avanza-la-lucha-de-latribu-yaqui-contra-el-acueducto-independencia/#axzz2zwCV5gW3.

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De manera que lo que sucede hoy en día, el contraste entre la independencia y autonomía política de los yaquis, que conservan sus estructuras de gobierno y sus autoridades tradicionales, con su progresiva dependencia económica, ha sido producto del proceso de ocupación territorial y del acaparamiento acuífero. El cual, precisa y paradójicamente cobró un nuevo impulso a partir de la cesión territorial cardenista y que José Velasco Toro ha denominado como una “[…] política hidráulica etnocida” (Velasco; 1988: 66). Así que la problemática vigente que aqueja a los yaquis no es inédita, pero la gravedad radica en que nuevamente se están sustrayendo los escasos recursos hídricos que aún quedan en sus manos para el abastecimiento de las carencias que aquejan a la capital del Estado y que ponen en riesgo el suministro de la etnia, así como el de buena parte del sur de Sonora. Sin embargo y como se ha sugerido, esta realidad ha sido originada por el desarrollo histórico de la utilización dispendiosa, masiva e irresponsable que empresas, gobierno y particulares han realizado al amparo del Estado mexicano. La repuesta y estrategia yaqui ante este atentado ha sido una amplia organización y movilización a través de la Campaña 3

nacional e internacional: Namakasia por la Tribu Yaqui . La acción directa como medio de presión ha consistido en el cierre intermitente de la carretera internacional MéxicoNogales, así como la movilización informativa por diversos estados de la República. La realización del mega proyecto ha estado plagado de irregularidades, pues se iniciaron los trabajos y el saqueo del recurso sin la consulta ni consentimiento de los yaquis, cuando se trata de una obra de infraestructura en su territorio, que pone en riesgo el desarrollo de su subsistencia y que viola los derechos de la etnia a ser consultados e informados sobre estas acciones que los implican directamente, así como de su impacto ambiental. Tan es así, que los yaquis ganaron un amparo ente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenó a la Semarnat, el 8 de mayo de 2013, la realización de una consulta. Sin embargo esto sucedió a tres años de iniciados los trabajos del acueducto, pervirtiendo el sentido de todo proceso consultivo, ya que una medida de esta naturaleza invariablemente debe tener un carácter previo, precisamente para evaluar y someter a escrutinio la viabilidad de cualesquiera medidas que pretendan llevarse a cabo. La realidad es que ni si quera el desarrollo de la consulta ha detenido la extracción diaria de importantes volúmenes de agua y la propia SCJN autorizó, en sentencia del 7 de agosto de 3

Véase http://namakasia.jimdo.com/

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20134, la continuación de las operaciones del programa sin la evaluación del impacto ambiental. Incluso un juez de distrito sancionó a la Semarnat por no acatar las disposiciones para llevar a efecto la consulta. Como se puede advertir se trata de un proceso completamente viciado en el que están implicadas diversas autoridades locales y federales, como Semarnat, la gubernatura del Estado, Conagua y la propia SCJN. Debido a las anomalías y a la extensiva presión de la etnia, el 21 de enero pasado la Secretaría de Gobernación y representantes de la tribu yaqui han firmado un convenio para que todas la medidas evaluatorias se lleven a cabo. Sin embargo el análisis de este documento revela que no busca resolver el fondo del conflicto, ni detener las obras, sino se trata de una medida paliativa que estrictamente compromete a la Secretaría de Gobernación a realizar mesas de negociación, en calidad de mediador, para analizar los daños causados e indemnizar a los afectados, implementar medidas asistencialistas, firmar un Convenio de operación, informar sobre los volúmenes de agua que están siendo sustraídos, buscar alternativas hidrológicas y transferir temporalmente los trabajos de operación de la “obra de toma” al organismo federal de la Conagua “[…] para que esta la 5

opere en tanto se resuelva el fondo del asunto […]” . Como devela este breve extracto de la cláusula cuarta, a pesar de la consulta y de la firma del convenio, el gobierno en ningún momento se obliga a detener el trasvase, sino que continúa extrayendo el agua del río6 y en cambio compromete a los yaquis a levantar el bloqueo carretero. Esta es genéricamente la situación y algunas de las vicisitudes coyunturales del conflicto más reciente. Pero se trata de una pugna que tiene una larga historia y que en sus diferentes periodos se ha expresado de diversas maneras, y que responde a un proceso y relación histórica compleja entre el Estado nación y los pueblos yaquis. A pesar de las reiteradas alocuciones de difusión de los yaquis en el contexto actual, que establecen que se trata de una lucha legendaria de casi 500 años, desde los primeros contactos con los españoles en el siglo XVI, estas deben ser matizadas y entendidas en su ámbito, desde otra forma de comprensión histórica y como una estrategia propagandística. Sin embargo el trabajo y análisis historiográfico nos impide suscribir y 4

Véase http://www.animalpolitico.com/blogueros-res-publica/2014/04/10/la-consultaperversa/#axzz2yVBqXk7F 5

CONVENIO DE COORDINACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN TEMÁTICA CON AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA ETNIA YAQUI, ACTORES PRODUCTIVOS DEL VALLE DEL YAQUI E INTEGRANTES DEL MOVIMIENTO CIUDADANO DE DEFENSA DEL AGUA DE CAJEME, 21 de enero 2014. Véase http://es.scribd.com/doc/202164196/Convenio-Tribu-Yaqui-Segob 6 Dos de las cinco bombas de extracción siguen en funcionamiento.

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sustentar un entendimiento de esta naturaleza. Pues fue el desarrollo de la modernidad y su nuevo paradigma político, el Estado nación, y no el desarrollo sincrético, comunitario y pueblerino misional jesuítico, el que verdaderamente puso en peligro la continuidad comunitaria y tradicional yaqui, así como el proyecto que emprendió un ataque sistemático a su patrimonio natural. La autonomía política yaqui, los recursos indígenas y su entendimiento del mundo, frente a la soberanía nacional, la nueva forma de identificación y su lógica de desarrollo productivo industrial han sido los polos entre los que han oscilado las manifestaciones del conflicto que se ha distendido hasta nuestros días. Sin embargo y más allá de las formas y coyunturas discordantes que adquirió la lucha entre los yaquis y la modernidad nacional, lo que encierran y lo que hay de fondo es la oposición de dos maneras de concebir y relacionarse con el mundo, dos cosmovisiones, una de tipo tradicional o de Antiguo Régimen y la identidad moderna, ciudadana, nacionalista,

es

decir,

el

enfrentamiento

de

dos

identidades.

Así

que

es

fundamentalmente en el siglo XIX, durante la construcción del Estado nación y la nueva forma de identificación que contiene, donde radica buena parte de la génesis, la definición, así como el clímax de la querella entre estas dos formas de identificación sociocultural. Por lo que su investigación, análisis y explicación constituye el contexto histórico crucial que nos puede arrogar las repuestas para comprender precisamente lo que sucede hoy en día. Además es justamente el presente, la transformación permanente, la historicidad, lo que posibilita y justifica la reproducción del trabajo historiográfico, aquello que permite que volvamos a abordar añejas temáticas pero con nuevas cuestionamientos y perspectivas. Por ello, así como por la vigencia del enfrentamiento, la investigación histórica sobre los yaquis y su devenir sigue siendo relevante y profundamente actual. El propósito de esta investigación es el análisis histórico de la resistencia yaqui durante la centuria decimonónica, principalmente enfocada en su segunda mitad y hasta la primera década del siglo XX7. Sin embargo el objetivo es hacerlo desde un marco explicativo que prioriza en la construcción sociocultural de la identidad, es decir, que concibe que en la raíz del conflicto hay una problemática de dos formas o concepciones de pertenencia enfrentadas. Esta perspectiva nos permite acudir a las especificidades 7

A este periodo alude la parte del título de esta pesquisa que señala “[…] frente a la construcción” y sobre todo la “consolidación del Estado nación mexicano […]”.

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concretas de cada coyuntura, para dar cuenta y explicar en qué ámbitos se desarrolló la naturaleza del enfrentamiento, pero sin perder de vista que en última instancia y en términos más amplios se trata de la pugna de dos identidades. Esta simultaneidad es posible precisamente gracias al modelo identificatrorio como eje teórico-metodológico de esta pesquisa, pues la identidad transgrede todos los ámbitos de la vida social, por lo que permite una mirada globalizante o totalizadora, pero que a su vez hace posible el escrutinio y análisis de los rubros más puntuales y singularizados de las rebeliones y resistencia indígenas, frente al constructo de pertenencia nacionalista, concretizado en este trabajo en el caso yaqui. Se trata de una perspectiva dicotómica, es decir, un proceso de resistencia en permanente relación con la construcción y lo que se ha denominado como la “consolidación” del Estado nación mexicano. De tal manera que esta investigación concibe que sólo es posible la comprensión y la explicación de la resistencia yaqui si se inserta y se establece una relación compleja y profunda con el contexto más amplio al que pertenece, mediante un análisis exhaustivo del mismo. El cual y en términos generales corresponde al distendido desarrollo de la compenetración entre el mundo moderno y el llamado tradicional o de Antiguo Régimen. Sin embargo y para el espacio temporal que principalmente nos compete, este contexto fundamentalmente está caracterizado por la construcción y consolidación nacional. Como ya se puede advertir y si bien el foco de investigación es la resistencia yaqui, el escrutinio de esta investigación no se limita al análisis histórico de esta lucha y rebelión indígena, sino que busca dar cuenta del amplio fenómeno de creación-invención nacional, con el propósito de comprender y explicar por qué resistían los yaquis, contra qué se estaban enfrentando, cuál era el sitio que el Estado nación pretendía programar para los grupos indígenas, qué es lo que ofertaba para su 8

desarrollo y cómo pretendía llevarlo a cabo, en síntesis, el problema étnico-nacional . De este modo, buena parte del reto de investigación ha consistido justamente en explicar de manera compleja el proceso de construcción nacional, así como su incidencia en la identidad yaqui y sus consecuencias en el desarrollo de la resistencia indígena. Ha sido precisamente el escrutinio de cómo se construyen las naciones lo que nos ha permitido comprender y definir un concepto de identidad colectiva, pues la hechura de las naciones y el nacionalismo es ante todo una fabricación/invención cultural y simbólica,

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Como se puede advertir en el índice así he denominado al primer apartado del capítulo II.

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que se vale de diversos dispositivos e imágenes mentales para crear afiliación y pertenencia. Así que a través del trabajo teórico con algunos de los autores que se han dedicado a la reflexión acerca de las naciones y el nacionalismo, pero sobre todo de aquellos que han propiciado una novedosa interpretación al respecto, como las propuestas de Benedict Anderson (Anderson; 1983), John Breully (Breully; 1982), Eric Hobsbawm (Hobsbawm; 1991), así como los más recientes trabajos de Jaime E. Rodríguez (1996), François-Xavier Guerra (Guerra; 1992) y sobre todo de Tomás Pérez Vejo (Pérez Vejo, 1999; 2007; 2010) se ha construido el concepto de identidad de esta investigación. Sin embargo también se integró la definición que hace Alejandro Figueroa específicamente para el caso yaqui (Figueroa; 1993), la inclusión de su acepción ha sido insoslayable para erigir una noción mucho más precisa y que genéricamente puede ser aplicada tanto para la identidad nacional, como para la étnica, pues más allá de las dimensiones de cada una y sus divergentes grados de cohesión, las estrategias de elaboración

y

reproducción

identitaria

utilizan

los

mismos

mecanismos

de

reconocimiento9. Así, se concibe a la identidad social o colectiva en esta investigación como un sistema y constructo sociohistórico relacional y de representación10, de trasformación y negociación permanente, en donde es necesaria la construcción del otro, de aquello que no se es, como medio esencial de autoafirmarción a través de la diferenciación11. “Toda identidad necesita ser nombrada […] y designada mediante un sistema de símbolos […], esta dimensión simbólica es constitutiva de los procesos de identificación social y permite el reconocimiento recíproco de otros […]”, por lo que principalmente se expresa en el terreno simbólico a través de todos aquellos referentes, ceremonias, emblemas, signos, rituales, etc., que determinan quiénes somos, que tienen una interacción compleja y que apelan directa y esencialmente a las emociones y creencias comunes para crear y recrear afiliación12. Es decir, es eclipsada mediante la fabricación y escenificación recurrente de un imaginario colectivo referencial, pero que asimismo contiene, penetra y da cuenta de todos los ámbitos de la vida social. De tal manera que la identidad cumple una función vital e inapelable para la existencia humana, 9

“Toda identidad social se apoya en criterio, marcas o rasgos distintivos […]” (Figueroa; 1993: 261). Véase Figueroa; 1993: 260. 11 “Una identidad colectiva remite a la forma en que se perciben animismos los miembros de una colectividad en relación con quienes no lo son” (Figueroa; 1993: 259). Véase también Pérez Vejo; 2008: 10. 12 “En tanto que los símbolos de identidad colectiva remiten a sentimientos y creencias, remiten también a un sistema de valores con el que están fuertemente vinculados” (Figueroa; 1993: 260). 10

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pues su representación y replicación periódica ofrece una explicación simbólica de la existencia socio-individual y natural que otorga y da sentido y significado a la vida de los hombres. Por su parte el concepto de resistencia ha sido trabajado a través de diversos autores, fundamentalmente mediante la teorización de James Scott (Scott; 2011), así como de su ejercicio empírico en México en pesquisas como las Edgar Mendoza (Mendoza; 2007), Daniela Marino (Marino; 2011) y sobre todo de Romana Falcón (Falcón; 2005; 2011). Sus investigaciones y planteamientos sobre estudios subalternos y de resistencia han servido para complementar un concepto de acuerdo con la historia de los sectores marginados, pues en efecto busco la manera de distinguir la historia de un grupo subalterno, por lo que estos enfoques, sus propuestas metodológicas y de búsqueda documental han sido una herramienta para el trabajo de archivo y análisis de fuentes realizado. Entendemos la resistencia como la diversidad de expresiones que mediatizan la relación entre los sectores dominantes y los dominados, en donde incluso la concepción de asimilación cultural forma parte de las maneras de resistir de los grupos subordinados, pues hasta en la asimilación suceden transformaciones de los códigos adquirido, así como un apropiamiento creativo que puede ser utilizado como ejercicio de resistencia y manifestación identitaria contestataria. Esta perspectiva se ha complementado con las investigaciones y concepciones de algunos antropólogos como Frank Salomon (Salomon; 1990), Sidney Mintz (Mintz; 2003) y Eric Wolf (Wolf; 2005), principalmente debido a sus trabajos con sociedades que han implementado múltiples estrategias para sobrevivir a los contactos con el mundo moderno. Se trata de una concepción de la resistencia que se aleja de la percepción aculturativa, para arribar a una noción más cercana a las tesis del encuentro, préstamo, intercambio e interacción entre culturas planteada por Peter Burke (Burke; 2000), no exenta de relaciones de poder asimétricas, pero que implica asimismo la penetración y modificación cultural de los grupos hegemónicos y que se manifiestan en las diversas maneras de negociar la subordinación. Después de definir los conceptos ejes de esta investigación y los autores que nos han servido para ello se pueden apreciar las coordenadas teórico-metodológicas de este trabajo posgradual, sin embargo es imperioso hacerlo explícito. Si bien la historia social nos ha servido como un punto de referencia, coincidente en el estudio de aquellos sectores y grupos sociales que esta perspectiva también ha denominado como grupos 11

marginados. Sus aportes más importantes a esta investigación se encuentran en la definición de la resistencia, a través de investigaciones centradas en la hegemonía, la resistencia, el poder y la subordinación. Sin embargo y como se ha precisado este concepto no ha sido adoptado, sino construido y complementado con los trabajos de los antropólogos referidos y sobre todo mediante las reflexiones de James C. Scott (Scott; 2011), quien pugna por la labor interdisciplinaria y quién aporta desde diversos derroteros disciplinarios, como la politología y la antropología. Así que la historia social tiene contribuciones precisas para esta investigación pero en estricto sentido no se trata de una pesquisa que pueda ser denominada como un trabajo de historia social. La historia cultural, como se ha sugerido a través de la referencia a Peter Burke, también tiene algunas aportaciones para esta tesis, pues esta perspectiva complejiza y propone nuevos paradigmas de entendimiento sobre la conformación de las diversas identidades y culturas. Pero igualmente su introducción a esta investigación es muy específica y no se adopta el modelo teórico como tal, sino algunas de sus reflexiones que justamente tiene que ver con la noción de la resistencia, así como las categorías y conceptos que posibilitan una más amplia y precisa definición de la naturaleza de los contactos entre diversos y muchas veces opuestos sectores sociales, sobre todo en relaciones de poder asimétricas, tal y como sucede en nuestro caso de estudio. Así, algunos de sus postulados son integrados gracias a sus planteamientos concentrados en explicar los procesos entre culturas distintas, en donde no sólo se analizan las consecuencias económicas y políticas, sino también los cambios culturales que genera la interacción entre una o varias culturas desde la perspectiva del “modelo del encuentro” (Burke; 2000: 252). En este proceso de encuentro cultural se genera un espectro de posibilidades de receptividad que van de la asimilación al rechazo, en las que intervienen la adaptación y la resistencia, y donde se registran fenómenos como la adopción de ciertos elementos de la cultura dominante, la formación de sociedades mestizas de diferentes tradiciones culturales, la reproducción cultural, la hibridación, la simbiosis y la adaptación. Tal y como se podrá apreciar profusamente en el caso yaqui y su relación con el Estado nación, principalmente en la adopción de dispositivos, estructuras y símbolos de identificación del modelo dominante. De manera que esta vertiente de la historia social, también denominada como “[…] variedad antropológica de la historia” (Burke; 2000: 242), o nueva historia cultural, es utilizada como herramienta fundamentalmente por la 12

posibilidades e instrumentos nominales que proporciona. Pues ofrece terminologías dinámicas sobre la manera en que convergen los procesos de intercambio cultural, como el concepto de reproducción cultural, ampliamente utilizado en esta investigación, que nos habla de una forma activa de asimilación y/o adaptación de elementos de otras culturas como dispositivos propios. A estas nociones y acepciones se restringen la integración y utilización de la historia cultural, en correspondencia con la naturaleza de la relación dicotómica de esta investigación. Ahora bien, la teoría política o nueva historia política, como preliminarmente se ha bosquejado, es sin lugar a dudas la corriente teórico-metodológica en la que se inscribe este trabajo y la que me ha permitido definir el marco interpretativo que atraviesa toda la investigación: la perspectiva de la identificación colectiva. Así que es principalmente a través de sus planteamientos y el novedoso entendimiento sobre la elaboración de las naciones y el nacionalismo lo que ha posibilitado construir mi objeto de estudio desde otro enfoque, para abordar de manera distinta una temática ampliamente trabajada desde diversos derroteros. Esta corriente surgió fundamentalmente a partir de las investigaciones y autores que en los primeros años de la década de los años ochenta generaron una revolución en el campo de la teoría política (Pérez Vejo; 2010: 32), me refiero a los trabajo que coincidieron casi milimétricamente en su realización, lo cual manifiesta una preocupación común y un vacío historiográfico y epistemológico que había que atacar. Se trata de las cavilaciones sobre las naciones y el nacionalismo de Benedict Anderson, Comunidades imaginadas (Anderson; 1983), Nacionalismo y Estado de John Breully (Breully; 1982) y la obra de Ernest Gellner, Naciones y nacionalismo (Gellner; 1983). Estos estudios pioneros provocaron toda una nueva propuesta interpretativa sobre el nacionalismo y las naciones, que han contribuido a derribar los sólidos pero infundados presupuestos que teníamos sobre la explicación de las mismas, tales como su existencia perenne, la “fatalidad histórica” (Anderson; 2013: 200), o su advenimiento como gestas independentistas. Cuando más bien fueron la consecuencia del resquebrajamiento del viejo orden dinástico-religioso y estamental del Antiguo Régimen, y que surgieron después de prolongadas guerras civiles. Las naciones fueron entonces la consecuencia y no la casusa de las pretendidas guerras de independencia. Asimismo, han logrado erradicar la vieja suposición de que los estados surgen o son producto de las naciones, cuando sucede exactamente al revés, con todas las implicaciones de invención/construcción que ello 13

entraña y el lugar desde dónde son elaboradas. Esta generación fue seguida por un sin número de autores que al igual que estos padres fundadores han buscado romper con los viejos esquemas sobre el problema de la nación, como las investigaciones de Brian Hamnett (Hamnett; 1986), Tulio Halperín Donghi (Halperín; 1985), John Tutino (Tutino; 1986), Eric Hobsbawm, (Hobsbawm; 1991), François-Xavier Guerra (Guerra; 1992), Jaime E. Rodríguez (Rodríguez; 1996), Tomás Pérez Vejo (Pérez Vejo, 1999; 2007; 2010), Eric Van Yung (Van Yung; 2006), Mónica Quijada (Qujada; 2005), ente varios otros. Forman parte de un grupo de historiadores que desde este enfoque político han puesto en entre dicho los cimientos de las explicaciones que sobre fenómenos de tal envergadura teníamos, pues más que profusos trabajo de archivo o documentales han buscado romper el viejo esquema de entendimiento que daba por resuelto el problema de las naciones, para generar otras interpretaciones sobre esta amplia y compleja cuestión. Se trata pues de un cambio de paradigma en el estudio de las naciones que ha generado toda una bibliografía que ofrece otras, renovadas, más concluyentes y satisfactorias explicaciones sobre el proceso histórico acaecido en este periodo de transición hacia la modernidad y su consolidación para ambos lados del mundo atlántico. De tal manera que ¿cómo entender a profundidad la resistencia yaqui o de cualesquiera grupos indígenas o campesinos durante la centuria que nos compete sin comprender y explicar asimismo el contexto más amplio al que resistieron, y que no es otra cosa que el advenimiento de la modernidad y su paradigma político? la construcción del Estado nación. Es precisamente esta corriente preocupada y ocupada por ofrecer explicaciones distintas sobre las revoluciones atlánticas y la hechura de las entidades políticas que vinieron a ocupar el espacio que dejaron los imperios dinásticos, la condición de posibilidad para comprender a mayor profundidad qué sucedió con todos aquellos sectores que quedaron inscritos o al interior del nuevo paradigma político y soberano. Por ello es denominada nueva historia política o teoría política, pero de ninguna manera se restringe a este campo. Me refiero a que el origen de la transición y compenetración entre el mundo tradicional o de Antiguo Régimen fue estrictamente de naturaleza política13, el cambio de la soberanía de emanación divina y encarnada en el rey o soberano, a la soberanía emanada del pueblo y depositada ahora en las naciones. Es decir, las naciones 13

“[…] en su sentido más alto, aquel que define el fundamento mismo del poder: quién y con base en qué tiene derecho a ejercerlo” (Pérez Vejo; 2010).

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adquirieron por vez primera densidad política, algo que nunca antes habían tenido, por ello se habla de naciones moderas. Pero esto es sólo la punta del iceberg y a ello responde su denominación. Sin embargo este cambio político generó trasformaciones de magnitudes civilizatorias que trastocaron todos los ámbitos de la vida social. Por lo que la historia política no se circunscribe a este rubro, sino que parte de este catalizador para poder investigar la totalidad de las repercusiones que el nuevo modelo sociocultural del Estado nación ha implicado por lo menos en los últimos 200 años para la humanidad. Es entonces desde este campo de reflexión teórico-metodológico donde verdaderamente se posiciona esta investigación, sobre todo porque el análisis que ofrece acerca de la construcción nacional, como una elaboración fundamentalmente de carácter simbólico y cultural homogeneizante de pertenencia nacionalista, ha propiciado un modelo interpretativo en el que se pueden insertar todas aquellas manifestaciones de sublevación y resistencia, como nuestro caso de estudio, frente al ambicioso proyecto civilizatorio de la modernidad y el Estado nación. En nuestros términos, sin embargo, se trata sobre todo de la implantación de una nueva forma de identificación sociocultural, que invariablemente trastoca la totalidad de la vida social. Para arribar a una explicación verdaderamente sistémica desde este modelo teórico, no basta con pormenorizar exhaustivamente la manera en que se construyen las naciones, el análisis de su instrumental afiliatorio y sus canales y medios de difusión. Es imprescindible el escrutinio de su expresión y cristalización en las amplias mayorías hacia quienes está dirigido, es decir, las diversas formas de asimilación, rechazo, síntesis, adaptación y reproducción cultural que sufre la complejidad discursiva y simbólica en los sectores que se pretende propagar el modelo identificatorio. Así que también hay una correspondencia con este principio del enfoque de la historia política, pues el análisis del caso yaqui como un proceso de resistencia es el eje de esta investigación, por lo que constituye precisamente el terreno que sintetiza y expresa esta insoslayable perspectiva integral. Así que la nueva historia política es el principio teórico y el fundamento de acción investigativa para plantear esta pesquisa en términos de una pugna de dos identidades, pues ofrece todo el instrumental para comprender y explicar la ingeniería social que implica la construcción de las naciones, que no es otra cosa que la manera de erigir una identidad.

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Ahora bien, la utilización del modelo y la comprensión de cómo se construye la identidad ha determinado la manera en que se ha planteado la estructuración y periodización de esta investigación y justifica el por qué se decidió abordar un periodo mucho más extenso del que se propone y se ha decantado14. Me refiero a que la conformación de la identidad colectiva es justamente histórica, sujeta al cambio y a la permanente trasformación, pero sobre todo debido a que son procesos de muy largo aliento, difíciles comprender y explicar si los circunscribimos a periodos coyunturales o de corta duración. Así que he tenido que ampliar el marco temporal de este trabajo y acudir por ejemplo al siglo XVIII y sus insoslayables repercusiones en la configuración de la identidad indígena, e incluso para la nueva identidad moderna. Para resolver este problema sin perder mi periodo focal de estudio se ha establecido una estrategia epistemológica. Esta ha consistido en ubicar y analizar espacios temporales que

considero

como momentos vertiginosos

y

paradigmáticos en la reproducción cultural o rearticulación de la pertenencia, principalmente la de los yaquis pero también la cívica o nacional, como procesos de reactualización, renovación y/o formativos de la identidad que imprimen una huella profunda o indeleble. El propósito de este recurso cognitivo ha sido justamente para no pormenorizar y explicar en su totalidad el extenso proceso que el amplio y concatenado escrutinio de la pertenencia precisa15, y así lograr ceñirme más decididamente en el espacio temporal que más me interesa, pero sin perder a su vez aquellos momentos cruciales en su configuración. Así que el propósito es acudir a las etapas que exceden el foco temporal de esta pesquisa pero exclusivamente como referentes explicativos para el entendimiento de la construcción de la pertenencia y de la resistencia yaqui, sin perder de vista que mi periodo central de estudio radica en el siglo XIX y principalmente a partir de 1867. El objetivo genérico de este abordaje temporal es la consecución de una verdadera explicación procesual e histórica, en correspondencia con la conformación y trasformación de la identidad16. Así, esta investigación está estructurada en cuatro capítulos temáticos. El primero corresponde al escrutinio del establecimiento de los pueblos de misión jesuíticos entre los yaquis. El objetivo de este apartado es constituirse como un referente insoslayable para

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El siglo XIX, principalmente su segunda mitad a partir de 1867 y hasta 1908. Los cual está fuera de los alcances y propósitos de esta investigación. Por estas razones se ha decidido no fijar una periodización específica en el título.

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conocer y explicar la trascendencia de la síntesis entre el sistema de los centros-misión y el desarrollo sociocultural de los yaquis, como una de las etapas y procesos paradigmáticos que han contribuido a definir su identidad, así como para obtener una profundidad explicativa que nos permita una verdadera comprensión histórica de la resistencia yaqui de la centuria decimonónica. Por lo que aquí se realiza un análisis de esta configuración sincrética y se precisan los elementos socioculturales más destacados que dejaron una impronta permanente en los yaquis, como la organización pueblerina. Así que se prioriza sobre aquellas formas de organización productiva, dispositivos e instituciones que nos permitieron tender un puente y establecer un vínculo entre la era de la Compañía y la resistencia yaqui del periodo central de esta investigación. Así que se podrá advertir por ejemplo una relación directa producto de la herencia del trabajo rotativo misional, al interior del desarrollo sistémico de lucha social yaqui durante el último cuarto del siglo XIX. Es entonces el escrutinio y entendimiento de la conformación sociocultural compleja misional entre los yaquis el contexto en el que se pueden advertir algunos de los elementos explicativos más importantes de la configuración ideológico identitaria yaqui, así como la expresión práctica de la resistencia indígena. El capítulo II tiene como marco cronológico la primera mitad del siglo XIX (18211854). El propósito general de este apartado, debido a que no se trata del periodo central de investigación, es plantear teórica y críticamente como se llevó cabo el primer esfuerzo de construcción nacional. A través de los autores referidos se ha priorizado un entendimiento sobre todo como un proceso de elaboración sociocultural que trasciende la esfera político-legislativa y administrativo-territorial, para comprenderlo esencialmente como una creación o invención simbólica y cultural. El cual utiliza diversos medios, referentes, ceremonias, emblemas, rituales, impresiones mentales, etc., con una fuerte carga emotiva y que mediante su ejercicio nemotécnico reiterativo tienen como primordial objetivo la creación de un consenso social cívico de pertenencia nacionalista. Este capítulo ofrece las respuestas acerca de cómo se inició el proceso de fabricación la identidad nacional, así como el escrutinio de algunos de los dispositivos discursivos y símbolos más importantes que se utilizaron en los albores del México en ciernes. Asimismo, se analizan las amplias repercusiones que para los sectores corporativos indígeno-campesinos tuvo la transición y compenetración entre los dos modelos civilizatorios, es decir, aquello que en esta investigación se ha denominado como el 17

problema étnico-nacional, el destino que se buscó asignar al indígena en el nuevo referente de adscripción política y de desarrollo sociocultural. En correspondencia con el entendimiento dicotómico de esta investigación aquí se aborda la rebelión yaqui del periodo 1825-1833, como la respuesta ante las exigencias del nuevo paradigma social. Pero sobre todo, como otro momento vertiginoso y crucial en la reactualización identitaria del movimiento de resistencia yaqui. Debido a que se trata de una etapa y proceso de rearticulación relevante para ambos constructos de pertenencia, esta sección también contiene un análisis documental del enfrentamiento en el terreno simbólico, que ofrece los primeros ejemplos sobre la pugna de dos identidades. El capítulo III es el más ambicioso en términos historiográficos, cronológicos, temáticos y analíticos. Se trata de la sección en la que se inserta la cuestión yaqui al conjunto de las rebeliones indígenas decimonónicas, como una expresión de las diversas maneras en que los grupos comunitarios enfrentaron el nuevo impulso por abrogar su entendimiento del mundo producto del reformismo libera, y a su vez se inicia el escrutinio del periodo central de esta investigación. Así que en un primer momento es analizado parte del corpus legislativo que buscó transformar la propiedad de las corporaciones civiles y eclesiásticas, las diversas y divergentes respuestas que ello generó entre los indígenas y campesinos comuneros, así como las propias contradicciones legislativas y los retrasos en su aplicación extensiva. El objetivo de esta parte es presentar los argumentos y los testimonios analíticos y documentales para plantear que si bien y genéricamente se trató de la etapa en que comenzó el verdadero problema por la tierra, existió un nuevo paréntesis en la trasformación del usufructo de la propiedad en las corporaciones civiles, estableciendo cuales fueron sus casusas coyunturales y socioculturales. Enseguida se presentan las vicisitudes del caso yaqui y sus estrategias de resistencia en el periodo 18541868, que igualmente expresan esta postergación en la acometida territorial, así como las características y pugnas regionales que la hicieron posible. El conflicto entre la Iglesia y el Estado, su separación y todas aquellas medidas que le suprimieron buena parte de sus facultades sociales y sus espacios públicos de escenificación también es tratado en este apartado. Pero entendiéndolo justamente como otro proceso y periodo constitutivo en el que el Estado nación fue capaz de empezar a difundir y erigir más ampliamente su proyecto de identificación, en el terreno de representación público arrebatado a la Iglesia.

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A continuación comienza el desarrollo y análisis del periodo focal de estudio de esta pesquisa, con lo que se ha denominado como la “consolidación” del Estado nación a partir del verano de 1867, así como sus repercusiones para los yaquis. El periodo autonómico yaqui (1875-1887), durante el liderato de José Ma. Leyva Cajeme, constituye una de las partes nodales de la investigación. Aquí, a través de las fuentes testimoniales de la época, así como de documentos de primera mano se pormenoriza y se analiza toda la reelaboración sociocultural que se llevó a cabo en esta etapa. El objetivo es hacerlo por medio del escrutinio de cada uno de sus componentes y sus formas de articulación y competencia jurisdiccional, para entenderla como la fórmula para renovar la identidad indígena yaqui y como la estrategia compleja para resistir la imposición de la identidad nacional. Se trata de otro momento paradigmático que a través de su análisis exhaustivo nos permitirá establecer que su verdadera trascendencia no radicó en su organización como medio para sustentar la lucha, sino como una profunda reestructuración y reactualización identitaria para la resistencia. Asimismo se plantea el ejercicio empírico de la existencia independiente y soberana de los yaquis durante una década, los argumentos historiográficos que permiten establecer que la identidad yaqui está fuertemente ligada a la autonomía, la caracterización tipológica que se realizó del proyecto autonómico indígena (la nación yaqui), las razones de la inviabilidad de su permanencia independiente al interior del Estado nación, así como las repercusiones represivas y de estigmatización que este desafío político provocó en su movimiento. En seguida se desarrolla el proceso de enfrentamiento que erradicó la independencia yaqui, así como el primer gran impulso modernizador porfiriano en el territorio indígena. Finalmente se presenta una reflexión de la resistencia y del conjunto de esta reestructuración sociocultural, puntualizando la incorporación de elementos modernos para la conservación de la tradición. Pero sobre todo, entendiendo que esta etapa es la más importante del siglo XIX en la renovación general y profunda del sentido de pertenencia yaqui. Si bien en el capítulo III se puede advertir la culminación de un poderoso ejercicio de reactualización identitaria, el capítulo IV busca plantear que la identidad era la causa última o de fondo de la resistencia yaqui. El trabajo en archivo, sobre todo con documentación de carácter oficial, nos ha permitido pormenorizar exhaustivamente la trasformación radical de la estrategia de resistencia en esta etapa (1887-1908), así como 19

la organización del funcionamiento estructural indígena para aprovechar las condiciones regionales del medio social para sustentar la rebelión. Por su parte, una combinación de fuentes hemerográficas, partes militares, contratos, así como de diversas investigaciones historiográficas han sido las herramientas para establecer el perfil de la inédita ocupación y transformación que se dio en territorio yaqui, así como los factores y agentes que primordialmente intervinieron para ello. Así que aquí se precisa el acoso más crítico que en términos represivos emprendieron las fuerzas militares gubernamentales contra los yaquis, así como la sublevación generalizada de esta etnia, que articuló una forma de guerrilla sustentada en el trabajo colectivo, que nos aporta los indicios más importantes acerca de la fuerte cohesión étnica que prevalecía entre los yaquis, que precisamente luchaban por salvaguardar los elementos más importantes de su identidad. Ahora bien, este capítulo contiene un importante análisis documental en donde se pueden señalar las alocuciones de identificación con el Estado nación, como el patriotismo y la soberanía, que busca sustentar que los argumentos más importantes para la represión yaqui radicaron en los elementos ideológicos de pertenencia nacionalista. Asimismo, esta sección contiene otro análisis en términos socioculturales de identificación acerca de un acto celebratorio y ceremonial patriótico, la Paz de Ortiz de 1897, con la intención de ilustrar el afianzamiento simbólico e ideológico que había alcanzado el sentimiento de pertenencia nacionalista durante esta etapa del porfiriato. Enseguida se aborda el clímax de la represión porfiriana a través del escrutinio de fuentes primarias, para puntualizar algunos de los medios que buscaron el exterminio físico y cultural de los yaquis. La respuesta indígena y el mantenimiento de su resistencia es tratado aquí como una cuestión estructural, priorizando sobre las herramientas y dispositivos más importantes que les permitieron continuar rebelados a pesar del acoso porfiriano sin paragón. Se analiza por ejemplo el factor fronterizo para la compra de armamento a través de la profusa información diplomática y consular examinada al respecto. Finalmente se presenta el escrutinio de dos intentos de paz fallidos, el de 1904 y el de 1908. Aquí se busca definir cuál era la naturaleza de las demandas de los yaquis, para saber si en efecto seguían buscando el ejercicio de un proyecto autonómico de tipo tradicional. El propósito es ubicar cuáles fueron los elementos más importantes del desarrollo de ambos procesos de negociación, que nos permitan argumentar que toda su estructura peticionaria y la manera de llevarlo a cabo buscaban la defensa y conservación de su identidad. El objetivo 20

central de esta última sección es que se pueda comprender nítidamente en donde radicaron los puntos más característicos que progresivamente hicieron irreconciliables ambos proyectos de desarrollo sociocultural, así como determinar a través del entendimiento cabal y exhaustivo de lo que representa la identidad para los individuos y las colectividades, las implicaciones de una resistencia sustentada en la pertenencia. Pero sobre todo, esclarecer con los argumentos y testimonios documentales utilizados que en la raíz del problema había un enfrentamiento o pugna entre dos formas de identificación. Como se ha sugerido someramente, la realización heurística de esta investigación está principalmente sustentada en el trabajo historiográfico con fuentes documentales de archivo o de primera mano. Fueron consultados el Archivo General de la Nación (AGN), principalmente los fondos de gobernación, de buscas y la fototeca del acervo, el Archivo Nacional del Agua (ANA), la Hemeroteca Nacional de la UNAM, la Biblioteca Nacional de Antropología y el Archivo Histórico Diplomático Genaro Estrada (AHGE- SRE), uno de los acervos más prolíficos para esta investigación. Pero sin lugar a dudas el acervo más importante para esta tesis ha sido el Archivo Histórico del Gobierno del Estado de Sonora (AGHES), en donde se encontraron documentos de diversa naturaleza y para amplios periodos, como partes militares, epistolarios, inventarios de armas, comunicación gubernamental, telegramas, prensa, contratos sobre sobre cesión de terrenos, testimonios de yaquis aprehendidos, entre otros. Invariablemente este trabajo ha sido complementado con la consulta y escrutinio de las diversas y divergentes investigaciones antropológicas e históricas que abordan el tema de los yaquis. La bibliografía es la referencia más exhaustiva al respecto pero considero pertinente presentar algunas de las investigaciones para ilustrar el amplio espectro de los trabajos que fueron examinados, desde la historiografía testimonial y oficial del periodo, como las crónicas militares de Francisco del Paso y Troncoso (del Paso; 1982), Fortunato Hernández (Hernández; 1901) y Ramón Corral (1959), los trabajos antropológicos de Alejandro Figueroa (Figueroa, 1993; 1994) y María Eugenia Olavarría (Olavarría; 2003), en los que también se inscriben las investigaciones de Edward H. Spicer (Spicer; 1994), los trabajos historiográficos de José Velasco Toro (Velasco, 1985; 1988), Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva (Hernández, 1996; 1997; 2002), Cécile Gouy-Gilbert (Gouy-Gilbert; 1985), Evelyn Hu-DeHart (HuDeHart, 1995; 2004), Raquel Padilla Ramos (Padilla; 1995), Zulema Trejo (Trejo; 2008), así como tesis de investigación como la de Javier Gámez Chávez (Gámez; 2004) y obras de 21

autores indígenas como las de Palemón Zavala Castro (Zavala; 1985). Asimismo se trabajó ampliamente con bibliografía que excede la temática de esta investigación pero que aborda problemáticas relacionadas, como las revueltas indígenas del siglo XIX y aquellas investigaciones que reflexionan sobre la modernidad nacional o que genéricamente trabajan el siglo XIX mexicano. Sobresalen las investigaciones de Enrique Florescano (Florescano; 2001), Alan Knight (Knight; 1985), Leticia Reina (Reina, 1987; 2009), Friederich Katz (Katz; 2004), Antonio Escobar Ohmstede (Escobar; 2007), Juan de Vos (de Vos; 1984), Donald Fraser (Fraser; 1972), Hilda Iparraguirre (Iparraguirre; 2011), Andrés Lira (Lira; 2010), Gisela Von Wobeser (Von Wobeser, 2006; 2010), entre varios otros.

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CAPÍTULO I. EL LEGADO JESUÍTICO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD YAQUI. Si bien el interés central de esta investigación se encuentra enfocado en el proceso histórico de resistencia yaqui durante la segunda mitad del siglo XIX, es indispensable para este trabajo el conocimiento de la conformación y desarrollo del sistema de pueblos de misión jesuítico entre los yaquis en el periodo colonial. Este afán no responde meramente a una filiación propia del quehacer histórico, el cual establece explicaciones causales por medio del escrutinio del desarrollo de procesos previos, que por otro lado sigue siendo un método importante y ampliamente utilizado para la construcción del conocimiento histórico, sino que tiene que ver con las exigencias que las particularidades del propio proceso histórico demandan para esta investigación, pero sobre todo en correspondencia con los objetivos que persigue esta pesquisa investigativa. Me refiero a la importancia que la configuración de la síntesis entre el sistema misional y el desarrollo sociocultural yaqui de los siglos XVII y XVIII ha tenido para la caracterización teórica y práctica de la resistencia indígena, para la conformación de su identidad, así como sus repercusiones y expresiones durante la segunda mitad del siglo XIX. De manera que es en el análisis y conocimiento de la configuración económica, de mando político, productiva, laboral y sociocultural misional entre los yaquis donde se encuentran buena parte de la comprensión y entendimiento del sustento ideológico identitario, así como la expresión empírica de esta resistencia india. El propósito de este apartado es analizar la relevancia de las instituciones pueblerinas de misión jesuíticas en la nueva estructuración territorial, sociocultural, así como en la organización política y socioeconómica de las comunidades indígenas yaquis. El objetivo es explicar las repercusiones que este sincretismo indígena y misional ha tenido a lo largo del desarrollo de la resistencia yaqui, fundamentalmente durante su destacada reintegración y adaptación en el periodo del líder José Ma. Leyva Cajeme (1875-1887). Advertir esta relación y sus especificidades posibilita la comprensión y explicación de las diversas y a veces divergentes expresiones y estrategias para enfrentar y resistir el arribo del proyecto y la lógica de la modernidad, emprendido desde la segunda mitad del siglo XVIII y ampliamente impulsado por el Estado nación decimonónico y los diversos agentes de la modernización. Como se ha establecido y como se puede advertir desde la denominación de esta investigación, el interés por el proceso de resistencia indígena está planteado en estrecha 23

relación con las trasformaciones del mundo moderno y sobre todo con la construcción y fortalecimiento del Estado nación. De manera que si bien el siglo XIX es la centuria por antonomasia de la creación de las naciones modernas y de la puesta en práctica sus objetivos17, el siglo XVIII y sobre todo su segunda mitad constituye, si no es que su génesis, por lo menos un nuevo principio y aceleración hacia la modernidad, por lo que se trata de un espacio central para conocer cuáles fueron aquellos cambios a que convocó el proyecto moderno, así como sus primeros pasos y manifestaciones. Durante este periodo empezó a revelarse el paulatino declive del sistema tradicional o de Antiguo Régimen, así como el lento pero inexorable advenimiento de amplias trasformaciones de carácter inédito y de magnitudes civilizatorias que implicaba la modernidad. El caso de la segunda mitad del siglo XVIII en el reducto indígena yaqui no es la excepción, el reformismo borbónico y las vicisitudes de la secularización religiosa en las Provincias Internas18 tuvieron también amplias repercusiones en la conformación de la identidad y resistencia yaqui, que a su vez repercutieron, por las propias particularidades del caso, en las estrategias que implementaron hacia los posteriores requerimientos del Estado nación en ciernes, así como a los más apremiantes de la segunda mitad del siglo XIX. La racionalidad borbónica constituyó el primer esfuerzo modernizador al que se vieron enfrentados diversos sectores corporativos y tradicionales. Baste recordar por ejemplo la importancia y revitalización autonómica, política y territorial que significó para los yaquis la expulsión jesuita. O las primeras acciones dirigidas hacia las corporaciones indígenas y campesinas, como la consolidación de vales reales y la injerencia de la Monarquía Católica en los bienes de un sin número de comunidades y pueblos de indios y campesinos, a través del intento por transferir los bienes de las cofradías a las cajas de comunidad, así como reducir los gastos en celebraciones y fiestas de las comunidades (Taylor; 1999), preludio de los posteriores embates a la propiedad y desarrollo corporativo propios del siglo XIX. De manera que para una comprensión histórica del amplio fenómeno de revueltas indígenas y campesinas que caracterizó a buena parte del México decimonónico, en el que se inserta esta investigación y caso, es necesario remitirnos selectivamente a los primeros intentos modernizadores de la segunda mitad del siglo XVIII y advertir la continuidad. 17

Ello de ninguna manera quiere decir que sólo el siglo XIX haya visto la creación de naciones, sino que se trata del primer gran impulso en su creación y construcción para el espacio euroamericano. 18 A partir de 1786, con el sistema de intendencias, el territorio noroeste fue adscrito a la Comandancia General de las Provincias Internas.

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Ahora bien, no se busca la realización de un análisis exhaustivo del proceso y desarrollo sociocultural yaqui durante el virreinato, ni pormenorizar las vicisitudes de las trasformaciones de la segunda mitad del siglo XVIII, ello está fuera de los alcances y propósitos de esta investigación. Es menester establecer que la realización y presentación de este primer capítulo obedece a las causas y objetivos expuestos, que se circunscriben a establecer aquellos elementos que faciliten la comprensión de los procesos sociohistóricos del México decimonónico que me interesan. Por lo que este apartado busca ser una sección referencial, no por ello menos importante, que pueda dar respuestas genéricas, pero insoslayables, que permitan establecer los aspectos más significativos en la conformación de la identidad y resistencia indígena para alcanzar una verdadera explicación histórica, en correspondencia con las exigencias del modelo identificatorio que encierra todo el trabajo, así como a identificar cuáles fueron aquellas trasformaciones modernizadoras que incidieron directamente en el desarrollo de la vida indígeno-campesina. Por lo que el escrutinio del periodo colonial se limitará a la consecución de dichos propósitos. I.I SISTEMA MISIONAL JESUÍTICO EN LAS PROVINCIAS DEL NOROESTE NOVOHISPANO: EL CASO YAQUI (SIGLOS XVII Y XVIII). Los primeras expediciones e intentos de colonización de la región noroeste del virreinato novohispano resultaron poco favorables para los españoles. En poco más de medio siglo, desde el primer contacto con los yaquis en 1533, en la expedición de Nuño Beltrán de Guzmán, hasta las incursiones de las últimas décadas del siglo XVI, no se había logrado establecer ninguna población segura más al norte del Río Fuerte y de las poblaciones de San Felipe y Santiago Sinaloa. Sin embargo estas primeras incursiones sirvieron para advertir el potencial minero de la región, sobre todo con las expediciones de Diego y Francisco de Ibarra hacia los primeros años de la década de 1560, y el descubrimiento de yacimientos de plata. De hecho estos hallazgos originaron la separación administrativa de parte del antiguo territorio de Nueva Galicia, constituido por el norte de Sinaloa y la región de Sonora y Arizona, para fundar el nuevo reino de Nueva Vizcaya (1562), con Francisco de Ibarrra como “primer gobernador y capitán general” (Hu-DeHart; 1995: 25). De esta manera el gobierno virreinal logró advertir que en efecto era posible desarrollar las dos actividades que se habían proyectado como las de mayores posibilidades para el 25

amplio norte novohispano, la minería y la ganadería. Que a su vez contaban con los recursos necesarios para su desarrollo: una amplia y potencial población laboral en la región yaqui y sus alrededores, así como los recursos acuíferos del río del mismo nombre y otros afluentes para la cría de ganado y, sobre todo, para establecer poblaciones agrícolas estables que proporcionasen los suministros necesarios para los centros mineros. Pero como se ha sugerido y a pesar del temprano conocimiento de este potencial minero, agropecuario y poblacional de la amplia región que se extendía hacía el norte del río Fuerte, los intentos de colonización militar y creación de poblaciones del último cuarto del siglo XVI resultaron igual de infructuosos que los de las primeras décadas19. Tuvo que realizarse un cambio de estrategia para poder colonizar e integrar a los indios yaquis y sus vecinos de la región en el sistema colonial o virreinal. La respuesta fue la penetración paulatina por medio de la evangelización, el envío de misioneros religiosos que pudieran establecer relaciones pacíficas con los habitantes, que aprendieran su idioma, que realizarán bautizos masivos, pero sobre todo que dieran a conocer, establecieran y difundieran una nueva forma de estructuración territorial y socioproductiva; los pueblos de misión. Los jesuitas y su renovada20 y particular comprensión de los establecimientos misionales fueron a quienes se encomendó al ambicioso proyecto. Así que la integración y verdadera colonización del espacio geográfico del noroeste del virreinato español inició en las primeras dos décadas del siglo XVII, con la introducción, desarrollo y expansión del sistema misionero jesuita entre las muy diversas poblaciones indígenas21 de la extensa región de las provincias de Sinaloa, Ostimuri y Sonora22. La fundación de pueblos de misión tuvo en sus primeras décadas diversos problemas para progresar, la inestabilidad territorial y la dispersión indígena con el objetivo de implementar diversos medios de subsistencia fue uno de los más importantes23. Sin embargo y en una perspectiva de más largo alcance, hacia finales del

19

En 1601 el virrey Gaspar de Zúñiga estuvo por suspender el trabajo de misioneros jesuitas por los escasos resultados en la formación de pueblos permanentes entre los indígenas. Véase Ortega; 2004: 278. 20

Se trató de la concepción permanente de los centros-misión, que implicó una participación religiosa en la totalidad de la organización de la vida social. 21

Seris, pápagos, ópatas, apaches, eudeves, pimas, yaquis, mayos, entre otros. “La provincia de Sinaloa comprendía desde el río de las Cañas hasta el río Mayo; Ostimuri […] localizado entre este último río y el Yaqui; la provincia de Sonora se extendía desde las márgenes del río Yaqui hasta el río Gila en el actual estado de Arizona […]” (Hernández; 1996: 33). 23 Y desde luego las rebeliones indígenas. 22

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siglo XVII el establecimiento y la expansión de los centros-misión por el conjunto de las provincias había sido una empresa considerablemente exitosa. Pues los ignacianos habían logrado establecer una muy amplia red de asentamientos pueblerinos permanentes, alrededor de 116, que abarcaban desde las poblaciones de San Felipe y Santiago Sinaloa en el sur, cercanas a los ríos Fuerte y Mocorito (Ortega; 2004: 275, 282), hasta los territorios norteños que actualmente coinciden con la frontera entre los estados de Sonora y Arizona. Logrando conjuntar lo que propiamente puede ser denominado como un sistema de pueblos de misión.

En Sergio Ortega Noriega, p. 283.

Entre los yaquis, la primera etapa de la conformación pueblerina y la nueva organización misional se llevó a cabo entre los años 1617 y 1623. Al menos tres acontecimientos y procesos relevantes dan testimonio del comienzo de la transformación jesuítica en este 27

periodo: el arribo pactado de los padres jesuitas Andrés Pérez de Rivas y Tomás Basilio para la introducción del sistema misional24, la evangelización generalizada de la población yaqui por medio de bautizos masivos, así como el inicio de los trabajos para la reducción de alrededor de 80 rancherías en que se encontraban dispersos sus habitantes25. Los indios y comunidades yaquis fueron reagrupados “[…] económica, social, política y culturalmente en torno a estos pueblos de misión” (Velasco; 1988: 17). La consecuencia inmediata de la aplicación de este sistema fue la congregación de la población a lo largo del Río Yaqui, es decir, la configuración socio territorial de los ocho pueblos26, “base para la reorganización política y económica” (Hu-DeHart; 1995: 33). De manera que lo que puede considerarse como la primera fase de formación del sistema de misiones en la provincia, entre 1614 y 162227, comprendió el área yaqui, pues la ocupación abarcó la zona cahita ubicada entre los ríos Mocorito y Yaqui. De hecho se trató de la etapa más fructífera en la constitución de pueblos de misión en la región, pues además de que se fundaron 30 comunidades, era la zona más densamente poblada por los grupos locales28, así como el área de mayor beneficio agrícola por la riqueza de las tierras y afluentes en el Valle del Yaqui. Sin embargo la conformación de los ocho pueblos yaquis no se completó sino hasta terminada la última fase, después de 1699, cuando se fundaron los poblados de Belem y Huiviris, así como Guaymas para la comunicación con las misiones de Baja California (Ortega; 2004: 280).

24

El arribo de los padres fue peticionado y condicionado por los yaquis prohibiendo expresamente la injerencia militar española. Véase Spicer; 1961; 1974. 25 En la carta del padre jesuita Tomás Basilio de 1618 se precisan el arribo y recibimiento de ambos misioneros a la región yaqui (en mayo de 1617), el patrón de asentamiento indígena (rancherías), así como los primeros bautizos generalizados. Veáse Burrus y Zubillaga; 1986: 38-42. 26 Cócorit, Bácum, Tórim, Vícam, Pótam, Ráhum, Hurivis y Belém. 27 Sergio Ortega Noriega propone tres fases para la expansión del sistema de misiones en la región: en la segunda fase (1619-1653) se introdujo el sistema de misión en la zona conocida como la Pimeria Baja y la Opatería, en los valles de los ríos Tecoripa, Moctezuma, Sahuaripa, Bavispe, Máteape y Sonora; la tercera fase entre 1687 y 1699, en la que se estableció la ocupación de la zona semidesértica de la Pimeria Alta, en la zona más septentrional de esta provincia. El nomadismo y las dificultades agrícolas de la zona provocaron que fuera la zona menos integrada al sistema de misiones de la región de la provincia de Sinaloa, Ostimuri y Sonora. 28 Solamente los yaquis conformaban una población de alrededor de 30 mil individuos. Véase Hu-DeHart; 1995: 32.

28

En Evelyn Hu-DeHart, p. 34.

Así, los jesuitas se dieron a la tarea de construir pueblos o comunidades de misión concebidas como asentamientos indígenas permanentes, que produjeran su propia subsistencia para el consumo diario, así como excedentes para prevenir las épocas de escasez y ampliar el sistema misional. Es decir, realizaron asentamientos indígenas con una sólida base económica, dirigidos por los religiosos a cargo de su evangelización y de coordinar los esfuerzos productivos de la comunidad (Ortega; 2004: 278-279). Para lograr el ambicioso proyecto, el religioso excedió su papel de evangelizador y literalmente se convirtió en un organizador de la empresa agrícola, expandiéndola con la introducción de nuevos cultivos, ganado y el manejo de técnica e instrumental europeos, estableciendo a la agricultura como la actividad predominante entre los yaquis. Además de las parcelas de tierra, cuyo usufructo era por unidad familiar, se encontraban las tierras comunales de la misión trabajadas por los yaquis, quienes laboraban tres días para las tierras o actividades del conjunto de la misión, y tres días sus propias parcelas de autoconsumo (Ortega, 2004: 285). La misión era por tanto la beneficiaria del excedente productivo generado por el trabajador yaqui, el cual estuvo destinado para sustentar y expandir el sistema misional, sobre todo hacia las regiones del norte de Sonora y hacia Baja California, así como para el 29

incipiente mercado regional creado por la paulatina colonización civil del territorio. Así que mediante el cultivo metódico de la tierra (introducción del trigo), la cría de ganado mayor y menor, las técnicas de tejido para la transformación de la lana, la utilización del caballo y la introducción de herramientas y tecnología europeas (Velasco; 1988: 17-18), los jesuitas -junto con las experiencias, habilidades y capacidades productivas de los yaquis29- lograron el rápido aumento de la producción y una importante generación de excedentes. Pero sobre todo y lo más importante, lograron conformar y consolidar un nuevo patrón de asentamiento que desalentó la dispersión indígena30 y logró hacerlos confluir en poblaciones permanentes y autosuficientes, consiguiendo conformar una red de pueblos de misión en el amplio territorio de esta provincia. A grandes rasgos se trata del proceso histórico mediante el cual los yaquis y otras poblaciones del noroeste del país se incorporaron al sistema colonial. Pero lo importante a destacar ahora para nuestros objetivos es que se trató de un sistema e integración excepcional, acorde con la renovada concepción jesuítica de estos asentamientos. Los cuales, en la nueva lógica de la misión evangélica, fueron concebidos como misiones permanentes (Hu-DeHart; 1995: 29), basados en una inmersión religiosa sin precedentes, en la que el papel de los religiosos comprendía la organización territorial, política y socioproductiva con el propósito de formar un conjunto interdependiente de “células productivas bien organizadas” (Velasco; 1988: 17). A diferencia de la mayoría de las misiones del territorio novohispano, las cuales seguían la estrategia original de la misión: erigir suntuosos templos y servir al Estado colonial como herramienta para llevar a cabo la pacificación, reducción y congregación, e integrar a las poblaciones al régimen colonial: tributo, encomienda y repartimiento. De manera que el término de misión en estas circunstancias ya no sólo refiere a la función, sino al ámbito en que se cumple y la organización social que permite su realización (del Río; 1984: 116). Es decir, este modelo se convirtió en el elemento constitutivo de la vida social de las comunidades y pueblos de misión. Los jesuitas “[…] no sólo definirían y guiarían lo espiritual, sino las necesidades sociales, políticas y materiales” (Hu-DeHart; 1995:29). El paternalismo subyacente a esta 29

Antes de la llegada de los españoles si ben los yaquis practicaban el seminomadismo, pues sus asentamientos en aldeas o rancherías no eran permanentes debido a los desbordes azarosos y periódicos del Rio Yaqui, así como por que se movían para complementar la agricultura con la caza, la pesca y la recolección, habían en cambio desarrollado una agricultura compleja, capaz de obtener dos cosechas anuales. Véase Hernández; 1996: 25; Olavarría, 2003: 40. 30 Sergio Ortega noriega propone que este proceso se consolidó aproximada mente entre los años 1620 y 1680. (Ortega; 2004: 279).

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concepción, así como el supremo control jesuita del mando en cada localidad, con la venia de los yaquis, además de ir en detrimento paulatino de las autoridades tradicionales (asamblea general o consejos populares y líderes aldeanos guerreros)31 y de estar por encima de las autoridades civiles indígenas, provocaron también un aislamiento o abstracción indígena de la vida y desarrollo secular de los españoles32. La deliberada omisión de la enseñanza del español a los yaquis y el esmero con que los primeros misioneros aprendieron la lengua cahita es una muestra del celo con que los jesuitas trataron de preservar la cultura indígena fuera del desarrollo secular español (Hu-DeHart; 1995: 36-37), fungiendo como los intermediarios y portavoces indígenas ante las autoridades coloniales (Hernández; 1996: 26). Sin embargo y a pesar de que este aislamiento se fue resquebrajando por las propias circunstancias y contradicciones del desarrollo colonial33, estuvo lo suficientemente arraigado para contribuir a conformar y consolidar un fuerte sentido de identidad yaqui literalmente soberana: en lo territorial, política, lingüística, económica, religiosa y culturalmente. Huella indeleble de la resistencia yaqui posterior. Pues como lo plantea Evelyn Hu-DeHart, esta “[…] reorganización también acrecentó el sentido de unidad cultural y política de los yaquis; significativamente, su mito de creación se inicia con estos ocho pueblos de misión” (Hu-DeHart; 1995: 136). Pero las especificidades y la excepcionalidad del sistema no sólo estuvieron determinadas por los objetivos y la renovada concepción del sistema de misión jesuita, sino que respondieron y se ajustaron a diversos factores ajenos al control de los misioneros. Como las propias características del desarrollo sociocultural yaqui, tales como el tipo y formas de producción (determinadas por el medio físico de la región), su patrón de asentamiento y estrategias de ocupación territorial (una combinación entre seminomadismo y asentamientos permanentes), su desarrollo socioproductivo basado en la tenencia comunal de la tierra, e incluso factores como la lejanía de estos territorios y poblaciones, uno de los principales obstáculos para lograr una dominación militar completa que les permitiera establecer el sistema tributario y de sujeción propios del 31

Además de curanderos y/o chamanes. Desde ahora es menester precisar que así como en este caso y en algunos otros, pero sólo cuando es pertinente y necesario, utilizo el término “español” o “españoles” para referirme genéricamente al grupo o sector étnico de los blancos, pues eso significaba ser español en la sociedad virreinal americana e incluso a principios del siglo XIX, y que evidentemente va más allá del sector de los peninsulares. Véase Pérez Vejo; 2010. 33 La pugna entre la institución misional jesuita y los objetivos del virreinato relacionados con la colonización civil, por los recursos de subsistencia y por la mano de obra indígena yaqui, fueron el centro del resquebrajamiento del sistema misional y causa directa de la rebelión de 1740. 32

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centro del virreinato. Así que los indios de esta provincia, pero especialmente los yaquis, fueron un factor decisivo en la configuración de cada espacio misional, pues debido al estéril intento militar por dominar a estas rancherías del noroeste del territorio y crear asentamientos34, los yaquis establecieron relaciones con un importante papel proactivo y no de sujeción -a diferencia de lo sucedido en la mayoría de los espacios indígenas y campesinos del territorio novohispano-, lo cual les permitió definir sus formas de negociación y resistencia frente a los agentes externos35. Prueba de ello fue la imposibilidad de establecer en la región yaqui el sistema de encomienda, el tributo y el repartimiento36. Pues desde el primer momento en que los yaquis se insertaron en la vida del mundo colonial, el pacto de relación entre las dos partes se basó en negociaciones que les permitieron definir y establecer las condiciones para la entrada de los jesuitas, como el impedimento para el ingreso de destacamentos militares, así como para el establecimiento de villas de españoles. “[…] los yaquis, en cambio, después de varios enfrentamientos armados en los que resultaron victoriosos, condicionaron el acceso de los militares españoles a su territorio, permitiendo únicamente la entrada de los misioneros”37. Como Edward Spicer plantea38, el acuerdo pacífico y de cooperación entre los yaquis, el gobierno colonial y los jesuitas se debió en buena medida al interés que una parte de los yaquis manifestó por la introducción del sistema misional jesuítico, avistados los beneficios agrícolas que ya habían tenido en las misiones del Valle del Río Mayo. De manera que negociaron la paz con el capitán del presidio en 1610, Diego Martínez de Hurdaide (Pérez de Rivas; 1944), para posteriormente establecer un pacto que les permitió integrarse al sistema misional manteniendo importantes prerrogativas, como una relativa autonomía, el control de algunos puestos políticos para los caciques locales y la continuación del sistema comunitario basado en la propiedad comunal de la tierra. Es importante comprender este desarrollo de pueblos de misión como un sistema, es decir, como la conformación de una red de pueblos que funcionaban reproduciendo en 34

“Entre 1609 y 1610 Diego Martínez de Hurdaide intentó la conquista de los yaquis […] fue vencido y ante la total derrota no volvió a insistir en la ocupación armada, […] Hurdaide comprendió que la vía más rápida de penetración era el establecimiento de la paz”. (Velasco; 1988: 16). 35 “Los dos grupos [yaquis y mayos] fueron integrados la vida misional por los jesuitas y coincidieron en muchos aspectos posteriores. Empero, las formas de colonización y los mecanismos de conquista y sometimiento estuvieron condicionados por una resistencia que siempre fue más activa, amplia y organizada entre los yaquis”. (Figueroa; 1993: 258). 36 Si bien paulatinamente y con la colonización civil se empezaron a implementar algunas formas de repartimiento, como los tapisques (trabajadores forzosos), el tributo y la encomienda nunca se establecieron. 37 Figueroa; 1993: 258. 38 Spicer; 1961; 1974.

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cada localidad el mismo ordenamiento político (sistema de autoridades), productivo, religioso, cultural, e incluso arquitectónico39. Es decir, “[…] cada comunidad era parte de un conjunto gobernado y administrado con criterios uniformes” (Ortega; 2004, 275). Gracias al principio administrativo de ver por las necesidades del conjunto sistémico precepto práctico en el que radicó la fuerza de esta institución-, la reproducción en cada pueblo de este modelo permitió socorrer las carencias de determinadas poblaciones mediante los excedentes productivos de las zonas más fértiles (como el área yaqui). Este método “[…] permitió subsanar las condiciones adversas que hubieran aniquilado a una comunidad aislada” (Ortega; 2004: 284). Así, “[…] el programa económico de las misiones jesuitas de la región integró un sistema supracomunitario o regional […]” de interdependencia económica, que generó una especie de confederación comunitaria de pueblos de misión, pues el producto del trabajo estaba destinado para el sustento de la comunidad y los requerimientos del sistema de misiones (Radding; citado por Velasco Toro; 1988: 18). Ambas características, tanto la replicación de un sistema productivo y de mando en cada localidad, como el sentido confederado de los indios yaquis y los de otras regiones de la provincia fueron destacados distintivos de las rebeliones yaquis decimonónicas40. Mediante este sistema los jesuitas pretendieron instaurar una delimitación que impidiera la penetración del Estado y de los sectores privados, pues habían logrado transformar a estas comunidades apartadas en centros autosuficientes. Sin embargo la organización a partir del modelo español estableció una nueva estructura social y política que reprodujo los puestos de autoridad de los cabildos españoles 41, al interior de los pueblos yaquis (Velasco; 1988: 18), estableciéndose el gobierno civil, religioso y el militar en el siglo XVIII 42. En el ámbito civil cada pueblo nombraba anualmente a su gobernador y alcalde, quienes eran los encargados de mantener el orden interno en cada comunidad, regular la disciplina del trabajo, vigilar las tierras del pueblo y participar en la distribución 39

Cada pueblo tenía su propia iglesia y todos se ajustaron a un mismo patrón de asentamiento. Existen diversos indicios de que la experiencia confederada indígena regional se practicó desde antes de la llegada de los misioneros, por lo que su introducción jesuítica implicaría una reintroducción y consolidación de dicha práctica. Véase Gámez; 2004: 1. Velasco Toro también sugiere la existencia de la confederación reconocida por medio de la concesión de status de nación de la Monarquía Católica a los grupos indígenas del noreste en 1606 […] reconociendo en ellos una organización político-social de pueblos aliados […] (Velasco: 1992: 48). 41 “Los cargos civiles se caracterizaron por la presencia de un gobernador y algunos puestos […] en cada uno de los ocho pueblos: alcalde, alguacil, fiscal y topil; los cargos militares se constituyeron por […] capitanes de guerra, alférez, sargentos, cabos y soldados”. (Gámez; 2004: 1). 42 “Para el siglo XVII no existían cargos militares en el nuevo gobierno civil yaqui” (Hu-DeHart; 1995: 35). 40

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productiva (Velasco; 1988: 19). En cuanto a lo religioso, los misioneros crearon una organización indígena compuesta por los temastianes y el mayor, fiscales que paulatinamente se integraron a todas las actividades religiosas y se convirtieron en una pequeña elite beneficiaria de los excedentes de trabajo, lo cual les permitió conservar su autoridad temporal y permanecer “[…] como un elemento central de la cohesión étnica” (Velasco; 1988: 19). En el terreno militar se nombró a un capitán general en cada territorio, que debía cumplir las órdenes del gobierno de la provincia, apoyaba la autoridad de los misioneros y dirigía las unidades militares indígenas para socorrer las expediciones españolas (Velasco; 1988: 19). Al ser expulsados los jesuitas (1767), y aquí radica la importancia para nuestros objetivos, este sistema de cargos políticos, militares y religiosos fue mantenido por los indígenas y les sirvió como elemento de autoridad aglutinante para encauzar su resistencia frente a la modernización de la segunda mitad del siglo XVIII, durante el siglo XIX y aún en el siglo XX. De hecho esta estructura de cargos no cobró su verdadera importancia y capacidad de mando sino hasta la expulsión, pues a pesar de que en efecto fue una organización de mando indígena que funcionaba para organizar y mantener la estabilidad del sistema misional, su autoridad siempre estuvo sujeta, en cualquiera de sus tres modalidades, al dominio de los misioneros, quienes siempre tuvieron la última palabra en la toma de decisiones. Por lo que esta organización sirvió como una extensión del poder de los jesuitas a través de agentes indígenas. Su auténtico establecimiento como la organización de mando yaqui sería posterior, en tiempos de la exclaustración jesuita y de la secularización misional, así como en el último cuarto del siglo XIX, época de su más amplia utilización como medio de resistencia, así como de su parcial declive y dilución.

I.II CONTRADICCIONES DE LA COLONIZACIÓN: DECLIVE DEL SISTEMA MISIONAL, SECULARIZACIÓN Y LA PUGNA POR EL RECURSO INDÍGENA. Paradójicamente en el éxito del desarrollo misional jesuítico se encuentran algunos elementos explicativos de su declive, crisis y extinción. O como lo señala Evelyn HuDeHart, “[…] la pródiga riqueza de la misión yaqui se convirtió en su sello característico, pero también en fuente de amargas controversias” (Hu-DeHart; 1995: 39). Como se ha establecido, los jesuitas privilegiaron y fomentaron un desarrollo pueblerino misional 34

basado en la propiedad comunal de la tierra, un desarrollo social comunitario dirigido a sustentar a cada localidad, a subsanar las necesidades del conjunto y a promover su expansión. Ahora bien, el éxito o la bonanza agropecuaria de la región yaqui no sólo puede constatarse en la permanencia definitiva de las poblaciones asentadas, sino en la sistemática expansión del modelo misional hacia el norte de la región, así como en la fundación de poblaciones que requirieron de un flujo permanente de recursos de subsistencia para su desarrollo, como los asentamientos de la península californiana43. Este desarrollo agropecuario constituyó el fundamento que permitió el progreso de otro tipo de colonización, la de los intereses ajenos al sentido comunitario que amalgamaron los jesuitas y las poblaciones indígenas. Es decir, el de la colonización civil o secular que primordialmente orientó sus esfuerzos a la extracción metalúrgica, que privilegió el beneficio privado y que buscó integrar a los indígenas al sistema tributario y salarial del resto del virreinato para desarrollar otras actividades productivas. Sin embargo y durante buena parte del siglo XVII “[…] las misiones jesuitas fueron las únicas instituciones estables y permanentes, a diferencia de los presidios, reales de minas y pueblos administrativos que tenían una vida incierta y efímera” (Hu-DeHart; 1995; 41). Mientras esta colonización secular fue poco significativa en términos poblacionales o cuantitativos fue posible la convivencia de ambas y contrapuestas lógicas de desarrollo socioproductivo, así como el mantenimiento de un equilibrio, que si bien estuvo literalmente financiado por la producción agropecuaria indigeno-misional, permitió el temporal desarrollo y convivencia de ambos modelos. El paulatino pero constante crecimiento de la colonización secular fue exigiendo cada vez más recursos agropecuarios y mano de obra indígena, lo que terminaría siendo una de las causas directas de la crisis y del declive del sistema misional, pues cada vez eran mayores las cargas de trabajo que ambos sistemas exigían a los indios; lo que antes había sido una salida comercial beneficiosa para las comunidades se transformó en requerimientos permanentes de producción y de mano de obra yaqui. Así, en el centro de la contradicción y pugna entre las dos lógicas de desarrollo estaba la mano de obra indígena (los tapisques o mano de obra forzada), indispensable tanto para generar los medios de subsistencia necesarios para las misiones y los asentamientos pueblerinos, como para realizar las labores extractivas y sostener la realización de empresas agropecuarias privadas, como las haciendas y ranchos. Sin embargo y a pesar de que los 43

Debido a los escasos elementos para su propia manutención, como la fundación de Loreto en 1697.

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indígenas fueron el centro de la querella, no fueron ellos, sino los propios misioneros por un lado, y los colonizadores y las autoridades coloniales por otro, quienes ventilaron la profundidad de la pugna por la mano de obra y el tema de la secularización. Estas querellas son algunos de los indicadores documentales que nos permiten ubicar cuándo se empezó a desbordar el equilibro que se había mantenido durante buena parte del siglo XVII, así como a precisar temporalmente el declive del sistema misional. Pues si bien sabemos que los años de 1736-1740 y 1767 fueron los puntos culminantes de la crisis 44, el proceso de agotamiento del sistema misional había iniciado desde hacía más de medio siglo (Ortega; 2004: 287). El análisis de primera mano de Sergio Ortega Noriega proporciona indicadores puntuales para ubicar los primeros elementos que dan testimonio del inicio de la crisis y su desarrollo. A pesar de que se pueden hallar algunas de las primeras pugnas en años tan tempranos como 1648 y 165745, su agudización corresponde al último cuarto del sigo, con los descubrimientos de yacimientos de plata en Sinaloa, Sonora y Ostímuri, con el incremento de la población colonial y los consecuentes reclamos de tapisques por los colonos, pero sobre todo cuando los jesuitas empezaron a perder el control del mercado de subsistencia y la mano de obra indígena. Todavía entre 1671-1679, en el conflicto ente las autoridades coloniales de Sinaloa y los misioneros por la entrega de trabajadores a los colonos, a pesar de las disposiciones de la audiencia de Guadalajara en su contra (1672), lo jesuitas pudieron hacer valer su condición de sector dominante y, mediante la reducción de la venta de bastimentos básicos, presionar y hacer desistir a los colonos temporalmente de sus objetivos (Ortega; 2004: 287). Sin embargo la relación de fuerzas estaba por transformarse, pues además de la presión demográfica y productiva que ya representaban colonos, existió cada vez mayor apoyo de las autoridades coloniales para satisfacer los requisitos de los sectores civiles y privados, en correspondencia con sus propósitos orientados progresivamente hacia el beneficio extractivo, favorecido por medio del desarrollo secular de la colonización española. Sin embargo las exigencias productivas de las misiones no se redujeron, antes bien hay testimonios socioeconómicos de su continuación e incremento (Hu-DeHart; 1995: 43). La evangelización y fundación de los primeros asentamientos en Baja California (1697), por ejemplo, revelan el continuo abastecimiento de todo tipo de recursos de subsistencia 44

Años de la rebelión indígena y la expulsión jesuita. A estas fechas corresponden los problemas entre el fiscal de Guadalajara y la respuesta del jesuita Francisco Xavier de Faría. Véase Ortega; 2004: 284. 45

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directamente suministrados por la región y el trabajo de los indios y poblaciones del Yaqui (Hu-DeHart; 1995: 44). Así que los años ochenta y noventa del siglo XVII presentan un panorama en el que ninguna de las partes estaba dispuesta a prescindir del preciado recurso del trabajo local, pues así como las exigencias laborales de la colonización minera y agropecuaria privada iban en decidido aumento, la empresa evangélica misional seguía expandiéndose sustentada en el excedente productivo de los pueblos de misión. Esto sólo contribuyó a la postergación y distención del problema a lo largo de las primeras tres décadas del siglo XVIII, pues se dejó la resolución del conflicto a la capacidad de los indígenas para soportar la tensión entre las crecientes cargas productivas y laborales de ambos sistemas, por lo que la agudización de la crisis y la inconformidad indígena sólo eran cuestión de tiempo. Para las primeras décadas del siglo XVIII también existen diversos registros que atestiguan la continuación y exacerbación de la pugna entre los jesuitas y las autoridades provinciales y colonos, así como del incremento de la dispersión indígena de las misiones para dirigirse a los asentamientos mineros y haciendas. Según los informes del padre Daniel Januske, del año 1723, los indios yaquis eran los que más se empleaban en estas labores, pues además de las “[…] bandas de yaquis […]” en los alrededores de las haciendas en busca de trabajo, eran el grupo étnico más numeroso en los en los reales de minas46. Así, el desplazamiento y contratación de yaquis en los reales de beneficio estaba aumentando significativamente, además de que las autoridades coloniales fomentaban decididamente estas contrataciones para emplear a los indios como trabajadores asalariados (Velasco; 1998: 19). En 1722, algunos de los principales vecinos y autoridades de Sonora47, después de reunirse y realizar un diagnóstico, no sólo coincidieron en que el mayor problema por el que atravesaba la economía regional era el obstáculo que representaban los jesuitas para el trato directo con los indígena y su contratación en las minas, sino que la verdadera solución radicaba en la secularización de las misiones, es decir, pugnaban por extinguir o desaparecer a los misioneros por medio de la secularización (Ortega; 2004: 290).

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Daniel Januske, Breve informe del estado presente en que se hallan las misiones de esta provincia [Sonora 1723], reproducido en González; 1977: 204-225. 47 “[…] el alcalde mayor de Sonora, Rafael Pacheco Cevallos, y el capitán del presidio de Fronteras, Gregorio Álvarez Tuñón Quirós […]”. (Ortega; 2004: 275)

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A través de este tipo de testimonios y acontecimientos se puede advertir que en el periodo inmediatamente anterior a las rebeliones indígenas (1720-1735), la relación de fuerzas se había trasformado y que el sistema misional se encontraba inmerso en una seria crisis, pues su resquebrajamiento frente a la rápida colonización civil era una realidad apremiante (Velasco; 1988: 19). Como ya se puede constatar se trató de una crisis tanto al interior como al exterior del sistema misional, pues en la práctica los yaquis y los indios de otras regiones estaban poniendo en cuestión la pertinencia de la continuación del sistema misional y la tutela de los ignacianos. Mientras que colonos y autoridades consideraban que el freno principal al desarrollo regional radicaba en la intermediación de los jesuitas para la obtención de tapisques, por lo que solicitaban la secularización para el libre progreso del modelo de colonización que ellos representaban. Diversas causas se fueron configurando en el devenir de este proceso para la emergencia de uno de los sistemas de colonización y el declive, crisis y extinción de otro. Factores poblacionales, económicos, sociales y políticos se conjugaron para la suplantación de uno de los modelo de desarrollo, precisar todos ellos está fuera de los propósitos y alcances de esta investigación48. Pero como se ha señalado, algunos de los síntomas más graves de la debacle misional radicaron en el paulatino detrimento del monopolio de los recursos de subsistencia de los ignacianos, en la incapacidad para la distribución comunal de los excedentes productivos, en la pérdida del control del suministro de mano de obra indígena y, desde luego, en la presión que el desarrollo colonizador estaba ejerciendo para la desarticulación de este modelo. Así, se ha presentado un panorama y algunos pormenores que permiten establecer que en términos generales fueron las contradicciones entre uno y otro sistema las que provocaron los conflictos socioeconómicos que culminaron en las rebeliones indígenas de los años 1736-1741, y en la expulsión jesuita en 1767.

I.III LA REBELIÓN YAQUI DE 1740 A pesar de que hacia finales del siglo XVII se dieron las primeras manifestaciones esporádicas de inconformidad indígena, como la de los pimas bajos en 1690 (Hu-DeHart; 48

La restricción jesuita del comercio directo de los yaqui (productos agropecuarios) con los colonos fue otros de los factores importantes que esgrimieron los yaquis en sus demandas previas a la rebelión de 1740. Véase Ortega; 2004: 280-282.

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1995: 46), no sería sino hasta los años de 1736-1741 cuando se dieron una serie de reclamaciones y levantamientos indígenas que expresamente se manifestaron contra las desmedidas cargas de trabajo de colonos y particularmente de los misioneros. Durante cuatro años los yaquis utilizaron la vía pacífica para hacer visible la problemática y proponer una serie de medidas para solucionar sus reclamos, utilizaron los canales de la autoridad civil a través del gobernador de las provincias de Sonora y Sinaloa, Manuel de Bernal Huidobro, quien al igual que los colonos buscaba la secularización de las misiones para la liberación del trabajo y producción yaqui. Así, yaquis y autoridades civiles crearon una alianza coyuntural en detrimento de los misioneros jesuitas, manifiesta en las reclamaciones y la disputa política a propósito de esta querella49. En este contexto, a medidos de 1739, los yaquis enviaron a dos delegados a la capital del virreinato, los gobernadores de Rahum y Huírivis, Juan Ignacio Usacamea, alias el Muni, y Bernabé Basoris Tamea o Bernabelillo, para presentar ante el propio virrey los motivos de su inconformidad: […] que los jesuitas moderen las exigencias de trabajo y que les paguen el que hacen en la misión; que no salgan sus cosechas a la Baja California; que no se les impida comerciar y trabajar con los colonos; que los jesuitas no intervengan en el gobierno de las comunidades y que se suspendan los castigos corporales dentro de las misiones (Ortega; 2004: 290-291).

Estas demandas revelan la irremediable fractura que se había dado entre los indígenas y los misioneros, pues los yaquis por vez primera manifestaron su inconformidad con el gobierno y autoridad de los jesuitas, cuestionando la viabilidad de la continuación del sistema, hecho inédito desde la instauración de los pueblos de misión. Asimismo, pusieron en tela de juicio una serie de decisiones de los ignacianos que los afectaban directamente en su suministro alimentario, poniendo en evidencia que el sistema comunitario jesuita ya no garantizaba el abastecimiento de los recursos básicos a los pueblos yaquis, por lo que se había agotado el propósito por el cual se había logrado introducir, desarrollar y expandir el sistema misional jesuítico. Las trasformaciones de la segunda mitad del siglo XVIII ocasionaron, entre muchos otros fenómenos, una exigencia de trabajo indígena sin precedentes, por lo que los yaquis decidieron rebelarse. Sin embargo y además de constituir un levantamiento ante el nuevo estado de cosas, también fue una rebelión en 49

Para conocer los pormenores de la querella véase Hu-DeHart; 1995: 56-57.

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contra del elemento central de integración de los yaquis en el sistema colonial, los jesuitas. Los yaquis estaban pugnando por reformular el pacto político colonial (Hernández; 1996: 26). El acontecimiento que finalmente desató la rebelión de 1740 fue la negativa jesuita de proveer a los yaquis de sus propios excedentes ante la apremiante contingencia que significaron las inundaciones de los ríos Yaqui y Mayo. Lo jesuitas argumentaron que los bastimentos localizados en los pueblos yaquis estaban destinados a las misiones californianas. El sólo hecho de esta negativa constituyó un suceso literalmente extraordinario en el desarrollo, función y sentido del sistema misional, el cual subvertía la pertinencia de su mantenimiento y existencia, pues significó abandonar los objetivos y principios de reciprocidad que lo sustentaban y articulaban, así como el inicio de la rebelión. En otras palabras, dejaron que por vez primera los yaquis paliaran la hambruna sin el producto de su trabajo. Así, lo que inició como un saqueo de alimentos y recursos de subsistencia, pronto se convirtió en un alzamiento indígena generalizado, que si bien fue protagonizado y dirigido por los yaquis, no se restringió a este grupo, pues también participaron otros indígenas como mayos y pimas. Bajo el mando directo de algunos líderes como Juan Calixto, y con el Muni y Bernabelillo en la capital virreinal, los yaquis comenzaron una serie de levantamientos con el objetivo de recuperar un amplio territorio que comprendía desde “[…] el Rio Fuerte en el sur, hasta la Pimería Alta en el norte” (Hu-DeHart; 1995: 60). Si bien saquearon los graneros de las misiones y atacaron diversas propiedades de españoles como minas y almacenes, no se puede aseverar que se halla tratado de una guerra racial o de castas, pues fueron escasas las muertes de españoles o misioneros directamente relacionadas con la sublevación. Muchos vecinos, colonizadores españoles y misioneros se refugiaron en poblaciones cercanas como Álamos u otras hacia el sur, más allá de la zona de conflicto. Momentáneamente, durante los meses que duró la revuelta, entre febrero y noviembre de 1740, los yaquis ejercieron el dominio sobre esta amplia región, pues tenían controladas las rutas de comunicación, detenidas las actividades productivas y se encontraban dispersas las poblaciones de colonos y misioneros por el temor a las partidas yaquis que patrullaban la zona (Hu-DeHart; 1995: 60). El propio gobernador Huidobro tuvo que huir por el temor a los yaquis y por los retrasos en el

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envío de fuerzas armadas para enfrentar a los alzados50. Los refuerzos militares y la llegada del capitán Agustín Vildósola decidieron sin embargo la batalla en favor de los españoles. Después de dos ataques en que fueron derrotados los yaquis en el área de la pimería, población de Tecoripa, así como con el regreso del Muni y Bernabelillo, los yaquis fueron pacificados mediante una combinación de reducción militar y convencimiento político. Sin embargo y más allá de las vicisitudes de la pacificación y de la duración del levantamiento, es más importante para nuestros objetivos destacar que se trató de una rebelión que sentó el precedente del regreso de la autodeterminación yaqui que no había existido desde la fundación de los pueblos de misión. Constituyó un parteaguas en la relación entre los yaquis y los jesuitas, pues si bien en las demandas presentadas ante el virrey no se encuentra expresamente la petición de la secularización, sí obtuvieron importantes prerrogativas que socavaron irremediablemente la autoridad misional ante los indios. De hecho, la pacificación fue pactada en buena medida gracias a que las autoridades virreinales concedieron algunos de los reclamos y facultades que peticionaron los yaquis, y en ello radica la importancia de la rebelión para esta pesquisa. Pues desde esta perspectiva la insurrección de 1740 resultó bastante exitosa para los yaquis, pues si bien perdieron la guerra y capitularon, en cambio obtuvieron una serie de concesiones que les permitió tener una mayor autonomía frente al poder omnímodo de los misioneros y así recuperar parte del control político, socioproductivo y comercial que detentaban los jesuitas desde hacía más de un siglo. Además de las demandas que lograron difundir entre sectores oficiales de la capital virreinal y de la Compañía de Jesús: remuneración de su trabajos en la misión, elegir a sus oficiales sin injerencia jesuita, reducir las cargas de trabajo, que se les permitiera trabajar en las minas y que pudieran comercial libremente sus productos (Hu-DeHart; 1995: 62), lograron obtener y ejercer los nombramientos de capitán general y alférez, que respectivamente recayeron en el Muni y Bernabelillo, y que incluían la autorización para portar sus armas tradicionales51. La concesión de estos cargos significó delegar parte fundamental del poder coactivo y de mando sobre los propios indígenas, en claro perjuicio de la autoridad jesuita y

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El gobernador Huidobró calculó la fuerza rebelde entre 12 mil y 14 mil hombres. (Hu-DeHart; 1988: 143). Título de capitán de la nación yaqui otorgado a Juan Ignacio Usacamea, alias Muni de la misma nación por las razones que expresan, 1740. AGN, General de parte, Vol. 33, exp. 36, F. 29 v, años 1739-1740. 51

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eventualmente de la civil o virreinal, prerrogativa que sin duda influyó en el claro sentido soberano que más tarde se manifestaría como una expresión inequívoca de la resistencia yaqui decimonónica52. Quizás por ello, ante la comprensión de la magnitud de estos nombramientos y la importancia que adquirieron estos cargos durante la rebelión, el nuevo gobernador Agustín Vildósola, en concordancia con los jesuitas, aprendió y ejecutó al Muni y a Bernabelillo (junio de 1741), considerados, junto con Calixto, como los instigadores más importantes del alzamiento. Más allá de la traición, lo cual por otra parte se convertiría en una extendida tradición del gobierno hacia los yaquis, lo que interesa ahora es comprender que los yaquis estaban reapropiándose paulatinamente de la capacidad de ejercer el control sobre sus pueblos y comunidades en áreas medulares para

su

desarrollo:

políticas,

militares,

laborales,

comerciales,

culturales

y

socioproductivas. Así y de esta manera, la rebelión de 1740 no sólo significó el principio del fin de la soberanía jesuita sobre los yaquis, que terminaría por completo en 1767, sino los primeros pasos en el regreso de la autodeterminación yaqui, ahora reforzada con importantes elementos socioproductivos y con la estructura política que introdujeron los misioneros y que reprodujo el sistema de autoridades del cabildo español (Gámez; 2004: 1). Es decir y como lo plantea Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva, 1740 fue “[…] el momento en el que cobró forma el proyecto político que defenderían en épocas posteriores: ser un cuerpo político reconocido como tal y gobernado por sus propios dirigentes e intereses” (Hernández; 1996: 27). Como es evidente, este reapropiamiento de la autodeterminación de ninguna manera puede ser interpretado como un regreso a la condición anterior a la colonización, sino como el comienzo de una etapa de autodeterminación novedosa que integró infinidad de elementos que le sirvieron de la experiencia sociocultural y política de la colonización, amalgamados con el legado decisorio, productivo y de mando político indígena. El resultado hizo posible la resistencia yaqui decimonónica y le imprimió algunas de las características más destacadas a su movimiento. Así que la fortaleza de esta síntesis creacionista y su capacidad práctica conforma una de las claves para comprender el desarrollo de la resistencia yaqui del siglo XIX.

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El capitán general en las luchas decimonónicas yaquis fue uno de los cargos con mayores facultades de decisión.

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I.IV LOS PUEBLOS YAQUIS POSJESUÍTICOS, EL REGRESO DE LA AUTODETERMINACIÓN (1767-1821). El sistema misional descrito, junto con los elementos socioeconómicos y culturales de los pueblos yaquis configuraron una realidad bien distinta a la de otras poblaciones del centro y sur del territorio novohispano. Pues este sistema no sólo permitió, sino que auspició el desarrollo y continuación de una comprensión comunitaria de la totalidad de la vida social, basada en la propiedad comunal de la tierra. Así que pronto entró en conflicto con los objetivos administrativos modernizadores que se hicieron más claros durante el cambio de dinastía de la Monarquía Católica, los Borbones. Las Reformas Borbónicas, producto y en el contexto de la catástrofe que implicó para la Monarquía Católica la Guerra de los Siete Años, significaron el primer intento de transición hacia una modernización política, en la búsqueda incipiente por la construcción de un nuevo Estado. O mejor expresado, constituyó el esfuerzo primigenio por transitar de la concepción de un Estado mixto o compuesto (el contractualismo hispano), practicado ampliamente durante la dinastía de los Habsburgo, en el que la soberanía era pluralista y estaba repartida entre la Corona y las diversas naciones, reinos, señoríos y/o corporaciones, en donde el clero tenía un papel fundamental, a una predominancia del regalismo53. Es decir, una concentración de la soberanía cada vez más amplia en el Rey y la corona, en la que empezó a destacarse el poder Real por encima del de la Iglesia: los primeros intentos hacia la secularización del Estado54. Pero sobre todo, un regalismo que fue evolucionando de identificar la sede del poder en la figura del rey hacia una concepción abstracta del Estado y su soberanía, que no es otra cosa que los albores de la impersonalidad del Estado, el llamado monismo de la soberanía del absolutismo europeo, con una voluntad homogeneizante o nacionalizadora, practicado sólo parcialmente pero mucho más cercano a un sentido moderno del Estado. Ello fue posible mediante la creación de una poderosa maquinaria gubernamental, a través de un inédito, extendido y numeroso cuerpo

burocrático

y

de

funcionarios

profesionalizados

para

racionalizar

la

53

En donde la Corona o el poder Real predomina sobre el de la Iglesia. Como las tempranas medidas dirigidas contra los privilegios y propiedades eclesiásticas, como la secularización de las parroquias administradas por las órdenes mendicantes a partir de 1749. 54

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administración55 y abrogar las antiguas, plurales e infinitas facultades jurisdiccionales de intermediación o representación soberna. Así y en términos generales, el objetivo de las Reformas Borbónicas era recuperar todos aquellos atributos de poder que se habían delegado en un sin número de grupos y corporaciones, mediante la trasformación del aparato político-administrativo para reformar la economía y la administración, liberalizar el comercio, mejorar la recaudación fiscal, fomentar la minería, la agricultura y repartir la tierra a los indígenas como propietarios individualizados. Todo ello con el propósito de extraer los mayores beneficios económicos en una situación financiera crítica para el Imperio, a través de una incipiente y parcial pero revolucionaria evolución hacia un nuevo sentido político. Es decir, sólo a partir del reformismo comienza el trato del virreinato de la Nueva España como una colonia, con el gobierno peninsular como el motor de los cambios políticos, cuando el novedoso Estado español borbónico empezó a ejercer un control más directo, centralizado y beneficioso del territorio novohispano. Es claro entonces que los afanes reformistas de mediados del siglo XVIII contravenían el conjunto del desarrollo de la vida tradicional y sus prácticas de articulación y soberanía políticas56. Como se ha establecido, la especificidad del caso nos muestra que es justamente en esta contradicción en donde se puede advertir la configuración de la amplia defensa que hicieron los yaquis de sus formas de vida comunitarias, y que les sirvió para enfrentar de manera efectiva los continuos embates de los diversos gobiernos a lo largo del siglo XIX. A diferencia de lo que podría suponerse, la expulsión jesuita y los afanes del reformismo no implicaron la integración de los yaquis al nuevo modelo administrativo que estaban llevando a la práctica los borbones y sus más acuciosos operarios, como el propio visitador José de Gálvez pudo constatar (Villa; 1937: 141). No fue posible tasarlos y hacerlos pagar tributo, ni implementar la dotación de tierras como parcelas privadas al interior del territorio yaqui. Antes bien este periodo significó un reapropiamiento sin precedentes de la totalidad de la vida sociocultural de los yaquis, y fue inédito no porque los yaquis fueran por vez primera los propios dirigentes de sus destinos, como en efecto lo fueron previamente a la colonización misional, sino porque nunca antes lo habían hecho sintetizando una amalgama de elementos de la cultura colonial y su propio desarrollo que 55

Se crearon nuevas audiencias, capitanías generales, una amplia red de milicias, se sustituyeron muchos criollos por peninsulares en la administración virreinal (atacando los intereses locales), y desde luego se creó el sistema de Intendencias. 56 Lo que Antonio Annino denomina “la ambivalencia de la herencia colonial”, refriéndose a los encontrados sentidos en la práctica de la soberanía. Véase Annino; 2003.

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les permitió implementar diversas estrategias de subsistencia, manteniendo el fuerte sentido unitario y diferenciado que desarrollaron como grupo. La experiencia autonómica jesuita les había legado la certeza de que en la cohesión, mantenimiento y reproducción del sistema político y productivo estaba la clave para manifestar su identidad y resistir. A pesar de la sustitución jesuita con los franciscanos desde 1768, estos padres nunca tuvieron la influencia y control de los ignacianos, por lo que los yaquis y su sistema de autoridades fueron los que a partir de la expulsión se hicieron cargo del gobierno de los ocho pueblos57. A diferencia de lo que sucedió con otros grupos indígenas del noroeste después de la expulsión, quienes abandonaron la vida pueblerina y adoptaron otras formas de subsistencia, los yaquis mantuvieron y desarrollaron su propia versión de los centros-misión58, reproduciendo en cada uno el sistema de mando político español con sus gobernadores tradicionales, e integrando nuevas formas de desarrollo socioproductivo que los eximió de las cargas tributarias, permitiéndoles mantener el control hacia el interior de su sociedad sin la injerencia del colonialismo reformado. Esto no quiere decir que los Borbones no intentaran sujetar a los yaquis al nuevo modelo de administración colonial, sino que los yaquis fueron lo suficientemente hábiles para volver a negociar su situación y ofrecer algo a cambio de su permanencia fuera del modelo borbónico de colonización. La clave estuvo nuevamente en su población laboral, expresada en la capacidad para generar un sistema rotativo de trabajo que les permitió conservar la producción agrícola de subsistencia en los ocho pueblos, y a su vez aportar siendo uno de los grupos más numerosos del noroeste- grandes contingentes de trabajadores para el amplio desarrollo económico que estaba teniendo la región noroeste de estas provincias (Florescano y Gil; 1976). Los fenómenos de cambio social a nivel provincial estuvieron relacionados con las profundas reformas políticas y económicas en la administración59, así como por los nuevos parámetros y expectativas sobre el desarrollo de la totalidad de la vida social, propias de la segunda mitad del siglo XVIII. Al concretarse la expulsión muchos colonos y propietarios de la región vieron la oportunidad para ocupar las tierras indígenas y menoscabar su

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Sin embargo gran parte de los importantes bienes (temporalidades) de los pueblos de misión yaquis se perdieron debido al dispendio e irregularidad entre los manejos de los franciscanos y las autoridades civiles, aprovechando las circunstancias de la expulsión jesuita. Véase Villa; 1937: 144-145. 58 Como pueblos libres. 59 Como la liberalización del comercio de la segunda mitad del siglo XVIII.

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autonomía política (Hernández; 1996: 23). La actividad productiva y comercial conforma un indicador de dicho proceso, en el que se puede advertir el nuevo papel preponderante y hegemónico de la población civil (producto de la colonización), así como la manera en que se pasó de una economía donde las principales unidades productivas fueron los pueblos de misión y rancherías indígenas, a otro en el que los asentamientos de las haciendas y ranchos de los colonos desplazaron a las comunidades originarias como los principales abastecedores agropecuarios de la región (Hernández; 2002: 106). En las Provincias Internas (1776)60, los inicios de estas transformaciones provocaron importantes cambios políticos, sociales, territoriales, comerciales y productivos que se manifestaron en áreas como la modificación de los circuitos mercantiles, el incremento de la colonización de áreas específicas61, la intensificación de la extracción minera, agropecuaria y ganadera, así como en amplias modificaciones en el los poderes políticos y oligarquías locales. Este fue el contexto que empezó a trasformar radicalmente el papel de las comunidades y pueblos de indios de esta región, y de muchas otras, pasando de una producción excedentaria y abastecedora de otras regiones, a otra básicamente de subsistencia debido al acaparamiento territorial, productivo y comercial de los nuevos elementos sociales. La autonomía comercial de la Provincia de Sonora frente a los monopolios de comerciantes de la ciudad de México (1795)62, junto con la destacada importancia de la ruta comercial a través del Pacífico, son algunos de los factores y elementos explicativos en la comprensión de todos estos cambios. Desde los primeros años posteriores a la expulsión jesuita, con la reorganización elaborada por José de Gálvez en 1769, se difundieron las instrucciones para el gobierno de las provincias de Sonora y Sinaloa que incluían las disposiciones para integrar a los yaquis al sistema tributario, así como la dotación o repartición de su territorio (Hernández; 1996: 26). El propósito era la consecución de dos objetivos fundamentales en la región: reformar la administración territorial que había sido dirigida por los jesuitas, así como la pacificación definitiva de la frontera noroeste. Lo que se pretendía era redefinir las relaciones entre pueblos de indios y españoles para integrar a los indígenas social, política y económicamente a la sociedad colonial (Hu-DeHart; 1995: 74). Sin embargo, la fortaleza 60

Con el programa de creación de intendencias, a partir de 1776 el territorio yaqui quedo circunscrito la amplia zona que comprendía la Comandancia General de la Provincias Internas. 61 Como la zona del rio Sonora en Poblaciones de Ures, Pitic (Hermosillo) y Guaymas. 62 En esta fecha se crean otros consulados mercantiles como los de Guadalajara y Veracruz que minaron el poder e influencia de los mercaderes capitalinos.

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del proyecto político y la cohesión del gobierno interno yaqui fueron la herramienta más importante para resistir estos cambios y negociar su situación frente al reformismo borbónico y lograr mantener el control al interior de sus comunidades. Algunas otras causas y factores también contribuyeron inicialmente al entorpecimiento de la realización de los propósitos de repartición y tasación indígenas. Así como las inundaciones periódicas de los ríos Yaqui y Mayo dificultaron el deslinde y repartición territorial, la poca receptividad indígena para estos afanes, los desastres naturales y la dispersión yaqui para emplearse en las labores extractivas mineras contribuyeron para impedir el censo de su población y para poder gravarlos para la tributación. Además de aportar la mano de obra necesaria para las amplias transformaciones que estaba viviendo la provincia, los yaquis fueron un elemento crucial para el control de las numerosas incursiones y ataques de indios seris y pimas. Pues a través de su propia estructura de mando militar indígena (los capitanes generales), en coordinación y bajo el mando de la Comandancia General de las Provincias Internas, aportaron los elementos de tropa necesarios para la continua pacificación de la belicosa frontera norte y sirvieron como contención militar hacia las poblaciones del sur. Así que para 1786 el propio gobierno virreinal -dirigido por Bernardo de Gálvez- se dio cuenta que los yaquis estaban contribuyendo ampliamente con requerimientos en áreas medulares para el desarrollo de los objetivos reformistas, comprendiendo que integrarlos al sistema tributario y repartir sus tierras era un tema menor en comparación con sus importantes aportaciones al desarrollo colonial reformista (Hu-DeHart; 1995: 78-79). Estas importantes aportaciones laborales para el desarrollo socioeconómico y comercial de las Provincias Internas, así como para la pacificación fronteriza repercutieron directamente en la estructura de gobierno y autoridades yaquis. La cual fue adquiriendo cada vez mayores responsabilidades, atribuciones y autonomía, así como una importancia inusitada. Este fenómeno, constatable en la dinámica organización productiva yaqui, así como en el incremento del prestigio y facultades jurisdiccionales de gobernadores tradicionales y capitanes generales indígenas se desarrolló paulatinamente pero sin cortapisas durante el poco más de medio siglo que va de la expulsión jesuita, a la independencia de México (1767-1821), época en que los yaquis lograron ejercer una mayor autonomía política de la totalidad de su desarrollo sociocultural.

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Paradójicamente pero como se ha podido advertir, la clave para lograr el mantenimiento de importantes prerrogativas, pero sobre todo de la autonomía política y el desarrollo sociocultural comunitario de los yaquis, radicó en su capacidad para satisfacer las demandas de los vertiginosos requerimientos del primer esfuerzo modernizador reformista de la segunda mitad del siglo XVIII. Entonces no es del todo preciso plantear que los yaquis se hayan mantenido al margen del desarrollo colonizador posjesuítico, por el contrario, participaron resueltamente en uno de los objetivos más apremiantes para el gobierno metropolitano y que tendría decididas repercusiones en los primeros años del México independiente: extraer acuciosamente la mayor cantidad de recursos novohispanos para dirigirlos a la Península Ibérica. Ello en efecto les brindó la posibilidad de crear este coto autonómico de los ocho pueblos bajo el control de sus propios líderes, y ahí radica la especificidad de su integración, pero que definitivamente estuvo posibilitado por su activa participación en el desfalco metropolitano hacia Nueva España y en el programa imperial del periodo. Esta ambivalencia de participación o integración parcial, junto a la decidida preservación sociocultural autonómica hacia el interior conforma uno de los ejes sociohistóricos para el entendimiento y explicación de la resistencia indígena yaqui, pues en la distención y perpetuación de esta lógica y equilibrio se encuentra la clave de su supervivencia sociocultural. Esta negociación práctica puede ser atribuida a diversas causas y factores, como el peso demográfico de los yaquis en la región, su destacada capacidad laboral y guerrera, su predisposición y conocimiento del desarrollo agropecuario intensivo, ente muchas otras, pero lo trascendental ahora es comprender que de nueva cuenta los yaquis fueron capaces de negociar su posición en el nuevo esfuerzo modernizador y transitar a la sociedad decimonónica manteniendo un entendimiento y forma de vida comunitarios con un singular sentido autonómico y soberano. Asimismo y finalmente es crucial asentar que esta perpetuación y reforzamiento sistémico implicaron un ejercicio autonómico propio, que obedeció a la capacidad de reproducción cultural adaptativa que los yaquis implementaron al reapropiarse creativamente de un modelo que se convirtió en el eje de su identidad y su resistencia.

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CAPÍTULO II. ESTADO-NACIÓN

MEXICANO EN CIERNES, LA NEGACIÓN DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y LA

CONTENCIÓN DE UNA LÓGICA HISTÓRICA: LA INTERRUPCIÓN DEL PROCESO DE COLONIZACIÓN (1821-1854).

La consumación de la independencia nacional significó apenas el principio de una larga búsqueda por definir, crear y consolidar un rostro político para México. Los primeros 45 años del México independiente no sólo fueron los más azarosos políticamente, sino que estuvieron acompañados por un desequilibrio hacendario sin parangón en la época novohispana. Esta crisis de la hacienda pública tuvo efectos nocivos que coadyuvaron a fomentar e incrementar la inestabilidad política, expresada en el sin número de cambios de gobierno que infructuosamente buscaron sanear las finanzas de la nueva nación, así como en la prolongación de la guerra civil. Los factores de la crisis económica fueron muy diversos; desde la salida de recursos novohispanos hacia el corazón del imperio durante los últimos 50 años de virreinato, con años críticos como 180463, 1821 y 1827-182964; los empréstitos, amenazas e intervenciones de potencias extranjeras; la raquítica recaudación fiscal65 y desde luego los estragos y la parálisis que para el desarrollo agrícola, minero, industrial, ganadero y comercial habían dejado el saldo de 11 años de guerra civil. Así, México surgió como cuerpo político independiente sin tener clara la forma de gobierno a implementar, sobre todo por las divergencias entre las élites políticas, y con un panorama económico sombrío caracterizado por la bancarrota. Sin embargo en el fondo lo que tenemos es una problemática de dos formas de civilización compenetrándose, a ello responde la destacada inestabilidad política y socioeconómica de toda la primera mitad del siglo XIX mexicano, e hispanoamericano en general, pues se estaba dirimiendo la predominancia de dos modelos de identificación colectiva, el que buscaba la trasformación hacia el régimen moderno enarbolado por los grupos minoritarios, que sin embargo tenían el poder político y económico para llevarlo a cabo66, y la pesada y distendida realidad tradicional y comunitarias de las amplias mayorías del país. Así deben entenderse las causas últimas para comprender y explicar la crisis y la prolongación de la

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A partir de 1804 se redujo drásticamente el capital y el crédito, pues el Real Decreto del 28 de noviembre ordenaba la Consolidación de Vales Reales, que significó el desfalco de un sin número de instituciones eclesiásticas, seculares e individuos para sufragar los gastos de guerra de Carlos III y Carlos IV. Véase Wobeser; 2006. 64 Años de expulsión de españoles. 65 “El gobierno mexicano […] no tuvo facultades fiscales sobre la población y quedó dependiente del pago de los estados más el producto de las aduanas […]” (Vázquez; 2010: 167) 66 La larga pugna entre las élites políticas es también sintomática de que ni si quiera entre ellas había un consenso unívoco hacia esta transición y de que era un problema de magnitudes desconocidas, que tenía que ver con una nueva forma de entender el mundo, con otra forma de identificación.

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guerra civil a lo largo de toda la primera mitad de nuestra centuria, pues se estaba enfrentando nada menos que una revolución hacia un nuevo paradigma civilizatorio, que obviamente necesitó de un largo proceso para lograr su relativa instauración. Las vicisitudes políticas que manifiestan la predominante

inestabilidad

gubernamental y el dilatado estado de guerra civil de este periodo67 obstaculizaron la ejecución y realización de proyectos político-legislativos y económicos de largo alcance, que realmente pudieran incidir a trasformar las prácticas correspondientes a un entendimiento tradicional o de Antiguo Régimen. Los acontecimientos en la localidad de Sonora no fueron la excepción al desarrollo sociopolítico de la primera mitad del siglo XIX a nivel nacional, los vaivenes políticos también caracterizaron a sus divergentes gobiernos68. Ello no quiere decir que no hubiesen levantamientos y revueltas indígenas, las rebeliones yaquis empezaron bien temprano en el siglo XIX, desde 1825, pero los yaquis y otros grupos indígenas supieron aprovechar el desequilibrio gubernamental del periodo para mantener el desarrollo social comunitario que venían practicando desde la colonia, para conservar su estructura política y para lograr postergar lo que Cécile GouyGilbert denomina como el desarrollo de una lógica histórica (Gouy-Gilbert; 1985: 55), es decir, la colonización del territorio yaqui. Por ello me interesa sobre manera la configuración de la resistencia yaqui a partir del México reformista y restaurado, cuando el Estado nación fue verdaderamente capaz de realizar un esfuerzo integral69 por trasformar la vida comunitaria y cuando los yaquis tuvieron que hacer un uso extensivo de todas sus habilidades para resistir el renovado esfuerzo modernizador. Ahora bien, este cuadro o panorama no significa sin embargo que desde la primera mitad del siglo XIX fuera posible advertir las amplias trasformaciones que pretendía llevar a cabo el liberalismo en las relaciones entre el Estado y las corporaciones civiles y religiosas. A partir del México independiente, y sobre todo desde de la Constitución de 1824, comenzó una nueva etapa en la que la sola instauración del Estado nación implicó la redefinición de las relaciones con los elementos corporativos que conformaban el México

67

Para la concepción de la guerra independencia “como guerra civil” y su distención más allá de la proclamaciones de independencia véase Pérez Vejo; 2010: 99-100. 68 Como la pugna entre Manuel María Gándara y José Urrea y posteriormente ente Gándara e Ignacio Pesqueira. “Cada micro cosmos regional repitió la pugna que dividía al país […] El desplazamiento hacia la periferia de las pugnas antes concentradas en la capital produjo una intensificación de los conflictos dentro de las élites locales.” (Florescano; 2001: 298). 69 Económico, militar, político, legislativo, ideológico, etc.

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recientemente constituido70. Como en lo relativo a la propiedad de la tierra, la extendida búsqueda por desamortizar las propiedades de manos muertas y sobre todo por repartir y deslindar la tierra indígena y campesina como propiedad privada e individualizada. Pero no se restringió a ello, es decir, no sólo se buscó lesionar la propiedad comunal de la tierra, sino la capacidad política, las vías y canales que las corporaciones habían tenido para enfrentar y dirimir sus problemas al interior de la sociedad virreinal, así como a sus estructuras de gobierno y mando político. Me refiero a la igualdad ante la ley, la clausura de un régimen con obligaciones y privilegios corporados y su sustitución por la ciudadanización de la totalidad de los habitantes, haciendo “tabla rasa” de las condiciones diferenciadas que en la práctica seguían manifestándose, y cancelando definitivamente el papel de intermediación del Estado entre los diversos sectores sociales. Si bien y gracias a una mirada retrospectiva es posible rastrear en las primeras décadas del México independiente las profundas trasformaciones que el liberalismo estaba buscando implementar, la inestabilidad sociopolítica entre monarquía, república y dictadura, federalismo y centralismo, liberales y conservadores71, pero sobre todo, la distención propia de las trasformaciones que implicaron la transición de un régimen político tradicional a uno moderno72, prolongaron hasta bien entrado el siglo XIX la consecución de los objetivos del liberalismo. No es de extrañar por ello que diversos autores se refieran a la primera mitad del siglo XIX mexicano como un periodo de transición entre la época colonial y la sociedad republicana (Vázquez; 1976: 785). La inestabilidad política del mundo hispánico a lo largo de la mayor parte del siglo XIX “[…] fue el resultado […] de la difícil transición entre dos modelos de sociedades, en muchos sentidos entre dos formas de civilización […]” (Pérez Vejo; 2010: 82)73. Por ello la periodización de este primer capítulo está propuesta hasta mediados de la década de los años cincuenta, cuando se establece la legislación reformista que desataría la última reacción y paréntesis a las pretensiones del liberalismo74. Y porque se trata del primer esfuerzo teórico decidido y 70

Debido a que el Estado nación moderno exige o reclama sólo para si la capacidad del ejercicio del poder, es la única identidad soberana, teóricamente no puede haber cabida para otras. 71 El uso dicotómico de estas categorías sólo busca ser ilustrativo de las pugnas políticas, lo cual no implica que no hubiese una relación compleja entre dichas posturas, caracterizadas más bien por la compenetración, la contradicción y su complementación. 72 Con decididas implicaciones en el resto de ámbitos de la vida social. 73 “[…] esta guerra civil continuó, como dos proyectos alternativos de nación, a lo largo de toda la primera mitad del siglo XIX hasta culminar en 1867 con la derrota del proyecto conservador y el fusilamiento de Maximiliano”. (Pérez Vejo; 2008: 18). 74 La Guerra de Reforma y su distención en la Intervención Francesa.

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dirigido a transformar radicalmente la concepción de la propiedad territorial, es decir, cuando se puede considerar que en México verdadera y formalmente empieza la pugna por la tierra75. Incluso la prolongación del problema por la propiedad seguiría manifestándose, pues si bien la generación de liberales de la Revolución de Ayutla plasmaron y legislaron para la trasformación de la propiedad, su puesta en práctica de manera extensiva no se daría sino hasta bien entrado el porfiriato, cuando el programa de colonización empezó a ser efectivamente implementado con las leyes correspondientes de los años 1883 y 1894 (de Vos, 1984; Knight, 1985; Fraser: 1972). En su conjunto este capítulo tiene en entonces como propósito advertir la manera en que se enfrentaron dos procesos y entendimientos del mundo contrapuestos: la formación del Estado nación moderno y el desarrollo tradicional y comunitario de los pueblos indígenas yaquis. Sin embargo y de manera específica, entre los objetivos concretos de este segundo capítulo se encuentra aprovechar el desequilibrio político propio de la primera mitad del siglo XIX para plantear en términos teóricos cuál fue el tipo de relación que buscó establecer el Estado nación con los grupos indígenas a partir de la independencia76, con el propósito de asentar la manera o el modo en que se enfrentó el problema étnico-nacional por parte del gobierno y las clases hegemónicas. Es decir, analizar y explicar cuál fue el lugar que se buscó asignar al indígena en la construcción de la nación moderna a partir del México independiente, así como definir en qué ámbitos se desarrolló la pugna en esta época, para dirimir si se trató de un problema por la tierra y la propiedad, si fue un conflicto de naturaleza política, un problema sociocultural y de identidades, o si se trató de una síntesis compleja de diversos elementos. El otro propósito puntual de este capítulo se sitúa en el otro polo de la relación, en la respuesta empírica yaqui, en la manera en que confrontaron el plan que se les tenía estipulado. Por lo que aquí se desarrolla selectivamente el proceso de negociación yaqui durante la primera mitad del siglo XIX, se analizan y explican las estrategias de resistencia que implementaron -en estrecha relación con el contexto local que posibilitó la contención de la colonización de su territorio-, así como las repercusiones de todos aquellos 75

Ello no implica que no hubiesen problemas agrarios antes de la legislación reformista, algunos de sus antecedentes más importantes se pueden encontrar en las Ordenanzas de Intendencias, así como las leyes contra las tierras comunales que adoptaron diversos estados de la República en los años veinte del siglo XIX. Pero durante la primera mitad del siglo fue más difícil ejecutar de estas estipulaciones, a diferencia de lo que sucedería después de la legislación reformista, no exenta tampoco de graves problemas en su aplicación. 76 Posibilitado por una mirada retrospectiva, es decir, a sabiendas del triunfo del proyecto liberal.

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acontecimientos que de manera más significativa configuraron la resistencia yaqui postimperialista que más me interesa.

II. I EL

PROBLEMA ÉTNICO-NACIONAL.

EL

INDÍGENA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN MODERNA: LA

HOMOGENIZACIÓN.

A pesar de la lenta pero progresiva construcción y consolidación nacional decimonónica, el agotamiento del sistema colonial y el advenimiento de la nación mexicana trajeron consecuencias que incidieron directamente en los elementos corporativos de la sociedad. La búsqueda y primeros esfuerzos por transformar la propiedad comunal y convertirla en propiedad privada corresponden al reformismo borbónico y a la legislación gaditana. La Ordenanza de Intendencias (1786) contemplaba la supresión de las tierras comunales para asignarla a los indios como propiedad privada e individualizada, e igualmente la reglamentación doceañista estipulaba la disolución de las corporaciones y comunidades (Florescano; 2001: 315). Sin embargo la permanencia del régimen corporativo de los últimos años del gobierno virreinal, la guerra civil que culminó momentáneamente con la independencia de México y, desde luego, la resistencia y extendida práctica comunitaria y corporativa sobre la que descansaron 300 años de régimen colonial postergaron la realización de las más tempranas pretensiones por transformarla. Como el legado del siglo por antonomasia en la hechura de naciones modernas revela para el espacio euroamericano, el XIX, la construcción de las naciones no sólo pasa por la promulgación de leyes, de una organización territorial y administrativa, de la realización de constituciones, del establecimiento de fronteras y de programas y planes de gobierno, sino que busca y necesita fundar su legitimidad y soberanía mediante la construcción, sobre todo cultural77, de una serie de medios y mecanismos para legitimarse mediante la elaboración de un consenso social cívico identitario (Pérez Vejo, 2010; Anderson, 2013). Como claramente lo plantea Eric Hobsbawm para establecer la idea de la construcción/invención de las naciones “[…] al igual que Gellner, yo recalcaría el elemento de artefacto, invención o ingeniería social que interviene en las construcción de naciones […]” (Hombsbawm; 1991: 18). Las historias nacionales han sido uno de aquellos elementos 77

La importancia de los medios culturales para construcción nacional la desarrollan diversos autores, véanse Anderson, 2013; Hobsbawm, 1991; Pérez Vejo, 2003; Gellner, 1991; Lampérière, 2003.

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culturales que mejor sintetizan la narraciones a través de las que se han legitimado los Estados nacionales, así como la pintura, la arquitectura, la literatura y otros recursos cuyo objetivo es concretizar la ficción78 de una identidad común, que valide el estado de cosas que prevalece, es decir, la legitimación del ejercicio del poder del Estado nación al que alude79. Sobre todo si nos referimos a creaciones nacionales de Estado u oficiales, como el caso de México y el conjunto hispanoamericano (Pérez Vejo; 2003: 296). Estas narraciones contienen una fuerte dosis emocional que identifica a los ciudadanos mediante relatos dramatizados y profundamente apasionados y propagandísticos80, “ […] la construcción de una identidad nacional es en gran parte una creación ideológica de tipo literario” (Pérez Vejo; 2003: 294), sintetizados fundamentalmente en el relato histórico y expresados en la creación de himnos nacionales, ceremonias cívicas, efemérides, banderas, monumentos históricos, héroes y villanos que apelan primordialmente a los sentimientos, más que a la razón y desde luego más allá de la veracidad histórica. Se trata de toda la parafernalia a la que Hobsbawm se refiere como lo “iconos santos”, recordándonos asimismo la paradójica similitud de las creaciones nacionales con el instrumental de cohesión e identificación religiosos, pues “[…] representan los símbolos y los rituales o prácticas colectivas comunes que por sí solas dan una realidad palpable a un comunidad por lo demás imaginaria” (Hobsbawm; 1991: 80). Así se entiende una de las múltiples causas complejas para comprender el fuerte apego que responde a la pregunta de Benedict Anderson acerca de las razones por las cuales los ciudadanos están dispuestos a morir por las naciones, pues además de su supuesta o pretendida naturalidad 81 -“la fatalidad histórica”- se establece un vínculo emocional que Anderson denomina literalmente como “[…] un amor profundamente abnegado” (Anderson; 2013: 200), y que en sus ritos y prácticas se vive de manera compartida y simultánea por las “comunidades imaginadas” (Anderson; 2013). De manera que en la búsqueda por conocer y definir lo que es una nación moderna, todos estos elementos culturales creacionistas son una de las más amplias y nítidas expresiones 78

Cada uso de esta denominación me refiero a que se trata de una invención o construcción social, que contiene una “materialidad social”, que determina la vida y las acciones sociales. No busca ser una referencia peyorativa del término “ficción”, sino justamente el otro polo de su posibilidad significativa, como un acto creativo. Véase Rodríguez; 2003: 562. 79 Valiéndose de recursos como lo que Anderson denomina la “tranquilidad del fraticidio” y el “recuerdo/olvido” que no son otra cosa que la manipulación deliberada o inconsciente del pasado. Veáse Anderson, 2013. 80 Para la referencias a “propagandística” y “dramatización” del relato histórico véanse Pérez Vejo; 2003: 292; 2010: 103. Hobsbawm; 1991: 19. 81 “Al igual que la mayoría de estudiosos serios, no considero a la nación como una entidad social primaria ni invariable. Pertenece exclusivamente a un periodo concreto y reciente desde el punto de vista histórico” (Hobsbawm; 1991: 18). También véase Pérez Vejo; 2003: 277-278.

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de cómo se imagina, de lo que pretende ser y de lo que es la nación, más que todas aquellas elaboraciones político-legislativas que también la componen. “Las naciones se inventan, o si prefiere se construyen, no a partir de decretos y formas políticas, sino de valores simbólicos y culturales” (Pérez Vejo; 2003: 294). Igualmente, Benedict Anderson las concibe y describe como grandes “sistemas culturales”, más parecidos en este ámbito a los descomunales modelos culturales que los precedieron: las comunidades religiosas y los reinos dinásticos (Anderson; 2013: 30). En la antigua forma de legitimación del ejercicio del poder, en las monarquías de Antiguo Régimen, la soberanía descansaba sobre el origen o gracia divina que permitía al monarca ejercer su domino sobre una gran diversidad de grupos diferenciados o naciones distintas, como en el caso del Imperio Español y de Nueva España, donde convivían un sin número de naciones indígenas y españolas, todas ellas naciones en el sentido antiguo del término82. Los elementos que en definitiva unían a todos estos grupos étnicamente distintos era la pertenencia a una misma monarquía, la obediencia a un mismo soberano y la práctica de una misma religión. Poco importaba que en el mismo espacio convivieran un sin número de poblaciones inmensamente heterogéneas, siempre y cuando guardaran fidelidad al mismo monarca y practicasen la misma fe83. La acción política pasaba por ser súbdito de un monarca, no miembro de una nación (Pérez Vejo; 2010: 18). De hecho lo que era deseable y constituía parte del prestigio de las monarquías era su capacidad de concentrar diversas mezclas raciales, lo cual hablaba de la extensión y pluralidad de los reinos dinásticos, como se puede observar en la amplitud de los títulos nobiliarios de dichas dinastías84. Así que literalmente convivían en un mismo espacio soberano múltiples naciones, constituyendo una de las características más importantes de estos antiguos espacios geográficos la diversidad étnica o racial, cultural y lingüística, sin que por el simple hecho de ser súbditos de un mismo monarca se pretendiese algún otro tipo de homogeneidad que no fuera la dinástico-religiosa. Sin embargo el cambio de legitimidad dinástica a la nacional trajo inconmensurables consecuencias para la concepción de la conformación poblacional de las nuevas comunidades imaginadas, es decir, de las naciones modernas o de los Estados 82

Sin densidad política. Véase Pérez Vejo; 2010: 33. O como lo establece Tomás Pérez Vejo al definir a la Monarquía Católica: un conglomerado de reinos, provincias y señoríos unidos por la común fidelidad a un monarca (Pérez Vejo; 2010: 17). 84 Véase Anderson; 2013: 40. 83

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nacionales. Los requerimientos para ser parte de una nación ya no radicaron en la obediencia o fidelidad a un mismo soberano, sino en requisitos de homogenización e identidad comunes que se convirtieron en una “necesidad política” de la nueva soberanía (Pérez Vejo; 2009: 149)85. Como ser objeto de los mismos derechos y obligaciones cívicas, la igualdad ante la ley y la ciudadanía garantizados por el Estado nación, así como formar parte de un mismo origen étnico, lingüístico y cultural. Ya se puede advertir la magnitud de crear una ficción que requirió de un esfuerzo político y cultural que pretendía hacer desaparecer los múltiples elementos que hicieron de las sociedades tradicionales conglomerados de diversidades culturales, raciales, históricas y lingüísticas86. Es decir, un intento por subvertir tradiciones milenarias extendidas a escala planetaria y cuyas diferencias estuvieron mediadas y promovidas por estados o reinos dinásticos que vieron por las necesidades, derechos, obligaciones y prerrogativas de cada sector social, en correspondencia con un sistema de miembros corporados87. Como se ha sugerido y como plantea Tomás Pérez Vejo, la homogenización producto de la nueva legitimidad nacional ha sido fruto de la combinación y/o predominio de dos modelos de Estado nación moderno: el cívico88, como un proyecto voluntarista basado en la igualdad jurídica de sus habitantes, es decir, como un pacto definido por la igualdad ante la ley, el cual por lo tanto es un proyecto aspiracional, proyectivo o de futuro, pues lo que garantiza la igualdad y la homogeneidad es la posibilidad de la pertenencia a través del ejercicio de derechos comunes89. Por su parte, la nación étnicocultural o esencialista (Pérez Vejo; 2003: 290) propone la igualdad y homogeneidad de sus habitantes en la filiación o pertenencia a un mismo origen, previa a cualquier voluntad porque el fundamento de su legitimidad radica en el pasado. Es decir, un conglomerado fundamentado en la trilogía romántica sobre el origen de las naciones, basado en una misma raza, lengua y cultura (Pérez Vejo; 2009: 160). Este fue el modelo que prevaleció en 85

Acerca de la homogenización como necesidad Pérez Vejo señala en otro texto: “Una de las características más relevantes de la nación como sujeto de legitimación del ejercicio del poder es su necesidad de homogeneidad. […] la nación exigen como condición necesaria la de su homogeneidad. Es por definición una comunidad de iguales.” (Pérez Vejo; 2007: 110). 86 Y asimismo llevar a cabo esfuerzo y proyecto correspondiente que fuese capaz de “sustituir” las muy diversas identidades tradicionales. 87 Evidentemente un afán de esta naturaleza y magnitud no surgió sin una serie de factores y causas de interacción compleja que lo hicieron posible. Una combinación de drásticas pero puntuales trasformaciones tecnológicas, políticas, culturales y socioeconómicas que paulatinamente contribuyeron a ello. Véase Anderson; 2013: 75. 88 Parte de la identificación de los ciudadanos en este tipo de nación pasa por la paulatina democratización de la política, que genera un sentimiento de apropiación nacional. Véase Hobsbawm; 1991: 97. 89 Estados Unidos es uno de los casos más representativos de este modelo.

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la creación de la nación mexicana, con su pequeña dosis de nación cívica 90, una combinación de ambas en la que sin embargo predominó la legitimación del Estado por su capacidad de preservar la ficción de un origen y tradiciones comunes, heredado en alguna medida del legado político de Cádiz91. Sin embargo en Nueva España y al surgir México como nación independiente lo que prevalecía era una pluralidad de muy diferentes etnias, culturas, lenguas, razas, e historias, una diversidad compleja que se manifestaba en un dilatado territorio que permanentemente ha contribuido a la exacerbación de la multiculturalidad que sus variadas latitudes revela, con pueblos de tradiciones, conocimientos, hábitos y cosmovisiones diversas, e incluso divergentes. Con este prerrequisito de la modernidad política establecido, acerca de la necesidad de adscribir a las naciones a un pasado común92, pasando por encima de la diversidad, se inició también una pugna en México por establecer cuál sería el proyecto de pasado que legitimaría el ser político de la nueva nación, es decir, el dilatado proceso de invención/construcción nacional, que “[…] significó ante todo un conflicto de identidades” (Pérez Vejo; 2008: 38). Mientras los conservadores en voz de sus más destacados miembros, como Lucas Alamán93, buscaron fundar a la nación e sus raíces hispánicas, los liberales de la primera hora como Servando Teresa de Mier y Carlos María de Bustamante94, a la postre el proyecto triunfante95, propugnaron por recuperar un pasado indígena enaltecido. El de aquellos ancestros prehispánicos que constituyeron la gran “nación indígena”, el proyecto de los indigenistas históricos en el que no figuraron los grupos étnicos existentes, sino aquellos grupos primigenios idealizados. Este referente indígena constituyó la legitimación para poder alcanzar el proyecto histórico y político que había sido “coartado” por el “paréntesis español” y lograr la realización de una imaginaria

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Además del sentido político-legislativo que también contiene, la inclusión de las dos perspectivas también se corresponde en el relato de identidad histórica nacional, hay una soberanía originaria, perdida 300 años, pero recuperada para iniciar una nueva etapa. Véase Pérez Vejo; 2010: 153. 91 Véase Pérez Vejo; 2009: 153-154. 92 A la trilogía romántica de lengua, raza y cultura. 93 En esta investigación, a pesar de los apelativos, no se asume una postura de los liberales como los promotores de la modernidad y el progreso y a los conservadores como los representantes de la reacción y de buscar la vuelta al Antiguo Régimen, su filiación, proyectos y herencias son mucho más complejos que su simple alineación dicotómica. Véanse Pérez Vejo, 2010: 79-80; 2008: 30-32. 94 Véanse. de Mier, 1986; Bustamante; 1985. 95 Más no del todo resuelto, las polémicas a propósito del primer centenario de la independencia son prueba de ello. Véase Pérez Vejo; 2010.

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o mítica nación mexicana perenne96. Y no sólo ello, este proyecto pudo legitimar a los gobiernos originados de la empresa independentista entre mestizos e indígenas, pues justificaba la guerra supuestamente emprendida por criollos contra peninsulares97, es decir, de los mexicanos contra los españoles, en la búsqueda por restaurar la pretendida gloria secuestrada por la invasión española, y erradicar de paso cualquier concepción fratricida del proceso98. Lo que revela esta mitología creacionista del relato de origen indígena es la noción de una historia de México concebida y segmentada en tres grandes fases con diversos grados de importancia. Enrique Florescano se refiere a ello como tres convicciones y Tomás Pérez Vejo como tres actos basados en el relato arquetípico de la pasión de Cristo: nacimiento, muerte y resurrección (Pérez Vejo; 2009: 157). En su conjunto se refieren a un primer tiempo idílico99 del “México prehispánico”, sin la nociva invasión europea, en la que se desarrolló una grandiosa y próspera nación indígena, la cual fue interrumpida por la cruel y sangrienta invasión europea, que subyugó y puso grilletes a la libertad autóctona americana durante 300 años, para finalmente arribar a la fastuosa resurrección de la nación mexicana consumada con la gesta independentista (Pérez Vejo, 2009; Florescano, 2001). Sin embargo las contradicciones, paradojas y fisuras de modelo de nación indígena liberal saltan a la vista. Los propios arquitectos de dicho relato revelan que sólo se trataba de un discurso legitimador, pero que sus convicciones acerca de la raza y grupo que debía impulsar el desarrollo nacional se encontraba entre los sectores blancos, o en el peor de los casos entre los mestizos (José Ma. Luis Mora citado por Florescano; 2001: 313-314). En realidad estos mismos liberales que pugnaron por el proyecto histórico indígena atacaron desde las primeras décadas del México independiente las prerrogativas y las formas de desarrollo comunitario de los indios100. Vieron en estas tradiciones uno de los lastres más significativos del atraso nacional, por lo 96

Se trata de lo que Hobsbawm denomina como la “nación histórica” y que considera como el más decisivo criterio de identificación nacional: “[…] la conciencia de pertenecer o haber pertenecido a una entidad política duradera”. (Hobsbawm; 1991: 81). 97 Este trabajo concuerda con los señalamientos del tratamiento de la guerra de independencia como una guerra civil, pues algunos datos relevantes, como la filiación tanto de las tropas realistas como de las insurgentes muestran que en su mayoría estaban compuestas por novohispanos. Véase Pérez Vejo; 2009 y 2010. Benedict Anderson también clarifica ampliamente al respecto, pues revela cómo los criollos eran la clase más propicia en diversos aspectos para poner en cuestión el orden establecido. Véase Anderson; 2013: 93. 98 Acerca de la noción de guerra civil vs guerras de independencia véase Pérez Vejo; 2010: 99-103, 212. 99 Con las cursivas de cada adjetivo de esta sección quiero indicar que la redacción y adjetivación es propia, a pesar de que utilizo en términos generales las versiones de los autores citados. 100 “A fines de la década de 1820 una docena de estados de la república había aprobado leyes que buscaban erradicar la propiedad comunal de los pueblos. La mayoría de los estados consideraron que la propiedad comunal de la tierra era incompatible con la libertad individual” (Florescano; 2001: 315)

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que afanosamente buscaron su erradicación, no sólo en el ámbito de la propiedad, sino en el político, pues buscaron la transformación de la autonomía del legado gaditano a través la creación y jurisdicción política de cada gobierno estatal, sobre las antiguas autonomías locales. Existen no obstante otras áreas, quizá más significativas, que revelan las serias contradicciones con respecto al discurso histórico indigenista. La distendida convicción liberal, a lo largo de todo el siglo XIX, de que una de las soluciones medulares para sacar a México del atolladero en que se encontraba era la inmigración extranjera y la colonización de las amplias zonas desocupadas en el territorio nacional constituye una de sus expresiones más importantes101. Es decir, el reiterado afán por traer inmigrantes blancos europeos con cualidades industriosas para el desarrollo agrícola y que contribuyeran a fortalecer a la “degradada” raza indígena. No cuadra entonces “[…] la imagen de nación étnica identificada con el mundo prehispánico, con el convencimiento de que el futuro de México pasaba por un proceso inmigratorio capaz de explotar los inmensos recursos naturales del país […] y de blanquear a la ‘inferior’ raza indígena’” (Pérez Vejo; 2009: 151). Los diversos y recurrentes afanes legislativos decimonónicos por facilitar la colonización extranjera del territorio nacional son también muestra fehaciente de esta paradoja102, manifiesta en todas las generaciones de liberales, desde sus primeros albores en 1824 hasta lo que Alan Knight denomina como el “liberalismo desarrollista” del porfiriato (Knight; 1985: 68). Dichas leyes progresivamente fueron facilitando el acaparamiento territorial por grandes latifundistas nacionales y extranjeros mediante el deslinde y colonización de tierras a través de la medición, el apeo, la descripción, el avalúo y el fraccionamiento de terrenos considerados baldíos (de Vos; 1984: 81). El propósito de habilitar todos estos terrenos para fraccionar la propiedad comunal y hacerla producir como pequeñas parcelas privadas, supuestamente en beneficio de cada región particular y de la nación en general, provocaron sin embargo el despojo de un sin número de comunidades, pueblos indígenas y campesinos en favor del acaparamiento de grandes extensiones de tierra para latifundistas, especuladores de tierras y hacendados, generando una acumulación territorial sin precedentes en una ínfima población de 101

Sobre los proyectos de inmigración, colonización y la perspectiva racial decimonónica y de los primeros años del siglo XX véase también Pérez Vejo; 2010: 54-62. 102 Estas leyes fueron consecutivamente: la Ley de Colonización 1824, Ley de Colonización 1830, Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos de 1863, la Ley General sobre Colonización de 1875, la Ley de Colonización de 1883 y la Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos de 1894, acompañada del Gran Registro de la Propiedad de la República que la auspicio. Véase de Vos, 1984.

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propietarios. Resulta entonces poco menos que contradictorio este afán de las elites liberales por establecer un puente y continuidad histórica entre el pasado prehispánico y el nuevo Estado nación mexicano, y su convencimiento de la inferioridad de los grupos indígenas y su necesaria eliminación, equilibrio o dilución racial mediante la inmigración y la colonización extranjera (Pérez Vejo; 2009: 163). La explicación a esta flagrante contradicción se encuentra en la admiración y engrandecimiento de las culturas indígenas desaparecidas, aunque en realidad la única referencia cultural indígena enaltecida fuese la azteca, y el vituperio y repudio por los indígenas existentes. Así que en estricto sentido es erróneo referirse a este proyecto como una política indigenista, es más esclarecedor el concepto utilizado por Tomás Pérez Vejo, es decir, se trató de un proyecto preshispanista (Pérez Vejo; 2009: 172). El propio Benedict Anderson denuncia las contradicciones de la pretendida continuidad histórica entre el pasado indígena y el relato nacional fundador mexicano, haciendo énfasis en uno de los pilares de la trilogía nacional, la lengua: “El extremo: mexicanos hablando en español ‘por’ las civilizaciones ‘indias’ precolombinas cuyos lenguajes no comprenden’” (Anderson; 2013, 276). Si la percepción del plan contradictorio del liberalismo hacia los indígenas es evidente desde las primeras décadas del México independiente, al mediar el siglo hay una escalada progresiva que constituye una exacerbación en la señalización y embestida contra su desarrollo. Diversas comunidades indígenas, campesinos y movimientos regionales aprovecharon y/o utilizaron la crisis de 1847-1848 para realizar reclamaciones y levantamientos, que así como se declaraban en contra de las haciendas y de la invasión norteamericana103, pugnaban por preservar la propiedad comunal de la tierra y su desarrollo tradicional104. Igualmente, los subsecuentes años del liberalismo y los inicios del reformismo cincuentero incidieron directamente en la agudización de los levantamientos indígenas generalizados105. Así que a partir de la segunda mitad del siglo XIX se incrementó el desprestigio de los grupos indígenas a lo largo y ancho del país106, así como

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“Entre los factores que contribuyeron a intensificar la lucha campesinas destaca la intervención norteamericana de 1846-1848”. (Florescano; 2001 323) 104 El movimiento indígena en Yucatán, la rebelión en Papantla de 1847, la del Real de San José de los Amoles en Querétaro (1848), en la Sierra Gorda, los yaquis, los levantamientos en Chalco de 1868, Valles de Morelos, Puebla y el Mezquital, el movimiento cora en Nayarit, etc. Véanse Florescano, 2001; Falcón, 2002. 105 Ahora sobre todo en contra de las haciendas. 106 Véase Miguel Lerdo de Tejada e Ignacio Ramírez en Florescano; 2001.

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los medios y recursos107 para erradicar la propiedad comunal y el desarrollo sociocultural de los pueblos y comunidades indígeno-campesinas. A pesar de tratarse aún de la etapa formativa o creacionista del Estado nación se perfila de manera cada vez más nítida cuál es el lugar que se tiene destinado para los grupos indígenas, sus recursos, su cultura y su identidad, así como sus estructuras políticas y socioproductivas en el mundo moderno. Es decir, la desaparición jurídica como elementos corporativos con derechos específicos, el acaparamiento de sus recursos como medio de impulso del progreso del desarrollo industrial y de enriquecimiento oficial y privado, el señalamiento de su cultura como elemento de atraso, el uso forzoso de su mano de obra y la desaparición paulatina de sus estructuras de organización productiva y de gobierno. Desde ahora se advierten las serias contradicciones que encierra el modelo de la modernidad nacional, pues si bien se buscaba la desaparición jurídica y estructural de las comunidades indígenas, constituían sin embargo un elemento central como agentes productivos para el plan de desarrollo de los proyectos económicos, mercantiles, comerciales, industriales e infraestructurales del capitalismo mexicano del periodo. Era imperioso ocupar sus brazos y recursos. Así, lo que en este sentido perseguía el liberalismo -en este afán imitativo de progreso y modernidad- era erradicar la práctica y entendimiento comunitario de la vida indígeno-campesina, basada en la propiedad comunal de la tierra y los recursos naturales, para introducir los nuevos modelos que se plantearon para la vida social: el individuo ciudadano y propietario, así como el progreso material a través del capitalismo industrial. Un nuevo espacio social en el que las expectativas para estos sectores era la de formar los ejércitos de mano de obra depauperada que requería el modelo de producción moderno y los nuevos esquemas de la vida social. Se trata del esfuerzo teórico e institucional del Estado nación por “desaparecer” a los indígenas y campesinos comuneros a través de la homogenización jurídica de todos los habitantes, mediante la igualdad ante la ley. “Los indios eran la raza de la nación pero tenían que dejar de ser indios para formar parte de ella” (Pérez Vejo; 2010: 52). En correspondencia con la visión evolucionista de la época que vio en estos grupos manifestaciones de etapas inferiores del desarrollo108, por lo que había que facilitarles la entrada al mundo “civilizado”, aunque esto implicara su 107

La coacción militar estuvo entre los medios más destacados. La influencia del darwinismo social se puede advertir entre destacados políticos liberales, como Francisco Bulnes. Véase Florescano 2001: 320 y Pérez Vejo; 2009: 163. 108

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exterminio o inclusión social en condiciones de explotación y desestructuración de su tradicional entendimiento del mundo. Se trata del periodo donde se está imponiendo para México la nueva y única identidad que se reconoce como válida para ambos lados del mundo atlántico: ser ciudadano de una nación. Con todas las consecuencias previsibles par un espacio social en el que las mayorías están constituidas por una amplia pluralidad de identidades culturales, regionales, sociales, étnicas, etc., como es el caso del México decimonónico. Se trata de la desaparición mediante la homogenización en nombre la modernidad y del Estado nación. Ahora bien, las nuevas comunidades imaginadas, los Estados nacionales modernos, anclaron su legitimidad en un constructo de ficción identitaria que privilegió la homogenización al interior del territorio nacional, como el medio idóneo para hacer prevalecer su soberanía como los garantes de la continuidad de una serie de derechos igualitarios entre los ahora ciudadanos. Pero sobre todo en la capacidad para construir, a través de diversos medios, un relato de origen legitimador caracterizado por la uniformidad, es decir: el mito de la igualdad sociocultural de la diversidad de grupos objeto a ser nacionalizados. Así, se estableció un relato político cultural en el que mediante la glorificación de los indígenas desaparecidos se justificó la dilución étnica de sus remanentes vivos, conformándose una especie de relato culpígeno que para sojuzgar, enaltecía. “Un discurso en el que el indio mítico resultaba siempre preferible al indio real y que en la práctica política se convertía en la búsqueda de su desaparición como grupo étnico diferenciado” (Pérez Vejo; 2010: 51). Lo que quizás no ha sido del todo esclarecido es que estas realizaciones cumplieron una función social importante y lo siguen haciendo, más allá de que sean relatos de ficción, pues poco importa su capacidad historiográfica, sino su habilidad para crear un significado identitario. En este caso el puente entre el mundo prehispánico y el México republicano para crear cohesión, un relato que pueda explicar en sus términos la importancia y conveniencia de formar parte de la nueva forma de adscripción política, legitimada a través del mito de origen de la nación inmemorial. De manera que hay que entenderlas en esa función y a ese nivel, más como relatos míticos y/o religiosos identificativos -la “religión cívica”109- que como un producto

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Véanse Hobsbawm; 1991: 94. Y Pérez Vejo; 2008: 55, 122.

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historiográfico110. Ello no quiere decir que no sea absolutamente necesaria su crítica y desmitificación, sobre todo si se pretende transformar la legitimidad política que dicho relato auspicia y si en efecto se persiguen fines historiográficos, porque dicho sea de paso, todos estos relatos se han hecho en nombre de la historia como disciplina. Pero en efecto debe reconocerse, no por ello convalidarse, la función y el propósito para el que fueron creados, como una necesidad política cohesiva y de legitimación de los hombres de su tiempo, “Somos prisioneros de una historia hecha por y al servicio de los Estados” (Pérez Vejo; 2010: 56). Como señala Tomás Pérez Vejo refiriéndose a la capacidad “mitogénica” de dichos relatos en la construcción del pasado: “Nuestros ancestros son sólo una elección. Elegimos nuestros antepasados como elegimos nuestros nombres. Somos descendientes de quienes decidimos descender no de quienes descendemos […]” (Pérez Vejo; 2010: 11, 57). Sin embargo y más allá del éxito o fracaso que en retrospectiva se pueda atribuir al relato nacionalizador mexicano, que por otra parte y de acuerdo a los planteamientos de algunos autores resultaría ciertamente exitoso111, una cosa eran las ambiciones y proyectos políticos que implicaban la desaparición o dilución étnica de los indígenas en la sociedad que se quería mexicana y nacional, y otra muy distinta las vicisitudes y procesos para en efecto poder llevarlo a la práctica. En este discurrir de la resistencia indígena yaqui a la implantación de la homogeneidad, la ciudadanización, la descorporativización, la alienación privada de la propiedad, etc., se encuentran las coordenadas centrales de este trabajo. Y aquí es también donde converge una de las exigencias teórico metodológicas que algunos de los pioneros de la nueva perspectiva histórica sobre los estudios de las naciones y el nacionalismo reclaman para su consecución sistémica o integral, muy puntualmente Hobsbawm (Hobsbawm; 1991: 18). Me refiero a que si bien y como lo han establecido algunos de los expertos en la materia (Breully, 1982; Anderson, 1983; Gellner, 1983; Hobsbawm, 1991)112 son los Estados y los nacionalismos los que construyen a las naciones y no viceversa -que entre otras cosas implica que son elaboradas “desde arriba”, 110

“Estamos hablando de la forma en la que se construye una memoria colectiva, no de historia en sentido estricto” (Pérez Vejo; 2008: 49). 111 “El genocidio de memorias fue posiblemente inevitable y sin ninguna duda exitoso. Logró construir naciones y afianzar Estados que permitieron, con mayor o menor éxito, la transición a la modernidad política y social.” (Pérez Vejo; 2010: 57). También véase Pérez Vejo; 2007: 112. 112 Este listado no pretende ser exhaustivo sino solo representativo de algunos de los autores más conocidos al respecto, sin embargo también se encuentran los destacados trabajos de autores Como Jaime E. Rodríguez, FrançoisXavier Guerra, Tomás Pérez Vejo, entre otros.

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desde las élites y clases políticas- ello no implica sin embargo que en el estudio de quiénes y cómo se construyen las naciones se agote su análisis. Es indispensable explicar asimismo el impacto, la percepción y vivencia de los grupos populares, subalternos, nacionalizados, de las mayorías, acerca del proyecto nacionalizador y sus expresiones políticas y culturales. Quedarse en el nivel creacionista y de difusión cultural y política inmediatos sólo nos muestra una parte del proceso, pero nos limita acerca de las repercusiones que tienen para las amplias mayorías, lo cual significa y constituye su más dilatada expresión empírica. De manera que la conjunción de ambas perspectivas de análisis conforma las dos caras de una misma moneda113. Sólo el vínculo de ambos aspectos permite obtener una visión verdaderamente sistémica del problema nacional. Es lo que Eric Hobsbawm denomina como “fenómenos duales”, es decir, analizar el plan, proyecto y constructo político y cultural nacional, tanto como sus incidencias y repercusiones “[…] desde abajo” (Hobsbawm; 1991: 18). Así que en términos teóricos y por las implicaciones para el caso mexicano tener claro el proyecto político-cultural, sus fisuras y contradicciones es central para comprender qué se pretendía modificar y cómo se pretendía hacerlo, pero quizás sea más relevante el análisis de cuáles fueron las consecuencias, manifestaciones y reacciones ante todos estos cambios. Sobre todo teniendo en cuenta y considerando las repercusiones de realizar un proyecto que contemplaba nada menos que la negación y desestructuración integracionista de las amplias mayorías indígenas y campesinas del país, lo cual implica suprimir el extenso bagaje de recursos socioculturales producto de un legado de una traición milenaria. Esto no es otra cosa que privar del y al desarrollo nacional del sector social y productivamente más extenso y dinámico que constituyeron las mayorías indigeno-campesinas, reduciéndolos a fungir como la mano de obra del desarrollo modernizador, pero omitiendo su destacado potencial sociocultural, identitario, económico, productivo, político etc. Es decir, su capacidad reproductiva como agentes socioculturales que debieran ser insoslayables en una región que contiene un legado indígena como el de México. Es claro en este sentido el lugar que se buscó asignar al indígena en la construcción nacional, la manera en que se “resolvió” en el México decimonónico lo que aquí se ha denominado como el problema étnico-nacional, mediante su integración/desaparición. 113

Con esta figura retórica sólo busco ejemplificar la necesaria integración de ambos aspectos, no reducir su complejidad a esta dicotomía.

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A pesar del relativo éxito que se pueda asignar a la construcción del Estado nación mexicano, la sobrevivencia de los grupos indígenas, su reproducción cultural, así como sus estrategias para ser simultáneamente uno de los sectores más dinámicos para el desarrollo del capitalismo contemporáneo y a su vez mantener una cohesión identitaria étnica y culturalmente diferenciadas, nos obligan tanto a continuar, pero sobre todo a replantear los estudios sobre la incorporación indígena al nacionalismo moderno -que puedan explicar la configuración histórica de todas estas manifestaciones-, así como a preguntarnos por la verdadera incidencia del proyecto político y cultural de nación y sus repercusiones en la identidad y formas de desarrollo indígena y campesino114. Es decir, adaptaron o adoptaron, suplantaron y sintetizaron, o rechazaron e impugnaron el proyecto y constructo de identificación nacional moderno. Los yaquis y su devenir en este proceso conforman una de las expresiones más distendidas y representativas de las diversas y divergentes estrategias que pueden ser esgrimidas hacia el proyecto nacional y modernizador115. Asimismo, constituyen un hito116 y un caso prolífico tanto para conocer las diversas estrategias políticas, socioculturales, coactivas y socioeconómicas para integrarlos/desparecerlos al nacionalismo moderno117, así como un caleidoscopio de la infinidad de formas y estrategias que puede adquirir la resistencia que pugna por el mantenimiento –justa y paradójicamente- de lo que política y culturalmente ofertaba y buscaba garantizar el Estado nación en ciernes: una identidad común. Para el caso del México decimonónico hay diversos elementos y símbolos culturales que sirvieron de manera exitosa para concretizar dicho sentimiento de homogeneidad y pertenencia comunes. Pero ahora me interesan particularmente dos de ellos, fundamentalmente por su adopción y utilización por los yaquis como recursos discusivos en sus primeros enfrentamientos armados con el Estado nación: el pasado azteca y la 114

Ya Hobsbawm lo advierte de manera clara “[…] no podemos dar por sentado que para la mayoría de las personas la identificación nacional –cuando existe- excluye el resto de identificaciones que constituyen el ser social o es siempre superior a ellas”. (Hobsbawm; 1991: 19) 115 Con los jesuitas elaboraron una síntesis, adoptaron y adaptaron un modelo; durante el México independiente rechazaron abiertamente el proyecto nacional (lo cual no excluye la adopción de elementos del nacionalismo), y a partir de 1937 y hasta nuestros días han adoptado la paz y la negociación como la vía exclusiva de negociación. Se trata de poco más de 480 años de resistencia si partimos de la fecha de 1533 (el primer encuentro con los españoles), y casi de 400 si lo hacemos de 1617 (con el arribo de los padres jesuitas y la hechura de los pueblos de misión). 116 Son un caso paradigmático por diversas, buenas y malas razones, que se irán esclareciendo a los largo de la investigación, pero baste por ahora establecer que son el único grupo indígena al que se le reconoció la posesión de un territorio como propiedad comunal, que junto mantenimiento de una efectiva estructura y autonomía política, se ha constituido como una persona moral que de manera corporativa es capaz de negociar el acceso a los recurso en su área de influencia frente a particulares nacionales y extranjeros y frente al gobierno. Véanse Olavarría; 2003: 50-53; Spicer; 1980. 117 Aunque en el caso yaqui si existió un deliberado proyecto programático para exterminarlos.

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Virgen de Guadalupe. Pero también por su destacada penetración como símbolos insoslayables de la identidad nacional. Como se ha sugerido, la alusión al legado azteca fungió como uno de dichos emblemas que permitió establecer el vínculo que posibilitó la concepción y adopción de una “unidad política duradera” (Hobsbawm; 1991: 81), el pasado mexica fue la referencia enaltecida y dramatizada por el discurso decimonónico con el cual pudieron identificarse infinidad de grupos sociales de las más diversas regiones, procedencias y culturas, y que sirvió para legitimar a los gobiernos del nacionalismo en ciernes. En su mayoría, así como el relato histórico oficialista, la pintura de tema prehispánico decimonónica refiere a sucesos y personajes de la cultura mexica118. Asimismo, el Paseo de la Reforma, en términos de pertenencia cívica, es el espacio urbano más importante en nuestro país, el cual escenifica permanentemente un ritual simbólico y cultural del imaginario colectivo nacional, que de manera monumental recrea y refuerza los lazos identitarios del nacionalismo mexicano, y que legitima el proyecto político y el relato fundacional que sus imágenes mentales develan. Se trata del símbolo arquitectónico por antonomasia del republicanismo, uno de los legados ideológicos y urbanísticos literalmente más significativos del México decimonónico que ya era una realidad proyectada y en proceso para 1871119, pues más allá de que parte de su realización corresponda al siglo XX canoniza sin lugar a dudas el legado del liberalismo decimonónico, y sobre todo, también constata esta alocución monolítica a la cultura indígena del Posclásico de la Cuenca de México. Su más nítida expresión son sus inequívocas referencias aztecas como el fundamento de la nacionalidad, y que tienen su mejor y más explícita expresión en el monumento a Cuauhtémoc (Pérez Vejo; 2010 A: 34). Así, el Paseo de la Reforma, con sus imágenes principales y su “[…] proyecto de memoria en piedra” (Pérez Vejo; 2010 A: 33) sintetiza el triunfo del programa ideológico del nacionalismo liberal y su relato de origen: la nación inmemorial enaltecida mediante el glorioso pasado azteca, así como el proceso, etapa y constructo independentista que derrotó a su antagonista, al proyecto libertador representado por Iturbide120. Para 118

“Lo que se hizo fue olvidar el mundo prehispánico ajeno al Valle de México. Ni una sola pintura de tema maya, por hablar de la otra gran civilización prehispánica en suelo mexicano, fue llevada a las Exposiciones Nacionales celebradas en el siglo XIX, lo mismo ocurre con el resto de los grupos indígenas”. (Pérez Vejo; 2007: 119). 119 Véase Florescano; 2001: 381. 120 No es que el Paseo de la Reforma y el proyecto ideológico del periodo hayan borrado completamente al virreinato del pasado nacional o al proyecto de consumación trigarante, pero ciertamente sus referencias son menos grandilocuentes que las del proyecto del considerado padre de la patria y del pasado prehispánico. Sin embargo para las celebraciones del centenario las polémicas sobre el discurso identitario continuaban. Véase Pérez Vejo; 2010: 34-39.

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canonizar en cambio y más enfáticamente a las figuras y próceres del Grito de Dolores, como la apoteosis de Miguel Hidalgo como el padre de la patria (Pérez Vejo; 2012: 178). Un proyecto más fácil de adoptar, difundir y legitimar entre las amplias mayorías del México del siglo XIX, evidentemente mucho más cercanas a la versión del discurso identitario que representan el pasado prehispánico, el cura Hidalgo y la Virgen de Guadalupe por añadidura, que al proceso consumatorio más conservador y españolizante iturbidista121. Es entonces este espacio urbanístico y arquitectónico la cúspide o el cenit socioespacial del discurso y relato de pertenencia nacionalista, que hoy en día sigue siendo el más ampliamente difundido y reconocido como el mecanismo dramatizado más exitoso de cohesión social cívico identitario. Así, el Paseo de la Reforma es uno de los dispositivos ideológicos que sintetiza de manera más formidable la pertenencia nacionalista, que junto a la herencia prehispánica amalgamó al proyecto independentista aludido y a la Reforma “[…] como los dos grandes movimientos liberadores de la nación mexicana” (Martínez Assad; 2005: 15), erigido como parte de la propagandística creacionista decimonónica para la construcción del Estado nación. La Virgen de Guadalupe es otro de dichos legados iconográficos que con mayor éxito han logrado desarrollar el sentido de pertenencia y mexicanidad a lo largo y ancho del territorio nacional, quizás la mejor expresión de dicha importancia sea la masiva peregrinación anual celebrada cada 12 de diciembre en la Basílica hecha exprofeso para su devoción, a la cual asisten las más diversas identidades culturales, sociales, regionales y étnicas del país. “El símbolo más poderoso de la cristiandad americana fue la virgen de Guadalupe […] a mediados del siglo XVIII ésta se había convertido en la virgen patrona de América. Criollos, indios y mestizos se unían en su devoción […]” (Rodríguez; 2010: 44). Pero el emblema guadalupano justamente cobró una importancia inusitada a partir de su utilización por quien en el discurso histórico hegemónico es considerado el padre de la patria, Miguel Hidalgo. Por lo que existe un vínculo insoslayable entre de la Virgen de Guadalupe y el relato de nación canonizado y más ampliamente difundido por el Estado nación. El propio Hobsbawm señala la importancia y éxito identificatorio de símbolos que 121

El debate identificatorio para 1910 y como se ha sugerido, continuaba en el terreno público. Sin embargo y a pesar del liberalismo moderado porfiriano, la preponderancia del proyecto prehispánico e independentista representado por el cura Hidalgo se explican en buena medida porque fueron el legado discursivo e ideológico que enarboló el liberalismo temprano, más allá de que posteriormente hubiese una especie de reconciliación simbólica con el conservadurismo iturbidista, producto del liberalismo moderado finisecular y sobre todo del constante plebiscito que implica la conformación de la identidad. Véase Pérez Vejo; 2010: 80.

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atraviesan por este tipo de procesos políticos e ideológicos, antes de las formaciones nacionales modernas: […] en muchas partes del mundo los estados y los movimientos nacionales podían movilizar ciertas variantes de sentimientos de pertenencia colectiva que ya existían y que podían funcionar con […] estados y naciones modernos. […] los iconos más satisfactorios son […] los que se asocian de forma específica con un estado, es decir, con un rey […] imbuido divinamente cuyo reino coincida con una futura nación (Hobsbawm; 1991: 55, 81).

En nuestro caso se trata de Tonantzin-Guadalupe. Ambos recursos discursivos fueron recuperados por los yaquis para enarbolar su lucha de la primera hora en las denominadas “Guerras del Yaqui”122. De manera que establecido el plan y proyecto que el nuevo régimen político tenía estipulado llevar a cabo para el conjunto de la población, que incidió especialmente en la población indígena por su marcado carácter diferenciado, a continuación se presentan las primeras repercusiones y vicisitudes del andamiaje político hacia los yaquis de la primera mitad del siglo XIX, poniendo énfasis en las búsqueda y articulación de los elementos identitarios indígenas más significativos concebidos en dicho periodo, que nos permitan a su vez comprender la configuración de la resistencia yaqui de la segunda mitad de nuestra centuria, así como la finisecular.

II.II EL CAMBIO DE PARADIGMA, LA PÉRDIDA DE REPRESENTATIVIDAD POLÍTICA DE LOS PUEBLOS YAQUIS. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CORPORADOS A LA IGUALDAD ANTE LA LEY. La guerra civil que momentáneamente culminó en 1821 había pasado militarmente inadvertida para la provincia de Sonora y más aún para para los pueblos yaquis123. Sin embargo la extinción definitiva del Antiguo Régimen, los comienzos del México republicano y los primeros pasos en la conformación nacional tuvieron grandes repercusiones en las diversas poblaciones indígenas del país y los yaquis no fueron la excepción. A partir de la Constitución de 1824 y del establecimiento de los primeros gobiernos estatales en Sonora empezó la búsqueda por hacer de los yaquis y otros grupos 122

Con esta denominación diversos autores se refieren a los enfrentamientos que -con las periodizaciones históricas de cada investigador- oscilan entre 1825 y 1926-29. 123 A pesar de que en efecto la guerra no llegó a territorio de la provincia sonorense, sí tuvo repercusiones socioeconómicas y políticas. “[…] y el cacique Jusacamea (Banderas) dio la coartada de que no sabían que se había consumado la independencia y que ellos luchaban por acabar con el dominio de los españoles.” (Almada; 1983: 296).

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indígenas de la región lo que se pretendía para todos y cada uno de los pobladores de la nueva República, ciudadanos con los mismos derechos y obligaciones. El problema no sólo estribó en la búsqueda de hacer de los yaquis lo que nunca antes habían sido, iguales a otros grupos, sino que habían vivido en una situación aún más excepcional que la mayoría de los grupos indígenas del centro y sur de México, pues la intermediación jesuítica entre los pueblos de misión del noroeste y el sistema colonial los había mantenido fuera del sistema de tributo, encomienda y repartimiento por poco más de 200 años. Así que las repentinas y novedosas exigencias que los grupos políticos republicanos locales y las oligarquías regionales empezaron a difundir entre los yaquis desataron una serie de levantamientos generalizados que iniciaron en los albores del México independiente, desde 1825. El problema de fondo era el agotamiento de un sistema de excepción, en el que a cada sector social le correspondían determinadas prerrogativas y compromisos -su máxima expresión novohispana había sido la división entre la República de indios y la de españoles- y la súbita sustitución por una lógica completamente extraña y ajena que demandaba o requería algo que en estricto sentido no existía en ningún rincón de la nueva nación entre sus diversos grupos, igualdad jurídica. La certeza de que la ciudadanización era el modelo de integración social que requería la nueva forma de legitimación del ejercicio del poder: el Estado nación. Se trató de un cambio de paradigma signado por la transformación de los derechos y obligaciones corporativos con una personalidad jurídica reconocida, por la igualdad ante la ley. Más allá de que en efecto las diferencias siguiesen manifestándose a lo largo y ancho del país, pues fue un requerimiento teórico y político-legislativo que en efecto incidió irremediablemente en el desarrollo de la vida social de un sinnúmero de pueblos y comunidades indígenas y campesinas, pero que poco o nada pudo hacer para subsanar las marcadas diferencias socioeconómicas de los múltiples integrantes del espacio social124. Así que a partir de entonces quedaron establecidos los fundamentos que por vez primera pusieron en entre dicho la permanencia y desarrollo de la vida social de los yaquis como la había conocido y concebido hasta entonces y constituyeron un peligro para su existencia étnica125.

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Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva lo expresa sintética y categóricamente de manera más ilustrativa: “Para los indígenas había comenzado el imperio injusto de la igualdad ante la ley”. (Hernández; 1996: 73). 125 […] la presencia española en tierras septentrionales del actual territorio mexicano no significó un peligro grave para la permanencia y desarrollo de la mayoría de los pueblos indígenas establecidos en ese territorio, como si lo fueron la consumación de la independencia y el establecimiento del régimen liberal en el siglo XIX […] el tipo de sociedad que

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Como se puede advertir el sentido y propósito de este apartado es señalar los comienzos de las acciones políticas federales y locales que buscaron restringir el entendimiento y desarrollo comunitario de los pueblos yaquis, a través del desconocimiento oficial de las instituciones indígenas y sus formas de propiedad y organización política. Por lo que serán precisadas las nuevas formas de control político y administrativo del gobierno local, como las establecidas en la Constitución del Estado de Occidente en 1825 (que comprendía lo estados de Baja California, Sinaloa y Sonora), y apoyadas por las élites regionales, así como las implicaciones de la creación de los ayuntamientos constitucionales y la instauración de nuevas autoridades para gobernar a los yaquis, como los protectores de indios y los directores de los ríos Yaqui y Mayo. Asimismo y en correspondencia con estas acciones serán precisados en este apartado las primeras manifestaciones de resistencia y los inicios de los enfrentamientos armados entre las fuerzas locales y los yaquis. En este caso no sólo para advertir la resistencia, sino sobre todo con el afán de comprender y explicar la situación que el nuevo paradigma político planteó para la continuación del desarrollo comunitario, la identidad y la representatividad política yaqui. Los diversos grupos que conformaron las elites regionales sonorenses126, mineros comerciantes,

hacendados,

rancheros,

autoridades

provinciales,

etc.,

que

se

incrementaron y consolidaron desde la segunda mitad del siglo XVIII, sobre todo después de la expulsión jesuita y la secularización religiosa (1767-1769), aprovecharon la instauración del régimen republicano para reclamar y aumentar sus prerrogativas como grupo beneficiario de las nuevas formas de desarrollo mercantil y de propiedad privada127. Entre sus intereses más apremiantes estaba la progresiva ocupación de los territorios indígenas de la región para su explotación comercial, por lo que mediante las autoridades recientemente constituidas –o como parte de ellas- presionaron constantemente para lesionar la autoridad y autonomía política y territorial de los yaquis. Sin embargo es preciso asentar que también estuvieron lejos de conformar un grupo homogéneo que viera en su conjunto por sus intereses. Al contrario y al igual que sucedió en buena parte del territorio nacional en las pugnas de la primera mitad del siglo XIX, entre estos sectores se desató una larga lucha por controlar los destinos políticos y económicos regionales de implantaron los españoles no rompió las formas corporativas de organización indígena sino que, únicamente, las adecuó a las modalidades por ellos impuestas (Hernández; 1996: 17). 126 Aunque la creación del estado de Sonora se realizó hasta 1830. 127 Para advertir el panorama del amplio desarrollo comercial de las élites regionales véase Hernández; 1996: 71-73.

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la provincia y del estado de Sonora, expresada en sus inicios con la pugna entre federalistas y centralistas. Los yaquis supieron aprovechar estas luchas intestinas en beneficio propio y contribuir a mantener una situación de inestabilidad política que les permitiera conservar el control de su territorio mediante su sistema y estructura de autoridad, así como preservar sus prácticas e identidad étnica. Sin embargo el nuevo reto para la supervivencia de su desarrollo comunitario y su autonomía política y territorial estaba teóricamente asentado128, y los grupos que se avenían con estas formas de desarrollo social y económico empezaban a pugnar decididamente por sus instauración práctica, es decir, por acabar con la excepcionalidad indígena y por la posibilidad de acceder a los recursos que estos disfrutaban de manera colectiva. En este contexto iniciaron una serie de medidas político-legislativas con la intención de adscribir a los yaquis a otras pautas de ordenamiento territorial y administrativo, y sobre todo con el propósito de erradicar su estructura y soberanía política. La instauración de los ayuntamientos, la creación de autoridades con facultades para sujetar a los indios a las nuevas estipulaciones y la propia Constitución del Estado de Occidente fueron algunas de las herramientas que utilizaron el gobierno y las élites regionales para socavar las formas de desarrollo tradicional yaqui, con el propósito de establecer una nueva distribución territorial que les permitiera beneficiarse de la zona y sobre todo para degradar a las autoridades indígenas y sujetarlas a las de reciente creación por el estado. Tanto la Constitución del Estado de Occidente de 1825129, como la del Estado de Sonora de 1831 contemplaron medidas para incidir directamente en la organización territorial y para elegir autoridades indígenas que afectaron directamente a los yaquis. En sus artículos 36 y 59, la de 1831 contemplaba y otorgaba plenas facultades al Congreso del estado para establecer el gobierno interior de los pueblos indígenas, determinar los límites de sus terrenos, así como nombrar autoridades en las comunidades (Velasco; 1988: 21). Sin embargo, el régimen de igualdad que se perseguía no se distinguió precisamente por su coherencia, pues se crearon autoridades e instancias “especiales” para someter a los yaquis, como la instauración de los llamados protectores de indios, así como la de los 128

A partir de la instauración del México independiente y fundamentalmente a través de la propiedad privada y la ciudadanización. Véase Hernández; 1996: 71-73. 129 Artículo 109, fracción XVIII: Arreglar el trámite de los ciudadanos indígenas, terminar sus diferencias conforme a las circunstancias y al sistema actual de gobierno. Constitución Política del Estado Libre de Occidente. Véase http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/271/5.pdf

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directores de los ríos Yaqui y Mayo. En muchos de estos casos se nombraron caciques indígenas con el propósito de crear conflictos de liderazgo al interior de la etnia y desestabilizar su gobierno130. Sin embargo estas autoridades fueron adoptadas y adaptadas por los yaquis para su beneficio político y administrativo, subvirtiendo el propósito y sentido que perseguía el gobierno. Los casos más significativos en la reinterpretación de los nombramientos gubernamentales fueron los cargos de capitán general y el de alcalde mayor del rio yaqui, que llegaron a cobrar una mayor importancia incluso que la de los propios gobernadores de los pueblos, pues tenían una jurisdicción más amplia para dirigir las fuerzas armadas por medio de un sólo mando militar131. Por lo que si bien estos cargos fueron concebidos para controlar y utilizar militarmente a los yaquis en contra de otros grupos indígenas, a la postre se convirtieron en sus puestos de mando más decisivos para enfrentar militarmente al gobierno. De hecho esta práctica resultaría contraproducente para las autoridades federales y locales desde la época colonial, durante los primeros gobiernos republicanos y hasta el siglo XX. Pues cada uno de los líderes militares yaquis más importantes fueron en algún momento nombrados autoridades de los indios por el gobierno. Así sucedió en el caso del Muni en 1740, quien como se ha asentado fue nombrado capitán general de los yaquis por órdenes del propio virrey y al poco tiempo fue asesinado. Igualmente Juan Banderas fue nombrado con este cargo en 1827, con el propósito de cooptarlo y pacificar a los indos, pero volvió a sublevarse en contra del gobierno. José María Leyva Cajeme, quien perteneció primero a las fuerzas federales y participó en campaña contra los yaquis, en cuanto fue nombrado alcalde mayor del Rio Yaqui se sublevó contra el régimen y se convirtió en el líder más importante y destacado de la lucha contra las fuerzas del gobierno. Juan Maldonado Tetabiate, quien siguió en el liderato a Cajeme, también pactó en la Paz de Ortiz con el gobierno (1897), fue adscrito a las fuerzas militares del gobierno y volvió a sublevarse. Lo que quizás no había comprendido el régimen republicano es que desde la adopción del sistema de cargos políticos del cabildo español durante el virreinato, los yaquis habían adoptado una tradición de adaptar la estructura de gobierno y mando político introducida por los españoles en beneficio propio, y para legitimar su 130

Y que eventualmente rendiría sus frutos. Pues ciertamente los yaquis sufrieron fuertes conflictos de poder al interior de su sociedad relacionados directamente con los nombramientos gubernamentales. 131 Para advertir la importancia que paulatinamente fue cobrando el capitán general en la estructura de mando yaqui véase Hernández; 1996: 75-77.

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autogobierno supieron utilizar estos puestos de mando (gobernadores, alguaciles, fiscales etc.) para ver por las necesidades de la etnia. Por lo que sólo estaban extendiendo una práctica que venían desarrollando desde los tiempos jesuíticos y que les había resultado exitosa para organizarse internamente y presentar un frente común hacia el exterior. Así que en estos primeros nombramientos de los directores de los ríos Yaqui y Mayo, así como en el caso de los protectores de indios y todas las autoridades especiales para su vigilancia, los yaquis vieron la manera de subvertir estas estructuras en su favor y en contra del gobierno. Los yaquis sabían que la práctica autonómica legado de los jesuitas, expresada fundamentalmente en su sistema político, junto con sus estrategias de desarrollo socioproductivo, eran las herramientas más importantes para mantener su autonomía política, territorial y para poder hacer frente a las embestidas del régimen. Sin embargo el acoso ya estaba siendo dirigido por varios frentes, no sólo se habían realizado estos nombramientos y estipulaciones constitucionales, que incluyeron la utilización de los ayuntamientos de Guaymas y sobre todo el de Buenavista para vigilar a los yaquis, sino que al mismo tiempo el gobierno de Sonora alentaba y promovía una incipiente colonización en las cercanías o al interior de su territorio, con el propósito de erigir los primeros asentamientos en las orillas del río (Gouy-Gilbert; 85: 56). La presión era cada vez más fuerte y desarrollada por diversos medios, el acoso legal, político, socioeconómico y territorial, pero los yaquis no estaban dispuestos a entregar títulos de propiedad sobre su territorio, ni a adoptar una administración del Estado (Gouy-Gilbert; 1985: 56). Así que en este contexto y después de agotar los ahora escasos canales para dirimir sus demandas se desató la primera gran revuelta indígena yaqui en 1825, que con sus interrupciones duraría hasta el año de 1833, inaugurando una etapa de resistencia caracterizada predominantemente por los enfrentamientos armados hasta bien entrado el siglo XX, mejor conocida como las Guerras del Yaqui. Lo que desde ahora es importante dejar esclarecido es que a partir de su primer levantamiento en 1825 y hasta la finalización de la estrategia armada en 1937, más allá de las diferentes estrategias que en el interludio implementaron para llevarlo a la práctica, los yaquis presentaron y enarbolaron permanentemente un mismo proyecto con las mismas demandas frente al Estado nación, la preservación de sus propias formas de gobierno y la conservación de su

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territorio sin la injerencia o colonización de otros grupos, es decir, un proyecto que luchaba por la autodeterminación132. Más allá de la colonización del territorio yaqui, que en esta etapa fue insignificante y que como veremos a continuación fue completamente desalentada por las primeras revueltas, lo que podemos constatar es una afanosa búsqueda por mitigar su capacidad política. En efecto con miras a ocupar su territorio, pero como la primera estrategia capaz de desestructurar sus formas de organización y unidad étnica e identitaria. Además es central comprender que en estos primeros años del México independiente el gobierno de Sonora no contaba con los recursos militares necesarios para poder llevar a cabo sus propósitos sólo por esta vía, de manera que tuvo que combinar diversas estrategias, como tratar de erradicar la representatividad política de los yaquis mediante la aplicación de los presupuestos de ciudadanización e igualdad que el cambio de paradigma político posibilitaba. El problema es entonces más complejo que circunscribirlo a una cuestión de tipo agrario, sin lugar a dudas la pugna por la tierra fue parte medular del conflicto, pero de ninguna manera se redujo a ello, pues como se ha establecido se trató asimismo de un problema fundamentalmente de naturaleza y competencia política, no exento de repercusiones socioeconómicas, socioculturales y por supuesto identitarias133. Así que hasta antes del esfuerzo reformista de mediados de siglo, el conflicto con los yaquis, así como con muchas otras comunidades indígenas del país, había sido esencialmente un problema de representatividad política. A través de sus trabajos, diversos investigadores han ido esclareciendo que en efecto el problema por la tierra en diversas regiones del país se corresponde y es más apremiante hacia la segunda mitad del siglo XIX134, pero Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva lo señala nítidamente para la región y caso de nuestro interés: La investigación histórica ha demostrado, basada en el análisis de fuentes documentales, que ni la rebelión yaqui de 1740 ni las que ocurrieron durante la primera mitad del siglo XIX tuvieron como móvil principal el problema de la tierra. Hasta mediados de la centuria decimonónica fue 132

En los capítulos centrales de esta investigación se incluye el análisis sobre la naturaleza o tipología de este régimen de autonomía yaqui. Baste por ahora establecer con Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva que: “El régimen de autonomía fue la propuesta que esgrimieron los dirigentes yaquis para relacionarse con el México independiente.” (Hernández; 1997: 196). 133 Héctor Cuauhtémoc sintetiza en una frase esos afanes de los primeros enfrentamientos: “La estrategia era clara, se pretendía destruir la estructura política interna para acabar con la identidad étnica”. (Hernández; 1996: 78). 134 Falcón, 2002; Marino, 2011; Ohmstede, 2007; Katz, 2004; de Vos, 1984; Reina, 1987; Fraser, 1972.

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cuando el asedio de las élites regionales a las tierras del valle del Yaqui se convirtió en realidad (Hernández; 1993: 296).

II.III LA INSURGENCIA YAQUI DE 1825-1833, EL MOVIMIENTO DE JUAN BANDERAS Y LOS FUNDAMENTOS IDENTITARIOS DE LA LUCHA POR LA AUTONOMÍA POLÍTICA. Las primeras rebeliones en la región habían iniciado desde 1819-1820, y se agudizaron en 1824 a causa de la intervención de las autoridades estatales en los asuntos y gobierno político de las comunidades indígenas ópatas, pues buscaban imponerles un capitán general ajeno a los intereses indígenas. La sublevación estuvo protagonizada por la Compañía de Fieles Ópatas, quienes se insurreccionaron contra el comandante militar de Sonora, Mariano Urrea, quien había depuesto a Juan Ignacio Dorome como capitán general de los indios. Al igual que posteriormente harían los yaquis, los ópatas demandaban la restitución de sus tierras ocupadas, la expulsión de los colonizadores y el derecho a elegir sus propias autoridades. Después de la pacificación a sangre y fuego de esta insurrección, la rebelión se extendió al área yaqui y sus motivaciones estuvieron estrechamente relacionadas con las demandas de sus vecinos ópatas. (Hernández, 1996: 85; Florescano; 2001: 304). La presión que ejerció el gobierno sobre los yaquis a partir de 1824 cristalizó en el primer levantamiento indígena yaqui desde la rebelión de 1740. Una serie de factores se combinaron para desatar la insurrección general e iniciar las hostilidades militares con el gobierno local. La imposición de un capitán general ajeno a los intereses indígenas, los primeros intentos por medir y tasar sus tierras, la búsqueda por integrarlos al sistema de cobro de impuestos, el pago de contribuciones prediales y municipales135, así como la negativa de los yaquis para participar como milicianos en contra de los apaches decidieron la revuelta en septiembre de 1825 (Florescano; 2001: 304). Ante las acciones que implicaron la reintegración de sus autoridades políticas y militares, el comandante general de occidente, José Figueroa y su capitán Ramón Mier, avanzaron sobre el territorio yaqui para apaciguar la insubordinación. Sin embargo, bajo el liderato de Juan Banderas los yaquis lograron derrotar y expulsar de su territorio esta expedición militar. Ante la imposibilidad de mantener una campaña contra los yaquis, el gobierno a través del 135

Sobre el intento de imponer estas contribuciones véase Almada; 1983: 295.

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gobernador del Estado, Simón Elías González, se decidió por la negociación y los yaquis lograron obtener momentáneamente sus demandas: la salida de las tropas del gobierno y de los colonizadores de su territorio, así como el reconocimiento del mismo como propiedad yaqui (Hernández; 1996: 86). A pesar de estas prerrogativas y los intentos de paz del gobierno, presionados por las elites locales se intentó otra infructuosa campaña militar al interior del territorio yaqui. Así que una parte de los yaquis liderados por Juan Banderas136 decidieron seguir rebelados y empezaron a expandir el área de influencia de la insurrección hacia las zonas del Mayo, la Opatería y la Pimería baja. En 1827 el gobierno local y Juan Banderas llegaron a un arreglo por medio del cual el líder yaqui fue reconocido como capitán general de la nación yaqui y el gobierno otorgó la amnistía (Florescano, 2001: 306; Hernández, 1996: 86). Sin embargo este acuerdo fue momentáneo, producto en buena medida de la incapacidad militar para sofocar la revuelta, así que las autoridades continuaron por otros medios la agresión política y territorial del grupo indígena. En 1828, así como se reconocía el estatuto administrativo de los ocho pueblos y se hacía extensiva la amnistía, se decretó la supervisión y mando político de los yaquis a través del ayuntamiento de Buenavista, desconociendo en la práctica el autogobierno indio, sus autoridades militares137, e intentando fraccionar las tierras indígenas como propiedad privada (Florescano, 2001: 36-37; Hernández, 1996: 87)138. Para 1831 las vicisitudes de la creación del estado de Sonora se reflejaron en la Constitución local, e hicieron manifiestas las serias contradicciones gubernamentales con respecto a los grupos indígenas. Pues si bien por un lado esta carta constitucional sentó el precedente del reconocimiento del autogobierno del pueblo yaqui y sus formas de propiedad de la tierra (Hu-DeHart, 2004; Hernández, 1996; Florescano, 2001), en la práctica se buscó lesionar la estructura política autónoma con el nombramientos de los directores de los ríos, así que continuaron los levantamientos indígenas y los enfrentamientos. El problema se agudizó en las siguientes elecciones para capitán general, pues se buscó eliminar el mandato de Banderas, quien realizó un plebiscito en el 136

Es preciso establecer que los yaquis en diversos momentos, como en el periodo de Banderas, no fueron un cuerpo homogéneo sin fisuras y escisiones al interior de sus pueblos y dirigencias. Juan María Jusacamea y sus partidarios yaquis lucharon por desbancar a Banderas del liderato. Véase Hernández; 1997: 196. 137 La estipulaciones de 1828 incluyeron una ley especial para el conjunto de los indígenas de la región con competencia en tres apartados: política, fondos de los pueblos y educación. Asimismo se abolió la autoridad militar de los yaquis. (Trejo; 2013: 115-116). 138 Para más pormenores acerca de los decretos de propiedad de 1828 véanse Hu-DeHart, 1984: 22-32; del Paso, 1982: 50-51.

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pueblo de Bacum y volvió a ser designado como capitán general de los yaquis (Hu-DeHart; 2004: 149). Sin embargo las elites regionales y gubernamentales continuaron sus acciones para controlar políticamente a los yaquis y para acceder a sus recursos, pero ante la incapacidad militar del estado, el gobierno promovió la creación de milicias entre rancheros y hacendados. Por su parte y ante la continuación de las hostilidades por diversos frentes, Juan Banderas continuó sus esfuerzos por crear una coalición con diversos pueblos indios del noroeste (mayos, pimas, ópatas), por lo que prosiguió con sus actividades itinerantes en la búsqueda por confederar al conjunto de los grupos indígenas de la región para enfrentar al gobierno y a las oligarquías regionales en la búsqueda por la autonomía indígena. Finalmente, la creación de las milicias regionales y su alianza con el gobierno rindió sus frutos, pues lograron la captura de Juan Banderas, quien fue pasado por las armas en 1833. Su muerte no significó sin embargo la cesión del territorio yaqui ni la pérdida de su autonomía, sino el inicio de una larga lucha por preservar el proyecto autonómico. Ahora bien y más allá de las vicisitudes de esta primera rebelión (1824-1833), lo realmente relevante para esta investigación, como se ha establecido, así como para comprender la configuración de la resistencia en el periodo que más me interesa, es advertir la capacidad de reinvención identitaria y/o reproducción cultural que implementaron los yaquis bajo el liderato de Banderas. Pues adaptaron sus demandas por medio de una serie de símbolos y constructos de filiación identitaria que si bien no han pasado inadvertidos para los diversos investigadores sobre los yaquis139, pocos se han preguntado sobre su significado y utilización en su proyecto político. Si acaso esta utilización ha sido considerada como una referencia mesiánica de símbolos religiosos140, pero escasamente se advierte el peso simbólico, identitario y significativo de su utilización. Me refiero a la capacidad de articular algunos elementos del imaginario colectivo que hoy en día siguen siendo referentes medulares en la identidad nacional mexicana; la Virgen de Guadalupe y el pasado azteca, y sobre todo que han sido modelos de identificación colectiva construidos por el Estado nación decimonónico. Enrique

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Olavarria, 2003; Hernández, 1996; Gouy-Gilbert, 1985; Hu-DeHart, 2004; Spicer, 1994; del Paso, 1982; Velasco, 1988; Dabdoub; 1949, entre varios otros. 140 Véanse Meyer, 1977; Hu-DeHart, 2004: 148; Gouy-Gilbert, 1998: 57.

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Florescano es uno de aquellos autores que sí han propiciado una somera reflexión al respecto: […] Juan Banderas adquirió ese mote porque, a semejanza del cura Miguel Hidalgo adoptó como estandarte de guerra la imagen de la Virgen de Guadalupe. Banderas cuidó también de establecer un vínculo con el prestigioso pasado azteca, pues decía que había sido enviado por la virgen para vencer a los españoles y restaurar el reino del emperador Moctezuma. Para apoyar su mensaje, Banderas solía presentarse a sí mismo como el heredero legítimo de Moctezuma, adoptando el resonante título de “Rey y Emperador (Florescano; 2001: 305).

Sin embargo habría que realizar una serie de preguntas, cuestionamientos y respuestas tentativas que sirvan como una guía que nos pueda arrojar nuevas respuestas acerca de esta utilización de ambos símbolos por el primer líder de la resistencia yaqui, así como a comprender los objetivos que perseguía Banderas mediante su utilización, sobre todo en términos de constructo de pertenencia. Asimismo, otra de las características más destacadas de su movimiento fue la búsqueda permanente por la confederación con los otros grupos indígenas de la región, lo cual también encierra un significado político que debiera propiciar nuevas reflexiones, más allá de las interpretaciones que sólo han visto en este afán la manifestación de una guerra de castas que buscaba la coalición indígena para emprender una guerra de exterminio contra la raza blanca141. Sin embargo y a este respecto podemos señalar que habiendo pertenecido todos estos pueblos al sistema de misiones jesuítico, no debiera extrañarnos o mal interpretarse la continua búsqueda por su confederación, pues como se ha establecido el éxito de su permanencia y expansión radicó en su habilidad para establecer un sistema de trabajo agrícola capaz de mantener los asentamientos indígenas y evitar la dispersión, a través de una amplia generación de excedentes para subsanar aquellas áreas que sufrieran cualquier tipo de contingencias. Es decir, desarrollaron un fuerte sentido de cuerpo regional capacitado para ver por las necesidades de cada unidad pueblerina, que trascendió las diferencias étnicas y culturales. De este modo, es en esta tradición ampliamente difundida por los jesuitas en donde habría que rastrear entonces el sentido panindígenista que Juan Banderas intentó proporcionar a su movimiento, o incluso en el periodo prejesuítico142, pues desde esta 141 142

Al respecto véase Meyer; 1973: 8. Como lo señalan Javier Gámez Chávez y José Velasco Toro. Véanse Gámez; 2004: 1 y Velasco: 1992: 48.

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lógica y perspectiva se comprenden las razones del líder yaqui por alcanzar la ayuda de los antiguos integrantes del sistema, ya que se encontraban en una situación crítica que les exigía una nueva serie de requerimientos que estaban poniendo el peligro el mantenimiento de su desarrollo social y comunitario. Una de las alternativas tradicionales para responder ante las nuevas contingencias de la crisis radicaba en la confederación o alianza con otros grupos indígenas de la región, quienes ya habían formado parte de un mismo conjunto estructural. Además no sólo Juan Banderas y los yaquis intentaron esta coalición regional indígena, algunas de las luchas y rebeliones locales estuvieron dirigidas por indios mayos y ópatas que igualmente buscaron y obtuvieron alianzas con los yaquis143. De manera que en este como en muchos rubros sobre la resistencia yaqui, así como en el conjunto de las estrategias indígenas en su enfrentamiento con el Estado nación y la modernidad, es necesario, más que exhaustivos y cuantitativos trabajos documentales, replantar las perspectivas explicativas y alejarnos de comprensiones inmediatas y coyunturales que lejos de explicar reproducen lo que ya se ha dicho, y que poco aportan cualitativamente. Como leer -como respuesta reflejo y sin cuestionamientopermanentemente en clave de guerra de castas estas y otras estrategias de resistencia indígena, pues como hemos sugerido a través del sentido sistémico que se fortaleció con los pueblos de misión, esta confederación y/o alianzas tienen otras posibilidades interpretativas gracias a un mirada que entiende los procesos de más larga duración en la conformación de la identidad y que propicia nuevos cuestionamientos. Pero regresemos al guadalupanismo yaqui y a su identificación con el pasado azteca. Sobre todo teniendo en cuenta el contexto de creación cultural del Estado nación mexicano que empezaba a llevarse a cabo. Si bien los yaquis se consideraban a sí mismos como una nación que había sido reconocida por el gobierno virreinal, una nación de Antiguo Régimen, el nuevo paradigma político no estaba dispuesto a reconocerlos como tal, no por una cerrazón de las elites y clases políticas, sino por la incompatibilidad teórica de los fundamentos políticos de una nación moderna del periodo. Pues al interior de las nuevas naciones no podían existir otras, la nación moderna es el sujeto único y excluyente de legitimación del ejercicio del poder144, por lo que no admite otra fuente de 143

Ente los años 1857 y 1861 los ópatas y yaquis se unieron para combatir las fuerzas del gobernador liberal Ignacio Pesqueira. El propio Cajeme, en el periodo 1875-1885, buscó asimismo la utilización de este recurso y la atracción de los mayos como medio para enfrentar los embates del liberalismo restaurado. 144 Véase Pérez Vejo, 2008: 13 y 2010.

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soberanía. De ser así habría entonces que realizar una separación territorial y formar otra nación. La heterogeneidad cultural del México decimonónico era de tal magnitud que de acuerdo a los requisitos socioculturales para ser una nación, la referida trilogía, el país se hubiese tenido que fragmentar en un sinnúmero de pequeñas naciones con una misma raza, lengua y cultura. Pero para resolver el asunto estaba la creación y hechura del gran relato mítico de identificación colectiva, por lo que era preferible construir una estructura simbólica ampliamente difundida y globalizante, que permitir la fragmentación territorial ante cada reclamo de identificación social exclusiva. Sin embargo los yaquis sí podían en principio realizar el reclamo y constituirse como un pueblo que a diferencia de la totalidad del territorio nacional, contaba con elementos socioculturales uniformes, pues en efecto y genéricamente cumplía con los requerimientos para erigirse como una nación moderna. Pertenecían a una misma raza, eran un pueblo con una procedencia sanguínea y genética homogénea, contaban con un territorio bien delimitado, tenían una misma lengua, la cahita, contaban con un relato mítico de origen, los antepasados surem y el árbol parlante145, y compartían asimismo una misma cultura caracterizada por ciertas prácticas socioculturales bien identificables y diferenciadas. Entonces ¿por qué utilizar los elementos de identificación colectiva del liberalismo republicano? ¿Para qué recurrir a los aztecas y a la Virgen de Guadalupe como símbolos de autonomía y resistencia yaqui y cómo elementos de identificación si contaban con los propios? ¿Cuál era el mensaje que se buscaba difundir y hacia quienes estaba dirigido? ¿Había que imaginar nuevamente a la nación yaqui para adaptarla a los tiempos modernos y desde ahí arraigar su legitimidad? Los indicios de las vicisitudes de la distendida resistencia yaqui, así como la incompatibilidad de ambos proyectos me llevan a plantear que se trató más de un intento de readaptación moderna del discurso identitario yaqui146, que asumió como propia la propaganda liberal republicana, sus imágenes mentales, más que un delirio que fortuitamente coincidió con los propios del Estado nación en ciernes. Me refiero a que es difícil de establecer, no por ello imposible, que en efecto Juan Banderas creyera ser un enviado de la Virgen de Guadalupe y heredero del reino de Moctezuma. El uso deliberado del estandarte guadalupano en sus batallas y enfrentamientos, así como las referencias a un legado mexica se asemejan más 145 146

Para ver el origen mítico yaqui véase Olavarría; 2003: 88. Más allá de que sus reivindicaciones correspondieran a una nación de Antiguo Régimen.

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a una utilización y replicación consciente del discurso liberal nacionalista, con un propósito propagandístico, que buscaba incidir y permear en un amplio radio de acción y para autolegitimarse, más que a una coincidencia accidental y favorable a los yaquis, o a los delirios de Banderas. De manera que la hipótesis o respuesta tentativa que se puede plantear con estos argumentos es: Juan Banderas utilizó y difundió ambos símbolos de identificación colectiva como medio propagandístico para ganar adeptos y para legitimar su proyecto político autonómico a ojos de propios y extraños, buscando reactualizar los símbolos que pudieran legitimar exitosamente su movimiento político, ideológico, identitario y cultural, en correspondencia con la reiterada capacidad de los yaquis para adoptar elementos de las culturas externas y resignificarlos en beneficio propio. Esta hipótesis se corresponde además con una reacción lógica de carácter sociológico, es decir, cuando un grupo se ve hostigado por fuerzas exógenas hay como respuesta un incremento de los lazos y canales de solidaridad internos, para responder ante las exigencias externas147. Pero además existen diversos elementos de los sucesos históricos, algunos ya establecidos, que nos hablan de esta capacidad adaptativa de los yaquis durante este periodo, y de que Juan Banderas, más que ser un personaje delirante, fue un líder con una gran capacidad de negociación y habilidoso para utilizar las coyunturas en beneficio propio y del conjunto yaqui. Fue bajo su liderato que por vez primera los yaquis utilizaron las armas modernas para organizar sus ataques, fue el primer líder en concebir el plan de confederación indígena, y supo negociar, mediante la paz y también a través de la guerra, no sólo para ser reconocido como capitán general de los yaquis (1827), sino para que en la Constitución del estado de Sonora (1831) les fuera reconocido su autogobierno y sus formas de propiedad de la tierra, más allá de que en la práctica no se cumplieran. “Banderas era también un dirigente con sentido práctico, que logró guiar a su pueblo en la resistencia contra las reformas políticas que perjudicaban sus intereses” (HuDeHart; 2004: 148-149). Asimismo, el argumento acerca de la pretendida guerra de castas emprendida por este líder no ha sido suficientemente sustentado, lo cierto es que en los levantamientos y rebeliones en efecto hubo robos y saqueos a algunas haciendas y ranchos en las inmediaciones del territorio yaqui, pero no existen registros que establezcan fehacientemente acciones contra el conjunto de las poblaciones y asentamientos civiles de los alrededores, como se ha pretendido. Por lo que los 147

Al respectó véase Florescano; 2001: 326.

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argumentos que así lo sostienen se corresponden más con aquella visión decimonónica de los indígenas como salvajes que sólo cometían robos y tropelías148, que a un verdadero sustento histórico documental que pueda probar la existencia de una guerra racial149. Incluso pudo haberse tratado más de una propaganda del propio Banderas para hacer escuchar sus demandas en el conjunto regional, que a verdaderas acciones en contra de las poblaciones civiles. Estas respuestas indígenas pronto fueron exageradas por los temerosos vecinos de Guaymas y Álamos, quienes difundieron la alterada noticia de que los rebeldes habían matado a la gente de razón que encontraron en el territorio yaqui […] el general José Figueroa propagó sin pruebas la noticia inverosímil de que vente mil yaquis habían proclamado la extensión de la gente blanca. (Florescano; 2001: 304-305).

Pero veamos el documento y proclama de Juan Banderas que ha propiciado esta reflexión y análisis. Proclama de Juan Banderas. 1826 Digo yo, la bandera de nuestro soberano Moctezuma, que he salido de una cárcel por estar cautivos los ríos del Yaqui y el Mayo con toda mi nación, que me la han derrotado a pólvora y balas, sin culpa ninguna. Aquí vengo por enviado de mi señora de Guadalupe a ganar esta corona, pues no ha permitido esta divina señora que me hayan matado y así ha sido determinación de ella. Y convido a todos los gobernadores de los pueblos a ganar esta corona de nuestro rey Moctezuma, que la tiene heredada de nuestra señora de Guadalupe y por los gachupines halla en España. Y así, hijos míos, no tengan miedo que yo no vengo haciendo daño ni a los indios ni criollos, más que [a] los abracen armas a favor de los gachupines. Los que se hicieron a mi bandera serán dueños de sus dineros y géneros de los gachupines, pues les cuesta su trabajo para sacar a los gachupines, pues por ellos está la tierra perdida. Y así los espero a todos los que quisieran venir conmigo lo más pronto que puedan, que ya llevo en mi compañía mil hombres sobre las armas de mi nación, entre yaquis y mayos, y veinte de razón con mi capitán. Despachado por el general. Juan Ignacio Jusacamea150. (Dedrick; 1985: 180).

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Sobre esta visón de una guerra de castas véase Almada; 1983: 297-298. “Ni cuando las bandas armadas de Banderas recorrían todo el Estado y sembraban en el terror en el campo, ni en el momento culminante de su poder, intentó tomar ninguna población mexicana”. (Hu-DeHart; 2004: 149). 150 John Dedrick recupera cuatro versiones de esta proclama extraídas del Archivo Histórico de la Defensa Nacional, AHDN. (Dedrick; 1985: 178-183). Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva también transcribe una versión de la misma fuente: Archivo Histórico Militar de México (AHMM) Secretaría de la Defensa Nacional. Fondo Siglo XIX, exp. XI/481.1/272, ff. 63 64. Hernández; 1996: 87. 149

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Esta proclama no sólo se difundió entre todos los pueblos yaquis, sino más allá de sus fronteras ente los indios mayos, ópatas y pimas151, y llegó hasta a la Secretaría de Guerra y Mariana por medio del comandante general del Estado de Occidente, José Figueroa, con el calificativo de “ridícula”152. Lo que se puede apreciar nítidamente en la elaboración de este texto es ante todo la construcción de una identidad colectiva, pero veamos porque. Las constantes alusiones a lo “gachupín” como la referencia negativa hacia la que se dirigen los ataques de esta proclama revelan una de las características fundamentales en la fabricación de una construcción identitaria. Me refiero a que la elaboración de una estructura simbólica de identificación no sólo pasa por la realización un serie de referencias que planteen quienes “somos”, o cuales son “nuestras” características, como la alocuciones a las que el constructo de nación se ha inclinado preferentemente, la idea de una misma procedencia sociocultural, sintetizada en la filiación a una misma raza, lengua y cultura. Sino que buena parte de la fabricación de un imaginario colectivo se elabora mediante la construcción del otro, ese otro del cual es posible diferenciarse y señalarlo como distinto, para de esta manera afirmar la identidad no sólo a través de las características propias, sino mediante la señalización de lo que no se es, en este caso lo “gachupín”. “Todo proceso de identidad colectiva lleva implícito un proceso de construcción del otro” (Pérez Vejo; 2008: 10). De manera que en esta proclama no sólo encontramos coincidencias con el discurso de identificación colectiva liberal republicano en cuanto a los símbolos gudalupano y azteca, sino que existe asimismo un paralelismo en cuanto a la afirmación de quién es el otro y, por consiguiente, de quienes son y con respecto a qué se diferenciaron los yaquis en ese momento. Dicha diferenciación se hace más explícita si atendemos a las líneas que plantean: “[…] yo no vengo haciendo daño ni a los indios ni criollos, más que [a] los abracen armas a favor de los gachupines”. Así que manifiesta no tener conflictos con otros indígenas ni con los criollos, sino con lo español y quienes los apoyen. Esta alocución podría mal interpretarse o considerarse fuera de contexto o anacrónica, teniendo en 151

En la segunda versión transcrita por Dedrick aparece: “Despachada a las Naciones Opatas Pima Hiaqui y demas que hay” (Dedrick; 1985: 180). En la primera versión se refiere que en el reverso aparece la leyenda: “Pase luego a los demas Governadores de los Pueblos S. José de Pima, Tecoripa, Santo Rosalío y Demas Pueblos”. (Dedrick; 1985: 179). 152 En la última de las versiones que Figueroa hace llegar al Secretario de Guerra y Marina se lee: “Original acompaño a Vuestra Excelencia un papel que el cabecilla Juan Ignacio Jusacamea el emprender su fuga después de derrotado, hizo fixar en la Hacienda de Guadalupe a su trancito. Aunque éste documento es bastante ridículo, lo di-rijo a Vuestra Excelencia para su superior conocimiento, por que ha circulado barios a los de más Pueblos, y no dejan de causar alguna imprecion por la crasa ignorancia de citas gentes, y porque alagan sus paciones. Dios y Libertad, Ures 11 de agto de 1826 José Figueroa”. (Dedrick; 1985: 183).

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cuenta que la guerra había concluido, sin embargo no lo es, pues hay que tener bien claro, más allá de las posteriores expulsiones, que ni la finalización de guerra, ni la proclamación de independencia significaron la salida de los españoles del territorio nacional y mucho menos su extinción como elemento de polémica. En su mayoría continuaron en el territorio por los más diversos intereses que habían arraigado en México, e incluso siguió existiendo un flujo considerable procedente de la Península153. Ahora bien, la cuadratura o paralelismo de identificación se hace aún más nítido si tomamos en cuenta el discurso y las pugnas políticas sobre las que giraron las acaloradas discusiones entre el centralismo y el federalismo de la época. Pues el asunto de los españoles era justo en esos años uno de los rubros y problemas más discutidos entre los grupos políticos mexicanos y fue uno de los elementos más importantes para decidir la filiación entre la clase política, pero sobre todo fue un componente esencial para construir la identidad nacional. Baste recordar que para 1825, a pesar de haberse constituido México, San Juan de Ulúa seguía ocupado por los españoles154, y que su reconocimiento no sería concedido sino hasta 1836. Por lo que el gobierno tuvo que seguir pidiendo una serie de onerosos préstamos para enfrentar los latentes intentos de reconquista española que se manifestaron en 1827 y sobre todo en 1829155. Esta situación generó en aquellos años una polarización entre quienes pugnaban por la expulsión y quienes defendían la permanencia de los españoles en territorio nacional. Así que como lo atestiguan las alusiones gudalupanas y aztecas, lo yaquis permanecieron al tanto de las disputas más apremiantes de la nueva República, pues a tan sólo unos meses de la proclama de Juan Banderas de 1826 se llevó a cabo la primera expulsión de españoles en 1827. Los diversos elementos de concurrencia con el discurso del liberalismo parecen indicar que en efecto es plausible el planteamiento hipotético precisado y los argumentos que lo sostienen, a saber, genérica y sintéticamente: que hubo una replicación o imitación del discurso liberal con fines propagandísticos y de identificación colectiva. Sin embargo ello no quiere decir que la propia proclama contenga elementos contradictorios, al igual que los discursos y filiaciones grupales y personales de las élites políticas a nivel nacional. Pues hay que recordar que estos primeros años del México independiente se 153

Sobre la permanencia de los españoles en México después de 1810 y después de la declaración de independencia véase Pérez Vejo; 2009: 158-159. 154 Y que el Plan de Iguala había asumido los costos de la guerra como deuda de México. 155 Aunque es preciso decir que las amenazas extranjeras no sólo provenían de los españoles, la Santa Alianza también contribuyó a la inestabilidad política y económica de aquellos años.

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caracterizaron por una incertidumbre política debida a los más diversos factores, desde el súbito resquebrajamiento de la Monarquía Católica, que implicó la crisis de un sistema político y de una forma de civilización (Pérez Vejo; 2008: 12), hasta las dudas por discernir qué régimen de gobierno adoptar para la nueva unidad administrativa autónoma. De modo que lo realmente extraño hubiese sido encontrar en esta proclama de Banderas una coherencia política o de identificación sin fisuras, sobre todo si consideramos que –como he planteado hipotéticamente- en efecto estaba guiándose o respondiendo a una asimilación de lo que sucedía a nivel nacional, con miras a una reactualización discursiva de identificación y legitimación. Así que más allá de las referencias contradictorias que en efecto no se avenían con un discurso imitativo o de afiliación republicano, como “[…] vengo por enviado de mi señora de Guadalupe a ganar esta corona […]”, lo que debemos considerar es la incompatibilidad del proyecto indígena yaqui en su conjunto, que buscaba el mantenimiento de su autonomía política, la propiedad comunal de la tierra y la soberanía sobre su territorio, frente a un proyecto de Estado nación teóricamente irreconciliable con estas demandas, sobre todo si tomamos en cuenta que para este periodo era inconcebible un régimen autonómico al interior del Estado moderno. Así que en efecto y bajo esta perspectiva, las referencias a la Virgen de Guadalupe y al pasado azteca parecen responder a una necesidad de reactualización identificativa y propagandística, más aún si consideramos que uno de los objetivos primordiales de Juan Banderas era crear un frente común con la totalidad de los grupos indígenas de la región, “Y convido a todos los gobernadores de los pueblos a ganar esta corona de nuestro rey Moctezuma, que la tiene heredada de nuestra señora de Guadalupe […]”156, por lo que una filiación discursiva exclusivamente de elementos socioculturales de los yaquis no hubiese podido ser interiorizada y exitosa en un conjunto más amplio, y menos si lo que buscaba era difundir un discurso de identificación colectiva que también fuera comprendido por el resto de los grupos sociales del conjunto regional, con miras a obtener mayor legitimidad: “Y así los espero a todos los que quisieran venir conmigo lo más pronto que puedan, que ya llevo en mi compañía mil hombres sobre las armas de mi nación, entre yaquis y mayos, y veinte de razón con mi capitán” (Banderas; 1826). Si bien y gracias a estos indicios existe una intención por reactualizar un discurso, el cual adoptó algunos de los elementos más efectivos en la hechura de la estructura simbólica de identificación colectiva liberal 156

Todos los énfasis son míos.

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republicana, y que eventual y coyunturalmente fue exitosa para legitimar su movimiento, también tuvo consecuencias contraproducentes en el más largo plazo. Pues si bien Juan Banderas estaba utilizando estos emblemas, incluidos a los gachupines y a Hidalgo por añadidura, para resignificar su identidad, lo cual por otro lado es comprensible considerando la amplia aceptación de dichos símbolos, sobre todo en el caso de la Virgen de Guadalupe, lo estaba realizando con un sentido tradicional de la concepción de la nación: “Digo yo, la bandera de nuestro soberano Moctezuma, que he salido de una cárcel por estar cautivos los ríos del Yaqui y el Mayo con toda mi nación, que me la han derrotado a pólvora y balas, sin culpa ninguna.” Es decir, realizó un uso de elementos de adscripción colectiva que estaban siento utilizados para crear un Estado nación moderno, readaptándolos a una concepción de Antiguo Régimen. O si acaso, enarbolando de manera inconsciente e inédita un régimen autonómico de carácter moderno que le permitiese mantener el control de sus vidas, pero impensable para los presupuestos del Estado nación del momento, e interpretado entonces como la búsqueda del mantenimiento de un sentido tradicional que pugnaba por la conservación de las prerrogativas que habían tenido como cuerpo con derechos y obligaciones específicos, correspondiente desde esta perspectiva a un sentido jurídico tradicional. Así y respondiendo a los cuestionamientos planteados es menester precisar: los yaquis con Juan Banderas utilizaron los símbolos de identificación colectiva del liberalismo, y no los propios, con el objetivo de expandir su radio de acción a los pueblos indígenas de la región y como medio de legitimación social a nivel más amplio. Usaron a la Virgen de Guadalupe y al pasado azteca porque era el proyecto religioso y de pasado que más se avenía con los intereses indígenas a lo largo y ancho del país, de acuerdo con el proyecto prehispanista del liberalismo, que pugnaba por la reivindicación de los antepasados indígenas. Además la Virgen de Guadalupe, por lo menos desde el siglo XVIII, era el emblema religioso más importante y prestigioso de la identidad americana, sobre todo entre indios, mestizos y criollos, precisamente el sector entre quienes a Juan Banderas le interesaba legitimar su movimiento. El propio Miguel Hidalgo había usado el estandarte guadalupano para ganarse adeptos fundamentalmente entre indígenas y campesinos, así que era el símbolo por antonomasia para afiliar a otros grupos indígenas a la causa yaqui y de Banderas, por lo que al igual que el cura de Dolores, Banderas realizó un uso efectista de dicho emblema. Así, el mensaje que buscaba difundir era el de una 86

nación indígena que el propio gobierno y las élites políticas promovían, definitivamente el más ampliamente reconocido y legítimo entre las mayorías del país157. Sin embargo podría objetarse que los yaquis, en correspondencia con las prerrogativas que habían disfrutado con el gobierno español, bien pudieron afiliarse al proyecto que defendían los conservadores, reivindicando un legado hispánico que les había sido beneficioso. Sin embargo y en el terreno que estamos tratando, el de la identificación colectiva, el ámbito de lo simbólico, esta alternativa de elección hubiese significado un mayor vituperio, señalización y ataque más decidido del gobierno hacia los yaquis. Ello se explica porque si bien el proyecto conservador aún no estaba derrotado en el terreno político, económico y militar, en el campo de los imaginarios estaba en clara desventaja frete a la propuesta de identificación liberal, o como lo señala Pérez Vejo, se trató de un proyecto que “[…] nace ya derrotado o […] con unas limitaciones de partida que lo hacen muy poco viable. Posiblemente lo determinante fuese una mayoría india y mestiza […]” (Pérez Vejo; 2008: 40). Así, adoptar el proyecto de identificación conservador no sólo hubiese significado condenar aún más la lucha de los yaquis, sino subestimar su capacidad para adoptar los elementos que mejor pudiesen funcionar para sus objetivos, así como su habilidad para discernir cuál era el modelo que estaba más ampliamente difundido y legitimado. Además, teniendo en cuenta el origen o procedencia étnica de los yaquis ¿cómo adscribirse a un imaginario que rescataba el pasado y legado hispánico? evidentemente la propuesta del liberalismo era mucho más afín –en este sentido- a los objetivos de los yaquis158. No debe entonces sorprendernos la adopción de estos símbolos y constructo identificatorio liberal por los yaquis en este periodo y circunstancias, pues el propio gobierno alentaba en términos teóricos la reivindicación de una nación indígena. Lo que quizás aún no estaba del todo esclarecido para los yaquis y su líder era que se trataba de una construcción identitaria –lo cual no implica que no contenga una materialidad social

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El triunfo y legitimidad del proyecto liberal, en términos identitarios, a pesar de la derrota del proyecto conservador hasta 1867, se puede rastrear desde los inicios del México independiente. “[…] la ilegitimidad del proyecto conservador se comienza a fraguar mucho antes de la derrota de Maximiliano, quizás desde el mismo momento de la independencia, cuando pierde la primera gran batalla a que toda legitimidad colectiva ha de enfrentarse, que es la de los nombres y símbolo que la representan. (Pérez Vejo; 2008: 39). El autor se refiere a la denominación de “México”, de origen prehispánico, así como al símbolo de la bandera nacional, de la misma procedencia, a pesar incluso del inicio independiente como un imperio. 158 Es importante dejar asentado que esta filiación al proyecto liberal es comprensible por las razones expuestas, fundamentalmente en términos de identidad colectiva, pero que ello no impidió que en los años subsiguientes tomaran partido político y militar con los conservadores, quienes les ofrecieron la permanencia de sus prerrogativas de propiedad.

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muy importante-, pero que estaba lejos de llevar a la práctica lo que planteaba como su fundamento de pasado, la gran nación indígena. Ahora bien, más allá de las contradicciones que en términos generales implicaba la adopción de recursos discursivos del imaginario del liberalismo, que resultaron en una incompatibilidad de proyectos y que contribuyeron a la distención del conflicto, debido a la incomprensión del Estado nación en ciernes de que en efecto era posible un régimen autonómico al interior de la nación moderna, e interpretado como una prebenda tradicional159, se advierten tres elementos insoslayables; que en efecto este discurso contiene los elementos esenciales que permiten plantear que existió un intento deliberado de una reelaboración identificativa, aunque fuera de manera coyuntural, estableciendo qué elementos era propios, así como cuáles eran ajenos a partir una clara diferenciación de quién era el otro, lo “gachupín”; que los yaquis estaban pugnado por un régimen de autodeterminación que o bien respondía a la continuación de un percepción tradicional del régimen de excepción, o que se trató de una pugna por un estatuto autonómico en el sentido moderno del término, y que de ser así tendría un carácter sorprendentemente inédito. Sin embargo las vicisitudes de los acontecimientos, los argumentos expuestos, la propia proclama, la muy reciente iniciación de la concepción moderna de la nación, así como algunas pruebas documentales me llevan a plantear que se trató más de una reivindicación autonómica tradicional, más allá de que la posibilidad de un proyecto de autodeterminación moderno resulte mucho más atractiva. En un documento bastante tardío, de 1883, se asegura que lo que pretendían los pueblos mayos y yaquis era el regreso a una situación de excepcionalidad como en tiempos del rey: “[…] que estaban de acuerdo los pueblos […] reunidos en la jurisdicción […] con el objeto de pedir a los federales se les nombraran autoridades de ellos y se juntara el ayuntamiento pues querían estar como en tiempos del rey […]”160. Y finalmente, que la época y movimiento de Juan Banderas constituyó un parteaguas en la construcción de la identidad yaqui, aportando elementos simbólicos relevantes que subrayaron la diferenciación y distanciamiento –más allá de la utilización ciertos símbolos del liberalismo- entre el

159

Si es que se puede considerar que los yaquis estaban planteando de manera literalmente extraordinaria un estatuto autonómico en el sentido moderno, para desarrollarse mediante la autodeterminación al interior del Estado nación. O si bien sólo estaban apelando a una condición de excepción propia del Antiguo Régimen. 160 Comunicación del presidente municipal de Navojoa, al prefecto álamos el 8 de enero de 1883. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 20, expediente 1, foja 014507.

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entendimiento y cosmovisión de los indígenas yaquis, frente a la continuación de la construcción del proyecto nacional modernizador. Uno de estos elementos fue el reforzamiento de la relación que los yaquis establecieron con su territorio a partir de entonces161. Una concepción sagrada en la que mediante una simbiosis entre la tradición religiosa introducida por los jesuitas, junto con la cosmovisión yaqui, así como una respuesta de resistencia a los primeros intentos por colonizar su área de desarrollo, dotaron y resignificaron su territorio concibiéndolo como un regalo divino al conjunto de la comunidad (Gouy-Gilbert; 1998: 54). El cual por ello no podía ser enajenado, dividido, repartido, medido, deslindado, privatizado, ni individualizado como los afanes del liberalismo pretendían. El análisis de la construcción de dicha relación no es objeto de análisis exhaustivo en esta investigación 162, pero considero pertinente, por la importancia identitaria que contiene, puntualizar acerca de uno de sus aspectos más relevantes, sobre todo porque el territorio “[…] no es únicamente un dato preexistente en la historia yaqui sino más bien […] el resultado de un esfuerzo consciente por obtener y conservar el referente identitario más importante de esta etnia” (Olavarría; 2003: 33-34). Así y si bien esta concepción deviene de un proceso sociocultural complejo, producto de diversos factores y que en efecto se constituyó como una reacción sociocultural a la paulatina injerencia de elementos externos, asimismo responde y se afianza gracias a dinámicas históricas específicas de relación con la tierra y el medio físico circundante. Me refiero a que un contexto árido o semidesértico como el estado de Sonora, el fértil Valle del Yaqui, bañado por el río más caudaloso de la región, el cual periódicamente irrigaba una amplia zona de tierras feraces, navegable en ciertas épocas del año, constituyó y aún constituye un espacio privilegiado, una fuente de riqueza no negociable para los grupos asentados en sus riberas, que no es otra cosa que la condición de posibilidad del desarrollo de la vida social. Baste hacer alusión al desarrollo de las grandes culturas del mundo Antiguo, las llamadas civilizaciones originarias, inconcebibles sin la existencia de sus caudales correspondientes, el Nilo, el Rio Amarillo, el Indo, el Tigris, el Éufrates, etc., territorios igualmente concebidos como lugares sagrados debido a su condición material que posibilitó la vida y desarrollo de dichas civilizaciones. Lo que quiero subrayar no es lo evidente que resulta revestir a un territorio como un 161

O que a partir de entonces hicieron más extensivo como estrategia de resistencia. Para advertir la importancia del territorio yaqui como el símbolo más importante de su identidad y la complejidad de su configuración como espacio social véase Olavarría; 2003: 81-98. 162

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espacio sagrado en estas circunstancias, es decir, la concepción sacralizada del territorio yaqui ya existía antes de la llegada de los españoles y así permaneció. Pero lo importante ahora para nuestros objetivos es comprender que dicha concepción fue robustecida con la religiosidad católica que introdujo el mundo cristiano y los jesuitas, cuando se formaron los ocho pueblos yaquis163, pero sobre todo que fue en la época que ahora nos compete – los inicios del México independiente- cuando los yaquis manifestaron más ampliamente esta condición ancestral de su territorio, mediante una nueva estrategia que respondía a las condiciones coyunturales del periodo164. Es decir, fue hasta este momento cuando expresaron y difundieron que Dios había cedido dicho territorio a los yaquis como suyo, justo cuando más lo necesitaron como una estrategia para reforzar su identidad colectiva y sentido comunitario para resistir al nuevo paradigma nacional modernizador. Como se ha establecido la captura y muerte de Juan Banderas no significaron la pérdida de la autonomía política de los yaquis, ni la colonización de su territorio. Además supieron utilizar la estructura de gobierno que buscó posicionarse por encima de sus autoridades para seguir manteniendo su autonomía política (Gouy-Gilbert; 1998: 57-58). La injerencia y asentamientos en los alrededores, e incluso al interior del territorio yaqui, emprendida por algunos grupos de colonos, fue un proceso paulatino que durante la primera mitad del siglo XIX no afectó significativamente el desarrollo socio-espacial yaqui165. “[…] hacia mediados del siglo […] la ocupación mexicana de la tierras del yaqui aún no alcanzaba proporciones críticas […] La colonización mexicana de los pueblos yaquis seguía siendo mínima”. (Hu-DeHart; 2004: 150). Así que a la inestabilidad política del periodo se oponía la fuerte cohesión sociocultural y el desarrollo socioproductivo de los yaquis. Sin embargo desde estos años ya se encuentra documentación que corrobora la existencia de algunos reclamos yaquis por incipientes intentos de asentamientos de colonos166. A partir de 1838, cuando se desata el conflicto entre liberales y conservadores 163

El sentido sagrado de los ocho pueblos ha sido de tal magnitud, que cuando Lázaro Cárdenas les reintegró parte de su antiguo territorio, perdieron dos de los poblados tradicionales, Cócorit y Bacum, sin embargo los yaquis restablecieron los ocho pueblos mediante la fundación de Loma de Guamuchil y Loma de Bacum. (Olavarría; 2003: 47, 94-95). 164 “De acuerdo con los estudios etnohistóricos de Spicer, en el siglo XIX estaba difundida la creencia en la existencia de un documento perdido […] que los yaquis presentaron a los mexicanos que se negaban a reconocer sus límites. Esta leyenda secular, el Canto de la Frontera (Spicer, 1994: 216) […] sufrió una sacralización estrechamente relacionada con la necesidad de defender la tierra contra las intrusiones de los mexicanos” (Olavarría; 2003: 94). 165 Ello no quiere decir que no existieran intentos por ocupar y deslindar su territorio, sobre todo a partir de las primeras leyes reformistas en los años cincuenta, sin embargo las vicisitudes históricas de la región permitieron inhibir exitosamente estos esfuerzos durante la primera mitad de la centuria. 166 Como la queja yaqui por despojos de tierra de 1835. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 55, expediente 16.

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en la entidad (Velasco; 1988: 22), y durante los siguientes 30 años, los yaquis entrarían a una nueva dinámica caracterizada por la implementación de estrategias de resistencia que los involucraron en las luchas políticas regionales entre el centralismo y el federalismo mediante alianzas y pactos- en la pugna de las élites y caudillos locales por controlar los destinos políticos y económicos del estado de Sonora. Sobre todo porque a partir del movimiento de Banderas los grupos regionales advirtieron el destacado potencial de los yaquis como fuerza guerrera para inclinar los destinos de la balanza política a nivel local167. A partir de entonces los yaquis conformaron un elemento militar decisivo en las reiteradas luchas políticas del estado. Sin embargo y a diferencia de lo que podría suponerse, no sólo fueron un elemento de fuerza que utilizaron los contendientes para dirimir sus querellas, sino que los yaquis utilizaron asimismo a estos grupos de manera indistinta, entre liberales y conservadores, monarquistas y republicanos, con el claro propósito de perpetuar una situación de inestabilidad gubernamental regional, con el objetivo de impedir la consolidación de una fuerza político-militar capaz de lesionar su desarrollo. Entre los años de 1838 y 1845, la pugna de las oligarquías sonorenses estuvo protagonizada por los “bandazos” políticos de Manuel Ma. Gándara168 y el federalista José Urrea. Los yaquis apoyaron en diversos momentos y durante varios años a Gándara, quien pudo lograr la gubernatura del estado en 1838 y posicionase como uno de los dirigentes regionales más importante gracias a la colaboración de los yaquis en su movimiento. A cambio, Gándara les permitió continuar su desarrollo sociocultural y desalentar la ocupación de su territorio. A diferencia de Urrea, quien buscó la colonización de la región yaqui y menoscabar sus prerrogativas socioproductivas, pues intentó quitarles el control de las salinas (Hernández, 1996: 98; Gouy-Gilbert; 1985: 59) y abrió campaña militar en su contra en 1842, debido a la colaboración indígena con su adversario político. La incipiente colonización sin embargo ya empezaba a ser objeto de algunas importantes protestas por parte de los yaquis. En este mismo año de 1842 hubo un reclamo del pueblo de Huírivis

167

“La posición de fuerza alcanzada con la rebelión jefaturada con Juan Banderas […] dieron a los yaquis prestigio militar en la entidad, hasta el punto de que quien se aliaba con ellos, ganaba no sólo soldados sino también brazos para sus haciendas”. (Hernández; 1996: 94). 168 “Declaro que ni aborrezco ni amo el sistema federal ni el centralismo […] Me adheriré a uno u otro sistema tan luego como cualquiera de ellos se adoptado por la Nación y montado sobe él el gobierno de mi patria”. Gándara citado por Gouy-Gilbert; 1985: 59.

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por la cesión de tierras como propiedad particular en la región de la Sierra del Bacatete169. Sin embargo el apoyo indígena, que incluyó a ópatas y mayos (Velasco; 1988: 22), permitió fortalecer la rebelión gandarista (1842-1844), derrotar nuevamente a Urrea, así como la vuelta de Gándara a la gubernatura del estado en 1845. De hecho con la ley especial de 1847, dirigida a yaquis y mayos, Gándara restableció la organización militar yaqui y extendió la jurisdicción del capitán general yaqui al Valle del Mayo (Trejo; 2013: 116). El apoyo a Gándara, quien tomaba partido por la corriente política e ideológica que mejor le avenía para cada coyuntura, pero quien era asimismo un factor de desestabilización regional importante, demuestra que los yaquis no estaban haciendo ninguna elección política al apoyarlo, a él o incluso a los federalistas y liberales. Sólo fomentaron las ambiciones de un personaje y de un contexto que les permitía mantener su desarrollo comunitario y que les posibilitaba la prolongación de la inestabilidad política y militar en Sonora. La estrategia yaqui es clara, contribuir a prolongar la crisis regional para conservar su desarrollo sociocultural sin la injerencia de fuerzas políticas, militares y económicas capaces de transformar o incidir en sus formas de vida, y postergar el proceso de colonización170. Este sería el signo más característico de la resistencia yaqui desde la muerte de Banderas y hasta 1867, cuando finalmente el proyecto liberal logró derrotar definitivamente al movimiento conservador y cuando pudo orientar más decididamente sus esfuerzos a nivel regional para sujetar a los yaquis a los requerimientos y a la lógica del nuevo paradigma civilizatorio de la modernidad nacional. Resta puntualizar que si bien la pugna política referida nos permite ver la actuación y estrategia de los yaquis, de ninguna manera el contexto del desarrollo histórico regional de Sonora se reduce ni se agota en esta querella. Sin embargo no es el propósito de este trabajo el análisis riguroso de dicho contexto y desarrollo. Pero lo que sí es necesario precisar es que la resistencia yaqui, la posibilidad de detener el flujo colonizador que ya era una realidad apremiante en los alrededores de su territorio, y que el resto de los pueblos indígenas de la zona vivían como un realidad cotidiana, no se explica solamente por la capacidad y tenacidad de los yaquis para contener el esfuerzo modernizador. Sino 169

Reclamo del pueblo de Huírivis sobre terrenos del Bacatete. AGHES, Fondo Ejecutivo, tomo 18, faltará expediente 5, foja s/n. 170 “[…] los yaquis comprendieron que para seguir disfrutando de la posición ganada era necesario aprovechar las pugnas internas de la oligarquía sonorense. Coaligarse con alguna de las facciones era su salvación; así pues, negociaron con aquellos grupos que les aseguraban el respeto de sus tierras, a su organización social y a su autonomía política.” (Hernández; 1996: 96).

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por una serie de procesos y circunstancias regionales mucho más amplios, que contribuyeron a desalentar la ocupación del territorio del Valle del Yaqui y dirigirla hacia otras áreas aledañas, como la zona del Mayo, la Pimería y la Opatería. Factores que tienen mucho más que ver con formas de desarrollo económico muy puntuales, como la búsqueda de las áreas mineras (Álamos), ganaderas, comerciales (Guaymas) y el desarrollo de la agro-industria en los valles del Rio Sonora, San Miguel y otras áreas limítrofes171; así como el amplio proceso de lucha de intereses entre las oligarquías locales, mucho más preocupados en dirimir sus querellas y consolidar sus espacios económicos, que en resolver el problema con los yaquis u ocupar su territorio172. Es entonces en este contexto histórico regional de consolidación, expansión y sobre todo de pugna entre las oligarquías sonorenses donde se encuentra buena parte de las causas para comprender y explicar la manera como se logró inhibir la colonización de territorio yaqui durante la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, más que sólo buscar en la férrea resistencia india. El objetivo es llamar -por ello se insertó el somero recuento de una de una de pugnas políticas más representativas del periodo173- a contemplar las luchas y disputas indígenas como parte de las dinámicas más amplias de las que necesariamente forman parte174, con el objetivo de no perdernos en la especificidad de cada caso y de poder abrir nuestras investigaciones monográficas a panorámicas más generales que nos permitan calibrar de mejor manera los procesos sociohistóricos que buscamos explicar, con el propósito de tener una perspectiva más amplia y certera para dar cuenta de la resistencia indígena175.

CAPÍTULO III. EL ARRIBO DEL REFORMISMO LIBERAL, EL ESTADO FORTALECIDO Y LAS ESTRATEGIAS INDÍGENAS (1854-1887). Después de la intervención norteamericana y sobre todo a mediados de la década de los años cincuenta, el acoso territorial hacia las tierras del Yaqui cobraría un nuevo impulso y pondría en verdadero peligro la permanencia y continuidad de los pueblos yaquis en su 171

Como los valles de Bavispe, Oposura y Ures. Véase Hernández; 1993: 297. Más prioritaria fue por ejemplo la obtención de su mano de obra. Véase Hernández; 1993: 296-298. 173 Y también por ello la relación dicotómica que se establece desde el título de esta investigación. 174 “Al estudiar aisladamente una sociedad indígena, se corre el peligro de provocar distorsiones en el análisis y conclusiones de los procesos.” (Hernández; 1993: 293). 175 Para una perspectiva más amplia y pormenorizada del proceso regional sonorense desde finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX véase Hernández; 1993. 172

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tradicional área de desarrollo. Es en este periodo cuando se sientan las bases políticas que proporcionaron el sustento teórico y legal para poder acometer con mayor eficacia los propósitos de integrar las ricas tierras del Valle del Yaqui a los proyectos de colonización, privatización y agroindustriales que se habían proyectado con anterioridad, pero que debido a diversos factores y vicisitudes histórico-regionales y nacionales habían sido postergados. Es en este momento cuando el conflicto por la tierra empezó a ser el verdadero problema entre el gobierno y los pueblos yaquis. En este capítulo serán precisadas y analizadas leyes, constituciones, planes y proyectos que permitieron una mayor incidencia gubernamental para trasformar la propiedad de la tierra. Ello no quiere decir que diversos grupos indígenas y campesinos, particularmente los yaquis, no lograran encontrar nuevas y diversas estrategias para inhibir y desalentar por más tiempo la colonización de sus territorios. De hecho serán plateados los argumentos y testimonios que me permitan establecer que es justamente al interior de los propios proyectos legislativos donde los sectores corporativos encontraron uno los requisitos necesarios para continuar con las prácticas tradicionales caracterizadas por un usufructo comunitario de la propiedad. Así que no sólo en las coyunturas y estrategias de resistencia deben buscarse las razones de la postergación empírica del plan programático para transformar la propiedad y su concepción utilitaria, sino en la propia hechura, concepción y esfuerzo político por poner en marcha las leyes que buscaban su modificación, no exentos de retrocesos y contradicciones176, y desde luego, en la extendida práctica sociocultural y productiva entre indígenas y campesinos para relacionarse y usufructuar la tierra. A continuación y como primer punto serán desarrollados los planteamientos y las evidencias que nos permitan precisar estas contradicciones, aplazamientos y resquicios legales que posibilitaron una nueva prórroga en la desamortización de la propiedad comunal de las corporaciones civiles. Posteriormente serán precisados los sucesos históricos en los 13 años que van de 1854 a 1867, que comprenden los enfrentamientos políticos y militares acaecidos con motivo de la guerra reformista, sus repercusiones y expresiones en la localidad sonorense, así como el desarrollo de la resistencia yaqui durante este periodo. Enseguida se abordará el periodo de mayor interés de esta 176

Las leyes de colonización realmente atractivas sólo se llevaron a cabo hasta el porfiriato, por lo que este es otro de los factores fundamentales en donde debe buscarse las razones de esta postergación.

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pesquisa, la etapa del fortalecimiento del Estado nación a partir de 1867, así como las nuevas estrategias para someter a los yaquis, el cual contiene el escrutinio del periodo autonómico yaqui y la coyuntura que lo hizo posible (1875-1887), es decir, el ejercicio empírico de la soberanía indígena en la totalidad de su vida social. Se establece asimismo la manera en que fue desarticulado el movimiento yaqui de esta época, así como los inicios del desarrollo porfiriano en el Valle del Yaqui. Y finalmente se presenta un análisis exhaustivo de la resistencia como una totalidad compleja desde la perspectiva de la identidad, en correspondencia con la súbita rearticulación identitaria yaqui de este periodo.

III.I LAS

CONTRADICCIONES LEGALES Y LA REALIDAD COMUNITARIA, OTRO PARÉNTESIS EN LA

TRANSFORMACIÓN DE LA PROPIEDAD.

Si bien después de la Guerra de Reforma y su extensión con la Intervención Francesa la legislación liberal pudo correr sin cortapisas a partir del verano de 1867, desde 1855 dieron inicio las 174 disposiciones reformistas que los liberales decretaron entre 1855 y 1872 (de la Torre; 1984). Buena parte de estas disposiciones legales buscaron la descorporativización de la sociedad, en el afán por hacer de México un país de ciudadanos y de propietarios individuales mediante las leyes desamortizadoras. Desde finales del siglo XVIII y principios del XIX diversas y destacadas voces del liberalismo, e incluso fuera de él, como el propio Lucas Alamán previo al periodo de la Reforma, buscaron la desamortización de las tierras comunales y la integración de las comunidades indígenas mediante la cancelación de su sentido corporativo y de sus formas de usufructuar la tierra y los recursos177. Así, dentro de la política liberal una de las concepciones básicas era la noción de que el progreso de los indígenas debía estar sujeto a la igualdad ciudadana con todas sus implicaciones, como el fin de sus prerrogativas (Fraser; 1972: 621). Para los años inmediatamente anteriores a la Reforma en el debate público estaba mucho más extendida la cuestión referente a la eliminación de la propiedad comunal y la situación de los indios178. Pues eran muchas las voces –periodistas, gobernadores, propietarios, 177

Desde finales del siglo XVIII con Campomanes, Jovellanos y Abad y Queipo, y a principios del XIX con José Ma. Luis Mora y Lorenzo de Zavala y la Constitución de Cádiz se propugnaba por la disolución de la Republica de Indios, así como la división de las tierras comunales. Véase Fraser; 1972. 178

Véase Falcón; 2002: 53-78.

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legisladores- que identificaban parte del atraso y de los problemas de la nación con lo que consideraban las herencias coloniales, como la propiedad comunitaria de la tierra, así como a uno de los principales personajes anclados a ella, los indígenas. Así, diversos estados de la República, durante los primeros cuatro años de la década de 1850 (Michoacán, Guerrero, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Yucatán y Veracruz), empezaron a emitir iniciativas legales para dividir y enajenar tierras comunales y de repartimiento. Sin embargo es de llamar la atención que en todas estas reglamentaciones e incluso en las posteriores, como la Ley Lerdo (1856), una parte central de estas tierras y su configuración tradicional, el ejido, quedaron exentas de dichas divisiones (Molina; 1964). Cabe entonces preguntarnos ¿cuáles eran las verdaderas intenciones de esta legislación? Me refiero a que el peso de las prácticas tradicionales eran de tal magnitud que ¿los políticos y legisladores dejaron estos resquicios ante una realidad abrumadoramente distinta a la de la propiedad privada, y a sabiendas de las serias afectaciones y posibles conflictos sociales que su extensiva aplicación traería? Por lo que ¿dejaron estos intersticios como artilugios legales de fuga para aligerar la presión y evitar conflictos? Es decir y como también se lo plantea Molina Enríquez, la desamortización de las corporaciones civiles se trató únicamente de un recurso para fundamentalmente atacar las propiedades eclesiásticas. O en efecto sus promotores se dieron cuenta de las importantes repercusiones que la aplicación de estas iniciativas implicarían para las comunidades indígenas y campesinas y fueron conscientes a ello, plasmándolo en las leyes pero sin su aplicación (Molina; 1964). Algunos factores como la escasas referencias en el debate constituyente del Congreso de 1856 acerca de las corporaciones civiles (Fraser; 1972: 627), así como el fuerte componente campesino y popular de la Revolución de Ayutla, pero sobre todo la realidad mayoritariamente comunitaria y tradicional en el ejercicio de la propiedad, nos hacen conjeturar que en efecto pudo haber existido una deliberada omisión o cabildeo político en el que los liberales mantuvieron sólo en la ley –pero sin su completa aplicación- el ataque a las corporaciones civiles. Mientras que hacia la Iglesia no hubo concesiones y la implementación en efecto se llevó a cabo. Las afirmaciones de Alan Knight y Donald Fraser (Knight, 1985; Fraser: 1972), entre algunos otros autores (de Vos; 1984), acerca de la tardía aplicación de muchas de estas iniciativas hasta las décadas de 1880 y 1890, sobre todo las dirigidas a la propiedad comunal indígena, señalan la complejidad y repercusiones

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de su ejecución, a pesar de que en cuanto a su promulgación existía un consenso generalizado hacia el interior del liberalismo. En su mayoría179, los liberales estaban erróneamente convencidos que la sola desamortización de bienes corporativos procuraría los recursos necesarios y la productividad que le hacía falta al país, principalmente con los cuantiosos bienes de la Iglesia. Había entre ellos literalmente una fe generalizada en el poder que las leyes tendrían por sí mismas, así que sin realizar un verdadero diagnóstico del problema de la propiedad y de muchos otros creyeron ciegamente que la desamortización y otras medidas, como la inmigración, resolvería buena parte de los problemas del país. O como lo señala Romana Falcón en términos generales pero de manera sintética y categórica, había una “[…] sobreestimación de las riquezas naturales, una subestimación de sus habitantes, una confianza excesiva en la burguesía naciente y un optimismo iluso en la inmigración extranjera y el capital foráneo (Falcón; 2011: 54). El problema fue que ello implicó el intento por terminar con todo un cosmos de vida entre las amplias mayorías de la población indígena y campesina, no solo con la propiedad y el usufructo de los recursos naturales, sino con sus estructuras de organización, de pensamiento, costumbres e identidad. Con la aplicación de todas estas iniciativas legales, como la Ley Juárez de noviembre de 1855, que suprimía los tribunales especiales, así como la Ley Lerdo (25 de junio de 1856), los liberales justificaban la trasformación del régimen de propiedad argumentando que así se conseguiría erradicar uno de los vicios económicos que había contribuido a mantener estacionaria -o en manos muertas- la propiedad. Lo cual obstaculizaba el desarrollo de las industrias que de ella dependían, por lo que era una medida indispensable para el establecimiento de un sistema tributario uniforme, movilizando la propiedad raíz, base de todo sistema de impuestos (Díaz; 1976: 833). Ahora bien, la Ley Lerdo contemplaba la desamortización de las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles y eclesiásticas, afectando directamente a la propiedad estacionaria de la Iglesia, así como a las de las comunidades indígenas y campesinas. Asimismo, consideraba que al desamortizar los bienes indígenas se acabaría con la situación de excepción que los había mantenido aislados y al margen de la sociedad. Sin embargo hay 179

Pues hubo destacadas excepciones como Julio Zarate, Ignacio Ramírez, Francisco Zarco e Ignacio Manuel Altamirano, quienes representaron una opción más realista del liberalismo, así como más informada y consiente del problema de la propiedad, del peligro de guiarse exclusivamente por la aplicación de las leyes y de las afectaciones a los indígenas. Véase Falcón; 2002: 59-73.

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que puntualizar que un análisis más exhaustivo de la Ley Lerdo se presta a interpretaciones contradictorias. Pues si bien en principio es clara en cuanto a sus postulados generales, en los que prohibía a toda corporación civil o religiosa poseer propiedades rusticas y urbanas, al realizar una lectura puntual de sus artículos y al advertir lo tardío de su verdadera aplicación se presta a suspicacias. Como señala Donald Fraser, el breve conocimiento de la estructura de los pueblos o comunidades puede arrojar luz al respecto: […]tal estructura incluía en teoría: un fundo legal- el sitio ocupado por los habitantes y su casa- ; un ejido, para pastoreo, recreación y otros usos públicos; terrenos de repartimiento, que comprendían parcelas individuales tenidas en usufructo por miembros del pueblo; propios tierras que se trabajaban en principio de forma comunal para los gastos del pueblo, pero que en muchos casos estaban arrendadas; y montes y aguas, que eran fuentes para la obtención de leña, frutos silvestres, etc., y se usaban también para la extensión y rotación de milpas (Fraser; 1972: 631).

Mediante la revisión del artículo octavo de la Ley Lerdo es posible hacer una interpretación en la que algunos de estos elementos de la estructura de los pueblos, sobre todo el ejido, quedaban exentos de la enajenación, pues dicho artículo establece: Art. 8. Sólo se exceptúan de la enajenación que queda prevenida los edificios destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución de las corporaciones, aun cuando se arrienden alguna parte no separada de ellos, como los conventos, palacios episcopales y municipales, colegios, hospitales, hospicios, mercados, casas de corrección y de beneficencia. Como parte de cada uno de dichos edificios, podrá comprenderse en esta excepción un casa que esté unida a ellos y la habiten por razón de oficio los que sirvan al objeto de la institución, como las casas de los párrocos y de los capellanes de religiosas. De las propiedades pertenecientes a los ayuntamientos, se exceptúan también los edificios, ejidos y terrenos destinados exclusivamente a que pertenezcan180.

Es claro que las posibilidades que abre el primer párrafo181, así como la excepción literal que se hace de los ejidos en el último pudo servir y sirvió como resquicio legal para que las

180 181

Ley Lerdo, 25 de Junio 1855. Reproducida en Villegas Moreno y Porrúa Venero; 1997: 505. Para un análisis exhaustivo sobre la Ley Lerdo y sus contradicciones véase Fraser; 1972.

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comunidades siguieran manteniendo sus propiedades comunales, así como para que los liberales y los propugnadores de estas medidas dejaran en letra muerta esta situación. Es decir, legislado pero sin su verdadera aplicación, que no se llevaría a cabo sino hasta décadas muy posteriores. Sin embargo y mediante una interpretación estricta del artículo octavo podemos advertir que la ley en efecto buscaba enajenar buena parte de las tierras comunales (propios, montes, aguas y tierras de repartimiento), quedando exentos el ejido y el fundo legal. De este modo se afectó y se puso en peligro a la mayoría de los espacios que constituían el complejo total de la propiedad comunal indígeno-campesina, dejando sin embargo este resquicio del ejido y el fundo legal “[…] una casa que esté unida a ellos […]”, partes medulares de esta estructura, protegidos como una garantía mínima para los pueblos. La propia Constitución de 1857 era ambigua en cuanto sus estipulaciones hacia la propiedad. El artículo 27 se prestaba también a interpretaciones que posibilitaban el mantenimiento de la propiedad comunal. Pues si bien por una parte establece “Ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera que sea su carácter denominación u objeto, tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar por sí bienes raíces” (Constitución Política de la República Mexicana de 1857: 5). Lo cual en principio parece no dejar resquicio para que dichas corporaciones puedan poseer o administrar ninguna especie de propiedad raíz, el artículo continua “[…] con la única excepción de los edificios destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución”. Estas breves líneas finales abrieron posibilidades para reclamar, justificar y mantener la existencia y usufructo de tierras de forma comunitaria o tradicional182, sobre todo en los casos de litigio entre pueblos, o incluso contra actos de deslinde de los ayuntamientos. Alegando paradójicamente esta segunda fracción del artículo 27, reclamando mejor derecho de propiedad o precisamente mediante la solicitud de la anulación del deslinde o división de la propiedad por la prohibición que establece dicho artículo con respecto a la posesión, adquisición y administración de tierras de las corporaciones civiles (Marino; 2011: 192). Otro caso y ejemplo del peso social de las corporaciones y de la dificultad y postergación de la secularización de la propiedad lo ofrece la implementación del juicio de amparo

182

“Otro tema de interés son las garantías violadas aducidas por los pueblos. Hay bastante coincidencia al respecto, ya que los pueblos usualmente citan el art. 14 o el 16 o, paradójicamente, la segunda fracción del art. 27” (Marino; 2011: 192).

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establecido a nivel federal en 1861183. Si bien en principio se trató de una normatividad para evitar agravios exclusivamente a particulares, negado la posibilidad del amparo a las corporaciones civiles (comunidades, pueblos, municipios), en la práctica se constituyó, sobre todo a partir de las modificaciones de la jurisprudencia de la Suprema Corte de 1882, “[…] referida a la posibilidad de que siguiera existiendo propiedad comunal y de que las comunidades se apersonaran en juicio para dirimir litigios sobre tierras” (Marino; 2011: 182), en una vía y canal para que las los pueblos y comunidades reclamaran la posibilidad de conservar sus tierras, como las habían mantenido hasta antes de las solicitudes, deslinde y ocupación por particulares. Asimismo, en las modificaciones al juicio de amparo de 1894 se reconoció transitoriamente personalidad jurídica a los ayuntamientos “[…] para representar a sus pueblos en litigios sobre propiedad” (Marino; 2011: 185). Así que si bien y como lo plantea Daniela Marino el juicio de amparo se estableció y reglamentó para proteger fundamentalmente a los individuos o particulares, el peso de la realidad social y las propias “debilidades de la ley” posibilitaron una vía de reclamo a las corporaciones que no tardaron en utilizarla para realizar sus litigios y así mantener su propiedad corporativa. Así que la legislación reformista y su reglamentación para años tan tardíos como 1894, no fue, o no pudo ser del todo exhaustiva para la supresión definitiva de la propiedad comunal184, dejando una serie de intersticios legales que fueron aprovechados y esgrimidos por los pueblos para el mantenimiento de la posesión tradicional. Otras de las iniciativas gubernamentales para incentivar la propiedad privada y la productividad de la tierra, así como la “[…] civilización del indígena a través de la fusión de las razas” (José Ma. Luis Mora, citado por Fraser; 1972: 624) fueron las diversas leyes de colonización territorial para nacionales y extranjeros. Particularmente importantes fueron las reglamentaciones de los años 1875, 1883 y 1894, que facilitaron enormemente la habilitación y el otorgamiento de grandes extensiones de tierra mediante todo tipo de facilidades: ubicación, fraccionamiento y deslinde, exenciones de impuestos, pago de gastos de viaje y de subsistencia durante el primer año, materiales de construcción, entre

183

Para los pormenores y ejemplos en el caso del juicio de amparo véase Marino; 2001: 182-193. Me refiero a que muchas de estos resquicios legales se dejaron a la consideración y análisis de las autoridades por las posibilidades de la violencia agraria que podría suscitarse al denegar los amparos. Como igualmente lo sostiene Daniela Marino: “[…] algunos estados decretaron medidas para dar cauce legal a esta creciente conflictividad agraria […] Los fines eran evitar la violencia agraria dando un cauce legal a los conflictos […]” (Marino; 2011: 187). 184

100

varias otras (de Vos; 1984: 79). Mediante todas estas medidas se fueron anteponiendo los derechos individuales de la modernidad liberal decimonónica por encima de los antiguos derechos colectivos, que en última instancia constituyó el objetivo primordial de todas estas disposiciones legales y de secularización respecto de indígenas, campesinos e Iglesia. A pesar de que la constitución de 1857 fue religiosamente jurada, esto no impidió que la subsiguiente legislación reformista afectara significativamente las prerrogativas de la Iglesia, en primer término con la separación de la Iglesia y el Estado. Algunas de las estipulaciones que más lastimaron sus bienes y buena parte de sus facultades públicas civiles fueron: la “Ley Lerdo” (1856), que junto con la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos (1859) expropiaron todas las propiedades antiguamente administradas por la Iglesia, tanto del clero secular como del regular, suprimiendo también en uno de sus artículos las órdenes religiosas. Las leyes del matrimonio y registro civil (1859), así como de secularización de cementerios (1859), de hospitales y de establecimientos de beneficencia (1861). Así despojaron a la Iglesia de todas estas antiguas facultades que a partir de entonces pasaron a ser ejercidas exclusivamente por el Estado. Pero lo que nos interesa al respecto es que además de las propiedades territoriales, con estas medidas se arrebató a la iglesia de un importante segmento de su campo y radio de acción sociocultural, y por lo tanto de buen parte de su terreno simbólico. Es decir y como los plantea Annick Lampérière, no sólo se trató de una despojo material, sino de áreas de significación e identidad colectiva en detrimento paulatino de la difusión social y la legitimidad de la institución eclesiástica, que fueron sustituidos por espacios de identificación cívica con el Estado nación (Lampérière; 2003). Es decir, se trata de otro de los periodos centrales y vertiginosos en la construcción cívico identitaria nacionalista, nada menos que del momento en que el Estado nación pudo empezar a apropiarse de la totalidad del terreno público para recrear sus ceremonias y símbolos de pertenencia colectiva, así como para difundir la identidad republicana y la fidelidad al Estado nación a través de todos los recursos culturales fabricados para ello, y sobre todo, mediante la apropiación de este crucial lienzo escenográfico que constituye el espacio público. Ello significó la condición de posibilidad para literalmente reconstruir y sustituir un área antiguamente cooptada por la religiosidad, para erigir el espacio simbólico de la nacionalidad y el republicanismo. El impacto fue de tal magnitud que desataría la Guerra de Reforma (1858-1861), en la que la Iglesia luchó por recuperar todas estas 101

prerrogativas, y que a pesar del triunfo del liberalismo postimperial se extendería hasta pasada la hora revolucionaria de 1910-1921, en lo que conocemos como el conflicto o Guerra Cristera (1926-1929). Si bien el problema también fue económico y político, desde nuestra perspectiva y bajo estos argumentos esta pugna constituye otra muestra en términos socioculturales de la importancia de preservar el terreno simbólico para propagar el control de las imágenes mentales de la identidad y la legitimación.

III.II ESTRATEGIAS DE REPRODUCCIÓN CULTURAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y CAMPESINAS ANTE LAS LEYES DE DESAMORTIZACIÓN. LA RESPUESTA INDÍGENA Y EL PESO DE LA TRADICIÓN. Frente a estos esfuerzos legislativos liberales y modernizadores existió un amplio espectro de respuestas que las comunidades indígenas y campesinas -de las diversas sociedades locales y regionales- elaboraron en defensa de sus tierras. Desde la resistencia y la rebelión hasta la adaptación, apropiamiento, asimilación y reacomodo frente a las exigencias del liberalismo nacional. Así, la propiedad comunal coexistió con formas peculiares de posesión privada de la tierra, pues en muchos casos, por ejemplo, la propiedad pertenecía a la comunidad pero el usufructo era de alguna familia nuclear, como los terrenos de repartimiento. Por esta razón en zonas altamente productivas hubo consenso para disolver las comunidades (Knight; 1985: 80). Las variaciones en las respuestas adaptativas nos hablan también de una variación en el ritmo de su puesta en práctica, así como de afectaciones asimétricas y en distintos grados para las diversas regiones del país. De hecho y de acuerdo con los planteamientos asentados por Andrés Molina Enríquez, las estipulaciones de la Ley Lerdo fueron obstaculizadas sólo en cuanto a las afectaciones hacia las comunidades indígenas, pues según este autor Sebastián Lerdo de Tejada y el propio Benito Juárez comprendieron sus graves repercusiones y recularon en su aplicación hacia ellos, sobre todo cuando existieron amenazas de rebelión, ciñéndolos a repartir su propiedad comunal entre todos los dueños, pero sin imponer la expropiación (Molina; 1964: 73). Así lo constata también la circular emitida por Juárez el 30 de septiembre 1867, que tenían por objeto prevenir el acaparamiento de las tierras comunales indígenas, producto de las adjudicaciones por la declaración de terrenos baldíos (Falcón; 2002: 62). En cuanto al ritmo podemos aseverar que a pesar de que el liberalismo de mediados de siglo fue el que sentó las bases legislativas para llevar a cabo 102

las reformas liberales y las desamortizaciones territoriales, buena parte de su implementación se llevó a cabo hasta los años de lo que Alan Knight denomina como el “liberalismo desarrollista” (Knight; 1985: 61). Es decir, el liberalismo más consolidado e industrioso de los años del porfiriato, el mismo que atacó por ejemplo los reductos campesinos del estado de Morelos, pues si bien la reglamentación reformista puso en marcha y posibilitó la extensión de las plantaciones azucareras en la década de 1850, la situación no se manifestó de inmediato y para muchos campesinos de Morelos el verdadero enemigo era el régimen porfiriano de entre siglos. Así, en muchas regiones los pueblos conservaron sus tierras y la agresión real a la propiedad comunal llegó hasta los decenios de 1880 y 1890, o como sucedió para buena parte del centro de México hacia la década de 1870, en Guerrero hacia principios de siglo XX y en Oaxaca hasta la Revolución (Knight; 1985: 76). Así, las comunidades indígeno-campesinas y sus formas de propiedad no desaparecieron durante el México de la segunda mitad del siglo XIX, sino que en muchos casos permanecieron o se readecuaron a los nuevos tiempos nacionales. “[…] la sociedad india tuvo gran imaginación para sobrevivir, adaptarse, negociar y hasta apropiarse de las instituciones creadas por Estado liberal, para utilizarlas en su favor o crear una cultura de resistencia clandestina” (Reina; 2009: 1509). El municipio y su parcial apropiación fue una de estas respuestas de adaptación que muchas sociedades y pueblos indígenas utilizaron para responder a todo este creacionismo institucional que buscaban formar al individuo y ciudadano moderno. Una fórmula mediante la cual, a la vez que participaban en las obligaciones extracomunitarias individuales como nuevos ciudadanos (pagar impuestos, contribuir con la leva, asistir a la escuela pública y laica), les permitió asimismo reelaborar y mantener la organización comunitaria mediante diversas estrategias hacia el interior de sus comunidades (Reina; 2009: 1516). El sistema de cargos pueblerino es una de las mejores expresiones del reapropiamento y autogestión interna de las poblaciones indígenas y campesinas. Como plantea Edgar Mendoza para su caso de estudio “[…] el municipio se convirtió en un escudo donde se resguardaron el territorio, la identidad pueblerina y los interese comunitarios” (Mendoza; 2007: 168). Otro de los ejemplos de adaptación fue adecuarse a las nuevas formas de propiedad mediante la continuación de un usufructo colectivo de la tierra, a pesar de la división legal y la desamortización, o mediante la figura conocida como condueñazgo, implementada sobre todo en 103

comunidades del sur del país (Reina; 2009: 1513). Asimismo y como señala Daniela Traffano, otra de las estrategias que de manera difusa, pero no por ello menos efectiva, permitió a las comunidades y pueblos adaptarse a las nuevas condiciones e integrarse como ciudadanos fue la reapropiación de la educación impartida por el Estado, pues integrándola de manera reinterpretativa se convirtió en una forma de resistir y en algunos casos para mantener sus prácticas colectivas. Daniela Traffano plantea un ejemplo ilustrativo para el caso de Oaxaca, en donde al instaurarse la educación gratuita, laica y obligatoria, por decreto de 1861, los indígenas terminaron por apropiarse del sistema escolar público. Los pueblos, mediante los ayuntamientos, vieron en la educación escolarizada una forma de conocimiento del sistema nacional y lo utilizaron como medio de aprendizaje para responder y defenderse del mismo, se trató de una canal o medio para interiorizar el modelo de ciudadano moderno y poder manifestar una respuesta exitosa (Traffano; 2007). Es preciso señalar que así como hubo este tipo de negociaciones empíricas, también existieron las rebeliones abiertas que después de agotar los recursos legales y políticos a su alcance185 se declararon en franca rebelión hacia el gobierno. Sin embargo hubo regiones en las que a diferencia de las revueltas que renegaron de la legislación liberal en defensa de los derechos corporativos, los alzados pidieron la división de las tierras “[…] según principios ‘liberales’”, como sucedió en La Barca, Jalisco en 1856 y en algunas de las reivindicaciones del movimiento de la Sierra Gorda (1877-1881), que pugnaban por la propiedad privada que debían recibir los rebeldes (Knight; 1985: 79). Otra interpretación de las políticas desamortizadoras fue la de algunos líderes liberales que buscaron concretar la propiedad individual, pero a costa de la propiedad privada de los grandes terratenientes y hacendados. Sin embargo allí donde las prácticas comunitarias eran más fuertes y estaban más extendidas, la fractura de las corporaciones generada por la nueva legislación provocaron otras formas de resistencia, en muchos casos fueron decididas rebeliones contra los gobiernos locales y federal que adquirieron rasgos conservadores y/o antiliberales. Como algunos de los levantamientos de la región central y del norte de México, dirigidas por caudillos como Manuel Lozada “el tigre de Álica” 185

“Historiográficamente, cada día tenemos más elementos para afirmar que la población conocía las leyes como el hecho de recurrir a la rebelión armadas hasta después de agotar las instancias y trámites legales, que realizaban por medio de abogados que ellos mismos pagaban para defender sus tierras de los efectos de las leyes desamortizadoras.” (Reina; 2009: 1512).

104

(1857-1873). En este tipo de insurrecciones se inscribe el caso de nuestro interés, los levantamientos y rebeliones yaquis, que por ejemplo en este periodo tomaron partido por el bando conservador e imperialista por el ataque a su territorio y por las garantías territoriales que en cambio les ofrecía el Segundo Imperio. Pero lo importante a señalar ahora es que “La legislación agraria y la política indigenista que los diferentes gobiernos nacionales instrumentaron durante el siglo XIX fueron una sola, pero el impacto y la respuestas de las sociedad regionales y locales fueron muy diversas.” (Reina; 2009: 1511).

III.III LA RESISTENCIA YAQUI. ALIANZAS POLÍTICO-MILITARES DE ENTRE LA PUGNA LIBERAL-CONSERVADOR (1854-1868). A diferencia de otro tipo de respuestas indigeno-campesinas ante los cambios propuestos, la regla entre las comunidades indígenas yaquis fue la abierta rebelión. Si bien hubo algunos periodos de paz a lo largo de la centuria decimonónica, a partir de la década de los años cincuenta el recrudecimiento de los enfrentamientos iría en aumento. En esta etapa los yaquis se vieron involucrados en las luchas de facciones entre liberales y conservadores, así como en los diversos alzamientos indígenas de la región. Fue hasta entonces cuando se fue cerrando el cerco sobre su área tradicional de desarrollo y cuando la posibilidad de ocupar sus tierras se convirtió en un objetivo prioritario para algunos grupos políticos y económicos. De acuerdo con las investigaciones de Zulema Trejo existieron una serie de medidas

y

leyes

especiales

para

los

grupos

indígenas

de

Sonora186,

que

fundamentalmente acometieron las capacidades político-administrativas de los yaquis y otros grupos. A excepción de la ley de 1847, emitida por su aliado Manuel Gándara, en la que se les restituyó parte de sus antiguas facultades, como las milicias indígenas, en clara retribución al apoyo militar que siempre recibió de los yaquis. Sin embargo fue hasta la ley del 7 de mayo 1853 cuando se realizó un verdadero intento por convertir a los ocho pueblos en ayuntamientos187. En esta reglamentación se estableció la estructura de gobierno civil y militar en la región, se crearon los cargos de juez de paz y sub-prefecto, se conservaron los cargos tradicionales de alcalde mayor y capitán general, pero sujetos a 186

La Ley particular para el gobierno de los pueblos indígenas de 1828, la Ley para los pueblos indígenas de Sonora de 1847 y la Ley para el gobierno de los pueblos yaquis 1853. (Trejo; 2013: 114). 187 Especialmente elaborada para los yaquis.

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procesos de elección establecidos por el gobierno local y con una mayor delimitación de sus funciones. En lo tocante exclusivamente a lo militar se redujo el número de efectivos de las milicias pueblerinas y se buscó el finiquito de la existencia de capitanes y tenientes generales. En principio y como señala Trejo “La ley de 1853 puede interpretarse como una pieza legislativa de transición, encaminada a convertir a los ocho pueblos tradicionales en ayuntamientos […]” (Trejo; 2013: 22). Sin embargo también se puede constatar una negociación y superposición entre autoridades estatales e indígenas, que permitió la continuación y existencia de la estructura administrativa, política y militar tradicional entre los yaquis, imbricada con las autoridades liberales. Esta expresión legislativa nos permite advertir dos elementos de importancia para comprender algunos de los márgenes de acción en que pudo moverse la resistencia indígena. Por un lado su destacada capacidad de negociación, posibilitada por su posición de fuerza regional como el grupo étnico más numeroso y combativo, manifiesta desde sus primeros contactos con los agentes externos188, y en este caso por la coyuntura de la alianza con Gándara. Y segundo, que la modernidad y su implantación legislativa estuvieron lejos de ser exhaustivas y congruentes, pues así como hemos visto para los casos de la Ley Lerdo y la Constitución de 1857, esta reglamentación de 1853 seguía manteniendo la posibilidad de un ejercicio tradicional de los yaquis. Es decir, fueron leyes “especiales” para los indios, mucho más parecidas a una legislación jurídica de Antiguo Régimen que a un sentido verdaderamente moderno. Las primeras dos de estas leyes se explican por su temporalidad, sobre todo la de 1828, así como por la limitada posición de fuerza política del Estado hacia los indígenas y otras corporaciones en dicha época. Pero la de 1853, en la antesala del reformismo, resulta un tanto más problemática vista sobre todo desde la lógica de ciudadanización del Estado nación, progresivamente más difundida para estos años entre las clases políticas, y que sin embargo igualmente estableció distinciones de acuerdo a la calidad de los sujetos. Diversas razones se podrían conjeturar para explicar la excepcionalidad de esta ley hacia los yaquis, desde sus alianzas político-militares con políticos regionales, su consabida beligerancia e influencia en la región, así como las posibles implicaciones de su aplicación; pero sobre todo y en términos más amplios el factor decisivo era el peso que efectivamente seguían teniendo el sin número de pueblos y sociedades completamente atravesados por un sentido y prácticas corporativas a lo 188

Como lo hicieron con los jesuitas y su introducción pactada (1617), después de los fracasos militares.

106

largo y ancho del territorio nacional, a las que poco importaban las leyes que un grupúsculo de legisladores, políticos y propietarios buscasen implementar. Sin embargo y lo cierto es que las contradicciones legislativas de la modernización, como hemos ejemplificado, fueron una realidad abrumadora que sólo empezó a suprimirse, sin continuar exenta de retrocesos, hasta bien entrado el porfiriato. Por lo que si bien las bases del Estado moderno se asentaron al mediar el siglo con la legislación reformista y sus arquitectos, la realidad que implicaba un amplio y extendido ejercicio tradicional se impondrían sobre todos estos intentos y se manifestaría incluso al interior del aparto legislativo que pretendían modificarla. La Revolución de Ayutla en 1854 propició el arribo de una nueva generación de liberales con renovados esfuerzos por llevar a cabo las trasformaciones para inaugurar el México moderno. Pero asimismo, 1854 significó el principio del proceso y pugna definitiva entre liberales y conservadores que culminaría hasta el fusilamiento de Maximiliano en el verano de 1867, gracias el triunfo decisivo del proyecto reformista. La entidad de Sonora no fue la excepción y replicó intensamente el duelo que se vivía a nivel nacional. Los enfrentamientos se agudizaron a partir de la promulgación de las primeras Leyes de Reforma en 1855189, particularmente con la Ley Lerdo de 1856190 y con su ratificación en la Constitución de 1857. Todo este plan programático y sus estipulaciones191 provocaron la Guerra de Reforma (1858-1861). En Sonora, los esfuerzos de liberalismo y los intentos más importantes por colonizar el territorio yaqui estuvieron protagonizados por el gobernador y general Ignacio Pesqueira, quien estaba decidido a lleva a cabo sus propósitos y emprendió una serie de medidas socioeconómicas, políticas y militares tanto para ocupar el territorio indígena y consumar la privatización de la tierra, como para suprimir la estructura de gobierno de los ocho pueblos yaquis192. Sin embargo Manuel Ma. Gándara continuaba en la escena política regional y seguiría siendo un aliado importante para los yaquis y otros grupos indígenas, así como un catalizador de las pugnas locales. En 1854 empezaron las querellas y reclamos de los yaquis por la toma de

189

La Ley Juárez suprimía los tribunales especiales. Ley de desamortización de bienes de las corporaciones civiles y eclesiásticas. 191 Que lesionaban los intereses y propiedades de las corporaciones civiles y eclesiásticas, tenían como propósito inmediato la obtención de recursos para el gobierno mediante la venta de los bienes corporativos. 192 “[…] su gobierno sustituyó a los ocho gobernadores tradicionales, por un juez de paz mexicano […] intentó suprimir la organización militar yaqui eliminando el cargo de capitán militar y otros rangos militares […] instaló dentro del territorio yaqui un contingente de guardias nacionales estatales.” (Hu-DeHart; 2004: 150). 190

107

posesión de tierras por parte de un particular y oligarca de Sonora, Fernando C. Iñigo, en la zona yaqui de Aguacaliente. Pero mediante su capitán general, Mateo Marquín, los yaquis empezaron a organizarse militarmente para la rebelión, sin embargo primero habían recurrido al reclamo legal y este surtió efecto, pues Gándara se encontraba como gobernador del estado y suspendió la adquisición de Iñigo (Hernández; 1996: 104). Esta tentativa de ocupación, junto con las subsiguientes, conformarían los primeros intentos significativos por colonizar el territorio del Valle del Yaqui. La contención de lo que Cecile Gouy-Gilbert denomina una “lógica histórica” sería a partir de entonces cada vez más difícil en el territorio indígena (Gouy-Gilbert; 1985: 55). El potencial económico y estratégico de Sonora no sólo fue motivo de disputa entre las oligarquías locales y nacionales, sino que también provocó las ambiciones de potencias extranjeras. Por lo que a los diversos disturbios generados por los renovados esfuerzos de particulares y políticos por ocupar mayores extensiones de tierra entre los indígenas de la región, con sus correspondientes reclamos y levamientos, se sumó el primer intento expedicionario extranjero por invadir el estado de Sonora. Dicha invasión fue encabezada por el francés Raoul Gaston Raousset de Boulbon, presumiblemente agente secreto de Napoleón III, cuyo presunto propósito era establecer una base imperial en América (Gouy-Gilbert; 1985: 61). Sin embargo la expedición fracasó, no encontró a poyo en ningún grupo o facción sonorense y el filibustero fue fusilado en 1854. Para 1856, en el contexto y bajo el auspicio de la Ley Lerdo, la familia Iñigo obtuvo las concesiones de terreno que habían solicitado, además la balanza política regional se inclinó en favor de Ignacio Pesqueira y fue electo gobernador en 1857. A partir de entonces, con la nueva Constitución Federal y la propia para el estado de Sonora, se abrieron las hostilidades militares del gobierno local hacia los yaquis y otros grupos indígenas de Sonora. Yaquis, mayos y ópatas se insurreccionaron y con el apoyo de su antiguo aliado, Manuel Gándara, enfrenaron la decidida campaña militar del gobernador Pesqueria (Gouy-Gilbert; 1985: 62). Al caos generado por la pugna liberal-conservador y las sublevaciones indígenas se sumó el segundo intento filibustero con el propósito de escindir a Sonora del territorio nacional. Este se llevó a cabo en 1857 por el norteamericano Henrry A. Crabb, quien sin embargo no encontró apoyo regional, su expedición se vino abajo y él sus hombres fueron pasados por las armas (Gouy-Gibert; 1985: 61). Los yaquis aprovecharon la inestabilidad político-militar y atacaron el puerto de Guaymas hacia finales de 1857. 108

Los dos años siguientes estuvieron marcados por los enfrentamientos de la Guerra de Reforma en la entidad de Sonora, Pesqueira logró algunas victorias y recuperar paulatinamente algunas de las plazas ocupadas por los conservadores, pero el movimiento de Gándara había logrado atraer y desatar diversas rebeliones indígenas que apoyaron el movimiento conservador, sobre todo entre ópatas y yaquis, pues les garantizaba el mantenimiento de su desarrollo comunitario y desalentaba los propósitos de ocupación de su territorio. Durante el resto de la Guerra de Reforma los yaquis se vieron implicados en los diversos enfrentamientos entre ambos proyectos. Sin embargo ello no impidió que Pesqueria continuara elaborando planes para ocupar el territorio yaqui, así como para apagar y reprimir a los indígenas sublevados. Así que en 1858 se creó la Junta de Colonización de los Ríos Yaqui y Mayo, con el propósito de establecer pobladores hispanoamericanos de California en la zona. El proyecto fue apoyado con la instauración de la Prefectura del Yaqui, con la intención de garantizar la seguridad de los colonos y permanecer al tanto de los movimientos indígenas (Velasco; 1988: 22). La vigilancia y cumplimiento de estos proyectos se constata en diversos documentos del AHGES193, uno de ellos verifica la contratación de un capitán de infantería “[…] parar apoyar la campaña contra los sublevados del río yaqui”194, el cual está firmado por el general Jesús García Morales, directamente a las órdenes del gobernador Ignacio Pesqueira. Para 1859 se había autorizado la creación de una colonia agrícola en territorio yaqui, así como las primeras labores de irrigación para sustentarla. Dichos trabajos incrementaron aún más el valor de las tierras en los márgenes del río y se empezaron a ofrecer mayores facilidades para la colonización de las fértiles tierras, como la exención de impuestos, así como el nombramiento de sus propias autoridades una vez tuviesen la población necesaria para constituirse en municipio (Gouy-Gilbert; 1985: 64). Producto de estos esfuerzos se creó la colonia agrícola Pesqueria, cercana a Navojoa, en territorio Mayo. Estos intentos de colonización encontraron como respuesta un nuevo alzamiento armado de ópatas y yaquis hacia finales de 1859, que se distendió hasta 1861 bajo el liderazgo de los jefes ópatas Juan y Refugio Tánori195. En los años subsiguientes, sobre 193

Archivo Histórico del Gobierno del Estado de Sonora. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 19, expediente 10, foja. 014298. 195 El movimiento de los Tánori y su acoso militar está registrado de manera exhaustiva en la documentación oficial del estado. Véase AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 19. exp 10, fojas 014300-014305. 194

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todo a partir de 1862196, ahora en el contexto de la Intervención Francesa, el conflicto indígena se extendió hasta 1866. Los indios abanderaron la causa del Segundo Imperio debido a la política indigenista del príncipe austriaco, quien creó la Juna Protectora de las Clases Menesterosas y expidió la Ley sobre Terrenos de Comunidad y Repartimiento (26 de junio de 1866), logrando atraerse a los indígenas gracias a las garantías sobre la adjudicación y restitución de sus propiedades corporativas en plena propiedad 197. En esta ocasión el movimiento indígena monarquista fue liderado por Gándara y por el jefe ópata Refugio Tánori198, al que se afiliaron los indios mayos, pimas y buena parte de los yaquis. Para 1865 el estado de Sonora abrazo casi de manera unánime la causa del Segundo Imperio199, se desconoció al gobierno de Pesqueira y “[…] el gobierno republicano dejo prácticamente de existir en territorio sonorense […]” (Trejo; 2008: 1028). El conjunto de estas acciones consiguieron suspender el plan general de colonización en territorio yaqui. Sin embargo el proyecto monárquico y conservador fue derrotado con la salida de los ejércitos franceses del territorio de Sonora y del país en 1866, así como con el posterior aniquilamiento de Maximiliano en 1867. El resultado para los yaquis fue la consolidación del poder de Pesqueria y el inicio de sucesivas campañas militares al interior de su territorio con una virulencia inédita, producto del amplio apoyo indígena al proyecto imperial, pero sobre todo a la consolidación política y militar que el triunfo definitivo sobre el conservadurismo había legado al Estado nación y a su expresión liberal sonorense. Finalmente, todos estos sucesos revelan la manera en que los yaquis decidieron enfrentar el esfuerzo político, legislativo, militar y socioeconómico por ocupar y colonizar su espacio territorial. La respuesta estuvo en las alianzas con los diversos grupos regionales, desde la asociación y seguimiento de otros líderes indígenas, como en el caso de los hermanos ópatas Tanori, la participación indistinta con liberales y conservadores, 196

“El 22 de mayo de 1862, Ignacio Pesqueira mandó al Congreso una carta en la cual informó de la batalla de Acultzingo; ese mismo día la Legislatura le otorgó facultades extraordinarias para que decretara un préstamo forzoso, “[…] dos día después los diputados prepararon el borrador de una proclama para informar al pueblo sonorense de la Guerra contra Francia.” (Trejo; 2008: 1026) 197 “Artículo 1. El emperador cede en plena propiedad los terrenos de comunidad y de repartimiento a los naturales y vecinos de los pueblos a que pertenecen. Artículo 2. Los terrenos de repartimiento se adjudicarán en absoluta propiedad a sus actuales poseedores, sin perjuicio del derecho anterior de propiedad adquirido por otro.” (Ley sobre terrenos de comunidad y repartimiento; 26 de Junio 1866; extraído de Villegas Moreno y Porrúa Venero; 1997: 1020). 198 “La infantería estuvo formada por los batallones Tánori, Gándara, Ures y Arvayo […] el primero estaba comandado por el general ópata Refugio Tánori […]” (Trejo; 2008: 1037). 199 “A fines de agosto de 1865 el proceso de adhesión de Sonora al Imperio estaba concluido […] su punto culminante fue la firma del acta de adhesión al Imperio, llevada a cabo den Opodepe el 6 de julio de 1865.” (Trejo; 2008: 1028).

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hasta el abanderamiento del proyecto monárquico de los conservadores mexicanos200. Si bien en este periodo se había establecido el marco legal para acometer el plan de deslinde, ocupación, privatización y venta de las propiedades de las corporaciones civiles y eclesiásticas, su aplicación extensiva estuvo lejos de llevarse a la práctica. En el caso de Sonora y de los yaquis los disturbios nacionales y regionales, las alianzas y los alzamientos, los reclamos y la resistencia fueron algunas de las estrategias y coyunturas que desalentaron el ambicioso plan que buscaba la transformación en el usufructo de la propiedad y el despojo de sus antiguos y tradicionales poseedores.

III.IV LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO NACIÓN, SU EXPRESIÓN EN SONORA Y LA RESPUESTA 1887).

YAQUI (1867-

A partir de 1867 la articulación del plan de represión militar y ocupación territorial en el área yaqui se intensificó sensiblemente. La restauración de la República, si bien no significó el fin de los conflictos armados y levantamientos indígenas, si trasformó definitivamente la situación del Estado nación. La supresión definitiva del proyecto conservador permitió una consolidación del Estado que se manifestó en diversas áreas, lo cual le permitió hacer extensiva una hegemonía ideológica, política, militar, legislativa, económica y sociocultural que había sido obstaculizada por la permanente lucha entre los proyectos antagónicos que se disputaron la dirección de los destinos nacionales. Las oligarquías liberales locales se reposicionaron al frente de los destinos económico y político del estado de Sonora, y orientaron sus esfuerzos en hacer realidad los planes de colonización y agroindustriales que incluían a los yaquis y a sus recursos. Como garantes de su ejecución contaron con la recientemente creada estructura político-legislativa, así como con el monopolio de la represión militar. Asimismo y de inmediato se tomaron represalias sobre aquellos grupos indígenas que habían socorrido el proyecto monárquico, así que junto con la represión a los mayos y a sus líderes, se abrió una decidida campaña militar al interior del territorio yaqui, por lo que para el verano de 1867 se encontraban 200

Además de contribuir a propagar la inestabilidad político-militar, las diversas participaciones de los indígenas yaquis en uno u otro bando se debieron también a situaciones coyunturales individualizadas, como la paga que les era ofrecida por entrar a los ejércitos, pues eran afanosamente buscados por los partidos en pugna debido a sus cualidades guerreras. Véase Gouy-Gilbert; 1985: 65.

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nuevamente sublevados. Pero ahora el contexto era muy distinto, las rebeliones y la resistencia yaqui tendrían que adecuarse a las nuevas circunstancias y a la posición de fuerza que había adquirido la federación, a su expresión local en el gobierno sonorense y a las oligarquías regionales y su plan de crecimiento económico que contemplaba a los yaquis y a su área de desarrollo. “Después del triunfo republicano en 1867 […] los yaquis se enfrentaron a un grupo social sumamente fortalecido, tanto en la entidad como en panorama nacional.” (Hernández; 1996; 110). Además los otros grupos indígenas de la localidad estaban siendo paulatina pero resueltamente integrados a la economía regional, debido a la constante expansión de los programas de colonización, económicos y comerciales en sus propias zonas de desarrollo. Por lo que las alianzas con mayos201, ópatas, pimas y otros grupos se tornaban cada vez más complicadas202. Asimismo, el antiguo aliado de los yaquis, los diversos grupos de conservadores, habían sido liquidados. El panorama para los yaquis y el mantenimiento de su plan de desarrollo autonómico era el enfrentamiento a un proyecto antagónico cada vez más homogéneo y, en principio, sin las antiguas coyunturas de desestabilización que les habían permitido resistir exitosamente los diversos esfuerzos por desintegrar su desarrollo sociocultural203. Las primeras cesiones de terrenos privados al interior de la región yaqui se otorgaron en 1868. Un particular, Ignacio Gómez del campo, solicitó y obtuvo 25 emplazamientos para ganado en las inmediaciones de los ríos Yaqui y Mayo, amparado en la ley sobre terrenos baldíos (Gouy-Gilbert; 1985: 66). La reacción yaqui no se hizo esperar, pues de inmediato atacaron a las autoridades y destacamentos del gobierno, en Bacum mataron al comandante militar responsable de concretar las cesiones territoriales y se trasladaron a la región del Mayo para liquidar a la guarnición de Santa Cruz (Hernández; 1996: 105). Ante estos acontecimientos el gobierno suspendió los trabajos de mensura y deslinde de las cesiones territoriales para Gómez del Campo, por recomendación de la Secretaría de Guerra: 201

Aunque las alianzas con los mayos continuarían siendo importantes en años posteriores, sobre todo en el periodo 1875-1882. Para testimonios documentales de primera mano al respecto y para dicho periodo véase AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 19, expediente 11, fojas 014338-014344. 202 Los mayos estaban divididos entre quienes apoyaban los planes de colonización en su territorio y grupos rebeldes. “Después se trasladaron a la región del Mayo y pasaron a cuchillo a la guarnición de Santa Cruz, asesinando al jefe Mayo Matías, junto con otros 14 indígenas, por apoyar la medida colonizadora y estar del lado de las fuerzas gubernamentales” (Hernández, 1996: 105-106; énfasis mío). 203 “Restaurada la república federal […] Los yaquis, solos, se enfrentaban a un estado nacional fortalecido, a un ejército victorioso y experimentado, y a unas oligarquías regionales revitalizadas, promotoras de un proyecto nacional que pugnaba por extinguir el régimen de comunidad de los pueblos indígenas”. (Hernández; 1996: 105).

112

La Secretaría de Guerra en orden del 31 de diciembre de 1867, y con motivo de la sublevación que estallo en esa época ente las tribus Yaqui y Mayo […] recomendó al Gobierno […] que mientras no se restableciera la tranquilidad pública, se suspendiera la mensura y deslinde de unos terrenos ubicados en la demarcación ocupada por dichas tribus, y los cuales fueron adjudicados con anterioridad al C. Ignacio Gómez del Campo204.

Por su parte Ignacio Pesqueria emprendió una nueva y poderosa campañas sobre los yaquis, estableció su cuartel general en Guaymas y dispuso de alrededor de 500 hombres a las órdenes del coronel Próspero Salazar Busamnte con cuatro cañones, además de otros 400 elementos al mando del prefecto de Álamos, José C. Prado. La táctica fue el envío constate de fuerzas expedicionarias sobre el territorio yaqui, que fueron derrotando a las numerosas partidas indígenas en varios puntos de la región, como en San José el 8 enero de 1868 y el 10 en Bácum (del Paso; 1982: 92). En los primeros días de febrero, en las inmediaciones del pueblo de Cócorit, Bustamente logró someter a una de las secciones más importantes de los rebeldes, tomando cautivos y haciéndoles numerosas bajas. La campaña se tornó tan violenta que alrededor de 600 yaquis acudieron para negociar el cese al fuego (del Paso; 1982: 92). Sin embargo fueron tomados prisioneros por Salazar Bustamante y trasladados al pueblo de Bácum, en donde los yaquis habían eliminado al comandante militar del gobierno. Más allá de las vicisitudes de los enfrentamientos entre los yaquis y las fuerzas del ejército a partir de 1867, profusamente pormenorizados en las diversas crónicas militares de la historiografía oficial (del Paso, 1982; Hernández, 1901; Balbas, 1993; Corral, 1959), y referidos por la historiografía contemporánea (Gouy-Gilbert, 1985; Hernández, 1996; Velasco, 1988; Olavarría, 2003), a continuación se precisa el acontecimiento que condensa el carácter que a partir del México postimperial tomaría la lucha por reprimir a los yaquis. Tres días después se presentaron 600 indios en el pueblo mencionado, solicitando la paz, y el coronel Salazar, por sospechar que venían de mala fe, los tomó presos y les exigió la entrega de 300 armas de fuego, de las cuales sólo pudieron dar 48. Aquel jefe, puso entonces en libertad un número proporcionado a la cantidad de armas de que habían hecho entrega, y con 450 prisionero marcho el 18 al pueblo de Bácum, en cuya iglesia los encerró, 204

Oficio de la Secretaría de Fomento al gobernador del estado de Sonora, para saber si ya era posible continuar con los trabajos de deslinde a solicitud del denunciante, 23 de junio de 1880. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 19, expediente 12, foja 014392.

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separando 10 cabecillas, con orden de que fueran fusilados al menor movimiento que los demás hicieran para fugarse, cuya orden se ejecutó a las 9 y media de la noche, porque según se dijo, los indios se habían echado sobre la guardia. Si pretendieron, o no fugarse, los indos encerrados en la iglesia, sólo lo supo el coronel Bustamante; lo cierto es que en aquella hora se rompió sobre ellos el fuego, produciendo una confusión indescriptible. La artillería se colocó en la puerta del edificio e hizo varios disparos con metralla sobre aquella multitud indefensa; el templo se incendió y perecieron más de 70 indios, logrando escapar el resto en medio de la confusión y el desorden. (del Paso, 1982: 92-93; énfasis mío).

Esta represalia evidenció lo que estaba dispuesto a hacer el Estado nación para llevar a cabo sus propósitos. La matanza en el pueblo de Bácum fue una muestra inequívoca de la tesitura que tomaría el enfrentamiento a partir del México restaurado 205. El renovado acoso militar se acompañó de las interpretaciones y reformas legislativas del gobernador liberal Pesqueira. Sobre todo de la Constitución estatal de 1861, quien mediante su modificación en 1872 y la puesta en vigencia del artículos 36 buscó incidir directamente en la estructura política yaqui206. El objetivo era erradicar las autoridades más importantes de su sistema de mando, como los gobernadores tradicionales y la capitanía general, con el propósito de eliminar su independencia y capacidad de autogobierno. Mediante dicho artículo, Pesqueira suprimió la ciudadanía a mayos y yaquis con la finalidad de crear una situación de excepción y no tener trabas legales para poder atribuirse facultades extraordinarias y abrir una campaña militar capaz de disponer de todos los recursos a su alcance, para llevar a cabo la “pacificación” sobre una población exenta de derechos ciudadanos. Así que con respaldo legal correspondiente, pero principalmente por medio de las armas, a sangre y fuego, fue la manera en que el gobierno logró mantener controlado el territorio de los ocho pueblos y reiniciar sus planes de colonización durante un lustro (1868-1873). Sin embargo y posteriormente nuevas pugnas entre las oligarquías locales permitieron a los yaquis configurar mecanismos de resistencia en función de estas guerras 205

Si consideramos además que la crónica de del Paso y Troncoso fue realizada a petición de la Secretaría de Guerra y Marina, que hay otros testimonios que establecen cifras distintas para el número de muertos, y que el propio Troncoso asienta que los yaquis recluidos fueron alrededor de 450, es difícil sostener que en efecto hayan muerto poco más de 70 205 indígenas. El propio Ramón Corral , Eduardo W. Villa y María Eugenia Olavarría asientan una cifra más realista, la muerte de por lo menos 120 yaquis. Véase Corral, 1900: 53; Olavarría, 2003; Villa, 1937. 206 “Art. 36 […] En consecuencia, las tribus errantes y las de los ríos Yaqui y Mayo, no gozarán de los derechos de ciudadanos sonorenses, entre tanto conserven la organización anómala que hoy tienen en sus rancherías o pueblos; pero los individuos de los mismas tribus que residan en los poblaciones organizadas del Estado, tendrán expedito el ejercicio de dicha ciudadanía”. Véase Hernández; 1996: 110, 113.

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intestinas207, y volver a la gestión independiente por medio de sus mecanismos socioproductivos, culturales, políticos e identitarios. En 1873 fue promulgada una nueva Constitución estatal, que a pesar de haber suprimido las estipulaciones del artículo 36, fue elaborada con miras a perpetuar a la oligarquía política y económica de los grupos afines al proyecto del general Pesqueira. En las elecciones del mismo año para el cambio de los poderes locales ratificaron la permanencia del grupo Pesqueira al frente de a la gubernatura y de los destinos políticos y económicos del estado. Ante este panorama, otras élites regionales pugnaron por establecer nuevos grupos políticos que auspiciaran sus ambiciones de desarrollo, así que se levantaron en armas para la sustitución y eliminación política de la dinastía y elite Pesqueira. El primer movimiento fue esgrimido por quien años después sería uno de los mayores oligarcas y terratenientes de Sonora, Carlos Conant. El alzamiento pugnaba por la vuelta al régimen constitucional de 1872 (Corral, 1959: 153; Hernández, 1996: 112). Las hostilidades iniciaron con la toma de la ciudad de Álamos por el grupúsculo de Conant, pero su levantamiento fue sofocado rápidamente, pues “[…] no fue obra de la oposición, sino la de una sólo individuó que no se cuidó de organizar y amalgamar los elementos dispersos para ponerlos al servicio de un pensamiento que simpatizaba con la opinión pública” (Corral; 1900: 89-90). Así que las fuerzas de Pesqueira dirigidas por el coronel Salazar Bustamante, con la colaboración del cuerpo de caballería del posterior líder yaqui, José Ma. Leyva Cajeme, en aquellos momentos parte de los ejércitos estatales, lograron eliminar el movimiento de Conant. Inmediatamente después de esta rebelión inició una revolución de mayores proporciones en el estado de Sonora208. Ésta estuvo encabezada por Francisco Serna y diversos líderes locales, entre quienes estuvieron aquellos políticos y oligarcas que posteriormente conformarían la élite regional más poderosa durante el resto del porfiriato en Sonora, quienes se alternaron en la gubernatura estatal y quienes reprimieron con singular violencia a los yaquis: Luis Emeterio Torres, Ramón Corral y Rafael Izabal, el triunvirato sonorense209. El conflicto fue de tal magnitud que no sólo se tuvo que abandonar la campaña militar contra los yaquis, sino que se distendió y tuvieron que intervenir las

207

Como el levantamiento de Carlos Conant (1873) y sobre todo con la rebelión encabezada por Francisco Serna (1875), ambos en contra del grupo y dinastía de los Pesqueira. 208 Eduardo W. Villa desarrolla en su Compendio de Historia de Sonora la revolución sernita. Véase Villa; 1937: 369-378. 209 “R. Izabal: uno de los miembros del triunvirato formado por él mimo, L.E. Torres y R. Corral, quienes se sucedieron en el gobierno de Sonora durante todo el porfiriato”. (Gouy-Gilbert; 1985: 84). Véase también Ermano; 2008: 98.

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fuerzas federales enviadas por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, investido a su vez de facultades extraordinarias por el movimiento tuxtepecano encabezado por Porfirio Díaz (1876). Esta revolución fue la que posibilitó el arribo de la nueva oligarquía porfiriana para dirigir los destinos de Sonora. Como se ha sugerido, quien a partir de 1875 se convirtió en el líder más importante de los yaquis, José Ma. Leyva Cajeme, había participado activamente en los ejércitos liberales de Ignacio Pesqueira durante la lucha contra las fuerzas expedicionarias francesas en Sonora en los años de 1865-1867. Ello le valió su nombramiento como capitán de caballería. Sin embargo su primera participación como parte de las fuerzas militares sonorenses se registró con motivo de la invasión filibustera francesa de 1854, en donde militó como parte del Batallón Urbanos de Guaymas, al que había sido incorporado como voluntario210. En 1857, con motivo de los sucesivos levantamientos y enfrentamientos militares producto de las Leyes de Reforma, fue integrado a los ejércitos liberales por leva (Corral; 1959: 151). Asimismo colaboró como cabo de artillería en las operaciones militares para reprimir a los yaquis durante la sublevación gandarista de 1859, así como en contra de la rebelión yaqui de 1867-1868 (Corral, 1959; Gouy-Gilbert; 1985: 71; Hernández; 1996: 113-114; Velasco; 1988: 24). Aquella campaña fue una de las más sangrientas de las que se han emprendido sobre los yaquis y Cajeme tomó parte en ella en contra de los de su raza. Su conocimiento el terreno y de las costumbres de los indios […] lo pusieron en aptitud de prestar importantes servicios en aquella guerra. […] Los servicios que durante ella prestó Cajeme, lo hicieron ascender a Capitán y se le dio el mando de una compañía de 100 hombres (Corral; 1959: 152-153).

Estas acciones, así como la exitosa campaña en contra de la revuelta de Carlos Conant (1873) le valieron la confianza de Ignacio Pesqueira, quien lo nombró alcalde mayor del Río Yaqui en 1874, con la esperanza de que este fiel y efectivo capitán de caballería, de origen yaqui, sabría controlar las insurrecciones indígenas, terminar con sus prerrogativas políticas y territoriales y consumar la pacificación211. Sin embargo Cajeme aprovechó la 210

“Conocido nos es el heroico episodio del 13 de julio en que fue derrotado el filibustero conde de Rousset Boulbon. Cajeme dejó el libro elemental para empuñar el fusil y tomó parte en la memorable jornada como soldado del batallón “Urbanos”.” (Corral; 1959: 151). 211 En ese momento Cajeme era lo que los yaquis llaman trocoyori: “[…] yaqui traidor, aquel yaqui que ataca a la tribu, aquel que pelea contra la nación yaqui; es un yori sucio” (Nolasco; 1968: 10).

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inestabilidad y las pugnas político-militares referidas para convertirse en el nuevo dirigente de los yaquis, e iniciar una nueva insurrección en 1875 que se declaró abiertamente contra la elección del gobernador José Pesqueira, sobrino del general que lo había designado alcalde mayor del Yaqui. La exitosa resistencia de los yaquis contra las fuerzas militares, si bien sufrieron una derrota en la Pitahaya, así como el rechazo de las proposiciones de paz del nuevo gobernador212, quien tuvo que abandonar infructuosamente la campaña por el conflicto sernista, dieron a Cajeme el prestigio necesario para erigirse como el líder indiscutible de los yaquis, pues lograron sustraerse de las pretensiones del gobierno y rechazar militarmente su acometida (Villa, 1937: 371; Corral, 1959: 155; Gouy-Gilbert, 1985: 70). En este proceso, en el cual ser alcalde mayor del Yaqui no significaba tener la autoridad sobre los ocho pueblos, José María Leyva asumió la lucha y la resistencia yaquis como propia, fue investido con el cargo de yechim de armas (capitán general), “Ya no es más torocoyori. Ahora es yoreme: el hombre de armas que defiende a la nación yaqui” (Nolasco; 1968: 10). Por lo que a partir de entonces sólo sería conocido como Cajeme213. “Los yaquis volvían a tener un jefe de la talla de Juan Banderas” (Hernández; 1996: 114).

III.V EL

PERIODO AUTONÓMICO

(1875-1887). LA

REACTUALIZACIÓN DE LA IDENTIDAD YAQUI COMO

MEDIO PARA RESISTIR LA IMPOSICIÓN DE LA IDENTIDAD NACIONAL.

Desde entonces (1875) permanecen los yaquis y mayos sustraídos a la obediencia de toda autoridad que no sea las de sus caciques. Las poblaciones han desaparecido incendiadas por ellos mismos, y viven en los bosques completamente independientes, alimentándose con los robos que sin cesar practican en los ranchos y haciendas inmediatas a los ríos214.

Entre 1875 y 1887 los yaquis controlaron la totalidad de su vida social al interior de su territorio. A través de la dirección de su nuevo líder, José Ma. Leyva Cajeme, los yaquis fortalecieron sus estructuras socioculturales, de mando político, económicas, religiosas y 212

“[…] el Gobernador propuso al jefe indio se sometiera sin derramamiento de sangre; pero éste, con una caballerosidad digna de encomio, envió un emisario al Jefe del Estado para hacerle saber que, no encontrándose dispuesto a someterse, lo esperaba para la lucha.” (Villa; 1937: 371) 213 Cajeieme (Cajeme): El que no bebe líquido (Soto; 2010: 240). 214 Telegrama enviado por el Gobernador José Tiburcio Otero al Secretario de Fomento, 12 de agosto de 1880. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 18, expediente 12, fojas 014393.

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productivas conforme a la organización que se había concebido y desarrollado desde el periodo jesuítico. Pero de manera novedosa, adoptando y adaptando asimismo diversos elementos del mundo moderno215. Sin embargo y debido a este paréntesis en la vida de los yaquis216 se trata asimismo de un periodo que historiográficamente presenta mayores dificultades documentales, pues las referencias decimonónicas hacia los indígenas fueron más numerosas cuando representaron un problema inmediato para el desarrollo del proyecto nacional modernizador, por lo que las noticias y el tratamiento de su desarrollo fue más prolífico cuando se emprendieron las acciones para someterlos. Si bien los yaquis en esta etapa constituyeron una sociedad autosuficiente que en efecto desalentó los planes económicos en su zona de influencia, no se abrió ninguna campaña militar en su contra durante una década217, y en buena medida responde a ello la escasez de información sobre su configuración social en este periodo. De hecho las referencias al respecto se limitan a destacar justamente a aquellas acciones que afectaron los intereses de las poblaciones aledañas a su territorio, como el robo de ganado o el cobro de peaje de tránsito por el Yaqui. Por estas razones no debe sorprendernos que sean justamente los partes militares y la documentación gubernamental algunas de las fuentes más abundantes para dar cuenta de la historia yaqui, así como la de otros pueblos indígenas en esta centuria, por lo que estos testimonios constituyen una de los registros directos más importantes para conocer y explicar algunos aspectos de su vida social. A estas dificultades para encontrar al indígena contribuyó también su paulatina desaparición legislativa, su dilución en la ciudadanía ha hecho más problemático rastrearlos en los legajos sobre pleitos de tierras y reclamaciones legales. Ello no implica que no existieran aproximaciones descriptivas de sus formas de vida en el siglo XIX, sin embargo en su mayoría fueron elaboradas desde una visión correspondiente al darwinismo social, como razas inferiores, como testimonios, vestigios o especímenes de etapas inferiores de desarrollo humano. Como los estudios de

215

“Toda la acción de Cajeme consistió en integrar a los elementos tradicionales yaqui, elementos ‘modernos’ que permitieron a este grupo étnico no sólo asegurar su defensa, sino también disponer de una sistema de defensiva y ofensiva […]’” (Gouy-Gilbert; 1985: 71-72). 216 Pues vivieron de manera soberana y sin enfrentamientos durante esta década (1875-1885). 217 “Durante poco más de una década, los pueblos yaquis vivieron en total libertad y no fueron agredidos por el gobierno o por los grupos económicos sonorenses” (Hernández; 1996: 115).

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Fortunato Hernández y de Ramón Corral titulados Las razas indígenas de Sonora218, en correspondencia a la usanza de la época. Si bien se ha escrito ampliamente acerca de la organización que los yaquis llevaron a cabo durante este periodo, en el que lograron la independencia en el conjunto complejo de la totalidad de su desarrollo sociocultural, la mayoría de las versiones historiográficas sobre este asunto presentan coincidencias en la descripción de dichas formas de organización219. A partir del escrutinio de las múltiples investigaciones históricas se ha logrado advertir que éstas fundamentalmente abrevaron de la reproducción elaborada por Francisco del Paso y Troncoso220, sin embargo la fuente original de estas narraciones es la biografía de José Ma. Leyva elaborada por Ramón Corral, a partir de la entrevista que realizó al propio Cajeme después de su captura y antes de su muerte, la cual fue publicada por primera vez en 1887, en el Periódico Oficial del Estado de Sonora. En aquellos días estuve en Guaymas y fui también a conocerlo […] hablé con él largamente, le pregunté por algunos de los rasgos de su vida que yo no conocía, le hablé de otros que me eran conocidos y a todo me contestó siempre con desembarazo, haciendo gala de una memoria prodigiosa, recordando con precisión fechas y detalles y empeñándose por demostrar que nada ocultaba. […] después de una conversación muy prolongada en que, generalmente, hablamos del yaqui, de la organización que había dado a las tribus, del sistema que tenía para gobernarlos, haciéndoles entender que todo lo que se hacía era por la voluntad de los ocho pueblos […] (Corral, 1959: 190-191; énfasis mío).

De esta manera la pormenorización y análisis que en efecto se elaborará a continuación acerca de este crucial periodo de la vida de los yaquis se realizará utilizando tanto las fuentes producto del trabajo documental de esta investigación, así como la más detallada y condensada fuente original elaborada por Ramón Corral221. No sin advertir su procedencia, es decir, de quien años después fuera uno de los agentes más importantes en la política de extermino hacia los yaquis, quien se alternó en la gubernatura del estado con Luis Emeterio Torres y Rafael Izabal, quien fuera Secretario de Gobernación y 218

Publicados, el primero en 1901 y el segundo entre 1885-1886 en el periódico La Constitución. Véase Hu-DeHart, 2004; Florescano, 2001; Gouy-Gilbert, 1985; Hernández, 1996; Velasco, 1988. Si bien sus interpretaciones son distintas y ahí radican sus verdaderas aportaciones en esta sentido. 220 El propio del Paso y Troncoso es quién refiere la utilización de la biografía elaborada por Corral. 221 Este afán no responde a una fetichización de la fuente original, sino a que a pesar de que la versión de del Paso buscó apegarse a la versión original, no se trata de una transcripción literal y ciertamente no está exenta de errores formales, por lo que simplemente se ha preferido utilizar la versión de Ramón Corral. 219

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vicepresidente de Porfirio Díaz, y quien incluso se fuera al exilio en el mismo Ipiranga con destino a Francia. Ahora bien, las investigaciones sobre el análisis histórico del complejo sistema que aplicaron los yaquis en la década del periodo autonómico han privilegiado sobre todo perspectivas que hacen énfasis en sus aspectos político, económico, militar, administrativo, o en el mejor de los casos como un complejo sociocultural222. Sin embargo escasamente se ha enfatizado una mirada que busque las respuestas del éxito de esta estructura en términos identitarios o de identificación colectiva, así como las repercusiones que ello entraña. Es decir, como un conjunto de elementos que además de su éxito inmediato como herramientas para ser autosuficientes y soberanos, así como para generar los excedentes necesarios para enfrentar una guerra que se sabía segura, conforman un arsenal de recursos socioculturales significativos capaces de actualizar y renovar el sentido de pertenencia del conjunto social de los pueblos yaquis. Así y en esta lógica, el propósito del siguiente análisis de las acciones que conformaron la organización estructural de este interludio, islote, república, nación o periodo autonómico yaqui, es advertirlo y examinarlo desde una perspectiva de identificación colectiva en permanente transformación, así como inscrito en un momento crucial y vertiginoso de su reactualización. Asimismo, el objetivo es realizar este escrutinio en relación con el proceso de construcción simbólica de identificación sociopolítica y cultural del Estado nación porfiriano. No es gratuito que aún hoy, en el año 14 del siglo XXI, el pueblo yaqui se siga autodenominando y sea ampliamente reconocido como la nación yaqui223. Al igual que hicieron un sin número de grupúsculos y elites que heredaron el mando político de los antiguos imperios dinásticos, en el afán por crear y buscar en las culturas más antiguas y ajenas una forma de identificación para adscribirla a los nuevos espacios nacionales, plagados de pueblos y grupos con los orígenes más diversos, los yaquis, en paralelo a este desarrollo de la construcción de las comunidades imaginadas nacionales, vivieron un proceso de reactualización permanente, con periodos súbitos, pero con bases de identificación colectiva aún más sólidas que las difundidas por el Estado nación 224. Sin 222

Véanse Hu-DeHart, 2004: 15; Hernández; 1996: 113-115. El único pueblo indígena de México que así se autodenomina. 224 Este asunto sobre la fortaleza de los elementos de pertenencia yaqui vs los del Estado nación ya ha sido analizado en el capítulo anterior, pero baste recordar que justamente por ser una sociedad más restringida tenía mayores 223

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embargo los yaquis no fueron ajenos a este constructo, sino que también utilizaron, como un recurso más, los elementos y estrategias de validación que el nuevo paradigma político requería y exigía para la forma de adscripción -si bien no la única- sí la más ampliamente reconocida en el mundo moderno; pertenecer o ser ciudadano de una nación. Es entonces en esta contradicción donde deben buscarse las causas últimas de la incompatibilidad del proyecto de nación mexicano y el de la nación yaqui, pues más allá de su expresión militar, de enfrentamiento y resistencia, en el fondo se trata de un problema de pertenencia política y sociocultural de identificación, en el que la comunidad imaginada más amplia buscó integrar o absorber en su relato y constructo de afiliación a una comunidad imaginada que a pesar de ser más pequeña o restringida, contenía elementos de significación y pertenencia más consistentes que el relato de identificación hegemónico y homogeneizante. Si bien ya se ha sugerido, es necesario precisar que el espacio temporal que a continuación será objeto de escrutinio es considerado en esta investigación como una etapa crítica en el proceso continuado de construcción identitaria para los yaquis225. El cual, a través del compromiso e involucramiento de todos y cada uno de sus integrantes para la consecución de una misma causa, logró reproducir y reactualizar el fuerte sentimiento de pertenencia característico de los yaquis. Así, es desde esta óptica que se analizará el periodo autonómico yaqui (1875-1887), pues es el momento en el que por los acontecimientos coyunturales de la época se estableció de facto y en términos globales (incluyendo procesos económicos, territoriales, políticos, culturales, etc.) el ejercicio de una nación yaqui al interior del Estado nación mexicano por poco más de una década.

III.VI LA REESTRUCTURACIÓN YAQUI Y LE RENOVACIÓN IDENTITARIA Los constantes enfrentamientos que se habían registrado entre los yaquis y las fuerzas militares locales, desde los años del reformismo y a partir de la restauración republicana, habían provocado un éxodo de buena parte de sus integrantes. Quienes se refugiaron en sus labores en las haciendas, minas y ranchos de los alrededores, e incluso en poblaciones norteamericanas como Tucson, en Arizona. Sin embargo y a partir del arribo del primer

posibilidades de articular una pertenencia homogénea, basada incluso en la trilogía propuesta por las naciones modernas: una misma raza, lengua y cultura. 225 Así como para el Estado nación.

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porfirismo a Sonora, pero sobre todo desde de la investidura de Cajeme como alcalde mayor del yaqui y como capitán general se vivió una verdadera revolución al interior del espacio territorial de los ocho pueblos226. A partir de entonces y como no se había visto desde el periodo jesuítico, cientos de miles de yaquis regresaron a sus pueblos para reorganizar todos y cada uno de los aspectos de la vida social que los habían hecho el grupo indígena más productivo, dinámico, cohesionado y numeroso del espacio social sonorense227. El arribo de Cajeme no explica por sí mimo el replanteamiento y vigorización en el conjunto de la vida sociocultural yaqui, pero en efecto constituyó un catalizador decisivo para emprender una reorganización de carácter comunitario sin precedentes desde la exclaustración ignaciana. “Desde tiempos de los jesuitas no habían estado los yaquis tan estrictamente organizados ni habían sido económicamente tan autosuficientes ni militarmente tan preparados.” (Hu-DeHart; 2004: 151). Todas y cada una de las antiguas formas de organización que habían sido suprimidas o que habían caído en desuso por los avatares de las exigencias legislativas y de coacción del gobierno fueron reinsertadas como parte medular de la estructura yaqui. En su mayoría, los puestos de mando político, militar, religioso y administrativo adquirieron incluso una importancia renovada y crecientemente fortalecida. Los yaquis con Cajeme comprendieron que a partir de entones su existencia como grupo étnico diferenciado y el mantenimiento de su identidad requerían de la reinserción y renovación de su sistema comunitario, de forma similar al que habían fraguado con el sincretismo jesuita, es decir, pasaba por una reproducción cultural generalizada. Así, las diversas áreas que antaño componían su estructura administrativa, de impartición de justicia, política, religiosa, económica y socioproductiva fueron transformadas en un conjunto armónico y uniforme replicado en cada uno de los ocho pueblos. Apoyado por el conjunto de la etnia, de los pueblos y de una estructura organizacional que ya había sido ampliamente utilizada, Cajeme reintrodujo y potenció el ejercicio de cada una de los rubros que pudieran consolidar e involucrar al conjunto de los miembros yaquis, con miras a conformar un complejo aparato de gobierno con competencias bien definidas y diferenciadas en cada espacio territorial, que fortaleciese la

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E incluso más allá, la alianza y búsqueda de coalición de Cajeme con los mayos fue permanente, en la firma sus documentos como capitán de ambos ríos, pero sobre todo en sus diversas incursiones al Mayo y el establecimiento de autoridades bajos su mando en dicha región se constata este afán. 227 “Ane todo la mayoría de los yaquis regresaron al río para reconstruir sus antiguas comunidades.” (Hu-DeHart; 2004: 151).

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autonomía. En su calidad de capitán general Cajeme era la máxima autoridad en los asuntos de la guerra y asimismo una de las figuras más importantes de la organización sistémica228. Sin embargo todos los pueblos contaron con sus autoridades en las diversas áreas de la organización estructural; en lo referente a los asuntos políticos cada pueblo contó nuevamente con sus propios gobernadores tradicionales, quienes fungieron como los principales asistentes administrativos en sus localidades. Para ello contaron con especialistas en los diversos rubros de mayor importancia y con sus propias competencias. Para la impartición de justicia estaban dedicados los alcaldes (Corrral; 1959: 156); en lo militar cada localidad contó también con su capitán pueblerino y comandante, quienes bajo el mando del gobernador estaban encargados de organizar una reserva rotativa de combatientes listos para cualquier eventualidad229; en el ámbito religioso y sociocultural los temastianes recuperaron la importancia que habían perdido con el liderazgo jesuita. Ahora no sólo estuvieron a cargo de la “[…] administración del culto, las iglesias, los santos y las imágenes” (Corral; 1959: 155), sino que se encargaron también de organizar y dirigir las fiestas, ceremonias y rituales tradicionales de los yaquis (Hernández, 1996: 115; HuDeHart; 2004: 151). Como se aprecia para el caso de los temastianes, calificados por Corral como “[…] funcionarios de suma importancia entre los indios” (Corral; 1959: 155), el proyecto de nación yaqui articulado por Cajeme contravenía la inercia modernizadora que pretendía suplantar en el espacio público las fiestas religiosas por las conmemoraciones cívicas, a través de rituales, imágenes y símbolos en los que la identidad y pertenencia al Estado nación permaneciesen vigentes y fueran reproducidos periódicamente. Para ello se tuvo que suprimir cualquier posibilidad de que en el terreno público se llevarán a cabo festividades simbólicas de cualquier especie, distintas a las del patriotismo cívico. Las múltiples prohibiciones que se detallan en el Proyecto de Bando de Policía para la ciudad de Hermosillo demuestran el control del espacio público que pretendía ejercer el Estado nación y sus gobiernos locales. Entre dichas prohibiciones se incluyó la celebración de la Pascola Yaqui230. Sin embargo y contraviniendo estas 228

“[…] Cajeme reorganizó a los pueblos bajo una estructura política, económica y administrativa que fortaleció la autonomía. Con el cargo de capitán general se convirtió en el eje de la organización política yaqui.” (Hernández; 1996: 115). 229 “[…] Cada gobernador de un pueblo tuviera la obligación de tener prontos para la guerra, armados y equipados cierto número de hombres, y los gobernadores a su vez distribuían esa obligación entre los capitanes y éstos entre la masa común de los indios.” (Corral; 1959: 157). 230 Proyecto de Bando de Policía para la ciudad de Hermosillo. AHGES, Fondo Prefecturas, Caja 619, único expediente, foja s/n.

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disposiciones legales, los yaquis recuperaron y fortalecieron estas festividades, así como la figura religiosa del temastian, encargada de ofrecer recurrentemente las imágenes y los símbolos de identificación de su patria. Las fiestas y danzas, los santos e imágenes, las ceremonias y los ritos fueron aquéllos elementos que cumplieron esta crucial función a cargo de los temastianes. Tal y como lo asienta Florescano “Los temastianes se convirtieron en los guardianes de la religión y la cultura del pueblos yaqui” (Florescano; 2001: 409). Así, todos los pueblos contaban con sus propias instancias en cada ramo, encargadas de los asuntos de su jurisdicción. Las propias autoridades estatales y municipales, que si bien permanecían alertas ante las reuniones y movimientos de Cajeme, advirtieron sin embargo que el objetivo primordial de los yaquis era gobernarse por sí mismos “[…] porque según sus pretensiones son solamente de reconocer al Yaqui y ser gobernados por autoridades de ellos mismos […]”231. Además fueron reestablecidas las asambleas generales o consejos populares (Corral; 1959: 155)232, una figura tradicional anterior al proyecto jesuita en la que todos los miembros de la etnia podían participar, una instancia en la que se discutían los asuntos más importantes concernientes al conjunto de los ocho pueblos y donde se tomaban los resolutivos. Así que Cajeme, a pesar de su indiscutible mando, no era quien tomaba unívocamente las decisiones “[…] estableció el sistema de asambleas populares que se reunía por mandato del mismo Cajeme cada vez que creía necesario consultarles algún asunto […] y se sujetaba a la resolución de la multitud” (Corral; 1959: 155, énfasis mío)233. De manera que había una serie de autoridades e instancias que tenían la capacidad de decidir sobre las cuestiones relativas a su jurisdicción y sobre las que descansaba la administración general. Si bien Cajeme tenía mayores facultades que la de los gobernadores, por ser el dirigente militar de mayor rango, en su calidad de capitán general, se apoyó en toda esta estructura para delegar competencias decisorias en el conjunto de los pueblos. Aquí radica otra de las estrategias y herramientas para fortalecer la identidad colectiva al interior del conjunto

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Comunicación de José Otero al Secretario de Estado del gobernador 22 de abril de 1876. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 19, expediente 11, foja s/n. 232 Evelyn Hu-DeHart les llama “consejos yaquis”. Véase Hu-DeHart; 2004: 151. 233 No es que Ramón Coral creyera que en efecto había delegación de poder en la estructura yaqui, en otro párrafo refiere que Cajeme invadía todas las atribuciones de los demás “[…] el Jefe Supremo invadiera, cada vez que quería, las atribuciones de todos […]” (Corral; 1959: 156). Pero en el párrafo citado se pueden apreciar las contradicciones en su apreciación y que en efecto Cajeme no podía tomar las decisiones sin consultar a las asambleas.

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social de los yaquis, pues cuando los problemas y asuntos de importancia general son delegados y resueltos de manera colectiva se fortalecen los vínculos de pertenencia, pues sus miembros son partícipes en la toma de decisiones y se desarrolla un sentido de identificación. Esto es lo que a nivel nacional representan y han buscado generar los sistemas electorales, que los ciudadanos nos sintamos copartícipes de las decisiones de la nación, con el propósito de generar compromiso político e identificatorio. Sin embargo han sido más exitosos los vínculos y estrategias de representación cívicos -que en efecto también son políticos- pero que no están relacionados directamente con la toma de decisiones, sino aquellos espacios limitados a la participación sociocultural colectiva, es decir, en los medios de identificación cultural, como las conmemoraciones patrióticas y el relato de origen, pues el ámbito político ha sido exclusividad de los grupúsculos gubernamentales y de las élites económicas. Ahora bien, esta tradición de las asambleas generales no ha perdido vigencia, hoy en día los yaquis se siguen reuniendo periódicamente para resolver los asuntos más importantes tocantes al conjunto de la etnia, y al igual que antaño participan y tienen voz todos los miembros del grupo étnico que quieran involucrarse. Como pude constatar en la visita y diálogo con el secretario de la autoridad tradicional en territorio yaqui, Mario Luna, a propósito del cierre intermitente de la carretera internacional México-Nogales234, estas asambleas se llevan a cabo los domingos en el pueblo de Vícam235, que constituye la cabecera política de los ocho pueblos. La permanencia de una estructura decisora asambleística u horizontal, aunque en efecto existan diversos cargos, voceros, líderes y dirigentes tradicionales, puede comprobarse también en las diversas entrevistas que hoy en día se realizan a los yaquis a propósito de este conflicto. En varios medios de comunicación y electrónicos se ha buscado infructuosamente ubicar a un líder único que represente la dirigencia de los yaquis, pero en las propias entrevistas se puede advertir que los yaquis manifiestan clara y constantemente que no hay un dirigente, que las decisiones se toman de manera colectiva, es decir, que tienen una estructura de mando

234

Debido a la construcción del Acueducto Independencia que busca dirigir el agua del Río Yaqui hacia la ciudad de Hermosillo. 235 Así es referido por los propios indígenas desde los tiempos de Cajeme. Véase AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 21, expediente 5, foja 015707.

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más compleja y que en última instancia está sujeta a las resoluciones que se toman en las asambleas populares o consejos yaquis236. En lo económico y hacendario se adoptaron nuevas medidas para obtener mayores recursos con el propósito de hacerse de armamento, municiones y pertrechos de guerra. Se impusieron una serie de contribuciones de peaje para el tráfico y comercio de mercancías que debían trasladarse por el territorio, es decir, un sistema aduanal y/o fiscal que cobraba cuotas de navegación comercial a las embarcaciones que pasaran por el Río Yaqui entre Guaymas y el Médano (Corral; 1959: 156), así como a viajeros y comerciantes que transitaran por territorio indígena. Se estableció también otro método de obtención de ingresos mediante la extracción de ganado de las poblaciones aledañas y se cobraban cuotas de recuperación por la devolución a sus propietarios (Corral; 1959: 156). Sin embargo y a diferencia de lo que normalmente se ha establecido237, el escrutinio de la documentación del AHGES permite establecer que dichos robos no se limitaron a la extracción de ganado, sino a toda clase de bienes y objetos, medios de transporte, armas, etc., por lo cuales también se pedían cuotas de recuperación238. Como señala Cécile GouyGilbert, un “sistema de pillaje” tolerado por la poblaciones aledañas (Gouy-Gilbert; 1985: 72). Esta “tolerancia” se debió a la posición de fuerza del conjunto de los indios yaquis y mayos, que podían acometer a diversas poblaciones, ranchos y haciendas aledaños, o al interior de su territorio, para robar ganado, granos y diversos elementos de subsistencia, sin que los poblados contaran con la fuerza suficiente para enfrentar a los indígenas. Las múltiples peticiones de auxilio de los jefes políticos y militares locales239, en búsqueda de recursos en parque, hombres y toda clase de suministros de guerra reflejan las carencias vigentes para enfrentar estas incursiones. Asimismo, los documentos que así lo refieren, indican que estas incursiones –por lo menos durante el periodo 1876-1877- se llevaron a cabo sobre todo en la región del Mayo, en poblaciones como Echojoa, Santa Cruz, el Carrizo, los Algodones, Yacuribampo, Agiabampo y San Ignacio, pertenecientes a las municipalidades de Navojoa, Álamos y San Pedro. “[…] en su furor incendiaron todas las casas de los suburbios del pueblo y de todos los ranchitos y cacerías que tocaron; 236

Véase http://www.youtube.com/watch?v=9PSC0jE-zF4. Min. 7:26- 9:19. Véase del Paso; 1982; Dabdoub, 1949; Corral; 1959; Gouy-Gilbert; 1985. 238 “[…] una partida de yaquis llegó a aquel lugar y les quitaron 11 burros y 14 hachas, diciéndoles que si querían aquellos objetos ocurrieran al río yaqui por ellos […]”. Oficio de la Prefectura de Guaymas al secretario del gobernador de Sonora. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 20, expediente 1, foja 014508. 239 Existen múltiples documentos y reclamos al respecto. Véase AGHES, Fondo Ejecutivo, tomo 19, expediente 11. 237

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llevándose como 500 reses y cuanto pudieron de semillas, ya cosechadas en las diversas sementeras”240. Entre estas peticiones se elaboró un mapa dirigido al gobernador para ilustrar los asaltos de los indígenas en la región.

AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 10, expediente 11, foja 014352.

Otros testimonios documentales acerca de estas incursiones están contenidas en las comunicaciones que las autoridades municipales intercambiaban en su vigilancia de los movimientos de Cajeme “[…] llegó a dicho punto el General José María Cajeme del Yaqui en marcha para Santa Cruz […] que venía a arreglar a este rio varios asuntos y que tenía que llamar a Santa Cruz a los ocho pueblos de este Río” 241. También indican que Cajeme realizaba asambleas generales en la zona del Mayo “[…] participándole la llegada del indio

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Comunicación de José de Jesús Salido al gobernador del estado, 15 de mayo de 1877. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 19 expediente 11, foja 014357. 241 Comunicación de Paulino Castro, 1er Regidor del Ayuntamiento de Navojoa, al Prefecto del Distrito de Álamos, 2 de marzo de 1877. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 19, expediente 11, foja 014338. El mismo asunto continúa hasta la foja 014344.

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Cajeme al pueblo de Santa Cruz, de donde ha citado a una Gran Junta que tendrá lugar en el Caro, a los pueblos sublevados de San Pedro, Echojoa y el mismo Santa Cruz […]”242. La influencia y mando de Cajeme en la región del Mayo era decisiva, a tal grado que frecuentemente se intentaron negociaciones de paz con los mayos para que dejaran de cometer estos saqueos de productos en dichas poblaciones, así como para que entregaran las armas y se sometieran a las fuerzas del gobierno. Sin embargo y a pesar de que los curas, jefes político y militares de la región, como José de Jesús Salido, llevaron a cabo una serie de reuniones y entrevistas con los líderes mayos más importantes, estos, si bien manifestaron que en efecto deseaban dejar las armas, someterse al gobierno y volver a la vida pacífica, no les era posible porque esa decisión únicamente le correspondía el jefe de los yaquis, a José Ma. Leyva Cajeme. José de Jesús Salido, militar y terrateniente de la región informó al gobernador del estado refiriéndose a los jefes mayos: […] ambos me informaron que creían que los indos suspenderían sus correrías porque tenían orden de Cajeme de dejar las armas y de retirarse a sus casas a trabajar; que él era la única autoridad a que respetaban y obedecían y que de él dependía la paz y la tranquilidad de los pueblos del Mayo243.

Estos documentos y negociaciones constituyen importantes soportes para plantear que antes de la acometida más decisiva de colonización militar de las tierras del Mayo, iniciadas sobre todo a partir de 1882244, Cajeme no sólo era también el principal líder entre los mayos, sino que fomentaba firmemente la idea de una confederación entre ambos pueblos, a sabiendas de que la pérdida de los territorios del Mayo significaría que la próxima ocupación y acoso sería la del territorio yaqui. Entre otros indicios y conjeturas posibles, estos testimonios apuntan a que todas estas actividades para hacerse de recursos estaban dirigidas por Cajeme, incluso las llevadas a cabo fuera del área yaqui. Los documentos y pormenorización sobre estas acometidas indígenas son profusos, pero entre ellos destaca uno por su envergadura, el cual llegó a conocimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores por medio de la gubernatura del estado y de la prefectura de

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Comunicación de la Secretaría de Gobierno del estado al Prefecto de Álamos, 28 de mayo de 1881. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 19, expediente 12, foja 014417. 243 Comunicación de José de Jesús Salido al gobernador provisional del estado, junio 20 de 1877. AHGES. Fondo Ejecutivo, tomo 19, foja 014368. 244 Debido a los interese económicos del gobernador Carlos R. Ortiz.

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Guaymas. Se trató del robo de una embarcación de ocho toneladas llevado a cabo en el Mar de Cortés, en la Isla del Carmen por cuatro yaquis, que contenía lo más diversos artículos como armas y dinero en efectivo, y de cual consiguieron el pago del rescate245. Las poblaciones aledañas al Río Yaqui no estuvieron exentas a este tipo de saqueos, sobre todo llevados a cabo en haciendas y ranchos, para las culés existen mayores registros testimoniales a partir de 1883246, justamente cuando la ocupación del Mayo ya era más importante y estaba respaldad por las fuerzas militares. A todas estas fuentes de ingresos se sumaron las propias actividades productivas de los yaquis, como la ganadería, la agricultura, la pesca, la recolección, la fabricación de textiles, así como su comercialización, tal y como habían hecho extensivamente con la producción y venta de la sal247. Sin embargo y de mayor envergadura fue el restablecimiento del trabajo agrícola rotativo para el conjunto de la comunidad, que fungió como el sustento económico para generar importantes excedentes, similar al que habían practicado en los tiempos jesuitas. De manera que cada pueblo destinaba trabajadores que se alternaban en las labores de las parcelas comunales para la siembra y cosecha de productos como maíz y frijol (Corral; 1959: 156). Ello constituyó una reserva alimentaria vital para la manutención del conjunto de la etnia, su almacenamiento y para el comercio con poblaciones como Guaymas y Álamos248. Esta fue la base sobre la que se levantó la productividad yaqui en este periodo y lo que posibilitó la autonomía productiva, pero sobre todo, volvió a involucrar de manera colectiva y con fines comunitarios a cada miembro de la etnia. Todas estas actividades recrearon nuevos lazos de identificación, pues provocaron que cada individuo se sintiera parte fundamental de un propósito más amplio. Si bien la base de esta reestructuración yaqui estuvo fundamentada en relaciones colectivas y comunitarias con un sentido tradicional, se puede apreciar claramente la introducción de elementos novedosos que complementaron esta base comunitaria, como el sistema aduanal y fiscal que desarrolló Cajeme. Además y si bien fueron una serie de estrategias destinadas a la independencia productiva, con el objetivo de ser 245

Comunicaciones, filiaciones de responsables, inventario del robo y pago del rescate de la embarcación. Junio de 1878-febrero de 1879. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 19, expediente 11, fojas 014373-014381. 246 Como los asaltos a diversas haciendas, como la de Las Providencias. Véase AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 20, expediente 1, foja 014524. 247 “[…] y vendía a los especuladores que hacía extraer de los magníficos criaderos que hay en aquél litoral” (Corral; 1959: 156). 248 Aunque con un sesgo reprobatorio, parte del conjunto de este sistema se pude advertir en algunos documentos de las autoridades de Sonora, como el oficio del presidente municipal de Navojoa, al prefecto de Álamos, Quiros, del 27 de octubre de 1881. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 19, expediente 12, fojas 014437-014438.

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autosuficientes y crear un espacio no dependiente del exterior, este sistema no estuvo exento de una intensa relación hacia afuera del territorio yaqui, sobre todo a través la constante comercialización de sus productos y la adquisición de otros procedentes de diversos espacios regionales, como el armamento. Así que calificar este sistema como tradicional es en efecto certero, pues se basó principalmente en relaciones con un sentido comunitario para su reproducción, pero de ninguna manera se limita o se agota en este encasillamiento, pues fue más complejo e introdujo elementos y herramientas de resistencia de tipo moderno o de la sociedad circundante, pero justamente con el propósito de preservar su autonomía tradicional y repeler la injerencia de dicha sociedad249. Ahora bien, como ya se puede advertir y como diversos autores lo asientan (Corral, 1959; Velasco, 1988; Hernández; 1996: Gouy-Gilbert; 1985; Hu-DeHart, 2004) se trató de una organización excedentaria destinada para la guerra. Los yaquis comprendieron, sobre todo a través de Cajeme y su amplia experiencia como parte de las fuerzas militares del gobierno y su conocimiento de la sociedad no india, que si querían mantener su independencia no bastaba con la cohesión étnica y con desarrollar una producción de subsistencia. Había que crear una economía lo suficientemente poderosa para sustentar la guerra que se avizoraba, pues para ganar una guerra no es suficiente una identidad vigorosa, aunque en efecto es importante250. Pero como se ha puntualizado, esta reorganización no sólo fue concebida en términos de productividad para generar los ingresos suficientes para la compra de armamento, pertrechos militares, municiones y tener una reserva de alimentos suficiente para mantener un conflicto armado. Se trató de una organización que se fortaleció en todas las áreas del desarrollo sociocultural yaqui, como lo señala Evelyn Hu-DeHart refiriéndose a la reintegración de los consejos o asambleas generales, “Cajeme intentó revitalizar el tradicional gobierno tribal, como parte de un plan general para fortalecer las bases de la cultura yaqui” (Hu-DeHart; 2004: 151). De manera que esta reproducción cultural no descuidó ninguno de los aspectos de la vida social que habían sido de importancia para los yaquis y que fortalecieron su identidad. 249

“Al contrario, Cajeme preservó a su tribu aculturándola en parte. Esto fue […] una de las características de la resistencia de los indios yaquis que consistió en absorber parte de los elementos de la sociedad blanca para poderla mantener a distancia (Gouy-Gilbert; 1985: 74). 250 Pues fundamentalmente salen victoriosos de los conflictos bélicos aquellos que poseen la mayor cantidad de recursos.

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Cada una de estas instancias, autoridades y estrategias -si bien tenían como fin último enfrentar el próximo embate de las fuerzas del gobierno- recrearon los lazos de pertenencia necesarios para robustecer y reactualizar los vínculos de identificación colectiva del pueblo yaqui. La participación e involucramiento, el compromiso que se delegó en cada uno de los individuos a través de su colaboración en el complejo organizacional de este periodo, fue la fórmula que renovó su sentido de pertenencia al conjunto de los ocho pueblos. Lo que en efecto puede estar a discusión es sí esta participación fue ejercida voluntariamente o de manera coactiva251, pues en efecto hay diversos indicios de que paulatinamente Cajeme, sobre todo cuando la guerra se reinició (1885), se convirtió en un líder despótico e intransigente, como proponen algunos autores252. Sin embargo en lo que no hay lugar a dudas es que para la mayoría de los yaquis éste fue un momento crucial y súbito en la renovación de sus vínculos de identificación, patente en la inquebrantable resistencia que a partir de entonces defenderían, así como en la reivindicación permanente de su identidad253. Pues como veremos, el gobierno buscó a través de todos los medios a su alcance colonizar el territorio yaqui, integrarlos a la vida moderna y hacerlos ciudadanos. Intentaron la paz, la guerra, “la entrega de tierras”, la persecución, la deportación, el exterminio, en una frase, la “zanahoria y el garrote”. Pero ninguna de estas acciones logró que los yaquis cejaran en sus demandas, pues la identidad es algo que difícilmente puede ponerse en la mesa de negociaciones, y con Cajeme ésta había sido indudablemente fortalecida. Así y durante el periodo aludido, entre 1875 y 1887, los yaquis vivieron una independencia y autonomía territorial, económica, política y sociocultural de facto. Sin la injerencia de la federación, del gobierno local, ni de los poderes económicos regionales. Fueron la encarnación de los temores más apremiantes del Estado nación y sus presupuestos de exclusividad soberanos. A ello responde y en buena medida explica la feroz represión de que serían objeto durante el resto del porfiriato, pues vivieron de manera soberana con el control total del desarrollo complejo de su sociedad, como una nación, a su vez al margen y al interior del Estado nación mexicano.

251

Es difícil creer que una organización tan compleja estuviera exenta de elementos coactivos. Veáse Corral; 1959: 157, 160; Guy Guilbert; 1985: 72. 253 Ello no implica que hubiesen fracturas y crisis al interior de la sociedad yaqui, como lo manifiestan los diversos intentos por suplantar a Cajeme. Véase Corral; 1959: 57. 252

131

III.VII LOS

YAQUIS COMO UN PROBLEMA A ESCALA NACIONAL.

FIN

DE LA COYUNTURA AUTONÓMICA Y

PRIMEROS PLANES DE DESARROLLO PORFIRIANO EN SONORA.

Si bien los enfrentamientos y campañas militares para derrotar a Cajeme iniciaron formalmente en 1885. Desde 1882 comenzaron algunos enfrentamientos militares que se desataron por conflictos en el área del Mayo, en los cuales participaron los yaquis, a causa de los intereses comerciales del gobernador Carlos R. Ortiz en la región de Navojoa254. Lo cierto es que desde el gobierno255, en colaboración con Luis E. Torres y Ramón Corral, difundieron la supuesta noticia de levantamientos en el Mayo y en el Yaqui con el pretexto de abrir campaña y proteger sus propiedades. El informe de Bernardo de Reyes así lo atestigua, así como las deliberaciones de Claudio Dabdoub (Dabdoub; 1949: 125)256. Además, desde 1879-1880 las oligarquías y políticos sonorenses comenzaron a presionar al gobierno local y federal para que terminasen por la fuerza con la república yaqui257, para poder realizar todos los planes de desarrollo que tenían proyectados en la región de los ríos y que estaban detenidos por este paréntesis autonómico. “Cuando los porfiristas llegaron al poder en Sonora, en 1879, lanzaron una doble ofensiva: una campaña para aplastar la ‘república’ yaqui de Cajeme y un desarrollo a gran escala del territorio yaqui’” (Hu-DeHart; 2004: 152). Así lo confirma un telegrama enviado por el gobernador José Tiburcio Otero al ministro de la Secretaría de Guerra en 1879, en el que pide fuerzas federales para abrir la campaña contra yaquis y mayos: “Tribu yaqui de nuevo en grave peligro, distritos de Álamos y Guaymas, suplico se de orden, por telégrafo, para que la fuerza federal auxilie a este gobierno para abrir las campañas, rúbrica, Hermosillo septiembre 17 de 1879”258. Si bien durante el reformismo de los años cincuenta y sobre todo durante la campaña de 1867-1868 la represión hacia los yaquis había alcanzado una escalada sin precedentes, a partir del porfiriato, fundamentalmente desde 1885, los yaquis dejaron de ser exclusivamente un problema del gobierno local. Pues a partir de entonces no sólo 254

“Había la circunstancia de que el Li. Ortiz, o su familiares, poseían una hacienda en al Mayo administrada por el hermano del gobernador, Don Agustín Ortiz, a quien el primero […] dio el mando de una fuerza de unos 1,000 hombres.” (Dabodub; 1949: 125). 255 Debido a las posesiones territoriales del gobernador Ortiz y su familia. 256 Para el informe de Bernardo Reyes véase del Paso; 1982: 12-13. 257 “[…] el auxilio de la fuerza Federal […] logrará dar las garantías que desean los hombres emprendedores, que con el capital suficiente, cambiarán la faz de aquellos inmensos y fértiles terrenos y aún la del Estado […]”. Oficio del gobernador Carlos R. Ortiz, citado por del Paso; 1982: 8. 258 Telegrama. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 19, expediente 11, foja 014385. Véase también otra solicitud de José Tiburcio Otero de julio de 1880. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 19, expediente 12, foja 014397.

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estaban obstaculizando los proyectos regionales de las elites sonorenses, sino que estaban entorpeciendo intereses internacionales, sobre todo estadounidenses, como la construcción de ferrocarriles, presas, minas, así como los planes agroindustriales que el porfiriato les había garantizado en Sonora259. A partir de la década de 1880, las políticas y las medidas dirigidas a los indígenas se hicieron más complejas, porque debían responder a una maraña de reclamaciones regionales, anhelos nacionales y a las obligaciones internacionales resultado de la creciente asociación económica y comercial con los vecinos del norte (Abbondanza; 2008: 97).

Todos estos afanes no se comprenden si no se advierte el destacado potencial y posición estratégica de los valles del Yaqui y del Mayo. El propio del Paso y Troncoso y el gobernador Carlos R. Ortiz, en su informe de 1880, ofrecen una muestra ilustrativa al respecto260. Pero baste con asentar que en esta región se podían producir los más diversos productos “[…] desde el trigo y la caña de azúcar y desde el maíz hasta el algodón” (del Paso; 1982: 8), gracias a la fertilidad de sus tierras y a las posibilidades de regadío de ambos caudales, además de contar con las condiciones necesarias para un amplio desarrollo ganadero y la existencia de importantes productos, como los depósitos de sal, las maderas, entre muchos otros. Asimismo, la cercanía de estos territorios con el puerto de Guaymas procuraba una salida comercial inestimable que no sólo permitía el comercio con el resto del territorio nacional, sino a través del Pacífico con Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Por lo que para el capitalismo nacional y estadounidense del periodo constituía un área estratégica que debía ser explotada intensamente, que además contaba con la población indígena necesaria para constituir la base y los brazos de todo este desarrollo, principalmente los yaquis261. Así y a partir de entonces (1885), los yaquis se convirtieron en un problema nacional, asunto de la federación, que ahora enviaría ejércitos federales para coadyuvar con las fuerzas militares de Sonora para reprimirlos y

259

“El puerto de Guaymas, en la década de 1880, ejemplifica esta nueva situación; durante este periodo tuvo una considerable expansión gracias a las inversiones norteamericanas, complementadas por otras de origen local. Dichas inversiones permitioeron el surgimiento […] de un nuevo tipo de agricultura cuyo desarrollo se facilitaba por la construcción de ferrocarril a prtir de cual se contituyó un red comercial” (Gouy-Gilbert; 1985: 75). 260 Citado en del Paso; 1982: 8. 261 “Los norteamericanos proporcionaron casi todo el capital, la tecnología y el mercado. Los ferrocarriles y las minas, a su vez, estimularon una mayor actividad comercial, ampliaron el mercado interno y contribuyeron al crecimiento de las ciudades y de la población en general.” (HuDe-Hart; 2004: 152). Para la importancia de la mano de obra yaqui en Sonora véase del Paso; 1982: 8-9; Velasco, 1992, 1988.

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para terminar definitivamente con su situación de excepción. El problema había rebasado incluso las fronteras de México, pues había un flujo contante de información de los funcionarios del gobierno mexicano en Estados Unidos262, en la que se advierte una preocupación permanente en torno a las actividades de los yaquis en territorio norteamericano, manifiesta en una seguimiento continuo -sobre todo en prensa- acerca de la opinión que diversos ciudadanos norteamericanos y funcionarios del gobierno Estadounidense tenían sobre los problemas con los yaquis y otros grupos indígenas 263. Además la fama y prestigio de Cajeme264, justamente por afectar los más diversos intereses, así como por el desarrollo, independencia y resistencia que había logrado, estaba rebasando el ámbito nacional y crecientemente se estaba convirtiendo en un motivo de “vergüenza”265 y repudio para el gobierno local y federal. El informe del gobernador del estado, Carlos R. Ortiz, dirigido al Secretario del Despacho de Gobernación es ampliamente ilustrativo al respecto: […] Entre todos los medios que se han propuesto para lograr atraer a la vida social a los yaquis y mayos, tan útiles para toda clase de trabajos […] y entonces nada sería cualquier sacrificio comparado con lo inmensos beneficios que traería al Estado el restablecimiento del orden en los ríos Yaqui y Mayo, porque ellos solos proporcionarían los brazos que necesita la empresa del ferrocarril y todas las demás establecidas en el Estado, como la agricultura, la minería y muchas otras, a más de que se podrían explotar los inmensos y feracísimos terrenos […] en que abundan dichos ríos, que hoy permanecen improductivos, porque nadie puede con seguridad ir a trabajarlos, ni aún acercarse a ellos. Prescindiendo de que no debe tolerarse que un puñado de indios vivan sin sujeción a la ley, sólo porque así lo quiere uno de sus caciques (José Ma. Cajeme) el bienestar de ellos mismos y el del Estado entero exigen imperiosamente que se les vuelva al orden, y eso sin pérdida de tiempo, porque cada día que pase, hará más difícil el logro del objeto que se desea ardientemente por todos. […] El Gobierno de Sonora cree de tan vital interés el presente asunto que se permite de nuevo recomendarlo a la recta penetración de usted, y espera, 262

Como se aprecia en la documentación diplomática del Archivo Histórico Diplomático, de la Secretaria de Relaciones Exteriores (Archivo Histórico Diplomático Genaro Estrada, AHDGE-SRE). Los cónsules mexicanos de las poblaciones del territorio Norteamericano, así como los Embajadores de México en Estados Unidos, transmitían información al Secretario de Relaciones Exteriores y a los gobernadores del estado de Sonora, quienes a su vez la enviaba a la a la Secretaría de Gobernación, de Guerra y Marina y a la presidencia de la República, debido al traslado de yaquis a territorio Estadounidense hacia poblaciones de Arizona, Nuevo México y California, a la vigilancia de sus movimientos y también por que Estados Unidos era una de sus principal fuente de abastecimientos de armamento. 263 Acerca de las opiniones de ciudadanos y funcionarios estadounidenses sobre los yaquis en el periodo 1885-1886, durante el inicio dela campaña contra los yaquis, véase AHGE-SER, Serie Gaveta, expediente 6-21-6. 264 “Este guerrero […] célebre en Sonora […] ha adquirido proporciones colosales extendiendo su fama por todo el país, durante la última guerra que aquellas razas belicosas han sostenido con las fuerzas del Ejército Nacional” (Corral; 1959: 149). 265 Al respecto véase Hu-DeHart; 2004: 152.

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confiado solo en las dotes administrativas del Presidente y de su digno Ministerio, obtener un satisfactorio resultado. […]266

En 1882 se llevó a cabo el conflicto entre las fuerzas militares del gobierno local y las tribus del Yaqui y del Mayo, lideradas por Cajeme. Desde Navojoa las tropas militares penetraron en la región del Mayo con una fuerza de alrededor de 1,000 hombres al mando de Agustín Ortiz. Los indígenas, entre yaquis y mayos, conformaron una fuerza de cerca de 3,000 combatientes (Corral; 1959: 158). El enfrentamiento decisivo se registró en la población de Capetamaya, después de algunos movimientos estratégicos de Cajeme para engañar a las fuerzas de Ortiz. Éste partió a aquella población el 15 de octubre con el propósito de atacar a los indígenas que suponía divididos, por lo que únicamente arribó con 150 hombres de infantería y 130 de caballería (Dabdoub, 1949: 126; Corral, 1959: 159). Sin embargo fue sorprendido por el grueso de la fuerza indígena y el 16 se registró un intenso enfrentamiento que culminó con la retirada de las fuerzas federales de la zona y el repliegue de los indígenas hacia la región yaqui. Así lograron su objetivo, repeler y sacar de su territorio a las fuerzas militares, a pesar de las importantes bajas indígenas, alrededor de 200 muertos (Corral; 1959: 159). Sin embargo esta parcial victoria permitió a los yaquis mantener en calma su territorio durante dos años más (1883-1885)267, y el prestigio de Cajeme, que ciertamente estaba a la baja después de algunos intentos por suplantarlo268, se vio fortalecido nuevamente con su intensa participación y organización de la batalla269. Pero las pugnas internas y desavenencias con la jefatura de Cajeme no se apaciguaron del todo entre los años de 1884 y 1885, y las autoridades gubernamentales permanecían al corriente de ello, como lo revelan diversos documentos oficiales cuya información era obtenida de indígenas capturados o descontentos: […] llegaron dos indios del yaqui, huyendo de Cajeme según declaraciones de estos y dicen tenia algunos otros presos Cajeme […] y venía algunos 266

El informe del gobernador del Estado, Carlos R, Ortiz, dirigido al Secretario del Despacho de Gobernación, 19 de enero de 1881, AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 19 expediente 12, fojas 014398-014399. 267 “Los indígenas, dos años después del combate de Capetamaya, estaban en completa paz ejerciendo completa soberanía sobre sus territorios […]” (Dabdoub; 1949: 120) 268 El enfrentamiento político y por el liderazgo entre Cajeme y el cacique Yorijelipe fue uno de los antecedentes de estas pugnas. Véase Corral; 1959: 157. Para un panorama exahustivo sobre los problemas y pugnas internas sobre los yaquis véase Hernández; 1997. 269 Quien por cierto perdió el dedo índice de la mano derecha en esta refriega, como refiere su filiación para capturarlo. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 22, expediente 7, foja 016465.

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pueblos y fuerzas porque tenían una revolución entre ellos mismos por estar algunos descontentos con sus disposiciones270.

Estos testimonios conforman los antecedentes documentales más importantes acerca de la traición que sufriría Cajeme en 1885, pues hablan de una “revolución” en su contra. Asimismo, aporta indicios para conjeturar que dicha traición en efecto -como lo suponía Cajeme- pudo fraguarse en connivencia con el gobierno. La respuesta a este telegrama, firmado por Ramón Corral, propicia esta suposición: “El Gobernador se enteró de su mensaje relativo a los yaquis. Le recomienda que procure fomentar diplomáticamente las divisiones del río”271. El conflicto que culminó con la batalla de Capetamaya significó la voz de alerta para los indígenas del Yaqui y del Mayo de lo que se avecinaba: el ataque militar, territorial y político fraguado desde la gubernatura del estado y con el apoyo del gobierno federal. Pues a partir de entonces en ambos ríos, yaquis y mayos se movilizaron permanentemente por la defensa de su territorio y de su identidad272. “C. Gobernador del Estado. […] los indios de los pueblos Yaqui y Mayo reservadamente se están preparando para hacer un levantamiento en armas contra el Gobierno en los primeros días de este mes […]”273. Así como esta victoria significó para los yaquis el inició de los preparativos para la guerra, les permitió inhibir brevemente la ocupación de su territorio. Pues ésta ya había comenzado con la organización que emprendieron el gobernador Luis E. Torres y el jefe de la primera zona militar, Bernardo Reyes, quienes emprendieron las adjudicaciones de tierras como lotes privados en ambas márgenes de los ríos a quienes las solicitaran274. Igualmente, trataron de organizar a las poblaciones indígenas en colonias agrícolas y emprender los trabajos correspondientes para los canales de irrigación. Estos esfuerzos estaban en correspondencia con la iniciativa federal que había creado la Comisión Geográfica Exploradora en 1880, con el objetivo de realizar la ubicación, deslinde y

270

Telegrama del prefecto de Guaymas, Andrés Rivera, al gobernador de Sonora. 7 de enero de 1884. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 20, expediente 2, foja 014543. 271 Respuesta de Ramón Corral, secretario del estado de Sonora al prefecto Andrés Rivera. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 20, expediente 1, foja 014544. 272 “[…] después de la batalla de Capetamaya en que el triunfo del caudillo yaqui paralizó al enemigo, las tribus intensificaron sus preparativos bélicos, pero permaneciendo a la defensiva […]” (Dabdoud; 1949: 129). 273 Oficio de la Comandancia General en el Estado de Sonora, del 7 de noviembre de 1883. General Bonifacio Topete al Gobernador del Estado. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 20, foja 014532. Asunto completo véanse fojas 0114529-014534. 274 Si bien el general Bernardo Reyes fue removido de su cargo por negarse a colaborar militarmente a la represión de yaquis y mayos. Véase Dabdoub; 1949: 129 y del Paso: 1982: 12.

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repartición de tierras para formar las colonias agrícolas militares y circunscribir a los yaquis a estos planes de repartición y reubicación de pueblos y comunidades. Así lo expresa el Secretario de Fomento, Carlos Pacheco, en coordinación con el presidente de la República, en su comunicación al Secretario de Guerra y Marina para que hiciera uso de las fuerzas federales al mando del Jefe de la Primera Zona Militar, Bernardo Reyes, para llevar a cabo dicho propósito: “[…] pudiera situar parte de esa fuerza en el Río Yaqui, con el fin de lograr que se haga el repartimiento de tierras entre los indios […] procurándose también a toda costa la fundación definitiva de los pueblos de indígenas para la cual se les ha de señalar su fundo legal […]”275. Asimismo y a partir de este periodo, con la creación de la Comisión (CGE), inició el programa que buscó repartir las tierras del Yaqui y del Mayo como botín de guerra para los militares. “El gobierno federal condicionaba su ayuda militar a la formación de colonias, que implicaban la organización para los sonorenses de servir al ejercito por un periodo determinado […]” (Dabdoub; 1949: 125). Estas primeras acciones de involucramiento directo del ejército rendirían sus verdaderos frutos hacia finales de la década de los años ochenta y en la siguiente. Pero lo que hay que advertir desde ahora es que implicaron la creación de fuertes intereses en los cuerpos castrenses por el territorio de los indios, con el propósito de que pelearan con mayor eficacia y compromiso por una tierra que posteriormente sería su hogar. Estas acciones se prestaron también a mayores corruptelas de los cuerpos militares y sus cúpulas estatales, que ahora solicitaban cada vez mayores recursos a la federación para abrir la campaña sobre los indos276. Pero sin duda, esta nueva concepción de las colonias militares arraigaron los intereses de los militares por despojar y derrotar a los indígenas. Si bien estos trabajos rindieron sus primeros frutos en territorio de los mayos, los yaquis lograron desalentar los mismos propósitos en su territorio277. En el oficio que el gobernador Carlos R. Ortíz dirigió a la legislatura local, el 12 de octubre de 1881, se constata la imposibilidad de realizar este propósito: “[…] a causa de la actitud amenazadora que guarda Cajeme al frente de una

275

Carlos Pacheco al Secretario de Guerra y Marina, 26 de julio de 1881. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 19, expediente 12, foja 014422. 276 “[…] fue un recurso del Gral. Carbó para que la Secretaría de Guerra revocara la orden que le había dado de concentrarse a la capital del País al conocer su conducta crapulosa en Sonora, y aprovechar la campaña para abrirse fondos […] (Dabdoub; 1949: 129, énfasis mío). 277 “[…] el desarrollo y la colonización del Valle del Yaqui presentaba grandes dificultades. En cambio del Valle del Mayo sucumbió mucho más fácilmente al control mexicano […]” (Hu-DeHart; 2004: 152).

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banda de forajidos que viven sustraídos a la obediencia del gobierno”278. Sin embargo para el periodo inmediatamente posterior, sobre todo entre los años 1883-1885, se registra una actividad permanente y coordinada entre los indios yaquis y mayos con miras a prepararse productiva y militarmente para enfrentar el proyecto de desarrollo en su territorio279. Los testimonios de primera mano los proporciona la documentación oficial del estado, que permanecía escrupulosamente al tanto de sus movimientos y que hacía lo propio para lograr su proyecto “civilizatorio” por medio de la fuerza. En los últimos meses de 1883 se encuentra la triangulación de los oficios que tiene como origen una comunicación del jefe del destacamento militar de Navojoa (Teniente Coronel Pedro A. Gutiérrez), a la presidencia municipal, que transmite a la Prefectura de Álamos, al mando de José de Jesús Salido, notificando a la Secretaría del estado los movimientos que consideran próximos a un ataque de yaquis y mayos a Navojoa, al mando de Cajeme. A su vez la Secretaría de estado, al mando de Ramón Corral, informa del mismo asunto a las fuerzas militares federales en Sonora, al mando de Bonifacio Topete, quien hace lo propio y permanece en coordinación con la gubernatura280. C. Gobernador del Estado. […] próximamente se efectuará el movimiento que preparan los indios de los pueblos Mayo y Yaqui, habiendo estos verificado ya algunas juntas en el monte contiguo a los pueblos de Cuirimpo y San Pedro con el objeto de atacar el de Navojoa y dar posesión de él y otros a Jesús Moroyoqui que para el efecto ha sido nombrado por el Cajeme, contando para ello con ochocientos hombres de Santa Cruz, pudiendo completar dos mil con el de Camoa y otros pueblos; confirmando esto la emigración con sus bienes de campo que están haciendo las familias que los pueblan. Que el Presidente de aquella municipalidad expone, que a pesar de tener cuarenta armas, no podrá utilizarlas en caso preventivo porque para esto sería necesario tener acuartelados con anterioridad a los nacionales que reclutara remunerándolos para lo cual no tiene autorización. Lo que digo á Ud. para que si a bien lo tiene tome sus providencias en lo relativo281.

278

AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 19, expediente 12, foja 014427. “Las reuniones de sus jefes eran frecuentes, las movilizaciones constantes; los asaltos y robos a los ranchos próximos, así como sus amenazas a las poblaciones comarcanas mantenían a toda la región en una ambiente de gran intranquilidad, que obligaba a los vecinos a mantenerse siempre armados y a los destacamentos federales en estado de alerta”. (Dabdoub; 1949: 127). 280 Si bien estas triangulaciones de información oficial y sus apoderados pueden apreciarse en la documentación oficial que se ha venido refiriendo, así como en las notas correspondientes, es desde ahora importante asentar en el texto sus nombres porque conforman algunos de los personajes más importantes de la represión contra los yaquis en el periodo inmediatamente posterior. 281 Bonifacio Topete, jefe de la Comandancia Federal de Sonora al gobernador, 12 de noviembre de 1883. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 20, foja s/n. 279

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En el oficio de respuesta la Secretaría del estado avisa a la Comandancia Federal de Sonora que ha autorizado la colaboración de las fuerzas federales del destacamento de Navojoa para apoyar militarmente en caso necesario a la guardia nacional de dicha municipalidad282. Las vicisitudes de 1884, que narra José de Jesús Salido en sus partes oficiales283, refieren continuos robos, reuniones y posicionamientos en puntos estratégicos de los indígenas, así como que Cajeme justificaba y fomentaba los saqueos por considerarlos de su propiedad, pues eran producto de la riqueza generada por los asentamientos en territorio de los pueblos “[…] que podían tomar reces de los de razón o de los indios que no fueran aliados para vivir, pues todo era de ellos supuesto que esos bienes se habían reproducido en los terrenos de sus pueblos […]”284. Sin embargo para 1885 la situación estaba transformándose y haciéndose más crítica, los esfuerzos de ocupación territorial eran cada vez más decididos y la presión política, militar y económica se cernía sobre el Yaqui. Así lo corrobora el propio discurso de Porfirio Díaz con motivo de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso del 1 de abril de 1885, justamente cuando se había abierto la campaña federal y del estado contra los yaquis: “El Ejército es hoy una garantía de paz y de orden, como lo demuestran los nuevos e importantes servicios que ha prestado, y los que sigue prestando en la campaña de Sonora contra las tribus Yaquis y Mayo”285. En dicho año el gobierno local buscó realizar el repartimiento de tierras baldías a nivel regional, por lo que se exigió la presentación de títulos de posesión de tierras a todos sus poseedores. Los yaquis presentaron algunos títulos pero fueron rechazados por las autoridades (Velasco; 1988: 26). Ante todas estas circunstancias, Cajeme intensificó los preparativos para una guerra que sabía inevitable y cercana, se hizo de más pertrechos de guerra en las principales poblaciones del estado, como Magdalena, Hermosillo, Guaymas, Álamos y Ures, y preparó fortificaciones. El gobierno por su parte tomó diversas medidas dirigidas a los comerciantes y expendios de armas de dichas localidades para impedir su venta a los yaquis, se hicieron inventarios y se giraron permisos especiales para tener un registro 282

Ramón Corral, Secretario del estado, a Bonifacio Topete (Comandancia Federal de Sonora), 15 de noviembre de 1883. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 20, foja s/n. 283 AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 20, expediente 2. 284 Oficio de José de Jesús Salido, prefecto de Álamos, a la gubernatura, 15 de agosto de 1884. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 20, expediente 2, foja 014581. 285 Discurso de Porfirio Díaz al abrir las sesiones ordinarias del Congreso. Abril 1, 1885. http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1885_180/Discurso_de_Porfirio_D_az_al_abrir_las_sesiones_or_547_printer .shtml

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minucioso de dicho armamento y a quienes era suministrado286. Sin embargo la crisis y tensiones entre los propios yaquis y su dirigencia fueron las que propiciaron el inicio de la guerra. Quien había sido segundo Cajeme y teniente general del río, Loreto Molina, buscó sustituir del mando a José Ma. Leyva. Entre el 27 y 28 de enero de 1885 fraguó un ataque sorpresivo con un grupo de hombres descontentos con la dirigencia de Cajeme y se dirigió a su propio domicilio para eliminarlo. […] estando convencidos que el Supremo Gobierno no ha podido abrirle campaña para someterlo al orden nos decidimos varios indígenas […] a darle un asalto a Cajeme para ver si podíamos lograr agarrarlo y tener gusto de presentárselo al gobierno […]287

Sin embargo en aquellos días Cajeme había realizado un viaje con dirección al Mayo, por lo que los implicados no pudieron encontrarlo. Ello no impidió sin embargo que Loreto Molina prendiera fuego a su casa, reprimiera a su familia y tomara prisioneros afectos a José Ma. Leyva (Corral, 1959: 160; Gouy-Gilbert, 1985: 77). Algunos yaquis cercanos a Cajeme iniciaron la persecución sobre Molina y sus hombres pero no consiguieron aprehenderlos, aunque recuperaron a los prisioneros (Corral; 1959: 160). Al enterarse de las noticias Cajeme emprendió de inmediato el viaje de regreso al Yaqui y buscó la manera de reprimir a Molina y tomó las disposiciones necesarias para levantar a los yaquis e iniciar las represalias. Cajeme no estaba del todo seguro si el ataque había sido realizado por iniciativa del propio Molina y sus hombres, o si estaba en contubernio con las autoridades del gobierno288. Si bien se realizó el escrutinio de los documentos del AGHES sobre este atentado289, no permiten aseverar fehacientemente que en efecto Molina actuara por órdenes del gobierno. Lo cierto es que una vez consumado el ataque Molina informó al gobierno, por medio a la prefectura de Guaymas, y le hizo saber que esperaba instrucciones. Por lo que a partir de entonces Loreto Molina se incorporó a las fuerzas armadas del estado para colaborar en la campaña contra los yaquis. 286

Oficio de la prefectura de Guaymas al gobernador del estado, 4 marzo de 1885. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 21, expediente 1, foja s/n. Oficio del gobierno del estado a las prefecturas de Guaymas, Álamos, Hermosillo, Ures y Magdalena. Agosto de 1885. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 20, expediente 3, fojas 014649-0144661. 287 Oficio que reproduce la comunicación de Loreto Molina al prefecto de Guaymas, enviado al gobernador el 30 de enero de 1885. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 20, expediente 9, foja 015186. 288 Pues si bien en su carta dirigida al capitán del puerto de Guaymas aseguró que Molina fue enviado por las tropas del gobernó, en la comunicación verbal al Prefecto manifiestó no estar seguro si Molina actuó por cuenta propia o en connivencia con el gobierno. Ambos documentos son reproducidos en Dabdoub; 1949: 127, 129. 289 AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 20, expediente 9.

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Debido al atentado y a la incertidumbre sobre su verdadera autoría intelectual, Cajeme dispuso que fueran detenidas todas las embarcaciones comerciales que se encontraran en el Río Yaqui (en el Médano) con destino a Guaymas, y envió dos comunicaciones: una al capitán de dicho puerto, notificándole que las embarcaciones no serían devueltas hasta que se pagaran los correspondientes rescates y que tenían un plazo de 10 días para su reclamo290, y otra al prefecto de Guaymas solicitando información para saber si el ataque había sido fraguado por el gobierno, a través de dicha prefectura (Dabdoub, 1949: 129; Corral; 1959: 161). Es decir, Cajeme buscaba el deslinde de responsabilidades acerca del atentado en su contra. De acuerdo con el informe sobre este asunto, escrito por la prefectura y dirigido al gobernador del Estado291, Cajeme había hecho saber a la prefectura que si el atentado había sido una iniciativa del gobierno, hacía manifiesto su total desconcierto, pues él había demostrado ampliamente su patriotismo nacional contra el intervencionismo extranjero, por lo que le parecía inconcebible que el gobierno fraguara un atentado en su contra. Sin embargo y en caso contrario, es decir, si el ataque había sido planeado exclusivamente por el propio Molina, exigía asimismo –en su condición de patriota- la colaboración gubernamental para aprehender a los implicados y someter a los responsables. “[…] envío a decir al Prefecto de Guaymas, por medio de un comisionado, que deseaba saber si el asalto sufrido en su casa había sido ordenado por la Prefectura o por el Gobierno, o si era obra exclusiva de sus autores; que en el primer caso hacía presente su extrañeza, pues él era un buen mexicano dispuesto a defender a su patria en cualquier guerra extranjera, y en el segundo pedía que se persiguiera a los ejecutores […] pues de lo contrario se vería obligado a tomar el desquite haciendo algunos daños en los puntos inmediatos al río (Corral, 1959: 161, énfasis mío).

En principio estos planteamientos del informe de la prefectura parecen poco menos que contradictorios, tomando en cuenta que bajo el mando el Cajeme los yaquis se mantenían abstraídos de la nación, completamente autónomos y entorpeciendo los planes del gobierno y de los poderes económicos. Sin embargo los antecedentes de Cajeme le permitían hacer alusión a su patriotismo, pues en efecto lo había demostrado con creces

290

Carta de Cajeme al capitán del puerto de Guaymas. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 20, expediente 9, fojas 015202015203. 291 Producto de a la comunicación que transmitió un enviado de José Ma. Leyva a dicha prefectura.

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durante su participación en la Guerra de Reforma, contra la invasión filibustera de 1854 y sobre todo contra la Intervención Francesa en 1865-1866. Además y en estricto sentido, sólo se había pronunciado en contra de un gobierno local completamente deslegitimado y que el propio porfirismo regional había pugnado por destronar, el de José Pesqueira, quien además buscó agredir a los yaquis militarmente en 1875. Así que desde su lógica Cajeme se había limitado a fortalecer la organización de su pueblo, sin agredir a las poblaciones mexicanas y sin pronunciarse contra los primeros gobiernos liberales del porfirismo local. Por su parte el gobierno no asumió ninguna responsabilidad por el ataque de Molina y tampoco se dispuso a colaborar con Cajeme para su aprehensión. Sin embargo estos acontecimientos pusieron de nuevo los reflectores sobre el Yaqui y representaron la oportunidad y coyuntura que el gobierno estaba esperando para volver a abrir la campaña, derrotar a Cajeme y desarrollar las empresas productivas y de ocupación que no habían podido llevarse a cabo. Por su parte y ante las negativas del gobierno, Cajeme organizó a los yaquis para la guerra, quemó la embarcaciones que no fueron reclamadas292 y empezó a organizar ataques en las fronteras de su territorio, sobre ranchos y haciendas, como el de La Noria en Baroyeca293, y “[…] la hacienda de las Termópilas en el Valle de Guaymas” (Corral; 1959: 161). La guerra había comenzado294. La organización productiva y sociocultural que Cajeme y los yaquis habían desarrollado durante 10 años les permitió cambiar las tácticas de resistencia y emprender una guerra como un verdadero ejército. De manera que dejaron de utilizar las acometidas guerrilleras y ahora implementaron un sistema de fortificaciones y trincheras bien suministradas de víveres, pertrechos de guerra, granos, municiones y ganado para enfrentar las acometidas de las tropas del gobierno295. Así como Banderas había sido el primero en introducir al uso de armas de fuego entre los yaquis, Cajeme fue el precursor de la utilización de este sistema de trincheras y fortificaciones, producto de su experiencia como parte de los ejércitos liberales. Esta es otra prueba, en términos militares, de la introducción de elementos modernos para defender la tradición. 292

Así los hace saber el oficio del general Bonifacio Topete al gobernador del estado Luis E. Torres, el 19 de febrero de 1885. AHGES, fondo Ejecutivo, tomo 20, expediente 9, foja 015244. 293 AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 20, expediente 9, foja 015228-015229. 294 Así lo constata el informe de José de Jesús Salido, en done refiere un invasión general por parte de los yaquis a diversos pueblos el 5 de marzo de 1885. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 21, expediente 1, foja s/n. 295 “Cajeme decidió cambiar la táctica tradicional de combate […] resolvió fortificar lugares estratégicos abastecidos de pertrechos, víveres y ganado, así como establecer áreas de trincheras.” (Hernández; 1996: 119). “Aquí, por primera vez, decidió usar el sistema de trincheras” (Gouy-Gilbert; 1985: 78). También véase Corral; 1959: 163.

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Asimismo, desplegaron una serie de partidas o cuadrillas de hombres bien armados a lo largo del río para hostigar los avances de las tropas militares y reunir a los indígenas (Corral: 1959: 162). Por su parte las fuerzas del régimen movilizaron sus efectivos sobre el territorio rebelde, e incluso se trasladó un vapor desde Mazatlán para posicionarse hacia la desembocadura del yaqui (Dabdoub; 1949: 130). Sus fuerzas estuvieron compuestas por elementos militares de la guardia nacional del estado, alrededor de 800 hombres, más 1,800 efectivos del ejército federal de la zona militar a las órdenes del general José Guillermo Carbó y del general Bonifacio Topete296, estableciendo su cuartel general en el Médano para tener comunicación por Guaymas (Corral; 1959: 162). En los primeros enfrentamientos (de febrero a julio de 1885), llevados a cabo principalmente en la fortificación yaqui del Añil, entre los pueblos de Vícam y Potam, salieron victoriosos los indígenas y obligaron a las fuerzas de Topete a replegarse a Vícam en más de una ocasión. Incluso algunos diarios de la prensa norteamericana publicaron las noticias de las primeras derrotas de las fuerzas militares a manos de los yaquis297. En los escasos documentos en que se conservan narraciones de los yaquis sobre la batalla del Añil, aunque refieren que sufrieron serias pérdidas, en efecto se constata su victoria y el repliegue de las fuerzas militares de la zona. Así lo atestigua un interrogatorio a dos mujeres yaquis: “[…] que durante el tiempo que una columna estuvo acampada enfrente del Añil murieron algunos indios […] Que después de la salida de las fuerzas hicieron los indios fiestas en los pueblos”298. Así que Cajeme dispuso la fortificación de otros puntos, como en los cerros del Buatachive y el Omteme. Sin embargo y a pesar de la victoria, hacia finales de 1885 existen referencias acerca de que el sistema de fortificaciones de Cajeme ya estaba desgastando a la población indígena, principalmente por la falta de víveres y la imposibilidad de salir a trabajar y cosechar la tierra. Así lo informaron jefes militares de la campaña por medio de los testimonios de algunos yaquis que apresaron: “[…] En cuanto a víveres, están muy escasos, pues los están trayendo del Mayo, y que según todas probabilidades la cosecha próxima será muy escasa […]”299. Los 296

También participaron, entre muchos otros generales, el general Lorenzo Torres, futuro gobernador de Sonora. Véanse Corral, 1959: 163; Dabdoud, 1949: 135. 297 Matías Romero refiere la noticia publicada en el Herald de Nueva York el 27 de abril de 1885. AHGE-SER. Fondo Gaveta, expediente 6-21-6. Fojas 390-391. 298 Declaración Quina Lugo y Felipa Gómez, Primera Zona Militar, octubre 1885. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 21, expediente 5, foja 015705-015706. 299 Interrogatorio a los indígenas yaquis Bartolomé Yauquimea e Ignacio Ma. Baltazar, octubre 16 de 1885. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 21, expediente 5, foja 015728.

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interrogatorios a diversos yaquis300, así como el profuso informe de un cura encargado de la administración de río, cautivo de los yaquis y que logró escapar (septiembre de 1885)301, contienen múltiples referencias que permiten comprender mejor parte del funcionamiento y los diversos medios de resistencia en esta última etapa del periodo autonómico. Para hacerse de recursos, por ejemplo, muchos yaquis salían de su territorio para ir a vender e intercambiar sus productos (frijol, garbanzo, sal), por los que escaseaban en el yaqui; eran ellos justamente los que eran aprehendidos por las tropas del gobierno. Sus informes proporcionan también diversas características sobre el aprovisionamiento de armas, parque y acerca de la hechura de sus fortificaciones. Las pocas armas de fuego con las que contaban eran conseguidas en las poblaciones y ciudades cercanas, algunas Remington, sin embargo cada vez era más difícil su introducción al río, por lo que las arreglaban, reutilizaban y fabricaban su propia pólvora. Sin embargo el arma más utilizada y que podían seguir fabricando eran sus arcos y flechas. Las fortificaciones estaban posicionados estratégicamente, sobre todo en cerros de muy difícil acceso, como el de “Chumanpaco” en la Sierra del Bacatete302. Estaban hechas de “lama”, barro y gruesos troncos de madera para evitar los disparos enemigos, así como de grandes fosas escavadas para transitar por los diversos puntos fortificados sin ser acometidos. Recurrían a todo tipo de medios a su alcance para enfrentar a los ejércitos federales y locales, en cambio bien armados y profesionalizados. Para sobrevivir el encierro aprovechaban al máximo su medio físico, comiendo todo tipo de raíces, cactus, mezquite, cazando animales o comiendo sus propios caballos. “La fuerza natural y la resistencia que tienen los indios [yaquis], acostumbrados a resistir hambre, frio, calor, sed y todos los trabajos de una campaña le dan una superioridad grande a toda fuerza que viene a atacarlos […]”303. Desde finales de 1885 Ángel Martínez fue nombrado como el nuevo jefe de la Primera Zona Militar que comprendía los territoritos de los estados de Sonora, Sinaloa y Baja California. Durante los primeros cinco meses de 1886 se llevaron a cabo más de 100 combates (Hernández; 1996: 121; Dabdoub; 1959: 130) en los que yaquis estaban siendo seriamente diezmados y en los que normalmente fueron derrotados. Para el 26 de abril 300

Octubre de 1885, AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 21, expediente 4, fojas 015638-015672. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 21, expediente 4, fojas 015658-015661. 302 AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 21, expediente 4, foja s/n. 303 Informe del cura encargado de la administración del río, septiembre de 1885. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 21, expediente 4, foja 015658. 301

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las fuerzas militares habían ocupado el pueblo de Cócorit (Dabdoub; 1949: 133). El mismo Ángel Martínez fue el encargado de dirigir la ofensiva decisiva sobre los yaquis, quienes desde el mes de mayo se encontraban refugiados en el Bautachive, una fortificación casi inexpugnable al interior de la Sierra del Bacatete que contaba con un manantial y a donde Cajeme ordenó llevar todos los recursos que aún quedaban disponibles y que habían escondido en diversos rumbos del territorio yaqui. Asimismo, mandó llamar a todos los indios y a sus familias considerando que en aquel refugio sería imposible la victoria del gobierno, según Ramón Corral logró reunir cerca de 4,000 indígenas (Corral; 1959: 167168). Sin embargo y más allá de lo que se convertiría en una tragedia para los yaquis, pues en efecto fueron completamente derrotados en este refugio, hay otro dato que refieren tanto Ramón Corral como Claudio Dabdoub304, que poco o nulamente se ha analizado en la historiografía posterior, pero que conforma un elemento muy importante en correspondencia con los propósitos de esta investigación. Pues para esta última defensa general Cajeme no sólo difundió nuevos bríos entre los suyos para que acudieran con sus familias y recursos a emprender esta batalla305. Si no que hizo asimismo llevar hasta el interior del Buatachive las imágenes y los santos de sus pueblos: “Para estimularlos […] hizo trasladar allí los santos de las iglesias, objeto el más venerado de la tribu” (Corral; 1959: 168). “De los templos trasladó también la imágenes que más veneraban, a fin de inspirarles más confianza a sus gentes” (Dabdoub; 1949: 133). Esto no es otra cosa que recurrir a uno de los símbolos de pertenencia colectiva más importantes de la tribu yaqui. Cajeme contaba con escasos elementos para atraer a los indios a una guerra que ya estaba prácticamente perdida, ni su propio prestigio y liderazgo eran ya suficientes, por lo que hábilmente utilizó estos recursos de veneración que sin duda le sirvieron para comprometer a muchos yaquis a la defensa de su territorio y de su identidad. Los diversos interrogatorios que las fuerzas federales hacían a los yaquis que encontraban en las poblaciones cercanas, después de la batalla del Añil, corroboran que

304

Véanse Corral; 1959: 168 y Dabdoub; 1949: 133. “[…] dispuso trasladar allí todos los granos y el ganado que aún había existente […] y dio orden para que todos los indios aún las mujeres, los niños y los inútiles fueran a guarnecerse allí […] Estas medidas llevaron al Batachive como cuatro mil indios de tos sexos y edad […]” (Corral; 1959: 168). 305

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muchos de los indígenas querían abandonar el estado de guerra306. Ahora bien, censar a los yaquis ha sido una problemática permanente que no sólo ha enfrentado la historiografía307. Sin embargo y si consideramos la cifra que propone Cécile Gouy-Gilbert para el año de 1887308, de una población de 4,000 yaquis en el río309, una de las más bajas producto sobre todo de la represión del gobierno y al exilio a otras poblaciones310, entonces podemos considerar que Cajeme logró atraer a un número sumamente importante de la población yaqui a esta última defensa311. Si bien este éxodo hacia el interior del Bacatete se debió a una intensa campaña de convencimiento de Cajeme, a la coacción de sus huestes y a las condiciones que en efecto presentaba ésta segura fortificación y sierra, esta labor propagandística no hubiese tenido el mismo efecto si Cajeme no hubiese recurrido a estos dispositivos de identificación, quizás los más importantes de la población yaqui. Es decir, aquellos símbolos e imágenes mentales en los que se expresa y sintetiza la identidad y pertenencia a un mismo grupo. Incluso no sólo utilizar a sus guerreros, sino atraer a las familias, a las mujeres y niños, además de constituir elementos importantes para contribuir a las muy diversas tareas en una situación tan apremiante, casi sin manera de hacerse de recursos de subsistencia, sirvieron como elementos inapreciables para reforzar el sentido de colectividad, para recrear los lazos afectivos que hicieran aún más sólida la resistencia. El poderoso despliegue militar de las fuerzas federales y locales fueron cercando las posiciones de los yaquis en el Buatachive312. Además los escasos encuentros con las tropas del gobierno a campo abierto eran verdaderamente lastimosos para los indos, que por regla general sacaban la peor parte. Así que sólo había que esperar a que los elementos de subsistencia escasearan a tal punto que la resistencia fuera insostenible y asestar el golpe final313. A ello se sumó el hacinamiento y la viruela que se expandió ente 306

Interrogatorios a yaquis realizados en octubre de 1885, en los que ante la pregunta de cuál era la postura de los pueblos yaquis y de Cajeme en torno a la paz, múltiples individuos respondieron: […] todos los pueblos desean la paz pero que Cajeme no los deja que la pidan […]”. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 22, expediente 11, fojas 015638-015646. 307 Sino también los programas elaborados para dicho efecto, sobre todo por la trashumancia y la permanente migración y movimiento de la población yaquis. 308 Un año después del enfrentamiento en el Buatachive que los diezmó considerablemente. 309 Véase Gouy-Gilbert; 1985: 81. 310 Sólo equiparable a las cifras de la posterior época de exterminio y deportación porfiriana de finales de siglo. 311 Asimismo, el cura encargado de la administración del río, calculó la fuerza activa de los yaquis en 4,000 hombres, hacia finales de 1885. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 21, expediente 4, foja 015658. Por lo menos a más de la mitad de la población si nos ceñimos a la cifra de Gouy-Gilbert. 312 Para la pormenorización del ataque al Buatachive véanse Corral, 1959: 166-170; Dabdoub; 1949: 133-134. 313 “[…] pero de todas maneras, los indígenas sufrían una situación difícil, pues prácticamente se encontraban cercados en su territorio e incomunicados, sin poder reponer sus provisiones y elementos de guerra.” (Dabdoud; 1949: 131).

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los yaquis y que cobró muchas vidas (Dabdoub, 1949: 133; Corral, 1959: 168). Sin embargo los yaquis, a pesar de que Cajeme y muchos otros pudieron escapar en la refriega del 11 y 12 de mayo de 1886, defendieron intensamente su baluarte. Pero las fuerzas militares contaban con mayores recursos y salieron victoriosas en el acoso a esta fortificación. Las cifras de Corral y Dabdoub314 refieren 200 indígenas muertos y alrededor de 2,000 prisioneros entre mujeres, ancianos y niños, muchos heridos o enfermos de la fiebre amarrilla (Corral; 1959: 169-170). Después de este terrible enfrentamiento315, hacia finales de mayo de 1886, los yaquis quedaron seriamente diezmados. Así que muchos, incluyendo a diversas autoridades tradicionales, se presentaron a los destacamentos militares que se encontraban posicionados en algunos pueblos yaquis como Pótam, Cócorit, Tórim y el Médano para solicitar la paz. El jefe de la Primera Zona Militar aprovechó la victoria para comunicar a los yaquis que los que se sometieran serían recompensados con las garantías de los ciudadanos de la República (Corral; 1959: 170), para manifestar que los que siguieran rebelados se les perseguiría sin tregua, y para enviar elementos de subsistencia y víveres para los pacificados, heridos y hambrientos en los pueblos. Para sellar el acto simbólicamente, el propio general y jefe de la Primera Zona Militar, Ángel Martínez, así como el gobernador del estado, Lorenzo Torres, prepararon un acto de sumisión el 27 de mayo. En dicha ceremonia se encontraban los líderes yaquis pacificados, siete gobernadores de los pueblos y buena cantidad de indígenas (Corral; 1959: 171). Sin embargo la causa no se dividió del todo, pues aunque en efecto hubo una separación producto del estado endémico de la guerra 316, muchos yaquis pacíficos siguieron apoyando con recursos de subsistencia a las pequeñas partidas de hombres que permanecieron rebelados con Cajeme, en su constante deambular por diversos puntos de la región317. A pesar de la victoria y de la supuesta pacificación, en cuanto el general Martínez retiró a parte de las fuerzas federales del territorio yaqui, creyendo su entera tranquilidad, pequeñas partidas de indígenas, entre las que se encontraba Cajeme (desde el mes de junio y hasta diciembre de 1886), siguieron rebeladas y emprendieron diversos 314

Dabdoud sólo refiere a los muertos, 200 también. Véase Dabdoub; 1949: 134. […] prolongándose el combate, reñidísimo y sangriento, por más de tres horas” (Dabdoub; 1949: 133). 316 “A pesar de que el propio Cajeme tomó represalias hacia algunos grupos de yaquis que se pacificaron. “En el pueblo de Vicam cogieron a varios indios de os que se habían indultado, los colgaron de los árboles y para escarmiento les pusieron entre los dientes a los cadáveres los pasaportes que les habían expedido las autoridades militares.” (Corral; 1959: 173). 317 Acerca de esta división entre los yaquis pero la continuación de una misma causa véase Gouy-Gilbert; 1985: 79. 315

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ataques guerrilleros a los destacamentos militares, robando víveres y ganado en haciendas y ranchos cercanos. Se movían constantemente entre el río, las haciendas, la sierra del Bacatete e incluso hacia las islas del Golfo de California para obtener alimento y para no ser capturados por las tropas del gobierno. Estas, nuevamente destacaron diversas fuerzas en varios puntos para perseguirlos, sobre todo con la finalidad de capturar a Cajeme318. Sin embargo y a partir de la derrota de Buatachive las partidas de yaquis rebeldes tenían muy pocos recursos para presentar un frente común poderoso, que pudiese sacar a las tropas de su territorio319. Volvieron a una guerra de guerrillas cada vez más debilitada, la resistencia fue declinando y la mayoría de los yaquis se encontraban pacificados y vigilados por los destacamentos militares, o en sus labores en haciendas y ranchos. El propio Cajeme hizo proposiciones de paz en el mes de octubre de 1886 para ganar tiempo320, pero ahora sus condiciones -básicamente que salieran las tropas del río- eran inaceptables para el gobierno, ya no estaban dispuestos a abandonar el territorio yaqui hasta lograr someter completamente a los indígenas y a su líder. Para el mes de diciembre de 1886 la situación de los yaquis rebelados era cada vez más apremiante, se encontraban acosados por diversos rumbos y el invierno les estaba cobrando muchas víctimas ante la falta de recursos para su sostenimiento. Así que nuevos grupos de indígenas fueron capturados y otros se presentaron para rendirse y poder hacerse de alimento y trabajo. El periodo autonómico y la resistencia de Cajeme habían terminado, la pacificación estaba consumada y se iniciaron las ocupaciones territoriales en el Yaqui321. Finalmente Cajeme fue denunciado y aprehendido en su escondite en San José de Guaymas el 15 de abril de 1887. Permaneció alrededor de 8 días en la casa de su antiguo enemigo y quien le propinara la derrota de Butachive, el general Ángel Martínez. Después 318

En diciembre de 1886 el gobierno del estado giró a todas las prefecturas la orden de aprehensión en contra de Cajeme, en donde se adjuntan sus características físicas: […] estatura regular, bastante gordo, ojos grandes, labios muy gruesos, lampiño con poco bigote, mucho pelo negro […] le falta la mitad del dedo índice de la mano derecha, habla bien el español y su pronunciación es pausada. AHGES, fondo ejecutivo, tomo22, foja 016464-016465. 319 “Después de esta batalla, los yaquis no pudieron continuar presentando resistencia compacta y enérgica, pues se encontraban diezmados, desnudos y hambrientos; carentes de municiones y aniquilados por las enfermedades, sobre todo por la viruela.” (Dabdoub; 1949: 134). 320 Diversos autores rescatan el documento de la propuesta de Cajeme. Véanse Dabdoub; 1949; Corral; 1959; Hernández, 1996. 321 “Esas fueron las últimas operaciones de la campaña, la cual terminó con el año de 1886. Los indios estaban dominados y el objeto de la guerra, la pacificación de las tribus, se había obtenido. Por la fuerza de las armas y no por la persuasión, es cierto, que de todos modos los indios estaban sometidos, habían terminado como entidad independiente […]” (Corral; 1959: 188)

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de numerosas visitas y muestras de admiración y respeto, incluyendo la estancia con su familia, Cajeme fue llevado con dirección hacia el Yaqui, en donde fue ejecutado el 25 de abril de 1887. Con su captura y muerte el gobierno creyó terminada la sublevación y asegurada la pacificación en el Yaqui: “[…] con la captura del cabecilla referido quedará definitivamente la pacificación de las tribus Yaqui y Mayo […]”322. Sin embargo no contaban que la defensa de la identidad va más allá de la muerte del más exitoso de los líderes, pues su eliminación física es trascendida por el poder y valor simbólico al que decididamente abonó su figura en el proceso de construcción identitaria, por lo que Cajeme ya había cumplido su cometido, lo de menos era su muerte, así que sólo era cuestión de tiempo para la reorganización y continuación de la resistencia.

III.VIII

LA MODERNIDAD EN POS DE LA TRADICIÓN.

LA

RESIDENTICA YAQUI DE

CAJEME,

UN PROBLEMA

IDENTITARIO.

Pero veamos finalmente la cuestión de la identidad en esta coyuntura, es decir, aquellos elementos de esta pugna entre los yaquis con Cajeme y la represión del gobierno que ofrecen los indicios y testimonios que permiten plantear que en el fondo se trató de un problema identitario. La reflexión que realizó Fortunato Hernández acerca de esta última campaña contra los yaquis de 1885-1887 ofrece algunas pistas, pero sobre todo el breve apunte que sobre dicha reflexión asentó Claudio Dabdoub: Con estos indios que se presentaban y los prisioneros que se cogían, era ya considerable la cantidad de ellos que había en los campamentos […] La situación en que llegaban a la presencia de las tropas era conmovedora en extremo. Pálidos, demacrados, hambrientos y desnudos […] A pesar de aquella miseria tan grande, nunca se los oía proferir una queja y la soportaban con verdadero orgullo. […] La soberbia de aquella raza altiva no se doblegaba ni ante aquel infortunio sin ejemplo. Estaban vencidos, enteramente vencidos e impotentes; pero no humillados ni abatidos. La gran mayoría de la tribu, creyendo ignominioso el acercarse al vencedor para deberle un puñado de maíz, había preferido seguir defendiéndose en los bosques hasta no quedar uno vivo, o salir clandestinamente de la sierra y del río para venir a las haciendas y poblaciones del interior a buscar la vida con su trabajo […] (Hernández; 1901: 145).

322

Felicitación enviada al gobernador del Estado, Luis E. Torres, por el prefecto R. Aragón el 25 de abril de 1887. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 22, expediente 7, foja 016488.

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Al respecto Dabdoud señala “Un bandido puede estar dispuestos jugarse la vida en un momento dado; pero solamente los grandes idealistas aceptan la miseria, y hasta la inanición, antes que renunciar a su principios”. (Dabdoub; 1949: 137, énfasis mío). Vemos que los propios autores de las crónicas de primera mano de las guerras yaquis advirtieron que se trataba de un problema de otra naturaleza, que iba más allá de un conflicto político, económico, de liderazgo o por la tierra, aunque en efecto parte de la identidad yaqui está anclada a esta. Claudio Dabdoud les llama “principios” de “grandes idealistas”. No es que sea errónea su aseveración, pero a eso que él denomina principios, constituyen todos aquellos elementos socioculturales que dan cuenta o explican el sentido de la existencia de un grupo o individuo, es decir, el lugar en donde radica el significado de la vida de los hombres, aquella parte no negociable de la existencia humana que se ha manifestado y se manifiesta de muy diversas maneras, aquello que es inapreciable, literalmente lo que no tiene precio. Así se explica la férrea resistencia yaqui, que a pesar de estar en las condiciones más adversas, producto de su represión, les impelía a seguir luchando por una causa que parecía completamente perdida y sin sentido. Esto no es otra cosa que la defensa de la identidad. Asimismo y como se ha sugerido, la identidad está constituida por una serie de elementos y factores de interacción compleja, por lo que su defensa no es reductible a un problema agrario, religioso, político o cultural. Se trata de una construcción histórica, sujeta al cambio y la trasformación permanente, que atañe y transgrede todos y cada uno de los rubros de la vida social, y que se expresa y renueva simbólicamente en todas aquellas prácticas y recursos celebratorios recurrentes o periódicos. Por ello la identidad colectiva es más fácilmente asequible -pero no unívocamente- en la esfera cultural, en la religiosidad, los rituales, las fiestas, en fin, en las imágenes mentales que denotan la pertenencia. Por ello la renovación identitaria yaqui del periodo de Cajeme y su expresión en la resistencia es tan importante para comprender todas las vicisitudes por las que ha atravesado su conflicto. Pero como justamente se trata de un constructo histórico, esta investigación, si bien concentra buena parte de sus esfuerzos en esta coyuntura, por las rezones expuestas323, no se ha limitado a dicho momento, por ello se explica y justifica el rescate histórico de identificación que se forjó desde los jesuitas, así como durante la primera mitad del siglo XIX, durante la época de Juan Banderas, considerados por esta 323

Por constituir un momento crucial y vertiginoso en esta trasformación permanente.

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investigación como momentos paradigmáticos en la constante reinvención del mundo yaqui. Pero veamos ahora la relación de esta identidad yaqui con otros testimonios que revelan que se trató de una construcción que puede ser tipificada como nacional, en su acepción moderna. Pues utilizó elementos de filiación colectiva de los Estados nacionales, como un recurso más para fortalecer, adaptar y legitimar su pertenencia, pero con el propósito de mantener una organización de tipo tradicional o comunitaria, basada en la propiedad comunal de la tierra, así como en una producción de valores de uso que sin embargo no implicó la exclusión de relaciones comerciales (Velasco; 1988: 25). En la procedencia de Cajeme, me refiero a su amplia militancia en los ejércitos liberales reformistas, que no sólo pelaron contra los conservadores y por el proyecto de trasformación para inaugurar el Estado moderno, sino contra intervenciones extranjeras, se encuentra buena parte de la explicación de una utilización discursiva propia del Estado nación moderno, para enarbolar y legitimar su proyecto de nación yaqui. Así lo atestigua una de las cartas de Cajeme, dirigida al general encargado del destacamento militar del Médano en octubre de 1886, en donde presuntamente estaba solicitando la paz324. En dicho documento es muy clara una construcción discursiva nacionalista de carácter moderno, pero rearticulada para repeler o distanciarse del Estado nación. Como vimos para el caso de la preparación militar, así como en la organización hacendaria que implementó, existe aquí una reproducción cultural que utiliza múltiples recursos de la cultura moderna, reapropiados o resinificados de tal manera que fungiesen como dispositivos exitosos para la conservación de un desarrollo sociocultural de tipo tradicional, comunitario o de Antiguo Régimen. Rio del Yaqui, Octubre 19 de 1886.-Sr. General Juan Hernández Médano.- Sr. General: De todos sus destacamentos que tienen ustedes en este río […] nos han mandado ustedes ofrece la paz en palabra y también por escrito, sin ningún carácter oficial; pero aún sin embargo de esto, si a ustedes les conviene hacer la paz yo la recibo con mucho gusto en unión de todos los habitantes de este río y del río Mayo y desde luego nos sometemos todos en unión a la obediencia del Gobierno, bajo la condición de que dentro de quince días, se retiren todas las fuerzas del Gobierno que están en este río para Guaymas o 324

Digo presuntamente porque este documento solicitaba la salida del ejército de la zona yaqui, lo cual ya había sido discutido y denegado, por lo que se trató de una estrategia de Cajeme que intentaba ganar más tiempo, pues se encontraba rearmado su movimiento.

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Hermosillo, y de no hacerlo así puedes ustedes obrar de la manera que les convenga, yo en unión de mi nación estamos dispuestos a hacer la última defensa que hacen todos los hombres, por ser un deber sagrado que sostiene el hombre hasta la última diferencia. Su atento y S. S-J.M.L. Cajeme. Río del Yaqui y Mayo. (Dabdoub; 1949: 135, énfasis mío).

Su paso por el ejército y por el tipo de ideología del reformismo liberal se hacen patentes en este escrito. Primero con la referencia a que no ha recibido en realidad ninguna comunicación “oficial”, revelando su estricto conocimiento de los códigos formales para realizar este tipo de negociaciones. Asimismo y sobre todo en la última parte enfatizada de esta comunicación se advierte la influencia que su paso por el liberalismo militante le había legado, en cuanto a los códigos de construcción nacional de identificación, refiriéndose al orgullo y al carácter sacro que implica la defensa de la nación, pero en este caso la suya, la nación yaqui. De manera que la interiorización del discurso nacionalista en Cajeme es patente, pero de tal modo que constituye una reproducción cultural y resignificación del discurso hegemónico apropiativo, para hacer saber a quién bien lo comprende, que así como el llamado a la defensa de la patria mexicana es un deber sagrado, el llamado a defender la suya es igualmente irrenunciable. Si a esto sumamos que el desarrollo y paso de Cajeme por el liberalismo coincide casi milimétricamente con la hechura de los símbolos, monumentos y referencias de identificación nacionalista más prolíficos del liberalismo, se comprende de mejor manera la adopción y utilización de dicho arsenal discursivo dedicados a exaltar la defensa de la patria. “El primer efecto de la derrota ante los Estados Unidos fue la aplicación de un programa dedicado a crear símbolos que expresaran el sentimiento nacionalista” (Florescano; 2001: 379). En 1854, al incorporarse el susodicho a los ejércitos en contra la intervención filibustera de Boulbon se consumó la obra de uno de los símbolos más exitosos y decisivos del nacionalismo moderno, el himno nacional. Así que a la hora de la Intervención ya era un recurso utilizado para el constructo nacionalista y sus tropas en campaña. Asimismo, uno de los pilares del discurso republicano fue justamente la defensa y conservación de la mexicaneidad en oposición al intervencionismo extranjero de cualquier tipo, y Cajeme había participado en la defensa de este valor patriótico. “Asimismo, el fusilamiento de Maximiliano se convirtió en símbolo del proyecto republicano […]” (Florescano; 2001:

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388), y Cajeme había sido uno de sus ejecutores. La realización más apremiante de la historia patriótica y la creación de héroes y la literatura del republicanismo también data de este periodo. Cajeme fue asimismo testigo del esfuerzo más acucioso por la trasformación del espacio físico, anteriormente sacralizado, en el espacio republicano secularizado, con la erección de monumentos, plazas, avenidas, etc., lugares dedicados ahora a una especie de nueva religión, el patriotismo cívico, “[…] provista de su propio panteón de santos, su calendario de fiestas y sus edificios cívicos adornados de estatuas” (Brading: 1988: 128-147). En su calidad de militar del liberalismo, Cajeme fue obviamente permeado por todos estos artilugios de pertenencia nacionalista y euforia patriótica, a los que se sumó la educación cívica y muchos otros recursos socioculturales de exaltación de sentimientos nacionalistas, pero que no es el propósito pormenorizar aquí. Baste asentar con estos someros ejemplos que Cajeme y los yaquis por añadidura fueron receptivos a ellos y que los utilizaron para su propio proyecto. Ahora bien, este texto citado de Cajeme revela asimismo un particular entendimiento de la autonomía y que tiene dos posibles lecturas, me refiero al extracto en el que plantea la sumisión al gobierno condicionada a la salida de las tropas del régimen del territorio yaqui325. “Sin embargo la paz que este ofreció no era de sumisión. Si el gobierno quería realmente alcanzarla en beneficio de los indios, debería de respetar su autonomía” (Hernández; 1996: 122). Lo que Cajeme está sugiriendo es la gestión autonómica de sus asuntos al interior de su territorio, por medio de su organización y autoridades, lo cual no implicaba dejar de ser parte de la nación mexicana, pues en otro extracto el propio Cajeme revela la imposibilidad de ello326, sabía que la asimetría en la relación de fuerzas era de tal magnitud que no busca escindirse del territorio nacional y constituirse como una nueva nación. De manera que lo que estaba planteando era la autogestión de sus asuntos al interior de su territorio, pues la sociedad yaqui contaba con todos los elementos del medio físico y las estructuras político-administrativas para no tener que depender del gobierno en ningún sentido. Así que o bien los yaquis y sus proyectos de autonomía eran sumamente visionarios e implícitamente sabían que era 325

Tal y como en sus respectivos momentos habían hecho los yaquis con los jesuitas y Banderas en los primeros años de la República: “[…] Cajeme […] Aunque no rechazaba la conciliación y negociación, sabía que estas tenían que realizarse en condiciones de igualdad y no de sumisión. (Hernández; 1996: 118). 326 Me refiero al oficio que el prefecto de Guaymas dirigió al gobernador Lorenzo Torres, a propósito de la comunicación verbal del enviado de Cajeme, acerca del atentado de Loreto Molina. [...] pide que se les persiga y se les agarre […] porque si no se verá obligado él también a causar algunos daños a los puntos inmediatos aunque sepa que después lo hagan pedazos porque él conoce que no puede oponerse a la acción del Gobierno”. (Dabdoub; 1949: 129).

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posible la existencia de una régimen autonómico al interior del Estado nación, tal y como hoy en día sucede en diversos países327, o seguían la inercia de un entendimiento tradicional como elementos corporados con la posibilidad de una existencia diferenciada con obligaciones y privilegios específicos. Más allá de cualquiera de estas dos posibilidades y que en realidad con el desarrollo histórico de este proceso se fueron complementando hasta hacer indistinguible una diferenciación clara, lo que resulta evidente es la incomprensión absoluta del Estado nación y sus presupuestos políticos para aceptar la más mínima posibilidad de autogestión de esta etnia, o de cualquier otra al interior de su exclusividad soberana. A esta cerrazón político-ideológica e identitaria, por otro lado entendible teóricamente en un Estado nación moderno apenas en construcción para el que no había cabida para una propuesta administrativa de dicha naturaleza, se sumaban los intereses económicos creados en la región del Yaqui, que hacían aún más inviable dicha posibilidad. Ahora bien, esta perspectiva de entendimiento nacionalista y patriótica que permeó al interior de los yaquis no sólo se trasluce en voz del propio Cajeme, las crónicas de primera mano sobre los acontecimientos de este periodo también señalan la absorción de este discurso nacionalista por Cajeme, quien asimismo difundió entre los yaquis el orgullo y la necesidad de proteger sus intereses colectivos, haciendo alusiones patrióticas de tipo moderno. Así lo señala Ramón Corral cuando habla del personaje hacia 1900: “[…] José María Leiva Cajeme quien con ardor patriótico les predicaba a los indios la necesidad de recobrar la independencia de aquellas comarcas, despertando el orgullo de aquella raza guerrera y belicosa” (Corral; 1900: 103).

Se trata entonces de una estrategia más, tomada y resignificada de la cultura moderna, para fortalecer los vínculos de cohesión étnica y de pertenencia colectiva. Si a ello sumamos el conjunto de las acciones y estrategias que utilizó Cajeme, o los yaquis a través de su líder, como la revaloración de los temastianes y los consejos populares, el uso de los santos e imágenes en las horas más apremiantes, el trabajo agrícola comunitario, sus estrategias de enfrentamiento, así como su programa hacendario, aduanal y fiscal, nos encontramos frente a un sistema complejo de reproducción 327

Como el caso de España que actualmente cuenta con casi una veintena de comunidades autónomas dotadas de autonomía legislativa, competencias ejecutivas y facultad de administración con representantes propios.

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sociocultural de identificación colectiva, implementado en la totalidad del desarrollo sociohistórico yaqui. Paradójicamente el legado de Cajeme no radicó en sus vastos conocimientos militares, pues su resistencia armada sólo duró poco más de un año en cuanto se abrió la campaña en su contra, y fue ínfima si la comparamos con la del próximo líder yaqui, quien mantuvo una estado de guerra por casi 15 años. Pero la herencia de Cajeme fue en cambio más profunda, en el terreno de la construcción simbólica y sociocultural de la pertenencia para fortalecer la identidad yaqui. Utilizando ampliamente los códigos de elaboración identificativa del Estado nación moderno, que contribuyeron decididamente a perpetuar la resistencia, así como el calificativo que hoy en día sigue conservando su pueblo: la nación yaqui.

CAPÍTULO IV. EL

ENGRANAJE DE LA TRANSFORMACIÓN MODERNIZADORA A ESCALA INÉDITA EN EL

TERRITORIO YAQUI Y LA CONTINUACIÓN DE LA RESISTENCIA (1887-1908).

Si bien la última campaña contra los yaquis y la eliminación de su líder no significaron el fin la de la resistencia armada, el territorio y Valle del Yaqui se vería a partir de entonces transformado por el desarrollo agroproductivo, comercial, colonizador, latifundista, de comunicaciones, de grande obras de riego, es decir, por un impulso industrial nunca antes visto en la región. Además y desde ahora, todo este proceso estaría auspiciado por la permanente ocupación militar de los destacamentos de la guardia nacional del estado y sobre todo por tropas federales. Así lo constata la erección en territorio yaqui, en el pueblo de Torim, de la sede de la Primera Zona Militar con jurisdicción en todo el estado y desde donde se emprendió la campaña militar durante el periodo 1885-1887. (Abbondanza; 2008: 97)328. La creación de intereses fue de tal magnitud que ahora menos que nunca -si bien la resistencia yaqui logró inhibir y aplazar algunos de estos planes- los colonos, las compañías y proyectos de desarrollo ya no estarían dispuestos a abandonar sus cuantiosas empresas en la beneficiosa tierra del Valle del Yaqui. A estos programas de los grandes capitales nacionales, fundamentalmente de acaparamiento de tierra por parte de los más destacados militares y políticos sonorenses, el botín de guerra convertido en 328

“En efecto, al amparo del nuevo cuartel militar, la derrota que reportaron los indígenas al término de esta expedición y la ejecución del cabecilla Cajeme, marcaron el inicio de la expulsión de los indígenas de sus tierras y su sustitución por colonos blancos”. (Abbondanza; 2008: 97).

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latifundismo de los mandos del ejército que habían emprendido la campaña contra Cajeme, se sumaría el capital norteamericano y sus grandes compañías agroindustriales, mineras, deslindadoras, ferrocarrileras y, por supuesto, las de irrigación329. Uno de los grandes y más apremiantes objetivos de Porfirio Díaz era la “pacificación” del conflictivo territorio norteño a cualquier precio, así como desarrollar este amplio espacio territorial mediante la vinculación con el capital norteamericano. Las herramientas para ello ya estaban siendo asentadas. Con la creación del Colegio Militar en 1879, y a partir de la década de los años ochenta, el ejército estaba dejando de ser una fuerza sujeta a las disposiciones y reclutamientos regionales improvisados y se estaba convirtiendo en un cuerpo profesionalizado que respondía y se constituyó como el brazo armado de los intereses de la federación (Florescano; 2001: 403). Progresivamente estuvo conformado por elementos capacitados que contaron con militares bien adiestrados para las arduas tareas de pacificación de las poblaciones indígenas que hasta entonces no habían podido ser sometidas al gobierno, así como con ingenieros, geógrafos y técnicos instruidos para la ubicación, mensura y repartición de terrenos con posibilidades de desarrollo productivo y comercial. Así como para la proyección y construcción de caminos, rutas de correos y líneas telegráficas en las áreas antes inaccesibles, muchas de ellas ocupadas por grupos indígenas. Asimismo y gracias a esta nueva generación y elite castrense, así como a la represión conjunta entre los gobiernos de Estado Unidos y México, los apaches pudieron ser sometidos y se posibilitó la apertura de esta gran área espacial a las ambiciones del capitalismo nacional y extranjero. En el mismo periodo, a partir de 1884 (Florescano; 2001: 406) se abrió la comunicación ferroviaria entre México y Estados Unidos que facilitó la continuación de los grandes y numerosos planes industriales de desarrollo y constituyó una nueva vía para la comunicación comercial entre los dos países. Ambos acontecimientos, la consumación de la represión apache y la inauguración de la comunicación ferroviaria entre México y nuestro vecino del norte, plantea Florescano, representaron una inversión de capitales norteamericanos sin precedentes que vincularon significativamente al norte de México y al sur de Estados Unidos. Pero sobre todo, cambiaron el paisaje económico, comercial, infraestructural y social de la zona 329

“La racionalidad impuesta al deslinde de tierras no podía darse separada de la construcción de obras de irrigación. En Sonora, irrigar es sinónimo de desarrollo agrícola, y para lograrlo era necesario la apertura de canales que condujeran las aguas del Yaqui a los terrenos recientemente abiertos” (Velasco; 1988: 28).

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norte del territorio nacional, convirtiéndola paulatinamente en una de las regiones más industriosa del país (Florescano; 2001: 407). Esta consolidación sin parangón del Estado moderno mexicano, a través de la paz porfiriana, constituyó el hito político en el que se asentó todo este poderoso progreso económico a escala desconocida en nuestro país. Con Porfirio Díaz y el desarrollo finisecular, la modernidad finalmente pareció dejar de ser un sueño brumoso para convertirse en una realidad a la vista de todos. Como de manera simbólica e inequívoca y a la vez sutil pero aplastante lo plantea Marshall Berman (Berman; 1988), la modernidad, así como quizás constituye el sueño trasformador más ambicioso de la humanidad, convertido en realidad, el cual en efecto ha cambiado la faz de la tierra y la forma de comprender y conocer el mundo, así como es desarrollo, descubrimientos, progreso, libertades y derechos (Iparraguirre y Campos; 2011: 6), asimismo tiene su contracara de pobreza, depredación, desigualdad, sometimiento, despojo, exterminio, vituperio y un largo etcétera. Es decir pero no únicamente330, la modernidad ha implicado costos sociales igual de descomunales que sus sueños más formidables. Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva sintetiza este planteamiento para el caso que nos interesa, cuando se refiere al gobierno porfiriano: “La política económica del Estado Mexicano ofreció inmejorables condiciones a los capitales foráneos para su desarrollo. Sonora no fue la excepción y quienes pagaron las consecuencias sociales de ello fueron los pueblos indígenas, principalmente los yaquis” (Hernández; 1996: 116).

IV.I LAS ESTRATEGIAS DE MALDONADO TETABIATE.

LUCHA SE MODIFICAN PERO LA RESISTENCIA CONTINÚA: LA ERA DE JUAN

La finalización de las operaciones militares de 1885-1887 tuvo muy diversas implicaciones para los yaquis. En principio significó un nuevo éxodo y abandono de los pueblos por la mayoría de su población (Florescanos, 2001: 411; Velasco; 1988: 27). Muchos se refugiaron en las haciendas, ranchos, ciudades y labores que las diversas actividades regionales requerían como mano de obra. Así que se establecieron en aquellos puntos donde se necesitaban trabajadores para las minas, para la construcción del ferrocarril, 330

Me refiero a que los costos no sólo han sido sociales, pero son los que más interesan a esta investigación.

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para la producción agrícola e incluso migraron a poblaciones del sur de Estados Unidos, como Tucson en Arizona. Sus pueblos fueron paulatinamente ocupados por lo colonos nacionales y extranjeros, empresas de diversa naturaleza, así como por grupos de mexicanos que sabían de las posibilidades productivas de las tierras del yaqui. Entre ellos estuvieron los militares que invadieron grandes extensiones de tierra a ambos márgenes del río. Sin embargo también muchos indígenas se quedaron en sus pueblos, si bien dejaron de constituir la mayor parte de la población en el río durante casi la totalidad de la década de 1890. Junto con ellos, permanecieron sublevados grupos de yaquis que tuvieron como centro neurálgico de sus operaciones la Sierra del Bacatete y que emprendieron una nueva forma de resistencia. A escasos meses de la ejecución de Cajeme y a tan sólo unos días de que las fuerzas federales y locales redujeran su número de efectivos en la zona yaqui, en junio de 1887331, los yaquis volvieron a rebelarse, atacaron al reducido destacamento que quedaba en el río y depusieron a las autoridades que les habían impuesto, haciendo manifiesto que la lucha habría de continuar. Las tropas federales regresaron al río para patrullar permanentemente la zona en una nueva guerra contra los yaquis alzados. Pero ahora el panorama general del levantamiento era completamente distinto. A diferencia de

la

resistencia

armada

que

los

yaquis

habían

organizado

con

Cajeme,

fundamentalmente al interior de la zona yaqui, ahora la verdadera fuerza y sostenimiento de los escasos grupos de rebeldes que quedaron en la Sierra del Bacatete al mando de Juan Maldonado Tetabiate estaba fuera del río. Así lo podemos apreciar en las varias declaraciones de yaquis aprehendidos por las fuerzas militares, como la del indígena Hilario Buitimea, “Dice que salió de Cócorit cuando tuvo lugar la aprehensión del Cajeme, que se fue a trabajar a la hacienda del Chivato […] que después fue a Hermosillo con don Manuel Rodríguez, en su Hacienda Ojo de Agua […]”332. Las circunstancias de la ocupación militar y el constante arribo de la colonización auspiciada con el repartimiento de tierras del río por la Comisión Geográfica Exploradora y también por la de reciente creación Comisión Científica de Sonora (1889) provocaron la salida de los yaquis de su tierra. Las circunstancias exigían nuevas fórmulas y estrategias 331

Para los pormenores de los días en que volvieron a levantarse los yaquis véase Dabdoub, 1949: 139; Hernández; 1996: 123. 332 Declaraciones de indios yaquis aprehendidos por el Coronel Claudio Zapata en el mineral de La Colorada, 1890. Declaración de Hilario Buitemea. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 22, expediente 11, foja s/n.

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para conservar la identidad y su territorio, más allá de que tuviesen que abandonarlo temporalmente. Quedaron grupos muy reducidos de combatientes en la Sierra del Bacatete (los diversos autores refieren grupos de entre 15 y 50 hombres)333, que utilizaron una especie de guerra de guerrillas, realizando ataques relámpago a los destacamentos militares y también asaltando haciendas y ranchos que se habían instalado en su territorio, como hicieron frecuentemente con la hacienda de Bacojori del general Lorenzo Torres (Dabdoub; 1949: 142), para después refugiarse en el Bacatete donde era muy difícil seguirles el rastro334. Desde aquel punto podían además accesar fácilmente a las poblaciones y ciudades hacia el norte de la Sierra, como Ures, Hermosillo y el sur de Estado Unidos, para ocultarse en las haciendas y emplearse como trabajadores, hacerse de armamento e implementar un sistema de recambio de combatientes (Gouy-Gibert; 1985: 81). Otro extracto de la misma declaración de Hilario Buitemea aporta importantes indicios acerca del sistema de reemplazo de combatientes: […] que se fue a trabajar a la Hacienda del Chivato […] Que después de esto se retiró de la sierra y se fue a trabajar a la Hacienda de Topagüe, propiedad del Sr. María Alcantar y que allí conoció a sus indios sus compañeros que también andaban en la sierra […] Que respecto a las armas, todos sus compañeros las dejaron en la sierra al salir de ella y él también dejo la suya en el Masocoba (énfasis mío)335.

El resultado fue que siempre contaron con guerreros intercambiables que cuando se agotaban de las persecuciones eran reemplazados por los que se encontraban en sus trabajos. Estas pequeñas partidas de hombres bien armados y montados les permitía una movilidad superior a la de las fuerzas militares, que infructuosamente trataba de perseguirlos. Además y a diferencia de lo sucedido en la campaña anterior en la que los yaquis fueron sofocados en sus fortificaciones quedando sin armas y bastimentos por el cerco militar impuesto, ahora estos reducidos grupos estaban muy bien armados con rifles Remington y Winchester que se suministraban mediante los recursos de los yaquis trabajadores, tanto los que se encontraban fuera, como los que quedaron al interior de su 333

Véase Dabdoub; 1949; del Paso; 1982; Hernández; 1996, Velasco; 1988; Gouy-Gilbert; 1985. “Refugiados en la sierra del Bacatete, que suponía una extensión inexplorada de escabrosas barrancas, cuñadas e intrincadas serranías, los alzados de Tetabiate eran inalcanzables como blanco militar”. (Camín; 1981: 50). 335 Declaración de Hilario Buitemea, AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 22, expediente 11, foja 016905.Véase Declaraciones de indios yaquis aprehendidos por el Coronel Claudio Zapata en el mineral de La Colorada, 1890. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 22, expediente 11, fojas 016900-016920. 334

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territorio336. “[…] los indios para proveerse de […] armas, cartuchos y lo demás que necesitan para la guerra, o lo hacen por medio de los indios que viven en paz en los pueblos, pero que se convierten en cooperadores de los rebeldes”337. Si bien sus ataques no resultaban tan efectivos o lastimosos para los destacamentos militares, servían en cambio para lesionar la política de colonización que se llevaba a cabo en el Yaqui, pues si bien no les era posible eliminar a un gran número de militares o hacer que se retiraran por completo de su territorio los destacamentos y los colonos, mantenían un estado de peligro por los diversos confines de la región y mandaban un mensaje claro, que los yaquis estaban inconformes con la situación, que seguirían utilizando los medios a su alcance para desalentar la ocupación territorial y que cualquiera que entrara en el río corría peligro. Además era prácticamente imposible perseguirlos y someterlos, pues estos escasos grupos de guerreros huían velozmente y se escondían en una zona que conocían a la perfección338. El éxito de esta nueva forma de resistencia armada radicaba, sin embargo, en la base social que la hacía posible, es decir, el amplio sector de trabajadores que les procuraban

los

recursos

necesarios

para

su

existencia

y

mantenimiento,

aprovisionándolos de víveres y sobre todo de armamento para realizar sus ataques. Dice que es de Cócorit […] que se fue a La Placita, Hacienda en Hermosillo […] que después se fue a trabajar a la Casa blanca con Jesús Terminel y después a Ures con Laureano Morales. Dice que en el molino de la Choya, propiedad de los Camou, les proporcionan parque a los indios […] Que quien les entrega el parque en dicho molino es el indígena Beasaguaca, sirviente muy antiguo de los Camou. Que en Sn. Rafael, Hacienda de Don Lauro Morales, hay otro indígena que se llama Antonio Chino Casimiro y que este agencia en la Hacienda el parque y se lo entrega a Manuel Pascola, quién está en sierra ahora. Que es cierto que con frecuencia entran y salen indios alzados a “Las Prietas” y “La Colorada”.339

336

“Los poblados tradicionales se beneficiaron de este traslado de la zona de conflicto [a la sierra], pues volvieron a la vida productiva y gracias a ellos tuvieron la posibilidad de abastecer de alimentos a los insurrectos, así como proporcionar […] nuevos contingentes frescos de combatientes”. (Hernández; 1996: 127). 337 Comunicación del Secretario del estado, Ramón Corral, al Prefecto de Álamos, 8 de octubre de 1890. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 22, expediente 11, foja 016863. 338 General Marcos Carrillo al gobernador del Estado. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 23, expediente 7, foja 017567. 339 Declaraciones de indios yaquis aprehendidos por el Coronel Claudio Zapata en el mineral de La Colorada, 1890. Declaración del indio yaqui dolores Güicoy. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 22, expediente 11, fojas 016903 y s/n.

160

Lo que estaban haciendo, por un lado, era adaptarse al nuevo contexto de ocupación de su territorio, y por otro, hacer valer su condición como los trabajadores más importantes de la región (Camín, 1981: 51; del Paso; 1982: 9; Gouy-Gilbert; 1985: 85; Hu-DeHart, 1995: 85). Era imprescindible contar con los brazos de los yaquis para todos los proyectos y planes de desarrollo pues sin trabajadores y operarios que los hiciesen funcionar, sin la mano de obra de estos indígenas, la más numerosa y codiciada del estado, era quimérico el sueño y realización de la modernización en Sonora340. Los yaquis estaban aprovechando las contradicciones de la sociedad moderna de la región, que por un lado buscaba la completa ocupación de su territorio pero que no podía darse el lujo de prescindir de su mano de obra. Su sustitución por otros trabajadores era en efecto posible341, pero sólo podría llevarse a cabo en el largo o mediano plazo y eso significaría perder mucho dinero y nadie estaba dispuesto a ello. No era una alternativa para la lógica de acumulación y crecimiento de la nueva generación de latifundistas, industriales y capitalistas en Sonora. El propósito implícito era desalojarlos de su territorio mediante la erección de las colonias agrícolas, emplear a los que quedaran en dichas colonias o hacerlos pequeños propietarios privados mediante la repartición individualizada, y así desestructurar su concepción tradicional de propiedad comunal de la tierra, para liberar la mano de obra necesaria para todas las labores que el plan modernizador estaba llevando a la práctica, es decir, mediante el despojo y la “aculturación”342. Pero los yaquis tenían otros planes, así que utilizaron esta necesidad de los empleadores, hacendados y rancheros para ocultarse, generar recursos y mantener un estado de guerra permanente en su territorio. Pero también los hacendados, rancheros y comerciantes se beneficiaban con este estado de guerra y de ocupación, pues al ocultar a los yaquis en sus propiedades no sólo conseguían los trabajadores necesarios para sus actividades, que por su condición de perseguidos era mano de obra muy barata o gratuita (Velasco; 1988: 27), sino que mantener y fomentar esta situación les permitía un flujo permanente y numeroso de labradores que redituaba en su producción y en su bolsillo. A diferencia de lo que sucedía 340

Así que entre los yaquis y sus patrones existía una relación de mutua dependencia y mutuo benefició. “[…] renunciar a la mano de obra indígena para sustituirla con la de mestizos o inmigrantes, no era una operación que se pudiera realizar tan fácilmente, sobre todo a corto plazo”. (Abbondanza; 2008: 100). 342 “De esto se deduce que el gobierno quería la separación de los yaquis, sobre la base de familias restringidas y desaparecer el trabajo colectivo. Este era un medio, para resolver el problema yaqui por la vía de una aculturación que conduciría a los indios a romper con su modo de vida tradicional” (Gouy-Gilbert; 1985: 92-93). 341

161

en los tiempos de paz, pues cuando se celebraban los acuerdos los yaquis regresaban a sus pueblos. El caso del hacendado Ramón Maytorena es ilustrativo al respecto, como lo asientan los testimonios de diverso yaquis aprehendidos en 1890 por el coronel Claudio Zapata: “[…] le tocó ir de partida para ‘el pueblito’ a las órdenes de su capitán Ramón Chino y que le consta que entraron a la casa de Don Ramón Maytorena quien en persona les estuvo repartiendo parque […]’”343. También para los comerciantes era un jugoso negocio proveer a los yaquis de armamento y municiones344, pues debido a las disposiciones gubernamentales para su regulación345 se los vendían a precios exorbitantes (Dabdoub, 1949: 149; Velasco, 1988: 33). Así que el mantenimiento de esta guerra presenta diversos factores complejos que no permiten una explicación simple o unívoca de sus causas. Las propias cúpulas militares de la región fomentaron y exageraron la situación en el rio para obtener mayores recursos de la federación346, ganar prestigio y auspiciar económicamente sus propios planes como terratenientes regionales. Sin embargo lo que aquí nos interesa es la manera en que los yaquis utilizaron todos estos factores para la defensa de su territorio, de su autonomía y de su identidad. Es decir, el margen de acción que estas contradicciones e intereses les posibilitaron para la continuación de la resistencia. Como ya se puede advertir se trató de un sistema complementario que utilizó a los llamados yaquis “pacíficos” (Camín; 1981: 50) para mantener a los rebeldes. Así lo han planteado diversas investigaciones347, así como la historiografía oficial a través de la revisión de la documentación militar que así lo establece, “los yaquis mansos”348. Y en efecto es un enfoque con elementos para sustentarlo. Sin embargo y más allá de que la mayoría de los yaquis permaneciesen en diversos trabajos en ciudades y poblaciones estaban trabajando para una misma causa. Si consideramos además el otro factor del sistema de recambio de guerreros, aunque incluso algunos nunca participaran como tales, contribuye a construir una perspectiva monolítica de la resistencia dirigida hacia un 343

Declaraciones de indios yaquis aprehendidos por el Coronel Claudio Zapata en el mineral de La Colorada, 1890. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 22, expediente 11, foja 016904. 344 Véase Camín; 1981: 54. 345 Disposición gubernamental, firmada por Ramón Corral, para el control y venta de armamento dirigida a todas las prefecturas el estado. 24 de agosto de 1885. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 20, expediente 3, fojas 014649-0144661. 346 “En efecto, el gobierno, al haber viso en la financiación federal de la campaña importantes fuentes de ganancia, no desperdició ocasión para exagerar la gravedad de la situación El término repentino del conflicto, al contrario, habría significado el fin de todo eso”. (Abbondanza; 2008: 103). 347 Véase Velasco, 1988: 27; Camín; 1981: 50. 348 Véase Fondo Ejecutivo, tomo 23, expediente 9, foja 017703. También véase del Paso, 1982: 267; Dabdoub, 1949.

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propósito común de sublevación y rebeldía. “Al optar por el trabajo asalariado, lo yaquis no se proponían en modo alguno abandonar su lucha histórica” (Hu-DeHart; 1995: 153). La teorización de James C. Scott acerca de la resistencia refuerza esta concepción, sobre todo su planteamiento acerca de que hasta en las condiciones de sumisión o coacción más apremiantes, como en la esclavitud, existe un espacio para la resistencia. Así que los yaquis en su éxodo “autoimpuesto”, aunque no fuesen combatientes trabajaban para recuperar su territorio mediante la colaboración constante para mantener a sus guerreros, lo cual es un indicio de los fuertes lazos de identidad, de pertenencia y arraigo en la consecución de una misma empresa, por lo que pude considerarse que todos los yaquis estaban sublevados. Algunos testimonios de los propios yaquis, tomados por las autoridades, confirman esta perspectiva “[…] que en la dicha hacienda de los Camou está otro indio llamado Juan Buitemea que recoge contribución de todos los indios de los ranchos y la emplea en comprar armas y municiones para entregarlas a los sublevados”349. Si bien y como se acaba de establecer la estrategia o las estrategias de resistencia yaqui sufrieron grandes trasformaciones en esta nueva coyuntura, el propósito y la motivación de dichos cambios obedecen a un solo propósito, la conservación de su identidad. Más allá del nuevo contexto, es nuevamente allí donde debemos de buscar las posibilidades de adaptación y rearticulación de su resistencia, en el fuerte sentido de pertenencia que se había desarrollado ampliamente entre sus integrantes y que con Cajeme vivió una rearticulación sumamente poderosa. Cécile GouyGilbert, al referirse a la época de Tetabiate y a esta nueva forma de enfrentar el acoso mediante los ataques guerrilleros, al sistema de recambio de combatientes y a las posibilidades que ofrecieron las contradicciones de la sociedad, hace una breve reflexión en la que busca encontrar la causa última de la permanencia de la resistencia y su readaptación. Esta cavilación de Gilbert nos permite a su vez enfatizar nuestra reflexión y advertir en dónde radica esta capacidad adaptativa. El hecho dominante de la historia yaqui durante este periodo fue la extrema facilidad con la cual adaptaron su modo de resistencia a cada situación. […] En la resistencia yaqui hay una amalgama que, a falta de un 349

Declaraciones de indios yaquis aprehendidos por el Coronel Claudio Zapata en el mineral de La Colorada, 1890. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 22, expediente 11, foja 016904.

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mejor término, llamaremos ideológica, que resiste a los cambios de situación, a los desplazamientos, a las escisiones que sufren los miembros de la tribu. Dicha amalgama y la extraordinaria facultad de los indios en tomar como pretexto cualquier nueva agitación para reiniciar sus reivindicaciones, fueron probablemente los dos factores simples más explicativos de la conducta de esta etnia (Gouy-Gilbert; 1985: 85-86).

En efecto existe una destacada capacidad y “facilidad” de adaptación para cada nueva situación y contexto que enfrentaron los yaquis. Sin embargo y desde mi perspectiva, atribuir su entendimiento a una “amalgama ideológica” no agota la explicación del por qué los yaquis fueron capaces de emprender continuamente una resistencia en las condiciones en las que lo hicieron. Es decir, sujetos a un acoso de tal magnitud que pareciera inexplicable su insistencia en mantener un estado de guerra con una relación de fuerzas completamente desfavorable. No es que la apreciación sea incorrecta, se acerca en efecto a una comprensión plausible de la resistencia yaqui, sin embargo para esta investigación su explicación tiene una raíz aún más profunda y que va más allá de la ideología, si bien pude contenerla. Asimismo, esta “extraordinaria facultad” coyuntural que junto con la “amalgama ideológica” considera la autora como los dos “factores simples” de la resistencia yaqui, obedecen en cambio desde nuestro enfoque a un sólo factor, la defensa de la identidad. Es decir y como se ha establecido, aquellos elementos que se configuran históricamente, que tienen una interacción compleja en la totalidad de la vida social, que se expresan de múltiples formas, particularmente visibles en la esfera cultural, y que dan a los grupos e individuos su sentido de pertenencia, así como el significado de su existencia, lo que sintéticamente llamamos identidad. De ninguna manera esta breve reflexión busca señalizar o plantear que la autora tenga una apreciación errónea o equívoca, sus investigaciones y objetivos en este texto no están centrados en determinar a qué responde la resistencia yaqui, sólo utilizo un breve paréntesis en su investigación para señalar lo que en cambio sí es mi objetivo, y que me permite diferenciar mi enfoque de investigación, es decir, comprender esta resistencia en términos identitarios. Así y desde esta perspectiva, la gran capacidad de adaptación deja de ser algo extraordinario o inexplicable cuando se comprende que lo que se está llevando a cabo es la defensa de la identidad, y cuando de ello se trata, sobre todo cuando existe una cohesión social robustecida, como acababan de hacer los yaquis en el periodo 164

autonómico, la resistencia es capaz de multiplicarse y adaptarse a cualquier situación -por más apremiante que esta sea- con tal de su conservación (Scott; 2011). Así que no debe sorprendernos, lo cual de ninguna manera nos exime de reparar en su escrutinio, la manera en que los yaquis fueron capaces de realizar una reproducción cultural que de nueva cuenta les permitiera encontrar resquicios y contradicciones para manifestar su inconformidad y resistir.

IV.II LA COLONIZACIÓN Y TRASFORMACIÓN DEL VALLE DEL YAQUI. Así como para los yaquis los últimos años de la década de los ochenta y los inicios de la última década del siglo XIX significaron la elaboración de un nuevo sistema para hacer frente a la ocupación de su territorio, para los diversos agentes político-militares, económicos y empresariales significaron terminar con la prerrogativa del Valle del Yaqui como área exclusiva de desarrollo indígena. A las labores de la Comisión Geográfica Exploradora, que había iniciado los trabajos de ubicación y medición territorial en el área del Mayo y el Yaqui desde el periodo 1880-1887, pero que poco pudo hacer en territorio yaqui por el movimiento de Cajeme, se sumaron los renovados esfuerzos federales por medio de la Secretaría de Fomento, con la creación de la Comisión Científica de Sonora (1889), al mando del coronel del estado mayor Ángel García Peña. Esta instancia se encargó de beneficiar a la casta militar sonorense con la cesión de grandes extensiones territoriales en el Yaqui350, así como de celebrar escandalosos contratos con empresarios particulares y capitales norteamericanos351, con el propósito de continuar y ampliar los planes de irrigación que literalmente eran la llave del éxito de los proyectos y empresas agroproductivas, y que beneficiarían a las colonias agrícolas, a los terratenientes militares y a las grandes empresas privadas nacionales y extranjeras con las aguas del río. Asimismo, esta comisión se encargó del trazado, mensura y reestructuración de los pueblos yaquis, que fueron divididos en cuadriláteros y lotes “individuales” (Florescano; 2001: 411), justamente para las nuevas colonias, así como para repartir los terrenos

350

La familia del gobernador Luis E. torres es el caso paradigmático a este respecto (hacienda Guamúchil en Rahum), con una adjudicación de alrededor de 400, 000 hectáreas. Véanse Hernández, 1996: 132; Velasco, 1988: 28; Camín; 1977: 48. 351 Como el contrato de Carlos Conant y la creación de la Sonora & Sinaloa Irrigation Co., que será pormenorizado más adelante.

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sobrantes a los yaquis que decidieran quedarse en los pueblos y reclamar una fracción de tierra352. El resultado fue la “[…] primera distribución sistemática de los terrenos que bordean el río” (Gouy-Gilbert; 1985: 87)353. Así que con las armas en la mano, porque más allá de los nombres de estas comisiones que parecieran aludir a grupos inofensivos de técnicos y científicos especializados en trabajos hidráulicos, topográficos y de agrimensura, se trataron altos mandos militares federales354 que comenzaron a realizar las dragas y desvíos de las aguas del Río Yaqui para beneficio de compañías y particulares. Todo ello en coordinación con los cuerpos militares del estado de Sonora355. El paisaje también fue transformado por los diversos canales, obras hidráulicas y de irrigación. Pues si bien los escurrimientos periódicos del río eran suficientes para una economía de “valores de uso” (Velasco; 1988: 30), en cambio para el amplio desarrollo industrial no era suficiente, necesitaba el aprovechamiento al máximo de sus aguas para satisfacer todas las ambiciones que se cernían sobre el yaqui. Así, desde 1889, pero sobre todo en los primeros años de la década de 1890 se realizaron diversos canales en los pueblos yaquis, como el Marcos Carrillo, el Bataconcica, el de Vícam, el de la Compañía Irrigadora y el Porfirio Díaz en 1890. Carlos Conant fue otro de los agentes más importantes encargados de propiciar la metamorfosis del paisaje del Valle, así como uno de los grandes latifundistas de la región yaqui. El contrato celebrado el 22 de agosto de 1890 entre Conant y la Secretaría de Fomento, a cargo de Carlos Pacheco, ubicado en Archivo Histórico del Agua, revela la magnitud de los proyectos y concesiones que estaba realizando el gobierno para satisfacer las ambiciones de particulares y empresas privadas, así como del potencial productivo de la región. Este documento establece en su artículo 1º: Se autoriza a C. Carlos Conant […] pueda abrir, construir y explotar por su cuenta, un canal principal de riego sobre cada una de las márgenes de los río Yaqui, Mayo y Fuerte […] con derecho al uso, hasta de las dos terceras partes de las aguas de cada uno de dichos ríos, pudiendo abrir y construir 352

“El resultado fue la división del terreno situado a lo largo del río en ocho cuadriláteros que formaron las colonias, de este a oeste, de Cócorit, Bácum, San José, Tórim, Vícam, Pótam y Huírivis. (Velasco; 1988: 28). “Cada cuadrilátero contaba con cinco secciones de cien lotes de tres o cuatro hectáreas cada uno y su reparto se hizo inicialmente entre blancos e indígenas a razón de medio lote por cónyuge para los mayores y medio lote para los menores; dando a los mismos colonos solares para habitaciones en los fundos de los pueblos”. (Camín; 1981: 48). 353 Véase también Camín; 1981: 48. 354 Que ciertamente contaron con el auxilio de especialistas militares. 355 Como la creación de los diversos canales de irrigación, como el Marcos Carrillo, emprendido gracias a los trabajos supervisados por el jefe de la Primera zona Militar, Julio M. Cervantes, para beneficiar las grandes extensiones de tierra recién otorgada a general Lorenzo Torres, entre los pueblos de Tórim y Potam. (Dabdoub; 1949: 139).

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también por su cuenta, acequias y canales distribuidores, sin limitación alguna356.

Esto significaba que en una sola persona y compañía, pues gracias a estas cesiones formó la Sonora & Sinaloa Irrigation Co., se concentró casi la totalidad de las aguas de los tres ríos. Igualmente, las cesiones de tierra en su favor provocaron una concentración de amplios espacios territoriales sin precedentes en la región. A los que se sumaron los de los latifundistas de la elite militar sonorense. En el artículo 34 se pormenorizan las cantidades cedidas: […] [el Gobierno] venderá a la empresa hasta trecientas mil hectáreas sobre la margen derecha del Río Yaqui, […] hasta cien mil hectáreas sobre la margen izquierda del río Mayo […] y hasta cien mil hectáreas sobre una o ambas márgenes del Río Fuerte; y las quinientas mil hectáreas que suman estas tres partidas […] se computaran con las que la compañía adquiera por deslinde y compra […] hasta completar el millón de hectáreas que el gobierno se obliga a enajenarle357.

El gobierno no sólo facilitó y promovió a esta nueva clase de latifundistas en la zona yaqui y en el estado de Sonora, sino que en el mismo contrato se compromete a actuar apoyando a la empresa “moral y materialmente” para vencer los obstáculos que pudieran entorpecer las cesiones y los planes de desarrollo que implicaban dichas enajenaciones. Así lo establece el artículo 44: “El Gobierno prestará a la empresa el apoyo moral y material que esté dentro de su posibilidad, cuando aquella lo solicite para vencer los obstáculos que puedan presentarse al llevar a cabo el presente contrato”358. Si bien el propósito de esta investigación no radica en el escrutinio de los diversos planes y proyectos de colonización y desarrollo en el Yaqui, lo cual por otra parte ya han realizado más ampliamente otros investigadores359, se incluyó esta referencia documental por constituir uno de los casos paradigmáticos que sintetiza y da muestra de la política gubernamental que se implementó a partir de este periodo, como otra de las estrategia para ocupar las tierras de la región. A su vez nos proporciona una perspectiva para 356

Contrato entre Carlos Pacheco, Secretario de Fomento y Carlos Connant, para abrir canales de irrigación en las márgenes de los río Yaqui, Mayo y Fuerte y compraventa y colonización de terrenos. Archivo Histórico del Agua (AHA), Caja 4601, expediente 01257, foja 7. 357 AHA, Caja 4601, expediente 01257, foja 9. 358 AHA, Caja 4601, expediente 01257, foja 9. 359 Véanse Camín, 1981; Velasco; 1988; Gouy-Gilbert; Dabdoub, 1949.

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calibrar contra qué se estaba enfrentando ahora los yaquis, así como la magnitud de los intereses creados en el caso y área objeto de estudio de este trabajo. Si bien por si mismas las cifras de tierras cedidas a Conant pudieran no dejar esclarecida la magnitud de los terrenos enajenados, comparativamente y teniendo un marco de referencia podemos hacernos una idea más nítida de lo que implicaron dichas cesiones. En 1937 Lázaro Cárdenas reconoció a los yaquis la posesión comunal de casi 500,000 hectáreas, 485,236 (Olavarría; 2003: 44, 47). Es decir y sólo en territorio yaqui, Conant recibió más de la mitad de lo que otorgó Cárdenas al conjunto étnico, 300,000 hectáreas. Pero si incluimos la totalidad de la cesión al particular, se trata de dos veces el territorio otorgado a los yaquis, 1000,000 de hectáreas. Sin embargo el proyecto y empresa de Conant fracasaron justamente por la actividad de los yaquis (Camín; 1981: 49; Velasco; 1988: 30), pues tuvo que liquidarla en 1901. Pero la tierra enajenada pasó a los nuevos propietarios que habían financiado a la empresa de Conant. Además la compañía Richardson Construction Co. compró gran parte de los bienes remanentes de la extinguida Sonora & Sinaloa Irrigatión Co., y diversificó sus actividades con obras hidráulicas y la construcción de ferrocarriles. Pero lo que interesa subrayar aquí, en torno al problema yaqui, es que el proyecto de realizar colonias agrícolas de pequeños propietario en la región, lo cual por sí mismo ya implicaba una seria afectación a los indígenas en su concepción de propiedad comunal, no fue la pauta del desarrollo, sino el latifundismo, el acaparamiento en muy pocas manos de magnas extensiones de tierra360. Ello fue una realidad apremiante al interior de los pueblos yaquis, pues durante la década de 1890 sólo cuatro de los ocho pueblos estaban habitados por indígenas, en los cuales además la población blanca era más numerosa361, incluyendo las grandes propiedades de militares y particulares como la de la familia Torres, José Ma. Parada, Jesús Salazar, Albino Almada, E. Salisbury, F. Mc Donald, entre varios otros (Camín, 1981; Velasco; 1988: 28-30). Así fue, en términos generales y a partir fundamentalmente de la década de los años noventa, como se fue transformado el paisaje, la propiedad, el uso de la tierra, las infraestructura, pero sobre todo la conformación física y social del territorio que hasta

360

“Pero lo que parecía ser la construcción de colonias con pequeños propietarios, se convirtió de repente en el monstruo del latifundismo. El botín de los militares que combatieron a Cajeme y mantenían las armas contra Tetabiate, fue la tierra”. (Velasco; 1988: 28). 361 “En los diferentes pueblos las familias se repartieron Cócorit 322 familias indígenas, 458 familias yoris, Tórim 284 familias indígenas 510 familias yotis; Bácum 78 familias indígenas, 284 familias yoris”. (Gouy-Gilber; 1985: 90).

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entonces había sido área exclusiva de desarrollo de los yaquis, el cual ahora tenía un nuevo trazado, canales de irrigación, líneas ferroviarias, presencia permanente del ejército federal, nuevos habitantes, es decir, estaba siendo engullido por el nacionalismo modernizador. A partir de entonces los yaquis tendrían que compartir su territorio con el resto de los mexicanos.

IV.III UN MEDIO DE RESISTENCIA EFECTIVO, EL SUSTENTO DE LA REPRESIÓN.

GUERRILLA Y LOS NUEVOS MEDIOS PARA LA

A pesar de que la configuración territorial se había modificado ampliamente en territorio yaqui y continuaba haciéndolo, sus guerrillas y grupos de alzados permanecían rebelados y hostilizando a las patrullas militares que no podían someterlos. Alrededor de 15 años después, hasta 1902 –cuando inició el programa de deportación- el gobierno pudo empezar a desintegrar esta forma de resistencia. Así que hasta antes de la momentánea Paz de Ortiz (1897), la resistencia yaqui permanecía incrustada en la sociedad regional y era prácticamente imposible terminar con una lucha que encontró la manera de pasar inadvertida, procurando no dejar resquicios para ser detenida362. Los propietarios, más por sus intereses económicos que dependían del trabajo yaqui, que por cualquier sentido humanitario363, se convirtieron en los protectores más tenaces de los indígenas. Así que entorpecieron la búsqueda de yaquis en haciendas y ranchos y manifestaron su inconformidad con la política que empezaba a emprender el gobierno para encontrar a los yaquis en sus propiedades364. Como hemos planteado y en un principio, de poco sirvieron los esfuerzos del gobierno por coartar el flujo de armas a los yaquis, pues resultaba un negocio lucrativo para los comerciantes365 y a los hacendados les redituaba en el control de la mano de obra. Como los subrayó el gobernador Ramón Corral en enero de 1892, “[…] se ha notado que nunca les faltan armas ni cartuchos, de lo cual se deduce 362

Su ocultamiento en las propiedades de rancheros y hacendados, así como la Sierra del Bacatete fueron dos elementos fundamentales para hacer casi imposible su detención. 363 “[…] los hacendados asimismo en la seguridad de que su lamentable misericordia, exagerada por su necesidad de peones, no era practicable […]”Porfirio Díaz a Rafael Izabal, 14 de enero de 1892. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 23, expediente 9, foja 017703. 364 “[…] muchos empleadores de los yaquis sentían escaso entusiasmo por la operaciones de búsqueda y captura en su propiedades e incluso las obstaculizaban. […] “Los yaquis, sin estos empleadores por todo el estado y al otro lado de la frontera, simplemente no habrían podido sostener el movimiento guerrillero”. (Hu-DeHart; 1995: 154). 365 Testimonio sobre el tráfico ilícito de armas. Jefe del Cuartel General de Álamos “[…] los comerciantes del distrito de Álamos han estado y están introduciendo al estado armas y municiones de guerra, sin permiso del Cuartel General […]”. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 24, expediente 1, foja 017825.

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que constantemente tienen de donde proveerse de ellos, pues de otro modo ya habrían agotado sus municiones, en el largo periodo que ha durado su rebelión”366. Sin embargo lo importante a subrayar ahora es que los yaquis comenzaron a adquirir el armamento sin intermediaros y directamente de varias poblaciones de los Estados Unidos. Así que indígenas enviados exprofeso o a través de las poblaciones yaquis instaladas en el país vecino comenzaron a traer las armas y municiones para sostener a los rebeldes y continuar la resistencia. Así lo iremos refiriendo con la documentación correspondiente a partir de este periodo, sobre todo la contenida en el Archivo Histórico Diplomático, fundamentalmente con la información procedente de los diversos consulados de México en poblaciones norteamericanas, una importante herramienta para comprender cómo fue posible que los yaquis lograran resistir por mucho más tiempo el acoso militar e incluso fortalecer la rebelión en los primeros años de la década de 1890, así como durante la primera década del siglo XX. Así y como también lo precisa Abbondanza Ermanno367, si bien la resistencia yaqui de este periodo en efecto estuvo posibilitada por la base socioporductiva que la hizo posible, este factor por sí mismo no explica la capacidad de sublevación y resistencia armada yaqui, el aprovisionamiento de municiones y armamento es crucial para completar esta explicación. Además y si bien los comerciantes mexicanos ofrecen el elemento explicativo de buena parte de este aprovisionamiento que hacía posible la lucha, paulatinamente el gobierno fue coartando estas vías de acceso y los elevados costos de los comerciantes provocaron que los yaquis buscaran otras alternativas de suministro. Por lo que encontraron la forma de adquirir directamente el armamento en Estados Unidos368. Sin este factor de peso y que abre además otra perspectiva de investigación como un problema que rebasó al ámbito nacional, difícilmente lograríamos comprender cuáles fueron las herramientas que permitieron distender por más tiempo la rebelión yaqui. Hacía los años de 1891-1893 la insurrección yaqui no sólo permanecía, sino estaba tomando mayores proporciones gracias a la articulación de su resistencia a las

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AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 24, expediente 1, foja 017826. “En efecto, es muy probable que el retorno económico procedente del empleo de la mano de obra indígena no pueda explicar por sí solo tan eterno conflicto y que la otra parte de la responsabilidad se deba buscar en el comercio ilícito de armas y municiones”. (Abbondanza; 2008: 101). 368 Desde 1890 hay referencias documentales sobre este asunto. Como las disposiciones del gobierno del estado a todas las de la prefectura para evitar el paso de armas y municiones por los yaquis desde Arizona. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 22, expediente 11, fojas s/n. 367

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características del contexto social descrito. El movimiento estaba creciendo y los ataques a diversos poblados y a los cuerpos militares aumentaron significativamente, como el asalto al racho de Santa Rosa, ubicado entre las estaciones Maytorena y Ortiz, llevado a cabo el 22 de octubre de 1892, en el que murieron algunas persona y del cual se fugaron 14 yaquis que trabajaban como jornaleros llevándose a sus familias369. Igualmente, como lo señala del Paso, las partidas de combatientes que anteriormente contaban con 30 o 50 guerreros ampliaron sus efectivos a 100 o 200 combatientes (del Paso; 1982: 35). Ante esta situación el gobierno y su brazo armado empezaron a instrumentar nuevas medidas para intentar controlar el movimiento yaqui. Sin embargo, no fue sino hasta que comprendieron que sólo atacando el núcleo que posibilitaba la resistencia tendrían resultados370. Así fue como se empezaron a contemplar las medidas directamente recomendadas por los altos mandos militares sonorenses y federales, sobre todo por el jefe de la Primera Zona Militar, el general Marcos Carrillo371. Pero en estos primeros dos o tres años de la década las comunicaciones entre el gobernador del estado, Ramón Corral372, el gobernador interino, Rafael Izabal373 (noviembre de 1891-1895), Luis E. Torres, quien también fuera gobernador y jefe de las fuerzas federales en el estado y el presidente de la República374, revelan que sólo estaban empezando a examinar las propuestas de Carrillo y que de ser necesario las medidas contra hacendados y rancheros serían tomadas precautoriamente. Pues aún no contaban con todos los elementos para proceder contra ellos, ni de su cabal colaboración con los yaquis, “Creo pues que los informes dados al Gral. Carrillo no son tan exactos que ameriten un procedimiento eficaz contra los hacendados a quienes se acusa”375, y continua Corral: “[…] les hago la justicia de creer que están muy lejos de cometer el delito de complicidad con los rebeldes, tanto más cuanto que es notoria la cooperación que han prestado en la tarea de perseguir a los 369

Fondo Ejecutivo, tomo 23, expediente 7, foja 17555. Comunicación del general Marcos Carrillo al gobernador Rafael Izabal, 14 de diciembre de 1891. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 23, expediente 7, fojas 017570-017571. “Para el general Marco Carrillo sólo el apoyo de los hacendados […] podía explicar el prolongado fracaso militar y representar uno de los principales obstáculos para la pacificación, no obstante los ingentes esfuerzos bélicos”. (Abbondanza; 2008: 99). 371 General Marcos Carrillo, Jefe de la Primera Zona Militar al gobernador del estado. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 23, expediente 7, foja 017567. 372 Correspondencia particular del gobernador del Estado, Ramón Corral, al presidente donde informan de las medidas contra hacendados y rancheros que sugiere Carrillo, 3 de enero de 1892AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 23, expediente 9, foja 0117678. 373 AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 23, expediente 7, foja 017572. 374 Porfirio Díaz a Rafael Izabal, 14 de enero de 1892. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 23, expediente 9, fojas 017702017704. 375 AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 23, expediente 9, foja s/n. 370

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yaquis, como son notorios los perjuicios que estos les causan […]”376. Además eran conscientes de las serias implicaciones que se podrían desatar atacando a los rancheros y hacendados en sus propiedades y arrebatándoles su valiosa mano de obra, pues: […] se trata de varias personas que por su posición social y por sus antecedentes de honradez y constancia en el trabajo, son visibles, y un procedimiento violento en su contra, sin estar bien justificado, crearían descontentos en donde no los hay y podría acarrear dificultades en donde no existen”377.

Esta documentación y expediente es uno de los testimonios más claros a cerca de la manera en que todas estas instancias de gobierno y militares, incluyendo a la presidencia de la República, comenzaron a detectar y a poder establecer un perfil de la forma de operar de los yaquis y la complicidad de los propietarios. Así que a través de su confirmación y seguimiento empezaron a ejercer mayor presión sobre el movimiento rebelde, iniciando algunos de los primeros hostigamientos a los yaquis en sus refugios de labor y trabajo, pero sobre todo proporcionando mayores elementos militares y en recursos monetarios para su vigilancia y continuar llevando a cabo la colonización: Nada se ha negado al Sr. General Carrillo de cuanto ha necesitado del Gobierno local: se le ha ayudado con todo empeño a realizar la colonización de los ríos; se le han proporcionado fuerzas auxiliares cuya organización y equipo ha sido costosa para el gobierno local y este paga de sus rentas y con gran sacrificio, más de $ 1,000 mensuales en sobre sueldos de esas fuerzas, no obstante que esa es una suma de muchísima consideración para los pequeños recursos de este estado […]378

Casi de inmediato, el 14 de enero de 1892, Porfirio Díaz escribió al gobernador interino Rafael Izabal, para que entre él y el general Carrillo, en correspondencia con las apreciaciones de este último, realizaran listas “nominales” minuciosas de los yaquis en dichas propiedades379, para expedirles un salvoconducto o pasaporte con el propósito ejercer un mejor y más puntual control de los rebeldes en las haciendas y ranchos, con el

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Ramón Corral a Porfirio Díaz, 3 de enero de 1892. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 23, expediente 9, foja s/n. Ramón Corral a Porfirio Díaz, 3 de enero de 1892. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 23, expediente 9, foja 017681. 378 Ramón Corral a Porfirio Díaz, 3 de enero de 1892. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 23, expediente 9, foja 017681. 379 Los acuses del gobierno del estado sobre las listas se encuentran en el AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 25, expediente 1-10. 377

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objetivo de atrapar y reprimir de manera más fácil y efectiva a aquellos indígenas que no se hallaran en los “libros” correspondientes. […] que por una disposición gubernativa impusiera a todos y cada uno de los hacendados del rumbo en que los indios alzados toman asilo, que dieran cuenta en listas nominales y reseñadas de todos los indios mansos que tiene a su servicio y dieran parte motivado e igualmente reseñado de todas sus altas, haciéndolas constar en sus libros en las fechas mismas en que los tuvieran, aun cuando el parte lo rindieran a fin de cada mes, y que dichos libros los pusieran a la vista de los jefes de partidas en operación siempre que estos lo solicitaran […]380

Lo recomendaba además como una medida que no lesionaba legalmente a los propietarios y en cambio los involucraba en la detención de los rebelados. Los yaquis que no contaran con dicho respaldo documental serían tomados por sublevados y reprimidos con “[…] prisión o castigo”381. Si bien fueron intentos incipientes que no pudieron ser aplicados ampliamente en estos años 1892-1895, y que lograron ser evadidos por propietarios e indígenas, se trató de la aplicación de un nuevo sistema de vigilancia propuesto por el propio presidente, preludio de lo que se haría extensivo más adelante; la autorización a los destacamentos y patrullas militares a intervenir en las propiedades para aprehender a los yaquis que no cumplieran los requisitos, así como afectar a quienes los encubrieran382. Además la sola recomendación puntual de lo que debían hacer los funcionarios del estado, por parte de Porfirio Díaz, nos habla de la magnitud del problema yaqui y de los intereses en juego en su territorio, pues como se ha establecido, a partir del porfiriato los yaquis fueron un problema federal, por lo que parte de sus soluciones se tomaban desde Palacio Nacional. Sin embargo ello no es lo que más nos interesa de la comunicación de Porfirio Díaz, sino algo más importante para esta investigación, la alusión reiterativa a elaborar las medidas conducentes a la pacificación y colonización del territorio yaqui como una cuestión y en nombre del “patriotismo” de ambos funcionarios. Es decir, a título de la 380

Porfirio Díaz a Rafael Izabal, 14 de enero de 1892. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 23, expediente 9, foja 017702017703. 381 Porfirio Díaz a Rafael Izabal, 14 de enero de 1892. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 23, expediente 9, fojas 01770201704. 382 Si bien ya había habido casos importantes y con anterioridad que afectaron propietarios. Véase el Juicio contra Ramón Maytorena por colaborar con los yaquis, 1890. AHGES, Fondo Ejecutivo tomo 22, expediente 11.

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nación y su incuestionable soberanía, un deber irrenunciable que para un gobernador y un alto mando militar significaban una cuestión ineludible, de vida o muerte, pacificar y ocupar dicho territorio a toda costa, reivindicando un valor sagrado. Ello no es un tema menor, sino que Díaz está apelando literalmente al “sentimiento” de identificación colectiva más apreciado y difundido de la época, el patriotismo nacional, que bajo su égida había cobrado proporciones desconocidas y que en él, el pacificador, se concentraba y constituía la expresión humana en vida más cercana a sintetizarlo. Si no fuera porque Izabal y Carrillo, así como Ramón Corral y Luis E. Torres entendieron a la perfección el mensaje del presidente, en correspondencia desde luego con sus propios intereses, casi podríamos interpretar esta carta como una amenaza de muerte. Pues llamar al patriotismo en estas circunstancias significaba empeñar la vida con tal de conseguir lo que se buscaba, en nombre de la patria y de la nación. Rafael Izabal, en su respuesta a las peticiones de colaboración de Carrillo383, le manifestó que no era posible y que no era de su competencia jurisdiccional actuar en contra de los propietarios, así que Díaz le hizo saber a Izabal que: Cualquiera que no conociera los sentimientos patrióticos de Ud. y los dotes militares y no menos patrióticos del General Carrillo, encontraría en los documentos aludidos suficiente base lógica para juzgar que el gobierno del estado no quiere ayudar en cuanto le compete y puede, al éxito de las operaciones que tiene por punto objetivo las paz del Estado que tanta falta hace a la industria de que es susceptible su privilegiado suelo, principalmente si se fija en aquellas palabras en que tanto en la carta como en la nota oficial de Ud. dicen que no se puede proceder por falta de datos y por falta de jurisdicción […] Si embargo […] creo que usted no se habría negado a un procedimiento tan eficaz a la vez que legal y prudente […] pero ya ve que ni el General Carrillo fue explícito, ni Ud. acertó a ser oficioso […]384

En la última parte de su misiva Díaz es aún más reiterativo con respecto al patriotismo, revela su disgusto con Izabal por haberse negado a prestar ayuda a Carrillo y el tono amenazador, aunque benevolente, permanece:

383

Respuesta del gobernador interino, Rafael Izabal, al general y jefe de la Primera Zona Militar, Marcos Carrillo, 14 de diciembre de 1891. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 23, expediente 7, foja 017572. 384 Porfirio Díaz a Rafael Izabal, 14 de enero de 1892. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 23, expediente 9, fojas 017702 y 17703 (énfasis mío).

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Permítame usted que corte intempestivamente esta carta porque si siguiera discurriendo en la senda y estilo que llevo, podría herir la susceptibilidad patriótica de Ud. lo cual sentiría mucho, porque no solamente no lo quiero hacer sino que tengo mucho miedo de que interpretara Ud. algunos de mis pensamientos, bajo intención muy distinta de la que los presido, y lo tengo también de que la buena amistad que lo liga a usted con el Sr. General Carrillo y la similitud de las intenciones patrióticas que los identifican, lleguen a enturbiarse si usted y él siguen cometiendo la imprudencia de tratar por escrito estas cuestiones. Yo aconsejo a Ud. y […] al Sr. General que ambos como buenos amigos y como buenos patriotas se junten: analicen la situación en que se encuentran igualmente interesados: clasifiquen las dificultades que hasta ahora se oponen la completa y pronta pacificación de ese Estado, y de común acuerdo y previo estudio concienzudo, discutan, adopten, sancionen, las providencias que tiendan a remediarlas y procedan a ejecutarlas cada uno en su esfera, proponiéndose recíprocamente y adjuntando en su escrito todas las modificaciones que la práctica les indique como buenas385.

Como se puede advertir, para Porfirio Díaz la parte medular para solucionar el problema y seguir por la senda de la represión era llamar al patriotismo de ambos jefes para que se “junten” y dispongan básicamente lo que el presidente les recomienda y lo lleven a la práctica386. Pero sobre todo destaca la preocupación del primer mandatario de continuar con su misiva a riesgo de poner en entre dicho el patriotismo de su subordinado, manifestando casi horrorizado la posibilidad de ello. Es más, manifiesta “mucho miedo” no sólo de que la amistad entre los implicados se enturbie, en detrimento de los propósitos que como frente común debieran encausarse para la represión indígena, sino sobre todo que se vean afectadas las “similitudes patrióticas que los identifican”. En realidad toda la argumentación de Díaz gira en torno a la realización de un llamado y apelación al fervor patriótico y al sentimiento de pertenencia colectiva más difundido y prestigiado –el nacionalismo, ser ciudadano de una nación-, que no pude entenderse en otro sentido que no sea la consecución de los objetivos nacionales. Y que en este caso se trata de usar todos los elementos que estén a su alcance, aunque se salgan de la legalidad, para la represión de los yaquis, “[…] para la completa y pronta pacificación del Estado”, así como para colonizar su territorio. Pues la represión o la ilegalidad se justifican mediante la salvaguarda de valor pretendidamente más “loable” y “benévolo” que aún

385

Porfirio Díaz a Rafael Izabal, 14 de enero de 1892. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 23, expediente 9, fojas 017703 y 17704 (énfasis mío). 386 La respuesta de Izabal confirma que así lo hicieron. Rafael Izabal a Porfirio Díaz, 14 de enero de 1892. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 23, expediente 9, fojas s/n.

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sigue siendo la figura de adscripción política y de identificación colectiva más ampliamente legitimada, el “prístino” valor y servicio a la patria y a la nación. Esta breve reflexión propiciada por la carta del presidente nos ayuda a comprender dos aspectos, un rubro muy puntual y otro en términos mucho más amplios y generales. Por una parte esta misiva nos da la clave para comprender por qué y cómo Rafael Izabal se convertiría en uno de los más destacados y orgullosos agentes de la deportación de los yaquis, a causa del llamado del presidente a su patriotismo. Y por el otro y mucho más importante, nos proporciona el sustento ideológico-identitario que se utilizó para justificar toda la estrategia de represión porfiriana que buscó el exterminio físico y cultural de los yaquis durante la última década del porfirismo. Sin embargo los yaquis siguieron explotando hasta el límite las contradicciones entre quienes buscaban su aprehensión incluso en las propiedades donde se refugiaban, y quienes no estaban dispuestos a dejar que les arrebataran su manos de obra. Pero en efecto estas fueron algunas de las medidas que anunciaron el principio de la escalada en lo métodos de represión gobiernista, que se aplicarían más ampliamente en los primeros años del siglo XX, coartando y atacando el medio social en el que se había asentado la lucha indígena, y que alcanzarían su clímax en los últimos años del porfiriato. Sin embargo también serían ensayados algunos acuerdos e intentos de paz por ambas partes. En el caso de los yaquis estos paréntesis, como ya los habían practicado ampliamente, eran utilizados para manifestar la misma demanda de siempre (autonomía territorial y política), para regresar a sus pueblos, hacerse de recursos y preparar los nuevos enfrentamientos ante un gobierno que siempre demostraba no comprender, o mejor dicho, pretender que no comprendía las demandas de los indígenas. Desde antes de los acuerdos de la Paz de Ortiz (1897), que pueden ser considerados como el caso paradigmático -no de la incomprensión muta- como refieren diversos autores387, sino de la incompatibilidad de ambos proyectos, así como de un nuevo intento del gobierno por tratar de pacificar a los yaquis mediante dádivas y paliativos, pero sin ceder ni un ápice a sus peticiones, se puede rastrear que en efecto el Estado era consciente de lo que peticionaban los yaquis. Así lo revelan diversos testimonios documentales en los que se advierte que el régimen y sus representantes comprendían perfectamente lo que los yaquis querían, pero que no estaban dispuestos a satisfacer sus demandas, por lo que 387

Véanse Zavala, 1997 y Abbondanza, 2008.

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disfrazaron sus acuerdos de paz con discursos y prebendas, pero sin otorgar lo único que los yaquis esperaban del gobierno, la evacuación militar y colonial de su territorio. La carta del general Marcos Carrillo dirigida a los yaquis y traducida al cahita revela diversos aspectos que contribuyen a nuestro análisis. Por una parte se advierte la búsqueda de pacificar a los yaquis mediante la cesión de las tierras sobrantes de su propio territorio; la cerrazón ante las demandas indígenas, más no la incomprensión de lo que querían los yaquis, la amenaza de su extermino, pero sobre todo, se evidencia el sustento ideológico nacionalista y de identificación patriótica que sustentó la inviabilidad de la propuesta yaqui y la imposición del proyecto nacionalista al precio que fuera. El mismo Supremo Gobierno para mejor afianzar vuestras propiedades, ha mandado que se os repartan terrenos, y de esto tenéis la prueba evidentísima en la gran cantidad de títulos que se han distribuido a todos aquellos que se encuentran viviendo pacíficamente en los diferentes pueblos del mismo río388.

Aquí se aprecia no sólo lo que acabamos de referir, la entrega de pedazos de un territorio que los yaquis nunca dudaron que les pertenecieran en su totalidad, sino que se precisa que el territorio ya se encuentra repartido con “gran cantidad de títulos”, es decir, la colonización realizada. Ni ahora, ni nunca, se ha deseado el extermino de vuestra raza, pues si se os hizo la guerra, cuyas consecuencias habéis palpado, no fue con la idea de destruiros: sino para someterlos a la obediencia de las leyes, de la cual os hallabais sustraídos de hecho, desde tiempo muy atrás. El Gobierno, al proceder de esta manera, ha hecho uso de un derecho legítimo, porque hubiese sido bajo todo concepto deshonroso para él, y además peligroso para la paz pública, tolerar dentro de su territorio una agrupación de hombres que, muy lejos de obedecerlo, se encontraban siempre con las armas en la mano dispuestos a combatirlo; y, como procedió contra vosotros, tendría y tendrá que hacerlo contra aquellos que no le presten la debida obediencia389.

El meollo del asunto en este extracto es la soberanía, aquella capacidad única y excluyente del Estado nación sobre ejercicio del poder y por añadidura de la violencia. La 388

Carta del general de Brigada Marcos Carrillo, en jefe de la 1ª Zona Militar, a los grupos de yaquis rebeldes, 15 de febrero de 1891. AHGES, Fondo Ejecutivo, Tomo 23, expediente 7, foja s/n. 389 Carta del general de Brigada Marcos Carrillo, en jefe de la 1ª Zona Militar, a los grupos de yaquis rebeldes, 15 de febrero de 1891. AHGES, Fondo Ejecutivo, Tomo 23, expediente 7, foja s/n. (énfasis mío).

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base y fundamento político de la existencia del Estado y de sus leyes, sobre las cuales nadie puede estar por encima o suturarse de ellas, el lugar donde los pueblos, las sociedades modernas y los ciudadanos han depositado la capacidad de gobernar. Así justifica Carrillo la guerra que se les había emprendido a los yaquis, simplemente por la facultad que tiene la nación para abrogar cualquier intento de autogobierno o soberanía distinta a la del Estado, por ello en el discurso se advierte una naturalidad asumida y al parecer incontrovertible, “ […] sino para someterlos a la obediencia de las leyes”, que de paso reconoce se hallaban sustraídos desde hacía tiempo, por lo que apela al derecho “legítimo” que tiene el gobierno para coartar una situación anómala. Asimismo, manifiesta la vergüenza, la imposibilidad y el terror que implica para el gobierno permitir que dentro de “su territorio” soberano exista la posibilidad de su cuestionamiento, si bien no la única vía para derribarlo, pues mediante las armas también puede hacerse –“con las armas en la mano dispuesto a combatirlo”-, sí la más peligrosa en términos políticos. Es decir, que una sociedad al interior del Estado sea capaz de dirigir sus propios destinos, de ser soberana, algo que los yaquis venían demostrando desde la expulsión jesuita. Finalmente el general advierte que no se trata de una guerra exclusiva contra los yaquis, aunque quizás eran en efecto el grupos social que más seriamente representaba este peligro, si no que sería reprimido todo individuo o pueblo que intentase sustraerse de la obediencia del gobierno. Por ello trata de hacer comprensible lo que manifiesta en el siguiente párrafo, “Por todo lo que acabo de explicaros comprenderéis que el gobierno no ha hecho otra cosa, tratándose de vosotros, más que cumplir con los deberes que el pueblo le tiene encomendados”. Ahora bien […] ¿qué resultado alcanzaréis con la actitud hostil que unos cuantos de vosotros guardais todavía? Vuestro total aniquilamiento, porque el gobierno siempre firme en sus propósitos, con elementos de todo género, no abandonara jamás la obra emprendida y que está ya tocando a su fin390.

En este extracto, en nombre del gobierno, Carrillo cuestiona el sentido y propósito de la resistencia y rebeldía yaqui, y en la misma pregunta minimiza un movimiento que supone sólo ejercido y enarbolado por algunos de sus miembros, ignorando la generalidad de la 390

Carta del general de brigada Marcos Carrillo, jefe de la 1ª Zona Militar, a los grupos de yaquis rebeldes, 15 de febrero de 1891. AHGES, Fondo Ejecutivo, Tomo 23, expediente 7, foja s/n.

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resistencia yaqui, más allá de sus más visibles dirigentes. Y en seguida viene la amenaza, el “aniquilamiento”, así como la advertencia de la relación de fuerzas “[…] con elementos de todo género” y la tenacidad a toda prueba con que el gobierno procurará reprimirlos si siguen en su empeño. Después de la advertencia viene el ofrecimiento y la “zanahoria”, es decir, las bondades de ajustarse al modelo homogeneizador y convertirse en mexicanos.

Una cosa muy sencilla se os exige: vivir quieta y pacíficamente. En cambio de esto, que yo aconsejo que aceptéis por vuestro bien, os ofrezco todas las garantías que dan las leyes a los buenos ciudadanos, más las tierras que seais capaces de cultivar con las puntas de vuestros arados, abandonad pues, esa vida errante a que os habéis entregado. En ella no encontrareis más que estériles sacrificios. Aquí, entre nosotros, formando parte de la gran familia mexicana, está vuestro porvenir y el de vuestros hijos391.

La oferta de Carrillo en este párrafo, no exenta de nuevas amenazas, es poco menos que una dádiva, sólo la tierra que fueran capaces de cultivar, algo que los yaquis seguramente vieron como una “garantía” ofensiva, constatable con el rechazo a este llamado y la continuación de las hostilidades. La ciudadanía no les hacía falta a los yaquis, perdían más de lo que ganaban con ella, su territorio y su sentido comunitario, justamente donde radicaba su identidad y su fuerza. Su individuación significaba la debacle, la igualdad ante la ley y su dilución ante el resto de los ciudadanos. La alusión a su “vida errante” no era más que la consecuencia de su persecución, los yaquis eran un pueblo sedentario desde hacía largo tiempo y que tenía sus propias autoridades, así como formas y medios de subsistencia independientes, capaces de generar una producción excedentaria cuando lo necesitaron. Finalmente se les llama nuevamente la homogenización, a perderse entre los mexicanos, a abandonar su identidad y adquirir una nueva, que si bien y como se ha planteado no les era completamente ajena, pues paulatinamente y de manera reinterpretativa habían absorbido aquellos elementos que les eran útiles para reforzar su identidad, ahora sin embargo se les exigía abandonar la suya y sustituirla por completo, para formar parte de la “gran familia mexicana”.

391

Carta del general de brigada Marcos Carrillo, jefe de la 1ª Zona Militar, a los grupos de yaquis rebeldes, 15 de febrero de 1891. AHGES, Fondo Ejecutivo, Tomo 23, expediente 7, foja s/n.

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Si no aceptáis esta sincera y franca invitación, que os dirijo para que vengaís a vivir en paz, los sentiré por vosotros mimos, porque entonces la persecución que os mande hacer, será más activa y tenaz, y vosotros sufriréis las consecuencias, pero no, no creo que seas tan obcecados que os empeñéis un camino que os conducirá a segura perdición; reflexionadlo bien entre tanto podeis estar seguros que cuando vengáis a mi lado os protegerá vuestro amigo el general Marcos Carrillo. Torin, Febrero 15 de 1891392.

Más allá de la continuación de las amenazas, lo que en efecto no distingue el general es que se trata de la defensa de la identidad, por ello no cree posible que los yaquis puedan continuar la resistencia. Pero lo que no comprende es que la identidad de los yaquis no es algo negociable, como no lo es ninguna, se trata de una pertenencia irrenunciable que explica y da sentido a la existencia, por lo que su llamado a ser mexicanos resultaba una propuesta inviable. Aunque resulte paradójico, la incomprensión del proyecto yaqui no radica entonces en su puntuales y constantes propuesta en cada negociación, sino en la incapacidad para comprender que estaban defendiendo aquello mismo que el México decimonónico estaba construyendo y difundiendo, una identidad. Ahora bien, la comprensión a cabalidad de las demandas yaquis se advierte en diversos documentos oficiales del estado y la federación, como el informe del gobernador del estado (1890), Ramón Corral, a propósito de la solicitud del fiscal para el juicio de amparo de Ramón Maytorena, en el que se solicita se aclare si los yaquis son “simples bandidos o rebeldes”. En una de sus partes afirma: La guerra actual debe considerarse la prolongación de aquella [la iniciada desde el virreinato], y, en consecuencia, como revistiendo el mismo carácter […] cuando han vuelto a levantarse en armas ha sido siempre con la misma tendencia, que no es otra que la de conservarse independientes del dominio de la raza blanca y del Gobierno establecido por esta393.

Este breve párrafo revela, a través de Ramón Corral, cómo la clase política sabía con certeza lo que querían los yaquis, ser los propios dirigentes de sus destinos, e incluso la consideran como una pugna legendaria que tiene sus orígenes en el periodo de la “conquista”. La autonomía territorial también se advierte en este mismo documento, “[…] 392

Carta del general de brigada Marcos Carrillo, jefe de la 1ª Zona Militar, a los grupos de yaquis rebeldes, 15 de febrero de 1891. AHGES, Fondo Ejecutivo, Tomo 23, expediente 7, foja s/n. 393 AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 22, expediente 11, foja 016815. (énfasis mío).

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siempre han procurado no alejarse en sus correrías del territorio que consideran como suyo”394. Por lo que si bien pude establecerse que el gobierno guardaba alguna esperanza de que los yaquis cambiarán de opinión, lo cual resulta ciertamente posible, ello no significa que no comprendieran y estuviesen al tanto de lo que los yaquis venían peticionando persistentemente. Así que más que una mutua incomprensión se trata de la oposición irreconciliable de dos proyectos con visones, perspectivas, identidades y objetivos distintos; el del nacionalismo modernizador que sólo concibe al Estado nación como sujeto de soberanía, y el proyecto también soberano, tradicional y autonómico de los yaquis. Ahora y antes de la Paz de Ortiz es menester utilizar los testimonios de los yaquis, que aunque filtrados por las autoridades militares que realizaron su captura, representan la escasas fuentes documentales en donde se pude rescatar la voz de los propios yaquis, que nos permiten caracterizar desde su perspectiva395 las maneras y modos de llevar a cabo la resistencia del periodo inmediatamente anterior a la trasformación de los medios represivos que significaron los acuerdos de paz de 18971899, y que representa una etapa muy distinta en el enfrentamiento. Algunas de esta declaraciones refuerzan la idea de que la totalidad de los yaquis trabajan para el mismo objetivo y que no sólo de pendían del líder Tetabite, sino que había distintos indígenas de prestigio que también realizaban funciones cruciales para la continuación de la guerra. Llevando a cabo actividades como difusores morales para alentar a los guerreros y al resto de los indígenas para seguir contribuyendo a la causa. El indio yaqui, Jesús Flores, declaró a este respecto que un maestro, es decir un temastian, pues también eran conocidos como maestros (Zavala; 1997: 150), los incitaba a la continuación de la resistencia y les recogía contribuciones para la causa: Que […] cerca de Hermosillo, vive un maestro de los indios conocido con el nombre de Tolin, y que este les predica, les aconseja por la guerra y les recoge contribuciones de todos los indios, empleando sus productos en comprar armas y parque que les manda a los sublevados. […] Que en “Las

394

AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 22, expediente 11, foja 016815. Haciendo una lectura bajo las herramientas metodológica propuesta por Scott, a sabiendas de lo que pude decir un cautivo a sus captores. 395

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Prietas” hay un viejo llamado Pedro Lacoy, quien a pesar de su avanzada edad, encabeza a los sublevados excitándolos a que vayan a la sierra396.

Aquí podemos apreciar otro elemento en el cual escasamente se ha reparado, un catalizador esencial para la rebelión yaqui de este periodo. Pues este cargo de los temastianes que había sido reinsertado y fortalecido en el periodo de Cajeme seguía siendo una figura muy importante para continuar vigorizando y propagando la continuación de la resistencia. Lo cual se corresponde con su papel como una de las figuras que concentraron todos aquellos atributos para propiciar y llevar a cabo periódicamente los elementos simbólicos de identificación y pertenencia colectiva de los yaquis. Por lo que no se trataba solamente de la resistencia armada de un nuevo líder, en este caso Tetabiate, sino que los guardianes más celosos e importantes de la cultura indígena cumplieron entonces funciones cruciales como autoridades reconocidas por la totalidad de los indígenas para la difusión y mantenimiento de la lucha para un mismo proyecto y causa. Igualmente, la referencia a la gente de “avanzada edad” como líderes y también como los más decididos a continuar la rebelión se comprende desde esta misma lógica. Pues sin duda eran ellos en quienes más se había desarrollado y arraigado el sentido de pertenencia e identificación, pues eran los testigos más importantes del proceso de reproducción cultural permanente. Pero sobre todo no debemos olvidar que en la sociedad yaqui, como en muchas otras de tipo tradicional, los ancianos son una de las figuras más significativas en la toma de decisiones de las comunidades, en correspondencia con su amplia experiencia y conocimiento de sus pueblos y sociedades, pero asimismo, constituyen uno de los guardianes y repositorios de todos aquellos elementos culturales de identificación étnica. Así que estas breves pero numerosas declaraciones, interpretadas con las salvedades y crítica documental que ameritan por su procedencia, proporcionan información cualitativamente muy valiosa, que contrastada con las investigaciones historiográficas y conociendo la totalidad genérica del proceso arrojan información muy importante. Así y con estos datos, por ejemplo, podemos comprender como un pueblo en el exilio, con la mayoría de sus habitantes fuera de sus comunidades, de su tierra, que 396

Declaraciones de indios yaquis aprehendidos por el Coronel Claudio Zapata en el mineral de La Colorada, 1890. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 22, expediente 11, foja 016903.

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representa el espacio de significación más poderoso de cualquier sociedad humana, el cual proporciona las imágenes mentales de afiliación, pudo mantener estos lazos de cohesión social. Es decir, mediante las figuras más importantes en la difusión y refrendo del sentido de colectividad entre los yaquis: los ministros religiosos y los líderes culturales. Hay que considerar asimismo que el permanente contacto con la sociedad circundante, con hacendados y rancheros, comerciantes, etc., constituía un riesgo cultural en detrimento del sentimiento de pertenencia indígena, sobre todo entre los sectores más vulnerables y objeto de aculturación, como los jóvenes trabajadores, que ahora permanecían en los contextos de identificación de las zonas urbanas o de los refugios de los propietarios, potencialmente generadores de filiación a nuevos elementos y espacios. Ello no quiere decir que los yaquis cerraran cualquier vía de acceso a los elementos externos, como lo han expresado ampliamente y como vimos en el periodo anterior, así como en el Juan Banderas y en el jesuítico, sino que tomaban elementos que les eran útiles de la sociedad moderna para emprender una reproducción cultural y utilizarlos en el reforzamiento de sus identidad, como también lo siguen haciendo hoy en día un sin número de pueblos y comunidades en nuestro país. El análisis de estas declaraciones también permite advertir la manera en que permaneció un sentido corporado en el que a cada sector, de acuerdo con sus competencias, cumplía funciones específicas para la consecución de un mismo propósito; unos trabajan, otros guerreaban, algunos traficaban armamento, etc., y otros mantenían y reforzaban los lazos socioculturales de filiación. Este complejo sistema proporciona las herramientas para comprender y explicar la manera en que los yaquis pudieron conservar su arraigo como grupo y suministra las respuestas para saber cómo pudieron hacer frente a una maquinaria poderosa que buscaba su desestructuración social y la eliminación de su sentido comunitario o corporativo. La clave estuvo en el engranaje de la totalidad del sistema, pero aquí nos interesa destacar sobre todo dos aspectos, por un lado la importancia de los individuos y mecanismos para la conservación de la identidad, en correspondencia con el objetivo general de la investigación. Y por otro -de acuerdo con las características de la resistencia de esta etapa- la manera en que los yaquis lograron hacerse de armamento y municiones. Dos instrumentos que junto con el sistema de trabajo explicitado buscaron recuperar el espacio físico de significación más importante para los yaquis, su territorio.

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La documentación que se ha venido precisando y utilizando acerca de las aprehensiones realizadas en el mineral de La Colorada, por el Coronel Claudio Zapata, revelan que la persecución de los yaquis en sus lugares de trabajo comenzó con anterioridad al reinicio de las hostilidades después de la Paz de Ortiz (1899), y que se vería exacerbada sobre todo en los primeros años del siglo XX. Si bien las aprehensiones en La Colorada no se llevaron a cabo en propiedades de hacendados o rancheros, sí constituyen las primeras acometidas de los yaquis en sus labores de trabajo, además de que se empezaron a involucrar y a otorgar facultades a los propietarios para su aprehensión397. Asimismo, este expediente no sólo encontramos diversos aspectos del funcionamiento de la resistencia yaqui, como el método de suplantación entre yaquis guerreros y yaquis trabajadores, o la manera en que obtenían el armamento de manos de los propios hacendados, sino que aporta los primeros indicios de que se estaba empezando a llevar a cabo un aprovisionamiento de armas desde Estados Unidos, así como los nombres y algunas características de los diversos dirigentes que hacían funcionar más directamente el sistema de resistencia de este periodo. Esto nos permite ampliar la perspectiva de liderazgo unipersonal que muchas veces se ha dado a las rebeliones yaquis en su conjunto, en este caso a Tetabiate, para conocer parte de la estructura de mando del movimiento, así como a sus diversos protagonistas

y funciones. Otro extracto del

testimonio de Hilario Buitemea contiene información en este sentido: “Que sabe que en la línea de México y Estado Unidos está el cabecilla Juan Síquili y que en la sierra están mandando Chico Güilo y Chico Güicha”398. Así que desde esta fecha (1890) se asientan algunos de los primeros esfuerzos de los yaquis por aprovisionarse de armas directamente desde Estados Unidos, así como los nombres y algunas de las actividades de los diversos jefes y líderes de la resistencia. El informe pormenorizado que realizó el gobierno del estado, producto de las declaraciones de los yaquis, complementadas con información de algunos propietarios (como el hacendado Eduardo Muñoz), nos permite asentar quienes eran algunos de los más importantes involucrados del movimiento, algunos de sus colaboradores, así como las tareas en que participaban399: “Ignacio Jaica o (Jasca)”, adquiría armamento y municiones que se utilizaron en uno de los 397

AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 22, expediente 11, foja 016908. Declaraciones de indios yaquis aprehendidos por el Coronel Claudio Zapata en el mineral de La Colorada, 1890. Declaración de Hilario Buitemea. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 22, expediente 11, foja 016903. 399 AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 22, expediente 11, fojas 016900-016920. 398

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enfrentamientos en Mazocoba; “El Maestro Tolín (Tolén)”, quien difundía entre los yaquis la continuación de la rebelión y colaboraba en la recaudación de recursos para comparar parque y armas para enviarlos a los sublevados; “Pedro Sacoy indio viejo que vive en Las Prietras”, quien alentaba y aconsejaba a los yaquis para ir a la sierra para continuar las resistencia, “Pedro Chico dice que conoce a este y que el apellido es Sacory. […] y que ejerce la profesión de médico entre los de su raza”; “Antonio Nazaimea” también encargado de conseguir y trasladar armamento; “Beasaguaca”, trabajador en la Hacienda del Molino, propiedad de la familia Camou, encargado de obtener parque por medio de la hacienda y enviarlo a los rebeldes de la Sierra; “Antonio Chino Casimiro”, encargado de obtener armamento en la Hacienda de San Rafael, propiedad de Lauro Morales, y quién lo entregaba a Manuel Pascola, quien a su vez era de los facultados para introducir armamento al Bacatete; Reyes, su casa en “Subiate” era cede de reuniones para organizar la resistencia; Juan Buitimea, recogía las contribuciones de los indos y compraba armamento; Juan Ygnacio, encargado de recoger armas y municiones entre los yaquis trabajadores pera llevaras a los sublevados; Doña Bonifacia y Bonifacio, “blancos” que vendían parque a los indios en Pueblo de Seris; José Gándara, hacendado de Santa Rita que proveía de parque a los indios; “José el Chivero”, indio que distribuía el parque recibido en Santa Rita; Juan Síquili, “cabecilla” en la línea fronteriza encargado de traer armamento de Estados Unidos; Dolores Bahuenacucho, comisionado para recoger contribuciones de indios pacíficos y, desde luego, Chico Güilo y Chico Güicha, quienes eran líderes de los alzados en el Bacatete. A todos los hacendados y propietarios que refugiaron y dieron trabajo a estos indígenas, como Andrés Camou y Lauro Morales, se les encomendó la aprehensión de los implicados. Esta información permite entender de manera más pormenorizada el funcionamiento de la resistencia de este periodo, como una estructura compleja, completamente enclavada en la sociedad regional y sus contradicciones. Pero asimismo nos permite presentar un perfil preliminar, con nombre y apellido o mote, y conocer a mayor profundidad quienes fueron algunos de los yaquis que más directamente hicieron funcionar la maquinaria que le dio soporte a la resistencia, más allá de la figura de Tetabiate y sus más conocidos colaboradores, con el propósito de hacer menos brumoso y entender más puntualmente quiénes y cómo articularon la defensa de la identidad.

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Entre los años de 1892 y hasta la segunda mitad de 1896 la rebelión y los enfrentamientos con los cuerpos federales se hicieron más frecuentes e intensos400, pero lo balanza bélica seguía sin inclinarse, a pesar de que a Tatabiate ya se le perseguía con mayor intensidad: “Tengo noticia de que indio Tetabiate con sublevados está rumbo a Tesal y Tastiota; si lo cree usted conveniente, sírvase mandar explorar por esos puntos dándome aviso para destacar una fuerza que los bata, José F. Otero”401. Si bien los yaquis habían fortalecido su resistencia y sus acometidas era de mayores consecuencias, como las realizadas a la Hacienda de la Misa402 y a diversos destacamentos militares403, el gobierno por su parte, ahora bajo el mando de Luis E. Torres como jefe de la Primera Zona Militar (1893), después de la sustitución de Abraham Bandala considerado incompetente por el gobernados para dirigir la campaña federal contra los yaquis404, hacía uso de un mayor número de efectivos militares405, y como se ha establecido, empezaba a implementar nuevas prácticas para acosarlos y reprimirlos406. A su vez la colonización en el Valle del Yaqui continuaba efectuándose y algunos de sus más importantes proyectos se estaban llevando a la práctica. El principal canal de riego y “boca toma” que había iniciado Carlos Conant en 1893, desde la formación rocosa de Hornos, finalmente pudo conectarse al Canal Porfirio Díaz en 1896 (Velasco; 1988: 29). Asimismo, continuaron ampliándose las grandes cesiones y ventas de territorio a los diversos acaparadores y ejecutores de las guerras contra los yaquis407. Los intereses en el territorio se habían incrementado a tal grado que el único problema que estorbaba su completa realización eran los yaquis, pero la documentación oficial revela que hacia 400

Oficio de Francisco Tapia, jede de la guerra del Valle de Guaymas, en donde pormenoriza las operaciones contra los yaquis en poblados y fechas concretas de la zona, 27 de diciembre 1892. AHGES, tomo 24, expediente 9, fojas 018331108366. 401 Telegrama de José Otero a Rafael Izabal, 1 de mayo de 1893. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 24, expediente 9, foja 018333. 402 Véanse los diversos robos y acometidas en haciendas, ranchos y poblaciones en el año de 1893. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 24, expediente 9. 403 “Anoche diceme comisario Torim: a las tres de la mañana atacaron yaquis destacamento Bacojori, hubo dos indios muertos”. Telegrama de Luis G. Dávila al gobernador interino Rafael Izabal, 16 de abril de 1893. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 24 expediente 9, foja 018330. 404 “[…] carece de las aptitudes necesarias para esta campaña, carece de energía, de iniciativa y de actividad, lo cual ha hecho que los indios estén más insolentes y en peores condiciones que nunca”. Rafael Izabal a Porfirio Díaz. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 24, expediente 7, foja 018238. 405 En 1892 el Gobernador Ramón Corral envió contra los yaquis 100 hombres más de infantería, 30 de caballería y 20 dragones del estado. AHGES, tomo 24, expediente 5, foja 018124. 406 “Las autoridades trataron de imponer un sistema de pasaportes de identidad para los yaquis y con ello saber quiénes eran, de qué lugar procedían; asimismo se reglamentó la venta de armas. Todo fue insuficiente. Los primeros en contrariar la táctica gubernamental fueron los mismo hacendados, ya que los yaquis seguían siendo la principal fuerza de trabajo en la entidad” (Hernández; 1996: 127). 407 Véanse Camín, 1981; Velasco; 1988; Hernández; 1996; Gouy-Gilbert; 1985.

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finales de 1893 ya no era posible emplear más recursos para continuar la campaña en su contra. El gobierno del estado no contaba ni con los ingresos necesarios para sufragar los gastos más “[…] ingenuos de la lista civil”408, y mucho menos para hacerse de nuevos efectivos. Por su parte el gobierno federal, por medio del propio Porfirio Díaz, en telegrama cifrado le hizo saber a Izabal que por el momento no le era posible enviarle más recursos para continuar la campaña409. Entre los años de 1894 y la primera mitad de 1896, como profusamente los refiere del Paso a través de los múltiples partes militares que transcribe (del Paso; 1982: 57-73), el panorama no se había trasformado. Si bien los enfrentamientos y persecuciones eran más frecuentes, la tónica era la misma: ataques yaquis y persecución militar sin grades resultados en favor del gobierno. Ante el estancamiento de la contienda, el constante incremento de los intereses en el territorio yaqui, así como la crisis del erario público, el gobierno buscó por medio de su brazo militar, Luis E. Torres, con la puntual colaboración del coronel Francisco Peinado, así como la intermediación del padre Fernando Ma. Beltrán (Abbondanza, 2008: 106-110; Zavala; 1997), un acercamiento con los indígenas para empezar las negociaciones paz. Pues el enfrentamiento no estaba dando los resultados esperados para el régimen, por lo que mediante acuerdos el gobierno buscó dar término a la prolongada batalla y finiquitar sin más contratiempos la ejecución de sus planes.

IV.IV LA PAZ DE ESTACIÓN ORTIZ (1897-1899) Y LA PARAFERNALIA NACIONALISTA. Las negociaciones que culminarían con la Paz de Ortiz fueron un proceso que se extendió desde los últimos meses de 1896 y se consumó hasta el 15 de abril de 1897. Las primeras propuestas se hicieron a través de uno de los yaquis capturados, Juan Buitimea, quien como hemos asentado era un importante guerrillero y distribuidor de armamiento. Fue envidado por el coronel Peinado con Tetabiate para hacer los ofrecimientos correspondientes (Villa; 1937: 437). Si bien la cabeza visible de los convenios fue el jefe de 408

Respuesta del gobernador Rafael Izabal al presidente Díaz, 16 de octubre de 1893. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 24, expediente 7, fojas 018237-018238. 409 Telegrama cifrado de Porfirio Díaz a Rafael Izabal, 15 de octubre de 1893. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 24, expediente 7, foja 018235.

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la Primera Zona Militar, Luis E. Torres, el trabajo directo estuvo a cargo del coronel Francisco Peinado, quien estableció el contacto epistolar y personal con Tetabiate, y quien ante la desconfianza y las condiciones del jefe rebelde tuvo que trasladarse con una reducida escolta al interior de la Sierra del Bacatete, en la zona conocida como el Tetacombiate. Antes de que el propio Luis E. Torres pudiera encontrarse con Juan Maldonado, Peinado se entrevistó en dos ocasiones con el líder yaqui, el 26 de marzo y el 29 de abril de 1897 (Villa, 1937: 438; Dabdoub; 1949: 145-146). Finalmente el 8 de mayo se entrevistaron Tetabiate y Luis E. Torres en el Tetacombiate para acordar los preliminares de la Paz de Ortiz. La colaboración del padre y misionero Fernando Ma. Beltrán, enviado por el propio Porfirio Díaz (Villa; 1937: 37), fue muy valiosa para la empresa de convencimiento, pues a pesar de fungir igualmente como emisario del gobierno fue un elemento de acercamiento que literalmente significó mayor confianza para los yaquis. En nuestros términos, una figura con la cual podían identificarse más ampliamente, producto de su legado jesuítico, equiparable sin duda a lo que para los yaquis era un temastian. Beltrán representó la cara blanda y persuasiva de las negociaciones, y sin duda contribuyó para convencer a los yaquis, por medio de Tetabiate, para la consecución del tratado. “[…] aunque […] el coronel Francisco Peinado desempeñó una importante función en las negociaciones de paz, gran parte de esta dependió de la obra persuasiva del misionero […]” (Abbondanza; 2008: 107). La colaboración del padre revela que el gobierno estaba decidido a usar todos los medios a su disposición para conseguir la sumisión pacífica de los yaquis en esta coyuntura, aunque obviamente en sus propios términos. Sabían que una autoridad religiosa, reconocida entre los yaquis, facilitaría ampliamente la difusión y los acuerdos de paz, sobre todo haciéndoles ver que ya era tiempo de retornar a su territorio para continuar con su desarrollo pueblerino. “Ya empieza a sentirse el influjo de la misión; en todas partes de los pueblos donde he andado y me he encontrado indios, los que he exhortado a llamar a los dispersos y a los alzados, a ponerse otra vez en sus pueblos” (Beltrán citado por Abbondanza; 2008: 106). En el mismo extracto Beltrán asienta su colaboración con el gobierno: “[…] me ha dicho el General que ya ha venido a pedir paz y aún es posible […] que yo vaya a la sierra a terminar los negocios, y al efecto me estoy poniendo de acuerdo con el mimos General” (Beltrán citado por Abbondanza; 2008: 106). Sin duda ambos

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canales favorecieron y abonaron en la disposición de los yaquis para concretar los acuerdos del 15 de mayo de 1897. Ahora y en correspondencia con los objetivos de investigación se realizará el análisis tanto del acta en que se asentaron los términos de la Paz de Ortiz, como la totalidad del acto cívico y celebratorio alrededor de estos acuerdos. De manera que se efectuará el escrutinio sobre todo de las imágenes narrativas, complementándolo con el de las escasas fotografías que se conservan y que registraron el acontecimiento. El acta es muy similar a la carta que se ha analizado y que dirigió el coronel Marcos Carrillo a los yaquis, así que sólo serán utilizados los extractos más relevantes desde nuestra perspectiva. De hecho y en términos de significación son mucho más representativos e importantes los solemnes y festivos acontecimientos que rodearon la firma del documento. Así que a partir de la pormenorizada narración de Eduardo W. Villa, algunas apreciaciones de Claudio Dabdoub, así como del testigo presencial, el coronel Manuel Gil, se hará el análisis simbólico y de significación que el gobierno le imprimió a este acto, con el claro objetivo de crear aquellas imágenes mentales de pertenencia identificativa, apegadas al nacionalismo cívico para recrear una atmósfera de comunión patriótica dirigido a la exaltación inequívoca del más importante sentimiento de pertenencia colectiva, formar parte del Estado nación. Un mensaje para todos los asistentes, pero especialmente dirigido a los yaquis para que finalmente decidieran integrarse a la “gran familia mexicana”410. El lugar escogido para el acontecimiento no fue en zona yaqui, en donde por cierto se habían llevado a cabo todos los preliminares de los acuerdos, al interior de la sierra en el Tetacombiate, ni siquiera en uno de los pueblos yaqui. Luis E. Torres “consiguió” que se celebrara en un lugar estratégico, Estación Ortiz, cercana a la ciudad de Guaymas, con el propósito de que pudiesen concurrir el mayor número de personas posibles y realizar todos los preparativos necesarios y fastuosos para la concreción del suceso, en donde “[…] abundaron los discursos, la comida y la música […]” (Dabodoub; 1949: 143). No es un tema menor el que se llevara a cabo en una estación ferroviaria, el símbolo de la época más importante del progreso y la civilización, el medio de transporte

410

Carta del general de Brigada Marcos Carrillo, jefe de la 1ª Zona Militar, a los grupos de yaquis rebeldes, 15 de febrero de 1891. AHGES, Fondo Ejecutivo, Tomo 23, expediente 7, foja s/n.

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que estaba haciendo posible comunicar los rincones más apartados del país y con los Estados Unidos. Un icono de poder que establecía nítidamente hacia donde se inclinaba la relación de fuerzas y a su vez mostraba los beneficios del progreso. Casi nada se dejó al azar, con un día de anterioridad llegó el general Luis E. Torres para dar sus últimas disposiciones para el acto, algunos destacamentos de tropa fueron dispuestos para la ceremonia. Se construyó y levantó un templete o “[…] vistosa plataforma adornada con banderas tricolores, sin faltar un buen retrato del Presidente de la República”. Una de las insignias, las banderas nacionales, más importantes del patriotismo, así como el retrato de Porfirio Díaz, el más destacado representante del gobierno, así como emblema del nacionalismo, del progreso y del poder. La figura humana que encarnaba la soberanía del Estado nación y que como mudo testigo fungió como una de las imágenes mentales cruciales para legitimar el ritual. La plataforma contaba con su respectiva tribuna para los oradores y a ambos lados de la misma se dispusieron las sillas para las familias de los altos funcionarios y parte de la concurrencia. A la estación y plazoleta, desde la víspera, así como en los trenes del mismo día, asistieron los más distinguidos ciudadanos de la región, “[…] personas destacadas de Hermosillo y Guaymas, las esposas de muchos de ellos y gran cantidad de público de ambas poblaciones y de otros lugares” (Dabdoub; 1949: 143). “El lugar se veía animado con la presencia de numerosas personas […] aumentando la concurrencia con la llegada de los trenes de ese día, tanto el ordinario de Guaymas como el especial que condujo a los Supremos Poderes (Villa; 1937: 438). Al frente del templete, “[…] como a 200 metros al Suroeste de la plataforma habíanse construido dos grandes ramadones que deberían servir para alojar a los indios […]”. Es la parte principal de la ceremonia que aún se pude apreciar en los registros fotográficos que se conservan del evento. Lo que se pude deducir a partir de estas imágenes, por la sombra del fotógrafo y la perspectiva, es que fueron tomadas desde un costado de la plataforma o desde la misma, por lo que no es posible apreciar el templete, sino a los indígenas que lo rodean, bien alineados y todos portando una bandera blanca, la insignia de la paz. Así se involucró o se pretendió involucrar simbólicamente a cada uno los indígenas que asistieron al acto, alrededor de 400 según del Paso y Troncoso (del Paso; 1982: 79), poniendo en sus manos la responsabilidad de llevar a efecto la paz.

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“Los indios yaquis listos a desfilar al templete a jurar sumisión, Ortiz mayo 15 de 1897”. Fondo Gobernación, AGN.

En las grandes ceremonias religiosas públicas de antaño, en las que simultáneamente se reproducía un sentido de unidad gracias a la celebración conjunta de todos los sectores de la sociedad, a su vez se establecía y marcaban cuidadosamente las diferencias entre cada segmento social, de acuerdo al posicionamiento estratégico de sus miembros en estas celebraciones. Pues si bien por un lado había que generar un sentimiento de unidad o comunidad religiosa, era necesario subrayar también que no se trataba de una comunidad de iguales, sino bien diferenciada, de acuerdo con el orden estamental establecido, por lo que era preciso reproducir en el ritual simbólico y periódico la diferencia; resultando un acto de comunión diferenciada. Asimismo, las ceremonias cívicas, herederas de los fastuosos modelos y grandes actos religiosos, a pesar de tratarse de una comunidad de iguales, también llevaron y llevan a cabo este doble mensaje, y no podía ser de otra forma en la celebración de la Paz de Ortiz. Así es como se explica en la imagen que la mayoría de los indígenas se encuentren juntos entre sí y separados del 191

resto de los congregados, pero a su vez formando parte del acto en comunión. Por su parte los dignatarios y funcionarios del gobierno estuvieron posicionados en el sitio de honor y literalmente por encima de los demás, enviando paradójicamente un mensaje ciertamente similar al del Antiguo Régimen, en el que se constata su herencia e imitación, pero que cumple su función a cabalidad, establecer claramente su superioridad, a pesar de la pregonada igualdad. Es decir, una comunidad de ciudadanos iguales y sin embargo diferentes en la práctica, no era lo mismo un ciudadano indígena que un ciudadano gobernador, militar o propietario. Así que como en muchos otros aspectos de la sociedad nacional y moderna, y como bien lo supieron aprovechar los yaquis, también las contradicciones del modelo ciudadano saltan a la vista en estas ceremonias colectivas. Me refiero a que si bien se trata de una sociedad teóricamente paritaria, ello no implica que existían abismales diferencias, similares a las de una sociedad estamental. Sin embargo es en la igualdad jurídica donde radica la diferencia fundamental con el Antiguo Régimen, en el que a cada estrato le correspondían privilegios y obligaciones específicos, a diferencia de lo que en teoría sucede en las sociedades modernas. A pesar de estas fisuras, el mensaje más importante, dirigido sobre todo a los yaquis, consistió en manifestar que todos eran mexicanos y que como tales había que aportar, cada quien desde su derrotero, para el bien de la nación. Pero aún faltaba el arribo del jefe yaqui y sus hombres, así como el de los regimientos militares del gobierno que lo acompañaban, previamente destinados para solemnizar su llegada. Una polvareda anunció su aproximación, así que se realizaron los protocolos militares correspondientes para permitirles el paso: […] venían como exploradores cinco dragones del 5º Regimiento de Caballería; seguidamente se vio en primer lugar al coronel Peinado, vestido de Cahrro, montando brioso caballo retinto; a su derecha Juan Maldonado (a) Tetabiate, jefe de la tribu rebelde, sobre un caballo colorado que le había obsequiado por el comercio de Guaymas. […] En la misma línea seguían los capitanes Loreto Villa, Julián Espinosa y Felipe Valenzuela, secretario de Tetabiate los dos primeros y su segundo en jefe el último de los mencionados; a continuación el 5º Regimiento éste seguía la columna yaqui compuesta de 394 indios perfectamente armados con fusiles Rémington de infantería […] uniformados de mezclilla azul y sombrero de palma […] haciendo su entrada en correcta formación por secciones […] y marchando al compás de un tamboril redoblado constantemente por uno de ellos.

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En esta narración se aprecia lo que posteriormente sería aún más claro, la integración de Tetabiate y sus guerreros a las fuerzas del ejército como tropas auxiliares, como los encargados de la seguridad en los pueblos yaquis, bajo las órdenes del gobierno y a sueldo sufragado por el erario público. Por ello venían como parte de las fuerzas militares y estaban todos bien armados y uniformados de “mezclilla”. Asimismo, como emblema de comunión arribaron juntos el coronel Peinado y Tetabiate, las dos figuras más destacadas para el finiquito de los acuerdos entre el gobierno y los yaquis. A la cabeza de la columna un indio yaqui portaba una bandera de seda blanca con fleco de oro ostentando dos guías de la misma tela, en cuya seña se leía la siguiente inscripción: “¡Viva la paz del Yaqui! 25 de enero, 25 de febrero, 26 de marzo, 29 de abril y 8 de mayo. 15 de mayo de 1897”, y por último, veíanse hasta veinte caballos, entre quienes venían los gobernadores y autoridades de los pueblos.

Esta bandera que portaba el indígena, con la inscripción de cada uno de los días y meses, buscaban gravar en la memoria de todos los asistentes aquellas fechas que habían sido cruciales para que pudiera llevarse a cabo el suceso que estaban por presenciar. Aquellos momentos que de alguna manera habían abonado al anhelado término de la guerra entre los yaquis y el gobierno411. Una estrategia y artilugio ampliamente utilizado por el patriotismo cívico para celebrar periódicamente los acontecimientos que han contribuido a su engrandecimiento, en correspondencia con la negociación permanente de la identidad. Se trata la forma reiterativa y más hábilmente utilizada para reactualizar permanentemente los sentimientos de pertenencia nacionalista. Es decir, la necesaria calendarización cívica de la identidad, el recuso nemotécnico más importante del fervor patriótico, aquellas fechas y ceremonias sin las cuales resulta inconcebible la permanencia y reproducción cultural del Estado nación; a semejanza igualmente del calendario litúrgico. Baste recordar y aludir por ejemplo a las palabras utilizadas por el

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“25 de enero: fecha en que se iniciaron los tratados. 25 de febrero: estaba sometido Tetabiate y ofrecía garantías de vida y plena seguridad en los caminos. 26 de marzo: primera entrevista con él en La Cieneguita. 29 de abril: segunda entrevista en el Tetacombiate. 8 de mayo: Tetabiate en este mismo punto, sale a recibir a l señor general en jefe, quien los había citado y a quien se somete. 15 de mayo: es la fecha gloriosa en que desaparece la última sombra de duda, la última nube de este cielo esplendente, en que hoy se escribe Paz”. (Dabdoub; 1949: 146).

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coronel Peinado para referirse al día que estamos tratando, similares a las que pudiera haber dicho cualquier ministro religioso, “15 de mayo es la fecha gloriosa en que desaparece la última sombra de duda, la última nube de este cielo esplendente, en que hoy se escribe la Paz” (Dabdoub; 1949: 146). Ya se pude ir comprendiendo la importancia que revistió este acto, lleno de figuras y elementos retóricos, símbolos e imágenes mentales que buscaban generar afiliación y apelar esencialmente a los sentimientos, todo un acto dramatizado y festivo para recordarle a todos quiénes eran, en nombre de qué se hacía todo aquello y a quién debían guardar fidelidad, a la nación mexicana. A la llegada de la columna del coronel Peinado y Tetabiate, antes de pasar a tomar sus lugares se dirigieron a hacer las reverencias protocolarias, “[…] quitándose el sombrero […]” ante los más altos dignatarios del gobierno, encabezado por el general Luis E. Torres, jefe de las fuerzas federales y por el gobernador Ramón Corral, que se encontraban acompañados por el vicegobernador Prisciliano Figueroa, el general Lorenzo Torres, Rafael Izabal, entre algunos otros políticos y militares. Acto seguido, con el general Luis E. Torres al centro, en representación del gobierno federal, la plana mayor del gobierno ocupó el templete, Tetabiate y sus secretarios quedaron abajo, al frente del mismo, y se dispusieron a dar inicio a la ceremonia. Está comenzó con el himno nacional, quizás el artefacto más elocuente de identificación del nacionalismo mexicano, símbolo y síntesis del republicanismo, un recurso poético y musical dirigido a las emociones que funciona como un mecanismo que enseguida desata un torrente de sentimientos de identificación y pertenencia. Una impresión mental capaz de solemnizar hasta el acto más trivial, creando además un fuerte sentido de unidad y comunión al ser cantado al unísono. Enseguida el secretario de gobierno, Celedonio C. Ortiz, dio lectura al documento y acta que selló la Paz de Ortiz. República Mexicana.- 1ª Zona Militar […] Juan Maldonado, Jefe de la tribu Yaqui que ha estado en armas durante largo tiempo, reconoce la soberanía del Supremo Gobierno de la Nación y la del Estado, y reconoce también que es su deber someterse a la obediencia de las autoridades que de uno u otro emanan y por los mismo se somete con todos sus compañeros de armas al Supremo Gobierno de la Nación representado aquí por el señor General Luis E. Torres, en Jefe de esta Zona Militar […] y les ofrece en nombre del mimo Supremo Gobierno toda clase de garantías, la seguridad de que no serán molestados ni en sus personas un ni intereses por motivos de la sublevación pasada y […] le ofrece terrenos en el Río Yaqui de los que están desocupados en los ejidos 194

de los pueblos y destinados para los indígenas originarios del Río Yaqui. Además, ofrece […] obtener algunos recursos tanto del Supremo Gobierno Federal como del Gobierno Estado para proporcionarle algunos animales y provisiones de boca a lo menos por dos meses, para ellos y sus familias; cuyos animales y provisiones se les distribuirán en los pueblos en que se radiquen.

A diferencia de la carta de Marcos Carrillo, en donde ciertamente se dedujo que estaba apelando a la soberanía del Estado nación como medio justificativo, aunque nunca la mencionara explícitamente, aquí en cambio de inmediato se precisa que los yaquis a través de su jefe se “someten” al gobierno en nombre de la soberanía. Es pues a título de la nación, en su calidad de la única depositaria de la capacidad de gobernar y de ejercer la violencia, como se justifica las reiterativas expresiones de sometimiento. Esencialmente contiene los mismos elementos que la misiva de Carrillo, con la gran diferencia de que los yaquis en efecto aceptaron estas condiciones, la “sumisión” como un deber inexcusable por las prerrogativas que sólo detenta el Estado nación. Lo único que el estado ofreció a cambio fue la amnistía, así como una serie de dádivas en dinero, animales y muy diversos elementos de subsistencia y de primera necesidad412. Asimismo, ofreció lo que para Gouy-Gilbert se trata del primer reconocimiento oficial de terrenos para los yaquis en el río (Gouy-Gilbert; 1985: 92). Pues en efecto, en el contexto de la Paz de Ortiz y firmada el acta, alrededor de 6,000 yaquis regresaron a vivir a sus pueblos, lo “[…] que nos indica hasta qué punto los yaquis deseaban volver a casa. Con esto, el total de yaquis residentes se elevó a más de siete mil, alrededor del doble de la población residente yori” (HuDeHart; 2004: 155). Sin embargo los colonos y las tropas no abandonaron el territorio, pues como el acta revela en ningún momento se contemplaron las demandas de los yaquis: que salieran las tropas y los blancos del río, autogobierno y conservar sus armas, en una palabra, autonomía. Por ello se explica la posterior ruptura de la Paz de Ortiz y el reinicio de las hostilidades en los meses de junio y julio de 1899 (Balbás; 1993: 19). El incidente preliminar que desató la nueva rebelión tuvo lugar en el pueblo de Bacum, las diversas fuentes que lo asientan indican que se trató de un intento de las fuerzas auxiliares yaquis del gobierno del estado, ahora bajo el mando de Tetabiate, a las órdenes de Luis E. Torres, para desarmar a un grupo de indígenas inconformes (Dabdoub; 412

[…] 40 cargas de harina, 20 reses, 8 cargas de garbanzo, 130 kilos de café, 10 rollos de petates, 14 docenas de vestidos para mujer […]” (Villa; 1937: 442).

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1949; Velasco; 1988; Gouy-Gilbert; 1985). Sin embargo Manuel Balbas, en su pormenorizada relación de los acontecimientos de la campaña de 1899 a 1901, indica que en la víspera de estos sucesos se había llevado en dicho pueblo una gran Pascola o una gran celebración ritual, es decir, un momento y espacio de reafirmación identitaria y recreación de lazos de pertenencia. El conflicto y sus consecuencias se entienden mejor en este contexto en el que se conjugaron varios factores: la permanencia de la colonización, la existencia de tensiones internas por la creación del cuerpo de auxiliares indígenas a los órdenes del gobierno, así como esta fiesta ritual que sin duda contribuyó a la reproducción sociocultural y a su vez a la manifestación de inconformidades en Bacum. Es decir, la búsqueda de la salida de los colonos y de los militares, lo cual se les había garantizado desde hacía dos años. Sin embargo y más allá de los pormenores de las primeras acciones que generaron la nueva rebelión, lo cierto es que antes del nuevo alzamiento y ante la permanencia de los colonos y los destacamentos del gobierno, los yaquis venían manifestando a las tropas del gobierno y a algunos de sus más importantes generales que todo estaba muy bien en el río, pero les preguntaban qué ¿cuándo pensaban desalojar su territorio los “yoris” y los destacamentos? (Dabdoub; 1949: 147). Tal y como se expresó en uno de los puntos de la correspondencia de negociación preliminar entre Peinado y Tetabiate, mucho antes de la firma de los tratados: “[…] para que dejemos esta vida de prisión nos hará el favor de retirar los campamentos de sus lugares solamente así; nos podemos arreglar” (Dabdoub; 1949: 149). Asimismo, en la carta que los yaquis elaboraron y dirigieron al general Luis E. Torres el 22 de julio de 1899, es muy claro que la Paz de Ortiz que firmaron los yaquis fue con el compromiso de que se les cumplieran sus demandas, que si bien no se plasmaron en el acta, estos testimonios revelan que en efecto los yaquis aceptaron entrar en negociaciones y firmar la paz bajo el supuesto de que serían respetadas. No es gratuito que las negociaciones tomaran más de cuatro meses y que Tetabiate se mostrara tan escéptico de los acercamientos del gobierno. Además y en retrospectiva, también esta misiva de los yaquis demuestra que dichos acuerdos se habían establecido como las bases para una posible negociación: Díganos ahora: lo que queremos es que salgan los blancos y las tropas. Si salen por la buenas, entonces hay paz; si no declaramos la guerra. Porque

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que la paz que firmamos en Ortiz, fue con la condición de que se fueran tropas y blancos y eso todavía no lo cumplen […]413

Así que el gobierno deliberadamente engañó a los yaquis para que firmaran los acuerdo de Ortiz, hábilmente y sin ponerlo por escrito, esperando que después de firmados los tratados, entregadas las tierras en el río, integrados los cuerpos de sublevados más importantes a las tropas del ejércitos, celebradas las ceremonias y actos de fraternidad correspondientes, entregadas las innumerables prebendas que les fueron concedidas y con el soporte de la colonización concretada, lograrían que los yaquis olvidaran o cedieran en sus reclamos y aceptaran ajustarse al modelo de integración que se les estaba ofertando. Sin embargo y lo que no comprendieron es que todas estas “garantías”, como en la propia acta de Ortiz les llamó el gobierno, no podían sustituir el fuerte sentimiento de pertenencia que los yaquis habían configurado y que fundamentalmente radicaba en la conservación integra de los elementos que conforman su identidad: la totalidad de su territorio, la capacidad de autogobernarse, el mantenimiento de la propiedad comunal de la tierra, la conservación de su estructuras tradicionales de autoridades, la reproducción de su cultura, así como las celebración de sus fiestas y rituales.

IV.V LA BARBARIE DE LA CIVILIZACIÓN: DEPORTACIÓN Y EXTERMINO. LA RESISTENCIA COMO UNA CUESTIÓN ESTRUCTURAL Y UN ARMA DE DOBLE FILO: EL FACTOR ESTADOS UNIDOS. La guerra se reinició a partir de julio de 1899, Tetabiate, después de haber formado parte de las tropas del gobierno, como habían hecho Cajeme y Banderas con sus respectivos nombramientos gubernamentales, volvió a convertirse en el líder y emprendieron de nuevo al resistencia. Sin embargo ahora la lucha ya no sería en las misma tesitura y condiciones en que se había llevado hasta entonces, la ruptura de la Paz de Ortiz significó una afrenta que el régimen ya no estaba dispuesto tolerar, constituyó un parteaguas en las formas de ataque y represión a los yaquis por parte del gobierno414. A partir de entonces declaró nuevamente abierta la campaña y los yaquis serían objeto de nuevas 413

Transcripción de la carta yaqui a Luis E. Torres. AHGES, Fondo Ejecutivo, Fondo Oficialía Mayor, caja 1134, foja s/n. Véanse también Dabdoub: 1949: 147-148; del Paso; 1982: 88; Velasco; 1988: 33; Camín; 1981: 53. 414 “A partir de la ruptura de la Paz de Ortiz, los yaquis se enfrentaron a un enemigo implacable e inflexible cuya actitud los acercó rápidamente a una guerra de exterminio” (Velasco; 1988: 33).

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formas de represión, como su concentración en rancherías permanentemente vigiladas por tropas militares, pues aún constituían la mano de obra más importante de la región y “[…] el 15 % de la población de Sonora” (Gouy-Gilbert; 1985: 94)415. El 18 de enero de 1900, en el Cerro de Mazocoba se llevó a cabo un cruento enfrentamiento dirigido por el general Lorenzo Torres, que de acuerdo con la nota del periódico La Patria, habría durado más de 8 horas416. El padre Beltrán estaba cautivo con los yaquis y era uno de los pretextos para perseguirlos hasta su refugio417. Además justamente se había encomendado a la Comisión Científica de Sonora, al frente del coronel Ángel García Peña, por instrucciones de la Secretaría de Guerra y Marina, la realización de un informe pormenorizado de la región yaqui, sobre todo de la Sierra del Bacatete, con el propósito de contar con un análisis geográfico-militar bien detallado de todos aquellos puntos en donde pudieran esconderse los grupos de indígenas sublevados para poder asentar nuevos destacamentos, saber con precisión el número de efectivos necesarios para la emprender la campaña, así como realizar incursiones militares bien estructuradas para ubicar los accesos y posibles puntos de fuga de los rebeldes y así reprimirlos con mayor éxito418. El combate terminó en una derrota de graves consecuencias para los yaquis, en él murieron alrededor de 400 indígenas, incluyendo al líder yaqui Opodepe. Además fueron capturados cerca de mil yaquis, sobre todo mujeres, niños y heridos que fueron conducidos al cuartel de la Guasimas y que en el trayecto perecieron alrededor de otros 150 indígenas (Velasco; 1988: 35). A partir de esta derrota en Mazocoba la captura y deportación comenzaron a ser más frecuentes, el periódico The Evening Star publicó que sólo de los capturados en la batalla de Mazocoba fueron trasladados a Jalisco y Colima alrededor de 600 yaquis para ser llevados a diversas poblaciones del interior de la República419. Asimismo, la persecución hasta sus lugares de trabajo también se hizo con mayor firmeza, cerca de 240 yaquis fueron capturados en ese mismo año de 1900 y fueron deportados a diversos lugares del país (Goy-Gilbert; 1985: 95; Velasco; 1988: 33). 415

“Esto correspondía más o menos a seis mili indios […]” (Gouy-Gilbert; 1985: 94). La Patria, 28 de enero de 1900, p. 2. 417 Véase Abbondanza; 2008: 111; Palemón, 1997. 418 Véanse del Paso; 1982; Dabdoub; 1949: 151; Camín, 1981:53. “El Coronel censó […] a los pueblos yaquis y llegó a una cifra total de 7, 606 indios en el Valle y concluyó que era indispensable la ocupación militar del río, la circunvalación de la sierra del Bacatete, la acción directa […] para evitar la comunicación […] entre yaquis mansos y rebelados y la colonización del área en cuestión” (Padilla; 1995: 40). 419 The Evening Star, 16 de febrero de 1900. “Today 600 yaquis prisioners, arrived at Colima bay steamer from Guymas, escorted by guar under the command of Licut. Col. Nieto. These prisoners were taken in the last battle at Mazocoba, were General Lorenzo Torres defeated the Yaquis”. 416

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Sin embargo hacía mediados de 1901 los yaquis se volvieron a manifestar en rebeldía, los nutridos cuerpos militares regresaron a internase en el Sierra del Bacatete para combatirlos, tuvieron una nueva victoria y lograron matar a Juan Maldonado Tetabiate el 10 de junio de 1901. Nuevamente, como había sucedido después de la muerte de Cajeme y ahora en el contexto de la masacre de Mazocoba, las fuerzas del gobierno creyeron completamente derrotados a los yaquis con la muerte de Juan Maldonadao, pues aseguraban que con la eliminación del “cabecilla” y la férrea campaña que se les había llevado acabo estaba asegurada la victoria. Así lo sugería El Imparcial en su nota del 19 de julio de 1901: Como este cabecilla era el único que mantenía vivo entre los indios el espíritu de rebelión, es de esperarse que las pequeñas partidas que aún se hallan diseminadas entre las escabrosidades de la sierra abandonen por completo sus actitud hostil y deponiendo las armas se dediquen a la trabajo definitivamente420.

Sin embargo, ni la muerte de Teatabiete ni las apremiantes condiciones de la persecución impidieron que reducidos grupos de yaquis continuaran la insurrección. Ahora el liderato de del movimiento recayó en distintos jefes yaquis, como Luis Matus, Luis Bule, Ignacio Mori y Luis Espinoza. Así que a partir de 1902, mediante circular del 19 de abril421, el gobierno adoptó nuevas medidas represivas hacia los yaquis, se combinó la concentración de yaquis en áreas específicas permanentemente custodiadas por las tropas del gobierno, con una política de dispersión y deportación de aquellos rebelados y capturados que se encontrasen fuera de las rancherías indicadas, quienes fueron enviados a muy diversos puntos del territorio nacional para desestructurar la base social que hacía posible la resistencia. Por su parte los yaquis considerados pacíficos y que se hallaban en diversas poblaciones trabajando fueron reconcentrados en estos espacios de las rancherías, bajo estrictas medidas de control, “[…] los prefectos formarán un padrón de los indios yaquis […] expedirán a cada uno de ellos para su resguardo un salvo conducto […]”422. Su vigilancia no sólo estivo encargada a las tropas militares, sino a cada una de las prefecturas donde se instalar literalmente estos campos de concentración, a los 420

El Imparcial, 19 de julio de 1901. Circular del Despacho del Gobierno del Estado de Sonora, 19 de abril de 1902. AHGES, Fondo Oficialía Mayor, caja 1134, foja s/n. También véase Hernández; 1901: 322-323. 422 Circular del Despacho del Gobierno del Estado de Sonora, 19 de abril de 1902. AHGES, Fondo Oficialía Mayor, caja 1134, foja s/n. También véase Hernández; 1901: 322-323 421

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presidentes municipales, así como a los comisarios de policía, “[…] los prefectos, presidentes municipales y comisario de policía pasarán revista cada mes a los indios de la ranchería […]”423. Se realizaron padrones de los indígenas y de los dueños o propietarios para quienes trabajaran, así como revisiones periódicas de dichos controles. Quienes no contaran con la documentación correspondiente eran directamente sometidos y deportados, “[…] cuando en una ranchería se presentare algún indio que no justifique su procedencia, será aprehendido y remitido como sospechoso a la autoridad inmediata […]”424. Ante este panorama muchos yaquis comenzaron a huir hacia diverso rumbos y ciudades con el propósito de mezclase entre las poblaciones mestizas y pasar desapercibidos, sin embargo ello no fue suficiente, así que importantes grupos de indígenas se exiliaron en ciudades de Estados Unidos: […] el Cónsul de México en Phoenix, Arizona, en una revista política que se sirvió remitir a esa propia Secretaría, participa han llegado a aquel territorio grandes partidas de yaquis procedentes de Sonora; habiendo notado de algunos de ellos, desconocidos, a quienes vigila, para en caso de encontrar sospechas sobre compra de armas, ponerlo en conocimiento de ud.425.

Muchas veces el propósito de esta elección fue doble, permanecer fuera del alcance del gobierno y contribuir mediante la compra de armamento para asistir a los grupos de combatientes en la sierra426. Sin conseguir los resultados esperados, incluso con la hechura de estas concentraciones de indígenas y ante la permanencia de grupos guerrilleros, el gobierno y sus dirigentes desde la gubernatura y las fuerzas federares decidieron que a partir de entonces todos los yaquis serían deportados. Ya no habría concesiones de ningún tipo, los considerados mansos, hombres, mujeres y niños, todos sin excepción, incuso indígenas que no eran yaquis427 empezaron a ser diluidos en el

423

Circular del Despacho del Gobierno del Estado de Sonora, 19 de abril de 1902. AHGES, Fondo Oficialía Mayor, caja 1134, foja s/n. También véase Hernández; 1901: 322-323 424 Circular del Despacho del Gobierno del Estado de Sonora, 19 de abril de 1902. AHGES, Fondo Oficialía Mayor, caja 1134, foja s/n. También véase Hernández; 1901: 322-323 425 Oficio de la Secretaría de Guerra y Marina a la de Relaciones Exteriores, 14 de abril de 1905. AHDGE-SRE, expediente L-E- 2250 (I-IV), foja 44. 426 “Fue cundo los yaquis se chocaron y empezaron a reclutarse en la sierra y de ahí se iban caminando a Estados Unidos por las armas y el parque […] Muchos yoremes se quedaron allá […]”. (Abbondanza; 2008: 115). 427 Entre los cuales estuvieron mayos, ópatas, pápagos y pimas. Véase Gouy-Gilbert, 1985: 96; Velasco, 1988: 37 y Hernández, 1996: 140.

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amplio espacio territorial de la República428. En su mayoría fueron enviados a Yucatán para el lucrativo negoción de los grandes hacendados henequeneros, como el secretario de Fomento (1908) y gobernador de Yucatán entre 1902 y 1907, así como el mayor propietario de haciendas de fibra de la península yucateca, Olegario Molina. Así que a partir de los años de 1902-1903, con el gobernador Izabal como su principal ejecutor, la deportación de los yaquis fue adoptada como una política de Estado429, con la íntima colaboración de Ramón Corral, vicepresidente de la República desde 1904 y de Luis E. Torres, así como toda una red de implicados de grandes oligarcas y propietarios de productos de plantación en todo el país, en connivencia con las más altas esferas del gobierno430. Pero la dilución, expatriación y extermino de los yaquis no se restringió a la península yucateca, también eran llevados a las plantaciones de tabaco y caña de Valle Nacional en Oaxaca, a Chiapas a las plantaciones de Café, a Tlaxcala al trabajo para la extracción del pulque y a Quintana Roo también para trabajos de plantación 431. Se trató de un lucrativo negocio, pues lo yaquis capturados eran vendidos como esclavos a 65 pesos por cabeza y el 75% de las ganancias eran remitidos directamente a la Secretaría de Guerra y Marina. En su crónica periodística John Kenneth Turner refiere desde su propia subjetividad el testimonio de coronel Francisco B. Cruz, encargados de las deportaciones, “[…] esto no es más que una gota de agua en el mar, pues lo cierto es que las tierras, casas, vacas, burros, en fin, todo lo que dejan los yaquis […] pasa a ser propiedad privada de algunas autoridades del estado de Sonora” (Turner; 2008: 39). Los yaquis deportados, después de los traslados que duraban varios meses y sin recibir ninguna paga por su trabajo, morían rápidamente como consecuencia del esclavizado trabajo de la economía

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“Izabal no hizo ninguna distinción entre los diferentes grupos étnicos de Sonora. Para él, todos los indios eran yaquis, por lo tanto rebeldes a los cuales había que acabar” (Gouy-Gilbert; 1985: 97). 429 “Sistemáticamente se procedió a capturar a los yaquis que se encontraban trabajando en los distritos de Ures, Guaymas y Hermosillo. Cientos de hombres, mujeres y niño yaquis e incluso ópatas y pimas, fueron sacados de las haciendas, ranchos y otros lugares donde trabajaban para ser deportados a los campos de Oaxaca, las plantaciones de Yucatán o las haciendas de Tlaxcala” (Velasco; 1988: 37). 430 Incluyendo a Porfirio Díaz, quien en 1908 publicó una orden en que estableció: “Todos los yaquis, dondequiera que se encontrasen, hombres mujeres o niños fueran aprehendidos por la Secretaría de Guerra y deportados Yucatán”. (Velasco; 1988: 96). 431 Velasco Toro recupera un testimonio de una sobreviviente yaqui de las deportaciones: “Estaban trabajando sembrando maíz, frijol, trigo, algodón, con arados, y los mandaban a Yucatán, Tlaxcala, Tapachula y las Islas Marías, […] a otros los trasladaban a la hacienda de Rafael Izabal [...] a otros yoremes los mandaron a Tapachula a cortar café […] la gente que llevaron a las Islas Marías todas murieron […] cuando tenía quince años me regresaron a Sonora a trabajar a la hacienda de Izabal; después cuando acabó la pisca de algodón, nos volvieron a mandar a Yucatán y de ahí Tlaxcala para sacar pulque”. (Velasco; 1988: 39).

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de plantación, así como por las epidemias producto de las condiciones de hacinamiento en que eran trasladados y la reclusión en sus destinos432. Sin embargo esta política del gobierno le acarreó serios problemas y reclamaciones de los diversos propietarios, hacendados, mineros y rancheros de Sonora, debido al mismo factor, la pérdida de su mano de obra433. Además ya no sólo se estaban llevando a los yaquis, sino a otros grupos étnicos, por lo que la escases de brazos trabajadores se estaba haciendo cada vez más crítica. Sin embargo y a pesar del acoso sin parangón, aún existían partidas de yaquis rebelados en la Sierra del Bacatete. De hecho y por motivaciones distintas, el factor de la deportación provocó que ambas partes, pero sobre todo los yaquis, intentaran nuevos acuerdos de paz. Los yaquis buscaron los arreglos debido al acoso militar que ya les era casi imposible de evadir, pero sobre todo como un medio para tratar de detener la deportación y evitar el exterminio de su pueblo, tal y como expresarían en las negociaciones de 1904 y 1908434. Para el gobierno sin embargo, la aceptación de las pláticas no se debió a su propia iniciativa o a las solicitudes de los yaquis, sino fundamentalmente a las presiones de la sociedad y propietarios sonorenses435. A partir de los primeros años del siglo XX es mucho más claro que los propios yaquis fueron los encargados de traer el arsenal necesario directamente de diversas poblaciones de Estados Unidos. Se trató además de toda una estrategia muy bien articulada, pues realizaban compras muy escasas en diversos establecimientos y expendios, con el propósito de que fuera más difícil su seguimiento por los autoridades de ambos países, para que no pudieran actuar legalmente contra ellos, y con el propósito de no afectar a los vendedores de armas y así evitar que se detuviera su venta. “[…] los yaquis usan la táctica de comprar aisladamente, una carabina aquí, parque más allá y sucesivamente en ciudades y minerales sin hacer compras repetidas en un sólo lugar”436. Conscientes entonces de su vigilancia y seguimiento por las autoridades consulares 432

Para ver conocer una de los trabajos de investigaciones más prolíficos sobre la deportación de yaquis a Yucatán, así como las muertes por epidemia véase Padilla; 1995. 433 Véanse Camín, 1981: 61-63; Velasco, 1988: 33; Gouy-Gilbert, 1985: 95. 434 “Pidieron luego que fueran repatriados los yaquis deportados a Yucatán […]”. Pláticas del 24 de diciembre de 1808. Participaron el gobernador Izabal y el general Torres, así como el líder Luis Bule y algunos oros indígenas. Véase Velasco; 1988: 35. 435 “Bajo su presión [de los hacendados], Torres intentó negociar la paz con uno de los jefes yaquis, Luis Bule” (GouyGilbert; 1985: 98). 436 Comunicación del cónsul de Tucson en Arizona, al Secretario de Relaciones Exteriores. AHDGE-SRE, expediente L-E2250 (I-IV), foja 57.

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mexicanas, en colaboración con funcionarios norteamericanos, los yaquis tuvieron que moverse por un amplio espacio de ciudades del sur de Estados Unidos para evitar su aprehensión437. Esta organización estuvo propiciada y respondió al acoso y exterminio sin precedente que estaban sufriendo en este periodo. Así que los yaquis en Estados Unidos fueron quienes se encargaron de realizar la tarea de “compra hormiga” por el sur del territorio Estadounidense. “En todos los lugares de la frontera hay tiendas más o menos pequeñas, en las que tienen armas & en proporción, y seguro que los yaquis se proveen de ellas una aquí y otra allá, y esta circunstancia es la que dificulta la persecución” 438. Como se aprecia en la documentación e información diplomática del Archivo Genaro Estrada, la triangulación de la información para el seguimiento y captura de los yaquis se daba principalmente entre los consulados, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la de Guerra y Marina y la presidencia de la República. El mismo Porfirio Díaz era quien hacía las recomendaciones de vigilancia a los consulados. Tal y como se advierte en uno de los oficios del cónsul de México en Phoenix, Arizona, del 10 de marzo de 1905, dándose por notificado de la órdenes presidenciales que le transmite la Secretaría de Relaciones Exteriores: Tengo la honra de acusar recibo a esa Secretaria, de su orden número 87 […] por la cual se sirve trascribir la nota que le ha dirigido el Señor Secretario de Guerra, relativa al informe que ha dado el Cónsul de México en Tucson, Arizona, comunicando que varios indios yaquis han estado proveyéndose de armas y municiones para regresar después a esa República. Y, que dada cuenta con la citada nota, al Ciudadano Presidente de la República, dicho Primer Magistrado ha tenido a bien ordenar se recomiende al suscrito Cónsul, cuide de vigilar a los indios yaquis, poniéndome en comunicación de la gendarmería fiscal a quien corresponda vigilar al parte de la frontera por donde sea posible que regresen los indios y avisándole oportunamente el día que en que deben atravesar la línea divisoria, para que con los celadores que están a sus órdenes, procure su aprehensión y los entregue a las autoridades de México para que puedan ser juzgados […]439

En este mismo expediente se pude advertir que los yaquis involucraron a algunos ciudadanos norteamericanos para mantener la resistencia, además de los vendedores de 437

Como las poblaciones de Tucson, Phoenix, Nogales, Bisbee, Casas Grandes, así como de California y Nuevo México. Oficio del Cónsul en Nogales, Arizona, al Secretario de Relaciones Exteriores, para ubicar lugares de aprovisionamiento de armas de los yaquis, 27 de abril de 1905. AHDGE-SRE, expediente L-E- 2250 (I-IV), foja 62. 439 AHDGE-SRE, expediente L-E- 2250 (I-IV), foja 1. 438

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armas, para que colaboraran en su lucha contra el gobierno Mexicano. Así que aprovecharon los intereses de algunos estadounidenses en territorio sonorense para articularlos a su movimiento, lo cual nos habla de la reproducción de una herramienta y estrategia para continuar con la resistencia. Según la información oficial el caso del norteamericano John Dwyer no era de significación, sin embargo revela la continuación las ambiciones estadounidenses en territorio mexicano y propicia algunas otras pistas sobre el modo en que los yaquis se hicieron de armamento, municiones y protección. En efecto y como se afirma en la información oficial, producto de la prensa norteamericana, no hay elementos para afirmar que en efecto este personaje tuviera un papel relevante en el movimiento yaqui, de hecho al parecer Dywer ni si quiera existió. Sin embargo he considerado pertinente hacer alusión al caso para ejemplificar, entender y corroborar la propia conducta que los yaquis habían manifestado históricamente: ser especialistas en articular otros y muy diversos intereses para beneficio de su propio movimiento. Desde esta perspectiva el caso puede tener alguna trascendencia ilustrativa para explicar parte de la resistencia yaqui en este periodo. El oficio al respecto fue enviado por el cónsul de México en Laredo Texas, el 20 de marzo de 1905, al Secretario de Relaciones Exteriores, producto de algunos artículos de la prensa del estado de Texas: En el “San Antonio Express” de ayer se ha publicado el artículo […] en el que se atribuye a los trabajos e influencia de un americano de apellido Dwyer el mantenimiento de la rebelión de los indios yaquis de Sonora, con el ulterior objeto de procurar la anexión de aquel Estado a la Unión Americana. Es posible que el relato del “Express” sea uno de tantos ‘canards’ de la prensa de este país, o sea simplemente un síntoma de la aspiraciones de cierto grupo de ciudadanos americanos que desean anexarse el mundo entero, dizque para hacerlo feliz440.

Ciertamente es difícil, por no decir imposible, creer que un norteamericano fuera el responsable del mantenimiento del movimiento yaqui, pues como hemos visto se trató de un problema estructural concerniente al conjunto de la etnia y al mantenimiento de su identidad. Pero no debemos descartar que en efecto diversos ciudadanos norteamericanos se vieran involucrados en el movimiento yaqui debido a sus propias ambiciones en México, y que los yaquis los utilizaran para el aprovisionamiento de armas

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AHDGE-SRE, expediente L-E- 2250, foja 4.

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o para su ocultamiento. Como ya lo habían hecho con los grupos políticos de liberales y conservadores, con hacendados y rancheros, y como lo seguirían haciendo con los grupos revolucionarios en el periodo subsiguiente. Así lo constata otro oficio del vice cónsul de Douglas, Arizona, en donde informa cómo los yaquis pasaban armamento y municiones a través de un rancho, propiedad de un norteamericano de nombre J.H. Slaugther. “Hay también la creencia de que por aquel lugar hacen los indígenas sus provisiones de armas y municiones que introducen a Sonora, procedentes de este lugar, en lo cual no encuentran inconveniente, por la falta de una vigilancia efectiva”441. Si bien los yaquis habían obstaculizado diverso proyectos económicos en su territorio desde finales de la década de 1880, en la siguiente, así como en los inicios del siglo XX, como sucedió con la empresa de Conant; para estos años de 1905-1906 y desde entonces el conflicto yaqui rebasó las fronteras de México, no sólo en términos de aprovisionamiento de armas, sino también políticos. El gobierno de Estados Unidos, a través del Secretario de Estado, presionado por los empresarios norteamericanos, envió al gobierno de México una comunicación oficial para que tomara las medidas conducentes para terminar definitivamente con el problema de los yaquis. En el documento se adjuntaron “[…] extractos de algunas cartas de ciudadanos americanos que poseen minas y otros intereses en Sonora, pues cree que los informes […] podrán ser de interés y aún de utilidad al gobierno mexicano para atender a tan grave asunto” 442. En respuesta el gobierno de México precisó que si bien estaba haciendo todo lo conducente para terminar con el conflicto de los yaquis, buena parte del problema se debía a la “[…] complicidad de mercaderes residentes en Arizona, quienes proveen a los facciosos de armas y pertrechos”443. Manifestando que no era un problema sólo de México, sino de las dos naciones. A partir de entonces se estableció una coordinación entre ambos gobiernos para detectar y castigar tanto a los comerciantes de armas, así como controlar el flujo y deportar a los yaquis444. Incluso se empezaron a contratar detectives privados para dar 441

Notificación del vice consul de Douglas a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 23 de mayo de 1905. AHDGE-SRE, expediente L-E- 2250, foja 76. 442 Oficio de la Secretaría de Gobernación a la de Relaciones exteriores, reseñando la nota del Secretario de Estado norteamericano, Elihu Root, 7 de diciembre de 1905. AHDGE-SRE, expediente L-E- 2250, foja 180. 443 Secretría de Gobernación al Secretario de Estado norteamericano, Elihu Root, 5 de enero de 1906. AHDGE-SRE, expediente L-E- 2250, foja 181. 444 La colaboración se dio por órdenes del Departamento de Estado en Washington, a través del Departamento de Comercio y Trabajo, así como los jefes de inmigración estadounidenses en el sur de su territorio, en coordinación con los consulados mexicanos en aquel país. Véase AHDGE-SRE, expediente AHDGE-SRE, expediente L-E-2250, fojas 163-171, 176.

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seguimiento al aprovisionamiento de armas por los yaquis y su suministro hacia México445. Más allá de los pormenores del seguimiento y represión a los yaquis 446, lo importante es que a partir de entonces la cuestión de los yaquis, en términos de competencia gubernamental, había trascendido las fronteras nacionales para convertirse en un asunto binacional, sufriendo el acoso por parte de ambos países447. Ello constituye otro factor explicativo en al continuación y escalada de la política de represión y deportación, pues en términos político-diplomáticos significó la convalidación y legitimación del exterminio de los yaquis, en correspondencia y a semejanza de las prácticas del gobierno norteamericano con las poblaciones indígenas en su territorio. Diversos elementos nos ayudan a comprender y explicar que la resistencia yaqui se trataba de un asunto que iba mucho más allá de factores coyunturales, del empeño de sus líderes o de una cuestión estrictamente territorial o política. Si bien este periodo y clímax de la represión porfiriana es la mejor expresión de que los yaquis querían conservar su identidad y su desarrollo sociocultural, los diversos sucesos históricos que se han establecido y pormenorizado también lo confirman. Tal y como se ha podido advertir en los diversos partes oficiales, militares y comunicaciones entre el gobierno, las notas periodísticas, así como en las demandas de los propios yaquis aún en condiciones que parecieran no permitirles establecer las exigencias que siempre manifestaron. Me refiero a estos muy diversos momentos, como después de la ejecución de Cajeme, en que el gobierno daba por terminada la sublevación de los yaquis y aseguraba que no había más enemigo rebelado a quien combatir, aludiendo a razones como la eliminación de sus líderes. Así sucedió igualmente después de la batalla de Mazcoba, como se refrió en la prensa448 y como también se estableció en los oficios y telegramas entre las fuerzas militares y del gobierno (del Paso; 1982: 195;). Tal y como también lo señaló el médico militar Manuel Balbás después de esta batalla: “Con este combate terminó entonces la 445

Documentación oficial donde se constata la contratación, por recomendación del presidente Díaz, de detectives pagados por el gobierno de México. AHDGE-SRE, expediente L-E- 2250, foja 1988, 200. 446 Si bien no fue implementado, el gobierno de México, por recomendación de un particular (Ricardo Johnson), contempló oficialmente la posibilidad de atacar y perseguir a los yaquis mediante “cruceros aéreos de guerra” o “globos dirigibles” fabricados en Estados Unidos. Oficio de la embajada de México en Estados Unidos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 4 de enero de 1908. AHDGE-SRE, expediente L-E-2250, fojas 45-47. El encargado de negocios de la embajada de México en Estados Unidos, José F. Godoy, también realizó un pormenorizado documento a la Secretaría de Relaciones Exteriores recomendando la compra de perros de caza o “galgos” para perseguir a los yaquis. AHDGE-SRE, expediente L-E-2250, fojas, 81-82. 447 “Pero esta vez [1908] el Gobierno mexicano pudo contar con apoyo y colaboración, para aprehender a todos los yaquis y evitar la huida de los perseguidos por las tropas no sólo de Sonora, sino también afuera de los confines nacionales”. (Abbondanza; 2008: 120). 448 La Patria, 28 de enero de 1900.

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verdadera Guerra del Yaqui, durante aquella etapa de sus luchas, pues a partir de esa fecha, ya no volvió a efectuarse una acción militar de importancia” (Balbás; 1993: 50). Lo mismo sucedió después de la muerte de Tatabiate, se volvió a declarar que con su deceso la guerra estaba finiquitada, “[...] el último día de agosto de 1901 la Secretaría de Guerra y Marina dio por terminada la campaña del Yaqui, aduciendo como causa ‘la de no haber enemigo a quien combatir’” (Camín; 1981: 60). Sin embargo la lucha y la continuación de la rebelión yaqui demostraría una y otra vez que se equivocaban, que aprovecharían cualquier resquicio para seguir sublevados, que la motivación de su resistencia excedía cualquier coyuntura, por más apremiante que esta fuera, y desde luego, que iba más de la eliminación de sus líderes449. Así que los dirigentes yaquis, visitos desde esta óptica, sólo eran aquellos hombres más capaces de recrear un sentimiento de identificación poderoso, Cajeme sería su máxima expresión, o los más diestros para empuñar las armas y hacer frente a las fuerzas militares, como Tetabiate. Quizás Juan Banderas fue la mejor síntesis de ambos aspectos, un líder cultural y un destacado guerreo. Sin embargo desde la perspectiva de análisis de este trabajo fueron figuras en efecto importantes, pero que catalizaron un proceso de resistencia e identidad que los rebasó y que se encontraba arraigado en el conjunto de la etnia.

IV.VI DOS PROCESOS DE PAZ FALLIDOS (1904 Y 1908). LA IMPORTANCIA DE LOS LÍDERES CULTURALES Y DE LAS FIESTAS Y RITUALES EN LA CONSERVACIÓN DE LA IDENTIDAD. El proceso y las exigencias autonómicas que expresaron los líderes yaquis en 1904 constituyen otra muestra paradigmática de que la posibilidad de su reproducción cultural como ellos la concebían era la demanda central, es decir, la conservación de su identidad. Sobre todo si consideramos el contexto en que realizaron estas demandas, es decir, en el más adverso hasta esos momentos: el territorio del yaqui se encontraba completamente ocupado por fuerzas federales y colonizado; los grandes proyectos económicos ya eran una realidad inobjetable y continuaban inaugurándose otros; las reducidas partidas de yaquis rebeldes se limitaban a esconderse y escapar de las tropas militares; el gobierno ya 449

Incluso la prensa norteamericana, en plena época de la deportación, aseguraba que el gobierno Mexicano frecuentemente daba por terminadas las campañas sin la completa pacificación. “Sus jefes militares muchas veces han creído haberlos subyugados, pero esta creencia no ha sido más una quimera o engaño […] Es bien claro que los yaquis están tan lejos de ser dominados hoy como nunca […]”. San Francisco Chrnonicle, junio de 1905. AHDGE-SRE, expediente L-E- 2250, foja 93.

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no concebía otra vía de arreglo que la eliminación de la etnia y ahora le resultaba un lucrativo negocio; la persecución en Sonora era permanente y sin concesiones y, finalmente, su población estaba siendo exterminada y diluida por diversos rumbos del país. Sin embargo y a pesar de este panorama, en el que pareciera que los yaquis no estaban en condiciones de demandar casi nada, los yaquis exigieron lo que siempre habían manifestado al gobierno y quizás más. En las pláticas llevadas a cabo en San Miguel Horcasitas, en abril de 1904, participaron los líderes yaquis Luis Matus, Ignacio Mori, Luis Espinoza y Luis Bule, así como el gobernador Izabal por parte del gobierno. Los yaquis demandaron soberanía territorial, por lo que exigían que salieran los colonizadores y las tropas del gobierno, autonomía política, la capacidad de autogobernarse y nombrar sus propias autoridades, “[…] quedando bajo protestad de las que ellos designasen el permitir el tránsito de blancos por los caminos de su territorio […]” (Villa; 1937: 449-450), conservar sus armas y no tener compromisos ni con la sociedad nacional ni con el gobierno (Villa, 1937: 450; Velasco; 1988: 34). El tema de las armas, como se ha venido planteado, es otro rubro muy importante para comprender la manera en que los yaquis pudieron resistir todo este acoso, pues si bien el sustento y la clave de la resistencia radicaron efectivamente en la conservación de su sentido de pertenencia, su sola utilización de poco hubiese servido sin el recurso bélico para defenderla, es decir, el artefacto para su defensa sociocultural450. El gobierno no aceptó las condiciones y continuaron los enfrentamientos y la represión. Así como en las negociaciones de 1904, en las de 1908 también fue muy importante la prerrogativa de permanecer armados, así como para el gobierno su entrega era una “conditio sine qua non” para continuar los tratados (Camín; 1981: 66). De hecho, la negativa de los yaquis a ello explica en buena medida el fracaso de ambos procesos de negociación. Sin embargo los convenios de 1908, sobre todo por las condiciones en que se dieron, revelan igualmente que de fondo había un problema que concernía a la totalidad de los yaquis y que las decisiones para negociar la paz no dependieron de los líderes rebeldes. Se trataba de la conservación de la identidad y ello no lo podían negociar los jefes de la guerrilla, las condiciones tenían y tuvieron que consultarse con un conjunto más amplio del conceso de sus ahora dispersos líderes tradicionales. En un contexto 450

No debe mal interpretarse esta aseveración como si los yaquis sólo usaran la vía armada para la resolución del conflicto, las propias negociaciones demuestran lo contrario, sin embargo la escalada de la represión hicieron que esta vía y su conservación fueran una de las estrategias más importantes.

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incluso más crítico que el de 1904, pues el año de 1908 se registra el mayor número de deportaciones indígenas451. De hecho las pláticas se distendieron varios meses justamente a causa de que todos los preliminares de las entrevistas que empezaron a llevarse a cabo con el gobierno, los líderes armados yaquis tenían que consensarlos con el resto de la comunidad. Ello sin duda también nos habla de la permanencia del fuerte sentido corporado y comunitario que persistía entre los yaquis. Pero sobre todo destaca que para tomar los resolutivos tenía que consultarse a los líderes culturales, los temastianes, “[…] maestros o rezadores yaquis” (Camín; 1981: 67). Nada menos que los guardianes más distinguidos de la cultura y la identidad yaqui. Así lo confirma el proceso de negociación de 1908, el cual comenzó en los primeros meses del año y se extendió hasta el mes de diciembre. Luis Bule y el comisionado federal José González Salas iniciaron las pláticas por ambas partes, si bien Bule también sostuvo algunas charlas con el general Lorenzo Torres y posteriormente el propio Izabal se integró al proceso. El problema principal del continuo aplazamiento de los acuerdos fue justamente el tema de las armas, así como la permanente consulta que Bule tenía que realizar con los líderes tradicionales. Los yaquis se negaron terminantemente a entregar el armamento y las negociaciones se rompieron en diversas ocasiones, como sucedió el 10 de junio. Además la posición de fuerza del gobierno era muy superior y ya no estaba siendo complaciente con los yaquis, por lo que ante cualquier negativa o retraso indígena se reiniciaban los embates del ejército y la captura de indígenas. En los meses subsiguientes volvió a establecerse una tregua para comenzar nuevas pláticas, ahora participó como comisionado el comandante de rurales Luis Mediana Barrón, el gobernador interino Alberto Cubillas, así como Rafael Izabal a partir del mes de octubre. “El exgobernador Izabal, de Sonora […] está ahora en la ciudad de México haciendo los arreglos para la paz con el presidente Díaz”452. Por parte de los yaquis se sumaron los grupos rebeldes bajo el mando de Silvano Martínez y Dolores Sacuna. Todos estos preliminares culminaron con los acuerdos celebrados el 24 de diciembre de 1908, los cuales volverían a romperse. Sin embargo y más allá de la continuación de las hostilidades, estos tratados reflejan 451

Raquel Padilla Ramos es una de las investigadoras que más exhaustivamente ha establecido las cifras y el desarrollo de la deportación de yaquis a Yucatán durante la primera década del siglo XX y su exacerbación en el año 1908. “La Revista publicada el 5 de marzo de 1908 la salida de Guadalajara con destino a México de mil prisioneros yaquis […] […] El conteo que hicimos basados en documentos hemerográficos de archivo sobre la llegada de yaquis a la península yucateca, alcanzamos un total de seis mil cuatrocientos treinta y dos (6, 432) yaquis”. Véase Padilla; 1995: 79, 130. 452 The Tucson Citizen, Arizona, 15 de diciembre de 1908. AHDGE-SER, expediente L-E- 2250 (IV), foja 197.

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asimismo la importancia que la pertenencia y la conservación del sentido identitario revestían para los yaquis al realizar estos convenios. El 24 de diciembre se reunieron el gobernador Luis E. Torres y un grupo de indígenas entre quienes se estaban algunos de los líderes sublevados mencionados. Sin embargo la plática se llevó a cabo entre Luis E. Torres y “[…] tres principales de la tribu” (Camín; 1981: 68), quienes de acuerdo con Aguilar Camín eran los más ancianos y quienes “[…] se ‘despojaron de su calzado y de sus sombreros’ y hablaron’” (Camín; 1981: 68). Pidieron al general Torres la amnistía, es decir, las garantías de que no serían perseguidos por los conflictos y las rebeliones anteriores, lo cual fue condicionado por el gobernador a la completa rendición. Enseguida solicitaron que fueran devueltos los yaquis que habían sido enviados a Yucatán 453, condicionado también a la total pacificación; peticionaron después la conservación de sus armas “[…] y obtuvieron la promesa de que los capitanes y sus escoltas las tendrían, pero ‘siempre que quedaran al servicio y paga del gobierno del estado’”. Y finalmente pidieron la libertad de poder llevar a cabo sus “[…] prácticas y fiestas religiosas […]” (Camín; 1981: 68). Lo más destacado es que ninguno de los diversos líderes rebeldes que había practicado todos los preliminares de los convenios fueron los que tomaron la palabra en esta charla y negociación, fueron en cambio tres yaquis de avanzada edad quienes hablaron con Torres, en representación del conjunto de la etnia. Allende los nombres de estos ancianos, lo importante para nuestros objetivos es comprender que eran “[…] tres principales de la tribu”, lideres culturales que a falta de todos los pormenores podemos conjeturar que alguno de ellos, quizás los tres, eran maestros, temastianes o incluso médicos tradicionales o curanderos454. Pues todos los indicios apuntan a ello, tal y como Camín lo sugiere cuando se refiere a los inicios de estas negociaciones, “[…] maestros o ‘rezadores’” (Camín; 1981: 67), con los cuales tenían que consultar Luis Bule y los otros jefes armados para proseguir los acuerdos. La idea de que en el centro del problema estaba la identidad y la pertenencia colectiva no sólo se revela en la toma de decisiones de manera conjunta por medio de los líderes culturales, así como en la petición sobre las fiestas y rituales, sino en el propio anonimato de los personajes con los que habló Torres. Por lo que en su condición de viejos y desconocidos enviaron un mensaje muy sutil pero inequívoco del sentido comunitario y colectivo de los yaquis. Me refiero a que mediante 453

“Los yaquis han pedido que las mujeres y niños deportados a Yucatán les sean devueltos […]” The Tucson Citizen, Arizona, 15 de diciembre de 1908. AHDGE-SER, expediente L-E- 2250 (IV), foja 197. 454 Un temastian podía reunir todas esas condiciones. Los curanderos también son conocidos como chamanes.

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este anonimato y la senectud de los interlocutores principales se creó una atmósfera en la que era como hablar con el conjunto de los yaquis, vivos y muertos, una lucha legendaria que no se limitaba a los presentes, que atraviesa las generaciones y que se escenificó e hizo visible en el rostro de los ancianos, alocución inequívoca al pasado inmemorial de la lucha, de la identidad y de la tradición. De hecho el propio gobierno había advertido la importancia que los temastianes y otros líderes cultuales (como los ancianos y las mujeres) revestían para los yaquis, así como el obstáculo que representaban para sus objetivos. Así lo manifiesta en su crónica militar Francisco del Paso y Troncoso, quien reparó en su trascendencia como los elementos principales para mantener a los yaquis en armas: Para comprender mejor las frecuentes sublevaciones de los indios yaquis, su constancia y ferocidad en la guerra, y las dificultades que han tenido y se tendrán por largo tiempo para dominarlos […] se hace necesario dar a conocer los tres elementos o causas principales de esa guerra, y que son: la mujer yaqui, los ancianos y los temastianes (estos últimos encargados del culto). […] Los ancianos, recordando su juventud, cuando no había yoris en el Yaqui […] No cesan de quejarse y de aconsejar la guerra y el exterminio. Los temastianes. Estos indios […] mantienen también el odio al yori; no permiten en sus pobres templos a los sacerdotes; predican a los indios en sus ceremonias religiosas, siempre contra el blanco, y creen y lo hacen creer que no necesitan de dichos sacerdotes, a quienes ven como enemigos que son yoris (del Paso; 1982: 85-86; énfasis mío).

Así y más allá de las conjeturas acerca de los temastianes, el que los negociadores fueran tres viejos líderes de los yaquis resulta revelador acerca de sentido corporativo y la importancia que estas figuras seguían manteniendo, es decir, los hombres considerados como los más sabios por las sociedades tradicionales, aquellos que conocen y resguardan las prácticas tradicionales y las trasmiten a su descendencia, al igual que las mujeres, depositarios cruciales, junto con los maestros y temastianes yaquis, de las costumbres y de la identidad. Ahora bien, las peticiones sobre la amnistía, la conservación de las armas y la repatriación de los yaquis de la península fueron condicionadas a la conducta que guardaran los yaquis, siendo aplazadas y sujetas a su completa pacificación. Sin embargo la única exigencia que fue aceptada en su totalidad fue la última, la libertad para practicar sus fiestas y rituales, y acto seguido:

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[…] los ancianos voltearon y preguntaron a los indios si estaban de acuerdo y hubo un grito unánime de aprobación; […] ‘y aclamando a Dios, a la Virgen y a otros santos dijeron: no pedimos más gracias a Dios que el día de Noche Buena ha quedado hecha la paz. Con lo que se dio inició una pascola que duró toda la noche y el día siguiente, sin licor’ (Camín; 1981: 68).

Así que en estricto sentido el gobernador Torres sólo había aceptado a cabalidad la petición respecto de las fiestas y rituales. Sin embargo ello bastó para que los yaquis dieran por terminadas las pláticas y aceptaran los acuerdos. La importancia de estos elementos de reproducción cultural de las festividades, a pesar de que en efecto pudo haber mal entendidos entre Torres y los ancianos, aunque ciertamente en el rubro de las armas la negativa fue casi definitiva455, manifiestan el peso que la conservación y reproducción cultural e identitaria tuvo para los yaquis en esta coyuntura. Fungió como la herramienta que desató la aprobación del resto de los indígenas, por cierto otro gesto del sentido comunitario de los yaquis. Pero lo importante es advertir lo trascendental que resulta para cualquier sociedad la práctica de todos aquellos rituales y festividades que contiene un fuerte carga simbólica, en donde no sólo se refuerzan sus lazos de identidad grupal, sino que incluso, a nivel individual, cada uno de sus miembros vuelve negociar su pertenencia y rol en el espacio social al que pertenece, por lo que se trata una reafirmación por lo menos en dos niveles, como totalidad social y como individuos. No es extraño desde esta perspectiva entonces que los yaquis hayan manifestado la exigencia de que no fueran coartadas las posibilidades de llevar a cabo sus festividades, pues es el espacio y el lugar simbólico en el que se genera la certidumbre acerca de su identidad, de quiénes “eran”, aquello que en el nivel de la identificación colectiva explica y da razones del porqué de la pertenencia y la renueva, en correspondencia con la historicidad de la identidad, es decir, de su permanente reactualización y negociación, su constante plebiscito. De hecho la realización de estas prácticas van más allá o trascienden a la identidad, si bien la contienen, pue constituyen el tiempo y espacio que satisface simbólicamente la necesidad ineludible e imperiosa del hombre de explicarse el porqué de las cosas, de buscarle sentido a todo, del cual históricamente se ha dado cuenta y expresado de mil maneras, pero una necesidad que de una u otra forma siempre se ha satisfecho. Quizás lo de menos sea la manera en que se expliquen las cosas, pero 455

Con la excepción de los capitanes y escoltas pero bajo las órdenes del gobierno.

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ciertamente debe haber alguna, cualquiera que esta sea, pues constituye aquello que aquieta la permanente zozobra del hombre por encontrarle un sentido o significado a la vida y a su propia existencia. Y estas celebraciones ciertamente ofrecen una explicación del mundo, generan verdad y certidumbre, proporcionan un razonamiento simbólico de la totalidad de la vida social y natural, por lo que satisfacen esta inapelable necesidad humana. Es así como podemos entender y explicar la resistencia yaqui, como la defensa del decidido intento por quitarles su explicación del mundo, su sentido de la vida y su identidad. Y ciertamente se le ofrecía otra, la nueva verdad, una nueva religión y razonamiento, el de la modernidad y el progreso, el del Estado nación, la verdad cívica, patriótica y ciudadana. La comprensión de la vida a parir de la existencia de una nación inmemorial, que asimismo proporciona una explicación del mundo y ofrece una nueva identidad que contiene toda la información y el arsenal simbólico necesario para entender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos.

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CONCLUSIONES

Esta investigación ha tenido como principal objetivo contribuir a comprender la resistencia yaqui desde otro marco explicativo, que se aleje de visiones mecanicistas que en sus respectivos momentos circunscribieron su entendimiento o limitaron su explicación a una la lucha de clases o a una guerra de castas456, simplificando y resolviendo una cuestión que definitivamente rebasa la posición dicotómica de poseedores y desposeídos, o del odio racial de los grupos indígenas hacia los sectores blancos y un repudio total a la sociedad moderna. Ello no implica sin embargo que ambos elementos no hayan estado presentes, pero como se ha planteado y argumentado a lo largo del desarrollo de esta investigación deben ser matizados y tomados como partes o expresiones de una problemática más amplia, pues de ninguna manera agotan por sí mismos el entendimiento de la resistencia yaqui, así como del conjunto de las rebeliones indígenas y campesinas de la centuria decimonónica. El propósito de este trabajo ha sido una explicación más compleja que responde a la defensa de la conformación sociohistórica identitaria de este pueblo, es decir, como un conjunto sociocultural con muy diversas expresiones para sus distintos periodos. Pues si bien nos hemos enfocado en una etapa específica, se ha abordado un contexto más amplio de su desarrollo para en efecto poder explicarlo como un proceso histórico, en correspondencia con una perspectiva que concibe a la identidad como un producto en permanente transformación y que necesariamente debe ser pensado e investigado en la mediana y la larga duración, de acuerdo con las características de su conformación social, y justamente para tener una panorámica que históricamente posibilite explicaciones que excedan las respuestas coyunturales e inmediatas. Asimismo y como se constata en cada una de las etapas del trabajo, esta investigación ha priorizado en el escrutinio del advenimiento y progreso de la modernidad nacional, y fundamentalmente en su expresión política más importante, el Estado nación. Ahí radicó uno de los retos epistemológicos más relevantes de esta pesquisa, en articular permanentemente las rebeliones yaquis con el contexto más amplio de la construcción del 456

La explicación como guerra de castas se difundió sobre todo en el siglo XIX por medio de la prensa y de la clase política y se distendió hacia la primera mitad del siglo XX, el caso paradigmático para sustentar esta visión fue el conflicto en la península de Yucatán, a través de autores como Eligio Ancona, Serapio Baqueiro y Juan Francisco Molina Solís. En el caso de la perspectiva como lucha de clases me refiero a su versión acrítica o dogmática. Algunos de los estudios pioneros en esta ruta fueron las investigaciones de Luis Chávez Orozco, Alfonso Teja Zabre, Miguel Othón de Mendizábal, entre otros. Véase Florescano; 2001: 419, 423-424.

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Estado nación en su configuración política y cultural, pero sobre todo como el nuevo paradigma de identificación colectiva para homogeneizar al conjunto de la diversidad de pueblos y sociedades del territorio mexicano. No sólo se atendió a la cuestión yaqui en su inevitable relación con el Estado nación, tal y como forzosamente tendría que hacerlo cualquier investigación en términos simples o directos si busca dar cuenta de su resistencia, sino analizando la manera en que se construye el nacionalismo y cuáles son sus presupuestos e implicaciones para desde ahí poder atacar, comprender y explicar el proceso de resistencia yaqui, resultando un conflicto que trasciende todas y cada una de las esferas de la vida social y que justamente por ello y en términos generales puede ser sintetizado como un problema de dos identidades en pugna. Esta ha sido la propuesta metodológica para abordar el problema, la cual proporciona simultáneamente una mirada general, así como la posibilidad para realizar el estudio y análisis de las particularidades y expresiones más singularizadas de la resistencia y del proceso de enfrentamiento en el que se inscribe. Con el recurso interpretativo de la identidad se ha podido y se puede sustraer la verdadera naturaleza o la predominancia de la problemática en cada coyuntura del amplio proceso de resistencia yaqui, sin perder de vista que en la raíz y en términos muchos más generales y complejos hay un conflicto de dos concepciones de identificación sociocultural. Las cuales no necesariamente eran irreconciliables, pero que una de ellas, la nacionalista, decidió y concibió que los proyectos o el proyecto y desarrollo de los yaquis significaba el atraso y la negación de la modernidad, de la civilización y de la soberanía del Estado nación. La utilización del Estado nación y su ideología de base ha sido esgrimida también con otro propósito y por ello hablo de proyectos en plural, pues si bien esta investigación se ha enfocado exclusivamente en los yaquis, no puede ser del todo abstraída de las rebeliones indígenas y campesinas del siglo XIX, precisamente por el modelo que se ha adoptado para su análisis, pues es justamente este marco epistemológico e interpretativo del conocimiento profundo de la elaboración de la ideología nacionalista y sus mecanismos de difusión cultural, en donde podemos situar el conjunto de las investigaciones sobre las insurrecciones indígeno-campesinas del siglo XIX. Si bien cada una tiene sus propias especificidades y expresiones, y en efecto deben ser investigadas desde sus propios derroteros, todas en cambio se enfrentaron a un mismo afán y proyecto, la ideología y el constructo de identificación nacionalista. El cual no distinguió 215

entre los múltiples grupos indígenas y campesinos457, sino que sólo vio en los variados sectores tradicionales del país un mismo obstáculo que había que erradicar en sus prácticas, pensamientos, tradiciones, formas de vida y de ser necesario en su existencia, para integrarlos en los términos y ajustados al modelo de la modernidad y el nacionalismo mexicano. Por lo que si bien el crisol de repuestas de los sectores comunitarios fueron exquisitamente variadas, que oscilaron entre la asimilación y el abierto rechazo, en cambio el afán excluyente y a su vez homogeneizante del Estado nación fue uno sólo: negar

la

diversidad

étnica

y

cultural

de

las

sociedades

y

pueblos

para

integrarlos/desaparecerlos procurando suprimir toda su comprensión del mundo que los hacía distintos y diversos. Me refiero a que las leyes, la ideología y la política dirigida hacia los indígenas fue monolítica458, pero las repercusiones y las estrategias que se enarbolaron frente a ello se caracterizaron por su diversidad. Pero lo más destacado y apremiante, el nacionalismo decidió prescindir de la posibilidad de agregar al desarrollo de la modernidad mexicana el amplio potencial y bagaje sociocultural de los sectores mayoritarios del país. Por ello es posible encausar los múltiples estudios de las revueltas indígenas del siglo XIX en una misma dirección, bajo una misma mirada, pero simultáneamente destacando el caleidoscopio de sus múltiples repuestas, porque el programa de identificación nacionalista se convirtió progresivamente en un dogma inamovible en su concepción de los indígenas y su cosmovisión. Así, es posible utilizar el enfoque de la identidad sobre la hechura de las naciones para el análisis de las rebeliones y respuestas indígenas decimonónicas. Pero vayamos a las especificidades del caso yaqui y lo que en términos conclusivos podemos establecer después del estudio y análisis de su resistencia, bajo esta interpretación cognitiva del enfrentamiento de una identidad étnica vs la ideología y el sentido de pertenencia del Estado nación moderno mexicano. El análisis del periodo jesuítico nos permitió comprender y explicar diversos aspectos característicos de la resistencia y de la identidad de los yaquis, e hizo posible tender un puente desde el siglo XVII, durante la etapa de la conformación de los pueblos de misión, hasta el último cuarto del siglo XIX, cuando la complejidad del trabajo comunitario ignaciano fue reinsertado y

457

O si lo hizo fue para reprimirlos de acuerdo a su fuerza y características pero todos fueron objeto del mismo vituperio. 458 No por ello estática.

216

reinterpretado para renovar el conjunto productivo y sociocultural de los yaquis (18751887). Como se propuso y debido a las limitaciones y objetivos de esta investigación, no era posible rastrear y pormenorizar todo el desarrollo y trasformación permanente de la identidad indígena, por lo que se planteó acudir a aquellos momentos considerados trascendentales para la conformación de la misma. A ello respondió el escrutinio y caracterización del desarrollo yaqui durante el periodo ignaciano. De tal manera que se ha demostrado que difícilmente se pude comprender y explicar el fuerte sentido de pertenencia y cohesión étnica sin conocer someramente qué sucedió sincréticamente entre los yaquis y los misioneros de la Compañía de Jesús en los siglos XVII y XVIII. Pues este ejercicio simbiótico se ha expresado en todas y cada una de las fases de la resistencia yaqui, así como en la conformación compleja de su cultura, por lo que en efecto fue una etapa y proceso crucial en la conformación de su identidad. La configuración socioterritorial de los yaquis, que permanece hasta nuestros días, es uno de aquellos elementos más importantes de su pertenencia, el espacio en el que primordialmente se desarrolla su vida y el escenario simbólico más destacado de su identificación, producto de la congregación que fraguaron los ignacianos con los yaquis, como uno de los espacios más productivos de la colonización misional del noroeste novohispano. Como se estableció el revestimiento sagrado de los ocho pueblos fue una de las herramientas de resistencia que los yaquis enarbolaron sobre todo a partir de los primeros años del México independiente, como estrategia para conservar su territorio, así como para ejercer su autonomía política al interior del mismo. Pero como también se ha determinado mediante el recuento y análisis del desarrollo de los centros-misión, el producto o resultado sociocultural no puede ser atribuido como obra predominantemente de los padres jesuitas, se trató de una configuración sincrética en la que los yaquis fueron un factor determinante y proactivo para la consecución y congregación de los pueblos. Pues más allá de que paulatinamente los jesuitas se convirtieron en los dirigentes de los mismos, también tuvieron que adaptarse a las condiciones sociales que impusieron los yaquis y se vieron en la necesidad de negociar, delegar e integrar parte de la autoridad de mando entre los indígenas. Así que la destacada capacidad de negociación que pudimos advertir en cada uno de los periodos analizados, desde Juan Banderas hasta Tetabiate y los acuerdo de 1904 y 1908, se manifestaron desde la introducción pactada de los padres jesuitas en 1617, cuando los yaquis comprobaron los beneficios que podían obtener 217

integrando el modelo a sus comunidades. Este es otro ejemplo temprano que va en detrimento de la señalización y vituperio de que fueron objeto los yaquis en el siglo XIX y el conjunto de los grupos indígenas, pues los yaquis desde esta época demostraron su receptividad para adaptarse, negociar e introducir elementos de la sociedad no india como a parte de su desarrollo. Por lo que su estigmatización como un grupo étnico cerrado y que repudiaba cualquier elemento del exterior y a sus agentes se desmorona frente a estas precoces pruebas de su capacidad para asimilar e integrar componentes y agentes externo a su sociedad. Y así lo seguirían demostrando en muy diversas áreas de su existencia y en cada uno de los periodos del desarrollo de la construcción de la nación moderna. La percepción de la rebelión yaqui, sobre todo la de Juan Banderas, como una guerra de castas también puede erradicarse mediante el conocimiento de la noción sistémica que se desarrolló con la conformación de pueblos de misión. Por lo que las respuestas para comprender la búsqueda constante de alianzas de los yaquis con otros grupos indígenas de la región, así como su noción confederada encuentran su origen y explicación en la configuración indígena regional previa a la llegada de los españoles, así como en la estructura organizacional del amplio conjunto sistémico de la era de la Compañía, en el momento en que desarrollaron la capacidad y la certeza de que los problemas de sobrevivencia podían ser enfrentados con la colaboración de los integrantes del modelo. Esa era en el fondo la forma de legitimación y el sentido de la estructura pueblerina jesuita entre los indígenas, su potencialidad para generar un excedente capaz de solventar cualquier eventualidad. Por lo que justamente cuando se pervirtió este objetivo y función vino la debacle del sistema, como lo vimos para el caso de la rebelión de 1740, que estalló precisamente cuando los jesuitas renegaron de la perspectiva redistributiva del modelo. A esta tradición recurrieron las rebeliones yaquis decimonónicas, como referimos para los casos tanto en la era de Juan Banderas como en la de Cajeme, por lo que no podemos atribuir y seguir replicando una explicación de este recurso indígena como una guerra racial que buscara acabar con la sociedad blanca o mestiza, sino como una estrategia de resistencia con orígenes muy precisos y que posteriormente fue ampliamente utilizada para enfrentar el acoso político, económico, territorial y militar del Estado nación.

218

El eje que guió la realización del capítulo II fue justamente la comprensión y explicación de la construcción de la identidad nacional, producto de las inconmensurables trasformaciones que implicó la sustitución de una forma de civilización representada por la Monarquía Católica y el advenimiento del paradigma político del Estado nación y sus amplias repercusiones socioculturales. Por medio de la consulta de algunos de los más acuciosos investigadores sobre la construcción de las naciones y el nacionalismo modernos pudimos constatar que sin lugar a dudas su hechura e impacto rebasa y trasciende su configuración político-legislativa, y que es fundamentalmente a través de diversos dispositivos y símbolos culturales en donde se encuentran las repuestas más importantes para comprender cómo se construyen e inventan los Estados nación, así como la manera en que proponen y logran difundir el sentimiento de pertenencia cívico identitario. Se trata del arsenal de imágenes mentales que tienen como primordial objetivo crear una comunidad imaginada459, es decir, los artefactos socioculturales que hacen confluir y sentir a una extraordinaria masa social de desconocidos, compuesta por los más diversos pueblos, individuos y sociedades que tienen algo en común, y que aunque nunca lleguen a conocerse se reconocen y saben de su existencia porque realizan y son partícipes de los mismos rituales de pertenencia patriótica y comparten los mismos símbolos de identificación, los “iconos santos” de Hobsbawm460. De manera que este conjunto que en síntesis podemos llamar el relato canonizado y dramatizado de los Estados nación -y su replicación y alusión periódica- es en donde se sitúan los mecanismos más destacados de la legitimidad nacional. Es decir, en su capacidad para garantizar la ficción de pertenencia común basada en los tres pilares de identificación colectiva de las naciones predominantemente esencialistas o étnico-culturales: una misma raza, lengua y cultura. Es preciso sentenciar entonces que las naciones y el nacionalismo moderno no nacen, se hacen, son un esfuerzo deliberado y muy concreto temporalmente en su origen y en su realización procesual. Y que tienen como primordial objetivo afiliar para legitimar al Estado nación como el garante de dicha pertenencia, es decir, crear un sentido de comunión que se logra llevar a cabo esencialmente mediante la creación ideológica de

459

La prensa es uno de los ejemplos paradigmáticos a este respecto. Véanse también Hobsbawm; 1991; Anderson; 2013. 460 Hobsbawm; 1991: 80.

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distintivos culturales que requieren ser persistentemente escenificados. En concordancia con la permanente negociación y reactualización de la identidad, con el propósito de garantizar el ejercicio del poder del Estado nación en cuestión. Por lo que la soberanía 461, en los casos que predomina el esencialismo nacionalista, como el mexicano, no está sustentada proyectivamente en donde la prioridad sea la búsqueda del bienestar de sus habitantes producto de la igualdad jurídica, sino que está anclada a su habilidad para garantizar el mantenimiento y reproducción del proyecto sociocultural de origen e identificación comunes, a través de los medios referenciales estratégicos para su difusión y reproducción. De esta manera, en las naciones predominantemente étnico-culturales es menos relevante quiénes podemos llegar a ser y hacia dónde nos dirigimos, sino de dónde venimos y cuáles son los elementos que nos identifican. Otro de los objetivos de este capítulo fue poder reconocer qué tipo de problemática fue la que predominó entre los sectores comunitarios o tradicionales durante la primera mitad del siglo XIX, producto de la transición hacia el México independiente y republicano, así como precisar el sitio que se buscó programar para los grupos indígenas. Después del análisis de las características generales del periodo y a pesar del escaso margen de acción que tuvo el Estado nación para trasformar la realidad y llevar a cabo sus propósitos se pudo advertir, gracias a la retrospección propia del trabajo historiográfico, cuáles fueron las grandes líneas o ejes para integrar a los indígenas y campesinos al proyecto nacional, así como ubicar la esfera en donde radicó predominantemente el problema para los amplios grupos tradicionales durante el México en ciernes. Así y como se ha establecido, genéricamente y en la raíz hay un conflicto de dos identidades con lógicas de desarrollo bien distintas, por lo que en efecto el enfrentamiento entre las corporaciones civiles y el liberalismo temprano se manifestó en diversas áreas, se trató tanto de un problema económico, político, sociocultural y desde luego por la tierra. Pero precisamente esta interpretación como un enfrentamiento identitario es lo que nos permite acudir a las expresiones más destacadas de la pugna en cada espacio temporal. La ocupación territorial de las corporaciones y su transformación usufructuaria hacia una concepción privada e individualizada no sólo fue un propósito del primer republicanismo, sino que ya venía difundiéndose desde la segunda mitad del siglo XVIII. 461

La capacidad exclusiva de gobernar, de ejercer el poder y de la violencia.

220

Así que en la aurora del México independiente hubo un esfuerzo importante por terminar con la concepción comunitaria de la tierra y sobre todo por invadir los terrenos y recursos que los indígenas y campesinos ejercían colectivamente. Por lo que muy diversos agentes particulares y gubernamentales vieron el momento idóneo para el deslinde y terminar con las prerrogativas indígenas en cuanto a la propiedad, registrándose una “[…] arremetida contra la tierra indígena” (Florescano; 2001: 430). Así que efectivamente y en principio se puede plantear que se trató sobre todo de un problema por la tierra y por lo tanto económico. Sin embargo la inestabilidad propia del Estado nación de la primera mitad de la centuria, la difícil transición entre dos modelos de sociedades y su consecuente dificultad para llevar a la práctica sus proyectos legislativos provocaron que la enajenación de las tierras indígenas fuera escasa y ampliamente postergada, como sucedió entre los yaqui y sobre todo si hacemos un contraste con las trasformaciones del reformismo de mediados de siglo. De manera que sin omitir la complejidad del conflicto, lo que esencialmente constituyó el asunto más apremiante y primario para los sectores corporativos al constituirse México como nación fue una cuestión de representación política. Lo cual justamente les impidió defender su patrimonio de las tierras comunales, producto del agotamiento definitivo del Estado como el garante de sus prerrogativas, el finiquito de la protección jurídica de la que habían gozado en el Estado colonial. Su ciudadanización, la igualdad ante la ley y la erradicación de los medios y recursos legales diferenciados que los habían capacitado para salvaguardad su condición distintiva y hacer valer sus privilegios territoriales, así como sus estructuras de gobierno y mando político. Por lo que la instauración del México independiente significó sobre todo la redefinición del pacto político entre las corporaciones y el Estado nación, clausurándose instantáneamente un régimen con derechos y obligaciones específicos, cancelándose definitivamente el papel de intermediación del Estado. Por lo que si bien las implicaciones del advenimiento del Estado nación incidieron en todos los ámbitos de la vida social y ciertamente se trata de la progresiva instauración de una nueva forma de concebir el mundo y de otra forma de identificación, el origen, la naturaleza y la expresión inmediata que afectó directamente a los indígenas en esta transición fue un problema de representación política. Sin embargo invariablemente las repercusiones de la conformación del nuevo paradigma civilizatorio de la modernidad y el Estado nación trastocaron la totalidad del 221

conjunto de la existencia social, por lo que su tipificación se expresa más exhaustivamente como una cuestión de trascendencia sociocultural. Y es aquí, en la comprensión totalizante o global, en donde se puede advertir y ultimar que la cuestión que hemos denominado como el problema étnico-nacional es la contraposición y enfrentamiento de dos visiones del mundo, que no es otra cosa que la confrontación de dos identidades, de dos formas ser, pensar y relacionarse con el mundo. El análisis de ambas y el consabido peso coactivo, propagandístico y homogeneizante de la identidad nacional nos ha permitido asentar conclusivamente algunas de las características más destacadas que progresivamente hicieron incompatibles las dos identidades y cosmovisiones, pero sobre todo la manera de integrar a los yaquis y al conjunto de grupos indígenas al proyecto del Estado nación. Así como el relato de origen idealizado del pasado azteca fue uno de los instrumentos culturales creacionistas para afiliar sentimentalmente a los indígenas y a los sectores más diversos a la identidad nacional, también es uno de los recursos que mejor sintetizan las contradicciones y el verdadero lugar que el Estado nación y el gobierno buscaron establecer para los grupos indígenas. Pues si bien dicho referente fue el sostén ideológico y el proyecto de pasado de la nación, los indígenas existentes fueron en cambio concebidos como el obstáculo más importante a franquear para arribar a la modernidad y al mundo civilizado. Pues como se ha establecido a través de los planes de inmigración extranjera y de colonización, los dirigentes de los destinos del país reiteradamente manifestaron su inamovible convencimiento de que el dinamismo y la fortaleza social del país estaban en los grupos políticos, en las élites económicas y en los extranjeros. Por lo que no sólo subestimaron el potencial sociocultural de las amplias mayorías indígenas y campesinas, sino que evidenciaron con las respectivas y consecuentes acciones en su contra que a los indígenas había que extinguirles su sentido comunitario, eliminar sus “atávicas” tradiciones, estigmatizar su cultura y su desarrollo, alienar sus recursos, utilizarlos coactivamente como mano de obra, diluirlos en la ciudadanía y la igualdad ante la ley, desestructurar sus sistemas productivos y de gobierno, en una palabra, desindianizarlos, suprimiendo su identidad para integrarlos/desaparecerlos en el constructo de identificación y pertenencia del Estado nación. Como el caso yaqui nos hizo advertir profusamente, así como los diversos ejemplos de adaptación e integración de otros grupos indígenas someramente expuestos, la 222

progresiva

polarización

de

ambas

lógicas

e

identidades

correspondieron

fundamentalmente a la obcecada convicción del nacionalismo mexicano y sus principales representantes de que los indígenas no debían formar parte integral del desarrollo del Estado nación moderno, sino sólo si eran erradicadas la totalidad de sus prácticas y entendimiento del mundo tradicionales. Los grupos indígenas y campesinos en cambio, como los yaquis, demostraron ampliamente su capacidad para asimilar un sin número de elementos de la sociedad moderna, incluso dispuestos a abandonar partes esenciales de sus prácticas tradicionales, como el usufructo colectivo de la tierra. Los yaquis, como ejemplificamos, siempre ofrecieron su inapreciable mano de obra regional como medio de negociación para mantener en cambio su desarrollo autonómico. Este proyecto soberano al interior de su territorio fue justamente la propuesta que persistentemente esgrimieron frente al Estado nación, simultáneamente aportando su capacidad laboral y su fuerza regional hacia la sociedad sonorense y nacional, y demostraron empíricamente que la proposición era viable, pues la llevaron a la práctica. Sin embargo el Estado nación nunca cedió y en cambio decidió que había que acabar a toda costa con la soberanía de los yaquis. Por lo que en este sentido y a través de este caso paradigmático podemos concluir que uno de los problemas más apremiantes que hoy en día sigue manifestando sus consecuencias para el devenir de México es la inclusión desestructurada de los indígenas y campesinos comuneros al desarrollo nacional. Y por lo tanto la pérdida y negación permanente del legado sociocultural más amplio, auténtico y arraigado en nuestro territorio. Pero asimismo, es preciso sentenciar que ello no puede ser concebido como resultado de la obstinación de los indígenas por repeler el progreso de la modernidad, sino que radicó en la manera que fueron integrados al proyecto modernizador, reducidos a su mínima expresión, como los brazos y la base laboral depauperada del capitalismo periférico nacional. Esto no quiere decir que en efecto ambas identidades y cosmovisiones no tuvieran serias contradicciones, como en efecto era palpable en áreas bien identificables, como el usufructo de la propiedad. Sin embargo ello tampoco exime al nacionalismo y a sus principales agentes de no contemplar ni haber emprendido un somero esfuerzo por integrar a los indígenas como una potencialidad insoslayable en un territorio con las características socioculturales como las de México. Y aclaro, no es que la

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responsabilidad de la forma de integración recayera exclusivamente en el gobierno462, ello implicaría asumir una visión de los indígenas como agentes pasivos, que iría contra todo el sentido y concepción sobre los mismos en esta investigación, como agentes centrales y proactivos del país y como los dirigentes de sus destinos. Pero justamente la otra parte implicada en proponer la manera de hacerlo, los indígenas, en muy diversos casos demostraron querer ser parte verdaderamente integral del país y propusieron diversas estrategias para ello, teórica y empíricamente, adoptando incluso los propios símbolos de integración del nacionalismo, como lo hizo Juan Banderas para reactualizar y reforzar su identidad. Por lo que la presunta insalvable polarización sólo ha sido un argumento más del Estado moderno y de la identidad nacionalista para justificar la ruta que se siguió y para culpar a los indígenas de la necesidad de adoptar este método de “integración” que adoptaron tanto liberales como conservadores, y que como señala Florescano, convirtieron a los indígenas en “parias” políticos (Florescano; 2001: 431)463. No es el objetivo de estas conclusiones extenderme más en este asunto, ya lo han hecho mejor y más ampliamente los más diversos y versados investigadores, pero baste agregar que hoy en día los indígenas y campesinos de México siguen demostrando que son uno de los sectores más dinámicos tanto de la economía periférica nacional, como del capitalismo más desarrollado e industrioso de los Estados Unidos, y que a su vez siguen preservando o tratando de conservar su identidad, mediante la triple residencia que muchos de ellos practican464, así como siendo una de las dos o tres primeras fuentes de ingresos del país por medio de sus remesas. En correspondencia con el objetivo de discernir los momentos más destacados de la construcción de la pertenencia fue analizada la rebelión yaqui del periodo de Juan Banderas (1825-1833), principalmente en términos socioculturales de identificación y como la respuesta empírica a la homogenización identitaria del proyecto nacionalista. Así que además de que el principal problema de la rebelión yaqui de este periodo fue sobre

462

Y de ninguna manera busco hacer una historia de villanos y desposeídos, pero tampoco debemos seguir admitiendo una historia de los indígenas como los culpables del desarrollo actual. 463 “[…] pues ni el Estado, ni los partidos que se disputaban la conducción de la nación defendieron su causa o discurrieron procedimientos que permitieran su integración en el proyecto nacional” (Florescano; 2001: 431). 464 Muchos indígenas y campesinos y otros sectores viven la temporada de pisca en Estados Unidos, residen en las áreas periféricas de la ciudad de México como trabajadores temporales y acuden a sus pueblos en las fechas más importantes de celebración de su calendario festivo y ritual.

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todo motivado por la búsqueda de mitigar su capacidad política, expresado en los diversos ejemplos sobre el constante afán por lesionar su estructura política autónoma465, también debemos asentar que después del análisis realizado se pudo rastrear y conocer cuáles fueron las demandas de los yaquis desde la época de Banderas. Por lo que debemos establecer que si bien en muchos otros aspectos de los yaquis, incluso en los identificativos, encontramos contradicciones y fisuras, en cambio en las exigencias que esgrimieron a los sucesivos gobiernos del siglo XIX y hasta el siglo XX se advierte una coherencia muy destacada: que salieran las tropas de su territorio y los colonizadores, que pudieran ejercer su propio gobierno soberano a través de la permanencia de su estructura política, así como el reconocimiento de su área territorial como propiedad del conjunto de la etnia, es decir, la búsqueda por la autonomía. Es preciso concluir a este respecto que por medio del escrutinio y las pruebas documentales presentadas, el proyecto de autodeterminación de los yaquis correspondió a una concepción tradicional o de Antiguo Régimen, producto fundamentalmente de la lógica de desarrollo que habían mantenido durante el periodo virreinal, y que lograron distender después de la exclaustración jesuita y hasta bien entrado el siglo XIX. El esfuerzo más importante por coaligar a los yaquis con otros grupos de la región también correspondió a esta etapa y directamente a los afanes de Juan Banderas. El objetivo inmediato fue expandir el área de la rebelión hacia otras zonas indígenas, a causa de los continuos esfuerzos del gobierno local y las oligarquías económicas por someterlos militarmente. No abundaré más en un asunto que ya se ha establecido conclusivamente, baste sumar a la argumentación que además de que este sentido panindigenista de los yaquis debe ser leído como una repuesta tradicional, producto de la herencia sistémica de la configuración misional de los indígenas del noroeste, el calificativo de guerra racial fue una estrategia política para desprestigiar a este tipo de movimientos indígenas. La cual ha sido ciertamente exitosa, pues dicha percepción ha permeado en el imaginario social, así como en un sin número de estudios e investigaciones, y hoy en día siguen siendo una fórmula explicativa para sentenciar problemáticas como la literalmente llamada Guerra de Castas yucateca. Lo que destaca sobremanera de estas perversiones ideológicas y cognitivas es justamente que cuando los movimientos indígenas o étnicos han 465

Como las modificaciones constitucionales y político-legislativas en su contra, el intento por tasar sus tierras y cobrarles impuestos, así como la creación del ayuntamiento de Buenavista para subordinarlos políticamente.

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reivindicado su cultura y su identidad como ejes importantes de sus exigencias, como el caso de Juan Banderas y el uso de símbolos religiosos para legitimar su rebelión, es cuando han sido denominados como guerras raciales o de castas. Esto y en correspondencia justamente con la perspectiva identitaria que atraviesa

toda la

investigación nos lleva a concluir que la reivindicación cultural e identitaria representa una afrenta de tal magnitud para el constructo de afiliación nacionalista, destacadamente homogeneizante e intolerante, que como repuesta inmediata hay una señalización como guerras étnicas, que tiene un impacto efectista y que de inmediato logra su cometido: la estigmatización social de dichos movimientos simplemente porque contienen reclamos culturales y de pertenencia. Esta es además otra muestra palpable del peso que tiene la cultura y la identidad para la legitimación del Estado nación, que definitivamente impugna este tipo de movimientos y que tiene una fórmula y estrategia bien articulada y definida para legitimar su represión y desacreditar sus reivindicaciones. Así que sólo resta decir a este respecto que debemos ser más acuciosos y perspicaces cuando estas calificaciones se llevan a cabo, y definitivamente contribuir a erradicar una visión que predica sin argumentos y como un artilugio exitoso -para

desprestigiar a cualesquiera de las

manifestaciones culturales distintas a las del nacionalismo- que los movimientos con reivindicaciones identitarias siempre se nutren o contienen referencias raciales 466. Ahora bien, lo más destacado e importante del inicio de las revueltas yaquis con el movimiento de Juan Banderas fue comprender la resistencia a través de la rearticulación identitaria que enarbolaron mediante símbolos bien específicos y en clara correspondencia e imitación con los que asimismo estaba empezando a difundir el Estado nación para su propia legitimidad. Como los primeros artefactos o imágenes mentales de identificación nacionalista, modelos e iconos de pertenencia que han trascendido hasta nuestros días. Responder satisfactoriamente al porqué o a las causas de la de la utilización del pasado azteca y de la Virgen de Guadalupe sin replicar las explicaciones ya establecidas pareció en algún momento una cuestión insalvable y una mera contradicción de los yaquis. Sobre todo considerando que los yaquis contaban con una cultura e identidad fuertemente cohesionada, que en principio parecía no necesitar de otros

466

Para profundizar en el tema desde una visión actual para el conjunto de revueltas indígenas en América Latina, y que va en detrimento de la añeja perspectiva racial véase Le Bot; 2013.

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elementos para mantener y reproducir esta cohesión, y que incluso cumplían con el modelo de identificación étnico-cultural de una misma raza, lengua y cultura. Sin embargo el enfoque que atraviesa toda la investigación fue la clave y la herramienta principal que nos permitió plantear una nueva interpretación sobre el movimiento de Juan Banderas y aportar una explicación distinta acerca de la introducción de estos símbolos y referencias socioculturales, provenientes justamente del proyecto nacionalizador contra el que peleaban, como dispositivos de primer orden de su movimiento político, ideológico y de identificación. De tal manera que el entendimiento del funcionamiento acerca de la constante rearticulación y negociación de la identidad fue la primera respuesta que nos hizo comprender cómo es que los yaquis fueron capaces de adoptar estos símbolos como instrumentos para renovar la propia, de acuerdo con los nuevos requerimientos y la legitimidad más difundida de pertenencia, a sabiendas de que sería una utilización exitosa y que beneficiaria su movimiento. Esta comprensión -después del trabajo con la proclama de Juan Banderas- fue consolidada tomando en cuenta otros factores generales del comportamiento de los yaquis, así como de algunas vicisitudes insoslayables de esta coyuntura que nos posibilitaron configurar una argumentación sólida que explica el porqué de esta utilización simbólica. La acentuada capacidad de los yaquis para utilizar elementos de la cultura exterior, como hicieron ampliamente con los jesuitas, fue una de aquellas formas de comportamiento que abonaron al entendimiento y explicación de esta adopción y renovación simbólica. Por su parte la coyuntura del panindigenismo o coalición regional fue un proceso característico de este periodo que nos hizo comprender el por qué era preciso e imperioso utilizar emblemas y referentes de identificación que definitivamente excedieran los recursos de pertenencia yaqui, con el objetivo de atraer a otros grupos indígenas a la revuelta y como medio de legitimación exitoso en un radio de acción más amplio. Igualmente, el que justamente hayan sido escogidos la Virgen de Guadalupe y el pasado mexica no fue gratuito, pues eran algunas de las imágenes mentales más importantes del republicanismo; el gudalupanismo directamente relacionado con el proyecto de fundación nacional independentista más aventajado entre indígenas, mestizos y liberales, y el pasado azteca como el referente de origen sociocultural más prestigioso y con mayores posibilidades de ser interiorizado socialmente. De esta manera, adoptando estos símbolos los yaquis y su líder realizaron una resignificación y renovación 227

de su discurso identitario como el medio propagandístico idóneo para difundir y justificar su movimiento, el cual no sólo impactó en su contexto inmediato, sino en un medio social mucho más extenso y que fue hábilmente utilizado con miras a obtener una validación generalizada. Así y como quedó establecido a través del análisis de la proclama de Juan Banderas, en la que se encontraron los elementos constitutivos para la construcción y fortalecimiento de una identidad, este periodo constituyó definitivamente un legado paradigmático en términos identitarios que utilizó hábilmente ambos referentes simbólicos para la reproducción cultural de la pertenencia indígena y para la continuación de la resistencia yaqui en los periodos subsiguientes. Como pudimos discernir en el capítulo III, la postergación parcial de la transformación de la propiedad fue una problemática que no sólo debe buscarse en las rebeliones indígenas y su capacidad para repeler el plan programático de la generación reformista. A través del escrutinio de algunos artículos de las leyes de desamortización, ejemplos regionales, así como la pormenorización de los más decididos esfuerzos por colonizar el territorio nacional se logró esclarecer que si bien el problema por la tierra fue mucho más significativo a partir de todas estas iniciativas del reformismo, la situación verdaderamente crítica en cuanto a la propiedad para las corporaciones civiles no llegó sino hasta el porfiriato. Tal y como lo atestiguan las leyes que buscaron una mayor productividad de la tierra e incentivar ampliamente la privatización y sobre todo la inmigración extranjera y la colonización, cuya reglamentación más importante solo llegaría hasta los años ochenta y noventa. Por lo que si bien la generación de liberales de la Revolución de Ayutla fue la que sentó las bases legislativas para la transformación de la propiedad, el porfiriato fue el verdadero momento de su aplicación y la acometida más resuelta hacia las corporaciones indígenas y campesinas. Si bien encontramos fisuras o resquicios y contradicciones en la legislación, como la exención del ejido que hacía la Ley Lerdo, así como del fundo legal, e incluso las posibilidades interpretativas y litigantes que dejó abiertas la Constitución de 1857, las razones de fondo de toda esta postergación se encuentran en un contexto general que era completamente distinto a la que buscaban instaurar los políticos mediante fórmulas legislativas. La creencia de que las leyes por sí mismas harían el milagro transformador fue precisamente una de las taras de la generación de políticos reformistas. Sin embargo el peso de la tradición, cuyo ejercicio en cuanto al usufructo de la tierra llevaba 228

practicándose entre las amplias mayorías del país por más de 300 años, fue una realidad tan extendida, arraigada y compleja que definitivamente no iba a cambiarse simplemente por los decretos que sin contemplar dicho entorno y sin un verdadero diagnóstico hiciesen un grupúsculo minoritario de políticos y propietarios. Las certezas del liberalismo se vieron rebasadas por la distención de una forma de civilización, a la vista de todos y que con los diversos brotes de rebelión indígena manifestaba permanentemente las posibles consecuencias que traería la aplicación exhaustiva de las estipulaciones sobre la propiedad para las corporaciones civiles. Incluso pudimos advertir que las propias leyes de mediados de siglo fueron permeadas por un sentido jurídico tradicional, como la de 1853, hecha exprofeso para los yaquis y que definitivamente era más similar a una figura jurídica de Antiguo Régimen que a una reglamentación de tipo moderno. Así es como podemos comprender y explicar genéricamente la nueva moratoria en la desamortización, así como las válvulas de escape que significaron las grietas legales que permitieron la mínima subsistencia de la propiedad comunal bajo las figuras del ejido y el fundo legal: como la admisión y expresión político-legislativa de la indiscutible preponderancia de prácticas socioculturales y productivas tradicionales, como el usufructo comunitario de la tierra. Lo que de inmediato salta a la vista es igualmente la muy lenta y difícil transición que significó el paso de la sociedad colonial a la republicana, entre dos cosmovisiones del mundo y dos modelos de sociedad, el tradicional y comunitario más ampliamente extendido y consolidado, pero ahora estigmatizado y en paulatino declive, y la nueva forma de adscripción y pertenencia nacionalista y moderna, inmersa en un proceso histórico de emergencia muy reciente, pero crucial en su construcción. Desde nuestra perspectiva y en última instancia se trata de la compenetración y enfrentamiento de dos formas de identidad. Este marco de entendimiento nos permitió analizar con mayores elementos y comprender mejor lo que en cambio no se dejó en letra muerta con respecto a la Iglesia. Pues como hemos planteado el ataque a las corporaciones eclesiásticas fue mucho más decidido y sin concesiones. Parte del problema devino del convencimiento del reformismo de que una de las rémoras del país era justamente la amplia concentración de la propiedad en manos de la iglesia, por lo que su venta y su erradicación como manos muertas, su completa expropiación y movilización, iría en directo beneficio del erario público y de la nación. Este fue el leitmotiv inmediato y más visible del ataque a la Iglesia y sus amplias facultades con respecto a la sociedad. 229

Pero esta es sólo una manera y perspectiva de ver el problema, como una cuestión meramente económica. Sin embargo y de fondo hay un conflicto político, sociocultural, de legitimidad y de identificación. Pues todas las leyes que le abrogaron sus facultades públicas pasaron a ser ejercidas exclusivamente por el Estado467, arrebatándole ipso facto (entre 1856 a 1861) gran parte del dominio y radio de acción social que siempre había ejercido la institución eclesial. No es posible circunscribir entonces este asunto a una cuestión económica o política, se trata de un complejo problema sociocultural en claro detrimento de la legitimidad eclesiástica y su poder de significación e influencia pública, en beneficio del Estado nación. Por lo que asistimos en estos años a una fase sin precedentes en las posibilidades de acción significativa del Estado nación y la difusión de su constructo de afiliación cívico identitario. A partir de entonces el nacionalismo pudo empezar a erradicar un espacio físico saturado de símbolos e imágenes mentales religiosas, para edificar y representar la identidad secularizada del patriotismo nacionalista. Es decir, el momento de la superposición y de la erección pública del republicanismo, de sus artefactos, medios de difusión y sus prácticas correspondientes. Pues en términos de influencia social, legitimidad e identificación, la Iglesia era literalmente el enemigo público número uno del Estado nación, la única institución que en términos masivos tenía una influencia sociocultural abrumadoramente más poderosa que la del Estado. Así que finalmente y en nuestros términos se trató sobre todo de una pugna en el terreno simbólico, de la legitimidad social y de identificación sociocultural, por lo que se trata de un periodo crucial, súbito y paradigmático en la construcción del Estado nación: cuando más decididamente pudo empezar a difundir el arsenal iconográfico, arquitectónico y ceremonial del nacionalismo en el espacio público. Si bien hemos asentado las dificultades que se manifestaron y se distendieron hacia el porfiriato por la confrontación entre dos formas de identidad, también es muy claro que progresivamente se fueron anteponiendo los derechos individuales sobre las antiguas prácticas colectivas. Pero justamente debido a las aplicaciones asimétricas y en diferentes ritmos, periodos y regiones, también pudimos constatar un dilatado, variado y divergente margen de repuestas indígeno-campesinas para enfrentar las trasformaciones. Transgrediendo todas las tesituras posibles, desde la asimilación y la búsqueda por la 467

Además de la expropiación y supresión de órdenes religiosas, la ley de matrimonio y registro civil, la secularización de cementerios, hospitales y establecimientos de beneficencia.

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división privada de la tierra, hasta la sublevación y rechazo de las disposiciones liberales. Pero lo más importante sobre estas repuestas es la capacidad de apropiación y asimilación, muchas veces practicada en contrasentido y como fórmula para defender sus formas de vida, integrando no sólo elementos, sino las propias instituciones de la modernidad para llevarlo a cabo. Como apreciamos someramente para los casos de la utilización del municipio o el sistema de cargos como herramientas exitosas que en muchas comunidades han servido como las estructuras para salvaguardar la tradición, así como las formas de producción y redistribución comunitarias. Para el caso yaqui, por ejemplo, pudimos rastrear estrategias como la adopción de la estructura del cabildo español que fue reapropiada en su beneficio. De tal manera que a mediados de siglo acudieron a esta práctica para lograr subvertir las autoridades que se les buscaron imponer para lesionar su estructura de mando político. Así que hasta en los casos en los que el rechazo y la rebelión fue la norma para enfrentar la nueva cosmovisión e identidad, como hicieron los yaquis, encontramos una capacidad para negociar e integrar dispositivos y organismos de la modernidad, por lo que no se sostiene una visión del mundo indígena que lo concibe como el grupo social que definitivamente rechazó ciega y obstinadamente el proyecto del nacionalismo modernizador. Las características regionales y las propias pugnas entre las elites políticas y económicas de cada localidad fueron otro factor de peso para comprender el aplazamiento de muchas de las reglamentaciones reformistas. En estos enfrentamientos los indígenas encontraron otro medio para seguir fomentando la inestabilidad política y postergar la ocupación de sus terrenos y el ataque a sus formas de desarrollo e identidad tradicionales. En nuestro caso estas disputas no se limitaron a la lucha entre liberales y conservadores durante la Guerra de Reforma, sino que reaparecieron en los años setenta por las diversas y divergentes ambiciones de grupos políticos y oligarquías estatales. Así que los yaquis, tal y como lo hicieron con liberales y conservadores monarquistas, aprovecharon al máximo estas coyunturas y enfrentamientos en beneficio propio. Esa fue sin duda una de sus más importante estrategias para resistir en este periodo, la cual precisamente les abrió la coyuntura específica para erigir la estructura sociocultural autonómica con Cajeme. De manera que la resistencia y la nueva postergación de los afanes del liberalismo de mediados de siglo son multifactoriales y no se pueden circunscribir exclusivamente a las respuestas indígenas. Tienen que ver con contextos más 231

amplios y complejos, regionales y nacionales, ineludibles si se busca una explicación sistémica. Pero definitivamente el factor de mayor incidencia fue la permanencia sociohistorica tradicional como la manera de relacionarse con el mundo de las mayorías indígeno-campesinas. Sin embargo y lo que no hay que perder de vista es que las estrategias de resistencia pueden ser múltiples y variadas, y en efecto hay que dar cuenta de ellas, explicar sus expresiones y posibilidades coyunturales de acción, como hemos hecho para el caso yaqui, pero que invariablemente todas estas manifestaciones respondieron o estuvieron relacionadas con la defensa de la identidad. Ahora bien, después del análisis exhaustivo y la pormenorización de toda la estructura productiva, militar, administrativa, política, religiosa, en fin sociocultural que emprendieron los yaquis durante el periodo de Cajeme, hemos podido comprender y explicar dónde se encuentra la verdadera relevancia de este periodo, así como el legado más importante de José Ma. Leyva para los yaquis. Paradójicamente y a pesar de haber pertenecido y participado ampliamente como parte de los ejércitos liberales, incluso en campañas contra los yaquis, la trascendencia de Cajeme no radicó en sus conocimientos o dotes militares. Pues como se ha detallado, en cuanto se decidió emprender la campaña castrense en su contra fue derrotado rápidamente. De hecho y si lo cotejamos con el tiempo que se preparó para enfrentar bélicamente al gobierno su fracaso militar fue instantáneo, y sobre todo si hacemos un ejercicio comparativo con el tiempo que estuvieron rebelados los yaquis bajo la dirección de Tetabiate (15 años). El propio Juan Banderas fue definitivamente más exitoso como líder guerrero, su movimiento, a pesar de los interludios de paz, duró alrededor de ocho años, mientras que la rebelión de Cajeme, si la distendemos hasta su ejecución, fue sofocada en escasos dos años. Sin embargo sus aportaciones a la resistencia yaqui fueron mucho más complejas y sin lugar a dudas más trascendentes. Bajo su dirección y en colaboración con el conjunto de la etnia los yaquis existieron de manera autónoma durante una década, fueron los dirigentes de su existencia integral. Lograron eclipsar el proyecto que venían buscando y manifestando desde la época de Banderas y que incipientemente habían practicado después de la expulsión jesuita. Se constituyeron como un cuerpo sociopolítico que ejerció en la totalidad compleja de su desarrollo sociocultural una soberanía de facto, una nación yaqui simultáneamente al margen y dentro del Estado nación. Las implicaciones de este ejercicio soberano son múltiples y su relevancia es insoslayable, pues los yaquis 232

demostraron inédita y empíricamente la posibilidad de que al interior de una nación moderna funcionara una región autónoma, una figura vigente en la organización sociopolítica de algunas naciones contemporáneas. Pero fue precisamente esta precocidad lo que hizo inconcebible su viabilidad para una Estado moderno de reciente creación, por lo que significó una injuria política para los presupuestos de exclusividad soberana e identificativa, y como se vislumbró en el análisis, constituye un elemento explicativo ineludible de su amplia estigmatización y de la atroz represión de las etapas subsiguientes. Pues los yaquis habían puesto en entre dicho el sustento político y de legitimidad nacional, habían sido soberanos y pretendían seguir siéndolo, tenían sus propias formas de gobierno y en estricto sentido no necesitaban la tutela del Estado nación, habían demostrado que podían ser independientes y contaban con una identidad definitivamente más cohesionada que la nacional. Aquí se vuelve a hacer nítido el sustento explicativo que atraviesa toda la investigación: la pugna de dos identidades. Como se ha establecido y como el propio accionar de la configuración estructural reveló en su escrutinio, Cajeme en efecto fue el líder indiscutible del proceso que los yaquis vivieron en esta etapa, pero su funcionamiento de ninguna manera dependió exclusivamente de él. Y esta fue justamente una de las virtudes más destacadas de la reorganización del conjunto sistémico, así como una de las claves para conformar una verdadera rearticulación identitaria. Asimismo y como se concluyó del escrutinio, la reinserción que fraguaron producto de la herencia misional no se limitó sin embargo a una reintroducción imitativa, sino que fue enriquecida y reapropiada de tal manera que se potenció incluso con elementos de la tradición yaqui prejesuítica, así como de la sociedad circundante, resultando una reinterpretación novedosa que mediante la integración de elementos modernos fue utilizada para la conservación de la tradición. Igualmente se demostró que esta organización no se limitó a determinados rubros de la administración, sino que se trató de una reestructuración generalizada que igualmente puso énfasis en la renovación cultural por medio de la recuperación de la importancia de los líderes religiosos, fortaleciendo y ampliando sus competencias en beneficio del radio de acción simbólico. Esta reproducción social generalizada fue la fórmula para renovar la cohesión étnica y el sentido de pertenencia yaqui, principalmente por medio de figuras como los temastianes, las asambleas populares, así como el trabajo rotativo comunitario. El involucramiento participativo en esta revolución organizacional sistémica fue primordial, 233

pues responsabilizando y facultando a los individuos de la toma de decisiones, del funcionamiento colectivo estructural, se construye un compromiso que los hace sentir parte sustancial del conjunto, esencial para generar un sentido de afiliación generalizado. Pero no basta dicha participación secular para consolidar la pertenencia integral, hace falta su representación y justificación en el terreno simbólico. Así lo comprendieron los yaquis y Cajeme y lo llevaron a la práctica. Así que fortalecieron los tiempos rituales, sus espacios de escenificación alegórico-festivos, recreando periódicamente las imágenes mentales de pertenencia, así como la explicación simbólica del mundo y de su existencia social e individual. Este es el eslabón que cierra el círculo para recrear una poderosa cohesión que invariablemente afilia y que crea identificación, la piedra de toque que nos permite concluir que se trató de un proceso y momento paradigmático en la rearticulación y resignificación identitaria y de pertenencia yaqui. Se trata de lo que a nivel nacional estaba haciendo el Estado nación, difundir y propagar sus ceremonias, rituales, símbolos y todo el arsenal de recursos del republicanismo nacionalista. Nada menos que el inicio de la edad dorada del fervor patriótico, pasados los catalizadores chauvinistas de los traumas intervencionistas y con el conservadurismo derrotado. Pero sobre todo, con el espacio público recientemente apropiado y arrebatado a la Iglesia para poder inundar el espacio social con totas las herramientas y dispositivos de pertenencia política y sociocultural del patriotismo cívico. Como se ha detallado Cajeme fue irremediablemente permeado por todo esto, su paso por los ejércitos liberales, una de las instituciones que más fervientemente reproducen y difunden el nacionalismo y donde literalmente se ofrenda la vida por la salvaguarda de la patria, dejaron una impronta indeleble en José Ma. Leyva. Tal y como lo pudimos constatar en sus cartas y alocuciones patrióticas. Como ejemplificamos a través del análisis correspondiente, Cajeme hizo un uso extensivo de la ideología y el discurso del Estado nación moderno en contrasentido, reapropiados para la defensa de la identidad yaqui y como medios para preservar una nación de tipo tradicional. Así que buena parte de la explicación del por qué Cajeme fue convertido en el líder más importante de los yaquis (el yechim de armas), así como de la compleja rearticulación en todas las esferas de su vida social se encuentra aquí, en la utilización de Cajeme como el dispositivo subjetivo que conocía las entrañas, los argumentos y la cara más visible de lo que habrían de enfrentar los yaquis: al ejército y 234

sobre todo a los mecanismos ideológicos del Estado nación para justificar y dar sentido a la represión. Cajeme sabía entonces que para confrontar al brazo ejecutor del nacionalismo no sólo tenían que ser capaces de crear una economía poderosa para la guerra, sino de reactualizar y vigorizar exitosamente el sentido de pertenencia y cohesión étnica del conjunto de los yaquis. Y para ello la esfera simbólica, discursiva y cultural eran cruciales, tal y como él lo había presenciado en la construcción del nacionalismo moderno. Por ello fomentó preponderantemente el rescate de los líderes culturales y las prácticas tradicionales que contribuyeran a fortalecer la cohesión étnica, pero a su vez interiorizando y utilizando de manera reapropiativa el sentimiento y razonamiento patriótico del Estado nación para desafiarlo en sus mismos términos doctrinarios. Resignificando,

robusteciendo

y

configurando

una

reproducción

cultural

lo

suficientemente sólida para difundir y exteriorizar que la defensa de la nación yaqui revestía el mismo carácter sagrado e inapelable que la nación mexicana. Es aquí donde radica la relevancia, herencia y legado de Cajeme para el pueblo yaqui. Fundamentalmente como un líder cultural que gracias a su contacto con el constructo nacionalista entendió la importancia que revestía la renovación identitaria de los yaquis, con el propósito de enfrentar una maquinaria de afiliación poderosa y homogenizante que buscó desestructurar su sentido de pertenencia. Es decir, en la certeza de que la preservación de su identidad y todas aquellas prácticas que la fortalecen y reactualizan son un medio crucial para la conservación de su autonomía como los dirigentes de sus propios destinos, así como para resistir la imposición de la identidad nacional. Si bien las estrategias de resistencia en el periodo posterior a Cajeme sufrieron una trasformación radical en sus expresiones y formas de articulación, la reproducción cultural y renovación identitaria de la etapa autonómica se manifestaron con toda su fuerza en la cohesión étnica de los yaquis en un contexto de dispersión y éxodo de su territorio, producto de la posterior ocupación colonial y el desarrollo de amplios proyectos industriales al interior del Valle del Yaqui. Por ello hablamos de legado de Cajeme, porque en la etapa subsiguiente pudimos advertir elementos distintivos para la resistencia yaqui que fueron reintroducidos y potenciados en la era de J. M. Leyva. Tal y como profusamente referimos acerca de la importancia de los temastianes como difusores de la rebelión y como encargados de recoger las contribuciones para el movimiento en la era de Tetabiate. Así que si bien el periodo de Cajeme constituye uno de aquellos momentos 235

vertiginosos en la reproducción cultural en donde pudimos precisar, conocer y explicar cómo se lleva a cabo una reinterpretación y robustecimiento que por sus características rebasa lo meramente organizacional y tiene que ser comprendido en términos de identificación colectiva, las vicisitudes y el desarrollo de la guerrilla en la última fase de esta investigación constituye la mejor expresión de la importancia de la pertenencia y de las características y métodos que es capaz de adoptar la lucha con tal de su conservación. De manera que fue aquí donde más ampliamente se pudo advertir la afirmación de la identidad como el sustento de la resistencia, así como su importancia para dar sentido y significado a la existencia humana. Como pudimos constatar por el trabajo documental, sobre todo a través de la información oficial del gobierno local y federal, así como de algunos testimonios de yaquis capturados, a partir de 1887 adoptaron un nuevo modelo de resistencia. La clave estuvo en incrustar su movimiento a las necesidades de la sociedad regional sonorense, haciendo valer su peso cuantitativo y cualitativo como los trabajadores más importantes del Estado, para configurar una estrategia de rebeldía y sublevación exitosa que supo pasar desapercibida para su represión, pero que a su vez manifestó permanentemente su inconformidad por la ocupación de su territorio. Como hemos asentado, las crónicas militares de la historiografía testimonial y oficial, en correspondencia con lo que establecen los partes militares han difundido una comprensión de la rebelión a través de la supuesta existencia de yaquis rebeldes y yaquis pacíficos. Esta noción ha trascendido hasta la historiografía contemporánea como una perspectiva de la estrategia de resistencia dual o complementaria, conformada por aquella minoría que realizaba súbitos ataques en diversos puntos del territorio, para posteriormente esconderse en el Bacatete, frente a la mayoría de los yaquis que se encontraban en sus labores de trabajo. Sin embargo las vicisitudes del desarrollo del enfrentamiento, los propios registros documentales, así como los métodos de represión que se empezaron a implementar para suprimir la rebelión nos permiten señalar que este entendimiento no es exhaustivo y que en estricto sentido no agota la comprensión y explicación del problema. Pues ¿cómo dar cuenta de la resistencia de esta manera si el sostenimiento de los guerreros estaba en la base social de los yaquis supuestamente pacíficos? Los múltiples testimonios sobre las cuotas en dinero y en especie que recogían determinados miembros de la etnia al conjunto de los yaquis en sus labores para los guerreros constituye uno de los ejemplos 236

más claros de que la totalidad de los yaquis estaban implicados en la rebelión. El objetivo, como quedó explicitado, era la compra de armamento que empezó a hacerse directamente en Estados Unidos, que definitivamente conforma uno de los factores explicativos de peso que nos permitió comprender las posibilidades de la continuación de la resistencia, y en el cual todos participaban. El propio sistema de recambio o sustitución de combatientes, que también es nítido en las fuentes primarias, contribuye igualmente a una noción monolítica o de conjunto del levantamiento. De hecho y como se asentó, la represión porfiriana no pudo empezar a desarticular los ataques indígenas hasta que comprendió que sólo obtendría resultados si lesionaba y sometía la base social que hacía posible la rebelión. Estas son algunas de las pruebas de hecho o factuales que abona en detrimento de una percepción escindida del movimiento yaqui, y que nos permiten establecer que a pesar de esta división estratégica de las actividades de los yaquis todos estaban implicados en la insurrección, que en su conjunto trabajaban para una misma causa y que todos estaban sublevados. El sustento teórico-metodológico que nos permitió fortalecer esta explicación se encuentra en la propia perspectiva identitaria, pero sobre todo en la concepción de la resistencia que se ha construido en esta investigación. Ello nos ha permitido comprender que debido a que un grupo no se encuentre alzado en armas, o manifestando abiertamente su rebeldía, de ninguna manera quiere decir que no existan resquicios para la resistencia y la subversión. La defensa de la identidad encuentra espacios para manifestar su inconformidad hasta en las relaciones coactivas más rígidas. Este fue el soporte teórico que junto con los hechos nos permite concluir, comprender y explicar que la sublevación de esta etapa fue general, que la totalidad de los yaquis se encontraban rebelados, más allá de que la mayoría estuviesen trabajando, pues este fue simplemente el dispositivo más efectivo para sustentar al resistencia, pero todos estaban abonando para una misma causa y era una causa de insurrección. Así que no había yaquis mansos y yaquis rebeldes, había una insubordinación del conjunto étnico que supo mandar un mensaje efectivo para difundir la creencia de una supuesta separación con el propósito de hacer más difícil su desestructuración, pero definitivamente era un movimiento rebelde generalizado y monolítico. Ahora bien, esta expresión subversiva que aprovechó las condiciones del medio social y sus contradicciones para plantear una táctica bien estructurada y exitosa para manifestar su inconformidad, constituye uno de los más claros indicios de la poderosa 237

cohesión étnica que permanecía entre los yaquis. La cual recientemente había sido fortalecida como parte de un momento paradigmático de su renovación. A tal grado que a pesar de la pérdida coyuntural de su territorio, el espacio de escenificación simbólica más importante, el lugar en donde más ampliamente se visualiza la pertenencia, articularon una estrategia efectiva que luchaba por su recuperación. Así que esta novedosa fórmula de colaboración permanente y generalizada manifiesta de manera inequívoca la vigencia de fuertes lazos de filiación. Por lo que también es preciso sentenciar que la causa última y el eje de la resistencia estaban anclados y seguía siendo la lucha por la identidad. El dispositivo y la perspectiva de la identificación como la herramienta medular de entendimiento posibilitó la explicación exhaustiva y de fondo de la resistencia, no sin reparar en las especificidades de esta última. Este instrumental cognitivo fue el que nos permitió comprender la presencia constante de dos elementos en la era liderada por Tetabiate. La destacada capacidad adaptativa de la resistencia yaqui, que supo utilizar el margen de maniobra del contexto regional, así como todas sus posibilidades coyunturales de acción. Las cuales oscilaron entre el inapreciable valor de su mano de obra, los intereses comerciales de la venta de armas y la conveniencia del mantenimiento del estado de guerra para los altos mandos militares y hacendados. Y por su parte, la permanencia irrenunciable de la resistencia al interior de una correlación de fuerzas que les era completamente perniciosa, en donde incluso se estaba llevando a cabo un etnocidio en su contra. La insistencia de los yaquis por continuar la lucha y perpetuar sus demandas parecía inexplicable, tal y como ampliamente lo manifestaron los representantes del gobierno en sus reiterados ofrecimientos de amnistía y “garantías” si la rebelión era detenida. Sin embargo hemos comprendido y explicado que la identidad, este constructo histórico relacional de transformación y reactualización permanente, que transgrede todos y cada uno de los ámbitos de la vida social, que principalmente se expresa y es eclipsado en el terreno simbólico a través de referencias, artefactos e imágenes mentales de afiliación de interacción compleja, pero sobre todo, que da sentido y significado a la vida de los hombres, pues ofrece una explicación de la existencia social e individual, no es permutable. Su mantenimiento es absolutamente necesario, pues las razones y la justificación de la existencia no es intercambiable ni negociable, no hay sustituto capaz de suplantar el sentido de la vida y los dispositivos que reiterativamente dan cuenta de ella, y menos cuando ésta es sólida y vigorosa, como lo era la de los yaquis. 238

Sólo la adquisición de una nueva identidad es capaz de suplantar a otra, como precisamente les estaba ofreciendo el Estado nación a los yaquis, la identidad moderna, ciudadana, individualizada, mexicana. Sin embargo y como justamente hemos comprendido acerca de cómo se construye la pertenencia, ello es un proceso largo y progresivo que trasciende la efímera vida de los hombres y que por lo tanto no es posible sustituir de la noche a la mañana. Necesita de una compenetración y dilución compleja y distendida a través de varias generaciones para que pueda emerger y fraguar una novedosa. La cual no es del todo nueva, sino que fructifica gracias a la asimilación de elementos diversos para constituirse. Así que la oferta del nacionalismo no era viable, los yaquis no iban a abandonar su robustecida identidad, y como ejemplificamos ampliamente, no se trató de una cerrazón a adquirir elementos e incluso símbolos de la sociedad moderna y del nacionalismo. Los yaquis demostraron ser especialistas en adquirir dispositivos, artefactos e incluso estructuras de la sociedad circundante y moderna para su utilización y para fortalecer su sentido de pertenencia. Pero ellos contaban con una cohesión étnica poderosa y fuertemente arraigada entre sus integrantes, más consistente que la del Estado nación e incluso más apegada a la pregonada trilogía de la constitución de las naciones. De manera que no estaban dispuestos ni necesitaban suplantar su comprensión, explicación y justificación del mundo, ni las razones o el significado de sus vidas. Es así que pudimos comprender, explicar y concluir cómo fue posible la extraordinaria reinvención y la inapelable continuación de la resistencia. Pues de por medio estaba la identidad, y cuando de ello se trata su mantenimiento y las inéditas forma que puede adquirir dejan de ser algo inexplicable o sin sentido, pues su defensa puede adoptar y adaptar todos los medios a su alcance y convertirse en la más obstinada convicción para su salvaguarda. E incluso la vida, como lo estaban haciendo los yaquis, es entregada con tal de su conservación. Sin embargo, por su parte y tal y como esclarecimos la identidad nacional también estaba llegando a su cenit. Para los años noventa el patriotismo cívico ya había construido sus principales medios y símbolos de pertenencia, ahora si estaban a la vista de todos, su difusión a través de diversos medios como la educación pública, el relato histórico y el espacio público estaba mucho más generalizada y su concepción como la forma de identificación más legítima nunca había sido tan reconocida como entonces y estaba alcanzando proporciones desconocidas. El propio presidente era un emblema del 239

nacionalismo, tanto como representante de la prolífica etapa de construcción simbólica reformista y postimperialista, como el ejecutor de su consolidación y propagación cultural. El análisis de la ceremonia de la Paz de Ortiz constituyó la mejor expresión en la investigación de esta consolidación ideológica, simbólica y cultural. La parafernalia emblemática que se utilizó fue un mensaje repleto de alegorías y símbolos de afiliación nacionalista perfectamente estructurados, que hoy en día siguen estando vigentes como estrategias exitosas de memorización y adherencia cívica. Mediante todos estos recursos se construyó una ceremonia dramatizada para escenificar un ritual de unidad patriótica, con el propósito de difundir un mensaje triunfalista, dirigido a propios y extraños, tanto para afiliar a los yaquis, como para demostrar que el Estado nación finalmente había logrado integrarlos a su proyecto de identificación colectiva. La ruptura de los acuerdos, como se ha argumentado, significó un parteaguas en las formas de represión a los yaquis, que si bien esencialmente fracasó porque el gobierno no cumplió sus compromisos, simbólicamente significó un desprecio injustificable para el gobierno, pues sus representantes ya habían sellado ritualmente la pacificación, por lo que a partir de entonces la represión no dejaría de incrementarse. Ahora bien, como el proceso de represión gubernamental y resistencia indígena revelaron, los yaquis se habían convertido en una problemática federal y las decisiones para su sometimiento eran objeto de estricto seguimiento y recomendación de Porfirio Díaz. Indicio evidente de la magnitud que representaba para el gobierno federal el asunto yaqui, así como de los cuantiosos intereses en juego en su territorio. Pero lo más importante que debemos comprender y sentenciar al respecto es que la brutal represión de que fueron objeto los yaquis en esta etapa se realizó a título de la nación y el progreso, del Estado nación y la modernidad. Los documentos que analizamos sobre las misivas de Porfirio Díaz y del general Carrillo no dejan lugar a dudas de que la ideología nacionalista y de identificación patriótica fue el puntal para justificar el intento de exterminio de los yaquis, así como la ocupación y explotación masiva de su territorio. La soberanía y el patriotismo fueron literalmente los valores aludidos para hacer de la estigmatización de los yaquis y su extinción un deber ineludible, simple y llanamente por la facultad que tiene la nación para suprimir cualquier intento de que una sociedad dirija sus propios destinos al interior de su territorio, en nombre del valor “sagrado” de la pertenencia nacionalista y

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como “[…] un derecho legítimo […]”468. Ello no es otra cosa que apelar al sentimiento de identificación colectiva del Estado nación, a “[…] las intenciones patrióticas que los identifican […]”469, que constituyó la amenaza velada y el dispositivo más exitoso que utilizó el presidente para que sus subordinados llevaran a cabo la pacificación de los yaquis a toda costa, sin contemplaciones, pues de por medio estaba el patriotismo, la soberanía y la nación. De manera que no podemos eludir el problema de fondo y circunscribirlo a razones políticas, territoriales o económicas. Dichos rubros en efecto y como fueron pormenorizados se expresaron y constituyeron parte importante del conflicto, pero estos intereses no agotan la explicación del por qué el Estado nación recorrió todas las tesituras de la represión y por qué llegó a los límites del etnocidio físico y cultural, precisamente cuando su constructo identitario estaba más fortalecido. Como hemos visto, sólo entendiendo que de fondo había un sustento ideológico-identitario nacionalista es asequible y explicable, más no justificable, cómo fue posible que el Estado nación decidiera llevar a cabo una empresa de aniquilación e incuso hacer de ello un lucrativo negocio. Sólo así, en nombre de la modernidad, la nación, la civilización, la patria y el progreso, de una identidad, pudo legitimar la persecución, la deportación, la esclavitud y el genocidio. Así, hay que insistir que tal y como la férrea resistencia yaqui nos hizo comprender que se trataba de la defensa de la identidad, el escrutinio de las acciones de su antagonista y de cómo se construyen las naciones y el fervor patriótico también nos permite concluir que es nítido en dónde radica la raíz del problema entre los yaquis y el gobierno. Se trató indudablemente del enfrentamiento de dos identidades, con todas las consecuencias que ello entraña y las áreas que transgrede, pues como hemos puntualizado su defensa no conoce límites, es interiorizada de tal manera que su custodia es irrenunciable y puede llegar hasta las últimas consecuencias. En la última parte de la investigación, sobre todo a través de los procesos de negociación de 1904 y 1908 pudimos establecer cómo en efecto el proyecto yaqui seguía pugnando por la autonomía, pero que definitivamente se trató de un desarrollo autonómico de tipo tradicional, a pesar de la utilización de numerosos elementos de la 468

Carta del general de Brigada Marcos Carrillo, en jefe de la 1ª Zona Militar, a los grupos de yaquis rebeldes, 15 de febrero de 1891. AHGES, Fondo Ejecutivo, Tomo 23, expediente 7, foja s/n. 469 Porfirio Díaz a Rafael Izabal, 14 de enero de 1892. AHGES, Fondo Ejecutivo, tomo 23, expediente 9, fojas 017703 y 17704.

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modernidad. Pues el sentido corporativo seguía atravesando la totalidad de la vida de los yaquis, la tradición era el eje de su identidad y de su resistencia. Como pudimos verificar en la importancia de los líderes culturales, de sus ceremonias rituales y del sentido colectivo que manifestaron ampliamente en el desarrollo de estos acuerdos de paz; en donde los jefes de la guerrilla invariablemente consultaban con el conjunto de la etnia y sobre todo con aquellos dirigentes tradicionales como los temastatianes y los ancianos. De manera que la custodia de los diversos elementos que conforman su identidad fueron la estructura peticionaria que guiaron sus demandas: su espacio territorial, la capacidad de autogobernarse, la propiedad comunal de la tierra, sus estructuras tradicionales de gobierno, la reproducción de su cultura, y desde luego, la libre celebración de sus fiestas y rituales, sus espacios de representación simbólica. Sin embargo el fracaso de ambos proceso de paz reveló que el desarrollo de la modernidad, la nueva identidad que se estaba arraigado en territorio yaqui, la de la civilización y el progreso, era de tales proporciones que ahora definitivamente ambos proyectos eran irreconciliables. El progreso nacionalista había saturado el territorio indígena y no estaba dispuesto a abandonarlo, tal y como lo seguían peticionando los yaquis. El paisaje y las formas de vida habían sido transformados para siempre en el Valle del Yaqui, ahora las empresas agroindustriales, los ferrocarriles, las líneas telegráficas, los canales de irrigación, las presas y minas, y desde luego el latifundismo y las empresas extranjeras habían erigido una metamorfosis de proporciones desconocidas. Pero paradójicamente y como hemos determinado después del análisis, la razón de la contraposición de ambos proyectos y sobre todo la violenta represión del gobierno no radicó en las demandas que permanentemente hicieron los yaquis, pues habían demostrado su viabilidad empírica, sino fundamentalmente en la incomprensión de que estaban pugnando por la salvaguarda de aquello que justamente estaba erigiendo y propagando el Estado nación, su identidad. Así que no podemos justificar o matizar las acciones del Estado nación aduciendo una incomprensión de lo que peticionaban los yaquis. Como se demostró el gobierno estaba bien informado sobre las demandas de la etnia, pues era un proyecto que venían precisando y difundiendo por lo menos desde la era de Juan Banderas, que habían practicado ampliamente con Cajeme y que insistentemente fue exteriorizado a los diferentes representantes del gobierno en la época de Tetabiate. Se trataba de la 242

autonomía, parte central de su identidad, que habían consolidado desde la era jesuita, en dónde fortalecieron la convicción de que podían gobernarse por sí mismos y de satisfacer sus necesidades a través de sus formas de organización socioproductiva. Además había sido una etapa de reactualización y fortalecimiento de su cultura, así como la de Juan Banderas y la de Cajeme, por lo que también se encontraban inmersos en el proceso de reactualización permanente de las estrategias, imágenes mentales y rituales que renuevan la pertenencia. Es decir, tenían una identidad fuertemente cohesionada, pero sobre todo, cimentada en la independencia, en la certeza de ser un cuerpo social capaz de satisfacer todas y cada una de sus necesidades políticas, organizacionales, productivas y socioculturales, de ser soberanos. Pero la intolerancia de la identidad nacional fue el muro contra el que se topó la identidad autonómica yaqui. Aquello que habían aprendido a configurar socialmente y que hoy en día constituye una de las cualidades más apreciables entre los individuos, la capacidad de ser autosuficiente, fue justamente el agravio político de los yaquis. Pues allí radica el cuestionamiento y el peligro más apremiante para el Estado nación, que una sociedad en su interior sea autónoma, soberana, poniendo en entre dicho su existencia totalizadora y homogeneizante. Así que el fundamento y la base sociopolítica de la existencia de las naciones modernas, la soberanía, la inviabilidad acerca de la existencia de otros cuerpos sociales capaces de la autodeterminación fue el argumento “legítimo” para someter y reprimir a los yaquis. Por lo que la incomprensión no radicó en sus demandas, sino en que su identidad estaba fuertemente arraigada precisamente al ejercicio independiente de su desarrollo sociocultural. Así es como hemos llegado a comprender y explicar el fondo del conflicto, por lo que es necesario aseverar conclusivamente que la problemática radicó esencialmente en la polarización entre la destacada intransigencia de los presupuestos de la soberanía nacionalista y sus fundamentos identitarios -sobre los cuales nadie puede estar por encima o abstraerse- haciendo inconcebible la posibilidad del ejercicio autonómico indígena; y la lucha por la conservación de la identidad yaqui, completamente atravesada por un sentido autonómico, independiente y soberano. Es decir, se trató de la pugna de dos identidades. A través del escrutinio de cómo se construyen las naciones, pero también de cómo se constituye y se reproduce una identidad étnica, hemos comprendido la trascendencia del espacio simbólico y cultural para la reproducción social de la identidad. Ello nos ha 243

permitido vislumbrar que indudablemente todas estas ceremonias, festividades, rituales, etc., que contienen un torrente de recursos nemotécnicos, símbolos y mecanismos de afiliación y pertenencia, desde los alimentos hasta las danzas, las banderas y los santos, no sólo conforman el espacio temporal en donde se renuevan y refuerzan los lazos de pertenencia socio-individuales, sino que constituyen el leitmotiv de los individuos, el tiempo celebratorio en que se abandona la vida profana, la cotidianeidad secular, para arribar al tiempo del gozo y la significación, a los instantes para estar con lo nuestro y con los nuestros. Y ello no es poca cosa, se trata nada menos que de la culminación del ser social e individual, el tiempo que más esperan y atesoran infinidad de grupos sociales, en donde encuentran las razones de su existencia, donde se arraiga la identidad. Pues ¿cómo comprender por ejemplo todas estas prácticas tradicionales de las fiestas pueblerinas? vituperadas en amplios sectores sociales como celebraciones sin sentido y dispendiosas entre poblaciones de por sí depauperadas y con escasos recursos. Todo lo contrario, justamente lo que generan es sentido, significación y certidumbre sobre la existencia, e incluso redistribución de recursos. Quizás la mejor expresión en nuestro caso de estudio fue la compleja estructuración de la resistencia en medio de un éxodo general del pueblo yaqui, pero que luchaba precisamente por recuperar su espacio primordial de significación e identificación. O quizás fuesen sus reiterativas exigencias para la libre celebración de sus fiestas y rituales. Ambos fenómenos manifiestan sin embargo un mismo propósito, la conservación y salvaguarda de la pertenencia. Finalmente y como hemos señalado, es crucial comprender a cabalidad que este conjunto de recursos y prácticas ofrecen la satisfacción de una necesidad humana irrenunciable, pues dan cuenta y procuran los argumentos que en el terreno simbólico responden nada menos que a los cuestionamientos permanentes acerca del porqué de la totalidad de la vida social, individual y natural. Así es cómo podemos comprender y explicar la inquebrantable resistencia yaqui, de ninguna manera como la belicosidad inexplicable de un pueblo cerrado a la modernización y al cambio, sino a sabiendas de que estaban defendiendo su motivación existencial, su explicación del mundo y el significado de sus vidas, en una palabra, su identidad.

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