REPRESIÓN EN EL SÁHARA OCCIDENTAL: DERECHOS HUMANOS EN DISPUTA

REPRESIÓN EN EL SÁHARA OCCIDENTAL: DERECHOS HUMANOS EN DISPUTA* REPRESSION IN WESTERN SAHARA: HUMAN RIGHTS IN TROUBLE Santiago Gimeno Pelegay Seminario de Investigación para la Paz de Zaragoza

Resumen: El conflicto del Sáhara Occidental tiene su origen en la no realización del derecho a la libre determinación de este pueblo. La ocupación del territorio por parte de Marruecos a partir de 1975 ha provocado la violación de una amplia gama de derechos humanos. Gracias a las estrategias de resistencia de defensores y defensoras saharauis ha sido posible transformar los patrones represivos y conquistar pequeños espacios para el disfrute de libertades. Ese enfoque basado en derechos, que pone en valor al activismo en los territorios ocupados, podría contribuir igualmente a reforzar las estrategias de la población refugiada y al reconocimiento de su titularidad de derechos.

Palabras clave: Sáhara Occidental; Marruecos; ONU; MINURSO; represión; derechos civiles y políticos; derechos económicos, sociales y culturales; defensores y defensoras; sociedad civil; población refugiada.

Abstract: The Western Sahara conflict began because the not implementation of the right to self-determination of this people. The Moroccan occupation of the territory since 1975 has caused the violation of a full spectrum of human rights. Thanks to the saharawi human rights defender’s strategies was possible to transform the repressive patterns and conquer small spaces for the enjoyment of freedoms. This rights-based approach, which values the activism in the occupied territories, could contribute to strengthen the refugee population’s strategies and recognize them as rights holders.

Keywords: Western Sahara; Morocco; UN; MINURSO; repression; civil and political rights; economic, social and cultural rights; human rights defender; civil society; refugees.

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Esta comunicación ha sido posible gracias al apoyo del SEIPAZ y a todo lo aprendido durante cuatro años de trabajo en CEAS-Sáhara y la Asociación de Amigos/as de la RASD de Álava.

1. Autodeterminación: la raíz del problema. El Sáhara Occidental es un territorio situado en el noroeste africano, frente a las Islas Canarias. Históricamente fue una región habitada por tribus nómadas cuya movilidad se extendía sobrepasando las fronteras actuales con Marruecos, Argelia y Mauritania. El reparto colonial derivado de la Conferencia de Berlín de 1884 hizo que España accediera al control de unas fronteras creadas artificialmente. La presencia de tropas se consolidó en ciudades de la costa como la capital, El Aaiún, o Dajla, y en las minas de fosfatos de Bucrá. Naciones Unidas había apostado por la doctrina de la descolonización apoyada en la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y numerosos países africanos habían accedido a la independencia durante los años cincuenta y sesenta. A pesar de las resistencias del régimen franquista, fuertemente vinculado a los territorios de ultramar africanos, finalmente se cedió ante las presiones de la comunidad internacional y se inició el proceso de descolonización del Sáhara Occidental, preparando un censo de votantes para un futuro referéndum de autodeterminación. Desde 1973, además, había surgido un movimiento de liberación nacional formado por jóvenes revolucionaros de inspiración panafricanista y socialista: el Frente POLISARIO. Apoyados por Argelia, habían llevado a cabo algunos ataques armados contra el ocupante español y se habían ganado la simpatía de las diferentes tribus, en lo que sería el inicio de la identidad nacional saharaui. El vecino del norte, con el ánimo de recuperar lo que sus movimientos nacionalistas llamaban el “Gran Marruecos”, reclamó la soberanía del territorio. Hassan II solicitó un dictamen al Tribunal Internacional de Justicia, por lo que el proceso que había iniciado España para el referéndum quedó paralizado. Finalmente, en una opinión emitida el 16 de octubre de 1975, el Tribunal reconoció el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui. En cualquier caso, el contexto de la guerra fría había redefinido la naturaleza de la disputa. Se entendía que la independencia del Sáhara Occidental era un triunfo para el bloque soviético frente a la ocupación por parte de Marruecos, socio occidental. Gracias a la presión de la Marcha Verde, y con una España más preocupada por la muerte de Franco que por sus obligaciones de carácter internacional, se firmaron los Acuerdos Tripartitos de Madrid. España pretendía ceder la administración a Marruecos y Mauritania (que se retiraría de la disputa por derrota militar en 1979), pero dichos acuerdos no son válidos a los ojos de la legalidad internacional 1.

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Según el Asesor Jurídico del Consejo de Seguridad (S/2002/161): “El Acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el Territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de Potencia administradora, condición que España, por sí sola, no podía haber transferido unilateralmente. La

Se inició la retirada de las tropas españolas, al tiempo que los ejércitos marroquí y mauritano ocupaban el territorio. El Frente POLISARIO comenzó a combatir y a organizar la huida de parte de la población civil hacia la provincia argelina de Tinduf. Tras el alto el fuego de 1991 entre las partes, y a pesar del establecimiento de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental, la consulta todavía no se ha realizado. Más de cuarenta años después, la cuestión del Sáhara Occidental sigue abordándose en las sesiones de la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU, encargada de los territorios no autónomos, pendientes de descolonización. España sigue siendo la potencia administradora sin estar presente en el territorio, lo que no debería excusar la asunción de sus obligaciones. Como sabemos, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establecen en su artículo 1 el derecho a la libre determinación de todos los pueblos. En ese sentido, un informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2006 reconocía que “casi todas las violaciones de los derechos humanos al pueblo del Sáhara Occidental, bajo la autoridad de facto del Gobierno de Marruecos o del Frente POLISARIO, provienen de la no implementación de este derecho humano fundamental”.

2. Territorios ocupados, una cronología de violaciones: 2.1. Conflicto armado (1975-1991). El despliegue de tropas marroquíes desde noviembre de 1975 supone un ataque directo a la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales que establece la Carta de Naciones Unidas en su artículo 2.4. Las violaciones del Derecho Internacional Humanitario perpetradas por las fuerzas marroquíes durante esta etapa pueden ser consideradas como crímenes de guerra y de lesa humanidad, tal y como defienden los trabajos liderados por Carlos Martín Beristaín para el Instituto Hegoa, y como la propia justicia española está investigando2. Los bombardeos a la población civil que huía de la ocupación militar han sido documentados en detalle gracias a los testimonios de las personas supervivientes3. Lo mismo sucede con los casos de ejecuciones extrajudiciales que las autoridades marroquíes han negado hasta el día de hoy, a pesar de las evidencias

transferencia de la autoridad administrativa sobre el Territorio a Marruecos y Mauritania en 1975 no afectó la condición internacional del Sáhara Occidental como Territorio no autónomo”. 2 La Audiencia Nacional ha procesado a una docena de dirigentes marroquíes, “responsables de genocidio” contra la población saharaui en el período de 1975 a 1991. 3 Martín Beristain, Carlos y Campo Lladó. Sergio, Los otros vuelos...

rescatadas de fosas comunes en medio del desierto4. Tal y como destaqué en un estudio anterior, el secuestro fue otro de los instrumentos que permitieron que el miedo se instalara en el territorio.

La desaparición forzada es una práctica especialmente perversa, en la medida en la que además de dejar totalmente aislada y desprotegida a la víctima, destruye el estado de ánimo de los familiares, que ignoran su paradero durante un largo periodo de tiempo. Indiscriminadamente, miles de personas fueron objeto de desaparición forzada por parte de las fuerzas de seguridad, militares y policiales de Marruecos […] Basta decir que existen decenas de casos de saharauis que permanecieron en esta situación durante más de quince años, y que centenares, si no miles, sufrieron secuestros temporales más cortos5.

A principios de los ochenta esta práctica se volvió más selectiva, y afectó a personas activas a favor de la autodeterminación. En cualquier caso, los patrones represivos que las autoridades marroquíes empleaban en el territorio saharaui no eran muy diferentes de los que usaban contra disidentes dentro de sus propias fronteras. Políticos, sindicalistas y estudiantes de izquierdas que cuestionaban el lema “Dios, Patria y Rey” sufrieron igualmente los llamados “años de plomo”, una etapa oscura y sangrienta protagonizada por Hassan II y su Ministro de Interior, Driss Basri, máximos exponentes del Majzen6. Paralelamente, durante la década de los ochenta se construyó un sistema de muros para frenar las internadas del Frente POLISARIO y que definió el reparto del territorio hasta hoy día7. Las restricciones que supone este muro para ejercer el derecho a la libre circulación son evidentes y aún hoy esconde millones de minas a ambos lados de sus más de 2.700 kilómetros de longitud. Muchos jóvenes que intentaron atravesarlo durante los ochenta y noventa para escapar a los campamentos de Tinduf, tras ser descubiertos, fueron víctimas de desaparición forzada. La estrategia para controlar el territorio y a su población fue más allá del despliegue de tropas y fuerzas de seguridad cuya omnipresencia todavía sorprende en la actualidad. Además, se ha establecido una completa administración civil que ha facilitado la

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Martín Beristain, Carlos y Etxebarria, Francisco. Meheris. La esperanza posible… Gimeno Pelegay, Santiago. Situación de los derechos…, p. 11. 6 Denominación del entramado de poderes fácticos que rodea al rey, formado por miembros de su familia y allegados, terratenientes, hombres de negocios, líderes tribales, altos mandos militares y otras personas influyentes del país. 7 Las dos terceras partes útiles del oeste (con acceso a fosfatos, recursos pesqueros de la costa y el control de las grandes ciudades) en manos de Marruecos. Al este, los territorios liberados en los que permanece en la actualidad el ejército saharaui. 5

incorporación de las “provincias del sur” a la estructura estatal del Reino de Marruecos. Por último, se ha facilitado el desplazamiento de población colona gracias a incentivos y subsidios. Se estima que estas familias, llegadas sobre todo el sur de Marruecos y en su mayoría de clase baja, suponen un 80% de la población total del territorio. Su presencia dificultó el proceso de identificación de votantes de la MINURSO, y plantea un serio condicionante de cara a una hipotética resolución del conflicto. Como veremos, la discriminación que siente la población saharaui con respecto a la que ha llegado del norte, se manifiesta en la estructura de servicios públicos y el modelo de desarrollo económico de la región. Modelo que por otro lado define el disfrute de derechos como el trabajo, la educación, la salud o el nivel de vida adecuado. Volviendo a los llamados “años de plomo”, resulta emocionante escuchar las historias de resistencia de las víctimas, que pesar de su situación en centros clandestinos nunca renunciaron a su dignidad como seres humanos. La solidaridad entre esas personas tuvo su reflejo en la acción de las familias, que jamás cesaron en la búsqueda de sus seres queridos. Las mujeres, que aunque en menor número sufrieron especialmente las consecuencias de la desaparición, fueron capaces de trazar estrategias basadas en el apoyo mutuo y la defensa de la vida. Fueron ellas también quienes no dejaron de preguntar por sus parientes, a pesar del clima de represión que existía. La Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) nació en los campamentos de Tinduf en 1989, un momento en el que organizaciones internacionales empezaron a lanzar campañas de denuncia de las violaciones que estaba cometiendo el Reino de Marruecos. Tal y como recogí en 2013:

Antes de que llegara el definitivo alto el fuego del 6 de septiembre de 1991, se produjo un hecho clave para entender la historia de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Más de 260 personas saharauis desaparecidas, cuya existencia Marruecos siempre había negado, son liberadas el 21 de junio […] Como consecuencia de la presión internacional generada por todos estos acontecimientos, el Reino de Marruecos también impulsó algunas reformas legislativas y creó organismos específicos para abordar el dossier de los derechos humanos8.

2.2. “Década reformista” (1991-1999). El entrecomillado no es casual. Denota una de las características principales que nos permiten entender la lógica con la que actúan las autoridades marroquíes. A pesar de las 8

Gimeno Pelegay, Santiago. Situación de los derechos…, p. 14.

medidas positivas para la promoción y defensa de los derechos humanos que se tomaron a principios de los noventa9, existía la percepción de que muchas iniciativas tenían un sentido estético para la proyección de una imagen democrática del país que en poco se correspondía con la realidad. La “pretendida excepción marroquí” es un concepto que trata de diferenciar al reino alauí de sus vecinos regionales, poner en valor su estabilidad política y atraer la confianza de los países occidentales. Incluso durante las revueltas árabes de 2011 ese discurso pareció funcionar. El soft power del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas puede favorecer esa posición, pero no podemos olvidar la rotundidad de las obligaciones de respetar y proteger que Marruecos ha adquirido al ratificar diversos tratados internacionales10. Tampoco las responsabilidades de otros actores como España o la comunidad internacional en su conjunto. La presencia onusiana desde 1992 abría una esperanza para el ejercicio de ciertos derechos, algo impensable durante los “años de plomo”. No fue así, ya que en los primeros meses se intentaron organizar manifestaciones frente a sus instalaciones, pero la policía siguió reprimiendo con dureza ante la inoperancia de los cascos azules, sin competencias explícitas en la vigilancia y supervisión de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Durante los años noventa no se producían secuestros de años, sino de meses o semanas, y las condiciones de aislamiento no eran tan extremas, pero seguíamos asistiendo al empleo de la desaparición forzada. El permanecer fuera del control de la ley permitía poner en práctica métodos de tortura que han seguido apareciendo en los testimonios de miles de víctimas de detenciones arbitrarias en las décadas posteriores. Ataduras de piernas y manos y ojos vendados, colgamientos y suspensión en posturas extremas, asfixias, uso de agua congelada, orina, lejía y otros productos tóxicos, golpes en cualquier parte del cuerpo, descargas eléctricas, desnudos forzados, privación del sueño, la alimentación, y el abrigo, temperaturas extremas, hacinamiento y falta de higiene son algunas de las técnicas empleadas. La especial situación de desprotección que han sufrido las mujeres y el uso de la violencia sexual (también ellos la han sufrido), ha tenido un impacto demoledor en un contexto cultural, social y religioso propicio para la creación de estigmas.

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Especial relevancia tuvo la creación de un Consejo Consultivo de Derechos Humanos que ha pasado a llamarse Consejo Nacional de Derechos Humanos. Años después abordará el dossier de la reparación de las víctimas a través de la IER. Sus delegaciones en El Aaiún y Dajla han impulsado en los últimos años algunas medidas para la promoción de los derechos humanos en el territorio. 10 El Reino de Marruecos ratificó en 1979 tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

A mediados de los noventa, organizaciones internacionales comienzan a asistir a juicios, en los que personas que han participado en acciones a favor de la autodeterminación, tras haber sido sometidas a algunos meses de desaparición, son acusadas de amenaza contra la seguridad exterior del Estado. Esa atención fue generada por algunas personas del grupo que fue liberado en 1991. Su contacto con organizaciones de derechos humanos y los relatos de todas las atrocidades que habían sufrido supusieron una primera ruptura del bloqueo mediático que se había establecido en el territorio, y el inicio de la observación jurídica internacional. Siguiendo la estela de algunas ex víctimas marroquíes que empezaban a organizarse para reclamar un proceso de reparación por los excesos de los “años de plomo”, en el Sáhara Occidental comenzó a fraguarse un movimiento similar que cobró conciencia de su titularidad de derechos. Cabe destacar que las mujeres participaron proporcionalmente mucho más en estas estrategias, y de una manera cualitativamente diferente, que podríamos entender como una prolongación de sus métodos de resistencia en fases anteriores como víctimas. En los últimos años de vida de Hassan II, el Estado marroquí empezó a valorar la posibilidad de compensar a algunas víctimas, pero no de acuerdo a los estándares internacionales de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. A pesar de los Acuerdos de Houston de 1997 que pretendían relanzar la organización del referéndum, la negativa marroquí apoyada por sus aliados en el Consejo de Seguridad empezaba a imponerse y a bloquear el proceso.

2.3. Mohamed VI (1999- ). Tras la muerte de Hassan II, un movimiento liderado por estudiantes saharauis puso a prueba el talante democratizador del nuevo Rey. La llamada Intifada de 1999 surgió tras una pequeña acampada que incluía las reivindicaciones de ex trabajadores de las minas de Bucrá, grupos de mujeres, diplomados en paro, personas con diversidad funcional, etc. Pocos días después la sentada fue desalojada con un uso excesivo de la fuerza, dando paso a unas semanas en las que los enfrentamientos en la ciudad eran constantes y muy violentos. El sentido estratégico que tenía aquel discurso basado en los derechos económicos, sociales y culturales ha sido reconocido por activistas saharauis que protagonizaban esas acciones. Ese envoltorio facilitó que se crearan ciertos espacios de libertad para ejercer, por ejemplo, el derecho a la reunión pacífica. Del mismo modo, las nuevas formas en el manejo del dossier saharaui por parte de las autoridades marroquíes contenían una apuesta, más o menos retórica, por el desarrollo económico de la región. La creación de

infraestructuras y de instituciones locales que lideraran ese proceso ponía de manifiesto también la existencia de una élite saharaui cooptada, y el control de las relaciones tribales como llave para debilitar al activismo por la autodeterminación. Es en esta etapa, entre 2001 y 2003, cuando fracasan los Planes Baker I y II. Dos intentos de encontrar una solución intermedia entre el Plan de Arreglo de 1991 y la intransigencia marroquí. Desde entonces, la opción real de un referéndum cada vez es más lejana. La creación de la Instancia Equidad y Reconciliación en 2004, una especie de organismo oficial que se encargaría de abordar las demandas de las víctimas de abusos cometidos hasta 1999, venía a consolidar la teoría de la “pretendida excepción marroquí”. Sus resultados fueron limitados, y el hecho de que en ese momento siguieran produciéndose violaciones de derechos humanos ponía en evidencia la actitud ambivalente de las autoridades marroquíes11. La llamada Intifada por la Independencia de 2005 supuso un salto cuantitativo y cualitativo en la estrategia saharaui. Se trataba de manifestaciones en las que participaban más personas de todas las generaciones, en más ciudades del Sáhara Occidental, apoyando la autodeterminación de una manera más explícita, y suscitando una mayor atención del exterior. Esa preocupación por lo que sucedía en el territorio contaba con una nueva herramienta que facilitaba acceso a la información, internet. Pero hay que reconocer el papel de defensores y defensoras que comenzaban a destacar reclamando su derecho de asociación12, viajando al exterior para establecer nuevos contactos, e incluso participando como sociedad civil en el sistema de derechos humanos de la ONU. La Intifada fue reprimida fuertemente, con centenares de casos de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos y juicios irregulares. Las penas impuestas a decenas de activistas fueron rebajadas durante el año siguiente gracias a la presión internacional. Se abría una nueva etapa en la que la lenta conquista de derechos se centró en la batalla por la libre circulación, protagonizada por el Grupo de los 7 y la huelga de hambre de Aminatou Haidar13. El nuevo escenario permitió incluso que misiones de observación

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Informes al respecto: Amnistía Internacional (2010), “Broken Promises. The Equity and Reconciliation Commission and its Follow-up”. Human Rights Watch (2005), “Morocco’s Truth Commission. Honoring Past Victims during an Uncertain Present”. 12 Se han creado colectivos que han existido de manera alegal, no reconocidos por las autoridades marroquíes, como el Colectivo de Defensores Saharauis (CODESA) o la Asociación Saharaui de Víctimas de grandes violaciones de Derechos Humanos (ASVDH). Esta última ha sido legalizada finalmente durante 2015. 13 El llamado Grupo de los 7 viajó a los campamentos de Tinduf en 2009, y al regresar a territorios ocupados fue detenido. Tras tres años en los que no se llegó a celebrar juicio, fueron liberados. También en 2009 Aminatou Haidar protagonizó una mediática huelga de hambre en al aeropuerto de Lanzarote tras prohibirle regresar a El Aaiún. Finalmente las autoridades marroquíes cedieron y pudo volver al territorio.

extranjeras empezaran a acceder a territorios ocupados con más facilidad que en el pasado, cuando las expulsiones eran habituales. En ese clima de aumento progresivo de la confianza del activismo del interior, en octubre de 2010 se organizó una gran acampada a las afueras de El Aaiún, en una zona llamada Gdeim Izik. Se trataba de una respuesta imaginativa a las dificultades para organizar movilizaciones en las calles de la ciudad, fuertemente controladas por las fuerzas de seguridad. Las reivindicaciones de la protesta, que llegó a congregar a más de 15.000 personas, también tenían un trasfondo socioeconómico que permitió crear un espacio de negociación con las autoridades marroquíes. Sin embargo, el 8 de noviembre se realizó un violento desalojo que dio paso a unos días de enfrentamientos en la ciudad provocando la muerte de once policías marroquíes y tres civiles saharauis. Se detuvo a más de un centenar de personas, que en muchos casos alegaron haber sufrido torturas y se inició un juicio por la vía militar contra una veintena de activistas a los que se responsabilizó de la revuelta. En el proceso de renovación del mandato de la MINURSO en 2013, EE.UU. amagó con incluir en su propuesta de borrador de Resolución la inclusión de la vigilancia de los derechos humanos. Finalmente la idea fue desestimada por la presión de Marruecos, que era miembro no permanente del Consejo de Seguridad, y sus aliados, Francia y España. Desde entonces hemos asistido a un tiempo incierto en el que el protagonismo de la estrategia de derechos humanos ha sido desplazado por un intento del Enviado Personal de la ONU de reexaminar el fondo de la cuestión14. No ha dado resultados, y además ha desinflado una dinámica que había permitido que cada cinco años se produjeran movilizaciones masivas (Intifadas de 1999 y 2005, y Gdeim Izik en 2010), que a pesar de ser duramente reprimidas en un primer momento, arrebataban nuevos espacios de libertad a las autoridades marroquíes. En los últimos dos años se han experimentado ciertos retrocesos en el Sáhara Occidental. Se han documentado más casos de detenidos que denuncian haber sufrido torturas y malos tratos, dispersión generalizada de manifestaciones mediante un uso excesivo de la fuerza, y la expulsión de docenas de periodistas y misiones de observación extranjeras. Mientras, en Marruecos se ha obstaculizado al trabajo de Amnistía Internacional o Human Rights Watch, y se han producido duros ataques contra la libertad de prensa. Como hemos defendido, la situación de los derechos económicos, sociales y culturales no puede entenderse de manera ajena a esta realidad. El desarrollo económico de la región

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Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental (S/2014/258).

sigue siendo una apuesta estratégica en el manejo de conflicto, tal y como evidenció el discurso de Mohamed VI en los actos de celebración del 40º aniversario de la Marcha Verde. Sin embargo, los testimonios recogidos en terreno describen una situación más precaria, en la que la discriminación con respecto a los colonos marroquíes afecta sobre todo a personas activas en favor de la autodeterminación, y que se evidencia en obstáculos para disfrutar de derechos laborales, o dificultades en el ámbito académico. La política de vivienda ha respondido más bien a una estrategia de control demográfico y urbanístico del conflicto que a la satisfacción de ese derecho. Los problemas estructurales en el sistema de salud afectan especialmente a la dimensión maternoinfantil, con preocupantes consecuencias en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En hospitales públicos, se denuncia el bajo nivel del personal sanitario, las limitaciones de los recursos materiales, una escasa cobertura, y el uso habitual de sobornos. Muchas especialidades no existen en el territorio, por lo que hay que acudir a ciudades del sur de Marruecos. Estos elementos empujan a la gente a optar por el servicio privado, al igual que ocurre con el sistema educativo, que por cierto no cuenta con ninguna universidad en la región. En contraposición, la inversión en algunas infraestructuras o en el sector del turismo permite proyectar una imagen moderna hacia el exterior. Por último, se presenta lo hassani, su lengua, sus ropajes y sus costumbres, como un reclamo, pero siempre asociado a la historia de Marruecos. Una tergiversación de los derechos culturales, según las denuncias de organizaciones saharauis. Resulta complejo comprender toda esta realidad, sobre la que además siempre planea la alargada sombra del Majzen y de las élites locales, que manejan el verdadero poder económico y social. Se ha creado un sistema clientelar paralelo a la administración pública, que impregna incluso los resultados de las elecciones municipales y regionales. De esta forma, se intenta legitimar un sistema de ocupación que provoca la violación de una amplia gama de derechos humanos.

3. La población refugiada y su titularidad de derechos En la provincia argelina de Tinduf siguen viviendo miles de familias saharauis15. Huyeron de la ocupación militar y se establecieron en campamentos al mismo tiempo que se proclamaba la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Durante la guerra, y en condiciones extremadamente adversas, la estructura de esta entidad estatal quedó en

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Determinar la cantidad exacta es motivo de debate, ya que afectaría al censo de un hipotético referéndum, y también condiciona los repartos de alimentos y otras ayudas. Oscila entre los 90.000 habitantes que asumen las agencias humanitarias y los 165.000, cifra que defienden las autoridades argelinas y saharauis.

manos de las mujeres y respondió a sus estrategias de defensa de la vida, haciendo posible un mínimo acceso a atención sanitaria, alimentos, agua e incluso educación 16. Desde finales de los ochenta, la ayuda internacional empieza a llegar de una manera más organizada. A partir de 1991, tras el regreso de los hombres del frente de batalla se apuesta por una economía de mercado en los campamentos. Esta especie de capitalismo en el refugio ha facilitado la aparición de pequeños negocios para el consumo de bienes y servicios, diferentes formas de comercio con el exterior, la relativa mejora de las conexiones entre asentamientos y la irrupción masiva de vehículos. Desde 2003, la constatación de que el referéndum no va a llegar en el corto o medio plazo, ha provocado que las viviendas se construyan con materiales más estables, el acceso a red eléctrica en algunos campamentos, y la instalación de aparatos de aire acondicionado, televisión por cable o incluso internet privado en algunos hogares. La entrada de remesas de miembros en la diáspora (sobre todo en España) y las donaciones directas de familias españolas a las que se ha conocido a través del programa Vacaciones en Paz 17 completan este panorama. Aún así, se ha mantenido una fuerte dependencia de la ayuda internacional, mientras aumentaban las desigualdades entre familias con menos posibilidades y las que han aprovechado las oportunidades del libre mercado. Esto ha generado insatisfacción, una mayor exigencia de transparencia a los gestores de la ayuda humanitaria, y un aumento de la solidaridad dentro de la tribu, en detrimento del proyecto socialista inicial del Frente POLISARIO. En ese contexto, las aproximaciones al conflicto desde el enfoque de derechos se han centrado en la situación de los territorios ocupados, mientras que en los campamentos se ha mantenido la “emergencia”, el asistencialismo y la cobertura de necesidades básicas como marco de trabajo. A pesar de que se conocen propuestas centradas en el apoyo a las capacidades locales y en la participación de los titulares de derechos 18, y que con ocasión de la Cumbre Humanitaria Mundial de 2016 se ha apostado por superar las divisiones entre las actividades humanitarias y de desarrollo, pocas ONGs implementan este enfoque. Las dinámicas de dependencia han afectado psicosocialmente a una población estancada en la espera. Y es que el escenario al que hay que hacer frente en Tinduf es complejo. Las precarias infraestructuras para el reparto de agua no consiguen asegurar los 20 litros por persona y

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La Unión Nacional de Mujeres Saharauis jugó un papel clave en ese proceso, tal y como aparece en Juliano, Dolores. La causa saharaui… 17 Programa a través del que niños y niñas saharauis pasan el verano en familias de acogida españolas. 18 Martín Beristain, Carlos y Lozano, Itziar. Ni guerra ni paz…

día ni los parámetros de salubridad que recomiendan los estándares internacionales sobre este derecho. A pesar de la presencia del Programa Mundial de Alimentos, el contenido de la llamada “canasta básica” a duras penas supera las 2.100 kilocalorías por persona y día, además de que la variedad de nutrientes casi no ha evolucionado en cuarenta años de refugio. El desierto y las altas temperaturas dificultan cualquier iniciativa agropecuaria. Los altos índices de anemia en mujeres y niños, además de diversas formas de malnutrición y diabetes, siguen estando presentes, lo que también afecta a un disfrute pleno del derecho a la salud. La red de hospitales y dispensarios construidos en los campamentos no es suficiente, y no logra atender a las vulnerabilidades específicas de grupos como las mujeres, los niños, y las personas con diversidad funcional (incluidas personas mayores). A pesar de un alto índice de alfabetización, la calidad de la enseñanza está condicionada por la falta de recursos, y la escasa oferta de educación secundaria obliga a las familias a recurrir a institutos en Argelia. La población joven, sin embargo, muestra unos niveles formativos relativamente altos gracias a una política de becas universitarias en países como Cuba, y unas capacidades que no pueden ser absorbidas por el limitado sistema económico que hemos descrito anteriormente. La emigración suele ser la única salida para los jóvenes varones que sienten la obligación de sostener el gasto familiar. Las escasas oportunidades de formación y empleo afectan especialmente a las mujeres, que se han visto relegadas a los roles domésticos. En conexión con esa gama de derechos económicos y sociales, se podría decir que el disfrute de derechos civiles y políticos en los campamentos está al servicio de la unidad nacional y la lucha por la autodeterminación. Existe una constitución, pero su aplicación es parcial hasta el día de la independencia. Así se explica un sistema electoral alejado del multipartidismo, y una clase política que apenas se renueva19. Las organizaciones de derechos humanos suelen hacer referencia a abusos realizados en los campamentos contra ciertas formas de disidencia a finales de los ochenta. En los últimos tiempos, han existido algunas protestas relacionadas con casos de corrupción o tribalismo. Es la población joven la que mayoritariamente se siente discriminada, y desplazada de los espacios de toma de decisiones. Su apatía y radicalización es la mayor amenaza para la estabilidad de los campamentos hoy en día. Los derechos de las mujeres también se ven afectados tanto por visiones tradicionales de su papel en la sociedad, como por los nuevos cánones femeninos importados de países del golfo a través de la televisión, con un impacto muy

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Mohamed Abdelaziz falleció en mayo de 2016, tras haber sido Secretario General del Frente POLISARIO y Presidente de la RASD durante 40 años. Fue sustituido por Brahim Gali, un histórico fundador del movimiento.

negativo en el disfrute de sus derechos sexuales y reproductivos. Al mismo tiempo, la influencia de occidente se ha percibido como una amenaza, lo que está provocando un mayor interés de parte de la sociedad por versiones más conservadoras del islam. En paralelo, podemos advertir el surgimiento en los últimos diez años de una sociedad civil alternativa a las llamadas organizaciones de masas del POLISARIO 20. Su influencia todavía es limitada, pero cuenta con cierto margen para canalizar nuevas estrategias para el ejercicio de derechos que deberán tenerse en cuenta. A pesar de descontentos específicos, al menos de cara al exterior la población sigue apoyando al Frente POLISARIO como representante único y legítimo del pueblo saharaui. Lo cierto es que la RASD y su estructura de Ministerios tienen una importancia enorme en la situación de los derechos de la población refugiada. Su titularidad de obligaciones es innegable si se atiende a su pertenencia a una organización regional como la Unión Africana, y a la estrategia de reconocimientos diplomáticos de su Estado. Sin embargo, se suele alegar que la falta de recursos y la dependencia de la ayuda internacional limitan su capacidad para hacer frente a esas obligaciones, especialmente la obligación de realizar derechos económicos y sociales. En ese sentido, la ONU no puede desentenderse de sus obligaciones con respecto a esta población refugiada. La comunidad internacional, y especialmente España, tampoco. Nuestros Gobiernos han excusado su acercamiento a las tesis marroquíes con el argumento de ser uno de los principales donantes para la población refugiada. Tras la crisis, los recortes en Ayuda Oficial al Desarrollo han sido escandalosos, bajando del 0,46% del PIB en 2009, al 0,13% en 2015. Los campamentos, a pesar de mantenerse como zona prioritaria, han sufrido la desaparición de proyectos, sobre todo procedentes de la ayuda descentralizada. Recordamos, por último, que esta población ha sido víctima de bombardeos y de una ocupación militar por parte del Reino de Marruecos, y que la reparación de esos abusos sigue siendo una asignatura pendiente.

4. Conclusiones. Es evidente que como consecuencia de la no implementación del derecho a la libre determinación del pueblo Sáhara Occidental, se están produciendo una gran cantidad de violaciones de derechos humanos. Olvidar la raíz del problema sería un error, pero centrarse solo en ese derecho colectivo sería negar las opciones reales de mejora en la vida de miles de personas hasta que se produzca la resolución definitiva del conflicto.

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Además de la UJSARIO (Unión de Jóvenes) la UNMS (Unión de Mujeres) o a la UGTSARIO (Unión de Trabajadores), han surgido grupos y colectivos de jóvenes con nuevos discursos basados en los derechos humanos, la no violencia y la participación comunitaria.

El carácter interdependiente e indivisible de los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales se demuestra en la cronología que hemos conocido. Por cómo los patrones represivos afectan a ambas categorías, y por cómo son defendidos de una manera integral desde las estrategias de los y las activistas saharauis. Dichas estrategias han provocado cambios en los tipos de violaciones de derechos humanos de una manera cíclica. Cuanto mayor ha sido la represión, más iniciativas de defensa de derechos se han desplegado por parte del activismo del interior. Y cuanto más se ha profundizado en esas estrategias, mayor ha sido la atención internacional, que a su vez ha obligado a las autoridades marroquíes a rebajar los niveles de represión. Gracias también a la influencia de otros factores de contexto, hemos asistido a una lenta conquista de derechos y libertades que ha permitido que en veinte años (1990-2010) el escenario haya cambiado totalmente. A pesar de los constantes avances y retrocesos, parece posible que la situación en los territorios ocupados siga mejorando en los próximos lustros gracias a esta dinámica. La nueva etapa va a estar macada por una serie de cambios en los liderazgos, no solo en el Frente POLISARIO, sino también en la Secretaria General de la ONU, los Gobiernos de España, Estados Unidos, Francia y probablemente Argelia. Resulta improbable que las posiciones de estos titulares de obligaciones vayan a mejorar, preocupados por el terrorismo yihadista y la posibilidad de que la influencia del Estado Islámico se extienda hacia el Sahel. Una baza que Marruecos puede jugar fácilmente a favor de sus intereses. En los campamentos, mientras tanto, la mayoría de la población joven no sabe cómo canalizar el descontento que le produce la no resolución del conflicto y la imposibilidad de trazar un proyecto vital. Sin embargo, surgen grupos que se organizan ante la falta de oportunidades en un interesante ejercicio de resiliencia colectiva. Del mismo modo, las mujeres reivindican el importante papel que han jugado en la historia del pueblo saharaui, un aumento de su representación en los espacios de toma de decisiones, además de la incorporación de la perspectiva de género al proceso de construcción de paz21. Es necesario cambiar el modelo de asistencia humanitaria reconociendo la titularidad de derechos de la población refugiada, especialmente de jóvenes y mujeres, y acompañar a la incipiente sociedad civil en sus iniciativas. La apuesta por el enfoque de derechos, entendida de manera integral y a largo plazo, debería ser capaz de transformar este conflicto y ofrecer un escenario en el que su resolución sea finalmente posible. Hasta que llegue ese momento, e incluso 21

Elementos muy presentes en la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre “mujer, paz y seguridad”.

posteriormente, esa estrategia abrirá caminos para que las personas, capaces de enfrentar cualquier sistema represivo, defiendan su dignidad.

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