Reforma electoral: cómo, cuándo, y para qué (Bastión Digital)

Juan Pablo Ruiz Nicolini – BastionDigital (28 de agosto de 2015)

Reforma electoral: cómo, cuándo, y para qué El lunes pasado concluyó una parte importante del proceso electoral. No lo hizo de la mejor manera, queda claro. A los problemas registrados durante el día de la votación (algunos de los cuales nombré en un informe de los #CuadernosElectorales de CIPPEC) se sumó la represión a una movilización que reclamaba transparencia en las elecciones. Para estos hechos no cabe otra cosa que el repudio enfático y categórico. Si la represión es la del 19 de diciembre de 2001, la de la Policía Metropolitana en el Hospital Borda de la Ciudad de Buenos Aires o la del domingo por la noche no tiene que ser una variable para su condena. Punto. Sí creo que es necesario resaltar algunas cuestiones relativas a la gobernanza electoral. Marcelo Escolar sostiene que esta “se ocupa de diseñar, gestionar, administrar y certificar el proceso mediante el cual se accede al poder en contextos políticos democráticos”; y, como la imagen espejada de un sentido común que pone el énfasis sobre la confianza, se trata de la administración de la desconfianza (de los actores hacia el proceso electoral) y de la incertidumbre (falta de sesgos) en los resultados. Vale la pena destacar que la Junta Electoral Provincial (JEP) es la encargada de la administración del proceso electoral. El órgano debería estar integrado por tres miembros: el presidente del tribunal superior (Antonio Gandur), el vicegobernador de la provincia (que competía en las elecciones, por lo que debía ocupar su lugar quien/es le seguía/n en la línea de la Legislatura) y el ministro fiscal de la Corte Suprema. Pocas horas antes de que se diera inicio a los comicios, como informó el diario La Gaceta, “la sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo hizo lugar a un planteo del opositor Acuerdo para el Bicentenario (ApB) y separó a los vocales (Edmundo) Jiménez (ministro de la Corte) y (Beatriz) Bordinaro de Peluffo (legisladora)”. La JEP funciona entonces con sólo uno de los miembros naturales (su presidente) y con una fiscala nombrada por éste, a pedido del ApB. En su primera conferencia de prensa Gandur, dijo: “durante el acto electoral no creo que haya habido más de 32 denuncias, pero no esenciales”; ”hasta aquí, no vieron ningún tipo de fraude tras las elecciones en Tucumán”; “si todos consideran que hay que observar todas las urnas, se abrirán todas las urnas”; “las denuncias las reservamos; cuando llegue el momento de los escrutinios de esas urnas se las analizará”. Pero, como señaló Indalecio Sánchez en su última columna -también en La Gaceta-, es posible que sobrevuele por ahí el fantasma del fraude. Creo que sobre ello es legitimo preguntarse, más allá de las responsabilidades y falencias que puedan caberle a la

Juan Pablo Ruiz Nicolini – BastionDigital (28 de agosto de 2015) autoridad de aplicación del proceso electoral (la JEP), qué es lo que hacen los protagonistas políticos en este contexto. Porque quemar urnas no es fraude; es otro delito, igualmente condenable. Sugerir que las diferencias entre telegramas y lo cargado online es muestra de fraude tampoco es sensato; el proceso de validación legal de los comicios incluye una cadena de elementos en la cual los certificados de escrutinio de fiscales y la carga de datos son los últimos eslabones. La duda sobre el proceso es la lógica inherente a cualquier sistema de votación; está bien que así sea. La administración de ella es un problema tanto técnico como político. Se deberán anular las mesas que corresponda; se deberá llamar a complementarias en otros casos y, si la autoridad legal así lo considera, se deberá suspender la elección. Pero lo actuado por las partes políticas no parece estar respetando esta dinámica. La conferencia de prensa del diputado José Cano junto a varios precandidatos presidenciales en Buenos Aires creo que puede analizarse a partir de esto último. Una parte central se concentró en el reclamo de una reforma política, que para algunos debería implementarse incluso en las elecciones presidenciales de octubre. Hacer modificaciones en medio del proceso electoral puede ser algo muy perjudicial para el sistema. La columna de Julio Burdman en Bastión propone una muy buena explicación del debate nacional que generó la elección de Tucumán. Es fundamental destacar que se trata de dos arenas de competencia distinta, y son diferentes las autoridades que las regulan y las controlan. Si ponemos el foco únicamente en el sistema tucumano, creo que también es necesario resaltar la dificultad que asoma detrás de un proceso de reforma política. Considero muy necesario modificar el sistema de acoples. Para hacerlo no solamente se precisa un debate amplio y profundo, sino que se requieren consensos políticos. Y las reformas van más allá de la elección de un sistema como el vigente, una boleta única en papel (como las variantes de Córdoba o Santa Fe) o de voto electrónico (como en Salta o la CABA). Ningún sistema per se eliminaría varios de los problemas registrados el domingo último; y, en cambio, podrían agregar algunos más. Para decidir nuevas reglas hay que tener un claro diagnóstico de los problemas actuales y cuáles son los resultados que se esperan. Las reglas no son neutrales, son distributivas. En un contexto democrático, quienes impulsan las reformas probablemente están buscando maximizar su cuota de poder; pero al mismo tiempo necesitan legitimar las reglas a partir de las cuales promueven ese objetivo. La negociación política en los procesos de reforma es la que terminará afectando los equilibrios institucionales.