REFLEXIONES SOBRE ESTADO, INTEGRACIÓN Y MIGRACIÓN EN AMÉRICA LATINA HOY Blanca L. Cordero Díaz, Carlos Figueroa Ibarra, Pedro Hernández O., Giuseppe Lo Brutto, María da Gloria Marroni (Editores)

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Directorio Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Alfonso Esparza Ortiz Rector

René Valdiviezo Sandoval Secretario General

Francisco M. Vélez Pliego Director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”

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Reflexiones sobre Estado, integración y migración en América Latina hoy

Blanca L. Cordero Díaz, Carlos Figueroa Ibarra, Pedro Hernández O., Giuseppe Lo Brutto, María da Gloria Marroni (Editores)

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Agradecimiento

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ste libro representa un paso más en el camino de trabajo del Cuerpo Académico BUAP-Promep/195, “POLÍTICA Y DESARROLLO” conformado por cinco profesores-investigadores del Posgrado de Sociología Política y del Desarrollo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), (coautores o autores de los capítulos de la obra), un cuerpo de investigación y docencia creado por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades "Alfonso Vélez Pliego" (ICSyH) de dicha Universidad. La gratitud de los Editores se extiende, ante todo, a nuestros alumnos que han participado regularmente en el “Seminario de Investigación Permanente de Sociología Política y del Desarrollo” como miembros del Programa de Doctorado (Sociología), Generaciones 2011-2013. Sin ellos y el diálogo que ellos han venido provocando en ese seminario, y, también, sin la participación de algunos de ellos en la autoría (conjunta) de los ensayos que lo componen, este libro, no podría nunca haber llegado a ser una realidad. Nuestra gratitud es también grande para las autoridades de la Vicerrectoría de Docencia que sostiene y alienta las labores del Promep-SEP en nuestra Alma Mater y a la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado por el interés sostenido en ayudar a nuestras investigaciones con algunos fondos de viajes o trabajos de campo. Por último, pero igualmente grande y sostenida, nuestra gratitud a la Dirección del ICSyH, (actual y como inmediatamente anterior), por el apoyo y atención a nuestra labor y a la divulgación de nuestros esfuerzos. CORDIALMENTE, LOS EDITORES

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Primera edición: agosto 2015 D.R. © Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Av. Juan de Palafox y Mendoza 208, Centro Histórico C.P. 72000 Puebla, Pue. Tel. 229 55 00, ext. 3131 www.icsyh.org.mx © Blanca L. Cordero Díaz, Carlos Figueroa Ibarra, Pedro Hernández O., Giuseppe Lo Brutto, María da Gloria Marroni © Plaza y Valdés, S. A. de C. V. Manuel María Contreras, 73. Colonia San Rafael. 06470, México, D. F. (México) (52) 555097207 e-mail: [email protected] www.plazayvaldes.com.mx Plaza y Valdés S.L. Murcia, 2. Colonia de los Ángeles. 28223, Pozuelo de Alarcón. Madrid (España) (34) 918126315 e-mail: [email protected] www.plazayvaldes.es Formación tipográfica: José Guadalupe Rivera Arroyo ISBN: 978-607-402-823-2 (PyV) ISBN: 978-607-487-903-2 (BUAP) Impreso en México / Printed in Mexico Este trabajo se desarrolló en el marco Cuerpo Académico BUAP-PROMEP/195, "Política y desarrollo" Dictaminado por: Dra. Ma. Isabel Castillo Ramos/ Universidad Autónoma de Tlaxcala Dra. Diana Lucrecia Guillén Rodríguez y Dra. Guadalupe Rodríguez de Ita/ Instituto Dr. José María Luis Mora El trabajo de edición de la presente obra, fue realizado en el taller de edición de Plaza y Valdés, ubicado en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte en la ciudad de México, gracias a las facilidades prestadas por todas las autoridades del Sistema Penitenciario, en especial, a la Dirección Ejecutiva de Trabajo Penitenciario.

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Contenido Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Primera Parte El populismo y lo nacional-popular en América Latina . . . . . . . . . Octavio Humberto Moreno Velador y Carlos Figueroa Ibarra El laberinto de la integración estratégica de América Latina en el siglo XXI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giuseppe Lo Brutto y Carlos Otto Vázquez Salazar

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Segunda Parte Entre Don Quijote y Juan Diego: Los mexicanos en EE. UU. La emigración mexicana y sus valores. (Reflexiones desde la Sociología) . . . . . . . . . . . . . . Pedro Félix Hernández Ornelas

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Migración internacional femenina, división sexual del trabajo y servicios de cuidado . . . . . . . . . . . . María da Gloria Marroni y Leticia Díaz Gómez

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La construcción histórica de la “ilegalidad” migratoria del migrante mexicano indocumentado en Estados Unidos . . . . . . . Ada Cabrera García y Blanca Laura Cordero Díaz

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Salir para ser alguien. Reflexiones para acercarse a la experiencia de jóvenes indígenas universitarios . . . . . . . . . . . José Cervantes Sánchez

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Acerca de los autores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Introducción

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oy en día los análisis en torno al Estado, la integración y la migración en América Latina son fundamentales para entender a nuestro continente y los cambios generados que ponen en tela de juicio al sistema capitalista. En ese sentido, el análisis con un enfoque metodológico crítico al sistema dominante sobre el papel de los gobiernos progresistas en América Latina, la integración latinoamericana y la migración es indispensable para reflexionar sobre los fenómenos políticos, económicos y sociales en nuestra región. Observamos, al mismo tiempo, estos fenómenos como una totalidad y con una visión desde distintos ángulos: la cara y la cruz del objeto de estudio en cuestión. La primera parte de este libro está dedicada al estudio de los gobiernos progresistas, al concepto de populismo y a los procesos de integración que se están dando en nuestro continente como propuesta contrahegemónica. Lo que se desprende de éste es cómo el laboratorio político, económico y social latinoamericano puede ser el leitmotiv para que se empiecen a consolidar los cambios que ya desde una década y media se están dando en la sociedad latinoamericana. Tal como señalan Octavio Moreno y Carlos Figueroa en el primer capítulo de este libro “El populismo y lo nacional-popular en América Latina”, hoy los gobiernos que se encuentran presentes en países como Venezuela, Bolivia y Ecuador han despertado una fuerte polémica sobre la conceptualización que se puede hacer sobre ellos. A este respecto se ha esgrimido el populismo para intentar describirlos, sin embargo, estos gobiernos y sus fuerzas sociales propulsoras los dotan de características particulares que hacen imposible definirlos bajo este concepto. En opinión de estos dos autores, es indispensable ofrecer una propuesta conceptual para describirlos a partir de sus características particulares. Moreno y Figueroa proponen una perspectiva que concibe al populismo como un fenómeno asociado históricamente a la inclusión económica y sociopolítica en los Estados Latinoamericanos, sin desconocer los problemas que desarrollaron, tales como el clientelismo y el corporativismo. A partir

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de esta crítica al populismo ofrecen una alternativa conceptual de lo nacional-popular, adecuándola a lo que consideran las condiciones del momento histórico actual y de los procesos que se buscan caracterizar. Para los autores la influencia de la participación ciudadana y popular desde la sociedad civil ha resultado fundamental en estos procesos; proponen a ésta como el elemento central que diferencia a estos Estados del populismo y en general de la situación históricamente predominante en los diferentes tipos de gobierno en América Latina. A diferencia de los populismos latinoamericanos del siglo XX, en estos procesos la incorporación a los gobiernos no es vertical sino horizontal, y con importantes diferencias respecto a los procesos democráticos procedimentales. Por otro lado, Giuseppe Lo Brutto y Carlos Vázquez, en el segundo capítulo de este libro “El laberinto de la integración estratégica de América Latina en el siglo XXI”, ofrecen un panorama que guardan los nuevos mecanismos de integración y cooperación en América Latina y el Caribe en la segunda década del siglo XXI. Se refieren particularmente a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur); muestran sus principales avances y desafíos e identifican la integración como un proceso en disputa entre quienes pretenden una vinculación estrechamente articulada a los intereses estadounidenses en la región y quienes la buscan con mayores grados de autonomía respecto a dicha propuesta. Al mismo tiempo, Lo Brutto y Vázquez abordan en su análisis la importancia de los recursos naturales en América Latina y El Caribe —el acceso, gestión, dominio y defensa de los mismos. Señalan la necesidad de su apropiación y utilización de manera soberana, como uno de los pilares de desarrollo y eje de reposicionamiento de un regionalismo sustentado en una visión estratégica, en un escenario de creciente complejidad producto de la reconfiguración hegemónica en marcha y de la emergencia de un mundo multipolar. Ambos capítulos muestran cómo hoy el análisis del laboratorio político, económico y social latinoamericano resulta fundamental para entender el desarrollo como cambio social, pero sobre todo para entender a Latinoamérica como un territorio en disputa en donde se contraponen visiones distintas de sociedad y maneras diferentes de ejercer el poder. La segunda parte de este libro, aborda otro tema importante para reflexionar en torno al desarrollo en América Latina, es decir, la migración a la que están abocados parte de los miembros de nuestro Cuerpo Académico; una temática que no está ajena al tema de la integración latinoamericana, sea desde el punto de vista de sus individuos, sus grupos étnicos, sus regiones o sus naciones. Los procesos migratorios implican en sí mismos una discusión sobre las diversas formas y disyuntivas con que

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se mira al inmigrante como “el otro”, así como los mecanismos por los cuales este “otro” es capaz de situarse y ser recibido en la sociedad donde está asentado. Estos procesos han conformado uno de los temas más prolíficos y polémicos en las Ciencias Sociales y en las políticas migratorias desde el comienzo del siglo XX: las teorías asimilacionistas, el transnacionalismo, las interpretaciones relacionadas a la asimilación segmentada y el multiculturalismo han sido escenarios discursivos académicos y de la gestión de la migración, presentes en donde aparece la cuestión migratoria. El primer trabajo de esta segunda parte empieza con el artículo de Pedro Ornelas “Entre Don Quijote y Juan Diego: los mexicanos en USA. La emigración mexicana y sus valores (Reflexiones desde la Sociología)”. Como su nombre dice, se trata de un análisis de la presencia de valores en la sociedad mexicana, a través de la consulta de una fuente sobre el tema, Los valores de los mexicanos, publicado por el Fomento Cultural Banamex. A partir del análisis de esta encuesta el autor concluye con observaciones de la diferencia de valores en la sociedad mexicana y americana, así como la necesidad de encontrar una manera adecuada para la construcción de una sociedad más humana en aquel país. El tema de los diferentes valores prevalecientes en las sociedades mexicana y norteamericana ha sido uno de los más constantes y amplios en los estudios migratorios desde su origen. Se atribuye a la pionera obra de Manuel Gamio la puesta en discusión de las implicaciones de estas diferencias en ambos países. En la época de la obra de Gamio, la migración mexicana ya se hacía notar y era motivo de preocupación mutua, precisamente por las diferencias culturales y en el modo de vida de los migrantes. Del lado americano se percibía la entrada cada vez mayor de mexicanos como una amenaza para la organización y los cimientos de la sociedad americana, y que causaba desórdenes y rupturas en los valores consagrados por esta sociedad. No muy diferente era la perspectiva de las comunidades expulsoras de los migrantes en México. Ellos eran considerados, de alguna manera, como traidores a los valores más preciados de la nación. Dado que la migración de estos sujetos a menudo era circular, era común asociar su retorno desde Estados Unidos con prácticas disruptivas; así el alcoholismo, el cambio religioso y cultural, la moral sexual y el consumismo fueron algunos de los problemas achacados a la influencia perniciosa de la migración de mexicanos a Estados Unidos. Con el pasar de los lustros, las transformaciones en los procesos migratorios, la nueva integración regional, la constitución de minorías étnicas de origen hispano en Estados Unidos y el reconocimiento de la aportación de éstas al desarrollo del país, introdujeron una concepción más humanista de las diferencias culturales y del efecto de la migración en ambas sociedades, al encontrar efectos positivos de los procesos

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o mayores coincidencias entre los grupos. Sin embargo, este proceso no ha sido lineal y no se ha podido borrar en el imaginario de grupos conservadores norteamericanos la imagen negativa de la migración mexicana en aquel país. Esta cuestión se ha acentuado en los periodos de crisis, como suele acontecer en otros contextos; la xenofobia de los países huéspedes procura desplazar a los migrantes el costo de las crisis y los transforma en chivos expiatorios de ellas. En todo caso, la discusión de los valores de las diferentes culturas que entran en contacto en los procesos migratorios siempre es pertinente. El segundo trabajo de este grupo aborda los problemas de los procesos migratorios, vinculados a la reorganización neoliberal del mundo del trabajo. En su artículo “Migración internacional femenina, división sexual del trabajo y servicios de cuidado”, María da Gloria Marroni y Leticia Díaz Gómez abordan uno de los fenómenos más característicos de la internacionalización de los mercados de trabajo en esta nueva etapa del capitalismo: la feminización de la migración. Como bien señalan las autoras, el aumento de la participación femenina en los mercados de trabajo mundializados es un hecho incuestionable que ha permitido la visibilización de las mujeres en los desplazamientos mundiales. No es que ellas no estuvieran presentes en las anteriores etapas de la migración, sino que ahora es evidente que los nuevos sistemas productivos, basados en la flexibilización y precarización del trabajo, son particularmente atractivos para la incorporación de las mujeres en su dinámica. Como se destaca también en el artículo, no es un fenómeno novedoso y sin antecedentes; el modelo de acumulación neoliberal se sirve de los antiguos marcos de la división sexual del trabajo para incorporar a las mujeres de manera más subordinada: refuerza y actualiza los preceptos de esta división que establece la separación entre las tareas de producción y reproducción, desvaloriza los quehaceres considerados femeninos en la jerarquía del mundo laboral y, en consecuencia, precariza las condiciones de trabajo de estos nuevos sujetos. La mujer migrante, como se señala, es el sujeto ideal para cubrir los nichos de trabajo creados en los países desarrollados a partir del neoliberalismo, que la literatura europea designa como los nuevos yacimientos de empleo. Entre éstos se encuentran los servicios de cuidado, asociados evidentemente a las destrezas y habilidades “naturales” del sexo femenino. En el artículo las autoras analizan las nuevas condiciones del trabajo de reproducción generadas por las estructuras neoliberales y que no pueden ser cubiertas por los mecanismos de antaño, basados en la solidaridad, la división sexual del trabajo entre las mujeres de un mismo grupo y no monetarizados. Como se puede notar en el mismo artículo, la propia caracterización de servicios de cuidado ha sido objeto de amplias discusiones académicas y de política social, que rebasan al concepto de trabajo doméstico; destaca la polémica sobre el trabajo sexual

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y su incorporación al concepto. Más que una discusión de corte meramente teórico, se quieren destacar las condiciones de vulnerabilidad con que las mujeres entran en los circuitos migratorios (como ilegales y pobres). En estas condiciones ellas se tornan un insumo preciado para el comercio e industria sexual y de entretenimiento, asimismo son víctimas de trata, abuso y hasta de formas modernas de esclavitud. Esta condición de ilegalidad no es un atributo exclusivo de las mujeres, sino una característica de los nuevos procesos migratorios como bien desarrollan Ada Cabrera García y Blanca Cordero Díaz en su artículo “Elementos que han contribuido a producir la condición de ʻilegalidad’ del migrante mexicano sin documentos en Estados Unidos”. Con base a los planteamientos de diversos autores, como De Genova, de que la ilegalidad no es “un mero detalle” jurídico, las autoras incursionan en la tesis que la producción de la ilegalidad tiene razones más allá de los vericuetos institucionales. Se trata de una forma de disciplinar y precarizar la fuerza de trabajo, proceso que es facilitado por la oferta de una gran fuerza de trabajo, procedente de los países subdesarrollados, y dispuesta a integrarse a los mercados laborales en otros países, aun en condiciones degradas. Como también hacen notar las autoras, estos procesos presentan una variedad sociohistórica y configuraciones particulares, pero el caso mexicano es muy emblemático por el flujo masivo históricamente constante de migrantes —quienes constituyen alrededor de 60 % de los migrantes irregulares que se encuentran en Estados Unidos. Las autoras hacen un recorrido sobre los antecedentes jurídicos que conforman una base de la legislación sobre la cuestión migratoria; resulta interesante en esta visión histórica que aun en el periodo anterior al neoliberalismo, denominado como la primera ola de migración (del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo xx), en las políticas públicas del gobierno norteamericano consideradas favorables a la entrada de los extranjeros, ya se observaban ciertas restricciones a poblaciones “no deseadas”. Se puede encontrar ya en el periodo la discusión sobre conflictos raciales y étnicos que afectaban la consolidación de la nación norteamericana y que podrían ser la base para la posterior construcción de la ilegalidad. Con estos antecedentes el artículo aborda enseguida el punto central en la polémica de la cuestión migratoria reciente en los Estados Unidos; no se puede abordar este tema sin señalar el contexto más general, dado por la lógica del padrón de explotación neoliberal y la consolidación de “una política migratoria centrada en el control, la restricción y la criminalización de la migración indocumentada”, en palabras de las mismas autoras. El endurecimiento de la frontera con la creación de instrumentos policiacos y de vigilancia, el aumento de los recursos y efectivos de la Border patrol, la ampliación de bardas y otros recursos tecnológicos, conducente a fortalecer el aparato de seguridad para controlar los flujos de ilegales, son las medidas de política migratoria

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norteamericana posiblemente de mayor impacto mediático, pero esta política no se agota ahí. Otro fenómeno es particularmente grave y de manera progresiva empieza a incorporarse al debate, como lo plantean las autoras en la introducción de su trabajo: las condiciones de ilegalidad son también condiciones de “deportabilidad”; de ahí que la segunda parte ilustra con datos fidedignos cómo la deportación de ilegales, especialmente mexicanos, ha sido probablemente la dimensión más deshumana de las políticas recientes del gobierno de Obama. Este boom de la migración mexicana a Estados Unidos, notable a partir de los ochenta, con sus alcances internos y los problemas bilaterales entre los dos países, ha oscurecido un fenómeno de movilidad poblacional no menos importante, aunque de alguna manera olvidado en la literatura: la migración interna. Hoy se observa un repunte de este enfoque, que el trabajo de José Cervantes Sánchez, “Salir para ser alguien. Reflexiones para acercarse a la experiencia de jóvenes indígenas universitarios”, retoma de manera oportuna y cierra este grupo de artículos de la segunda parte. No se trata de refuncionalizar las teorías de migración interna que proliferaron en América Latina y México en especial durante los años sesenta, setenta y ochenta del siglo pasado. Sin dejar de reconocer que estas interpretaciones ofrecieron aportes significativos para explicar la movilidad demográfica, hoy se requieren nuevas síntesis sobre el tema. Se habla inclusive de la necesidad de establecer una mayor relación entre los procesos internos y externos de movilidad. El trabajo de José nos ubica en esta nueva perspectiva en donde Optar por una educación universitaria, para un joven indígena, supone necesariamente una disposición inicial que hace que estudiar tenga sentido, y se expresa, sobre todo, en la disposición a moverse, a trasladarse, primero geográficamente, para después intentar moverse socialmente. En ese movimiento los jóvenes indígenas viven en tensión entre sus matrices culturales, que son puestas en duda al permanecer invisibles, y los modelos que les son propuestos como deseables, por los que vale la pena trabajar, desvelarse, aguantarse, con la esperanza de un día, según sus palabras, llegar a ser alguien.

Es de todos sabido que cuatro siglos de colonización han consolidado una sociedad mexicana que menoscabó y buscó anular su componente indígena y desarrolló un fuerte racismo no exento de ambivalencias: el indígena histórico, “el indio muerto”, la civilización hispánica es exaltada casi en la misma medida en que el desprecio por sus descendientes actuales se percibe de las más distintas maneras. El problema no está resuelto y las medidas para manejar estas contradicciones han sido enfocadas bajo distintas políticas indigenistas. Actualmente, parte de estas políticas convergen en programas de acción afirmativa para grupos indígenas, dentro de los cuales las becas o recursos similares son destinados a las minorías étnicas para facilitar su

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ingreso a las universidades. José se propone trabajar los efectos de este programa y nos muestra en un avance de su investigación algunas de sus implicaciones: el acceso a la educación superior de los indígenas, sea través de este programa o de otros, no garantiza una integración en condiciones de igualdad en el conjunto de la sociedad mexicana; pero sería arriesgado afirmar lo contrario, que estos programas no tienen ninguna efectividad. Lo mejor es retomar la expresión del autor: “El acceso de los indígenas a la educación superior, asignatura pendiente”. Finalmente, en las cuestiones de migración, y para regresar a las temáticas de integración latinoamericana propuestas en este volumen, México se encuentra también en una disyuntiva. Ubicado en las estadísticas migratorias como parte de América del Norte o de Centroamérica, la política del gobierno y sus élites adopta los postulados impuestos por Estados Unidos, de considerar la cuestión como un elemento de seguridad nacional; instrumenta esta política al controlar y criminalizar los flujos de extranjeros que transitan por su territorio para alcanzar Estados Unidos, inclusive las corrientes constituidas por los propios mexicanos. Es común la afirmación que la política migratoria de México es no tener política, otro postulado discutible. Sea por acción o por omisión México sigue los lineamientos dictados por Estados Unidos; México se aleja de su vocación latinoamericanista en lo que dice respecto a la administración de la cuestión migratoria adoptada en América del Sur. En ese subcontinente las políticas de integración regional expresadas en varios instrumentos y tratados pasan por incluir el tema migratorio bajo una perspectiva de seguridad humana y no de seguridad nacional. Esto incluye mecanismos de legislación de libre circulación laboral, de las personas y el respeto de los Derechos Humanos de los migrantes en estas políticas. Más que nunca se abren algunas interrogantes que pueden ser motivo de debate para trabajos futuros sobre el papel de América Latina frente a los cambios que ponen en cuestionamiento al mismo sistema capitalista: ¿Podrá la participación ciudadana y popular desde la sociedad civil seguir teniendo la fuerza para continuar con los cambios estructurales que se están dando en algunos países de América Latina? ¿Pueden el ALBA y la Unasur generar aún más espacios de autonomía y fuerza para frenar por un lado los intereses estadounidenses en la región y por otro lado, ser la base política, económica y social para fortalecer la propuesta contrahegemónica y de izquierda latinoamericana? ¿Será México capaz de retomar su liderazgo latinoamericano, basado en la solidaridad con los pueblos del Hemisferio, como desempeñó anteriormente? ¿Podrá contribuir a una política de integración regional donde los migrantes no sean criminalizados y se establezcan mecanismos de libre circulación de las personas y respeto a sus Derechos Humanos? Cada una de estas preguntas toca los temas debatidos en este libro. Queda la tarea que sólo puede ser realizada a partir de su recepción.

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El populismo y lo nacional-popular en América Latina Octavio Humberto Moreno Velador Carlos Figueroa Ibarra

Introducción

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os gobiernos que actualmente se encuentran presentes en países como Venezuela, Bolivia y Ecuador han despertado una fuerte polémica sobre la conceptualización que se puede hacer sobre ellos. A este respecto se ha esgrimido el populismo para intentar describirlos, sin embargo, estos gobiernos y las fuerzas sociales que los han propulsado los dotan de características particulares que hacen imposible conceptualizarlos bajo este concepto. En este trabajo se ofrece una propuesta conceptual para describir a estos regímenes a partir de una serie de características que se puede apreciar en ellos. En una primera parte elaboramos una crítica a las perspectivas que han intentado definir a estos gobiernos y el tipo de Estados que construyen como “populistas”. Esta crítica se ha hecho en el entendido de que éste es algo negativo y dañino para las sociedades. En un sentido contrario, nosotros proponemos una perspectiva que concibe al populismo como un fenómeno asociado históricamente a la inclusión económica y sociopolítica en los Estados Latinoamericanos, aunque no desconocemos los problemas que desarrollaron: el clientelismo y el corporativismo. A partir de esta crítica al populismo y la presentación de una serie de características que poseen los gobiernos en cuestión, ofrecemos la alternativa conceptual de lo nacional-popular. Dicha propuesta aunque ya antiguamente ha sido presentada por diferentes autores (Gramsci, 1984; Portantiero, 1981), nosotros la ofrecemos adecuada a lo que consideramos las condiciones del momento histórico actual y de los procesos que buscamos caracterizar.

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Insistimos en el hecho de que en estos procesos ha resultado fundamental la influencia de la participación ciudadana y popular desde la sociedad civil. En este sentido se propone a la participación como el elemento central que distingue a estos procesos de los populismos, y en general de la situación que ha predominado en otros momentos en los diferentes tipos de gobierno que se han presentado en América Latina. A diferencia de los populismos latinoamericanos del siglo XX en estos procesos la incorporación a los gobiernos no es vertical sino horizontal, y con importantes diferencias respecto a los procesos democráticos procedimentales.

El populismo en los tiempos del neoliberalismo El concepto con el que han sido intentados describir los procesos políticos en Bolivia, Venezuela y Ecuador por una parte del mundo académico ha sido el de populismo. Esta es una categoría que ha experimentado un resurgimiento tanto en las ciencias sociales como en los espacios de opinión pública, y si bien la falta de un acuerdo sobre el significado de lo que es el populismo se mantiene, en el plano de la competencia y confrontación política la “acusación” de ser populista, o ejercer un tipo de gobierno populista, ha sido una constante en los tiempos más recientes. Sostenemos que el populismo se ha convertido en el nuevo gran “otro” de la política latinoamericana, construido literaria y mediáticamente como una gran amenaza que se cierne sobre la zona. Desde nuestra perspectiva para entender esta transformación es necesario reconocer las transformaciones en el pensamiento económico y político asociadas al neoliberalismo y el procedimentalismo democrático.1 De acuerdo con los aportes de la sociología política latinoamericana, un elemento central de los llamados gobiernos populistas latinoamericanos de mediados del siglo XX fue la implementación de una política económica basada en la Industrialización con Sustitución de Importaciones (ISI), que permitió la industrialización nacional y al crecimiento del mercado interno de consumo, posibilitando la inclusión socioeconómica de grandes agregados populares. De acuerdo con la perspectiva de Octavio Ianni (1975), esta era una política económica que aspiraba a lograr independencia en las economías nacionales respecto del control económico internacional.

1 La caracterización del populismo como una amenaza lo hemos analizado más exhaustivamente en Figueroa y Moreno (2008).

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EL POPULISMO Y LO NACIONAL-POPULAR EN AMÉRICA LATINA

Dicho modelo gozó de resultados favorables desde los años cuarenta hasta los años setenta, un largo período en el que países como Argentina, México y Brasil crecieron a un promedio anual de 5 por ciento. Sin embargo, en los años ochenta este modelo económico comenzó a colapsar debido a que el proteccionismo no permitió el incremento de la productividad, acarreando efectos de baja en los salarios y en la recaudación fiscal. Ambas condiciones hicieron imposible continuar con una economía subsidiada, generando estancamiento e inflación, provocando su derrumbe macroeconómico (Cardoso y Helwege, 1992: 60-62). En estas circunstancias en numerosos gobiernos nacionales se generó la idea de que las problemas de desigualdad en el ingreso, la provisión de servicios públicos, y en general la política social, no eran factibles de resolver mediante la inversión directa de recursos públicos, y decidieron orientar sus políticas hacia los modelos neoliberales impulsados por organismos económicos internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además se dio pie a la formación de una imagen sobre el populismo íntimamente relacionada con la debacle económica, la corrupción y el clientelismo político. En esencia, se asumió como el problema central del populismo la intención de resolver los problemas de desigualdad mediante el uso de políticas macroeconómicas demasiado expansivas. Políticas que recurrían al “financiamiento deficitario, a los controles garantizados y a descuidar los equilibrios económicos básicos”, llevando “casi inevitablemente a grandes crisis macroeconómicas que han acabado por lesionar a los segmentos más pobres de la sociedad” (Dornbusch y Edwards, 1992: 9). Conforme el Estado populista sufrió del debilitamiento de sus bases económicas, los problemas para la continuación de su proyecto político se multiplicaron. Los sectores de la economía privada asumieron que el keynesianismo económico había generado demasiadas pérdidas y comenzaron a apelar por un retorno del laissez-faire, el retorno a un capitalismo con menos trabas (Klein, 2007: 87). Este escenario se presentó en buena parte de los países en los que el populismo y su alianza de clases se derrumbó, abriendo paso a las transformaciones sociales y económicas propias de la época dominada por el neoliberalismo económico. Como ya ha sido señalado por numerosos analistas, el impulso de las reformas económicas neoliberales tuvo como bases la desregulación económica, la privatización de empresas estatales y una serie de recortes presupuestales en los servicios sociales, iniciativas que implicaron la pérdida de buena parte del terreno ganado durante largos años por los ciudadanos y grupos populares en los populismos y dentro de los modelos nacional-desarrollistas latinoamericanos. Estos cambios en el sistema político y económico se plantearon como “reformas estructurales”, impulsando por un lado la creación de un conjunto de instituciones que posibilitaran

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transiciones políticas hacia una democracia de tipo procedimental, y por otro lado, el impulso a una serie de cambios en el ámbito económico que dejaran atrás los modelos intervencionistas de Estado y acercaran a las economías de la zona al capitalismo neoliberal. A la sazón de estas transformaciones, la crítica y evaluación del populismo en América Latina se hizo con base en los cánones del neoliberalismo. Por encima de análisis puntuales que evaluaran lo que significó tanto política como económicamente en la historia de América Latina, la crítica se sostuvo sobre los principios del neoliberalismo y la democracia procedimental. Éstos fueron enarbolados como los únicos caminos y las verdades irrefutables para toda aquella sociedad que pretenda lograr el bienestar político y social. Y resulta curioso que estas banderas son las mismas que Fukuyama señaló en su célebre trabajo sobre el fin de la historia, como los inevitables derroteros del devenir histórico (Fukuyama, 1992). Dentro de esta perspectiva un autor como Enrique Krauze (2005), propuso una serie de rasgos específicos para caracterizar al populismo y al populista. Para este, el populismo se resuelve básicamente como la exaltación del líder carismático, la funcionalización de la figura de un líder providencial que “resolverá, de una vez y para siempre, los problemas del pueblo”. Un fenómeno que posee un mensaje y estrategia política que tienen como base, y segunda característica principal, a la demagogia como “vehículo específico de su carisma”, un vehículo que le permite “construir” la verdad popular y hacer de ella su vínculo principal con el pueblo. Dicho vínculo, creado de manera arbitraria, poseería la facultad de volverse un tipo de construcción de la realidad, construcción que en la arenga política se convierte en un solo gran núcleo de discurso y de verdad. Característica que sólo revelaría la abominación intrínseca de los populistas hacia la libertad de expresión, y el principio de la secesión dolosa entre el pueblo y el no-pueblo. Según este autor, en el plano económico, el populista también se caracteriza porque “utiliza de modo discrecional los fondos públicos” y no posee “paciencia con las sutilezas de la economía y las finanzas”. Se apropia del erario público para enriquecerse e impulsar únicamente aquellos proyectos que “considere importantes o gloriosos, sin tomar en cuenta los costos”. Un tipo de ejercicio económico que lo lleva irremediablemente a repartir directamente la riqueza, pero sin considerar más consecuencia que el cobro del favor económico mediante formas corporativas de apoyo político y electoral. En conjunto, tanto las condiciones políticas como las económicas delinean al populista como un agente en extremo peligroso: a través de la repartición económica y su relación cercana con el “pueblo” el populista siempre alienta el “odio de clases”. Odio que para este autor es provocado por la demagogia del líder, pero que nunca se debe a la existencia de la inequidad y la injusticia social

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en aquellos países en donde el “populista” obtiene relevancia. Esta imagen de encono y de movimiento político irracional también se proyecta hacia el orden internacional, cuando en busca de legitimidad o de un manto para encubrir su incapacidad política y económica recurre a crear la imagen de un “enemigo exterior”. Desde esta perspectiva, el populismo es un peligro amenazante. Entre su demagogia, los deseos malévolos del líder, y la torpeza de los pueblos arengados por el discurso, la movilización popular siempre acecha como la marea que amenaza con arrancar el statu-quo prevaleciente. Esta amenaza se concretiza cuando después de lograr conquistar el poder de Estado, según Krauze (2005), este siempre tiende a “despreciar el orden legal” existente y lo sustituye por un orden creado bajo los designios del propio líder. El populismo asume los límites al poder como aristocráticos y “contrarios a la voluntad popular”, y por ello, el populista “mina, domina y, en último término, domestica o cancela las instituciones de la democracia liberal”. En conclusión, para este autor el populismo es un fenómeno muy cercano al autoritarismo o bien incluso al propio totalitarismo. En el mismo tono de crítica y bajo los mismos preceptos, escritores como Mario Vargas Llosa, Apuleyo y Montaner (2007), se han manifestado en contra de los supuestos líderes populistas y los riesgos que implican para la libertad. Ya que desde su perspectiva: “el verdadero progreso es inseparable de una alianza irrompible de dos libertades, la política y la económica, en otras palabras democracia y mercado” (2007: 9). Para estos autores la situación en América Latina sería muy delicada dado que actualmente en la región existiría un retroceso de la democracia y un regreso del populismo más asincrónico: estatista y comunista; una forma de “idiotez ideológica” que parecería inagotable, “sorda e impenetrable a su propia tiniebla”, incapaz de entender los beneficios de la verdadera libertad (2007: 13). Independientemente de la poca rigurosidad académica de estas perspectivas, sus ideas utilizadas como propaganda han terminado por crear miedo hasta convertir al populismo en un arma política e ideológica. Desastre político, inestabilidad económica, corrupción, autoritarismo, caudillismos, tales son los males que se pregonan y que infunden temor en las sociedades ante supuestas regresiones a formas “arcaicas” de dominación política y organización económica. Por otro lado, desde análisis más propiamente académicos, el concepto de populismo ha perdido su relación con la idea de un proyecto de Estado o como un tipo de organización política y social, todos estos aspectos que como hemos visto anteriormente se encuentran íntimamente ligados a las experiencias de los llamados gobiernos populistas en América Latina. Esta situación se expresa en que para muchos estudiosos el populismo hoy en día es simplemente un “estilo de liderazgo”, un estilo de hacer política que presenta caracteres íntimamente relacionados con

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la demagogia. Esta perspectiva en nuestra opinión solo ha creado un espacio para una mayor imprecisión conceptual. Un ejemplo es el trabajo de Freidenberg (2007) quién conceptualiza al populismo como un “estilo de liderazgo”, una “manera en que el líder se relaciona con los seguidores, el modo en los moviliza o el tipo de discurso que emplea” (2007: 10). Otro ejemplo está presente en la propuesta de un autor como Jorge Lazo para quién el caso contemporáneo de Hugo Chávez se puede entender de acuerdo a las “fórmulas populistas clásicas del subcontinente, aparece el líder carismático, paternalista, justificadamente autoritario, el alter ego del pueblo, el instrumento mesiánico que libera los poderes míticos de la nación” (Lazo, 2002). En conjunto, este tipo de perspectivas han redundado en una transformación conceptual del populismo que busca reducirlo a un fenómeno exclusivamente determinado por liderazgos demagógicos y corruptos.2 De igual manera se han presentado algunos intentos de conceptualización que se concentran en considerar al populismo como una ideología simplista, fundamentada en una visión dicotómica de la sociedad: entre un pueblo puro y una élite corrupta (Mudde, 2004: 543 y 2012: 19). Dentro de las perspectivas que asumen al populismo como un fenómeno meramente discursivo tenemos a la de Ernesto Laclau. Si bien este autor no comparte la idea del populismo como una amenaza en sí misma, si concentra la potencialidad del populismo en la mera existencia de una retórica, de un discurso que “interpela” a los diferentes grupos sociales en un Estado. Sin embargo, esta perspectiva priva de un núcleo duro al populismo, núcleo que desde nuestra perspectiva se manifiesta más bien en su propuesta política-económica. Para Laclau el populismo es simple y llanamente un fenómeno discursivo (2005: 27 y 1986: 179-191).

El populismo como fenómeno democratizador e inclusivo Consideramos a estas perspectivas como deficientes, ya que o bien se fundamentan en las falacias del neoliberalismo, o bien se encuentran demasiado centradas en los aspectos más subjetivos del fenómeno: los contenidos discursivos, los liderazgos o el carisma. En principio, tal como nos enseña la sociología clásica latinoamericana, los gobiernos populistas construyeron su hegemonía con base en la inclusión social y política no solo de los grupos populares, sino también de las clases medias e incluso de élites, todos coaligados bajo un proyecto nacionalista. Por lo tanto, los populismos 2 Algunos otros autores que podemos ubicar dentro de esta tendencia son: Dahrendorf, 2005: 38; Hermet, 2001; Loaeza, 2007: 232.

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fueron materialmente incluyentes, además de ser políticamente más inclusivos que excluyentes. Acaso los grupos que no fueron integrados fueron las oligarquías desplazadas y una parte de los intereses capitalistas internacionales aliados con las oligarquías. En este sentido es posible advertir que la adhesión a los populismos se explica mucho mejor por la inclusión material y sociopolítica de los diferentes grupos bajo un proyecto de Estado que por el encanto discursivo de los líderes populistas. Fenómeno que cobra sentido cuando recordamos que una hegemonía para tener éxito necesita de un respaldo material que legitime su poder. Por tanto, una definición centrada exclusivamente en los aspectos subjetivos del fenómeno hace por demás imprecisa y vaga la idea del populismo. Esto sucede porque a pesar de este ser un elemento constante en estos fenómenos, el liderazgo centralizado no es ni exclusivo ni el centro de este fenómeno. Más bien los liderazgos políticos que tienden a ser carismáticos han formado a lo largo de la historia, y en muy disímiles experiencias, una parte central de la política. Incluso en las formas políticas procedimentales se encuentra presente, ya que el sentido de unión o aproximación por parte del elector hacia el candidato o el partido es un aspecto central para las campañas políticas, hoy en día construidas en muchas experiencias a través de la televisión (videocracia),3 además de campañas políticas centradas en las imágenes de los candidatos. Por otro lado, para un autor como José Luis Reyna, el panorama político en América Latina ante la llegada de los gobiernos de izquierda se debate entre la “democracia y el autoritarismo”. Una situación en la que existe una “izquierda moderna y una izquierda populista”,4 la primera ejemplificada con un gobierno como el de Michel Bachelet y la segunda se encuentra representada por Evo Morales “quién al nacionalizar como un acto soberano, evocó a los fantasmas de la izquierda del pasado, la confrontación”, y en su expresión máxima encuentra “su ícono representativo en el mandatario venezolano Hugo Chávez”, quién “a pesar de que la institución presidencial que ocupa tiene rasgos democráticos, su gobierno es populista” (2006: 762). De igual manera, para Reyna los llamados gobiernos populistas serían en extremo peligrosos ya que: Pretenden alterar la trama democrática del sistema político. Que intenten modificar la función de las instituciones democráticas con el fin de encontrar un camino sin obstáculos para ejercer un poder personal omnímodo […] de esta manera, al alterar el funcionamiento de las instituciones que la democracia ha construido, existe la posibilidad que devenga dictadores o líderes mesiánicos (2006: 765). 3 4

Esta crítica ha sido compartida incluso por el propio Giovanni Sartori (2006: 69). Esta es una visión que sido también suscrita por un autor como Teodoro Petkoff (2005).

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De acuerdo con esta perspectiva, el pecado fundamental del populismo estaría en faltar a las reglas de la representación política liberal, dado que bajo el uso de la idea de “pueblo” la personalidad individual del “ciudadano-elector” se vería trastocada. Eliminada de un toque ante la presencia de los grandes agregados sociales que se mueven de acuerdo a los dictados perversos del líder. En una perspectiva diametralmente opuesta, nosotros consideramos que, en todo caso, el populismo apela a un sujeto plural, a un “nosotros” social que difumina la individualidad y abre el camino para el surgimiento de proyectos político-sociales inclusivos, no sólo discursivamente, sino también materialmente. Una expresión social que busca unir lo que el neoliberalismo desunió, una idea de pueblo, de un nosotros social que protesta y se opone a las identidades políticas individualistas. En este sentido, consideramos que, en todo caso, la mirada sobre el supuesto populismo contemporáneo debe estar más próxima a considerarlo como un propio “síntoma de la democracia”, en el entendido de que éste “funciona como un elemento paradójico que pertenece a la democracia” y que “impide que ésta se cierre como un orden político domesticado o normalizado dentro de procedimientos establecidos, relaciones institucionales, rituales reconfortantes” (Arditti, 2010: 147). Podemos concluir esta parte diciendo que el concepto o la categoría de populismo o populista, en la actualidad se utiliza mayoritariamente para atacar políticamente o bien para desorientar a la opinión pública. Por estas razones consideramos que una herramienta más útil para describir estos procesos es presentar una alternativa que considerando las similitudes y diferencias con experiencias políticas previas, y que pueda resaltar los aspectos específicos de las nuevas experiencias.

Hacia una caracterización alternativa Sostenemos que las visiones que asumen a los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Venezuela como un peligro para la democracia ignoran el hecho de que en los tres casos se presenció el derrumbe del sistema de partidos previo a la llegada de estos nuevos gobiernos. Un derrumbe que fue parcialmente propiciado por los movimientos y frentes electorales al triunfar en elecciones, pero que desde años antes se venía barruntando debido al agotamiento de dicho sistema de partidos. Al menos en el caso de Venezuela, su sistema se concebía como un modelo ejemplar de transición democrática en América Latina pero en los hechos se demostró como un sistema fuertemente elitista y muy poco representativo de los intereses populares. Más aún, en el caso de Bolivia la existencia de una representación política indígena directa es un hecho que no puede juzgarse como antidemocrático. Al contrario, la existencia de

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un movimiento plural y predominantemente indígena como lo es el MAS, y la misma presencia de Morales como representante indígena, lo vuelve un fenómeno esencialmente democrático. O bien el caso de Ecuador que la emergencia de una vigorosa actividad de la sociedad civil puso en jaque a los gobiernos establecidos y finalmente impulsó una candidatura ciudadana con el respaldo de numerosas organizaciones populares. De manera contraria a lo que se les imputa, los movimientos políticos y sus gobiernos emanados, muestran una trayectoria y una perspectiva política distante a la derivada de la satanización populista. En todos los casos estos han logrado mediante la organización de sus fuerzas sociales conquistar el poder de Estado a través de los cauces electorales-institucionales existentes, siempre desde la vía reformista pacífica e inclusiva. En este sentido la razón de la ofensiva “populista” contra estos movimientos la podemos encontrar en que a pesar de que han logrado sus triunfos desde la organización institucional existente éstos no se han limitado a seguirla sino que han procurado su transformación desde los postulados políticos que los inspiran. Por tanto, sostenemos que la característica central de estos movimientos es el tipo de participación política sobre la que se han construido. Ésta ha trascendido los límites de la democracia procedimental gracias a la forma de participación política que propician y el tipo de contenidos sociales que los inspiran. La razón principal para postular esto es que desde la participación política popular en los frentes político-sociales organizados, estos movimientos han sido capaces de impulsar políticas que se separan de los cánones de la hegemonía neoliberal y dotan de un sentido político diferente a las políticas nacionales. Aunado a que como grupos de apoyo político, éstos son frentes multiclasistas que reúnen a una gran cantidad de actores y grupos políticos diferentes, situación diferente a la forma como tradicionalmente se conceptualizaba la revolución al ser de una sola clase social. Cabrá preguntar entonces si el concepto de populismo elaborado por la sociología latinoamericana clásica basta para describir estos procesos. Sostenemos que no es así, que los fenómenos latinoamericanos que consideramos si bien tienen algunas similitudes con los procesos populistas de mediados del siglo XX, estos son diferentes en aspectos esenciales. En particular la experiencia de los populismos en América Latina si bien fue de inclusión política y socioeconómica, ésta siempre estuvo limitada por el verticalismo originado desde el propio Estado. Muestra de esta situación son los acentuados fenómenos de clientelismo y corporativismo que se presentaron, fenómenos que han sido magnificados por sus críticos, pero que finalmente no se pueden asumir como producto sólo del populismo. Por el contrario, el clientelismo y el corporativismo son fenómenos que persisten aun en las democracias procedimentales actualmente.

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Allende esta discusión, desde nuestra perspectiva existen una serie de aspectos que caracterizan a los gobiernos presentes en países como Bolivia, Venezuela y Ecuador que posteriormente buscaremos conceptualizar a través de lo nacional-popular. 1. En los movimientos sociopolíticos y gobiernos progresistas actuales existe una intensa participación popular. La participación popular autónoma fue lo que en primer lugar hizo posible la aparición de frentes electorales formados por organizaciones sociales, movimientos sociales y partidos políticos, quienes posteriormente resultaron triunfadores en elecciones nacionales. La formación de estos frentes fueron procesos largos en los que las organizaciones sociales jugaron el rol fundamental. En los tres países en cuestión, ya con los gobiernos progresistas en el poder, la presencia de estos mismos movimientos sociales sigue siendo una influencia importante en la toma de decisiones y en el ejercicio de gobierno en todos los casos. Cabe aclarar, que esta política de inclusión no significa que no existan tensiones entre los movimientos sociales y los gobiernos nacionales. Esta es una relación intensa y conflictiva que dista mucho de estar resuelta. Sin embargo justo en esa contradicción se encuentra uno de los aspectos más interesantes de estos procesos, al que volveremos más adelante. 2. En los gobiernos en cuestión, se ha dado una resignificación de lo nacional, entendido como un elemento cohesionador en las plataformas políticas de estos gobiernos. Así, su propuesta pasa por una renacionalización de la política, distante de los intereses “neoliberales” y más cercano a sus poblaciones nacionales. Situación que es visible nuevamente en las agendas políticas de nacionalización de sectores económicos estratégicos: el petróleo y en general con los recursos naturales (este es un tema al que también volveremos más adelante). Este elemento de integrar a lo popular como un eje central en la organización de vida política y económica resulta esencial en los proyectos nacional-populares. 3. En los procesos que observamos actualmente, hasta ahora no existe una ruptura con el capitalismo. Aunque sí existe un distanciamiento y una ruptura con el neoliberalismo como forma de organización económica. Es necesario reconocer que las coordenadas de la vida económica han cambiado a favor de una nueva “retención del excedente”, como lo llamó René Zavaleta alguna vez (1986: cap. 1). Más aún, en estos procesos existe una voluntad por establecer políticas de corte “poscapitalista”, una noción que hasta ahora es en buena medida elusiva pero que alimenta el horizonte de sus proyectos políticos a largo plazo. 4. Es posible apreciar en estos gobiernos de izquierda, la presencia de un Estado que busca fortalecerse ante los intereses transnacionales económicos, situación

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que se puede observar en la postulación de programas políticos que consideran un nuevo fortalecimiento del Estado. Este es un aspecto que es muy mal visto por los críticos conservadores, afines al neoliberalismo, en tanto para ellos las propuestas de nacionalización rompen con la libertad de los mercados, sin reconocer que esta política finalmente es favorable a los grupos sociales nacionales. Aunado a esto, existe también un impulso al surgimiento de una institucionalidad estatal abocada a la protección de la salud, la educación, subsidios a las personas de más bajos ingresos, etcétera. 5. En el caso de los fenómenos que se presencian actualmente, la presencia de liderazgos como los del desaparecido Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa son elementos importantes para entender los fenómenos en curso. Sin embargo, al igual que en los populismos, su liderazgo es solo un elemento más en la configuración del escenario político. Acaso es más marcado el caso de Chávez como un líder carismático con grandes dotes oratorias, o el de Evo Morales al ser un representante étnico y cultural de la mayoría indígena en Bolivia. Sin embargo, si tomáramos el liderazgo de ambos personajes como esencia del proceso estaríamos muy lejos de poder entender en toda su complejidad, ya que como hemos visto estos tomaron su fortaleza de la sociedad civil, una sociedad civil que ya se agitaba intensamente antes de su aparición pública, y que aún sigue siendo un contrapeso importante para los gobiernos que encabezan (o encabezaron). Claramente, los frentes amplios que impulsaron a estos tres candidatos (Movimiento V República, Movimiento al Socialismo y Movimiento Alianza País) poseen antecedentes de formación anteriores a la presencia de estos tres liderazgos en los grupos sociales y organizaciones movilizados previamente.

La alternativa nacional-popular Como categoría alternativa para describir los procesos de movilización y sus gobiernos derivados en América Latina proponemos el concepto de lo nacional-popular. Este es un concepto que posee su sentido fundamental en la asociación entre los gobiernos nacionales, sus políticas estatales y las masas populares, posibilitando una reapropiación gradual de las propias estructuras de Estado por parte de la sociedad civil. Y en tanto la forma como se ha planteado el cambio social y económico en Venezuela, Bolivia y Ecuador es a través de la transformación progresiva del poder estatal y sus contenidos, este concepto se ajusta como una alternativa analítica capaz de abordar las transformaciones en los tres casos.

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Esta perspectiva permite también pensar los procesos de cambio político graduales que se han presentado, en el contexto de deslegitimación neoliberal y de reestructuración de las fuerzas sociales. Un momento orgánico (no coyuntural o aislado) en donde los agregados populares se organizan como como bloques contrahegemónicos. Es decir, como grupos que propulsan cambios importantes en sus gobiernos nacionales con el afán de mejorar sus condiciones de vida. Esta organización posee su fuerza en la convergencia de múltiples organizaciones civiles y populares que hicieron posible el surgimiento de los frentes electorales que impulsaron a los candidatos de izquierda. A esta forma de organización la podemos denominar de “movimientos-partido”, quienes posteriormente desembocaron en una organización de tipo “movimiento-gobierno”. Consideramos que estas formas de organización “movimientos-partido” y “movimientos-gobierno”, es una novedad histórica en América Latina, una forma de organización que incluso ya se ha visto replicada en otras latitudes (por ejemplo el caso del Movimiento de Regeneración Nacional [Morena] en México). En consecuencia, consideramos al cambio político actual como una lucha que se ha librado no solo en la institucionalidad propiamente estatal, sino desde el interior de la sociedad civil. Un espacio donde los frentes políticos organizados plantean su transformación, siempre considerando que el objetivo último es la transformación del Estado y de las condiciones materiales de existencia. En este sentido, la razón de que el Estado sea el objeto de lucha para las fuerzas de la sociedad civil tiene que ver con que, más allá de que exista una voluntad por reificar al Estado, o adoptar una postura Estado-céntrica, el hecho es que en las actuales condiciones el Estado sigue siendo la figura central del poder en los países latinoamericanos. Además de esto, la autoridad estatal es un elemento fundamental para transformar las condiciones imperantes. El reto de todos estos movimientos convertidos en partido y eventualmente en gobierno, es que su acceso a una parte del Estado (el gobierno) no termine en una expansión del Estado hasta sus últimas consecuencias como ha sucedido con otras experiencias históricas. El reto es que su incrustación en el Estado sirva para utilizarlo como una herramienta de transformación en un contexto en el que las fuerzas transformadoras se enfrentan a una posición política y una oposición conservadora que defiende la forma como los Estados se mantuvieron actuando durante el predominio neoliberal-procedimental. En este sentido, el uso de la fuerza del Estado para evitar la secesión y la agresión directa interna, o bien para contrarrestar presiones externas económicas o políticas, resulta un elemento fundamental. Consideramos también que en estos gobiernos se encuentra presente una lucha por la resignificación identitaria proyectada hacia la conquista de los gobiernos

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nacionales. Esto es, un proceso donde lo nacional-popular se aboca por una reforma intelectual y moral sobre la política nacional para dotar de poder a las clases populares y los ciudadanos en general, y donde estos actúan como un gran conjunto de grupos independientes para apropiarse del Estado como un ente que anteriormente estuvo enajenado por grupos de poder político y económicos minoritarios. En síntesis, la búsqueda de un nuevo sentido de la acción histórica (Vilas, 1994: 523-528). Estos son contenidos que se pueden apreciar en el tipo de reformas políticas de Estado que se han realizado en Venezuela, Bolivia y Ecuador, al impulsar proyectos de reformas constitucionales que hacen diferencia respecto a la situación previa a su llegada al poder. En el caso de Bolivia la reforma constitucional indigenista, en Ecuador las reformas constitucionales y en Venezuela la “Nueva Constitución” de 1999, entran dentro de una concepción del derecho renovadora. En tanto es a través de estas reformas como se moldea tanto al Estado como al ciudadano, y los contenidos sociales derivados de esta transformación. Situación que se puede ver resumido en palabras de Antonio Gramsci: “el Estado debe ser concebido como ʻeducador’ en cuanto que tiende precisamente a crear un nuevo tipo o nivel de civilización” (1999: 25). De igual forma a través de las reformas constitucionales, se han impulsado proyectos políticos de nacionalización económica, en especial en lo relativo a la industria de los hidrocarburos y también en sectores claves de la producción de materias primas para la producción industrial. Estas reformas que “opera (n) esencialmente sobre las fuerzas económicas, que se organiza y se desarrolla el aparato de producción económica, que se renueva la estructura”. Reformas que operan como parte de un proyecto global de transformación civilizacional (Gramsci, 1999: 25). La lucha de estos movimientos político-sociales por la conquista gradual del Estado se ajusta a una lucha por la reformulación del poder estatal a favor de las clases populares, en tanto conciben al Estado como “organismo propio de un grupo destinado a crear las condiciones favorables para la expansión del grupo, pero este desarrollo y esta expansión son concebidos y presentados como la fuerza motriz de la expansión universal, de un desarrollo de todas las energías nacionales” (Gramsci, 1999: 40). Así tenemos que en tanto estos movimientos se postulan como críticos del orden neoliberal y de la absorción del Estado por los grupos favorecidos por este proyecto civilizacional, la conquista y reformulación progresiva del Estado apunta a reestructurar esta relación y de transformar los contenidos que mueven al propio Estado. De manera que, desde esta perspectiva es posible plantear a estas luchas como nuevas formas revolucionarias ante el Estado y el poder.

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Conclusiones Las transformaciones y procesos de los últimos años han significado retos importantes para los estudiosos de los procesos latinoamericanos de los actuales. Una situación en la que no pocos han caído en la tentación de recurrir a categorías como del populismo para intentar aprehender procesos que se encuentran muy distantes de los límites de la categoría, y más aún cuando esta categoría ha sido sometida a un trato como el que se le ha dado al populismo. Como hemos visto, los procesos de Venezuela, Bolivia y Ecuador se separan de las posibilidades de descripción que ofrece el populismo debido a una serie de características que los hace esencialmente distintos de las experiencias históricas previas en la zona. Desde nuestra óptica el concepto de gobierno nacional-popular es una alternativa viable para impulsar el análisis y la descripción de estos procesos, partiendo de la existencia de un proceso de participación popular amplio durante los últimos años. La conceptualización de los procesos nacional populares en los países andinos mencionados, a menudo forman parte de una caracterización hecha desde la perspectiva de la derecha neoliberal. Pero estos procesos también enfrentan caracterizaciones construidas desde una crítica de izquierda. Desde esta perspectiva los procesos nacional-populares no son sino una versión modificada de la lógica neoliberal. Existe también la perspectiva de que es imposible trascender el capitalismo haciendo uso de una instancia como es el Estado que no es sino expresión de dominación en el contexto de la relación social capital-trabajo. En rigor, los procesos nacional-populares se han planteado trascender a una forma de acumulación capitalista que se ha globalizado en los últimos treinta años. Esto implica que los procesos nacionalpopulares son inicialmente en lo esencial antineoliberales aun cuando algunos de sus sectores tengan un horizonte anticapitalista. He aquí el origen de la expresión que se ha difundido ampliamente: “el socialismo del siglo XXI”. Es esta una categoría que se encuentra en construcción y su desarrollo teórico pareciera expresar lo incipiente que es la fuerza social que aspira a convertirla en una realidad material. En este contexto, lo que si podemos asegurar hasta el momento de redactar estas líneas, es que en los tres países se observó un desplazamiento del gobierno de las antiguas clases dominantes. Esto no quiere decir que se observe un desplazamiento del poder del Estado como sucede en las revoluciones clásicas. Es en este contexto que los procesos nacional populares se pueden interpretar como procesos revolucionarios que se diferenciarían de la noción clásica de revolución como un acto de conquista del poder concentrado en el tiempo. El otro elemento fundamental para poder captar el sentido revolucionario de estos procesos es la participación popular, desde abajo, activa y autónoma. Esta última característica de participación popular representa

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un rasgo fundamental para poder aprehender el sentido y las características de los procesos en marcha actualmente, y más aún es un rasgo novedoso en la historia de las expresiones estatales y su relación con la sociedad civil en América Latina. Por otro lado, tenemos la situación de que esta participación popular ampliada ha dado las condiciones para poder considerar la existencia de amplios procesos de transformación en estos países, una serie de transformaciones que los dotan de una potencialidad de transformación amplia a estos procesos. Así pues, la participación popular está presente en los procesos nacional populares aunque sea de manera contradictoria y a veces incoherente. Pero está presente, independientemente de las lógicas verticales que inevitablemente aparecen en procesos en los cuales la disputa entre el proyecto oligárquico y el nacional popular no se observa solamente en el seno de la sociedad civil sino también en el seno del Estado. Independientemente de que el Estado sea expresión de la relación social que caracteriza al capitalismo, el Estado también es un territorio en disputa. Esto implica que el Estado se convierte en una arena en que la contienda en los campos de las instituciones, leyes, instancias gubernamentales, personal burocrático y espacios del Estado (como el poder legislativo) se convierte en un espacio de la lucha política a la par del que se puede observar en el seno de la sociedad civil. Terminamos este trabajo en un momento en el cual la única certeza es la incertidumbre. Los procesos nacional populares enfrentan embestidas de las derechas locales y también de los grandes poderes mundiales. La correlación de fuerzas que puede resultar decisiva para que estos procesos continuen adelante y no sucumban, no solamente se dirime en el espacio nacional, sea del Estado como el de la sociedad civil. También lo hace en el ámbito mundial en el cual operan poderosas fuerzas e instituciones vinculadas a la globalización neoliberal. He aquí pues el escenario de los avatares de lo nacional popular en América Latina.

Referencias Apuleyo Mendoza, Plinio, Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa (2007), “El regreso del idiota”, Random House Mondadori, México. Arditti, Benjamin (2010), La política en los bordes del liberalismo. Diferencia, populismo, revolución, emancipación, México, Gedisa. Cardoso, Eliana y Ann Helwege (1992), “El populismo, el despilfarro y la redistribución” en Macroeconomía del populismo, Dornbusch, Rudiger y Sebastián Edwards (comp.), México, Fondo de Cultura Económica, pp. 58-94.

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El laberinto de la integración estratégica de América Latina en el siglo XXI Giuseppe Lo Brutto Carlos Otto Vázquez

Introducción

E

l presente artículo identifica a la integración como un proceso en disputa entre quienes pretenden una vinculación estrechamente articulada a los intereses estadounidenses en la región y quienes buscan una integración con mayores grados de autonomía respecto a dicha propuesta. En la primera parte, se ofrece un panorama de la situación que guardan los nuevos mecanismos de integración y cooperación en América Latina y el Caribe en la segunda década del siglo XXI, particularmente la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), mostrando sus principales avances y desafíos. En la segunda parte, se aborda lo referido a la importancia que revisten los recursos naturales en América Latina y El Caribe —el acceso, gestión, dominio y defensa de los mismos—, señalando la necesidad de su apropiación y utilización de manera soberana, como uno de los pilares de desarrollo y eje de reposicionamiento de un regionalismo sustentado en una visión estratégica.

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Hacia una reconfiguración mundial y regional Teniendo como escenario condicionante una crisis multidimensional de carácter sistémico, cuyas manifestaciones más evidentes se expresan en el ámbito económicofinanciero, político, energético, alimentario y ecológico-ambiental (Bellamy Foster, 2011), los nuevos mecanismos de integración y cooperación sur-sur surgidos en la primera década del siglo XXI en América Latina y El Caribe, continúan desplegándose en medio de tensiones y contradicciones de distinto orden, resultado de las luchas intrínsecas en procesos donde confluyen múltiples intereses en pugna, de naturaleza interna y externa, que obligan a permanentes reacomodos y que plantean nuevos y complejos desafíos (Martins, 2013; Silva, 2013). La crisis, que condensa el conjunto de las contradicciones derivadas del funcionamiento del sistema capitalista mundial y dentro del mismo la contradicción fundamental entre el capital y el trabajo, se ha extendido como una ola expansiva a los más diversos países, regiones, ramas y sectores productivos, abarcando al conjunto de la vida social con intensidad diferenciada y obligando a un impostergable reposicionamiento de los diferentes actores en el escenario mundial. En el plano económico, la magnitud y alcance de la crisis, la más profunda del sistema capitalista en los últimos ochenta años, ha sido motivo desde sus inicios de una intensa reflexión en América Latina y el Caribe, en la que se han analizado aspectos referidos a su naturaleza, así como a sus características y principales componentes, con énfasis en los impactos de dicha crisis en la región (Estay, 2009; Gambina, 2010; Estrada, 2012). La crisis del sistema capitalista, además, ha tendido a incrementar la disputa por el poder mundial en un contexto de paulatina erosión y reorganización de la hegemonía de los Estados Unidos (Gandásegui, 2007 y 2010; Castillo, 2012), al tiempo que crece la tendencia a la construcción de un mundo multipolar con la emergencia de nuevas potencias. Es en este marco que se ha venido impulsando la conformación de bloques regionales por parte de gobiernos de países que comparten intereses económicos, políticos e ideológicos, en la perspectiva de estructurar políticas regionales articuladas, para enfrentar de mejor forma y con mayores grados de autonomía los impactos provenientes del incierto entorno global y de promover una integración regional de carácter estratégico orientada al desarrollo. Por lo que hace a América Latina, y siendo el Estado un campo de lucha, es decir, un campo de disputa por la reproducción o reforma del orden social (García, 2010), la emergencia de importantes movimientos sociales y políticos a finales del siglo XX y la primera década del XXI, que se oponían a la aplicación de políticas neoliberales en sus respectivos países, se concretó en buen número de casos en la toma del poder

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político y el control del Estado por parte de gobiernos con una orientación de centro y centro izquierda, que han sido ratificados por sus pueblos en sucesivas elecciones y que han conseguido avanzar en la construcción de escenarios posneoliberales (Figueroa, 2011; Sader, 2013). El cambio en la correlación de fuerzas políticas, que modificó la balanza interna de poder en favor de las fuerzas populares, hizo posible avanzar en la instrumentación de políticas que tomaron distancia del dogma neoliberal y, en lo que se refiere a las relaciones con el exterior, abrió la posibilidad de crear nuevos mecanismos y formas de relacionamiento entre los países de la región, como expresión de las nuevas necesidades de vinculación externa y como resultado del replanteamiento conceptual, institucional y operativo a fondo del papel que deben desempeñar los mecanismos de integración y cooperación regional (Sela, 2012; Sela, 2013). De esta forma, con la creación de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América en 2004, hoy Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en 2008, se fue abriendo paso una nueva etapa en los mecanismos de integración y cooperación en América Latina y el Caribe, buscando superar el carácter marcadamente comercial que había definido las etapas previas de la integración regional (Vilaseca, 1994; Grien, 1994; Estay, 2000). La reorientación de los proyectos integracionistas, incluyó la revaloración respecto al rumbo y punto de llegada al que se quería arribar, a los actores encargados de conducir el esfuerzo, a los grupos y sectores a ser beneficiados, y a los mecanismos, instrumentos, herramientas y a la velocidad con la cual se impulsaría dicha integración de forma que “El enfoque integral y los nuevos conceptos erosionaron la perspectiva neoliberal predominante, que confunde integración con intercambio mercantil y la reduce apenas a comercio de productos y servicios” (León, 2010: 12). En este escenario de crisis y de procesos de redefinición hegemónica, resulta necesario revisar el papel que puede desempeñar la integración, como parte de una amplia estrategia de reposicionamiento de la región. La propia crisis ha puesto de manifiesto la necesidad, y en muchos casos la urgencia, de reorientar de manera estratégica las relaciones externas de los países latinoamericanos y caribeños, diseñando una agenda propia ante la creciente volatilidad e incertidumbre presentes a nivel global. Que en esta etapa está contenida y se va perfilando cada vez más con mayor fuerza una visión estratégica, se confirma si se tiene presente el hecho de que la creación y consolidación tanto de la ALBA-TCP como de la Unasur, se inscriben dentro de una clara perspectiva geopolítica, en el marco de desarticulación de la arquitectura política y de poder, construida por los países vencedores después de la Segunda Guerra Mundial y de reconfiguración y reconstrucción de un nuevo mapa político mundial,

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en el que ambos esquemas se constituyen en contrapesos regionales al imperialismo estadounidense, articulando un conjunto de medidas para defender los espacios regionales las cuales se sustentan en una propuesta de política económica y en una ideología que recupera el rol rector y regulador del Estado y en la redefinición profunda de sus vínculos con el exterior. Teniendo presente el escenario de disputa global por el poder, coincidimos en señalar que: Mirar desde Suramérica al futuro sin una visión estratégica regional que nos explicite con claridad la dirección hacia donde pretendemos ir y sin definición de los objetivos a alcanzar, nos convierte en países y en una región vulnerable. Si nosotros mismos no nos interesamos por articular nuestro propio proyecto estratégico de región, condensador de nuestros respectivos proyectos de nación, no significará que quedaremos fuera o al margen de los procesos geopolíticos externos, sino que seremos objeto de estrategias de otros actores extrarregionales con objetivos que no son necesariamente los nuestros (Forti, 2013: 18).

El papel de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) Concebida como parte de una alianza política estratégica entre Venezuela y Cuba, y dique de resistencia para enfrentar la propuesta de enclaustramiento hemisférico contenida en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la ALBA constituye un desafío teórico-práctico y político de primer orden en tanto mecanismo de integración y cooperación estratégico de nuevo tipo, que rompe con la aplicación de los postulados neoliberales de relacionamiento externo basados en la liberalización comercial y apertura de fronteras, mediante los cuales se pretende adecuar los marcos jurídico-normativos de los países latinoamericanos y caribeños al proyecto geopolítico estadounidense. A contracorriente de la propuesta hegemónica mercantil que busca garantizar los intereses corporativos trasnacionales y basada en los principios de solidaridad, cooperación, complementariedad y beneficio mutuo, la ALBA —conformada a finales de 2013 por nueve miembros1 de Suramérica, Centroamérica y El Caribe—, condensa y sintetiza las nuevas realidades políticas que han venido abriendo paso en América Latina y El Caribe. 1 Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Santa Lucía, que ingresó al ALBA el 30 de julio de 2013.

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Constituida por países que se adscriben a propuestas que en distinto grado toman distancia del capitalismo: desde Cuba con su estrategia socialista, Venezuela y el socialismo del siglo XXI, pasando por Bolivia y Ecuador con planteamientos referidos al Vivir Bien, al Buen Vivir y a la Revolución Ciudadana, la ALBA hace uso de un lenguaje antiimperialista buscando opciones fuera de los marcos del neoliberalismo en las relaciones entre sus países miembros, e incluso fuera de la lógica capitalista del mercado y de la maximización de utilidades, con un Estado que se constituye en agente político y económico fundamental, que nacionaliza empresas estratégicas y promueve la creación de proyectos grannacionales mediante alianzas entre los países que conforman dicho esquema. En busca de la implementación de nuevas formas de relación entre la sociedad y el Estado, que tiene como uno de sus propósitos la construcción de una integración desde adentro y desde abajo, como expresión de la activa participación social y de la creación de poder popular en el marco de una democracia participativa, la ALBA ha debido enfrentar un conjunto de dificultades derivadas tanto del desafío que conlleva la concreción de una plataforma de integración de nuevo tipo diseñada con una visión estratégica, como del hecho de haberse constituido desde su origen en una propuesta contrahegemónica que busca generar espacios de soberanía regional respecto a la estrategia norteamericana de dominación continental. Teniendo ello presente, y a poco más de nueve años de haberse puesto en operación, un balance del desempeño de la Alianza Bolivariana permite identificar la existencia de avances con distinto grado de maduración en diferentes ámbitos, entre los que destaca el plano social, el energético, el monetario-financiero, y el económico-comercial. En el ámbito social, los logros más representativos se han expresado en la tendencia a la universalización de los derechos fundamentales a la educación y a la salud por medio de las denominadas Misiones Sociales, las cuales habiendo tenido su origen en Venezuela se extendieron a escala regional entre los países miembros de la Alianza, con el propósito de combatir las desigualdades sociales y construir sociedades más incluyentes mediante la participación organizada de la comunidad y la creación de poder ciudadano. En cuanto a educación, se ha alfabetizado a más de millón y medio de personas dentro del espacio ALBA, con lo cual Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador se han sumado a Cuba como territorios libres de analfabetismo. También en materia educativa, se ha avanzado en la colaboración, entre los países de la Alianza, de métodos, programas y técnicas para fortalecer el proceso educativo y mejorar la calidad en el sistema de educación inicial, básica y media, a lo que se añade la creación del Fondo Editorial Educativo ALBA-TCP, así como del Proyecto Grannacional Educación, Universidad de los Pueblos del ALBA (Unialba).

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En materia de salud, los logros se han concretado, entre otros aspectos, en la atención a cerca de dos millones de pacientes dentro de la Misión Milagro, de atención e intervención gratuita a pacientes con problemas oftalmológicos; en la puesta en marcha del Proyecto Grannacional de Medicamentos y el establecimiento del Centro de Regulación y Control de Medicamentos de los países del ALBA-TCP, para disponer de un cuadro de medicamentos seguros, eficaces y de calidad para suministro de la población; en la creación del Programa Estudio Clínico Genético Psicosocial de Personas con Discapacidad, que busca la integración, sin discriminación, de las personas con discapacidades físicas, motoras e intelectuales, en el ámbito socio-productivo, político y cultural; y, en la formación de médicos con una sólida formación en Medicina Integral Comunitaria con el propósito de lograr la salud para todos, incluyendo a los que siempre estuvieron excluidos del acceso y la prestación de los servicios de salud. En el ámbito económico-comercial, los avances se han dado sobre todo en tres aspectos: el Tratado de Comercio de los Pueblos, los Proyectos y Empresas Grannacionales y el Espacio Económico del ALBA-TCP. Con avances diferenciados, e incluso con importantes tareas pendientes por cumplir en el futuro —particularmente en lo que se refiere a la concreción del Espacio Económico—, en este ámbito se ha hecho evidente el papel del Estado como actor fundamental al promover el comercio complementario en los intercambios, el trato solidario con las economías más débiles, el comercio con medidas arancelarias determinadas en base a los requerimientos de los países, así como el comercio que protege los servicios básicos como derechos humanos. Lo anterior contrasta con lo planteado por el discurso neoliberal, que insiste en dejar la economía a la libre acción de las fuerzas del mercado, para derribar las medidas que pudieran tener un contenido proteccionistas y que permita que la mano invisible del mercado se encargue de establecer los equilibrios necesarios, algo que la experiencia histórica ha demostrado y que no ocurrió con los países desarrollados, los cuales a lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX, ejercieron de manera sistemática —y siguen ejerciendo— fuertes medidas proteccionistas y de blindaje de sus fronteras, lo cual fue complementado con un conjunto estructurado de políticas industriales, comerciales y tecnológicas para el fortalecimiento de su mercado interno y la consolidación de su sector industrial, lo que constituyó la base de su posterior proyección hacia el exterior (Chang, 2011). En lo que se refiere al ámbito monetario-financiero, se han conformado dos nuevas instituciones en correspondencia con la necesidad de construir un espacio monetario-financiero regional que cuente con mayores grados de soberanía y que permita disminuir los impactos que la crisis del sistema financiero internacional ha venido

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transmitiendo al conjunto de la economía mundial: por un lado, el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre) y, por el otro, el Banco del ALBA (BALBA). Estas instituciones, indispensables en la construcción de una alternativa estratégica de integración que haga frente a la lógica de la especulación financiera, constituyen los soportes en los cuales se apoya la Nueva Arquitectura Monetario Financiera Regional que se viene emprendiendo en el área. El funcionamiento de estas instancias, ha demostrado que es posible avanzar en la creación de un espacio monetario y financiero regional con menores grados de vulnerabilidad a los impactos provenientes de la crisis económica y financiera global, utilizando el sucre como unidad de cuenta común para realizar los intercambios, lo que permite prescindir del uso del dólar, al tiempo de contar con una institución bancaria regional, el Banco del ALBA, para financiar los proyectos productivos y los programas sociales en los cuales apoyar la iniciativa bolivariana. Por lo que se refiere al ámbito energético, y yendo más allá del espacio que conforman los países de la ALBA-TCP, destaca la iniciativa Petrocaribe, impulsada principalmente por Venezuela, mediante la cual se busca asegurar la coordinación e instrumentación de una política integral en materia de energía, que incorpore al petróleo y sus derivados, así como el gas y la electricidad, con miras a garantizar un suministro estable y el balance de la matriz energética entre los países del área. Sustentada en una clara perspectiva estratégica en relación al papel que vienen desempeñando los recursos naturales, y en particular los recursos energéticos, y teniendo presente el cambiante y conflictivo escenario energético mundial, así como la importancia de dichos recursos en el desarrollo de cualquier estrategia endógena, la iniciativa Petrocaribe promueve la seguridad y estabilidad energética de los países de la región, garantizado el suministro de petróleo y combustibles a través de un esquema financiero que permite el pago diferido y el financiamiento a largo plazo de la factura petrolera. Definido como un órgano habilitador de políticas y planes energéticos, dirigido a la integración de los pueblos caribeños, mediante el uso soberano de dichos recursos en beneficio directo de sus pueblos, Petrocaribe se inscribe en el marco de la profunda redefinición de la política exterior de Venezuela que promueve a la la fecha la creación de empresas estatales mixtas de carácter binacional en nueve países de la zona, las cuales fortalecen la infraestructura energética y apoyan el proceso de construcción de la independencia energética de los países del área. En un escenario caracterizado por la inestabilidad y elevación de precios de los productos petroleros, la importancia y oportunidad del financiamiento proporcionado por Petrocaribe a los países de la región es de tal magnitud, que incluso el FMI ha reconocido que para 2008, año de inicio de la crisis económica que sigue sacudiendo

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al sistema capitalista y en el que los precios de los hidrocarburos alcanzaron su máximo histórico, el financiamiento de la factura petrolera mediante la iniciativa representó el equivalente de entre 5 y 6 % del PIB para Nicaragua, Jamaica y Guyana, y entre 1 y 2 % del PIB para Granada, Haití, Honduras y República Dominicana (Fondo Monetario Internacional, 2008).

El papel de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) En el escenario de formación de bloques y de reconfiguración del poder a nivel global, la creación de la Unasur constituye un elemento geopolítico de primer orden, si se tiene presente que aglutina al conjunto de países de América del Sur y que, en el poco tiempo que lleva desde su conformación, ha podido desarrollar una creciente institucionalidad, logrando acuerdos en temas referidos a la solución regional de conflictos así como de defensa del orden democrático, que le han permitido posicionarse como un interlocutor con un peso creciente en el escenario regional, a lo que hay que agregar la incorporación dentro de la Unasur de una visión estratégica de la integración orientada al desarrollo, que recupera la relevancia de los recursos naturales como eje dinámico del proceso. Para tener clara la importancia de la Unasur, así como los componentes de orden estratégico contenidos desde su origen en este mecanismo de integración y cooperación, es necesario retroceder a su antecedente inmediato, la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN), la cual se creó en la III Cumbre Presidencial Sudamericana efectuada los días 8 y 9 de diciembre de 2004 en Cuzco Perú. La creación de la CSN en diciembre de 2004, es decir, solo cinco días antes de la creación de la ALBA, ocurrió en el contexto de una intensificación tanto de las negociaciones del ALCA y de las presiones estadounidenses para sacar adelante su proyecto hemisférico, como también de creciente rechazo y resistencia tanto de los movimientos sociales y populares que se oponían en las calles y mediante la movilización a la aprobación del proyecto estratégico norteamericano, como de los gobiernos de los países en los cuales habían accedido al poder fuerzas políticas que impulsaban proyectos progresistas. Como expresión de la intensificación de las pretensiones estadounidenses por suscribir el acuerdo, interesa recordar que en noviembre de 2003 se había efectuado en Miami la Octava Reunión Ministerial del ALCA y que tan sólo tres meses después, en febrero de 2004, se llevó a cabo en Puebla, México, la XVII Reunión Viceministerial del ALCA con el objetivo de presionar a los gobiernos a aceptar y firmar el Acuerdo en condiciones favorables a los intereses de la potencia del norte.

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En contrapartida, y como manifestación del rechazo al proyecto norteamericano, después del nacimiento de la Comunidad Sudamericana de Naciones y de la ALBA, en la Cuarta Cumbre de las Américas realizada en Mar del Plata, Argentina, el 4 y 5 de noviembre de 2005, que contó con la participación de los presidentes de todos los países de la región —a excepción de Cuba— se concretó el fracaso de las negociaciones, y la consecuente muerte política del ALCA. Como lo señala Borón “La derrota del ALCA fue un golpazo brutal, porque ese era el proyecto para todo el siglo XXI y es un proyecto que queda truncado” (Borón, 2013: 8). En esa Cuarta Cumbre de las Américas, los presidentes Néstor Kirchner, que llegó a la presidencia Argentina en mayo de 2003, Luiz Inácio Lula da Silva, que había asumido la presidencia de Brasil el 1º de enero de 2003, y Hugo Chávez Frías, que asumió como presidente de Venezuela en 1999 y que había definido previamente al ALCA como un Tratado de Adhesión de América Latina a los Estados Unidos, se manifestaron activamente contra la suscripción del ALCA, en tanto dicho proyecto pretendía imponer un marco jurídico a nivel hemisférico tendiente a homogeneizar las condiciones de funcionamiento de los capitales estadounidenses en las economías latinoamericanas. El hito simbólico de las resistencias triunfantes y del nuevo momento latinoamericano, se reveló en Mar del Plata (Argentina) en 2005, cuando el ex presidente argentino Néstor Kirchner, expresó a su homólogo George Bush, que la región podía perfectamente prescindir de las orientaciones estadounidenses en materia de integración, que ‘no los necesitábamos’. Se refrendó, desde allí, el desplome del ALCA (León, 2013).

En su formación, al haber sido creada en un periodo de frontal oposición al proyecto estadounidense y como una propuesta que surge desde lo político, la Comunidad Sudamericana de Naciones fue definiendo sus contenidos, estructura institucional y formas de operación en las sucesivas reuniones presidenciales efectuadas en Brasilia en septiembre de 2005, en Montevideo en diciembre de 2005, en Cochabamba en octubre de 2006 y en Margarita en abril de 2007, para transformarse en mayo de 2008, en la Unión de Naciones Suramericanas, la cual tiene como objetivo de acuerdo a su Tratado Constitutivo: Construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados (Presidentes de América del Sur, 2008).

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La incorporación de un número importante de ámbitos, en los cuales desplegar el esfuerzo integracionista, se fue articulando paulatinamente hasta dar forma a una estructura institucional conformada hasta la fecha por los siguientes doce Consejos sectoriales: • • • • • • • • • • • •

Consejo Energético Suramericano Consejo de Defensa Suramericano Consejo de Salud Suramericano Consejo Suramericano de Desarrollo Social Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas Consejo Suramericano de Economía y Finanzas Consejo Electoral de Unasur Consejo Suramericano de Educación Consejo Suramericano de Cultura Consejo Suramericano de Ciencia, Tecnología e Innovación Consejo Suramericano en materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y Coordinación de Acciones contra la Delincuencia Organizada Trasnacional.

Si bien la amplitud de temas pone de manifiesto los alcances de este mecanismo regional y la visión estratégica inmersa en el mismo, lo que incluye la incorporación de ámbitos sensibles en materia de integración como el energético y el de defensa, a ello hay que agregar la presencia que la Unasur ha ido ganando como espacio para la solución regional de conflictos y defensa del orden democrático, así como su capacidad para incidir en el ámbito regional. En dicha perspectiva, y al poco tiempo de haberse conformado, la Unasur emitió una Declaración de apoyo al presidente de Bolivia, Evo Morales, en la cual los presidentes suramericanos le expresaban su decidido respaldo frente a los conflictos ocurridos por los intentos separatistas en la Media Luna y ante la masacre de Pando. En la Declaración, los presidentes manifestaban su enérgico rechazo a cualquier intento de golpe civil, que implicara la ruptura del orden institucional o comprometiera la integridad territorial de Bolivia, y condenaban a los que buscaban desestabilizar la democracia boliviana, además de que acordaron la creación de una Comisión que investigó la masacre ocurrida en Pando, la cual entregó sus conclusiones en diciembre de 2008 y recomendó someter a juicio a los responsables de haber cometido un crimen de lesa humanidad (Presidentes de América del Sur, 2008a). Así también, la Unasur manifestó de forma clara su condena ante la ruptura del orden constitucional en Honduras, por el golpe de Estado que en junio de 2009

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derrocó al presidente democráticamente electo, Manuel Zelaya, e impuso un gobierno de facto y, en un pronunciamiento similar, expresó su rechazo y condena ante el secuestro e intento de golpe de Estado del presidente de Ecuador, Rafael Correa, en septiembre de 2010. En otro hecho relevante, la Unasur procedió a realizar acciones de mediación política en el conflicto desatado entre Colombia y Venezuela, en marzo de 2008, a consecuencia de la invasión de militares colombianos a territorio ecuatoriano, lo que originó una grave crisis política en la región que incluyó la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. A ello hay que agregar el rechazo a las pretensiones injerencistas externas como lo es la presencia militar inglesa en las Islas Malvinas y la amenaza del Reino Unido de violar la embajada de Ecuador en Londres, ante lo cual se ha manifestado de forma clara el respaldo de los mandatarios de los países suramericanos, a lo que se suma la reiterada condena por parte de los presidentes de Unasur al bloqueo y acoso económico impuesto por Estados Unidos contra Cuba desde hace más de cinco décadas. En lo que se refiere al funcionamiento de los diferentes Consejos, estos han venido desplegando un conjunto de iniciativas buscando incidir en sus correspondientes esferas de competencia para hacer frente a la problemática existente a nivel regional. De esta forma, y por señalar algunos de los avances generados en dichas instancias, el Consejo Suramericano de Desarrollo Social, en reunión de los ministros del área, aprobó la Agenda de Acciones Sociales Prioritarias en la que se identifican las siguientes acciones a ser priorizadas: erradicar la desnutrición crónica infantil; consolidar los sistemas de promoción social; alcanzar una mayor inclusión económica, social y productiva que incluya el acceso a los servicios públicos y la generación de oportunidades; promover el acceso suficiente y oportuno de alimentos sanos y de calidad y el acceso a servicios que permitan el desarrollo de una vida plena; y, promover la participación de los ciudadanos en condiciones de igualdad y el pleno ejercicio de sus derechos. A dichas acciones se sumó la creación del Observatorio Regional para el Desarrollo Social Humano e Incluyente, mediante el cual se busca impulsar estrategias comunes en materia de desarrollo social en Suramérica. En lo que se refiere al Consejo Suramericano de Defensa, entre las acciones realizadas en el 2013 se encuentra el estudio metodológico para conocer el inventario militar de los países suramericanos; avanzar en el establecimiento de una política para hacer frente a las amenazas cibernéticas e informáticas en el área de defensa; diseñar y producir regionalmente un sistema de aeronaves no tripuladas; y elaborar una propuesta para crear la Escuela Suramericana de Defensa. Uno de los aspectos sustantivos en que se concretó el esfuerzo de los países suramericanos en materia de defensa, lo constituyó la creación en mayo de 2011 del Centro de Estudios

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Estratégicos de Defensa (CEED), con sede en Argentina, el cual tiene como objetivo generar un pensamiento estratégico a nivel regional que contribuya a la coordinación y armonización en materia de políticas de defensa y seguridad en la región. Para avanzar en el cumplimiento de su objetivo, el CEED promueve la definición de los intereses regionales, identificando los desafíos, factores de riesgo y amenazas, así también las oportunidades para la defensa y la seguridad regional tanto en el presente como en el mediano y largo plazo. Como parte neurálgica dentro de Unasur, el Centro impulsa la construcción de una visión compartida, identificando los enfoques conceptuales y lineamientos básicos comunes que permitan articular políticas en materia de seguridad regional. Entre sus actividades recientes, en julio de 2013 el Centro de Estudios Estratégicos de Defensa organizó, junto con la Casa Patria Grande “Presidente Néstor Carlos Kirchner”, el Seminario Internacional Nuevas Dimensiones de la Integración y la Seguridad Regional, con el propósito de generar un espacio de reflexión en torno a los procesos de integración que se vienen impulsando en la región, incluida la Unasur. El director del CEED al abordar el tema de los recursos naturales como factor central del “interés regional” de la región suramericana ha señalado que “no hay mayor ejemplo paradigmático que ilustre este concepto de ʻinterés regional’ como los cuantiosos recursos naturales estratégicos que abundan en Suramérica y que por su diseminación sin respetar fronteras, constituyen de hecho activos comunes a nuestros doce países de Unasur” (Forti, 2013). Es en ese sentido, que se rescata la noción de que un componente central de la visión estratégica de la integración en marcha lo conforman los recursos naturales.

El papel de los recursos naturales en la geopolítica regional En un escenario mundial como el descrito, caracterizado por la presencia de múltiples conflictos y tensiones, donde se condensa la lucha por el dominio político del territorio, la búsqueda del poder y el mantenimiento de la hegemonía, el acceso y control de los recursos naturales se transforma en un aspecto vital. Dichos recursos constituyen los soportes efectivos y tangibles del poder, por lo que el análisis del papel que ellos tienen y pueden llegar a desempeñar en esta etapa del regionalismo estratégico latinoamericano, se convierte en un imperativo para poder atisbar tanto de las posibilidades como de los desafíos que se deberán enfrentar, si se quieren atender los problemas de desigualdad que existen en los países del área y proyectar un crecimiento con menores grados de vulnerabilidad.

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La necesidad de impulsar una integración de carácter estratégico en América Latina, se hace más necesaria si se tiene presente que en los últimos años Estados Unidos ha puesto en marcha una estrategia de relacionamiento hemisférico de carácter integral, que incluye un amplio abanico de acciones entre las que cabe destacar la firma de Tratados de Libre Comercio con sus más cercanos aliados en la región: México, Colombia, Perú y Chile; el apoyo para que estos mismos países hayan creado en 2012 la Alianza del Pacífico, mecanismo que recoge los postulados centrales de una propuesta de integración de carácter neoliberal; la instalación de nuevas bases militares en Colombia y varios países de Centroamérica, argumentando la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico; el despliegue y reactivación en 2008 de la IV flota naval, la cual se encontraba inmovilizada desde el año de 1950; su participación en el golpe de Estado y ruptura del orden constitucional en Honduras y Paraguay en contra de los presidentes Manuel Zelaya y Fernando Lugo; en los intentos de golpe de Estado efectuados en Bolivia en contra del presidente Evo Morales y en Ecuador contra Rafael Correa; así como su más reciente participación en la estrategia de desestabilización contra del gobierno democráticamente electo de Venezuela, Nicolás Maduro, mediante la guerra económica que mantienen los sectores más reaccionarios de ese país. El conjunto de elementos descritos forman parte del abigarrado rompecabezas geopolítico estadounidense en la región, que tiene como uno de sus propósitos centrales el control y usufructo de recursos naturales y materias primas, los cuales constituyen el soporte básico del ejercicio de la hegemonía. En efecto, si bien la lucha por el liderazgo global incorpora aspectos de orden político, estratégico, geográfico, demográfico, militar y cultural, lo cierto es que desde el punto de vista estrictamente económico la capacidad hegemónica se sustenta en el desarrollo, control, gestión y capacidad de monopolización de la producción estratégica y de los elementos estratégicos de la reproducción (Ceceña, 1995). Teniendo presente que hay un grupo de materias primas que son esenciales para la reproducción material global, y que su valor estratégico está en función de su utilización en escala masiva, adquiere singular relevancia conocer la ubicación y características territoriales y espaciales en que dichas materias primas se producen, así como lo referido al acceso, apropiación, concentración y manejo de las mismas. América Latina, posee importantes reservas de recursos naturales considerados estratégicos, lo que incluye a los minerales fósiles y no fósiles, fuentes de abastecimiento de agua dulce, así como una considerable diversidad biológica y ecosistemas, de lo que se desprende la necesidad de fortalecer la propiedad soberana de los Estados sobre los recursos naturales en un contexto de creciente acaparamiento y especulación de las materias primas y alimentos —commodities— por parte de los empresas globales que han convertido dichos recursos en parte de sus activos financieros.

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En relación con el agua, un estudio reciente de la CEPAL elaborado a solicitud de la Secretaría General de la Unasur, muestra que América Latina y el Caribe, con menos de 6 % de la población mundial, cuenta con alrededor de 30 % del total de los recursos hídricos renovables del mundo, lo que representa mas de 70 % del agua del continente americano (CEPAL, 2013). En otro análisis, Bruckmann destaca que por el volumen de las reservas de los grandes acuíferos de América del Sur y por la capacidad de reposición de agua de dichos sistemas América del Sur constituye la principal reserva de agua del planeta (Bruckmann, 2012). La disputa por la apropiación y el control del agua ha tendido a intensificarse en los últimos años en el marco de su creciente privatización y mercantilización en el mundo por parte de los grandes corporativos trasnacionales. En América Latina, lo ocurrido en Bolivia en el año 2000, en relación a las protestas populares y a la lucha desatada en la llamada Guerra del Agua, constituyó un primer y significativo aviso del nivel de intensificación que pueden alcanzar los conflictos en torno a los recursos hídricos en el continente. De manera más reciente, y también en relación con el acceso y utilización del agua, la construcción de grandes obras hidroeléctricas en los países de América Latina y el Caribe ha generado graves tensiones y conflictos sociales, que han tendido a multiplicarse y agudizarse como expresión de otra de las muchas aristas en torno a la lucha por el agua como recurso vital. Si tenemos en cuenta elementos de carácter estratégico, como son los referidos al nivel de extracción de agua, así como la magnitud de las reservas de aguas subterráneas en cada país y región, Estados Unidos aparece como un peligro potencial en la lucha existente por el dominio y apropiación del agua. Los intereses en disputa son colosales. Estados Unidos necesita asegurar el abastecimiento de agua dulce. Los datos muestran que el nivel de su consumo está acabando con sus reservas de agua subterránea […]. En este contexto, América del Sur representa la mejor opción para Estados Unidos […]. El continente se debe preparar para enfrentar estrategias multidimensionales de apropiación y control del agua que posee y de los ecosistemas que de ella dependen (Bruckmann, 2012: 13).

Un paso en esa dirección lo constituye el avance que algunos gobiernos de América Latina están realizando en el sentido de reconocer al agua como un derecho inalienable y en impulsar la soberanía y gestión pública de dicho recurso. Por lo que se refiere a la biodiversidad, interesa destacar que en América del Sur se encuentran cinco de los 17 países megadiversos existentes en el mundo. En estos cinco países —Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela— se concentra un importante porcentaje de especies de mamíferos, aves, reptiles, anfibios, plantas e insectos, así como bosques tropicales húmedos, praderas y sabanas y otros

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ecosistemas, ubicándose en Suramérica siete de las 25 eco-regiones terrestres biológicamente más ricas del mundo y contando la región con 24 % del área total de bosques del planeta, a lo que se añade que Suramérica posee 19.5 % de las reservas mundiales probadas de petróleo crudo, y genera una producción que representa 9.2 % del total mundial de ese energético (Forti, 2013: 10). Dentro de los recursos naturales, un aspecto central tiene que ver con la producción y magnitud de las reservas mundiales de minerales estratégicos. Como se puede ver en el cuadro 1, América Latina concentra un importante porcentaje de los minerales estratégicos que son soporte efectivo en el ejercicio de la hegemonía, por tener una fuerte intervención en las industrias que determinan las formas y rumbos que toma la producción capitalista a nivel mundial.

Cuadro 1. América Latina. Reservas probadas y producción de minerales estratégicos en relación con el mundo (en porcentajes) Reservas respecto al mundo

Producción respecto al mundo

Principales productores de la región

Niobio

98 %

Niobio

92 %

Brasil

Litio

85 %

Renio

64 %

Chile y Perú

Tantalio

59 %

Mercurio

57 %

Argentina

Renio

54 %

Litio

50 %

Chile, Argentina y Brasil

Plata

42 %

Cobre

43 %

Chile y Perú

Cobre

36 %

Boro

37 %

Perú, Bolivia y Brasil

Selenio

33 %

Arsénico

30 %

Chile y Perú

Estaño

33 %

Plata

32 %

Perú, Chile y Bolivia

Boro

20 %

Tantalio

26 %

Brasil

Bauxita

18 %

Molibdeno

22 %

Chile y Perú

Mineral de Hierro

18 %

Zinc

18 %

Perú y Bolivia

Manganeso

17 %

Estaño

18 %

Perú, Bolivia y Brasil

Antimonio

17 %

Bauxita

17 %

Brasil y Suriname

Molibdeno

16 %

Oro

16 %

Perú, Argentina y Brasil

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Oro

15 %

Mineral de Hierro

16 %

Brasil

Níquel

14 %

Bismuto

13 %

Perú

Zinc

13 %

Níquel

12 %

Brasil y Colombia

Plomo

10 %

Plomo

9%

Perú y Bolivia

Cadmio

7%

Grafito

8%

Brasil

Bismuto

7%

Selenio

6%

Chile y Perú

Fosfato de Roca

5%

Manganeso

6%

Brasil

Potasa

3.89 %

Potasa

3.72 %

Chile y Brasil

Circonio

3.93 %

Fosfato de Roca

3.83 %

Brasil y Perú

Indio

3.27 %

Antimonio

4.39 %

Bolivia y Argentina

Titanio

3.30 %

Tungsteno

3.31 %

Bolivia, Perú y Brasil

Tungsteno

1.83 %

Cadmio

2.81 %

Perú y Brasil

Grafito

0.51 %

Cobalto

1.79 %

Brasil

Cobalto

1.22 %

Titanio

1.09 %

Brasil

Fluorita

0.43 %

Fluorita

1.30 %

Brasil y Argentina

Tierra Rara

0.03 %

Tierra rara

0.42 %

Brasil

Fuente: Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y Organización Latinoamericana de Energía (Olade) 2013; Potencial de recursos energéticos y minerales en América del Sur: coincidencias jurídicas hacia una estrategia regional, Quito.

En el cuadro, se puede apreciar la magnitud de las reservas de minerales estratégicos situadas en América Latina y el Caribe en relación con las reservas totales mundiales y donde se observa la importancia de la región en el porcentaje de las reservas mundiales de niobio, litio, renio, plata, cobre, selenio, estaño, boro, bauxita, mineral de hierro, níquel, zinc, molibdeno, cadmio, plomo y antimonio entre otros. De la misma forma, en el cuadro se puede observar cual es el porcentaje de minerales estratégicos que se produce en América Latina respecto a la producción mundial. Como se puede ver, el niobio representa 92 % de la producción total mundial, el renio de la región representa cerca de dos terceras partes de la producción mundial, y la del mercurio y el litio alrededor de la mitad de la producción que se efectúa en el planeta, en tanto que el cobre, el boro, la plata, el tantalio, el molibdeno, el zinc, el estaño, la bauxita y el mineral de hierro, entre otros, representan también porcentajes importantes de la producción que se genera en el mundo.

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Por lo que se refiere al niobio, este mineral es empleado principalmente en la industria del hierro y en la industria aeroespacial, siendo producido casi en su totalidad por Brasil, país en el que se localizan más de 90 % de las reservas mundiales totales. En cuanto al litio, cuyas reservas más importantes se encuentran localizadas en Bolivia, este mineral es utilizado en la industria aeronáutica y de submarinos, empleándose en aplicaciones para la transferencia de calor y en aplicaciones nucleares. El tantalio por su parte, se utiliza principalmente en la industria de las computadoras, en los teléfonos celulares y en dispositivos electrónicos para la industria automovilística, ubicándose en Brasil más de 50 % del total de las reservas mundiales (Unasur y Olade, 2013). Por lo que hace al renio, este mineral estratégico se emplea en la construcción de filamentos para espectrómetros de masas y catalizador en la industria química, es además un importante conductor eléctrico que se usa en la fabricación de flashes así como también en el diagnóstico y tratamiento de cáncer, encontrándose en Chile alrededor de la mitad de las reservas mundiales probadas de este mineral. El cobre por su parte, con grandes reservas en Chile y Perú, se utiliza en industrias como la electrónica, las comunicaciones —autos, barcos, aviones—, la industria de la construcción y también en la producción de armamento, como es el caso de los proyectiles teledirigidos. Por lo que se refiere al molibdeno, que es otro de los minerales estratégicos con importantes reservas en la región, su importancia radica en su utilización intensiva en la industria del acero así como en las súperaleaciones que requieren dureza, tenacidad, resistencia a la corrosión, a la abrasión y a las altas temperaturas. Su aplicación se da por tanto en la fabricación de herramientas de corte, el transporte, en equipo de producción de petróleo y gas, así como en diferentes ambientes químicos y el mar (Ceceña, 1995). En cuanto a la plata, con una importante producción en la región particularmente en Perú, Chile y Bolivia, y con más de 40 % de las reservas mundiales totales, este mineral es utilizado para acuñar monedas, así como en un número importante de productos industriales por sus propiedades de conductividad eléctrica, maleabilidad y reflectividad. El níquel por su parte se emplea en las súperaleaciones de acero, así como en la producción de armamento, equipo eléctrico y electrónico y productos químicos. Se demanda además en la industria aeroespacial, así como en el procesamiento de petróleo, plásticos y aceros de alta calidad debido a su capacidad para resistir elevadas temperaturas y los efectos nocivos del medio ambiente (Ceceña, 1995). Por su carácter imprescindible en las industrias productoras de tecnología de punta y por ser minerales relativamente escasos en función de su escala de utilización en el sector militar y en la reproducción de la estructura fundamental del aparato productivo, el acceso a algunos de los minerales estratégicos previamente señalados

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es considerado por los estrategas de Estados Unidos una cuestión de seguridad nacional, por lo que no puede descartarse un acrecentamiento de las presiones de orden económico, político y militar norteamericanas, como parte de una estrategia de dominación multidimensional para garantizar y extender los derechos a la prospección, exploración, extracción y explotación de recursos naturales en el conjunto de América Latina y El Caribe. De hecho, el reforzamiento de la necesidad de asegurar el suministro de los recursos naturales por parte de las potencias que vienen disputando la hegemonía global, se ha traducido en el incremento de los proyectos de minería a suelo abierto en prácticamente todo el mundo en las últimas décadas, lo que no excluye a América Latina, que en algunos de sus países la actividad minera se ha expandido exponencialmente comandada por las empresas canadienses, estadounidenses y chinas, entre otras, como resultado de la intensificación en los niveles de confrontación entre potencias, que buscan garantizar niveles suficientes de suministro al tiempo de disminuir su vulnerabilidad estratégica. Es en ese sentido, que tanto en la ALBA como en la Unasur se han venido impulsando iniciativas para avanzar en la consolidación de un pensamiento y una visión estratégica de la integración latinoamericana y caribeña, sustentadas en principios y políticas que permitan generar mayores grados de soberanía de los Estados en el manejo de sus recursos naturales. Por lo que hace a la ALBA, se hizo mención de la iniciativa Petrocaribe, en tanto alianza estratégica que busca concretar una integración energética que incluya la exploración, desarrollo, refinación, transporte, almacenamiento, comercio y cooperación tecnológica, a nivel subregional abarcando la cadena de producción, fuentes, precios y distribución, con el fin de garantizar el suministro seguro y oportuno así como el balance de la matriz energética de cada uno de los países de la iniciativa, lo que incluye además del petróleo y el gas, la energía eléctrica, energías alternativas y el establecimiento de programas para el ahorro de energía. Por lo que hace a Unasur, además de las acciones que se vienen desplegando de manera periódica como parte del Consejo Energético Suramericano, interesa señalar dentro de las iniciativas más recientes que en la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Gobierno de Unasur, celebrada el 30 de noviembre de 2012 en Lima, los mandatarios acordaron iniciar un estudio sobre la disponibilidad y potencialidades de los recursos naturales en la región suramericana, para diseñar una Estrategia integral para el aprovechamiento de los recursos naturales, lo que incluye aspectos como el relevamiento y sistematización de información relativa a las reservas naturales así como el mapeo e inventario de los mismos (jefas y jefes de Estado y de gobierno de la Unasur, 2012).

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Así también, dentro de la misma Unasur se llevó a cabo en Caracas, a fines de mayo de 2013, la Conferencia de la Unión de Naciones Suramericanas sobre recursos naturales para un desarrollo integral de la región, en la que participaron expertos e intelectuales de la zona, autoridades de los Estados miembros de Unasur y representantes de todos los Consejos Ministeriales, con el propósito de generar insumos y avanzar en la construcción de una visión común para el establecimiento de una estrategia suramericanas que permita el aprovechamiento integral de los recursos naturales en la región.

Los desafíos de la integración estratégica en América Latina y el Caribe (ALyC) Como proyecto en disputa, la integración estratégica que se viene impulsando en América Latina y el Caribe es un proceso en tensión, sometido a marchas y contramarchas, avances y retrocesos, que condensan la lucha en la que confluyen multiplicidad de intereses y perspectivas. Se puede decir que la región se encuentra en un fermento diplomático-estratégico en donde distintos modelos están en disputa y en donde los recursos naturales por un lado, y la cercanía o la lejanía a la política de los Estados Unidos por el otro, evidencian que estamos frente a una reconfiguración del regionalismo estratégico latinoamericano. Entre los desafíos a enfrentar, para avanzar en la consolidación de una integración como la que se pretende profundizar en América Latina y el Caribe, están aquellos vinculados a la necesidad de procesar adecuadamente los conflictos de distinta naturaleza que, con diferente grado de complejidad, se siguen presentando entre los países miembros de los nuevos mecanismos de integración y cooperación, para lo cual es necesario contar no sólo con la voluntad política —que constituye un requisito indispensable— sino también con la capacidad de negociación y los recursos de orden jurídico, político e institucional que posibiliten avanzar en la solución conjunta de dichos conflictos. También como parte de los desafíos de orden interno, interesa subrayar que la estrategia de desarrollo, impulsada por un número importante de países que forman parte tanto de la ALBA-TCP como de la Unasur, ha sido severamente cuestionada por movimientos sociales, organizaciones populares, grupos indígenas y campesinos, y por sectores de la intelectualidad militante, por sustentarse en la explotación intensiva de los recursos naturales, particularmente la sobreexplotación de los recursos energéticos y minerales como parte de un nuevo extractivismo (Gudynas, 2009).

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El nuevo extractivismo, si bien se ha utilizado para aplicar políticas y programas que han permitido disminuir la desigualdad y atenuar la polarización mejorando las condiciones materiales de vida de porcentajes crecientes de la población, debe ser superado dando paso a la formulación de una estrategia regional integral en el manejo de los recursos naturales a implementarse en distintos niveles y planos, que conlleve una reapropiación social de la naturaleza, que incorpore la generación de capacidades de investigación y desarrollo para la transformación de los recursos, que permita agregar valor a las materias primas como parte de una política regional de industrialización de las mismas, y que desarrolle instrumentos que garanticen una inversión social y productiva eficiente de las rentas extraordinarias obtenidas por los elevados precios de los recursos naturales en el mercado mundial, además de crear fondos para hacer frente a la volatilidad y posible baja de los precios a futuro de dichos recursos. Aunado a lo anterior, es necesario destacar la urgencia de implementar mecanismos de consulta efectiva con los grupos indígenas y campesinos respecto a la gestión de los recursos naturales ubicados en sus tierras, ante las crecientes acciones de protesta de las poblaciones que han sido afectadas por la actividad extractiva, las cuales han emprendido luchas de resistencia y emancipación ante el despojo de que vienen siendo objeto por parte de gobiernos que, dentro de una propuesta teórica progresista que implica el ejercicio de nuevas prácticas políticas, han tendido a reproducir patrones de comportamiento similares a los de las empresas transnacionales en lo referido a la apropiación de los recursos naturales, lo que ha conducido incluso a la expulsión de las poblaciones locales de los territorios en que se encuentran ubicados dichos recursos. En lo que se refiere a los desafíos provenientes del exterior, sin duda el principal factor a considerar lo constituye el hacer frente a la estrategia estadounidense de desactivación y neutralización de la nueva etapa de los mecanismos de integración y cooperación en marcha en América Latina y El Caribe, así como de la visión estratégica contenida en dichos mecanismos. En esa lógica, y por lo que se refiere a la Alianza Bolivariana, resulta fundamental hacer frente en todo los ámbitos —diplomático, mediático, económico, político y militar— a la crónica intervención de las agencias estadounidenses de inteligencia y espionaje en Venezuela. Ante el hecho indiscutible del rol que juega Venezuela dentro del ALBA-TCP, como el país que arrastra al conjunto de la Alianza asumiendo el papel de locomotora del proceso, y del cual parte el grueso de los programas y acciones que conforman la iniciativa bolivariana, Estados Unidos ha hecho todo lo posible por terminar con el proceso revolucionario en ese país, lo que incluye desde su participación en el golpe de Estado propiciado por la derecha venezolana en

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abril de 2002 (Golinger, 2005), hasta su más reciente actuación en el proceso de sabotaje económico y desestabilización política que han emprendido los sectores más reaccionarios después de la muerte del presidente Hugo Chávez, como parte de una agresión permanente que busca descarrilar por todos los medios el proceso venezolano (Allard, 2009). A lo largo de casi dos siglos de vigencia de la Doctrina Monroe, la historia ha dado sobradas muestras de las múltiples formas de intromisión, directa o encubierta, legal o ilegal, de que es capaz el imperio en su propósito de desestabilizar a aquellos regímenes políticos que se oponen a sus dictados. La aplicación reciente en Venezuela, de acciones como las que se pusieron en marcha contra el régimen democrático de Salvador Allende en Chile, y que fueron denunciadas en su momento por destacados políticos e intelectuales (Vúskovic, 1975), pone de manifiesto la necesidad de hacer frente de manera decidida y organizada a las amenazas en marcha para atajar cualquier posibilidad de regreso a escenarios de corte fascista, que pongan en riesgo no sólo los avances del orden democrático que se han ido consolidando en los últimos años en esa nación, sino también los proyectos de construcción de alternativas en materia de integración regional. En tal sentido, Venezuela, y también la ALBA, se constituyen en el corazón del equilibrio geopolítico hemisférico, cuyos resultados contribuirán a definir, cuando menos parcialmente, en el corto y mediano plazo, el horizonte de proyectos emancipatorios en el conjunto del continente. Como se desprende de los documentos filtrados a través de Wikileaks, los cuales dan cuenta de la intensa labor de espionaje de las agencias y servicios de inteligencia de Estados Unidos en el mundo y ante lo cual se han expresado firmes posturas de denuncia y rechazo lo mismo de la canciller alemana Ángela Merkel, que de la presidenta de Brasil Dilma Rousseff en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2013, la mayor potencia militar del mundo se resiste a perder su posición hegemónica y actúa en consecuencia en todos los frentes. De ello se concluye que no será fácilmente aceptable para Estados Unidos permitir la consolidación de un mecanismo de integración y cooperación concebido bajo una visión estratégica de largo plazo, como propuesta contrahegemónica que pretende crear espacios de autonomía regional y que incorpora entre sus activos aspectos referidos a la propiedad soberana de los Estados sobre los recursos naturales, en un escenario en el que se intensifica la necesidad de asegurar el acceso y control de dichos recursos y, dentro de los mismos, los energéticos y en especial del petróleo. En ese sentido, el regionalismo post-neoliberal y post-hegemónico enfrenta hoy un nuevo ataque directo por parte de los Estado Unidos que intentan revivir aquel modelo de “integración” de la segunda mitad del siglo XX, caracterizado por el proceso de expansión de las multinacionales norteamericanas en el continente latinoamericano.

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Otro desafío a tener en cuenta, lo constituye la conformación de la Alianza del Pacífico, iniciativa política cuya creación se dio el 28 de abril de 2011 y que quedó constituida formalmente el 6 de junio de 2012 mediante la firma del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, efectuada por los presidentes de Colombia, Chile, México y Perú, en Paranal-Antofagasta, Chile (Presidentes de la Alianza del Pacífico, 2012). Teniendo entre sus objetivos formales convertirse en una plataforma de articulación política, de integración económica y comercial, y de proyección al mundo, con especial énfasis al Asia Pacífico, la Alianza del Pacífico, aparece como un intento de revivir el ALCA, con una nueva estrategia de integración geopolítica que podría conducir potencialmente a la fractura de Unasur. Con más de 200 millones de habitantes, una extensión territorial de más de cinco millones de kilómetros cuadrados y 40 % del PIB regional, la Alianza del Pacífico se mete como cuña en el cuerpo de los esquemas del regionalismo estratégico y obliga al resto de países de la Unión Suramericana a atajar los intentos de implosión que podrían ser atizados desde los países que formando parte de Unasur han decidido crear la Alianza del Pacífico. Otro desafío que deberán enfrentar los mecanismos de integración y cooperación se refiere al papel que dentro de ellos viene desempeñando de manera preponderante un solo país: para el caso de la ALBA-TCP Venezuela y, en el caso de Unasur, Brasil. Por lo que se refiere a la ALBA-TCP, la desigual distribución y falta de equilibrio entre los países miembros del mismo, con Venezuela encabezando el proceso, seguido de Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, y donde los países caribeños —Dominica, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, y San Vicente y las Granadinas— desempeñan un papel claramente marginal, que se ha acompañado de un acentuado presidencialismo, el cual ha constituido uno de los rasgos predominantes en el funcionamiento de la Alianza. Dicho presidencialismo, que desde los inicios de la ALBA se concentró en la figura de Hugo Chávez, no se compensó en su momento con un efectivo y pleno funcionamiento de la institucionalidad creada como parte de este mecanismo por lo que, ante la muerte de Chávez, y en presencia de una guerra económica que forma parte de la estrategia de desestabilización del proceso venezolano, se incrementan potencialmente los riesgos para el conjunto de la ALBA como mecanismo de integración, debido a la vulnerabilidad y dependencia del mismo tanto del liderazgo de un solo país, como también respecto de las decisiones que respecto a la ALBA-TCP pueda tomar el presidente Maduro. Lo anterior no implica que el ALBA-TCP este en proceso de desaparecer, ya que dentro de este mecanismo hay países como Cuba que ha contribuido de forma importante para la consecución de logros en el ámbito social entre los miembros de la Alianza, Ecuador, que ha desempeñado un rol destacado en el diseño e instrumentación de

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una Nueva Arquitectura Financiera Regional; o Bolivia, que ha enriquecido la ALBA con su propuesta del Tratado de Comercio de los Pueblos, por mencionar algunos de los aportes más destacados provenientes de otros países. De lo que se trata es de equilibrar y redistribuir las facultades, prerrogativas y atribuciones dentro de la ALBA-TCP para que ésta no dependa de la voluntad de los presidentes, y menos del presidente de un solo país, fortaleciendo al conjunto del proceso al hacerlo depender del cumplimiento de la normativa formulada de manera conjunta, y disminuyendo la vulnerabilidad respecto de los cambios gubernamentales. Por lo que se refiere a la Unasur, la magnitud de las dimensiones de Brasil, que se puede apreciar en su peso geográfico y demográfico, pero sobre todo en su creciente gravitación política, económica, financiera, tecnológica y militar, ha implicado que parte importante de las iniciativas impulsadas desde Unasur se sustente en propuestas que resultan funcionales a la visión geopolítica y a los intereses del gigante sudamericano. Dentro de Brasil, y en los demás países que forman parte de la Unión Suramericana, pero también desde los movimientos sociales progresistas y en la intelectualidad militante, se han venido señalando los riesgos de que el sentido y la orientación que vaya tomando la integración sudamericana, así como los principales componentes de la misma, se determinen en base a una estrategia de largo alcance definida y favorable a los poderosos grupos económicos de la burguesía brasileña. La emergencia de Brasil como potencia, sustentada en la existencia de una planificada estrategia de proyección global que tiene sus raíces en una escuela geopolítica propia y en un sostenido crecimiento económico a partir de la llegada a la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, podría consolidarse con la creación de las instituciones que forman parte de Unasur y, particularmente, del Consejo Energético y del Consejo de Defensa Suramericano, además de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), que forma parte del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (Cosiplan). Con una cartera conformada por 571 proyectos, por una inversión total estimada en más de 152 mil millones de dólares, la IIRSA ha sido fuertemente cuestionada por constituir uno de los grandes articuladores del proceso de reorganización territorial suramericano que ha afectado de forma creciente la vida de las comunidades, las cuales no se sienten identificadas con los proyectos que promueve la iniciativa y han denunciado los efectos muchas veces irreversibles de dichos proyectos sobre el tejido social de las pueblos indígenas y campesinos, a lo que se agrega la destrucción del medio ambiente en un contexto de cuestionamiento no sólo de la supuesta relación virtuosa existente entre infraestructura y desarrollo, sino incluso del concepto mismo de desarrollo.

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Los señalamientos respecto a las amenazas derivadas de un Brasil potencia (Zibechi, 2012) y a las tentaciones de imposición de un proyecto de corte imperialista en la región suramericana, no deben dejar de ser tomados en cuenta al momento de plantear los futuros escenarios por los que puede transitar la integración desde una visión estratégica. Teniendo claro que el panorama que viven hoy los países latinoamericanos y caribeños es radicalmente distinto al de décadas previas, cuando la región se encontraba inmersa en un entorno de dictaduras militares y de aplicación de la doctrina de la seguridad nacional, en el marco de la guerra fría, o sumida posteriormente en un profundo deterioro económico y social a consecuencia de la aplicación de políticas de ajuste para hacer frente al pago del servicio de la deuda, lo cierto es que las tentaciones imperialistas o sub-imperialistas deben ser atajadas de manera simultánea desde varios frentes. En primer lugar, por los gobiernos de aquellos países que junto con Brasil forman parte de la Unasur y que perciben el peligro de una integración subordinada a los intereses geopolíticos brasileños; en segundo lugar, por parte de las comunidades indígenas, pueblos y grupos campesinos del conjunto de países de la Unión que han venido siendo afectados o pueden llegar a verse desplazados por los proyectos de la estrategia de integración suramericana, que en una lógica extractivista de apropiación de los recursos naturales han procedido al despojo de las tierras y expulsión de los pueblos en los que dichos recursos se encuentran ubicados; y, por último, por la participación de los movimientos sociales, organizaciones civiles y la sociedad brasileña en general, en función de la necesidad de: Someter a un control popular tanto las inversiones como el propio proyecto de expansión brasileña en su conjunto, ya que si bien en el discurso éste ha sido planteado como una plataforma antiimperialista y de unión progresista suramericana, la presencia de grandes capitales, mandos militares y una fortalecida burocracia política brasileña son un terreno en el que puede construirse un poder excluyente, abusivo e impositivo. La ausencia de oposición y crítica al proyecto bien podrían volver al sueño de autodeterminación e integración en potencia de dominación ‘sureña’, como las que antes hemos visto desarrollarse en esa zona (Moreno, 2013).

Conclusiones Una integración de nuevo tipo, de carácter estratégico, como la que están intentando impulsar los países de América Latina y el Caribe, que implique una toma de distancia de la región respecto a los dictados y orientaciones provenientes de Estados Unidos, que posibilite un reposicionamiento regional con mayores grados de autonomía en

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el proceso de construcción global de un mundo multipolar y pluricéntrico, que esté orientada al desarrollo en beneficio de los pueblos y que incorpore el control y gestión racional de los recursos naturales como uno de los ejes de dicha estrategia, constituye por definición un proyecto en disputa en varios sentidos. Porque implica la construcción de una alternativa contrahegemónica y de confrontación a un destino manifiesto, auto asumido por el imperio estadounidense, de la existencia de una América para los americanos. Porque conlleva un desafío teórico-práctico de gran magnitud, si se tiene presente lo que ha venido ocurriendo en Europa con el fracaso del proceso integracionista que a lo largo de más de cinco décadas sirvió como referente para otras experiencias en materia de integración. Porque debe ir corrigiendo sobre la marcha el conjunto de errores de todo tipo, derivados del hecho de que una integración estratégica con mayores grados de soberanía como la que se está llevando a cabo en América Latina y el Caribe, constituye una experiencia inédita en la región. Porque debe encontrar soluciones en el corto plazo al nuevo extractivismo, generando políticas para un aprovechamiento sustentable de los recursos, que conlleve la transformación de los mismo de manera simultánea con el impulso al quehacer científico y tecnológico para la incorporación de valor agregado a las materias primas, teniendo claro el papel que juega el acceso y control de los recursos en el contexto actual. La construcción, aplicación y proyección de un pensamiento estratégico en materia de integración y cooperación en la región constituye un requisito obligado en un entorno caracterizado por el conflicto, la incertidumbre y la crisis. Sólo de manera articulada, definiendo acciones conjuntas, los países podrán disminuir su vulnerabilidad para hacer frente en mejores condiciones a los desafíos que representa el diseño de políticas con una orientación social en el marco de acrecentamiento de los efectos más negativos de la crisis global. En esta disyuntiva, los gobiernos de los países latinoamericanos verán severamente limitadas sus posibilidades de salir adelante sin la incorporación de los pueblos al conjunto de medidas que se vienen impulsando. Avanzar en la conformación de nuevas formas de relación sociedad-Estado y en el proceso de construcción de una integración desde abajo, parece ser uno de los talones de Aquiles con los que podría tropezar la nueva integración, de lo que se desprende la necesidad de un trabajo político intenso y permanente, de incorporación de la participación comunitaria a la toma de decisiones en todos los niveles, que permita la construcción de una amplia red de defensa de los proyectos nacionales y regionales en marcha, para potenciar las posibilidades de llevar adelante la integración con visión estratégica a que se ha hecho referencia a lo largo de este artículo.

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Segunda parte

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Entre Don Quijote y Juan Diego: Los Mexicanos en EE. UU. La emigración mexicana y sus valores (Reflexiones desde la Sociología) Pedro Félix Hernández Ornelas

Introducción

E

ste trabajo presenta algunas reflexiones acerca de la emigración de los mexicanos a los Estados Unidos; en particular, sobre los valores morales de las generaciones que nacieron entre 1950 y 1975 en las zonas urbanas más grandes del país y en las áreas rurales de su periferia. La investigación principal en la que estas consideraciones se fundamentan fue elaborada sobre una serie de encuestas en los últimos veinte años del pasado siglo XX (Los valores de los mexicanos, vol. 1-3, Fomento Cultural Banamex, 1986-1991-1993) dirigidas y publicadas por el doctor Enrique Alduncin. A los datos allí publicados se añadió la consulta de las tablas completas de los resultados de las encuestas, y la síntesis de visiones de “Valores Regionales del Mexicano” (Hernández, 2004), publicadas por quien escribe. Es nuestra intención mostrar algo del clima moral de aquellos mexicanos que formaron el contingente de emigrantes de las dos últimas décadas del pasado siglo. Como el resto de los artículos del libro, este capítulo lleva el deseo de contribuir a la mejor comprensión del proceso de desarrollo social, político y cultural de nuestro país a lo largo de esta dura época entre neo- y pos-neoliberal. De una y mil maneras, los valores morales del mexicano han sido causa de las acciones que forjan su historia. Lo son también de su nueva historia en tierras nuevas, al norte de su suelo natal. En el imaginario popular de la cultura del mexicano, dos de los arquetipos ideales de virtud, las figuras del Quijote y de Juan Diego tienen quizá una presencia activa, pero en distinto grado: aquel, Don Quijote, entre los mexicanos de más educación

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e ingreso —a partir de las clases medias bajas—; Juan Diego, creo yo, más entre los mexicanos de los estratos menos favorecidos y entre los de cercana herencia de culturas indígenas. Y en todo caso, en mexicanos de cierta religiosidad. Pero su cercanía a la devoción guadalupana (esa sí, de todos, ricos y pobres, con educación o sin ella) hace de su imagen una presencia de algún modo importante: un sumiso fiel cristiano, de buena conducta, de pocas palabras… en contraste con Don Quijote, el soñador apasionado por buenas cosas, generoso, aventurero, valeroso ante el peligro, recordado de muchos modos a lo largo de la vida escolar (primaria-secundaria) o estudios más avanzados, según el ambiente social de la persona. Todo ello, sin menoscabar la importancia de otros personajes del imaginario colectivo nacional, como Morelos, Hidalgo, y no pocos personajes de la Revolución, etcétera. Es conocido el ideal del mexicano de José Vasconcelos, primer Secretario de Educación Pública, y el mayor también por su visión humanista y estatura moral, personalidad muy relevante en la educación mexicana que renace con la Revolución —con genio de diseñador e impulsor. Se trata del mestizo, el hijo del indio y el español, la “raza de bronce” que nace en la Colonia: el arquetipo con cuyo ideal debe forjarse el pueblo de México. La cualidad mayor de ese mexicano: su inquebrantable e insospechada capacidad para adaptarse a todo; para sacar ventaja de cualquier situación por dura que sea, para sobrevivir… a pesar de todo. El hombre de la argucia de siempre, el Ulises Criollo (1935)… ¿el hombre “pentafásico” exaltado por la epopeya de colores de José Clemente Orozco y la poesía de Ema Godoy? Ante las reflexiones que despierta en muchas mentes la aculturación de los mexicanos en los EE. UU., el tema de sus valores morales y su impacto en las varias culturas regionales del nuevo país, es lo que exploramos aquí. Aunque el objeto de este capítulo no sea analizado estadísticamente con rigor, conviene aclarar la base cuantitativa de estas reflexiones. Los datos conciernen la expresión de esa herencia de valores de cultura religiosa asociada y con algunas prácticas importantes en el ambiente de trabajo, en la familia, en la economía y la política. Hay interés por las diferencias que se revelan en las personas que proceden de diversas zonas territoriales: Centro, Sur, Costa Pacífica y Frontera Norte. Y añadimos algo más sobre la calidad y la confiabilidad de las fuentes de este capítulo. Entre 1980 y 2000, como se dijo, el Departamento de Estudios Económicos y Sociales de Banamex sostuvo el trabajo de las encuestas nacionales sobre los valores morales del mexicano. Las áreas de valores que ocuparon la encuesta fueron: la familia y la mujer, el trabajo, la política y la religión. El trabajo se realizó en las 37 ciudades mayores del país (con las áreas rurales a ellas adscritas, según se advirtió ya). Con lo anterior puede el lector juzgar acerca de la validez y las limitaciones de las fuentes de reflexión. Junto a ellas, estuvo siempre cerca de quien escribe, la consulta

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de varias obras del mismo tema, en especial las de Octavio Paz, la encuesta de valores del mexicano realizada por el Centro de Estudios Educativos bajo el diseño del WVS (World Values Survey), Universidad de Míchigan; Pablo Latapí, (Ed. 1991) y la obra de Samuel Ramos sobre El Perfil del hombre y la cultura en México (1936). Por lo demás, a todo lo largo del trabajo de campo y la interpretación de los datos (las encuestas mencionadas), la metodología pertinente y más aceptada en ambientes científicos se aplicó con rigor y por investigadores respetables (Alduncin, 1983, cap., 1-2). En cuanto a las tablas o cuadros de valores presentadas aqui, son en mayoría el resultado de la ponderación de datos de las tres encuestas principales: yo las considero como información sólida, pero sólo de carácter indicativo de tendencias de conducta o de formación de criterios. No deben tomarse como sustento de aproximación estadística rigurosa. Las cifras presentadas aquí, prácticamente todas, son resultados de ponderación de porcentajes que conjuntan las diferencias de opciones de grupos de entrevistados (educación, ingreso y procedencia: rural urbana). En general, sólo se consideraron diferencias de sexo. Nos acercamos a algunos de los valores morales más relevantes según la estimación de la mayoría de los entrevistados; valores en los que coinciden los resultados de las encuestas citadas (Banamex, 1986-1991). Nos fijamos particularmente en valores de la vida, el carácter, el trabajo y su ambiente, y algunas virtudes, así como a lo sobresaliente en la religiosidad.

Sabiduría popular del mexicano Cuadro I: Sabiduría popular del mexicano Opciones preferentes: ordenadas por rango y sexo ** (Son porcentajes mayores a 6 %, sobre opción única) Adagios Cierto

H

M

̶ Mejor salud que dinero

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̶ La cultura es lo más valioso

11

12

̶ Hay que sacrificarse hoy, para gozar después

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Falso ̶ El dinero da la felicidad

12

12

̶ EI amor todo lo justifica

10

9

̶ EI mejor amigo, dinero habido

8

8

̶ Todos tienen su precio

7

8

Fuente: Banamex, Encuesta sobre Los valores de los mexicanos (dirigida por el Dr. Enrique Alduncin A.), México, 1982, Mss.

** Se entrevistaron en este caso 23 451 personas: 12 606 hombre y 10 845 mujeres. Solo hubo 1 % que no contestaron.

Lo que esos datos revelan —cuadro 1— es sencillo en su contenido, algo menos en la presentación. Se propusieron siete refranes sobre valores como amistad, felicidad, salud o bienestar, —todos ellos en afirmaciones positivas— relacionadas con el valor trascendente de la vida. Otros siete se propusieron en forma negativa. Lo claro es que hombres y mujeres en algo más de 2/3 de total de encuestados (72 %) optan muy claramente por la trascendencia moral o espiritual de la vida explícitamente presentada en cualquier forma (negativa o afirmativa): la vida es trascendente y eso se trasluce, sobre todo, en forma de amistad, bienestar y dignidad.

El tiempo y el mexicano Cuadro 2: El tiempo y el mexicano: % de opciones mayores de opinión Preferencias por Sexo (M-F) , Educación (+-) e Ingreso (+-) (H)

(M)

(e+)

(e-)

(i+)

(i-)

̶ Todo tiene su tiempo:

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81

81

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76

75

̶ Todo llega al que sabe esperar

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65

63

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Frente a la cultura del norteamericano, el valor del tiempo para la mayoría de los mexicanos de las dos últimas generaciones del siglo XX no puede ser más contrastante. Aquello de “time is money” no es algo que lleve en el alma: en lo personal y en vista de las experiencias de vida en el Altiplano de México; más bien surge la aparente quietud de resignación ante los acontecimientos que alteran algo lo

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cotidiano (nuevo pendiente). Pero, en lo general, ¡no se puede ver la negligencia en el campesino adormilado bajo su sombrero de paja! Si alguien ha vivido con familias pobres en muchas zonas del país, o bien, observado su proceder, encontrará un pensar y repensar lo que representan muchas veces las ofertas de trabajo, el aviso de cambio, el mudarse de lugar, etcétera. Hay en ello —fuera de los casos de emergencia enfermedad o hambre— una expresión de tranquilidad personal y de dignidad ante lo que la vida ha traído a cada uno y ante lo que nuevas circunstancias conllevan. Quizá, en generaciones de mexicanos más jóvenes, el impacto de las comunicaciones modernas que de muchas maneras martillean la imaginación con el torrente de imágenes de satisfactores de vida cómoda y de placer, el ansia por el dinero sea un factor mayor. Lo sabremos pronto con algún rigor científico. Lo cierto es que en muchas regiones de EE. UU. las familias mexicanas han sido reconocidas como muy estables y de vida tranquila, el caso de California (EE. UU.), según datos (s/ la familia) de los últimos veinte años, es una muestra.

El trabajo: dos grandes valores Cuadro 3: El trabajo: dos grandes valores* Opciones con mayor porcentaje (ponderado) de la población 1 - Logra más la colaboración que la competencia. 2 - Es mejor un buen trabajador que un compañero amigo. * Las opciones representan, cada una, más de dos tercios de los entrevistados.

Un comentario oportuno perece ser, ante todo, el que las opciones aquí expuestas acerca del valor personal del trabajo colocan al mexicano frente a un ambiente laboral cuya cultura está impregnada del valor de la competencia… para empezar, las generaciones de jóvenes entre los que emigraron, se encuentran en la escuela, con mucha frecuencia, ante compañeras y compañeros que poco se inclinan a cooperar en tareas de clase, a menos que los maestros dispongan la formación de equipos de trabajo. Otro comentario, más cercano al trabajo gremial en grandes plantas o en equipos de servicios, es el de notar algo que parece ya muy estimado por las grandes compañías transnacionales de la industria en México: la conciencia del mexicano por una mano de obra bien ejecutada, que es fruto de buen ambiente de colaboración y aprecio por el trabajo de los compañeros.

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La vida: cómo y para qué vivirla Cuadro 4: La vida: cómo y para qué vivirla… * Porcentaje mayor de opciones, según sexo, educación (+-) e ingreso (+ -) ** (1)

(2)

(3)

h

m

h

m

h

m

- La vida es para gozarse:

80

78

56

79

72

88

- No dejes para mañana:

87

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78

85

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84

- Al que madruga Dios lo ayuda:

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Fuente: Banamex, Encuesta sobre Los valores de los mexicanos (dirigida por el Dr. Enrique Alduncin A.), México, 1982, Mss. ** Los porcentajes menores son la diferencia entre las cifras expuestas y 100. Se entrevistaron 30 171 personas, (13 952 mujeres y 16 219 hombres sólo 1 % se abstuvo de contestar en este caso.

Como se ve por las preferencias anteriores, el mexicano tiene bastante optimismo ante la vida (marcadamente menor, como lleno de resignación en el caso de las personas sin instrucción alguna). Sin embargo, esa herencia, más por el lado de Don Quijote que de Juan Diego, de ninguna manera da razón para ver en ella el despuntar de una actitud de irresponsabilidad (o como genio romántico y cambiante de pasión desenfrenada): aquello de “goza la vida, que ya mañana Dios dirá”(!) nunca alcanza la aprobación ni siquiera de 25 % de los mexicanos. Para mayor abundamiento, es bien sabido —y ha sido objeto de muchas notas periodísticas de nivel mundial— que los mexicanos (y otros pueblos de países en general pobres, del sur capitalista del planeta) viven más contentos que los ricos. Surgen con esa visión, muchas preguntas complementarias. Entre ellas dos merecen especial atención: la que se refiere al tiempo —su uso y su huella en nosotros— y la que se refiere al trabajo y la de aquellos que son más cercanos a nosotros, la familia. Aquí se presentan en breves cuadros sucesivos. Las preguntas (en forma de opciones de valor, como “el esfuerzo por”), se refieren a dos situaciones distintas: una real, “Al tener yo mejor ingreso…”, la otra, “Si yo tuviera una vida de mayor ingreso ¿qué me gustaría hacer…?” Se presentan a continuación, en contraste tal vez más fuerte si se analizan los rubros opuestos.

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Cuadro 5: Objetivos de vida del mexicano Hombres

Mujeres

Hombres

(1982)

Mujeres

(1987)

1.

Llevar mejor vida familiar

11

12

16

17

2.

Más oportunidades a mis hijos

10

10

9

9

3.

Vivir tranquilo

8

9

9

9

4.

Éxito en mi profesión

8

6

9

7

5.

Cuidar mi salud física

6

6

7

8

6.

Trabajo por mi cuenta

5

3

7

5

(V-1) Objetivos de vida del mexicano. *Lo real (V-2) ¿Qué haría yo si tuviera más tiempo y dinero? Lo ideal 1982

1987

Opción ideal Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

1.-

Ayudar a mi familia

17

19

19

21

2.-

Educar mejor a mis hijos

19

17

16

15

3.-

Establecer o ampliar mi negocio

12

9

13

10

4.-

Educarme más

12

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11

12

5.-

Comer y vestir mejor

9

10

11

14

Opción única entre 14 posibles* (en % de poblaci6n, por sexo: 1982-1987). Fuente: Banamex, encuestas sobre Los valores de los mexicanos (dirigidas por el Dr. Enrique Alducin A., México, Banamex, 1982 y 1987).

Es interesante observar que existe una especie de coincidencia y cohesión entre los valores que forman el núcleo más importante de aquellas cosas que el mexicano estima sobre todas las demás. No hay distensión entre los valores u objetivos principales del trabajo y los objetivos más importantes de la vida. Pero lo que tal vez sea aún más interesante es que no hay prácticamente diferencia alguna entre los objetivos reales —diríamos mejor, realmente operativos en la vida diaria del mexicano— y los objetivos ideales: lo que a una persona le gustaría hacer… “¡si tuviera más tiempo y dinero!” La imagen, al menos de los dos grandes valores de situación real y de

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situación ideal, es una y la misma: hacer más buena, más hermosa y mejor la vida de la familia y después de eso, dar mejor educación (mejores oportunidades) a los hijos. Esto, sin duda, habla muy alto del amor del mexicano por su familia, de su lealtad hacia ella y no menos de la responsabilidad que por ella siente: la lealtad hacia la propia sangre.

La pérdida de las expectativas de espacios de trabajo Pasando a otro rubro, hay que advertir que el valor personal de ser independiente en el trabajo (“poder trabajar por mi cuenta”; “establecer o ampliar mi negocio”), han ido creciendo a lo largo de la última década (siglo XX) en forma clara, casi espectacular. Tal vez no sea aventurado decir que ese fenómeno (¡más de 50 % de la población mexicana económicamente activa, en el sector informal de la economía del país!) puede ser consecuencia de dos factores, ambos muy relevantes a partir de la etapa del neoliberalismo. La presión de una crisis prolongada, con los resultados tan adversos para los asalariados, en particular, ya que ellos dependen estrictamente de un ingreso fijo cuyo poder adquisitivo ha venido disminuyendo en forma continua aunque hubiera aumentado la escolaridad de los mexicanos. Sabemos bien que la educación no es ya el factor de movilidad social (ascendente) que fue en los años del Estado de bienestar (la posguerra: 1948-1976). Otro factor, el crecimiento de la violencia por la progresiva actividad de los grupos y cárteles de la droga.

Del trabajo, la amistad y la estimación personal En el mexicano el trabajo revela también muchos valores familiares. No parece que para él, aquello de trabajar simplemente “para tener dinero” pueda competir con los valores de amor por los suyos y deseo de mejorar su condición presente y sus oportunidades futuras (bienestar de sus hijos y esposa). Los valores que tanto se aprecian en la modernidad industrial de los países más desarrollados, a saber “agresividad” e “innovación” no tienen en México el reconocimiento que tienen en los países ricos; pero tampoco están ausentes en el mundo del trabajo del mexicano. Lo que parece más objetivo decir sobre este punto es que aunque el mexicano no se mueva ante todo o primordialmente (en lo económico) por motivos distintos a los del neo-liberalismo, la pobreza de las generaciones que emigran vaya haciendo más fuerte entre los jóvenes el impacto de los valores de competencia (¡y segura apropiación de dinero!)… En las generaciones de los adultos mayores (las de aquellos que emigraron en el último cuarto del siglo XX), parece que la “argucia” y capacidad

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de sobrevivir y de adaptarse, a situaciones muy desfavorables (¡que nunca están lejos del ánimo mexicano: el Ulises Criollo de Vasconcelos!) se subordina a su ethos nacional de sobriedad: el típico “ahí la llevamos”. Así, la mayoría del pueblo revela esperanzas que la adversidad no puede destruir… la conciencia de que el buen trabajador será siempre el “hombre responsable” que sabe cumplir. A medida que crece la instrucción del mexicano joven, tienen mayor valor subjetivo la iniciativa y la ambición: son grandes motores (de signo ambivalente) de la economía y de muchas otras tareas humanas. Y con mayor fuerza ocurre cuando aumentan los ingresos de los entrevistados. Esto tiene que ver mucho con las posibles disposiciones para los cambios sociales en comunidades o en ciudades cuya vida gravita más y más en torno a la modernización de la economía. Por otra parte, es notable la cohesión en el gran aprecio que el mexicano tiene por los valores humanos tradicionales, por así decirlo: la honradez, el respeto, la dignidad y el esfuerzo. De esas cualidades parecen derivarse, con más o menos claridad, de las otras que en su mundo íntimo configuran la imagen mejor guardada por todos: la del amigo. No es aventurado concluir que de la honradez se siguen virtudes primordiales como la franqueza, la lealtad y el apoyo que junto a la comprensión (estrechamente vinculada al respeto y a la dignidad), completan la visión ideal de “un verdadero amigo” para los mexicanos. Presentamos algunos datos del trabajo, la amistad y la estimación general de los mexicanos por las personas de su comunidad y su mundo.

Cuadro 6: Cualidades más apreciadas en el (la) compañero (a) de trabajo* Cualidad

Hombres

Mujeres

1- Confiable

19

15

2- Honesto

16

17

3- Amigable

16

16

4- Cooperativo

15

16

5- Trabajador

14

12

Cualidades como exigente, sacrificado y bromista, sólo alcanzaron 1% de favor: ¡Las apariencias engañan! La encuesta propuso opción única. *Fuente: Banamex, encuesta sobre Los valores de los mexicanos, México, 1982. Nota: Sólo se tomaron en cuenta las respuestas cuyos porcentajes se encontraron por encima de 10 por ciento.

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Cuadro 7. Virtudes que más estima el mexicano en sus semejantes* Cualidad

Hombres

Mujeres

1- Honradez

17

17

2- Inciativa

11

9

3- Respeto

10

12

4-Esfuerzo

8

6

*Opción única, entre 21 posibles; en % de población, según sexo. Fuente: ib.

La opción por la honradez como uno de los mayores valores en el mexicano es algo muy recurrente en las indagaciones sobre sus valores morales. A partir de las pruebas de sondeos de opinión suficientes para afirmar —confirmando opiniones respetables— que en el ánimo de la mayoría de los mexicanos de clase media y baja, la honradez no tiene mucha relación con el respeto grande (de la mentalidad liberal y moderna) por mucho de lo que es propiedad de otra persona —“lo ajeno”—, (Hernández, 2004: 187; 233-238). Para el mexicano que describo, la honradez, antes que nada, es la lealtad incondicional del amigo o pariente cercano, en cualquier circunstancia el repetido “¡no me falles!” —“Sí, esa persona no te va a defraudar nunca”—: hablando sobre alguna recomendación o una respuesta a la pregunta sobre si alguien —¿es honrado o no? Por otra parte, la herencia humanista de la evangelización colonial, dejó bien asentada en los mexicanos la conciencia de qué hacen mal aquellos, especialmente los políticos y funcionarios públicos que roban… toda la corrupción del México (y del mundo contemporáneo) —en lo público y en lo privado— no borran del corazón de la mayoría de la gente, lo negativo de la existencia humana cuando se le priva de algo justamente propio. Parece que el olvido (¿o la pretensión de sofocarlo sin compasión alguna?) sólo llegan a alcanzarlo aquellos que conforman 1 % más rico y poderoso del planeta Tierra hoy en día.

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Cuadro 8: Las virtudes más grandes en el amigo Según rango de opciones (en opción única): % de población, por sexos* Virtud o cualidad

Hombres

Mujeres

1- Franqueza

14

14

2- Comprensión

13

16

3- Apoyo

12

13

4- Lealtad

12

11

5- Compañerismo

10

8

*Fuente: Banamex, Encuestas 1983-1991, o.c.

Necesario complemento es la visión de aquellos defectos que más repugnan al mexicano en otra persona. Las opciones registradas, (sobre opción única entre 20 ítems) revelan mayor discrepancia de pareceres: sólo menos de 2 % de los encuestados no contestó.

Cuadro 9: Lo que más nos molesta de otra persona Cinco defectos capitales: según % de población, por sexo* Defecto

Hombres

Mujeres

1- Chismoso

12

14

2- Mentiroso

8

8

3- Traidor

8

7

4- Lambiscón **

8

6

5 Criticón

7

7

*Fuente: Banamex, 1983-1991. **adulador-servil

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Los contratiempos en la vida diaria Un complemento relevante de lo anterior es la visión de aquellas cosas, “antivalores” por así decirlo, que según la mayoría de los mexicanos más les molesta encontrar en la vida diaria. He aquí un cuadro por demás interesante y aleccionador, comparando tiempos distintos de los últimos años de la vida pública de México.

Cuadro 10. ¿Qué le disgusta a usted más? Opciones más relevantes; entre 14 posibles* (en % de población: por sexo: 1982 y 1987) 1982

1987

Me disgusta más Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

1.-

Abusos por parte de la policía

25

23

11

8

2.-

El campesino explotado

17

17

15

15

3.-

El trabajador humillado por sus patronos

16

17

17

17

4.-

El burócrata (empleado civil)

10

7

11

7

5.-

Obrero sin protección

5

6

11

11

6.-

Un anciano pide limosna

7

8

Fuente: Banamex, o.c. 1983-1991, Mss.

Religión y religiosidad en el mexicano Es sabido que el descenso —gradualmente mayor— en el número de mexicanos que se reconocen públicamente católicos (datos de los Censos Nacionales de Población) comenzó desde los años 50, siglo pasado, y, extrañamente, se aceleró aún más con la crisis del capitalismo global del último cuarto del siglo XX. Cuando comenzaron a disminuir los salarios en casi todas las naciones se incrementó el endeudamiento de los hogares, aumentó en general la población en pobreza y, por otra parte, se dio impulso a la economía-casino, es decir a la participación muy fuerte de las instituciones financieras en la especulación de los grandes mercados de valores, con perjuicio manifiesto de las inversiones directamente productivas, y, finalmente, en la pérdida

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de empleos y empobrecimiento de la población. En las últimas dos décadas del siglo XX muchas sectas e iglesias cristianas, notablemente los Testigos de Jehova y los Mormones (con sus parejas itinerantes de jóvenes misioneros o propagandistas) fueron muy activos. En general, toda esa actividad y en casi todos los grupos, trajo en muchas barriadas y comunidades rurales, una disminución de problemas de embriaguez unida a muestras innegables de caridad y solidaridad. Muchas sectas, —y eso es innegable— procuraron aliviar la situación económica de un buen número de familias que aceptaban su prédica. Las razones o causas del fenómeno y su relación con el abandono del catolicismo, especialmente en muchos sectores rurales del país, quedan fuera del alcance de este trabajo. Lo que sí revelan los datos de las encuestas de valores que hemos venido exponiendo aquí, es lo siguiente, en lo que respecta a los mexicanos que se declararon católicos (Blancarte, 2004: 99). Es interesante notar, que el menor número de fieles católicos registrados se encuentra en personas (ambos sexos) que tienen entre 55-45 años de edad (ahora, personas de tercera edad). Además, es también importante saber que en el último cuarto del siglo XX, el menor porcentaje de mexicanos reconocidos como católicos estaba en la clase media alta (ingresos entre 20-40 salarios mínimos) (Blancarte, 2004: 101). Curiosamente, la adscripción de muchos de los “nuevos cristianos” a algunas sectas protestantes (simplemente auto-llamadas “cristianos”) ha resultado también en una mayor participación de sus ingresos familiares en los gastos del grupo o secta de “cristianos” de su preferencia; algo que nunca ocurría en su antigua parroquia. Se presentan aquí algunos de los principales valores relacionados con la religión y la religiosidad del mexicano y la mayoría que se declara de preferencia religiosa católica. 1. Para más de la mitad de los mexicanos católicos (notable diferencia con opiniones de adeptos al protestantismo y de distintas sectas) la religión “es algo importante o muy importante” en la vida. Y esa importancia está más arraigada en personas de mayor edad (Blancarte, 2004: 102). 2. También en porcentajes mayores a 50 %, para los mexicanos la religión es ante todo a) “adorar a Dios” y, b) “sentirse interiormente tranquilo”. Al parecer, “encontrar a Dios” no se revela en los mexicanos como un objetivo de prácticas religiosas. Sin embargo, hablando de otras áreas de la vida, hemos encontrado en las encuestas, que los valores de “llevar una mejor vida familiar” y “procurar lo mejor para mis hijos” son algo prioritario entre sus deseos más íntimos… en la circunstancia ideal y en la real, e implícitamente, por ello, objeto de plegarias y otras prácticas religiosas frecuentes, (Blancarte, 2004: 103).

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3. Para más de dos tercios de los mexicanos, “la religión es un consuelo considerable en la vida”: 34 % la estiman llanamente así; y más aún, 49 % estima que “la religión es un gran consuelo”. 4. Contra lo que muchas veces se oye entre la clase media, en la mayoría de los mexicanos la práctica de la religión (o religiosidad, para la sociología) no decrece substancialmente con la edad (Blancarte, 2004: 102). En contraste, sí disminuye notablemente el grado de participación en asociaciones religiosas a medida que aumentan los ingresos del mexicano. 5. En su gran mayoría (74.8 %) los católicos mexicanos valoran positivamente la religión como un “muy importante factor moral en la sociedad”: la misma proporción de población representa a los que manifiestan que “la pérdida de los valores morales es uno de los problemas más graves que enfrenta el país”. 6. Por último, (entre los datos más relevantes sobre el tema), en los católicos mexicanos de las últimas décadas del siglo XX es más significativo el aprecio por la libertad: libertad civil y de creencias, libertad de práctica y expresión religiosa, (más de 79.5 %). Me parece que es un valor que encuentra muy pronto ecos y simpatías a lo largo del proceso de aculturación de las generaciones de mexicanos que han emigrado a los EE. UU. a fines del pasado siglo. A diferencia de las disonancias que seguramente experimentaron las generaciones allá en los años de la Revolución y de la guerra cristera (1914-1930).

Interiorización de “lo mío-allá” y su impacto en el “yo-aquí” En toda migración o “transterramiento” las personas que se identifican con las comunidades de un territorio en particular, llevan con su pasado las vivencias muy íntimas: las del afecto y las lealtades de parentesco y terruño que no se cuestionan nunca. Junto con ellas, una carga de tradiciones que representan las herencias de otras culturas, no solamente llenas de experiencias religiosas o cercanas al universo religioso, sino también de paradigmas que nutren costumbres y también vivencias afectivas de sabor local. Todo principio parece condensarse en un sincretismo de costumbres, creencias y cultos que finalmente resultan de un sabor muy personal, pero de dimensiones compartidas por la comunidad de origen. En todo ello corre una savia de moral religiosa, enriquecida en muchos casos, por la cortesía y el respeto (notable especialmente, en los miembros de comunidades más cercanas al pasado indígena) en varias regiones del país. En la vida de todos los días, la conducta de los miembros de la comunidad

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se hermana por lo general dignamente con la del vecino: la sobriedad y la tolerancia, con la falta de debilidades del prójimo, se valora positivamente. Se trata de valores éticos que dan sentido también a otros valores y prácticas en otras tareas y ante el horizonte de la visa diaria para empezar, la familia y la mujer (bajo pautas de machismo), pasando luego al trabajo personal… hasta la política. Todo eso que podemos llamar la herencia cultural del mexicano se revela con claridad en el nuevo medio social de los que emigraron; y eso, de muchas maneras y en muchas ocasiones, especialmente en las festividades del terruño celebradas en “su nueva tierra” y en las fiestas familiares (cumpleaños, bodas, etc.) que también conjuntan a viejos amigos y a “otros del terruño”. Ahí se retrata no sólo la nostalgia, sino también el deseo íntimamente compartido de “rescatar nuestro suelo” natal. Eso se hace realidad en el “volver allá” de vez en cuando (anualmente, cuando hay fortuna) para asegurar la sintonía con la cultura de “la tierra de donde somos”. Esa sintonía con el sabor del lugar —musicalizando algo de la interioridad de la “suave patria”— nos revela algo muy propio de la manera más común en que se transmite la cultura. Eso se debe a los actores sociales más íntimos a cada uno de nosotros: su conducta frente a las circunstancias y los pasos que han ido forjando el crecimiento de cada persona: así, por ejemplo, el comportamiento frente a la muerte de un ser querido, o la mirada ante el primer enamoramiento de la vida; o también la conducta en presencia de alguna riña o seria violencia. Junto a las impresiones, viene después la palabra, el consejo íntimo, la amonestación sencilla —a veces en forma de comparación (general o muy específica)—: “las niñas buenas se portan así”; “no hagas lo que hace tu primo”, etcétera. Es curioso que muchas veces la guía moral o de impregnación de valores por medio de la palabra, tenga efectos diametralmente opuestos a lo que los adultos pretenden lograr cuando la conducta de los personajes del llamado “círculo del yo” o “círculo primario”, es hipócrita o se percibe así en aquellos que ordinariamente más influyeron en el carácter de la persona, han sido sorprendidos por ella misma en flagrante contradicción con lo que pretenden inculcarnos. De cualquier modo que haya sido en la experiencia individual, mucho de la “sabiduría popular” de la comunidad en la que uno crece, tiene parentesco con los dichos o refranes que son el sello de la tradición e idiosincrasia de todas las culturas. Refranes que se repiten literalmente o cuando no, los consejos o las palabras de aviso que vienen a girar alrededor de aquellos. No pocas veces llegando a tener un sello que juzgamos (provincianamente) casi exclusivo de nuestro ambiente y parentela: “como decía el abuelo…”. Lo que esas generaciones vivieron al comenzar su nueva vida en tierra ajena tuvo una doble condición cultural profunda, fuertemente marcada por los avatares de la

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economía. Una primera fue condición a nivel planetario: el descenso del empleo y su retribución, unido a la erosión del sistema de seguridad social y el mayor endeudamiento hogareño; todas esas notas, obviamente más acentuadas en México, pero ya muy presentes en las comunidades latinas y de afroamericanas de las grandes ciudades de EE. UU. —recuérdese Watts, en Los Ángeles, California— y en las barriadas de clase media baja y hasta de clase media menos empobrecida. La otra, la más peculiar del mexicano, fue la condición de vida más expuesta a la violencia. Una violencia emparentada cercanamente a la corrupción y a la impunidad en sistema de administración pública y de administración de justicia en México: no ajena a muchos distritos urbanos de Norteamérica, aunque menor, sin duda, que en México… violencia generada por grave el debilitamiento del tejido social. De este lado del Río Bravo, aquello de “la solución somos todos” (de López Portillo), vino a quedar en el México neo-y pos-neoliberal como “la corrupción somos todos”. Con “sus asegunes”, ese clima actual sí es algo que queda muy vivo entre nosotros hoy en día, pero, parece justo decir que, en general, ha sido algo más lejano a la experiencia de la mayoría de los emigrantes anteriores al presente siglo (XXI). Es interesante explorar —aunque no sea tan profundamente— los ambientes culturales de la vida burguesa pobre y de clase media baja, en ambos lados de la frontera mexicana del norte hacia finales del siglo XX. Comencemos con el lado mexicano, los que dejaron México en el último cuarto del siglo (el sujeto de estas reflexiones) vivían en sus pueblos y ciudades y en el interior de sí mismos, es decir, en lo que orientaba su conducta, una vida que Carlos Monsiváis describió en el imaginario colectivo del mexicano como “entre lo moral de la conveniencia y la inconveniencia de la moral” (González-Landa, 1997: 116). Algo compartido quizá sin muchas variantes, por las generaciones de la época más valorada del despegue económico de México (entre 1948-1976), los años en que el PIB nacional creció a un promedio de 6 % anual, (INEGI, 2011). Con la descripción o cuasi-definición de ese ambiente moral lo que se pretende explorar lo explica el propio Monsiváis, como una vida que depende “de la profundización de una moral pública construida sobre leyes y sedimentos de la moral cristiana y la moral parroquial que interpreta con rigidez lo público y que también es rígida y negadora de la pluralidad social efectiva” (itálicas del autor). Ese desenvolvimiento de la moral pública nueva, unida a la marcha silenciosa del laicismo (que suplanta gradualmente el control clerical de muchas mentalidades) acompañó, a su vez, a una moral religiosa presentada como opresiva y muchísimas veces instigadora de miedos que sin duda operaron en el pasado como otros tantos vehículos de control social eficaz. Hay algo más que vale la pena tener en cuenta para la reflexión sobre el clima moral de México en la época que nos interesa. El partido (único) político que

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gobernó a México entre 1930 y 2000 en el siglo pasado tuvo un principio ideológico mayor (que al fin de cuentas resultó ser el único principio que nunca perdió en su ideario): tener efectivamente el poder a toda costa, sin escrúpulo alguno, sin reparo a los costos de la empresa. A través de setenta años logró vivir por eso que luchó denodadamente. Pero la empresa ha resultado, en el juicio de la historia, un factor muy importante (no el único, desde luego) de obstrucción del camino a la democracia participativa y, por la inercia de la dialéctica de “corrupción-impunidad” (originada en los procesos de mantenimiento del poder y sostenida luego por los mismos). Con lo anterior, no sólo se fue quedando el país en la formalidad de vida ciudadana con democracia “meramente representativa”, sino también se fue enfermando seriamente su tejido social por el cáncer de un civismo tolerante de la mentira y de la injusticia que genera toda corrupción en la gestión o procuración del bien común… como aquello de “un político pobre es un pobre político” (Hank González dixit). Todo ello, sin duda debió afectar el encuentro de valores de los emigrados ante los ciudadanos de una sociedad menos herida por un Estado y Gobierno menos afectado por el mismo cáncer de la corrupción; o al menos no tan dañado a niveles visibles de actividad y eficacia en muchas instituciones que lidian con la vida normal del ciudadano y el buen funcionamiento de los servicios públicos: cierto control de precios, impuestos, multas, pagos a tiempo, reglas claras de tránsito, menos “mordidas”, etcétera. El poder era conservarlo a toda costa, la corrupción que ya arrastraban de tiempo atrás los grandes capos de la Revolución (caciques regionales, en su mayoría), se hizo institucional con el pacto de unidad de esos liderazgos regionales del país. Eso ocurrió bajo la “ley de hierro” de la transmisión sexenal de la presidencia de México (formación del PNR —Partido Nacional Revolucionario—, obra del genio de Plutarco Elías Calles, a un núcleo de distinto liderazgo, para consolidar la imagen de una democracia “representativa”), (Meyer, 1992, pássim) y con ello, un Gobierno respetable en el consorcio de las naciones. Fue algo distintivo, innegable en los primeros 50 años de vida del partido, su atención a las más urgentes necesidades de los estratos más pobres de la población, no menos que a las voces de todo pequeño o mediano líder de oposición a quien poder cooptar eficazmente, sin importar el costo de los desvíos presupuestales. Ese era el ejemplo vivo de la manera (corrupta) de progresar. Junto con eso, muy pronto creció (desmedidamente) la corrupción oficial cuando el Gobierno cooptó a los líderes del trabajo (industrias, minería y servicios) lo mismo que a los del sector agrícola y se logró politizar todo movimiento sindical… sepultando así (taurinamente “con la puntilla”) la libertad del trabajador y del campesino mexicano… por supuesto bajo las cláusulas y reconocimiento oficial de las instituciones internacionales del

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trabajo (OIT). Ciertamente, la firma de aprobación de tratados internacionales de derechos (políticos, sociales y humanos) nunca ha representado problema alguno para el Gobierno de México. Ha habido en todo eso un innegable factor social de aliento a la vida ciudadana poco inquieta frente a la omnipresente corrupción (oficial y de iniciativa privada) que es el cáncer de México. Como había ya observado Hannah Arendt (The human condition) y lo recuerda también Monsiváis, una facultad silenciosa, pero siempre presente del monopolio de la autoridad que tiene legalmente el Poder del Estado constituido, “es la nulificación de las reacciones éticas de los ciudadanos (itálicas del autor) y una de las consecuencias del mando es la mediatización extrema de los juicios morales” (González y Landa, 1997). Ahí radica, en buena parte a mi entender, una causa relevante de la degradación de la vida moral de la comunidad y el debilitamiento de su tejido social cuando aumenta la distancia de la comunión de valores y los silencios o extrañamientos y suspicacias o desapegos de amistad o familia que produce el silencio sobre la injusticia o la iniquidad social simplemente tolerada en silencio (o peor aún, cuando se la justifica por conveniencia). Por otra parte, los diversos modos de vivir a partir de la posguerra (1950 - … ) han traído al Occidente rico o bien acomodado —las clases medias-altas— y también a los espacios periféricos de su influencia, una cadena de cambios de cultura y educación considerablemente veloces, pero sobre todo, de profundo impacto en la vida moral de toda comunidad… Los movimientos feministas han despertado con toda justicia una reconsideración mayor de la sexualidad humana y la vida afectiva; así como sobre la educación ante la sexualidad. En paralelo —quizá con mayor velocidad— las tecnologías de comunicación han hecho posible el surgimiento de un consumismo tan voraz como el ansia de lucro que lo promueve (por el monopolio de los mercados en manos del capital industrial-financiero —transnacional— como bien lo sabemos). En todo esto, la experiencia del clima moral tiene muchos detalles paralelos en la vida de los pobres y clases medias bajas en ambos lados de la frontera Norte de México y ha sufrido los mismos graves impactos. Por el otro lado de nuestra frontera Norte, en sus primeros años de aculturación a sus nuevas comunidades, los mexicanos se encontraron, desde luego, con el impacto de los fenómenos de cambio mencionados (en la conducta sexual, más comunicación, más conciencia de los derechos de la mujer, etc.) tal vez más agudamente sentidos por la mayor libertad de movimiento de los hijos, a medida que iban creciendo —expuestos cercanamente al ejemplo de los nuevos compañeros de escuela. Por otra parte, en la experiencia íntima de sus creencias y práctica religiosa, el emigrante experimentó, tal vez con pocas excepciones (ha sido notoria la acción eficaz de muchas iglesias para con los emigrantes), cierto ambiente de aislamiento

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frente a una iglesia prácticamente desconocida, extranjera para él como el suelo nuevo; ajeno a los antiguos días festivos del pueblo y prácticamente auto-expulsado de los grupos comunitarios de más arraigo en su mudo personal, como podían serlo aquellos cuerpos de cofradías o responsabilidades ante las fiestas del pueblo, o de la parroquia o comunidad y parentela. Y junto a todo eso, la presencia invisible, cada día más ominosa, del adelgazamiento de los salarios y el declive de los servicios de salud y seguridad social, cosas que, bien sabemos y antes lo advertimos, comenzaban ya claramente a golpear la vida de las clases menos privilegiadas de EE. UU. No menos que a sus contrapartes en casi todo el mundo en tiempos de la llamada Guerra Fría… Pinceladas de un cuadro casi siempre sombrío: el porvenir del emigrante mexicano de esos últimos años del siglo XX. Sin duda alguna, las generaciones de emigrantes de ese tiempo encontraron un clima moral de menor rigidez ante lo nuevo, de menor etnocentrismo (recordemos que la posguerra (1945-1980) no sólo trajo a los países ricos (y a muchos otros) de “economías emergentes”) la bonanza del Estado de bienestar —con mayores salarios, más y mejores prestaciones, mayor seguridad social, etc.— sino también, especialmente a los EE. UU., una mayor actividad del llamado “molino ecualizador clase-mediero” que han sido las escuelas de instrucción secundaria: es decir la mayor aceptación intercultural e interracial de una buena parte de la población —quizá más bien urbana— del país (y no pocas veces, incluso el matrimonio de jóvenes parejas que se conocieron en la secundaria). Algo realmente nuevo para los recién migrados. Ni las ciencias sociales ni los que trabajamos por profundizarlas tenemos, por desgracia, alguna manera de predecir el futuro. Con estas reflexiones esperamos contribuir un poco y de manera provechosa, a mirar más profundamente la situación del emigrante mexicano en los Estados Unidos y entender con mayor simpatía los problemas de su vida de inserción en otra cultura, o frente a un mundo de culturas distintas, con las que enriquecerá, —lo esperamos todos— a lo largo del tiempo, una vida más digna y justa para su comunidad. Y aquí tiene relevancia particular lo económico, quiérase o no. Porque aquellos “saberes morales” que han quedado más profundamente imbuidos en la persona se reflejarán de un modo u otro en su trabajo y en su vida en la nueva cultura tan fuertemente impregnada de la mentalidad capitalista neoliberal: ciegos, muchos de ellos, —hasta entre los pobres— al despojo de la dignidad humana que ella conlleva… No falta gente pobre que vive con la idea de que la seguridad social es comunismo. Lo que se ha examinado a lo largo de este capítulo pertenece ya al pasado inmediato; pero la reflexión sobre ello no conlleva, acaso, la novedad de lo que una mezcla o choque de valores ha producido ya, o esté en camino de hacerlo. La

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sociología no tiene esferas de cristal ante lo venidero. Pero sí puede y debe insistir en que las causas aparentes de un fenómeno no son necesariamente las que las mayorías señalan, y por otra parte, insistir también en la necesidad de explorar con mayor precisión lo que creemos que debe mejorar nuestra condición humana. Los valores de nuestra vida, antes que todo. Más pronto que tarde, algo sabremos de lo que ellos han transformado en nuestro mundo. Se advirtió al principio: hemos hablado de los mexicanos jóvenes y adultos que emigraron a los EE. UU., en el último cuarto del siglo XX. Lo que aquí se ofrece es más que todo una pista de despegue para ulteriores trabajos sobre los resultados de la convivencia de valores morales de ambas culturas, la del mexicano y la del estadounidense de estratos de clase media y baja, según lo muestren datos que será interesante conocer para la historia de ambos pueblos, EE. UU. y nuestro México. Con ello, un mejor entendimiento entre las culturas de ambos países y, por lo valores nuevos una vida más humana y justa.

Referencias Alduncin, E., et.al. (1986-1991), Los valores de los mexicanos, 3 vols., México, Fomento Cultural Banamex (FCB). Arendt, H. (2011), La Condición Humana, Madrid, Paidós Ibérica. Blancarte, R. J. (2004), Tercera Encuesta Nacional de Valores: El Factor Religioso, en Banamex, Los valores de los mexicanos, vol. 5, 2004, México, Fomento Cultural Banamex. Banamex (2004), Los valores de los mexicanos, vol. 5, México, Fomento Cultural Banamex. González J. y Landa, J. (1997), Los Valores Humanos en México. Hernández Medina, A. y Narro Rodríguez, L. (comps.) (1987), Cómo Somos los Mexicanos, México, Centro de Estudios Educativos, (CEE). Hernández Ornelas, P. F. (2004), “Valores Regionales del Mexicano”, (vol. 4, Los valores de los mexicanos o.c.), México, Fomento Cultural Banamex. Meyer, J. (1992), La Revolución Mexicana. 1992, México, Jus. Ramos, S. (1936), El perfil de hombre y la cultura en México, 1936, México, UNAM. Paz, O. (1975), El Laberinto de la Soledad, México, FCE. Vasconcelos, J. (1935), Ulises Criollo, 1998, México, FCE. World Values Survey, WVS-Repports 1980-2000, (1991), Ann Arbor, MI.

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Migración internacional femenina, división sexual del trabajo y servicios de cuidado María da Gloria Marroni Leticia Díaz Gómez

Introducción

L

orenzo Cachón (2012) en una metáfora sobre la migración femenina se pregunta ¿ecuatorianas o suecas? ¿Por qué utilizaría el autor esta metáfora? Él se refería en especial a que las inmigrantes ecuatorianas en el mercado de trabajo en España tienen un comportamiento como suecas, es decir, tienen una tasa de actividad superior a la de las españolas. Esto a pesar de que las tasas de actividad de las españolas han crecido de modo muy significativo y constante en los últimos treinta años, como consecuencia, sobre todo, del incremento de su nivel educativo. Este indicador es la clave para entender los nuevos fenómenos de la participación femenina en el mercado de trabajo en la Europa mediterránea y en otros países desarrollados a donde ellas se dirigen, como los Estados Unidos. No se trata de extender el resto de las condiciones del trabajo femenino en los países nórdicos, sus altos niveles de bienestar y derechos adquiridos con la situación laboral prevaleciente entre las migrantes en los países desarrollados. En la nueva dinámica, bajo la etapa del capitalismo neoliberal, los factores de género y la división sexual del trabajo tienden a producir nuevas desigualdades entre las mismas mujeres y en cuanto trabajadoras. Los estudios feministas en su origen manifestaron una acentuada preocupación por deslindar cómo la esfera laboral ha sido clave para entender la construcción genérica del mundo y el papel subordinado de la mujer en ella. No así las investigaciones de los fenómenos migratorios internacionales, que en su inicio parecieron poco proclives a relacionar el desplazamiento de las mujeres en los nuevos contextos de subordinación y desigualdades genéricas.

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La cuestión emerge a partir de los últimos 40 años debido a la conformación de los fenómenos globales del periodo: se gestaban transformaciones en las reglas que regían el sistema mundial hasta entonces; se imponía la etapa neoliberal del desarrollo capitalista. A partir de los ochenta los estudios de género vincularon estas tendencias con la situación de las mujeres en este nuevo escenario demográfico, social y económico mundial. Una primera constatación se impone: la presencia de las mujeres en los circuitos migratorios internacionales estaba invisibilizada. La migración era un fenómeno tratado de manera androcéntrica en la literatura o para reforzar la idea, en clave masculina. En otras palabras, el prototipo del migrante era el hombre (adulto), y la mujer aparecía en los movimientos migratorios sólo de manera complementaria o subordinada. Se trataba de deconstruir esta interpretación, ya iniciada en otros fenómenos cuya participación femenina había estado oculta. Primero se buscó esta emergencia en indicadores cuantitativos, casi siempre elaborados para minimizar el peso del factor femenino en la esfera pública. Posteriormente, se caracterizó esta participación y se buscó su significado: se encontró una vertiente nueva en este campo de investigación al develarse los aspectos diferenciales entre la migración femenina y masculina En esta apreciación diferencial los desplazamientos femeninos aparecerán vinculados a la división sexual del trabajo y genérica del mundo, asociados a su vez a la función de la mujer en cuanto responsable de la esfera reproductiva de la sociedad y a los servicios de cuidado. En este artículo1 se retoma la categoría servicios de cuidado, central en los estudios de la sociología del trabajo y de género, para integrarla en un cuerpo de discusión relacionado a las dinámicas migratorias internacionales Se empieza por presentar una visión panorámica de la migración femenina en la actualidad; a seguir se sintetiza los debates sobre los servicios de cuidado y se cierra con la polémica sobre la relación entre migración femenina y los servicios de cuidado. Se propone reflexionar en torno a la siguiente interrogante: ¿Por qué la mujer migrante es el sujeto elegido por el sistema global para desempeñar los servicios de cuidado?

1 Agradezco a Liliana Tapia Ramírez, pasante de la licenciatura en Historia de la BUAP, por su valiosa colaboración como ayudante de investigación.

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El mundo globalizado, la feminización de la migración y sus cifras La reorganización productiva de la economía mundial se manifestaba como una característica del modelo de acumulación neoliberal. Vino acompañada del alejamiento de los principios del Estado de bienestar, el rompimiento de las estrategias económicas proteccionistas y desarrollistas de los periodos anteriores y del pacto social demócrata de negociación obrero-patronales, para instalar modelos de precarización y flexibilización de las relaciones laborales. Tal reordenamiento atacaba las bases de sustentación del estado-nación para obligarlo a funcionar bajo otro esquema (no para eliminarlo, como se ha afirmado muchas veces). Se observa una mayor integración de los distintos países y regiones del planeta, con diferentes grados de profundidad, efectos y características sobre los territorios y resistencias particulares. La internacionalización del mercado laboral fue una de las políticas del nuevo modelo de acumulación. En este marco se constata un resurgimiento de los grandes desplazamientos internacionales, cuyo declive se había observado durante la Segunda Guerra Mundial y en la posguerra. La década de los sesenta inauguró un crecimiento acelerado de la migración internacional, sea transfronteriza, interregional o intercontinental.2 En Occidente, los análisis enfatizan la migración sur-norte como la más trascendental de estas modalidades; refuerzan la idea del modelo expulsión-atracción de la población, manejada como el principal origen de los desplazamientos humanos: en este caso del sur subdesarrollado al norte desarrollado del planeta. Este modelo destacaba la prominencia del mercado de trabajo y el desequilibrio entre demanda y oferta de fuerza de trabajo en términos regionales. Se trataba de una migración laboral y con un gran componente de flujos ilegales, en la misma medida en que los gobiernos restringían la entrada legal de los extranjeros, pero no de los flujos clandestinos. Ya no se observaría el resurgimiento del esquema anterior de gestión estatal de la inmigración predominante hasta la primera mitad del siglo XX, basado en políticas de colonización y una acogida favorable a la población extranjera.

2 El comportamiento del fenómeno en los Estados Unidos, el país paradigmático en términos de migración, ilustra la afirmación: entre 1860 y 1920 la proporción de migrantes sobre el total de la población norteamericana osciló entre 13 % y 15 %, alcanzando el máximo histórico en 1890; el mínimo por lo contrario fue de 5 % en 1970. A partir de esta década se da un repunte; para 1990 en esta nación los extranjeros representaban 8 %, proporción que sube a 11 % en el año 2000 y se incrementa a 13 % en 2011. (Britz y Batalova, 2013).

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Las cifras de las Naciones Unidas (2009) en su proyección de la División de Población para 2010 indicaba la existencia de 213.9 millones de migrantes internacionales. En el mismo año el reporte de la Organización Mundial de las Migraciones (OIM) coincidía con las cifras anteriores y señalaba que esta cantidad había permanecido relativamente estable entre 2005 y 2010, en torno a 3 % de la población mundial. Los 214 millones de migrantes estaban distribuidos de manera desigual y concentrada en distintos espacios del globo. Sólo en diez países estaban ubicados 52 % de ellos: Estados Unidos (42.913 millones), Federación Rusa (12.270 millones), Alemania (10.758 millones), Arabia Saudita (7.289 millones), Canadá (7.202 millones), Francia (6.685 millones), Reino Unido (6.452 millones), España (6.378 millones), India (5.436 millones) y Ucrania (5.258 millones) (Migration Policy Institute, 2010). Los datos de la distribución de los migrantes por sexo, según el mismo informe, también permanecían estables: 51 % hombres y 49 % mujeres (104.8 millones, del total de 213.9 millones). La atención de este documento se centra en los dos espacios donde se mueven las migrantes latinoamericanas: Europa meridional y Estados Unidos. Se toma como referencia la emigración de los países del sur del continente americano a estos centros de atracción, sin desconocer otras tendencias, como la migración interregional entre nuestros países, la de retorno e incluso el fenómeno apuntado en función de la crisis europea: la posible reversión de las tendencias de los flujos migratorios, o el incremento de la migración Norte-Sur, además de la Sur-Sur. El continente europeo ha sido receptor de sendos flujos de mujeres de diversas procedencias, con perfiles distintos pero con una constante: su incorporación al domestic and care (Kontos, 2011) en sus diversas acepciones, inclusive los servicios sexuales. Para las latinoamericanas el escenario propio de destino está ubicado en la Europa meridional —en sí misma más latina. España es el caso paradigmático. No se puede hablar indistintamente en este país de la feminización de la migración —debido a que las corrientes procedentes de África tienen un componente masculino mayoritario—, pero sí de un rostro latinoamericano de la migración, para utilizar una expresión conocida. Con un índice de masculinidad de 84.43, es contundente la presencia mayoritaria de mujeres procedentes de casi todos los países de América Latina: en términos absolutos de los 1 871, 239 migrantes latinoamericanos existentes en España en el referido año, 1 014 581 eran mujeres. Llaman la atención las cifras sobre la migración ecuatoriana, que por su volumen pueden inclusive sesgar el conjunto con una correlación masculina más favorable, que los estudios no apuntalan. Este país ha sido el ejemplo de los estudios sobra la feminización de la migración, que no se refleja en la cifra presentada en el cuadro 1. A reserva de algún error en la fuente, se podría discutir la hipótesis de estos mismos

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estudios: la migración ecuatoriana a España es femenina en sus orígenes, dinámica y características; las mujeres son las iniciadoras de las cadenas migratorias, a las que los varones se incorporan posteriormente, incrementando así su participación relativa en el conjunto ¿Una propuesta atractiva para el estudio de la migración femenina?

Cuadro 1. Inmigrantes latinoamericanos en España, 2009 Subregiones y países de América Latina América Central y El Caribe Cuba El Salvador

Total

Mujeres

Hombres

Índice de masculinidad

193,924

114,787

79,137

68.94

56,734

31,058

25,676

82.67

5,660

3,332

2,328

69.86

Guatemala

4,036

2,257

1,779

78.82

Honduras

24,449

16,671

7,778

46.65

Nicaragua

10,693

7,646

3,047

39.85

República Dominicana

86,737

50,715

36,022

75.61

5,615

3,108

2,507

80.66

25,669

14,713

10,956

74.46

Resto de América Central y el Caribe México* América del Sur

1,651,646

885,081

766,565

86.60

Argentina

195,572

94,360

101,212

107.16

Bolivia

223,455

126,599

96,856

75.50

Brasil

129,189

77,450

51,739

66.80

Chile

49,380

24,491

24,889

101.62

Colombia

296,304

164,330

131,974

80.31

Ecuador

409,328

207,407

201,921

97.35

Paraguay

80,491

52,692

27,799

52.75

140,521

70,416

70,105

99.55

Uruguay

62,238

30,559

31,679

103.66

Venezuela

64,886

36,615

28,271

77.21

Perú

Resto de América del Sur Total países americanos

282

162

120

74.07

1,871,239

1,014,581

856,658

84.43

* En la fuente original, México aparece en América del Norte. Se excluyó en este caso las cifras de Canadá y Estados Unidos Fuente: Instituto Nacional de Estadística [España]. Revisión del Padrón municipal 2009. Datos a nivel nacional, comunidad autónoma y provincia, Población extranjera por sexo, país de nacimiento y edad (hasta 85 y más. Recuperado de: http://www.ine.es/.

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La otra situación emblemática es la participación femenina de centroamericanas en los flujos migratorios que se dirigen a España, como se demuestra en el mismo cuadro: en términos relativos ellas constituyen la mayoría en estos flujos, sin embargo, en números absolutos, España, para esta población no es un destino atractivo y las condiciones no están dadas para la consolidación de las redes migratorias. Ellas están vinculadas de manera prioritaria a otro destino: los Estados Unidos. En el caso de los Estados Unidos no resulta simple hablar de la feminización de la migración: el perfil del país como una nación de inmigrantes subsume a las mujeres en el gran crisol étnico con que se conformó su estructura demográfica y social. Ellas están invisibilizadas en las estadísticas que enfatizan más las características de la población migrante: origen étnico, la nacionalidad, estatus migratorio, distribución regional, composición por edad, escolaridad, estado civil, religión, ocupación entre otras. En este esquema, la población de origen hispana representa la primera minoría en Estados Unidos con 50 477 594, 16 % del total de la población.3 De estos, 21 245 300 son extranjeros (migrantes en cuanto tal) (Stoney y Batalova, 2013). La cifra incluye las naciones latinoamericanas más antiguas, donde se alzan los mexicanos —siempre numéricamente más importantes—, los puertorriqueños, los cubanos y los nuevos grupos latinos cuyo crecimiento ha sido más acelerado: centro y sudamericanos (Logan y Turner, 2013). Los 3 000 000 de migrantes centroamericanos residentes en Estados Unidos en 2010 (Stoney y Batalova, 2013) son considerados el segmento de más alto crecimiento entre todos los hispanos. Destacan los procedentes del triángulo norte de este subcontinente: guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. En Estados Unidos, los migrantes de estos países —sobre todo los tres citados— son una población bastante vulnerable. Tiene la más baja tasa de ciudadanía, los mayores niveles de pobreza y la situación social más precaria. En una primera aproximación se presenta un segmento masculinizado: el difícil, costoso y peligroso proceso de tránsito, cruzando por largas y riesgosas rutas terrestres, aliado a lo reciente de los flujos migratorios, contribuyen a la percepción de esta migración como masculina. El índice de

3 “The term Hispanic and Latino are both used to describe people who are of Hispanic or Latino origin or descent”. La categoría censal es de autoidentificación y contabiliza a las personas de origen hispano que aparecen en el cuestionario —“mexicano”, “puertorriqueño” o “cubano”—, así como los que indicaron ser de “otro origen hispano”. Estos últimos son personas cuyos orígenes son de España, los países de habla española de Centro y Sudamérica, o la República Dominicana, o personas de origen hispano quienes se identifican generalmente como “Spanish, Spanish-American, Hispanic, Hispano, Latino”, etcétera. (Levine, 2001: 8).

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masculinidad en los centroamericanos es de 53/46 (Stoney y Batalova, 2013), lo que confirma esta percepción, sin embargo, también muestra la sobrevaloración de la presencia de varones en esta migración, dado que los contrastes entre los dos sexos no son tan marcados. La migración mexicana es en sí misma un capítulo especial en las relaciones México-Estados Unidos y referencia en todo el mundo por su volumen y persistencia en más de un siglo de existencia ininterrumpida y por la amplitud de estudios que generó. La apreciación del fenómeno bajo una perspectiva de género no es lineal: si bien hubo una tendencia a considerar esta migración neutral por género y describirla en clave masculina, se observó también una crítica a estas posiciones y el desarrollo de los estudios con perspectiva de género femenino. No podía ser de otra manera dado el papel significativo de las mujeres en la realidad migratoria, sea en los contextos de origen, tránsito, destino y retorno. Los 5.5 millones de migrantes mexicanas residentes en los Estados Unidos en 2012 (Conapo, 2013) representaban 46 % de la población mexicana asentada en este país y 26 % de todas las migrantes. Se ha apuntalado en estudios recientes modificaciones en el patrón migratorio femenino: una creciente autonomía de las mujeres en sus desplazamientos por la búsqueda de oportunidades laborales, además de las motivaciones para a la reunificación familiar, como se señalaba en estudios anteriores. En este nuevo perfil de las migrantes mexicanas en la vecina nación adquiere especial importancia su integración socio laboral, que se comentará en el próximo apartado.

La mujer es más barata….4 Los servicios de cuidado: breve revisión del debate sobre género y migración La relación entre los servicios de cuidado y la migración femenina está contenida en la matriz de la división sexual del trabajo y genérica del mundo, que el neoliberalismo se alzó y adaptó para sus propios fines, a partir de la segunda mitad del siglo XX. Las investigaciones pioneras en este campo son enfáticas en atribuir a la división sexual del trabajo uno de los principales factores de subordinación de las mujeres a través de la historia. Desenmascararon la invisibilización del trabajo femenino, cuestionaron la separación entre las esferas públicas y privadas de la existencia y la escisión entre las tareas de producción y reproducción. Señalaron también la desvalorización de los 4 Testimonio de una campesina de Puebla, cuando se le pregunta por qué las jornaleras recibían menores salarios que los hombres en tareas iguales en un campo de cultivo. Citado en Marroni (2000).

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quehaceres considerados femeninos en la jerarquía del mundo laboral y en las diversas sociedades a lo largo del tiempo, como un factor que incidía en las esferas de las relaciones entre los géneros. Advirtieron la existencia de sociedades jerarquizadas y patriarcales que limitaban la competitividad y el ascenso de las mujeres en las estructuras laborales y de obtención de ingresos en casi todas las sociedades existentes. Ser hombre o mujer determina en gran medida, y en el caso de esta última constriñe sus posibilidades de ejercer el poder y manejar recursos en condiciones favorables, para no decir —utópicas— de igualdad. El capitalismo, en su retórica liberal de igualdad de los seres humanos, fue incapaz de modificar, en esencia, esta realidad. Este sistema requiere e incorpora la mano de obra femenina, sirviéndose de los marcos de la división genérica del mundo, para extraer mayores beneficios de su participación en la fuerza de trabajo, apoyándose, como señala Stolcke (1982), en ideologías legitimadoras del hecho, como el biologismo sexista. La expresión “las ventajas comparativas de las desventajas femeninas” (Arizpe, 1988) es contundente para explicar esta situación (Marroni: 2013). La historia de la constatación de las diferencias entre los sexos y su exacerbación transformada en desigualdad entre ellos ha sido documentada ampliamente, desmitificada y criticada. No obstante, la construcción de lo femenino y de lo masculino, basada en el modelo señalado, sigue predominando de manera abierta o encubierta; adquiere nuevos rostros, con rasgos aparentemente más benévolos. Más grave es su reforzamiento en las actuales condiciones, en contextos de modernización conservadora.5 En este escenario se alza la imagen de la mujer como cuidadora por excelencia, pero la construcción de la categoría servicios de cuidado ha sido más reciente. Se afirma como producto del análisis relacionado tanto el desarrollo de las ciencias sociales como a los cambios en el sistema mundial y sus diversas dimensiones propias del final del siglo XX e inicio del XXI. El reduccionismo de equiparar las funciones femeninas en las esferas privadas con el trabajo doméstico y su concepto más 5 Si antes estas fuerzas en el mundo occidental rechazaban el discurso de la —perspectiva de género— ahora ellas se apropiaron de este discurso, revertiéndolo para sus intereses y despojándolo de las prorrogativas progresistas de la concepción original. El rostro más visible de la nueva misoginia es la oposición a cuestiones del desempeño de la libre sexualidad de las mujeres y el derecho al control de su cuerpo. Hay propuestas más regresivas y preocupantes, como la iniciativa del regreso a la segregación por sexo en el sistema escolar. En España, tal planteamiento es defendido por algunos sectores del Partido Popular al pretender utilizar un discurso de género avanzado para ello: afirman que debido a las diferencias entre los géneros, las mujeres despegarían más sus posibilidades si estuvieran en un sistema propio para ellas, sin las restricciones de un ambiente competitivo con los varones de la escuela actual.

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elemental —limpiar la casa, lavar ropa, hacer la comida— resultó inadecuado desde varios prismas. También la distinción trabajo pagado/no pagado, y empleo/ trabajo adquirieron nuevas dimensiones en el tránsito del siglo y se incorporaron al debate sobre el concepto. Diversos factores convergen para crear una nueva perspectiva de los servicios de cuidado. Algunos surgieron de los estudios feministas históricos que revisitaron los análisis de la situación de las mujeres a lo largo de varias épocas y replantearon modelos interpretativos para explicar esta situación. Otros se fijaron más en las transformaciones ocurridas en la segunda mitad del siglo XX; se destacan en ese sentido: a) Alteraciones en el modo de vida de la sociedad: incremento de las tasas de urbanización, disminución de la importancia de la sociedad rural, monetarización de los procesos productivos, erosión de los mecanismos de reciprocidad y del capital social, así como la presencia de nuevos patrones de consumo. b) Las recientes tendencias sociodemográficas: el aumento de la expectativa de vida, el envejecimiento de la población, la constitución de nuevos tipos de familias y su nuclearización en muchos contextos. c) Las contribuciones de la ciencia social y de los estudios feministas: propuestas de la pedagogía y psicología para el sano desarrollo infantil, un nuevo concepto de desarrollo humano, derechos ciudadanos y sus consecuentes exigencias para satisfacer estas necesidades. d) Los cambios en los procesos de trabajo y relacionados a la reorganización neoliberal capital/trabajo, ya comentados: nuevas formas de contratación laboral precarias y flexibles paralelas a la disminución de las funciones del Estado de bienestar, con la reprivatización de los servicios de reproducción. e) La dilución de las fronteras entre lo formal y lo informal y los nuevos escenarios de la economía criminal: incremento de la trata y tráfico de personas, prostitución y otras formas de esclavitud sexual. Este recorrido temático tiene la finalidad de clarificar el concepto de servicios de cuidado, al mismo tiempo retoma propuestas de muchos autores que han trabajo el tema6 para redimensionarlo en apartados posteriores en su relación con la migración femenina. De ubicar el debate sobre los servicios de cuidado en su justa dimensión, demostrar la amplitud de las aportaciones me recomienda no citar autores específicos, bajo el riesgo de sesgar la información y reconocimiento de los méritos de muchos. Diversas vertientes feministas descubrieron, señalaron, analizaron y finalmente contribuyeron a la construcción del concepto. (Sassen, 2004; Ehrenreich y Hochschild, 2004; Salzinger, 2003; Marroni, 2009, 2013 Pedone, 2006; Hirata, 2001/02; Parella 2003). 6

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Carrasco, Borderías y Torns (2011: 74), al plantear la complejidad de la definición del término servicios de cuidado, destacan algunas de las características que ayudarían en esta tarea: a) existe en todas las sociedades como necesidad absoluta para la sobrevivencia de ellas; b) retoman la propuesta apuntalada ampliamente por el feminismo: no se trata de la especialidad del trabajo, sino del componente simbólico asignado por la ideología patriarcal como una actividad femenina y, por lo tanto, devaluada; c) rebaza el concepto de trabajo doméstico en varias acepciones; d) supone una notable carga de subjetividad y de energía emocional —sentimientos, amores y desamores, afectos y desafectos—, además del esfuerzo físico, lo que deriva en la mística del cuidado. Se trata del trabajo de amor como parte de la lógica de opresión femenina, que al despojarlo de su dimensión de esfuerzo y exigencia lo desplaza a una esencialista razón del ser del género femenino. El trabajo sexual puede ser considerado como un servicio de cuidado —no sin polémica— cuando históricamente la mujer aparece destinada a atender al varón también en esta esfera y su ejercicio está subordinado a las necesidades de él. Otro aspecto de este servicio es su transformación en un bien monetarizado, convertido en gran número de casos en formas degradantes de su desempeño, como la prostitución, el comercio sexual, su ejercicio forzado, relacionado a su vez con la trata de personas y esclavitud. La homogenización del concepto de trabajo o servicios de cuidado encuentra varios obstáculos, debido a las variadas condiciones bajo las cuales se realiza, desde la diversidad geográfica, étnica, de clase, de acuerdo al ciclo familiar y de vida de las mujeres y otros factores propios de cada sociedad. La relación con el mercado, los distintos grados de monetarización de este trabajo o su carácter no remunerado agrega también otros elementos para definir el uso y significado del término. Este último factor incide de manera determinante en la polémica actual de los estudios sobre el tema. Además de la controversia entre servicio y trabajo, aparece la expresión caring work, propia de la literatura anglosajona y norteamericana, y la de servicios de proximidad, utilizada administrativa y formalmente en los países de la Unión Europea. Esta última expresión se da en el marco de la integración de este continente y en la construcción del sistema normativo laboral que conlleva dicha integración. Pérez (2005: 75) se refiere a ellos como: Aquellas actividades remuneradas destinadas a satisfacer las necesidades de las personas y familias, que aparecen, en la actualidad, en la vida cotidiana de las sociedades occidentales. Algunos de estos servicios están fuertemente vinculados al cuidado de personas (sobre todo de ancianos y enfermos) y otros tienen que ver con la esfera doméstica (trabajo doméstico a domicilio, gestión del hogar).

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Para el debate europeo es evidente que se trata de una cuestión laboral a partir de la constatación del paso de un trabajo interno no remunerado y realizado al interior del hogar a uno público remunerado. Juan Antonio Cabrero (2004) llama a dichas actividades nuevos yacimientos de empleo: Que abarcan un amplio espacio, desde la higiene personal (podología, peluquería, cuidado de la infancia, acompañamiento externo, servicio de enfermería, ayuda a domicilio, educación, limpieza general de edificios, planchado, compras, elaboración de comidas a domicilio, arreglo de prendas de vestir...).

Si bien tal debate, sus definiciones conceptuales y jurídicas no se refieren específicamente a las mujeres migrantes, no es difícil advertir una intención de constatar la presencia de ellas en el contexto europeo. Se trata también de darles cierta visibilidad y encauzar de alguna manera sus estatus laboral y de integración formal a las sociedades receptoras de esta fuerza de trabajo. Con otras denominaciones, este trabajo desempeñado de manera semejante aparece en varios países donde la fuerza de trabajo de la migrante es significativa. La discusión sobre la nueva naturaleza y debate en torno a los servicios de cuidado trae implicaciones metodológicas para la investigación social y es resultado esencial para los estudios de la migración femenina. Propone nuevas interrogantes: ¿Por qué la mujer migrante se transforma en la prestadora esencial de dichos servicios en los países huéspedes?

La migración internacional y las mujeres: ¿De nuevo las ventajas comparativas de las desventajas femeninas? El desigual paradigma de las relaciones entre los géneros se trasplanta junto con la propia movilidad de las mujeres en los distintos contextos donde se mueven, incluyendo el escenario internacional. No se trata de una casualidad. Como observa Solé (2001: 8), de la marginalidad de los puestos de trabajo ocupados por las migrantes se deriva su marginalidad como personas. Y a su vez esta posición en las sociedades —sea de origen, de tránsito o destino de las migrantes— producen fuerza de trabajo precaria y degradada que alimenta el mercado mundial laboral. La segmentación sexual del mercado es parte de la estratificación más general que divide la fuerza de trabajo en el mismo mercado, a partir de condiciones previas a su integración (Marroni: 2000: 64).

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No se trata de una segmentación producida en las sociedades de destino, sino gestada en las propias sociedades de origen, inclusive durante el circuito migratorio, en donde se profundizan las desigualdades de las mujeres, manifestadas posteriormente en las sociedades huéspedes. El caso de las migrantes latinoamericanas en España ha sido un laboratorio para los estudios de esta cuestión. La modificación de la estructura de oportunidades en el mercado laboral provocada por la incorporación de las mujeres autóctonas al trabajo extra doméstico en las últimas décadas ocupa un lugar central en los debates del caso español; actualiza el debate sobre el papel de las mujeres en el binomio producción/reproducción (Parella, 2003; Ribas, 2004; Solé, 2001; Pérez W., 2005; Pedone, 2006; Aubarell, 2000; Hirata, 2001/02; Gregorio y Ramírez, 2000). Estos estudios consideran que: La mercantilización de los trabajos doméstico-familiares no ha supuesto necesariamente su extracción del ámbito privado; Con el modelo de dos sueldos a nivel familiar, se ha roto la concepción de la complementariedad idealizada de los roles entre los géneros, pero no necesariamente su sustrato ideológico patriarcal; Se produce un trasvase de la desigualad para compensar una igualdad deficitaria respecto al trabajo total —remunerado y doméstico familiar; En consecuencia, se observa una transferencia del trabajo reproductivo realizado por las mujeres nativas de clase media blanca a las procedentes de los países periféricos. Este fenómeno es lo que algunas investigadoras feministas han denominado la transferencia transnacional del trabajo reproductivo. (Pedone, 2006: 40).

En la migración de mexicanas a Estados Unidos se observan estos elementos pero de manera particular y diluida por la dinámica migratoria, diferente del caso europeo. Se trata de una migración más antigua, masiva y que se conformó con distintos padrones migratorios y no centrados en la cuestión laboral, como el caso de la migración femenina a España. Se encuentra inmersa en el flujo más permanente y largo del mundo, más de un siglo, relacionado a su vez a factores históricos de una frontera común. La migración mexicana a Estados Unidos presenta distintos patrones desde los movimientos transfronterizos cotidianos entre el sur de Estados Unidos y norte de México, una ajena circularidad migratoria, un complejo asentamiento de parte de esta población en territorio norteamericano, el retorno de otra parte de ella, sin mencionar el movimiento contrario: la migración de norteamericanos a México. Las últimas tres décadas se caracterizaron por el volumen acentuado de flujos de migración indocumentada, relacionados a las restricciones de Estados Unidos

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para la migración legal, la criminalización de los migrantes y la política de seguridad nacional (con la militarización de los controles fronterizos). Las mujeres fueron durante épocas y espacios geográficos determinados esposas y madres de migrantes que permanecían en sus comunidades y recibían o esperaban a sus maridos, quienes circulaban por los distintos países. Pero también en varios contextos ellas se tornaron migrantes, casi siempre descritas en los estudios migratorios con una motivación expresa de reunificación familiar; este fue el esquema propio de las zonas rurales de México. En las zonas urbanas de los estados fronterizos con Estados Unidos su presencia como migrantes fue más reconocida. En la mayoría de los casos la migración de todos los miembros de la familia no se da simultáneamente, lo que ha dado margen a amplios hallazgos sobre la estructuración y funcionamiento de las familias transnacionales. Leticia Díaz, al estudiar las mujeres adultas mayores en Ecuandureo, Michoacán (2014), constató que estas mujeres trasplantaban sus papeles, actividades y destrezas como abuelas-cuidadoras para Fort Worth, Texas, a donde ellas migraban. La motivación expresa de sus desplazamientos era para “encontrarse con sus hijos” y no para buscar un empleo, pero la misma dinámica migratoria las incorpora a actividades remuneradas relacionadas a los servicios de cuidado. Como en el caso estudiado por Díaz, la migración autónoma de mujeres a Estados Unidos ha ocupado poco espacio en la literatura y es difícil concluir si fue secundaria o estuvo invisibilizada. En las décadas recientes y en la transición de siglo aparece de manera importante y se relaciona con la búsqueda de trabajo en aquel país. Los estudios sobre esto coinciden con los resultados de otros, que constatan la inserción subordinada de la mujer en el mercado de trabajo. Canales (2000: 171), al referirse a la economía norteamericana habla de los mercados casualizated o informatizados, donde tiende a presentarse una importante selectividad en cuanto al origen de la fuerza de trabajo, con fuerte presencia de minorías étnicas y de mujeres. Así, concluye el autor, el crecimiento de los sistemas terciarizados o degradados no es neutral por género. Timur tiene una posición más extrema al afirmar que al tiempo de la caída de la demanda internacional de mano de obra masculina se ha incrementado la demanda de lo que tradicionalmente se consideraban trabajos femeninos (criadas, niñeras y trabajadoras del mundo del espectáculo) (2000: 11). El cuadro 2 confirma los planteamientos de estos autores, en donde los indicadores convergen para crear un perfil de las mexicanas trabajadoras en Estados Unidos, desfavorable comparado con las mujeres nativas de aquel país e inclusive con las otras migrantes.

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Cuadro 2. Las mujeres migrantes en la estructura ocupacional de los Estados Unidos (De 16 a 64 años) Total Tasa de participación económica

Inmigrantes mexicanas

Otras inmigrantes

Nativas blancas

67.6

54.9

66.4

70.1

8.0

12.5

7.8

6.3

100.0

100.0

100.0

100.0

41.5

11.9

39.1

45.9

5.7

3.1

6.0

4.9

Ventas y apoyo administrativo y de oficina

30.7

20.2

23.9

31.6

Trabajadores de servicios de baja calificación

15.6

41.3

22.7

12.5

Obreros y trabajadores especializados (excluyendo el campo de la construcción)

6.0

19.9

7.9

4.7

Trabajadores de la construcción

0.2

0.7

0.2

0.2

Agricultores y trabajadores agrícolas

0.3

2.9

0.2

0.2

37, 356

22, 172

39, 062

39, 472

Tiempo completo

44, 130

25, 514

45, 156

46, 919

Tiempo parcial

15, 916

13, 629

17, 244

16, 880

Sin cobertura de seguro médico ofrecido por el empleador

51.5

71.7

55.6

49.7

Sin plan de pensión o retiro ofrecido por el empleador

47.5

75.1

56.8

43.3

Tasa de desempleo Ocupación Ejecutivos, profesionales y técnicos Trabajadores de servicios semicalificados

Ingreso promedio anual (dólares) Ingreso promedio anual (dólares) según jornada laboral

Fuente: Consejo Nacional de Población (2013). La migración femenina a Estados Unidos. Tendencias actuales. En Boletín de migración internacional, 1 (1), 1-16.

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Según la misma fuente esta situación está inherentemente ligada al capital humano, experiencia y estatus migratorio de estas mujeres. Ellas tienen bajos niveles de estudio y una baja condición de ciudadanía, por lo tanto se ocupan desproporcionadamente en servicios de baja calificación, la mayor parte de ellas en trabajos domésticos y de cuidado. En consecuencia tiene menores ingresos y menos seguridad social. Finalmente no hay que minimizar el estatus de indocumentada de estas mujeres, con su consecuente incorporación a la economía informal o, como ha definido Sassen (citada por Pedone), una contrageografía: Estas contra geografías, a la vez que facilitan los flujos transnacionales, también, proporcionan un circuito más o menos alternativo que integraría los sectores de la economía formal con aquellos de la economía sumergida. En este sentido, por ejemplo, a la vez que se feminiza el mercado laboral también se feminiza la supervivencia en el mundo. (Pedone, 2006: 39).

Por otro lado, la consecuencia lógica de este patrón de vulnerabilidad y los límites tan estrechos entre lo formal y lo informal han propiciado el crecimiento de la economía criminal, en donde la trata de personas representa una actividad de las más lucrativas. Las mujeres —no sólo en el circuito migratorio América Latina-Estados Unidos o Europa, sino también en otros continentes— son el insumo para la industria y comercio sexual de entretenimiento, la prostitución y las diversas formas de esclavitud (como matrimonios forzados). Muchas de estas migrantes salen de sus lugares de origen con las promesas de trabajo formal o por lo menos digno, que casi siempre se relacionan con la prestación de servicios domésticos. Aunque algunas de ellas, efectivamente, llegan a desempeñar tareas de ese corte, en el tránsito, sobre todo de las centroamericanas por el territorio mexicano hay una mutación dramática. En el camino acaban siendo reclutadas por la redes de trata para el ejercicio de la prostitución. Para las migrantes, la distinción entre trabajo formal e informal, que el neoliberalismo procura borrar, es mucho más que precarización y flexibilización laboral; es sellar su destino con una perspectiva de vida degradada, en la cual el sueño de alcanzar el país de destino y mejores condiciones de existencia se alejan progresivamente. Los estudios deben prestar más atención a las características que los servicios de cuidado asumen en las regiones de tránsito, dada la alta vulnerabilidad de las migrantes que conduce a la explotación sexual ¿Una nueva ventaja de las desventajas femeninas?

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La construcción histórica de la “ilegalidad” migratoria del migrante mexicano indocumentado en Estados Unidos Ada Cabrera García Blanca Laura Cordero Díaz

Introducción

E

l presente trabajo aborda la manera en que históricamente se han construido las condiciones de “ilegalidad” y “deportabilidad” de los migrantes indocumentados mexicanos mediante la legislación migratoria y el discurso ideológico que la sustenta. Entendemos tal construcción como parte de las lógicas que siguen los procesos de acumulación capitalista, los cuales requieren del control y el disciplinamiento de la fuerza de trabajo indocumentada. En la medida que la migración indocumentada es predominantemente laboral (De Genova, 2002), la “ilegalidad” se conjunta con otros mecanismos sociales que valorizan y desvalorizan la fuerza de trabajo en contextos socio históricos particulares. Los regímenes particulares de inmigración pueden identificarse históricamente con distintas plataformas ideológicas, bases discursivas con escalas y sistemas de valores particulares, que dan forma a configuraciones hegemónicas capitalistas particulares. A su vez, la dinámica de cambio en la configuración hegemónica capitalista puede asociarse con cuestionamientos sociales, políticos y económicos que ponen en entredicho a las plataformas ideológicas; en ese sentido, las bases discursivas y las jerarquías de valores vigentes se tornan incapaces de sostener una dinámica del ejercicio del poder y de la dominación con la legitimación social. Tales contextos y coyunturas alojan las condiciones que, en una suerte de puntos o momentos de inflexión, permiten el paso y la reconfiguración de un orden hegemónico agotado

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a uno distinto. Las modificaciones y nuevas tensiones antagónicas que se generan en los esquemas de dominación tienen un largo alcance, afectando situaciones tales como la concepción del territorio, de la nación, de las fronteras y de los extranjeros que las traspasan, entre otras. Dentro de los momentos de inflexión y de cambio en los sistemas y escalas de valores, durante el siglo XX pueden pensarse grandes espacios que marcaron el proceso de transición de un sistema de valores político-ideológicos a otro. En los primeros años del siglo XX se encuentran resabios de los elementos discursivos de finales del siglo XIX e incluso de los de la propia conformación del Estado norteamericano de finales del XVIII, en los que prevalecen las ideas nativistas y asimilacioncitas. Las cuales, como veremos más adelante, se caracterizan por la argucia de la supremacía racial blanca caucásica y de su importancia en la construcción del Estado norteamericano, situación que se conjugaban con la mayor aceptación de un extranjero que a su llegada tuviera mayor capacidad de asimilar la cultura y los valores de la sociedad norteamericana. Por su parte, sería en el contexto que pone fin a la Segunda Guerra Mundial en el que se consolidarían el nacionalismo y la soberanía territorial como elementos políticos, ideológicos y culturales contundentes. En este último caso, el Estado se adjudicaría la vigilancia de las fronteras nacionales además de la gestión del bienestar social y/o de la superación del subdesarrollo, según el polo del mundo en el que se encontraran las naciones. Otro de esos grandes momentos se ubica durante la segunda mitad de la década de los 60 y en toda la década de los 70, época marcada por la movilización y cuestionamiento sociales hacia una patrón agotado en términos políticos e ideológicos, así como por una fuerte crisis que azotó la dinámica de acumulación mundial. Así, ante la necesidad del replanteamiento de la configuración hegemónica previa ya caduca, se generaría el espacio para una reconfiguración que terminaría por trasladar a los paradigmas neoliberales de la flexibilización del trabajo al centro del discurso ideológico, que como analizamos aquí, encuentra en la criminalización de la migración indocumentada no sólo el garante de acceso a una fuerza de trabajo barata, sino una fuente importante de beneficios importantes para sectores que lucran con esa condición. En el presente trabajo se hará un recuento, en orden histórico de aparición, de los principales elementos políticos e ideológicos que han influido en la construcción de la “ilegalidad” migratoria y de la “deportabilidad” de los migrantes mexicanos en los EE. UU.

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LA CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA “ILEGALIDAD” MIGRATORIA DEL MIGRANTE MEXICANO

Los discursos nativistas y asimilacionistas en el régimen migratorio de finales del siglo XIX y principios del siglo XX Existe una variedad socio-histórica tanto de migraciones indocumentadas, como de configuraciones particulares de la producción de la migración “ilegal” en los Estados Unidos (EE. UU.). La “ilegalidad” posee particularidades que la especifican históricamente de acuerdo a migraciones concretas dentro de los respectivos regímenes de inmigración de los estados nacionales, implementados precisamente para mediar las contradicciones inmanentes en momentos de crisis sociales y luchas políticas, sobre todo, de la subordinación del trabajo (De Genova, 2002: 424-425). Para hacer eco en la percepción de De Genova (2002), sobre la manera en que la implementación de la legislación migratoria se da acorde a momentos históricos particulares, muchas veces, en contextos de crisis sociales y luchas políticas, puede hablarse del pasaje en torno a la implementación del Acta de exclusión china de 18821 y del Acuerdo de caballeros firmado entre Estados Unidos y el Imperio Japonés de 1907.2 Esto, más que para validar lo que plantea De Génova, se menciona para pensar en lo abierto e inacabado de los procesos y relaciones que configuran y reconfiguran a los regímenes de inmigración de los estados nacionales, además de que la implementación de ambos daría pie a la gradual sustitución de la fuerza de trabajo asiática por la mexicana en los campos agrícolas de las costas norteamericanas del pacífico. Tanto el Acta de exclusión china como el Acuerdo de caballeros, surgen en un contexto de lucha asociacionista y por mejoras en las condiciones laborales encabezadas por los jornaleros chinos en una época en la que se presentaron las depresiones de 1870 y de principios de 1900. En ese sentido, las condiciones generales de la economía norteamericana eran precarias y propicias para la gestación de un discurso en el que se culpaba a los migrantes chinos y japoneses de quitar el empleo a los americanos, lo que facilitó la promulgación de las leyes que prohibían su entrada a los Estados Unidos.

La provisión que hizo que los chinos que ya habitaban en territorio norteamericano fueran no elegibles para obtener la ciudadanía. 2 Estados Unidos eliminaba las restricciones a la entrada de migrantes japoneses mientras que el Imperio Japonés, restringía la migración hacia el país norteamericano. 1

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Esta tipo de legislación de manera automática otorgaba a los chinos, japoneses y otros grupos de asiáticos, la condición no ser elegibles para la ciudadanía.3 Esto tendría efectos en la vida diaria de los migrantes con esa procedencia para el acceso a los beneficios de la posesión de la tierra, así como a los derechos exclusivos de los ciudadanos. Los migrantes que quisieron entrar después de los acuerdos, los que se encontraban ya en los Estados Unidos poseyendo tierras y los que tenían acceso a los servicios exclusivos para los ciudadanos, lo hicieron desde entonces de manera “ilegal”. Así, de ser una fuerza de trabajo que llegó de Asia para atender las necesidades de mano de obra que existían en los campos agrícolas de la costa norteamericana del Pacífico, pasaron a ser inelegibles para obtener la ciudadanía cuando ya se encontraban en Estados Unidos, e inadmisibles cuando intentaban entrar. La implementación de estas medidas legislativas, disciplinarias para la movilidad del trabajo en un contexto de lucha social y crisis económica, marcaría el momento en el que la migración mexicana con destino hacia Estados Unidos se consolidaría como un flujo latente de fuerza de trabajo. Pues aunque ya existían flujos esporádicos de mexicanos sería hasta ese momento en el que convertirían en sustituto inmediato y barato para la fuerza de trabajo asiática. A finales del siglo XIX y principios del XX en México existía un contexto de bajo nivel de vida en el campo y malas condiciones laborales, del otro lado de la frontera, en los EE. UU., se estaba justo dando un rápido desarrollo económico. La construcción del ferrocarril y los campos requerían de grandes cantidades de mano de obra, entre la que se encontraba la de procedencia mexicana, reclutada mediante los procedimientos del “enganche”. La llegada de la migración mexicana, si bien era necesaria para la expansión económica norteamericana, fue rápidamente encasillada en una concepción negativa por parte del Estado norteamericano, plasmada en 1911 en el reporte de la Comisión Dillingham, la cual hacía las veces de la Comisión de Inmigración de los Estados Unidos de principios del siglo XX. En el reporte de la Comisión Dillingham se realizaba una caracterización de la comunidad mexicana aludiendo a ella una composición de personas “notablemente indolentes y poco progresistas en todo lo que se refiere a educación y cultura”, cuyas actividades y trabajos eran considerados sucios y propios del “grado más bajo de la razas nativas no asimilables” y cuya “utilidad, no obstante, se ve impedida en mucho por [su] falta de ambición y [su] inclinación al uso constante de licor intoxicante” (Massey, 2008: 73). Dicho reporte dejaba clara la postura institucional respecto a las personas 3 La no elegibilidad para obtener la ciudadanía norteamericana terminó en 1943 para los chinos y en 1946 para los filipinos y razas originarias de la India.

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de origen mexicano, mientras que las condiciones de segregación a las que estas personas se enfrentaban afirmaban la aceptación de ese reporte por parte de la sociedad angloamericana, se convirtió en un discurso hegemónico en materia migratoria. El discurso que permeaba en torno a la percepción de los extranjeros durante las décadas de 1910 y 1920, sobre todo de los no blancos caucásicos, estaba centrado en las ideas nativistas y asimilacioncitas de homogeneización de la cultura guiando la legislación y la política migratorias. El contexto de la Primera Guerra Mundial se caracterizó por la siembra del “pánico” norteamericano hacia la revolución obrera y el socialismo, conocido como la First Red Scare. Esto generó una completa histeria antimigrante. Sería bajo esa tesitura que se aprobaría la primera Ley de Cuotas en EE. UU., en 1921. La mencionada Ley sería sustituida por una versión más restrictiva promulgada en 1924, el mismo año en el que el Congreso norteamericano creó la Patrulla Fronteriza. Con la Patrulla Fronteriza transformaría a la frontera entre México y Estados Unidos en una realidad tangible que trajo consigo el ideario del migrante ilegal, el cual se asociaba desde entonces con el migrante mexicano (Massey, 2008). La Patrulla Fronteriza y la percepción de una frontera resguardada y vigilada fueron elementos fundamentales para pensar a la migración indocumentada como aquella que proviene del sur de la frontera. Una idea que a partir de entonces se iría consolidando. El Acta de Inmigración Johnson-Reed de 1924, representó la primera restricción amplia en términos de las nacionalidades y de las características raciales de los migrantes, otorgando preferencia a ciertas nacionalidades sobre otras. La ley restringía la migración a 155 mil personas por año, excluyendo de la posibilidad de migrar a aquellas personas consideradas como inelegibles para obtener la ciudadanía, condición que se extendió entonces más allá de los chinos y japoneses. El Acta distinguía entre las personas europeas a partir de su nacionalidad y nivel de deseabilidad para entrar en los EE. UU., a la vez que construía la noción de raza blanca americana descendiente de ciertos países europeos que poseían una blancura común, distinta a la de aquellos a quienes consideraban parte de las “razas coloridas”. Sin lugar a dudas, esto implicó una forma de concebir al mundo no sólo en términos de nacionalidades, sino también de razas. La ideología racial norteamericana del siglo XX, fundamental para otorgar permisos de entrada para extranjeros, se basó en la definición legal de “blanco”, en lo que se consideró la “capacidad” de asimilación con la cultura norteamericana y el nivel de deseabilidad en función de la calificación para el trabajo. Esta ideología, sin embargo, encuentra sus orígenes en los postulados del Acta de Nacionalidad de 1790, en la que se otorgaba el derecho a la ciudadanía por naturalización a las “personas blancas libres” de buen carácter moral (Ngai: 2005: 23-37).

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Durante la década de 1930, la doctrina del New Deal haría que las ideas del pluralismo cultural,4 surgidas años atrás como una crítica directa al nativismo y asimilacionismo ideológicos, tomaran fuerza. Sin embargo, esa fuerza se vería expresada en una cuestión estatista para la estabilidad económica que en una cuestión referente a la raza y a las relaciones étnicas que al final de los años 30 devendría más bien en una intensa promoción de la unidad nacional y no en un cuestionamiento directo de las jerarquías raciales (Ngai, 2005: 231-232). En torno a la coyuntura de la Gran Depresión, serían deportados casi la mitad de los migrantes mexicanos que, desde principios de siglo y hasta el momento del estallido de la crisis, habían cruzado la frontera. González (2010) observa la manera en que esas medidas se conjugaron con otras más como la imposición del visado en 1924, la eliminación de las excepciones que permitían a los migrantes ser empleados como mano de obra, la regularización exclusiva de migrantes canadienses y europeos, la creación de la patrulla fronteriza y los primeros controles en la frontera con México; identificando cómo tales situaciones contribuyeron a que la percepción de gran parte de la sociedad norteamericana con respecto a la migración de origen mexicano, se rigiera por la idea de la irregularidad. En este sentido, la autora distingue entre migrantes irregulares, condición que adquieren por no poseer documentos que avalen un permiso de residencia, y la manera en la que las leyes condicionan y los convierten en “ilegales” con respecto a ciertos preceptos. La masiva deportación de mexicanos durante la Gran Depresión se legitimó ante la sociedad norteamericana mediante argumentos retomados de Comisión Dillingham, según la cual los mexicanos eran prescindibles como trabajadores y no tenían la posibilidad de asimilación, con lo que además fue fácil culparlos por “despojo” de empleos a los verdaderos estadounidenses y por elevar las cargas fiscales para estos. A los mexicanos que lograron permanecer en EE. UU., aún sin empleo, se les segregó a barrios marginales con servicios de menor calidad, convirtiéndose en una minoría que se llamaría a sí misma “chicana” y que durante los años 30 sería contabilizada como una raza, la mexicana (Massey, 2008: 75). Lo anterior sugiere el nivel de institucionalización que poseía el discurso en torno tanto a la migración procedente de México como a la población de origen mexicano en EE. UU., con la deportabilidad, la segregación y la diferenciación racial al centro del discurso. Con respecto a esto último, González (2010) coincide con De Genova (2002) en que la diferenciación entre las migraciones originadas en Europa 4 El término pluralismo cultural atribuido a Horace Kallen quien argumentaba que los grupos nacionales Estados Unidos no debían ser despojados de sus identidades para ser coercitivamente americanizados (Ngai, 2005).

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y las provenientes de México tuvo con la forma de aplicación de estas leyes y otros ajustes implementados durante la Gran Depresión; observando que la percepción negativa de la migración mexicana daría un giro con la implementación del Programa Bracero en 1942. A partir de la implementación del programa Bracero en 1942 se modifica la concepción de los migrantes mexicanos, a los que se llamaba wetbacks o espaldas mojadas, para ser bienvenidos por los empleadores ávidos de fuerza de trabajo que laborara en los campos agrícolas. El uso de este término que se generalizó en la etapa del programa aunque se venía utilizando desde los años 20 para nombrar a los mexicanos que cruzaban sin autorización, ésta denominación daría también el nombre a una de las operaciones de persecución de migrantes en los EE. UU.

La consolidación del nacionalismo y la soberanía como elementos discursivos hegemónicos en la producción del régimen migratorio de la segunda posguerra A partir de la segunda posguerra, el nacionalismo y sus dimensiones definirían el rumbo de la legislación y política migratorias. La “grandeza” americana que durante las primeras décadas del siglo XIX se había expresado a partir del discurso hegemónico de la supremacía racial anglo-sajona, fue sustituida durante la durante la segunda mitad del siglo, por una nueva concepción planteada en torno al ethos pluralistanacionalista. Lo anterior, como una consecuencia directa del conflicto de la Segunda Guerra Mundial y de los elementos de racismo que permearon en ella. Se repelerían, a partir de entonces, las leyes de exclusión de la posguerra al parecer como una expresión del pluralismo cultural. Esto se articularía en torno a la territorialidad del Estado nacional y a la noción de la soberanía que éste poseía, situaciones que sin embargo, se encontraban ya presentes en la política migratoria desde la Primera Guerra Mundial. De tal suerte que la trayectoria de la política migratoria desde la Segunda Guerra Mundial, tiene una importante combinación de pluralismo liberal y de nacionalismo, que se consolidaron ante la crítica a las políticas nativistas y asimilacionistas (Ngai,2005). A partir de entonces y durante toda la Guerra Fría, peso del nacionalismo en términos ideológicos se dejaría sentir en la manera en la que los migrantes y refugiados eran más o menos aceptados en los EE. UU., a partir básicamente de cuestiones de geopolítica y de estrategias de posicionamiento en la economía mundial.

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Desde los EE. UU., la democracia liberal capitalista se autodefinía como el “bueno” mundial contra el diablo soviético comunista. En ese contexto, la derecha conservadora no tardó en traer en reevaluar e introducir a la etnicidad como un interés legítimo en un mundo político disputado por distintos grupos de intereses, introduciendo un sentido asimilacionista al discurso democrático liberal supuestamente pluralista. Esta fue una estrategia que si bien reconoció la diferencia, tendió a eliminarla dentro de la universalidad de las políticas democráticas (Ngai, 2005). Lo anterior tuvo una clara expresión durante la segunda posguerra y hasta la década de los 60, en la que la legislación migratoria estuvo marcada por la crisis del refugio, que en ese entonces significó el mayor reto de la política migratoria de la posguerra. Las controversias sobre la política de refugio fueron centrales en los debates durante las décadas de los 50 y 60, pues arrastraban elementos de las leyes restrictivas de la década de los 20; debates en los que las fuerzas conservadoras se opusieron a la liberalización del sistema de cuotas. De tal suerte que el Acta de personas desplazadas de 1948 implicaría la reducción, mas no la eliminación, de la cuota de refugiados y la implementación de la definición de desplazados, misma que condicionaría el refugio para aquellos que cumplieran con ciertos criterios de deseabilidad: la primera preferencia la tendrían los trabajadores agrícolas, mientras que la segunda sería para los profesionistas altamente calificados (Ngai, 2005). En esa época y en el contexto exacerbado de “temor” al comunismo tuvo lugar la aprobación de la Ley de Inmigración y Nacionalización o Acta McCarran-Walter 1952, en la que se especificaron criterios de restricción para la entrada de migrantes a EE. UU. con base en eses principios ideológicos. Con lo que a la hora de otorgar visados, se daba continuidad al establecimiento de jerarquías por la vía de la nacionalidad y por la del nivel de calificación para el trabajo. A su vez y sin tocar las cuotas establecidas por leyes previas, esta ley impuso que a partir del año de su aprobación, que el primer 50 % de la cuota procedente de un país debía ser otorgada a personas con altos niveles de calificación y preparación educativa que beneficiara económicamente a los EE. UU. (Meissner, M., et.al., 1993). En la década de los 60 el número de visas se siguió restringiendo, es la época en la que el programa Bracero ve su fin, 1964, dentro de un contexto en el que las campañas de la patrulla fronteriza se intensificaron. Expresamente, esto tomó forma con la implementación de la Operation Wetback de 1954, en la que la patrulla fronteriza buscaba a los extranjeros ilegales en los barrios de los estados del sureste norteamericano, enfocándose de manera clara en la búsqueda de migrantes mexicanos indocumentados. Dicha estrategia, utilizaba sus propios criterios para interrogar a potenciales extranjeros ilegales, adoptando prácticas de detener por las calles a

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quienes “lucieran” como latinos o mexicanos para interrogarlos y pedirles que se identificaran. En 1965 se reformaría la ley de inmigración de 1952; la Immigration Reform Act (IRA) surgió ante las presiones del movimiento de por los derechos civiles que permitieron la revocación de las cuotas de migración por nacionalidad. De acuerdo con Massey (2008), tales enmiendas si bien eliminaron el efecto “raza” del Acta al establecer un límite de visas por año marcaría una nueva tendencia de políticas restrictivas que, para el caso de la migración proveniente de México, se vería reflejada en los límites al número de visas que se otorgarían a los migrantes provenientes del hemisferio occidental. Con la mencionada enmienda de 1952 se limitó el número de visas en términos globales por año y se dividieron por hemisferios: se otorgaron 120 mil visas por año para los países del hemisferio occidental y 20 mil para los países que se encontraban fuera de éste. Unas segunda y tercera enmienda a la ley de inmigración de 1952, entraron en vigor en 1976 y en 1980 La primera de ellas limitó el número de visas anuales a 20 mil para los países americanos, cuota en la que estaban incluidos los mexicanos, mientras que la segunda, también llamada ley de refugiados, otorgaba 50 mil visas a los refugiados políticos (Meissner, M., et.al., 1993). Las modificaciones al acta de inmigración de 1965 se combinaron con el fin del Programa Bracero, disminuyendo las posibilidades de entrada y con documentos para los migrantes mexicanos que se dirigían hacia los EE. UU., generando las condiciones para el despunte de migración indocumentada. Así, el patrón migratorio pasó de estar caracterizado por el un flujo circular de braceros centrado en la lógica del programa de trabajadores huéspedes, a convertirse en uno de trabajadores indocumentado, con cada vez menos posibilidades de entrada y salida debido al endurecimiento de la frontera. Si bien la entrada en vigor de IRA en 1965 ofreció inicialmente la posibilidad de que los migrantes mexicanos regularizaran su situación, la reforma de 1976, implicó, sin embargo, una reducción en las posibilidades para migrar con documentos, definiendo a la vez el momento en que implícitamente se introducía la primera cuota para las migraciones mexicanas sin que esta vez existieran de por medio los contratos de trabajo como los que se utilizaban con el programa bracero (González, 2010). En términos ideológicos y organizativos, los 70 significaron la solidez en términos de la postura de los migrantes sobre sus derechos civiles y políticos, demandando básicamente lo siguiente: derechos laborales plenos, el fin de las deportaciones y las redadas en fábricas y vecindarios, acabar con las leyes opresivas; la amnistía y el reconocimiento legal incondicional de los trabajadores indocumentados, así como el logro de los derechos civiles plenos para los migrantes indocumentados. (Carvajal, 2004; Medvédeva, 2006).

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Sin embargo, hubo importantes diferencias con las propuestas del movimiento de los derechos, sobre todo en torno a la cuestión de la ciudadanía que se convirtió en un elemento problemático en la política de migración; al dejar a la ciudadanía sólo como una situación posible y no como algo inaplazable para todos los inmigrantes que se encontraban ya en los EE. UU., se endurecieron las distinciones entre ciudadanos y extranjeros. Esto tuvo un efecto que apuntaba a una valorización de la ciudadanía que, durante la posguerra, hacía pensar al extranjero como algo opuesto a la ciudadanía, con lo que prácticamente ésta se convirtió en la condición necesaria para tener derechos (Ngai, 2005). Los argumentos liberales centrales, igualdad de derechos y justicia para todos, se materializaron en las reformas de inmigración bajo el discurso de los derechos humanos. Dicho discurso se expandía hasta la política de migración debido a la necesidad que los políticos norteamericanos tenían de legitimarse, durante la Guerra Fría, mediante una imagen democrática ante el mundo. Por tal motivo, la redacción de la reforma de inmigración estuvo profundamente influenciada por el movimiento de los derechos civiles, tanto por las ideas de justicia social y libertad humana como por la de igualdad de derechos. En la etapa final de la década de los 70, las crisis de la economía mundial capitalista intensificaron las desigualdades a nivel mundial, modificando así los patrones migratorios y los regímenes legales migratorios implementados por los estados nacionales. Esto último, junto con las campañas de deportación de los 50, contribuyó a la intensificación y producción de la condición de la “ilegalidad” para los mexicanos.

El régimen migratorio neoliberal y el endurecimiento de la frontera Los flujos migratorios de mexicanos hacia Estados Unidos se han modificado a partir de la década de los 80 del siglo XX. Estos cambios pueden claramente asociarse a la reconfiguración hegemónica que significó el paso de una configuración centrada en el nacionalismo y la política de Estado interventor, a otra basada en la lógica neoliberal. Esta lógica, en el caso de la política migratoria, se expresa mediante una creciente criminalización de la migración indocumentada dentro de un régimen económico mundial que permite la libre y rápida movilidad del capital, pero que ha dificultado más que nunca la movilidad de la fuerza de trabajo. Durante el régimen neoliberal, el patrón migratorio pasó de ser un flujo circular de braceros a uno de trabajadores indocumentados. El fin de ese periodo de migración circular llegaría en 1985 con la Immigration Reform and Control Act (IRCA) que,

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entre otras medidas, planteaba el aumento de los recursos destinados a la vigilancia de la frontera y al incremento del número de elementos de la patrulla fronteriza. A su vez, IRCA trajo consigo dos programas de legalización, uno a largo plazo destinado a quienes habían habitado en los EE. UU. por un mínimo de cinco años y otro para trabajadores agrícolas en el corto plazo, aunque también criminalizó y sancionó la contratación de trabajadores indocumentados (Massey, 2008: 78-80). La vigilancia fronteriza, lejos de poner fin a la migración indocumentada, se encontró con un aumento significativo de la misma durante la de la década de los 90. El incremento de estos flujos migratorios claramente se asocia con la crisis económica que se vivía en México, misma que expulsaba a gran cantidad de personas de un campo devastado y de zonas urbanas plagadas por la falta de empleo con miras a los EE. UU. En tal coyuntura, el gobierno norteamericano impuso nuevas limitantes a la migración proveniente de México. En los últimos años, ha habido un aumento importante en el número de arrestos efectuados en la frontera que afectan en su mayoría a los migrantes.

Gráfica 1. Número de extranjeros arrestados en Estados Unidos: 1925-2011 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000

1925 1928 1931 1934 1937 1940 1943 1946 1949 1952 1955 1958 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009

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Número de extanjeros arrestados

Fuente: Elaboración propia con datos del 2011 Yearbook of Immigration Statistics, Homeland Security.

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Gráfica 2. Mexicanos con respecto al total de extranjeros arrestados en Estados Unidos: 2002-2011 1 500 000

1 000 000

500 000

Extranjeros arrestados de origen mexicano

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

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Total de extranjeros arrestados

Fuente: Elaboración propia con datos del 2011 Yearbook of Immigration Statistics, Homeland Security.

Además del aumento en el número extranjeros arrestados en los últimos años, la política migratoria norteamericana originó un aumento en el número de deportaciones y en el número de capturas y retornos efectuados en la frontera. Del total de extranjeros deportados y retornados de los EE. UU. la mayoría son mexicanos. Bajo la connotación de una política migratoria criminalizante, las deportaciones se han convertido en un instrumento mediante el cual esta política otorga la categoría de “criminales” a los migrantes que intentan regresar a los EE. UU. después de haber sido deportados más de una vez. De acuerdo con las definiciones utilizadas en el Yearbook of Immigration Statistics, del Homeland Security del 2011, las deportaciones son contabilizadas como aquellas salidas forzadas y confirmadas de extranjeros de los EE. UU., basadas en órdenes de deportación. Un extranjero que es deportado tiene consecuencias administrativas o criminales en siguientes reingresos debido al hecho de haber sido expulsado. Por su parte, los retornos se refieren al movimiento confirmado de un extranjero inadmisible o deportable fuera de los Estados Unidos sin que para ello exista una orden de deportación de por medio.

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1972

1962

1952

1942

1932 Extranjeros deportados

2012

2002

1992

1982

1922

1912

1902

1892

Fuente: Elaboración propia con datos del 2011 Yearbook of Immigration Statistics, Homeland Security.

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

Gráfica 3: Extranjeros deportados de Estados Unidos: 1892-2011

Gráfica 4: Extranjeros retornados de Estados Unidos: 1927-2011

1982

1977

1972

1967

1962

1957

1952

2007

1997

1992

1987

1947

1942

Fuente: Elaboración propia con datos del 2011 Yearbook of Immigration Statistics, Homeland Security.

Extranjeros retornados

2002

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Dentro de la dinámica que ha adquirido la política migratoria norteamericana se encuentra uno de los motivos de esta intensificación del cruce migratorio por el desierto de Arizona, la cual tiene que ver con la militarización de la frontera en Texas y California durante los 90. Entre las estrategias enmarcadas dentro de esa política se encuentran la construcción de un cerco de siete millas entre San Diego y Tijuana, y la operación Hold the Line con la que se trasladó a la patrulla fronteriza a la línea de frontera para vigilar los corredores de cruce irregular, en el Paso Texas, en 1993. Esto marcaría la tendencia de control migratorio durante los años siguientes que se basó en el aumento de los elementos de la patrulla fronteriza en los corredores de cruce. En 1996 se aprueban a nivel federal la Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act (PROWOARA) y la Ilegal Immigrantion Reform and Immigrant Responsibility Act (IIRIRA), se limitaban el acceso a los servicios públicos a los migrantes ilegales. De manera particular, IIRIRA otorgaba a los gobiernos estatales la responsabilidad de los migrantes para la recepción de beneficios sociales, con ésta nueva ley se da también la ampliación del concepto de delito agravado, dando inicio a una serie de deportaciones sin dar revisión judicial tanto a migrantes documentados como no documentados por cometer delitos menores (Woo y Montoya, 2011: 251). Estas medidas de política migratoria criminalizante encuentran respaldo en un discurso permeado por la paranoia de la seguridad y el control de las fronteras terrestres, marítimas y espaciales, ante el peligro que atribuye al terrorismo y al narcotráfico, que impacta sobre la concepción de extranjero en función de sus orígenes nacionales y de su estatus migratorio. La prevalencia de esto último se dio a partir del 2001 con la caída de las Torres Gemelas, misma que dio pie al crecimiento de la industria de la seguridad y de su obtención de beneficios, situación que a la postre, ha significado la modificación del discurso hegemónico y las escalas de valores que promueve, redimensionando en ese sentido cuestiones de política y legislación entre las que se encuentra la migratoria. Además de los altos ganancias que lo anterior ha generado para la industria de la seguridad, estas estrategias criminalizantes y de encarcelamiento pueden entenderse como una importante fuente de rendimientos para el sistema carcelario privado. Martínez y Slack (2013) asocian este tipo de situaciones con un espacio en el que se cruzan un discurso conservador que promueve en lo inmediato, tanto a nivel federal como local, los intereses de un capital penitenciario con la promulgación de leyes que el complejo industrial de la inmigración produce generando múltiples formas de criminalidad para mantener un sistema político y económico de encarcelamiento (Martínez y Slack, 2013); sistema para el cual, la criminalización y encarcelamiento de los migrantes indocumentados mexicanos ha representado la principal herramienta generadora de beneficios.

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Las concepciones ideológicas y políticas que sustentan lo anterior hasta cierto punto representan la actualización de los preceptos de la Comisión Dillingham, mismas que en gran medida han estado a cargo de Samuel P. Huntington. Este autor argumenta sobre la imposibilidad de asimilación de los mexicanos y el peligro que corría la cultura norteamericana ante la intensiva llegada de migrantes hispanos pero sobre todo mexicanos. La idea de la incapacidad de asimilación intentaba argumentarse en el sentido de que la gran cantidad de mexicanos habitando en Estados Unidos y su continúa llegada, les permitía continuar cómodos y mantener su cultura de origen, situación que según el autor dicho país se enfrentaba al constante peligro de ser divido en dos culturas y dos lenguas. Según ésta paranoica percepción de la migración mexicana, la no asimilación no significaría en sí el fin de la nación norteamericana, pero sí el fin de la caracterización que ha poseído hasta ahora, ante lo que los norteamericanos no deberían permitir un cambio tal hasta estar seguros de que una nación así sería mejor (Huntington, 2004).

Conclusiones Las modificaciones en las escalas de valores originadas al interior de los estados nacionales, claramente mediadas por distintas tensiones políticas, sociales y económicas, han influido de manera directa en la política migratoria y en la percepción de la migración en la sociedad de los estados receptores. Para lograr la promoción y legitimación de la legislación migratoria se construyen discursos y escalas de valores que se volverán hegemónicos o no, en la medida en la que provean de un aparato ideológico lo suficientemente fuerte para alcanzar el consenso social. La búsqueda de control y disciplinamiento de la fuerza de trabajo tiene asidero en los elementos discursivos desde los cuales se intenta legitimar la legislación y la política anti inmigrante en países como EE. UU., en una sociedad que las aceptará o no, en función de las circunstancias materiales y sociales que permitan a tales discursos volverse o no hegemónicos. Las relaciones de fuerza y las alianzas entre los distintos grupos del poder en la sociedad y el gobierno que promueven los discursos y generan las leyes son también importantes para entender la manera en que “la ilegalidad” surge como un elemento de diferenciación y degradación social en contra de los migrantes. Lo anterior sugiere que históricamente, la producción legal de la desciudadanización y de la “ilegalidad” migratoria han generado las categorías jurídicas de diferenciación entre migrantes, definiendo los parámetros de la “legalidad” de la migración. En ese sentido, los migrantes mexicanos se han visto afectados tanto por las categorías bajo las que son sujetados por la legislación migratoria, que en gran

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medida funciona como una respuesta y una búsqueda constante del control y la administración no sólo los movimientos transfronterizos de personas, sino también de sus formas de resistencia. Mediante las categorías utilizadas por la legislación migratoria se lleva a cabo una clasificación racial y una jerarquización que busca disciplinar a la fuerza de trabajo migrante así como controlar sus flujos de entrada y salida a un país, generando una condición de “ilegalidad” que sin duda tiene implicaciones para la reproducción de la vida diaria. Esto, lleva a plantear la condición de “ilegalidad” migratoria no de forma aislada o naturalizando la idea del migrante “ilegal”, sino como una condición históricamente producida que ha afectado de manera directa a la migración indocumentada procedente de México. Es este sentido, puede pensarse a la producción de la “ilegalidad” migratoria vinculada con los discursos que en momentos y situaciones concretas han intentado legitimarla, que en el caso de los primeros años del siglo XX se encontraban permeadas por el eje del etnocentrismo y las políticas migratorias asimilacionistas, en las que los mexicanos no tenían cabida. Durante la segunda posguerra, el nacionalismo y la protección de la soberanía fueron centrales en la implementación de una política migratoria, que en el caso de la migración mexicana, se concentró en el otorgamiento de permisos de entrada en torno al acuerdo binacional entre México y EE. UU., el denominado Programa Bracero. Sin embargo, este programa fue más bien una salida a la necesidad de fuerza de trabajo que existía en los momentos de su implementación que no significó una modificación de la percepción de la migración mexicana en la sociedad norteamericana; en cuanto esa necesidad se vio satisfecha, en 1954 se realizaron una serie deportaciones enfocadas en los migrantes mexicanos indocumentados, situación en la que los criterios deportación expresamente estuvieron definidos por cuestiones raciales y de nacionalidad. En esa época la política migratoria se encontraba condicionada por los objetivos geopolíticos de la Guerra Fría, mismos que tuvieron que ser replanteados mediante un giro “liberal-pluralista” en los años 60 y 70 para dar una apariencia democrática ante el mundo y ante la sociedad. Empero, ese giro influenciado por las demandas de los derechos civiles para la justicia social, la libertad humana y la igualdad de derechos, logró ser apropiado por los redactores de política migratoria en un sentido que veló, mediante el discurso de la igualdad y de los derechos humanos, el trato diferenciado que los migrantes recibían en torno a sus orígenes nacionales y raciales. En los últimos años, podemos encontrar discursos de seguridad nacional y de vigilancia fronteriza que intentan legitimar una política de criminalización y encarcelamiento de la migración indocumentada. Esta situación tiene más bien que ver con la manera en que tales discursos buscan en la conservación del poder por parte

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de una élite política claramente asociada con empresarios que a su vez buscan la generación beneficios. Entre estos empresarios sobresalen los que tienen a su cargo las prisiones privadas que necesitan, de manera constante, aumentar el número de encarcelamientos para hacer de éste un negocio cada vez más rentable.

Referencias Carvajal Silva, María Raquel (2004), Migración Internacional y derechos humanos. Derechos humanos, civiles, sociales y políticos en el contexto de la migración México-Estados Unidos (Guadalajara: Universidad de Guadalajara). De Genova, Nicholas (2002), “Migrant ‘Illegality’ and Deportability in Everyday Life”, en Annual Review of Anthropology, vol. 31. Durand, Jorge y Douglas S. Massey (2003), “El núcleo básico de la migración México-Estados Unidos. Premisas para entender y explicar el proceso” en Durand, Jorge y Douglas S. Massey, Clandestinos. Migración México-Estados Unidos en los albores del siglo XXI, México, Miguel Ángel Porrúa Librero Editor y Universidad Autónoma de Zacatecas, pp. 45-61. González Cámara, Noelia (2010), “De indeseables a ilegales: una aproximación a la irregularidad migratoria”, en Arbor, vol. 186, núm. 744. Huntington, Samuel P. (2004), The Hispanic Challenge, Foreign Policy, marzo-abril, pp. 1-12, disponible en http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_ id=2495; consultado el 05 de octubre de 2013. Martínez, Daniel y Jeremy Slack (2013), “What part of “illegal” don’t you understand? The social consequences of criminalizing unauthorized mexican migrants in the United States”, Social and Legal Studies, vol. 22, núm. 4, pp. 535-551, disponible en http://sls.sagepub.com/content/22/4/535.short; consultado el 06 de febrero de 2014. Massey, Douglas S. (2008), “La racialización de los mexicanos en Estados Unidos: Estratificación racial en la teoría y en la práctica”, en Migración y desarrollo Zacatecas: Red Internacional de Migración y Desarrollo vol. 10, disponible en http://www.scielo.org.mx/pdf/myd/n10/n10a4.pdf; consultado el 04 de octubre de 2013. Meissner, Doris M., et al., (1993), Los nuevos retos de las migraciones internacionales perspectivas y prioridades de las políticas migratorias en Norteamérica, Europa, Japón y la Comunidad Internacional. (Madrid: Instituto de Cuestiones

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Internacionales y Política Exterior), disponible en http://www.incipe.org/ensayo52.htm; consultado el 25 de junio del 2011. Medvédeva, Tatiana (2006), “Movimientos sociales transfronterizos: el caso de los inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos de América”, Trabajo presentado en Viejas y nuevas alianzas entre América Latina y España: XII Encuentro de Latino Americanistas españoles, Santander, 21 al 23 de septiembre de 2006. Ngai, Mae M. (2005), Impossible subjects. Illegal Aliens and the Making of Modern America, Princeton: Princeton University Press. Valenzuela Camacho, B., y J. Ibarra Martínez (2012), “Mexicanos en el Valle del Sol”, en Valenzuela Camacho y E. C. Montoya Zavala (coords.) Nuevos senderos, mismo destino. Proceso migratorio e inserción económica de mexicanos en Phoenix, Arizona, México, Jorale Editores y Universidad Autónoma de Sinaloa.

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Salir para ser alguien. Reflexiones para acercarse a la experiencia de jóvenes indígenas universitarios José Cervantes Sánchez

El acceso de los indígenas a la educación superior, asignatura pendiente

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esde siempre ha habido presencia de indígenas en las universidades, ubicadas generalmente en las capitales, a donde los jóvenes han tenido que trasladarse para continuar con sus estudios superiores. Sobre todo en los últimos años, en algunas universidades se ha realizado un esfuerzo de discriminación positiva a través del otorgamiento de becas y/o la reserva de cupos para población indígena. Las reflexiones asentadas en este texto, que forman parte de un proyecto de investigación más amplio, aún en curso, surgen a partir del acercamiento y convivencia con un grupo de jóvenes estudiantes en tal situación.1 Como una estrategia de inclusión, recientemente se ha creado un sistema de universidades interculturales con la intención de acercar la educación superior a grupos indígenas llevándolas a sus comunidades y regiones. Sin dejar de reconocer lo positivo de estos esfuerzos, no podemos dejar de apuntar que, en general, ese tipo de iniciativas enfrentan problemas por presupuestos insuficientes y falta de reconocimiento oficial, además de las situaciones racismo, privaciones económicas Los jóvenes aludidos forman parte de un programa de becas en una universidad privada en Puebla, México. Admitidos después de un proceso de selección, reciben de manera gratuita educación, alimentación y hospedaje mientras cursan sus estudios superiores y se comprometen a regresar a sus comunidades al concluirlos. 1

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y acceso a servicios públicos que, entre otros, afectan a las poblaciones a las que buscan servir (Mato, 2008). El acceso a la educación superior es un fenómeno relativamente reciente, y relativamente limitado, entre los grupos indígenas en México, a pesar de que se trata de un añejo problema (Schmelkes, 2004; Mato, 2008). Las situaciones que dificultan el acceso y la permanencia de la población indígena a la educación superior se han documentado, destacando entre ellas la brecha geográfica, las barreras culturales, las barreras económicas, la baja calidad de la educación básica que se traduce en menores oportunidades, y la discriminación (Carnoy et al., 2002). En el contexto latinoamericano la proporción de población indígena va desde 0.4 % en Brasil hasta 62.2 % en Bolivia, pasando por 6.5 % en México (Mato, 2008), y sin embargo en el ámbito de la educación superior prevalece una realidad en la que la constante es la exclusión de pueblos, comunidades e individuos indígenas. Más aún, en la construcción de los estados nacionales, la lógica ha sido la invisibilización de los indígenas a través de, entre otras cosas, la omisión en la producción de estadísticas que muestren su dimensión demográfica y permitan compararla con variables económicas y sociales. La disparidad observada no sólo es producto de las diferencias en las oportunidades que hoy en día sufren los grupos indígenas, sino que viene a reflejar problemas históricos relacionados directamente con la educación básica, así como, de manera más amplia, las problemáticas en relación a la tenencia de la tierra y el acceso al empleo, la salud y la vivienda, entre otros aspectos. En lo que se refiere al acceso a la educación superior en México, las cifras del Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas en Instituciones de Educación Superior, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ilustran de manera clara la inequidad existente, pues “mientras en la población urbana de mediano ingreso, 80 % de los jóvenes tiene acceso a la educación superior, en la población rural sólo 3 % puede aspirar a ella, pero sólo 1 % ingresa a instituciones de educación superior y menos de 0.2 % egresan y se titulan” (ANUIES, 2008).

Jóvenes indígenas Una primera decisión para acercarnos al tema de estudio se relaciona con la manera adecuada de abordarlo, planteando conceptos y categorías. Asumo, de entrada, que lo que significa ser joven e indígena está marcado por la historia y los contextos en los que se producen y reproducen los sujetos sociales. Tal como algunos autores han señalado, en primer lugar es preciso reconocer que juventud es una categoría

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relativa, que no tiene duración ni lugar preciso, más allá de que hace referencia a la etapa de transición entre la niñez y la edad adulta, caracterizada por dos cambios fundamentales: el que va de la escuela a la vida profesional, y el tránsito de la familia de origen a la familia de procreación. Además, puesto que la juventud no es una condición homogénea, invariable, es obvio que su significado cambia según el momento histórico y la sociedad de que se trate (Bourdieu, 2008). Por su parte, Brunet y Pizzi (2013) nos previenen de caer en el error de “concebir la juventud como un grupo social homogéneo” (p. 52) al adoptar solamente criterios de edad biológica como la variable única de la condición de juventud. Para una caracterización más aterrizada, los mismos autores proponen tener en cuenta las condiciones sociales en que los individuos viven y que se manifiestan en formas específicas de representar al mundo, de donde a su vez se desprenden ciertas prácticas y estilos de vida. De esta manera observaremos las relaciones que suceden en un espacio social determinado, prestando especial atención a las dinámicas de dominación-subordinación que se establecen entre las diversas posiciones. Pérez Islas (2010) argumenta la necesidad de incluir dos elementos para el análisis de lo que significa ser joven en México: la escuela y el mercado de trabajo. En efecto, desde una perspectiva demográfica, la disminución de la fecundidad influye en lo que se entiende por joven, concretamente en la situación de México en la que a partir de 2010 se inicia el “descenso del bono demográfico”, lo que supone que la proporción de jóvenes tenderá a la baja y las expectativas sobre los jóvenes a su vez se verán modificadas en el imaginario social. Sin embargo, el solo componente demográfico no alcanza para explicar a cabalidad lo que ser joven significa hoy en México, y allí surge la necesidad del análisis social, sobre todo en lo que se refiere a los roles que se asignan y las normas de comportamiento que se esperan de un joven. En este sentido plantea considerar cinco transiciones que marcan el tránsito de la adolescencia a la adultez. De ellas, dos son de carácter público: dejar la escuela e integrarse al primer trabajo; y tres de carácter familiar: abandono del hogar paterno, casarse o unirse, y tener el primer hijo (Pérez Islas, 2010). Además hay que agregar que ser joven es una categoría relacional en cuanto a que siempre se trata de una comparación con la etapa previa, la niñez y la adolescencia, y las que le siguen: ser adulto y, después, adulto mayor. Ser joven es problemático porque se experimenta que ya no se es lo que se era, en un momento en que tampoco se tienen todavía todos los recursos y los requerimientos para convertirse en un miembro pleno de la comunidad. De hecho, en toda sociedad se tienen expectativas sobre el ser joven y a menudo los viejos consideran que, debido a que han asistido más tiempo a la escuela, ya no respetan a los ancianos y se comportan de manera diferente a lo que de ellos se espera (Cervantes et al., 2003).

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Jóvenes indígenas en la comunidad rural La comunidad rural es el contexto social en que crece la mayoría de los jóvenes indígenas, que en las últimas décadas ha sufrido transformaciones de manera paulatina pero constante. Basta darse una vuelta por casi cualquier comunidad para comprobar cómo hoy en día, con mayores posibilidades de comunicación de manera instantánea, la información, y con ella las modas y los deseos del consumo llegan prácticamente a todas partes, incluyendo las regiones que antes permanecían relativamente aisladas. Y son precisamente los jóvenes quienes, por su manejo de las tecnologías de la información y comunicación, así sea incipiente, primero tienen acceso a otros gustos, a otros estilos y culturas, y sienten la necesidad de hacer otros consumos para parecerse a los modelos a los que hoy se encuentran expuestos. Un primer fenómeno a tener en cuenta, y que se observa de manera creciente en las comunidades rurales es el de la monetarización de la economía, derivado sobre todo de la migración de algunos de sus miembros, sea por trabajo o por estudio (Pacheco, 2010). Lo destacable es que este fenómeno se da primordialmente desde una perspectiva individual, ya que el joven que sale a trabajar a la ciudad obtiene sus propios ingresos y, no importa qué tanto los comparta con su familia, le permite ubicarse en una posición diferente de cara al resto de la comunidad. Más aún, esa monetarización no se agota en el consumo y las modas, sino que tiene repercusiones más profundas: la identidad que el joven construye a partir del trabajo común es diferente a la que se apropia en el trabajo individual. El primero otorga un sentido de pertenencia a un colectivo al participar real y simbólicamente en el sustento del grupo doméstico y comunitario. El segundo genera un sentido de lo propio individual, pues lo obtenido depende casi exclusivamente del esfuerzo y la habilidad del individuo. Un segundo fenómeno a tener en cuenta en relación a las comunidades rurales es la creciente escolarización, animada en parte por las becas y estímulos otorgados a las familias a través del programa Oportunidades.2 Y con la escolarización viene de la mano, como ya se ha reportado, toda una elaboración discursiva en torno a las expectativas atribuidas a la educación que supone, en pocas palabras, que es mejor salir a estudiar que quedarse en la comunidad, pues sólo así se estará en posibilidad de llegar a ser alguien. 2 El Programa Oportunidades y su antecesor, el Progresa, consiste en la transferencia directa de recursos a las familias para incentivar, entre otros procesos, la asistencia y permanencia de niños y jóvenes en la escuela.

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La categoría de género, entendida en su definición ya clásica como “la construcción cultural de la diferencia sexual” (Lamas, 1996), ha de ser tenida en cuenta en el análisis, pues resulta ilustrativo observar que dos terceras partes de los jóvenes del programa referido son mujeres. Varias de ellas son las primeras en su familia, y aún en su comunidad, en tener acceso a la educación superior. Suele sucederles que, una vez en la universidad, en las visitas a sus familias, los abuelos les cuestionen cuándo piensan volver a la comunidad y casarse, cumpliendo así las expectativas que sobre ellas tienen. Incorporando estos elementos, presentados aquí de manera apretada, podemos afirmar que, en general, las transformaciones de la comunidad rural han favorecido la movilidad de los jóvenes del medio rural, ya sea para seguir estudios superiores o en busca de trabajo, como una respuesta a una situación de crisis permanente a la que hay que encontrar salidas. No podemos soslayar, sin embargo, que en medio de la movilidad geográfica, los cambios dejan a los jóvenes indígenas del medio rural en condición de mayor vulnerabilidad, sobre todo porque su acceso a la educación y al trabajo se da en condiciones de desventaja.

El sistema educativo universitario La universidad no está aislada, sino que se ubica en un sistema educativo que forma parte de la cultura capitalista neoliberal que hoy en día domina el mundo a través de medidas implícitas y explícitas. Este fenómeno se puede observar, por ejemplo, en la manera en que el Banco Mundial (BM) ha desplazado el papel que en otro tiempo jugaban los estados nación en el ámbito educativo, hasta llegar a convertirse “en la principal consultora educativa para los países en desarrollo” (Torres, 2006: 18), y hace recomendaciones y medidas destinadas, según su propio discurso, a mejorar el acceso, la calidad y la equidad de la educación básica en los países a los que concede préstamos. Esta situación hegemónica del BM ha sido posible por la disposición de gobiernos acríticos que permitieron y aún favorecieron la implementación de las políticas dictadas de manera centralista. Todo ello ha tendido a imponer una lógica de costo-beneficio y de rentabilidad de las inversiones pues, en el fondo, se sabe que las políticas han sido diseñadas por economistas para ser aplicadas por los pedagogos. Como resultado de esta situación, se ha construido un modelo homogeneizador a partir de la “modelización” de las experiencias exitosas que tienden a ser copiadas sin el menor esfuerzo de contextualización. La situación deriva entonces en una visión restringida de la educación, concebida como responsabilidad exclusiva del estado, reducida al

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espacio del aula, homogénea y estática, en contraposición a una visión más compleja que pugna, entre otras cosas, por un involucramiento de una variedad de actores sociales en las labores educativas y cuyos fines se alcanzan por diversos medios, más allá del aula, y proyectan un aprendizaje para toda la vida (Torres, 2006). En el caso de México, desde la década de 1980 el panorama de la educación superior ha cambiado de manera consistente, pasando de ser un sistema mayormente público a uno crecientemente privado. De la mano de las políticas modernizadoras y privatizadoras, el sistema de educación superior ha sido influenciado por una serie de prácticas relativas al mercado y la mejora de procesos administrativos. La privatización es un proceso diseñado para permear, incluso para colonizar el espacio público de la educación superior con la lógica del mercado (Rodríguez y Ordorika, 2011). La crisis del sistema educativo a nivel superior ha derivado en la imposición de un discurso en el que dominan los conceptos de calidad, eficiencia, eficacia, responsabilidad y rendición de cuentas, asociándolos a la empresa privada y alejándose del estado y de lo público. En pocas palabras, la educación superior se ha mercantilizado, lo que ha provocado una serie de transformaciones con el objetivo de asegurarse que las relaciones de mercado determinen la orientación de la políticas de desarrollo, los programas y los proyectos de investigación. La lógica empresarial que se ha instalado en la educación superior ha constituido un profundo cambio cultural. La globalización ha tenido impactos profundos sobre las universidades, lo que representan en el imaginario social y lo que se espera de ellas. La universidad ha dejado de ser el eje de un proyecto cultural para redefinirse en relación al mercado, que funciona como un poderoso mecanismo de reproducción de las inequidades entre universidades de distintos tipos, de diversas regiones y países y con fuentes de recursos materiales e intelectuales muy diferenciadas (Ordorika, 2006). Los cambios de políticas en la educación superior cobran relevancia si consideramos que la universidad es el culmen del sistema educativo, e históricamente ha constituido el acceso por excelencia a la movilidad social, sobre todo para la población de clases subordinadas.

Jóvenes indígenas en la universidad A su ingreso a la universidad, los jóvenes indígenas traen consigo una serie de referentes derivados de las matrices culturales específicas en las que nacieron y crecieron. Sobre todo través de su familia desarrollaron un sentido de pertenencia que les permite asumirse como sujetos con una serie de características que les hacen únicos y diferentes de sus pares y, al mismo tiempo, como parte de una serie de grupos a los

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cuales se adscriben, de manera más o menos explícita. El joven puede pertenecer, por ejemplo, a una familia y a una iglesia y practicar una religión; puede ser miembro de una generación de estudiantes, hablante de una lengua indígena, entre muchos aspectos que conforman su identidad, que construye el sujeto individual en referencia a un colectivo al que, de múltiples formas, se siente unido. El sujeto se afirma a sí mismo en su particularidad y, al mismo tiempo, busca la aprobación de los otros, el grupo que le da sentido de pertenencia (Arfuch, 2010). A lo largo de su vivencia como estudiantes universitarios, los jóvenes de origen indígena atraviesan por un proceso complejo de cambios en la organización y valoración de sus referentes culturales pues, como apunté más arriba, no se han incorporado a una instancia de educación neutral y abstracta, sino que han ingresado a una universidad que, en cuanto parte de un sistema educativo, incluye unos valores y modelos específicos que son propuestos y motivados a vivir en su devenir cotidiano. Y es bien sabido que el modelo dominante en la educación superior es mayormente disciplinar, descontextualizado, y se ubica hegemónicamente en relación a otros saberes (De Sousa Santos, 2006), incluyendo aquellos que son asociados a las culturas indígenas y que llega a considerar, a lo sumo, como los pasos primitivos, de carácter inferior, hacia el conocimiento científico, el único “verdadero”. En una relación desigual, cuatro o cinco años pasados en la universidad cuestionan los referentes de los jóvenes indígenas al ofrecerles modelos de éxito acordes con la filosofía educativa, tanto la que se reconoce como lo que se ha denominado currículum oculto, las reglas del juego que han de seguirse; tanto lo que se dice explícitamente como lo que se espera que suceda pero no se nombra. Los estudios universitarios son un modelo a seguir para los estudiantes que, en tanto jóvenes en formación, “están siempre a la búsqueda de lo que son y por eso resultan profundamente afectados en su ser por lo que hacen” (Bourdieu y Passeron, 2008: 107). El principal cometido de la universidad se orienta a la certificación de conocimientos y a la producción de profesionistas, “sujetos seleccionados y jerarquizados de una vez para siempre y para toda la vida” (Bourdieu y Passeron, 2008), como requisito para insertarse en mejores condiciones al mundo laboral y de consumo, e incluso para el ejercicio de los derechos (Bourdieu 2011). Para tener acceso a la educación superior hay que cumplir con una serie de requisitos y aceptar las reglas del juego: no cualquiera es admitido, como queda claro con los indicadores sobre educación relativos a las poblaciones indígenas. Además, hay que considerar que para el desempeño universitario, los capitales sociales, culturales e informacionales resultan ser más eficientes que otros tipos de capitales, al grado que en la posibilidad de ingreso a la universidad cuenta más el origen social que los conocimientos (Bourdieu y Passeron, 2008).

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La permanencia en el sistema de educación superior hasta el egreso, ya como profesionista, supone jugar bajo ciertas reglas y ajustarse a ellas. Entre las reglas no escritas, pero claramente operativas, destaca el hecho de que en el acto educativo es el profesor quien tiene la iniciativa y el estudiante es en buena medida un receptor pasivo de lo que otros, los que saben, han diseñado y dispuesto para la certificación de conocimientos. Un elemento más a tener en cuenta, y a pesar de que se proclama que la educación favorece el trabajo en equipo, es que en realidad sucede lo contrario: la universidad forma para el consumo individualista (Bourdieu y Passeron, 2008). Para concluir este apartado, es necesario anotar que sería absurdo suponer que los dictados globales sobre lo que debería ser la educación se aplican de manera mecánica y homogénea en todas partes, pero es igualmente necesario reconocer claramente la crisis de la educación en general y de la educación superior en particular, que marcan un contexto específico. También es preciso reconocer que existen mediaciones y concreciones específicas de cada universidad, espacios de resistencia y búsqueda de alternativas en docentes, estudiantes, y en grupos sociales más amplios con los cuales se relacionan. Sin embargo, los flujos de la globalización del capital han contribuido a un modelo de universidad y de profesionistas más centrados en la adquisición de competencias para insertarse en un mundo laboral cada vez más competido y cambiante, que exige la disposición a una constante movilidad. Ello, por supuesto, tiene repercusiones concretas sobre lo que los jóvenes en formación viven en su día a día, sobre las ideas que construyen de sí mismos y sus expectativas de futuro. Esos cambios se dan en medio de procesos de negación, resistencia, lucha, negociación y simulación, todo ello con el objetivo de ubicarse como individuos con un sentido propio y con referentes claros de pertenencia tanto a su cultura de origen como a los modelos aprendidos en la universidad.

Visibilizando a los jóvenes indígenas de hoy Los jóvenes indígenas en la universidad viven en tensión, pues no pueden desconocer, así simplemente, sus orígenes, sus matrices y raíces culturales. Se sienten confrontados por lo que aprenden en la universidad, y recuerdan los consejos de sus padres y abuelos, a la vez que dedican la mayor parte de su tiempo a certificarse y así hacen suyo el discurso de que teniendo una profesión van a acceder a ese otro mundo idealizado, soñado, de la movilidad social, de las mejores condiciones de vida para el futuro. Aquí, precisamente, es que la investigación busca preguntarse por la síntesis que los jóvenes indígenas universitarios se ven obligados a hacer: ¿es posible conciliar la cultura y expectativas aprendidas en la comunidad con las perspectivas que da

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la educación superior?, ¿qué elementos incluye esa síntesis que están haciendo hoy? Quiero dirigir una mirada atenta a la experiencia, elaborada como historia de vida, de los jóvenes indígenas universitarios, para descubrir especialmente esos espacios de resistencia que les permitirán, a la postre, una “nueva síntesis”, una manera diferente de entenderse, pues ya no son los jóvenes que venían de la comunidad, pero tampoco son, aunque así lo desearan, los profesionistas con pleno acceso al mundo laboral y social que les presentaron como modelo en la universidad y en el que ellos, en mayor o mayor medida, creyeron. El análisis permite ubicar a los jóvenes en una doble condición de subordinación, como indígenas y como estudiantes, para desarrollar lo que Scott (2011) denomina “el arte de la resistencia”, y que se observa a través de sus discursos en diversos momentos y situaciones. Por un lado, Scott señala el discurso público, que el subordinado adopta básicamente en presencia de los dominantes, que en el caso que nos ocupan está constituido, en principio, por profesores, directivos y compañeros claramente ubicados por los jóvenes indígenas como “otros”, diferentes. En este nivel de discurso podemos descubrir, en palabras de Scott (2011: 42), “el autorretrato de las élites dominantes donde éstas aparecen como quieren verse a sí mismas”. En este nivel del análisis se observa cómo los jóvenes indígenas universitarios aprenden un discurso que utilizan típicamente en actividades “oficiales”, de gran visibilidad, donde se relacionan y quedan expuestos ante los diversos grupos que componen la universidad. Debido a que a los jóvenes indígenas se les ha dicho una y otra vez, por ejemplo, que “hay que apoyar a las comunidades”, que “deben regresar a las comunidades”, que “deben apoyar a las organizaciones sociales”, tienden a repetirlo. Se imaginan que “eso” es lo que los otros quieren escuchar, y se sienten en la obligación de quedar bien, para no ser mal vistos, sino al contrario, para aparecer como merecedores de la educación superior que están cursando. En este nivel, el discurso generalmente se construye como algo ajeno a sus intereses y deseos profundos. En realidad, aprenden a repetirlo por temor a ser excluidos y a quedar fuera de la universidad y de lo que ellos suponen que implica. Hablar en este nivel discursivo les lleva a aceptar implícitamente una serie de reglas que no siempre entienden, no porque no tengan la capacidad para hacerlo, sino porque lo ven como condición ineludible para mantenerse en la universidad, el precio de acceso que tienen que pagar. Existe otro nivel de discurso, que Scott denomina discurso oculto, que se da “fuera del escenario, donde los subordinados se reúnen lejos de la mirada intimidante del poder, (y donde) es posible el surgimiento de una cultura políticamente disidente” (Scott 2011: 43). Es, obviamente, el nivel más profundo, el de los deseos y expectativas que por lo general se reservan o se confían como secreto sólo a los

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familiares y amigos más cercanos, como cuando en una reunión de orientación con los recién llegados, uno de los jóvenes más antiguos decide compartir con ellos un video con el discurso de Salvador Allende a los estudiantes, a los que invita a abrir los ojos a la realidad que les rodea y hacer la revolución; y al terminar les dice, con las palabras entrecortadas por la emoción: “eso es algo que nunca nos enseñarán en esta universidad, por eso debemos estar alerta”. Este nivel se asocia también a sus expectativas en torno a la afectividad y la sexualidad, pero también el deseo de tener una posición social y económica que no siempre, ellos suponen, es bien vista por los dominantes, pues choca con el discurso público, con lo políticamente correcto. En este nivel se reflejan las contradicciones que los jóvenes estudiantes indígenas enfrentan cuando expresan situaciones como: “ellos me piden que ayude a la comunidad y que me regrese a vivir allá, pero yo quiero trabajar en la ciudad, formar una familia y vivir bien, después de conseguir un trabajo bien remunerado”. Obviamente, el acceso a este nivel de discurso supone la construcción de un nivel de confianza grande, que no siempre se logra, ya que cada joven tiene el derecho a reservarse este nivel para sí mismo y quienes considere que tienen esa confianza. En suma, por lo hasta aquí planteado, podemos decir que, para el joven indígena, “estudiar se convierte en una lucha entre los propios valores, los valores de la cultura en la que se ha crecido y una cultura urbana que ofrece la vaga promesa de un mejor futuro” (Carnoy et al., 2002: 36).

Conclusiones Los jóvenes rurales e indígenas, con razón, son llamados “los últimos guardianes” (Pacheco, 2010), y viven en carne propia, en su historia cotidiana, el conflicto de la obligada síntesis entre su identificación con las tradiciones comunitarias de las que no se pueden hacer a un lado, y las opciones que se entreabren para ellos y ellas, así sea en condiciones de subordinación, en el ámbito laboral y educativo. Optar por una educación universitaria, para un joven indígena, supone necesariamente una disposición inicial que hace que estudiar tenga sentido, y se expresa, sobre todo, en la disposición a moverse, a trasladarse, primero geográficamente, para después intentar moverse socialmente. En ese movimiento los jóvenes indígenas viven en tensión entre sus matrices culturales, que son puestas en duda al permanecer invisibles, y los modelos que les son propuestos como deseables, por los que vale la pena trabajar, desvelarse, aguantarse, con la esperanza de un día, según sus palabras, llegar a ser alguien.

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En esa apuesta de llegar a ser alguien cada joven pondrá en juego lo que traía y lo que aprendió en la universidad. Reelaborará su discurso, incorporando nuevos elementos, pero manteniéndose en el contexto de su familia y su comunidad, con sus expectativas, sus contradicciones y sus posibilidades de futuro. Con ilusión y con dolor conformará una nueva manera de ser indígena, siempre en diálogo interno y, al mismo tiempo, tendiendo puentes con otros, iguales, y también con otros, diferentes. Un reto para el investigador es aprender a ver a los jóvenes indígenas no como víctimas acríticas y simples receptoras de una ideologización, sino como sujetos que experimentan y que, más tarde o más temprano, viven en sí mismos la necesidad de una definición, de un ajuste, de un discurso nuevo que tienen que re-elaborar para lograr una síntesis que les dé sentido a ellos y les permita ubicarse en relación a los otros. Y, por supuesto, en ese ejercicio el investigador resultará también, inevitablemente, cuestionado.

Referencias (2008), Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas en Instituciones de Educación Superior. Recuperado el 17 de Febrero de 2014, de Micrositio PAEIIES: paeiies.anuies.mx Arfuch, L. (2010), El Espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad contemporánea. Buenos Aires: FCE. Bourdieu, P. (2008), Cuestiones de Sociología. Madrid: Akal. Bourdieu, P. (2011), Capital cultural, escuela y espacio social. México: Siglo XXI. Bourdieu, P., Passeron, J. (2008). Los herederos. Los estudiantes y la cultura. México: Siglo XXI. Brunet, I., Pizzi, A. (2013), El enfoque nominalista de la juventud. Una alternativa crítica a la perspectiva funcionalista. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 11 (1), 51-62. Carnoy, M., Santibáñez, L., Maldonado, A., Ordorika, I. (2002), Barreras de entrada a la educación superior y oportunidades profesionales para la población indígena mexicana. Revista Latinamericana de Estudios Educativos , XXXII (003), pp. 9-43. Cervantes, J., Kauffer, E. F., Limón, F., Soto, Ó. (2003), Campo escolar y diferenciación social en Tziscao. Estudios sobre las Culturas Contemporáneas , IX (17), 67-90. De Sousa Santos, B. (2006), La universidad popular del siglo XXI. Lima: Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales-UNMSM. ANUIES

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Acerca de los autores Cabrera García Ada Maestra en Economía y estudiante del doctorado en Sociología en el Posgrado en Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” (ICSyH) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Se desempeña como profesora en la Facultad de Economía de la BUAP. Correo-e: ada. [email protected]

Cordero Díaz Blanca Laura Doctora en Sociología. Profesora Investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” (ICSyH) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. Correo-e: [email protected]

Cervantes Sánchez José Maestro en Ciencias por El Colegio de la Frontera Sur y estudiante del doctorado en Sociología en el ICSyH de la BUAP. Ha trabajado como profesor en primaria y universidad, y acompañando grupos de indígenas tojolabales en el estado de Chiapas. Actualmente imparte cursos de metodología de la investigación en la Universidad Iberoamericana de Puebla y en la Universidad Pedagógica Veracruzana de Xalapa. Correo-e: [email protected]

Díaz Gómez Leticia Doctora en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” (ICSyH) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Ha realizado estudios en las diversas formas de socialización de menores de 14 años en Estados Unidos. Su tesis de doctorado versa sobre los cambios en los flujos migratorios en los cuales se insertan los adultos mayores. Actualmente prepara un proyecto sobre jóvenes migrantes en programas de trabajo huésped en Estados Unidos. Correo-e: [email protected]

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Hernández Ornelas Pedro Félix Profesor-Investigador en el Programa de Posgrado de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, desde 1994. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel III. Maestro por más de 50 años. Temas de investigación: Teoría Social, Desarrollo Político y Sociología Ecológica. Correo-e: [email protected]

Figueroa Ibarra Carlos Alberto Doctor en Sociología. Profesor Investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” (ICSyH) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II. Correo-e: [email protected]

Lo Brutto Giuseppe Doctor en Economía Política del Desarrollo. Profesor Investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” (ICSyH) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel Candidato. Temas de investigación: Cooperación Sur-Sur e Integración regional; Democracia y Desarrollo en América Latina. Correo-e: [email protected]

Marroni María da Gloria Doctora en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Profesora Investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” (ICSyH) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II. Áreas de interés: migración, género, sociedades rurales y familia; especialistas en metodologías cualitativas de investigación. Correo-e: [email protected]

Moreno Velador Octavio Humberto Doctor en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” (ICSyH) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Maestría en Sociología y Licenciatura en Ciencias Políticas. Correo-e: [email protected]

Vázquez Salazar Carlos Otto Licenciado en Economía y maestro en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), cursó la maestría en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y actualmente realiza estudios de doctorado en Sociología en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la BUAP. Tema de investigación: La estrategia de dominación de Estados Unidos en América Latina y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Correo-e: [email protected]

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Reflexiones sobre Estado, integración y migración en América Latina hoy se terminó de imprimir en agosto de 2015 el tiraje consta de 1 000 ejemplares

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