REFLEXIONES SOBRE EL TRIBUNAL INTERNACIONAL MONSANTO: IMPLICANCIAS Y DESAFÍOS PARA ARGENTINA

REFLEXIONES SOBRE EL TRIBUNAL INTERNACIONAL MONSANTO: IMPLICANCIAS Y DESAFÍOS PARA ARGENTINA

Gabella, Julia Inés1 y Busscher, Nienke2 1. CONICET-Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur 2. Cultural Geography, Faculty of Spatial Sciences, University of Groningen

La ecología política se basa en el análisis de las acciones de diferentes actores sociales, de sus relaciones de dependencias y de sus influencias sobre el medio ambiente y los recursos naturales. Es una forma crítica de analizar la politización de la naturaleza. Esta temática conviene ser abordada a partir de estudios histórico-temporales, a diferentes escalas geográficas. Desde este enfoque resulta interesante analizar los conflictos locales desde una mirada multidimensional. El Tribunal Internacional Monsanto, realizado en La Haya en octubre de 2016, sirve de ejemplo para reflexionar sobre los impactos que genera una empresa multinacional en diferentes lugares del mundo y en ciertas regiones en particular. Es por ello que el objetivo principal de este trabajo es el de reflexionar sobre este tribunal, cuáles fueron los conflictos que se expusieron y analizar que implicancias y desafíos se plantean para Argentina. Monsanto es una compañía transnacional que fomenta globalmente un modelo de producción de alimentos, principalmente a gran escala. Símbolo de la agricultura industrial basada en agroquímicos y biotecnología destinados a la agricultura, la empresa es hoy en día líder mundial en ingeniería genética de semillas y en la producción de herbicidas, el más famoso de ellos es el glifosato, comercializado bajo la marca Roundup Ready. Al igual que muchas otras empresas, este modelo de producción genera impactos negativos en la sociedad y el medio ambiente. La innovación tecnológica, enmascara la maximización de los beneficios bajo el lema de un discurso humanitario. Desde este punto de vista es interesante analizar los temas de justicia social, relacionados con la cuestión del acceso a la tierra y la soberanía alimentaria. Y consideramos que particularmente remite a la noción de Ecocidio, en tanto perpetra un daño masivo y la degradación ambiental de un territorio, de tal magnitud que pone directamente en peligro la supervivencia de los habitantes de dicho territorio. En respuesta a este modelo hegemónico de producción masiva y altamente industrializada, surgen luchas locales que desde el enfoque de la ecología política, se convierten en puntos de partida para analizar tensiones y políticas globales. El medio rural es el espacio en donde se visualiza de manera más clara, los cambios socio-territoriales de la introducción de este modelo industrial y donde se hace presente las manifestaciones de los modelos de

desarrollo impuestos por los países más poderosos. Estas luchas incluyen la soberanía alimentaria, el acceso a las semillas no transgénicas, el pago de regalías a empresas multinacionales, el derecho a vivir libre de fumigaciones y agrotóxicos, entre otras. El modelo traspasa también los límites de los territorios dedicados a la producción de alimentos. Las externalidades y efectos negativos afectan a muchas personas y espacios geográficos externos a un área de siembra. De esta manera, el Tribunal Internacional Monsanto surge desde una iniciativa de la sociedad civil para que esta empresa se responsabilice por violaciones de derechos humanos, crímenes contra la humanidad y ecocidio. Las audiencias del Tribunal tuvieron lugar en el Instituto de Estudios Sociales (ISS) en La Haya. Cinco jueces de renombre internacional escucharon 30 testigos y expertos de 5 continentes. Monsanto fue invitado a participar, pero no se presentó. El objetivo del Tribunal fue el de dar una opinión legal sobre los daños al medio ambiente y a la salud, con la finalidad de que se incorpore al debate internacional el delito de ecocidio en el derecho penal internacional y generar un extenso archivo legal para ser utilizado en demandas en contra de Monsanto y otras empresas similares. Es interesante destacar que el tribunal no sólo centró su atención en Monsanto sino en todo el sistema agroindustrial y se cuestionaron aquellas conductas empresariales, que desestiman los daños sanitarios y ambientales causados por sus decisiones. Otras empresas que también tienen responsabilidad en estas temáticas son Syngenta, Dow, Bayer, Dupont, BASF, entre otras. Estas compañías concentran poder económico y controlan el mercado de semillas y agroquímicos en el mundo, por lo que resulta interesante considerar las fusiones empresariales que se planean realizar en el último tiempo (Monsanto - Bayer; Syngenta – Chem-China). Para evaluar el comportamiento de la empresa Monsanto, el Tribunal se basó en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2011 y en el Estatuto de Roma, en virtud del cual se creó la Corte Penal Internacional (CPI). El Tribunal Internacional Monsanto recabó testimonios y realizó una importante labor de recopilación de información. El proyecto estuvo organizado por profesionales de distintos ámbitos, todos ellos experimentados en relación con los temas y cuestiones que abordó el Tribunal. En cuanto a los conocimientos especializados, participaron estudiantes de diversas universidades, jueces, abogados, demandantes y testigos de distintas nacionalidades. El tribunal se estructuró en diferentes ejes: derecho a un medio ambiente saludable; derecho a la salud; derecho a la alimentación; libertad de expresión y libertad de investigación académica; complicidad en crímenes de guerra y delito de ecocidio. Cada uno de estos ejes, estuvo representado por una cesión, con testigos que brindaron pruebas y relataron sus experiencias. Los testigos prevenían no solo de países en vías de desarrollo sino también, de países desarrollados. Algunos de los casos más emblemáticos estuvieron relacionados con la desinformación sobre los impactos en la salud del uso del glifosato. Dos madres de Argentina y Francia

expusieron sus historias de vida y como la salud y el futuro de sus hijos se vio perjudicado mediante el contacto directo e indirecto con este producto durante el embarazo. Productores rurales de México presentaron los problemas a los que se enfrentan en la producción y comercialización de miel orgánica, debido a la cercanía de campos fumigados con glifosato. Un productor de Canadá relató cómo Monsanto lo presionó para que se le pague las regalías de las semillas transgénicas de canola, que volaban por dispersión en su propiedad. En la India, el cultivo de algodón transgénico (conocido como Bt Cotton) fue introducido en el año 2002. Esto originó diversos conflictos. Por un lado Monsanto recolectaba las regalías de sus semillas de manera ilegal (ya que en la India el patentamiento de semillas se encuentra prohibido). Por otra parte el acceso a las semillas nativas se dificultó debido a las restricciones del gobierno. Eso contribuyó a que los productores compraran sus semillas a Monsanto (y el paquete tecnológico asociado) para producir, pero el precio aumentó un 7000 %, debido a que Monsanto ahora era el dueño de las mismas. El endeudamiento progresivo de los productores se vinculó con la presencia y gobernanza de Monsanto en la región. Esta situación originó una crisis asociada a suicidios masivos con consecuencias demográficas, de pobreza, exclusión y éxodo rural. Paralelamente al Tribunal, se llevó a cabo La Asamblea de los Pueblos, un espacio en el cual visitantes de todo el mundo discutieron las diferentes estrategias para contrarrestar los problemas causados por la agricultura industrial. El programa consistió en varios oradores, rondas de talleres sobre temáticas de semillas, pesticidas, transgénicos, responsabilidad de las transnacionales y agroecología. Entre las actividades se habilitó también un espacio para la presentación de documentales, una transmisión en vivo del Tribunal vía internet, puestos de información y muestras fotográficas. Más de 10.000 personas siguieron partes de la transmisión en vivo mediante redes sociales y unas 750 personas de más de 30 nacionalidades participaron en este evento. Durante el tribunal se demostró la magnitud de un conflicto que posee dimensiones globales y al mismo tiempo evidenció las respuestas y luchas de un conjunto de la sociedad que exige cambios y respuestas. Desde el punto de vista jurídico, se exigieron herramientas para que las empresas se responsabilicen por las violaciones a los derechos humanos; desde el punto de vista político, representó una crítica al imperialismo y el sistema capitalista. Desde el plano cultural, se puso énfasis en defender los patrimonios agrícolas y evitar la industrialización de la naturaleza. Uno de los desafíos más importantes que se planteó es el derecho a la soberanía alimentaria y el control de las políticas públicas en temas de agricultura. El tribunal contribuyó a darles voz a las víctimas de la agricultura industrial e intentar responsabilizar a las compañías que dañan la salud y el medio ambiente. Favoreció también a la inclusión del ecocidio en las leyes internacionales y a generar un paso más, hacia diferentes sistemas de agricultura y producción de alimentos, que respeten y trabajen en conjunto con la naturaleza y no en contra de esta. Se espera para abril de 2017 una sentencia simbólica por parte de los jueces del tribunal.

En Argentina una de las formas que adopta el extractivismo, es la producción agroindustrial a gran escala de soja transgénica promovida por Monsanto. La soja modificada para exportación fue adoptada en 1996 como una estrategia clave de acumulación, bajo la reestructuración neoliberal de los años noventa y promovida por las administraciones posneoliberales hasta el día de hoy. El país es el tercer productor y exportador mundial de soja, después de Estados Unidos y Brasil. Las exportaciones de soja y sus derivados representan cerca de una cuarta parte de su comercio exterior. Entre 2015/2016 Argentina contó con 19.8 millones de hectáreas sembradas con soja. Cien por ciento de la soja plantada es GMO (genéticamente modificada) y gracias a las cosechas récord y ganancias cada año, el modelo de soja es ampliamente celebrado como un éxito. Sin embargo las consecuencias negativas de este sistema son visibles en diferentes ámbitos y escalas territoriales. La multiplicidad de actores que intervienen y los que padecen los efectos negativos del mismo, evidencian las luchas de poder que genera la politización de la naturaleza. Además del cultivo de soja transgénica, Argentina cuenta con 36 tipos de transgénicos y cada año se incrementa el número de semillas modificadas. El paquete tecnológico que sustenta a la agricultura industrial está basado en la aplicación creciente de productos fitosanitarios. Para el año 1991 el uso de estos productos era de 100 millones de litros/kg/unidad de productos fitosanitarios (herbicidas, insecticidas, funguicidas), mientras que en el año 2012 se aplicaron cerca de 317 millones de litros. Esto evidencia, no solo el aumento de superficie destinada al cultivo de transgénicos, sino también que algunas malezas y plagas se vuelven resistentes a los productos químicos y deben utilizarse dosis más altas para combatirlas. Reflexiones sobre el agro-negocio: implicancias y desafíos para Argentina La necesidad de aumentar la producción de alimentos para abastecer a la población mundial, es un discurso que legitimó un sistema perverso, caracterizado por producir a gran escala, cada vez menos diversidad de productos alimenticios y desestimando las consecuencias en el medio ambiente y la salud de las personas. Pocos actores globales y muy poderosos son los que manejan la producción de alimentos, generando un proceso de exclusión de pequeños y medianos productores y perjudicando a personas con menores recursos. Las empresas no sólo son las responsables del agro-negocio, sino también es importante considerar la multiplicidad de actores que permiten que este modelo productivo se lleve a cabo. Entre ellos el Estado en sus diferentes escalas administrativas y organismos internacionales como es el caso del Banco Mundial, sólo por citar un ejemplo, quien fomenta y subsidia proyectos de agricultura industrial. El modelo agropecuario actual en Argentina, basado en el paradigma industrial ha generado importantes transformaciones socio-territoriales y ambientales. El escaso acceso a la tierra y las dificultades de permanencia, la seguridad y soberanía alimentaria, la salud de las poblaciones y el impacto medioambiental por el uso elevado de agroquímicos son algunas de ellas. Además, se produjo un reemplazo de los sistemas de producción tradicionales, por

sistemas de producción de commodities a gran escala, aparejado a un proceso simultáneo de concentración de recursos productivos. Esta primarización, extractivismo y exportación de recursos naturales, en base a un enfoque de agronegocios y escala, ha desplazado y sigue desplazando pequeñas y medianas empresas agropecuarias potencialmente sustentables. Consideramos que en Argentina es necesario instaurar un debate crítico sobre el agronegocio y el sistema de producción actual. La desinformación contribuye al descreimiento e irresponsabilidad en el uso de productos altamente tóxicos y nocivos para la salud y el ambiente. Desde los medios de información se reproducen y publicitan sin dudar, las bondades de un modelo altamente destructivo (deforestaciones – inundaciones). Por contraposición, cuando se publica algún estudio científico que cuestiona o denuncia los efectos negativos del sistema productivo, es común que se los descalifique, dude de su veracidad y rigor científico y casi nunca suelen ser publicados en los medios masivos de comunicación. Desde el ámbito científico-educacional creemos prioritario el avance en nuevas líneas de investigación desde una mirada objetiva. La formación de profesionales especializados en alternativas a la producción hegemónica, es escasa. En la mayoría de los casos, desde organismos públicos de ciencia y tecnología se fomenta y priorizan investigaciones afines al modelo productivo actual. Esto evidencia aún más, como el nivel de poder y los intereses económicos corrompen y controlan muchas instituciones y organismos públicos y privados del país. En este contexto, la agroecología se concibe como una alternativa, capaz de ofrecer una respuesta frente a los problemas del modelo agropecuario actual. La misma provee los principios ecológicos básicos para el estudio, diseño y manejo de agroecosistemas productivos, que conserven los recursos naturales y sean culturalmente sensibles, socialmente justos y económicamente viables. Esta disciplina es aceptada por consenso internacional como capaz de equiparar o aumentar la producción de alimentos a nivel mundial y con menor efecto sobre el ambiente. Su enfoque teórico y metodológico utiliza varias disciplinas para poder estudiar la actividad agraria desde una perspectiva integradora, realizando un estudio holístico, que involucra aspectos ambientales y humanos. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer, tanto desde el ámbito político, productivo como social. En primer lugar, promover políticas públicas no contradictorias (políticas no solo en materia productiva, sino también en educación, ciencia y tecnología) que se orienten hacia un desarrollo local y real. Desde el punto de vista productivo es necesaria la recopilación, sistematización y generación de mayor información bajo un enfoque agroecológico. Por último, consideramos prioritario que a nivel social se genere un mayor reconocimiento, compromiso y solidaridad hacia las personas que se ven afectadas por el agronegocio en Argentina.