Reflexión Criminológica

1Presidente del Centro de Investigación en Criminología de la Facultad de Derecho de la USMP.2 Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, tomado del Diario El Comercio, edición del lunes 25.02.13, p.11
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Presidente del Centro de Investigación en Criminología de la Facultad de Derecho de la USMP.
2 Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, tomado del Diario El Comercio, edición del lunes 25.02.13, p.1
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3 Diario El Comercio, edición del lunes 25.02.13, p.12
3 Diario El Comercio, edición del lunes 25.02.13, p.1
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REFLEXIÓN CRIMINOLÓGICA

Dr. Gino Ríos Patio1



No hay día que amanezcamos sin noticias de delitos perpetrados en nuestro país. Informar sobre la ocurrencia de delitos no es malo, lo negativo es la manera cómo se informa. Los medios de comunicación deben auto regularse a fin de cumplir objetiva y éticamente con su obligación de informar, sin exaltar el morbo de la sociedad ni contribuir a la manía violentista de los ciudadanos. Pero eso será materia de otra reflexión, hoy nos ocuparemos del incremento del índice delictivo.

La noticia del día nos trae el siguiente dato: En el período 2000-20112, en Lima y
Callao el registro de delitos creció en 80%, el número de homicidios subió en
233% y el de secuestros en 196%. Al menos 10 normas legales importantes fueron dadas por los diferentes poderes del Estado desde el 2000 hasta la actualidad en materia de seguridad ciudadana para frenar la criminalidad. Sin embargo, lejos de reducirse, el índice delictivo aumentó.

¿Las normas jurídicas contra la criminalidad, expedidas en dicho período, sirvieron para reducir la tasa de crímenes? Evidentemente no.

¿Cuáles fueron esas normas? Entre otras, las principales fueron la de creación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (2003), de promulgación del nuevo Código Procesal Penal (2004), del arresto ciudadano (2009), de autorización a gobiernos regionales y locales a girar recursos en favor de la policía (2010), de seguridad privada (2011), de modificación del Reglamento de Ejecución Penal, que prohibió el ingreso de equipos celulares a las cárceles (2011), de creación del Consejo Nacional de Política Criminal, del Servicio Policial Voluntario (2011), de la Policía Nacional del Perú (2012) y de la vinculación de las Juntas Vecinales con la seguridad ciudadana (2012).

Ergo, las normas no son eficaces per se para modificar la realidad, no es posible pacificar por decreto ni mejorar la convivencia humana por mandato legal. Peor aún, en materia de criminalidad, la represión por sí sola, no sirve. Una vez más comprobamos que agravar penas, reducir beneficios procesales y penitenciarios, crear nuevos delitos, incrementar el número de policías, fiscales y jueces, así como construir más cárceles; no disminuye el índice de criminalidad, todo lo contrario, éste se incrementa, porque el crimen tiene causas estructurales y no meramente coyunturales; es multifactorial y en consecuencia el Estado debe responder modificando las causas y no castigando las manifestaciones o los efectos de ellas.
Sin embargo, tras los recientes hechos delictivos ocurridos en la capital, el Diario El Comercio3 informa que se han reunido autoridades del Ejecutivo, la PNP, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Es decir, las agencias estatales de la represión. Obviamente el objetivo es cómo imponer la mayor vigilancia para intervenir y sancionar más (no sé si mejor). ¿Acaso se reúnen las autoridades de
economía, salud, trabajo, educación y vivienda para contribuir a solucionar las causas estructurales del delito? Evidentemente no.

¿De qué servirá que mil policías y 300 vehículos más, patrullen las calles de Lima y realicen actividades operativas desde mañana, según lo ha anunciado el Ministro del Interior? Estoy seguro que muchos ciudadanos comunes y corrientes, personas de bien, serán intervenidas en operativos que durarán apenas un par de semanas. ¿Acaso la sociedad y los medios de comunicación no critican permanentemente a sus efectivos policiales por sus inconductas funcionales?

La noticia continúa explicando que el incremento de personal y vehículos se da gracias a la racionalización de la cantidad de agentes y unidades que estaban destinados a la custodia de dignatarios y personalidades, así como a actividades administrativas. Es decir, se desviste a un santo para vestir a otro, como reza el antiguo adagio. Con ello, se resentirá naturalmente la seguridad y efectividad de las actividades de resguardo y administrativas.

El Ministro del Interior ha señalado, según la noticia, que para el próximo año se espera tener 30 mil policías más a nivel nacional para enfrentar a la delincuencia.
¿Qué formación tendrán esos efectivos? ¿El enfrentar policialmente a la delincuencia es mejor que enfrentar las causas estructurales del crimen? ¿En las condiciones que vive y trabaja un policía, se garantiza un desempeño eficaz de esos 30 mil policías? ¿No estaremos empeorando el problema?

¿Cuáles son los avances del Consejo Nacional de Política Criminal creado hace más de un año? Ninguno.

El derecho penal siempre llega tarde, cuando el delito se ha consumado, por lo tanto no soluciona la problemática del crimen. La solución está en la prevención no en la reacción indiscriminada, en lo que también el Estado ha demostrado no ser eficiente. Dejemos de usar el derecho penal como prima ratio, a manera de garrote que está a la mano. Reivindiquemos su carácter de última ratio en un Estado democrático y de derecho que declaramos ser.

¿Más policías en las calles es igual a menos peligro en ellas? Definitivamente no es la solución. La violencia está enraizada en nuestra sociedad y requiere una solución político criminológica estructural de mediano y largo plazo, no reacciones políticas de coyuntura que son improvisadas y empeoran el problema.