Realidades y perspectivas de jóvenes investigadores. Nuevas fronteras de investigación

Realidades y perspectivas de jóvenes investigadores Nuevas fronteras de investigación R o d r i g o To r r e s Editor

Actas Coloquios EchFrancia es una publicación científica multidisciplinaria, orientada a la difusión de artículos elaborados principalmente por jóvenes investigadores

y/o instituciones de educación superior en Francia. Esta publicación es editada por la Asociación de Estudiantes e

Investigadores Chilenos en Francia (EchFrancia) y está habilitada por la Comisión Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología de Chile (CONICYT).

ISSN 0718-7645

Actas Coloquios EchFrancia, N°7, 2015

chilenos que realizan estudios de postgrado en universidades

EchFrancia agradece el apoyo otorgado por las siguientes instituciones:

A CTAS C OLOQUIOS E CH F RANCIA N°7

Realidades y perspectivas de jóvenes investigadores Nuevas fronteras de investigación

Rodrigo Torres Editor

Autor

“Realidades y perspectivas de jóvenes investigadores. Nuevas fronteras de investigación” Actas Coloquios EchFrancia, N°7, Mayo, 2015 ISSN 0718-7645 © Ediciones EchFrancia, París, 2015

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Realidades y perspectivas de jóvenes investigadores Nuevas fronteras de investigación

Actas Coloquios EchFrancia N°7, mayo, 2015 Actas Coloquios EchFrancia es una publicación científica de carácter multidisciplinario, orientada a la difusión de artículos elaborados principalmente por jóvenes investigadores chilenos que realizan estudios de postgrado en universidades y/o instituciones de educación superior en Francia. Esta publicación es editada por la Asociación de Jóvenes Investigadores y Estudiantes Chilenos en Francia (EchFrancia) y está habilitada por la Comisión Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología de Chile (CONICYT). Editor de publicación Rodrigo Torres Comité de redacción Cristóbal Farriol Carine Lemouneau Francisco Mamani Victoria Sánchez Rodrigo Torres

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Autor

Comité Científico VIII Coloquio Internacional EchFrancia George Louis Baron. Doctor en Ciencias de la Educación. Profesor emérito de la Universidad Paris-Descartes. Patricio Cabello. Doctor en psicología social, Universidad Complutense de Madrid. Académico de la Universidad Católica de Valparaíso. Yves Déloye. Doctor en Ciencias políticas. Profesor en Ciencias políticas en Science Po Bordeaux. Secretario general de la Asociación Francesa de Ciencias Políticas (AFSP). Ignacio Del Valle. Doctor en cine. Universidad de Toulouse II Le Mirail. Post-doctorando en Historia en la Universidad de São Paulo. Claire Fagnait. Doctor en Arte contemporáneo. Profesor de Artes Plásticas en la Universidad de París VIII. Maximino Fernández. Doctor en Filosofía, mención literatura. Ex-Decano de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación UMCE. Profesor de español en la Universidad Católica de Chile. Miembro de la Real Academia Española. Miembro de la academia Chilena de la lengua. Norberto Fernández. Profesor y director de programas de post-grado en la Universidad Tres de Febrero (UNTREF). Director de la Revista Argentina de Educación. Consultor UNESCO. Ruth Galindo. Doctor en Educación, Universidad de Sevilla, España. Profesor de la Universidad de Playa Ancha, Chile. Gabriela Gómez. Doctor en Ciencias de la Educación, Universidad de Bourgogne, Francia. Investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación Ciae. Universidad de Chile. Yves Jouffe. Doctor en sociología. Encargado de investigación en el laboratorio “Ciudad, Movilidad y transporte”, Universidad Paris Est. Brigitte Juanals. Doctor en Ciencias de la información y de la Comunicación. Profesor en la Universidad Paris Ouest Nanterre. Léda Mansour. Doctor en Ciencias del lenguaje. Investigadora asociada al laboratorio MoDyCo. Universidad Paris Ouest Nanterre.

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Mauricio Onetto. Doctor Historia et civilizaciones, Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Coordinador de los antiguos estudiantes chilenos de la l’EHESS. Post doctorando Fondecyt, Chile. Juan Carlos Oyanedel. Doctor en Derecho King’s Collège London. Director de programa de estudios cuantitativos y de la opinión publica Facultad de Economía, Universidad de Santiago, Chile. Investigador de la facultad de psicología de la Universidad del Desarrollo, Chile. Rodrigo Paillacar. Doctor en Ciencias económicas Universidad Paris 1 Panteón-Sorbonne. Profesor en economía. Universidad Cergy Pontoise, Francia. Nicolás Poirier. Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Paris Diderot. Investigador del laboratorio Sophiapol de la Universidad ParisOuest Nanterre-La défense. Carolina Pinto. Doctor en Sociología, Universidad Paris Est. Investigador Postdoctoral en Facso, Universidad de Chile. Éric Roditi. Doctor en Didáctica de las matemáticas. Profesor de la Universidad Paris Descartes. Director del Laboratorio Educación, Discurso y Aprendizajes EDA (EA 4071). Rebecca Roggers. Doctor en Historia. Profesor en la Universidad ParisDescartes, especialista en Historia de la educación. Laboratorio CERLIS. Antonieta Vera. Doctor en Ciencia Política, mención estudio de género, Universidad Paris VIII. Investigadora del centro de investigación sociocultural CISOC, Universidad Alberto Hurtado, Chile. Emmanuelle Voulgre. Doctor en Educación. Profesor de Ciencias de la educación de la Universidad Paris Descartes. Laboratorio EDA (EA 4071). Guillermo Wilde. Doctor en Antropología en la Universidad de Buenos Aires. Investigador del Consejo Nacional de Investigación Científicas y Técnicas (CONICET), profesor de la Universidad de San Martín.

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Autor

Comité de organización VIII Coloquio Internacional EchFrancia Jessica Ayala Jaime Farias Cristobal Farriol Natalia Pino Carine Lemouneau Rodrigo Paillacar Rodrigo Torres La organización del VIII Coloquio Internacional EchFrancia agradece el importante apoyo otorgado por las siguientes instituciones: - Fundación Imagen de Chile - ChileGlobal - Embajada de Chile en Francia - Université Paris Descartes - École Doctorale de Sciences Humaines et Sociales, Sorbonne - Laboratoire Éducation, Discours et Apprentissage (EDA), Paris Descartes

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Índice Rodrigo Torres Realidades y perspectivas de jóvenes investigadores Nuevas fronteras de investigación

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Primera Parte Realidades y perspectivas de jóvenes investigadores Rodrigo Torres, Jessica Ayala y Carolina Pinto Perfiles de formación de capital humano en el extranjero y perspectivas para una institucionalidad científica

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Nadia Cordero Las perspectivas profesionales de los jóvenes investigadores extranjeros en Francia. Un estudio sobre su implicación asociativa

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Segunda Parte Reflexiones sobre derechos humanos y reformas sociales Cristóbal Balbontín Human Rights and Globalization: Can transnational corporations be considered subjects of international law?

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Claudio González El New Public Management en las reformas al sistema de justicia criminal en Latinoamérica. El caso de Chile

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Jessica Espinoza El reconocimiento de la violencia hacia las mujeres dentro de los partidos políticos en Ecuador: reflexiones desde la perspectiva de género

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Autor

Tercera Parte Imágenes, memoria y sociedad Lucía Caminada Una apuesta interdisciplinar para repensar la literatura a partir de la imagen

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José Julián Soto El arbitraje de España de 1898 en la cuestión de Tacna y Arica: estado del arte y perspectivas heurísticas

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Cuarta Parte Conferencia magistral en Educación Teresa Longo L’éducation comparée face à la globalisation des politiques éducatives

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Realidades y perspectivas de jóvenes investigadores Nuevas fronteras de investigación Rodrigo Torres

C e n tro d e In v e stig a c io n e s P o lític a s d e la S o rb o n a U n iv e rsid a d P a ris 1 “ P a n th é o n -S o r b o n n e ”

P RESENTACIÓN Con una gran satisfacción presentamos el séptimo número de nuestra publicación “Acta Coloquios EchFrancia”. En ella incluimos los principales trabajos presentados en el VIII Coloquio Internacional de la Asociación de Jóvenes Investigadores y Estudiantes Chilenos en Francia (EchFrancia). Realizado el día 14 de noviembre del 2014 en la Sorbona, el Coloquio Internacional “Réalités et perspectives des jeunes chercheurs. Nouvelles frontières d’investigation” convocó a más de una decena de jóvenes investigadores tanto para discutir sobre lo innovador de sus trabajos, como para debatir sobre las perspectivas académicas y profesionales de estos futuros investigadores en Ciencias Humanas y Sociales. De esta manera, la serie de trabajos presentados en esta publicación recoge el principal objetivo de las actividades desarrolladas por EchFrancia: desarrollar un espacio de diálogo académico entre Chile, Francia, Latinoamérica y Europa. Por una parte, los autores son jóvenes investigadores, tanto chilenos como de otros países latinoamericanos, que mediante sus reflexiones unen las experiencias y conocimientos adquiridos en países como Francia, España o Italia con las realidades sociales presentes en Chile y otros países de la región. Por otra parte, el VIII Coloquio EchFrancia contó con la participación de destacados Actas Coloquios EchFrancia |13

Rodrigo Torres

investigadores de universidades francesas. Podemos citar la introducción del Coloquio realizada Olivier Martin, director de la Escuela Doctoral Sciences humaines et sociales Sorbonne. La conferencia de la experta en educación Teresa Longo, quien generosamente colabora en esta publicación. Así como la participación de los profesores Éric Roditi y Danilo Martuccelli en el evento, quienes debatieron y presentaron una serie de importantes reflexiones sobre las nuevas fronteras de investigación en Ciencias Humanas y Sociales. J ÓVENES INVESTIGADORES : HACIA NUEVAS FRONTERAS DE INVESTIGACIÓN

Las contribuciones presentadas en esta publicación se organizan en tres ejes temáticos, los cuales son abordados desde la perspectiva del desarrollo de nuevas fronteras de investigación en Ciencias Humanas y Sociales. Estos trabajos son el resultado de las propuestas académicas de jóvenes investigadores formados en diversas áreas del conocimiento: derecho, ciencias políticas, sociología, antropología, ciencias de la educación, filosofía o literatura, entre otras. Esperamos precisamente que esta diversidad disciplinaria otorgue la riqueza y relevancia deseada a nuestra propuesta. En la primera parte, Realidades y perspectivas de jóvenes investigadores, presentamos dos trabajos cuyo eje temático gira en torno de las perspectivas institucionales y personales de los jóvenes investigadores formándose en el extranjero. En el texto inicial, realizado por los miembros de EchFrancia Rodrigo Torres, Jéssica Ayala y Carolina Pinto, se presenta una serie de reflexiones sobre los Programas de Formación de Capital Humano Avanzado en el extranjero. A partir del caso chileno, los autores abordan las dinámicas sociales que caracterizan a los jóvenes profesionales que deciden formarse en el exterior. De igual forma, los autores reflexionan sobre el proceso de reinserción de este capi14 |Actas Coloquios EchFrancia

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tal humano avanzado en Chile. A partir de una comparación entre las realidades chilenas y francesas, se presentan una serie de perspectivas en torno al desarrollo de una institucionalidad científica en Chile. Desde una mirada antropológica, Nadia Cordero nos presenta un estudio sobre las perspectivas profesionales de los jóvenes investigadores luego de finalizar sus estudios de doctorado. A partir de la experiencia de jóvenes investigadores extranjeros viendo en Francia, la autora presenta las trayectorias profesionales de estos jóvenes doctores en ciencias humanas y sociales, así como las dificultades administrativas y las estrategias de inserción en asociaciones y redes profesionales. La segunda parte de esta publicación, Reflexiones sobre derechos humanos y reformas sociales, agrupa une serie de trabajos en torno a nuevas fronteras de investigación desde el derecho y las ciencias sociales. Abre este debate el trabajo de Cristóbal Balbontín, quien aborda la temática de los derechos humanos a escala global. Siguiendo une reflexión desde las problemáticas económicas ligadas a la globalización, el texto del autor se cuestiona sobre cómo lograr que los actores económicos internacionales, como las corporaciones trasnacionales, sean sujetos a normativas internacionales de respeto de los derechos fundamentales. Desde un diálogo entre el derecho y los análisis organizacionales, Claudio González continua con un análisis des desarrollo del New Public Management en los modelos de justicia Latinoamericanos. A partir del caso chileno, el autor sostiene que las reformas de justicia implementadas desde los años noventa se caracterizan por la adopción de modelos de management importados desde el mundo de la empresa privada. Fenómeno que ha implicado la entrada de nuevos actores al mundo judicial, ligados principalmente al mundo de la gestión. Cierra esta reflexión el trabajo de Jessica Espinoza, quien aborda desde una perspectiva de género el fenómeno de la violencia hacia las mujeres dentro Actas Coloquios EchFrancia |15

Rodrigo Torres

de los partidos políticos en Ecuador. Para la autora, le problemática de la violencia contra las mujeres en Ecuador ha sido abordada por una serie de textos normativos. Desde la influencia de las normas internacionales hasta los avances constitucionales en Ecuador. Sin embargo, a pesar de los avances legales sobre el tema, la realidad social de la violencia contra las mujeres llama a un debate en torno a una ley especifica en esta materia. La tercera parte de esta publicación, Imágenes, memoria y sociedad, agrupa una serie de trabajos que reflexionan sobre el desarrollo de nuevas perspectivas de estudio en el ámbito de la literatura y las humanidades. Abre este debate el trabajo de Lucía Caminada sobre la relación entre literatura et imagen. Siguiendo como base las obras de George Didi-Huberman, Jonathan Crary et Jean-Luc Nancy, la autora manifiesta la importancia de concebir teórica y metodológicamente la experiencia de la escritura a partir de las teorías de la imagen esbozados desde diferentes disciplinas de estudio. De gran interés resulta la presentación de José Julián Soto, donde se aborda uno de los temas mas controversiales en el contexto internacional actual : los conflictos limítrofes entre Chile y Perú. Siguiendo un profundo estudio historiográfico, tanto a nivel de fuentes primarias como de archivos bibliográficos, el autor una serie de reflexiones heurísticas en torno al rol del arbitraje de España de 1898 en la cuestión de Tacna y Arica. Finaliza esta publicación la conferencia magistral L’éducation comparée face à la globalisation des politiques éducatives, realizada por Teresa Longo, investigadora en educación y profesora emérita de la Université de Picardie. A partir de la pregunta ¿cuál es la mejor escuela?, la autora analiza el desarrollo de los análisis comparativos en educación, así como las profundas transformaciones de las políticas educativas durante las últimas décadas. Como concluye la autora, la 16 |Actas Coloquios EchFrancia

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globalización de un modelo único de escuela y el fetichismo de las cifras al momento de analizar la educación han puesto en segundo lugar el rol principal de la escuela: un lugar donde la infancia construye su relación con el mundo. A MODO DE CONCLUSION Antes de cerrar esta presentación, quisiéramos destacar la mayor profesionalización académica que, año tras año, ha alcanzado el Coloquio Internacional organizado por nuestra asociación EchFrancia. Como hemos indicado en otras oportunidades, este evento académico, el cual nació como un espacio que permitiera presentar las investigaciones realizadas por los estudiantes de postgrado chilenos formándose en Francia, ha devenido un referente para otras asociaciones de estudiantes e investigadores chilenos, tanto en Francia como en otros países europeos. Este contexto nos dirige continuamente hacia la búsqueda de nuevas instancias de perfeccionamiento; proceso que nos ha permitido generar profundos vínculos entre nuestra realidad como jóvenes investigadores chilenos y nuestras academias de adopción en el viejo continente. Como EchFrancia manifestamos nuestro más profundo reconocimiento al apoyo dado por una serie de instituciones y personas sin las cuales el VIII Coloquio Internacional EchFrancia no podría haber logrado sus objetivos. Agradecemos a ChileGlobal, Fundación Imagen de Chile y a la Embajada de Chile en Francia, particularmente al Sr. Embajador Patricio Hales y al Primer Secretario Sr. Felipe Sáez. Agradecemos igualmente a la Université Paris Descartes, a la École Doctorale de Sciences Humaines et Sociales Sorbonne y al Laboratoire Éducation, Discours et Apprentissage (EDA).

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Rodrigo Torres

Finalmente, agradecemos el trabajo realizado por los miembros del Comité de Organización y del Comité Científico del VIII Coloquio Internacional EchFrancia, así como el apoyo brindado por Laura Baracaldo, Juan Carlos Sánchez, Thania Luma y Paula Cubillos.

NOTA SOBRE EL AUTOR Rodrigo Torres es candidato a doctor en Ciencias Políticas de la Universidad París 1 Panthéon-Sorbonne, Máster en Sociología e Instituciones Políticas de la misma institución, Máster en Ciencias Humanas y Ciencias Sociales de la Universidad París VIII Vincennes-Saint-Denis y Licenciado en Ciencias Políticas y Gubernamentales de la Universidad de Chile. Su línea de investigación analiza la relación entre el desarrollo e implementación de las políticas públicas y las formas de participación de los actores sociales. Contacto : [email protected]

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PRIMERA PARTE

REALIDADES Y PERSPECTIVAS DE JÓVENES INVESTIGADORES

Perfiles de formación de capital humano en el extranjero y perspectivas para una institucionalidad científica Rodrigo Torres, Jessica Ayala y Carolina Pinto E c h F r a n c ia

Resumen El siguiente presenta los resultados de un trabajo realizado por miembros de la asociación EchFrancia sobre las políticas de formación de Capital humano avanzado en el extranjero. En primer lugar, presentaremos una reflexión sobre las dinámicas sociales presentes en aquellos jóvenes profesionales que deciden formarse en el extranjero. En la segunda parte, frente al proceso de reinserción de este capital humano avanzado, y en base a nuestra experiencia como jóvenes investigadores formándose en Francia, presentaremos una serie de perspectivas en torno al desarrollo de una institucionalidad científica en Chile. Palabras clave Capital humano avanzado, Chile, estudiantes de post-grado, políticas públicas, instituciones científicas

I NTRODUCCIÓN 1 Los programas de formación de “Capital Humano Avanzado” implementados desde hace una década han permitido e incentivado el perfeccionamiento de un importante número de jóvenes profesionales en el extranjero. A nivel latinoamericano, la política estatal chilena de El presente texto recoge una serie reflexiones que fueron presentadas en II Encuentro de Investigadores Chilenos en Barcelona “Observando a Chile desde la distancia” (2013) y en VIII Coloquio Internacional EchFrancia en París “Réalités et perspectives des jeunes chercheurs. Nouvelles frontières d’investigation” (2014). 1

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formación de investigadores y profesionales en el exterior, tanto a nivel de programas de becas así como los diversos acuerdos bilaterales con otros países, ha sido reconocida como una relevante estrategia de posicionamiento del capital humano chileno en el sector académico internacional (CampusFrance, 2010). Ahora bien, a pesar de ser un fenómeno reciente, la realidad y perspectivas de estos jóvenes profesionales perfeccionándose en el exterior merece ser abordada, dada la importancia de las políticas y programas implementados, así como la relevancia de este capital para el país. En este sentido, la formación de este capital humano en el extranjero ha sido un tema tratado continuamente en los últimos coloquios organizados por “Asociación de Estudiantes Chilenos en Francia”(EchFrancia)2. En estos espacios académicos, los intercambios entre estudiantes, redes de jóvenes investigadores e instituciones como Campus France, Becas Chile o Chile-Global, han permitido debatir en torno a una serie de cuestiones: ¿cuáles son las razones motivan a los jóvenes profesionales para formarse en el extranjero?, ¿qué expectativas de retorno tienen los jóvenes profesionales con una formación en el extranjero?, ¿existe una institucionalidad científica en nuestro país acorde con la formación de

Durante los últimos años, EchFrancia ha debatido en torno a la realidad de los jóvenes investigadores en sus coloquios anuales. A modo de ejemplo presentamos las problemáticas abordadas en las recientes versiones: IV Coloquio EchFrancia, (2010), « Desafío Bicentenario : movilidad y desarrollo »; V Coloquio EchFrancia, (2011), « Redes de conocimiento : génesis de enlaces y modalidades interdisciplinarias de cooperación social y científica »; VI Coloquio EchFrancia, (2012), “Intercambio de conocimiento en el siglo XXI: temas actuales de investigación Chile-Francia”; VII Coloquio EchFrancia, (2013), “ Ciencia y Sociedad en el siglo XXI: estrechando vínculos desde una mirada Franco-Latinoamericana”; VIII Coloquio EchFrancia, (2014), “Realidades y perspectivas de jóvenes investigadores. Nuevas fronteras de investigación”.

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este capital humano avanzado? Por ello, nuestro objetivo en las siguientes páginas es presentar parte de estas productivas discusiones en torno a las experiencias que viven los estudiantes chilenos en el exterior. Para abordar esta temática, el siguiente texto se divide en dos partes. En primer lugar, presentaremos una reflexión sobre las dinámicas sociales presentes en aquellos jóvenes profesionales que deciden formarse en el extranjero. Basándonos en los trabajos de Carolina Pinto (Pinto, 2013; 2014). Doctora en sociología y miembro del comité científico de EchFrancia, presentaremos una tipología basada en los perfiles más recurrentes en los estudiantes y profesionales que se encuentran cursando programas de postgrado en el exterior. Como segundo punto, frente al proceso de reinserción de este capital humano avanzado, presentaremos una serie de perspectivas en torno al desarrollo de una institucionalidad científica en Chile. Para ello, abordaremos las diferencias entre los modelos institucionales científicos implementados en Francia y Chile. A la luz de esta comparación, una serie de perspectivas pueden ser presentadas para un debate en torno al desarrollo institucional de la ciencia en Chile. P ERFECCIONAMIENTO EDUCATIVO EN EL EXTRANJERO : UNA TIPOLOGÍA SOCIOPROFESIONAL

En el contexto profesional actual, realizar estudios de postgrado en el exterior se presenta como una práctica favorable a las aspiraciones socioprofesionales. Lograr el dominio de otros idiomas, así como la especialización en ciertas áreas del conocimiento forma parte del “prestigio de adquirir un perfil internacional”, un atractivo innegable para conseguir un trabajo calificado (Pinto, 2013). Gracias a los programas de formación de capital humano avanzado en el exterior, una generación de jóvenes profesionales e investigadores Actas Coloquios EchFrancia |23

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ha vivido el acceso a este perfeccionamiento profesional, y aumentándose considerablemente el número de estudiantes chilenos de postgrado en las instituciones de educación superior de diferentes partes del globo (Tabla 1), y por sobre todo, concentrándose en los países que cuentan con los principales polos universitarios de excelencia (Gráfico 1). TABLA1. DISTRIBUCIÓN DE SELECCIONADOS POR TIPO DE BECA, PROGRAMA BECAS CHILE (2013)

GRÁFICO1. DISTRIBUCIÓN DE SELECCIONADOS BECAS CHILE POR PAÍS DE DESTINO. A DICIEMBRE DEL 2012.

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Ahora bien, frente a estos importantes indicadores, pensamos necesario dar un segundo paso de reflexión, abordando la diversidad social presente en este grupo de profesionales formándose en el exterior. Se trata de un grupo heterogéneo, donde podemos encontrar jóvenes que no necesariamente hubiesen tenido los ingresos necesarios para costearse por ellos mismos sus postgrados, así como jóvenes que no consideraban en un primer momento los estudios en el extranjero como parte de su formación profesional. De cara a este fenómeno de diversidad, nos parece sumamente interesante profundizar sobre las dinámicas socioprofesionales que incitan a realizar estudios de postgrado en el extranjero, como bien Pinto nos indica: “El proyecto de estudiar en el extranjero tiene relación con la manera en que los individuos imaginan y conciben su desarrollo profesional a partir del ejercicio de una disciplina y su mercado de trabajo. Esta representación es variable, pero se construye en estrecha relación con los aspectos biográficos y familiares del individuo, así como con su posición social” (Pinto, 2014, p. 217).

Basándonos en la tipología de estudiantes de postgrado en el exterior propuesta en los trabajos de Pinto (2013; 2014) hemos divido los perfiles de estudiantes según dos ejes principales. Un eje está conformado por la experiencia profesional del estudiante al momento de planificar la posibilidad de estudios en el extranjero. Un segundo eje se basa en el perfil socioeconómico del estudiante (ver figura 1). En base a estos ejes, hemos constituido cuatro cuadrantes en los que se presentan los casos y perfiles más recurrentes de los jóvenes profesionales formándose en el exterior.

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Rodrigo Torres, Jesica Ayala y Carolina Pinto

FIGURA 1. TIPOLOGÍA SOCIO-PROFESIONAL SEGÚN CUADRANTES

Fuente: elaboración propia

Cuadrante I En el primer cuadrante encontramos a jóvenes estudiantes con poca experiencia laboral y con un perfil socioeconómico de ingresos medios o medios-altos. Si bien existe una gran heterogeneidad sobre los motivos que llevan a estos jóvenes a perfeccionarse en el exterior, un factor común consiste en que el proyecto de formarse en el exterior responde mucho más a la coyuntura de oportunidades presentadas al momento de finalizar los estudios de pregrado que a una planificación detallada de un proyecto profesional. Cuadrante II En el segundo cuadrante encontramos a jóvenes con una mayor cantidad de experiencia profesional acumulada y con un perfil socioeconómico de clase media o alta. En este cuadrante se presentan tres tipos principales de perfiles de estudiantes. Un primer perfil en este cuadrante 26 |Actas Coloquios EchFrancia

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está ligado al mundo profesional académico. Se trata de jóvenes investigadores que una vez terminado sus estudios de pregrado comenzaron a trabajar en el ámbito universitario como asistentes de investigación o docencia. Los jóvenes de éste perfil buscan potenciar su carrera de académicos o investigadores mediante el perfeccionamiento en el exterior. La experiencia de estudiar en el extranjero puede en algunos casos reorientar profesionalmente al estudiante, dejando de lado el ámbito académico e insertándose en otras vías profesionales. Un segundo perfil en este cuadrante está ligado al mundo del sector público. En este caso se trata de jóvenes profesionales en el sector de la administración pública que buscan mediante los estudios de postgrado en el extranjero, principalmente en los EEUU, una rápida ascensión profesional al interior de aparato público. Este perfil busca principalmente estudios de magísteres de uno o dos años de para convertirse en policy makers. Un tercer perfil de este cuadrante está relacionado con el sector profesional privado. Se trata de jóvenes ingenieros o jóvenes profesionales ligados a la banca o a la gestión empresarial. Con un perfil socioeconómico alto, éste perfil busca principalmente estudios de Máster o MBA ofrecidos por importantes universidades de los EEUU. Cuadrante III En el tercer cuadrante encontramos a jóvenes con una experiencia profesional y perteneciente a un perfil socioeconómico de clase media o media-baja. Se trata principalmente de profesionales que pudieron financiar su formación en el extranjero gracias a programas y becas de perfeccionamiento. Dentro de este perfil, la figura del profesor tiene un rol preponderante. Principalmente se trata de jóvenes profesores de educación primaria o secundaria que desean reorientar sus carreras hacia Actas Coloquios EchFrancia |27

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el ámbito académico universitario o en el área de la investigación. Cuadrante IV Finalmente, en el cuadrante IV encontramos un perfil de “profesionales insatisfechos”. Se trata de jóvenes profesionales que no han podido consolidar una primera experiencia profesional estable o satisfactoria. Principalmente se trata de jóvenes que han terminado sus estudios de postgrado en áreas donde el campo ocupacional tiene altas tazas de inestabilidad como son ciertas carreras de las ciencias sociales, las humanidades y las artes. Para este perfil, los estudios de especialización en el extranjero se presentan como una oportunidad para perfeccionarse profesionalmente y poder asegurar una mayor estabilidad laboral. En síntesis, el hecho de ahondar en los perfiles socio-profesionales de los jóvenes realizando su formación en exterior revela la gran heterogeneidad presente en este capital humano avanzado, sin embargo, un elemento transversal a todo este grupo es la percepción de que realizar un postgrado en el extranjero es una práctica favorable a los proyectos profesionales individuales. Como bien concluye Pinto “Para algunos, es la oportunidad para construirse como el dueño de su propio destino, casi como una figura mítica, y de desafiar ciertas dificultades como la precariedad salarial, el desempleo o el desencanto profesional, desde una posición activa y rupturista. Para otros en cambio, estudiar fuera del país refleja una capacidad particular de adaptación y de negociación que les permite orquestar dificultades y oportunidades en un entorno laboral cambiante, globalizado y cada vez más exigente” (Pinto, 2014, p. 234). C APITAL

HUMANO ,

INSTITUCIONALIDAD

CIENTÍFICA

Y

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

La política de desarrollo de capital humano avanzado iniciada por el Estado chileno, ha sido la respuesta al problema del déficit existente en 28 |Actas Coloquios EchFrancia

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la formación de académicos e investigadores, así como en términos de investigación (I+D) y colaboración en redes de conocimiento3. Lograr los estándares propios de los países emergentes se ha presentado como un reto al que el Estado chileno ha hecho frente, implementado programas para fomentar la formación de investigadores en una gran diversidad de disciplinas. Ahora bien, una segunda etapa se vislumbra en términos de la construcción políticas científicas acordes con las necesidades del país. La discusión pública plantea el avanzar hacia la profundización institucional de la ciencia en Chile (OCDE, 2013). En este debate, el valor de los estudiantes e investigadores formados en el extranjero no debe ser solamente enfocado en los conocimientos científicos en los que se especializan, sino también en el conocimiento sobre las formas de gestión institucional de la ciencia que ellos han adquirido durante su formación, conocimiento que se constituye como una importante base para planificar la futura gestión pública científica y académica en Chile. En este contexto, comparar las diversas realidades científicas en las cuales los jóvenes investigadores se han vistos inmersos en el extranjero permite generar líneas de debate sobre el avenir de la realidad científica chilena. Profundizando en este sentido, Francia y Chile son países miembros de la OCDE que trabajan en base a una estructura institucional científica diferente en el ámbito de la gestión y el desarrollo de la investigación. Por ello, nuestro objetivo en esta segunda parte consiste

Nos referimos a una actividad académica y científica acorde con los contextos actuales: “A nivel de la organización del mundo académico, marcado por la consolidación del uso de las nuevas tecnologías, el conocimiento científico vive un modo de organización de mayor flexibilidad y dinamismo. De esta forma, se configura el trabajo en redes, una forma de organización que sintetiza estos conceptos.” (Torres, 2012, p. 28) 3

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en comparar estas dos realidades institucionales, con el fin de pre- sentar un punto de vista experiencial y analítico, poniendo en evidencia algunas perspectivas en relación al contexto chileno. Esta segunda parte no pretende en lo absoluto tomar a la realidad francesa como un modelo a implementarse en nuestro país, sino simplemente como un referente a nivel de institucionalidad científica que nos permite reflexionar sobre la realidad de la investigación en Chile. Estructura y orientación de la política científica En Chile la investigación está conducida por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) y regida por la ley que crea el Consejo Asesor de CONICYT en 1994, cuyo objetivo ha sido el de asistir a este organismo en el ejercicio de sus funciones de fomento y desarrollo de la ciencia. Creada en 1967, CONICYT es un organismo dependiente del Ministerio de Educación (MINEDUC) que tiene un rol como asesor de la Presidencia en materias de desarrollo científico. Este organismo se orienta a dos objetivos: el fomento de la formación de capital humano (investigadores y profesionales de excelencia) y la promoción, el desarrollo y difusión de la investigación científica, mediante la provisión de recursos para fondos concursales, creación de instancias de articulación y vinculación tanto individual como asociativo, diseño de estrategias, programa de información científica, y promoción de un marco normativo que resguarde el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. En el caso de Francia, la investigación está conducida por el Ministerio de la Enseñanza Superior y de la Investigación, y regida por una ley que sustenta todas las áreas de la investigación. Esta ley se llama “pacto por la investigación”, promulgada en abril del año 2006. Ella permite a la investigación francesa afrontar la competencia científica y tecnológica mundial, situando a Francia en primera plana de la investi30 |Actas Coloquios EchFrancia

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gación y la innovación. La definición de la política de investigación, así como los objetivos generales y el presupuesto global de la política pública en materia de investigación, recae en el Ministerio de la Enseñanza Superior y de la Investigación y en el Alto Consejo de la Ciencia y la Tecnología (HCST). Así mismo, la formulación de las prioridades temáticas por sector de estudio y la afectación de los recursos es realizado por agencias de financiamiento (ANR, OSEO, etc.) Todos estos organismos están insertos en el Ministerio de la Enseñanza Superior y la Investigación. En este ámbito, podemos ver el peso de la estructura institucional del sistema público francés, con objetivos políticos de orientación estratégica, gestión, actividad científica y evaluación, estructura que difiere de la realidad chilena, la cual se enmarca principalmente en la articulación de programas y proyectos, sin una equivalente política científica nacional. La comparación entre la institucionalidad científica chilena y francesa revela los desafíos que debe enfrentar Chile frente a un contexto internacional de concebir la gestión de la ciencia. Como Astudillo Besnier sintetiza “Hoy, la experiencia internacional demuestra que una institucionalidad científica autónoma, centralizada y potente se asocia a un mayor desarrollo. Por ejemplo, la mayoría de los países miembros de la OCDE poseen Ministerios o Ministros de Ciencia y Tecnología, encargados de definir las políticas de Estado en materia de investigación y desarrollo (I+D), en la gestión de los recursos fiscales asignados a I+D, a promover la difusión de la ciencia y a velar por una asociación entre la actividad científica y su enfoque en áreas de interés prioritario para la nación. Nuestro país, recientemente aceptado en esta organización, debe asumir los desafíos que dicha membresía le plantea, siendo la investigación científica y tecnológica uno de los aspectos donde presenta un retraso más significativo (Astudillo, 2011, p. 2). Actas Coloquios EchFrancia |31

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Gestión y evaluación de la actividad científica A nivel institucional, la actividad de investigación en Francia es realizada por los Establecimientos de Enseñanza Superior Pública (universidades estatales y “grandes escuelas”) y los organismos de investigación: establecimientos públicos de carácter científico y tecnológico, establecimientos públicos de carácter industrial y comercial, establecimientos públicos de carácter administrativo y fundaciones. En este sentido, los recursos destinados al ámbito de la investigación van dirigidos en su mayoría a instituciones públicas, lo que nos habla de su coherencia institucional en las políticas de educación y de desarrollo científico. Dentro de los establecimientos públicos de carácter científico y tecnológico, el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) es el principal organismo de investigación de carácter multidisciplinario en Francia. Este organismo administra las investigaciones de los dominios científicos, tecnológicos y sociales. CNRS está presente en todas las disciplinas agrupadas en diez instituciones, de la cuales tres se extienden a nivel nacional4. Frente a este contexto institucional, la perspectiva desarrollada en Chile se aleja bastante de este tipo de organización de la actividad científica. En primer lugar, no existen organismos públicos especializados en realizar investigaciones por disciplina o área del conocimiento. La actividad de investigación recae en algunos laboratorios o departamentos en las universidades, fundaciones y empresas. En segundo lugar, los recursos públicos invertidos en investigación se asignan sin distinción a enti-

El CNRS cubre la totalidad de los campos científicos como las matemáticas, la física, las ciencias y tecnologías de la información y la comunicación, la física nuclear, et las energías, las ciencias del planeta y del universo, la química, las ciencias vivas, las ciencias humanas y sociales, las ciencias del medio ambiente, o las ciencias de la ingeniería.

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dades públicas y privadas. En Francia, la evaluación de la investigación es un tema de gran importancia. El Ministerio de la Enseñanza Superior y de la Investigación pone a disposición una Agencia de Evaluación de la Investigación (AERES) cuyo objetivo es de mejorar la performance global del sistema poniendo a disposición los diferentes actores y los datos independientes y homogéneos. En el caso de Chile, no existe un organismo específico encargado de la evaluación del desempeño de los pro- gramas de investigación vigentes. La política en esta materia se orienta principalmente a la evaluación externa de los programas, realizadas por instituciones consultoras privadas especializadas en el campo de la ciencia y tecnología5. Finalmente, a nivel de desarrollo de la carrera profesional, el rol del investigador se encuentra definido dentro del sistema de investigación francés. Este sistema ofrece dos opciones en su ejercicio: como profesor en una universidad y/o como investigador en un centro de investigación en la misma universidad o un centro de investigación público6. En Chile, las expectativas de inserción para ejercer la investigación no se encuentran bien definidas por el sistema de regulación académica. Dada la escasez de organismos de investigación, el joven investigador es normalmente dirigido a la docencia sin distinción entre las universidades estatales y/o privadas, donde dada la autonomía de estos organismos, las formas de ingreso y asignación de cargos no se rigen por exigencias a nivel nacional, ni son controladas por agencias públicas.

Podemos ver un ejemplo de evaluación de la actividad científica por consultoras especializadas en (MIDEPLAN, 2013; CONICYT, 2013) 5

El tiempo de ejercicio es equivalente entre estos dos roles, no obstante, es necesario indicar que la inserción en una organismo de educación superior y de investigación es el resultado de una extensa evaluación que el postulante debe validar. 6

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Ciencia y sociedad del conocimiento en Chile Ahora bien, reconociendo los importantes avances que las autoridades chilena han implementado en esta materia, se hace necesario indicar que también existe la presencia de un déficit en la relación existente entre la institucionalidad científica y la sociedad chilena. Hablamos de una falta de interacción y comprensión entre el campo científico y la difusión de su valor frente a la mayoría de la población. Un factor de gran importancia para las futuras reformas institucionales a nivel de gestión pública de la ciencia. El estudio “Cultura científica en Iberoamérica. Encuesta en grandes núcleos urbanos” (Albornoz et al., 2009), realizado en siete países, indica que Chile es uno de los países don- de una gran parte de la población no considera como prioritario invertir en ciencia y tecnología (Moreno et al., 2009). De igual forman, frente a la pregunta ¿cuánto se destaca su país en investigación científica?, los entrevistados en Chile forman parte del grupo con mayores respuestas negativas (Fazio y González García, 2009). Otro dato no menos inquietante es que el 80% de los entrevistados en Chile no reconoce cuales son las instituciones que conforman el sistema científico y tecnológico del país7. Es en base a este contexto que se vuelve necesario repensar las relaciones entre las políticas científicas y la sociedad en las cuales están inmersas. Un necesario un dialogo entre Estado, ciencia y sociedad del conocimiento que valorice y promueva la importancia del desarrollo de la investigación a nivel nacional. “La gran mayoría de las personas no consigue identificar ninguna institución de ciencia y tecnología de su país. Considerando las respuestas negativas y las que indican “no sabe”, esto alcanza a más de ocho de cada diez entrevistados en los casos de Santiago y Sao Paulo” (Fazio y González García, 2009, p. 17).

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Como bien lo sugieren Fazio y González: “En el tránsito desde el paradigma de la «comprensión pública de la ciencia» al paradigma de la «implicación pública en la ciencia», los temas relacionados con la percepción, el cono- cimiento y las actitudes de los ciudadanos antes las instituciones y la política científica de sus países resultan centrales. La cuestión del conocimiento adquiere matices diferentes al colocarse en primer plano una concepción activa de la ciudadanía, en la que el interés por un público informado no radica únicamente en la necesidad de proporcionar respaldo social a la investigación y la innovación. El conocimiento del público aparece ahora ligado a la posibilidad de implicación en los debates y las decisiones sobre cuestiones científicas y tecnológicas con impactos sociales, y estrechamente relacionado, además, con cuestiones relativas a la confianza, la pertinencia y la asunción de responsabilidades” (Fazio y González García, 2009, p. 79).

A MODO DE CONCLUSIÓN Profundizar sobre los perfiles de los jóvenes profesionales e investigadores que se encuentran perfeccionándose en el extranjero se presenta como el inicio de un debate sobre las iniciativas y perspectivas de inserción para este grupo. En este sentido, un elemento a notar es que la formación de este capital humano avanzado incluye además del conocimiento científico, o disciplinario, en el cual se han especializado, un importante conocimiento sobre modelos de institucionalidad científica, adquiridos durante sus estancias en el exterior. Hablamos de un conocimiento sobre cómo se hace ciencia, cómo se financia la ciencia y cómo se organiza la ciencia a nivel de gestión en otros países. Estas competencias adquiridas serán de vital importancia para el debate venidero sobre el desarrollo de la ciencia en Chile. En este contexto, el desarrollo de la investigación reposa necesariamente en la construcción de una “institucionalidad científica”. Una institucionalidad que cuente con la capacidad de definir claramente los Actas Coloquios EchFrancia |35

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organismos y programas necesarios para llevar a cabo esta misión: los enfoques conceptuales y temáticos, los actores necesarios para el desarrollo de la investigación, las prioridades, los valores culturales y sociales, etc. Ahora bien, esta situación nos llama a reflexionar sobre la realidad científica y académica chilena: ¿la institucionalidad científica chilena se ha desarrollado a la par de la formación del capital humano avanzado? La comparación internacional nos ha dado ciertos indicadores sobre el modo en que los países más avanzados en el campo científico desarrollan sus políticas científicas (UNESCO, 2010). En primer lugar, para el caso chileno, la comparación demuestra la necesidad de desarrollar un cuadro normativo que fomente la investigación. Un marco legislativo que abarque todos los actores de la investigación en un proyecto como país, fomentando la innovación y la orientación estratégica de acuerdo a las prioridades y realidades nacionales, regionales y locales. En segundo lugar, las prácticas internacionales en materia de institucionalidad científica de- muestran como necesaria a la creación de un Ministerio Nacional de la Investigación en Chile (OCDE, 2013). Una institución que implemente diferentes programas y coordine a los organismos que se ocupen de la investigación en todas sus aristas: la supervisión y la evaluación de la investigación, la programación, la gestión, el financiamiento, y la colaboración entre las diferentes entidades públicas y privadas, la creación de organismos de investigación por sector que tengan contacto directo con las universidades y los institutos de enseñanza superior públicos, etc. R EFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Albornoz M., Marchesi Á. y Arana L. (Coords.) (2009), Cultura científica en Iberoamérica. Encuesta en grandes núcleos urbanos, Navarra: FECYT, OEI, & RICYT. 36 |Actas Coloquios EchFrancia

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Astudillo P. (2011). “Por una institucionalidad acorde a nuestros tiempo y necesidades”, en C. Blondel (Ed.), Por un Chile desarrollado: Ejes para el futuro científico de Chile, Santiago: Mas Ciencia para Chile, 2011, pp. 2-6. CampusFrance (2010). “La mobilité des étudiants de l'Amérique latine”, Les notes de Campusfrance, N° 26, pp. 1-16. CONICYT (2013), Principales indicadores cienciométricos de la actividad científica chilena 2011. Informe 2013. Madrid/Valparaíso: Altazores Ediciones. Fazio M. E. y González García M. (2009). “Ciudadanía y políticas públicas de ciencia y tecnología”, en M. Albornoz, Á. Marchesi y L. Arana, (Coords). Cultura científica en Iberoamérica. Encuesta en grandes núcleos urbanos, Navarra: FECYT, OEI, & RICYT, pp. 57-80. OCDE (2013). OCDE Economic Surveys: Chile 2013, Santiago: OCDE Publishing. MIDEPLAN (2013), Productividad Científica 2000-2008 de los Centros de Investigación del Programa Iniciativa Científica Milenio y su Evolución. Santiago: ICM. Moreno C., Muñoz A. y Luján J. L. (2009). “Actitud (hacia) y valoración (de) la ciencia y la tecnología”. In M. Albornoz, Á. Marchesi y L. Arana (Coords.), Cultura científica en Iberoamérica. Encuesta en grandes núcleos urbanos, Navarra: FECYT, OEI, & RICYT, pp. 35-56. Pinto C. (2013). Mobilité sociale et mobilité internationale d’étudiants étrangers : Trajectoires de jeunes professionnels chiliens et colombiens à Paris, Tesis de Doctorado en Sociología, Universidad Paris-Est. Pinto C. (2014). “Estudiar un postgrado en el extranjero: ¿una migración previsible?”, Revista Sociedad & Equidad, N°6, pp. 214-236. Torres R. (2012). “Grupos de estudio y redes de conocimiento: hacia un espacio multidisciplinario para investigadores jóvenes”, Actas Coloquios EchFrancia, N°4, pp. 27-32.

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UNESCO (2010), Rapport de l’Unesco sur la science 2010. Etats des lieux de la science dans le monde, Paris: Unesco Éditions.

N OTA SOBRE LOS AUTORES Rodrigo Torres es Secretario Académico de EchFrancia, candidato a Doctor en ciencias políticas a la Universidad París 1 “PanthéonSorbonne” y miembro de Centro de Investigaciones Políticas de la Sorbona (CRPS). Contacto: [email protected] Jessica Ayala es Presidenta de EchFrancia y candidata a Doctora en ciencias de la educación, Universidad Paris-Descartes. Contacto : [email protected] Carolina Pinto es miembro del Comité Científico de EchFrancia, Doctora en Sociología Universidad Paris-Est y actual investigadora de Postdoctorado en la Universidad de Chile. Contacto : [email protected]

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Las perspectivas profesionales de los jóvenes investigadores extranjeros en Francia. Un estudio sobre su implicación asociativa Nadia Cordero

U n iv e rsid a d P a ris D id e ro t

Resumen En este trabajo se abordan las perspectivas profesionales de los jóvenes investigadores al término del doctorado, particularmente cómo los jóvenes investigadores en humanidades y ciencias sociales perciben las oportunidades laborales. A partir de la experiencia recogida en entrevistas, analizo el itinerario y la trayectoria de algunos jóvenes investigadores de nacionalidad extranjera que se preparan a entrar en el mundo del trabajo en Francia, se proyectan o están ya inmersos. También explico algunas de las dificultades (administrativas y/o profesionales) con las que se han encontrado para quedarse y encontrar un trabajo. El objetivo es de dar cuenta de las experiencias personales, de mostrar las estrategias adoptadas por esos jóvenes y de sus perspectivas de avenir profesional. Una de estas estrategias consiste en participar y/o en implicarse en asociaciones. Asociaciones que reúnen jóvenes de una misma universidad, de una misma disciplina o aun, especializadas en cuestiones de profesionalización o de acompañamiento, apoyo e información para los extranjeros sobre los trámites administrativos que hay qué hacer en Francia. En la mayoría de los casos esas asociaciones son asimismo espacios de intercambio, para compartir informaciones, consejos y pueden funcionar como una primera red profesional y personal. Es sobre esta estrategia que propongo tratar aquí. Palabras claves Comunicación científica, Profesionalización, Movilidad internacional, Humanidades, Doctorado.

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Nadia Cordero

I NTRODUCCIÓN Mi investigación doctoral puede aportar elementos de respuesta a algunas de las preguntas que se plantea la VIII edición del coloquio EchFrancia, tales como, ¿cuáles son las políticas de inserción para los jóvenes investigadores al término de su tesis? ¿Qué continuidad y qué formación? ¿Qué realidad y cuáles son las perspectivas para el joven investigador en ciencias humanas y sociales? Interesada por el lugar que ocupan las ciencias humanas y sociales en el panorama del mercado profesional, así como por la movilidad profesional e internacional de los jóvenes investigadores, decidí llevar a cabo una tesis sobre el devenir profesional de los jóvenes egresados extranjeros en Francia. Se trata entonces, por un lado de analizar la situación profesional de jóvenes que vienen a Francia para preparar un doctorado y por el otro de observar las oportunidades profesionales para los doctores en humanidades y ciencias sociales. La población estudiada en esta investigación comparte dos características. Por un lado, son originarios de una nacionalidad que no pertenece a la Unión Europea. Es decir, todos los países de América, de Asia (a excepción de las islas francesas como Guadalupe y la Reunión o la Polinesia francesa) y de África, así como algunos países europeos como Ucrania o Macedonia, por ejemplo. Los jóvenes pertenecientes a la Unión Europea gozan de las mismas oportunidades sociales y profesionales que los franceses, todos aquellos que no pertenecen, se rigen por medidas administrativas más restringidas. Por otro lado, se trata de titulares de máster, doctorandos o doctores. En lo que respecta a este artículo, nos concentraremos en éstos últimos y a partir de ahora los denominaremos jóvenes investigadores. En cuanto a la metodología, utilizo el enfoque antropológico, privilegiando así la inmersión dentro de un grupo y el conocimiento 40 |Actas Coloquios EchFrancia

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producido sobre ese grupo a la idea de descripción monográfica, de muestra estadística, de encuesta representativa, o de generalización. De esta manera, mediante entrevistas directas, de carácter cualitativo con jóvenes investigadores interesados en compartir su experiencia profesional, doy cuenta de sus inquietudes profesionales y de sus estrategias de valorización. Jóvenes que conozco en el marco de asociaciones y encuentros, tales como foros, coloquios o mesas redondas, destinadas a la valorización profesional y que constituyen el terreno de campo de mi investigación. Antes de presentar la situación administrativa y profesional de los jóvenes investigadores extranjeros en Francia, ilustrando mediante la experiencia de algunos de ellos, comenzaré por tratar algunos elementos del contexto en el cual se desarrolla esta investigación. Enseguida, será cuestión de hablar de la participación asociativa y el rol que ésta desempeña en la percepción y en la valorización profesional. C ONTEXTO Comenzaré por tratar algunos elementos de contexto. Si mi terreno de campo se sitúa en el marco de los diferentes encuentros de valorización profesional es porque sigo a los jóvenes investigadores y a las asociaciones de doctorandos que trabajan sobre esta cuestión, muy en boga en los últimos años, y que se explica por un lado, por lo que se ha denominado como « la excepción francesa » (Harfi, 2010). Esta excepción consiste en una separación a nivel de la enseñanza superior, entre la Universidad y las denominadas Grandes écoles, el resultado es que los diplomas de dichas escuelas gozan de mayor prestigio y reconocimiento social que los diplomas de la universidad, tales como el de maestría y el de doctorado, esto, a pesar de que el doctorado es el máximo nivel de estudios y que no tiene equivalente en las grandes escuelas. Lo que ha llevado, en los últimos años, a movilizar a los Actas Coloquios EchFrancia |41

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diferentes actores involucrados en el doctorado a impulsar diversas acciones, con el objetivo de valorizarlo. Por otro lado, el número de doctores titulados aumenta cada año y el número de puestos de maître de conférences, puesto por excelencia al que aspiran una gran parte de los doctores, está en constante baja. Esta situación lleva a los jóvenes investigadores a invertir en otros campos de trabajo fuera del sector académico, en el sector privado y asociativo, por ejemplo. Algunos doctorandos de origen extranjero que realizan su doctorado en Francia no son ajenos a este movimiento. De la misma manera comparten estas inquietudes, más aun cuando para la mayoría de entre ellos, el doctorado representa un título prestigioso en sus países de origen. Sin embargo, los jóvenes de nacionalidad extranjera se confrontan a otro tipo de problemas, más inmediatos. Uno de los más importantes consiste en una serie de trámites administrativos que pueden obligar a modificar o cambiar el proyecto profesional de éstos jóvenes. L A SITUACIÓN DE LOS JÓVENES DIPLOMADOS EXTRANJEROS Trámites administrativos Los jóvenes que llegan a Francia para realizar sus estudios obtienen un permiso de estancia con el estatuto de “estudiante”. Al terminar sus estudios, si tienen la posibilidad y continuaran con un empleo, será necesario cambiar el estatuto de su permiso de estancia, al de “salariado”. Un trámite largo y exigente que necesita el apoyo del futuro empleador. Los estudiantes benefician de un periodo de un año, llamado “autorización provisoria de estancia” (APS, por sus siglas en francés) en el cual, si no lo han hecho, deberán encontrar un trabajo con las siguientes características: deberá estar en relación con sus estudios y/o con las competencias y habilidades desarrolladas durante su formación. El empleo deberá ser pagado a 1,5 del salario mínimo en Francia. Notemos que los estudiantes tienen el derecho de trabajar, “a 42 |Actas Coloquios EchFrancia

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título accesorio” durante sus estudios, lo que se traduce en un 60% del tiempo correspondiente a un tiempo completo. Esta misma condición se aplica durante el periodo de APS. Muchos doctorandos adquieren ese mismo estatuto “estudiante”. Entonces, al final del doctorado, si no han encontrado un trabajo o bien, si quieren quedarse a buscar un empleo, deberán tramitar el cambio de estatuto (de estudiante a salariado) así como, solicitar la “autorización temporal de estancia” y respectar las características que esta implica. Solo que varias restricciones se imponen, los puestos y funciones de la administración pública les son inaccesibles, por ejemplo la educación primaria y secundaria. Existe también una lista de empleos a los que pueden acceder los jóvenes extranjeros, estos son alrededor de 20. Sin embargo, la lista varía entre 20 y 200 empleos si el país del que son originarios los jóvenes tiene una convención bilateral con Francia, como es el caso de varios países africanos y de Argentina, por ejemplo. Entre las causas importantes para negar el cambio de estatuto, podemos citar que el puesto demandado no forma parte de los puestos designados en la lista o bien, que ese trabajo no justifica la contratación de un extranjero, le corresponde a un francés disponible en el mercado de trabajo. El caso de los científicos-investigadores También existe un permiso temporal con el estatuto de “científicoinvestigador”, reservado a los doctorandos que gozan de un contrato doctoral con la universidad. Varias ventajas presenta este título, la primera es de orden simbólico ya que permite un reconocimiento profesional de la actividad de investigación realizada por el doctorando. La segunda razón es de orden económico, en agosto de 2014, un decreto relativo a la estancia y el trabajo de los extranjeros señala que el título “científico-investigador” podrá prolongarse de un año si el joven doctor se ve privado de empleo. Lo que significa que al final del Actas Coloquios EchFrancia |43

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doctorado si el doctor no ha encontrado otro empleo, podrá beneficiar de las cotizaciones correspondientes al desempleo en lo que es contratado. Insistamos en el hecho de que este estatuto -atractivo es cierto- es reservado a los doctorandos con contrato doctoral, los otros se rigen por el estatuto “estudiante. De acuerdo a la encuesta realizada por la Confederación de jóvenes investigadores, en la que participan un total de 996 doctorandos, los resultados muestran que 24,7% tenían un estatuto “científico” contra 58,5% de los que tenían un estatuto “estudiante”. En lo que respecta a los 450 doctorandos con contrato doctoral, la proporción de doctorandos con el estatuto “científico” representa 44,22% pero 41,78% tienen el estatuto “estudiante”. (CJC, 2010). Más adelante veremos mediante un ejemplo que, a pesar de que el contrato doctoral es una condición indispensable para adquirir el estatuto “científico” el trámite no es automático. Los agentes de la administración conocen mal ese estatuto, suele pasar que si el interesado no lo solicita, no lo obtendrá. Notemos que una parte importante de los jóvenes doctores extranjeros tienen que solicitar el periodo de APS y el cambio de estatuto. Lo que a primera vista parece una medida satisfactoria. Sin embargo en el periodo actual, el mercado del empleo atraviesa por un periodo difícil, muchas veces, un año no es suficiente. Numerosas dificultades aparecen: dificultad a cambiar de estatuto puesto que no se cumplen con todos los requisitos exigidos; dificultad a encontrar un puesto bien pagado y en relación a su formación doctoral o a sus competencias, dificultad a aceptar el cambio de estatuto, entre otras. Para ilustrar esas dificultades, citemos el caso de algunos jóvenes. Sen, doctora en didáctica de lenguas para la cual el plazo de un año llega pronto a término. Originaria de Vietnam, da cursos de francés lengua extranjera, su dominio de especialización. Tiene un contrato 44 |Actas Coloquios EchFrancia

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temporal, pero por un lado gana menos de 1,5 del salario mínimo y por otro lado, su empleador no puede proponerle un puesto fijo ni hacerse cargo del trámite de cambio de estatuto necesario para contratar un extranjero, lo que significa, entre otras cosas, justificar por qué ha contratado un extranjero y no un francés. Muchos doctores extranjeros se encuentran en esta situación, obligados a encontrar un empleo durante ese plazo o de regresar a su país. El contrato doctoral es válido en promedio tres años. Cho, doctoranda en sociología con un contrato doctoral prevé que no terminara su investigación en 2015, fecha en la que termina su contrato. Hay dos opciones para la joven coreana: lograr prolongar su contrato doctoral de un año o bien, regresar al estatuto de “estudiante”. A su manera de ver, la posibilidad de regresar al estatuto “estudiante” no cabe. De ninguna manera está dispuesta a perder los beneficios que conlleva el estatuto de “científico-investigador”, eso representaría dar un paso atrás. Esta situación ilustra la separación entre doctorandos con contrato doctoral y doctorandos sin contrato doctoral, que se traduce en que los primeros gozan de un reconocimiento que se concretiza en el permiso “científico” para los extranjeros (o la seguridad social profesional para los franceses), en los beneficios socioeconómicos mencionados, y en una mejor percepción de la parte de algunos empleadores, son considerados como profesionales. Mientras que, los doctorandos sin contrato, con el estatuto “estudiante” continúan en ser vistos como tales. Agreguemos a esto el hecho de que un doctor o doctorando “financiado”, esto es con contrato doctoral, es más reconocido que aquel que tiene que trabajar “además del doctorado” para “financiarlo”. Incluso entre los mismos doctores financiados, la sospecha pesa sobre la seriedad del trabajo de los no financiados, de llevarlo a término, en buenas condiciones, y sobre todo a tiempo, dado que ejercen otra actividad laboral al mismo tiempo. Otros son más francos y se dicen “si no hubiera obtenido financiamiento, ¡no hago el Actas Coloquios EchFrancia |45

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doctorado!” Esta división se acentúa aún más en el sentido de que la mayoría de los jóvenes investigadores que gozan de un financiamiento provienen de las ciencias exactas. En estas disciplinas, los doctorados sin financiamiento son la excepción. Mientras que en humanidades y en ciencias sociales es moneda corriente. Danbi, originaria también de Corea del Sur, es doctora en historia del arte, su situación es particularmente delicada puesto que su objetivo al final del doctorado era de trabajar como conservadora. En Francia, para acceder a este puesto es necesario presentar un examen (un examen similar presentan todos los funcionarios del estado) reservado a los franceses. A pesar de que Danbi ha hecho varias estancias prestigiosas, como en el museo de Versalles y participado en la elaboración del catálogo de una exposición en el museo del judaísmo, no ha podido encontrar una puerta de entrada alternativa al examen de conservador. En cambio, ha tenido dificultades para renovar su estancia en Francia. El caso es similar al de Veljana, originaria de Macedonia. Apasionada por la lengua francesa, su proyecto era de ser bibliotecaria. Al final de su maestría en letras modernas, se da cuenta que, como extranjera no puede aspirar a esta función. Seguir con un doctorado fue la solución que la joven doctoranda en lingüística encontró para seguir su trayectoria profesional en Francia. Esto le proporciona una reconversión profesional y tiempo de construir un nuevo proyecto profesional, para la joven que lleva 10 años en este país. Enseguida veremos como el acercarse a asociaciones puede contribuir a mejorar las condiciones en las que se desarrolla la trayectoria doctoral, en las que se lleva a cabo la estancia en Francia y en abordar de manera más serena la manera en que se perciben las oportunidades laborales.

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E STRATEGIAS DE VALORIZACIÓN Para intentar responder a inquietudes sobre las oportunidades de trabajo después del doctorado, los jóvenes investigadores que aquí nos ocupan, integran o se acercan a los eventos realizados por asociaciones de doctorandos y se inscriben en el discurso sobre la valorización profesional. La valorización profesional del doctorado se vuelve entonces una estrategia para los jóvenes investigadores en la medida en que los llevan a participar en asociaciones, a preocuparse por las condiciones en las que se desarrolla su trayectoria doctoral así como a preparar el terreno después del doctorado. Lo que no quiere decir que los jóvenes que no participan de estas asociaciones no se preocupen por el futuro profesional, es solo que son los primeros, aquellos a los que hemos seguido. Universidades, asociaciones, organismos privados y otros actores gravitando alrededor del doctorado han emprendido diversas acciones que apuntan a mejorar el lugar que éste ocupa con respecto a la enseñanza y a la sociedad francesa. Así, un primer paso consiste en valorizar el doctorado, no solamente a partir de la tesis sino en función de las competencias y habilidades desarrolladas durante el mismo, en segundo lugar como una primera experiencia profesional reconocida plenamente sobre todo en ámbitos extra académicos. Los doctorandos no son ajenos que a través de las asociaciones, ellos contribuyen a su manera a impulsar esas acciones e iniciativas. Conscientes de que la entrada en el sector académico no se hace sin dificultades, que cada vez hay menos puestos y que las condiciones de acceso y evaluación son muy largas, los jóvenes investigadores se dan cuenta que trabajar en el sector académico no es la única finalidad del doctorado y que las posibilidades que se abren ante ellos en los sectores no académicos: asociativo, organismos públicos y privados, administración, empresas, Actas Coloquios EchFrancia |47

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tienen la condición de anticiparse y de prepararse. Valorizar pues su trayectoria doctoral y contemplar otros sectores laborales es la apuesta de dos de las asociaciones que aquí nos ocupan. Pero antes que nada, las asociaciones en Francia (como en algunos otros países) constituyen una forma importante de socialización. Por consiguente, todas las razones son buenas para crear una asociación. A LGUNAS ASOCIACIONES Para ejemplificar el trabajo de las asociaciones, tomaremos algunas en ejemplo. Por un lado, asociaciones especializadas en la cuestión de los investigadores extranjeros, proponen información, apoyo y acompañamiento respecto a los trámites administrativos y sus derechos, como la Confederación de Jóvenes Investigadores (CJC, por sus siglas en francés) y la Red de universidades sin fronteras. Otras asociaciones proponen un acompañamiento en la construcción del proyecto profesional. Ejemplo de éstas, Humanitudes e Hist’Art! dos asociaciones de doctorandos en humanidades y ciencias sociales y en historia del arte, respectivamente. La confederación de jóvenes investigadores, reúne alrededor de treinta asociaciones de doctorandos a nivel nacional, representa los jóvenes investigadores y trabaja por la valorización y el reconocimiento del doctorado en Francia. Consecuencia de este interés y en calidad de representante del Consejo nacional de la enseñanza superior y de la investigación (CNESER, por sus siglas en francés), la CJC pretende contribuir, mediante numerosas recomendaciones en mejorar las condiciones profesionales de los jóvenes investigadores. Las encuestas de la CJC y otras relativas al doctorado muestran que la parte de franceses disminuye, mientras que la parte de los extranjeros preparando un doctorado va en aumento. En 2011-2012 esta última se eleva a 27.400 doctorandos, es decir cuatro de cada diez doctorandos en Francia son 48 |Actas Coloquios EchFrancia

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extranjeros. (CJC, 2010) Así, dedica uno de sus polos de especialización a la cuestión de los jóvenes investigadores extranjeros. Los resultados de la encuesta de 2010 muestran una satisfacción general en lo que respecta a los estudios y la formación pero, insatisfacciones en cuanto a los trámites administrativos, considerados muy largos, y nada homogéneos, éstos o las piezas necesarias para llevarlos a cabo pueden variar de una ciudad a otra, lo que se puede prestar a numerosas irregularidades. Gracias a las diferentes recomendaciones que la CJC da a conocer por medio de sus asociaciones de doctorandos, los jóvenes investigadores se informan sobre sus derechos y adoptan las mejores acciones para preparar su trayectoria profesional. Es el caso de dos doctorandos, el mexicano Carlos y la coreana Cho, que beneficiados de un contrato doctoral, fueron inscritos con el estatuto “estudiante”. Los dos jóvenes se dieron cuenta del error de la administración, y contrato doctoral en mano, solicitaron el estatuto “científico-investigador”, con la seguridad de contar con los beneficios de este estatuto. Parece un gesto sencillo pero con el estatuto científico podrán aspirar a terminar más serenamente el doctorado, la transición hacia un nuevo empleo es también, en principio, facilitada. Por otro lado, muchos doctorandos y doctores que encuentran dificultades administrativas recurren a la CJC en busca de consejos. La manera de funcionar, es a través de correos electrónicos, de su portal de internet y también mediante encuentros personales con los representantes de la CJC en el marco de reuniones y otros eventos. La experiencia de los jóvenes y los conocimientos de la CJC se conjugan para informar y resolver diferentes situaciones. Esto en cuanto a la situación de los jóvenes investigadores extranjeros. Veamos ahora las perspectivas profesionales tal y como son abordadas por Humanitudes e Hist’Art! La principal inquietud de los doctorandos que impulsan estas Actas Coloquios EchFrancia |49

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iniciativas es la poca información de la que se dispone durante la trayectoria doctoral en lo que respecta a las oportunidades profesionales más allá de la esfera académica. Valorizar esa trayectoria, las humanidades, las ciencias sociales y dirigirse hacia los sectores no académicos está en el centro de las acciones de Humanitudes. En cuanto a Hist’Art! se trata sobre todo de preparar y anticipar la transición profesional. Su experiencia muestra que tomando en mano su propio devenir profesional, los doctorandos transforman sus inquietudes y la falta de información, de espacios o de oportunidades proponiendo pistas para sus colegas y para ellos mismos. Una manera de prepararse juntos, “el grupo hace la fuerza”, evoca uno de los fundadores de Humanitudes. Mediante talleres, seminarios, conferencias o encuentros e intercambios los participantes comienzan a construir sus primeros contactos profesionales. I MPLICACIÓN ASOCIATIVA La implicación asociativa es ilustrada por Cho, la joven coreana involucrada en varias asociaciones es igualmente muy activa en las redes sociales, a través de las cuales teje y consolida una serie de relaciones. También participa activamente a la organización de mesas redondas o jornadas de estudio y tiene varios proyectos de encuentros como el desayuno que organizo con un sociólogo inglés, por la cuenta de su asociación de doctorandos. Cho entiende bien que es a través de todas estas acciones que contribuye a preparar el terreno profesional. Al contrario, Dambi, se concentró en las estancias y en su trabajo de tesis sin prestar atención a la profesionalización. Precisemos, sin embargo, que el contexto tiene algo que ver, durante su doctorado la cuestión de la valorización profesional se planteaba poco. Sen, la joven de Vietnam nos cuenta que los primeros años en Francia los pasaba estudiando, revisando el francés, concentrada en las 50 |Actas Coloquios EchFrancia

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clases, no salía mucho y a parte de los compañeros de clase, no veía mucha gente. Más tarde, comienza a integrarse a asociaciones de vietnamitas y a participar como madrina de los nuevos estudiantes extranjeros. Esto consiste en acompañar al estudiante que acaba de llegar a Francia a realizar los trámites administrativos, como sacar su cuenta bancaria, inscribirse en la universidad, etc. Así, Sen se vuelve más sociable, conoce gente y se acerca a la administración de la universidad a la que propone algunos cursos de lengua vietnamita para estudiantes que preparan un viaje a Vietnam, ya sea de placer o por una estancia universitaria. La joven doctora en didáctica del francés ha seguido desde entonces en contacto con varias asociaciones sobre todo de originarios de Vietnam, de las que siempre se apoya para proponer o desarrollar proyectos. Veljana, la joven macedonia cuenta con una serie de experiencias profesionales en varios sectores como la edición, la empresa de transportes parisina y otros contratos puntuales en la universidad, lo que le permite completar su CV académico con estas experiencias y conocer de cerca el trabajo en la empresa, lo cual comienza a destacar como una ventaja para los futuros doctores que opten por un trabajo en el sector privado. Por otro lado, a raíz de las dificultades que tuvo en 2012 para prolongar su estancia en Francia, Veljana se acerca de otra asociación especializada en el acompañamiento de los jóvenes extranjeros, se trata de la Red universidades sin fronteras, RUSF. Aunque la especialidad de RUSF son los estudiantes de licenciatura, son muy receptivos y generosos, siempre que pueden aportar consejos lo hacen. Así, Veljana contó con un apoyo importante para resolver los embrollos administrativos en los que se encontraba. Después de un cambio de domicilio, en consecuencia un cambio de prefectura para realizar los trámites, la antigua prefectura no le da los papeles para renovar su Actas Coloquios EchFrancia |51

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estancia, al llegar a la nueva es como si no tuviera papeles, la situación era complicada pero gracias a la experiencia de los jóvenes de RUSF logran resolverla. Desde entonces, Veljana está en contacto con ellos y participa siempre que puede en las actividades que organizan. Además de apoyo e información sobre los trámites administrativos, organizan varias actividades con el objetivo de reunir a los jóvenes extranjeros, por ejemplo un café políglota o exposiciones de fotos. La implicación asociativa, bajo sus diferentes formas, representa pues una manera de percibir o abordar más serenamente la profesionalización para los jóvenes investigadores extranjeros. Ya sea, abriendo el espectro de posibilidades profesionales, abordando la trayectoria doctoral como una experiencia profesional plenamente reconocida en todos los ámbitos laborales. Ya sea informándose sobre los trámites administrativos y sobre los derechos. Al final de cuentas, las asociaciones constituyen un espacio de intercambio con otros pares y una primera red profesional, personal o social. C ONCLUSIONES Mediante la experiencia profesional y asociativa de estos jóvenes investigadores extranjeros, podemos observar tres cuestiones que tienen que ver con sus perspectivas profesionales. La primera tiene que ver con las políticas de inserción profesional, sobre la continuidad entre esta y la formación, tal y como se plantea la presente edición del coloquio de EchFrancia. La segunda tiene que ver con las percepciones de los jóvenes investigadores extranjeros egresados de humanidades y de ciencias sociales. La tercera, con las posibilidades reales de trabajo. En cuanto a la primera, a través del seguimiento realizado en el marco de estas asociaciones y de los diferentes encuentros sobre la profesionalización, podemos observar que algunas universidades han comenzado a darse cuenta que el objetivo no es de “formar 52 |Actas Coloquios EchFrancia

Las perspectivas profesionales de los jóvenes investigadores extranjeros en Francia

desempleados”, sino de preocuparse por la profesionalización y a integrarla en el itinerario doctoral. Los departamentos de inserción profesional comienzan a estar mejor informados, preparados y proponen más formaciones o cursos. Esto es fundamental para que los jóvenes investigadores tomen consciencia de su futuro profesional y se den cuenta de que la trayectoria doctoral no se limita a redactar un manuscrito sino a todo el trabajo que esto implica, por ejemplo, la organización de jornadas de trabajo, la participación en coloquios, mesas redondas y la enseñanza. Y en todas las competencias que han desarrollado a lo largo de esos años, algunos jóvenes no han esperado a que esto ocurra y han iniciado la reflexión en el marco de asociaciones, organizando seminarios o diferentes encuentros con el objetivo de tomar conciencia de su futuro profesional. Sobre las posibilidades reales de trabajo aún no tenemos una distancia suficiente para avanzar ejemplos concluyentes puesto que no todos los jóvenes investigadores que seguimos han terminan su doctorado y los que ya lo han hecho no han beneficiado de los cambios más recientes, por ejemplo la situación administrativa de los doctores con el permiso “científico-investigador” cuya reforma más importante data de apenas unos meses. Sin embargo varios de los encuentros a los que hemos asistido, han invitado doctores en humanidades o en ciencias sociales que decidieron salir del sector académico y que llevan actualmente carreras en diferentes sectores, que demuestran que otras pistas laborales son posibles para los doctores. A partir de las observaciones realizadas, la trayectoria profesional de los jóvenes investigadores extranjeros muestra que, por un lado, se enfrentan a trámites administrativos exigentes que pueden modificar su proyecto profesional, sobre todo de esta forma: dificultades a encontrar un empleo que reúna todas las condiciones exigidas por la Actas Coloquios EchFrancia |53

Nadia Cordero

administración francesa, esto es bien pagado, en relación a sus estudios o a sus competencias, un empleo que forme parte de la lista de empleos autorizados a los extranjeros. Por otro lado, observamos una inquietud creciente respecto a las oportunidades profesionales después del doctorado sobre todo de la parte de los jóvenes investigadores de humanidades y de ciencias sociales. Estas inquietudes los llevan a explorar otras opciones profesionales fuera de la academia, a integrar asociaciones de doctorandos, sobre todo aquellas que trabajan sobre la valorización profesional de la trayectoria doctoral y a tomar conciencia de que la investigación no es la única finalidad del doctorado. R EFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Harfi M. (2010). Les difficultés d’insertion professionnelle des docteurs. Les raisons d’une “exception française”. Document de travail. N°2013-07. Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP). Confédération des Jeunes Chercheurs, CJC (2010). Résultats de l’enquête réalisée par la CJC en 2010. Recuperada el 14 de enero de 2015 de http://cjc.jeunes-chercheurs.org/expertise/etrangers/2012-09-sondage-JCetrangers.pdf

N OTA SOBRE LA AUTORA Nadia Cordero Gamboa es doctoranda en antropología en la Universidad Paris Diderot. Su investigación doctoral es el fruto de un cuestionamiento sobre la manera en la que los recién diplomados de nacionalidad extranjera, egresados de un máster o de un doctorado en Francia, perciben la continuación de su carrera profesional. Contacto [email protected]

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SEGUNDA PARTE

REFLEXIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS Y REFORMAS SOCIALES

Human Rights and Globalization: Can transnational corporations be considered subjects of international law? Cristóbal Balbontín

U n iv e rsitä t J.W . G o e th e F ra n k fu rt a m M a in U n iv e rsité P a ris -O u e s t N a n te r r e-L a D é fe n se

Abstract Today we increasingly face a phenomenon that threatens human rights, in the form of privatization. Therefore, radical questions have arisen in relation to international law. This essay concerns whether or not transnational corporations should be subject to international law, and therefore, be obliged to respect the different instruments of the International Law of Human Rights, as well as being submitted to the jurisdiction of an International Court of Human Rights. International standards fixed by international bodies have helped establish a basic reference of international ”soft law,” which can serve as a starting point to demand future accountability of transnational corporations under the actual frame of International Law. In the foreground, this essay deals with whether or not present economic globalization is developed within an acceptable environmental and social frame. In other words, how can we ensure that present economic globalization can have normative outcomes? Keywords Globalization, Human Rights, International Law, transnational corporations

I NTRODUCTION "In 1990, when the American company UNOCAL constructed an important oil pipeline in Burma, the Burmese government used its security forces to enslave the rural population for weeks, forcing them to Actas Coloquios EchFrancia |57

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work in the construction of the pipeline without payment and, in some cases, without food or water. Those that became weak whilst working were frequently struck, suffered sexual violence or were even assassinated.” (Doe, 2002) “In June 2001, BBC journalists recorded and reported the story of a group of children, aged between 9 and 16, who were recruited to work in the cocoa fields for up to 12 hours a day. The most important suppliers of cacao for the North American chocolate industry came from the Ivory Coast, Nigeria, Ghana, and Cameroon. The International Institute for Tropical Agriculture for the American Agency of Development determined that at least 300,000 children were victims of this kind of labor operation. In addition to this, this kind of work often took place without the observation of normal standards of security. Of the children, 64% were younger than 14, and of these, at least 6,000 worked in conditions of slavery and in precarious conditions. Companies that used chocolate from the Ivory Coast included Nestlé, Archer Daniels, Cadbury, M and M, Guittard and Bernard Callebaut” (Raghavan and Chaterjee, 2001)

Through these two cases alone, we can understand the primary reason of complaint against globalization and the rising concerns about the conduct of transnational corporations in relation to human rights, as well as their performance relating to the environment. Through these examples, it is clear that corporations can perpetrate acts that violate the human rights of the workers and consumers in the local communities where these corporations operate. However, most authors sustain that according to International Law, the ability to enforce human rights by transnational corporations lies with the states in which they operate. But, it is no less true, that in the present globalized and liberal world the real power of governments tends to decrease, while the correlative power of private companies tends to increase. This shift in power ques58 |Actas Coloquios EchFrancia

Humans Rights and Globalization

tions the possibility, or even the willingness, of the states to ensure and guarantee the respect for human rights. This premise can easily be understood with the following information: At least 50% of the countries in the world have a GDP lower than the income of the major transnational corporations in the world. Do these states, by themselves, have enough power to guarantee within the jurisdiction of their domestic laws, the respect for human rights by such organizations? Today we increasingly face a phenomenon that threatens human rights through private companies and poses radical questions referring to International Law. The topic of this essay is to examine if transnational corporations can be considered subjects of international law, be obligated to respect the different instruments of human rights, and be able to be submitted to the jurisdiction of an International Court of Human Rights. My thesis argues that international standards, fixed by international bodies, have helped to establish a basic reference of international “soft laws” that can serve as a starting point to demand future accountability of transnational corporations under the actual frame of International Law. In the foreground, this essay studies how to ensure that present economic globalization is developed within an acceptable environmental and social frame. In other words, how can we ensure that present economic globalization can have a regulated outcome? N ON - MANDATORY MEASURES ADOPTED TO ENSURE THE RESPECT

FOR

HUMAN

RIGHTS

BY

TRANSNATIONAL

CORPORATIONS :

The events and facts described thus far have pushed the international community to address the problem in different ways. So far, the main advances that can be acknowledged refer to persuasive, non-compulsory declarations, guidelines and measures adopted by international organizations to handle the problems described above. Given these terms, it is Actas Coloquios EchFrancia |59

Cristóbal Balbontín

possible to name some of the main initiatives for a global and better understanding of the problem. Standards of the Organization for Economic and Cultural Development (OECD) for Multinational Enterprise: In 1976, the OECD adopted a declaration which dealt with international investments and multinational enterprises designed to protect the human rights of workers ahead of the investors. The "OECD Guidelines for Multinational Enterprises" was adopted because of the afore mentioned declaration. Much later, in June 2000, the leaders of the OECD adopted a revised version of the declaration. In general, this version deals with the relationship between enterprises and the environment, the workers and the communities within which the productive activity operates. If a multinational company violates the guidelines, the members of a state, employees individually or organized as NGO's can designate meeting points at national levels about the violation. The meeting points at local levels at first examine if the question deserves deeper examination. If the question deserves this examination, the meeting points at national levels will act as mediators between the company and the complainant. If this mediation fails, the meeting points note observations and make recommendations. If no solution is possible, the affair can be addressed to the Committee on International Investments and Multinational Enterprises (CIME) of the OECD, as it is the institution within the OECD with the greatest authority on the matter. Its fundamental mission is to have an interpretative role on the guidelines to which the multinational companies are expected to comply. However, this procedure is only an alternative method of resolution to a national judicial process.

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Humans Rights and Globalization

Mechanisms anticipated in the trilateral declaration of the ILO: Established in 1919 by the Treaty of Versailles, ILO has become the main organization for the protection of workers’ rights.To ensure the observance of these treatise, ILO employs two mechanisms: 1. The first mechanism is receiving regular reports about each state’s dealing with the obligation of the conventions, and 2. The second mechanism allows investigations to be initiated in case a state violates a treaty in regards to the behavior of a transnational company. The body responsible for observing the performance of each state in their reports is a non-political committee of experts. However, in regards to sanctions, ILO is only entitled to assert diplomatic pressure as well as convince public opinion to try to enforce the conventions on behalf of the state. On the other hand, there is a trilateral declaration that covers human rights related to work (E.G: The right to not have to face employment discrimination: the right to not have to face discrimination in the work place, with labour treatment, the right to security and health, the right to freedom of association, amongst others.) Like the guidelines of the OECD, the trilateral declaration has no binding nature for states or for transnational companies. Nevertheless, this document is significant because it forces employers to respect human rights and was accepted by them worldwide, as well as by governments and commerce organizations. In reality, the procedures of complaints under the trilateral declaration of the ILO are varied. The variations mainly include an administrative department that offers transnational companies technical assistance to implement the declaration as well as codes of conduct. Overall, the trilateral declaration is not a set of binding regulations Actas Coloquios EchFrancia |61

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and any initiative that a company implements either to create a code of conduct, or to adjust these regulations, is purely voluntary. Organizations of employers, states, and workers themselves can submit an issue to the Committee on Multinational Companies in order to declare an interpretation under the trilateral declaration. Until now, only 11 complaints that require interpretation have been submitted to the Committee. Standards and Mechanisms anticipated by the World Bank: The standards of the World Bank on the issue focus on the following three areas: 1. Environmental protection 2. Sustainable development 3. Protection of indigenous communities The relevance of these standards is significant as they incorporate third generation human rights. In certain cases, the risk of violation of human rights has prompted the World Bank to stop financing a project when the company or government beneficiary has not adjusted to the expected standards. Therefore, projects must evaluate the social and cultural needs of a community and take them into account. In this way, for example, the construction of a highway has been redesigned to take into consideration the burial site of an indigenous population that was in the original layout, even though the changes in the design implied greater cost. As a result, in 1994 the World Bank established an independent inspection panel. This is a permanent body, with its own administration and is composed of three independent experts. The community affected by a project is authorized to protest before the panel if the operational 62 |Actas Coloquios EchFrancia

Humans Rights and Globalization

procedure of the project does not satisfy the bank’s standards. These complaints can even be presented at the beginning of the project and the panel has the authority to investigate any aspect of an individual project. Since the bank can demand information on the matter at hand, the information gathered can then be used as evidence of the violation of regulations in the operational procedures of a financed project, and the panel could authorize an investigation that might result in financial sanctions and even the termination of a loan. The World Trade Organization and their mechanisms for the resolution of disputes: If the members of the World Trade Organization believe they have cause for complaint, they can submit a claim to the committee in charge of such conflicts. If negotiations fail, the claim must then be put to the consideration of a panel between three to five experts in international trade. If a party rejects the analysis made by the panel, the claim can then be appealed. This is an opportunity to interpret the international norms that regulate free commerce in the context of violation of human rights by transnational corporations; such an agreement seeks international understanding. The Kimberley Process and the Certification of Diamonds: There is great concern in the world about the abuses of human rights related to the extraction of diamonds. Illegal extractors face tremendous illegal repression from the companies’ private security guards who have been known to torture and even kill the workers. In other cases, there are organized groups that violate the human rights of workers in order to obtain bigger benefits through diamond extraction. International concern has progressively moved towards a consensus on a certification initiative. The United States, a country that imports Actas Coloquios EchFrancia |63

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half of the diamond production, has prohibited their import unless the exporting countries establish a control system on the origin of them. The House of Representatives approved the project on November 28, 2001. In a related example, a process was founded by the United Nations (UN) to isolate diamonds and precious stones obtained by or through illicit means. This is the so-called “Kimberley Process" which was adopted in December 2000 by the General Assembly of the UN. The resolution aims to prevent the commercialization of diamonds obtained with the violation of human rights. Thus, from May 2000, Amnesty International and other NGOs and representatives of the diamond industry have been invited to participate in this process. After long negotiations in a ministerial meeting in Interlaken, Switzerland, a process of certification was agreed on and adopted. So far, forty countries have contributed to this agreement. The Sub Commission of the United Nations for the promotion and protection of human rights and the draft of the fundamental principles of human rights for companies and businesses: The previously mentioned agreements are of minor importance when compared to the initiative followed by the Sub Commission of the United Nations for the promotion and protection of human rights. This initiative looks to establish bases to which people can be held responsible and strengthen the existing norms of accountability for companies which violate human rights. This annexed body of the Commission of Human Rights of the United Nations, consists of 26 independent experts, and has advanced as far as the compilation of a rough draft of the fundamental principles of human rights for companies and businesses that came to light in August of 2003.

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M ANDATORY MEASURES ADOPTED TO ENSURE THE RESPECT OF HUMAN RIGHTS BY TRANSNATIONAL CORPORATIONS

Despite new regulations, voluntary and persuasive measures adopted in regards to transnational corporations and protection of human rights are not enough to ensure an effective protection of these rights. In fact, an economic crisis, for example, can be a catalyst causing companies to lower their costs by not handling human rights “seriously”. In these cases, mandatory measures for transnational companies to protect human rights play a critical role. National jurisdiction and responsibility of transnational corporations in regards to respecting the International Law of Human Rights. The question about the mandatory nature of the norms of human rights in relation to a private organization, leads us to ask ourselves if companies are legitimized passively to be enforced to the due observance of human rights through a jurisdictional procedure. This matter of law is not a small one, as much as the purpose of law is its utility, a law of actions responds to the practical exigency that makes the exercise of jurisdiction and, more so, of law possible. Domestic jurisdiction has made some vertiginous advances in these matters. It is, in fact, in the United States of America, in its courts of justice where the more spectacular advances on this issue have occurred. For example, there have been demands against Shell (responsibility tied to the events relating to the execution of an activist in Nigeria); Chevron (responsibility within the violent repression of disturbances in an oil platform); UNOCAL (complicity in the use of forced labour in Myanmar) as well as others. All these claims are based on the Alien Tort Claim Act or ATCA (as it is more popularly known). It has provoked enthusiastic debates beActas Coloquios EchFrancia |65

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tween academics, jurists, judges and other professionals in the field of law. This old law from 1789 establishes that the Courts of the United States of America have an original jurisdiction to oversee a civil action brought by a foreigner based on the infraction of International Law or any treaty of which the United States is a party. The jurisprudence requires the following three conditions for its admissibility: (1) Firstly, that the plaintiff is foreign. (2) Secondly, that the demand is civil and that it has as a foundation a criminal purpose or negligence. (3) And thirdly, that the crime contravenes the International Law or an international treaty in which the United States is part of. The polemic ATCA has had to face many difficulties in order to ensure that cases are presented as described above. The first problem is the extremely old date of its creation, 1789, a time in which human rights treaties were unknown. Secondly, in those times a single system of actions knew only specific crimes which were quite different from the crimes of today. In spite of this, the courts usually introduce modifications to the crimes considered in the act in order to adapt them to the necessities of today’s society. Each crime had a corresponding action that granted access to the courts and the exercise of the jurisdiction. Regardless of being countermanded in 1848, certain exigencies persist, as far as the causes of the action or certain groups of antecedents, to serve as foundations for the admissibility of the action. Thirdly, if ATCA creates a generic action against a tort, which has originated from the infraction of International Law, then a conflict between different jurisdictions is possible. Nevertheless, in 1980 the Courts of the Second Circuit of the United States admitted a civil demand, brought by the relatives of a Uru66 |Actas Coloquios EchFrancia

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guayan, who was tortured and assassinated in Paraguay by an ex- inspector of the Paraguayan police. The plaintiffs alleged that the damages suffered by the victim had been carried out with infraction of the International Law of Human Rights. Following this case the ATCA was understood as open to the development of International Law, overcoming what could have been a historical setback. Since then the exercise of American jurisdiction on international matters of human rights has advanced, based precisely on the ATCA. Although, the Supreme Court of the United States has not well defined its limits, a glance at its practical development leads us to notice that the people held responsible for crimes through civil liability can be governmental officials, without immunity, or governmental officials equipped with immunity and, interestingly, that a violation of human rights according to International Law can be committed by a private individual. It was in the case of Kadic versus Karadzic that it was declared that individuals could also commit violations of the international law of human rights, and that an individual could be sued through the ATCA, even if no action was taken in their homeland. What continues to be controverted and restricted, are the hypotheses by virtue of which liability of the private individuals can be imputed by the tort infringed within the occasion of a guilty or intentional action and with no need of a state’s action. So far, for International Law, this hypothesis was restricted to international crimes and more serious forms of violation of the International Law of Human Rights such as the trafficking of slaves, genocide, piracy and torture amongst others. In fact, ATCA recalls International Law to affirm that there is a basis to sustain an abstract general conduct that individuals must observe in order to respect human rights. In spite of all this, ATCA continues to be the object of controversy due to, amongst other things, disputes that take place withActas Coloquios EchFrancia |67

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in the exercise of the jurisdictional function that could also correspond to other states’ courts, inasmuch as it could be understood as an excessive intervention on internal subjects of other states. The lack of systematization has led to U.S. courts displaying erratic behavior on this point, sometimes rejecting cases which are presented based on the principle of law forum non conviniens. This argument establishes that, although American courts have the capability to exert the jurisdiction, there exists another more suitable place for this. In any case, the United States, as a means to litigation is attractive because a relatively large company is likely to have large financial assets to pay a compensation, without having the freedom to mobilize those fixed active assets as it could in a third world country in order to escape responsibility. Whatever the case, it is important to acknowledge that the United States is not the only country to have assumed the exercise of jurisdiction in matters regarding the violation of human rights by transnational companies as individuals. The case RIQ vs. Cambior, litigated under a system of continental law in Quebec, Canada, demonstrates a universal trend in this sense. In this case, the domestic jurisdiction declared it’s competence of knowledge of facts in a foreign country in which a national company was involved. With this act, the court of Quebec tried to overcome the problem of transnational companies investing in countries where the absence of domestic norms, the fragile rule of law or the corruption does not allow the expected observation of human rights. Similar advances have also been experienced in the United Kingdom, where a series of litigations took place based on damages caused overseas by companies based in Great Britain. The "Human Rights Act" of October 2, 2000 describes the importance of domestic law to the European Convention of Human Rights. But, it also goes one step further: it no longer deals with the state fitting its national legislation to the hu68 |Actas Coloquios EchFrancia

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man rights norms, but the norms of human rights themselves bind to the individuals. Today in Great Britain, the perspective of the jurisdictional development of human rights is the most far-reaching. Australia is also participating in this kind of advance. Nevertheless, a series of obstacles still exist in prosecuting companies’ abuses of human rights abroad through domestic jurisdictions. The costs of litigation, the enormous resources that corporations manage, the delay that litigations can undergo and the fee that some jurisdictions demand to litigate are some of the problems that exist. Another kind of problem is that in some states, a principle of officiality exists which inhibits the propensity of victims to look for compensation. All of these factors work in favor of the offender and can force an unjust or insufficient solution. E.G: In India, in the Bhopal case, there where at least 500,000 people who could only litigate separately with unsatisfactory results for them. Another problem is that legal figures can be extremely complex and can constitute complicated and intricate networks of companies. Contractors or sub contractors, paper societies and simulated contracts prevent responsibility reaching the true responsibles of these violations, and in turn prevent the corresponding legal action from taking place. Also gathering proof for a particular plaintiff against a great transnational company can be extraordinary difficult to obtain. This has been reported by different NGO’s, who demand legal reforms which establish a “right to be informed” on companies activities. Critical revision of dogmatic problems that the exercise of jurisdiction through ATCA can face within the system of human rights The subject previously exposed and its spontaneous insurgency of diffuse and sometimes incoherent contours has increasingly raised controversy in the academic world. Authors such as Karen Knop, visiting professor of the University of Toronto, have compiled a brief outline of Actas Coloquios EchFrancia |69

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the different sensitivities that exist on the matter. In her text, "Here and there: International Law in the domestic courts", she indeed alludes to the virtues and dangers that hang over the jurisprudential domestic practices on human rights. In the first instance, she makes reference to the virtues of domestic courts that are able to enforce their decisions by the monopoly of the power of state (also known as imperium) to fulfill a court’s decision. The compulsory nature of this jurisdiction can force the observance of the human rights in comparison with the lack of coercive power of International Law, which still rests on the fringe of good faith and diplomacy. Nevertheless, different academic positions such as feminist’s critical law theory and those in favor of the critical theory of the races, amongst others, have severely criticized this tendency arguing that the binding power of International Law is intimately bound to the conviction of its obligatory nature; in other words, intimately bound to its legitimacy. Thus, if the development of International Law is left to national courts, this will become a hegemonic process of the northwestern hemisphere in its understanding of law through the exercise of jurisdiction. In brief, it does no more than debilitate its legitimacy and undermine its philosophical foundations. But what is important is that these kinds of difficulties demonstrate the urgency of the question: is International Law mandatory for transnational companies and, if so, should they be subjected to international court’s jurisdictions? Arguments to sustain that transnational company are suitable for submission to international jurisdiction regarding International Law of Human Rights: When considering the hypothesis that states cannot or are unwill70 |Actas Coloquios EchFrancia

Humans Rights and Globalization

ing to adopt effective actions against transnational companies in order to assure the observation of human rights, questions arise about the direct binding power of the norms of International Law of Human Rights. What arguments can be sustained to affirm this position? And to what extent is it possible to maintain this? It is widely accepted that since World War II International Law has left its traditional contractual sphere. Therefore, International Law has broadened its traditional subjects of law from states to other organizations (e.g. International organizations). Along with this movement in International Law, private parties have become more relevant. This has attributed individuals’ legal rights as well as responsibilities and duties. The main subject in this essay is to note that the existing evidence allows us to sustain that the general norms of International Law of Human Rights are mandatory for individuals, as if they were subjects of International Law. On one hand, we can notice positive norms that cause private individuals and communities to observe human rights. Article 29 of the Universal Declaration of Human Rights establishes that all members of a community shall allow the plenary enjoyment of these rights. And Article 30 also establishes that: "Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein." Moreover, it is possible to argue that transnational companies participate actively in the genesis of some international treaties, as well as in the extension and content of such treaties. Simultaneously, they are the object and purpose of international declarations and resolutions of different international organizations. All of which makes us inevitably consider transnational companies as de facto subjects of International Law, especially in relation to Actas Coloquios EchFrancia |71

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the International Law of Human Rights. Thirdly, and closely related to what was just described, is that companies are suitable for submission to international jurisdiction within the spirit of the declarations and the resolutions of different international organization, which constitutes evidence that transnational companies are progressively considered in the international sphere. Lastly, referring to the aims and spirit of international law, it is, in its very essence, called upon to resolve the conflicts and practical needs of international society at a determined time. Thus, if companies, which through the spread of globalization can surpass even the power of a state, are able to commit massive violations of human rights without response from the respective state, then International Law cannot be devoid of answers. Critical analysis of the presented arguments to sustain the present duty of transnational corporations in observing International Law of Human Rights as subjects of International Law: It is interesting to observe that the Universal Declaration of Human Rights of 1948 does not have a jurisdictional power per se as a formal source of international law. Legally, it has an immensely binding value by its moral and historical authority that has tied it to customary source of international law. Though the Universal Declaration of Human Rights of 1948, in its content confers rights to private individuals, it does not give light in explicit terms to the duties of private individuals to ensure it is complied. In fact, these obligations can be marginally constructed as correlative to each right. In an ambiguous way, it apparently fixes an obligation of “not doing” in order to respect the rights of other individuals. Even though this can seem a little hurried and revolutionary, the literal tenor of the norm alludes, rather stating that nothing in the Declaration shall be understood as authorization for anybody, state or person, to 72 |Actas Coloquios EchFrancia

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reduce the rights established there. It is a restrictive norm and of closing nature, which is coherent with the construction of the declaration that establishes explicit rights, but does not establish explicit obligations. This interpretation is consistent with the direction drawn up by later agreements on human rights that tend to concentrate more on the individual (E.G transnational companies) in its relation to the State, rather than with the international community. The Convention of the United Nations for the Prohibition of the Racial Discrimination forces states, in its second article, to prohibit and bring to an end any form of racial discrimination by any person, group or organization. It places an obligation upon States to protect the holders of these rights against racial violence motivated by, among others, individual groups or private institutions. That is to say that International Law has declared that an individual can violate human rights, but that the prevention and sanction of those is the sole obligation of a state. In the same sense, the Convention of the United Nations for the Prohibition Against the Discrimination of Women requires states to adopt all measures to eliminate this discrimination by any person, organization or company. Nothing of what is exposed here allows them to assert that the international norms of human rights can be jurisdictionally binding for transnational companies through international jurisdiction. The conducts of transnational companies remain in a close aspirational horizon of general International Law in regards to human rights. A different interpretation seems excessive considering the original nature of international law. Nevertheless, a different situation arises regarding the norms of International Law, which establish explicit norms in regards to obligations calling upon individuals not to commit international crimes such as genocide, apartheid and war crimes, among others. These recent norms create a new direction, which creates a new relationship between human Actas Coloquios EchFrancia |73

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rights and the individual. This new obligation of individuals states that “not doing certain actions” can establish a detailed type of conduct and can even be considered a crime under the International Crime Law. Without delving too deep into the problem of the exigencies of criminal law, these agreements show the willingness of states to yield to the territorial exclusive feature of their jurisdictions and to impose explicit international obligations on its citizens. This procedure solves the dogmatic limitations as the subscribed and ratified law emanates from the sovereign will of the states in a covenant with the International Law of Human Rights allowing the possibility to impose obligations on individuals and, therefore, on transnational corporations. Nevertheless, there are still controversial questions that may arise from a liberal perspective and one is: In the case of a norm of International Law that has fulfilled all formal procedures to enter into use in the international order, can it or can it not be effective for individuals on an international level if it has still not followed the regular procedures at national level so the domestic norm can be applied? (e.g.: Through its promulgation and publication process in some countries). In other words, how do we know if it is effective on an internal level? The subject is not resolute, but it falls within the international principle of good faith and pacta sunt servanta that a state adopts all possible measures on an internal level so that a norm of this nature can bind individuals. In any case, the most forceful aspect of this type of subject is, since the Nuremberg Trials, that International Law can establish binding rules on individuals even when the norms at national level do not. The principle in the Nuremberg case is, in essence, that the foundation of its obligatory nature emanates from a minimum conscience of humanity. This seems to us excessive and it does not suitably represent 74 |Actas Coloquios EchFrancia

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all the guarantees of rights that the law’s principle of a due process requires. Therefore, International law has a pending debt in developing formal exigencies that legitimize its use in front of individuals even without the consideration of internal law and in a way that can guarantee legal security. Another problem can appear in referring to the enforcement of the International Law of Human Rights on transnational corporations. It is obvious that the rule of law depends greatly on the exercise of jurisdiction and it should be the duty of international courts of law to hold transnational corporations responsible. However, it has not yet been possible to find international jurisdictional bodies that exert their jurisdictional functions on particular transnational companies that have violated human rights. The international bodies in charge of exerting jurisdiction, based in regional conventions and other means, only recognize the active but not passive legitimation of individuals to exercise the international jurisdiction in the matter of human rights. In criminal matters, the nature of the crimes has demanded the constitution of a permanent court: the International Criminal Court which opens up a new way of understanding the problem. But once again, it would be necessary to establish a covenant that creates an international court, or extends the international court’s jurisdiction over corporations as individuals that violate human rights, which on one hand, are not as serious as international crimes and which on the other hand, are not likely to be resolved in the domestic sphere. As we can see the legal problems are arduous. Nevertheless, it is an interesting aspect of this matter to observe the reference written in the United Nations’ Charter: “to the towns of the United Nations and not to the states; to the will of humanity and not to the traditional subjects of the international right.” These yearnings of the whole of humanity Actas Coloquios EchFrancia |75

Cristóbal Balbontín

can only let us imagine the enormous significance to answer these questions. C ONCLUSIONS Although theoretically obstacles do not exist that prevent the binding of human rights on individuals, and therefore on transnational companies, there are existing obstacles today. This reality makes it desirable to respect the original interstate nature of international law because through a different interpretation it will not likely be seen that the norms of international law are destined to be binding per se on transnational companies. It is part of an on going process by which the International Law of Human Rights is acquiring a new appearance of ius gentium, breaking away, finally, from its ius publicum character to a new identity. Given the current state of development of international law, the adoption of these norms by states through a covenant would be the consolidation of the beginning of an International Law of the Individual, a turning point in the current nature of International Law. However, without wanting to undermine these ideas, the actual direction of the process of human rights is reflected in the words of Louis Henkin and these words do not undergo any capitis deminutio in the present day: “Every individual includes juridical persons (…) and every organ of society excludes no one, no company, no market, no cyber space. Human rights reach them all.” (Henkin, 1999, p. 25). These words reveal how deeply these rights should penetrate in the actual and future globalized world.

B IBLIOGRAPHY Braithwaite, J. and Drahos, P. (2000). Global Business Regulation, Cambridge: Cambridge University Press. 76 |Actas Coloquios EchFrancia

Humans Rights and Globalization

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A BOUT THE AUTHOR Cristóbal Balbontin-Gallo is lawyer. Master in Philosophy. Ph.d. candidate, Institut für Philosohie, Universität J.W. Goethe Frankfurt am Main. Contact: [email protected]

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El New Public Management en las reformas al sistema de justicia criminal en Latinoamérica. El caso de Chile Claudio González

U n iv e rsid a d d e M á la g a

Resumen El presente trabajo describe, de modo general, la configuración de una dimensión organizacional, estructurada de forma paralela a la jurídica, dentro del sistema de justicia penal latinoamericano en general y chileno en particular. Este fenómeno se observa en los últimos procesos de reformas de los sistemas de justicia criminal en la región. El estudio se lleva a cabo desde una perspectiva cualitativa, empleando la triangulación metodológica respectiva, que incluye básicamente la revisión de documentos con características organizacionales, así como la realización de entrevistas a operadores con “información gerencial” del sistema de justicia, las cuales se efectuaron tanto en Chile como en Costa Rica. Además, este artículo da a conocer de forma sintética la genealogía subyacente a los procesos de transformación de la justicia penal latinoamericana, que fueron describiendo la emergencia de este nuevo objeto político criminal. Finalmente, se bosquejan los tres grandes ejes que caracterizarían este nuevo estado de cosas: en cuanto a lo estructural, esto se expresaría a través de una organización bidireccional; en el plano ejecutivo, se materializaría por medio de la inserción de nuevas herramientas provenientes de la cultura del management; y, en lo estrictamente operacional, se destacaría la presencia de nuevos roles, agentes u operadores en el sistema de justicia criminal como, por ejemplo, la figura “del gestor”. Palabras claves Gerencialismo, sistema, justicia, criminal, management

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Claudio González

I NTRODUCCIÓN El presente artículo expondrá una fracción de una investigación de mayor extensión, denominada Gerencialismo y management en el Sistema de Justicia Criminal (SJC), realizada dentro del proyecto de investigación doctoral-Conicyt del autor. Por tanto, aquí nos circunscribimos al motivo de la convocatoria de esta revista, referente a la descripción de nuevos objetos para el estudio en ciencias sociales. Para fines ilustrativos, se ha trazado una bisectriz conceptual en el Sistema de Justicia Penal (SJP), dividiéndolo en dos grandes campos. Por un lado, constatamos una faz o dimensión de naturaleza jurídicopositiva, básicamente compuesta por una arquitectura normativa y modelada al mismo tiempo por las acciones relativas a los sujetosoperadores del sistema (la elaboración, dictación y promulgación de códigos penales y procesal penales, las decisiones legislativas de diversa naturaleza político criminal o las sentencias de los jueces, entre otros). Por otra parte, existe una faz o dimensión más bien de carácter organizacional, constituida por el entramado administrativo y el tejido organizacional, que se va creando en el proceso mismo de la ejecución de diversas funciones dentro del sistema. Está investigación se centra primordialmente en esta dimensión. Otras clasificaciones similares se encuentran en la literatura, donde se exhibe al SJP como una red burocrática, y se enfatizan las relaciones producidas entre las diversas agencias del sistema penal (Geofrey, 1988) en (Duce y Riego, 2007, pp. 16-26). En otros enfoques relevantes, la taxonomía empleada tiene a la vista la teoría de sistemas (González et al, 2005)1.

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No debe confundirse esta dimensión organizacional con la regulación jurídica del 80 |Actas Coloquios EchFrancia

El New Public Management en las reformas de justicia criminal en Latinoamérica

Sin perjuicio de las aproximaciones epistemológicas previas, existen múltiples estructuras, acciones y funciones que no obedecen a una naturaleza normativa ni a una de carácter administrativo-organizacional pura. Estas anormalidades organizacionales están muy cerca de las visiones organizacionales nacidas bajo la experiencia surgida de la gestión en la empresa privada, que en los últimos 30 años, ha penetrado en la gestión pública, entre otras vías, a través de la introducción del New Public Management o Gerencialismo en los servicios generales del estado (Pollitt, 1990, Araya y Cerpa, 2009, Cunill, 2011). Este modelo burocrático-administrativo-manegarial o modelo de justicia criminal manegarial está ligado a los diseños e implementación de determinadas políticas públicas que, quizás a un nivel más específico, siguen los cánones de determinados estilos o modas provenientes de la literatura del management, enfatizando sus acciones en, por ejemplo, delinear marcos estratégicos institucionales, propender al aumento de la productividad o en la búsqueda de efectos simbólicos a través de estrategias comunicacionales. Los análisis acerca de esta nueva dimensión organizacional en justicia penal, al menos en nuestra tradición hispanohablante, son todavía insuficientes. Sin embargo, en otros ámbitos del conocimiento, estos estudios están plenamente vigentes, así lo observamos por ejemplo, en Ciencias de la Educación, a través de la perspectiva de la sicología social (Sisto, 2007, Sisto, 2012), también en el marco de los estudios acerca de las reformas en la organización y de la gestión (autogestión) en Salud Pública (Mendez, et al, 2013; Lenz, 2007), o incluso en términos teóri-

Derecho Procesal Orgánico —como podría ser, por ejemplo, un Código Orgánico de Tribunales— pues eso corresponde a una expresión de la fase netamente jurídica del sistema de justicia criminal. Actas Coloquios EchFrancia |81

Claudio González

cos y prácticos, en la sociología económica, a través de los estudios críticos del management (Alonso y Fernández, 2006). En todos estos contextos, ya se está otorgando importancia y relevancia a este fenómeno gerencial, especialmente por su vinculación con los procesos de neoliberalización de los servicios públicos. En la segunda y tercera parte de este artículo nos centraremos en exponer la metodología ocupada y en identificar los cuatro factores genealógicos que suele citar la literatura y que habrían sido los facilitadores para esta transformación de la política criminal en los formatos de enjuiciamiento penal en Latinoamérica. Finalmente, y sin dejar pasar por alto la singularidad chilena en lo referente a las manifestaciones gerenciales en el SJC, este articulo aludirá a los resultados iniciales de la investigación citada, vertidos en tres grandes ejes: estructural, ejecutivo y netamente operacional. M ETODOLOGÍA Para la elección metodológica, dado el carácter exploratorio de la investigación, se ha optado por la perspectiva cualitativa. Las técnicas específicas utilizadas han sido: 1.- Se ha revisado una serie de documentación correspondiente, entre otras, a una gran cantidad de estadística secundaria producida dentro del sistema de administración de justicia penal. 2.- Utilización de instructivos, dictámenes y ordenanzas de carácter organizacional y administrativo, en donde se observan diferentes organigramas y las herramientas de gestión específicas que se han implementado y que actualmente están en aplicación (por ejemplo: el Sistema de Gestión Integral de Calidad y Acreditación (GICA) en el caso costarricense). 82 |Actas Coloquios EchFrancia

El New Public Management en las reformas de justicia criminal en Latinoamérica

3.- En lo que respecta al diseño de la reforma misma, se han escrutado los primeros estudios organizacionales sobre la Reforma Procesal Penal (RPP), entre los que están, los estudios de carácter econométricos de costo-beneficio o estudios de simulación organizacional realizados por escuelas de ingeniería o en fase de implementación, las actas de la denominada Comisión Interinstitucional en el caso chileno. 4.- Como herramienta principal en esta investigación, se ha llevado a cabo un estudio empírico de carácter cualitativo, consistente en la realización de un total de diez (10) entrevistas en profundidad de característica semiestructurada (Valles, 2009). Estas entrevistas se llevaron a cabo en la Región Metropolitana de Chile a fines del año 2013. Con el objeto de saturar la información sobre Latinoamérica y en búsqueda de un hito comparativo, se ha efectuado igualmente un trabajo de campo (entrevistas y observación) en el SJP de Costa Rica. Se ha seleccionado esta realidad por ser uno de los países pioneros en reformas a la justicia y con importantes transformaciones organizacionales. El criterio considerado para la selección de los entrevistados consistió en optar por ciertos sujetos que se hubieren desempeñado como diseñadores, implementadores u operadores del SJP en el marco de las reformas recientes del sistema, seleccionando, por tanto, a aquellos que, dentro de su biografía (pasado/presente) profesional o en el ámbito de sus prácticas y rutinas laborales, tuvieren experiencia y participación en el diseño organizacional, y que han actuado o tomado decisiones que pudieren ser calificadas de gerenciales o ligadas al campo de la gestión. R ECORRIDOS Y FACTORES QUE IMPULSARON LA NUEVA JUSTICIA PENAL EN L ATINOAMÉRICA La premodernidad de la justicia criminal ha sido un paisaje recurrente en la historia latinoamericana. Este poder penal inquisitorial, selectiActas Coloquios EchFrancia |83

Claudio González

vo, arbitrario y antidemocrático, ha sido constatado por una nutrida literatura penal (Zaffaroni, 2002, 1989 y 1986; Carranza, 2011). Ciertamente, todos los procesos latinoamericanos están íntimamente conectados. De hecho, no es inusual encontrar en la literatura del área expresiones tales como “oleada reformistas”, “procesos de transformación”, “revolución”, “efecto cascada” o “corrientes de cambios” (Langer, 2007; Vargas, 2008; Duce, 2009). Ciertamente, estamos ante un verdadero cambio de paradigma regional, en la forma de hacer políticas públicas, en el campo de la justicia penal. La escalada reformista latinoamericana dio sus primeros pasos, al inicio de la década de los noventa, en Centroamérica. Pronto, el movimiento reformador giró hacia el sur. A los pocos años, se trasladó hacia Sudamérica y, posteriormente, ha hecho el camino de vuelta con su regreso a Mesoamérica, el Caribe y Norteamérica. Fruto de estas idas y venidas es la actual reforma del proceso penal en el Estado Federal de México (Duce, 2009; Llobert, 2005; Maier, 2000; Langer 2007; Pásara, 2009; Vargas, 2008). Para fines didácticos de esta presentación, y con carácter muy sintético, podemos resumir los factores de este proceso en los siguientes: Factor de carácter geopolítico A finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, Centroamérica afrontaba los procesos de terminación de conflictos armados. Una de las formas de morigerar la alta volatilidad bélica de esa zona e impulsar los procesos de pacificación y fortalecimiento institucional fue el reformar sus sistemas de justicia criminal. Como consecuencia de lo anterior, se dio una alta injerencia de organismos internacionales en Latinoamérica, de orígenes muy diversos. 84 |Actas Coloquios EchFrancia

El New Public Management en las reformas de justicia criminal en Latinoamérica

Así, en ciertas etapas fueron protagonistas grupos españoles, a través de su Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Posteriormente participan, los alemanes, a través de su Agencia de Cooperación Técnica (GTZ) o manifestado en la presencia de la fundación Konrad Adenauer (especialmente en Chile). A lo anterior se sumó el apoyo del Banco Interamericano del Desarrollo en el ámbito financiero (BID). Sin embargo, primordialmente, la cooperación se ha dado por EE.UU, tanto en la dimensión técnica como económica. Al inicio de las reformas en Centroamérica, estas estaban a cargo de la Oficina de Desarrollo y Asistencia y Capacitación de la Persecución Penal en el Exterior (OPDAT) y luego sería asumida por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), siendo finalmente esta la canalizadora de toda esa cooperación (Langer, 2007, Hammergren, 2007). Mención aparte merecen los dos organismos regionales que han orientado estas reformas (especialmente en lo que respecta a la coordinación de cooperación, apoyos técnicos y capacitaciones). En la primera etapa de las reformas de los años noventa, esta fue asumida por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD)2. Este protagonismo fue cedido posteriormente a un nuevo ente, nacido al alero de los procesos generales de reforma de la justicia en Latinoamérica. Así, en el año 1999, por resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), se crea el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), cuyo objetivo sería apoyar los procesos de reforma judicial en las américas a través de la capacita2

La sede del ILANUD está en San José de Costa Rica y su dirección electrónica es www.ilanud.or.cr Actas Coloquios EchFrancia |85

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ción, producción y difusión de información y cooperación técnica3. Implantación y materialización del Código Modelo de Justicia Penal Iberoamericano (CMJPI) desde los países de Centroamérica La ola reformista se materializó en Guatemala, aprobándose el código respectivo el 28 de septiembre de 1992. A ellos se unieron posteriormente casi todos los países de América central. Salvador y Costa Rica (1995), Honduras dictó su nuevo código el 19 de diciembre de 1999, Nicaragua, el 21 de diciembre del 2001 y Panamá, en 1999. Todos estos códigos tenían una fuerte influencia del CMJPI. Sin embargo, ya en el código de Nicaragua se notaba cierto alejamiento de los lineamientos de la tradición del derecho procesal continental y se acercaba a estructuras y características procesales del sistema de enjuiciamiento norteamericano, de este modo, se ha dicho que “por todo ello, debería más bien considerarse que la influencia decisoria en el código nicaragüense, es más bien del sistema anglosajón, ocupando un lugar secundario el Código iberoamericano” (Llobert, 2005: p. 229) Este pequeño giro de influencias es muy importante, pues los códigos posteriores. especialmente los chilenos, colombianos, peruanos o ecuatorianos tendrán una marcada influencia de estructuras procesales “americanizadas”, visibilizando desde ese momento, la discusión sobre la tensión entre derechos y garantías procesales versus eficiencia. Este debate, a la larga, será probablemente un embrión del cisma entre “la dimensión del derecho” versus “la dimensión de lo organizacional” dentro del sistema de enjuiciamiento criminal. Escindido así el SJP, la política criminal deberá intentar conciliar en 3

La sede del CEJA está en Santiago de Chile y su dirección electrónica es www.cejamericas.org 86 |Actas Coloquios EchFrancia

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el futuro las tensiones propias entre el choque de estas dos racionalidades. Estas tensiones del sistema (Jiménez et al. 2014) se expresan a la larga, entre otros hechos, en el uso de juicios breves y rápidos, con altas tasas de condenas y, finalmente, en un aumento de las tasas de encarcelamiento per cápita de cada uno de los países. La formación de la idea de un aparato regional de defensa de los derechos humanos en la región Resulta evidente la conjunción entre nuevos sistemas procesales y la defensa de los derechos humanos en la región. Al principio, este fue uno de los principales detonantes para estas reformas, para luego asumir lógicas propias de seguridad jurídica para las inversiones y para el crecimiento y expansión del capitalismo (Binder, 2000: p. 73). De esta forma, tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lograron además una materialización e internacionalización en los propios procesos judiciales, otorgando un baremo básico de garantías a cumplir por el propio sistema penal (Duce, 2009: p. 198). Formación de una nueva elite reformista o los entrepeneurs jurídicos Es común encontrar dentro de los trabajos especializados, respecto de las dinámicas que permitieron el desarrollo de las reformas procesales en la región, las referencias al surgimiento de un grupo de élite reformista adherido a la evolución misma del proceso. La literatura en general ya se ha referido al rol de las élites en los procesos de transformación legal en América Latina (Dezalay y Garth, 2002). Ahora bien, en lo que respecta al campo de las reformas procesales penales, uno de los trabajos que más claridad arroja sobre estos heActas Coloquios EchFrancia |87

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chos es el realizado por Langer, con quien concordamos, además, al elevar a esencial el aporte de estos emprendedores jurídicos, calificándolos de red de expertos activistas del sur, convirtiéndose en un caso de aporte desde la periferia en el campo del derecho (Langer, 2007). En Chile, esto ha sido abordado desde la perspectiva del choque de dos visiones contrapuestas del sistema de justicia penal en general. Desde la ciencia política, el estudio desarrollado por Palacios (2011), por ejemplo, explora cómo se fue construyendo la reforma, a través del CEJA y de un cúmulo creciente de expertos y plataformas, con influencia en las distintas reformas procesal penales en la región, y cómo paulatinamente además, se fue produciendo una escisión, un desplazamiento, entre esta nueva generación de científicos del derecho penal, provenientes del CEJA, y aquellos que representaban la doctrina tradicional del derecho penal latinoamericano. “…quienes participaron en el equipo que redactó el código, rescatan un enfoque cercano al derecho procesal europeo y principalmente alemán. Para ellos, en la discusión de garantías y eficiencia del sistema penal, no pueden modificarse instituciones que aseguran los derechos de las personas a partir de la consideración de aspectos asociados a visiones pragmáticas que privilegien la sostenibilidad del sistema…” (Palacios, 2011: pp. 64-65).

Ahora bien, se les suele caracterizar a estos nuevos emprendedores jurídicos, como adoctrinados en los conceptos de eficiencia y pragmatismo, especialmente en el campo del desempeño de las instituciones de la justicia, lo cual es quizás real en cierta medida, sobre todo considerando la segunda generación de reformadores, dado que su formación profesional esta más ligada al mundo anglosajón, donde estos valores son claramente reconocidos. En el análisis de este fenómeno, podríamos comprender una de las claves, al menos en el caso chileno, de la mayor visualización de esta 88 |Actas Coloquios EchFrancia

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nueva dimensión organizacional y gerencial. En efecto, la injerencia decisiva de profesionales con experiencia en diversos campos de reformas del estado, con competencias en economía e ingeniería, sin duda, dieron otra mirada al proceso acerca de cómo llevar a cabo una política pública en materia de transformación al sistema de justicia (Blanco y Alvear, 2010). No cabe duda que este proceso de formación de una “nueva élite de reformadores”, con los años, ha ido mutando a la consolidación de una nueva élite de evaluadores y metaevaluadores. Los propios sujetos insertos en ella son conscientes de su pertenencia a una comunidad específica. Es más, del propio trabajo cualitativo de esta investigación, se ha podido constatar similar información, lo cual es corroborado por una de las voces que formó parte de dicho proceso y que declara sobre este mismo punto: “Un último factor que me interesa destacar, debido al impacto que ha tenido, está conformado por la existencia de una élite de profesionales (principalmente abogados, pero incluyendo también otras disciplinas) de alta capacidad técnica, que han intervenido en los distintos países de la región promoviendo la reforma procesal penal. Con esto, no quiero decir que la reforma sea principalmente el producto del trabajo de este grupo de profesionales, sino que se quiere remarcar que, en determinadas circunstancias, una élite técnica puede jugar un rol decisivo en la formulación e implementación de una reforma legal, y este pareciera ser el caso de la reforma a la justicia criminal en Latinoamérica” (Duce, 2009, p. 204)

Si bien es cierto que toda dinámica legislativa de carácter racional necesita la formación de ciertas élites específicas, las cuales surgen en algún momento en la etapa prelegislativa, para dar impulso al proceso de creación e implementación legislativa, sin embargo, este grupo de expertos, aun con las características de mayor legitimidad científica que pudieran tener y aun cuando dispongan de los medios materiales y proActas Coloquios EchFrancia |89

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fesionales para buscar soluciones, continúan siendo un simple grupo de presión y su legitimidad per se no está garantizada, pues sus intereses ideológicos estarán presentes y es probable que incluso entren en colisión con los propios intereses sociales (Díez-Ripollés, 2003, pp. 30-31). Si a lo anterior le sumamos la todavía escasa y poco diversificada masa crítica en Latinoamérica, donde mucha de esta élite de emprendedores jurídicos se van repitiendo a lo largo de los procesos de reforma en la región4, podríamos encontrarnos ante un tapón acrítico del sistema. Serían los primeros defensores de la obra ya realizada o los primeros en ofrecer soluciones a los defectos de las mismas; aún más, ya comienza a ser una constante el discurso del “supuesto éxito” de la reforma procesal penal en algunos países de la región, de Chile en particular (Vargas y Dezhazo, 2005; López, 2007; Duce y Baytelman, 2003; Baytelman, 2002; Duce, 2011; Jiménez et al., 2014). No obstante lo anterior, debe reconocerse que en algunas etapas de implementación, estas élites, han actuado, siguiendo los pasos que aconsejaría la teoría de las políticas públicas, situación no antes vista en el sistema de justicia criminal, que, como hemos explicado, se bastaba en la ficción de la fuerza creativa de la ley. Sin embargo, el uso de este elemento no lo transforma en un éxito necesariamente, y obedece más a un episodio que a una matriz de trabajo; todavía cuando otras áreas del derecho reclaman su réplica, como por ejemplo, el ámbito de la justicia civil en Chile (Valdivia, 2006). Así la gestión es un elemento que poco a poco se consolida como la piedra angular de los diversos modelos judiciales que se implementan en la región (Vargas, 2014).

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El CEJA periódicamente emite informes de evaluación acerca del estado de desarrollo de las reformas a la justicia penal en Latinoamérica. 90 |Actas Coloquios EchFrancia

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No hay dudas de que evaluar el SJP, exclusivamente desde la perspectiva de implementación de una política pública, es de un reduccionismo peligroso. Al fin y al cabo, los objetivos del sistema penal son variados, pero se enraízan en la supervivencia de valores sociales, más allá del mero pragmatismo M ANIFESTACIONES Y HALLAZGOS PRELIMINARES DE LA NUEVA DIMENSIÓN GERENCIAL - ORGANIZACIONAL Ciertamente, hablar hoy en día de la configuración palpable de una dimensión organizacional de rasgos gerenciales en Latinoamérica puede parecer un poco aventurado, pues estamos ante un proceso aún en marcha y ciertas asimetrías nacionales en las políticas públicas en materia de justicia son evidentes. Además, el acento puesto por muchos países, en reformas de carácter legalista, ha hecho que se atrasen o hayan perdido interés en agendas que se enfoquen en transformaciones de carácter organizacional y, evidentemente, es más barato para los presupuestos estatales transformar la ley que modificar la organización. Sin perjuicio de ello, podemos trazar tres grandes bloques o ejes de análisis, que se desprenden del trabajo empírico, sobre los cuales se puede ya comenzar a hablar de tendencias en este campo y que hemos clasificado en los niveles estructural, lo ejecutivo y lo operacional. Estos ejes generales serían los siguientes: A nivel estructural Se ha constatado que, en muchos países, las organizaciones del campo de la “justicia” operan bidireccionalmente. A diferencia de lo que ocurría antiguamente, ahora poseen una estructura de mando en que tenemos, por un lado, la clásica área jurídica y, por otro lado, corre en Actas Coloquios EchFrancia |91

Claudio González

paralelo una dirección ejecutiva gerencial, encargada de la administración y gestión del sistema. Esta nueva forma de estructuración se radica, en el caso chileno, en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que es una especie de órgano consultivo del Poder Judicial, encargado de toda la planificación y administración del sistema de justicia. En el campo de lo estrictamente penal, específicamente en la Fiscalía, existe la Dirección Ejecutiva Nacional, a cargo de un Director Ejecutivo Nacional (DEN), que tiene funciones prevalentes en los ámbitos administrativos y presupuestarios, delegando en sus otros “gerentes” las funciones por unidad. Esta gerencia general se edifica de forma paralela a la figura del fiscal nacional, que es la cabeza jurídica del Ministerio Público. Este formato se replica posteriormente hacia la base, pasando por las direcciones ejecutivas regionales, hasta llegar a las administraciones locales, a cargo de un administrador de fiscalía. Situación similar ocurre en la Defensoría Pública, con la figura de un Director Administrativo Nacional. En Costa Rica, sucede algo semejante, pero con un régimen centralizado en un departamento de planificación, encargado sobre todo del diseño de los planes estratégicos. A nivel ejecutivo Una de las grandes novedades de esta nueva dimensión organizacional es que ha traído aparejada la introducción explícita de herramientas, instrumentos o artefactos de gestión, propios de la cultura del management. Entre otros, destaca el balanced scorecard o cuadro de mando integral, utilizado para control organizacional o bien un sistema de bandas de resultados o de líneas bases para fijar metas de gestión (Costa Rica). Estas herramientas son finalmente utilizadas, para medir el desempeño 92 |Actas Coloquios EchFrancia

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de las diferentes fiscalías o tribunales y se unen a otras como, los bonos de productividad, introducción de normas ISO, planificación estratégica, nuevos sistemas de medición estadístico, etc. A pesar de que este artículo no puede detallar la forma en que se han introducido o la forma en que operan cada una de estas herramientas, sí podemos afirmar, a tenor de la información empírica, que existen sistemas más radicalizados en el uso de estas herramientas gerenciales (chileno) respecto de otros de carácter más moderado (costarricense). A nivel de operacional La inclusión de nuevos operadores, o nuevos agentes en el sistema de justicia penal, es sin duda, otro eje relevante en esta transformación. Como se ha indicado en párrafos anteriores, alguna literatura ya ha puesto de manifiesto la relación entre abogados y economistas en las transformaciones legales en Latinoamérica. Así como también se ha puesto de manifiesto, evidenciando la emergencia de una nueva élite de emprendedores jurídicos. Esta categoría operacional apunta más hacia describir la constatación de la inserción de profesionales de rangos inferiores, de áreas de ciencias administrativas y económicas o del mundo de la ingeniería. Ubicados en diversos niveles de la organización, no sólo en la coyuntura de la lucha política de alto nivel, sino que también, en las transformaciones de roles que se dan por tanto a nivel micro y a nivel macro, la figura del “gestor” o del “administrador de tribunales”, son un reflejo tangible de esta mutación organizacional C ONCLUSIONES Las reflexiones finales están condicionadas, sin duda, a que esta es una investigación en marcha y, tal como se ha expresado, en publicaActas Coloquios EchFrancia |93

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ciones sucesivas se expondrán desde, las bases metodológicas hasta los hallazgos emanados de la metodología cualitativa. Por ahora, es relevante establecer dos reflexiones, a nuestro modo de ver, conclusiones básicas preliminares. 1.- En primer lugar, pareciera que este proceso de configuración de una dimensión organizacional es un fenómeno inherente a la profesionalización y modernización de los sistemas de justicia penal y que, en muchos casos, puede haber sido realizado de forma dirigida desde el inicio; pero no cabe la menor duda de que ha estado condicionado por otros procesos socioeconómicos (neoliberalismo) que le han dado mayor fuerza e intensidad. 2.- En segundo lugar, es importante resaltar que los procesos de profesionalización y modernización del sistema de justicia penal no son de carácter neutral y que, al final del día, la complejidad de saberes involucrados, ya sean de carácter técnicos o ideológicos, debería evaluarse a la luz de la dirección y objetivos que se le quiera dar a la política criminal. La dimensión organizacional-gerencial ha dejado de ser un factor solo de apoyo o secundario del SJP. Además, en conjunción con el ámbito jurídico penal, va contribuyendo a dar formato al sistema. Indirectamente, tiene influencia en los ritmos punitivos a nivel de persecución penal. De esta manera, la incorporación acrítica de herramientas del management puede convertirse en un sofisticado y peligroso cambio de piel de un nuevo sistema penal con rasgos de neoinquisitivo reforzado. Pero estas conclusiones, son cuestiones de mayor calado que requieren un particular estudio y análisis y que son propias del estudio citado al inicio de este trabajo.

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El New Public Management en las reformas de justicia criminal en Latinoamérica

N OTA SOBRE EL AUTOR Claudio González Guarda es Abogado, máster en Derecho Penal y Política Criminal, postgraduado en Criminología, diplomado en Ciencias Cognitivas, becario Conicyt y doctorando en Derecho Penal y Política Criminal por la Universidad de Málaga. Sus principales líneas de investigación son criminología y política criminal comparada y estudio del ámbito organizacional del sistema de justicia criminal. Contacto : [email protected]

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El reconocimiento de la violencia hacia las mujeres dentro de los partidos políticos en Ecuador: Reflexiones desde la perspectiva de género Jessica Espinoza

U n iv e rsid a d d e Isla s B a le a re s

Resumen Este trabajo analiza el problema de la violencia hacia las mujeres en el ámbito de los partidos políticos en un país concreto: Ecuador. En ese sentido, nos proponemos indagar cómo ha sido el tratamiento de ésta problemática en dicho país, para lo cual nos basaremos en una metodología cualitativa descriptiva. Este trabajo estará organizado en dos partes: la primera, de carácter introductorio sobre conceptualización del problema; y en segundo lugar, es de contextualización a una realidad concreta. Ecuador desde 1997 hasta la actualidad, aunque si bien no ha promulgado una ley específica como lo han hecho otros países (Bolivia, México), se caracteriza por ser altamente sensible con el tema. Palabras claves Partidos políticos, violencia hacia las mujeres, derecho de participación política, políticas de igualdad.

I NTRODUCCIÓN La violencia hacia las mujeres en el ámbito político de los partidos, rebosa los límites de la violencia intrafamiliar. Se relaciona con las prácticas habituales de los partidos, sus formas de organización, las decisiones que a su nombre y de sus integrantes tienen efectos e impacto sobre las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos de participación en calidad de integrantes, candidatas, o autoridades electas. Este tipo de violencia, tiene un carácter estructural que parece invisibilizarse frente a Actas Coloquios EchFrancia |101

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la tradicional imagen que tenemos de los partidos considerados a priori como sujetos políticos con “vocación igualitaria”. Los partidos modernos aunque han jugado un papel vital en la democracia moderna, siguen reproduciendo ciertas lógicas de poder de desigualdad y discriminación entre hombres y mujeres (BID, 2010). En ese sentido, encontramos algunos estudios diagnósticos sobre la problemática (Arboleda, 2012; Rojas, 2012; Machicao Beltran, 2012; Quintanilla Zapata, 2012; Escalante y Mendez, 2011; Herrera et al. 2011)1. Sin embargo, casi todos parecen no definir conceptualmente la “razón de género”, como sí lo hacen algunos instrumentos internacionales2, aunque no lo hagan en especial alusión a la violencia hacia las mujeres en el ámbito político. De esta forma, las definiciones encontradas hasta el 2013, son minuciosas en las manifestaciones prácticas del problema, no obstante, adolecen de una mejor precisión conceptual que explique la connotación de género en el problema. Lo mismo se repite

Nos referimos especialmente a algunos estudios diagnósticos realizados en Latinoamérica y Asia con el auspicio de ONU-Mujer publicados entre el 2010 al 2013. 2 Por ejemplo, el art. 1 de la Ley española 1/2004, donde se dice que es una manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. En la exposición de motivos, se dice que: “...se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”. Para el artículo 1, de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, por "violencia contra la mujer" se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. En la CEDAW, en el art. 1, en la definición de "discriminación contra la mujer" se habla de toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo. En el art. 1 de la Convención Belén do Pará, se habla de la violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género. 1

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en las diferentes propuestas normativas surgidas hasta el momento: México, 2013; Bolivia, 2012; Ecuador, 2011, etc. Por lo que, proponemos definir a la violencia hacia las mujeres en los partidos por razón de género, como: “…cualquier acción o conducta, basada en el género, de un hombre a una mujer por el hecho de ser mujer, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ejercicio de los derechos de participación política en el ámbito de las organizaciones políticas, y en el ejercicio de la representación política para los cargos que fueron electas…”

En ese sentido, la “razón de género” tiene relación con la estructura histórica de poder basada en la infravaloración social, política y hasta moral de las mujeres con respecto de los hombres. Todo esto se tradujo en roles, mandatos, estereotipos de género que instrumentalizaron a las mujeres y su participación para la consolidación de una forma de “hacer” y de “entender” la política desde un punto de vista androcéntrico, patriarcal, y muchas veces sexista. Dicho esto, y sin la intención de detenernos en un debate teórico más profundo, pasaremos a describir lo que ha ocurrido en Ecuador en relación con el tema. L A VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES EN EL CONTEXTO DE LOS PARTIDOS EN ECUADOR

Problemática Aunque no se han producido estadísticas nacionales específicas que revelen datos sobre la dimensión de éste problema; del estudio diagnóstico del 2012, realizado por la Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador (en adelante AMUME)3, queda por más justificada su dimensión y características. El informe, clasifica las manifestaciones de la vio3

Ver en Arboleda, Gutierrez y Lopez, 2002, pp. 239-242. Actas Coloquios EchFrancia |103

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lencia política por razón de género, bajo conceptos como: obstáculos de acceso a la participación; el disciplinamiento partidario o político; el maltrato con agresiones sexuales; la violencia institucionalizada; el uso denigrador de metáfora o chistes sexistas, la mujer como objeto de la política (la reina-bruta); efectos en la salud e integridad de las mujeres, las prácticas machistas por parte de otras mujeres; los “imperativos feministas” como base de la violencia; los impactos de la formación y la organización; la reiteración como forma específica de violencia; la política como dominio masculino, etc. El estudio se hizo sobre un número importante de mujeres encuestadas por vía telefónica. Para el 2009, de 457 mujeres autoridades locales electas, al menos 100 habían sido víctimas de violencia política. Un 85% de ellas participaban en el proceso electoral de aquel año. En el 2010, de las 144 llamadas recibidas, un 14,06% denunció que se impide su participación en el municipio; un 8,62% denunció persecución política: un 11,2% denunció persecución política con uso de violencia y acoso, y un 5,17% denunció violencia intrafamiliar. Primeros reconocimientos Desde 1981, el Estado Ecuatoriano es parte de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (en adelante CEDAW), desde lo cual se iniciaron algunas reformas Constitucionales, normativas, de planificación nacional, y de las instituciones4.

La definición que se adoptó sobre “discriminación contra la mujer” tiene un enfoque amplio, incluyendo al ámbito político como esfera pública en la que se encuentran varias organizaciones: como los partidos políticos, y en la que las mujeres ejercen sus derechos políticos en todas sus manifestaciones. Además de la definición amplia del art. 1. Sobre la "discriminación contra la mujer", en el art. 3, se refiere al papel que adoptaran los Estados Partes en todas las esferas, y en particular en las esferas política, y todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo

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El reconocimiento de la violencia hacia las mujeres dentro de los partidos políticos en Ecuador

En 1995 ratifica la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (en adelante Convención Belem do Parà), que en coincidencia con la CEDAW, reconoce una perspectiva amplia de la violencia hacia las mujeres por razón de género con repercusión tanto en el ámbito público y privado5. La diferencia entre estos dos instrumentos internacionales, es que, el uno enfoca su acento en la discriminación hacia la mujer y el segundo en la violencia contra la mujer, pero ambos dan un enfoque en donde el derecho a la igualdad y la no discriminación hacia las mujeres en la esfera política y pública quedan reconocida en todas sus manifestaciones: psicológica, física, moral, sexual, etc., y todos los tipos de derechos, especialmente los de índole político. Producto de los cambios Constitucionales, la Constitución de Ecuador de 1998, fue la primera en declarar la igualdad ante la ley de hombres y mujeres como principio vertebrador del orden constitucional, y proscribió cualquier tipo de discriminación de las mujeres por razón de género, y el deber del Estado de garantizar este derecho (Arts. 17, 22). Casi de manera simultánea se expide la Ley 103 contra la violencia hacia las mujeres y la familia. Esta define lo qué es violencia de género, la que y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 5 Además de la definición amplia, en su art. 1, que sobre “violencia contra la mujer” en donde se abarca cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado. En adelante, en los arts. 2, 2b, 3, 5 y 6, se refiere que este tipo de violencia que tenga lugar en cualquier otro lugar sea público o privado. Esto porque toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, y podrá ejercer libre y plenamente sus derechos políticos, para lo cual contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos, y estas tienen el derecho de la a ser libre de toda forma de discriminación. Actas Coloquios EchFrancia |105

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estuvo dirigida a la violencia intrafamiliar. En el año 2014, con el nuevo Código Penal integral quedó derogado parcialmente en todo su Título I, lo que implicó cambios importantes en las competencias, instancias, medidas, etc., para asumir la lucha contra este tipo de violencia de género. Pero además se agregó otras formas de violencia de género con características algo diferentes de las conocidas hasta ese momento, sin llegar a darse un reconocimiento explícito de la violencia política por razón de género, como lo veremos más adelante. Aunque la Constitución de 1998, estableció la responsabilidad del Estado en la formulación y ejecución de políticas públicas con enfoque de género que sirvan para alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ejercicio de la participación política de las mujeres, esto llegó hasta el ejercicio y aplicación de las cuotas (arts. 41 y 21). De esta forma, se estableció un mínimo en las listas electorales que se incrementó (Ley Organica De Elecciones, 2000: arts. 8, 13, 60, 61, 68, 102,114,115, 170, y Disposición 17ma), y se estableció cómo debía aplicarse: por alternancia y supletoriedad (Reglamento Ley De Elecciones, 2000: Arts. 54, 55, 162) producto de una reforma legal por una resolución del Tribunal Superior de Justicia (en adelante TSJ) (Reforma Resolución PLE-TSE-5-5-7-2006, 5 de julio del 2006). Entre el periodo 1997-2007, se produjeron tres resoluciones importantes: del Tribunal Constitucional del 2002, del Tribunal Supremo de Justicia del 2004, y del Tribunal Supremo Electoral del 2007. 6 Las tres representan

Tribunal Constitucional De Ecuador. Resolución Nro. 028-2002-TC. Supremo Electoral De Ecuador. Resolución RJE-PLE-TSE-1-16-7-2004. En la primera se declara inconstitucional el art. 40 del Reglamento de la Ley de régimen electoral, que por una interpretación del término “secuencia” y “alternabilidad” en la que alegaba que afectaba el sentido de las acciones positivas. En la segunda, el TSE delega a los partidos políticos el cumplimiento de las cuotas y la interpretación de la secuencialidad y alternabilidad, lo que como era usual, no siempre fue interpretado de mejor manera para las mujeres, por

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la jurisprudencia de mayor trascendencia que hasta ese momento se ha producido en el ámbito de la participación política de las mujeres y los partidos, más allá de eso no se han producido nada más. Esto desembocó en un debate sobre el papel de los partidos en el logro de la igualdad de género. Desde estas organizaciones, se dijo que las cuotas y la paridad impedían la libertad al momento de definir las listas de candidatura, y que atentaba contra el fundamento de cualquier organización: su libertad y autonomía. Con este argumento inclusive se interpuso un recurso de amparo7 en contra de la mencionada resolución del Tribunal Supremo Electoral (en adelante TSE) del 2007. Las organizaciones de mujeres, por su parte, argumentaron que si bien las organizaciones de cualquier índole gozan del principio de autonomía, ello no significa exención de obligaciones. Y, que, lamentablemente, con la Constitución vigente hasta ese momento no fueron expresas, esto cambió con la siguiente Constitución del 2008, donde se estableció por primera vez las obligaciones de las organizaciones políticas respecto no sólo a las cuotas, sino a la igualdad y la no discriminación hacia mujeres y hombres.

el contrario, muchas listas se impugnaron por cumplirlas. Esta es la jurisprudencia de mayor trascendencia que hasta ahora se ha producido en el ámbito de la participación política de las mujeres en los partidos. Tribunal Supremo Electoral. Resolución PLETSE-7-23-5-2007. Esta Resolución reformó el artículo 41. del Reglamento General a la Ley de Elecciones con un texto que garantizó por primera vez, desde la vigencia de la ley de cuotas, el derecho a ser elegidas de las ecuatorianas. “La fórmula de representación, de la igualdad de género, en el proceso de inscripción de candidaturas será hombremujer o viceversa, con equidad de género entre principales y suplentes, manteniendo alternabilidad y secuencialidad entre los candidatos”. Registro Oficial Nro. 118. 3 de julio de 2007. No publicada online. 7 La acción de amparo fue una institución contemplada en la Constitución de 1998, cuyo objeto era cesar, evitar o remediar la violación de un derecho (art. 95); fue sustituida, en la Constitución del 2008, por la acción de protección. Actas Coloquios EchFrancia |107

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Volviendo al tema de las políticas públicas con perspectiva de género, hasta el 2007, estuvieron vigentes algunos planes que aunque tuvieron un enfoque relativamente amplio de todas las formas de violencia de género, se centraron en aquellas de índole doméstica, intrafamiliar, sexual, y sobre las cuotas. Entre dichos planes estuvieron: el Plan Nacional para combatir la trata de personas, tráfico ilegal de migrantes, explotación sexual, laboral y, otros modos de explotación y prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes, pornografía infantil y corrupción de menores; el Plan Nacional de erradicación de la violencia de delitos sexuales en el ámbito educativo; el Plan Nacional de erradicación de la violencia de género contra mujeres, niñas, niños y adolescentes; además, en 1995 se elaboró el Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades 1996-2000 y en marzo del 2005 el Plan de Igualdad de Oportunidades 2005-2009. Este último se constituyó en el marco teórico y estratégico para la adopción de políticas de Estado para instituir la igualdad de género, que se centró, al igual que la normativa antes referida, en el tema del cumplimiento de cuotas, sin adentrarse en las formas de violencia política, y sin obtener mayor incidencia en los partidos políticos. E L ACTUAL CONTEXTO INSTITUCIONAL En la actual Constitución, promulgada en el 2008, se produce una ampliación de las garantías y mayor especificidad en cuanto el papel de los partidos en el cumplimiento de la igualdad y no la discriminación hacia las mujeres y sus derechos de participación política. Se amplía el abanico de esta violencia hacia otras esferas, como en un primer momento lo intentó hacer la Constitución, y que en la práctica solo se limitó a la esfera doméstica e intrafamiliar, sexual, y al tema de las cuotas. Se ratificó, al igual que en la Constitución de 1998, que el ejercicio 108 |Actas Coloquios EchFrancia

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de los derechos se regirá por principios de no discriminación por razones de sexo, el deber del Estado de adoptar medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en situaciones de desigualdad, y que todas y todos tienen el derecho de elegir y ser elegidos. Además se explicita el derecho de los y las afiliadas o adherentes a participar en todas las decisiones que éstos adopten (Arts. 11 y 61). En cuanto el derecho de participación política de las mujeres, el Estado promoverá la representación paritaria en los cargos de nominación o designación en sus instancias de elección, dirección y decisión bajo la regla de la alternancia y secuencialidad. Se reconoce y garantiza el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación, para lo cual, al igual que en la primera Constitución, se formularán y ejecutarán políticas públicas con enfoque de género, y mecanismos especializados de acuerdo con la ley (Arts. 65, 66, y 70). Por lo cual, el Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y la difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas, estableciendo un sistema electoral conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres (Arts. 95, 115 y 116). Para la actual Constitución, los partidos políticos, constituyen expresiones de la pluralidad política del pueblo, que se sustentarán sobre concepciones incluyentes y no discriminatorias. En esta parte, reside uno de los argumentos de la organización interna tradicional de los partidos, donde se suele confundir Pluralidad política con paridad o representación equilibrada, para esto es necesario tener en cuenta lo que se manifiesta desde la Declaración de Atenas de 1992: las mujeres no somos un colectivo, representamos más del 50% de la Sociedad y por ende del Pueblo Soberano; y según Vivian Roza (2010, p. 23), en un Actas Coloquios EchFrancia |109

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estudio hecho para IDEA internacional y el BID, de las bases de los propios partidos políticos. Por lo que, según la Constitución del 2008, su organización, estructura y funcionamiento deben ser democráticos y garantizar la alternabilidad, y conformación paritaria entre mujeres y hombres en toda su estructura (art. 108). En ese aspecto, la Función Electoral será la responsable de garantizar que esto se cumpla. Esta instancia estará conformada por el Consejo Nacional Electoral (como instancia administrativa) y el Tribunal Contencioso Electoral. Junto a estos cambios, se establece una acción de protección, antes se lo hacía por recurso de amparo, que tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, como los derechos de participación política o discriminación de los mismos por razón.8 Esto se produce en concordancia con lo que dispone Belem do Parà (Arts. 7 (b); (d); y (f)) y de la CEDAW (Art. 2. (b); (c); (d) y (e)), al respecto. Se tipifican por primera vez en el nuevo Código Penal integral del 2014, los delitos de discriminación y de odio, donde se toma en cuenta la razón de género (arts. 176 y 177). Otra de las novedades es que, se reconoce por primera vez la figura de violencia contra la mujer agregando otros componentes, como: los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, la violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar, la violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar, la violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar, y la contravención de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar (arts. 155 y 159). Lo que nos lleva a pensar que las y los legisladores en algún momento pensaron en 8

La Constitución del 2008, reconoce por el art. 217, y el art. 88. 110 |Actas Coloquios EchFrancia

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aquellas formas, más amplias, que tienen que ver con la esfera pública de la política. Lamentablemente el Código, aunque su intención fue ser el más innovador de la región, no se arriesgó a avanzar a reconocer y tutelar un tipo de violencia más estructural como es la política por razón de género. E L ACTUAL C ONTEXTO N ORMATIVO ELECTORAL Por influencia de la Constitución del 2008 se impulsó una nueva Ley Orgánica Electoral o también llamada Código de la democracia en la que se ratificaron los principios y enunciados mencionados anteriormente: paridad, igualdad, no discriminación por motivo de género y las instancias protección y garantía de derechos (arts. 3 y 308). Como ya lo dijimos, uno de los avances más notorios en el tema de los partidos, es que se establecen por primera vez las obligaciones y deberes de estas organizaciones en relación con los principios de democracia interna, paridad, y participación igualitaria, en la línea de la Resolución del Tribunal Supremo Electoral del 2007. Para lo que el Consejo Nacional Electoral (en adelante CNE) tendrá la función de vigilancia como instancia administrativa. Son obligaciones de las organizaciones políticas: adecuar su conducta a los mandatos constitucionales, a la ley, al acta constitutiva, a la declaración de principios ideológicos, a su programa de gobierno, a su estatuto o a su régimen orgánico según corresponda, y a su normativa interna; designar sus autoridades sin restringir los derechos, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno; abstenerse, en su propaganda política o electoral de cualquier expresión que discrimine o afecte a la dignidad de las personas; dar seguridad jurídica a sus afiliados y adherentes permanentes, especialmente en los procesos democráticos internos, para lo cual expedirán la normativa adecuada de forma previa a la convocatoria; garantizar la Actas Coloquios EchFrancia |111

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formación política ciudadana fundamentadas, entre otros enfoques, en el de género, igualdad, no discriminación para todos sus miembros, etc. Según el Código de la democracia, el TCE, como instancia judicial, será el que verificará a través de cualquier medio el incumplimiento de estas obligaciones y notificará con la petición a la organización política, a fin de que subsane su incumplimiento, en el plazo que para el efecto este establezca. En caso de no hacerlo, será causal para la suspensión por el tiempo que determine el Tribunal e incluso su eliminación en caso de reincidencia en el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones.9 En el mismo Código, se reconoce al Estatuto y al régimen orgánico interno, como el máximo instrumento normativo del partido político, público y vinculante para todos los afiliados y las afiliadas, sin excepción. En los que se contendrá al menos: los derechos y deberes de los afiliados y las afiliadas, así como las garantías para hacerlos efectivos; las reglas para la elección democrática de los órganos directivos y las candidaturas de elección popular que deberán observar las garantías constitucionales de paridad, inclusión y no discriminación. Será negada la solicitud de inscripción de un partido político cuyo estatuto contravenga las disposiciones de la Constitución y la presente Ley. Además que, la calidad de afiliado, afiliada o adherente permanente otorga los derechos de elegir y ser elegidos a los cargos internos de la organización; a recibir capacitación político; a ejercer su derecho de opinión y discrepancia fundamentada; a intervenir en los procesos democráticos internos; a ejercer los medios de impugnación previstos en esta Ley (arts. 321 y 332; art. 337). Se establece la prohibición para los candidatos (en el caso expreso de los hombres) del cometimiento de delitos sexuales o

Cfr. art. 94, por primera vez se establecen en el art. 331, 12 obligaciones de las organizaciones políticas.

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violencia de género e intrafamiliar. Esto conllevaría la suspensión y limitación del ejercicio de sus derechos de participación política (Código De La Democracia, 2008)10. E N LA ACTUAL P LANIFICACIÓN NACIONAL Y SECTORIAL Como vemos, la actual Constitución del 2008 marca un hito en el enfoque de violencia de género nunca antes vistos. Por lo que, uno de los primeros Decretos presidenciales declaró a la lucha contra la violencia de género como política de Estado (Gobierno Nacional De Ecuador. Decreto Nro. 620, 2007). Esto se tradujo en el enfoque se le dio a los planes nacionales y sectoriales desarrollados hasta ahora.11A diferencia de los de la primera etapa (1997-2007), que se caracterizaron porque estuvieron orientadas más a la violencia intrafamiliar, doméstica, sexual, y a las cuotas, éstos tuvieron un enfoque más amplio hasta reconocer, más adelante, de manera explícita el problema de la violencia política por razón de género. La aplicación de este nuevo enfoque empieza con el decreto presidencial antes mencionado, luego se nota en la especificidad que se va dando al concepto de violencia de género desde el Plan del buen vivir 2009-2013 hasta llegar al Plan de igualdad Nacional 2010-2014. En el primero, en la política 10.3, se propuso promover la participación polí-

Por el art. 17 ninguna autoridad podrá privar de la libertad cuando se encuentre en ejercicio de sus funciones, salvo delito flagrante, delitos sexuales y violencia de género e intrafamiliar. Según el art. 108, tanto candidatas y candidatos no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados ni enjuiciados, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales, violencia de género e intrafamiliar. Por lo que, según el art. 285, serán sancionados con la destitución del cargo y la suspensión de los derechos políticos o de participación. 11 Ver por ejemplo el contenido del Plan Ecuatoriano de Erradicación de la Violencia de Género del 2007. 10

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tica y electoral con equidad en los cargos de elección, de designación y en las instituciones públicas mediante el cumplimiento de las cuotas, la promoción y diseño de medidas afirmativas. Como no existió antes, apenas en el Plan de Igualdad, no discriminación y Buen Vivir para las Mujeres Ecuatoriana 2010-2014, es la por primera vez que se hace referencia a la violencia política por razón de género en relación de los partidos políticos. Esto permite vislumbrar en el futuro más inmediato por razón de su impacto de una serie de trabajos a nivel legislativos, de planificación, que viabilizaran la lucha contra este tipo de violencia. En la línea estratégica seis se propone la erradicación, entre otras violencias, de la violencia y el acoso político de género, mediante la promoción, protección y garantía del derecho a la seguridad ciudadana de las mujeres; el cambio de patrones socioculturales que naturalizan la violencia de género a través de procesos de sensibilización e información; un sistema de protección integral que garantice los servicios de prevención y atención; la creación de un sistema de registro para contar con información cualitativa y proveer datos confiables para la toma de decisiones y para la elaboración e implementación de políticas generales y sectoriales; y la reducción de la impunidad, etc. El Plan Nacional del Buen vivir del 2013-2017, tiene un contenido escueto en el tema de la violencia política por razón de género. La única parte que se remite a lo más cercano al tema de nuestra investigación es en su nro. 1.11, en la necesidad de promover la participación electoral y la consolidación de un sistema democrático de partidos. Por el contrario, en sintonía con el mencionado Plan de Igualdad y no discriminación 2010-2014, la Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 2014-2017 en el Eje Nro. 2 se propone profundizar y mejorar el acceso a la justicia, la transformación de los patrones socioculturales para la prevención y erradicación de la violencia de género en todas sus formas. 114 |Actas Coloquios EchFrancia

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Este eje aglutina entre algunos lineamientos, la erradicación de la violencia política en contra de las mujeres electas. Por lo que, en la Política nro. 2, propone garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, en todas sus formas, mediante la implementación de medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política, en contra de las mujeres electas o designadas, para lo que debe reformar y desarrollar marcos normativos. Se debe promover el fortalecimiento y democratización de los partidos mediante la participación y la organización de mujeres. Como vemos, Ecuador de manera paulatina se acerca a consolidar un marco de planificación nacional que reconoce y explicita la problemática de la violencia política por razón de género en relación con los partidos políticos. Aunque la normativa no lo haga, se están dando pasos importantes a nivel de la política nacional. A continuación describimos como parte de esos intentos de legislación, la propuesta de AMUME del anteproyecto de ley que viene impulsando desde el 2011. P ROPUESTA DE L EY CONTRA LA VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZÓN DE GÉNERO

En el 2011, ante la Asamblea Nacional de Ecuador, como poder del Estado de carácter legislativo responsable de la aprobación de las leyes, se propuso un anteproyecto de Ley titulado: Ley Orgánica contra el discrimen, el acoso y la violencia política en razón del género, la que actualmente sigue en estudio. Esta Ley se propuso sobre la base de cinco artículos de la Constitución Ecuatoriana12. El anteproyecto de Ley tiene Sobre el ya mencionado art. 11.2, el art. 66 en donde se reconoce y garantiza a las personas una vida libre de violencia en el ámbito público y privado; y, el deber del Estado de adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia; el art. 331 en la que el Estado garantizará a las mujeres igualdad, y se adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades, prohibiéndose toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea directa 12

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15 artículos y 4 disposiciones generales. En este, la violencia política por razón de género tiene un enfoque de tipo punitivo, es decir: de delito o infracción y como respuesta unas garantías de denuncias que conllevan una posible pena, es un agravante que el autor o autora, material o intelectual, ejerza funciones públicas o de dirección de partidos políticos. Otro agravante es que se cometa y reitere en contra de mujeres políticas electas que cumplen labores de fiscalización, y que se encuentren en estado de gravidez, parto o puerperio. Sus objetivos se enfocan a la prevención, sanción, remediación de las consecuencias del acoso o violencia que limiten o impidan el libre goce y ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. También se enfoca en la necesidad de garantizar de conformidad con la Constitución y demás leyes, el libre y eficaz ejercicio de los derechos políticos de las mujeres a: elegir y ser elegidas, participar en asuntos de interés público, ser consultadas, participar en procesos de fiscalización de los actos de los órganos del poder público, desempeñar empleos y funciones públicas y conformar partidos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participar en las decisiones que estos adopten sin discrimen, acoso y violencia. F ORMAS DE V IOLENCIA P OLÍTICA POR RAZÓN DE GÉNERO EN LOS PARTIDOS

De una manera muy general se hace una clasificación de su tipología, de la cual podemos apreciar cierta diferenciación en base a las definiciones mencionadas en la primera parte. Para esta ley, la violencia

o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo; el art. 393 que señala que el Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. 116 |Actas Coloquios EchFrancia

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política por razón de género es: •

Desconocer, limitar o condicionar, por razón de género: el ejercicio de cualquiera de los derechos políticos de las mujeres, reconocidos en toda la normativa nacional e internacional vinculante; el acceso y efectivo ejercicio de sus derechos a las mujeres que se postulen, candidaticen o ejerzan un cargo de elección popular o un cargo de selección y designación; o, participen activamente en partidos o movimientos políticos; y el ejercicio de las funciones públicas de dirección o decisión; y la manifestación de su criterio o voto en las sesiones.

•

Impedir o excluir por razones de género y a pesar de contraria voluntad el ejercicio de funciones o el cumplimiento de obligaciones políticas que desarrollan los hombres.

•

Omitir la convocatoria a sesiones en las que deban intervenir en ejercicio de su cargo, dignidad o función.

•

Inducirlas a avalar decisiones o suscribir documentos, de contenido contrario a sus convicciones o al interés público.

•

Referirse a ellas de manera agresiva o burlesca, tratando de menoscabar su dignidad, autoestima o capacidad.

•

Divulgar información falsa acerca de su vida pública o privada.

•

Separar, limitar o condicionar sin justa causa a las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos o accionar político, por su estado de gravidez, parto o puerperio.

•

Acciones u omisiones que causen daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de su autoestima, dirigida a atacar sus posiciones políticas. Actas Coloquios EchFrancia |117

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•

Las palabras ofensivas, gritos, desprecios, insultos, calificativos, palabras con doble sentido, comentarios sarcásticos y burlas que las expongan públicamente (AMUME, Asamblea De Ecuador. Anteproyecto de Ley Orgánica contra el discrimen, el acoso y la violencia política en razón del género, 2011).

Considero que AMUME, aparte de hacer una propuesta normativa, realiza una labor de interpretación y conceptualización de ciertas actitudes, comportamientos, y formas de convivencia que se encontraban “naturalizadas” en la política. Se naturalizaron porque las “justificaciones políticas”, antes explicadas, de cierta manera, argumentaban a favor de una determinada forma de entender y hacer política, que se agrava con la “ficción de igualdad”. Se reconocen las formas de violencia sutiles y de máxima intensidad que se producen como parte de la política hacia las mujeres G ARANTÍAS Y M EDIDAS CONTRA ESTE TIPO DE VIOLENCIA EN LOS PARTIDOS : LOS PLANES INTERNOS DE PREVENCIÓN Desde el art. 7 al 15, se describe todo lo relacionado a garantías, medidas de protección y reparación, que incluye desde detalles de calificación y competencia para atender las demandas, reparaciones, jurisdicción, las medidas cautelares, etc. Aunque se menciona como principio y objetivo la necesidad de la prevención, esta se desarrolla muy escuetamente en el contenido de la norma, a diferencia de la Ley Boliviana que desarrolla de mejor forma esta parte13, y la Ley Española 1/2004 donde Esto si ocurre en la Ley Boliviana del 2012, en donde en su art. 10 define de mejor manera la parte preventiva vinculándola con las políticas, los planes y proyectos. El Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, es la instancia responsable de diseñar, implementar, monitorear y evaluar políticas, estrategias y mecanismos para la prevención, atención y sanción del acoso y/o violencia política hacia las mujeres en estricta coordinación con los diferentes Órganos.

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la prevención es uno de los pilares en la lucha contra la violencia de género14. Por lo que, considero que en el caso ecuatoriano, en aplicación del art. 66 y 393 de la Constitución en relación con las obligaciones del Estado; el art. 321 y 323, sobre el Estatuto y el régimen orgánico de las organizaciones políticas, y especialmente del art. 337 sobre los derechos de los y las afiliadas o adherentes en el ejercicio interno de sus derechos de elegir y ser elegidos, requiere de la aplicación de ciertas herramientas de planificación, donde el tema de igualdad y no discriminación sea un principio modular de la organización partidista. En ese sentido, el Consenso de Quito del 2007, estableció que las políticas electorales deben propiciar que los partidos políticos incorporen en sus agendas el enfoque de género en sus contenidos, acciones y estatutos con el fin de consolidar la paridad de género. Así como implementar acciones positivas y estrategias de comunicación, financiación, capacitación, formación política, control y reformas organizacionales internas, tomando en cuenta la diversidad (ONU, CEPAL, Declaración del Consenso de Quito, 2007, p. 5). Todo esto es necesario para alcanzar lo recomendado en la Conferencia de Beijín, cuando se refería a los partidos políticos como organizaciones que deben avanzar hacia estructuras más igualitarias y menos discriminatorias. Donde adquiere sentido hablar de la viabilidad de ciertas herramientas de planificación interna en la lucha contra la violencia política por razón de género (Declaración De Beijing. 1995: 88, 89). El Objetivo estratégico G.1, y las medidas 190, 191, 192 y 195,

Cfr del art. 3 al art. 16. Ley Española 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 14

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expresan que es necesario examinar la estructura y los procedimientos de los partidos a fin de eliminar todas las barreras que discriminen directa o indirectamente. Destacan la necesidad de establecer iniciativas que permitan a las mujeres participar plenamente en todas las estructuras internas, incorporar las cuestiones de género a su programa y planificación política tomando medidas para lograr que las mujeres puedan participar en la dirección, adoptar medidas positivas para conseguir que exista un número decisivo de mujeres dirigentes, y crear o fortalecer mecanismos para vigilar el acceso de la mujer a los niveles superiores de adopción de decisiones, evaluar los progresos mediante la reunión, el análisis y la difusión regular de datos cuantitativos y cualitativos y difundirlos anualmente. Es necesario promover y garantizar que las organizaciones que reciban financiación pública adopten políticas y prácticas no discriminatorias o violentas. Que se traduzcan, entre otras cosas, en el fomento de las responsabilidades compartidas, una mayor participación de la mujer en la vida pública para la compatibilización de las responsabilidades del ámbito doméstico y político (Declaración De Beijing, 1995). Esto se refuerza, cuando por el art. 2, literal e) de la CEDAW, los Estados tiene el deber de condenar la discriminación contra la mujer en todas sus formas por todos los medios apropiados y sin dilaciones, por lo que, deben impulsar una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer, practicada por cualesquier persona y organización. Esto se completa con el art. 7, cuando dispone que los Estados tomaran todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política del país. Por otra parte, pero en la misma línea, el art. 4 de la Convención Belem do Parà, manifiesta que toda mujer tiene derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos de toma de 120 |Actas Coloquios EchFrancia

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decisiones. En el 2014, en Ecuador, se promulga la Ley para la Creación de los Consejos de igualdad (art. 11)15, entre los que se encuentra el de Género. Para viabilizar la organización técnica se expiden dos instructivos: “Elementos metodológicos para fortalecer el principio de igualdad y no discriminación por razón de género en la elaboración de políticas...” del 2014 y los “Insumos técnicos para la agenda de las mujeres y la igualdad de género” del 2012. En el primero, se destaca que las anteriores agendas de desarrollo tanto nacional como sectorial no contaron con un enfoque de género en la reforma del Estado, fortalecimiento de la democracia, promoción o análisis de participación de la ciudadanía, la construcción de agendas de igualdad, etc. No consideraron el rol de las mujeres en la participación política en sus diversos niveles, ni su presencia y protagonismo en las organizaciones sociales y políticas. Tampoco se realizó el seguimiento y garantía de la paridad en la candidatización, el enfrentamiento a la violencia política en razón de género, y la democratización de partidos, entre otras. Además de la ausencia de estadísticas e indicadores que muestren dicha problemática (2012, pp. 202 y 291). Ante lo que, se proponen, como políticas estratégicas para incidir en las políticas nacionales y locales en torno a la Agenda de Igualdad, la realización de diagnósticos y acciones de protección por violencia política en contra de mujeres electas o designadas en todo el ciclo de su participación, como autoridades y/o funcionarias electas o designadas; la vigilancia de la aplicación de las normas de paridad al interior de las Se crean 7 Consejos: …Nro. 3. de Género. Esta Ley se caracteriza por su escaso basamento en las cuestiones de género, basta leer la exposición de motivos y en todo su texto se hace una pobre alusión a la situación de las mujeres. Sin embargo, desde el ámbito técnico es una buena oportunidad para aplicar lo propuesto en los planes y agendas de las mujeres actualmente vigentes y que ya analizamos en ésta parte. 15

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organizaciones políticas, ex ante y ex post de su inscripción; el establecimiento de mecanismos de vigilancia y exigencia para que toda la normativa respecto al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres no sea vulnerada (2012, pp. 291, 345 y 361). El segundo documento técnico, tiene como objetivo aplicar la normativa internacional y nacional mediante las políticas para la igualdad de género que contiene el Plan del Buen Vivir 2013-2017, la Agenda de las Mujeres, el Plan del Buen Vivir y la Constitución, ya antes comentados. Se propone, en lo electoral, el cumplimiento de la paridad, y la “transversalización” de la perspectiva de género desde los Consejos de Igualdad de Género hacia los partidos políticos. La Agenda, reproduce en su texto los objetivos del Plan del Buen vivir 2013-2017 en lo relacionado a la violencia política por razón de género y los partidos (2014, pp. 9, 10 y 52). Considero que, aplicando todo lo establecido por los instrumentos internacionales antes referidos, unos vinculantes y otros no, podemos viabilizar los objetivos propuestos en torno a este tipo de violencia en los partidos políticos como lo establece y reconoce por primera vez en Ecuador en el Plan de Igualdad, no discriminación y Buen Vivir para las Mujeres Ecuatoriana 2010-2014, en la Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 2014-2017, y las guías de planificación del 2012 y 2014. Lo que torna imperiosa la necesidad de la aprobación y promulgación de la Ley Orgánica contra el discrimen, el acoso y la violencia política en razón del género, que llena un vacío normativo que en caso de mantenerse, deja en indefensión a muchas mujeres que por las estructurales partidistas patriarcales y androcéntricos de muchas organizaciones, ven en la práctica política un factor de riesgo que se agrava cuando ejercen sus derechos políticos de participación.

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C ONCLUSIONES Ecuador desde la Constitución del 1997 hasta la actualidad, ha desarrollado una política institucional contra la violencia de género que se amplía con la Constitución del 2008 en diferentes intensidades y características. Estos esfuerzos hasta el 2010 estuvieron enfocados concretamente a la lucha contra la violencia de género en el ámbito intrafamiliar, doméstica, sexual y por la aplicación de las cuotas electorales. A partir del 2012, se extiende este reconocimiento a ciertos instructivos técnicos que son pioneros en la planificación nacional donde se reconoce de manera expresa la problemática que representa la violencia hacia las mujeres en el ámbito de los partidos, y se hace un llamado a intervenir. Aunque Ecuador es un país con una alta sensibilidad frente a esta problemática, todavía no tiene una normativa específica en el tema como ya lo tienen otros países. Queda como reto pendiente para el país el ponernos al día en normativa específica de igualdad de género, como ya lo han hecho otros países de Latinoamérica y Europa. La violencia es un obstáculo para el desarrollo de los derechos de participación política y de la propia democracia, por lo que, es uno de los retos que le queda pendiente a la política y al derecho en Ecuador. Este tipo de violencia se perpetúa y agudiza frente a una forma de Estado y de democracia formal que no se atreve a criticar de manera positiva a los partidos o movimientos políticos. Esto sucede por la ficción política de la que disfrutan en el marco del Estado de partidos posterior a la primera mitad del Siglo XX. La labor de la ONU, a través de declaraciones, conferencias, instruActas Coloquios EchFrancia |123

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mentos internacionales tanto vinculantes como no, han cumplido una importante labor de teorización y conceptualización de este tipo de violencia. Es necesario reivindicar el papel que ha cumplido en este sentido, tanto la Conferencia como la Declaración de Beijing de 1995. Es hora de rescatar y resaltar la vigencia que aún mantienen sus proclamas, y ponerlas en los temas de análisis de la reforma política del sistema democrático. R ÉFÉRENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Arboleda M. (2012). Informe final: “Nos quieren calladitas, nos quieren sin pensar” Levantando el Velo: Estudio sobre acoso y violencia política en contra de las Mujeres autoridades públicas electas a nivel local en Ecuador. ONU-Mujer, AMUME. Quito. Asamblea Nacional De Ecuador (2011). Proyecto De Ley: Ley Orgánica contra el discrimen, el acoso y la violencia política en razón del género. No publicado. Asamblea Nacional De Ecuador (2014). Ley Orgánica de los Consejos Nacional para la Igualdad. Disponible en: www.asambleanacional.gob.ec/-de-leyde-creacion-de-consejos-para-la-igualdad-ira (Consultado el 12 de Junio 2014). Asamblea Nacional De Ecuador (2014). Ley Orgánica de Comunicación. Disponible en: www.telegrafo.com.ec/images/Texto-Final.pdf (Consultado el 12 de junio 2014). Boletin Oficial Del Estado De España (2004) Nro. 213. Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Disponible en: www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/p/A4216.pdf (Consultado el 1 de agosto de 2014).

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NOTA SOBRE LA AUTORA Jessica Espinoza es Doctora en Jurisprudencia y Abogada por la Universidad de Cuenca en Ecuador, actualmente acaba de culminar sus estudios de Maestría en Políticas de igualdad y prevención de la Violencia de género en la Universidad de Islas Baleares, España. Contacto: [email protected]

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TERCERA PARTE

IMÁGENES, MEMORIA Y SOCIEDAD

Una apuesta interdisciplinar para repensar la literatura a partir de la imagen Lucía Caminada

U n iv e rsid a d d e P a ris X

Resumen El objetivo del siguiente texto es repensar el concepto de literatura en relación con otras disciplinas de la misma área. En este sentido, se cuestiona el concepto de literatura a partir de la experimentación de la escritura en relación con la imagen. Dentro de las teorías de la imagen contemporáneas, sea por ejemplo en la línea de los estudios de arte, de cine o de fotografía, percatamos que hay un cambio epistemológico en la manera de abordar temáticas literarias de una forma interdisciplinar. El desafío aquí consiste en abordar parte de un trabajo más profundo de investigación que incorpora disciplinas de la teoría de la imagen para analizar de qué manera se lee el intersticio entre lo visual y la palabra. De ahí es que el interrogante se dirija principalmente a cómo indagar sobre una teoría y metodología de interpretación literaria interdisciplinar que se remonta a orígenes de un lector que produce imágenes mentales en su manera de percibir las palabras que emanan del texto. Palabras claves Literatura, imagen, interdisciplinar, teoría, escritura.

INTRODUCCIÓN 1 Entrar en el área de las humanidades implica deslizarse por las ramas de las varias disciplinas que este vasto campo abarca. Cuando nos con-

Este artículo es parte de la investigación doctoral titulada “La mirada dislocada. Literatura e imagen: narrativas como territorios”. 1

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centramos en el área específica de la literatura percatamos que al final de cuentas la teoría literaria está impregnada de conceptos provenientes de otras disciplinas que más que traspasarlas, la nutren de horizontes de posibilidades. Al trabajar con la imagen en interacción con el texto, nos topamos con la gran cuestión teórico-metodológica de cómo leer, de cómo interpretar la literatura entre líneas. Este “entre” que va más allá de la intertextualidad o la interdiscursividad. Nos referimos a un tipo de literatura que contiene imágenes, sean fotografías, reproducciones, dibujos, etc., cuyas narrativas propias son indisociables del texto mismo. Todo esto llevó a la investigación a transitar por los caminos de la filosofía, la antropología visual, los estudios culturales, la historia del arte, etc. El cruce de varias miradas teóricas confluyen en un intento de repensar la literatura a partir de un hilo común que liga las variaciones conceptuales, vale decir, la estética. Argumentar acerca de “cuestiones estéticas” puede incluir varias posiciones y/o adquirir un tono muy general, adaptar formas más filológicas o relativas al arte o a la performance, por ejemplo. Lo que está claro es que repensar el concepto mismo de literatura a partir de nociones satelitales que giran en torno a la cuestión de la imagen -sea poética, mental o el dispositivo visual en su materialidad-, es una tarea bastante arriesgada y prometedora. Por este motivo comenzamos por concebir este tipo de narrativas como territorios, como zonas de exploración y por conquistar. Territorio que se explaya por los lugares del decir y las formar de ver o de observar. La imagen se incorpora entonces en la literatura creando estas narrativas emergentes de la interzona producida en el roce de la escritura y la imagen interactuando en un proceso interpretativo. Para acercarnos a esta literatura que se lee junto con la imagen en un juego intrínseco, pensamos que el lector se torna a sí mismo una suerte de lector-espectador: abrimos un libro como puede ser Nadja de 134 |Actas Coloquios EchFrancia

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André Breton y nos topamos con una serie de imágenes y dibujos que desvían nuestra lectura. Del mismo modo que puede pasar en el caso Último Round de J. Córtazar o en Austerlitz de W. Sebald. La mirada se bifurca entre lo textual y la imagen que está allí a la vista, evidente. Cuando percibimos que la imagen no es una mera ilustración de aquello que estamos leyendo, la mirada dislocada empieza a trazar esos territorios inexplorados entre los intersticios de la palabra y lo visual. Hay una parte de la literatura que incorpora la imagen como inherente a lo narrado. Es en esta línea de reflexión que la imagen se desprende del mero sentido de ilustración, ya que la imagen ilustra la narración cuando va siguiendo la historia relatada o para decirlo con otras palabras: si nos quedamos con las imágenes sin el relato podemos “leer” en las imágenes una sucesión de acontecimientos y construir lo escrito. En cambio, lo que llama la atención son aquellos casos literarios en los cuales la imagen y la escritura conforman un solo territorio narrativo. Esto instala lo que denominamos con el rótulo de mirada dislocada ya que exige más que una hojeada a la imagen que acompaña el texto; más bien requiere del lector una interpretación “entre-discursos”. Se pretende delinear aquí en forma breve un panorama de un posible concepto de literatura a partir de teorías de la imagen esbozados desde diferentes campos de estudio. En primera instancia, la teoría de anacronismo y de mirada/visión del historiador del arte y antropólogo visual George Didi-Huberman. En segundo lugar, desde una perspectiva que viene de las ciencias sociales y la psicología, tenemos presente la lectura de Jonathan Crary sobre las técnicas del observador y la manera en que la subjetividad tiene un viraje radical, a partir del siglo XIX, en relación con la manera de comportamiento frente al acto de observar. Por último, en una forma realmente más leve de lo que realmente es, nos dedicamos a la parte filosófica de la estética y en este plano incorpoActas Coloquios EchFrancia |135

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ramos algunos conceptos trabajados por Jean-Luc Nancy acerca de la escritura y la imagen así como de la forma de percibir lo escrito y lo visto en la manera que la mirada es touchée, “tocada” por este proceso. D IDI -H UBERMAN : V ER , ¿A NACRONISMOS NARRATIVOS ?

MIRAR ,

OBSERVAR .

El acto de ver como pliegue, o sea, como “ineluctable modalidad de lo visible” (Didi-Huberman, 2010, p. 15) parece imprescindible para remarcar esta cuestión de la lectura que se bifurca entre la materialidad visual y la escritura. Si las imágenes del arte de por sí producen una poética de la presencia, por ende nos cuestionamos su reproducción material incluida en la literatura ¿Cómo leer la imagen en relación con el texto? O mejor dicho: ¿en interacción con el texto? Ya por un lado tenemos que asumir que las imágenes incorporadas por los escritores – a diferencia de los artistas – son copias de obras de arte o fotografías. Se establece una selección de dispositivos visuales, la mayoría de estatuto fotográfico-, en las cuales lo estético está a la vista: la hoja blanca con sus letras son menos atractivas para el lector que la imagen. La imagen está ahí peleando su estatuto no sólo estético, sino además narrativo. “Lo que vemos, lo que nos mira”. Entramos en este primer acercamiento a la literatura parafraseando el título de uno de los consagrados libros de George Didi-Huberman. Lo que vemos tiene un sentido, nos concierne, adquiere valor: Lo que vemos no vale -no vive- a nuestros ojos más que por lo que nos mira. Ineluctable, sin embargo, es la escisión que separa en nosotros lo que vemos de lo que nos mira. Por lo tanto, habría que volver a partir de esta paradoja en la que el acto de ver se despliega al abrirse en dos. Ineluctable paradoja.... (Didi-Huberman, 2010, p.13).

El concepto de aura de Walter Benjamin es retomado para recuperar la idea de espacio al inscribir la paradoja visual basada en la doble dis136 |Actas Coloquios EchFrancia

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tancia. Esta doble distancia emerge de la cuestión entre lo mirado y quién mira y en esta liminalidad el aura se instaura como rasgo particular de la obra de arte. Hay un presente anacrónico que se vincula con la experiencia aurática. Al entender esta lógica comprendemos por qué el autor rescata la noción de aura destacando la importancia de su espaciamiento obrado y labrado. Otro aspecto relevante del aura es que posee “un poder de la mirada prestado a lo mirado mismo por el mirante: “Esto me mira” (Didi-Huberman, 2010, p. 94). Para el autor, desde el momento en que estamos ante una imagen también estamos frente al tiempo. Esto significa que contiene una memoria y un porvenir en sí de mayor intensidad de quién la mira. El anacronismo es un concepto que refiere a la imagen y sus múltiples y diferentes tiempos que ésta contiene. Si se piensa detenidamente, no sólo la imagen es anacrónica, sino también la literatura. De hecho ¿existe literatura no anacrónica? Respecto a la imagen, cada ficción y cada acto de leer también estarán sujeto de alguna manera a una camada de tiempos que el libro aúna: “Estamos ante el muro como frente a un objeto de tiempo complejo, de tiempo impuro: un extraordinario montaje de tiempos heterogéneos que forman anacronismos” (Didi-Huberman, 2011, p. 39). El gesto de mirar y el acto de ver se vinculan estrechamente con la experimentación del cuerpo en una apertura de los sentidos, en especial, aquél del tacto. Para Huberman ver es una experiencia de tocar, una manera de sentirse tocado también “Como si el acto de ver finalizara siempre por la experimentación táctil de una pared levantada frente a nosotros, obstáculo tal vez calado, trabajado de vacíos” (DidiHuberman, 2010, p.15). Pensado de este modo, la narrativa que aglomera dos dispositivos -visual y escrito- muchas veces suscita en roce de ambos esta la percepción visual que torna corporal esta interzona. Actas Coloquios EchFrancia |137

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LA

MIRADA

DISLOCADA :

EPISTEMOLÓGICO .

SUBJETIVIDAD

Y

VIRAJE

E L APORTE DE J ONHATAN C RARY

Para entrar de lleno en la lectura con un tinte socio-psicológico surge la interrogación: ¿Por qué en la contemporaneidad la literatura incorpora el dispositivo visual? Pareciera que el acceso al viaje propuesto por la escritura necesita de un vehículo, un barco que lleve las alegorías literarias a una zona de interpretación a través de imágenes. Cuando al ser lectores nos posicionamos frente al texto, un papel con letras, dibujos gráficos ordenados por una lógica gramatical, necesitamos prestar atención para poder ingresar en el mundo ficcional. Sucede en cualquier acto de lectura, sea estrictamente de ficción o científico. Esto quiere decir, que para acceder a este acto de lectura, el solo hecho de mirar no garantiza la inmersión en el libro. El pensador Jonathan Crary nos ayuda a corroborar la cuestión antes formulada: según él, hay un proceso el cual es considerado por la sociedad como un acto de atención. Existe entonces un comportamiento de lectura y de comprensión que está estrechamente asociado al estar atento. En este sentido, la atención se vincula a un valor positivo en la sociedad ya que permite al individuo construir bases de saber. La distracción, por el contrario, es una suerte de antivalor social porque estaría refiriéndose a la falta de productividad del individuo. Este proceso demuestra de qué manera, en la contemporaneidad rige un fuerte predomino de la distracción como característica de la propia subjetividad. Resulta de cabal importancia el cambio epistemológico que se presenta en la mirada difusa y con esto nos referimos al acto de no ver pero en cambio, mirar. El sujeto a partir del siglo XIX se caracteriza por la capacidad de focalizar la atención gracias a los múltiples estímulos y su yuxtaposición que así mismo han generado modalidades permanentes de direccionamiento de la atención para que no resulte en "distracción". 138 |Actas Coloquios EchFrancia

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Con respecto al acto de leer, este enfoque es esencial dado que el hábito de leer literatura fue transformándose paralelamente al proceso de distracción que la sociedad técnica fue estimulando. En esta dirección, la literatura puede ser vista como una disciplina que requiere de concentración y sobre todo de una particular atención para poder ingresar en el mundo autónomo que la ficción crea a través de lo textual. Tal cual lo señaló Crary previamente, con las nociones de perspectiva y punto de vista, en el arte va cambiando la mirada ya desde el Renacimiento. Sin embargo, es desde el siglo XIX en donde se comienza a identificar este proceso del mecanismo de atención en relación con la percepción. Esta mirada tiene que ver con las prácticas sociales y con un cambio de subjetividad fundamental. Por este motivo, se podría argumentar que una de las causas por la cual la contemporaneidad incorpora la materialidad de la imagen en la literatura, tiene que ver con una subjetividad singular caracterizada fuertemente por la dispersión. Por ende, el hecho de incorporar la imagen al texto parece en cierto modo adecuarse al sujeto contemporáneo y sus hábitos de lectura así como a las prácticas sociales asociadas a la técnica. En este doble sentido, social y artístico, es que concebimos la entrada de la imagen en la literatura. El intersticio entre ambos dispositivos produce lo que rotulamos previamente como mirada dislocada. Una lectura que propone un juego y que dicho pacto lúdico emerge de ambos elementos visuales y de escritura en una trueque se sentidos permanente. A su vez, la emergencia de las nuevas formas de tecnologías del espectáculo hace que cambien algunas prácticas y representaciones del individuo. La preocupación por la mirada dislocada está relacionada con el planteo del paradigma de atención que “... atención como una constelación de textos y prácticas, es mucho más que una cuestión de la mirada, Actas Coloquios EchFrancia |139

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que mirar, que el sujeto sólo como un espectador. Permite al problema de la percepción de ser extraído de una ecuación simple con cuestiones de visualidad” 2. Además coincidimos con el autor que la cuestión de la visión se ha puesto en jaque en los estudios recientes pero a veces teniendo en cuenta la visualidad como efecto de relaciones de poder o como caso aislado. Para nosotros es un desafío tomar la teoría de Crary para trasladarla a un campo hermenéutico de la literatura. En “Suspensions of Perception” (1999) el autor analiza de manera detallada algunas obras de arte del Impresionismo. Mientras que nosotros leeremos libros que plantean el juego de la visualidad. Sería muy ambicioso desarrollar en este breve trabajo una vuelta de tuerca epistemológica para leer la literatura en relación con la imagen basándonos en estudios de la percepción del arte. Pero lo que sí se quiere destacar es cómo la literatura en cierto modo también ocupa un lugar en la sociedad y requiere de nuevas prácticas de lectura, sean con imágenes o sean virtuales, digitales, etc. Apostamos a pensar que la imagen y la literatura son formas de la literatura contemporánea que van de la mano, que aquellas técnicas y avances del escenario tecnológico de la sociedad va poco a poco incorporando, es decir, normalizando ciertas prácticas de lectura. A L FONDO DE LAS IMÁGENES . J EAN -L UC N ANCY La mirada o regard es aquello que tiene una salida, la abertura de un

La traducción al español es nuestra. Original: “... attention as a constellation of texts and practices, is much more than a question of the gaze, of looking, of the subject only as a spectator. It allows the problem of perception to be extracted from an easy equation with questions of visuality” (Crary, 1999, p. 2).

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mundo dice Jean-Luc Nancy (Nancy, 2000, p. 81). La diferencia entre ver y mirar (voir et regarder) es un tema bastante complejo y tratado por todos los autores a los cuales nos referimos. Para el filósofo “Ver se ajusta a la esfera de los objetos, mirar lleva al sujeto hacia delante” (“Voir se conforme au domaine des objects, regarder porte le sujet en avant” (Nancy, 2000, pp. 74-75). En “Al fondo de las imágenes” Au fond des images (2003) evoca algunos presupuestos de cabal importancia para comprender la relación intrínseca entre la palabra y la imagen ya que en este caso cada uno muestra algo, en el sentido de que cada uno se muestra a sí mismo: el texto presenta la significación mientras que la imagen presenta las formas. Para el autor, son dos caminos para mostrarse diversos y sin embargo son prodigiosos entre sí. Cada uno se encuentra en puja por sí mismo y por el otro. Dicha tensión se crea por una suerte de trazo invisible que los atraviesa y al mismo tiempo no pasa por ningún lado, como una especie de línea impalpable. Este poder procurado se actualiza en el acto de lectura o en la mirada (regard): “Yo leo un texto o la imagen aquí, o bien aquí pliego el texto todavía. Mirando la imagen yo la textualizo siempre de cualquier manera, y leyendo el texto yo lo imagino” “Je lis une texte et voici de l'image, ou bien voici plis de texte encore. En regardent l'image je la textualise toujours de quelque façon, et en lisant le texte je l'image”(Nancy, 2003, p. 130). Retomando las líneas anteriores, la actualización que se produce fundamentalmente por una interpretación encarna una intensidad y una forma. Por esto interpretar según esta perspectiva significa llevar intrínsecamente un sentido que anima, es decir, un juego entre intensificación y figuración. Para comprender este vaivén de sentidos que adquieren las palabras y ejemplos de Nancy, él propone pensar la imagen y Actas Coloquios EchFrancia |141

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texto como la relación del amo con el cuerpo entendiendo esto como que cada uno pone de cierta forma un límite al otro. Siguiendo esta aclaración, el texto puede ser pronunciado en cualquier momento y por este motivo también ser sustraído de/a la imagen. Con esto se refiere que el texto sobre la hoja se podría pensar tan sólo como una imagen. El texto “no es solamente el texto en tanto que sentidos de las palabras. Existe en el corazón sucesivo de las imágenes una especie de imagen ofreciendo una penetración pasajera en el elemento del sentido: en la conciencia... “Ce n’était pas seulement le texte en tant que sens des mots. C'était dans le cœurs successif des images une espèce d'image offrent une pénétration passagère dans l'élément du sens: dans la conscience...” (Nancy, 2003, p.125). La imagen literaria para Nancy no puede negar una obvia presencia visual a pesar de que dicha evidencia queda en la escritura. La escritura se puede asociar al factor de ser tocada por las imágenes en el caso de nuestra investigación, no sólo por la disposición gráfica del texto, sino por su relación íntima con la imagen que de alguna manera seduce y desafía a la palabra en su desnudez artística. Tiene entonces sentido que haya un elemento de seducción intrínseco a las imágenes y este erotismo se debe en parte a esta disponibilidad a ser tocadas (touchées) por los ojos, a dejarse atrapar casi sin resistencia. A MODO DE CONCLUSIÓN En este breve ensayo, se exponen tres contribuciones para la literatura que provienen de campos de estudio diversos pero que giran en torno a la imagen. Al asumir una posición estética para leer la literatura, del mismo ámbito se incorporan miradas que coadyuvan con la noción inicial de literatura como imagen. Es decir, literatura como imagen pensada en particular a partir de las vanguardias y que se están estre142 |Actas Coloquios EchFrancia

Una apuesta interdisciplinar para repensar la literatura a partir de la imagen

chamente ligados con fenómenos de percepción y con lo visual como principal horizonte de interpretación posible para acceder a la palabra (y viceversa). REFERENCIAS BIBLIOGRAFICA Crary, J. (1988) .Techniques of the Observer. USA: Mit Press Crary, J. (1999). Suspensions of perception, Attention, Spectacle, and Modern Culture. USA: First Mit Press. Didi-Huberman, G. (2010). Lo que vemos, lo que nos mira. Buenos Aires: Manantial anacronismo de las imágenes. Didi-Huberman, G. (2011). Ante el tiempo: Historia del arte y anacronismo de las imágenes. Argentina: Adriana Hidalgo Editora Didi-Huberman, G. (2014). Essayer Voir. París: Editións de Minuit. Dubois, P. (2010). O Ato fotográfico. Campinas :13ª Ed. Papirus. Flusser, V. (2002) Filosofia da caixa preta. Rio de Janeiro: Relume Dumará. Nancy, J.-L. (2000). Le regard du portrait. París: Galilée. Nancy, J.-L. (2003). Au fond des images. París: Galilée. Sontag, S. (2009): Sobre la fotografía. España: Debolsillo.

N OTA SOBRE LA AUTORA Lucía Caminada Rossetti es Becaria del Programa Europeo Erasmus Mundus “Joint Doctorate in Cultural Studies in Literary Interzones” en la Universidade Federal Fluminense, Brasil; Universidad de los Estudios de Bergamo, Italia y Univesidad Paris X, Francia. Contacto: [email protected]

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El arbitraje de España de 1898 en la cuestión de Tacna y Arica: estado del arte y perspectivas heurísticas José Julián Soto U n iv e rsid a d d e V a lla d o lid

Resumen Esta investigación describe y analiza la historiografía del arbitraje de España en la cuestión de Tacna y Arica entre Chile y Perú. Además sugiere el estudio de nuevas fuentes primaras con el objetivo de incrementar la escaza bibliografía existente sobre el tema. Para ello, basándose en algunos conceptos de la historia cultural de la prensa realiza aclaraciones heurísticas fundamentales para una hermenéutica que supere las interpretaciones nacionalistas de los hechos. Metodológicamente, clasifica la bibliografía de historiadores chilenos y peruanos en dos etapas: 18981930 y 1930-2015 y según nacionalidad. Por su parte, las fuentes de la prensa española son comentadas y problematizadas con la intención de construir un relato histórico. Las conclusiones dan cuenta de la factibilidad de usar fuentes periodísticas españolas en la cuestión de Tacna y Arica para conocer las imágenes construidas en ese país sobre un conflicto sudamericano. Palabras Clave Historiografía del arbitraje de España, Cuestión de Tacna y Arica, Fuentes de prensa, Heurística, Historia Cultural de la Prensa.

I NTRODUCCIÓN Uno de los desafíos más interesantes de la historia, en tanto disciplina científica, consiste en diversificar los puntos de vista sobre un problema particular. Éste, a su vez, dependiendo de la escala territorial de análisis, ofrece interpretaciones que van desde las miradas macroActas Coloquios EchFrancia |145

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regionales hasta las micro-regionales. La aseveración es pertinente al comprobar en qué medida afecta esa situación a temas clásicos de la historiografía chilena y peruana, como por ejemplo, la Guerra del Pacífico de 1879 y, puntualmente, lo sucedido en Arica entre el 7 de junio de 1880 y los años de la posguerra que originarían la cuestión de Tacna y Arica1. Desde una mirada macro-regional, las historiografías de los países implicados en esa guerra han enfatizado los enfoques metropolitanos, cristalizando una visión oficial de la historia con un fuerte contenido nacionalista. Así, el uso de documentación oficial, es decir, los registros escritos producidos en las cancillerías, en los ministerios de guerra, en la prensa del poder político, etc., ha conducido a conclusiones dispares y hasta contradictorias. Por otra parte, cuando se intenta realizar un estudio de la historia de Tacna y Arica bajo la perspectiva microregional, o de historia local, las dificultades no son menores. La producción documental se torna esquiva e incógnita. El relato oral La cuestión de Tacna y Arica fue el nombre con que se conoció en Chile y Perú, así como en el extranjero, a la controversia diplomática entre esos países surgida de la oposición incompatible de sus cancillerías sobre cómo ejercitar la soberanía en los territorios de Tacna y Arica. El origen de esa discrepancia es situado por la historiografía chilena y peruana en el año 1883. Ese año, a raíz del Tratado de Paz de Ancón, se estableció en su artículo III que los territorios de Tacna y Arica estarían bajo la posesión, legislación y autoridades chilenas durante una década y que, pasado ese tiempo, Chile y Perú organizarían un plebiscito que consultaría a los habitantes sus inclinaciones nacionales. En 1894, cumplido el plazo, el plebiscito no se ejecutó, dando paso a una serie de tensiones constantes en las relaciones diplomáticas entre ambos países, la cual repercutió definitivamente en ambas sociedades, configurando rivalidades constitutivas de sus identidades nacionales. La cuestión de Tacna y Arica fue conocida también como “El problema de Tacna y Arica”, “La cuestión del Pacífico”, “El problemas de las cautivas” y “La Alsacia y Lorena de América”.

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El arbitraje de España de 1898 en la cuestión de Tacna y Arica

asume cualidades de leyendas y mitologías. Se pierde, a la vez, la conexión con las decisiones de nivel político central. Una forma de superar ambas situaciones es intentar un análisis histórico con visiones originales sobre tópicos historiográficos –la cuestión de Tacna y Arica–, aumentando el radio territorial del problema sin perder profundidad en las pruebas que sustenten la hipótesis de trabajo. Concretamente, la presente investigación asume ese desafío al incluir la percepción periodística española sobre la Guerra del Pacífico, desde el episodio conocido como Asalto y Toma del Morro de Arica, centrándose en el Protocolo Billinghurst-Latorre y el arbitraje español de 1898 para solucionar la cuestión de Tacna y Arica, y finalizando en 1901, cuando Chile decidió prescindir de esos buenos oficios. Así, este estudio rompe las fronteras de los enfoques tradicionales y locales internacionalizando el impacto de aquel. Las motivaciones de este enfoque se fundamentan en la mínima producción historiográfica sobre la relación entre España y la cuestión de Tacna y Arica, así como en la intención de proponer un modelo de estudio basado en fuentes de prensa de países del hemisferio norte. Por esas razones, en primer lugar ofreceremos un minucioso estado del arte acerca del arbitraje español de 1898; en segundo lugar, un estudio de las fuentes españolas que ayudan a cubrir el vacío; y, por último, concluiremos con algunas reflexiones y sugerencias tendientes a consolidar una visión más global de un problema geopolítico regional que, si bien data de fines del siglo XIX, continúa friccionando a las repúblicas allí implicadas. E STADO DEL ARTE Esta sección analiza la bibliografía concerniente a las negociaciones diplomáticas entre Chile y Perú para concluir la cuestión de Tacna y Actas Coloquios EchFrancia |147

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Arica. Se enfatiza la importancia de España en aquéllas, puesto que de acuerdo al protocolo Billinghurst-Latorre de 1898 la reina María Cristina de Borbón organizaría el plebiscito estipulado en el Tratado de Ancón de 1883. Contextualizar el momento diplomático entre Chile y Perú en que España cobró relevancia sugiere realizar un recorrido histórico desde el origen de la cuestión en 1880. Durante la Guerra del Pacífico, iniciada en 1879, Chile venció al ejército peruano-boliviano en Tacna el 26 de mayo y luego, en Arica, el 7 de junio de 1880. Ambas ciudades formaban parte del sur peruano. Algunos diplomáticos de Chile y Perú pensaron que había llegado el momento de firmar la paz. Estados Unidos facilitó sus buenos oficios para la realización de las “Conferencias de Arica” las que fracasaron. (Donoso, 1925, p. 415; Barros, 1970, p. 366; Aguilar, 1980, p. 227; Lagos, 1981, p. 72; Núñez, 1994, p. 387; Velaochaga, 2001, p. 132; Pinochet de la Barra, 2004, pp. 13-14; Iturra, 2007, pp. 467-468; Clayton, 2008, p. 128; López, 2008, pp. 69-70). Ese fracaso dio inicio de la Campaña de Lima. Chile venció la resistencia peruana de Chorrillos y Miraflores en 1881. Luego, el teatro de la guerra se trasladaría a la sierra peruana desarrollándose una guerra de guerrillas. Chile, antes de finiquitarla, concordó con las autoridades peruanas la firma del Tratado de Ancón, el 20 de octubre de 1883. Dentro de los catorce artículos que pretendían “restablecer las relaciones de amistad entre ambos países” (López, 2008, p. 146) nos interesa el tercero. Éste decía: El territorio de las provincias de Tacna y Arica que limita, por el Norte, con el Río Sama, desde su nacimiento en las cordilleras limítrofes con Bolivia hasta su desembocadura en el mar, por el Sur, con la quebrada y el río de Camarones, por el Oriente, con la República de Bolivia; y por el poniente con el mar Pacífico, continuará poseído por Chile y sujeto a la legislación y autoridades chilenas durante el término de diez años, 148 |Actas Coloquios EchFrancia

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contados desde que se ratifique el presente tratado de paz. Expirado este plazo, un plebiscito decidirá en votación popular, si el territorio de las provincias referidas queda definitivamente el dominio y soberanía de Chile o si continúa siendo parte del territorio peruano. Aquel de los países a cuyo favor queden anexadas las provincias de Tacna y Arica, pagará otros diez millones de pesos, moneda chilena de plata, o soles peruanos de igual ley y peso que aquella. Un protocolo especial, se considerará como parte integral del presente tratado, establecerá la forma en que el plebiscito debe tener lugar, y los términos y plazos en que haya de pagarse los diez millones por el país que quede dueño de las provincias de Tacna y Arica. (República del Perú, 1924, p. 5).

Según Barros (1970), los días previos a la firma del tratado, el diplomático chileno Jovino Novoa tuvo la idea de establecer inmediatamente las bases del plebiscito, pero se consideró inoportuna. De todos modos, el tratado puso fin de manera oficial a la guerra (Chang-Rodríguez, 2008, p. 159). Perú enfrentó difíciles problemas pues “la derrota había generado una terrible desmoralización y los líderes de posguerra debían afirmarse frente a un pueblo golpeado e inseguro de su capacidad de defensa” (Clayton, 2008, p. 137). Como lo expresó Izquierdo sobre el artículo nº 3, “Dicha cláusula continuó siendo motivo de fricción entre ambos países, dificultando alcanzar el plebiscito” (1990, p. 189). Lo anterior creó grandes inconvenientes entre los países firmantes. El incumplimiento del plebiscito hacia 1894 permitió al Perú “impugnar todo el Tratado, y por ende, solicitar el reintegro de Tarapacá. Desde entonces se le señaló, al igual que a Arica y Tacna, como provincia cautiva” (González, 2004, p. 27). Luego de 1894 la situación del destino de Tacna y Arica cambió notoriamente. Las cancillerías de Chile y Perú, conscientes de sus dificultades, propusieron el arbitraje de España. La bibliografía sobre su participación es escaza, no obstante, algunas obras han dedicado párrafos a esa colaboración. Actas Coloquios EchFrancia |149

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Sobre esa bibliografía ensayamos una división esquemática debido al largo periodo en que fueron escritas, fundada en dos criterios. El primero separa las obras considerando el año de la publicación. Así un segmento abarca los años 1898-1930 y el otro 1930-2015. Las obras publicadas en el primer segmento evidencian un alto contenido nacionalista relacionado con la vigencia de la cuestión diplomática. Por el contrario, las obras insertas en el segundo segmento parecen ser menos ideologizadas. El segundo criterio aparta a los autores chilenos de los peruanos. Siguiendo ese orden, comentaremos la literatura más temprana sobre la relación entre la cuestión de Tacna y Arica y el arbitraje español, atendiendo, primero, a las ideas de los autores chilenos y, segundo, de los autores peruanos. Después, surcaremos el segundo periodo, usando el mismo orden de nacionalidad para los autores. E L ARBITRAJE ESPAÑOL SEGÚN LOS CONTEMPORÁNEOS A LA CUESTIÓN DE T ACNA -A RICA (1898-1930) Autores chilenos Los fragmentos dedicados al rol de España en la resolución de la cuestión de Tacna y Arica son escasos. Su factor común, salvo una excepción, es la intención por consolidar la idea de la unidad política chilena ante la amenaza sobre su soberanía territorial culpabilizando a Perú por el fracaso del protocolo Billinghurst-Latorre de 1898. Así, al revisar los escritos del diplomático Julio Pérez Canto (1918) constatamos lo dicho. Sobre el arbitraje español, aquel valoró la intención de Chile al enviar una misión reservada a cargo de Máximo Flores, Ministro de la Corte Suprema. El gesto fue respondido por el Perú enviando a Santiago un equipo de diplomáticos encabezado por Guillermo Billinghurst. En palabras de Pérez Canto, “El resultado de las 150 |Actas Coloquios EchFrancia

El arbitraje de España de 1898 en la cuestión de Tacna y Arica

conferencias que se celebraron entre el enviado especial y el jefe de la cancillería chilena, fue aquel desgraciadísimo convenio que firmó el 16 de abril de 1898 el almirante Latorre” (p. 83). Pérez Canto no argumentó su opinión sobre arbitraje español. En éste le correspondía a España decidir quiénes votarían; el tipo de voto (público o secreto); y proponer la presidencia del plebiscito. En 1901 la participación de España se desestimó por parte de Chile. En Pérez Canto tampoco quedan claras las razones políticas que llevaron a la Cámara de Diputados hacia esa decisión. Por el contrario, lo explícito en el diplomático chileno es la idea de que la táctica usada por el plenipotenciario peruano Cesáreo Chacaltana logró “provocar un rompimiento” (p. 83) con Chile. En el fondo, propuso que fue el peruano quien hizo fracasar las negociaciones diplomáticas entre Chile y Perú. Una visión menos parcial es la presentada por quien fuera Ministro de Relaciones Exteriores de Chile en dos periodos, 1921-1922 y 19251926. Ernesto Barros Jarpa estimó que en el fracaso de la diplomacia las responsabilidades son compartidas. De todos modos defendió a Chile de la imputación peruana sobre la demora del plebiscito, puesto que: “si dos personas no se ponen de acuerdo en un contrato o dos naciones en un tratado, ninguna de ellas es responsable de la falta de acuerdo; así lo ha estimado el Perú cuando, después de 1894 ha negociado con Chile sobre bases plebiscitarias” (Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 1922, p.18).

Barros Jarpa profundizó esas ideas en una obra posterior donde defendió la posición de que el plebiscito no se ejecutó en 1898 debido a las dificultades para fijar sus bases. Al parecer, lo que interesaba aclarar a Barros Jarpa era que el protocolo Billinghurst-Latorre sólo se limitaba a “concertar un arbitraje de la Reina de España, que no llegó a ser Actas Coloquios EchFrancia |151

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sancionado, para que fijara las condiciones en que debía celebrarse la consulta plebiscitaria” (1922, p. 140). Esa aclaración resultaba vital no sólo en el curso del texto, porque en el contexto diplomático de su escritura Chile y Perú continuaban discutiendo quienes podrían votar en el plebiscito. Una visión totalmente opuesta a la de Pérez Canto y Barros Jarpa fue la defendida por Carlos Vicuña. Crítico agudo de su sociedad y de los problemas internacionales del país, en más de una ocasión dio a conocer sus impopulares puntos de vista sobre la cuestión de Tacna y Arica. Expresó que la meditación sobre ese problema y su difusión eran un deber moral, pues tales ejercicios tendían “a buscar soluciones definitivas de paz y de justicia a ese problema… cuyo cumplimiento no debo eludir ante amenazas explicables” (Revista Claridad, 1921, nº 33, s/p). La posición de Vicuña sobre el problema de Tacna y Arica le valió la expulsión de la cátedra universitaria que dictaba en Chile. Parte de su postura se sintetiza en la siguiente cita: El problema de Tacna y Arica no estriba ciertamente ni en que Chile se quede con esas provincias, ni tampoco en que las devuelva al Perú: plantear en el terreno meramente político esta cuestión carece de verdad, porque el problema es más alto y trascendental. Consiste él esencialmente en que cese el entredicho de Chile y el Perú, vuelva entre ambos la amistad, nacida de la paz moral, y desaparezca el síntoma perturbador de la armonía de nuestro continente. Consecuencia de ello será el cambio de la política agresiva, la disminución de los armamentos, el desarrollo del comercio y la vuelta al predominio de los conceptos morales, hoy día abandonados por la necesidad de cohonestar nuestra política. Me parece una solución conveniente la devolución de esas provincias al Perú, porque ésta es la única manera de llegar a aquella paz y amistad, ya que el Perú no renunciará ni por dinero ni por la fuerza a sus sentimientos, que son respetables y justos. No quiero invocar precedentes ni ejemplos de mi actitud, pero sí hacer una sencilla consideración: Chile desde hace treinta años está tratando de resolver este pro152 |Actas Coloquios EchFrancia

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blema mediante una cierta política, no exenta de incoherencia, que los simples particulares ni siquiera conocemos, y el problema ha envejecido sin que la solución satisfaga. En tales condiciones, cuando va en ello la paz de América, la prosperidad de Chile y la sangre de nuestros propios hijos, ¿no será lícito, a lo menos, buscar una nueva solución, en reemplazo de la vieja, inadecuada? (1921, pp. 46-47).

En más de una oportunidad Carlos Vicuña fue tildado de antipatriota por creer en la fraternidad latinoamericana. La importancia de esa visión radica en que denunció públicamente la posición torcida de Chile sobre la interpretación del artículo nº 3 del Tratado de Ancón. Desconocemos autores peruanos de obras políticas sobre la cuestión de Tacna y Arica que pensasen soluciones en un marco de referencia como el de Vicuña. Autores peruanos Las realidades políticas construidas por estos autores conformaron la concepción oficial hacia la diplomacia chilena. Esta premisa posibilita un análisis que detecte las ideas centrales de obras referidas al arbitraje español sobre Tacna y Arica. De aquellas, la fundamental inserta en la cancillería peruana un sello conductor y propositivo en las negociaciones diplomáticas y, por el contrario, una cancillería chilena obstaculizadora de la paz. Enrique Castro y Oyanguren, periodista y diplomático, por ejemplo, planteó que en 1896, dos años antes de suscribirse el protocolo BillinghurstLatorre, Perú exigió a Chile cumplir el acuerdo de Ancón. Esa gestión permitió la celebración del plebiscito considerando a España en la coordinación de sus aspectos fundamentales en la votación (Barreto, 1919, p. 106; Barreto 1919b, p. 45; Wiesse, 1908, p. 267; República del Perú, 1924, p. 185). Castro y Oyanguren enalteció el profesionalismo de sus diplomáticos. Sobre Billinghurst dijo que “logró Actas Coloquios EchFrancia |153

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en pocos días de la diplomacia chilena lo que en vano habíase intentado en mucho tiempo” (1919, p. 35). Este liderazgo diplomático también lo estableció Alberto Ulloa. Según ese diplomático, en las negociaciones preliminares del protocolo, Chile insistió en dividir los territorios disputados en tres zonas efectuando el plebiscito sólo en una. Las otras dos pasarían directamente a cada país, pero “ante la negativa peruana, las negociaciones tomaron su verdadero camino” (1925, p. 21). Ulloa introdujo un factor decisivo en la organización plebiscitaria. Según él, Chile negoció con Argentina por los territorios meridionales con el objetivo de impedir una alianza entre aquélla y Perú. Castro y Oyanguren (p. 36), Téllez (1925, p. 213) y Porras (1930, p. 127) abrazaron esa interpretación. Porras aseguró que Chile firmó el protocolo urgido por las circunstancias que transitaba internacionalmente. Así las cosas, en 1898 se acordó arbitrar “la cuestión de límites chileno-argentina [pues] el peligro se había alejado” (1930, p. 127). Ese autor introdujo como argumento anecdótico el acercamiento de los presidentes de Chile y Argentina en la “Conferencia de Magallanes” del 15 de febrero de 1899, donde el último murmuró al oído del primero que “él se encogería de hombros ante todo lo que hiciera Chile para liquidar sus cuestiones derivadas de la guerra del 79” (p. 128). La actitud chilena para engañar a Perú en la promesa plebiscitaria, permitió a Porras enjuiciar en duros términos al país, sintiendo que la honradez y la fe pública de éste se habían diluido. Según Castro y Oyanguren, al restablecerse el diálogo entre Chile y Argentina, el primero cambió de táctica. El protocolo quedó empolvándose en la Cámara de Diputados que contestó a Perú con dilaciones y evasivas (1919, p. 36). El Perú demostró la veracidad de esa acusación publicando en los medios de comunicación el acuerdo de los 154 |Actas Coloquios EchFrancia

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diputados. En un documento del Ministerio de Relaciones Exteriores se señaló: “Teniendo presentes las diversas observaciones formuladas en el debate y en especial la conveniencia de que sean resueltos directamente por los Gobiernos de Chile y del Perú, los puntos que el protocolo de 16 de abril de 1898 entrega a la resolución de un árbitro, la Cámara acuerda que se envíen los antecedentes al Ejecutivo a fin de que inicie nuevas gestiones diplomáticas, para dar cumplimiento a la cláusula 3º del Tratado de Ancón” (República del Perú, 1924, p. 184; Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 1921, p. 25).

En el Perú se consolidó la idea del oportunismo diplomático de Chile. De hecho, ese argumento presentó la Cancillería de Perú en 1924 cuando el plebiscito lo coordinó Estados Unidos. Allí leemos: “En 1898, cuando Chile estuvo en dificultades con la República Argentina y al borde de la guerra, se negoció en Santiago el protocolo Billinghurst-Latorre, que dispuso la realización de un plebiscito y que la Reina de España resolviera por arbitraje las condiciones de los votantes. Chile pareció deseoso de arreglar su controversia con el Perú, pero tan pronto como pasó la crisis con la Argentina, cambió su actitud y promovió discusiones en detalle, extremando sus exigencias, tales como la de que el Perú se comprometiera a no explotar los yacimientos salitreros que se descubrieran y pudieran perjudicar el monopolio que Chile tiene del salitre. El Perú continuó, sin embargo, urgiendo la aprobación del protocolo durante las sesiones del Congreso chileno de 1898-99… Durante las sesiones del Congreso chileno, en 1901, el Perú continuó sus esfuerzos en ese sentido. Al fin, en 1901, el Congreso de Chile devolvió el protocolo al Ejecutivo sin aprobarlo. (República del Perú, 1924, p. 105).

La diplomacia peruana dudaba de la ejecución del plebiscito con o sin arbitraje. Así lo constató Ismael Portal, miembro del Instituto Histórico del Perú y de la Sociedad Americana de Derecho Internacional de Washington, quien escribió una obra antichilena remarcando su conducta diplomática con Perú. En la apertura del texto Actas Coloquios EchFrancia |155

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aplaudió la enérgica posición de su país para solucionar el conflicto. Allí lanzó el primer dardo a Chile, país habituado a “no respetar sus más sagradas obligaciones internacionales” (1924, p. 3). Portal comprendía que el arbitraje, en jurisprudencia internacional, tenía un estatus sagrado. Por lo tanto, al ser un acto ejercido noblemente por una tercera potencia, España, se debía respetar, ya que protegía de la injusticia impidiendo el derrame de sangre. En esa terna diplomática, reflexionó, había una aberración que impedía su organización y desarrollo. Según el peruano, esa anomalía la ejercían los países con “sed de dominio y de conquista, porque es un freno que los sujeta a sus perversos planes” (p. 70). El fracaso del protocolo en 1901 clarificó, según Portal, que Chile usaba estrategias evasivas de las responsabilidades contraídas en el plano internacional. De tal modo, con un dejo de ironía, escribió sobre el acuerdo de 1898: “Allí está el protocolo de 16 de abril de 1898 que no nos hará incurrir en falsedad; pues… el problema de Tacna y Arica fue… sometido por los gobiernos del Perú y de Chile… al arbitraje de la Reina Regente de España, y lo único que se adelantó fue mortificar a la augusta señora” (p. 70). Otro autor, Alberto Salomón, Ministro de Relaciones Exteriores del Perú tres veces entre 1920 y 1925, pensaba que el único esfuerzo conciliador chileno había sido la obstrucción de los acuerdos. Dudaba de la honestidad de los diplomáticos chilenos lo cual argumentaba con los sucesos de 1901. Escribió: En cuanto a los esfuerzos hechos por Chile para llegar a la realización del plebiscito, se trata de una pura fantasía del Canciller [se refiere a Barros Jarpa]. Al contrario, Chile se esforzó siempre por impedir que el plebiscito se realizara. Sólo en una ocasión de su historia diplomática ha parecido dispuesto a negociar las bases del plebiscito: en 1898, cuando 156 |Actas Coloquios EchFrancia

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se firmó el protocolo Billinghurst-Latorre. Y, como saben los señores representantes, inmediatamente que desapareciera la circunstancia que le diera origen, o sea la tirantez de relaciones con la República Argentina; tan luego como se realizó la Conferencia de Magallanes entre los presidentes Errázuriz y Roca, y cesó esa tirantez, declararon los chilenos, sin ningún pudor, que ya no tenía por qué llevarlo a cabo, que no irían al plebiscito porque las condiciones habían cambiado. (Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 1921b, pp. 26-27).

LA

HISTORIOGRAFÍA

CUESTIÓN DE

DEL

ARBITRAJE

DESPUÉS

DE

LA

T ACNA Y A RICA (1930-2015)

Autores chilenos Al analizar la cuestión de Tacna y Arica, los historiadores Mario Barros, Mario Góngora, Guillermo Lagos y Juan Fernández, conforman una mirada común que enfatiza las diferencias diplomáticas entre Chile y Perú. Una excepción la constituye Sergio González quien piensa la historia desde/sobre la frontera norte chilena. Mario Barros, diplomático, abogado e historiador, al analizar el protocolo valoró las gestiones encabezadas por el vicepresidente peruano Guillermo Billinghurst. Éste, comentó a su presidente, Nicolás de Piérola, que las negociaciones serían exitosas en la medida de que Perú se mantuviese neutral en el conflicto entre Chile y Argentina. Barros evaluó la postura de Billinghurst aplaudiendo su proceder intachable durante la tensa situación internacional chilena. Comentó, además, que entre el primero de febrero de 1898, fecha en que Billinghurst fue nombrado plenipotenciario, hasta el 16 de abril del mismo año, cuando se firmó el protocolo, circularon varias ideas sobre el destino de Tacna y Arica. Chile, “propuso entregar Arica a Chile y Tacna al Perú, reducir la indemnización a cuatro millones de pesos y construir un ferrocarril Actas Coloquios EchFrancia |157

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moderno entre las dos ciudades” (1970, p. 587). Perú rechazó esa propuesta y sugirió “entregar a Chile la zona entre Vítor y Camarones; Tacna y Arica al Perú y la indemnización anterior” (p. 587). En la clase política, el protocolo fue recibido ambivalentemente dividiéndose entre las opiniones de Juan José Latorre, Ministro de Relaciones Exteriores y Vicente Santa Cruz, Ministro Plenipotenciario en Perú. El primero temía la pérdida de Tacna y Arica y, luego de eso, el retorno de las buenas relaciones entre Perú y Argentina. Santa Cruz compartía ese miedo, pero además “estaba indignado por el acuerdo… porque se había producido a sus espaldas” (p. 588). Luego, la aprobación del protocolo se discutió en el parlamento. Allí recibió furibundos ataques y se pospuso su legalidad (Barros, 1970, p. 588; Merlet, 1996, p. 187188). Barros deslizó algunas críticas responsabilizando a la diplomacia peruana en el fracaso del protocolo. Culpó a Perú de negarse a emitir “una declaración en defensa de los intereses chilenos en la zona disputada” (p. 588); de enviar a Santiago al agresivo diplomático Cesáreo Chacaltana para exigir cumplir el pacto tal cual había sido firmado (p. 588) y, por último, la filtración de una carta en un diario argentino en la que se daba a entender que de haber guerra entre Chile y Argentina “el Perú estaría con Buenos Aires” (p. 588). Barros opinó que “para nuestro prestigio como nación seria y cumplidora de sus compromisos internacionales, Perú se desentendió totalmente [del tratado]” (p. 588). Y, finalmente, acusó al Perú de dejar morir el tratado jugando también con una ucronía: “Si el Perú hubiese exigido el cumplimiento del acuerdo Billinghurst-Latorre… Lima sería hoy dueña de Tacna y Arica” (p. 588). Además, al autor chileno le impresionó la negligencia peruana para concluir satisfactoriamente el protocolo, aun cuando en ese país se sabía 158 |Actas Coloquios EchFrancia

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que España era proclive a la votación sólo de los nacidos en Tacna y Arica. Un punto de vista similar tuvo Mario Góngora (2006) quien, después de analizar las diferentes posturas que suscitó en la clase política el protocolo, apuntó: “Chile tenía que temer los resultados del plebiscito, ya que la mayoría [de la población en Tacna y Arica] era peruana” (p. 230). Por otro lado, en los escritos de Guillermo Lagos (1981) encontramos un análisis de los dieciocho artículos del protocolo. De gran importancia son aquellos que debía dirimir la reina María Cristina. Dentro de éstos el punto número 1º estipulaba: Quienes tienen derecho a tomar parte en la votación plebiscitaria destinada a fijar el dominio y soberanía definitivos de los territorios de Tacna y Arica, determinando los requisitos de nacionalidad, sexo, estado civil, residencia o cualesquiera otros deban reunir los votantes y, 2º si el voto plebiscitario debe ser público o secreto. (p. 47).

Otros aspectos breves de la antesala del protocolo pueden ser revisados en Juan Fernández (2004, p. 340), Eyzaguirre (1957, p. 163) y Álvez e Irarrázaval (2000). Por último, Sergio González sostuvo que la época del protocolo fue cuando más cerca se estuvo de solucionar la cuestión de Tacna y Arica. Si bien algunos datos presentados por el historiador parecen deudores de la obra de Barros, interesa su interpretación de los hechos. Sobre el papel de Argentina fue claro: “Sin duda, el tratado con Argentina de septiembre de 1898 fue decisivo en el cambio de postura frente al protocolo por la parte chilena” (2000, p. 18). Y declaró, categóricamente, que Chile necesitaba el protocolo para solucionar los conflictos que se venían desarrollando con Argentina. También es novedosa la reflexión de González sobre lo que hubiese significado para Chile y Perú la realización del plebiscito. En sus Actas Coloquios EchFrancia |159

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palabras, se hubiera dado “un ahorro fundamental de recursos humanos y económicos para Chile y Perú” (2008, p. 58). Finalmente, otro aspecto particular del historiador guarda relación con el rol de los Estados Unidos como mediador entre Chile y Perú. El autor comentó la circulación, en esos momentos, de un opúsculo escrito por el diplomático peruano Alejandro Garland titulado Política interna del Perú. Confidencial. El problema de Tacna y Arica. En éste, dijo González: …se exponía que una política de aplazamientos e inacción colocaría al Perú inerme a los pies de Chile (…). Si el mencionado Protocolo fracasaba, Estados Unidos no podría quedar indiferente, por lo tanto, Perú debería buscar con el país del norte “un tratado de reciprocidad comercial que incluyera franquicias especiales a las naves norteamericanas en su costa; y solicitaría sus buenos oficios de esa república para alcanzar el cumplimiento del Tratado de Ancón, basándose en las gravísimas consecuencias de la consolidación de la conquista y el imperio de la fuerza sobre la justicia en el continente… Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, John Hay, respondió que solamente mediaría en un conflicto si ambos países se lo solicitaban. Este punto es importante porque, por un lado, abrió las puertas a la participación [a] ese país y, por otro, a la desconfianza chilena respecto de los intereses norteamericanos en el Perú. (pp. 58-59).

Autores peruanos Jorge Dulanto ofrece una visión marginal sobre la misión diplomática peruana de 1898 enviada a Chile y encabezada por Billinghurst. Contrario a la opinión general, que establece una estadía grata del vicepresidente peruano en Santiago facilitando el protocolo, Dulanto sostuvo que éste tuvo “muy serias dificultades en sus conversaciones con los hombres públicos de Chile” (1947, p. 495). Como sabemos, una de aquellas fue establecer las bases del plebiscito definiendo quienes serían los votantes. Perú deseaba que éstos fuesen los regnícolas de Tacna y Arica, mientras que Chile defendía el derecho a 160 |Actas Coloquios EchFrancia

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voto de todos los residentes de ese territorio (Basadre, 1948, p. 556). Unos párrafos imaginativos escritos por Gustavo Pons afirman que los negociadores del protocolo “se pusieron de acuerdo en todo para la organización del plebiscito” (1962, p. 186); sabemos que el acuerdo total entre las cancillerías de Chile y Perú jamás existió. Es más, de ser cierta la afirmación de Pons, el fracaso del protocolo hubiese sido más notorio y el juicio internacional sobre Chile lapidario. Zárate (1984, p. 18), al igual que el chileno González, concuerda en que esa ocasión fue la más próxima al arreglo de la cuestión fronteriza. En fin, de efectuarse el plebiscito, la figura política de Billinghurst se habría fortalecido, así como la de Piérola quien vio en la cuestión de Tacna y Arica su más grande preocupación en el plano internacional (Rivera, 1974, p. 161; Ortega, 1986, p. 424). En Fabián Novak encontramos otros indicios que reconstruyen el rompecabezas del protocolo. Novak afirmó que no fue Billinghurst quien comenzó las gestiones entre Chile y Perú, sino al revés. El Presidente de la Corte Suprema de Chile, Máximo Flores, presentó en Lima al presidente Piérola la propuesta de su país. Piérola designaría a Billinghurst para “sostener a partir de enero de 1898 sucesivas reuniones con el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Raimundo Cruz” (2001, p. 77). Según Novak fue Chile quien postuló como árbitro a España y, también opuestamente a lo pensando en el Perú, la firma del protocolo suscitó controversias en la clase política de ese país. Algunas reacciones políticas contrarias fueron las montoneras de Verástegui y la ardiente conferencia de González Prada. Ambas no tendrían grandes implicancias, sobre todo luego de que se supiera en Lima que las negociaciones efectuadas por el chileno Matías Errázuriz Ortúzar ante el marqués de Vega Armijo, para que la participación plebiscitaria incluyese a todos los residentes de Tacna y Arica fuesen desechadas. Actas Coloquios EchFrancia |161

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Por último, Antonio Zapata (2011) publicó otros aspectos historiográficos de importancia. El investigador enfatizó la actitud del diputado chileno Abraham Konig quien, con sus intervenciones ardorosas, planteó la tesis de la cesión encubierta de Tacna y Arica a Chile en 1883. Konig sumaba a ese posicionamiento “irreverente”, como fue juzgado en el Perú, la idea de que “no correspondía realizar un plebiscito, sino pagar los mencionados diez millones de pesos a modo de compensación económica” (p. 15). La influencia de esa opinión no debe menospreciarse, porque si bien la Cámara de Diputados de Chile aprobó el acuerdo, lo dejó en un limbo legal priorizando otros asuntos juzgados de mayor importancia (p. 15). P ERSPECTIVAS HEURÍSTICAS Los conflictos territoriales entre Chile y Perú han sido fundamentales en el surgimiento del nacionalismo y la reproducción social de esa ideología. La Guerra del Pacífico y, derivada de aquella, la cuestión de Tacna y Arica, se insertan en esa lógica. En el plano del conocimiento, eso permite una producción de saberes científicos matizada y, muchas veces, intervenida. En esta consideración se asienta nuestra propuesta para escribir una historia basada en fuentes inéditas en el marco de una heurística novedosa. Así, aspiramos a desmarcarnos –sin obviar– los discursos historiográficos chilenos y peruanos. La heurística es definida por el Diccionario de la Lengua Española con tres acepciones: 1º Técnica de la indagación y del descubrimiento, 2º Búsqueda o investigación de documentos o fuentes históricas y 3º En algunas ciencias, manera de buscar la solución de un problema mediante métodos no rigurosos, como por tanteo, reglas empíricas, etc. En nuestra perspectiva, validamos las acepciones primera y segunda, desechando la tercera por razones obvias. Entendemos que la heurística, en tanto técnica de indagación, puede ser socializada, reproducida y 162 |Actas Coloquios EchFrancia

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perfeccionada por otros historiadores. Y, comprendemos que, en tanto descubrimiento, la comunicación de la existencia de nuevas fuentes agiliza la discusión del problema histórico y sus temáticas circundantes. A su vez, la heurística como búsqueda o investigación de documentos interpela éticamente el profesionalismo del historiador. Matute definió la heurística como “la recolección, y en casos, el descubrimiento de las fuentes de conocimientos de los hechos, que pueden reducirse a la palabra escrita” (1999, p. 149). Similar concepción es trabajada por Beauchot quien comprendió los nexos entre heurística y método afirmando que la primera “es una parte del método, la que lleva al descubrimiento más que a la demostración de lo descubierto” (1999, p. 9). Esos ejercicios constituyen el “fundamento del proceso de validación de las interpretaciones históricas” (Velasco, 2000, p. 9). Una definición contemporánea entiende la heurística como “la ciencia de la creación de sistemas de conocimiento con una determinada plausibilidad y en sistemas de invención y descubrimientos bien adaptados” (Maldonado, 2005, p. 104). Siguiendo esas definiciones y comprendido el papel otorgado por Chile y Perú a España se usarán fuentes de prensa de ese país publicadas entre 1880 y 1901. Aún cuando la elección de documentación oficial, es decir, la del Ministerio de Relaciones Exteriores de España es riquísima en información, su exclusión, por ahora, obedece a tres razones. Primera, la disponibilidad de las fuentes de prensa española. Éstas se pueden consultar desde cualquier lugar del mundo, con conexión a internet, accediendo a la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España. Por el contario el Archivo de la Administración, ubicado en Madrid, donde están depositados los fondos “Chile” y “Perú” no se encuentran digitalizados. Segunda, la variedad de diarios que destinaron espacio a la controversia por Tacna y Actas Coloquios EchFrancia |163

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Arica es elevadísima facilitando la construcción de problemáticas históricas inagotables por un investigador. Durante los veintiún años analizados se pueden seguir tendencias de opinión. Eso permite comprender cómo la prensa, haciéndose eco de los avisos diplomáticos informó a la sociedad. Tercera, las representaciones sociales circulantes en España construyeron imaginarios sobre la cuestión de Tacna y Arica, Chile y Perú, y las formas de hacer política en Sudamérica, permitiéndonos visualizar las fuentes desde la historia cultural de los medios de comunicación. Ésta sitúa en un lugar preferente a la prensa. Los diarios y revistas se transforman en fuentes de análisis para la historia, pero no de un modo secundario o complementario, como pueden ser usadas por historiadores de otras líneas de investigación. Es necesario comprender que esa especialización es deudora de la “historia del libro” y a la “historia social del lenguaje” corrientes profundamente estudiadas por Roger Chartier, Guglielmo Cavallo, Robert Darnton y Peter Burke, por mencionar algunos. En lo que respecta a la “historia del libro”, nuestro estudio no intenta descubrir las prácticas de los lectores de las noticias de Tacna y Arica, sino más bien comprender las estrategias editoriales que conforman “unos límites a las prácticas de lectura” (Chartier y Cavallo, 2011, p. 63). La intención de este acercamiento a la prensa – sugieren ambos historiadores– debería considerar al: “«mundo del texto» como un mundo de objetos, formas y ritos cuyas convenciones y disposiciones sirven de soporte y obligan a la construcción de sentido. Por otro lado, considera así mismo que «el mundo del lector» está constituido por «comunidades de interpretación»… a las que pertenecen los lectores/as singulares” (p. 27).

Ese enfoque es compartido por Darnton quien aseguró que la información puede cribarse, clasificarse e interpretarse. Agregó: “Los esquemas interpretativos pertenecen a las configuraciones culturales, 164 |Actas Coloquios EchFrancia

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que han sufrido enormes cambios con el paso del tiempo” (1996, p. 206). Por su parte, Burke enfatizó el uso de ciencias auxiliares en la historia social del lenguaje, siempre que entendamos el lenguaje como un fin en sí mismo, es decir, como parte de la cultura. Además, interesado en el uso social, la lengua constituye un instrumento potencial en manos de la clase gobernante que no sólo sirve para comunicar sino también para “engañar” (1996, p. 14). Por eso reflexionó: “lingüistas, sociólogos e historiadores por igual afirman frecuentemente que la lengua desempeña un parte central en la «construcción social de la realidad», que la lengua crea o «constituye» la sociedad, así como la sociedad crea la lengua” (1993, p. 39). Asumiendo ese marco de referencia, en un estudio anterior (Soto, 2014) dimos cuenta de los diarios españoles que publicaron sobre Tacna y Arica, de las ideologías de aquéllos, de los problemas inherentes al referirse éstos a temas extranjeros –vinculados al tiempo y al espacio–, de las interrogantes establecidas para posicionarse hermenéuticamente, entre las que sobresalen, ¿Qué visiones tuvo la prensa española sobre Chile y Perú en el desarrollo de la cuestión de Tacna y Arica? ¿Cómo valoró la prensa el papel de España en las negociaciones de 1898? ¿Qué opiniones manifestó la prensa sobre Estados Unidos en tanto mediador de disputas fronterizas en “Hispanoamérica”? ¿Qué estereotipos se detectan en la prensa española respecto al desarrollo político sudamericano? y, por último, ¿Se puede hablar de una ética de la prensa española sobre la guerra y la paz? Esas interrogantes ayudan a la construcción de dos fases interpretativas. En primer lugar, la cuestión de Tacna y Arica los años previos al arbitraje español (1880-1897) y, en segundo lugar, la prensa española durante las discusiones plebiscitarias y preparativos del arbitraje (1898-1901). Actas Coloquios EchFrancia |165

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Ambas fases se componen de nueve temas que, cronológicamente, conforman el relato. En el caso de la primera fase se describe y analiza el ingreso mediático de Tacna y Arica en la prensa, la personalidad y política del presidente peruano Nicolás de Piérola, el papel de Argentina en el equilibrio de poder sudamericano, el Combate Naval de Arica y la muerte de Manuel Thompson, la barbarie chilena, la batalla del Alto de la Alianza en Tacna, el Asalto y Toma del Morro de Arica, la Conferencia de Arica y el fracaso de la paz, la Campaña de Lima y el Tratado de Ancón. En la segunda fase los temas relevantes son: la cobertura periodística de la diplomacia chileno-peruana diez años después de Ancón, nuevamente el papel de Argentina, la diplomacia de Estados Unidos en la región, los efectos del arbitraje español en la política de Chile y Perú, la chilenización de Tacna y Arica, el fracaso del protocolo BillinghurstLatorre y el triunfo del armamentismo, el Congreso Social y Económico Hispanoamericano en España en 1900 y la Segunda Conferencia Panamericana en México de 1901 y, por último, la muerte del protocolo en 1901. C ONCLUSIONES Interrogar desde la historia etapas escasamente estudiadas, renovar enfoques teóricos o, incluso, descubrir temas, son logros en la medida que permiten comprender, a la luz del pasado, el presente (recuérdese el actual problema entre Chile y Perú por el “triángulo terrestre” en la Región de Arica-Parinacota). La cuestión de Tacna-Arica y el arbitraje español se enmarcan en el centro de esa triangulación. Este episodio interesante no cuenta con un mínimum bibliográfico dedicado exclusivamente a su historia. Los fragmentos de obras que lo tratan marginalmente son insuficientes y desafían al historiador para 166 |Actas Coloquios EchFrancia

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reposicionarlo. En lo relativo al enfoque, hemos señalado como la historia cultural de la prensa y los supuestos desde donde comprende el papel de los diarios –representaciones sociales, imaginarios colectivos, realidades construidas– permiten analizar las fuentes recopiladas con un signo novedoso. Aquéllas abrieron las puertas a “descubrir” un tema no visualizado: la visión de la prensa española en la cuestión de Tacna y Arica durante el arbitraje de María Cristina de Borbón. De la revisión bibliográfica deducimos los enfoques que han antecedido la escritura de la historia. Entre aquellas obras situadas entre 1880 y 1930, sean escritores chilenos o peruanos el peso del nacionalismo es evidente y lejos de intentar posiciones comunes, se masificaron en ambas sociedades imágenes de rivalidad al achacarse la culpabilidad en el fracaso del protocolo. Si bien la producción posterior a 1930 no se escribió en el contexto de la controversia, nos percatamos de que la fecha por sí sola no dice mucho. Por tal razón es evidente que el peso del pasado haya guiado las ideas centrales de las obras en ambos países. Esto en el Perú es muy claro, y en Chile, la excepción sólo la constituye Sergio González. El estado del arte sobre la cuestión de Tacna-Arica y España insta a iniciar un ejercicio heurístico que se caracterice por utilizar nuevas fuentes históricas con información relevante para el problema investigado. De ese modo, la prensa española responde satisfactoriamente, pero no será sino con un conjunto de interrogantes bien formuladas que se pueda dar pie al ejercicio hermenéutico. Todos los temas derivados de las dos fases construidas pueden contraponerse a lo ya escrito por los historiadores de Chile y Perú. En el caso de España, al ser la cobertura del problema inexistente, se torna prioritario discutirlo en las universidades complementando la documentadísima historiografía de la “España de la crisis del 98”. Actas Coloquios EchFrancia |167

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N OTA SOBRE EL AUTOR José Julián Soto es historiador. Doctorando del programa “Europa y el Mundo Atlántico: poder, cultura y sociedad” de la Universidad de Valladolid. Miembro del “Grupo de Estudios Historia y Justicia” de Chile y de la “Asociación Española de Historia Militar”. Investiga la construcción del Estado chileno en Arica desde 1880 hasta la actualidad. Contacto: [email protected]

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CUARTA PARTE

CONFERENCIA MAGISTRAL EN EDUCACIÓN

L’éducation comparée face à la globalisation des politiques éducatives Teresa Longo

Professeur Émérite de l'Université de Picardie

« La recherche comparative commence par une déstabilisation de soimême, avec le besoin conscient de rencontrer la diversité qui invite à imaginer des alternatives. La projection vers la connaissance de l’autre, la curiosité et aussi le jeu intellectuel est l’occasion de la découverte et elle a aussi des fortes implications politiques » (Paulston, 2000)

I NTRODUCTION Le colloque de EchFrancia 2014 qui se déroule dans cet amphithéâtre de la Sorbonne réunit des chercheurs chiliens, français, et d’autres -comme moi- qui n’appartiennent à aucune de ces nationalités, mais qui partagent beaucoup d’intérêts communs avec ces deux groupes. Nous vivons, étudions, faisons nos recherches en France : cette situation nous pousse à des comparatifs entre la France et le Chili où s’expriment nos imaginaires sur la recherche, sur notre carrière… ainsi que nos stéréotypes sur les autres, et nos résistances face à la diversité. Cette spontanéité comparative, si elle n’est pas réfléchie, élaborée critiquement, risque d’être d’obstacle à nos recherches et à nos dialogues scientifiques. Réfléchir à ce que comparer veut dire dans le domaine de notre recherche peut aider à diminuer les risques d’affirmations trop hâtives, et peut surtout nous aider à éviter une comparaison qui vise à Actas Coloquios EchFrancia |175

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chercher ce qui est « le meilleur » ; erreur commune, non seulement dans les relations interindividuelles, mais aussi dans les études scientifiques. Quand je parle de mon travail de comparaison des politiques éducatives, je trouve toujours quelqu’un qui me demande : « alors quelle est la meilleure école du monde ? » Pendant une certaine période, j’ai refusé de répondre en considérant non-scientifique la question tout en étant indignée par les éléments de compétition qu’elle contenait. À présent je répondrais: « la meilleure école est celle où les enfants sont heureux de connaître ensemble le monde ». Je suis arrivée à cette réponse après des réflexions sur la comparaison en éducation et après avoir participé à des transformations importantes des politiques éducatives et de l’instruction. L A COMPARAISON EN ÉDUCATION Toute histoire de l’éducation comparée considère l’initiateur de ce domaine de connaissance, Marc-Antoine Jullien (1775-1848). Dans l’Esquisse et vues préliminaires d’un ouvrage sur l'éducation comparée (1817), cet ancien jacobin qui avait suivi Napoléon dans ses guerres en Europe, explique comment une approche comparative pourrait aider les divers pays européens à améliorer la situation de l’instruction des populations. Il envisage alors de réunir les souverains européens et les sociétés éducatives de l'époque dans une commission qui évalue, après une recherche, où sont les secteurs les plus avancés de l’éducation, et quelles sont les causes des retards. Une fois construit les méthodes, on peut, selon Jullien, créer un Institut Normal d'Education dans lequel on forme les maîtres selon les pédagogies les plus avancées. Il propose ensuite la construction d’indicateurs pour la mesure de l’état de l’instruction dans les divers pays. Quand on regarde de nos jours les indicateurs de l’OCDE et de 176 |Actas Coloquios EchFrancia

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l'UNESCO, on peut facilement retrouver des similitudes avec ceux de Jullien. Ce n’est pas un hasard, d’autres idées de Jullien étaient anticipatoires d’une époque qui nous est plus proche : concernant notamment la préoccupation des États pour l’éducation des citoyens (il avait fréquenté Condorcet) et l’idée d’une unité européenne. Quand Jullien voulait comparer les manières d’instruire pour en dégager un modèle à suivre partout dans l’Empire, il s’inspirait de l’idéal de l’homme universel propre à la pensée des philosophes des Lumières. Il pensait à la construction de l’homme universel par une éducation universelle. Moins intéressé à connaître les diversités, les caractéristiques de l’histoire, de la culture de chaque pays, il voulait surtout comprendre ce qui dans chaque pays pouvait empêcher ou permettre l’émancipation des hommes par l’éducation. Il pensait qu’il serait possible d’exporter partout en Europe ces résultats. C’est l’universalisme jacobin et la Déclaration des Droit de l’Homme et du Citoyen de 1789 qui inspire Jullien: « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Selon lui, l’éducation était le moyen de sortir les hommes de leur état marginal. L’universalisme de la grande Révolution n’avait pas de frontières, le développement des systèmes éducatifs dans le monde a été inspiré par cette idée universelle, y compris au Chili. Il s’agit de l’affirmation de la dignité des êtres humains qui sera complété par la Déclaration Universelle des Droit de l’Homme (1948) qui contient dans l’article 26 le droit à l’éducation et par la Déclaration des Droits de l’Enfant(1959) suivie par la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (1989). Comment se conjugue cet idéal universel avec les diverses histoires de l’éducation dans les pays ? Le Philosophe des Lumières s’intéresse avant tout à La Nature humaine et à la liberté de chaque sujet. Les peuples, dit Jullien, une fois libérés des préjugés par l’éducation, ne Actas Coloquios EchFrancia |177

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seront plus en guerre ; dans ce but, tous les hommes doivent êtres éduqués, indépendamment de leur appartenance sociale, culturelle et linguistique. Au nom de ces valeurs, la libération du Chili s’achève. O’ Higgins, le premier président du Chili, considérait que le conflit contre l’Espagne achevée, le nouvel État devait continuer de lutter contre les traditions importées par ce dernier. A la même époque, Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888), voulait un peuple éduqué dans sa totalité, sans distinction de fortune ou de classe (Longo, 2001). C’est dans le siècle suivant, le siècle des Nations, que l’universalité de l’éducation est soumise et renfermée dans les limites des frontières. Dans la pensée des intellectuels et des hommes politiques, l’éducation devient transmission de l’Esprit national. A ce moment-là, les études comparatives, assez rares, suivent une approche historique ; les intellectuels comme Cousin ou Horace Mann vont chercher à mettre en avant les caractéristiques de l’ « esprit national »1, et trouveront leurs origines aussi bien dans les manières d’éduquer, l’organisation de l’instruction, les bonnes manières, etc. Ces critères deviendront des éléments déterminants dans la construction des hiérarchies entre Nations. L’émergence du positivisme, ajouté à la théorie des stades de civilisation, renforcera la tendance à concevoir le niveau d’éducation comme un signe fort de civilisation des pays. Au Chili, Valentín Letelier (18521919) considérait que l’époque du stade scientifique -après les stades

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En 1831, Victor Cousin (1792-1867), philosophe et grand voyageur écrit trois rapports sur l’état de l’instruction publique en Prusse (18311834). Plus tard, en 1841, Horace Mann (1796-1859) voyagera en Europe et écrira un rapport sur les systèmes scolaires de cinq pays. 178 |Actas Coloquios EchFrancia

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théologique et classiques- était venue. Il propose que l’école mette en valeur l’éducation scientifique dans les programmes scolaires au Chili. Ce développement, aurait permis au Chili d’atteindre le niveau des pays qui étaient déjà dans le stade le plus avancé. En Europe, à la fin du XIXe, à l’apogée du colonialisme, la justification idéologique du classement des pays selon leur niveau d’évolution de civilisation devient une idée dominante. À l’époque de l’impérialisme, du positivisme et de la théorie de la race, la comparaison est le moyen par excellence mis en place pour démontrer la supériorité d’une nation sur une autre. Q UELLE IDÉE DU SUJET HUMAIN ? Tous les hommes, disaient les philosophes des Lumières, peuvent être éduqués parce qu’ils ont la même nature et la même Raison. Le siècle suivant, les idéalistes pensent à des figures diverses de l’Esprit incarné dans l’histoire des diverses Nations et aussi des diverses classes sociales. Le positivisme fin de siècle, affirme la diversité des Esprits selon les natures, mais certaines résistent à l’éducation. Ainsi Renan justifie les inégalités: "la nature a fait une race d'ouvriers. C'est la race chinoise d'une dextérité de main merveilleuse, sans presque aucun sentiment d'honneur ; gouvernez-la avec justice en prélevant d'elle pour le bienfait d'un tel gouvernement un ample douaire au profit de la race conquérante, elle sera satisfaite ; une race de travailleurs de la terre, c'est le nègre : soyez pour lui bon et humain, et tout sera dans l'ordre ; une race de maîtres et de soldats, c'est la race européenne. Que chacun fasse ce pour quoi il est fait et tout ira bien." (Renan, 1871). La nature est à l’origine des différences entre les races et entre les individus. Les races inférieures ne peuvent que continuer dans leur destin. La « race conquérante » persévérera pendant toute la première partie du Actas Coloquios EchFrancia |179

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XXe siècle, dans son ignorance des savoirs, des cultures, des critères d’éducation des peuples colonisés. L’étude comparative (très rare) de ce qu’on appelait l’éducation des indigènes vise à affirmer la supériorité des européens et la nécessité de leur rôle de guide vers la modernité. Quand les français et les anglais sous la pression des africains, construisent les écoles pour les « indigènes », ils distinguent les parcours scolaires pour les noirs de ceux pour les blancs ; l’éducabilité des noirs étant considérée limitée, la durée de leur période scolaire était restreinte à deux ou trois ans pour les premières lettres (Kelly, 1984). En France, la théorie de la race met en question l’universalisme révolutionnaire. Quel homme pour le droit universel ? La réponse la plus diffusée est que l’homme noir doit « mériter » les droits, et donc le droit à l’accès à l’école est octroyé très lentement. L’expérience coloniale, l’exportation des politiques et des idées des conquérants, ont marqué le débat dans le domaine de l’éducation comparée jusqu’à nos jours. La diffusion de l’anthropologie, surtout de l’anthro-pologie culturelle après la Seconde Guerre Mondiale, contribuera à une remise en cause des théories de la race et aura des impacts dans le domaine de l’éducation. L’anthropologie structurale de LéviStrauss s’en prend à l’idée d’universalisme de l’homme occidental, cause première de l’écrase-ment des autres cultures. C’est l’Homme de la Renaissance, dit-il, qui est à l’origine de la présomption de l’Homme moderne et de sa violence. L’étude des « autres » doit se penser ellemême dans sa pratique, car cela implique toujours une certaine mise en relation :

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Si le but dernier de l’anthropologie est de contribuer à une meilleure connaissance de la pensée objectivée et de ses mécanismes, cela revient finalement au même que, dans ce livre, la pensée de indigènes sudaméricains prenne forme sous l’opération de la mienne, ou la mienne sous l’opération de la leur. Ce qui importe, c’est que l’esprit humain, sans égard pour l’identité de ses messagers occasionnels, y manifeste une structure de mieux en mieux intelligible à mesure que progresse la démarche doublement réflexive des deux pensées agissant l’une sur l’autre. (Le cru et le cuit, 1964, p.12 ; cité par Todorov, 1989, p.107).

La connaissance de l’autre se fait entre deux, et sur un terrain de recherche qui est long et riche de contacts, d’actions et de réactions réciproques. Si dans cette période-là les historiens et les anthropologues s’opposent sur les approches à suivre, également en ce qui concerne l’étude de l’école et de l’éducation, tous sont d’accord sur le fait que l’étude de la spécificité et des particularités de chaque nation, peuple ou région du monde, est un préalable à toute comparaison et que l’étude comparative doit être distincte des politiques. Dans les années 50, Nicholas Hans, professeur d’EC au King’s College, défend non seulement l’idée que les systèmes éducatifs ne peuvent être connus que par l’étude de leur développement historique, mais il s’oppose à toute construction de lois générales sur la base desquelles suggérer des politiques (Todeschini et Ziglio, 1992, p.162). Au nom de l’approche historique des études comparées, l’auteur défend aussi la nécessaire autonomie des études comparées face à la demande des agences internationales et des décideurs politiques. Nous ne pouvons pas entrer dans les études et les débats des années 1950 et 1970. Ce qui est ici intéressant à souligner est l’émergence dans cette période, de trois protagonistes dans le domaine de l’éducation comparée: Actas Coloquios EchFrancia |181

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Les grandes agences internationales dont l’UNESCO est la plus active dans les études sur les nouveaux pays sortis de la colonisation.

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les experts et les dirigeants de ces pays qui participent directement à des recherches et des études comparatives.

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l’hégémonie d’un nouveau discours scientiste qui accompagne les politiques de la planification éducative. Je m’arrêterai surtout sur ce dernier aspect.

L A SOCIOLOGIE ET LA COMPARAISON PAR LES CHIFFRES La sociologie s’intègre les comparaisons éducatives des années 1950, aux Etats-Unis, et est à ce moment-là dominée par le fonctionnalisme. À partir de l’idée d’une relation fonctionnelle entre système social et système éducatif, cette approche vise à la connaissance de modèles qui peuvent être communs à plusieurs pays. C’est l’histoire avec ses particularités qui est niée par cette approche. Anderson A. qui fonde la Comparative Education Society à Chicago, considère que les historiens en focalisant leur attention sur la singularité, « risquent de rendre vaine toute comparaison; celle-ci doit toujours arriver à des généralisations qui permettent la comparaison entre typologies sociales et systèmes d’éducation respectifs. Les hypothèses de recherche peuvent émerger en construisant des typologies à vérifier, en indiquant les principaux éléments structurels de certaines réalités éducatives et sociales grâce auxquels certains traits d’un système éducatif recourent seulement dans certains types de société et non dans d’autres » (Todeschini, 1992, p.164). Anderson ainsi que d’autres collègues nord-américains et européens (Bereday, Holmes, Eckstein) cherchent la méthodologie scientifique de la comparaison par laquelle on puisse généraliser, faire des prévisions et 182 |Actas Coloquios EchFrancia

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aussi conseiller des politiques. Cette approche se diffuse dans le monde entier, aussi grâce à l’UNESCO qui toutefois, continue à être un lieu où plusieurs idées de la comparaison peuvent s’exprimer. Sous le même toit de l’UNESCO travaillent deux institutions importantes dans le domaine de l’éducation : le Bureau International d’Education (BIE) lieu d’étude et de comparaison des pédagogies, des cultures, et l’International Institue for Educational Planning (IIPE) qui naît en 1962 et s’intéresse à l’administration, gestion, planification de l’école en considérant l’éducation comme un droit universel et aussi comme un facteur de développement. En Amérique Latine, La Comisión Económica para América Latina (CEPAL, 1948) concentre ses études sur le rôle de l’éducation et de l’instruction pour le développement économique ; elle diffuse dans la région, l’idée d’éducation comme capital humain et comme investissement. Dans cette optique, elle encourage partout les études quantitatives sur les systèmes d’éducation. Les sociologues, en quête des lois et modèles pour les politiques éducatives, trouvent dans l’économie de l’éducation des outils efficaces. La comparaison des systèmes éducatifs se transforme lentement en comparaison des chiffres. Toutefois, il ne faut pas confondre l’approche économique des comparatistes de l’Education pour le développement des années 1960, avec celle des néolibéraux des années 1980. Les premiers, préoccupés surtout les problèmes des pays en développement, se demandaient comment harmoniser toutes les parties d’un système complexe comme celui de l’éducation, pour qu’il soit efficace et qu’il produise de la force de travail qualifiée, de la science et de la technologie. Leur plan avait pour but de rendre les pays non-dépendants économiquement. Par contre, à Actas Coloquios EchFrancia |183

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partir des années 1980, la question qui s’impose aux politiques de l’éducation, concerne le rapport coûts–bénéfices d’une dépense publique destinée à se réduire. Comment la dépense pour les enseignants peut être plus rentable ? Est-il plus rentable d’investir dans l’école primaire ou dans le secondaire ? Le cadre socio-politique, le contexte historique et culturel, l’approche systémique, le droit à l’éducation et le respect pour le développement autonome des pays, sont ainsi considérés comme des empêchements à l’efficacité. La mondialisation est-elle la cause de ces choix ? Avant d’approfondir ces questions, il nous faut faire une brève parenthèse sur le statut de l’éducation comparée et sur ce que mondialisation veut dire en passant par les critiques actuelles sur la réduction quantitative. L E STATUT DE L ’ ÉDUCATION COMPARÉE En Europe et aux Etats-Unis, l’éducation comparée en tant que champ disciplinaire se consolide à partir des années 1950 mais « en restant prisonnier de l’élan vers le progrès, la modernisation et le développement, ce qui fait privilégier la planification et la recherche des données économiques » (Novoa, 1998). À partir de ces idées, mais aussi grâce aux grandes agences internationales, se diffuse, tout au long de la fin du XXe siècle, l’idée que comparer en éducation signifie prendre en considération les caractères quantifiables des systèmes éducatifs. Or, dit Novoa en 1998, après des années de critiques des limites de cette approche, « l’éducation comparée se voit obligée à une redéfinition de son projet scientifique afin d’accueillir les références au sujet et à son expérience ». Cette affirmation réfléchit les justes critiques des sociologues et des historiens au tout quantitatif. Toutefois, à mon avis, il faut ajouter une réflexion spécifique à l’éducation comparée ; si celle-ci en est arriver 184 |Actas Coloquios EchFrancia

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à se réduire à une comparaison de chiffres, c’est aussi parce que son statut dans la théorie et dans les pratiques de recherche et d’enseignement, est instable et susceptible de toutes les manipulations. L’éducation comparée est singulière, dans le domaine des sciences de l’éducation, qui lui, est pluriel. Le sens de ce pluriel a été éclairci depuis longtemps par les chercheurs. En 1982, Vivian Isambert Jamati écrivait un article intitulé « des sciences de l’éducation, un pluriel important lorsqu’il s’agit de recherche » où elle militait pour une « recherche prenant toute l’éducation comme objet, mais menée dans une série de perspectives scientifiques bien distinctes. Une science, y compris une science humaine, me paraît devoir s’appuyer avec une certaine cohérence sur un corps théorique…Les hypothèses, selon moi, doivent être menées jusqu’au bout, sans jouer par ricochet d’un cadre de référence à un autre ». Ardoino J. et Berger G. (1992) ont considéré l’éducation comme un champ multi référentiel. Donc, au moment de la comparaison, le chercheur choisit son objet d’étude et les outils de travail, dans une discipline : la pédagogie, la sociologie, la psychologie, l’économie, le droit, etc. et, s’il doit faire référence à d’autres disciplines, il doit dialoguer avec d’autres experts ou faire référence à leur recherche en sachant qu’il change de domaine épistémologique. Au moment de la comparaison, on peut, dans le dialogue entre disciplines, découvrir que sur le plan épistémologique, existent des manières de rechercher communes par exemple: « faire de l’altérité un opérateur de connaissance implique un jeu continu entre soi-même et l’autre…une épistémologie dialectique » (Lallement et Spurk, 2003, p. 9).

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Une mise en comparaison qui, comme le dit Schriewer (2006, p. 306), dans l’histoire de la pensée européenne a contribué à sortir d’un substantialisme et a mis en valeur la pensée par analogies, relations, fonctions. La comparaison souffre de nos jours, non seulement des problèmes du champ de l’éducation, mais aussi du fait que le choix et la construction épistémologique des objets à comparer, ne sont pas fait de manière autonome par les chercheurs. Les medias, les agences de financement de recherches proposent aux chercheurs des « faits » : la ségrégation scolaire, la démocratisation de l’enseignement, l’évaluation. De plus, ces organismes demandent souvent des réponses simples et « concrètes ». Par rapport à cette demande, le chercheur peut souvent ne pas répondre avec un esprit critique, et suivre les approches dominantes. Reste ouvert le problème du rapport entre chercheur et pouvoir politique dans un contexte mondial qui n’est plus celui des origines, quand les Etats-nations dessinaient le monde. M ONDIALISATION /G LOBALISATION La mondialisation et la globalisation changent avant tout l’espace dans lequel le chercheur opère. La diffusion « mondiale » des modèles d’éducation de l’Europe ou des Etats-Unis vers le reste des pays du monde n’est pas une nouveauté, le Chili le sait bien ; tout au long de son histoire, les français, les allemands, les anglais, les nord-Américains ont laissé une empreinte sur l’école et sur l’éducation chilienne. L’institution scolaire du « Nord » avec les structures, le déroulement de la scolarité, les pédagogies, s’est diffusée dans les plus diverses réalités culturelles du monde. Tout au long du XIXe et du XXe siècle, a aussi circulé dans le monde l’idée de l’obligation scolaire, de la gratuité, et la conception d’une éducation publique. La diffusion de l’idée du droit/devoir des 186 |Actas Coloquios EchFrancia

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enfants de fréquenter l’école a été très importante, car cela a contribué à la constitution d’une idée commune d’enfance dans les pays qui construisaient des systèmes éducatifs. (Cunningham, 2006 ; Flores, 2010). La Déclaration et la Convention des Droits de l’Enfant contribueront à la définir sur le plan du droit international. Le droit reconnaît et fait reconnaitre une idée commune d’enfance. A l’intérieur des différentes cultures de l’enfance, de la famille, des choix politiques, économiques, pédagogiques de chaque région du monde, une idée commune d’enfance est partagée à côté d’autres principes universels. Ces derniers prennent une importance particulière dans les années 1960, au moment où l’on assiste aux processus de décolonisation. En effet, les droits de l’Homme, les droits souverains des nations, constituent à l’époque, une sorte de garde-fou aux dérives de la modernisation et de la « planification intégrale », de l’imposition du modèle socio-économique et de l’éducation du Nord au Sud. En Amérique Latine, le président Kennedy envoie des consultants experts dans tous les domaines (science, technologie, économie, éducation, organisation syndicale). En 1961, à la Conférence de Punta del Este est crée « l’Alliance pour le Progrès » qui approuve un plan décennal pour l'Amérique Latine dans lequel les Etats-Unis prêtent $20 Milliards aux pays engagés dans la démocratisation et dans le développement. Le Plan souligne l'importance, pour le développement, de l'instruction et de la formation, de la planification et de l'offre de main d'œuvre. Les priorités pour tous les pays doivent être : l'alphabétisation, l'éducation des adultes, l’instauration d’écoles pour tous les niveaux, l'enseignement scientifique et professionnel.

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L’éducation est un facteur économique et une condition pour la construction de la démocratie2 : Une idée universelle de développement et d’éducation accompagne les intérêts particuliers des Etats-Unis dans la région. Dans la même période, dans les Universités nord-américaines, se développent à grande vitesse les recherches et les cursus d’éducation comparée ; les « administration and policy studies » les facultés d’économie s’approprient des études comparatives en éducation et en marquent le caractère. L’étude des programmes scolaires, par exemple, se réduit à celle de l’organisation et de la gestion du curriculum : les contenus culturels, les pédagogies et les didactiques perdent de leur importance ainsi que leur particularité culturelle et historique. Les étudiants venus de l’Amérique Latine, nombreux aux Etats-Unis, apprennent, se diplôment et, par une comparaison biaisée avec les valeurs du développement et du scientisme, exportent des savoir-faire ; dans l’époque de Frei au Chili, le texte de Tyler sur le curriculum devient un best-sellers et cet auteur deviendra le plus étudié au Centre de Formation des Enseignants (CPIEP).

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Le Secrétaire d'État, Dean Rusk, interprète ainsi le rôle de l'éducation dans les sociétés: "les institutions ne peuvent pas exister sans l'éducation pour la démocratie et celle-ci fonctionne seulement quand les gens sont informés, conscients et quand ils désirent connaître et échanger des idées. L'éducation rend possible la démocratie économique qui élève la mobilité sociale et assure donc que les classes sociales évoluent et qu’aucune élite ne se perpétue pas. Dans les pays en développement, l'éducation stimule la croissance en démontrant que les besoins de demain ne sont pas les mêmes que ceux d'hier, que le changement peut exister, que l'espérance d'une perspective existe"(1961, cité dans Cox, p. 196). 188 |Actas Coloquios EchFrancia

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L ES POLITIQUES GLOBALES DU NÉOLIBÉRALISME Comment les pays latino-américains peuvent-ils développer la démocratie et en même temps être soumis aux choix économiques et politiques nord-américains ? L’ambiguïté de l’Alliance pour le Progrès fait l’objet de débats dans la région. Toutefois, le débat sur la nouvelle dépendance et sur les contradictions d’une démocratie importée, empêche ces pays de voir qu’était en train de s’imposer « une idéologie à portée mondiale du développement et de l’éducation » (Schriewer, 1997, p. 13). Elle sera sans ambiguïtés parce qu’elle ne prétend pas parler de démocratie, mais elle sera beaucoup plus totalitaire pour le monde entier. Le Chili a été parmi les premiers pays à expérimenter cette idéologie. Dans d’autres études, j’ai analysé ces politiques, leur philosophie et leur diffusion. Ici, pour donner un exemple de cette idéologie, je résume les idées de deux auteurs : Psacharopoulos, G. et Woodhall M. ont diffusé dans Education for Development (1985) un manuel pour ceux qui étudiaient la planification et l’économie de l’éducation et pour ceux qui voulaient comparer les politiques éducatives. Dans l’introduction, les deux auteurs tiennent à souligner que les temps ont changé dès que l'on considérait l'éducation seulement comme un droit de l'homme associé à une fonction de consommation. Aujourd'hui, affirment les auteurs, l'éducation est un investissement. La question du droit éliminée, pour les pays en développement, les questions qui guident l'étude de Psacharopoulos et Woodhall changent : comment les gouvernements doivent-ils planifier leurs investissements dans l'éducation dans un moment de pénurie de ressources financières ? Comment les maigres ressources existantes peuvent-elles être employées efficacement ? Comment l'éducation peut-elle contribuer au développement ? Aucune question sur le développement scientifique, culturel Actas Coloquios EchFrancia |189

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ou démocratique n'est posée. Dans les pays les plus pauvres, l’éducation exige des choix en période de pénurie de ressources, il faut en estimer l'opportunité et les opportunités perdues doivent être prises en compte dans les coûts des investissements (opportunity cost). Dans un pays pauvre, prendre le parti de bâtir une école, c'est accepter de renoncer à investir dans d'autres domaines tels que la santé, les infrastructures et d'autres services. Le coût de l'éducation devient alors trop important. Un autre critère qui doit inspirer les choix au niveau de l'éducation est l'évaluation du rapport coûts-avantages (cost effectivness) des investissements. Elle peut être recherchée dans la comparaison de résultats issus des différentes combinaisons d'inputs. C'est sur ces bases qu'il est possible, par exemple, de décider s'il est préférable d'investir dans l'école primaire ou dans l'université (ibidem). Ils recueillent alors la plupart des études statistiques faites par la Banque Mondiale sur ce sujet et ils en tirent des conclusions générales. Les études en question sur la rentabilité des investissements en éducation mettent en évidence que « Social returns are consistenly lower than the private rate of return » (p. 54) et que « social and private rates of return to primary education tend to be higher than the rate of return to secondary or higher education » (ibidem). Le modèle théorique d'investigation construit sur la base de la philosophie d’Hayek et Friedman confirme les idées que ces derniers avaient exprimés sur le sens de l'investissement public et privé dans les différents niveaux d'instruction. Sur la base de l'analyse des critères sur l'efficacité interne et externe de l'éducation, et après calculs faits, les auteurs entrent aussi dans l'organisation de l'école et dans les aspects qualitatifs : la taille des classes n'est pas importante pour les résultats scolaires ; la formation des enseignants coûte trop cher pour ce qu'elle donne en échange ; par contre les matériaux didactiques, les guides sont plus efficaces par rapport aux coûts, l'efficacité du curriculum peut être mesurée 190 |Actas Coloquios EchFrancia

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par des tests concernant les « cognitive achievement and attitudes to modernity » (p. 231). Dans les documents officiels des organisations internationales et concernant des pays qui ont appliqué, comme le Chili, ces politiques, nous trouvons dans la partie sur l'éducation, les mêmes recettes : diminution de la dépense publique et du rôle de l’Etat, renforcement du secteur privé, priorité à l'instruction de base; fin de la gratuité de l'enseignement secondaire et supérieure, flexibilité du curriculum. Un leitmotiv qui fait peur par sa répétitivité et par ses résultats! Pendant les années 80-90 la plupart des études comparées en éducation se placent sur ces thèmes. Les politiques qui se sont inspirées des idées néolibérales se diffusent dans le monde entier grâce à l’action de la Banque Mondiale et du F.M.I. ceux-ci appliquent depuis les années 1980, le principe de conditionnalité selon lequel les agences en question, conditionnent leurs aides à la mise en place des politiques d’ajustement structurel. Un des premiers documents politiques de l’époque qui fait trembler l’Afrique est le rapport sur l'Afrique Sub-Saharienne de 1987. Il propose entre autres, le contrôle de la dépense publique, la priorité à l’enseignement primaire, et la réduction du financement de l’école secondaire et de l’université. Il n’est pas un hasard qu’une des réactions les plus importantes de l’époque émerge de l’Unicef (1988) qui met en garde contre les risques pour les familles les plus pauvres de la perte de soutien de l’Etat. Dix ans plus tard, face à des résultats négatifs comme la diminution des inscriptions au niveau primaire en Afrique, la crise de l'enseignement universitaire, la dégradation des conditions des enseignants, la plus forte instabilité politique des pays, la Banque Mondiale a accepté Actas Coloquios EchFrancia |191

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de participer à la Conférence de Jomtien et au programme mondial de l’Education pour tous. La Conférence réaffirme le droit de tous à l’éducation et fixe de grands objectifs pour le 2015 : l’accès universel à l’éducation de base, l’équité, la qualité. Le monitorage du programme de l’éducation pour tous est fait par la comparaison des statistiques de chaque pays. Un rapport sur l’état de développement du programme est publié chaque année par l’Unesco. Malgré l’effort de l’Unesco d’accompagner la comparaison des chiffres avec des études de cas et de bonnes pratiques, les chiffres dominent dans la comparaison. La construction d’indicateurs, l’élaboration des statistiques deviennent de plus en plus rigoureuses sur le plan méthodologique et le nombre des pays impliqués dans la construction des données ne cesse de croitre. On compare ainsi les pays selon leurs résultats sur les objectifs du programme. Dans les pays de l’OCDE, le programme PISA prend également de l’importance. Davantage que le programme d’éducation pour tous, PISA élabore des indicateurs, des tests et des outils statistiques. Ces deux grands programmes ont eu un impact important sur les politiques nationales d’éducation et aussi sur les études comparées. L’hégémonie de la culture du chiffre a eut des effets notoires sur les ressources économiques pour la recherche comparée en ce nouveau millénaire. R ISQUE DU FÉTICHISME DES CHIFFRES En France au cours des dernières années, plusieurs voix se sont levées contre la culture du chiffre, de l’évaluation quantitative, contre les comparaisons de résultats et les classements internationaux. Je n’ai pas 192 |Actas Coloquios EchFrancia

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l’espace ici pour approfondir ces critiques très intéressantes. Je me limiterai dans cette dernière partie à résumer les risques d’une comparaison par les chiffres. Levasseur, qui a le premier construit et utilisé des statistiques comparatives sur l’éducation, écrit en 1896 un ouvrage intitulé Etude comparative sur l'enseignement primaire dans les pays civilisés. Dans cette œuvre, il veut comparer les chiffres pour trouver le système d’école le plus « civilisé ». Toutefois, dès ses premières tentatives, il souligne la difficulté à compter et à comparer des chiffres sur des élèves du primaire dans des structures très différentes de l’école. Or, si à l’époque de l’informatique, les capacités de mesurer et d’élaborer des données se sont beaucoup améliorées, il n’en demeure pas moins que l’étude des structures des systèmes éducatifs ne peut être réduit à des chiffres. Par contre, c’est un élément d’information intéressant qui doit être complété avec d’autres éléments de connaissance qui concernent le contexte et les sens que prend le parcours scolaire pour des enfants inscrits dans des réalités et des époques différentes (Malet, 2005). De nos jours, les chiffres qui dominent le plus les études sur l’éducation, concernent la comparaison des résultats scolaires. Les pays dont les résultats aux tests internationaux sont les meilleurs sont considérés avoir le meilleur système éducatif. Quand la Corée du Sud était le premier pays dans les classements internationaux pour ses résultats en mathématiques, un des mes collègues d’origine coréenne fut complimenté par tous ses collègues pour appartenir au meilleur système scolaire du monde : il répondait au début par un merci sec et gentil. Quand après des mois, il a compris que sa propre image se transformait dans celle du coréen bien éduqué par son école, il a éclaté en larmes face à la personne qui le complimentait : « tu ne sais pas avec quelle vioActas Coloquios EchFrancia |193

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lence, discipline, oppression de la pensé des enfants, ces résultats sont obtenus ! » Quand quelque année plus tard la Finlande se situait en tête du palmarès, les experts des différents pays ont voulu visiter la Finlande et ont découvert avec grande surprise, que la manière d’enseigner dans ce pays est à l’opposée de celle de la Corée. Ici les enfants ne sont pas soumis à de dures évaluations, et la compétition est le plus souvent évitée. En effet, dans l’obsession du chiffre, on oublie ce que l’on veut comparer, on oublie que le chiffre c’est une mesure de quelque chose qu’il faut définir. A juste titre J.Y. Rochex (2006) s’interroge sur ce que le programme PISA évalue et compare : « les performances des systèmes éducatifs, ou les caractéristiques culturelles des pays, ou encore l’efficacité de l’éducation des familles ? » Les classements de PISA, sont souvent utilisés dans le discours politique pour défendre ou dénigrer un système ou une politique éducative. Quand l’obtention de bons résultats aux tests de PISA devient l’objectif des politiques, l’approche des programmes scolaires et des pédagogies change parce que tout doit être mesurable. Dans l’Union Européenne, la plupart des curricula visent à la construction de compétences mesurables. Je résume ici les risques de cette approche : •

la banalisation l’enseignement.

des

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la diffusion de la pratique de tests sur des acquis qui remplacent le suivi psychopédagogique des parcours (non linéaire) de l’apprentissage.

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contenus

et

des

techniques

de

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les corrélations arbitraires entre résultats et politiques sans étude des contextes (taille de la classe, formation et organisation du travail des maîtres, dépense pour le Primaire/secondaire..).

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une idée du sujet humain mécanique : l’enfant, le jeune qui apprend est une machine à informations et compétences.

•

la banalisation de la recherche en éducation comparée.

D’autre part, le chiffre perd de son sens puisqu’il doit à l’origine mesurer quelque chose de préalablement défini par une théorie. Il perd aussi de son importance en tant qu’ « indice » à partir duquel commencer une recherche, laquelle, peut-être, pourrait démentir des hypothèses faites à partir des chiffres eux-mêmes. Le fétichisme des chiffres refoule (ou cache ?) dans la neutralité et dans l’objectivité du nombre le débat historique sur l’éducation comparée, l’alternative entre universel et relatif, entre modèle et expérience empirique. À l’occasion de rencontres entre comparatistes en éducation, j’ai à plusieurs reprises entendu parler d’une crise de l’éducation comparée. En 2000, JM Leclerc ancien président de l’AFEC constatait que ce domaine de connaissance était vulnérable face à la globalisation et aux restrictions budgétaires des états et aux grands programmes internationaux. On ne peut que partager ces affirmations qui s’ajoutent au fait que l’obsession des chiffres semble avoir affaibli le plaisir de la connaissance des autres. Toutefois, les situations de contact avec d’autres pays, les occasions pour rencontrer et aussi connaître d’autres pays sont de nos jours plus fréquentes qu’auparavant. Le comparatiste est un voyageur, et aujourd’hui voyager n’appartient plus à une élite. Jusqu’au siècle derActas Coloquios EchFrancia |195

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nier, la majorité des comparatistes en éducation étaient des diplomates, de chercheurs universitaires, des experts appartenant à de grandes organisations internationales. Aujourd’hui les comparatistes peuvent aussi être les étudiants des programmes d’échange ou ceux qui complètent leurs études dans des lieux choisis pour différentes raisons personnelles. Les échanges internationaux sont nombreux qu’auparavant. Je reviens au début de cet article. L’étudiant chilien en France est dans une position de mise en comparaison. Comment sortir d’une spontanéité riche de préjugés ? Comment transformer cette position en ressource ? Doit on connaître soimême et l’autre pour relativiser les diversités comme les anthropologues du siècle dernier ? Ou bien doit-on chercher à connaître les sens que des politiques mondiales ont pris pour chacun des pays d’appartenance ? Mais le sens par rapport à quoi? Pour un modèle abstrait de système éducatif? Pour les sujets? Ou aussi pour des idées qui nous sont communes, parce qu’au cours de nos histoires nous les avons partagés et que sur leurs bases, nous avons construit une partie de nos sociétés ? Je pense aux droits de l’homme et aussi aux droits des enfants, aux tentatives de construction d’une idée d’enfance dans nos pays par l’école publique. Je reviens à la réponse de la question qui est toujours posé au comparatiste : « la meilleure école est celle où les enfants sont heureux de connaître ensemble le monde ». Ce qui pour le chercheur signifie aujourd’hui :

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Comprendre le sens que prennent des politiques mondiales au niveau local : que signifient les grands classements, l’idéologie de l’évaluation pour la culture que l’école transmet, pour les pédagogies, pour les didactiques et aussi pour les changements des conditions de vie des enfants et des jeunes, de l’anthropologie (individualisation, fin de la territorialisation) ?

•

Chercher les lieux de « résistance » les établissements, les classes les enseignants, les groupes d’initiative éducative pour les mettre en exergue.

Retrouver notre goût pour l’école des autres comme lieu de l’enfance et de son rapport aux savoirs du monde.

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N OTE SUR L ’ AUTEUR Teresa Longo a travaillé en particulier sur l'impact des politiques néolibérales sur le droit de l'éducation, sur la culture scolaire, et sur les enseignants en Amérique Latine (en particulier au Chili). Elle a publié l’ouvrage Philosophie et politiques néolibérales de l'éducation dans le Chili de Pinochet. L'école du marché contre l'école de l'égalité (19731983), chez l'Harmattan, en 2001. Contact : [email protected]

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