RE) CONOZCAMOS A LOS JOVENES RURALES

Esta nota de investigación constituye una primera aproximación al abordaje del empleo informal juvenil rural en el Perú bajo el marco del Desarrollo Territorial Rural, por lo que se reconoce las limitaciones de su analisis y conclusiones. Se propone a futuro elaborar tablas estadísticas propias con las correlaciones de variables, que se señalaran en la investigación, que por el momento están siendo especuladas a partir de las tablas estadísticas existentes. Asimismo, se propone, en términos de abordar la discusión y la propuesta de politicas de la temática, consultar investigaciones de países extranjeros sobre DTR en Africa y Asia.

Según el Informe de la OIT, sobre la "Situación del Empleo Juvenil 2015", del total de la PEA ocupada joven rural, solo el 4,2% cuenta con educación superior completa. No obstante, como se señaló al principio, solo el 3,1% de la población accede a un empleo formal, que es menor al porcentaje de jóvenes rurales que tienen educación superior. Por lo tanto, esto resulta que a pesar de tener una educación superior, los jóvenes rurales no pueden acceder a un empleo formal.

Según el Informe Nacional de Juventudes del 2015, SENAJU, estas bajas condiciones estarían contribuyendo al descenso progresivo de la PET Rural. Habría pasado de 1, 880 mil, en el 2009 a 1, 601 mil, en el 2014. Actualmente la PET joven reside en el área urbana (79,7%) respecto a la rural (20,3%).

La legislación que enmarca el trabajo de la SENAJU es: a) Ley del Consejo Nacional de Juventud (Ley Nº 27802). b) Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación (D.S. Nº 001-2008-ED). c) Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de Educación (D.S. Nº 001-2015-ED)

No se tomará en cuenta AgroJoven, debido a su reciente creación.


(RE) CONOZCAMOS A LOS JOVENES RURALES
EMPLEO DECENTE PARA LOS JOVENES RURALES EN EL MARCO DEL DESARROLLO TERRITORIAL RURAL (DTR)
ANTECEDENTES
La siguiente nota de investigación es un análisis de las políticas de empleo dirigidas a la población juvenil rural bajo el marco del Desarrollo Territorial Rural (DTR). El interés de esta investigación surge a propósito de la problemática de la situación de las condiciones laborales de las y los jóvenes rurales, donde el 96,9% se encuentra en la informalidad. Esta situación genera inadecuadas condiciones laborales y bajos ingresos, que impide la satisfacción de sus expectativas y el pleno de su desarrollo de sus capacidades. Sin embargo, ante ello no existe ninguna política social dirigida a mejorar esta situación. La inacción es también una forma de política.
La importancia de abordar la problemática de este grupo, radica en su estrecha relación con la condición de pobreza estructural que caracteriza a las zonas rurales. A pesar del crecimiento económico sostenido en la última década, la pobreza se sigue concentrando en las zonas rurales (Remy, 2013). Para el caso específico de los jóvenes rurales, concentran los más altos niveles de pobreza, muy por encima del promedio nacional (19,7%), según grupo de edad: "43,8% para el grupo de 15 a 19, 42,1% para el grupo de 25 a 29 y 36,1% para el grupo de 20 a 24 años" (INFORME SENAJU, 2015: 35). Este escenario desigual se evidencia también en las cifras de pobreza extrema. Del total de la población joven en pobreza extrema, el grupo de los jóvenes rurales entre 25 y 29 registra el porcentaje más alto, 12,9%. A diferencia de sus contrapartes urbanos, donde el grupo de 25 a 29 registra el menor valor con 0,6% (INFORME SENAJU 2015: 36)

Se observa entonces que los jóvenes urbanos han mejorado su situación de vulnerabilidad, sin embargo los jóvenes rurales no. Al respecto, la SENAJU señala que esta condición está relacionada "… con incipientes ingresos por la muy baja productividad de sus minifundios […] muy baja calidad educativa y poco acceso a servicios de infraestructura". (SENAJU, 2015: 37). En efecto, Remy (2013) en un estudio sobre la desigualdad territorial, observa que el acceso a servicios básicos y escolaridad secundaria desciende, a medida que la población se encuentre en zonas más altas y distantes de la capital de la región, es decir, en "zonas más rurales".

En base a lo anterior, se determina que la variable territorial constituye una condición de vulnerabilidad para el desarrollo de los jóvenes rurales, así como de toda la población que reside en este ámbito. Por lo que una política habilitadora dirigida a mejorar las condiciones laborales de los jóvenes rurales, repercute favorablemente en el desarrollo rural de manera sostenible.

De esta manera, este tema es importante desde la perspectiva de la Sociología del desarrollo, pues busca comprender la inacción de las políticas sociales frente a la problemática de empleo juvenil rural, que repercute directamente en su desarrollo y el de su entorno. Se propone entonces, a partir sus enfoques, el análisis de las políticas de empleo, en tanto la inacción es también una forma de política, dirigidas a esta población bajo el enfoque de territorialidad para el desarrollo rural.

Los objetivos de la investigación son:
Analizar el diseño de las políticas y los programas de empleo dirigidos a jóvenes rurales bajo el marco del Desarrollo Territorial Rural (DTR): Transformación Institucional, Transformación productiva y transformación social y cultural.
Proponer el enfoque del DTR para la formulación y diseño de las políticas de empleo dirigida a los jóvenes rurales.
Aportar a la literatura sobre el sector agrario: la agricultura como actividad productiva y el empleo rural.
Como señala Richard Webb, "…hasta hace pocos años no sedaba importancia política al conocimiento del sector agropecuario, en especial a la pequeña agricultura, a pesar de su relación directa con la pobreza y su papel estratégico en la seguridad alimentaria" (2016: 53). En ese sentido, las investigaciones referente a este sector se han inclinado "hacia la conservación del medio ambiente y los temas de orden social e institucional" (2016: 15) En efecto, en un estudio de Maletta (200) sobre una síntesis de los estudios rurales, se han realizado 41 trabajos sobre la conservación y sostenibilidad de los recursos naturales y solo 2 de mercado laboral rural.
Colaborar con el diseño y adopción de políticas públicas agropecuarias/ agrarias
En el estudio se discutirá la importancia de la mejora de las condiciones de empleo en el sector agropecuario, ya que constituye el principal medio de trabajo para los jóvenes rurales.

Por otro lado, el desarrollo de la investigación se abordará en tres instancias. El contexto, donde se describirá la problemática de las inadecuadas condiciones laborales de los jóvenes que residen en zonas rurales, de la cual parte el interés y la importancia del estudio.
La siguiente instancia, el Estado del arte, estará dividido en tres grandes ejes temáticos, El estudio del empleo juvenil en el Perú, los enfoques de las políticas dirigidas a los jóvenes rurales y el empleo, y la teoría del Desarrollo Territorial Rural (DTR).

La cuarta sección, la Discusión, a partir de los datos del Contexto y las perspectivas teóricas y metodológicas presentadas en la literatura, realizará el análisis de las políticas/inacción de las políticas de empleo dirigida a jóvenes rurales; mediante tres lineamientos del DTR: la Transformación productiva, la Transformación Institucional, y transformación social y cultural.

Como se ha mencionado, se utilizará el marco conceptual del enfoque territorial para el desarrollo territorial (el Desarrollo Territorial Rural- DTR). Se utilizarán 3 lineamientos de esta propuesta: la transformación productiva, la transformación institucional y la transformación cultural, que debe constituir la formulación de las políticas del empleo juvenil rural.

El abordaje metodológico se basa en el análisis y contraste de informes y bases estadísticas para el contexto y la discusión del tema. Se ha hecho empleo de Censos Nacionales, Informes del INEI, Informes del SENAJU y de investigaciones. Asimismo se ha revisado la normativa, los planes y programas del gobierno entorno a las políticas de empleo juvenil, en la discusión critica bajo el enfoque del DTR. Finalmente se ha hecho una revisión y contraste de la literatura encontrada, a partir de la división de dos ejes temáticos: las investigaciones sobre el empleo en el Peru, Chacaltana y Ruiz (), () Benavides (2016),… y el enfoque territorial, Francke (2011), Schejtman y Berdegué (2004), Trivelli (2013).
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones de política.
A continuación, se explicará y analizará a detalle la situación de la informalidad y condiciones laborales de los jóvenes ocupados rurales.
CONTEXTO

Según un reciente informe del Empleo Juvenil 2015 de la OIT, elaborado por Julio Gamero (2016), el 96,9% de la PEA ocupada joven rural se encuentra en un empleo informal, mientras solo el 3,1 tiene un empleo formal. A diferencia de sus pares urbanos, donde el 26,3% tiene un empleo formal.

Condiciones laborales y estructura Laboral juvenil rural
Condiciones laborales

Para definir y medir las condiciones laborales, usaremos los siguientes indicadores: Protección social (Afiliación al Sistema de salud y Afiliación al Sistema de pensiones), Modalidad Contractual e Ingresos.
Respecto al primer indicador, se encuentra que el 73,5% de la PEA ocupada juvenil rural está afiliada, una proporción mayor a su contraparte urbano, con 59,6%. Pero esto no se debería a una política de empleo o proporcionado por el empleador o entidad contratante, sino se debería a la extensión del SIS en las zonas rurales, que representa el 68,8% de los afiliados. Asimismo, esta excepcional ventaja de los jóvenes rurales frente a los urbanos se limitará a este indicador.

En cuanto al segundo indicador, Sistema de pensiones, el 92,3% de la PEA ocupada rural no se encuentra afiliado, a diferencia de la PEA urbana, que tiene un porcentaje menor, 66,4%. Este indicador es un reflejo de la situación del empleo informal de los jóvenes rurales. La magnitud de este porcentaje que constituye las inadecuadas condiciones laborales, también se observa en la modalidad contractual, donde el 90,8% de los jóvenes rurales no tiene contrato. Aquí la diferencia urbano-rural se incrementa, donde solo el 56,8% de los jóvenes urbanos no disponen de contrato.

Se puede hablar entonces de una correlación directa entre no tener un contrato y la ausencia de afiliación a un sistema de pensiones. Estas condiciones de informalidad se reflejarían también en el promedio de ingresos, que es 624 soles, por debajo del sueldo mínimo; a comparación de la PEA Urbana, donde el promedio de ingresos es de 1118 soles.

Esta correlación entre la ausencia de un contrato y las zonas rurales también se comprueba a partir del Informe Nacional del SENAJU de la "Población juvenil en el Peru: Cifras regionales 2015".



















Fuente: Informe de la "Población juvenil en el Perú: Cifras regionales 2015". Elaboración Propia.
Se observa que los primeros cinco departamentos con mayor índice de jóvenes sin contrato fueron Puno, Apurímac, Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco y Cajamarca, con cifras superiores cercanas al 90%. Según un informe de la SENAJU, sobre "Juventud rural, indígena y afro descendiente" (2015), los departamentos de Cajamarca (14,4%) y Puno (9,5%) albergan los mayores porcentajes de población joven rural. De esta manera se comprueba la correlación entre trabajar sin contrato o en un empleo informal, según la variable territorial rural.

Estructura del mercado laboral

Se ha producido una transformación de la estructura de mercado de la PEA ocupada rural juvenil entre el 2007 y el 2015. Según la SENAJU, basado en el Censo Nacional del 2007, los jóvenes se desempeñaron principalmente como Trabajador independiente o por cuenta propia, 37.7% y como Trabajador Familiar no remunerado, 28,2%; mientras para el 2015, según el informe de la OIT, el 39,3% de la PEA ocupada juvenil se desempeña como TFNR y 33,7% empleado en el sector privado, mientras solo el 21,2 % como Trabajador independiente. Esto quiere decir que la actividad como Trabajador independiente ha pasado a un tercer plano, mientras el TFNR se posiciona como la principal actividad económica y el empleado del sector privado, en segundo lugar.

Esta transformación y preponderancia del sector agropecuario como actividad principal de los jóvenes rurales, se puede constatar con los resultados del Informe del Cenagro 2012. Según el informe, el número de productores agropecuarios se han incrementado en 496 mil productores respecto al año 1994, llegando en el 2012 a 2 260 973.

A nivel departamental, el mayor número de productores agropecuarios se encuentran en Cajamarca (15,0) y Puno (9,5) (CENAGRO, 2012: 10). En ese sentido, las actividades agropecuarias se concentran en la sierra, que es la región con el mayor número de unidades agropecuarias, 63,9%, respecto de la Selva y la Costa, con 20,3% y 15,8%.

Este incremento también ocurre con las pequeñas unidades agropecuarias (hasta 5,0 Has.) que se han incrementado en 40,3% respecto al año 1994, a 1 millón 811 mil. Asimismo, del total de unidades, la mayor parte de ellas se ubican en la región de la Sierra, 68,0%. Estas aumentaron en 275 mil unidades con respecto al año 1994. (CENAGRO 2012: 11)

A partir de ello, se puede especular que la concentración de la actividad agropecuaria en los departamentos de Cajamarca y Puno, y en general en la región de la sierra, tiene una correlación directa con las zonas donde hay un mayor porcentaje de jóvenes rurales y con empleo informal.

En base a la estructura labora, se puede decir que para mejorar las condiciones laborales de los jóvenes rurales, las políticas de empleo deben orientarse a mejorar el estado y productividad de las unidades agropecuarias, principalmente las de pequeña escala, que constituyen más de la mitad de las unidades agropecuarias. Asimismo, el posicionamiento del sector privado, como segunda opción de empleo de los jóvenes rurales, proporciona nuevas direcciones y stakeholders de la política, pues implica tomar en cuenta a los empresarios; en términos de garantizar un empleo formal con las condiciones de protección social adecuada e ingresos mínimos. La referencia sobre estos dos sectores en las políticas de empleo juvenil rural será parte de la discusión a partir del lineamiento de transformación institucional y productiva del Desarrollo Territorial Rural (DTR).

ESTADO DEL ARTE
Se abarcará la literatura a partir de dos grandes ejes temáticos, sobre el empleo juvenil en el Perú y la teoría sobre Desarrollo Territorial Rural.

El estudio del empleo juvenil en el Perú
En relación a las investigaciones sobre la situación del empleo juvenil en el Perú. El estudio de Chacaltana y Ruiz (2012), realiza un diagnóstico del empleo juvenil basándose en la Enajuv 2011. Describen cinco transiciones que enfrentan los jóvenes (de 15 a 29 años).

"Los jóvenes pasan de ser hijos a padres, de la escuela a la educación para el trabajo, de la escuela al empleo dependiente, de un empleo dependiente a un emprendimiento o, en algunos casos, experimentan un proceso migratorio". (2012: 298)

En estas transiciones, encuentra que para los más jóvenes (primer cohorte, 15-19 años) y con menos experiencia es menos común el empleo decente. Por otro lado, la capacidad de emprender es deficiente, porque gran parte de los jóvenes, no logran llevar a cabo sus ideas de negocio. Así también, aproximadamente la mitad de los jóvenes tiene expectativa migratoria hacia el extranjero. Sin embargo, refiere un panorama general de la situación de alguna manera crítica de la situación juvenil en el Perú, en aras de poder acceder a un empleo decente o generar un negocio que pueda cumplir sus expectativas y sueños, así como recibir buenos ingresos para desarrollarse plenamente. Sin embargo, este estudio no diferencia área de residencia.

Por otro lado, Prejal (2010) y Procasur (2012) constata la desigual participación de los jóvenes peruanos en el mercado de trabajo según edad, pero también según nivel educativo y residencia rural-urbana.
Al respecto, Garavito (2012) analiza la probabilidad de ser asalariado y no asalariado según zona de residencia. Observa un efecto diferenciado de tener más años de educación entre el ámbito urbano y rural. En el sector urbano, a mayor nivel educativo, aumenta la probabilidad de trabajar como asalariado (empleo formal); pero el efecto se diluye en el sector rural, dado el poco desarrollo del mercado de trabajo y los bajos salarios ofrecidos. Esta opinión también constata con Gamero (2016), que en una reciente conferencia sobre la situación del Empleo Juvenil 2015, señaló que a mayor calidad educativa, ocurría una migración masiva, por lo que las políticas deben actuar en torno a la demanda, en términos de ampliar las oportunidades. De otro lado, persistirá el sentimiento de discriminación y segregación del progreso social que sienten muchos jóvenes, en un orden donde la meritocracia no les resulta evidente (SENAJU, 2015: 15)

Por otro lado Boyd (2014), en su estudio sobre determinantes de la inserción laboral de los jóvenes rurales de 15 a 29 años, encuentra que la decisión de insertarse en el mercado laboral, depende de la decisión de estudiar. Pues a mayor nivel educativo, mejoran sus posibilidades de inserción laboral, de carácter formal. Sin embargo, encuentra que la decisión de seguir estudiando, no depende de los jóvenes rurales, sino resulta de una decisión familiar, debido a que la mayor parte de los jóvenes rurales ocupados, trabajan como familiares no remunerados, 39%. Esta situación empeora para las mujeres jóvenes rurales, pues el 42% de ella son trabajadoras familiares no remuneradas. Finalmente señala que "…la elevada proporción de trabajadores familiares no remunerados en áreas rurales muestra que el valor del trabajo familiar no remunerado es todavía en muchos casos mayor al salario de mercado que el joven podría obtener". (Boyd, 2014: 37)

Por otro lado, Martin Benavides (2006) incluye la problemática de la pobreza y empleo de los jóvenes rurales, a partir de un abordaje holístico de la estructura heterogénea de los jóvenes excluidos. A diferencia de otros estudios, propone un marco conceptual que toma en cuenta dimensiones cuantitativas y cualitativas. Esta última categoría toma en cuenta variables como capital social (redes de soporte familiar) y más bien, simbólicas, como la autopercepción y expectativas. El estudio de Benavides es importante porque permite centrarnos en la perspectiva del actor sobre su desarrollo, en tanto el efecto de su dimensión subjetiva respecto a sus decisiones personales de acceder o no a un programa de empleo juvenil.

En conclusión, la literatura sobre las condiciones del empleo juvenil en el Perú, señala que mientras los jóvenes se encuentren en el grupo de menor edad, tendrán un empleo menos decente. Así mismo, en términos de emprendimiento, los jóvenes no logran llevar a cabo sus ideas de negocio; pues el mercado laboral peruano no responde a sus demandas, y casi la mitad opta tiene expectativa migratoria. Por otro lado, se ha encontrado que a mayor nivel educativo, las posibilidades de ser asalariados o acceder a un empleo formal incrementa, sin embargo, eso solo ocurriría en las zonas urbanas, pues en las zonas rurales, esto no tiene el mismo nivel de repercusión, debido a la baja oferta del mercado de trabajo y los bajos ingresos. Así pues, los jóvenes rurales estarían migrando a las zonas urbanas, en busca de esas oportunidades. Por otro lado, la decisión de seguir o no estudiando no dependería de los jóvenes, sino sería una decisión del hogar, pues la mayoría de los jóvenes rurales ocupados son TFNR.
Estos condicionantes se incluirán en las líneas de argumentación de la transformación productiva e institucional en la Discusión. Finalmente, el estudio de Benavides nos brinda una visión diferente sobre los condicionantes de acceso al empleo y a los programas de empleo juvenil, aludiendo a una heterogeneidad de los actores, a partir del análisis de dimensiones cualitativas. Este componente subjetivo, aportará a la línea de argumentación de la transformación cultural y social que debe constituir la política de empleo dirigida a jóvenes rurales bajo un marco de DTR.

Enfoques de las políticas dirigidas a los jóvenes rurales y de empleo
Las políticas públicas han asumido distintos paradigmas que han modificado sus orientaciones respecto a los jóvenes rurales. Uno de ellos es el de "moratoria", donde no se reconocía la capacidad de agencia de los jóvenes, entorno a sus expectativas y necesidades (Krauskopf). Sin embargo, según la SENAJU, eso ha cambiado, y se "… enfatiza el papel de la juventud como actor estratégico de su desarrollo" (2015:14) De hecho también señala, que desde la influencia desde las ciencias sociales, las políticas consideran la vulnerabilidad a la que estas poblaciones se han encontrado expuestas de manera histórica, por lo que permite el planteamiento de políticas específicas y prioritarias. (2015:14)
Esto mismo sucedería con las políticas de empleo. Al respecto, Chacaltana y Ruiz (2012) señalan que "desde el año 2006 el paradigma de las políticas de empleo juvenil se ha modificado (…) estas políticas han reconocido al grupo de jóvenes como «grupo vulnerable» y han planteado objetivos de largo plazo para atacar diversos problemas diagnosticados". (2012: 301)

No obstante, siguiendo a Boyd, este enfoque de las políticas de otorgar agencia a los actores, aludiendo a la heterogeneidad de sus necesidades y focalizar como grupo vulnerable, no estaría sucediendo al menos entorno a las políticas de empleo dirigidas a jóvenes rurales. Como indica:

"… la importante tasa de empleo en el sector agrícola llama a la reflexión de los programas de promoción del empleo y el emprendimiento recurrentes en América Latina, los cuales buscan promover principalmente las actividades micro empresariales rurales no agrícolas (…) Los jóvenes rurales siguen estando empleados mayoritariamente en actividades agrícolas, y solo un pequeño porcentaje de aquellos jóvenes emprendedores logran materializar sus (micro) empresas." (2014:38)

Esta paradoja será incluida en la discusión de la línea de argumentación de la transformación institucional del DTR para las políticas de empleo rural juvenil.

El enfoque de Desarrollo Territorial Rural (DTR)

Finalmente, antes de iniciar con la discusión explicaremos el DTR, y en base a ello, delinearemos los tres ejes que abordaran el análisis de la política/no política de empleo juvenil rural.

Según, Schejtman y Berdegué (2014), el DTR es:

"Un proceso de transformación productiva e institucional en un espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural. La transformación productiva tiene el propósito de articular competitiva y sustentablemente a la economía del territorio a mercados dinámicos. El desarrollo institucional tiene los propósitos de estimular y facilitar la interacción y la concertación de los actores locales entre sí y entre ellos con los agentes externos relevantes, y de incrementar las oportunidades para que la población pobre participe del proceso y de sus beneficios" (Francke, 2015: 9)
 
El enfoque que subyace a esta propuesta de articulación e interacción a nivel productivo e institucional es un cambio en el paradigma de la dicotomía territorial, entre los ámbito rural y urbano. Y más bien se propone vínculos funcionales y de concertación entre las áreas rurales y los núcleos urbanos (donde yacen los principales mercados y las instituciones estatales centrales). El carácter de estos vínculos, al mismo tiempo responde, a una concepción diferente del "territorio", ya no entendido más como unidad administrativa o espacio natural, sino como una construcción social y espacio vivo, de intercambio, articulación y lazos sociales. Como señala Trivelli (2013): "capitalizar lo que ya está presente en los territorios".
 
En ese sentido, el enfoque territorial para el Desarrollo Rural, centra el desarrollo desde y para los actores que habitan en él, reconociendo su condición de agentes y el potencial de sus capacidades para contribuir al desarrollo de las zonas rurales.
 
De esta manera, el DTR plantea tres transformaciones:
Transformación productiva: Refiere a la articulación con mercados dinámicos. Para ello es necesario establecer alianzas tanto con el sector público y especialmente el privado.

Transformación institucional: Dado que las normas y vínculos que construyen los sujetos, se conciben según las condiciones del territorio, ya sean recursos, necesidades y actividades que se presenten en este espacio; el papel del Estado es compensar las dotaciones de dichos recursos, a través de servicios públicos (Remy, 2003) Asimismo, se debe promover la concertación de los actores y todos los niveles gubernamentales. De modo que se promueva una descentralización efectiva a partir del fortalecimiento de los gobiernos locales, para que tengan los recursos humanos y materiales a fin de favorecer al diseño e implementación de políticas de desarrollo.

Transformación social y cultural: Al centrarse en el actor, se reconoce su dimensión cultural y subjetiva. Implica la revaloración de sus identidades y activos culturales, porque se reconoce su influencia en las expectativas, valoraciones y modalidades de su visión y performance entorno a su desarrollo. De esta manera, es posible la participación directa de los actores en la construcción de políticas que reconozcan la heterogeneidad de los actores, en sus dimensiones cuantitativas y cualitativas.
 Estas tres líneas constituyen la crítica y propuesta de los 3 ejes de argumentación del abordaje de la problemática del empleo informal bajo el marco del DTR.
 
DISCUSION
En base a las tres líneas del marco conceptual del DTR descritas anteriormente se analizaran las actuales políticas de empleo juvenil.

Transformación productiva: Transición de una visión dicotómica a una visión armónica del territorio de las políticas y programas de empleo juvenil rural
Existen dos entes encargados de estas políticas de empleo dirigidas a jóvenes. La Secretaria Nacional de la Juventud – SENAJU, encargada de "formular y articular políticas de Estado en materia de Juventud, que contribuyan al desarrollo integral de las y los jóvenes, así como promover y supervisar programas y proyectos en beneficio de ellas y ellos". Y por otro lado, el Ministerio de Trabajo.
En cuanto a la SENAJU, esta se encuentra adscrita al MINEDU. Es importante precisar esto, pues más adelante, se señalará los problemas que ocasiona esta "sectorialidad". Según, el Plan Estratégico Nacional de la Juventud (PENJ), la SENAJU orienta sus lineamientos y acciones según 5 enfoques: Enfoque de Derechos Humanos, Genero, Generacional, interculturalidad, territorial. Sin embargo, existe una concepción errada del enfoque territorial, definido de la siguiente manera: "Propone un proceso de reflexión y gestión territorial ecosistémico, en donde se verá plasmada la relación sinérgica entre la persona humana y el ambiente." (2015:18). Este percepción errada del enfoque, a pesar de que sus objetivos de acción llegan a involucrar a los jóvenes rurales, pues busca "atender las demandas de las y los jóvenes de poblaciones y grupos en situación de vulnerabilidad y (…) contribuir al proceso de descentralización del país y reconocer la diversidad de las y los jóvenes" (SENAJU, 2015: 18), se traduce en propuestas vacías en relación a este grupo.

Así pues, en el eje 5 del Plan de Acción de Juventud, Trabajo decente, emprendimiento y empleabilidad; la única propuesta dirigida a los jóvenes rurales, señala "Incentivar propuestas y proyectos de desarrollo socioeconómicos a favor de las y los jóvenes provenientes de pueblos indígenas u originarios, rurales y afroperuanos." (SENAJU, 2015: 28) El único proyecto en el documento que se encuentra dirigido a los jóvenes rurales, es de carácter internacional: "Acciones de cooperación sur-sur (bilateral y triangular). Proyecto de cooperación e intercambio de conocimientos entre Colombia y Perú para el fortalecimiento institucional y técnico de sus organizaciones de jóvenes emprendedores." (SENAJU, 2015: 124) que busca:

"… contribuir a la mejora en el acceso a oportunidades de empleabilidad y generación de condiciones de vida digna para los jóvenes rurales mediante el fomento del desarrollo de sus capacidades personales, empresariales y asociativas, generando el fortalecimiento de sus capacidades institucionales, organizativas y productivas en las y los jóvenes rurales de Perú y Colombia a través del intercambio de experiencias exitosas y lecciones aprendidas" (SENAJU, 2015: 124)

Como se observa, este proyecto dirigido a mejorar la empleabilidad de los jóvenes rurales, no tiene un enfoque territorial, pues no toma en cuenta las características de los actores del territorio, (como construcción social y espacio vivo) en este caso la estructura laboral de los jóvenes rurales. Como se señaló en la sección del Contexto, los jóvenes rurales se desempeñan principalmente como TFNR, es decir, se dedican al sector agropecuario, y como empleados del sector privado. Emprender un proyecto dedicado a jóvenes "emprendores", con el fin de desarrollar capacidades empresariales, desconoce la situación productiva de los jóvenes rurales e impone una visión moderna de desarrollo. Ya que se orienta a la transición de un capital agropecuario a uno comercial.
Por otro lado, al parecer desconoce la literatura sobre la situación del empleo juvenil, que como se señaló en el Estado del Arte, según Chacaltana y Ruiz (2012) la mayoría de jóvenes no llegan a concretar sus proyectos de emprendimiento. De modo que, aquí se puede observar la superposición de un enfoque modernizador, a pesar de no tener resultados concretos, desvalora y observa de manera residual, las actividades del sector agropecuario.

Por otro lado, en cuanto al Ministerio de Trabajo, el programa más conocido y que se ha sostenido en el tiempo dirigido exclusivamente a los jóvenes ha sido Pro Joven. PROJoven es un programa que facilita el acceso de los jóvenes al mercado laboral formal a través de capacitación laboral, asistencia técnica para el emprendimiento e intermediación laboral. (Chacaltana y Ruiz, 2012: 315) Mediante ello, su objetivo principal ha sido ofrecer una fase de formacion técnica de tres meses y luego una segunda fase, de formación laboral con empresas del sector privado. Esta capacitación y práctica en las empresas privadas, permiten la inserción de los jóvenes al empleo formal.

Hay un estudio reciente del BID (2016) sobre el impacto de PROJoven, sin embargo se centra principalmente en resultados de los jóvenes que residen en Lima Metropolitana, y no cuenta con una desagregación de los resultados según lugar de residencia (urbano-rural). Por lo que no se puede observar el impacto del programa en áreas rurales, que sin una estadística evidente, se puede decir que ha sido bastante bajo, dada la alta tasa del empleo informal en zonas rurales, 96.9%. Aunque quizás se podría especular que los jóvenes rurales migraron a las ciudades para poder acceder a este programa, dado que el programa los introduce a un trabajo formal empresarial. Esto requerirá mayor investigación y trabajo de campo.
De cualquier modo, se denota que la formulación del programa tampoco toma en cuenta la principal actividad laboral de los jóvenes, el Trabajo Familiar No Remunerado en el Sector agropecuario. Sino que al igual que el programa del SENAJU, impone un programa de desarrollo desde una visión moderna, donde la actividad y el trabajo empresarial/industrial prevalecen frente a la actividad agraria.

De modo que abordar el planteamiento de políticas de empleo dirigidas a jóvenes en el marco de lineamiento de la Transformación productiva del DTR, centrándose en los agentes del territorio, reconoce su actividad principal laboral, el Trabajo familiar no remunerado y la necesidad de desarrollar medidas que mejoren las condiciones laborales del sector agropecuario. Al respecto, Boyd, sostiene "los programas de capacitación técnico productivos debieran dirigirse en mayor medida a los jóvenes. (2014: 38)

Pero no consiste en limitar el enfoque de la política a la mejora de la productividad de la unidad agropecuaria en sí misma; sino de una política que articule su mejora con otros sectores, como los mercados que yacen en núcleos urbanos. De tal manera que los productos del predio puedan tener un espacio de comercialización que pueda generarles buenos ingresos. En ese sentido, se rompe con la dicotomía rural-urbano, y se articula la oferta rural con la demanda urbana, y porque no viceversa.

Vale señalar que hay programas habilitadores dirigidos a la población rural, como Hakuwiñay, que trabaja con las familias que reciben Juntos, pero no trabaja directamente con los jóvenes.

Finalmente, esta investigación de alcance cualitativo puede ser complementada por recientes estudios basados en la evidencia fáctica del IV CENAGRO 2012. Hay un estudio de Maletta y De la Torre, "Tipificación microrregionalizada de explotaciones agropecuarias como base para un sistema de seguimiento del sector agropecuario, en especial de los pequeños productores". Con esta tipificación de los predios (que podrán ser georreferenciados) en tanto, la dimensión de los cultivos, producción, el acceso a crédito, insumos y tecnología, se podría advertir la heterogeneidad de las unidades agropecuarias, y por lo tanto la heterogeneidad de las condiciones laborales de los jóvenes rurales que son TFNR. De esta manera, posibilitaría la adopción de políticas diferenciadas y focalizadas para mejorar la situación de empleo juvenil rural.

Transformación institucional (DTR): La urgencia de una articulación intersectorial e intergubernamental para la formulación de las políticas

Un tema como juventud rural no tiene sitio en El Estado. Esto se debe al diseño y acción de los ministerios del Estado, que se encuentra sectorializado por competencias. Como expone Trivelli (2016)
"No se pueden cruzar los sectores, como agricultura, educación, salud, necesarios si queremos abordar un problema asociado a los jóvenes. En ese sentido, temas como la juventud o el desarrollo rural "no son de nadie", "no hay nadie quien lo asuma". Lo mismo se produce a nivel local"

Como se describió anteriormente, los ministerios que deberían encargarse de la formulación de estas políticas son el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y el MIDIS. El primero, dispone de los programas e instancias, como Beca 18 y SENAJU, pero principalmente realiza programas de educación. De otro lado, el Ministerio de Trabajo, tiene programas de formación, promoción e inserción laboral, pero trabaja básicamente en zonas urbanas. En el caso del MIDIS, trabaja con hogares rurales, pero los jóvenes quedan invisibilizados. Existe un vacío entre el eje 3 y eje 4 de los MIDIS, porque después de haber sido capacitados, que políticas de empleo están destinadas a la población juvenil rural. Incluso, esta situación genera una ausencia de incentivos para que los beneficiarios de Beca 18 regresen a sus comunidades rurales.

Según Carolina Trivelli (2016), al provenir los jóvenes de "zonas rurales", el encargo es atribuido inmediatamente al ministerio de agricultura. Ministerio que no cuenta con ninguna herramienta dirigida hacia ellos, pues tampoco se ocupa del desarrollo rural.

Para hacer posible el diseño e implementación efectiva de políticas laborales para estos jóvenes bajo el enfoque del DTR, es necesaria una transformación institucional que articule los distintos sectores y nivel del gobierno estatales; para que aborde de manera holística las necesidades de los jóvenes rurales. De igual modo, el enfoque de DTR debe integrarse en la estructura estatal, a fin de fragmentar esta dicotomía de lo urbano y rural, al momento de abordar la problemática de los jóvenes que residen en zonas rurales, y no incluirlos inevitablemente en el Ministerio de Agricultura.
Sin embargo, esta proposición de cambio de la estructura estatal puede llegar a ser bastante ilusoria. En ese sentido, sosteniendo el DTR, se debería diseñar propuestas holísticas que abarquen la formacion, salud y protección social, para acceder a un empleo formal, pero articularlas con la estructura de trabajo del Estado. Solicitar a cada uno de los ministerios, el MINEDU, el MIDIS, MINTRA y MINAGRI lo que puede realizar de acuerdo a las funciones y competencias que se atribuye.

Asimismo, en esta transformación institucional, las politicas dirigidas deben articularse con el sector privado. Primero, dado que constituye el segundo sector donde trabajan la mayoría de los jovenes, se debería orientar políticas de capacitación y la condición de los contratos a un nivel formal. Y también articular las empresas privadas con la producción de los sectores agropecuarios, que constituye la principal actividad de esta población.

Por último, la necesidad de orientar y construir las políticas, como la implementación de los programas con los gobiernos locales. Los cuales permiten una mejor aproximación a la realidad contextual de las zonas rurales, y además de información, el medio para articular las propuestas directamente con los actores locales.

Transformación social y cultural: Hacia la formulación de políticas diferenciadas que reconozca la heterogeneidad de los jóvenes rurales
En base a lo anterior, es necesario que la política se centre en las dimensiones tanto cuantitativas como subjetivas de los jóvenes. Porque como se ha precisado en el Estado del arte, son una población heterogénea, según el grupo de edad, la actividad a la que se dedican, el nivel educativo, y porque las decisiones sobre el rumbo de sus vidas, a veces no depende de ellos, sino de sus hogares. Esto se debe a la diversidad de identidades culturales que los conforman.
En ese sentido, el diseño de políticas de empleo dirigidas a esta población rural, deben ser diferenciadas: para los jóvenes que se encuentran entre la educación superior y el trabajo y en el trabajo. Y que tomen en cuenta factores como género, etnicidad y la trayectoria cultural de los y las jóvenes.
Al respecto, Francke (2011) señala que:

"Los vínculos entre identidad cultural y desarrollo territorial se han fortalecido al reconocerse el potencial económico de los activos culturales, máxime cuando el turismo está demostrando cada vez más que puede ser una fuente de ingresos importantes para la población local y motor para el mejoramiento permanente de los servicios e infraestructura básicos." (2011:10)

Sin embargo, esto dependerá de la visión del buen vivir de las comunidades rurales.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Aumentar el atractivo de las zonas rurales. Bajo el DTR Aumentar la inversión en actividades agropecuarias y en la infraestructura social y económica para ofrecer a los jóvenes rurales la oportunidad de desarrollar sus expectativas y capacidades en sus ámbitos culturales.




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