¿Quieren cambiar el árbitro?

¿Quieren cambiar el árbitro?

Por Eduardo Oteiza(*) Al inaugurar el año judicial el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación , Ricardo Lorenzetti, afirmó que el conflicto era, en buena medida, el motor de los cambios sociales. El choque de ideas y de intereses nos rescata del inmovilismo. La evolución no se produce por generación espontanea, va precedida de un debate racional, manifestado en las mil formas distintas en que se expresan los opuestos. Sostenía que no debemos tenerle miedo al conflicto. Es evidente que el temor nos impide progresar. Nos detiene en el umbral de un debate racional. No hay opuestos; unos imponen sus convicciones y deseos frente a otros que consienten pero que no acuerdan, que están muy lejos de hacerlo si la razón es el temor. Agregaba en un tramo de su presentación que en el camino de la solución del conflicto no es acertado reemplazar el árbitro. La imagen sobre el cambio de quién debe decidir es muy expresiva, ya que se enmarca en una coyuntura en la cual las miradas se han posado sobre la Corte Suprema y el Poder Judicial. Las agitadas aguas de la discusión sobre la inconstitucionalidad de las normas de la ley de medios que hablan sobre el plazo de desinversión, centraron los tiempos políticos en el 7D. La lectura que hacía el Poder Ejecutivo, al fin y al cabo una de las partes de ese proceso judicial, era que el siete de diciembre de 2012 quedaría sellada la suerte de lo allí discutido. La Corte Suprema y los jueces que debían decidir no tuvieron la misma opinión. Antes de esos días de diciembre teníamos justicia democrática y legítima. Luego todo se transformó. Al reclamo de respeto por la independencia judicial expresado por las organizaciones judiciales sobrevino la respuesta de un sector judicial que hablaba de una nueva legitimidad. La principal representante de esa posición, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, públicamente señaló que la Justicia actual es ilegítima, corporativa, oscurantista y de lobbies aceitados. En el actual contexto es fácil interpretar a quién se refería. Al inaugurar el nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación , la Presidenta Cristina Fernandez de Kirchner, se refirió a algunas iniciativas que propondría para democratizar a la justicia. Recordó que la justicia nunca se había modificado. Dijo que en Argentina se echaron gobernadores, se encarcelaron gobernadores y presidentes y se cerró este Parlamento, pero la Justicia nunca fue tocada. En el discurso hubo varias alusiones a la Corte Suprema. El tono de las alusiones fue muy crítico. La idea sobre el cambio de árbitro es tomada aquí para aludir a aquellas condiciones que deben imperar para que pueda decidirse una causa con independencia. Independencia - parece innecesario aclararlo- de todo factor que condicione la decisión y que no se encuentre fundado en las características del problema judicial a resolver. En ese sentido, el lenguaje de los hechos y de las palabras es absolutamente relevante. La intensidad con que se cuestiona a quien debe decidir puede constituirse en un ataque a su independencia. Hay una tradición muy arraigada en la vida política argentina de intolerancia de los gobernantes a la estabilidad de los jueces. Desde 1947, con el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema , el poder político ha logrado imponer cambios radicales en su conformación. La alternancia entre gobiernos militares y civiles entre 1955 y 1983 produjo sin excepciones el desplazamiento de los jueces de la Corte Suprema. El poder de integrar la Corte Suprema por cada nuevo gobierno fue una constante de un tiempo signado por las interrupciones a los gobiernos constitucionales. La transferencia del gobierno entre dos presidentes civiles en 1989 no estuvo ajena a la referida tradición. El Congreso, sancionó en los noventa, la ley de ampliación del

número de integrantes de la Corte Suprema con la finalidad de lograr conformar una mayoría de jueces afines a las ideas de las mayorías de ese momento. El mecanismo era más sutil; bastaba con alterar el número de jueces para que la Corte Suprema perdiera independencia. Hace diez años las renuncias y los juicios políticos permitieron modificar la integración de la Corte Suprema. La ilegitimidad del mecanismo de ampliación, la cercanía con el poder de los jueces nombrados durante la administración menemista y el mecanismo participativo empleado para llevar adelante los procesos de designación, brindaron a la nueva integración una fuerte dosis de legitimidad, que hacía pensar que abandonaríamos la práctica de querer cambiar los jueces cuando se sospeche que incumplirán los designios del poder. Los cuestionamientos sobre la Corte Suprema y el Poder Judicial pueden ser leídos como condicionamientos que lesionan la independencia. Pasó el tiempo en que se los removía, también aquél en el que se cambiaba la integración. En estos días, la falta de tolerancia y el recurrente cuestionamiento sobre los jueces es un factor de deslegitimación aparente. Hablo de falta de legitimación aparente, ya que, el ejercicio sin temor de las responsabilidades judiciales, seguramente es el primer mandato que la Constitución Nacional les impone a los jueces, que los legitima para ocupar sus cargos.

* Profesor titular y director de la maestría en Derecho Procesal Civil de la Universidad Nacional de La Plata. Presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y de la Asociación Internacional de Derecho Procesal Citar: elDial.com Publicado

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DC1A26 25/03/2013

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