Punición & Maternidad

Por: Stella Maris MartínezEl informe que aquí se presenta se compone de cinco capítulos, sus conclusiones, y un anexo que presenta sumarios de jurisprudencia favorable a la procedencia del arresto domiciliario. En el primer capítulo del informe, se agrupan los estándares generales de derechos humanos aplicables a las mujeres privadas de libertad y a la protección del “interés superior” de sus hijos e hijas menores de edad, a la vez que se identifican los deberes estatales en la materia y se analiza la importancia que ha tenido la transversalización del enfoque de género en la normativa penitenciaria. Los avances internacionales que se presentan en este capítulo son enteramente aplicables a estrategias orientadas a obtener medidas alternativas a la privación de la libertad y, en forma subsidiaria, para sustentar las solicitudes de acceso al arresto en el hogar.En el segundo capítulo, se estudian los antecedentes de la ley Nº 26.472, las modificaciones que introdujo en la normativa penal, los objetivos perseguidos, y su vinculación con los avances en el ámbito internacional. En el tercer capítulo, se reseñan una serie de obstáculos vinculados con interpretaciones judiciales que restringen la normativa desarrollada en los capítulos previos, tanto en el alcance otorgado a algunos términos de la ley, como a la exigencia de requisitos que no están previstos normativamente y que, muchas veces, traducen estereotipos de género en las interpretaciones judiciales.En el cuarto capítulo, se indaga sobre dificultades estructurales para acceder al arresto domiciliario, tales como la inexistencia de una vivienda adecuada o la imposibilidad de solventar los gastos de manutención en este régimen. Este capítulo se detiene en la manera en que los contextos socio-económicos adversos se integran al razonamiento judicial como criterio para obstaculizar la procedencia efectiva del arresto domiciliario.En el quinto capítulo, se analizan dificultades en la ejecución y seguimiento de arrestos domiciliarios concedidos. A diferencia de los desarrollos previos, estas dificultades se tomaron de los aportes realizados por el Programa de Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad de la Defensoría General de la Nación, cuyas profesionales tienen contacto directo con las mujeres que solicitan o acceden al régimen de prisión domiciliaria. En este capítulo se abordan las principales dificultades que afrontan las mujeres una vez otorgada la detención domiciliaria, sea para sobrellevarla de forma adecuada o para acceder a niveles básicos de derechos, incluso comparables con aquellos “garantizados” intramuros. El informe concluye con la presentación de algunas reflexiones en torno a los discursos y prácticas jurídicas que funcionan como barreras para acceder a la detención en el domicilio y que resultan contrarias a los estándares internacionales registrados en la investigación. Aquí se repasan, sintéticamente, las distintas categorías de obstáculos identificadas, tanto los que se relacionan con las interpretaciones legales, como aquellos vinculados con cuestiones estructurales y con deficientes procesos de ejecución y seguimiento del instituto.Por último, en el anexo de jurisprudencia se incluyen sumarios que favorecen un acceso más amplio al arresto domiciliario. Aunque la gran mayoría de los antecedentes se refieren a mujeres embarazadas o madres de niñas o niños, también se incluyeron resoluciones que habilitaron la procedencia del arresto domiciliario a varones o a personas trans. Los argumentos empleados en estos pronunciamientos no siempre son compartidos, pero fueron incorporados porque pueden ser útiles para quienes se desempeñan en este campo.