Propuestas para una Nueva Argentina: 37 intelectuales construyen el país que viene

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Descripción

Propuestas y reflexiones para una

Nueva Argentina Editores: Gabriel Gasave Pablo Guido Juan Jacobs Autores: Adrián Ravier Agustín Monteverde Alberto Medina Méndez Alejandro Tagliavini Antonella Marty Daniel Montamat Diana Mondino Edgardo Zablotsky Eduardo Filgueira Lima Elena Valero Narváez Eloy Soneyra Ernesto Poblet Gabriel Boragina Gabriel Vénica Germán Messina Guillermo Yeatts Ignacio Clancy Jalenska Zurakoski Luparelli Javier Cubillas Jorge Castro José Luis Espert Juan Manuel Agüero Luis Salmain María Zaldívar Mariano Caucino Martín Simonetta Maximiliano Bauk Mercedes Barbosa Nicolás Cachanosky Osvaldo Rolleri Aragón Ricardo Runza S. Nicolás Turdo Silvia Mercado Alemán Virginia Tuckey

“Propuestas y reflexiones para una Nueva Argentina” es un proyecto desarrollado por la Fundación Atlas para una Sociedad Libre, conjuntamente con la Fundación Friedrich Naumann, el Independent Institute y la Red Liberal de América Latina (RELIAL), en el que pretendemos analizar la situación presente y brindar soluciones concretas para activar el potencial adormecido de la Argentina. La presente obra es fruto del trabajo en equipo de destacados académicos en conjunto con jóvenes promesas que comparten la esperanza de construir un país sobre cimientos institucionales diferentes a los vigentes, basados en valores y principios que permitan el funcionamiento de una sociedad abierta.

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Propuestas y reflexiones para una Nueva Argentina Todos los derechos reservados © 2015

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede reproducirse, almacenarse o transmitirse en forma alguna, ni tampoco por medio alguno, sea este electrónico, químico, mecánico, óptico de grabación o de fotocopia, sin previa autorización escrita por parte del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446

Impreso en Argentina. Printed in Argentina Impresión offset: Impresión Editorial www.impresioneditorial.com.ar

Propuestas y reflexiones para una

Nueva Argentina Editores: Gabriel Gasave - Pablo Guido - Juan F. Jacobs Autores (por orden alfabético de nombre): Adrián Ravier - Agustín Monteverde - Alberto Medina Méndez Alejandro Tagliavini - Antonella Marty - Daniel Montamat Diana Mondino - Edgardo Zablotsky - Eduardo Filgueira Lima Elena Valero Narváez - Eloy Soneyra - Ernesto Poblet Gabriel Boragina - Gabriel Vénica - Germán Messina Guillermo Yeatts -Ignacio Clancy - Jalenska Zurakoski Luparelli Javier Cubillas - Jorge Castro - José Luis Espert Juan Manuel Agüero - Luis Salmain - María Zaldívar Mariano Caucino - Martín Simonetta - Maximiliano Bauk Mercedes Barbosa - Nicolás Cachanosky Osvaldo Rolleri Aragón - Ricardo Runza - S. Nicolás Turdo Silvia Mercado Alemán - Virginia Tuckey Revisión editorial: Andrea del Valle

Fundación Atlas para una Sociedad Libre Autoridades Guillermo Yeatts, Presidente José Esteves, Vicepresidente Eduardo Marty, Secretario Julio César Crivelli, Vocal titular Eduardo Maschwitz, Vocal titular Diego Peralta Ramos, Vocal titular Alberto Nocetti, Tesorero Andrea Rich, Presidente, Consejo Consultivo Martín Simonetta, Director Ejecutivo

Consejo Internacional Walter Block, Loyola University Donald Boudreaux, George Mason University Fredy Kofman, Axialent Carlos Montaner, Internacional Liberal Laurence Reed, The Foundation for Economic Education (FEE) Llewellyn H. Rockwell Jr., Ludwig von Mises Institute Carlos Rodríguez Braun, Universidad Complutense de Madrid Alvaro Vargas Llosa, Independent Institute Ian Vásquez, Cato Institute

Propuestas y reflexiones para una Nueva Argentina “Propuestas y reflexiones para una Nueva Argentina” es un proyecto desarrollado por la Fundación Atlas para una Sociedad Libre, conjuntamente con las prestigiosas organizaciones Fundación Friedrich Naumann, Independent Institute y la Red Liberal de América Latina (RELIAL), en el que pretendemos analizar la situación presente y brindar soluciones concretas para activar el potencial adormecido de la Argentina. La presente obra es fruto del trabajo en equipo de destacados académicos en conjunto con jóvenes intelectuales que comparten la esperanza de construir un país sobre cimientos institucionales diferentes a los vigentes, basados en valores y principios que permitan el funcionamiento de una sociedad abierta. A ellos queremos agradecer muy especialmente por la valentía y osadía intelectual de proyectar un futuro mejor para la Argentina. En dos obras previas, también hemos avanzado en este camino. Por un lado, a través de “Soluciones de Políticas Públicas para un País en Crisis”, publicada en el año 2003, poco tiempo después de la terrible crisis 2001-2002 que golpeó a la Argentina. En esta obra destacados autores brindaron alternativas concretas a los desafíos que el país enfrentaba en aquel momento. Por el otro, a partir de “Políticas Liberales Exitosas”, publicada en el 2006 conjuntamente con la Fundación Friedrich Naumann y la Red Liberal de América Latina (RELIAL), obra que aporta una visión de soluciones 9

concretas y casos de éxito desde las ideas de la Libertad y la experiencia vivida en diferentes países. Creemos que un país distinto es posible. Diferente a los actuales valores de sus políticas públicas e instituciones. Un país donde las personas puedan transformar sus sueños en realidad. Donde se pueda disolver la penuria de una pobreza que afecta a más de uno de cada cuatro argentinos, capitalizando al máximo el potencial de cada individuo. Donde se dejen de enterrar los talentos dormidos de la sociedad, a través de instituciones que alienten el despertar de la energía ciudadana. La evidencia de la realidad muestra la efectividad de las ideas de la Libertad -y la aplicación de las mismas a través de políticas públicas- para generar un marco institucional que potencie el crecimiento económico de los países, permitiendo el desarrollo de las potencialidades de sus habitantes en búsqueda de su felicidad.

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Fundación Atlas para una Sociedad Libre www.atlas.org.ar Fundación Friedrich Naumann www.argentina.fnst.org Independent Institute www.independent.org Red Liberal de América Latina (RELIAL) www.relial.org

Sobre los autores (por orden alfabético de apellido)

AGÜERO, JUAN MANUEL Politólogo y docente de la Universidad del Salvador. Actualmente se encuentra realizando la Maestría en Estudios Internacionales en UCEMA. Es Coordinador de Proyecto de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad capítulo Argentina, y anteriormente se desempeño como Asesor Parlamentario en la H.C.D.N. y en la Legislatura de la C.A.B.A. (2007-2011). Ha sido becario de la Fundación F. Naumann en varias oportunidades para diversos seminarios y cursos en la Academia Internacional de Líderes, Theodor Heuss, República Federal de Alemania. BARBOSA, MERCEDES Contadora Pública Nacional de la Universidad de Buenos Aires, actualmente es Especialista en Impuestos Indirectos de Exxon Mobil. Desde 1996 a 2000 se desempeño en la administración pública, iniciándose en el área del control interno en la Contaduría General de la Nación y en el equipo de Auditoría Interna de la Dirección General de Rentas. Desde 2003 desarrolló su carrera profesional en el ámbito privado, desempeñándose como auditora interna en BDO Argentina y KPMG, hasta 2007. Luego, ocupó cargos como especialista en mejora de procesos en importantes empresas hasta 2012. En 2012 participó en carácter de analista en política económica del ciclo radial “País en desarrollo”, junto al Dr. Ernesto Poblet, por cuya participación recibiera el Premio a la Libertad otorgado por Fundación Atlas para una Sociedad Libre. Actualmente es titular de la Comisión de Finanzas Publicas de la fundación.

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MAXIMILIANO BAUK Nació en la ciudad de Villa María, Córdoba, en septiembre de 1993. A los 18 años publicó su primer columna y al día de hoy sus artículos han sido publicados por medios como La Nación, Perfil, Infobae, La Prensa, La Voz del Interior, la revista Forbes y distintos think tanks de gran prestigio como The Cato Institute (Washington D.C.), The Independent Institute (Oakland) y la Fundación Atlas para una Sociedad Libre (Buenos Aires). Actualmente está a punto de finalizar su Master in Political Economy en la Swiss Management Center University de Zurich y se desempeña como Investigador del área de Estudios Económicos del Centro de Estudios Libre. BORAGINA, GABRIEL Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas. Egresado de ESEADE (Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas). Profesor titular de Economía en iAcademics; Presidente del CEFP (Centro de Estudios Económicos, Filosóficos y Políticos). Director del curso sobre Escuela Austriaca de Economía, dictado por el Centro de Educación a Distancia para los Estudios Económicos (CEDEPE). Director del Departamento de Derecho Financiero del INAE (Instituto Argentino de Economía). Colaborador de “Economía Para Todos”, revista digital de económica y política, Director Lic. Roberto Cachanosky; de “Fundación Atlas para una Sociedad Libre”; (Director Ejecutivo Lic. Martin Simonetta); de “Radio Mercosur” (Director Ejecutivo: Jorge Damario Cané); Colaborador del Weekly News Report del Hispanic American Center for Economic Research (HACER) con sede en Washington, DC., de “Contribuciones a la Economía”; revista académica publicada por el Departamento de Economía de la Universidad de Málaga con la dirección editorial del profesor Dr. Juan Carlos Martínez Coll. Columnista de “La Historia Paralela”, revista crítica de política y economía internacional. Columnista de Política y Desarrollo, revista crítica de política y economía. Profesor titular de Introducción a la Economía en la AECA (Asociación Económica Argentina). Colaborador del proyecto enciclopédico WikiHistoria de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, a cargo

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del profesor Carlos A. Sabino. Ex columnista y sponsor de la revista Sociedad Libre y de la revista Atlas del Sud. CACHANOSKY, NICOLÁS Es doctor en Economía por Suffolk University. Actualmente es Assistant Professor of Economics en Metropolitan State University of Denver. Administra el blog Punto de Vista Económico. www. ncachanosky.com CASTRO, JORGE Abogado (UBA). Ha sido Jefe de la Sección Política Internacional del Diario Tiempo Argentino, Director Adjunto del diario El Cronista Comercial de Buenos Aires (19861997) y columnista de La Nueva Provincia de Bahía Blanca. En la actualidad es columnista Internacional del diario Perfil, y columnista de Política Internacional del diario La Nación. Se ha desempeñado como docente en diversas universidades. Ha sido Profesor de la Universidad Nacional de Buenos Aires; la Universidad del Salvador; la Escuela de Defensa Nacional; la Escuela Superior de Guerra; el Instituto del Servicio Exterior de la Nación; la Facultad Latinoamericana de Estudios Sociales – FLACSO, en la que dictó la materia Relaciones Internacionales desde 1993; la Escuela Nacional de Inteligencia; la Escuela de Guerra Naval (desde 1990) y del ISEN, en el que dicta la materia Política Exterior Argentina desde 1992 a la fecha. Es Miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI); Presidente de Foro Sur (grupo dedicado a promover el MERCOSUR) y Fundador el grupo Segundo Centenario, dedicado a promover el debate político. Entre 1998 y 1999 fue Secretario de Planeamiento Estratégico de la Presidencia de la Nación. Actualmente ocupa el cargo de Presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico. CAUCINO, MARIANO Nació en Buenos Aires en 1976. Graduado de Abogado en la UBA (2001). Es profesor titular de Historia Política Argentina y Política Exterior en la Carrera de Ciencia Política y Gobierno de la UCES. Fue fundador y director de esa licenciatura y director del Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación en esa casa de estudios. Es asesor en temas de

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relaciones internacionales de la Fundación DAR y miembro del Grupo Consensos del CARI. Es habitual columnista en asuntos globales en medios gráficos y audiovisuales. Escribió dos libros sobre historia política argentina: “Argentina 1950-1980: un país inestable en la Guerra Fría” y “Argentina 1980-2013: cronología de tres décadas de nuestra historia reciente”. Su último libro es “Rusia, actor global. El renacer de un gigante y la inquietud de Occidente” (El Estadista, 459 páginas). A partir de sus estudios en la política rusa y de los conflictos en Georgia y Ucrania, en los últimos años dictó seminarios sobre la relación entre Rusia y Occidente en el InterAmerican Institute for Democracy en Miami, EEUU. Actualmente está terminando un nuevo ensayo sobre la materia titulado “La Rusia de Putin. Un modelo de liderazgo en la Rusia post-soviética” para Ediciones B. CLANCY, IGNACIO Master en Finanzas (University of Western Sydney). Profesor de Política Económica (Universidad del Salvador). Investigador, Fundación Atlas para una Sociedad Libre, especializado en Políticas Públicas para una Sociedad Abierta. Licenciado en Administración de Empresas (Universidad del Salvador). Master en Economía y Ciencias Políticas (ESEADE). CUBILLAS, JAVIER Ha realizado estudios en ciencias políticas y sociales en la Universidad Argentina de la Empresa y en el Instituto Universitario ESEADE. También realizó estudios de sociología, comunicación y cultura en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y sobre comunicación de organizaciones en la Universidad Austral. Fue seleccionado y realizó el Programa de Jóvenes Investigadores y Comunicadores de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre y el Centro de Estudios Institucionales Juan Bautista Alberdi durante el año 2011. Realizó el Programa de Formación de Líderes Públicos para la Democracia organizado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento y la Fundación Friedrich Naumann Stiftung durante el año 2007. En materia laboral se ha desempeñado como asesor legislativo en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y en la Honorable Cámara de Senadores de la Nación. En el

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ámbito del Poder Ejecutivo se ha desempeñado como asesor en el Ministerio de Desarrollo Económico y en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ESPERT, JOSÉ LUIS Cursó estudios de Doctorado y Licenciatura en Economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Tiene un Master en Economía de la Universidad del CEMA y una Maestría en Estadística de la Universidad Tucumán. En la actualidad dirige su propia consultora que presta servicios de asesoramiento macroeconómico y asset management a empresas e individuos de alta renta. Es columnista del diario La Nación de Argentina y del diario El País de Uruguay. Participa de notas en los principales programas de actualidad política y económica de Argentina, CNN, Bloomberg, la agencia de noticias Thomson-Reuters, etc. Redactor de más de 200 artículos sobre la realidad económica de Argentina publicados en los principales medios del país. Desde 2012 es consultor en temas económicos sobre Argentina de Gerson Lehrman Group, una de las firmas más importantes de asesoramiento de empresas de EE.UU. Fue Analista de Programación Monetaria y luego Economista Jefe el estudio de Miguel Angel Broda, Econometrista del Estudio Arriazu, Socio de Econométrica SA. Es socio de la Asociación Argentina de Economía Política y autor de más de 20 trabajos de investigación teórica y aplicada. Como docente, fue profesor de Econometría en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de Finanzas Públicas en la Universidad del CEMA. En 2008 recibió el Premio de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre a la Valiente Defensa de la Libertad y en 2014 obtuvo el Premio Juan Bautista Alberdi por el mismo motivo por parte de la Fundación Libertad y Desarrollo. FILGUEIRA LIMA, EDUARDO Médico. Magíster en Sistemas de Salud y Seguridad Social (Universidad ISALUD). Magister en Economía y Ciencias Políticas (Inst. Universitario ESEADE). Doctorando en Ciencias Políticas (USal), en etapa de tesis. Asesor internacional en el área de Salud Pública, Políticas de Salud y Gestión de Servicios y Seguros de Salud (BID, BM, BIRF). Profesor Universitario

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en temas vinculados a Seguros de Salud, Sistemas de Salud, Políticas Públicas, Estado y Políticas Sociales, Teoría Política, Filosofía Política. Ex-Gerente Médico de Obra Social Nacional y actual consultor externo de Obras Sociales Nacionales y provinciales. Autor de numerosos trabajos científicos sobre aspectos vinculados a Políticas de Salud, Salud Pública, Seguros y Servicios de Salud, Políticas Públicas, Estado y Políticas Sociales, Teoría Política y Filosofía Política. Autor de varios libros con referencia a temas de Políticas de Salud. Ex-Secretario de Salud del Gobierno de la Provincia de La Pampa (1993-2002). Ex-Vice Ministro de Salud del Ministerio de Salud de la Nación (2002-2003). Actualmente docente Universitario de post-grado. Ex-Director Asociado de la Maestría en Sistemas de Salud y Seguridad Social de la Universidad ISALUD. Director del Centro de Estudios Políticos y Sociales. GASAVE, GABRIEL Investigador Asociado en el Centro para la Prosperidad Global en el Independent Institute y Director de ElIndependent. org. Director, Economía de Mercado, Fundación Atlas para una Sociedad Libre. Oriundo de Argentina, ha estudiado Ciencias Políticas en el Lock Haven State College en Pennsylvania, y recibido su Maestría en Economía y Administración de Empresas de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE) en Buenos Aires, y su título de Abogado de la Universidad de Buenos Aires. Ha enseñado economía en la Universidad de Buenos Aires, la Escuela de Negocios de la Cámara Argentina de Comercio, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política (Guayaquil, Ecuador) y la Fundación Atlas para una Sociedad Libre (Buenos Aires). Además, el Sr. Gasave ha sido Secretario Académico en ESEADE, comentarista en el canal de cable Política y Economía (Buenos Aires), columnista de las revistas Atlas del Sud, Mercado Libre e Impuestos, colaborador de Junior Achievement Argentina, y pasante en la Reason Foundation de Los Angeles. Ha publicado artículos de opinión en El Cronista Comercial e Infobae de Buenos Aires y en El Nuevo Herald de Miami. Se ha desempeñado también como Profesor Visitante en el Departamento de Economía de la San José State University, de San José, California.

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GUIDO, PABLO Licenciado en Ciencia Política (Universidad del Salvador. Argentina), Licenciado en Economía (Universidad del Salvador. Argentina), Master en Economía y Administración de Empresas (ESEADE. Argentina) y Doctor en Economía (Universidad Rey Juan Carlos. España). Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala) y profesor titular en ESEADE (Buenos Aires). Actualmente es Director del Observatorio económico de ACIPAN (Cámara empresaria de la Ciudad de Neuquén), Director académico de la Fundación Progreso y Libertad (Neuquén) y miembro del Consejo Académico de la Fundación Club de la Libertad (Corrientes). Ha dictado clases en la Universidad Católica Argentina y Universidad del CEMA. Se desempeñó como Investigador en la Fundación Atlas para una Sociedad Libre y en la Fundación Nuevas Generaciones. JACOBS, JUAN FRANCISCO Nació en Buenos Aires el 9 de marzo de 1981. Abogado y coordinador del Departamento de Filosofía de Fundación Atlas para una Sociedad Libre desde el año 2013. Ferviente lector de la obra de Ayn Rand. MARTY, ANTONELLA Lic. en Relaciones Internacionales. Investigadora y encargada de Relaciones Institucionales en Iberoamérica en Fundación Libertad, Argentina. Fundación Internacional para la Libertad, España. Fue pasante en Atlas Economic Research Foundation, Cato Institute, The IFEF y Cedice Libertad. MEDINA MÉNDEZ, ALBERTO Es periodista, consultor en comunicación y conferencista. Presidente de la Fundación Club de la Libertad. Conduce los ciclos de radio “No está todo dicho” y “Existe otro camino” y de TV “Existe otro camino”, en la provincia de Corrientes. MERCADO ALEMÁN, SILVIA Magister en periodismo por la Universidad Nacional de La Plata de Argentina (UNLP) y licenciada en comunicación social por la Universidad Católica Boliviana (UCB). Es especialista en comunicación institucional, relaciones públicas y comunicación

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para proyectos de desarrollo. Ha sido docente en universidades privadas en Bolivia y Argentina. Como periodista fue corresponsal internacional, editora de suplementos, además de columnista en distintos medios impresos. Es cofundadora de Notoria: agenda para una sociedad libre en Bolivia, coautora del libro “Bolivia, pensando en libertad”, y en el 2011 obtuvo el segundo lugar en el concurso de ensayos “Plumas Democráticas” del IPL-Perú. Actualmente es coordinadora de proyectos para la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y Secretaria Ejecutiva de la Red Liberal de América Latina (RELIAL). MESSINA, GERMÁN Contador Público. Licenciado en Administración de Empresas. Profesor Adjunto en la Universidad Católica Argentina. Investigador Asociado de Fundación Atlas para una Sociedad Libre. MONDINO, DIANA Máster en Economía y Dirección de Empresas, IESE Universidad de Navarra. Directora de Relaciones Institucionales, UCEMA. Hasta 2005 fue Region Head para Latinoamérica de Standard & Poor´s, con sede en Nueva York, y con responsabilidades sobre las actividades de la compañía en la región. En 1991 había fundado la empresa Risk Analysis, Calificadora de Riesgo, que fue parte integral en el desarrollo de mercados de capitales en la Argentina. Luego de completar su Master in Business Administration; Major in Marketing and Finance en IESE, España, Diana fue Directora de Estudios del CEMA, donde fundó el primer Master en Dirección de Empresas que se dictara en Argentina, en 1987. MONTAMAT, DANIEL Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Córdoba, y Doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Master en Economía de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos. Fue Director de Gas del Estado (1985-86); Presidente de YPF S.E (87-89), y Secretario de Energía de la Nación (1999-2000). Es consultor del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo y consultor de investigación de foros internacionales vinculados

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a la energía. Profesor de Postgrado del CEARE (Centro de Estudios de la Regulación Energética) de la Universidad de Buenos Aires. Su último libro: “La Alternativa: bases del nuevo progresismo moderno”. CUSPIDE LIBROS. 2012. Titular del Estudio Montamat y Asociados fundado en 1991. MONTEVERDE, AGUSTÍN Doctor en Economía, Titular de M & A / InC., reconocido estudio especializado en economía de coyuntura, finanzas y riesgo político. Profesor titular del CEMA. Autor y coautor de varios libros y artículos profesionales. Columnista frecuente en importantes diarios nacionales. Fue Consejero del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y directivo de diversas organizaciones. Dirigió áreas de Finanzas, de Planeamiento y de Gobierno en bancos de primera línea. POBLET, ERNESTO Abogado, historiador, ensayista, periodista. Profesor Adjunto de Derecho Internacional Público: Universidad de Buenos Aires. Fue Apoderado de YPF en Europa y Estados Unidos. Experto en Energía. Nació en Gualeguaychú - Provincia de Entre Ríos (Argentina). Conduce el programa “La Aventura del Desarrollo” en Radio Concepto - FM 95.5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, días sábados de 15 a 16 horas. Es Director del Web Site “Pulitzer Channel”. Autor de: “Desencuentros en América. Un mensaje con figuras notables de la historia (Olmo Ediciones -2009), “Génesis de los golpes de Estado contra Frondizi e Illia (Ensayo, 2015), ““Los quiero de rodillas …” (2014), coautor de “La Historia del petróleo en Argentina contada por sus protagonistas” (Editorial Biblos, 2012), “Epopeyas y miserias de los pueblos latinos y sajones” (Ensayo, 2005). RAVIER, ADRIÁN Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

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ROLLERI ARAGÓN, OSVALDO Ingeniero Civil, Master en Economía y Ph.D. en Ciencia Política. Se desempeño en el ámbito privado y público, en las áreas de su competencia. Profesor en la UBA y UB en temas de su especialidad. Autor de los libro “El Mercosur frente al tercer Milenio” y “Delito Urbano: la degradación social y sus consecuencias”. Escribió artículos en diarios, y revistas especializadas, en Argentina y países latinoamericanos. Fue expositor en distintos eventos nacionales e internacionales. RUNZA, RICARDO Ingeniero Aeronáutico, Master en Dirección de Empresas y Magíster en Defensa Nacional.  Consultor de empresas y agencias gubernamentales. Ha sido asesor del Ministerio de Defensa y de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la República Argentina, en diferentes oportunidades y administraciones. Ha escrito numerosos trabajos académicos en Argentina y en el extranjero sobre cuestiones que hacen a la reforma del Estado y su Sector Seguridad, a la reingeniería de organizaciones estatales, a la seguridad, a la defensa y a la aviación civil, siendo disertante en numerosos seminarios y eventos nacionales e internacionales.  Es co-autor del Libro “Hacia la Modernización del Sistema de Defensa Argentino” y autor del Libro “Aviación Civil. Cómo Hacer el Cambio”. SALMAIN, LUIS Es Contador Público (UBA) y asesor de inversiones. Fue gerente financiero del Banco Roberts. Autor de “Nuestros gobiernos” (Lumiere, 2002). SIMONETTA, MARTÍN Director Ejecutivo de Fundación Atlas para una Sociedad Libre. Profesor titular de Economía Política I (UCES) y Economía (Cámara Argentina de Comercio). Autor de diversas obras. Fue elegido “Joven Sobresaliente de la Argentina 2004” (The Outstanding Young Person of Argentina-TOYP) por Junior Chamber International y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), habiendo obtenido la mención “Animarse a Más” por parte de PepsiCo. Recibió reconocimientos tales como la beca British Chevening Scholarship para desarrollar investigaciones en Gran

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Bretaña (British Council, la Embajada Británica y la Fundación Antorchas,1999). Académicamente es Licenciado en Relaciones Internacionales (Universidad del Salvador, Buenos Aires) y Magister en Política Económica Internacional (Universidad de Belgrano, Buenos Aires), habiendo realizado un Posgrado en Psicología Positiva (Fundación Foro para la Salud Mental). Ha desarrollado el programa “Think Tank MBA” en el marco de Atlas Economic Research Foundation (Fairfax, Virginia, y New York, NY, 2013). SONEYRA, ELOY Doctor en Psicología, argentino con 45 años de ejercicio profesional especializado en gestión e investigación empresaria, factor humano, calidad, derechos inalienables a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la búsqueda de la felicidad y autor de numerosas reflexiones sobre temas de su especialidad expresadas en foros nacionales y americanos, como en tres libros editados y más de cuatrocientos trabajos escogidos en blogs, páginas de la Web y por medios gráficos, radiales y televisivos. Mención especial, en el Concurso Internacional de Ensayos: Juan Bautista Alberdi: Ideas en Acción. VALERO NARVÁEZ, ELENA Nació en la Provincia de Santa Fe. Vive en Buenos Aires. Licenciada en Historia. Fue docente en las Cátedras de Historia y Sociología de la Universidad de Belgrano. Trabajó como periodista en radio y televisión. De ideas liberales, apoya activamente al partido UCEDE (Union de Centro Democrático) desde el cargo de vicepresidente 1ª. Escribe sobre análisis político en medios nacionales y extranjeros. Es autora de “El Crépúsculo Argentino”(Editorial Lumiere), libro sobre la historia política de Argentina (1853-2006). Premio a la Libertad 2014 (Fundación Atlas). VÉNICA, GABRIEL Master, Business Administration. Abogado. Posgrado en Marketing. Comercio Exterior. Cursó estudios de Filosofía y Teología en las Universidad Católica de Argentina y Chile. Es Consultor de Empresas / Consultor de Empresas de Familia. Profesor Universitario. Distribuidor de Dispositivos de Agricultura

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de Precisión Ha ocupado posiciones gerenciales en SIID CONTROLAGRO TELEMETRIC, Col Ven S.A. (Vigía, VIESA), Banco Bica Coop. Ltdo., Vila Sánchez & Asociados, entre otras organizaciones. TAGLIAVINI, ALEJANDRO Ingeniero Civil (UBA). Actividades Académicas: desde 2006, Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity del The Independent Institute de Oakland California, EE.UU. Títulos Honorarios: Guardian of the Treasury, otorgado por el Gobernador del Estado de Nuevo México, EE.UU. Obras publicadas: El Futuro de la Esperanza. Ensayo sobre la Sociedad, Eumed, Universidad de Málaga. Otros ensayos y más de 1000 artículos de opinión en más de treinta medios del mundo como El Nuevo Herald (Miami), La Prensa (Argentina), La Prensa (Nicaragua), La Prensa (Panamá), El Mercurio (Chile), El Observador (Uruguay), Libertad Digital (España), ABC (Paraguay), El Comercio (Perú), El Cronista, Infobae, Ámbito Financiero, La Voz del Interior, El Universal (Venezuela), El Tiempo.com (Colombia), etc. TUCKEY, VIRGINIA Periodista. Escribe para diversos medios nacionales e internacionales sobre política internacional. Fundadora del blog “El Espacio Republicano” y del “Centro de Estudios Thomas Jefferson” dónde analiza la sociología liberal del sector agropecuario argentino. Colaboró con la prestigiosa Fundación Heritage y es investigadora de Fundación Atlas para una Sociedad Libre. TURDO, S. NICOLÁS Nacido en la ciudad de Buenos Aires, pero criado en Tandil, provincia de Buenos Aires, Argentina. Desde chico desarrolla la pasión por ser escritor. Actualmente divulga sus ideas en su propia página web y estudia Licenciatura en Administración. Ha publicado en diversos medios nacionales e internacionales. Fue pasante del Cato Institute, en Washington DC, USA, en el año 2013. Ha participado y expuesto en numerosas conferencias y simposios relacionados a la difusión de las ideas liberales.

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YEATTS, GUILLERMO Nació en Buenos Aires; se graduó en New York University con un Bachelor of Science (licenciado): en Finanzas y un Master en Economía. Ha completado el curso trienal de posgrado OPM en la Escuela de Negocios de Harvard University en Cambridge, Massachusetts. Ha recibido un Doctorado Honoris Causa de la Universidad Francisco Marroquín, Guatemala. Se ha desempeñado como presidente de Sol Petróleo S.A., de Diamond Shamrock Boliviana S.A., Santa Cruz, Bolivia; de Cadesa S.A., Tierra del Fuego y de Massey Ferguson Argentina S.A. Ocupó cargos gerenciales en Ford Motor Company, Dearborn y Buenos Aires, y Citibank en New York. Yeatts es presidente de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre, Buenos Aires, ex presidente y miembro del Comité de Fundadores de Junior Achievement Argentina; ex miembro del directorio de Foundation for Economic Education, Irvington on Hudson, New York; ex director del Institute for Energy Research. Houston, Texas; co-fundador y ex presidente de ESEADE, Buenos Aires; miembro de la Fundación Mont Pelerin Society, Suiza. Ha escrito once libros: El robo del subsuelo, 1996, Buenos Aires; Subsurface Wealth, 1997, New York; La propiedad del Subsuelo, 1998, Buenos Aires ; Raíces de pobreza, 2000, Buenos Aires; Las Perversas Reglas del Juego, 2003 , Buenos Aires; Robo del Subsuelo II, 2004, Buenos Aires; Roots of Poverty in Latin America, 2005 , Jefferson, N.C. y Londres; El Botín: La Argentina Saqueada, 2008, Buenos Aires; Plunder in Latin America, 2010, Charleston, SC; Un Mundo Pequeño: El futuro de la libertad en la era global, 2013, México D.F., México; Un país rico que se convirtió en pobre, Guatemala, 2015. En 1998 recibió el primer premio internacional “Sir Antony Fisher Award” por su libro El Robo del Subsuelo. ZABLOTSKY, EDGARDO Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago. Ejerce los cargos de Profesor Titular, Vicerrector y Miembro del Consejo Superior de la UCEMA. Consultor y conferencista en gestión y problemática de la educación en la Argentina, en la actualidad centra su interés en dos áreas de research: filantropía no

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asistencialista y los problemas asociados a la educación en nuestro país. ZALDÍVAR, MARÍA Licenciada en Ciencias Políticas (UCA) con estudios de Maestría en Development Management and Public Policy (Georgetown University, EE.UU). Realizó el curso de Economía para periodistas (FIEL y ADEPA), Ética periodística (University of Texas, EE.UU.), English for Journalists (Embajada de EE.UU.). Es columnista de Infobae. Fue corresponsal del Hispanic American Center for Economic Research; asesora de prensa de Grant Thornton International de Argentina, el Banco Finansur, y responsable de Relaciones Institucionales de la Universidad de San Andrés. Fue directora de prensa de varias entidades y funcionarios públicos. Recibió el Premio a la Valiente Defensa de la Libertad (2006, Fundación Atlas para una Sociedad Libre). Es miembro del Club Político Argentino ZURAKOSKI, LUPARELLI JALENSKA MBA en Comercio Internacional (Universidad CEU San Pablo & Instituto Europeo de Posgrado), Licenciada en Relaciones Internacionales. Dedicada a la enseñanza de Historia y Ciencia Política, también presta servicios de consultoría y asesoría a empresas. Becaria de la Fundación Friedrich Naumann (Alemania). Alumni del Institute for Humane Studies at The George Mason University (North Carolina, EEUU), de The Cato Institute (EEUU) y de Fundación para el Progreso y de Libertad y Desarrollo (Chile). Ha publicado columnas en el Diario Río Negro (General Roca, Argentina). Miembro de la Red Federal de Iniciativa privada (2015), desarrollada por Fundación Libertad (Rosario, Argentina) y el Centro Internacional para la Empresa Privada (EEUU).

Índice Propuestas y reflexiones para una Nueva Argentina��������������� 7 Sobre los autores ������������������������������������������������������������������ 11 Presentación: Las “bombas” económicas plantadas por el gobierno Kirchnerista, por Pablo Guido ���������������������� 29

Parte I: Instituciones protegiendo los derechos individuales El disparate de la publicidad estatal, por Gabriel Gasave ������ 41 La moral desconocida, por Juan F. Jacobs ��������������������������� 45 Derechos de las mayorías versus derechos de las minorías, por Guillermo M. Yeatts��������� 49 Hacia una nueva gobernanza pública que supere al populismo, por Javier Cubillas���������������������������������������� 53 La irrupción de la clase media global en los espacios políticos tradicionales, por Jalenska Zurakoski Luparelli 65 BRICS: ¿El fin de la ilusión del “bloque emergente”?, por Mariano Caucino������������������������������������������������������� 75 Que la muerte de Nisman no sea en vano, por María Zaldívar������������������������������������������������������������ 77 Si nos vinieran a analizar…, por Silvia Mercado Alemán������ 81 27

Propuesta para un Tratado de Paz, Desarrollo y Seguridad en el Atlántico Sur, por Ernesto Poblet ���������� 85 Apuntes para una reforma política, por Gabriel Boragina������ 89 Origen de los derechos inalienables, por Eloy Soneyra��������� 95 Los “poderes concentrados”, por Eduardo Filgueira Lima�� 101 El liberalismo no debe ser visto como una amenaza, por Juan Manuel Agüero�������������� 105 El inexorable derrotero del fascismo populista, por Alberto Medina Méndez������������������������������������������� 107

Parte II: Soluciones a los temas sociales desde una perspectiva de la sociedad abierta Una propuesta hacia la equidad educativa, por Edgardo Zablotsky ����������������������������������������������������������������������� 113 Inseguridad ¿Cómo podemos solucionar los problemas estructurales en materia de seguridad? Una visión desde el pensamiento de Juan B. Alberdi, por Ricardo Runza���������������������������������������������������������������� 119 Crecimiento y equidad, por Diana Mondino������������������������� 131 El malestar del empleo público en Argentina, por Antonella S. Marty���������������������������������������������������������� 133 La corrupción institucional, por Elena Valero Narváez �������� 139 La determinación de los salarios, por Ignacio Clancy���������� 143 El campo argentino y la libertad, por Virginia Tuckey���������� 149 28

Parte III: Una economía para crecer en libertad Basta de populismo industrial, por José Luis Espert ���������� 159 Un nuevo modelo productivo para el país, por Daniel Montamat����������������������������������������������������� 163 Un futuro común: Agro e industria en la Argentina, por Jorge Castro ������� 167 Una propuesta de reforma monetaria para Argentina, por Nicolás Cachanosky����������������������� 173 En defensa de la economía ortodoxa, por Adrián Ravier����� 181 Seis medidas necesarias para recuperar la competitividad internacional, por Martín Simonetta ����� 187 ¿Por qué somos un país pobre?, por Maximiliano Bauk ���� 191 La tendencia hacia un gasto público creciente, por Osvaldo H. Rolleri Aragón���������������������������������������� 193 Todos ricos, en lugar de todos pobres, por Alejandro A. Tagliavini���������������������������������������������� 199 El consumo, una ilusión económica en tiempos de crisis, por Ignacio Clancy���������������������������������������������������������� 207 La Argentina: una breve visión de la decadencia, por S. Nicolás Turdo������������������������������������������������������� 213 Presupuesto base cero, por Luis Salmain���������������������������� 217 La revolución de los precios. El fenómeno de la inflación, por Germán Messina����������������������������������������������������� 221 29

Presupuesto 2015: La intratabilidad del Presupuesto, por Mercedes Barbosa �������������������������������������������������� 225 Política Agropecuaria Nacional, por Gabriel Vénica������������� 229 ¿Son buenas las multinacionales para la economía?, por Osvaldo H. Rolleri Aragón���������������������������������������� 237 DOCUMENTO ESPECIAL :Principios para reformular el sistema tributario argentino, por Agustín A. Monteverde�������������������������������������������� 241

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Presentación

Las “bombas” económicas plantadas por el gobierno Kirchnerista Por Pablo Guido Podría afirmarse que el objetivo principal de la política económica de las tres administraciones kirchneristas ha sido el de maximizar las fuentes de financiamiento del gasto público para, así, poder maximizar la redistribución de ingresos y patrimonios. El objetivo político de esta política económica ha consistido en establecer y ampliar un electorado afín que le permitiera al gobierno mantenerse indefinidamente en el poder. En otros términos, podríamos identificar a la política económica kirchnerista de la última década como típicamente populista, donde los instrumentos gubernamentales han estado orientados a maximizar artificialmente el consumo de la población, a costa de dilapidar el stock del capital invertido en épocas previas. El gobierno argentino en los últimos doce años ha manifestado que, según su visión, una estrategia exitosa de crecimiento económico ha de fundamentarse en una cada vez mayor participación del Estado en la economía. Los instrumentos elegidos han sido el crecimiento del gasto público, mayores y más amplias regulaciones en los mercados de productos finales y factores de producción, estatizaciones de empresas privadas en sectores “estratégicos”, mayor carga tributaria, barreras al comercio exterior, orientación estatal del crédito privado, tasas de interés reales negativas, entre las más relevantes. 31

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Actualmente para la población en general la situación económica del país podría describirse, de manera breve, de la siguiente manera: una economía estancada desde el 2011, el empleo privado prácticamente en los mismos niveles que hace cuatro años, un porcentaje de pobreza cada vez mayor y alcanzando ya un tercio de la población, y una retracción en los salarios reales a partir de 2014. Después de un período (2003-2008) de altas tasas de crecimiento, fuerte reducción del desempleo y de la pobreza, y significativos aumentos de los salarios reales, la situación económica del país se encuentra ampliamente deteriorada.

Los problemas de la macroeconomía Argentina 1. Expansión fiscal y déficit fiscal Después de la crisis económica y financiera de los años 20012002, la política fiscal fue claramente expansiva, alcanzando el gasto público y la carga tributaria niveles históricos récord durante los últimos tres períodos de gobierno (2003-2015). Entre 2003 y 2014 la recaudación nominal creció 16 veces (+1.518%), mientras que el PIB nominal aumentó, entre2004 y 2014, aproximadamente un 723%, según cifras oficiales. Esto significa que la carga tributaria se ha ido incrementando en la Argentina, desde un 23% del PIB en 2003 al 40% en 2012 aproximadamente, unos diecisiete puntos porcentuales adicionales del Producto Interno que el Estado se ha apropiado en la última década. Según un estudio de la OCDE y otros organismos internacionales, la presión tributaria de la Argentina se ha convertido en la mayor de América Latina y del mundo, ya que en 2012 se ubicaba en el 37,3% frente al promedio del 20,7% en la región y del 34,1% de los países más desarrollados del mundo. En materia de gasto público las erogaciones estatales consolidadas (gobierno nacional, gobiernos provinciales y locales) habrían alcanzado ya al 50% del PIB, cuando en 2003 llegaba al 30% del PIB. Este aumento del tamaño del gasto público supera significativamente las expansiones fiscales de

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otros países de la región durante el mismo período y convierte al Estado argentino en el más grande de Latinoamérica. El gasto público argentino supera en 11 puntos porcentuales (en términos del PIB) al promedio de los países emergentes de América Latina. A pesar del fuerte incremento de la recaudación tributaria, mencionado previamente, la expansión mucho mayor del gasto público ha generado la aparición de un creciente déficit fiscal, que en el 2014 habría alcanzado un 6% del PIB cuando entre 2003-2008 se había alcanzado un superávit financiero promedio del 1,6% del PIB. 2. Expansión monetaria e inflación Entre 2003 y 2006, los primeros cuatro años de administración kirchnerista, la inflación anual promedio fue del 8%. A partir de 2007 los precios al consumidor han aumentado casi un 500%, a un promedio anual del 25%. La base monetaria y M3 se incrementaron, entre 2003 y 2014, a una tasa anual del 26% y 25%, respectivamente. Sin embargo, la expansión monetaria no ha sido homogénea a lo largo del período, alcanzando tasas superiores al 30% en 2010, 2011 y 2012. Durante los primeros cuatro años la demanda de dinero creció a tasas muy altas, como consecuencia de la rápida recuperación de la actividad económica después de la crisis del 2001-2002. En los últimos 7 años, desde 2007 a la fecha, la demanda monetaria ha mostrado una evolución positiva pero decreciente en su ritmo de expansión, por lo que la expansión monetaria de alrededor del 25% anual (promedio) se ha trasladado a los precios, situación que no había sucedido entre 2003-2007 a pesar de tener un ritmo similar en el incremento de la oferta monetaria. Durante el segundo semestre del 2014 la tasa anual de inflación rondó el 40%, para disminuir al 30% en el primer semestre de 2015. De todas maneras, estas tasas de inflación

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colocan sin dudas a la Argentina en los primeros puestos a nivel mundial. 3. Devaluación, control de cambios y pérdida de reservas Entre 2003 y fines de 2011 hubo prácticamente un mercado único y libre de cambios, para la compra-venta de divisas. A partir de Octubre de 2011 se establecieron sucesivos controles y restricciones para las operaciones en el mercado de cambios (“cepo” cambiario). Durante el primer período de gobierno (2003-2007) el precio del dólar prácticamente se mantuvo estable, en niveles cercanos a los $3. En los siguientes 3 años (2008-2010) la divisa norteamericana aumentó un 7% promedio anual, para llegar a diciembre de 2010 a un nivel de $4 por dólar. A partir de la implementación de controles y restricciones en el mercado de divisas (octubre de 2011), se produjo un “desdoblamiento” de dicho mercado, dividiéndose en un mercado cambiario legal y otro libre. En el primero el precio del dólar subió, hasta mediados de 2015, un 115%; en el mercado “paralelo” el incremento fue del 210%. En consecuencia la “brecha” o “gap” cambiario se fue agrandando hasta alcanzar una diferencia que ha oscilado entre un 50% y 80%. Las reservas internacionales del Banco Central tuvieron una recuperación enorme entre diciembre de 2002 y febrero de 2011: desde los U$S10.500 millones a los U$S52.400 millones, es decir, un aumento acumulado del 400%. A partir de Agosto de 2011 las reservas se desplomaron un 43%, desde los 52 mil millones hasta casi 34mil millones hacia mediados de 2015. Sin embargo, la caída en el stock de reservas sería mayor a los 18 mil millones de dólares, ya que una parte sustancial de esos 34 mil millones de dólares está compuesta por encajes de los depósitos en dólares, préstamos bancarios del exterior, swaps con el Banco de China y el Banco de Francia, entre los principales. El deterioro monetario de la Argentina puede medirse también mediante la pérdida de calidad de los activos en el

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balance del Banco Central, comparando la relación entre la base monetaria (pesos) y las reservas internacionales (dólares). A medida que la relación se incrementa significa que el “respaldo” de la moneda local es cada vez menor. En diciembre de 2007 por cada dólar en las reservas había 2,15 pesos de base monetaria;hoy esa relación se ha multiplicado prácticamente por siete: por cada dólar que el Banco Central acumula en sus reservas hay más de 14 pesos circulando en el mercado y en las bóvedas de los bancos comerciales. Esta retracción en el “respaldo” de la base monetaria ha sido consecuencia de una combinación de caída en las reservas internacionales del Banco Central y un incremento de la base monetaria para financiar mayoritariamente el déficit fiscal. 4. Falta de inversiones, subsidio a la demanda y déficit energético La matriz energética de la economía argentina depende fundamentalmente de los hidrocarburos, ya que casi el 90% de la energía primaria que se utiliza proviene del gas o petróleo. El colapso energético de la última década está generada por el cambio en las reglas de juego del sector: congelamiento de tarifas eléctricas y gas, impuestos a las exportaciones de petróleo y prohibiciones a las de gas, control de precios sobre los combustibles, y suspensión y pesificación de los contratos del sector. Este cambio institucional en el mercado energético generó una disminución en el ritmo de inversiones y, por lo tanto, una caída en la producción de energía. Dado que el consumo energético se incrementó como consecuencia del crecimiento del PIB y de las artificialmente bajas tarifas, se produjo un desequilibrio entre la oferta y la demanda de energía, que resultó en la pérdida del autoabastecimiento de energía y problemas de disponibilidad para las empresas y residencias familiares, a pesar del significativo incremento de las importaciones energéticas de los últimos años. Entre 2001 y 2014 la producción de petróleo disminuyó un 30% y la de gas un 14%. Dada la caída en la producción de hidrocarburos y el incremento en el consumo de energía las exportaciones energéticas fueron disminuyendo, mientras

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que las importaciones del rubro se incrementaron. En 2011 se perdió, después de 20 años, el autoabastecimiento energético en Argentina, con saldos negativos crecientes en la cuenta comercial de energía. El déficit en la cuenta energética, entre 2011 y 2014, alcanzó los U$S17.000 millones acumulados. En dicho lapso la brecha energética (Saldo comercial de Combustibles y Energía) pasó de los U$S2.800 millones en 2011 a los U$S6.250 millones en 2014. 5. Restricciones al comercio exterior En los últimos años las restricciones al comercio internacional, implementadas por el gobierno argentino, se han ido incrementando: creación y/o aumentos de los derechos de importación y exportación, licencias no automáticas de importación, declaraciones juradas anticipadas de importación, medidas de antidumping, y otras medidas no escritas, arbitrarias y discrecionales que restringen la operatoria cotidiana en el comercio exterior argentino. A estas medidas hay que sumarle el control cambiario al cual nos referimos más arriba. Así, al restringir las importaciones se ven afectadas las cadenas de producción en los sectores industriales y de servicios locales que utilizan insumos importados; y los consumidores no acceden a diferentes productos o tienen que pagarlo más caros en el mercado negro. Por otro lado, al restringir la venta al exterior se afecta negativamente la rentabilidad de los sectores exportadores, provocando menor capacidad de inversión en el presente, menores niveles de producción en el futuro, pérdidas de mercados externos, caídas en el nivel de empleo sectoriales, etc. El deterioro en la competitividad argentina se manifiesta en la evolución del comercio exterior de los últimos años: desde 2011 las exportaciones e importaciones han sufrido una caída importante, del 14,6% y 11,7%, respectivamente. Mientras que el intercambio comercial total argentino fue de U$S158.000 millones en 2011 para 2014 alcanzó los U$S137.000 millones, teniendo así una retracción de 20 mil millones de dólares. La situación se ha ido deteriorando en los últimos años: entre

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el primer semestre de 2015 e igual período del 2014 las exportaciones e importaciones tuvieron una caída del 18% y 13,5%, respectivamente. Los problemas de competitividad se hacen evidentes en las llamadas economías regionales, al observar la retracción en las exportaciones de las provincias. Durante 2014 las ventas argentinas al exterior se redujeron un 12% respecto a 2013, como consecuencia de una disminución de 2% en los precios de venta y 10% en las cantidades vendidas. La peor caída la tuvo la región del Noroeste argentino (-18%), seguida de Cuyo (-11%), la región pampeana (-8%) y la patagónica (-6%). Las autoridades nacionales atribuyen la retracción de las exportaciones en que “el mundo se nos vino encima”. No es tan así, ya que entre enero de 2014 y el mismo mes de 2015 las ventas al exterior cayeron en Colombia un 40%, seguido de Argentina (-18%) y Brasil (-14%). Sin embargo, otros países latinoamericanos parecen continuar con los incrementos en sus exportaciones, como el caso de México (+2%), Paraguay (+6%), Uruguay (+10%), Chile (+14%) y Bolivia (+17%).

Conclusiones ¿Qué nos dejan estos últimos tres gobiernos kirchneristas en materia económica? Después de una fuerte recuperación económica en el período 2003-2007 se fueron acumulando un conjunto de desequilibrios y distorsiones en el país en materia fiscal, monetaria, cambiaria, comercio exterior, tarifas, etc. En los últimos 4 años la actividad económica, en promedio, se estancó, lo cual evidencia un retroceso en términos de PBI per cápita. El PIB bien medido se ubicaría en los mismos niveles que a principios de 2011 y el PIB por habitante sería similar al del 2010. Los salarios reales del período 2013-2014 han registrado una caída como consecuencia de la brecha entre los aumentos salariales nominales y la inflación; en el mejor de los casos los ingresos reales quedarán estancados en 2015 respecto al año pasado. El empleo privado de los últimos cuatro años también está en retroceso, siendo compensado

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con la creciente incorporación de empleados públicos a las nóminas del Estado. Así, el fin de ciclo populista dejará al país con niveles crecientes en los indicadores de pobreza, aumentando desde 2011 del 24% al 28%. En materia de comercio exterior, el período 2012-2015 registrará un “derrumbe” en materia de exportaciones e importaciones, aproximadamente del 28%. Las economías regionales se encuentran “ahorcadas” por las barreras al comercio exterior (impuestos, control de cambios, regulaciones), el incremento local de los costos en dólares y la falta de financiamiento. El desborde fiscal del período se acentúa en estos últimos años: mientras que en 2011 el déficit financiero del gobierno nacional alcanzó el 1,6% del PIB, en 2015 cerrará por encima del 6%, aproximadamente unos $320 mil millones (el doble que en 2014). El gasto público ha crecido, a nivel consolidado, desde el 30% al 50% del PIB en estos doce últimos años. En consecuencia, también el país ha sufrido una “explosión” en materia de carga tributaria, superando ya el 40% del PIB y ubicándose en la cima de todos los países de la región latinoamericana. Un dato adicional: durante el período 20032014 el gasto público nominal aumentó 2.500%, mientras que la inflación acumulada registró un 700%; esto supone un importante incremento en términos reales. Otro desequilibrio es el monetario: desde diciembre de 2007 a mediados de 2015 los agregados monetarios han crecido, en promedio, un 570% acumulado (más de seis veces y media) o casi 29% anual. La consecuencia lógica de esta expansión monetaria ha sido el incremento en los precios internos, alcanzando una tasa de inflación anual promedio del 25%. Otro de los aspectos negativos ha sido el déficit energético, consecuencia de los controles tarifarios y su consecuencia en materia de inversiones y producción. Paralelamente se ha ido acumulando un importante retraso en las tarifas de los servicios eléctrico, transporte, gas y agua potable.

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Para reflejar los desequilibrios que tiene la economía argentina veamos lo sucedido entre 2012 y 2015: el gasto público habrá aumentado un 250%, los precios internos un 185%, las tarifas un 180%, el tipo de cambio paralelo un 175%, el Producto Bruto nominal un 175%, los salarios privados un 160% y el tipo de cambio oficial un 160%. En síntesis, la herencia de las últimas tres gestiones de gobierno es un conjunto de desequilibrios importantes en la mayoría de los indicadores macroeconómicos. Desequilibrios que se fueron haciendo cada vez más inconsistentes e insostenibles. Este es el legado que deja la actual política económica para el próximo gobierno.

Parte I: Instituciones protegiendo los derechos individuales

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El disparate de la publicidad estatal Por Gabriel Gasave1 En Argentina, un fallo de la Corte Suprema de 2007 consideró a la asignación arbitraria de la publicidad estatal como un ataque a la libertad de prensa. Al margen de la discrecionalidad y el amiguismo que desde siempre ha impregnado a la relación entre el Estado y muchos medios de comunicación, resulta oportuno reflexionar sobre la naturaleza misma de esa reiterada costumbre de auto alabarse con nuestros recursos que tienen los funcionarios públicos. Resulta imposible escapar de ellas, están por todas partes. Dondequiera que vamos nos topamos con algún slogan institucionalizado o alguna campaña gubernamental. Cualquiera sea la edad del lector, si cierra sus ojos y se concentra levemente podrá relacionar algún momento de su vida con un ejemplo de esta suerte de prosa burocratizada. A los que cuentan con algunos años encima, les resultará difícil olvidarse de frases tales como “En la Argentina, los únicos privilegiados son los niños”, en boga hasta el hartazgo durante la tiranía de Juan Perón. Por supuesto que la afirmación era a todas luces verás, sí tenemos en cuenta que a las criaturas, por su inocencia, les era imposible comprender cabalmente los negros acontecimientos que vivía por entonces el país, lo que de por sí constituía realmente todo un privilegio. Otra pieza de antología de aquellos años cuarenta, fue la tristemente célebre frase de “Para un argentino, no hay nada mejor que otro argentino”, fiel expresión del patrioterismo y del racismo imbécil imperantes, y precursora de una versión 1  Publicado en Independent Institute, 1 de julio 2015.

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más “light” varias décadas después, que proponía “Primero lo nuestro, Argentina nos espera”. Resulta realmente irónico que el tirano que hiciera suya la primera de ellas, eligiera tierras extranjeras para radicarse y depositar la cuantiosa fortuna rapiñada, del mismo modo que los funcionarios que pregonaban la segunda, acto seguido partían a descansar en balnearios uruguayos. A los un poco más jóvenes, la fecundidad imaginativa de los burócratas tampoco los desatendió. La memorable “Argentina potencia” quedará grabada por siempre en la memoria como símbolo de haber hecho todo lo que era realmente necesario hacer para que la misma no se cumpliese. Las reparticiones públicas que prestan servicios, mal llamadas “empresas estatales”, también aportaron lo suyo: “Cómprele al país” sugería la publicidad de YPF tiempo atrás, la que aparentemente no tuvo mucho “gancho” visto los cuantiosos déficits operativos de la petrolera, lo que denota evidentemente que todo el que compra, exige a cambio algo más que aire. Mención aparte merecen las campañas tendientes a frenar la evasión impositiva. “No deje que le roben” es una afirmación que en boca de un ladrón puede sin duda tener efectos negativos respecto de sus objetivos. En el caso del Estado, si los destinatarios son individuos con un mínimo de sentido común, tal expresión constituye toda una invitación a la evasión tributaria, dado que, cuando contra nuestra voluntad nos arrebatan parte del fruto de nuestro trabajo-es decir parte de nuestras vidas- sin darnos nada a cambio, ¿Acaso no nos están robando? No es mi intención cansarlo con el recuerdo de ejemplos que seguramente ha padecido sobradamente. Simplemente le propongo que reflexione acerca de lo siguiente: ¿Qué diría Ud. si un empleado suyo, dedicara parte de la jornada laboral por la cual le está pagando, para convencerlo de lo bien que está desempeñando su tarea o cómo su vida será más grata y placentera gracias a su intervención? Seguramente, consideraría que el individuo se está burlando y malgastando

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sus escasos recursos. Pues, esto es lo que precisamente hacen los gobiernos cuando emplean cuantiosos presupuestos en campañas públicas que tienen por objeto decirle qué es lo mejor para Ud. y cuán beneficiosa es su tarea en aras de esa fantasía denominada “bien común”. El gobierno debe ser un árbitro que proteja nuestros derechos, poniendo límites cuando nuestro actuar invade la libertad de nuestros semejantes. Por eso carece de sentido, y constituye una burla a la ciudadanía, emplear fondos públicos con el objeto de orientar la conducta de los habitantes, cuando no para enaltecer su propio desempeño. En momentos como los actuales, de pleno frenesí preelectoral, es curioso como los políticos que hoy alaban la inteligencia y aptitudes de sus potenciales votantes, al asumir cada uno de ellos sus respectivos cargos, desprecian todo vestigio de discernimiento del ciudadano y, mediante fondos que a éstos les arrebatan por la fuerza, intentan dirigirles la vida y mostrarles el que ellos consideran es el “camino a la felicidad”. “Argentina, un país en serio” rezaba un eslogan de campaña tiempo atrás. Seguramente ha de haber un error. Al parecer están confundiendo a la seriedad con un estado de luto permanente ante la desaparición de la inteligencia, la honradez intelectual y el sentido común.

La moral desconocida Por Juan F. Jacobs Independientemente de la postura que uno pueda tener, más a menudo nos vemos en medio de la eterna discusión que existe entre quienes apoyan un sistema político económico basado en las libertades individuales y delibre mercado, y quienes ven con buenos ojos un sistema basado en el colectivismo o populismo. En general, el debate se desarrolla en torno a los resultados que han dado ambos sistemas a lo largo de la historia. Hay otro enfoque posible para abordar este tema y que no se tiene en cuenta habitualmente: el enfoque moral. Teniendo en cuenta el lado moral de la cuestión, las ideas tendientes a la libertad no deberían ser defendidas desde los grandes resultados que han conseguido, sino porque son moralmente correctas. Es necesario enfrentar el código moral altruista y la batalla debe librarse en la base sobre la que se ha erigido dicho código: la idea del auto sacrificio como la mayor de las virtudes. El auto sacrificio fue definido por Ayn Rand con el precepto que dice que todo hombre tiene que servir a otro para poder justificar su propia existencia. El código moral del auto sacrificio lleva en sí mismo una constante contradicción y termina indefectiblemente con la destrucción del hombre como individuo único, creativo y racional; transformándolo en un mero factor de la producción, una suerte de recurso natural para ser explotado por otros 47

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hombres en nombre del conjunto de los habitantes de un territorio. Si bien suena descabellado, es en mayor o menor medida la creencia dominante en el mundo actual, pues hasta la aparición de Rand con su objetivismo, el capitalismo nunca había tenido una base filosófica donde apoyarse. Siglos de moral altruista incontrastada han hecho mella en la percepción de los individuos. De esta forma la riqueza y el éxito conseguidos por otros son vistos como un motivo para la suspicacia o envidia, en lugar de ser fuente de inspiración para perseguir nuevas metas propias. Este fenómeno está particularmente arraigado en la población argentina, donde una persona que no ha tenido éxito en sus proyectos personales, siempre parece encontrarse moralmente un escalón más arriba que alguien exitoso. Podemos remontarnos a las masivas protestas en contra del gobierno kirchnerista del 8 de noviembre de 2012 y encontraremos varias muestras de esto: las organizaciones que promovían la convocatoria varias veces solicitaron a los manifestantes asistir a la marcha vestidos con zapatillas y pantalón de jean, no con ropa de trabajo, ello bajo el pretexto de no ser calificados como “ricos” u “oligarcas” por los referentes del gobierno y sus militantes (cosa que ocurrió de todas formas). La protesta ocupó gran parte del horario central en los noticieros aquel 8 de noviembre, y pudo verse a una manifestante anónima aclarando que ella “no era una bien vestida” y que odiaba que le dijeran tal cosa, la misma idea también estuvo representada en innumerables carteles que parecían querer justificar la legitimidad de la protesta con la falta de recursos económicos. Las cámaras de las señales opositoras se peleaban por tomar imágenes de gente humilde, las de las señales oficialistas por tomar imágenes de gente bien vestida.

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Los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner han profundizado esta forma de pensar que viene de larga data y lo han hecho con el objetivo de polarizar a la sociedad en pos de acumular poder y caudal electoral. Ahora, en lo que parece ser el ocaso del régimen kirchnerista en Argentina, las alternativas en la sucesión no lucen muy alentadoras en lo que respecta a libertad económica y respeto de los derechos individuales (ningún candidato hizo hincapié en estos temas durante la campaña para las elecciones legislativas del año 2013). Esto no es exclusiva culpa de los partidos políticos o de los candidatos que presentan. Los políticos (al menos los que aspiran a ganar elecciones) simplemente le dan a la sociedad lo que perciben que reclama, y la sociedad argentina, que por vergüenza necesita esconder a quien tiene trabajo y puede vivir de su esfuerzo, mucho menos reclamará en voz alta lo que internamente desea: que la bota del estado deje de pisar su cabeza, poder disfrutar del producto de su trabajo libremente y no tener que sentir culpa al hacerlo. Uno podría pensar que en las elecciones de 2013, con la dura derrota oficialista se ha dado el golpe de gracia a un régimen que pretende eternizarse en el poder, sin embargo, la batalla más importante está muy cerca de perderse. Es la batalla contra el código moral altruista que trae consigo el atraso, la improductividad y la miseria. En todas las universidades y colegios los alumnos se empapan de esta falsa moral, muchos sentirán que algo no está bien, que no encaja con su naturaleza racional, sin embargo, no encontrarán las palabras para expresarlo o estas estarán selladas por la culpa de querer algo más grande para sí mismo. Esas palabras tal vez lleguen a ese joven de mente inquieta en el improbable caso de que se tope con algún ejemplar de la obra de Rand, pero la gran mayoría nunca las encontrará, pues el sistema educativo no se las va a facilitar a sabiendas

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que es mucho más fácil gobernar a un pueblo dócil que a uno indómito. Si los argentinos desean ser un pueblo próspero no basta con cambiar leyes o gobiernos, sino que es necesario un cambio radical en la educación. Educar a nuestros jóvenes para que recuerden que sus derechos individuales son pre-existentes y no otorgados por el estado; que la Constitución Nacional es un instrumento para que el pueblo controle al gobierno y no al revés; que no pueden existir acciones prohibidas a un individuo pero permitidas a una muchedumbre y que jamás, bajo ninguna circunstancia, pueden exigir a otro individuo que sacrifique el producto de su vida para complacer los deseos ajenos. Es un objetivo a largo plazo, pero es posible que con mucho trabajo la gente vuelva a descubrir que su único deber moral es para consigo mismo, y que todo el bien que pueda hacerle a otra persona debe nacer de su conciencia y de su propia satisfacción en hacerlo.

Derechos de las mayorías versus derechos de las minorías Por Guillermo M. Yeatts A partir de su Independencia, diversas naciones de América Latina adoptaron Constituciones republicanas, representativas y federales, basadas en la carta magna de los Estados Unidos de 1787. A pesar del establecimiento formal de estas Constituciones y el principio de los derechos inalienables -que protegerían los derechos individuales a la vida, libertad, prosperidad y la limitación al Estado de violarlos- las democracias latinoamericanas continuaron aplicando los valores de la Revolución Francesa de 1789, la cual asumió que la regla de la mayoría era la ley superior. La Constitución de los Estados Unidos aplicada en los países de América Latina se injertó en una tradición ajena, en el contexto de una sociedad que, por más de trescientos años, había vivido una realidad diferente bajo el poder monárquico centralizado, el autoritarismo, y la ausencia de libre comercio y representación. El propósito principal de aquella norma en el país del Norte era proteger derechos individuales preexistentes, los mercados libres y un gobierno civil limitado. La Revolución Francesa, a través de Rousseau, desarrolló el concepto de “voluntad general”, el cual es una expresión de la regla de la mayoría. Este concepto está de acuerdo con la idea de que, cuando se pronuncia la mayoría, la minoría debe inclinarse y aceptar la verdad revelada por ésta. En consecuencia, los derechos individuales no preceden al Estado sino proceden del Estado. Contrariamente, en la 51

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tradición anglosajona, el legado de John Locke expresó el espíritu de una democracia restrictiva, que sería organizada por un gobierno que sólo sería exitoso si lograba proteger los derechos individuales. Este legado institucional recién fue identificado por los países de América Latina a partir de los procesos de Independencia. Pero, en lugar de limitar al poder, el absolutismo de la corona fue reemplazado por el de los caudillos locales, los cuales manejaban sus territorios a través de procedimientos feudales permitiendo la continuidad de las viejas prácticas políticas. En nuestros días, el establecimiento de gobiernos democráticos en los que prevalece la regla de la mayoría fue suficiente para legitimar que las administraciones ignoren abiertamente los principios constitucionales, permitiendo la continuidad de hábitos, costumbres y comportamientos vigentes desde aquellos tiempos coloniales, y que sobrevivieron bajo las nuevas instituciones formales (Constituciones). La historia en América Latina ha mostrado la predominancia de la regla de la mayoría anulando los derechos individuales y permitiendo la creación de sistemas totalitarios y autoritarios bajo el nombre de democracia. En este sentido, podemos concluir que existen dos tipos de democracias: una en la cual los derechos individuales son previos y superiores al gobierno; otra, en la cual los derechos individuales existen como consecuencia del establecimiento del gobierno y pueden ser alterados o modificados en base al “contrato social” consensuado por la regla de la mayoría. La progresiva democratización de América Latina se fue dando bajo la existencia de elecciones libres, en las que los gobiernos son elegidos a través de esa regla de las mayorías, y los derechos individuales son subordinados a la “voluntad general”. Si tenemos el derecho a vivir, también deberíamos tener el derecho a mantenernos con el fruto de nuestro trabajo, que es una extensión de la persona. En consecuencia, es parte de nuestra propiedad privada.

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Si esta tesis no es aceptada y no se aplica, no nos debería alarmar el hecho de que el gobierno –obteniendo la mayoríase sienta libre de confiscar la propiedad privada, los ahorros, de congelar los depósitos bancarios, de declarar defaults de la deuda pública, de manipular las estadísticas económicas y sociales, de congelar precios, de restringir las exportaciones, etc. Un gobierno que tenga el poder de establecer derechos podrá modificarlos, alterarlos o cancelarlos, ya que es él quien tiene el poder de dar o quitar. Si América Latina quiere entrar en el mundo de la creación de prosperidad, más que en un mundo de distribución de rentas y pobreza, deberá proteger los derechos a la vida, la libertad y la propiedad, a través de la división de poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) y el imperio de la ley, evitando el saqueo legal bajo el paraguas de la regla de la mayoría.

Hacia una nueva gobernanza pública que supere al populismo Por Javier Cubillas El presente análisis intentará aportar, sucintamente, líneas de estudio y acción frente a los cursos políticos instaurados en gran parte de Latinoamérica, y en particular, en la Argentina. En este sentido, en estas latitudes estamos viviendo un fuerte proceso de radicalización de la sociedad civil y un renovado aumento de los hechos de corrupción sobre la administración del Estado, a partir de la hiperconcentracion2 del poder, que han consagrado los liderazgos populistas3 del Ex Presidente Néstor Carlos Kirchner y la actual Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Asistimos así, a un doble accionar fáctico y discursivo de cooptación y coacción en función a que: 1. Instauraron prácticas radicalmente4 discrecionales en la administración de recursos fiscales y monetarios5 2  Ver: Levy Yeyati, Eduardo y Novaro, Marcos en, Vamos por todo, Las 10 decisiones más polemicas del modelo, Edit. Sudamericana, 2013; y Malamud, Andrés y De Luca, Miguel. La política en tiempos de los Kirchner, Edit. Eudeba, 2011. 3  Ver: Salinas Alejandra, El Populismo según Laclau: ¿Hegemonía vs derechos? En Revista de instituciones, Ideas y mercados, ESEADE, N° 57, Octubre 2012; y págs. 183 y 184 en: Thury Cornejo, Valentín. Sistema político y aprendizaje constitucional, A 10 años de la reforma de 1994, Universidad Católica Argentina, Edit. Imprenta Wingord, 2005. 4  Sin observar al espíritu del régimen constitucional vigente. 5  El caso más reciente, y también más importante en materia económico-institucional, es la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, medida por la cual el P. E. asume competencias discrecionales sobre el Banco Central. Ver pág. 362 en: D’ Argenio, Ines. La administración pública: crisis del sistema autoritario, Edit. Librería Platense, 2012.

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con fines a lograr un ejercicio arbitrario de dominación sobre organizaciones políticas y sociales. 2. Y por otro lado, han consagrado concomitantemente un proceso de refeudalización6 y silenciamiento de sectores de la sociedad civil mediante un discurso con tendencia hegemónica, denominado relato7, que tiene por finalidad cristalizar una agenda especifica de temas y actores únicos a visibilizar. Así, toda actuación por fuera del relato predeterminado es objeto de señalamientos y caracterizaciones negativas8 conformando un tiempo y espacio de hiperactuación que convalida a un contexto de mayor agresividad9. Dado el escenario anterior, y de cara a ésta nueva década en curso, corresponde ver qué ópticas nos pueden acercar contribuciones que posibiliten la generación de equilibrios entre posiciones de poder y una visibilidad y mayor escucha de la pluralidad y la diversidad social. En este sentido, lo que aquí se propone es, avanzar en una lectura normativa que ponga límites a los excesos en que han incurrido los actores10 anteriormente enunciados, pero también, llamar la atención en que las soluciones son endógenas y requieren de nuestro involucramiento reflexivo en la materia dado que las culturas, los mercados, las normativas 6  Mediante el relato se buscó empobrecer y cercenar la crítica y re-dirigir las tendencias de las opiniones públicas. Ver un análisis sobre la teoría de la esfera pública y la refeudalización en: Thompson, B. John. La teoría de la esfera pública, Voces y Culturas N° 10, Barcelona, 1996. 7  Pág. 309 en: Mendelevich, Pablo, en El Relato Kirchnerista en 200 expresiones, Edit. B, 2013 y en Márquez, Nicolás y Laje Arrigoni, Agustín. Cuando el relato es una farsa, La respuesta a la mentira Kirchnerista, Edit. Contracultural, 2013. 8  Ver: Mendelevich, Pablo. Ídem; y Márquez, Nicolás y Laje Arrigoni, Agustín. Ídem. 9  Ver un estudio tendiente a reconocer estas expresiones y las dinámicas relacionadas con la agresividad social en esta última década en: Elizalde, Luciano. Conflictividad y conflictos en el escenario público argentino, Estado, empresas, organizaciones y vecinos “al borde de un ataque de nervios”, Conexiones, Vol. 2 N° 1, 2010. 10  Ver también la relación entre los gobernadores de provincias y el Kirchnerismo en: Rojas, Diego. El Kirchnerismo feudal, La verdadera cara de Cristina en las provincias, Edit. Planeta, 2013.

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y los bienes y servicios del Estado son ordenes resultantes de nuestras percepciones, expectativas y lenguajes. Veamos entonces, a continuación, dos posibles respuestas que se estiman puedan ser leídas de modo interdependiente.

¿Cómo podríamos superar la situación actual? La primera respuesta: Nos lleva a tener que esforzarnos y comprender que no podemos aspirar a vivir en sociedades abiertas11 y pluralistas12 sin antes consagrar definitivamente en nuestra cultura el valor de la tolerancia y los principios republicanos de participación sobre las cuestiones públicas. El déficit republicano y el relajamiento13 en la búsqueda de mecanismos de participación y organizaciones intermedias de articulación de intereses14, que ha demostrado la sociedad civil, han sido lógicamente correspondidos con crecientes muestras de decisionismo político. Por esto, el primer paso es no perder de vista15 los sucesos que ocurren en nuestros contextos por que las relaciones en las actuales sociedades son complejas, y cada vez más interdependientes, y sólo puede consagrarse y mantenerse esferas de no interferencia, o de libertad negativa16, en la medida en que el sistema institucional efectivamente sea un reflejo de una praxis recelosa de los derechos y garantías 11  Págs. 171 y sgtes. en: Popper, K. R. en, La sociedad abierta y sus enemigos, Edit. Paidos, 2010. 12  Pág. 78 en: Dahl, Robert A. en, La poliarquía, Participación y oposición, Edit. Tecnos, 1989, Rei Argentina. 13  Serrafero, Mario Daniel, Calidad Institucional: Cuestiones y desafíos en, Ancarola Gerardo (Et Al) Calidad institucional o decadencia repúblicana, Edit. Lajouane y Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, 2007. 14  Ver pág. 317 en: Llach, Juan J., en Busca de los acuerdos perdidos, Edit. Temas Grupo, 2010; y pág. 325 y sgtes. en: Ippolito-O´Donnell, Gabriela. Calidad Institucional y sociedad civil en la Argentina, en Acuña, Carlos. ¿Cuánto importan las instituciones?, Gobierno, Estado y actores en la política argentina, Edit. Siglo Veintiuno, 2013. 15  Excepcionalmente han emergido hechos como el 13 S, 8 N y 18 A. 16  Pág. 47 y sgtes. en: Berlin, Isaiah. Dos conceptos de libertad y otros escritos, Edit. Alianza, 2008.

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consagradas en la Constitución Nacional. Ergo17, no podemos seguir generando hoy una democracia delegativa, de ciudadanos apáticos y anómicos, quienes a partir de la sola queja exigen ser gobernados por ángeles18. Entonces, el primer paso es reconstruir el escenario público y sostener los límites protectores de nuestras esferas privadas. Esto es así, dado que el imaginario liberal no encuentra en la actualidad una supervivencia per se, apriorística, o al sólo acto enunciativo. Es condición entonces pasar de la preocupación a la praxis en el escenario público en tanto la dimensión formal y declarativa ha resultado insuficiente dados los hechos históricos que vivenciamos. Hay que recuperar, en este sentido, las perspectivas más contextuales de: La Ilustración Escocesa19, los Antifederalistas20, de Alexis de Tocqueville21, de Karl Popper22, de Hannah Arendt23 y de Benjamín Barber24, a los efectos de no olvidar la dimensión relacional, plural, y activa de las sociedades complejas. En atención a lo enunciado hasta aquí, pasemos a la segunda respuesta. La segunda respuesta: Tiene que ver con los actores con responsabilidad legal y temporal que siendo actores específicos, no necesariamente devienen en excluyentes. Estos actores son los funcionarios públicos, sobre quienes 17  Hay que rendir un merecido homenaje a la estatura intelectual a Guillermo O´Donnell y Juan Carlos Nino, quienes han analizado estas conductas y nos han legado valiosas enseñanzas para salir de la situación actual. 18  Toda una contradicción en términos, un oxímoron que nos revela una historia repleta de imágenes de histeria general 19  Wences, Isabel. La relevancia sociológica de la ilustración escocesa, Revista Internacional de Sociología (RIS), Vol. 68, N° 1, Enero-Abril, 37-56, 2010. Versión online del 30 de noviembre del 2009. 20  Benegas Lynch, Alberto y Jackisch, Carlota. Limites al poder, Los papeles Antifederalistas, Edit. Lumiere, 2004. 21  Ver Tocqueville, Alexis. La Democracia en América, Akal, 2007. 22  Zanotti, Gabriel. El Liberalismo de político de Karl Popper, Documento de Trabajo, Instituto de Investigaciones Socio-Económicas, Universidad Católica Boliviana, N° 03/07. 23  Arendt, Hannah. La condición Humana, Paidos, 2009. 24  Barber, Benjamín. Pasión por la Democracia, Edit. Almuzara, 2006.

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debemos concretar un doble proceso de control con vistas a la mejora en la provisión de bienes y servicios públicos, de modo que necesitamos: 1. Avanzar en los mecánicos de fortalecimiento meritorio de la función pública, en sus instancias de administración operativa, a los efectos de combatir a uno de los flagelos más perniciosos que ha estudiado la teoría política: El patronazgo25 o la confusión del patrimonio público (instancias y recursos físicos) con el de los funcionarios de gobierno. En este sentido, el patronazgo, no es un dato menor en tanto surge26 por la ausencia de carreras administrativas y de mecanismos de selección que generen27 cargos meritorios en instancias técnicas, facilitándose a los funcionarios políticos dinámicas decisorias sin freno o crítica a lo largo de toda la estructura de una administración. El ejemplo paradigmático en la consagración de un poder dentro del poder gracias a la cooptación de sectores y recursos públicos es la agrupación: “La Campora”28. En este caso, la arbitrariedad decisoria a lo largo de toda una administración nos ubica ante una situación pre-moderna, pre burocrática, de ahí la gravedad de lo aquí planteado. 2. También necesitamos avanzar en el acercamiento de la administración pública a la ciudadanía, mediante 25  Sanchis Muñoz, Gerardo. La función pública y el desarrollo argentino, Año 1, N° 1, Informe del Programa de Economía e Instituciones, Departamento de Economía, Universidad Católica Argentina, 2008. 26  Ver la explicación dada por Sanchis Muñoz, Gerardo, ídem. 27  Sanchis Muñoz, G., Ídem; y en Bonifacio, José Alberto. Función Pública y desarrollo del Estado, Documento presentado en el XIV Foro de la Función Pública del Istmo Centroamericano, Panamá y República Dominicana: “Profesionalización de la Función Pública y Gestión de Calidad”, realizado del 16 al 18 de julio del 2008. de Administración Pública, ICAP, y la Secretaría de Estado de Administración Pública, SEAP, de República Dominicana. 28  Di Marco Laura. La Campora, Historia secreta de los herederos de Néstor y Cristina Kirchner, Edit. Sudamericana 2012.

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el pasaje del Modelo Burocrático Weberiano29 hacia un esquema de Nueva Gobernanza Pública30 (N.G.P.) Bajo esta perspectiva, el funcionario y el ciudadano ejercen sus competencias y derechos individuales de modo más simétrico y con un mayor pie de igualdad. Esto, gracias a instancias de coordinación y reconocimiento mutuo por los conocimientos limitados31 y la diversidad de actores implicados, que nos alejan de las visiones extremas (formalistas y/o tecnócratas) que con anterioridad se impulsaban. Se busca entonces revalorizar la descentralización32 de la toma de decisiones, acercándose en la medida de lo posible la resolución33 de los problemas de la agenda pública hacia

29  Cabe resaltar que en Latinoamérica hubo una incidencia dispar en el agregado de la corriente del N. P. M. 30  Ver varios análisis teóricos referidos a esta perspectiva que aquí son tomados en cuenta como ser: 1- Felcman, Isidoro y Blutman, Gustavo. Nuevos Modelos de Gestión Pública, Cultura, liderazgo y tecnologías de gestión después del “big bang” paradigmático, Edit. Temas, 2011; 2- Longo, Francisco. Los desafíos de la gobernanza en los sistemas públicos iberoamericanos, XIV Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Salvador Bahía, Brasil, 27-30 oct., 2009; 3- Osborne Stephen P. The New Public Governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance, e-book, Routledge, 2010; 4- Levi-Four, David. The Oxford Handbook of Governance, e-book, Oxford University Press, 2012; 5- Prats I. Catalá, Joan (Et Al) A los Príncipes Repúblicanos, Gobernanza y desarrollo desde el repúblicanismo cívico, Edit. La Paz, Bolivia, Plural. Barcelona, IIG, 2006; 6- Aguilar, Luis F. Gobernanza: el nuevo proceso de gobernar, Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, proyecto México, 2010; y 7- Bonifacio, José Alberto, Op. cit. 31  Ver: 1- Santanatoglia, Eliana M. y Sosa Valle, Federico G. M. Selección de textos de Friedrich A. Von Hayek, Estudios Públicos 120, primavera 2010; y 2- Aguilar, Luis F., Op. cit. 32  Ver las implicancias de las políticas de descentralización realizadas de modo acrítico en: Cao, Horacio. El fracaso del proceso descentralizador argentino, Una aproximación desde la crítica a sus supuestos conceptuales, Segundo Congreso Argentino de Administración Pública, Sociedad, Estado y Administración. También ver: Cao, Horacio y Vaca, Josefina. ¿Por qué fracasó la descentralización Argentina? X Seminario de la Red Muni, Nuevo Rol del Estado, Nuevo Rol de los Municipios. 33  Políticas educativas, de trabajo, de transporte, de asistencia social y de innovación tecnológica y productiva son las más frecuentes en estos aspectos.

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instancias locales34. Este esquema no es enteramente novedoso, pero la racionalización utópica35, el constructivismo socialista36, o el relato, han hecho olvidar qué los mejores ámbitos para la toma de decisiones son: municipios o gobernaciones37. Entonces, la N.G.P. es una perspectiva de estudio y acción que puede permitirnos atender cuestiones públicas aquí y ahora38, en el tiempo entre elecciones y no teniendo que esperar a los agitados momentos eleccionarios39. Por esto, es una herramienta analítica que busca desandar los excesos y la ineficacia40 del gobierno centralizado para ir tendencialmente hacia esquemas en red, participativos y con vistas a coordinar a la pluralidad de los actores administrativos, económicos y sociales. Tiene para sí entonces, como perspectiva, el valorar la ley administrativa pero no rigidizarse legalmente41, y el valorar las nuevas tecnologías de la información y de la

34  Ver: 1- Tocqueville, A., Op. cit.; 2- Hayek, F. A. Nuevos estudios en filosofía, política, economía e historia de las ideas, Edit. Eudeba, 1981; 3- Barber, Benjamin, y su reciente obra explicada en video en www.ted.com: http://www.ted.com/talks/ benjamin_barber_why_mayors_should_rule_the_world.html?embed=true en el que expresa y sintetiza las ideas de: If mayors rules the world: Dysfunctional Nations, Rising Cities. 35  Pág. 429, en Popper, K. R. Conjeturas y Refutaciones, El desarrollo del conocimiento científico, Edit. Paidos, 1983. 36  Ver Hayek, F.A., Op. cit. 37  Una cuestión ampliamente discutida, con vistas al empoderamiento y la mayor responsabilidad de las instancias locales, a la hora de la toma decisiones es la necesaria reforma tributaria a los efectos de que la recaudación y gastos fiscales sean realizados y controladas en el mismo territorio. 38  Pág. 432 y sgtes, en Popper, K. R. expresó oportunamente: “Trabajad para la eliminación de males concretos, más que para la realización de bienes abstractos. No pretendáis establecer la felicidad por medios políticos. Tended más bien a la eliminación de las desgracias concretas. O, en términos más prácticos: luchad para la eliminación de la miseria por medios directos” cont. 39  Convertidas en instancias de “vida o muerte” gracias a los discursos demagógicos “a todo o nada”. 40  Ver Aguilar, Luis F., Op. cit. 41  Pág. 227 y sgtes. en Argenio, Ines, Op. cit.

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gestión pero sus resultados deben ser evaluados de modo multidimensional42. Esquema43 comparativo para el análisis teórico: Table 1.1 Core elements of the N.P.G in contrast to P.A. and N.P.M. Focus

Emphasis

Resources allocation mechanism

Nature of the service system

Value base

Unitary

The political system

Policy creation and implementation

Hierarchy

closed

Public sector ethos

Regulatory

The organization

Efficacy of Management of The market competition organizational and classical open rational and resources and or neoclassical marketplace contracts performance

Paradigm/ Key elements

Theoretical Nature of the roots State

Public Administration

Political Science and Public Policy

New Public Management

Rational/ public choice theory and management studies

New Public Governance

Institutional and Plural and network theory pluralist

Negotiation The of values, organization in meaning and its environment relationships

Networks Dispersed and relational open - close and contested contracts

El presente cuadro comparativo de las teorías, se cree aquí, tiene la claridad suficiente para exponer la potencialidad de ejercicio y adaptación44, reflexiva y contextual, de la Nueva Gobernanza Pública frente a nuestros complejos escenarios sociales.

Finalmente: Menos dogmática y más proximidad a lo público Hecha entonces las descripciones de las implicancias del fenómeno Populista, resulta importante convencernos de la tarea de revitalizar la sociedad civil y exigir políticamente un acercamiento de las instancias de decisión gubernamental al ámbito local. En este sentido, ambas acciones son modos de 42  Ver un análisis teórico sobre modelos organizacionales, de cultura y liderazgos, la relación con los resultados de gestión, y una nueva agenda de estudios al respecto en: Felcman, Isidoro y Blutman, Gustavo, Op. cit. 43  Ver Osborne, Stephen P. en, The New Public Governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance, Taylor & Francis Group e-Library, Routledge, 2010. 44  Un caso reciente y en curso, en el que se pueden encontrar elementos distintivos de esta concepción en una política pública con fines a bajar los índices de deserción escolar, y llevada a cabo bajo la denominación de “Red Comunitaria de Apoyo Escolar”, por parte del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Información en http://www.buenosaires.gob.ar/redentodoestasvos/red-comunitaria-de-apoyo-escolar

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ver45 a un único fenómeno interdependiente que es, quizás: el mejor desarrollo posible de una dinámica republicana y democrática, hoy en día. Por esto, la Nueva Gobernanza Pública estudiada e implantada de modo contextual46 y prudente, en nuestros escenarios de culturas híbridas47, puede resultar el mejor modo de articular las pulsiones expuestas y opuestas, sin excluir sectores48, para realizar al régimen democrático, liberal y republicano que surge de la razonable49 lectura de la Constitucional Nacional. Así, esta dinámica republicana y democrática local nos puede ayudar obtener mayor celeridad en la resolución de problemáticas sociales a los fines de no llegar a situaciones críticas, que cómo efecto agregado, nos han llevado históricamente a ciclos políticos y económicos en clave pendular y hasta por momentos ciclónicos50. Resulta importante entonces, pensar en los procesos locales de administración51 y en el estado de las ciudades52 encaminadas a convertirse en grandes urbes, a los fines de 45  La posible relación entre los aportes de La Nueva Gobernanza Publica y los aportes de la teoría Republicana es una apuesta, que en este trabajo de análisis se realza, a los efectos de sostener que no hay modo unidireccional de mejorar el estado de las relaciones sociales sino a través de la ley, el reconocimiento de las relaciones de interdependencia y un acercamiento de la administración a los administrados. 46  Ver en Felcman, Isidoro y Blutman, Gustavo, Ídem; y Prats I. Catalá, J. Op. cit. 47  Pág. 69 en, García Canclini, Néstor. Latinoamericanos, buscando lugar en este siglo, Edit. Paidos, 2008. 48  No permitiendo, mediante los derechos y garantías y controles recíprocos, que ni la mayoría avance sobre el derecho de las minorías ni las minorías intensivas dejen de lado a las mayorías. 49  Loñ, F. La constitución, El libro que los “K” nunca leyeron, Edit. Librería Akadia, 2013. 50  Pág. 107, cita realizada por De Pablo J. C. en, De Pablo, Juan Carlos en, 200 Años de Economía Argentina, Nunca un momento aburrido, Edit. B, 2010. 51  Ver Aguilar, Luis F., Ídem. 52  Ver Barber, B., en la cita anterior con link a video en www.ted.com sobre su recientemente publicación.

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refrenar las abstracciones discursivas, en clave populista, que poco han colaborado en resolver el desarrollo individual y colectivo en consonancia con el régimen institucional. Por ello, habiendo democracia electoral, nos resta fortalecer la república y las administraciones locales, para mejorar la provisión de bienes y servicios públicos a los fines de aspirar a vivir en sociedades plurales, abiertas y liberales, en las décadas venideras. Bibliografía: • Arendt, H. La condición Humana, Paidós, 2009. • Acuña, C. (Comp.) ¿Cuánto importan las instituciones, Gobierno, Estado y actores en la política argentina, Edit. Siglo Veintiuno, 2013. • Aguilar, L. F. Gobernanza: el nuevo proceso de gobernar, Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, Proyecto México, 2010. • Ancarola, G. (Et Al) Calidad institucional o decadencia republicana, Edit. Lajouane y Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, 2007. • Barber, B. Pasión por la Democracia, Edit. Almuzara, 2006. • Benegas Lynch, A. y Jackisch, C., Limites al poder, Los papeles Antifederalistas, Fundación Friedrich A. von Hayek, Edit. Lumiere, 2004. • Berlin, I. Dos conceptos de libertad y otros escritos, Edit. Alianza, 2008. • Bonifacio, J. A. Función Pública y desarrollo del Estado, XIV Foro de la Función Pública del Istmo Centroamericano, Panamá y República Dominicana, 2008. • Cao, H. El fracaso del proceso descentralizador argentino, Una aproximación desde la crítica a sus supuestos conceptuales, Segundo Congreso Argentino de Administración Pública, Sociedad, Estado y Administración. • Cao, H. y Vaca, J. ¿Por qué fracasó la descentralización Argentina? X Seminario de la Red Muni, Nuevo Rol del Estado, Nuevo Rol de los Municipios. • D’ Argenio, I. La administración pública: crisis del sistema autoritario, Edit. Platense, 2012.

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• Dahl, R. A. La poliarquía, Participación y oposición, Edit. Tecnos, 1989, Rei Argentina. • De Pablo, J. C. 200 Años de Economía Argentina, Nunca un momento aburrido, Edit. B, 2010. • Di Marco, L. La Cámpora, Historia secreta de los herederos de Néstor y Cristina Kirchner, Edit. Sudamericana, 2012. • Elizalde, L. Conflictividad y conflictos en el escenario público argentino, Estado, empresas, organizaciones y vecinos “al borde de un ataque de nervios”, Conexiones, Vol. 2 N° 1, 2010. • Felcman, I. y Blutman, G. Nuevos Modelos de Gestión Pública, Cultura, liderazgo y tecnologías de gestión después del “big bang” paradigmático, Edit. Temas, 2011. • García Canclini, N. Latinoamericanos, buscando lugar en este siglo, Edit. Paidos, 2008. • Hayek, F. A. Nuevos estudios en filosofía, política, economía e historia de las ideas, Edit. Eudeba, 1981. • Thompson, B. John. La teoría de la esfera pública, Voces y Culturas N° 10, Barcelona, 1996. • Levi-Four, D. The Oxford Handbook of Governance, e-book, Oxford University Press, 2012 • Levy Yeyati, E. y Novaro, M. Vamos por todo, Las 10 decisiones más polémicas del modelo, Edit. Sudamericana, 2013. • Llach, J. J. Busca de los acuerdos perdidos, Edit. Temas Grupo, 2010. • Longo, F. Los desafíos de la gobernanza en los sistemas públicos iberoamericanos, XIV Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Brasil, 2009. • Loñ, F. La constitución, El libro que los “K” nunca leyeron, Edit. Librería Akadia, 2013. • Malamud, A. y De Luca, M. La política en tiempos de los Kirchner, Edit. Eudeba, 2011. • Márquez, N. y Laje Arrigoni, A. Cuando el relato es una farsa, La respuesta a la mentira Kirchnerista, Edit. Contracultural, 2013. • Mendelevich, P. El Relato Kirchnerista en 200 expresiones, Edit. B, 2013. • Nino, J. C., Un país al margen de la ley, Emecé, 1992. • O´ Donnell, G., Iazetta, O. y Quiroga, H. Democracia Delegativa, Edit. Prometeo, 2011.

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• Osborne S. P. The New Public Governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance, e-book, Routledge, 2010. • Prats I. Catalá, J. (Et Al) A los Príncipes Republicanos, Gobernanza y desarrollo desde el republicanismo cívico, Edit. La Paz, Bolivia, Plural. Barcelona, IIG, 2006. • Popper, K. R. Conjeturas y Refutaciones, El desarrollo del conocimiento científico, Edit. Paidós, 1983. • Popper, K. R. La sociedad abierta y sus enemigos, Edit. Paidos, 2010. • Rojas, D. El kirchnerismo feudal, La verdadera cara de Cristina en las provincias, Edit. Planeta, 2013 • Salinas, A. El Populismo según Laclau: ¿Hegemonía vs derechos? En Revista de instituciones, Ideas y mercados, ESEADE, N° 57, Octubre 2012. • Sanchis Muñoz, G. La función pública y el desarrollo argentino, Año 1, N° 1, Informe del Programa de Economía e Instituciones, Departamento de Economía, Universidad Católica Argentina, 2008. • Santanatoglia, E. y Sosa Valle, F. G. Selección de textos de Fiedrich A. Von Hayek, Estudios Públicos 120, primavera 2010. • Tocqueville, A. La Democracia en América, Akal, 2007. • Thompson, B. John. La teoría de la esfera pública, Voces y Culturas N° 10, Barcelona, 1996. • Thury Cornejo, V. Sistema político y aprendizaje constitucional, a 10 años de la reforma de 1994, Universidad Católica Argentina, Edit. Imprenta Wingord, 2005. • Wences, I. La relevancia sociológica de la ilustración escocesa, Revista Internacional de Sociología (RIS), Vol. 68, N° 1, Enero-Abril, 37-56, 2010. Versión online del 30 de noviembre del 2009. • Zanotti, G. El Liberalismo de político de Karl Popper, Documento de Trabajo, Instituto de Investigaciones Socio-Económicas, Universidad Católica Boliviana, N° 03/07.

La irrupción de la clase media global en los espacios políticos tradicionales Por Jalenska Zurakoski Luparelli En estos últimos años el mundo ha observado el ascenso de la “clase media global”, cuyos miembros pertenecen mayormente a la llamada generación M–Multitasking Generation­53conocida como #GenMobile54 en el mundo de los negocios– quienes en su heterogeneidad han sido capaces de generar una gran agitación política a nivel global, sin llegar a plasmar sus reclamos en cambios políticos duraderos. Su crecimiento específicamente ha impactado en los países con economías emergentes donde los estratos medios son cada vez más numerosos, tienen mayor nivel adquisitivo y están mejor educados y más conectadas tecnológicamente que nunca. Si bien este grupo no es representativo de aquellos sectores populares determinantes en las urnas de dichas sociedades, su crecimiento se prevé constante y en aumento, mientras que las perspectivas referentes a su impacto en todo el mundo, y

53  La generación M es la de los nativos digitales, que nacieron en un mundo con computadoras e interactúan con los llamados nuevos medios como internet y los videojuegos. Se caracterizan como multitasking por su capacidad de interactuar con muchos medios y realizar varias al mismo tiempo. Han nacido en un mundo totalmente digital, y en el que necesitan estar conectados 24 horas al día. 54  “#GenMobile”, según la llamare Aruba Networks en su informe sobre los hábitos laborales de los nativos digitales (AAVV, 2014) Esta clasificación se centra en los hábitos laborales antes que en las fechas de nacimiento. Según el informe una persona puede ser #GenMobile tanto si acaba de conseguir su primer trabajo como si está a punto de jubilarse. Si bien Aruba destaca que existe una “younger” #GenMobile formada por profesionales de entre 18 y 35 años.

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en particular en las regiones en desarrollo, son contundentes55. Por estas razones es importante conocer sus características y prever su influencia en las estructuras políticas, a fin de efectuar un análisis prospectivo de los regímenes de gobierno con la intención de anticiparnos con las acciones presentes a los sistemas por venir. A los miembros de esta clase media los hemos observado actuar en junio del 2013 en Turquía y en Brasil, “En las dos ciudades, personas que nacieron en una era posideológica están echando mano de los símbolos que pueden para contar una historia en la que sus protagonistas son modernos, urbanos y están descontentos: la bandera y la camiseta del equipo de fútbol son memes usados tanto en Estambul como en Sao Paulo”(Mason, 2013); y en las continuas protestas en China a lo largo del 2013: “Los dirigentes chinos son cada vez más sensibles al poder movilizador de la creciente clase media y se han plegado en los últimos años con más frecuencia a las demandas populares, especialmente cuando estas han sido limitadas, de carácter medioambiental y no claramente políticas. Las peticiones de mayor libertad de expresión añaden un nuevo desafío para los líderes llegados al poder en el congreso del partido en noviembre pasado, encabezados por Xi Jinping, secretario general del PCCh y próximo presidente del país, quien ha prometido gobernar con un estilo más abierto. Vienen a sumarse a la mayor voluntad de los chinos de llevar sus reivindicaciones a las calles, la creciente concienciación sobre sus derechos y el auge del uso de Internet como 55  “El mundo de los negocios habla del ascenso de la “clase media global” desde hace al menos una década. Un informe de Goldman Sachs GS -1.12% de 2008 definió este grupo como aquellos con ingresos de entre US$6.000 y US$30.000 al año y predijo que crecería hasta sumar 2.000 millones de personas para 2030. Partiendo de una definición más amplia de clase media, un informe del Instituto de la Unión Europea para Estudios de Seguridad de 2012 pronosticó que la cantidad de personas en esa categoría crecería de 1.800 millones en 2009 a 3.200 millones en 2020 y a 4.900 millones en 2030 (sobre una población mundial proyectada de 8.300 millones). La mayor parte de este crecimiento se verá en Asia, especialmente en China e India. Pero todas las regiones del mundo participarán en la tendencia, incluida África, que según el Banco de Desarrollo de África ya tiene una clase media de más de 300 millones de personas.” (Fukuyama, 2013)

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herramienta de comunicación”(Reinoso, 2013). También junto a los “indignados” en Europa tras el 15 de mayo del 2011 en España, incluso han estado en las revueltas de la Primavera Árabe en el 2011. Asimismo, varios analistas no han tardado en identificar a sus integrantes en los “cacerolazos” ocurridos en Argentina durante el 2012 (el “13-S” y el “8-N”), en el 2013 (“18-A”), en el 2014 (“13-N”), y en el 2015 (“19-E”). Todos ellos movimientos heterogéneos que han expuesto la fragmentación de una sociedad civil sin representación en el sistema político contemporáneo. Sus integrantes son jóvenes de ingresos medios, con una educación superior al promedio que se sienten cómodos en las redes sociales, administran blogs, cuentas de Twitter y Facebook cotidianamente. Por todo esto, le adjudican un elevado valor a la democracia y a la tolerancia al tiempo que quieren opciones y oportunidades, valoran el crecimiento económico y el desarrollo tecnológico. “Se ve que los manifestantes son jóvenes educados y conectados al mundo a través de redes sociales. De hecho, los teléfonos inteligentes, tabletas y cámaras de foto digitales abundan en estas movilizaciones callejeras.”(Lissardy, 2013) Coherente con ello, no son ideológicos, no se sienten identificados con los sectores activistas de izquierda revolucionarios de los ’60 y ’70, al tiempo que rechazan a la élite política gobernante y a la estructura tradicional de partidos. “La mayoría de los manifestantes son “jóvenes laicos y apolíticos de clase media que nunca protestaron en su vida y que ahora sorprende verlos lanzar piedras a la policía” (BBC, 2013). Esta generación exige el derecho a participar en la toma de las decisiones que afectan a la ciudadanía desde lugares diferentes de aquellos ámbitos políticos tradicionales pugnando por formas democráticas participativas. A este fin, internet resulta crucial ya que ha acercado la política al ciudadano, en un espacio en el cual éste tiene un rol activo resignificando el activismo en general y la militancia política tradicional en particular. “Las redes sociales hacen posible organizar protestas rápidamente, reaccionar a la represión con igual velocidad, y

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librar una guerra de mensajes tan efectiva, que los medios tradicionales y las maquinarias de relaciones públicas quedan en ridículo. Al mismo tiempo, facilitan la creación de estructuras relativamente horizontales de protesta.”(Mason, 2013). Así, su conformación favorece a aquellos candidatos políticos nuevos que representan una novedad frente a los aparatos partidarios modernos al tiempo que reclama descentralización de las estructuras políticas, en organizaciones más pequeñas y horizontales (Durán Barba & Nieto, 2006). De esta manera, podemos entender el accionar político de esta clase media como una reacción democrática frente al tratamiento cerrado de los asuntos políticos que reclama una mayor apertura de las estructuras políticas oponiéndose a los abusos de poder perpetrados por regímenes tanto democráticos como autoritarios. Al respecto subraya Fukuyama: “(…) Incluso aquellos que viven en países con sistemas democráticos funcionales, no se sienten representados por la élite política gobernante” (2013).De este modo, su actuación reclama ciertas transformaciones en la democracia liberal representativa que exigen mecanismos directos de participación política donde el usuario de internet asume un rol activo en la toma de decisiones, tal como lo hace al producir contenido en la red. En consecuencia, la clave está en transformar los canales de acceso habituales para lograr la llegada de sus miembros al sistema político, ya que su desafío está en ser verdaderos protagonistas de la política gestando cambios en las instituciones tradicionales duraderos. A tal fin, la cyberpolítica aparece como protagonista del cambio porque las nuevas tecnologías de la mano del uso masivo de internet son la piedra angular de la aparición y el accionar de la clase media global a la que nos estamos refiriendo. Sus miembros en internet no son espectadores sino que crean contenido propio, opinando con libertad sobre temas variados y desde allí se organizan y viralizan sus mensajes y propuestas. De hecho, forma parte de sus reclamos un llamado a la intimidad: a una política cara a cara, donde la personalización de los mensajes es esencial, así esta

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generación de jóvenes pretende comunicarse con los dirigentes políticos de manera directa en internet, rompiendo con las barreras de comunicación unidireccional características de los medios de comunicación modernos, que reducen al ciudadano a ser mero receptor de información. Ellos se reúnen en internet naturalmente, debaten en las redes sociales sin tener la opción de acaparar los espacios dado que su activismo es dentro de estructuras propiciadas para el intercambio de acceso masivo. Conforme con ello, la cyberpolítica permite un intenso activismo en redes movilizadoras de militantes lo que implica reducir el rol de los aparatos políticos en sus espacios tradicionales. Esta cuestión cobra mayor relevancia aún si se considera que internet actúa estableciendo una brecha que podemos llamar generacional antes que socioeconómica, porque las nuevas tecnologías son utilizadas por los jóvenes masivamente, con independencia de su nivel de ingresos. Así, las redes sociales permiten maximizar las posibilidades del activismo, agilizar las comunicaciones internas y evitar la dependencia extrema de los medios de comunicación masivos –mientras que para la dirigencia política actual, la TV, la radio y los diarios son todavía los principales referentes de la información. También facilitan ganar nuevos adeptos, mantener un diálogo fluido con los partidarios y ser eficiente en relación a lo invertido. Las redes sociales llaman al diálogo entre pares, mientras que con internet aumenta el control ciudadano y la exigencia de transparencia de la función pública. Internet no solo permite la efectiva comunicación y difusión del mensaje electoralista, sino también, las posibilidades de articular, organizar y poner a funcionar los sistemas de activismo político partidario y de voluntarios para campañas o financiamiento. Internet ofrece estrategias que permiten el armado de redes que actúan como movilizadores de ciudadanos internautas, que pueden pasar desde un uso pasivo, receptor de datos, a activismo en una causa, una propuesta o un ideal político a muy bajo costo. Subsiguientemente, es interesante el rol de controladores del aparato político y gubernamental que han asumido

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los componentes de este nuevo estrato sociopolítico. Así, encontramos aspectos positivos para la democracia liberal en la actuación de éstos grupos desde la perspectiva del control y el seguimiento de las acciones de gobierno, en la defensa del crecimiento individual en una sociedad abierta, en un llamado a la pluralidad y a la tolerancia. Así, entendemos que una consecuencia primordial del ascenso de la clase media global en el sistema político tradicional, es un incremento cuantitativo y cualitativo en la participación política. Estamos refiriéndonos a una paulatina apertura de los canales tradicionales de acceso al sistema político de la mano de un aumento de las instancias de participación directa y autogobierno, lo cual se reflejaría en un crecimiento de las instancias intermedias de toma de decisiones.56 De todos modos, este sector no es necesariamente de filiación democrática liberal, ya que si bien puja por un mayor control del poder político por parte de una sociedad civil activa, tranquilamente puede dirigir su apoyo a líderes autoritarios si lo considera factible “El estatus de clase media no significa que un individuo apoya automáticamente la democracia o un gobierno transparente. De hecho, una gran parte de la clase media de edad más avanzada era empleada por el sector público, donde dependía de las políticas clientelistas y el control estatal de la economía. Estas clases medias, así como las de países asiáticos como Tailandia y China, han respaldado gobiernos autoritarios cuando parecía que era la mejor manera de asegurar su futuro económico.” (Fukuyama, 2013). De la misma manera, no logran por sí solos cambios políticos a largo plazo, lo cual sucede porque, por un lado, rara vez son más que una minoría en los países en desarrollo, por el otro, son un grupo heterogéneo, con innumerables divisiones internas que difícilmente pueden formar coalición 56  Se trata de una democracia directa en sus bases, constituyendo diferentes niveles de gobierno en plataformas virtuales –habiendo sido superada tecnológicamente la antes obligada distribución territorial. Todo esto afín al modelo de MacPherson, en una combinación de democracia directa (sistema piramidal) e indirecta (sistema de partidos). (Macpherson, 1977)

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con grupos de otros estratos sociales. Se conducen por fuera de los canales institucionales regulares y se han manifestado incapaces de organizarse políticamente para participar en elecciones nacionales. Por ésto, en su búsqueda de representación, un desafío importante para esta clase media, es no ser cooptada por el sistema, por ejemplo atraída por los cuantiosos beneficios que ofrece el populismo para quienes actúan dentro del sistema. Tal es el caso argentino, donde muchos jóvenes multitaskers son convocados de forma permanente por la agrupación política “La Cámpora”57, reconocida por el uso discrecional que hace de los recursos públicos para sostener su red de cyber militantes. También otro reto es el evitar dispersarse sin objetivos claros ni estructura que los contenga, teniendo en cuenta que los estratos medios no suelen conformar un grupo homogéneo, caracterizándose por la diversidad de sus elementos. Consecuentemente una meta de la clase media global es evitar la inestabilidad, flexibilizando las estructuras políticas tradicionales con altas dosis de participación ciudadana. En este sentido, en Argentina en las elecciones legislativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha presentado candidatos el Partido de la Red que pretende ser expresión de la cyberpolítica en el país, con un método novedoso que propone el control ciudadano de la Legislatura porteña. Sus representantes son jóvenes que han percibido la relevancia de las redes sociales en la política y que pretenden responder a las demandas de una ciudadanía activa y cybernética, en una relación constante entre el legislador y sus bases mediante el uso de una plataforma virtual. El suyo no es un partido tradicional, su propuesta es innovadora en el método para la toma de decisiones políticas que pretende implementar y es muy representativo de la clase media global a la que nos 57  La Cámpora es una agrupación política Argentina, formalmente fundada en el año 2006. Se define a sí misma como peronista y kirchnerista, la agrupación apoya, desde sus inicios, las gestiones de gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Es una de las fuerzas y partidos políticos que componen el Frente Nacional Unidos y Organizados, una alianza de militantes propios del kirchnerismo surgida tras el pedido y convocatoria de la presidente Cristina Fernández de Kirchner.

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hemos referidos, no solo por el uso activo de internet sino por no tener una plataforma ideológica clara. Representa a un grupo amplio, heterogéneo, joven y dinámico, crítico e impulsivo, claro reflejo del descontento expresado en los ya mencionados cacerolazos. Es un partido político en formación, que a pesar de todas las trabas burocráticas que dificultan el acceso de nuevos grupos al sistema, ha logrado armar listas para la legislatura porteña. La novedad radica en que sus integrantes son nativos digitales. Sus candidatos son usuarios activos de internet y conversan directamente con seguidores y detractores, conectados minuto a minuto, batallando sin intermediarios. Sus miembros son twitteros y facebookeros y entienden que una acertada estrategia comunicacional es la clave para construir relaciones de confianza que pueden llevar nuevas opciones en las candidaturas políticas. Claramente la militancia dentro de este tipo de partidos es un desafío ambicioso porque demanda una ciudadanía de alta intensidad ya que requiere compromiso y dedicación en un accionar cívico constante. Concluyendo, gracias a los enormes avances tecnológicos que ha llevado a cabo el mundo libre los momentos de ocio se han incrementado y la juventud se ha extendido al tiempo que la comunicación virtual y en red es una de las características clave de nuestro siglo. La política 2.0 fue esencial para la victoria de Obama, no sólo en una sociedad con el desarrollo tecnológico de los EEUU, sino también con un candidato que representaba una renovación de la práctica política en innumerables aspectos. En América Latina la difusión de las nuevas tecnologías aún es escasa, pero hasta las sociedades más cerradas, como la cubana, tienen un cyber-activismo relevante a nivel global que está generando cambios en las

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anquilosadas estructuras del régimen castrista58. Hasta en los países más estatistas y, por ende, más cerrados y atrasados, es común el acceso a notebooks, netbooks y smartphones por parte de todos los grupos sociales. Asimismo gracias a las redes sociales los venezolanos han logrado dar a conocer al mundo la cara más sombría del Socialismo del siglo XXI. De esta manera, el ascenso de la clase media global a la par de las posibilidades infinitas que ofrece el desarrollo tecnológico es un desafío para los sistemas políticos tradicionales, emergiendo como una oportunidad para la pluralidad y la ampliación de las instancias de participación y debate de los asuntos públicos, de la mano del acceso de nuevos grupos a la política. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA • AAVV. (2014). “¿Are you ready for #GenMobile?”.Ver en: http:// www.arubanetworks.com/pdf/solutions/GenMobile_Report.pdf: Aruba Networks. • Arias, J. (13 de Junio de 2013). “¿Qué le pasa a Brasil?”. EL PAÍS. • Arias, J. (14 de Junio de 2013). “Brasil ya tiene sus indignados”. EL PAÍS . • BBC, R. (03 de junio de 2013). “¿Cuán grave es lo que está pasando en Turquía?”. BBC MUNDO .

58  La disidencia cubana en el siglo XXI ha logrado dar a conocer al mundo las condiciones en las que se encuentran obligados a vivir la mayoría de los habitantes de la isla bajo las imposiciones de la dictadura instaurada en 1959. La blogguera Yoani Sánchez ha logrado destacados premios y distinciones a nivel internacional gracias a su labor periodística en su sitio web Generación Y (http://www.14ymedio.com/blogs/ generacion_y/) y a través de su cuenta de Twitter @yoanisanchez. El diario español El País le concedió en 2008 el Premio Ortega y Gasset de periodismo, la revista Time la seleccionó en 2008 entre las cien personas más influyentes del mundo; su blog Generación Y fue elegido por Time y la cadena estadounidense CNN entre los veinticinco mejores blogs del mundo; asimismo, ganó el concurso The BOBs de la Deutsche Welle; además, ha sido la primera bloguera en obtener un premio Maria Moors Cabot, en 2009.

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• Durán Barba & Nieto. (2006). “MUJER, SEXUALIDAD, INTERNET Y POLÍTICA. Los nuevos electores latinoamericanos”. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. • Fukuyama, F. (02 de July de 2013). “La revolución de la clase media”. The Wall Street Journal . • Garzón, L. T. (03 de Febrero de 2009). “Generación M: cómo piensan y sienten los “multitaskers””. Perfil . • Lissardy, G. (22 de junio de 2013). “La clase media, el motor de las protestas en Brasil”. BBC MUNDO . • Macpherson, C. B. (1977). “La democracia liberal y su época”. • Mason, P. (20 de junio de 2013). “Brasil y Turquía: diferentes protestas con los mismos símbolos”. BBC MUNDO . • Reinoso, J. (08 de Enero de 2013). “China se enfrenta al ansia de libertad de sus ciudadanos”. El País . • Romero, R. (2005). “Democracia participativa, una utopía en marcha”. Buenos Aires: Ediciones Cooperativas. • Samaniego, F. R. (Revista Nº 20). ¿Por qué los nuevos electores y particularmente los jóvenes odian la política en América latina? Revista de Ciencia Política, de la Ciudad de Buenos Aires a la Aldea Global .

BRICS: ¿El fin de la ilusión del “bloque emergente”?59 Por Mariano Caucino La ola de entusiasmo en torno al surgimiento de un nuevo orden mundial liderado por el bloque de países emergentes y la declinación del llamado primer mundo parece haber llegado a su fin. La anunciada sepultura del orden económico mundial surgido en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial en Bretton Woods deberá esperar un tiempo más. Hace poco más de seis meses, la cumbre de los BRICS en Fortaleza mostró hasta qué punto una ola de entusiasmo exagerado imaginó que el mundo emergente reemplazaría en el liderazgo global a los países avanzados (G-7). Esa ilusión se apoyaba, básicamente, en una realidad: después de la crisis global originada en los EE.UU. en 2008 el lustro siguiente mostró que el grueso del crecimiento del PBI mundial se explicó por la expansión de las economías emergentes en un contexto de declinación de las economías centrales. En ese marco, el superboom de los commodities llevó al petróleo a cotizar a 115 dólares por barril en junio de 2014. Pero las reglas de la geopolítica, una vez más, no tardaron en llegar. Al igual que hace treinta años, cuando la baja del precio del petróleo destruyó los ingresos de la Unión Soviética acelerando el proceso de reformas internas que terminaría desembocando en la caída del comunismo y la disolución del imperio soviético, el precio del petróleo comenzó a caer dramáticamente en los últimos seis meses. Ganadores y perdedores volvieron a cambiar de bando.

59  Publicado en Clarín, 26 de marzo, 2015.

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Mientras tanto, la economía norteamericana volvió a crecer. A fines del año pasado, se anunció un aumento en la tasa de creación de empleo no vista desde los años 90. A pesar de que dentro y fuera del país se cuestiona seriamente la capacidad de liderazgo internacional del presidente Obama los EE.UU. parecen haber recobrado su rol de primera potencia económica mundial. En 2009, tras la crisis global, solamente tres de las primeras diez compañías del mundo eran norteamericanas. En el podio de las megaempresas globales dominaban gigantes del capitalismo-de-estado como Petrochina, China Mobile o el ICBC. Cinco años más tarde, nueve de las primeras empresas más grandes del mundo volvieron a ser norteamericanas. El tiempo que nos toca vivir muestra un orden global dominado por una fuerte tendencia al multilateralismo en el que conviven nuevos actores, con los tradicionales actores centrales del llamado primer mundo. La bipolaridad de la Guerra Fría (194589) y la unipolaridad americana (1989-1991 a 2008) son etapas superadas pero un mundo dominado por los BRICS aparece como una ilusión aún remota. Nuestro país se beneficiará a través de una política que combine convicciones, principios y una observación desapasionada del mundo.

Que la muerte de Nisman no sea en vano60 Por María Zaldívar Es muy difícil retomar la rutina después de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Los análisis y las especulaciones electorales suenan inoportunas o intrascendentes. O quizá ambas. En lo personal, se sienten casi como una falta de respeto para quien perdió la vida buscando la verdad. Pero hay que seguir, hasta por él mismo. Esta columna rinde un sentido homenaje a su coraje y compromiso, y hace votos para que la justicia divina compense el bache que está dejando la de los hombres. Primero que nada, sugiero no dar crédito a ningún trascendido respecto de su muerte porque el aparato de propaganda oficial está trabajando sin descanso para instalar decenas de versiones y trascendidos con el objetivo central, histórico y genético del kirchnerismo: confundir para ocultar. Con el dolor por la desaparición de un hombre valiente y la desazón de sentir que lo que hacemos a diario en defensa de la república no sirve o no alcanza, tratemos de darle sentido a esta muerte injusta. Que Nisman nos arranque del sopor que nos tuvo inmóviles o indiferentes. Hagamos algo útil: decidamos en este instante poner fin al kirchnerismo. Decidámoslo en nuestro corazón primero para que, una vez conscientes de la idea, la llevemos al plano de la acción. Y la acción puede ir desde elegir ya el candidato que apoyaremos en las próximas elecciones hasta participar en política de manera activa. Entre ambos extremos, todas las opciones intermedias de colaboración valen. Pero es preciso hacer foco en el objetivo y el objetivo es lograr que el Frente para la Victoria abandone el poder en diciembre próximo, si es que aún estamos a tiempo. 60  Publicado en Infobae, 9 de febrero, 2015.

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La decadencia a la que hemos llegado debiera alarmarnos: en el Poder Ejecutivo, una mujer acusada de usurpar títulos, acumular una fortuna mal habida y encubrir un atentado terrorista mayúsculo; una persona que nos avergüenza por sus desplantes y sus modales, incapaz de conmoverse con el dolor ajeno. El legislativo, dividido en dos grupos: una tropa de levanta manos sin dignidad, vergüenza ni límite versus un lote de mediocres que, sin querer o queriendo, les hace “seguidismo”. Y un Poder Judicial infectado de discípulos de Eugenio Zaffaroni dedicados a defender a los delincuentes y, consecuentemente, abandonar a las víctimas, celebrando la erosión del principio de justicia. En esencia, esa es la foto del día. El público adhirió masivamente a la marcha del silencio convocada por los fiscales de todo el país para el18 de febrero porque era en homenaje al Doctor Nisman y es de buena gente estar en las malas. Hay que recordar al hombre probo que murió buscando la verdad y hay que acompañar a sus pares. No es tiempo de preguntarle a los hombres de la Justicia qué hicieron antes de la muerte del fiscal, con cuánta decisión resistieron los atropellos de la política o si alguna vez pudieron defender con más firmeza la independencia judicial y no lo hicieron. Hoy hay que estar. La causa de los fiscales es la causa de cualquier argentino y frente al reclamo de que alguien haga algo, parece que uno de los poderes del estado intenta ponerse de pie. Así lo entendió el foro Usina de Justicia que, a través de un comunicado, adhirió a la movilización del 18. “No podríamos estar en ningún otro lugar mientras se honra la memoria de “Alberto Nisman” dijeron sus integrantes y, además, sugieren la instancia internacional como garantía de imparcialidad. Tras el fracaso rotundo del Poder Legislativo que a lo largo de treinta años no ha representado a nadie más que a sus propios intereses de cuerpo, las circunstancias hacen que la representación provenga de quienes no son elegidos por la gente, y cuya función tampoco es la de representarnos. Pero

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lo están haciendo en estos días trágicos de la Argentina y bienvenidos ellos. Sin embargo, es importante señalar la diferencia entre las marchas y esta marcha. Si la resistencia general a tanto desmadre se percibiera contundente, no habría que descartar que el Gobierno apelara a la “conmoción interna” como excusa constitucional para pegar un tirón a la cuerda. Próximo a las elecciones, el desorden urbano sería un escenario casi deseable para el kirchnerismo. Si la gente todavía no ha entendido que salir a la calle no le sirve políticamente más que al poder instalado, tiene el espejo de Venezuela donde mirarse. Hace años que sus habitantes salen por millares y, aún más bravíos que los argentinos pues se enfrentan al chavismo con un coraje que los lleva presos, no consiguieron limar a la dictadura. Entonces, es imprescindible no darle motivos al kirchnerismo para ninguna reacción represiva teñida de falsa legalidad porque son realmente hábiles levantando la apuesta. Que no tengan de qué quejarse; que deban inventarlo pero no le hagamos el juego porque, a pesar de los optimistas que los ven de salida, siguen teniendo la sartén por el mango. Si el desorden ganara la calle estarían encantados de declarar el estado de sitio y entonces peligraría el llamado a elecciones. Hay que acompañarlos a la puerta pero, ahora sí, con la inmerecida paciencia que supimos tenerles todos estos años. Lamentablemente hay quienes aún no reconocen los peligros que encierra este momento crítico del país. Necesitamos con desesperación estrechar filas y curar las heridas que nos hemos hecho unos a otros; sin embargo, una fuerza emerge tras la consigna de representar el anti peronismo aunque la emergencia reclama la unidad de la oposición. Ese planteo ¿Hacia dónde está empujando al voto peronista? ¿Quién necesita otra expresión sectaria en la sociedad? ¿Qué suma de novedoso al sectarismo K? La Argentina no necesita un sectarismo de distinto signo al presente sino una convocatoria amplia, con grandeza para aceptar a todos los

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que estén dispuestos a volver al estricto cumplimiento de la ley. El restablecimiento de la república tendría que ser la única condición. Que la perplejidad, por completo razonable frente a la atrocidad de la muerte, se transforme en convicción profunda y nos despierte. Precisamos argentinos avergonzados por lo que nos pasa, lúcidos para ver las trampas del kirchnerismo y sus aliados, maduros para elegir lo que nos conviene a todos más que lo que preferimos en casa y decididos a abandonar el pozo.

Si nos vinieran a analizar… Por Silvia Mercado Alemán Hablando sobre la posibilidad de vida en otros planetas y suponiendo que seres extraterrestres pudieran haber desarrollado sistemas evolutivos superiores al nuestro, estos seres ¿Vendrían a visitarnos a la tierra en son de paz? Llegarían en unas naves espaciales que todavía la ficción no puede recrear; harían giras de país a país, de continente a continente, saltarían de una década a otra, quizás de siglo en siglo… entiempo y velocidad que probablemente los físicos aún están descifrando. Da para echar la imaginación a volar. La cuestión es que estarían entre nosotros. Aún no sabríamos sus intenciones; sin embargo, figurémonos: ¿Qué llamaría más la atención a estos foráneos intergalácticos? Seguramente nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras limitaciones, nuestros prejuicios, nuestros tabúes…. pero sobre todo nuestras filas, formularios, pasaportes, cédulas, certificados, timbres, licencias, permisos… absortos por todo lo que hace a nuestra burocracia, decidirían averiguar qué tenemos en la cabeza, qué dirige nuestro accionar. Cortos de tiempo, darían rápida lectura a la historia de nuestra filosofía: Sócrates, Platón, Aristóteles, Heráclito, Pitágoras…todos en un dos por tres para comprender cómo es que los terrícolas formamos conocimiento, moral, religión, política, economía, sociedad. Quedarían asombrados con nuestra diversidad. Rasgos, colores, estaturas, texturas… nuestras diferencias, a primera vista, los enamorarían, aún más nuestros disímiles 83

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comportamientos y personalidades. Con una suerte de rayos x súper avanzados examinarían el interior de nuestras historias, emociones, pensamientos, experiencias, aptitudes, destrezas, inquietudes… y tras el escaneo de los siete mil millones de habitantes de este planeta... “¡qué fenómeno superior esto de la singularidad de cada individuo!”, yo creo que exclamarían. Maravillados con el descubrimiento de la individualidad que – a sus ojos- harían del planeta un fenómeno único y exquisito… les preocuparía mucho nuestro primitivo afán por la “igualdad”. Esta inquietud les llevaría a introducirse en el desafiante reto del estudio de la sociología de la humanidad; buscarían leer nuestras complejas estructuras, redes y relaciones a modo de analizar nuestra evolución social. Les daría mucha curiosidad descifrar qué motiva la sed por el igualitarismo y la pasión extrema con la que luchamos por la “justicia social” entre otras invenciones conceptuales; entretenidos con esa meta se toparían con una de las construcciones más elaboradas de la humanidad: el Estado, “la ficción mediante la cual todos tratamos de vivir a expensas de los demás”, como diría Fréderic Bastiat. Siguiendo el análisis de estas visitas extraterrestres, nuestra evolución tecnológica versus nuestra organización social les parecería, cuando menos, contradictoria. Señalarían: “Si bien como raza humana los terrícolas desarrollaron un sinnúmero de capacidades, perfeccionaron habilidades, inventaron tecnologías y, ciertamente, mejoraron su calidad de vida… ¿Por qué disminuyen, encogen y menosprecian su espíritu individual?, ¿Qué determina que se contraigan y se reduzcan frente a la espesa sombra de la colectividad?, ¿Cómo permiten que su ingenio se vea aplacado por maquinarias burocráticas que –con el falaz propósito de hacerlos parte de una organización social justa- los hacen parte de un volumen acrítico y homogéneo?”. Esta serie de incógnitas solo permitirían especular que lo alcanzado por la humanidad, sin duda, haya sido inspirado por las necesidades del hombre en beneficio de la sociedad, lo que derivaría en

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cuestionar el poco valor que la sociedad le atribuye a sus individuos en particular. Otra paradoja que hallarían interesante, es la noción que en el tiempo hemos asumido como “bien común”, una generalidad que nos condiciona a resignar, a sacrificar, a inmolar lo propio por lo público. Como si ser mejor para nosotros mismos fuera ruin en tanto no beneficiemos a otros. Encontrarían irracional la necesidad que tenemos de depender de ingenieros sociales que diseñen los límites de nuestro desarrollo, de distribuidores que definan qué es y cómo debe ser nuestro bienestar; de patriarcas y caudillos que restrinjan nuestras libertades. Con precisa razón abrirían interrogantes en torno nuestra capacidad de autonomía y responsabilidad. Observándonos cuales sujetos racionales: ¿Qué acaso la búsqueda de su propia felicidad a través de su propio interés no es su mayor propósito moral?, se preguntarían casi parafraseando a Ayn Rand. Ciertamente críticos con nuestra “evolución”, los viajeros siderales le buscarían el lado positivo al progreso de la humanidad. Admirarían nuestra predisposición al intercambio, a la cooperación y a nuestro natural impulso a la creatividad. Sin lugar a dudas, resaltarían el comercio como el mejor lenguaje mediante el cual nos hemos sabido comunicar y, así, perdurar. Que en la surtida diversidad de culturas, idiomas, nacionalidades, hayamos logrado comulgar a través del mercado, nos haría merecedores de su admiración. Finalmente, el intercambio voluntario de bienes en beneficio de las dos partes es lo que nos permite llamarnos civilizados. Pero pareciera que hay que ser alienígena para lograr ver la eficiencia de la metáfora de Adam Smith, aquella “mano invisible” que armoniza las necesidades y los intereses de la sociedad beneficiado a todos y a su vez a cada uno. Por tanto, se hace evidente que para hablar de “evolución” en este planeta nos hace falta otorgar valor a la libertad; mientras tanto, aquellos seres que ya la poseen… de pronto un día vengan a visitarnos, por supuesto, en son de paz.

Propuesta para un Tratado de Paz, Desarrollo y Seguridad en el Atlántico Sur Por Ernesto Poblet El objetivo fundamental de esta Propuesta tiende a la solución del Conflicto del Archipiélago Malvinas y al mismo tiempo suscitando el Desarrollo del Atlántico Sur transformando el litigio con el Reino Unido de Gran Bretaña en un contexto de “Cooperación entre las Partes”. Posibles Altas Partes Contratantes: Se intentará proyectar un Tratado de Paz, Desarrollo y Seguridad entre la R. Argentina – Reino Unido de Gran Bretaña – R. F. de Brasil y R. O. de Uruguay. A esos efectos se invitará a los tres Estados mencionados a celebrar conversaciones diplomáticas previas.

Bases de la propuesta sobre el conflicto Malvinas Posibilidad de superar el actual “Escenario de Conflicto” entre el Reino Unido y la República Argentina en el Atlántico Sur para reemplazarlo por un “Contexto de Cooperación” entre los cuatro Estados Participantes mediante una Tratado de Paz Seguridad y Desarrollo, mediante: • La Elaboración de un sistema de normas jurídicas que constituyan una orientación virtuosa en favor de la conveniencia de ambas naciones en litigio y beneficie la expansión de Exploraciones y Tecnología en el Mar de la nación brasileña en las profundidades marítimas de sus costas y la vocación por el desarrollo industrial manifestado por las inversiones atraídas en los últimos años por la República Oriental del Uruguay. • Evaluación de la escalada de perjuicios y daños sufridos –más lucro cesante- por la Argentina y el Reino Unido 87

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con motivo del estado reinante de conflicto incluso con incómodas incidencias en las costas ribereñas de Brasil y Uruguay. • Acordar una ordenación normativa entre las partes litigiosas con la colaboración amistosa de los otros dos países vecinos teniendo en cuenta los antecedentes experimentados en los casos del Tratado del Río de la Plata, Hong Kong y otros casos afines. • Sin que suponga merma alguna en el reclamo de la soberanía, procurar el reconocimiento por parte del Reino Unido a la República Argentina de una “Soberanía Jurídica Pragmática” consistente en el respeto de sus habitantes conforme a los principios del derecho internacional y la Constitución de la Nación Argentina. • Sin que suponga merma alguna en el reclamo de la soberanía, procurar el reconocimiento de una “Posesión Jurídica Pragmática” por parte de la República Argentina hacia el Reino Unido, del Archipiélago Malvinas con plazos convenidos al efecto, teniéndose en cuenta determinadas cláusulas de la Constitución Nacional de la Argentina, el papel de las costumbres por el tiempo transcurrido y otras experiencias históricas. • Posibilidades del consenso de la cooperación a practicarse entre los cuatro países como instrumento de paz y seguridad sumado al desarrollo económico de las Altas Partes Protagonistas según el marco del eventual Tratado Internacional a suscribirse.

Previas situaciones a reflexionar sobre el derecho interno argentino • Necesidad de considerar una categoría institucional distinta y novedosa del Archipiélago Malvinas dentro de las leyes argentinas. • Para ello se analizará la idea elaborada por el jurista argentino Dr. Néstor Sagüés, publicada en el Diario La Nación, constituyendo a las Islas Malvinas en una “Provincia Federal Argentina” en juego armónico entre el

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art. 121 in fine (C.N.) y el Pacto de San José de Flores a efectos de no comprometer a la Provincia de Tierra del Fuego, en virtud de constituir el caso del Archipiélago Malvinas una política internacional incumbente al Estado Federal de la Nación Argentina. • Elaborar una política de concesiones administrativas que posibilite el desarrollo de la moderna tecnología de las Granjas Ictícolas, lo cual puede llevar a la Argentina en su respectivo Litoral Atlántico a convertirse en una “Rotisería Marítima del Mundo” como fuente alternativa en el suministro de alimentos. Esta opción quedaría librada al albedrío de los tres restantes integrantes del Tratado. • Considerar la necesidad y conveniencia de resolver los problemas y el desarrollo de las siguientes contingencias vitales para la Argentina y su interactividad con los restantes Estados copartícipes y en consideración a su actual asfixiante aislamiento internacional: 1. La alarmante depredación de la fauna ictícola. 2. Lograr una organización consensuada de la prospección de hidrocarburos en los Mares Territoriales y Zona Económica y por recíproca conveniencia entre los demás Estados en las profundidades de la Alta Mar. 3. Reactivación y desarrollo de los puertos en el respectivo Litoral Atlántico cada país partícipe del Tratado. 4. Resolver el problema de la “falencia” de Flotas de Mar y Patrullaje en nuestro Litoral. 5. Previsiones frente a una eventual caducidad del Tratado Antártico con consecuencias perjudiciales para la Argentina. 6. Considerar los fracasos y colapsos de la política del “todo o nada” al mantener a la nación argentina dentro de un litigio siempre perjudicial para el país más débil.

Efecto preventivo para la soberanía argentina Con este Proyecto de Tratado se lograría interrumpir el avance continuo ejercido desde fines de 1982 por el Reino Unido sobre determinadas zonas del Atlántico Sur y los conjuntos insulares de las Islas Sandwich y Georgias del Sur

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al establecer “previsiones ecológicas”, las cuales aunque bien intencionadas, no dejarían de constituir “actos posesorios” que podrían resultar útiles para futuros litigios por la soberanía de estos espacios marítimos. Noticias periodísticas procedentes de Londres han otorgado informaciones sobre estas posibilidades, las nuevas normas del Tratado a proyectarse pueden cubrir a la Argentina de ese riesgo hasta ahora imperceptible.

Apuntes para una reforma política Por Gabriel Boragina  

Los magros resultados obtenidos por la democracia en casi todos los campos, obligan, a esta altura de la circunstancias, a delinear e insistir en la necesidad de revisar el sistema para que se acerque a su ideal, ya sea que se entienda este como mecanismo de elección de gobiernos o sistema de gobierno en sí mismo. Las experiencias democráticas en distintas partes del mundo y en diferentes épocas pero, con especial relieve en Latinoamérica, y más específicamente en Argentina, han demostrado con poquísimas excepciones y más allá de las etiquetas, que la “democracia” ni ha ni limitado ni dispersado el poder, sino que lo ha expandido temporal y espacialmente, y – al mismo tiempo- concentrado en poquísimas manos, aúnmás que muchas denominadas “dictaduras”. Muy sintéticamente vamos a proponer algunas medidas de fondo que creemos pueden contribuir si no a fortalecer el sistema, si -al menos- a no desvirtuarlo tanto como lo ha sido hoy en día. La idea que sigue apunta muy especialmente al caso argentino, que es donde estimamos más necesaria la innovación que en ninguno otro. La propuesta que haremos tiene algún parecido con otra similar esbozada muy esquemáticamente por Alberto Benegas Lynch (h) aunque no seguimos con total exactitud la misma. En primer lugar, y considerando la concentración de poder que el sistema presidencial unipersonal conlleva en sí mismo, pensamos plausible una reforma constitucional que 91

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incorpore la figura de un Triunvirato como expresa Alberto Benegas Lynch (h) “al efecto de evitar los caudillos o `líderes iluminados´ y tamizar las decisiones”. En dicho sentido, es interesante recordar que esta institución no es novedosa en la Argentina, ya que fue el sistema de gobierno que sucedió al de la Junta Grande tras la Revolución de Mayo de 1810. Este fue abandonado, no porque fuera malo en sí mismo, sino por las particulares condiciones históricas e intereses de la época (fundamentalmente las vacilaciones de los primeros patriotas en torno al destino todavía incierto del movimiento emancipador, lo que a su vez impedía avanzar sobre otras materias vitales cívicamente, tales como la necesidad de una constitución política (entonces y hasta mucho después inexistente) y las tendencias indefinidas, y tensiones internas entre unitarios y federales y algunas otras, que determinaron la brevedad de aquella experiencia. Pero hoy en día, las cosas son diferentes a dicho tiempo, y superadas tales dificultades, tenemos ahora al menos, independencia política, una constitución y partidos políticos, pese a que no tengamos resuelta del todo la controversia del unitarismo-federalismo, que -en términos más modernos- podríamos re-denominar como de centralismodescentralismo, habida cuenta que, si bien nuestra constitución política proclama en su articulado un federalismo formal, en los hechos y desde aquellos lejanos tiempos y con pocos intervalos, rige entre nosotros un centralismo (unitarismo, al fin de cuentas) real. En este contexto actual, dividir el órgano ejecutivo en un Triunvirato contribuiría en mucho a descentralizar el poder, ya que en naciones como la nuestra, ya es práctica recurrente que el poder político total tiende a concentrarse en “el ejecutivo”, que al ser ejercido por una sola persona genera excelentes oportunidades de abuso las que, a juzgar retrospectivamente por la experiencia, siempre se han aprovechado en la mayor extensión y medida posible. La elección de los triunviros podría hacerse por elección directa del pueblo, y los tres más votados -siempre y cuando pertenezcan a diferentes partidos o alianzas políticas- serían

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los “presidentes” electos. En otros términos, ya no habría “un” presidente, sino tres con idénticas facultades y potestades, en un pie de igualdad el uno con los dos restantes, provenientes de diferentes partidos políticos, lo que haría el sistema mucho más representativo y más democrático, y permitiría un mayor y mejor control de uno respecto del otro. Las decisiones de los triunviros se adoptarían por mayoría de votos, y al ser un número impar impediría cualquier clase de empate. Nada que decidiera unilateralmente uno de ellos podría ejecutarse sin la conformidad y firma de los restantes o, al menos, de uno de los dos restantes. Durarían en sus cargos cuatro años y podrían ser reelectos, siempre y cuando mediara un periodo intermedio entre uno y otro mandato. Ante la renuncia o impedimento -por cualquier motivo- de alguno de ellos para ejercer el cargo, su reemplazante sería designado análogamente: es decir por el voto de la ciudadanía, convocándose a elecciones para tal reemplazo. Si se prefiriese mantener el actual mecanismo de una presidencia unipersonal con derecho de veto de este a las leyes sancionadas por el legislativo, debería impedirse, entonces, que en este último poder existiera ningún tipo de representación mayoritaria por parte del partido oficialista, lo que -nuevamente- permitiría un mayor control y equilibro que el vigente hoy, donde al existir la posibilidad de que el legislativo tenga mayoría oficialista implica -en los hechosque el presidente asume la suma del poder público, tornando a la oposición en meramente figurativa e inoperante. Tal es el caso recurrente en la Argentina, por ejemplo. Sugerimos pues mantener el sistema bicameral actual, pero estableciendo un cupo a la representación del partido oficialista en ambas cámaras, de manera tal de aproximarnos lo máximo posible a aquel sistema de frenos y de contrapesos soñado por Montesquieu. Otra alternativa es permitir una representación oficialista mayoritaria en una de las cámaras, pero limitarla o directamente impedirla en la restante. Que el poder legislativo sea dominado por el partido oficialista es lo más contrario –a nuestro juicio- a un sistema democrático y -a la vez- la antítesis del republicanismo.

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Es clave en esta modalidad, que la misma persona que ejerce la presidencia no pueda ser reelecta, sino con el intervalo de un periodo, por las razones que ya hemos dado antes. En cuanto al poder judicial, suscribimos la propuesta de Alberto Benegas Lynch (h) que mencionamos al comienzo pero, alternativamente, sugerimos que los miembros de la corte suprema de justicia deberían ser electos por el cuerpo de abogados de la nación (comprendiendo por ellos a los jueces inferiores y abogados que actúan particularmente fuera de la estructura del poder judicial, como ser profesores universitarios, docentes y profesionales liberales) y no como ahora, en que los jueces de la corte son elegidos por el presidente de la nación con acuerdo del senado, lo que politiza enormemente la función jurisdiccional, a la par que compromete la independencia del supremo tribunal, como tantas veces se ha visto en Argentina. Circunscribimos, en este caso, el voto a los abogados, dado que aquel es el único poder del estado en que para ser miembro del mismo se requiere una formación y una graduación especifica en una disciplina técnica-legal como es la abogacía. De esta suerte, por ejemplo, un profesor emérito de una prestigiosa universidad -aunque desconocido para el resto de la población lega- podría ser electo por sus colegas, pares, alumnos y ex alumnos para ocupar un cargo en la corte, teniendo en cuenta sus antecedentes académicos e intelectuales, aun cuando no perteneciera anteriormente a la estructura de carrera del poder judicial, y no como hoy, donde al nombrarlo, lo que el presidente nacional evalúa, no son los méritos académicos ni docentes del candidato (y ni siquiera su carrera judicial) sino la afinidad ideológica o futura lealtad del candidato respecto del poder ejecutivo que lo elige, lo que definirá decisivamente su elección al cargo o no. Por supuesto, es fundamental que los candidatos a ocupar los puestos de jueces en la corte suprema, carezcan de afiliación partidaria, lo que -en caso contrario- desnaturalizaría por completo el sistema al que se apunta reformar.

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Respecto de la duración en sus cargos, se mantendrían en ellos hasta su renuncia o remoción, y sus reemplazantes serían elegidos a través del mismo método referido en el párrafo precedente, con lo que se garantizaría la estabilidad en su empleo público como soporte de la independencia judicial, reforzando una mayor división de poderes. Podrá objetarse que, aun adoptadas estas reformas, todavía será posible que los finalmente electos realicen acuerdos espurios entre sí para concentrar el poder en sus manos y continuar acumulándolo como sucede con el sistema actual. Y no vamos a negarlo: es factible. Pero con todo, seguimos creyendo que, en el camino a la beneficiosa y deseable descentralización total del poder, la anterior propuesta constituye una mejora importante que, de acumularse en pocas manos (como actualmente) pase a “acumularse” en muchas o -como mínimo- en algunas más que en el sistema actual. En cierto sentido, será un paso más a la dispersión del poder al que apunta una genuina sociedad liberal, de la que hoy estamos lejos. Podrá parecer un paso pequeño, pero continuamos considerando una mejora el intentar -al menos- ir en la dirección opuesta a la de la concentración unipersonal, que es la tendencia presente. Creemos que estas ideas expuestas, muy someramente por cierto, si bien no fortalecerán la democracia, si la mejorarían bastante, a la luz de los desafortunados resultados que ha venido dando la democracia en la mayor parte de los países del mundo, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX a esta parte, pero con especial énfasis en América latina y, muy particularmente, en el caso de Argentina.

Origen de los derechos inalienables Por Eloy Soneyra Es necesario que conozcamos que los derechos inalienables no son producto del otorgamiento de ninguna constitución, ni de ningún contrasto social, sino un don de la naturaleza o un bien recibido de Dios para los creyentes, como es nuestra capacidad de oír, ver, olfatear, pensar. Derechos que conocemos por la experiencia propia o ajena. Derechos que debemos por un lado defender para nosotros como también para los otros sean o no prójimos (los próximos) y por el otro difundir. Los derechos inalienables son entes de existencia la necesidad a vivir, a la libertad, a la propiedad y a la búsqueda de la felicidad. Impulsos que en las etapas iniciales de la vida son satisfechos al neonato, bebé, niño y adolescente, por los progenitores de hecho o derecho, que van generando desde esas tempranas edades, actitudes intelectuales, afectivas y volitivas de plena conciencia de esas cuatro necesidades, llamadas “derechos naturales” especialmente desde la época de Locke. Un detenido análisis de esos cuatro “derechos inalienables” nos mostrará que ellos son el núcleo básico que integra toda la materia social de los “derechos humanos” de las personas, que por otra parte se dicen “universales” pero requirieron después de 1948, una declaración de los derechos de la mujer (18-12-1979), del niño (20-11-89), como si la mujer y el niño no fueran personas en la declaración de 1948, ampliaciones que no cierran la posibilidad que más tarde aparezcan los derechos a la vejez, a la adolescencia, y otras etapas de la vida. Los Derechos Inalienables de las personas fueron señalados por John Locke (1632–1704) en su Segundo Tratado de Derecho 97

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Civil, basado en su suprema regla: no hay nada en el intelecto que antes no haya sido una sensación. Es de destacar que estos cuatro derechos emergieron ya en la prehistoria donde las personas se agrupaban bajo el impulso a la asociación sintiendo que así aseguraban su existencia, su posibilidad de optar, sus pertenencias y su forma de vivir placenteramente, comprometiéndose desde si, a respetar esos principios para los demás. Hecho observado en distintos trabajos de antropología cultural que más adelante desarrollaremos. El respeto a estos derechos están además establecidos por lo menos en las siete religiones fundamentales por la siguiente ley de oro; “No hagas a los demás lo que no deseas que los demás te hagan a ti”61. Locke los describió como derechos a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la búsqueda de la felicidad. Derecho a la vida garantiza la innata necesidad personal de vivir, posponiendo la muerte al momento que las fuerzas vitales se agotan. Entre la vida y la muerte siempre hay un espacio temporal. Por otra implica derecho de crecer, de autodefensa y de perpetuarse. Cualquiera que siente que su vida corre peligro lucha con todas sus fuerzas para defenderla, como lo muestra la víctima que sacando fuerzas de su desconocido interior, repele al agresor. Este derecho estaba ya afirmado por los mandamientos del Decálogo no matar y no mentir (mentir implica mostrar una realidad falsa, por ende no conveniente para el mantenimiento de la vida del otro, donde la palabra de una persona involucra falsamente un señalamiento o descripción de una realidad; así la propaganda de los cigarrillos siempre señalaba “las ventajas que traía el fumar”, beneficio que solo era para el vendedor y el estado que cobraba y sigue cobrando impuestos sobre esos productos, pero ocultando 61  “Hagamos por los demás lo que queremos que los hombres hagan por nosotros” (Cristianismo Mateo 7.12). No ofendas a los demás como no quisieras verte ofendido (Budismo). No hagas a otros lo que te dolería si te lo hiciesen a ti. (Brahmanismo). No debemos hacer a los demás lo que no deseamos que nos hagan a nosotros (Confucianismo). Ninguno será verdadero creyente a menos que desee para su hermano lo mismo que desea para sí mismo. (Islamismo). Lo que no quieres para ti, no lo quieras para tu prójimo. (Judaísmo). Sean para ti como tuyas las ganancias de tu prójimo y como tuyas todas las pérdidas. (Taoísmo).

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que la adicción al humo, traía enfermedades y deterioro de la capacidad vital de la persona; por ende implicaba una anticipación de una muerte lenta). Otro ejemplo de atentar el estado contra la vida, es cobrar el impuesto llamado IVA a alimentos imprescindibles para la vida del ciudadano, así si el trabajador recibe de su empleador el valor mínimo para no ser pobre, la quita oficial de un 21% de ese valor, convierte en pobre a esa persona. Pobre para alimentarse, educarse, vestirse, entretenerse, atender a su familia, pobre en su expectativa de vida. Ese mismo estado muchas veces no vela por el derecho a la vida, al desatender la seguridad de los habitantes de la Nación ante la delincuencia o ante las emisiones de gases tóxicos, ni ante el comercio de las drogas y la prostitución adulta o infantil. Este olvido llega al caso de llamar matrimonio a uniones que no son de un hombre y una mujer, como establece el artículo 16 de la Declaración Universal de los DDHH. Derecho a la libertad es la expresión de la necesidad a optar por sí, para vivir como se desea. De este simple enunciado emerge el derecho a hacer lo que se desea,- trabajar o no hacerlo; a la propia defensa; a ejercer industria lícita; a enseñar y aprender; de entrar, transitar, permanecer o salir del territorio; a la libre expresión del pensamiento, como a publicar las ideas por la prensa sin censura previa; de navegar, de comerciar; de peticionar a las autoridades; a la propiedad, de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto. Su incumplimiento por parte del estado implica censurar las opiniones ajenas, las creencias de todo tipo, trabarle la posibilidad de desplazarse de un país a otro, (el pasaporte hasta la primera guerra mundial, era un documento inexistente), obligación de pedir permiso para ejercer el comercio, como en la época colonial donde existía la prohibición de realizar actividades comerciarles con sal, mercurio, pimienta, tabaco, pólvora, lana de vicuña, olivares, sin pagar un derecho por ese “estanco”. Por qué el carnicero, el remisero, el taxista

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deben pagar para comerciar, si muchos como la estrella del espectáculo, el artista o deportista no está obligada a oblar impuesto alguno por ejercer su trabajo. Derecho a la propiedad expresa la necesidad de poseer lo que se siente como adquirido por sí. El caracol que Pedro encontró, es de Pedro y los denarios que una cortesana logró por sus favores, son de ella, como es de ella el bien que adquiera con aquellos metálicos; esas propiedades no son ningún robo como escribió Proudhon62 (1809 – 1865), ni fruto de ningún despojo, ni el tener de uno es producto de que alguien no tiene (El deportista, el inventor o el artista estrella no son ricos por haber hecho pobres a otros), como tampoco que las ganancias de uno implican las pérdidas de otro, hoy por hoy el intercambio de bienes y servicios obedece a la cláusula “gana - gana”. Su incumplimiento por parte del estado implica intervenir en los contratos entre los particulares, en pretender regular los precios de bienes y servicios; no teniendo capital, pretender administrar empresas estatales, en concretar nacionalizaciones de empresas generalmente deficitarias, en crear reglamentaciones no atinentes a su real función de unión y orden de la sociedad de la que es mandatario, establecer subvenciones de organizaciones generalmente no competitivas y muchas veces deficitarias. Cumplir acciones políticas que concreta por no tener monetario propio con impuestos recesivos como el IVA, anticompetitivos como el del cheque, inconstitucionales como las retenciones; impuestos que son aplicados en muchos casos aún a los pobres e indigentes sobre los alimentos de la canasta familiar. También las pintadas, la pegatina de afiches en paredes de los particulares es un desconocimiento del derecho de propiedad; o la ocupación de espacios que no son propios.

62  Pedro José Proudhon, ¿Qué es la propiedad?, ediciones Orbis S.A. Buenos Aires 1983.

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Derecho a la búsqueda de la felicidad emerge del casi imperativo de pasar de la necesidad, al deseo, y del deseo a su satisfacción, en términos psicológicos pasar del displacer al placer, situación bien descripta por Sigmund Freud. Por eso los auténticos liberales, pueden no estar de acuerdo con las desviaciones sexuales o las adicciones a las drogas, al juego, a la bebida, a la televisión basura o a la Internet, sin embargo no les mueven la discriminación o el prejuicio, hacia aquellos que buscan la felicidad por esos caminos. Su incumplimiento por parte del estado implicó en su momento crear por ejemplo el Ministerio de Bienestar.

Los “poderes concentrados” Por Eduardo Filgueira Lima La reforma constitucional de 1994 fue llevada adelante luego de arduas negociaciones que se concretan en el denominado “pacto de Olivos”, con el objetivo declamado de limitar el poder presidencial y generar diversos órganos e instituciones de control, expresados en un “núcleo de coincidencias básicas”. Sin embargo la intención también explícita, fue la de obtener la reelección presidencial del Dr. Carlos Menem, con argumentos que aún se esgrimen como válidos. Ello es una muestra de cuantas acciones políticas justifican con un discurso –en este caso la intención garantizar la expresión de la “voluntad general”– cuando verdad responden a satisfacer las apetencias personales los gobernantes.

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Por otra parte la inclusión de muchos de sus artículos, por defecto, omisión o antojadizas interpretaciones convalidaron acciones que ponen en riesgo la ausencia en la independencia de poderes del Estado –en particular una clara asociación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, expresado en la grave sumisión del primero al Ejecutivo– y por lo mismo se configura un insuficiente sistema de ´check & balances´ (una de las funciones más importantes del Poder Legislativo es el control del Poder Ejecutivo) que requiere la democracia republicana, acentuándose de esta forma lo que se pretendía eliminar: el enorme peso del poder presidencial o hiperpresidencialismo. “..Nuestra constitución formal ha acogido el sistema clásico de la llamada división de poderes, consistente en el reparto 103

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de órganos y funciones dentro de la triada que la constitución formal compone con las denominaciones de “poder legislativo” - “poder ejecutivo” - “poder judicial”, …(…)…La división de poderes en nuestro derecho constitucional responde a la ideología de seguridad y control que organiza toda la estructura de contención del poder para proteger a los hombres en su libertad y sus derechos. Es importante reconocer que la estructura divisoria debe interpretarse en torno de la finalidad básica que persigue: evitar la concentración que degenera en tiranía (o totalitarismo), y resguardar la libertad de los individuos.” (Bidart Campos, 1995:TII, 17) Esta misma asociación y dependencia del Poder Legislativo del Poder Ejecutivo posibilita –a través de nuevas normas y del Consejo de la Magistratura (Leyes 24.937 y 26.080), como de otras instituciones (Ley 27.145) , así como de interpretaciones libres del alcance de la representatividad de la “voluntad popular”– acciones concretas que pueden limitar y/o condicionar, también el libre accionar del Poder Judicial. Grave circunstancia que estamos viviendo descarnadamente hoy en día en nuestro país. Ello es posible también –conjuntamente con otras condiciones por las que transcurrió el país y se acrecentaron a lo largo del tiempo (como la intención de partidizar la Justicia en todos sus estamentos)– por la acentuación de la profesionalización de la política (cuestión que no es ni buena ni mala en sí misma, sino cuando los ´individuos´ se ocupan de ella en función satisfacer sus intereses personales más que aquello a lo que dicen responder, lo que adquiere de esta forma mayores probabilidades de ocurrencia) y de un sistema partidocrático que deforma la representatividad ciudadana. La independencia de poderes y un adecuado equilibrio de los mismos mediante controles, contrapesos y rendición de cuentas (accountability) resultan indispensables para el desarrollo de una democracia moderna y republicana. La reelección presidencial adquiere entonces un peso marginal y –aunque la voluntad ciudadana es manipulable y

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existen tantas voluntades como individuos, ya que no todos tenemos las mismas preferencias, ni la misma intensidad para cada una de ellas, ni el mismo ordenamiento prelativo– debemos suponer que la misma representa el ´individuo medio´ de una sociedad (o en todo caso solo a una parte que es ´la mayoría´) y que esto es lo que permite aceptar un accountability electoral que aunque se equivoque en muchos casos siempre es capaz de corregir su rumbo y tarde o temprano lo hace. Digamos que los pueblos a veces ´caminan por la cornisa´,.. Pero no tienen por voluntad suicidarse. Sin embargo desde los más altos estamentos del poder político se nos pretende distraer la mirada y se nos habla que los males del país están maléficamente orquestados por los ´poderes concentrados´,.. Entendiéndose por ellos aunque, sin aclararlo bien, los poderes financieros, los formadores de opinión: la prensa, los formadores de precios, la llamada oligarquía, y me detengo aunque la lista es muy numerosa y son muchos más los enemigos elegidos que funcionan como “ghosts”, desde las sombras y con poderes ilimitados para disponer los acontecimientos de la sociedad en ´su’ supuesto beneficio egoísta y antisocial. Lo que este discurso esconde es que en realidad quien distorsiona la relaciones de buena convivencia y desarrollo de la democracia (que no es sino un permanente aprendizaje para lograr una interacción que nos permita, de la mejor forma posible, a cada uno, lograr nuestro propio objetivo de vida), es el mismo gobierno que utilizando los poderes del estado, concentra cada vez más poder, nos dice que se somete a accountability electoral y que ello es suficiente ya que ello es expresión de la ´voluntad popular´. Mientras, avasalla los otros poderes del estado dispone discrecionalmente de los recursos de todos, para decidir políticas, que adopta en nombre de todos, usufrutuando el beneficio de la intermediación.

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Me pregunto si ´los poderes concentrados´ no se encuentran en las propias entrañas del estado, por aquellos gobiernos que utilizan el monopolio de la fuerza, así como otras antojadizas interpretaciones de la ley (y cuando no las hay las crean) para su ejercicio del poder, poniendo siempre las culpas ´afuera´: en los que operan desde las sombras. Se trata de democracias delegativas –tan comunes en Latinoamérica– en las que delegamos nuestra voluntad ciudadana en líderes a los que otorgamos la facultad de decidir según su voluntad y en defensa de los ´supremos intereses de la Nación´. No se nos debe escapar que en este marco se encuentran en contradicción lo que llamamos soberanía del pueblo expresada por elecciones en la ´voluntad general´ con lo que concebimos como una democracia republicana basada en el respeto a las instituciones. Pero más allá de ello, nos conducen al profundo deterioro social y económico que hoy sufrimos, precisamente por el accionar de los ´poderes concentrados´ en el gobierno. Los comportamientos autoritarios que pasivamente permitimos, (enmarcados en la reforma constitucional de 1994), posibilitan y agravan la persistencia de vicios en la estructura del corpus democrático argentino.

El liberalismo no debe ser visto como una amenaza63 Por Juan Manuel Agüero En muchas oportunidades escuchamos hoy que el liberalismo es una mala palabra y la causa de todos los males de nuestro país, y ciertamente no es la primera vez en nuestra historia política que se le pone la etiqueta de malvado en su frente. Más allá de las legítimas y sanas discusiones que se pueden tener en cualquier democracia en torno a qué principios deben responder las políticas públicas que implementan los gobiernos socialistas, conservadores o liberales, lo más preocupante es cuando empieza a consolidarse en el discurso político, y en la creencia social, la amenaza del liberalismo. Cada vez que el liberalismo comienza a ser percibido como “amenazante” es el prólogo de períodos oscuros y trágicos de nuestra vida política, dando lugar a regímenes antidemocráticos y dictatoriales. Esto lo podemos observar previo al golpe de 1930, el primer quiebre institucional argentino, cuando se responsabilizaba al liberalismo de haber inventado la democracia y sus perjudiciales prácticas políticas que derivaron en la grave crisis económico-social que estallara un año antes con el crack de la bolsa neoyorquina. Luego del autoritarismo del 30, debemos trasladarnos al golpe de 1966 que terminó con el gobierno de Arturo Illia, a 63  Publicado en Clarín, 13 de febrero, 2013.

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través de la llamada Revolución Argentina liderada por el general Juan Carlos Onganía. Si bien participaron varios sectores llamados liberales en el gobierno autoritario de Onganía, fueron muchos los ataques a los valores de esta corriente durante la etapa. El liberalismo como corriente política que persigue los principios de la limitación del poder político, las libertades individuales, la economía de mercado, el secularismo y el imperio de la ley, bases de toda sociedad libre y democrática, no puede ser nunca una “amenaza” para la democracia contemporánea porque es su espíritu. Lógicamente se puede estar a favor o en contra de los valores liberales, pero cuando intencionalmente se los señala como “amenazantes” es algo bien distinto y no esconde otra cosa más que intenciones autoritarias.

El inexorable derrotero del fascismo populista Por Alberto Medina Méndez Hace tiempo que los manipuladores del discurso político se vienen ocupando de tergiversar el significado de las palabras. No es casualidad. Lo hacen con una intencionalidad inocultable. Buena parte de la explicación de sus éxitos electorales tienen que ver con que han conseguido instalar determinadas visiones, apelando a las más elementales enseñanzas de Antonio Gramsci, pero siempre con la necesaria complicidad de la holgazanería ciudadana que opta por aceptar linealmente el adoctrinamiento que propone esa dinámica panfletaria y superficial, que se esfuma ante el primer razonamiento relativamente sensato. Han construido una caricatura de la historia que les resulta inmensamente funcional. Así le dieron nacimiento al perverso “Socialismo del Siglo XXI” que es solo la peor combinación de marxismo y fascismo, y la empírica demostración de su innegable parentesco. Solo le han agregado ciertas aristas folklóricas para brindarle un aire más doméstico y regional, bajo un formato y presentación más amigable para estas latitudes. Estos regímenes vienen con la pretensión de quedarse. Es por ello que su impulso inicial se orientó, en casi todos los casos, a modificar sus Constituciones, para garantizarse reelecciones indefinidas o ciertos mecanismos de centralización del poder que le permitieran continuar. Han destrozado deliberadamente la república, vulnerando la división de poderes que evita los abusos, fracturando principios básicos como el estado de derecho, la periodicidad 109

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de los mandatos y al mismo tiempo cooptando a los miembros de la justicia para asegurarse impunidad y convirtiendo a los legisladores en la virtual escribanía del mandamás de turno. Son sistemas de gobierno autoritarios, donde el poder se concentra en una sola persona que aglutina las decisiones, como si fuera un monarca con plenos poderes y sin limitaciones, lo que siempre viene acompañado de obscenos negocios, corrupción indisimulable y un descaro difícil de ocultar. El fascismo como sistema político tiene algunas características que le son propias y son parte de su esencia, como su totalitarismo, el desprecio por el capitalismo, un nacionalismo premeditadamente extremo y el infaltable enemigo social específico, siempre seleccionado cuidadosamente, al que se responsabiliza de todas las calamidades que se puedan padecer. Un líder carismático siempre es el que encarna el proyecto, difundiendo el odio sobre otros, pero también montando ese imprescindible aparato de propaganda enorme que intenta convertir premisas falsas, que de tanto repetirse parezcan indiscutiblemente verdades repletas de verosimilitud. El continente tiene en Venezuela al máximo exponente de este desarrollo, el que a medida que pasa el tiempo y sigue obtenido triunfos electorales ha profundizado su autoritarismo como así también el resto de las características de este régimen político. Las confiscaciones son cada vez más burdas y carecen de pudor, mientras las libertades se diluyen una a una, hasta desvanecerse, como parte del atropello a los derechos de forma siempre gradual, sistemática y progresiva. Otros países del continente tienen intenciones de seguir ese recorrido y vienen haciendo los deberes como buenos alumnos, siempre con sus necesarios matices y estilos de liderazgos circunstanciales.

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En realidad se trata de un sistema insostenible en el tiempo. No existe forma de sostenerlo demasiado porque cada vez precisa de mayores dosis de totalitarismo para proseguir su rumbo. El fracaso anunciado de sus políticas, los lleva a necesitar de mayor control y eso irremediablemente significa que necesitan retirar más libertades para mantenerse en el poder. La cobardía de los primeros mandatarios del resto de las naciones es difícil de explicar. El silencio que legitima las tropelías cotidianas es difícil de comprender. Los ciudadanos del mundo ya han tomado nota de este hecho. Lo que resulta incomprensible es la cantidad de personas que pareciendo inteligentes y bien intencionadas, lejos de los intereses del poder, bajo el pretexto de coincidir con algunas posturas demagógicas como el supuesto enfrentamiento al imperialismo y otras actitudes típicas del nacionalismo fingido, terminan avalando y aplaudiendo los despropósitos de esta época. La lista es larga. Supresión de la libertad de expresión, represión en las calles a manifestantes que reclaman, intimidación a medios de prensa locales e internacionales, restricciones a las libertades en todas sus formas, a lo que se agrega con crueldad los ciudadanos condenados a la pobreza, al desabastecimiento y a la inflación, mientras la violencia desenfrenada provoca muertes en hechos delictivos, que a veces hasta sirven de pantalla para enmascarar persecuciones políticas. La estrategia es clara. Quedarse en el poder a cualquier precio. Los pilares de este sistema están a la vista. Un nacionalismo político que exacerba la soberanía de la mano de un odio contra lo foráneo, un intervencionismo económico que hace estragos y destruye la riqueza a su paso, generando un paulatino empobrecimiento, una hipócrita religiosidad contradictoria con su accionar permanente y ese despiadado

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monopolio de la fuerza que les permite controlar militarmente cualquier manifestación ciudadana. Sus triunfos electorales provienen de un manoseado esquema electoral. Con esos argumentos justifican cualquier decisión como si tener votos habilitara a los gobernantes a ejercer la fuerza contra sus oponentes, acallarlos, encarcelarlos, quedarse con sus propiedades y limitar sus libertades. Lamentablemente, el final de esta historia no podrá ser color de rosas. Cuando esta farsa concluya y la disparatada aventura culmine, solo quedará una sociedad dividida, enfrentada, plagada de resentimientos, con una economía destruida cuya reconstrucción llevará mucho tiempo y esfuerzo. Sería deseable que los mecanismos institucionales permitan ese renacimiento imprescindible, que las formas sean civilizadas y que los mezquinos intereses de los déspotas de turno no provoquen más sangre que la ya innecesariamente derramada. Aunque sigan persistiendo en modificar la historia, acomodar el relato a sus caprichos y difundir mentiras con apariencias elegantes ya no quedan muchas dudas sobre el inexorable derrotero del fascismo populista.

Parte II: Soluciones a los temas sociales desde una perspectiva de la sociedad abierta

Una propuesta hacia la equidad educativa Por Edgardo Zablotsky Este paper ha sido elaborado en base a mis notas de opinión publicadas en Ambito Financiero el 30/5/2011, en El Cronista Comercial el 28/11/2012 y el 29/5/2013, y en Clarín el 19/12/2012. El viernes 15 de Febrero de 2013 se conmemoró el 202 aniversario del nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento y razonablemente no fue feriado; pero, en el país que lidera las estadísticas mundiales en el rubro, su bicentenario tampoco lo fue. ¿Olvido, tal vez casualidad? Creo que no. Qué peor forma de celebrarlo que con el cierre unilateral por parte del gobierno de la paritaria docente, repitiéndose la historia de un año atrás; luego, la atención se trasladaría a los paros que impidieron el normal inicio de las clases, afectando a más de 4.000.000 de estudiantes. Fue fácil predecir que durante el año se producirían nuevos eventos: alumnos de colegios secundarios tomarían escuelas, otros cortarían calles, docentes de distintos distritos entablarían medidas de fuerzas; la lista es interminable. ¿Qué consecuencias tuvieron estos eventos? Sin duda, intensificaron el éxodo de la escuela pública a la privada, el cual se ha acelerado con el paso de los años. La emigración es reportada por las más diversas fuentes. Fue señalada por un calificado panel de expertos en el Senado de la Nación y resaltada en un informe publicado por IDESA64 en Noviembre de 2012, el cual reporta que desde el año 2004 al 2010 la cantidad de alumnos que concurren a los niveles inicial, primario y 64  http://www.idesa.org/informes/579

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secundario aumentó en 452.000; el 83 % de dicho incremento se registró en escuelas de gestión privada. Geográficamente, señala Alieto Guadagni65, Miembro de la Academia Nacional de Educación, “se destaca el  conurbano bonaerense  donde se registra la abrumadora presencia de la pobreza extendida”, agregando que “en el 2010 ingresaron al primer grado estatal 19 % menos de niños que en el 2002, mientras en las privadas la inscripción aumentó 28 %”. Cada vez más familias, aún en zonas caracterizadas por sus bajos ingresos, realizan importantes sacrificios para afrontar las cuotas de un colegio privado. ¿Cuántas más emigrarían si tuviesen los medios necesarios para hacerlo? El Estado ha incrementado la participación del gasto en educación del 4% del PBI en 2004 a alrededor del 6% en la actualidad. El aumento en la asignación de recursos ha sido realmente significativo. ¿Por qué no ampliar también las posibilidades de las familias de bajos recursos de una manera sin precedentes? ¿Por qué no aplicar parte del presupuesto educativo a ofrecer a los padres de cada estudiante de familias de bajos ingresos la oportunidad de elegir a qué escuela concurrirá su hijo, ya sea pública o privada? Es claro que un Plan Social de estas características contribuiría a equiparar oportunidades. ¿Quiénes podrían ser sus beneficiarios? Calificarían, por ejemplo, los ciudadanos comprendidos en la Asignación Universal por Hijo quienes, bajo este escenario, recibirían un subsidio adicional destinado únicamente a ser entregado a la escuela pública o privada de su elección. En caso de no hacerlo perderían el derecho a cobrar la Asignación, de la misma forma que en caso de no demostrar la asistencia de sus hijos a la escuela, de no realizarles los controles de salud, o de no cumplir con el calendario de vacunación obligatorio.

65  http://www.ub.edu.ar/centros_de_estudio/cea/cea_numero_2.pdf

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Todo niño merece una oportunidad; la Asignatura Universal por Hijos contribuye a otorgársela. La posibilidad de elegir el tipo de establecimiento educativo al que concurrirían los niños, ¿no habría de potenciarla? ¿Qué mejor forma de ilustrarlo que aprendiendo de otras sociedades? En 1996 el Arzobispo de New York, Cardenal John O’ Connor, propuso a la administración de la ciudad que “enviase los alumnos más problemáticos de las escuelas públicas a escuelas que funcionaban bajo su Archidiócesis”, afirmando que él se ocuparía que recibiesen educación. El Alcalde Rudolph Giuliani apoyó la iniciativa, pero en la búsqueda de financiamiento encontró una fuerte oposición de grupos que veían en la misma una violación a la Primera Enmienda de la Constitución, en cuanto a la libertad de cultos. Frente a la creciente controversia un grupo de filántropos privados crearon la New York Scholarships Foundation, la cual ofreció vouchers educacionales de U$S 1,400 a alrededor de 1,000 familias de bajos ingresos con hijos en edad escolar; mediante los mismos los beneficiarios podrían elegir entre los cientos de escuelas privadas, religiosas o laicas, que existían en la ciudad de Nueva York. La mayoría de las escuelas pertenecían a la Archidiócesis Católica y cobraban una matrícula anual promedio de U$S 1,728; cifra que representaba el 72% del costo total por alumno, frente a más de U$S 5,000 en las escuelas públicas. El interés fue masivo, más de 20,000 familias se inscribieron en una lotería para acceder a los vouchers. El 85% de los mismos fue asignado a niños que concurrían a escuelas públicas cuyo resultado en las pruebas que habitualmente se rendían en todos los colegios de la ciudad se encontraba por debajo de la media, de esta forma los niños más desfavorecidos tuvieron una mayor probabilidad de acceder a un voucher.

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En Agosto de 2012 el Wall Street Journal publicó un artículo reseñando los sorprendentes resultados del programa66. El mismo sumariza un estudio llevado a cabo por Paul Peterson, profesor de Harvard y Matthew Chingos, investigador de la Brookings Institution, el cual sigue por primera vez desde su escolaridad primaria hasta el ingreso a la Universidad a niños que han recibido vouchers educacionales, comparando su performance con aquellos que habiendo participado del sorteo no accedieron a los mismos67. El impacto sobre los niños Afro-Americanos fue notable, incrementándose un 31% el número de aquellos que accedieron a estudios universitarios full time; es más, también se duplicó el porcentaje de quienes lograron ingresar en universidades de elite, en virtud de los altos resultados obtenidos en los exámenes estandarizados (SAT), requeridos para la admisión a las mismas. La foto provista por esta experiencia es clara, un Plan Social que otorgue a los padres de familias carenciadas el derecho a elegir la escuela en la cual educar a sus hijos contribuiría a generar mayores oportunidades para muchos niños y, por ende, a romper el círculo vicioso de la pobreza. En USA, desde el triunfo del Partido Republicano en las elecciones legislativas de 2010, numerosos Estados han introducido o expandido diversos sistemas de vouchers educacionales, alcanzando en la actualidad, según una nota del New York Times del 27 de marzo de 2013, a 17 los Estados que ofrecen algunos de los 33 programas que permiten a las familias utilizar fondos fiscales para solventar la educación de sus hijos en escuelas privadas68. Es más, el mismo periódico señala en una nota del 12 junio de 2012 que de haber triunfado el candidato Republicano 66  http://www.hoover.org/news/daily-report/126261 67  www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Papers/2012/8/23%20school%20 vouchers%20harvard%20chingos/Impacts_of_School_Vouchers_FINAL.pdf 68  http://www.nytimes.com/2013/03/28/education/states-shifting-aid-for-schools-tothe-families.html?pagewanted=all&_r=1&

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Mitt Romney, probablemente habría buscado transformar los principales programas educativos administrados por el Gobierno Federal en un sistema de vouchers. Los padres hubiesen tenido la libertad de utilizar 25 billones de dólares de fondos del gobierno federal para que sus hijos concurran a las escuelas de su elección69. Dicha propuesta fue presentada por Romney el 23 de mayo de 2012 en un discurso en la Cámara de Comercio. En el mismo, el por entonces candidato presidencial expresó: “Voy a ampliar las opciones de los padres en una manera sin precedentes. Voy a dar a los padres de cada estudiante de familias de bajos ingresos, o con necesidades especiales, la oportunidad de elegir a que escuela concurrirá su hijo. Por primera vez en la historia los fondos federales para la educación estarán vinculados a los estudiantes, por lo que los padres podrán enviar a sus hijos a una escuela pública o a una escuela privada”. Romney culminó aquel discurso de campaña expresando que “aquí en América, todo niño merece una oportunidad. No deberían tenerla tan sólo unos pocos afortunados. La posibilidad de elegir para cada padre significa una oportunidad para cada niño”. ¿Por qué no extender la idea y considerar implementar en nuestro país una reforma educativa similar a la llevada a cabo en Suecia a partir de 1992, la cual, entre otros logros, mejoró el nivel de las escuelas públicas municipales? Desde la década de 1970 el sistema escolar sueco había disminuido considerablemente en calidad. Sólo quienes podían hacer frente a las altas matrículas de las escuelas privadas, mientras a su vez pagaban los elevados impuestos característicos de Suecia, tenían la capacidad de proporcionar

69  http://www.nytimes.com/2012/06/12/us/politics/in-romneys-voucher-educationpolicy-a-return-to-gop-roots.html?pagewanted=all&_r=1&

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una educación de excelencia a sus hijos. El resto de la población debía concurrir a las escuelas públicas de sus municipios. A partir de la reforma de 1992 todo padre puede decidir libremente dónde educar a sus hijos, si en instituciones públicas o privadas, con o sin fines de lucro, y el Estado se limita a proporcionarles un voucher con el cual pagar por dicha educación. Luego, cada escuela presenta sus vouchers a la dependencia de contralor y obtiene a cambio el subsidio correspondiente. Para calificar para el programa, las escuelas tienen que ser aprobadas por el organismo gubernamental de contralor, cumplir con los requisitos del plan de estudios nacional y no pueden seleccionar estudiantes sobre la base de su status socio-económico o étnico. El programa de vouchers escolares fue diseñado con el fin de crear un mercado a la competencia, el espíritu empresarial y la innovación, basado en la tradición sueca de justicia social e igualdad de oportunidades, por ello todas las familias pueden elegir entre escuelas públicas y privadas, independientemente de sus posibilidades económicas. ¿Por qué no considerar un sistema escolar, imbuido de esta lógica, que sea apropiado para nuestra realidad? Hoy nuestro sistema escolar lejos de igualar las oportunidades consigue justamente lo contrario. En nuestro país el tan sólo mencionar la libertad de los padres de elegir la escuela a la que concurrirán sus hijos es un tema tabú, tan políticamente incorrecto que escapa a cualquier discusión. Difícil entender el porqué. ¿Qué mejor forma de igualar oportunidades? ¿Por qué no aprender de una sociedad tan inclusiva como la sueca, una sociedad donde la igualdad de oportunidades se encuentra en las políticas públicas y no tan sólo en los discursos electorales? Al fin y al cabo, alguna vez Domingo F. Sarmiento revolucionó la educación importando ideas resistidas en sus comienzos. ¿No será hora de repetir la experiencia?

Inseguridad ¿Cómo podemos solucionar los problemas estructurales en materia de seguridad? Una visión desde el pensamiento de Juan B. Alberdi Por Ricardo Runza Toda la sociedad argentina tiene la percepción que el Estado argentino falla cuando tiene que asumir sus responsabilidades de prevención, respuesta y mitigación a las amenazas y riesgos a su seguridad. No hay individuo alguno en la Argentina que no comparta el temor y la sensación de indefensión que existe en toda nuestra comunidad. La realidad misma, manifestada a través de los innumerables casos de inseguridad estratégica del Estado y de seguridad pública, es contundente. La gravedad de los hechos es tal que ahora traspasa la frontera propia y tanto países vecinos como otros Estados externos a la región perciben y empiezan a sufrir por sí mismos las consecuencias de los síntomas severos de Estado fallido que presenta la República Argentina. Esto se ve reflejado en documentos oficiales de la ONU, de la Comunidad Europea y de otros Estados Nacionales que son de conocimiento público. No hay forma de ocultar esta situación. Desde 1983, el Sector Seguridad del Estado argentino (es decir, todos los organismos de los tres poderes del Estado nacional y de todos los Estados provinciales y municipales con responsabilidades y funciones para prevenir, responder y mitigar amenazas y riesgos naturales o antrópicos a la seguridad) ha sufrido una degradación tal que, en casi 121

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treinta años, lo ha llevado ha perder las capacidades propias que todo Estado moderno tiene, para prevenir, responder y mitigar amenazas y riesgos a la seguridad, para que éstas se minimicen y dentro de lo posible y probable no se transformen en hechos concretos de inseguridad internacional, nacional o pública. Esto ha ocurrido al mismo tiempo que las principales amenazas antrópicas a la seguridad han mutado de naturaleza y potenciado se virulencia en comparación con el pasado, en donde las amenazas a la seguridad internacional y nacional que tenían los Estados eran principalmente de orden bélico y las amenazas a la seguridad pública que tenían los individuos estaban circunscriptas a la delincuencia común o a las catástrofes naturales. Pero esta pérdida de capacidades ha ocurrido, paradójicamente, cuando los recursos tecnológicos para la seguridad han aumentado exponencialmente, lo que indica que el Sector se ha degradado también por factores cualitativos más que cuantitativos, entre otras cosas. Fronteras abiertas y sin control. Espacios aéreo, fluvial y marítimo sin presencia del Estado. Enormes extensiones de territorio y rutas terrestres liberadas. Áreas urbanas abandonadas o con pobre presencia de los organismos que integran el Sector Seguridad del Estado. Todo lo necesario para que las nuevas amenazas antrópicas (es decir, aquellas generadas por el hombre) a la seguridad encuentren un caldo de cultivo ideal para la expansión de sus actividades, tal como sucede en los países menos civilizados y desarrollados del planeta. A este panorama, se le suma que las principales fuerzas y agencias abocadas a la seguridad del Poder Ejecutivo nacional y de los Poderes Ejecutivos de las provincias se encuentran en un franco deterioro profesional, operativo, logístico, doctrinario, organizativo, de despliegue, de alistamiento y sostenimiento de sus medios humanos y materiales. Los Poderes Legislativos se

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han desatendido casi completamente de sus responsabilidades en este campo. Los Poderes Judiciales no actúan con eficiencia y oportunidad y su estructura orgánica funcional se encuentra saturada y sobrepasada por la carga de casos y los pobres incentivos que poseen jueces y fiscales para mejorar la calidad de su servicio. Al mismo tiempo, los Poderes Ejecutivos de los Estados municipales intentan brindar a la ciudadanía algún servicio en esta materia pero, salvo aquellos municipios más ricos, en general, todos colapsan en el intento por su propia insolvencia fiscal y su actual jurisdicción geográfica y política. Los Poderes Legislativos municipales quedan paralizados ante el vacío legal existente. La acción en este nivel se produce sólo con el apoyo financiero de los Estados provinciales y nacional. La seguridad pasa entonces a ser otro perverso mecanismo para ejercer el poder de arriba hacia abajo, con las nefastas consecuencias que acarrea este modo de hacer política en el país. El Estado en nuestro país ha dejado de ser federal para ser uno de orden feudal y el medieval sistema de vasallaje político que ahora existe ocasiona inocultables consecuencias en el actual Sector Seguridad del Estado argentino y en su performance estratégica y operativa. Por otro lado, en pleno siglo XXI, la elite política argentina no ha mejorado. Ha empeorado. Su cultura y sus actuales usos y costumbres tienen un impacto notable en el diseño y régimen orgánico funcional del Sector Seguridad del Estado argentino. Sus ideas políticas han contribuido a que las cosas se encuentren en el estado en que se encuentran en perjuicio de la sociedad y sus integrantes. Por eso, el lector debe tener en cuenta que cuando se habla de seguridad en la Argentina se lo hace de manera diferente a como se hace en los países desarrollados. La gestión de la prevención (es decir, la gestión de amenaza y la gestión de vulnerabilidad), la gestión de respuesta y la gestión de mitigación se realizan en nuestro país de manera diferente

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tal como se entiende técnicamente en casi toda la comunidad internacional. Para nosotros la seguridad nacional no existe. Los conceptos de seguridad interior, seguridad pública y seguridad ciudadana son sinónimos, no conceptos diferentes, tal como se entiende en el resto del mundo. La seguridad internacional aquí es una cuestión de potencias extranjeras. Todo el descalabro técnico conceptual que existe en esta materia permite entender porque para nuestros políticos es natural que los gendarmes cumplan funciones de policías. Para ellos todo es lo mismo. Inclusive, víctimas y victimarios. Este proceso lamentablemente se inició cuando nuestra elite política, en pos de la búsqueda del aseguramiento de su preeminencia para ejercer el poder en nuestra sociedad, decidió debilitar el Sector Seguridad del Estado argentino sin medir sus consecuencias, actuando como si hubieran llevado un péndulo de un extremo al otro, como una especie de reacción contraria al Sector Seguridad del Estado que existía antes de 1983 y que durante décadas, de mano de las fuerzas armadas, actuó políticamente derrocando gobiernos elegidos democráticamente, asumiendo el poder en el Estado argentino numerosas veces y luego también combatiendo a los grupos terroristas locales que actuaban en ese entonces. La elite política argentina no fue capaz de sanar los males del Sector sin minar su capacidad de prevención, respuesta y mitigación. No tuvo la visión estratégica para actuar en los asuntos del Estado relacionados con la seguridad de cara al futuro y las amenazas a la seguridad que podían surgir. No fue idónea para cambiar lo que había que cambiar y mantener lo que había que mantener. El Sector Seguridad del Estado argentino no pudo configurarse, con la vuelta a la democracia, como uno propio de un Estado republicano y federal moderno tal como sucede por ejemplo en Alemania o en los EEUU. Muchas distorsiones que ya tenía este Sector durante el siglo XX se fueron profundizando en algunos casos y en otros se fueron creando algunas otras nuevas. Todas ellas, ahora sumadas,

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son los causales profundos de los síntomas de Estado fallido que presenta este Sector. Los problemas policiales, penitenciarios, legislativos, judiciales, militares, de inteligencia, etc. que son fácilmente perceptibles son consecuencia de otros más profundos, de orden político e ideológico y -en especial- de diseño del Estado, de sus jurisdicciones componentes y de su régimen orgánico funcional. Toda esta degradación tan catastrófica ha ocurrido por completa responsabilidad de una elite política que NO reconoce esta situación o lo hace muy parcialmente y que fundamentalmente NO HACE autocrítica alguna de sus errores; producidos, ya sea en el ejercicio de gobierno o en la oposición. Debe quedarle claro al lector de este artículo que este desastre no ha sido casual. Ha sido consecuencia de determinados y exclusivos intereses personales y políticos de nuestra elite política que, en casi treinta años y con una reforma constitucional de por medio, ha destruido los cimientos sobre los que se apoyaba el diseño orgánico funcional del Sector Seguridad de un Estado republicano y federal, tal como teóricamente fue concebido el Estado argentino en 1853, para cambiarlos por otros que ahora fallan y que además no son propios de un Estado republicano y federal, tal como muestra la experiencia internacional comparada. Por lo expuesto, los problemas actuales del Sector Seguridad del Estado argentino no se solucionan con simples medidas administrativas, operativas o de gestión, tal como ahora pregonan candidatos a cargos legislativos y algunos responsables en cargos ejecutivos a nivelo nacional o provincial. Es necesario revisar los cimientos, descubrir las fallas y hacer las reparaciones difíciles y complejas para que las paredes no sigan cayéndose. Juan Bautista Alberdi nos da algunas ideas al respecto para orientar la acción de cambio sin temor a equivocarnos.

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Propuesta de solución a los problemas estructurales de seguridad desde una mirada alberdiana Alberdi no era un experto en seguridad, ni en el diseño técnico de un Sector Seguridad, pero el Estado por él pergeñado, en 1853, derivó en la configuración de uno para un Estado republicano y federal para el siglo XIX y los problemas que enfrentaba la sociedad de ese entonces para organizarse. Este Sector fue configurado en base a las ideas claras que Alberdi tenía en cuanto a la importancia que él le daba a la seguridad y su vinculación con el progreso de una sociedad y con la civilización. No obstante, cabe aclarar que el Estado republicano que surge de la Constitución Nacional de 1853 era imperfectamente federal. Algunos poderes fueron diseñados sin seguir los parámetros de diseño típicos de los Estados federales. Con el tiempo, varias instituciones sufrieron una degradación acentuada por los errores originales de diseño, luego por las malas implementaciones realizadas y fundamentalmente por las distorsiones unitarizantes, que a lo largo del tiempo fueron haciendo al Estado argentino cada vez menos federal y a los Estados provinciales en Estados cada vez más unitarios hacia adentro de sus propias jurisdicciones. Tomando en cuenta estas consideraciones previas, para solucionar los problemas estructurales del Sector Seguridad del Estado argentino desde una mirada Alberdiana, es decir, desde una visión republicana y federal es necesario: 1. En la Sociedad: • Instaurar los conceptos de Seguridad que se aceptan en la comunidad internacional, especialmente en los Estados republicanos y federales más civilizados del planeta. • Hacer conocer y volver a creer en las principales ideas rectoras de Alberdi en materia de Seguridad. • Reinstalar los derechos de seguridad y garantías de orden propuestas por Alberdi.

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• Consolidar la idea que para lograr nuestro progreso y nuestra seguridad en el futuro es necesario volver a la Constitución Nacional de 1853, con aquellas modificaciones necesarias que imponen las nuevas circunstancias del siglo XXI, especialmente en el diseño del Estado para que éste sea más federal y más republicano. 2. En el Estado Nacional: 2.1. En el Poder Legislativo: • Instaurar la idea que el Congreso Nacional es parte del Sector Seguridad del Estado. • Este Poder es un actor principal e indispensable en materia de prevención de amenazas y riesgos a la Seguridad, para permitirle al Poder Ejecutivo gestionar amenazas y aquellas vulnerabilidades que se posee frente a ellas, a los efectos que las mismas no se transformen en un hecho concreto de inseguridad. • Consolidar la idea que este Poder es el principal actor para llevar a cabo el control de la efectividad y la eficiencia del Sector Seguridad del Estado. • Es necesario romper con la cultura y las prácticas feudales por las cuales un legislador debe vasallaje a un caudillo superior extra-poder. • Cada legislador debe asumir las responsabilidades y funciones en materia de seguridad que le competen, especialmente aquellos que integran las Comisiones Legislativas vinculadas con la Seguridad. • Realizar las reformas legislativas necesarias para llevar al Sector Seguridad del Estado argentino a una nueva performance orgánica funcional para brindar un servicio de calidad conforme a las expectativas de la sociedad. 2.2. En el Poder Judicial: • Instaurar la idea que el Poder Judicial es parte del Sector Seguridad del Estado. • Fijar la idea que este Poder es un actor principal en materia de mitigación de amenazas y riesgos a la

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Seguridad, especialmente de aquellas antrópicas con tipificación penal. • Es necesario romper con la cultura y las prácticas feudales por las cuales un Juez debe vasallaje a un caudillo superior extra-poder. • Consolidar la idea que una larga estabilidad en el cargo de un Juez es un incentivo contrario a la calidad de servicio de este Poder. 150 años de experiencia son contundentes en este sentido. • Instaurar una reforma orgánica funcional integral de este Poder, a los efectos de simplificar su esquema orgánico funcional siguiendo el modelo anglosajón de los EEUU. • Incorporar nuevos incentivos a la eficiencia y a la calidad del servicio judicial mediante la incorporación de nuevos instrumentos de control ciudadano. • Cumplir con el viejo mandato constitucional de 1853 para limitar el poder de los jueces, a través de la participación ciudadana en tribunales por jurados. 2.3 En el Poder Ejecutivo: 2.3.1.En los Ministerios, Secretarías, Agencias, Fuerzas, Servicios, Direcciones y Departamentos: • Instaurar la idea que el Poder Ejecutivo es parte del Sector Seguridad del Estado pero que no es el único Poder involucrado en el Sector Seguridad del Estado argentino. • Consolidar la idea que el Poder Ejecutivo es quien lleva a cabo la gestión de prevención de amenazas a la seguridad, es decir la gestión de cada amenaza y la gestión de cada vulnerabilidad que se posea frente a ella, a los efectos de que éstas se minimicen o no se transformen en hechos concretos de inseguridad. • Consolidar la idea que el Poder Ejecutivo es quien lleva a cabo la gestión de respuesta a cada hecho de inseguridad y es además quien ejecuta las gestiones de mitigación, salvo en aquellas amenazas antrópicas tipificadas penalmente en donde esta responsabilidad

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es compartida con el Poder Judicial y subordinada a la decisión emanada por este Poder. • Planificar la acción del Poder Ejecutivo a través de una Política de Seguridad del cual deriven todas las Políticas subsecuentes y una Estrategia de Seguridad, tal como se hace en casi todos los países que integran el G20. • Realizar una profunda reforma orgánica funcional de todos los componentes del Poder Ejecutivo que participan en el Sector Seguridad del Estado conforme a los cambios que surgen en cada estructura orgánica funcional de cada dirección, servicio, agencia, fuerza, secretaría y ministerio siguiendo el esquema de planeamiento Objetivo – Misión – Tareas – Estructura que es práctica estandarizada en la mayoría de los países de Norteamérica y Europa para la acción específica, conjunta y combinada de cada organismo. 2.3.2.En el Ministerio Público Fiscal: • Instaurar la idea que el Ministerio Público Fiscal es parte del Sector Seguridad del Estado. • Fijar la idea que este Ministerio especial es un actor principal en materia de mitigación de amenazas y riesgos a la Seguridad, especialmente de aquellas antrópicas con tipificación penal. • Es necesario romper con la cultura y las prácticas feudales por las cuales un fiscal o un defensor debe vasallaje a un caudillo superior del Poder Ejecutivo. • Instaurar la idea que el Procurador General debe ser una autoridad electa por la sociedad y NO por la elite política y que su cargo debe tener una duración finita siguiendo el modelo de los EEUU. • Realizar una profunda reforma orgánica y funcional, a los efectos que el Ministerio Público Fiscal cuente con una mayor calidad de servicio en el cumplimiento de sus roles específicos en los fueros de incumbencia federal. • Introducir pautas y procedimientos de control ciudadano sobre el Ministerio Público Fiscal a los efectos de actuar como incentivo a la calidad de su servicio.

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3. En los Estados Provinciales: • Instaurar la idea que cada Estado Provincial es parte del Sector Seguridad del Estado argentino. • Instalar la idea que cada Estado Provincial tiene un Sector Seguridad propio que debe prevenir, responder y mitigar amenazas a la seguridad por las facultades y responsabilidades NO delegadas al Estado Nacional. • Es necesario romper con la cultura y las prácticas feudales por las cuales un Gobernador debe vasallaje a un caudillo superior del Poder Ejecutivo Nacional. • Es fundamental que cada elite política provincial asuma los riesgos de tener un Estado Provincial bajo un sistema nacional de gobierno del tipo federal. • Transformar a estos Estados Provinciales en Estados federales hacia su interior. • Fortalecer y poner en funcionamiento el rol jurisdiccional de los Departamentos Provinciales, a los efectos que éstos operen orgánica y funcionalmente como “condados”, es decir como unidades sustentables de ejecución interna “de orden federal” de políticas públicas provinciales (entre ellas, las de seguridad) que sean de incumbencia de cada Estado Provincial. • Dar sostenibilidad financiera a los Departamentos Provinciales para que actúen con autonomía y sustentabilidad. • Dotar a los Estados Provinciales de un Sector Seguridad que funcione siguiendo un modelo orgánico funcional similar al del Estado de Florida (EEUU). 4. En el Área Metropolitana Buenos Aires: • Reconocer que los límites territoriales de la actual Capital Federal deben ser ampliados. • Asumir que NO se pueden tener políticas públicas sustentables y sostenibles con la actual configuración política jurisdiccional del AMBA ni de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. • Instaurar la idea que la Inviabilidad de la Provincia de Buenos Aires surge por NO ACEPTAR que el AMBA

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necesita en el siglo XXI de otro diseño jurisdiccional diferente al que surgió en el siglo XX para que se ajuste a las necesidades demográficas y de desarrollo humano y económico que hoy existen en este territorio. • No hay Sector Seguridad en la CABA y en los Partidos del Conurbano Bonaerense que pueda crearse con posibilidades de éxito y capacidad de generar políticas públicas de calidad en materia de seguridad con la actual configuración territorial y política existente. • Hay que tomar conciencia que la actual configuración política jurisdiccional de este territorio y de esta realidad demográfica SOLO beneficia la continuidad de las prácticas feudales de gobierno entre quienes ostentan el poder local. • Instalar la idea que nunca se va a poder poseer calidad en materia de seguridad si se sigue con la actual cultura política de orden feudal.

Conclusiones Las soluciones aquí planteadas son de cimiento. No son parches. El diseño, el régimen de funcionamiento orgánico, la calidad del servicio, los resultados a alcanzar, los medios logísticos que se necesitan y la eficiencia fiscal y presupuestaria de un Sector Seguridad de un Estado republicano y federal dependen de la implementación correcta de estas soluciones fáciles de enumerar pero muy complejas de instrumentar y que surgen de las ideas de Alberdi y también de la experiencia de los Estados republicanos y federales más exitosos del planeta. Es fácil entender que NO se pueden implementar políticas de seguridad de sesgo republicano y federal con un Estado diseñado con criterios unitarios, con poderes unitarios, con fuerzas y agencias propias de Estados unitarios y con Estados provinciales y municipales insolventes e incapaces de ejecutar políticas públicas por sí mismos sin ayuda externa. Esto tan simple de comprender debe al lector llevarlo a reflexionar que el siglo XXI debe ser utilizado para corregir los

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errores que cometió nuestra elite política en el siglo XIX y en el siglo XX. Debe quedarle claro al lector que las deficiencias en el Sector Seguridad de un Estado se traducen en pérdidas de vidas humanas, en pérdidas de riqueza y en pérdidas de libertades y todas éstas han sido demasiadas elevadas en 150 años de existencia del Estado argentino, para continuar haciendo parches. Hay que tener la decisión y el ánimo de divulgar estas ideas para que la sociedad las conozca y desde ella se impulse los cambios necesarios y se logre los consensos hasta que surja un liderazgo político capaz de llevarlas a cabo. Todos tenemos que aprender y todos tenemos que motivar el cambio. Ese es en definitiva el desafío, al cual este artículo intenta contribuir.

Crecimiento y equidad70 Por Diana Mondino La equidad es un concepto que se utiliza muy mal en Argentina, al menos desde el punto de vista económico. Veamos antes un ejemplo: es importante que un examen sea el mismo para todos, y que se corrija con igual criterio. Acaso el que estudió menos, puede o “debe” tener la misma nota que el que estudió más? ¿Por qué habrían de tener la misma calificación todos los alumnos, si los resultados del examen son diferentes? Y más importante aún, ¿Cómo incentivar a los alumnos para que todos estudien, si los resultados fueran los mismos? La equidad es brindar reglas de juego similares a todos, y que todos tengan las mismas oportunidades. Es un error decir que la equidad es que todos deban tener los mismos resultados. La equidad es que todos podamos progresar en base a los resultados del propio esfuerzo, y no privar a unos de su esfuerzo para que no superen a los demás. La equidad es ayudar al que inicia un camino, o al que hasta ahora no ha tenido resultados positivos a que lo logre, brindándole elementos (en el ejemplo, buena educación) para que lo alcance. Pero nuevamente, nunca quitándole al que sí obtuvo buenos resultados. Viene a cuento esta reflexión por la reciente propuesta de modificación de impuestos al trabajo para las Pymes. Bienvenido sea que se reduzcan, para facilitar la creación de empleo en la Argentina. 70  Publicado en La Gaceta, 5 de Mayo 2014.

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Mejor sería si todo nuevo empleado recibiera este beneficio, y no solamente aquellos que trabajen en pequeñas empresas, que entonces tendrán la espada de Damocles: si crecen por ser eficientes, perderán este beneficio! Por lo tanto, el empleado y la empresa están condenados a ser pequeños. Otros ejemplos incluyen una huelga para evitar despidos e incorporaciones simultáneas en una empresa. O que una empresa pueda también brindar servicios a terceros crear una empresa de servicios, o que se paguen plus por antigüedad, o que los más antiguos tengan prioridad para los ascensos. De esa manera, los que trabajan serán siempre los mismos, privando de oportunidades a nuevos posibles contratados. Y quitará todo incentivo a ser productivo a aquel que tiene garantizado su empleo pase lo que pase. Suena extraño que los empleados actuales tengan derecho a mantener su trabajo, pero no tengan los mismos derechos los nuevos empleados que pudieran trabajar para la nueva empresa a crear. O que no pueda ascender el que más aptitudes tiene sino el más antiguo. Crecer con equidad significa dar a todos las mismas herramientas y posibilidades, que los impuestos tengan impactos similares y que el fruto del trabajo quede para quien lo generó. Crecer con equidad significa brindar incentivos a superarse y herramientas para mejorar De lo contrario, no hay incentivos a crecer ni a producir, a trabajar ni estudiar.

El malestar del empleo público en Argentina Por Antonella S. Marty Argentina, aquél sitio de América Latina donde el empleo continúa creciendo. Sin embargo, aquello que crece no es cualquier tipo de empleo: se trata aquí del desorbitante crecimiento del empleo público. Efectuando una comparación con el caso venezolano, de acuerdo a las últimas cifras reveladas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el gobierno de Venezuela ha sido responsable del 68% del total de los nuevos puestos de trabajo creados a lo largo del presente año – un total de 335.785. De dicha cifra, un total de 228.203 puestos fueron de carácter público. En el caso argentino, la supuesta reducción del desempleo es promocionada como una de las “bondades” del modelo. Sin embargo, los hechos también referirán que, como en el caso venezolano, ha sido el sector público el que se ha expandido de manera desorbitante. Al asumir Néstor Kirchner en mayo de 2003, la cifra de empleados estatales rondaba los 2,21 millones, luego a fines de 2011 y bajo la gestión de Cristina Kirchner, la cifra había alcanzado los 3,13 millones. Según un informe de la Fundación de Investigaciones Económicas de Latinoamérica (FIEL), en ocho años el empleo público creció en un 43%, es decir, un millón de nuevos empleados públicos en la Argentina. Esta cifra remite a la creación de casi trescientos puestos por día en la órbita estatal. Prerrogativa que conduce a la consideración -en la mente de no pocos políticos- de que la desocupación debe combatirse de la mano de la creación de puestos de trabajo de carácter gubernamental, antes que desde el fomento de la inversión privada y la apertura de los mercados. 135

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Empero, antes bien, debería apuntarse a la siguiente cuestión central: ¿Cuáles son aquellos sectores que verdaderamente asisten en el crecimiento de la economía? El crecimiento de gasto público conduce, inapelablemente, al incremento de impuestos y, a la larga, a una mayor emisión monetaria. De este modo, el peso del empleo en la órbita pública acaba recayendo sobre los hombros de los contribuyentes, convirtiéndose en un asunto generacional. Asimismo, aquellos cargos públicos tienen un fuerte carácter improductivo y son declaradamente opuestos a la generación de riqueza: encontrándonos con una torta dividida de distinta forma, pero sin aumentar su tamaño. Ya en 1930, el economista John Maynard Keynes reflexionaba sobre el fomento de los programas de gobierno destinados a la creación de empleo. De este modo, fue el propio Keynes quien declaró que “es mejor hacer un pozo y volverlo a tapar, antes que tener gente desocupada” –por cierto, argumento teórico de las políticas en debate, utilizado como razonamiento para defender la intervención del Estado en el terreno económico. Junto a este argumento suelen pasarse por alto las consecuencias que tendrán las políticas de gasto desenfrenado: resultados que dejarán sus secuelas en el largo y corto plazo, pese a que según John Maynard Keynes, “en el largo plazo, estamos todos muertos”. Cada vez que un gobierno ha desempeñado el rol de “estado empresario”, ello condujo no solo a fracasos estrepitosos, sino a sonoros derrumbes económicos. ¿Dónde encuentra su origen este desperfecto? Dada su naturaleza y constitución, el gobierno carece de creatividad e incentivo -aspectos fundamentales a la hora de conducir a la generación de riqueza. Las firmas de capital estatal han demostrado desconocer los criterios de eficiencia, evidenciando que su principal objetivo es gastar dinero que, en definitiva, es aportado por los contribuyentes. Asimismo, mientras Argentina y una incontable cantidad de gobiernos latinoamericanos continúan implementando las mismas políticas proteccionistas de empobrecimiento y “anti-

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empresa” desde hace décadas, países como Perú y Chile han tomado un camino diferente y poseen economías notoriamente encaminadas hacia la prosperidad. Algo que caracteriza a estos modelos de apertura comercial, es el lugar que ocupa el ámbito privado y el activo rol de los emprendedores. Una variable atractiva es aquella que refleja la cantidad de nuevas empresas registradas en diversos países de la región latinoamericana durante el periodo 2008-2010. Veremos a continuación una comparación de dos economías pioneras en la región (Chile y Perú), y otra que, debido al interminable círculo vicioso y perverso del “peronismo” se ha estancado desde hace décadas, continúa colmándose de una elevada cuantía de trabas, regulaciones, e ilimitada inflación, y ha tenido que dejar de revelar sus datos en lo que respecta a este indicador: Como es de conocimiento, el capital privado generalmente va dirigido hacia aquellos países que se destacan por su estabilidad política y económica, el respeto a la propiedad privada y las libertades individuales. La inversión, de la mano de instituciones y reglas de juego claras, son la clave del progreso económico: son las empresas las que crean la riqueza, no el gobierno. De este modo, podemos simplificar el proceso en una breve oración: mayor apertura económica da paso a mayor inversión, situación que inevitablemente lleva a mayor empleo y generación de riqueza, siendo este el modo más eficaz de solucionar los problemas que atormentan a la región. El verdadero empleo -en su rol de enriquecedor de la economía- solo podrá generarse mediante la inversión y la convivencia de millones de empresas de la órbita privada que gracias a la competencia y el esfuerzo, logren producir más y con mejor calidad dentro de un marco de mercados libres. El “Estado empresario”, al monopolizar la actividad y expoliar recursos públicos desordenadamente -conforme puede verse en Argentina-, fomenta la distribución de prebendas y privilegios. El resultado, a largo plazo, termina acelerando el

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encuentro de millones de ciudadanos hacia el desempleo o al “empleo” ficticio del sector público. En lo que respecta a la pobreza, el gobierno argentino se ha esforzado en maquillar las estadísticas oficiales, empero la maniobra comparte ya demasiadas carencias: si de efectividad se trata, de acuerdo al Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), el 26,9% de los argentinos -casi once millones de personas- vive en la extrema pobreza, y ello representa un incremento del 5% en relación al 2011. Por otra parte, es ineludible hacer mención al colosal gasto público, el cual se ha disparado, y hoy equivale al menos a la mitad del Producto Bruto Interno. Al producirse la desaparición física de Néstor Kirchner, el gasto público argentino había pasado del 29.4% del PIB (2003) a un 43.2% (2010). A raíz de esto, corresponde reflexionar sobre determinados modos operativos del populismo. ¿Cuáles son las razones por las que conceptos como “empleo público”, “gasto público” o “intervención gubernamental” acaban teniendo un recibimiento positivo por amplias fracciones de la población global? A lo largo de la historia, el estatismo ha tomado por objetivo principal al desprestigio y descrédito de toda idea defensora de las libertades. A los efectos de cumplir con esa meta, el estatismo populista ha utilizado al liberalismo como una suerte de chivo expiatorio, atribuyéndole culpas sobre la totalidad de los males que surgen, irónicamente, por parte del estado. Se genera, de esta manera, una valoración del liberalismo que está lejos de ilustrar su esencia; se trata de una visión errónea que, desgraciadamente, muchos toman por cierta. Así las cosas, al capitalismo le son endosados sinónimos tales como “crisis” o “pobreza”; el fenómeno de la globalización suele interpretarse en términos de “desigualdad”, y al liberalismo se le adjudica la etiqueta de promocionarse como “desinteresado de los pobres”. Empero esos atributos empleados para describir al liberalismo son, por lejos, desacertados.

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El liberalismo se opone fervientemente a cualquier forma de gobierno de dimensiones descomunales que se adjudique roles en los cuales no observe experiencia y que no hagan a su naturaleza. El liberalismo defiende el principio de sociedad libre en donde el estado comprenda cuáles son sus límites, al tiempo que las instituciones funcionan para controlarlo y vigilarlo de manera extensiva y constante. Esencialmente, las construcciones populistas necesitan de la pobreza dado que, sin ella, las frágiles bases teóricas sobre las que reposan se desmoronarían de inmediato. En sus fundamentos, los movimientos populistas reniegan del crecimiento individual y trabajan para eternizar la dependencia del Individuo al Estado. Asimismo, bajo las falsas premisas coincidentes con la igualdad de oportunidades, la eliminación de la pobreza mediante su “redistribución”, y el empeño de quitarle al que “más tiene” para darle al que no produce, el resultado termina representando lo opuesto a lo que buscaba establecerse: más crisis, más pobreza, y menos oportunidades. Karl R. Popper supo expresar en su trabajo titulado “La Sociedad Abierta y sus Enemigos” que “la tentativa de llevar el cielo a la tierra produce, como resultado invariable, el infierno”. Y, efectivamente, esto es lo que los gobiernos contribuyen a edificar desde los albores de la historia. De este modo y como se ha manifestado, las políticas argentinas han tenido una tendencia a descansar sobre el abuso del clientelismo, la expansión geométrica de la corrupción, las regulaciones abusivas contra particulares y empresarios privados, y una emisión monetaria interminable. En la actualidad, Cristina Fernández sólo ha logrado profundizar los errores de la Administración de su difunto esposo. La actual presidente es reconocida como la responsable de la corrupción en el sector público, hasta alcanzarse cifras holgadamente superiores a las computadas durante la época menemista. Su patrimonio –al menos las

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porciones reconocidas por ella- se ha visto incrementado en $75 millones, solo en nueve años. Invariablemente, la estructura del sistema político argentino ha sido fuertemente vulnerable y ha tenido que convivir con la infección de los peores vicios del peronismo. Asimismo, el Estado intervencionista –ya extendido durante largas décadasha compartido sus resultados, y estos se encuentran lejos de ser alentadores. Ha llegado el momento de que la Argentina tome el sendero correcto, y demuestre que es posible salir de la pobreza y que el asistencialismo puede hacerse a un lado, dándole paso al individuo: permitiendo que este prospere gracias al fruto de su esfuerzo personal, con responsabilidad y reemplazando aquella mentalidad que todo lo espera de un gobierno por una mentalidad que todo lo espere de uno mismo.

La corrupción institucional Por Elena Valero Narváez La corrupción se  origina en la existencia del poder, una necesidad de orden social, por eso  se da en todo grupo humano con cierto grado de complejidad.   Está ligada a la normatividad porque ella establece la dinámica que mueve los distintos centros de poder. Les concede autoridad y legitima su comportamiento. Sin normas y sin autoridad que las hagan cumplir no habría corrupción, pero, al ser ellas parte ineliminable de   la vida social,  la corrupción es siempre una posibilidad, casi siempre exitosa. Puede darse en organismos estatales o privados ya sean instituciones, partidos políticos, empresas, clubes etc. El centro de poder es el foco mayor de arbitrariedades y como el orden social no es perfecto siempre se generan situaciones sociales que hacen posible, en grado variable, alguna forma de arbitrariedad o corrupción. Sin embargo, varían los niveles si se consideran los sistemas donde el marco normativo está por encima del Gobierno con los sistemas que permiten al Gobierno estar por encima de las normas vigentes. El mayor grado de corrupción se da en la actividad pública porque allí hay menos observabilidad y existen más mecanismos sociales que dan espacio a la corrupción.  Esta supone que de la  normatividad mal utilizada o de su inadecuación a la realidad surgen posibilidades para derivar ganancias personales. Las políticas dirigistas llevan inexorablemente a la  abolición de los múltiples poderes espontáneos de la sociedad civil, crea inevitablemente una concentración enorme del poder en 141

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el Estado y, con ello,   una enorme burocracia que desarrolla niveles altísimos de corrupción a la par de una decisiva disminución de la libertad y de la supremacía de  la Ley. Existe, por lo tanto,   una marcada diferencia en la naturaleza y niveles de corrupción entre un sistema político regimentado, totalitario o autoritario, y uno democrático con economía de mercado. En los primeros la observabilidad de los que gobiernan es nula o por lo menos mínima,  y la de los gobernados máxima. No se puede criticar al Gobierno y las regulaciones, el control de precios, las nacionalizaciones y otros traumatismos a la producción, disminuyen el sector privado y generan  corrupción. En las democracias liberales y capitalistas, donde los ciudadanos están sometidos a un poder controlado por otros poderes y se respeta a las minorías, se observa que las normas son menos arbitrarias, las desregulaciones aumentan la observabilidad de quienes gobiernan y disminuye, con la empresa privada, una elevada fuente de corrupción, la burocracia estatal. La opinión pública es reconocida por el poder político por lo tanto se pueden denunciar los actos de corrupción incluso los del Gobierno y  la  Justicia  independiente  genera las  expectativas de castigo necesarias para combatirla. Para que no se afiance el sistema político y económico que la atrae e institucionaliza el Estado debiera:  intervenir   en la creación de un marco jurídico que permita funcionar libremente a los mecanismos del mercado,  promover la actividad económica privada,   combatir el corporativismo,    (apoyo del Estado a sectores gremiales o empresariales) reforzando el sistema de partidos. También, derogar leyes obsoletas que traben las necesidades prácticas que tiene la sociedad y reducir la burocracia disminuyendo   regulaciones y controles que obstaculizan la competencia, evitar intervenir en la fijación de  precios, salarios

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y   en la emisión espuria de moneda   porque   reducen los ámbitos de libertad del ciudadano, aumentando la  posibilidad de saltar por encima de las normas. En resumen, las políticas públicas deben tender a fortalecer la sociedad civil, el libre mercado, la propiedad privada y el estado de derecho. Es el camino, no solo para morigerar la corrupción, sino también, la fuente de progreso material y espiritual.

La determinación de los salarios Por Ignacio Clancy Para empezar entender cómo se determinan los salarios primero hay que tener en cuenta que los compradores no incorporan en su valoración del bien a adquirir las horas trabajadas e invertidas por los trabajadores en el producto ni tampoco los costos en general de los mismos. Estos dos últimos son problemas que tiene que sortear el empresario a la hora de salir a vender su producto. Los compradores simplemente valoran con qué grado de satisfacción, el producto a comprar, cubre las necesidades que llevaron al individuo a comprar. Con lo cual si un empleador decide aumentar el salario de sus trabajadores por encima del ingreso producido por las ventas del producto o servicio, este entrara en perdidas y tendrá dos opciones, o bajar los salarios o cerrar y dedicarse a otra cosa. Podemos entonces concluir que el precio del trabajo, o el salario, tiene un límite superior (un techo) determinado por el ingreso proveniente de las ventas del producto que los trabajadores realizan. Por otro lado la gente suele argumentar que el empresario (empleador) puede aumentar los precios de su producto y de este manera aumentar los sueldos de los empleados y que si no aumenta los sueldos es porque no quieren disminuir el margen de ganancia (esto se analizara en un párrafo posterior). La primer parte de esta idea es parcialmente correcta pero omite un efecto colateral, este es que por las leyes de oferta y demanda si aumenta el precio de venta caen las ventas. Con lo cual, suponiendo que el empleador decide aumentar el precio de su producto para tener mayor ingreso encontrara que las ventas de su producto bajan y el resultado final de ingreso por ventas buscado no se concretara, porque lo que gana en 145

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aumento de precio lo perderá en la disminución de las ventas. Aun peor, puede quedar por debajo de los ingresos iniciales al aumento del precio. Por supuesto este ajuste no es automático ni exacto, el mercado ira ajustando las ventas con el tiempo hasta llegar a un nuevo punto de equilibrio, pero esto no nos concierne en este artículo. La conclusión es que los precios de venta, así como la cantidad demanda, son determinados el mercado (no el productor) y los salarios (en su límite superior) están determinados en función de los ingresos por venta. Con lo cual podemos decir que los salarios (en su límite superior o techo) están determinados por el mercado. Es una falacia que los salarios los determina el empresario. Por otro lado también hay que aclarar que en un mercado competitivo, donde no haya intervencionismo por parte del estado, esto es que no existan protecciones al mercado o monopolios generados por el mismo, el empresario estará trabajando a una tasa de rentabilidad relativamente baja (sobre todo si el mercado es maduro) y le será muy difícil aumentar los sueldos sino suben los ingresos por ventas. Los únicos mercados que dan el empresario una ventaja en términos de rentabilidad son los monopolios (a causa del estado) y los mercados protegidos. En ambos casos se libera al empresario de la competencia y pasa, este, a tener mercados cautivos (en diferentes niveles, según el caso) en donde se obtienen tasas de rentabilidad mucho más altas que en la situación natural de competencia. Aquí sí el empresario podría subir los sueldos en oposición a la rentabilidad, pero ya estamos hablando de mercados distorsionados donde ya no aplican las leyes naturales de la economía. Veamos que ocurre con el límite inferior o el piso de los salarios. Este está determinado por la cantidad de mano de obra disponible en el mercado, nuevamente es una cuestión de oferta y demanda. A mayor nivel de desempleo o subempleo menor serán los salarios ya que el mercado cuenta con mucha mano de obra disponible para trabajar y esto empuja el precio del trabajo abajo. ¿Cómo funciona esto?, en principio diremos

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que es el desempleado con menor pretensión salarial el que marca el piso del salario. Supongamos que hay una posición abierta para trabajar en la empresa XX, y hay 3 personas que están dispuestas a cubrirlo por AR$ 7.000, AR$ 6500 y ARS 8000 respectivamente, por supuesto ellos no se conocen y sus habilidades y experiencias son exactamente las mismas. La empresa elegirá ante ese escenario a la persona dispuesta a trabajar por AR$ 6500, luego los otros dos esperaran. Si ahora incluimos una cuarta persona (El desempleado marginal) dispuesta a trabajar por AR$ 5000, el elegido será finalmente este último. Los otros esperaran por nuevas posiciones que satisfagan sus pretensiones salariales. Ocurrirá que si pasa el tiempo y no son contratados irán bajando sus sueldos pretendidos hasta llegar al punto en que son contratados. Pero el piso del salario estará determinado por el sueldo del desempleado de menor pretensión. Así se determina el límite inferior del sueldo. Por su puesto esto es un ejemplo simplificado y existen en la realidad muchas complicaciones, pero este es el principio general de cómo funcionan el mercado laboral por el lado de la oferta. Entonces ahora, entendemos cómo se determinan los salarios por el lado de la oferta de trabajo (personas que ofrecen su fuerza de trabajo) y de la demanda del mismo (empresario/empleadores). Pero vayamos más allá de la oferta y la demanda. O sea, como estimular ambas partes (oferta y demanda) para resulten en mejores condiciones salariales. Para lograr una mejora en la demanda de trabajo hay que lograr mayores ingresos por ventas, por el simple hecho que la empresa tendera a expandirse y contratara más mano de obra, con lo cual habrá menos desempleo y el salario tendera a subir. Además hay otro efecto microeconómico, este es que la empresa tendera a aumentar los sueldos para que los actuales empleados no se vayan y seguir en su alto nivel de ingreso por ventas. Pero ¿Cómo logramos aumentar los ingresos por ventas? La respuesta a esta pregunta es invirtiendo en bienes de capital, esto hará que aumente la productividad

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marginal, caiga el precio de los productos y por ende aumente la demanda y así finalmente aumentan ventas y los ingresos por las mismas. Además, al invertir en bienes de capital habrá más maquinarias para operar y por ende se necesitaran más empleados para las mismas. En otras palabras el salario depende de la productividad marginal de los empleados y esta está en función de los bienes capital con los que se trabaja. O sea, cuanto más productos pueda un empleado hacer por hora mayor será su ingreso y esto se logra aumentando los bienes de capital porque son estos los que mejoran la productividad. No es casual que los países ricos se diferencien de los pobres por las inversiones en estos bienes y que justamente tengan mejores salarios. Veamos que ocurre cuando se tiende a llevar los salarios por encima de los naturales o los del mercado. Muchas veces los gremios y/o gobiernos generan acuerdos con empresas para determinar el salario, por supuesto siempre es por encima del de mercado. El efecto que esto genera es un aumento de los costos de producción y acarrea dos efectos muy graves. El primero es que las empresas que estaban trabajando al límite sus costos ahora tendrán que cerrar y por ende aumentara la tasa de desempleo, el segundo es que aquellas empresas que puedan aguantar este aumento forzado de los costos de producción (el salario es un costo más de producción) se volverán menos eficientes y, tal vez sin incurrir en perdidas, decidirán no expandirse y por ende no contratar más personal (si es que no lo han reducido aun). En conclusión solo unos pocos se verán beneficiados por este aumento forzoso y lo harán siempre en detrimento de muchos otros que están desempleados (y tenían una posibilidad de emplearse) o que estaban empleados y fueron despedidos, o que pasan a trabajar en negro porque las empresas no pueden costearlos. Hasta aquí el artículo intento describir cómo funciona el mercado laboral de manera natural, o sea librado a la interacción libre de los hombres (oferta y demanda) sin intervención del estado. Ocurre que en nuestro país (y en muchos otros) los mercados están intervenidos en mayor o menor medida y por

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ende son de una complejidad inimaginable. En La Argentina, puntualmente, el gobierno concede a las empresas posiciones monopólicas u oligopólicas a cambio de que acepten impuestos excesivos u “otros” favores. Estas empresas al posicionarse de una manera dominante en los mercados pueden aumentar los precios (manteniendo el mercado cautivo) a su placer (por eso es que muchos servicios requieren de la autorización del estado para aumentar los precios) Esto genera la idea en el común de la gente que las empresas tienen la capacidad de aumentar los sueldos cuando quieran y que si no lo hacen es por avaricia de los empresarios. Pero como vemos esto ocurre solamente en mercado cautivos (protegido por el estado). Cuando esta idea se traslada a mercados pequeños, más transparentes y competitivos, donde operan muchas empresas, empiezan los problemas. Porque aquí los empresarios no pueden trasladar el aumento de los costos, o sea la suba del salario por encima de los determinados por el mercado, si van más allá terminan quebrando. Es muy importante poder entender que no son los empresarios quienes tienen la culpa de los salarios (por los menos no es de aquellos que no manipulan al gobierno para tener una posición de privilegio) y así ver cómo funciona el mercado laboral y poder distinguir las causas reales de las subas y bajas de los sueldos y sus respectivas consecuencias. Hay por supuesto muchas otras políticas públicas que afectan directa o indirectamente al mercado laboral y que deben ser tenidas en cuenta al momento de su análisis. Básicamente son todas aquellas medidas que estimulan el ahorro, el consumo, la inflación, la legislación laboral, gremios, salarios mínimos, etc. Debido a que excede al presente artículo quiero mencionarlas solamente para que el lector este enterado.

El campo argentino y la libertad Por Virginia Tuckey

Falencias, virtud y contexto El campo argentino ha sido protagonista continuo de la política nacional. Esto no es casualidad, ya que el ámbito agropecuario representa uno de los pilares económicos más importante del país. Esta característica, sin embargo, no ha puesto al campo en una posición de poder, sino ha servido para debilitarlo y humillarlo. Es, por lo tanto, protagonista de un drama y no de una historia feliz. Hoy, luego de la década que más condiciones favorables ha generado el contexto internacional para que el campo argentino pueda transformarse en una de las potencias agroalimentarias y biotecnológicas del planeta, el contexto nacional ha llevado a que el sector agropecuario tenga que contar las monedas para poder comprar combustible. Este desolador panorama está relacionado directamente con la estructura de un Estado saqueador, que infringe sin piedad las bases éticas de la libertad para alimentar sin límites los pantanos parasitarios dónde se hunde la República. Es el mismo pantano dónde los vividores hacen gala cada vez que logran pisotear un poco más a aquellos que reivindican desde su forma de vida la ética del trabajo y la civilización. Todo esto sucede por varias razones, pero la principal está dada por la casi nula comprensión que los sectores agropecuarios tienen sobre la grandeza de lo que realmente representan. Desde el sector, está muy bien comprendido que son el motor de la economía, de esto no hay dudas. Sin 151

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embargo, el concepto fundamental ha sido olvidado, y es que el productor argentino trabaja sobre tres cimientos indiscutibles: la ética, el progreso y la libertad; y que sin estos, simplemente, desaparecería. La magnitud de los resultados económicos que genera el campo, no es la parte más virtuosa del sector, es simplemente la consecuencia de la virtud del productor. Los resultados son de gran magnitud porque son directamente proporcionales a la visión del hombre de campo. Pensar en grande es más que una obligación, es la naturaleza misma de quién en el medio de un extenso terreno vacío logra generar vida, riquezas y cultura. La comprensión de esta grandeza, es el deber y la tarea más grande que tiene el productor argentino. Para esto, hay que abandonar los lugares comunes y dejar de comprar el discurso de supuesta moderación que resulta conveniente a aquellos que usan el fruto de la virtud para viciar la sociedad y corromperla. Salir de los lugares comunes significa alejarse de los grises, significa alejarse de las falsas y malintencionadas calificaciones impuestas desde los sectores corrompidos, no aceptarlas y poder refutarlas enarbolando la ética del productor. Esta ética no es más que la comprensión que resulta de la interacción constante con la naturaleza y el entendimiento que se desprende de esta, o sea, los derechos inalienables. Estos derechos no pueden cederse ni sobrepasarse, aunque una ley así lo exprese. Son leyes propias de la naturaleza del hombre, que nadie, bajo ningún rango puede extirpárselos y son la verdadera base de una república y la única garantía que respalda a los individuos libres. Para defenderlos, hay que estar convencidos de que el derecho a la vida, la libertad, la propiedad y la felicidad de cada ser humano no puede ser corrompido bajo ninguna circunstancia ni justificación demagógica.

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Al productor argentino se lo acusa de ser egoísta, pretencioso, poco educado, de sólo pensar en su bolsillo, entre tantas otras cosas. Y muchas veces, el propio productor, cae en los enredos de esta retórica falsa y malintencionada elaborada por delincuentes. He aquí la única y gran “culpa” del campo argentino, permitir ser definidos por aquellos de moral corrompida. Egoísta, en el sentido negativo de la palabra, es aquel que pretende disponer de los bienes ajenos usando la fuerza y no aquel que quiere disfrutar del fruto de su esfuerzo. Pretencioso es aquel que cree poder regular la vida y la labor de aquellos que solo quieren vivir y trabajar en libertad. Poco educados son los que creen que repitiendo conceptos inentendibles sobre métodos de producción desde una oficina pública pueden enseñar a producir a quienes lo logran en la práctica usando todos los recursos de su intelecto. Los que creen que pensar en el bolsillo propio es un acto de inmoralidad, son aquellos que sólo pueden llenar los propios saqueando los bolsillos ajenos. Es claro de qué lado está el productor agropecuario y de qué lado están los acusadores de siempre. No hace falta aclaración. Las diferencias son claras y notorias. Ceder ante el cansador discurso de los demagogos es entrar en la zona gris, es vender la autoridad moral y flaquear frente a aquellos que no ven al campo como al gran sector de la economía, sino como al gran botín que ellos pretenden llevarse sin dar explicaciones ni pagar las consecuencias. Ceder es rendirse, ceder es no reconocer el valor del único sector que tiene el poder y la ética para generar el contrapeso necesario para recuperar la República. Ceder es intercambiar la palabra valiosa de aquellos que no necesitan un contrato para cumplir con la palabra empeñada por las promesas de aquellos que violan, incluso, la Constitución Nacional.

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El campo argentino ha dado muestras suficientes de cordialidad con los corruptos, creyendo que así, estos iban a ponerse en los zapatos del productor. Lo lograron, se pusieron en los zapatos del productor, pero no metafóricamente, sino literalmente, ya que hasta los zapatos les han quitado. Si la voz del campo quiere llegar más allá de la tranquera, lo único necesario es que cada uno reconozca que son mucho más que “productores grandes” o “productores pequeños”. Son la visión de grandeza, el trabajo basado en la ética, la palabra que no necesita escribano alguno para ser cumplida, son quienes alimentan al mundo, son los fundadores de la civilización, son quienes interactúan con la naturaleza y logran comprenderla. Son, en definitiva, lo más parecido a un socio que Dios puso en esta Tierra.

Fuente de libertad y potencia mundial Recorrer la historia de la República Argentina es un viaje que lleva directamente a la conclusión que la mediocridad es hija legítima de la corrupción. Nada es tan evidente en la Argentina del siglo XXI como la mediocridad y, por supuesto, la exaltación de la misma. A este mal puerto no hemos llegado de casualidad, ni siquiera es el lugar dónde la nación se ha iniciado. El espíritu que ha dado forma a nuestra República ha sido el de los derechos individuales, el del desarrollo, la educación, la cultura del trabajo; en definitiva, el espíritu virtuoso liberal. Hace cien años, la frase que admite que las “comparaciones son odiosas” no aplicaba al lado argentino. Era nuestra la posición del buen ejemplo. Esto, en el siglo que nos cobija, ya es parte del olvido, al igual que muchas características de aquella Argentina que todavía habita en la mente de muchos extranjeros y de nostálgicos compatriotas, pero no de la realidad.

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La educación, el desarrollo, las instituciones, las ideas de avanzada ya no son parte de nuestro orgullo, son sólo parte de un recuerdo lejano y de una preocupación actual permanente. Argentina ha entrado al siglo XXI del lado odioso de las comparaciones y ha sido por propio gusto. El olvido de algunos, la comodidad de otros, y sobre todo, la absurda moderación ante los atropellos más viles, han dejado un legado de tierra arrasada. Este panorama de retroceso y de triunfo del corrupto sobre el íntegro ha tenido una negativa influencia en el espíritu de un inmenso número de personas rectas y honradas. El exceso de realidad que entorpece la esperanza, desemboca irremediablemente en la idea que la mediocridad es absoluta, que los corruptos han ganado para siempre y que a los rectos y justos sólo les toca el camino de la sumisión o el exilio. Estos son los aires de derrota que se han impregnado en muchos argentinos de bien. Observar la realidad con desilusión y preocupación no es ser pesimista, sino objetivo. Sin embargo, también es parte de esa objetividad, destacar que en este contexto absurdo aún quedan, como si fuese un tesoro por descubrir, un gran número de seres humanos que representan la reserva moral necesaria para el cambio. Vale advertir, que no sólo es necesario contar con ciudadanos de valores insobornables, sino también con una organización de los mismos desde dónde puedan coordinar y dar fuerza a sus ideas, costumbres y ganas de cambio. Afortunadamente, entre este grupo de ciudadanos, hay un sector específico que cuenta con las características y la estructura necesarias para levantar, nuevamente, la Argentina del progreso. Me refiero al sector agropecuario. En el campo argentino, no sólo encontramos la exaltación de la cultura del trabajo, sino también la preservación de las tradiciones más características de nuestra nación. El valor

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absoluto de la palabra como contrato inviolable, la condena social a quien lo viole, un espíritu único de fortaleza ante las adversidades, el don de la bondad y la generosidad propios de quienes piensan en grande y la valoración que se merece la formación y la educación. Esto, que podría sonar como una exageración, es simplemente un resumen de las características más comunes del productor agropecuario argentino. Solo una síntesis de un pequeño grupo que contiene en su interior, no sólo valores, sino una organización, que si fuera apartada de todo lo que los rodea, podría considerarse la organización de un Estado libre y virtuoso. El campo, por su distribución territorial y organización gremial es federal, ellos generan el respaldo al peso argentino, generan además su propia infraestructura para poder abastecerse no sólo de agua, sino para abrir camino al transporte de su producción, y generar la energía necesaria para poner en funcionamiento los campos. El productor argentino, a pesar del saqueo impositivo que sufre y el descrédito que la propaganda falaz le ha atribuido, es el único que aún nos posiciona del lado de las comparaciones virtuosas y no de las odiosas. Es quien compite mano a mano con las potencias mundiales, quien aprende de ellos, pero también enseña a los productores del primer mundo a aplicar tecnologías que han sido desarrolladas con gran éxito en suelo argentino. Todo esto sucede porque el campo argentino es una potencia en sí mismo. Lo es a pesar del contexto de latrocinio que se les impone por la fuerza desde un Estado depredador. ¿Se han preguntado alguna vez cómo sería, entonces, si el contexto fuera regido por las reglas claras que no invaliden ni relativicen el concepto de propiedad, de libertad y de la autodeterminación de los individuos? Si hoy es potencia, ¿Qué lugar ocuparía si la presión que los limita desapareciera? La respuesta la da la

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realidad; Argentina sería el granero, el ganadero, el sojero, el ejemplo del mundo. Los objetivos son alcanzables y el cambio es posible; es el sector agropecuario el único que tiene la capacidad de lograr una transformación que nos devuelva a las raíces de nuestra nación. Para que la transformación comience, es necesario que quienes no pertenecen al sector, pero pertenezcan al grupo de argentinos de bien que quieren recuperar la República, se acerquen a las instituciones rurales, y que desde estos organismos abran las puertas a quienes quieren ser parte de la transformación. Los cambios trascendentales que han dado la bienvenida a un mundo más libre, jamás han venido de la mano de mayorías masificadas y alienadas, sino de hombres éticos y de valor que han sabido ser libres, incluso, cuando las cadenas más les pesaban. Cómo dijera el General Don José de San Martín, “hace más ruido un solo hombre gritando que cien mil callados”. Estamos ante la etapa más crítica de nuestra nación. Callarse no sólo es derrota, es también complicidad. Ha llegado la hora de gritar.

Parte III: Una economía para crecer en libertad

Basta de populismo industrial71 Por José Luis Espert La idea del industrialismo “a la Argentina” consiste en cerrar todo lo que se pueda la economía a la competencia importada y que el agro tenga una rentabilidad mínima para que haya alimentos baratos que aumenten el salario real y las masas urbanas tengan mayor capacidad de comprar bienes industriales. También implica que se graven las exportaciones de energía y otros insumos industriales, para que la industria tenga costos bajos y pueda “agregar valor”. Y demanda que se controle el sector financiero, para que haya tasas de interés que permitan el financiamiento barato de la industria o el financiamiento del consumo de bienes industriales. También controla las tarifas de servicios esenciales para evitar la reducción del salario. El populismo industrial, al transformar en un tótem a la sustitución de importaciones y cerrar la economía a la competencia importada, hace caer el tipo real de cambio (apreciación real). Esta perjudica al agro, pero relativamente más a la industria de exportación no tradicional (por ejemplo, el vino), que tiene que pagar los mayores salarios reales derivados de un aumento en la demanda de trabajo de la industria sustitutiva que incrementa su producción, sin recibir el crédito de la suba de aranceles o la restricción a las importaciones. La sustitución de importaciones beneficia sólo a la industria menos competitiva, y perjudica a todo el resto, incluyendo al agro, la energía, al turismo y a las más eficientes con competitividad exportadora. 71  Publicado en La Nación, 27 de mayo de 2012.

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El populismo industrial ha destrozado el Mercosur, acordado en 1991 por la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que establecía el comienzo de un mercado común desde 1995 y el libre comercio total (0% de aranceles) entre sus miembros desde 2005. Sin embargo, ese mismo año y a instancias de la Argentina, se acordaron con Brasil Mecanismos de Acción Competitiva, eufemismo para denotar que nunca habría libre comercio con Brasil. Como contrapartida, hace unas semanas nada más, el país envió una misión comercial oficial a Angola, en la que el stand de mayor concurrencia terminó siendo el de la feria trucha de La Salada. Una muestra del fracaso del populismo industrial es que luego de 10 años de tener la mesa servida a gusto y piacere, el Gobierno ha recurrido a una casi prohibición de importaciones para seguir protegiendo a la industria sustitutiva, que, por si fuera poco, mostró en 2011 un déficit comercial récord histórico de US$ 30.000 millones. ¿De dónde proviene el combustible para romper el oxímoron de crecer sobre la base de una economía casi en autarquía como la que propone el populismo industrial? Se trata de un modelo que se sostiene mientras las circunstancias internacionales extraordinarias lo permiten. El agro aguanta mientras el precio de la soja compensa el atraso cambiario. La producción de petróleo y gas aguanta gracias a inversiones anteriores hasta que se desploma la producción. Las exportaciones industriales desaparecen por falta de competitividad y represalias de otros países. Los depósitos y el crédito se sostienen hasta que la inflación y el atraso cambiario hacen de la compra de dólares el único refugio a la expoliación de las tasas de interés negativas. El aumento del gasto público y la presión impositiva se sostienen hasta que circunstancias internacionales inician una contracción económica y el déficit fiscal se torna inmanejable. Hoy, con una presión impositiva récord histórica de 50% del PBI o $ 820.000 millones para los que están en blanco (en la Unión Europea es 55%, con un PBI per cápita 2 veces y

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media superior al nuestro), el déficit fiscal es de 3,1% del PBI, el tercero más grande de los últimos 20 años, sólo superado por 2000 y 2001. El financiamiento monetario y con reservas desde el Banco Central permite una demanda interna pujante hasta que la tasa de inflación y la pérdida de reservas empiezan a hacer estragos en los bolsillos de los consumidores y en las mentes de nuestros policy makers, que, frente a la pérdida de reservas producto de la fuga de capitales y el déficit fiscal, rápidamente establecen controles de cambio que generan más incertidumbre, más suba del riesgo país y más fuga de capitales. Nuestra experiencia con el populismo industrial es frustrante. Sin embargo, estamos aferrados a él más que Guillermo Moreno a sus modales de baja estofa. Lo aplicamos con muy breves interrupciones desde 1930 y los resultados están a la vista. Antes de la Gran Depresión, teníamos un PBI per cápita 4 veces superior al brasileño y hoy es sólo 50% superior. Era 2 veces el de Chile y ahora es 25% inferior. Contra Venezuela era 3,5 veces más grande y ahora sólo lo supera en 25 por ciento. La lista sigue, pero en todos los casos la conclusión es clara: la sustitución de importaciones nos hizo retroceder. Se podrá argumentar que muchas de las potencias mundiales de hoy fueron proteccionistas antes. La respuesta a esto es que pasó hace siglos en contextos diferentes, que lo habrán hecho bien y que hoy son economías muy abiertas al comercio. Además, en el último siglo, las experiencias de países emergentes como el nuestro con aperturas bien hechas han sido muy exitosas, en el sentido de generar crecimiento sostenido a tasas altas y mejora en los indicadores sociales. Terminemos con el populismo industrial, que siempre acaba mal con sus consecuencias sobre el aislamiento mundial, déficit fiscal, alta inflación, controles cambiarios y perjuicios

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para los sectores más eficientes de la economía, como el agro, el turismo y la exportación industrial competitiva.

Un nuevo modelo productivo para el país72 Por Daniel Montamat El acuerdo con China ha reavivado un debate pendiente de cara al futuro. En buena hora. El eterno presente del populismo gobernante nos acostumbró a los espasmos tácticos detrás de la estrategia del poder perpetuo. Salvo contadas excepciones, la dirigencia política y social se acomodó al cortoplacismo oficial y sucumbió a los cantos de sirena del capitalismo de amigos. La recesión, la inflación y el desempleo terminaron de deshilachar el “modelo de crecimiento con inclusión social” que desde hace tiempo acumula déficits con atraso cambiario, y que ya ha dejado de convencer a propios y a extraños. El modelo productivo de la Argentina que viene debe apuntalarse en consensos básicos, aprovechar las oportunidades que nos ofrece el reacomodamiento del orden mundial, maximizar el valor agregado exportable y potenciar la creación de empleo privado formal. La Argentina dicotómica no es un invento de los Kirchner; ellos exacerbaron un rasgo idiosincrático que surca toda nuestra historia. Las “o” disyuntivas también dominan la historia de nuestra organización productiva. En el siglo XIX fue “librecambio o proteccionismo”; en el XX, “agro o industria”, y en el presente siglo la inercia nos ha retrotraído a la disyuntiva entre aislacionismo o integración, casi un arcaísmo en el mundo de las cadenas globales de valor. La Argentina de la emancipación rompió con el monopolio comercial impuesto por España en el período colonial. El libre comercio promovió la exportación de cuero, sebo y tasajo a cambio de manufacturas que desplazaron en el mercado 72  Publicado en La Nación, 16 de marzo, 2015.

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doméstico producción artesanal que antes contaba con un mercado protegido. Aquel modelo productivo exportador primario beneficiaba a Buenos Aires, que concentraba la mayor cantidad de saladeros, y perjudicaba al interior, donde predominaba la producción artesanal. Allí empezó la tensión entre librecambistas y proteccionistas. De Angelis, en la Gaceta Mercantil, órgano oficial del período rosista, argumentaba que la protección traía como consecuencia inevitable el aumento de los costos de producción y favorecía a algunas industrias en perjuicio de otras. Aunque Rosas representaba los intereses ganaderos de la provincia de Buenos Aires que resistían el proteccionismo, para consolidar su poder en el interior tuvo que conceder la ley de aduanas en 1835, que estableció aranceles a la importación. Su gobierno quedó ideológicamente emparentado con un régimen proteccionista que no tuvo mayores consecuencias prácticas (las importaciones inglesas, luego de un corto interregno, volvieron a crecer), pero que dio pie, tras su caída, a una nueva oleada de ideología librecambista. Desde mediados del siglo XIX hasta fines de siglo -cuando predominaron los cereales y la carne congelada-, surgió la economía lanar. Con la cría del ganado ovino y los establecimientos de esquila se sumó un nuevo producto a las exportaciones tradicionales. El comercio de lana abrió nuevos mercados, promovió nuevas tecnologías y aumentó el valor agregado agropecuario. Pero se exportaba lana en bruto y los productores locales eran tomadores de precios del mercado internacional. Cuando los precios internacionales bajaron se reavivó el debate productivo interno. Rufino Varela, ministro de Carlos Casares (1875-1878), en un discurso ante la Legislatura buscó superar la dicotomía de arrastre: “por libertad de cambio entiendo producto acabado por producto acabado. El día en que nuestras lanas puedan salir de aquí, no digo convertidas en paño, sino en levita completamente concluida para pedirle a Inglaterra el fierro convertido en agujas o en cuerdas de reloj, es decir, el producto concluido de nuestro país, por el producto concluido de Inglaterra”. El pensamiento de Varela correspondía

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a una vertiente industrialista nutrida por figuras como los dos López (Vicente Fidel y Lucio), Pellegrini y Cané, entre otros. El propio Alberdi, ya desde Europa, mostraba empatía con estas ideas cuando sostenía “que el proteccionismo inteligente, liberal y progresista no engorda a los reyes, pero sí a los pueblos”. Toda esta corriente de pensamiento suscribía, sin renunciar a su liberalismo político, a las teorías de la industria infante (Carey) promovidas por los partidarios de la industrialización de los Estados Unidos. José Carlos Chiaramonte identifica este grupo como el de los “liberales nacionalistas”, para distinguirlo de los nacionalistas antiliberales y de los liberales librecambistas. La dicotomía proteccionismo o librecambio impidió que el espacio liberal forjara acuerdos básicos para promover el incipiente desarrollo industrial nacional asociado a la cadena de valor agropecuaria, y esa discordia sembró la simiente para que el nacionalismo anti-extranjero y corporativo enarbolara en el siglo XX la dicotomía “campo o industria”. El caballo de batalla de la nueva concepción binaria fue el modelo productivo de sustitución de importaciones, otra visión dicotómica y determinista de la realidad económica para la cual el subdesarrollo de la periferia es consustancial al desarrollo del mundo industrializado (países centrales). Corolario que sirvió al mismo tiempo como bálsamo exculpatorio y como premisa de una industrialización forzada a costa de la producción y de la productividad agropecuaria. La dicotomía campo o industria y la consiguiente orientación productiva al mercado doméstico frustraron el debate superador de una estrategia productiva orientada a los mercados internacionales a partir de una plataforma regional. Una estrategia con éxitos probados en la experiencia comparada cuyo debate empezó a insinuarse a partir del Mercosur, unión aduanera concebida en su génesis como nueva escala para el mercado doméstico y para la complementación intra-industrial de sus miembros. El atraso cambiario con salidas divergentes en Brasil (1998) y la Argentina (2002) volvió a clausurar el debate y la posibilidad de una articulación integradora.

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Cuando explotó la convertibilidad, los superávits gemelos de la recuperación productiva alentaron expectativas de un nuevo rumbo económico orientado a la producción exportable con valor agregado, pero fue todo fugaz: la institucionalidad populista volvió por sus fueros. Otra vez el retraso cambiario y las medidas discrecionales de protección compensatoria para profundizar la autarquía y demonizar la integración al mundo a partir de la región. Vuelta a una sustitución de importaciones sostenida por los precios excepcionales de la producción agropecuaria exportable de la última década. Otra vez agro o industria, sin tener en cuenta los condicionantes del mundo globalizado. Los datos señalan que en el último quinquenio, en promedio, las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI) fueron de US$ 25.000 millones por año, y el déficit de la balanza comercial sectorial fue de US$ 30.000 millones/año, dado que el promedio de compras al exterior de ese sector fue de US$ 55.000 millones. Es decir, por cada 5,5 dólares que importa el sector industrial exporta sólo 2,5. Las exportaciones industriales son de 600 dólares por habitante en la Argentina, contra 2400 para México y 9800 de Corea. He aquí el nuevo dilema: o bajamos la importación de insumos industriales (y caen el empleo y el nivel de actividad) o aumentamos el destino regional e internacional de nuestra producción manufacturada. Por eso, el primer desafío de un modelo productivo superador para el siglo XXI es vertebrar las cadenas de valor primarias, con la industria y los servicios para internacionalizar nuestros productos a partir de las ventajas comparadas que tenemos. En segundo lugar, hay que consolidar una plataforma productiva regional con nuestros vecinos, para integrar los mercados, promover encadenamientos productivos y negociar acuerdos de largo plazo con otras regiones o países extranjeros. Tercero, debemos aprovechar el reacomodamiento del orden mundial para reinsertar estratégicamente al país en las relaciones internacionales. A partir de una masa crítica regional podemos ofrecer seguridad alimentaria a China, la India y otros países emergentes, y seguridad energética a Estados Unidos y Europa. Otro modelo productivo, nuevos empleos formales.

Un futuro común: Agro e industria en la Argentina73 Por Jorge Castro En las condiciones de la nueva revolución industrial que ha surgido en el mundo avanzado en los últimos 10 años, no hay posibilidad de desarrollar la industria en la Argentina a través de una estrategia de sustitución de importaciones. La alternativa para desarrollar la industria, y en general establecer una estrategia de desarrollo nacional sostenido y sustentable, es construir sobre los logros de la economía argentina en los últimos 20 años, que son básicamente dos: el surgimiento de un nuevo agro profundamente competitivo e integrado con el sistema industrial y de servicios; y el sector de la industria manufacturera que se ha volcado a las exportaciones, y que ya representa más de 30% del total. Este último grupo abarca tanto a empresas transnacionales radicadas en el país como a compañías de capital nacional. Se ha desatado en el mundo avanzado una nueva revolución industrial, con eje en EE.UU. y Alemania, que fija nuevos estándares, cualitativamente superiores, de productividad y competitividad. Este cambio tecnológico no tiene una naturaleza puramente cuantitativa en lo que se refiere al aumento de la productividad, sino que implica un momento disruptivo, de carácter sistémico, que modifica las condiciones de acumulación global.

73  Publicado en Clarín, 12 de octubre, 2014.

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Los rasgos del nuevo paradigma productivo son los siguientes: hay una extraordinaria capacidad de producción personalizada, propia de los requerimientos de un consumidor altamente sofisticado y poseedor de elevados niveles de ingresos, sumada a la aptitud para producir en masa y a escala global, característica de las anteriores fases de la revolución industrial. La consecuencia es una caída vertical de la estructura de costos, que en el horizonte implica incluso la desaparición del factor laboral como elemento significativo del proceso de acumulación; y todo esto acompañado de un aumento excepcional de la productividad de todos los factores (PTF). Por eso han surgido nuevas máquinas y herramientas de extraordinaria flexibilidad y precisión, cuyos costos son cada vez menores debido al cambio tecnológico acelerado, como es el caso de los equipos de impresión en tres dimensiones (3D) y del vuelco generalizado a la nanotecnología. La característica central del nuevo agro argentino surgido en los últimos 20 años es su extraordinario nivel de incremento de la productividad, que es la propia del capitalismo avanzado, en la que el tiempo le ha ganado la carrera al espacio y la producción ha adquirido un carácter global. La productividad de las áreas agrícolas de La Pampa húmeda Argentina es equiparable a la del Medio Oeste norteamericano, y en lo que se refiere a la producción de soja ha sido superior en los últimos 10 años. Este salto de productividad agrícola ha estado unido a una modificación de la naturaleza de la actividad: la producción agroalimentaria Argentina se ha desterritorializado. La renta agraria ha sido históricamente la renta del suelo, que es la que depende de la productividad de la superficie sembrada, por naturaleza desigual y estable. De ahí su denominación de “renta diferencial”.

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A partir de 1991, en la Argentina ha surgido un nuevo modo de producción agrícola en que la productividad se incrementa por el juego de todos los factores de la producción, del cual el menos relevante es la propia actividad agraria, creadora de renta diferencial. Ha surgido ahora un sistema interactivo, esencialmente urbano, que integra agro, industria y servicios; y en el que las empresas avanzadas se transforman de productores agrícolas en compañías de servicios. Este sistema desterritorializado está profundamente vinculado, en términos estructurales, con la industria y los servicios; y constituye un conjunto integrado, en que el nuevo agro actúa como incentivador de la actividad y de la productividad de los otros sectores. En la Argentina, el proceso de desarrollo industrial más allá del ámbito de la estrategia de sustitución de importaciones ya se ha desatado. A partir de la década del 90, las empresas transnacionales (ETN) radicadas en el país han comenzado a aumentar significativamente sus exportaciones; y lo han hecho a través del sistema integrado transnacional de producción, núcleo estructural del capitalismo en el siglo XXI, que es el sector que experimenta en gran escala una nueva revolución industrial. Esta tendencia también es protagonizada por un grupo de grandes compañías de capital nacional. Esta es una diferencia crucial con respecto a lo que ocurría en la etapa sustitutiva (1935-1976), en la que el objetivo de las trasnacionales era abastecer, prácticamente en forma exclusiva, el mercado doméstico. Las ETN comenzaron a aumentar sus exportaciones 16,7% por año a partir de 1986/1991; y las especializadas en recursos naturales lo hicieron a un ritmo de 13,3% anual, en tanto que

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las sustitutivas alcanzaron una tasa todavía mayor (22,5% por año). En este mismo período, las ETN aumentaron significativamente las compras de componentes importados, hasta alcanzar un nivel de más de 50% de sus insumos, lo que revela en forma nítida el proceso de transnacionalización de su producción y de integración en las cadenas globales de valor. Por eso es que el saldo del comercio internacional de la industria manufacturera argentina ha sido, desde entonces y en forma creciente, ampliamente negativo, hasta llegar a un déficit en la balanza comercial industrial de US$32.000 millones en 2013 (2/3 de esa brecha negativa corresponde a la industria automotriz). Un Estado activo, con una visión estratégica global de largo plazo, es la condición para desarrollar la industria argentina en las condiciones del siglo XXI. Lo político y lo económico en el capitalismo son realidades internamente vinculadas por necesidad. La distinción entre lo económico y lo político es puramente analítica y, por lo tanto inexistente en el terreno de la experiencia histórica y de la acción política. De ahí que la política, entendida en un sentido estratégico, sea cuestión de prioridades y no de ideologías y, sobre la base de distinguir entre lo esencial y lo accesorio, sea capaz de apostar todo a lo fundamental, mientras que descarta como irrelevante lo secundario. Lo esencial en la Argentina hoy, en un contexto mundial excepcionalmente favorable, consiste en incentivar sus fortalezas tanto en el agro como en la industria, o mejor, en la unión indisoluble, estructural, entre ambos. El objetivo es conseguir recursos y tiempo para reconvertir la totalidad de la estructura productiva, ante todo en la industria,

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y de esa forma enfrentar y resolver el problema social, en un mismo movimiento de transformación. El desarrollo económico no tiene en el capitalismo un significado puramente cuantitativo. Es un fenómeno de naturaleza cualitativa, que consiste en el traslado de los factores (capital y trabajo) de las actividades de baja productividad a las de productividad más elevada (nuevas industrias). Eso requiere un Estado activo, que incentive y resuelva las reformas estructurales, más allá del mantenimiento de las reglas de la estabilidad macroeconómica, que son una condición, pero no son una política.

Una propuesta de reforma monetaria para Argentina74 Por Nicolás Cachanosky

Dolarización flexible con banca libre Argentina se encuentra, una vez más, transitando una profunda crisis económica. Las débiles instituciones monetarias tienen un rol central en esta problemática. Que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) es una institución desinteresada, o incapaz, en proteger el poder adquisitivo de la moneda nacional debiera ser una apreciación fuera de discusión. Desde su fundación en 1935 hasta fines del 2013 la inflación equivalente anual fue de un chocante 55%. En promedio, Argentina ha vivido con una inflación del doble a la que los residentes han tenido que soportar en el 2013 que acaba de terminar. En estos 78 años, sólo en 23 ocasiones la inflación fue menor al 10%, en 17 menor al 5%, y un magro 11 veces menor a un 2% (sin contar los años de deflación por crisis y no buena administración monetaria.) En 1935 regía el Peso Moneda Nacional. Hoy, luego de seis cambios monetarios en los cuales se dejaron de lado trece ceros, rige un Peso devaluado sin perspectivas de mejora en el corto y mediano plazo. Argentina no posee un banco central meramente ineficiente, posee uno de los peores bancos centrales del mundo. Es este pobre desempeño, y no cuestiones culturales, lo que explica la parcial y desprolija dolarización actual de Argentina. Sintomático del desinterés del gobierno de turno es agregar insulto al daño al bolsillo de los argentinos negando que la inflación sea un fenómeno monetario, publicando datos 74  Publicado en INFOBAE, 23 de enero, 2014.

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oficiales de inflación de muy dudosa credibilidad y reformando la Carta Orgánica del BCRA disminuyendo su responsabilidad institucional en esta materia. La historia monetaria argentina muestra, sin embargo, que sería un error creer que el desmanejo monetario es un problema propio del kirchnerismo. Este movimiento, ya en un ingrato ocaso, es una expresión más de lo peligroso que la dirigencia política Argentina ha sido para la economía de su propio país. Dada la historia monetaria Argentina, la delicada situación económica de los últimos años, y la falta de propuestas de fondo sobre los problemas institucionales, decidimos junto a Adrián Ravier escribir un borrador de reforma monetaria para Argentina que implica cerrar el BCRA y aplicar una dolarización flexible con banca libre. Nuestro documento, debemos aclarar, es poco más que una actualización de la propuesta que Steve Hanke y Kurt Schuler hiciesen para Argentina a fines de la década del noventa sumada alguna influencia del esquema de reforma monetaria de George Selgin para Estados Unidos. Creemos que rechazar un planteo como éste en base a que el BCRA puede hacer una política monetaria eficiente es una expresión de deseo con tenue sustento. Si bien en términos teóricos podemos imaginar un BCRA ideal, el BCRA real es muy distinto al que los argentinos se merecen. Aferrarse al Titanic monetario porque el Titanic es argentino puede ser muy loable para quien defienda el nacionalismo monetario, pero ciertamente es ineficiente en términos económicos y de crecimiento a largo plazo. Si bien es cierto que una reforma monetaria no es suficiente para corregir los problemas económicos y sociales de Argentina, la historia del BCRA sugiere que sí es una reforma necesaria. Creemos que los problemas monetarios de Argentina no se agotan en una discusión de política monetaria, sino que requieren de una seria revisión a nivel institucional. Sin desconocer que todo esquema monetario posee limitantes, en esta propuesta buscamos desmitificar algunas de las críticas más comunes asociadas a una reforma con estas características esperando que motiven un debate político

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más amplio al actual. Un debate institucional serio debe cuestionarse premisas, sean éstas correctas o incorrectas. Si bien el documento que compartimos al final de esta nota ofrece una discusión más extensa y detallada, en esta columna sólo quiero referirme brevemente a tres aspectos que consideramos centrales: (1) dolarización flexible, (2) banca libre, y (3) el problema de soberanía monetaria.

Dolarización flexible Por dolarización suele entenderse utilizar el dólar como moneda en lugar de una moneda nacional. Estrictamente hablando, una economía puede estar “dolarizada” y utilizar una moneda distinta al dólar como puede ser el euro, el real, etcétera. Por flexible queremos indicar que la propuesta no consiste en cambiar el monopolio del peso por el monopolio del dólar. El planteo consiste, en cambio, en dar libertad de elección a los individuos y empresas para que elijan qué moneda utilizar en lugar de que les sea impuesta por el Estado. Dada la demanda de dólares, es de esperar que el primer paso al salir del peso sea hacia el dólar. Pero no hay motivos por los cuales restringirle al mercado la posibilidad de migrar a otra moneda si así lo considera conveniente. En otras palabras, la propuesta sugiere pasar del monopolio del peso a la libre elección monetaria. Es importante tener presente que existen casos de economías dolarizadas o atadas al dólar que no han caído en desgracia. Hong Kong es, posiblemente, el caso más llamativo. A pesar de lo disminuido de su geografía es una de las economías más competitivas a nivel mundial. Argentina, en cambio, posee recursos naturales y una gran variedad climática empero de lo cual no logra desarrollarse. En oposición a lo que algunos parecen considerar apropiado, la competitividad se obtiene con buena infraestructura, bajos impuestos, y un buen clima de negocios, no con un tipo de cambio devaluado disfrazado con el eufemismo de “tipo de cambio competitivo”. Si devaluando se ganase competitividad, Argentina sería una potencia económica mundial, y no un país con una industria

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temerosa de competir en igualdad de condiciones en el plano internacional. Otro caso es el de Ecuador, país que no se caracteriza por una dirigencia política amigable al libre mercado. Ecuador dolarizó su economía en el 2000 y desde entonces ha tenido uno de los períodos monetarios de mayor estabilidad en su historia. Panamá es, también, otro del que no se puede decir que la dolarización haya dañado a su economía. De hecho, Panamá fue un país que a pesar de no tener un banco central, o quizás gracias a ello, se ha recuperado rápidamente de una crisis internacional tan severa como la del 2008. Si bien Argentina posee una economía mayor a la de los países arriba mencionados, su tamaño respecto a la economía de Estados Unidos es similar al de varios estados como Missouri, Connecticut, Louisina y Oregón. No se escuchan voces, sin embargo, sosteniendo que estos estados deben abandonar el dólar y emitir su propia moneda. No hay nada natural ni superior per se en tener una moneda nacional. La estabilidad y desarrollo económico dependen de un sistema monetario estable y confiable, sea éste nacional o no.

Banca libre Por banca libre entendemos el permiso a los bancos de emitir sus propias notas convertibles contra el dólar o el dinero fiat que consideren apropiado. Esto, que si bien puede parecer una idea extrema en Argentina y que nada tiene que ver con el caso de bonos provinciales como lo fueron los Patacones, no sólo ha sido práctica común en la historia económica, sino que se encuentra hoy día presente en países con buen desarrollo económico como Irlanda, Escocia y Hong Kong. En Escocia, por ejemplo, se estima que el 90% de las notas en circulación son de emisión privada. Hoy dos motivos por los cuales éste es un aspecto cuya importancia no puede exagerarse. En primer lugar, la emisión privada de notas convertibles contribuye a la estabilidad financiera del sistema al ser una

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fuente extra de ingresos que permite diversificar el riesgo. A su vez, la competencia del sector puede traducir estos ingresos en beneficios extra a los clientes a través de mejores tasas de interés, servicios, premios, etcétera. Es decir, el señoreaje de la emisión de dinero queda en Argentina en lugar de quedar en la Reserva Federal de Estados Unidos. La ganancia estimada de la emisión de notas privadas para Irlanda y Escocia en el 2005, por ejemplo, llega a un valor de 145$ millones de dólares. Estos ingresos se traducen en puestos de trabajo, inversión, estabilidad financiera, etcétera. En segundo lugar, la posibilidad de emitir notas convertibles contribuye a la estabilidad macroeconómica al dar mayor flexibilidad a la oferta de dinero ante cambios en la demanda de dinero. Los casos históricos comparados de banca libre como el canadiense y el escocés frente a los mal llamados “banca libre” en Estados Unidos e Inglaterra respectivamente muestran que dichos sistemas (Canadá y Escocia) son más eficientes y estables que aquellos donde existen regulaciones al sistema financiero (Estados Unidos e Inglaterra.) La Reserva Federal y la regulación financiera no pudieron evitar numerosas quiebras de bancos durante la Crisis del 30 en Estados Unidos, mientras que en Canadá, bajo un sistema competitivo y sin banco central, ningún banco debió cerrar sus puertas. Nótese que esta propuesta no implica una multiplicidad de tipos de cambio o unidades de cuenta dado que cada banco emite su propia nota convertible contra la misma moneda, por ejemplo el dólar. Del mismo modo que puede haber cheques de distintos bancos contra pesos, las notas convertibles de los bancos serán contra otra unidad de cuenta como el dólar, el euro, o la que sea la moneda elegida por el mercado. Los precios de los inmuebles, por ejemplo, pueden estar nominados en dólares indistintamente de cuál sea el banco a través del cual se realiza la transacción. Vale hacer una aclaración más sobre el problema de estabilidad financiera. Es común escuchar decir que la crisis del 2008 muestra que la desregulación del sistema financiero termina en graves problemas económicos. Esta es una

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afirmación curiosa, dado que el sistema financiero no sólo es el mercado regulado, sino que depende de un monopolio estatal. La crisis del 2008 tuvo poco que ver con fuerzas de mercado y mucho que ver con errores de política monetaria y regulaciones gubernamentales. Es equívoco insistir con una crisis de libre mercado haciendo referencia al 2008 cuando aquella se desató en el mercado menos libre dependiente de monopolios estatales.

¿Soberanía monetaria? Que la Argentina no debe renunciar a la soberanía monetaria es, quizás, el argumento más repetido contra una propuesta de estas características. Pero entendemos que esto es un mal uso del término soberanía y su uso agrega más confusión que claridad al debate. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, soberanía nacional es la “que reside en el pueblo y se ejerce por medio de sus órganos constitucionales representativos”. Ninguno de los países dolarizados arriba mencionados son menos soberanos por elegir libremente usar una moneda como el dólar. Los países de la Zona Euro, por ejemplo, no han renunciado a su soberanía al adoptar el euro. Lo que nosotros proponemos es devolver la soberanía al pueblo reduciendo así la posibilidad de opresión monetaria por parte del Estado argentino. Pero dado el alto poder de destrucción monetario de la clase política Argentina creemos necesario que el BCRA cese sus funciones como emisor de moneda para evitar la tentación política de abusar de esta facultad; 78 años de historia Argentina muestran el débil poder de autocontrol de la política Argentina. Creemos que es cuestionable una soberanía en la cual el que vive en suelo argentino está sometido a una inflación anual promedio del 55% donde incluso se le prohíbe atesorar en dólares o en la moneda que desee. En una república, como dice ser Argentina en su Constitución Nacional, es el pueblo, no el gobierno, quien ejerce su soberanía a través del Congreso. Limitar el poder de opresión monetaria del estado da más, no menos, soberanía al pueblo.

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Reflexiones finales De poco sirve discutir política económica y monetaria bajo un esquema institucional que impone incentivos contraproducentes a la clase política. Hablar de “planes”, “correcciones al modelo” o de “eficiencia de gestión” son expresiones vacías de propuestas institucionales concretas. Países como Venezuela o Argentina no van a adquirir el nivel desarrollo de países como Suiza, Inglaterra, Alemania o Canadá por mejorar la calidad de gestión; lo que estos países necesitan es mejorar sus instituciones. Con Ravier esperamos que este documento contribuya a un debate mejor informando y con posiciones más abiertas que la miope visión que se deja ver en parte importante del debate político actual.

En defensa de la economía ortodoxa75 Por Adrián Ravier La ortodoxia es, según la primera acepción del diccionario de la Real Academia Española, la “conformidad con doctrinas o prácticas generalmente admitidas”. En términos económicos, la profesión ha llegado a consensos que nos conducen a resaltar el equilibrio fiscal (en Finanzas Públicas), la estabilidad monetaria (en Macroeconomía, y en la subdisciplina de la teoría y la política monetaria) y la apertura económica (en Economía Internacional). Históricamente, la economía Argentina ha mostrado problemas en los tres frentes mencionados, abrazando un enfoque heterodoxo. En el frente fiscal, la historia económica reciente de Argentina muestra déficits sucesivos con la sola excepción del período 2003-2008, explicado únicamente por la enorme devaluación que implicó la salida de la  convertibilidad (tipo de cambio fijo de 1 a 1 entre el peso argentino y el dólar estadounidense), deprimiendo los salarios del sector público, para luego recuperarse en los seis años siguientes. “Normalizado” el nivel de estos salarios, Argentina retornó a los sucesivos déficits fiscales hasta el día de hoy. Se podrá preguntar el lector cuál es el problema de mantener estos déficits fiscales. En primer lugar, hay que señalar que su financiamiento tiene consecuencias. En varios momentos de nuestra historia reciente, se financiaron con nuevos impuestos, lo que nos ha conducido hoy a la mayor presión tributaria de nuestra historia, y también de toda América, lo cual reduce la 75  Publicado en PanamPost, 5 de diciembre, 2014.

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eficiencia del sector productivo, impidiéndole generar empleos y riqueza. Cuando la sociedad se negaba a aceptar el pago de mayores tributos, el Gobierno creaba deuda pública interna y externa. Fue así que durante los Gobiernos militares, tuvimos los primeros grandes saltos de nuestra deuda —en la década de 1990, la misma se duplicó en solo 10 años. En otras oportunidades, los desequilibrios se financiaron con emisión monetaria, por ejemplo en la vuelta a la democracia con la presidencia de Raúl Alfonsín, lo que nos dejó la mayor  hiperinflación  de nuestra historia. Nuestro ministro de Economía muestra hoy orgullosamente una deuda pública en relación con el PIB bastante baja, propio de una década en la cual la economía se recuperó de la crisis de 2001, mientras se contuvo el endeudamiento externo. Sin embargo, este resultado no es la consecuencia de una política conservadora u ortodoxa, sino que la Argentina ha utilizado otros instrumentos, a saber, la deuda interna con ANSES y el BCRA, y la monetización de sus déficits públicos. Hoy el  activo  del BCRA muestra una enorme proporción de títulos públicos (bonos), lo que deja su situación patrimonial seriamente comprometida.

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Elaborado a partir de “Sector Público No Financiero, Cuenta AhorroInversión-Financiamiento”, Secretaría de Hacienda, Ministerio de Economía. (Consultora Macroeconómica Espert)

En segundo lugar, hay que señalar que históricamente la Argentina ha mostrado problemas para controlar el  gasto público  y manejar estos déficits. El mismo gráfico muestra el déficit del 12,1% de PIB que terminó con el episodio hiperinflacionario de 1975 conocido como Rodrigazo. La devaluación logró deprimir el gasto y llevarlo a menos del 4 % del PIB, para retornar apenas seis años más tarde — caracterizado por la Tablita de Martínez de Hoz— a un déficit fiscal del 11,3%. El retorno a la democracia se caracterizó también por sucesivos déficit fiscales financiados con emisión monetaria, además de sucesivas devaluaciones. La consecuencia fue nuevamente la misma: cuando el déficit fiscal alcanzó en 1988 un 6,5% del PIB, la monetización nos condujo a la hiperinflación.

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La convertibilidad de los años 1990 fue acompañada de ciertas políticas ortodoxas como la privatización de los servicios públicos, que permitieron ajustar al menos los déficits que por entonces generaban las empresas administradas por el Gobierno. Sin embargo, el gráfico deja claro que salvó un único año de 1993 en que se recibieron los ingresos de la venta de empresas públicas, no hubo equilibrio fiscal en toda la década. En este caso, tras el  Plan Brady, el financiamiento del déficit público provino de la deuda pública, lo que claramente comprometía la sostenibilidad del modelo. Solo en la medida en que acreedores externos estuvieran dispuestos a financiar estos desequilibrios, Argentina podría mantener el crecimiento económico. Fue a partir de la crisis asiática de 1997, el default ruso de 1998 y la devaluación brasileña de 1999, que los acreedores decidieron interrumpir el financiamiento y comenzó la presión para abandonar la convertibilidad. Lejos del “déficit cero” ortodoxo, la Argentina mostró desequilibrios crecientes, llegando en 2001 al 7% del PIB, lo que marcó el fin de la convertibilidad, con una devaluación monstruosa. Al asumir Néstor Kirchner se encontró con una situación extrañamente agradable. Si bien la Argentina apenas estaba saliendo del pozo, el superávit fiscal de 2004 era del 3,8%. No es que el kirchnerismo haya tomado políticas ortodoxas, prudentes, conservadoras, para reducir el déficit fiscal, sino que la hiperdevaluación que se requirió para salir de la convertibilidad redujo notablemente los salarios reales de los trabajadores del sector público. Desde 2004 en adelante, esos mismos asalariados comenzaron a recuperar el poder adquisitivo, lo que sumado a sucesivos planes sociales, nos condujeron en 2007 a un nuevo déficit fiscal del 0,3%. De ahí en adelante, la Argentina siguió ampliando la brecha entre ingresos tributarios y gastos, nacionalizando el sistema de pensiones y apropiándose

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de los fondos de la ANSES (más de US$30 mil millones) y de la máquina de crear dinero del Banco Central. El 2014 está cerrando con un déficit fiscal estimado del 5,9%, lo que seguramente impulsará al Gobierno a acceder a su deuda pendiente: el endeudamiento externo. El desenlace de este modelo no lo conocemos aún, pero no parece ser muy distinto en comparación con la historia recorrida durante gran parte del siglo XX. Argentina sistemáticamente ha ignorado las lecciones básicas de la economía, ha abrazado la heterodoxia, y sistemáticamente ha empobrecido a la sociedad. Nadie puede dudar de lo exitoso del relato heterodoxo en señalar como ortodoxos el modelo militar o aquel de la década de 1990, cuando en realidad, muy lejos han estado ambos de seguir esta línea de pensamiento. La Argentina necesita ortodoxia, lo ha necesitado siempre, aun cuando esta palabra haya sido abusivamente malinterpretada y denostada desde casi todos los sectores de la sociedad.

Seis medidas necesarias para recuperar la competitividad internacional76 Por Martín Simonetta El transcurso del presente año reafirma la tendencia de caída tanto de las exportaciones como de las importaciones de nuestro país, reforzando el hecho que las ventas externas de la Argentina cerrarán el 2015 cerca de 24 mil millones de dólares por debajo de lo que fueron en el 2011, en un nivel aproximado a los 60 mil millones de dólares. Y esto es, lamentablemente, esperable ya que las políticas públicas castigan a potenciales motores de la economía, tal como lo es el comercio exterior. Tanto el peso impositivo como las impredecibles regulaciones afectan negativamente la competitividad internacional de nuestro país. En un mundo crecientemente global e integrado, la falta de certidumbre institucional constituye un enorme obstáculo para la planificación de largo plazo de las empresas, el cumplimiento con sus clientes, y –en consecuencia- para la inversión productiva orientada al mundo. Como hemos analizado en un estudio realizado en el marco de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre, diversos países de nuestra región -América Latina- han encontrado en el comercio exterior un importante motor para sus economías. En consecuencia, exportan por habitante substancialmente más que la Argentina. Tal es el caso de Chile -que triplica las exportaciones per cápita de nuestro país (4.358 dólares anuales versus 1.671 dólares)-, así como de México (3.160 dólares) y del vecino Uruguay (3.077 dólares). 76  Publicado en INFOBAE, 6 de septiembre, 2015.

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En el contexto de tiempos políticos que podrían anunciar el fin de una era (y el inicio de otra) para la economía de nuestro país, esta crisis puede surgir como una enorme oportunidad para dar un giro hacia la sensatez que nos encamine hacia políticas que no son discutidas por los países –tanto desarrollados como en desarrollo- que crecen. En este marco, resulta fundamental realizar reformas simples y claras basadas en seis principios para recuperar la competitividad perdida, la previsibilidad y el crecimiento orientado al mundo, a saber:

1. Dejar de castigar a quienes exportan. El impuesto representativo de este tipo de medidas que “matan a la gallina de los huevos de oro” lo constituyen las llamadas “retenciones”, es decir los impuestos que castigan a las exportaciones. Cuando en otros países hago referencia a los “impuestos a la exportación” (que en el caso de la soja llegan al 35 por ciento), quienes me escuchan suelen corregirme pensando que me he equivocado y he querido decir “impuestos a las importaciones”. Ante esto, debo aclarar que, efectivamente, sí en Argentina castigamos a quienes exportan. Es necesario quitarle peso al motor de la economía para que capitalice su potencial, traccionando al resto de los sectores productivos y regiones del país. 2. Sincerar y unificar el tipo de cambio. En la actualidad, un exportador de soja recibe 6 pesos por cada dólar que exporta y para comprar una unidad de esta moneda debe pagar 15, si lo hace en el mercado informal. Las políticas de tipos de cambio múltiples han perdido vigencia en el resto del mundo por sus efectos negativos. El llamado “cepo cambiario” atenta contra la competitividad exportadora, agregando una enorme incertidumbre al comercio internacional. Es necesario tener un único tipo de cambio, como sucede en la mayor parte de los países serios del planeta. 3. Desbloquear las importaciones. Bajo el rótulo de administración del comercio se ha burocratizado y ha agregado incertidumbre a la operatoria de importación. Las

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DJAI (Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación), precedidas por las licencias no automáticas de importación, son uno de los símbolos de este perfil de políticas. En este contexto incierto quienes importan insumos para transformar y re-exportar no saben si podrán hacerlo ni cuándo. En consecuencia, pierden clientes y mercados. Lo mismo sucede con quienes importan bienes para consumo final. La claridad y transparencia son fundamentales para dar certidumbre a los negocios.

4. Reducir (y eliminar) una inflación que hace inciertos los costos de producción. Ya nos hemos referido específicamente a la forma en que la inflación afecta la competitividad y del efecto tenaza que tiene el hecho de que los precios vayan por el ascensor y el tipo de cambio por la escalera, generando el eterno retorno de un “retraso cambiario”. Por eso, es central reducir y eliminar –a través de un giro en la política monetariauna inflación que dificulta toda posibilidad de cálculo económico en vista del mercado global. 5. Escapar del “modelo de república sojera” y agregar valor a la producción y las exportaciones. A mayor incertidumbre institucional, menor confianza en la economía y menor el plazo buscado para el retorno de la inversión. Dada esta incertidumbre, los países con menor calidad institucional afrontarán inversiones que busquen un retorno en un plazo más corto. Por ese motivo, es tan medular contar con instituciones que garanticen previsibilidad de largo plazo. En la medida en que la calidad institucional sea baja, seguiremos siendo “adictos” y limitados a los productos primarios o a sectores industriales con privilegios especiales. Naciones que han reorientado y consolidado su situación institucional y económica han incrementado sus ventas externas y reducido su dependencia a productos primarios. Tal es el caso de México, país en el que en 1982 el petróleo representaba ocho de cada diez dólares que exportaba, y en la actualidad apenas uno y medio de cada diez.

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6. Integrarse comercialmente al mundo, sin enfocarse sólo en algunos países. Argentina puede diversificar su espectro de vínculos comerciales y dejar de concentrarse (y depender fuertemente) en algunos pocos países, como Brasil y China (los primeros dos destinos de nuestras exportaciones. Para ello es necesario, un nuevo Mercosur que no concentre el comercio en unos pocos países generando fortalezas comerciales, sino que permita la firma de acuerdos comerciales con otros países. Volvemos al ejemplo de México, país en el que el más del 90 por ciento del comercio exterior se encuentra en el marco de acuerdos comerciales con cuarenta y seis países. También comprobamos esto en Chile, país con derechos de importación cercanos a cero que además cuenta con más de veintidós acuerdos comerciales con más de sesenta países, incluyendo a la Unión Europa, Mercosur, China, India, Corea del Sur y México. Asimismo, la consecuencia de la primarización de la economía da como resultado una dependencia en la exportación de materias primas. Hemos escuchado muchas veces que Argentina tiene capacidad de producir alimentos para más de 400 millones de humanos. También del enorme potencial dormido en un país que tiene casi la misma superficie de la India y apenas el tres por ciento de sus habitantes. Hoy tenemos la gran oportunidad de dejar de castigar a los motores de la economía, de dejar de “aplastar” a las gallinas de los huevos de oro de nuestro país, despertando el potencial dormido de nuestra economía. Transformando los sueños en una realidad. Las potencialidades en actos. El presente nos ofrece la oportunidad de cambiar este rumbo de cosas, dejando de pensar y actual con horizontes de corto plazo (tapando agujeros), estableciendo simples y sólidos cimientos institucionales que alienten apuestas económicas de largo plazo.

¿Por qué somos un país pobre?77 Por Maximiliano Bauk Más que aclarar las razones por las que la pobreza crece en nuestro país, lo que hay que explicar es la ausencia de riqueza, puesto que la pobreza es lo natural. La humanidad nació pobre, pero esta pobreza fue disminuyendo a medida que crecieron las riquezas. Es entonces esencial entender cómo funciona su proceso de creación. Este comienza con la existencia de necesidades, que son satisfechas por los comerciantes para conseguir a cambio de su servicio el sustento para vivir. En este sentido, la división del trabajo permitió que en lugar de que cada familia tuviera que tener su granja para conseguir su alimento, ir en busca de su leña para mantener el hogar caliente, ordeñar su vaca para tener su leche y fabricar su propia ropa, las personas se especializaran en aquello para lo cual tuvieran más facilidad y lograran así mayor productividad. Además, al existir más productos en igual cantidad de trabajo, evidentemente crece el capital acumulado y con este la inversión. Es a partir de esta última que el ciclo comienza nuevamente, pero desde un piso más alto, satisfaciendo nuevas necesidades, con una división del trabajo cada vez más especializada, más productiva, que permite mayor acumulación de capital y, otra vez, más inversión. El doctor en economía Sebastián Landoni suele llamar a este proceso círculo virtuoso, por los beneficios que trae de manera constante, siempre y cuando sus etapas no sean interrumpidas.

77  Publicado en INFOBAE, 24 de julio, 2015.

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La diferencia entre un país rico y un país pobre radica en los obstáculos que se le pongan al sistema anteriormente descrito, ya que, en un país con mayor capital acumulado, las herramientas disponibles gracias al avance tecnológico permitido por la productividad multiplican el producto de cada trabajador enormemente, lo que hace que, por ejemplo, todo un campo sea cosechado en solo un día en los Estados Unidos, con sus tractores, cuando la misma tarea demora semanas en Etiopía, con sus bueyes. En la Argentina, este mecanismo encuentra numerosas trabas en aranceles que tiran por la borda todos los esfuerzos por alcanzar un proceso productivo eficiente, haciéndolo inútil, ya que no podrán competir con el precio del producto de otras naciones con menores impuestos e igual eficiencia. Este estorbo a la productividad pone fin al círculo virtuoso, impide la acumulación de capital y luego la inversión. A su vez, el pequeño ahorro que puede existir pese a las enormes cargas tributarias que apalean la economía local se ve fuertemente golpeado con la segunda inflación más alta del planeta, lo cual, en conjunto, es una receta perfecta para el desastre. Todo esto no es una simple teoría, sino que se ve reflejado en los números brindados por la Universidad Católica Argentina: solo uno de cada diez hogares declara capacidad de ahorro, el 28,7 % de la población vive por debajo de la línea de pobreza y más del 40 % de los jefes de hogar recibe ingresos menores al salario mínimo vigente. La solución a nuestros problemas no radican en un jefe de gabinete que niegue los índices desfavorables. Los números pueden ocultarse, pero no la realidad, y ella nos indica que hoy somos un país pobre con enormes condiciones para la riqueza, pero atado de pies y manos, y que, si seguimos contrariando la reglas más básicas de la economía, en dos o tres años desearemos contar con los números que hoy nos escandalizan.

La tendencia hacia un gasto público creciente Por Osvaldo H. Rolleri Aragón El concepto de gasto público ha ido evolucionando a través del tiempo. En particular en los últimos 100 años. Hasta la primera guerra mundial, los gobiernos estaban muy influenciados por las estructuras militares, cuya formación ética determinaba que en ellos se encontraba la reserva moral de las naciones. Y tanto en sus cuarteles, como a veces ocupando funciones de gobierno, en general eran muy austeros en los gastos.

“Sí al gasto público” Luego de la crisis del año 30, Lord John Maynard Keynes, inició un concepto abrazado por los sectores socialistas y de izquierda, por el cual, los gobiernos debían aumentar el gasto público, como forma de salir de la crisis de paralización económica que afectaba el mundo. Pocos economistas mencionan actualmente, como el Dr. Armando Ribas, que en aquél momento los gastos públicos de los países rondaban el 10% del Producto Bruto Interno, por lo cual un aumento del gasto del 20/25%, no tendría un efecto significativo, en los números macroeconómicos. O sea, con la mencionada ampliación del gasto público, el gasto con respecto al PBI quedaba en valores aceptables del 12/13%. Tampoco comentan que en esa época los servicios eran bastante eficientes, con un nivel bajo de corrupción; y además, no había computadoras, fotocopiadoras y toda abrumadora tecnología que actualmente facilitan, simplifican y disminuyen el trabajo de tal forma, que hoy una persona puede hacer el trabajo de 5, 10 o 20 personas de aquella época. Entonces, ¿por qué el gasto público se ha disparado en casi todos los países? Tratemos de analizarlo. 195

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Desde ya, ese avance tecnológico implicó el aumento de las infraestructuras que distintos países utilizaron para su desarrollo económico. Pero desde el fin de la segunda guerra mundial, el mundo occidental y en especial Europa percibieron que la democracia era una vía para la paz. En América Latina se desarrolló la guerra fría, con guerrillas que trataron de imitar a Cuba (donde se formaban), y en respuesta gobiernos militares aplacaron los ataques. Pero luego de ello, se formó el criterio que los militares no podían volver al poder.

La ‘Democracia’ al servicio de la corrupción En ese contexto, ya en la década de los 80, los políticos que nunca se caracterizaron por sus comportamientos éticos y austeros, vieron plasmada la imposibilidad que fueran retirados del poder por los militares, como había pasado durante décadas. Entonces, al igual que los ratones en una quesería abandonada empezaron a actuar, al comienzo en forma cauta y con el correr del tiempo en forma más agresiva en la seguridad que su accionar no sería sancionado. Primero, nombrando todos los parientes, amigos políticos, en cargos de decisión o no, con sueldos importantes. En general, todos ellos sin la formación mínima necesaria para los cargos ocupados. O sea, se pasó de la meritocracia al nepotismo, amiguismo y clientelismo. Segundo, frente a la necesidad de dinero para las campañas políticas (hay elecciones cada dos años), había que hacer obras con o sin importancia pero con grandes retornos (devoluciones ocultas a los políticos por ‘coimas’ y corrupción); o sea, diques, plazas, caminos que no llevan a ningún lugar, etc. Cuando estos procesos avanzan en el tiempo, todo se acelera y empeora, porque todos quieren cargos para colocar familiares y amigos, y no pueden perder tiempo en la función que ocupan, así se van degradando las instituciones, pero siempre aumentan sus gastos. Lo importante, para quien

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ocupa un cargo, es armar estructuras burocráticas que den sustento político y poder, para ascender a cargos superiores, que le permitan acceder a ‘negocios’ más importantes. Lamentablemente esta es la situación se ha repetido en todos los ámbitos, nacionales, provinciales y municipales. En ellos, se crean direcciones, jefaturas, comisiones, grupos (como la Cámpora, en Argentina), etc., esto lleva al incremento de personal en forma constante. En Argentina los empleados estatales aumentan alrededor de 100 mil por año, que a veces usan el paso intermedio de contratados; y luego con un decreto, pasan a planta permanente en forma masiva (entre 10.000 y 20.000 por decreto). Hay que analizar además, los gastos colaterales que demanda este personal, como ser oficinas, equipamiento, movilidad, mantenimiento, personal de servicio, etc.

Asistencialismo como atrincheramiento político Entonces cuando tratamos de explicarnos el aumento de gasto público, que se duplica cada 4/6 años, vemos que las excusas políticas son para mejorar la parte social, pero extrañamente el porcentaje de pobres en casi todo Latinoamérica se mantiene casi constante. Amén, estadísticas políticas de los propios países que son distorsionadas. Como metodología, se otorgan un millón de subsidios y se considera que esas familias no son más pobres. Hablamos de Latinoamérica, pero esto sucede en casi todos los países, como ejemplo de otro lugar distante tomemos Grecia, cuya crisis tiene la misma explicación. Los expertos encargados por La Unión Europea para estudiar las causas que llevaron a Grecia a la presente situación económica, reportaron lo siguiente: Había 50 conductores por cada coche oficial, de promedio. Había 45 jardineros para una maseta con 4 arbustos en el hospital Evangelismos. Hay pensiones que se siguen cobrando de personas que murieron en el año 1953.Los marcapasos en los hospitales griegos se adquirían a un precio 400 veces superior al que pagan los hospitales británicos.

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Hay miles de ministerios e institutos inservibles, de los que comen un montón de griegos. Como ejemplo el Instituto para la Protección del Lago Kopais, un lago que se secó en 1930. (1763 griegos son empleados para la protección del lago). Tienen cerca de un millón de funcionarios para 4 millones de griegos de población activa. Y podríamos seguir escribiendo páginas sobre este tipo de situaciones, pero lo importante que Grecia no está en el planeta Marte, y los políticos viajan a todos los países (gratis), y copian los impuestos y las malas costumbres. No debe llamar la atención que los nuevos impuestos se aplican porque ‘ya se aplican en otros países’, ¿Y las malas costumbres no? Para ir cerrando el análisis luego de todo lo dicho, podemos entender porque todos buscan un cargo político. Dado que es más rentable ese cargo que una empresa productiva. La cual es perseguida y atacada con subas de impuestos e inspecciones todos los meses, con el objetivo de sacarle más dinero. Pero nunca he visto que se inspeccione a un político, sobre su nepotismo o el resultado de su gestión, y se lo multe o se lo expulse. Además tienen garantizada una excelente manutención hasta su muerte, y luego de ella, pensiones significativas para la familia.

Que otro pague la fiesta de los políticos Ya sabiendo la razón fundamental por la que crecen los gastos públicos, que hoy en los distintos países se encuentran en rangos del 40 al 60% del PBI (como Francia), podemos analizar algunas consecuencias y el posible ‘fin de la historia’ que empieza a manifestarse. Se han comenzado a ver, dado los incrementos desenfrenados de impuestos (que nunca alcanzan), que muchas personas cambian su lugar de residencia para disminuir la feroz carga impositiva, que se lleva casi todas sus ganancias del trabajo. Ocurrió con un empresario de Estados Unidos que se fue a vivir a Singapur o el famoso caso de Gérard Depardieu que se mudó a un país limítrofe, cerca de la frontera de Francia, por la misma razón. Algunos deportistas, se radican en el Principado de Mónaco.

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Ahora bien, ¿Cómo la inercia del crecimiento del gasto sigue avanzando?, repacemos quién lo financia para entender el final. A) Aumento de impuestos. Reduce crecimiento (recesión) e inversión. B) Endeudamiento interno y externo. Aumenta la tasa de interés, dado que crece el riesgo; y entonces, disminuye el crecimiento y la inversión. C) Emisión monetaria sin respaldo. Produce inflación, resta poder adquisitivo y hace menos competitiva la producción local, sube la tasa de interés y da efectos recesivos. D) Consumo del capital (stock) o de reserva. Llevará a los puntos A), B) o C). E) Confiscaciones. Ocasiona la fuga de capitales y violenta caída de la inversión (Venezuela). Como se dice en economía, uno puede tomar la decisión que desee, lo que no puede evitar son las consecuencias.

“Y ahora, ¿Quién podrá defendernos?” Es así que en las últimas décadas este desarrollo burocrático a nivel mundial empieza a hacerse insustentable. También, en alguna forma ha sido llamado ‘estado de bienestar’, para mejorar cuestiones sociales, como ya mencionamos. Inclusive Estados Unidos, entre otros países, se halla en la misma situación, cerca del abismo. Y el nuevo Rey Guillermo, de Holanda, ha sido el primero en ‘tirar la toalla’, y declarar que el estado de protección social ‘no es sostenible’, y que ‘cada holandés debe adaptarse a los cambios que se avecinan’. Entonces, ¿Eso significa que disminuirán las estructuras políticas y burocráticas, gubernamentales? No! Seguirán disminuyendo el nivel de vida de todos los habitantes no vinculados a esas estructuras. En España está sucediendo lo mismo, a través de disminuir las pensiones por el efecto inflacionario, entre otras reducciones.

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Síntesis Concluyendo, estamos llegando a una etapa, donde es necesario que los economistas, periodistas y comunicadores, expresen la verdad de estos sistemas perversos que están llevando a la esclavitud moderna a los habitantes del mundo. Los políticos han logrado convencer que ésta es la democracia donde los individuos son libres, y la realidad es que ésta es la democracia distorsionada para la explotación legal de sus habitantes. Deberemos volver a los pensadores que hicieron grandes los países y formaron sociedades que mejoraban sus niveles de vida. Adam Smith, John Locke (“La razón por la que los hombres entran en la sociedad es para preservar su propiedad”), David Hume(“El hombre es el mayor enemigo del hombre”), James Madison (“Los hombres no son gobernados por ángeles”), Alexander Hamilton (“Teniendo en cuenta la naturaleza humana, ejercer el poder sobre el sustento de un hombre equivale a ejercer el poder sobre su voluntad”), James Buchanan (“Los individuos establecen los gobiernos con el propósito de garantizar y proteger los derechos pactados por el contrato”), entre otros, y Juan Bautista Alberdi (“El Gobierno es una necesidad de la civilización, porque es instituido para dar a cada gobernado la seguridad de su vida y de su propiedad. Esta seguridad se llama y es la libertad”).

Todos ricos, en lugar de todos pobres Por Alejandro A. Tagliavini Las políticas públicas deberían empezar por cambiar el paradigma de autoridad, del que se desprende toda la organización social. Lo cierto es que hoy por hoy solucionar los problemas del mundo es sencillo, bastaría con ser coherentes, sobretodo ejerciendo la virtud moral de la humildad para aceptar aquellas verdades que van contra nuestros intereses creados, y la sencillez para ver lo que la realidad, y el sentido común, nos muestra aunque sea contra nuestras ideas pre concebidas. Dicho sea de paso, la moral no es un ridículo listado de normas represivas dictadas por alguna “autoridad competente”, sino la adecuación del ser humano a la naturaleza, al orden del cosmos, al orden natural con el que se desarrolla la vida. Así, todo lo que es “pecado” (inmoral) es delito y, la inversa, aquello que no es “pecado” no es delito porque la ley moral y la natural coinciden. Hoy la mayor incoherencia se da en la idea de violencia, sobre la que se basa la idea de la “autoridad”. Un intelectual católico me aseguraba que podía “explicar las relaciones del poder político legítimo con la coacción y el uso de la fuerza, que no es violencia”. El “uso de la fuerza” y la violencia serían cosas distintas. Insólito y, por cierto, desmentido por la filosofía “clásica”, griega y escolástica. Santo Tomás de Aquino copia de Aristóteles que “La violencia se opone directamente a lo voluntario como también a lo natural, por cuanto es común a lo voluntario y a lo natural el que uno y otro vengan de un principio intrínseco, y lo violento emana de principio extrínseco”, en la Suma de Teología, I-II, q. 6, a. 5. La violencia es, entonces, inmoral porque contraría al orden natural y por eso siempre destruye a la vida. 201

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Así, Etienne Gilson asegura, en el Capítulo VIII de la Segunda Parte de “El Tomismo”, que para el Aquinate “Lo natural y lo violento se excluyen… “. Para redondear, recordemos que Aristóteles en ‘La Gran Moral’ (I, XIII) señala que “… por ejemplo, se puede obligar a un caballo a que se separe de la línea recta por donde corre, haciéndole que cambie la dirección… Y así, siempre que fuera de los seres existe una causa que los obliga a ejecutar lo que contraría su naturaleza o su voluntad, se dice que estos seres hacen por fuerza lo que hacen... Esta será, pues, para nosotros la definición de la violencia y de la coacción: hay violencia siempre que la causa que obliga a los seres a hacer lo que hacen es exterior a ellos; y no hay violencia desde el momento que la causa es interior y que está en los seres mismos que obran”. O sea, hacer una distinción entre “uso de la fuerza” y violencia es una gran incoherencia y, si es católico, además desdice a la más profunda teología cristiana que reafirma la Infinita Misericordia de Dios, esto es, que Dios perdona absolutamente y a ninguna falta penaliza ni memoriza lo que desautoriza cualquier castigo y por ende, al “uso de la fuerza” (la violencia) solo queda por discutirla en el supuesto caso de prevención del delito. Solo el hecho de que esta “prevención” supondría prejuzgar (que se estaría ante la inminente comisión de un ilícito) ya invalida el argumento, pero suponiendo que el prejuzgar fuera “justo” o necesario, “el fin no justifica” los medios, no puede cometerse un acto inmoral (la violencia) para evitar otro. Algunos dirán que un mundo así de coherente sería utópico, pues no lo sería porque hasta en los casos de defensa propia y urgente los métodos no violentos son los eficaces. Solo por nombrar un ejemplo, Juan Pablo II escogió luchar contra un comunismo que imponía una dictadura atea. Wojtyla gritó contra el comunismo por “excluir a Cristo de la historia” y, más tarde, Mijaíl Gorbachov agradecía al Papa “su ayuda para derribar el muro de Berlín”, que nunca voltearon las “poderosas” armas atómicas (ni la amenaza de “guerra galáctica” que,

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por el contrario, justificaba el armamentismo de los halcones soviéticos). Es decir, el imperio del mal más poderoso de la historia humana, que difícilmente hubiera podido consolidarse de no ser por la guerra -la Segunda Guerra Mundial-, fue desarmado por vías pacíficas. “La autoridad, para ser tal, debe tener poder coactivo (policial), de otro modo no podría ordenar y sobrevendría el caos” es el paradigma hoy vigente y madre del estatismo. Jamás he podido encontrar, ni nadie ha sabido darme, una explicación científica a esta afirmación. Pero muchos la creen, aun con más fuerza que cualquier dogma. Es sin dudas, una actitud primitiva y tribal. Por toda explicación me han dicho que “resulta evidente”, pero lo que hoy sí es evidente es que la realidad los está desmintiendo. Ya decía santo Tomás (con anterioridad a sus ideas políticas), repitiendo a Aristóteles, que el cosmos tiene un orden maravilloso que puede observarse en la sabiduría con que se desarrolla, espontáneamente, la naturaleza. Y ya vimos que advertían que, aquello que desviaba artificialmente (extrínsecamente) este sapientísimo desarrollo, era violencia que, consecuentemente, destruye la vida. Sucede que el racionalismo extendió el concepto de “violencia justa” que sería una violencia (“legítima”) capaz de destruir al mal y, por tanto, defender al bien. Ahora, resulta que un principio metafísico, básico, dice que el mal no tiene existencia propia, sino que es ausencia de bien. Como la oscuridad –que de por sí es nada- es ausencia de luz. Distintos haces pueden sumarse provocando otro color y luminosidad. Pero la oscuridad (el mal) no le agrega ni le quita nada, en cambio, es vencida por la luz (el bien), con solo encenderse. Así la conclusión más destructiva de la “teoría” maniqueísta -que asegura que el mal sí existe y, consecuentemente, puede vencer al bien- es esta justificación de la “violencia justa” que necesitan para imponer un “orden” social, diseñado por la ingeniería humana, que no se da naturalmente como si se da el orden natural (“creado por Dios”), según la escolástica.

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Entonces, el corolario fundamental es que el mal se corrige exclusivamente poniendo bien en su lugar, nunca puede destruirse con violencia algo que no existe. Es ilógica (“anti lógica”) la existencia del mal del dado que, como es destrucción, terminaría por destruirse a sí mismo, con lo que dejaría de existir. De aquí la explicación filosófica de por qué el estatismo, al introducir leyes coactivas (que desvían el desarrollo espontáneo) en el mercado natural, provoca un caos. Es que la “autoridad” que se basa en el “uso de la fuerza” siempre destruye, como toda violencia, y por esto y no por otra cosa cuanto más estatista (cuanto más se abusa del monopolio estatal de la violencia para imponer “autoridad”) más destruido y pobre queda cualquier país. Durante años, la ciencia metafísica escolástica fue exitosamente desacreditada por el racionalismo que se vanagloriaba de los aciertos científicos del raciocinio humano. Pero hoy, precisamente, estos avances tecnológicos no solo lo desmienten sino que lo enfrentan. Internet, por caso, muestra que existe un ordenamiento espontáneo en el cosmos, que es mucho más efectivo que la coacción de los gobiernos, desmintiendo la falacia de que la autoridad deba ser policial. El espectacular desarrollo de esta red se realiza, sin ningún burócrata estatal a cargo, solo con el trabajo de personas naturalmente libres que, en ocasiones, se ponen de acuerdo. Y tiene unas pocas regulaciones formales que parten de una sociedad semiprivada. Existe espontáneamente sin gobierno aparente, pero no es un caos. Está dirigida, como toda acción humana, por la naturaleza de las cosas, por la ley y su orden natural que supone un liderazgo moral de hecho, el de aquellos que verdaderamente aportan cosas útiles y que dan ejemplo y son consultados, escuchados y seguidos. Cualquier padre sabe que los niños, por caso, no escuchan las palabras y menos los castigos pero imitan siempre el ejemplo de sus padres. Un caso sintomático es la enciclopedia más utilizada, Wikipedia, en la que cualquiera puede escribir y editar, y los millones de usuarios se organizan mostrando como un orden productivo

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y entretenido, surge espontáneamente de las personas. Pero Wikipedia, “no es un experimento de anarquía” como ella misma dice. Efectivamente, la anarquía es lo contrario al ordenamiento natural que sí reconoce jerarquías y descree de la violencia (la coacción) que utiliza el anarquismo (y el estatismo) para imponer su utópico mundo. Basada en los mismos argumentos científicos, ontológicos, dicho sea de paso, la españolísima Escuela de Salamanca, durante la edad media, fue pionera en el estudio del mercado, natural, para el cual la eficiencia queda definida por las personas. Walt Disney, por caso, es eficiente no porque algún político, tecnócrata, académico o el sabio de turno que fuera, diga que sus dibujos cumplen con las normas coactivamente impuestas, ni porque alguna auditoría gubernamental apruebe sus balances. Walt Disney es eficiente porque a los niños les encanta, y lo consumen proporcionándole la empresa una ganancia apetecible. Así, el trabajo eficiente de los ejecutivos se limita a interpretar cabalmente lo que el mercado exige, y servirlo en consecuencia. En definitiva, el mercado es para las personas, ellas deciden qué es eficiencia y premian a las empresas que les sirven. Al estatismo, por el contrario, no le interesa lo que las personas opinen (por mucho discurso político que hagan), y se cree capaz, se cree con derecho a imponerse (coactivamente, violentamente) con sus políticas sobre las personas. El mesiánico “iluminado” (político, académico, tecnócrata, especialista, etc.) se cree superior intelectualmente a los seres comunes. En fin, ¿Puede una empresa estatal ser eficiente intentando simular al mercado? Para ser eficiente, insisto, tiene que responder en tiempo real a las personas (al mercado natural), tiene que resultar de una interacción voluntaria (pacífica) entre la personas o sea que no puede responder a los políticos, no puede ser estatal, no puede manejarse con el monopolio de la violencia. Tras cuatro días de tiroteos en el centro comercial de Nairobi, entre el comando somalí Al Shabab y las fuerzas de seguridad,

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Elliot Prior, un niño británico de 4 años, para proteger a su madre herida en una pierna y a su hermana de 6, se interpuso a uno de los terroristas y le dijo que era “un hombre muy malo”. Increíblemente (o creíblemente), se compadeció del niño y su familia, le pidió perdón, le regaló barras de chocolate, y horas más tarde los dejaron escapar. Así se manejan las crisis, de forma “privada” (en contraposición con el monopolio de la violencia estatal), con coraje y en paz. ¿Es utópico pensar que todas las personas sean ricas, que en lugar de nivelar en la pobreza como pregona la izquierda depresiva (y represiva) se pueda nivelar hacia arriba? No es utópico, es racionalmente posible, pero no ocurre precisamente porque los humanos destruimos violentamente la riqueza que nos ofrece la naturaleza. Las estatistas son políticas que creen que “los recursos son escasos” y que, en consecuencia, ante la apetencia generalizada hay que evitar (coactivamente, claro) la guerra de todos contra todos para obtener algo de lo poco. Pero, como dice Frank Tripler, “...lo que el sistema económico produce no son cosas materiales, sino conocimiento inmaterial”, o sea, el recurso por excelencia es el cerebro y, por tanto, verdaderamente infinito. Asustaban con que el carbón se acabaría, y con él la energía, pero apareció el petróleo. Luego que existían reservas solo para cuarenta años, pero resultó que, gracias al avance tecnológico, se han ampliado exponencialmente. En 1850, 65% de la población de EE.UU. era agricultora. Avanzaba la industrialización y decían que, por el éxodo de la mano de obra a la ciudad, caería la producción de alimentos. Hoy, sólo el 3% trabaja la tierra pero la producción aumentó tanto que la exportación agrícola superó los US$ 100.000 millones. Rusia, que antes de la revolución era el principal exportador mundial de granos, durante el comunismo pasó a ser el mayor importador y, aun así, entre 1920 y 1930 murieron casi 10 millones por inanición a pesar de las enormes donaciones occidentales. Luego, la URSS autorizó mini chacras “privadas” (sin coacción estatal) que, ocupando el 3% de las tierras cultivables,

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producían el 27% de los alimentos. La diferencia está muy clara: la mayor coacción (vía monopolio estatal de la violencia) sobre el mercado natural destruye la riqueza, que la naturaleza nos proporciona, produciéndose la pobreza. Así, en EE.UU. la producción era mayor, y cuánto más sería si no enfrentara las todavía grandes interferencias, como los impuestos coactivamente recaudados que provocan pobreza porque los ricos los derivan hacia abajo vía aumento de precios o baja de salarios. Precisamente, en la medida en que los seres humanos seamos humildes, trabajemos con honestidad y sencillez en nuestra vocación ofreciendo servicios y bienes que sirvan a los demás, al mercado natural, sin imponerles, con la soberbia característica de los políticos, violentamente (coactivamente) nada a nadie, en esa medida progresaremos y seremos sin utopías todos ricos, pero ricos.

El consumo, una ilusión económica en tiempos de crisis Por Ignacio Clancy Las políticas fiscales expansivas se volvieron famosas con la teoría macroeconómica keynesiana, con el objetivo de obtener efectos positivos de corto plazo en la producción y el empleo básicamente. Esta teoría se basa en el supuesto de que una política fiscal expansiva promoverá el consumo y este a través de un estímulo a la demanda agregada mantendrá la economía en movimiento mediante un aumento de las ventas que eventualmente hará crecer la producción y por ende el empleo. Con la mencionada teoría parecería que el estímulo del consumo es la solución a todos los problemas económicos. Pero hay un problema que esta teoría deja a fuera, esto es el ahorro. Sin ahorro no hay crecimiento posible, ya que no hay de donde sacar el dinero para invertir en producción y por ende en empleo. Sin ahorro previo no hay crecimiento económico porque no hay dinero para que los bancos presten. Por supuesto se puede recurrir a una política monetaria expansiva y comenzar a imprimir dinero, y ponerlo en los bancos. Pero esto acarrea otro problema, la inflación, con lo cual una política monetaria y fiscal expansiva prolongada en el tiempo genere no solo desahorro y desinversión, sino también inflación. Los siguientes párrafos trataran sobre cómo funciona una economía de consumo aplicada a La Argentina en la actualidad Mucho se está hablando del consumo en los últimos tiempos en la Argentina. Se dice que los comercios están llenos de gente, que en los feriados el turismo agota la capacidad hotelera y que los gastos realizados superan a los feriados 209

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anteriores, que la gente ahora puede comprar televisores LCD, etc. La lista es larga y podría poner mucho ejemplos más, pero lo importante es señalar que estas ideas lo que generan es una sensación de bienestar económico. Es fácil pensar que, si los comercios desbordan de clientes y los argentinos gastan mucho en turismo, la economía del país marcha bien, está creciendo y hay trabajo. Pero veremos que estos indicadores populares de consumo no necesariamente reflejan una expansión económica, sino todo lo contrario: son señales de alarma (en el caso de nuestro país).Comencemos con los siguientes conceptos: consumo, ahorro y atesoramiento. El primero de los términos, consumo, se refiere a la parte del ingreso que un individuo destina a la adquisición de bienes y servicios. El ahorro es la otra parte del ingreso que un individuo no consume pero que invierte buscando una renta, el plazo fijo es un ejemplo. La parte del ingreso que mantiene en efectivo o “debajo del colchón” se llama atesoramiento y no genera ninguna renta. Es muy importante diferenciar entre ahorro y atesoramiento, porque el primero al invertirse entra en el sistema productivo del país, esto significa que permite financiar las inversiones de otros individuos. Así, el dinero depositado en un plazo fijo es utilizado por el banco para prestarlo a otro individuo que busca financiar sus proyectos. Entonces cuanto mayor sea el nivel de ahorro, más dinero habrá para financiar inversiones. Por otro lado el atesoramiento no permite el financiamiento de otros individuos ya que el dinero no está en el sistema. El otro aspecto importante a resaltar sobre estos tres conceptos es que, cuanto mayor es el consumo, menor es el ahorro. El último concepto fundamental que es necesario entender es el de los bienes de capital, que son aquellos bienes que no se destinan al consumo final, sino a procesos productivos, ya sea como materia prima o como bienes intermedios del proceso. Pueden ser metales, maquinarias, tornillos, etc. Lo importante de estos bienes es que generan trabajo, porque se necesita gente para convertirlos en bienes de consumo. Ahora ya podemos comenzar a analizar el crecimiento de la economía de un país en función del consumo y del ahorro. La creencia popular dice que si la gente compra, gasta o consume,

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la economía está bien, está creciendo. Pero analicemos cómo crecen las economías. Si bien hay muchas formas de medir el crecimiento económico, la realidad es que una economía crece cuando aumentan los bienes de capital en la misma, o sea cuando hay más bienes de producción (cuando aumentan las maquinarias en una fábrica, el stock ganadero en un campo, etc.). Ahora, ¿cómo se generan estos bienes de capital? Se los puede producir o comprar, pero como sea, para ello se necesita dinero y justamente ese dinero sale del ahorro previamente hecho. Recordemos que al aumentar los bienes de capital aumenta también el empleo. Por otro lado, con éstos se producen bienes de consumo (después de un largo proceso de producción de varias etapas) y al aumentar el stock de los mismos los precios caen y los salarios reales (la cantidad de bienes que se pueden comprar con un salario) suben. Los bienes de lujo se vuelven más accesibles y en general el nivel de vida de población aumenta. Pero, ¿qué ocurre si un país consume todo su ingreso y no ahorra (o ahorra muy poco)? Ocurre que no hay dinero para prestar, las tasas de interés son muy altas y por lo tanto las inversiones caen y la economía no crece. En realidad existe otra opción, que es que los bienes de capital se financien con inversión extranjera (que en realidad es el dinero ahorrado por los habitantes de otro país y que un individuo tomó prestado y lo invierte en la Argentina). En general las economías se financian de ambas formas, pero si un país no ahorra es muy difícil que haya crecimiento económico. Hay que tener en claro que para que una economía crezca se necesita ahorro: a mayor nivel de ahorro hay más cantidad de dinero para prestar, esto hace que caiga la tasa de interés y que el financiamiento para las inversiones sea más barato. Con lo cual aumentan las inversiones y así los bienes de capital. Veamos ahora cómo se genera el ahorro y su relación con el consumo. En una sociedad no intervenida por el Estado (o muy poco intervenida) se va buscando un equilibrio entre ahorro y consumo. En realidad, una parte de los individuos ahorra y otra consume, y luego las partes se van alternando. Esto básicamente depende de las preferencias temporales de los individuos. Sin entrar en definiciones económicas, aquellas

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personas que valoren más el dinero en el presente para gastarlo (sea por el motivo que fuere) serán los consumidores y aquellas otras que no lo valoren tanto en el presente, sino que prefieran ahorrarlo para utilizarlo en el futuro (a cambio de un interés), serán los que generen el ahorro que se utilizará para las inversiones. Por supuesto, estas preferencias temporales cambian con el tiempo, y de esta forma las sociedades mantienen un equilibrio entre ahorro y consumo. Es importante destacar que si se estimula arbitrariamente la demanda presente de bienes de consumo al mismo tiempo se está desalentando el ahorro, y por el ende la inversión de bienes de capital que generarían un aumento futuro de los bienes de consumo. En resumen, cada vez que el estado rompe el equilibrio de la sociedad entre consumo y ahorro volcando a la misma hacia el consumo, está destruyendo las inversiones en bienes de capital. En nuestro país el nivel de consumo es muy alto, los argentinos estamos gastando casi la totalidad de nuestro ingreso y destinando nada o casi nada al ahorro. Esto se puede ver claramente ver en los altísimos niveles de intereses que se cobran en los créditos bancarios en nuestro país. Si hubiese dinero en los bancos, producto del ahorro de la población, los intereses serían bajos. Entonces podemos concluir que actualmente no hay inversión en la Argentina, y por lo tanto la economía no puede estar creciendo. Si a esto le sumamos la inflación y la falta de capitales extranjeros (que disminuye con los años) podemos ver que no sólo la Argentina no está creciendo sino que se está empobreciendo. Veamos ahora los efectos de la falta de ahorro de un país a nivel individual y su relación con el consumo. Normalmente, en cualquier país desarrollado, una persona que comienza a trabajar, con un sueldo promedio, tiene como objetivo a mediano o largo plazo poder comprar una casa o un departamento propio. Esto lo hace mediante el ahorro, el atesoramiento y el crédito. O sea, gasta de su ingreso una porción para vivir y el resto lo invierte (ahorro) o guarda en efectivo (atesoramiento). Una vez que logra alcanzar una buena “base de dinero” va a un banco a pedir un préstamo. Así finalmente compra su vivienda. Por supuesto hay muchísimas herramientas financieras en el

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mundo para obtener financiamiento, como el leasing, pero a grandes rasgos esta es la forma en que los jóvenes adquieren una vivienda. ¿Qué le ocurre a un argentino de 30 años con un sueldo promedio? Este se encuentra en una disyuntiva. Al ser el interés de los créditos tan altos (justamente porque no hay ahorro) es muy difícil endeudarse con el banco. Con lo cual queda acceder a la vivienda mediante el ahorro personal o el atesoramiento o con la ayuda de un tercero, ejemplo, los padres. Vemos entonces que es casi imposible acceder a una vivienda para un trabajador con un sueldo promedio. Se estima que un joven profesional deberá destinar 74 sueldos (promedios, de AR$ 5600) para adquirir su primer hogar y suponiendo que no consumiría nada de su ingreso y lo atesoraría todo, cuestión que es imposible ya que tiene que vivir. Sabiendo que el acceso a la vivienda es casi imposible y por lo tanto no teniendo posibilidades de ahorro a mediano y corto plazo (ya que si no se puede alcanzar una casa, menos todavía se puede invertir en bienes de capital), los argentinos nos dedicamos a gastar en lugar de ahorrar. Así se explica, a grandes rasgos, el alto nivel de consumo de la Argentina. La cuestión se complica un poco más, ya que por un lado la inflación, que disminuye el poder adquisitivo del sueldo, y por el otro el cepo al dólar y los paquetes que incentivan el consumo por parte del gobierno, hacen que nos alejemos cada vez más del ahorro y nos volquemos compulsivamente a consumir. Ya que si no compramos el televisor hoy, dentro un mes saldrá unos cuantos pesos más. Alguien podría decir que esto es bueno, ya que los argentinos están adquiriendo bienes, con lo cual se capitalizan. Pero esto no es correcto, ya que estos bienes de consumo se deprecian muy rápidamente por el avance de la tecnología. Con lo cual podemos ver que al consumir este tipo de bienes, los argentinos nos estamos descapitalizando con el paso del tiempo. En otras palabras, nos estamos empobreciendo. Bien, ahora entendemos por qué la Argentina está tan volcada al consumo. Pero entonces ¿El consumo es malo? No, es solamente una cara de la moneda que hay que analizar

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siempre conjuntamente con el ahorro. Lo que ocurre es que el consumo funciona como una “ilusión económica” ya que el comercio se mueve activamente y esto lleva a pensar que la economía está sana y creciendo. Ahora sabemos cuál es la realidad del consumo en nuestro país. No es debido a un crecimiento económico, sino fruto del gasto (desahorro) casi total de los ingresos de los argentinos.

La Argentina: una breve visión de la decadencia78 Por S. Nicolás Turdo La República Argentina, hoy en día y en un camino que se inició hace ya décadas, es un país que ocupa los últimos puestos en diferentes índices, tales como libertad económica, libertad de prensa, calidad institucional, nivel educativo, y seguridad jurídica, entre otros. En otras palabras, un país que desalienta las inversiones nacionales y extranjeras, donde la separación de poderes está casi extinta y en el que el populismo de la familia Kirchner (que gobierna desde hace exactamente 12 años) ha logrado dominar las mentes y los pensamientos de la gran mayoría de los argentinos. Pero lo curioso que esto no fue siempre así. El país fue fundado bajo las bases estrictas de un Estado de Derecho fuerte. En 1853 se sanciona una Constitución totalmente liberal, muy parecida a la norteamericana, que limita al gobierno y les da libertad y poder a las personas. En la misma se establecieron marcos institucionales, republicanos y federales para el progreso del país. Este contexto, más una dirigencia que miraba al mundo y planificaba para el futuro, logró un notable avance hacia la vanguardia del orbe. Es más, el país en poco tiempo obtuvo un desarrollo enorme, con logros formidables, como por ejemplo: • Entre 1850 y 1914, el área sembrada pasó de medio

millón a 24 millones de hectáreas.

78  Articulo originalmente publicado en Libremente - El blog oficial del Cato Institute el día 16 de junio de 2015.

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• Las exportaciones subieron en 40 años (1870-1910), de 30 millones de pesos oro a 389 millones. • La red ferroviaria creció de 732 kilómetros en 1870 a 28.000 kilómetros en 1910, junto con una avanzadísima red de carreteras, integrando los desiertos espacios argentinos. • El crecimiento por habitante entre 1875 y 1913 fue de más del tres por ciento anual. • La inmigración, atraída por ese ilimitado progreso, fue casi explosiva: unos seis millones de extranjeros llegaron al país. Esto dio como resultado global que en apenas poco más de 60 años la población pasó de un millón de habitantes en 1850 a ocho millones en 1914. • En lo que respecta al progreso en calidad humana, la tasa de mortalidad por mil habitantes había bajado del 22,98 en 1889-1898 a 16,5 en 1899-1907. A título comparativo, podemos decir que la tasa en 1908, que era de 15,2, podía medirse favorablemente contra las de Berlín (14,8), Londres (15,1) y Nueva York (18,6). • En 1869, el país tenía un 70% de analfabetos. En 1930, se habían reducido al 22%. La tasa de escolaridad primaria, que en 1870 era del 20%, en 1920 llegaba al 64%. (En Italia, para los mismos años, había subido del 33 al 55%).

Muchas son las causas que los analistas han tratado de encontrar para justificar la enorme divergencia que se da entre aquella Argentina del progreso ilimitado y esta actual decadencia. Algunas de tales justificaciones giran en torno de exóticas combinaciones climáticas, religiosas, idiomáticas y hasta racistas. Pero la realidad es que la acelerada caída que hoy registra la Argentina tiene su verdadera causa en el gradual pero persistente y sistemático apartamiento del país de lo que en la cultura inglesa de denomina el  Rule of Law, es decir, el conjunto de normas y principios que valoran al individuo y sus libertades por sobre el estado omnipresente y protector que, finalmente, todo lo destruye y ahoga. Este es un año decisivo, en un país donde el voto es obligatorio, ya que la ciudadanía está convocada a elecciones en octubre y debe

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elegir por continuar el modelo populista kirchnerista, a través de candidatos con diferentes nombres y partidos pero en el fondo con casi exactamente las mismas ideas, o poner fin de una vez por todas al populismo colectivista y retomar la vía de la libertad.

Presupuesto base cero Por Luis Salmain Uno de los puntos fundamentales a definir por un gobierno es el nivel del gasto público. La reducción del mismo debiera ser un objetivo permanente. No sólo su reducción colaborará en el logro del equilibrio fiscal sino que, aún conseguido éste, debe mantenerse en el menor volumen posible y con el mayor grado de eficiencia en cuanto a su destino y aspectos cualitativos. En la gran mayoría de las economías se necesita proceder a una reforma integral del Estado que permita ordenar  las finanzas públicas y terminar con los desequilibrios. Todas las instituciones se enfrentan al problema de reducciones de productividad y aumentos en sus costos y los gobiernos, además, enfrentan constantemente mayores demandas con un costo de servicios que aumenta incesantemente. Un método de presupuesto que permita asignar eficazmente los recursos, deberá contestar las siguientes preguntas: 1. ¿Dónde y cómo se pueden gastar más eficazmente los fondos? 2. ¿Cuánto dinero se debe gastar? (el aumento de los gastos, que en la industria provoca perder utilidades, en el gobierno se efectúa a costa del contribuyente) La mayoría de las instituciones utilizan los niveles existentes de operaciones y gastos como base ya establecida con la cual se analizan los aumentos (o reducciones) que se desean 219

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obtener. Este enfoque tradicional deja sin respuesta dos preguntas importantes: ¿Qué tan eficientes y funcionales fueron las operaciones que no se evaluaron? Y ¿Se deben reducir las operaciones actuales para poder financiar nuevos programas de mayor prioridad o aumentar los impuestos? El presupuesto base cero se utilizó en 1970 por primera vez en algunas divisiones de la empresa Texas Instruments y en todas las divisiones en el año 1971. En el ámbito gubernamental se aplicó al presupuesto del estado de Georgia para el año fiscal 1973. Desde entonces, se extendió al Reino Unido,  Nueva Zelanda, Singapur, algunos otros estados de Norteamérica y de Canadá. El proceso requiere que cada responsable justifique el presupuesto solicitado completo y en detalle, además de tener que justificar por qué se debe gastar cada partida. Cada responsable debe preparar un “paquete de decisión” de cada actividad u operación, el cual debe incluir un análisis de costos, propósitos, alternativas, evaluación de resultados, consecuencias de la no adopción del paquete y beneficios obtenidos. El método base cero introduce un nuevo concepto en al análisis de alternativas: los responsables deben identificar primero las diferentes formas en que se puede llevar a cabo cada actividad, por ej. centralización contra descentralización o la posibilidad de utilizar recursos internos vs. la utilización de servicios de terceros. El proceso tiene la ventaja de que aparta al organismo o repartición del concepto de “presupuesto incremental” donde el presupuesto del año anterior se toma como base de partida. En su lugar, el punto de partido es cero, con la implicancia de que los pasados patrones de consumo no son tomados como base y se deba justificar nuevamente cada partida del nuevo presupuesto. Como dice Peter A. Pyhrr, creador de este método, “de su

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aplicación al gobierno, el contribuyente se beneficiará debido a que los programas de mayor prioridad se podrán financiar a expensas de programas obsoletos y redundantes, sin que esto implique una reducción significativa en el servicio”. En resumen, esta herramienta aplicable tanto en las esferas nacional, provincial como municipal, permite “racionalizar” el gasto público y constituye un excelente método de diagnóstico y evaluación.

La revolución de los precios. El fenómeno de la inflación79 Por Germán Messina A mediados del siglo XV, pero principalmente en el siglo XVI la población europea empieza a tener un crecimiento importante, es lo que se conoce como la segunda logística de Europa. Con el descubrimiento de América en 1492, comienza la expansión europea de ultramar, siendo los principales dominadores España y Portugal, durante todo el siglo XVI. Por parte de España entre los años 1520 y 1530 Hernán Cortés y Francisco Pizarro conquistaron el imperio Azteca (Méjico) y el Inca (Perú).Los portugueses para el año 1515 tenían total dominio del océano índico, prueba de ello es que en 1505, Portugal tuvo su primer virrey en la India. Este es el contexto que nos ayuda a preparar el terreno para tratar de analizar el fenómeno de la revolución de los precios. El continuo flujo de oro y plata, que se produce a lo largo de todo el siglo XVI, proveniente de las nuevas colonias, hizo aumentar por lo menos en tres veces los metales preciosos con los que contaba España. Esta situación junto al aumento de la producción de plata en Europa central y al oro proveniente de África, por parte de los portugueses, es uno de los principales motivos que provocan el aumento de precios. Ahora bien, ¿Es ésta la única razón por la que los precios aumentan?

79  Publicado en INFOBAE, 26 de febrero, 2014.

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A nuestro entender se produce por una serie de factores, entre los que se consideran más importantes: la concepción mercantilista de la época, (doctrina que afirma que la riqueza se basaba en la acumulación de metales preciosos) y el aumento de la población que hizo que las tierras y el alimento se tornaran insuficientes, con excepciones como Holanda que sin duda alguna fue una de las zonas agrícolas más avanzadas de Europa durante los siglos XVI y XVII. Generalmente por inflación se entiende a una disminución del poder adquisitivo del dinero, medidos por un Índice de precios. Sin embargo esta definición no es del todo acertada ya que está confundiendo lo que es el fenómeno con uno de sus efectos. Es importante la distinción ya que si queremos comprender el término es necesario definirlo correctamente, para de esa manera tratar de descubrir las causas que lo generan. El correcto significado de inflación lo podemos tomar de la Escuela Austriaca de Economía que nos dice: Por inflación se entiende al incremento de los medios de pago, o al aumento de la oferta monetaria por factores exógenos al mercado. Ahora sí en base a estas definiciones podemos tratar de explicar porque se da el aumento de precios en Europa. El precio del dinero (su poder adquisitivo) se establece como el precio de cualquier otro bien, por su oferta y demanda. La oferta de dinero es el stock monetario que se encuentra presente en un momento dado. Mientras que la demanda de dinero tiene dos componentes: atesoramiento, y oferta de bienes y servicios. Es decir a mayor atesoramiento o a mayor oferta de bienes, la demanda de dinero aumenta, y si la oferta se mantiene constante el precio del dinero aumenta. Es en este caso que le es más rentable a la autoridad monetaria producir más dinero. Este aumento de la oferta monetaria es endógeno al mercado y no causa inflación, porque previamente hubo un aumento de la demanda. Es decir ante un aumento de la demanda, la oferta acompaña a dicho aumento.

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A ningún empresario se le ocurriría decir que va a aumentar por su propia decisión la oferta de sus bienes, sin tener en cuenta a la demanda. Pero por otro lado, si se produce un aumento de la oferta monetaria siendo la demanda constante, esta si produce inflación, cuyo principal efecto negativo es la distorsión de precios relativos. Repasando lo acontecido durante el siglo XVI vemos que: Hubo un incremento importante de los medios de pago pero por otro lado la oferta de bienes y servicios se mantuvo sin cambios (no aumentaron las tierras cultivables), y si bien pudo haber existido un grado mayor de atesoramiento, este fue insignificante en relación al aumento de la oferta monetaria. Gracias a la concepción austríaca de inflación podemos explicar que pasó en Europa, que pasa en Argentina, y que puede pasar si las condiciones no cambian.

Presupuesto 2015: La intratabilidad del Presupuesto Por Mercedes Barbosa

“Todas las leyes son efímeras y eternas al mismo tiempo. Y quienes sostienen los contrario no hacen más que engañarse a sí mismos.” VirgilGheorghiu

“Había una vez una clase política que vivía en una villa llamada Nación Argentina que había sido grande. La clase política, tenía la fea costumbre de decir mentiras. Una vez la clase política, cuando estaba cerca la villa, aclamó a los ciudadanos varias veces, muchas más de las necesarias gritando: - ¡Promesas, Promesas! Pero cuando los ciudadanos la ayudaban votando, los habitantes encontraron a la clase política, revolcándose en el Congreso muerta de la risa. Cada dos años, la clase política gritaba: - ¡Promesas, Promesas! Nuevamente los ciudadanos salieron de sus casas para votar pero en vez de promesas se encontraron con la clase política, que otra vez se burlaba de sus buenas intenciones. Sin embargo, años después una fea bruja llegó a la villa y comenzó a invadir las bancas del Congreso con inseKtos. La clase política llena de miedo, gritaba:- Por favor, vengan y ayúdenme; la fea bruja y sus inseKtos están matando a las promesas! 227

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Pero ya nadie puso atención a sus gritos, y mucho menos pensar en acudir a auxiliarla. Y la bruja fea y malvada, viendo que no había razón para temer mal alguno, hirió y destrozó a su antojo todos los sueños de los ciudadanos que eran representados en las bancas...” Esta simulación del cuento de Esopo, viene a colación de que la próxima semana, se estará enviando al Congreso de la Nación la tan mentada “Ley de Leyes” para el ejercicio 2015. Herramienta de desarrollo si las hay, el presupuesto, visto como la evaluación de lo hecho en años anteriores como sustento (o base) para la elaboración y evaluación de la futura producción de bienes y servicios (públicos), así como los insumos que dicha producción requiere, conlleva un gran compromiso con la cosa pública. Y este compromiso, se documenta en el “mensaje del presupuesto”. Un mensaje que acompaña al proyecto de ley y en el que se expone la relación existente entre los objetivos propuestos en el programa de gobierno y las explicaciones de la metodología que será utilizada para las estimaciones de los recursos necesarios para solventarlos (Gasto Público). Estas fundamentaciones sustentan a la propuesta presentada. Le dan forma, la justifican. Forman parte de ella – entre otros - el presupuesto de divisas y el de solvencia fiscales en los que se estima, tanto el nivel de tipo de cambio al que están calculados los recursos, así como los niveles de recaudación estimados para el periodo afectado por el proyecto de ley más las metas de inflación. Este mensaje presupuestario, esta fundamentación de las hipótesis (suppositus, en latín), es parte de esa vía de comunicación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, encargado de su aprobación. Tiene, como bien se dijo, como núcleo el reflejo de la política del gobierno, contextualizándola macroeconómicamente y proyectando el comportamiento de las variables económicas globales, como así también el comportamiento de las finanzas públicas, la política

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presupuestaria, las proyección de los recursos y gastos tributarios, las prioridades en los gastos, su financiamiento, el pago de los servicios de la deuda, las relaciones financieras con las provincias y el antes mencionado presupuesto de divisas, entre otros elementos. Este mensaje tiene una riqueza de comunicación tan importante y una difusión pública tan relevante que debería tender a lograr la tan necesaria y ansiada transparencia del presupuesto. El poder legislativo (nosotros representados) prestamos consentimiento a todo lo esbozado en este mensaje. Ahora, habiéndonos anticipado a las previsiones inflacionarias esbozadas en el proyecto de ley 2015 a presentarse, de un 15% anual, a sabiendas de que el previsto en el presupuesto 2014 fue del 10,4% y que ya ha sido traspasado por un índice acumulado del 17,5% a Julio último; que el nivel de gasto público se ha visto superado en sus previsiones; que los niveles de superávit primario dejaron de ser superávit…. por qué deberíamos creer el mensaje del presupuesto? ¿Qué se nos dirá en el mensaje del presupuesto que sea real? ¿Hay algo que es real? Más allá, claro de que estamos en manos de un gobierno decrépito. Qué argumentos esbozarán nuestros representantes en las bancas para no tratar un proyecto fuera de la realidad? Claramente este proyecto pierde la oportunidad de ser analizado dado que está siendo utilizado como un cumplimiento formal de las estipulaciones de la Constitución Nacional y en lugar de serlo como una herramienta de desarrollo para un país que se desangra. Es necesario un profundo sinceramiento: • De la realidad económica, en la que el gobierno debe dejar de enmascarar variables con fines espurios, vacíos y dañinos. • De la clase política, que debe dejar de trenzar (o transar) canales con fines electoralistas, también vacíos

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de contenido tangible, pero lleno de bagatelas hechas promesas. El pueblo tiene que concurrir a otorgar confianza (votar) con la pasión y la adrenalina que ello conlleva, pero para que eso suceda hay que dejar de sólo escuchar discursos y empezar ver qué cosas se hacen, qué es lo que se va acometiendo. Hay que palpar que el cambio se avecina. Este proyecto de ley de presupuesto no debería ser tratado por el parlamento. Deberían ser, más bien, puestas en tela de juicio la seriedad y la calidad técnica con la que fueron elaborados cada uno de sus elementos componentes. Este proyecto, reitero, no tiene “tratabilidad” parlamentaria en estas condiciones. Nos están mintiendo en la cara. Esopo, como moraleja de la fábula del pastor mentiroso nos enseñó que “al mentiroso nunca se le cree, aun cuando diga la verdad”. ¿Cómo hará esta vez la clase política para ganarse nuestra confianza? ¿Cómo harán que la verdad reluzca? ¿Cómo nos convencerán de que esa es, en verdad, la verdad? Ellos requieren de nosotros, nosotros de ellos….pero honestamente.

Política Agropecuaria Nacional Por Gabriel Vénica Juntas las tres palabras me inspiran suspicacia. En boca de muchos que la ven como panacea, terror. Política, por definición implica interferencia, injerencia del estado en lo que de manera libre y espontánea harían los ciudadanos; llega en general acompañada de impuestos y cargas y adornada con nobles propósitos. En este sentido conviene preguntarse ¿Para qué queremos política agropecuaria?80 ¿Es necesario abundar en leyes, decretos y disposiciones más allá de decidirse simplemente a cumplir y hacer cumplir las sabias garantías que en materia de libertad de comercio e industria y respeto a la propiedad privada nuestra constitución nacional establece para todos? Imaginemos un país sin política agropecuaria nacional. Ninguna regulación, ni impuesto, ni organismo, ni registro que no sea el mínimo común correspondiente a cualquier otra actividad. La única política agropecuaria que se necesitaría para hacer realidad este onírico escenario es una ley que comience con un contundente “deróguese” que de fin a la indigesta maraña de impuestos discriminatorios, regulaciones infinitas, membrecías medioevales, que gravan y entorpecen la actividad con retenciones, roes (permisos de exportación), precios máximos, 80  Con un toque de humor característico Groucho Marx, definía la política como el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados.

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registros obligatorios (engendro utilizado últimamente como latente amenaza a la libertad de trabajar y sutil mordaza a la libertad de expresión). ¿Qué pasaría? ¿Estaríamos en el umbral del fin de la agricultura y la ganadería? ¿Caería la inversión? ¿Se frenaría la investigación y desarrollo en genética o tecnología metalmecánica? ¿Sobrevendría la concentración monopólica? Me animo a pronosticar que ocurriría exactamente lo contrario. Una rentabilidad sin precedentes fertilizaría el esfuerzo del único sector de capitales nacionales, autónomo, sustentable y competitivo internacionalmente que argentina tiene. Los beneficios se multiplicarían en incontables externalidades verticales (maquinaria, insumos, servicios agronómicos y de transporte, genética, capacitación, silaje, industrialización) y horizontales (integraciones, alianzas, joint ventures, asociaciones, inversiones, canales comerciales, etc.). Una prosperidad consistente hecha de trabajo genuino y no de empleo público, planes y consumo subsidiado inundaría los pueblos, las aldeas, las colonias y ciudades del interior y por propiedad transitiva a las mismas provincias, las que aumentarían su recaudación recuperando una autonomía financiera que nunca debieron perder. Se darían las condiciones para romper el indigno pacto medieval de vasallaje con el que el gobierno nacional somete a gobernadores e intendentes (sin perjuicio que algunos lo hacen a gusto) y con ellos a sus pueblos, premiando a quienes

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prometen lealtad (declarándose vasallos), con protección y algún feudo.81 Son en efecto las “políticas” -las malas y las buenas, pero todas esencialmente intervencionistas, regulatorias y confiscatorias- las que más han contribuido a generar lo que en sus fundamentos dicen combatir (concentración, rentas extraordinarias, falta de inversión, desigualdad, desaparición de los pequeños productores marginales), de la misma manera que los controles de precio alimentan la inflación y los cepos la estampida del valor de las divisas, aunque parezca contradictorio a la percepción ingenua y el saber vulgar.82 Sin embargo la tentación de recurrir al estado, siempre estará. Parafraseando a Fedor Dostoievski “(los hombres) acabarán por poner su libertad a nuestros pies, clamando: ¡Cadenas y pan!”. El Estado calma el vértigo que produce la libertad con la ilusión de mantener bajo control lo que no está

81  “Feudo” es una palabra de origen gaélico que quiere decir beneficio. En el modelo cuasi feudal en que ha devenido nuestro sistema de gobierno, este beneficio obtenido a cambio de vasallaje y lealtad comienza con el de ser bendecido “candidato” con los recursos publicitarios correspondientes, replicando en la actualidad lo que en la Edad Media era la ceremonia mediante la cual quien juraba fidelidad al Rey era investido Marques, Duque o Conde con la prebenda de señorear sobre su feudo, mientras permita al primero –el rey- cobrar tributo en el mismo. Pacto que se denominaba alianza de vasallaje. 82  El conflicto entre el saber vulgar y el científico no es nuevo. Al hombre antiguo le resultaba inconcebible la redondez de la tierra y que alguien pudiera sostenerse en las antípodas “patas arriba”, lo que sin duda era un atentado contra el sentido común. De la misma manera en la actualidad a muchos puede resultar contradictorio que resultados tan malos puedan provenir de intenciones tan buenas y aparentemente sensatas, como por ejemplo la inflación del mismo control de precios.

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bajo control alguno o lo que simplemente responde a un orden espontáneo cultural o natural.83 Agropecuaria. El calificativo agropecuario/a invita a pensar en el agro como productor primario por oposición a otros sectores (industria y servicio) que agregarían valor a diferencia del primero. Esta división es anacrónica e induce errores (y malas políticas). El sector agropecuario es hoy actividad primaria, es industria, es servicio. Todo a la vez. Da cuenta como ningún otro de la conjunción de las cuatro variables que conforman el perfil de un sector competitivo a escala global, tal como lo grafica el “el diamante de Porter”, a saber: activa competencia entre actores, ventaja en los factores de producción, demanda calificada y abundancia de sectores conexos y de apoyo. La dicotomía agro industria contribuye además, como dijimos, a dar pábulo a una falaz presunción según la cual el campo, quien se beneficiaría de una renta extraordinaria merced no a méritos propios sino a ventajas comparativas naturales, debe subsidiar a una industria generadora de valor.

83  El habitante de Egipto del segundo milenio antes de Cristo, consideraba necesario que sus sacerdotes realicen en cada solsticio una serie de ceremonias propiciatorias a los dioses con el objeto de asegurar que el ciclo de las estaciones y las inundaciones siguiera repitiéndose con regularidad junto con sus benéficos efectos. La mentalidad mágica no ha cambiado. Muchos argentinos, acostumbrados a fuerza de propaganda y repetición a invocar al “tótem” moderno –El Estado- en cada circunstancia les puede parecer riesgoso dejar una actividad sin regulaciones, motorizada sólo por la libertad, en la creencia que sin magníficos códigos de comercio no existiría comercio, sin política industrial no existiría industria y sin política agropecuaria no existiría actividad agropecuaria. Cabría agregar que también creen que sin atestados ministerios y secretarías, amén de otros organismos sobrevendría el caos o los malos y grandotes se comerían a los chicos buenos.

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Esto es desafortunado en cuanto al campo, que agrega mucho valor 84 y contradictorio en sus mismos términos en cuanto a la industria no agropecuaria. Si agrega valor no necesita subsidios ni protecciones y si necesita subsidios y protecciones no agrega valor. Por el contrario, aprovecha el valor realmente generado por otros apropiándose de la renta ajena, única expresión monetaria legítima del valor.85 No es necesaria política agropecuaria, como no es necesaria política industrial, como no fue necesaria política de servicios para que este sector se haya desarrollado como ningún otro, creando por lejos la mayor cantidad de nuevos puestos de trabajo no sólo en Argentina, sino en el mundo, sin que existan demasiadas políticas de servicios ni países que las apliquen (quizá gracias a eso).86 Toda política sectorial reclama un cambio de reglas a favor de un sector (o de los grupos políticamente organizados de 84  Basta para probar este aserto una anécdota histórica. Luis Ramírez, cronista del primer asentamiento humano en nuestro territorio (fuerte Sancti Spiritu, hoy Puerto Gaboto a pocos kilómetros de Rosario), daba cuenta al rey de los resultados de la primer siembra de trigo en estos lares. “Se sembraron 50 semillas y se obtuvieron 550” escribía entusiasmado Ramírez anunciando un rendimiento de diez semillas por cada semilla sembrada. Hoy por cada semilla de trigo se obtienen no menos de 100. Esto muestra un crecimiento en la productividad (genética, vigor, poder germinativo) del 1.000 por ciento que es puro valor agregado. 85  Nadie pensaría que los Canadienses no agregan valor porque su know how se orienta a la extracción de minerales y no a la joyería donde los italianos les llevan la delantera. Y si por ventura a algún político canadiense se le ocurriera aplicar impuestos confiscatorios al mineral extraído por sus empresas para que algún orfebre incapaz de competir con los italianos pueda conseguir oro barato y vender productos que de otra manera no encontrarían lugar en el mercado, no diríamos que están agregando valor sino perdiendo el tiempo, desincentivando una industria eficiente para sostener una ineficiente sin ninguna ventaja para el país, salvo para el inútil. Un joyero canadiense que legítimamente genere valor, compraría el oro por lo que vale a precio de mercado, lo transformaría en una pieza artística y lo vendería por mucho más que lo que pagó por la materia prima, precisamente, porque “agregó valor”. Sin embargo en Argentina se piensa, que para agregar valor al trigo, se debe obligar al productor a venderlo al molino harinero muy por debajo de su precio de mercado. 86  Espero no haberles dado la idea.

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un sector) a expensas del resto, destruyendo los principales indicadores que necesita quien invierte para hacerlo con eficacia (el precio y la renta real de cada negocio) y consagrando al Estado, al decir de Bastiat en “ la gran ficción a través de la cual todo el mundo trata de vivir a costa de todos los demás”. Se preguntaba y se contestaba Alberdi: “¿Qué exige la riqueza de parte de la ley para producirse y crearse? Lo que Diógenes exigía de Alejandro: que no le haga sombra”. Es lo que el campo, auténtico creador de riqueza, debe reclamar al estado, antes de ilusionarse esperando que los gobiernos solucionen los problemas generados por el intervencionismo estatal con más intervencionismo estatal aunque venga bellamente camuflado como política agropecuaria nacional. Alcanza con que exista política constitucional, que garantice la vida, la libertad y la propiedad de las personas en la plena seguridad que lo demás se dará por añadidura, como ocurrió desde 1853 a 1930.87 Nacional. ¿Debe ser nacional la política agropecuaria en el caso de requerirse algunas normas que contribuyan –lo digo con temor y temblor- a hacer operativos los principios constitucionales sin alterar su espíritu? La República Argentina adopta la forma de gobierno federal reza la Constitución Nacional (art 1). De querer hacer operativos los principios constitucionales, concretamente este principio constitucional fundamental, es imperioso que gobernadores y legislaturas provinciales reasuman el poder que nunca debieron haber delegado y se hagan cargo de los problemas que la producción agropecuaria pudiera tener en sus territorios. Son ellos quienes mejor conocen a los sectores productivos vulnerables de sus Provincias, la pérdida de competitividad 87  “En efecto, ¿quién hace la riqueza? ¿Es la riqueza obra del gobierno? ¿Se decreta la riqueza? El gobierno tiene el poder de estorbar o ayudar a su producción, pero no es obra suya la creación de la riqueza”. Juan Bautista Alberdi.

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de alguna economía regional, la necesidad de una obra de infraestructura, la urgencia de erradicar plagas y enfermedades endémicas, las demandas del medio ambiente. Deben enfrentar las cuestiones sin renunciar en aras del gobierno nacional a potestades y jurisdicciones que les corresponden de hecho y de derecho, aun cuando se requiera consensuar acuerdos y proyectos con provincias vecinas. El Ejecutivo nacional no debe hacer lo que puede hacer un gobernador, ni un gobernador de Provincia lo que puede hacer un intendente, ni un intendente lo que puede hacer un ciudadano individual. Este es el ADN del federalismo. “Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución…” proclama nuestra Carta Magna en su artículo 121. Sus dirigentes deben asumir responsabilidades ad intra frente a los representados facilitando las cosas y ad extra frente al gobierno nacional resistiendo los avances que en términos impositivos y regulatorios atentan contra las autonomías provinciales y los derechos individuales de sus habitantes. Hoy el Estado Nacional se apropia del 75% de los impuestos que por todo concepto se recaudan en la República Argentina, quedándole a todas las Provincias y Municipios el 25% restante. Revertir este modelo estatista, unitario, concentrador, expoliador y anticonstitucional es la política agropecuaria nacional por excelencia que el agro, el interior y el país necesitan. Este es el verdadero desafío y no el seguir imaginando paliativos y parches superficiales anunciados con nombres rimbombantes, bombos y platillos para no enfrentar el problema de fondo. No es una cuestión ideológica, porque el despropósito es tan grande que puede expresarse en las categorías de todas las ideologías y doctrinas.

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En clave liberal podemos decir que urge eliminar impuestos confiscatorios y regulaciones excesivas y devolver su majestad a los derechos individuales. En clave marxista podemos afirmar a su vez que es necesario liberar a las “fuerzas productivas” de las ataduras de “relaciones de producción” agobiantes que se mantienen en beneficio de una clase parasitaria e improductiva: la nomenklatura estatal a cargo de un estado gigantesco y confiscatorio que explota a todos, al mejor estilo del sistema asiático. Consecuentemente la política agropecuaria que necesita el agro puede ser resumida en una palabra… exagerando dos: libertad y liberación.88

88  “El Gobierno es una necesidad de civilización, porque es instituido para dar a cada gobernado la seguridad de su vida y de su propiedad. Esta seguridad se llama y es la libertad”. Juan Bautista Alberdi.

¿Son buenas las multinacionales para la economía? Por Osvaldo H. Rolleri Aragón Frente al concepto casi instalado en occidente que las multinacionales disponen de un importante poder, inclusive sobre los gobiernos, versión que permanentemente se escucha entre los socialistas y los representantes de las izquierdas en general, la realidad nos aclara quien es quien en este mundo. En el diario El País (de España) del sábado 20 de julio de 2013, se informaba que el Grupo de los 20 países más importantes (G-20), cuyo antecedente fue una reunión del G-8, de unos 20 días antes, convocada por Obama, “lanza una ofensiva contra la ingeniería fiscal de las multinacionales”. Ese título, muy ‘marketinero’ desde el punto de vista político, ha sonado muy bien a los oídos de casi todos. Estoha demostrado a las claras, que las multinacionales no tienen tanto poder y menos sobre los gobiernos. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Primero, las multinacionales dan trabajo de alta calidad a un porcentaje significativo de la población del mundo, pues invierten en investigación, desarrollo y calidad. La base de sus recursos humanos es la meritocracia. Segundo, pagan altos impuestos, pues les es muy difícil evadirlos y tienen inspecciones permanentes. Por lo tanto, tienen una participación importante en las recaudaciones de varios países occidentales. Tercero, esos impuestos han permitido mantener estructuras políticas, a veces, ineficientes y corruptas, con gastos crecientes desde hace décadas, sin mejorar los servicios estatales (en general se han desmejorado), lo que 239

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ha llevado a consecuentes aumentos de impuestos. Cuarto, el resultado de esos incrementos, con la excusa de mejorar los servicios, han dado lugar a cúpulas políticas enriquecidas, y la creación de estructuras estatales sin justificación. La base de sus recursos humanos es el nepotismo, amiguismo político y clientelismo. El resultado del incremento permanente de los impuestos y gastos ha permitido aumentar además, la base de poder de los gobiernos; dejando con esa aspiración de dinero a casi todos los pueblos más empobrecidos. ¿Y por qué en parte esto último, con relación a las multinacionales? Porque las multinacionales fabrican una parte importante de los productos de consumo que se compran en todos los pueblos del mundo, por lo tanto, cada aumento de impuesto a las multinacionales, como el que se busca imponer a través de la actuación del G-20, será transferido a los precios de los productos que venden esas empresas, como en general ha ocurrido a lo largo de toda la historia económica, y terminará siendo pagado por todos nosotros. Consecuentemente, el mencionado aumento impositivo que se propone, servirá para crear más burocracia nacional e internacional. Esa burocracia, que ha ido y seguirá restando el poco poder que siempre han dispuesto las multinacionales. Solo recordemos el caso de la confiscación a Repsol de España, por parte del Gobierno Argentino; y peor aún el de Chevron (una potencia privada americana) en Ecuador (pequeño país latinoamericano). Esa burocracia que también seguirá complicando nuestras vidas; y lamentablemente terminará haciendo bajar nuestro nivel económico.

Multinacionales versus Estados: ¿Dónde está el límite? Entonces, ¿Las multinacionales son todas buenas? Habría que ver cómo cumplen los objetivos trazados como su visión y misión empresaria. Toda empresa multinacional es en general una sociedad anónima que responde a un directorio que fija las metas, y una de ellas es ganar dinero para su subsistencia y también repartir dividendos. Las ganancias las logrará vendiendo productos y/o servicios. En el caso de productos,

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tendrá que pasar por aduanas, o sea restricciones al ingreso y a veces reglamentaciones especiales a diferentes productos, países o empresas. Ahí es donde aparecen ciertos pasos que a veces deben ser aceitados, pues sino las mercancías no entran a algunos países. Lo más crítico son los servicios donde un contrato, por ejemplo de telecomunicaciones, se le otorga una exclusividad por muchos años que no es gratuita’ (usted me entiende) y además, frente a la intensa demanda se colocan elevados impuestos. Para los funcionarios ocasionales es un negocio redondo, porque otorgan un monopolio (duopolio u oligopolio), que genera miles de millones de dólares (USA) de ganancias a la multinacional; y desde ya desean ser partícipes de la misma. Y también generan en impuestos, un significativo nuevo ingreso para las arcas del gobierno. Dios sabrá dónde va a parar ese ingreso. O sea donde hay grandes cantidades en juego, las empresas aunque no quieran tendrán que abonar por servicios de gestión (coima y corrupción), pues sino quedarán afuera del desarrollo empresarial. De ahí que cada tanto, no enteramos que se descubre él, o los pagos que una empresa hizo a funcionarios. Pero no podemos ser hipócritas. Porqué un funcionario otorgaría un contrato a una empresa para que gane dinero, y no a otra? El tema es complejo y de transparencia.

“No me dejen afuera” Para terminar, recuerdo el anécdota de un ingeniero, que al presentar un anteproyecto para varias líneas de metro al funcionario de un país caribeño, éste frente a todos los partícipes, exclamó: De todo esto ¿Cuánto hay para mí¬?; ante la mirada azorada de los presentes. Obviamente, al no responder satisfactoriamente la empresa perdió su esfuerzo, y el proyecto luego se realizó, pero con un valor de boleto para los usuarios seis veces mayor. En concreto, ¿Quiénes son los malos de esta película, las multinacionales o los gobiernos, con sus crecientes estructuras, de poder, burocráticas y a veces corruptas?

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Usted tiene la palabra Dejo algunas frases para pensar: “Un gobierno sano y frugal, es aquel que haga desistir a los hombres de dañarse mutuamente, y que los deje libres para regular sus propios asuntos de industria y progreso, y no tome de la boca del trabajo el pan que este ha ganado”. Thomas Jefferson, Primer Discurso Inaugural, 1801. “La ciudad de Nueva York es un monumento cuyo esplendor, ninguna pirámide ni palacio igualará, ni asemejará jamás. Pero los rascacielos de los Estados Unidos no se construyeron con bienes públicos, ni para un propósito público: fueron construidos por la energía, iniciativa y riqueza de individuos privados, en su beneficio personal. Y en lugar de empobrecer al pueblo, esos rascacielos, a medida que se hacían más y más elevados, alzaban el estándar de vida de la gente. Incluyendo a los habitantes de los barrios más bajos, que vivían una vida de lujo en comparación con la vida del antiguo esclavo egipcio o del moderno obrero Soviético-Socialista’. Ayn Rand. “Gobierno es la gran ficción a través de la cual todos nos empeñamos por vivir a expensas de los demás.” Frederic Bastiat. “El poder tiende a corromper. El poder absoluto corrompe absolutamente”. Lord Acton.

DOCUMENTO ESPECIAL

Principios para reformular el sistema tributario argentino Mitos y realidades sobre la presión fiscal y la economía informal Por Agustín A. Monteverde La República Argentina constituye un caso único e interesante para la historia económica. Aquella comarca pobre y olvidada del siglo XIX vivió, a partir de su organización nacional, un espectacular y raudo crecimiento que la ubicó en menos de cincuenta años entre las naciones más desarrolladas y ricas del planeta. Sin embargo, pasado el primer cuarto del siglo pasado, la economía argentina inició un paulatino deterioro que pareciera no encontrar fin. Este proceso fue marcado por una progresiva intervención del Estado en la economía, la proliferación de regulaciones, el cierre de sus mercados, el control de los precios y de las retribuciones de los factores de la producción, la distribución de subsidios y la concesión de privilegios que limitaron la competencia, desalentaron la productividad y erosionaron el ingreso de los consumidores. El consiguiente incremento del gasto estatal y la fiebre redistribucionista significaron una creciente transferencia de recursos privados al sector público, sea por aumento de la presión tributaria, por emisión de moneda sin respaldo o por absorción de fondos vía endeudamiento público. Todos estos cambios fragilizaron el derecho de propiedad, resquebrajaron la cultura del trabajo y del esfuerzo, y estimularon el surgimiento de una clase empresarial más 243

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preocupada por la obtención de prebendas que por mejorar y competir. La Argentina edificó en las últimas décadas un sistema institucional que enraizó en una cultura anti capital, que desprecia el éxito, desalienta la iniciativa privada, acaba con la inversión y expulsa capital humana. Para retornar al camino del crecimiento es ineludible un cambio. Ese cambio choca, necesariamente, con la multitud de intereses creados al amparo de la cultura y las instituciones vigentes. Instituciones prebendarías e intereses creados forman un sistema en que ambos elementos mutuamente se refuerzan. Por ello, el cambio requerido no puede ser otro que un cambio revolucionario. Modificaciones solo parciales serán tergiversadas o fagocitadas por las obsoletas instituciones que nos rigen desde hace 75 años. Solo una completa reedificación de las instituciones desde los cimientos —solo una revolución— nos devolverá a la senda del progreso. Esa auténtica revolución se corporiza en un grupo de profundas reformas estructurales que devuelvan poder al ciudadano: vasta simplificación del aparato normativo, drástica desregulación de mercados de bienes y de factores, reelaboración integral del estado que acabe con la discrecionalidad de los gobernantes de turno pero lo fortalezca en el ejercicio de sus funciones indelegables, y una completa reformulación del sistema de ingresos públicos. Esto sí es una verdadera revolución progresista. Este trabajo se ocupa exclusivamente de la última de esas reformas. El que aquí nos concentremos en ella no aboga por una visión simplista y parcial: debemos dejar en claro que para tener éxito toda propuesta tributaria debe ser simultáneamente acompañada por las otras reformas enunciadas. El sistema tributario es, además de soporte, marco de transparencia y eficacia de toda política fiscal. Amén de extendernos sobre los principios y valores que el sistema debe respetar, y de sugerir una concreta arquitectura, nuestro análisis procurará también echar luz sobre una discusión tradicional: la presión tributaria. Nuestra pretensión es echar por tierra algunas falacias que —incluso en círculos académicos— repetidamente se esgrimen en este respecto.

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¿Qué es una reforma tributaria? Las reformas a las que hemos referido no son esas “reformas” que modifican infinidad de detalles sin cambiar la esencia enferma de los sistemas vigentes (cabría preguntarse si podemos llamar “sistema” a nuestro régimen tributario o si se trata más bien de un conjunto inconexo de pretensiones fiscales). Reformar no es emparchar, modificar, remendar o ajustar. Reformar es reedificar. Las reformas cambian la estructura misma de las cosas, convirtiéndolas en algo enteramente nuevo. No hablamos aquí de alterar ciertas alícuotas o generalizar algunos gravámenes. Lo que proponemos es un cambio estructural, una reformulación de pies a cabeza del íntegro sistema de ingresos públicos (y en particular, del tributario). Entonces, para reformar nuestro régimen tributario, hay que partir de cero, desde sus mismos cimientos o principios. Hay que repensar íntegramente nuestro sistema tributario. Para ello debemos, ante todo, plantear las premisas que debe respetar un sistema tributario. No basta con que imponga contribuciones suficientes para el buen funcionamiento del Estado. Si fuera así bastaría con que el gobernante de turno elevase las tasas tanto como desea gastar. O cobrarle solo a aquéllos a quienes resulta más fácil. Entonces, además de su objetivo específico, para reelaborarlo debemos tener en cuenta las restricciones y requerimientos que debe respetar y cumplir el régimen tributario dado su inevitable relación con otras áreas del sistema global (esto es, la República Argentina) del que forma parte. Esos requerimientos hacen no solo a su hacienda, sino a aspectos tan diversos y en algunos casos fundamentales como la seguridad jurídica, los derechos y garantías individuales, el régimen federal de gobierno, y el desarrollo de la economía y los sectores productivos. Vayamos pues a las premisas. Debemos destacar en primer lugar que no existe principio tributario alguno que pueda enarbolar por encima de los derechos y garantías individuales afirmados por nuestra Constitución desde los albores mismos de nuestra nación.

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Esos preceptos consagran el respeto a la persona, el resguardo de su intimidad, la igualdad ante la ley, la inviolabilidad de la correspondencia y de la propiedad privadas, y la libertad de industria y comercio. Aseguran también la presunción de inocencia y la debida defensa en juicio. Y prohíben expresamente la posibilidad de que se fijen impuestos o gravámenes que resulten confiscatorios. Esto quiere decir que ninguna urgencia fiscal ni ninguna pretensión de justicia tributaria o de eficacia recaudatoria puede atentar o rozar estas expresas garantías constitucionales. El resguardo de estas garantías impone, además de su puntilloso respeto, una severa estabilidad jurídica a las normas tributarias. El cambio permanente de alícuotas o de regímenes de liquidación pueden convertir en ilusorios los preceptos constitucionales aparentemente respetados. Es sobre la base y el respeto de estos principios fundamentales que debemos cimentar el sistema tributario. Por lo que sus principios o premisas no pueden ser otros que aquellos que, haciendo propia la preocupación por la vigencia plena de esos derechos y garantías, provean al fisco la solvencia justa para atender gastos y obligaciones razonables. Es entonces dentro de ese marco que debemos considerar los clásicos —aunque casi nunca respetados— principios del derecho tributario: equidad, gravamen único (no doble tributación), proporcionalidad, racionalidad, transparencia, efectividad recaudatoria, y eficiencia.

Los pilares fundamentales Si ya hemos echado los cimientos del nuevo edificio, lo que queda es levantarlo. El nuevo sistema tributario que proponemos se apoya en cuatro pilares fundamentales. Ellos son: correspondencia fiscal, simplificación (o mejor, y para que quede claro, ultra simplificación), universalización (aquí también conviene insistir con el prefijo ultra) y, por último, transnacionalización. El primero ha sido vastamente tratado por diferentes trabajos. Aquí nos ocuparemos detenidamente de los otros tres.

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Simplificación Implica pocos impuestos, pocas normas, claras y escuetas, regímenes únicos, liquidación sencilla. Cuando dijimos simplificación acotamos que bien cabe agregar el prefijo ultra. No debiera ser así si no fuera por la cantidad de veces que se confunde simplificación con dar una pizca de ordenamiento al régimen de un impuesto aislado, persistiendo no obstante confuso, siempre susceptible de una mar de interpretaciones diversas y contradictorias. Simplificar es hacer sencillas las cosas para que todos, absolutamente todos los contribuyentes, grandes y pequeños, puedan entenderlas sin necesitar el auxilio de expertos. Simplificar es legislar con cuerpos normativos compactos, sencillos, precisos, consistentes. Las normas tributarias deben ser redactadas sin ambigüedades ni redundancias, sin superposiciones ni contradicciones, para no dar lugar a interpretaciones subjetivas o variadas. Su lectura debe arrojar interpretaciones únicas e inmediatas para que su cumplimiento sea fácil y objetivamente verificable o demostrable. Es absurdo pretender recaudar cuando la complejidad aborta toda posibilidad de cumplir en forma completa, demostrable e indubitable las obligaciones fiscales; cuando ésta oscurece el sistema, superpone tributos, crea entelequias, discrimina entre ellas y hace añicos los derechos individuales. No es posible —no debiera serlo— que, de acuerdo a ciertas cláusulas pueda considerarse cumplida una obligación pero que de acuerdo a otros artículos, o en función a otras interpretaciones, se pueda afirmar lo contrario. Por aquí empieza la indispensable seguridad jurídica …¿Es posible hablar de seguridad jurídica cuando multitud de aspectos y alcances de las normas quedan sujetos a la interpretación discrecional de los mismísimos agentes del organismo de contralor? Simplificar es proveer un sistema de ley tributaria, decreto reglamentario y resoluciones administrativas conciso, sin incoherencias y que no quede lugar a interpretaciones

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diferentes y contradictorias89. El sistema debe ser tan escueto y consistente como para que su lectura arroje una única interpretación posible de los hechos imponibles, de su cálculo, de la forma de liquidación y pago del tributo. Y, por supuesto, impedir la doble imposición. Simplificar tiene también un costado temporal o dinámico. La permanente modificación y emisión de nuevas disposiciones son un sablazo a la simplicidad. Y a la seguridad jurídica. Solo un sistema compacto y estable permite hacer planes y proyectar en el tiempo. Y esto atrae inversiones.

Universalización Esto es darle alcance universal a los tributos. Aquí también habíamos propuesto el prefijo ultra. Es algo más que generalizar. Porque sistemáticamente vemos modificaciones o propuestas tendientes a “generalizar” algún impuesto, “salvo tales o cuales actividades”. Actividades ésas que para el Estado parecieran contribuir al desarrollo, al bienestar del género humano o a la democracia más que otras aparentemente menos dignas, como carpintero, pianista, traductor o locador … Impuestos que “gravan a todos a todos por igual”, salvo a exentos, eximidos, acomodados y evasores. Universalizar es hacer que tributen todos —absolutamente todos— aquellos hechos unívocamente interpretables como imponibles. Si el hecho existió, hay que tributar cualquiera sea la importancia del sector, de la actividad o del área geográfica. Así de sencillo.

89  Simplificación es sinónimo de certeza y transparencia. “El principio de transparencia tributaria, exige que las leyes tributarias en sentido lato, es decir, con inclusión de reglamentos, órdenes, circulares, líneas directrices, etc., se estructuren de manera que presenten técnica y jurídicamente el máximo posible de inteligibilidad y sus disposiciones sean tan claras y precisas que excluyan toda duda sobre los derechos y deberes de los contribuyentes, tanto en estos mismos como en los funcionarios de la Administración Tributaria, y con ello la arbitrariedad en la liquidación y recaudación de impuestos”(Neumark, F., citado por Lamagrande, A., Evasión fiscal; VII Congreso Tributario, San Martín de los Andes, 1999.

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Universalizar es una necesidad, en primer lugar, en razón de justicia e igualdad ante la ley. Pero también, y no menos importante, lo es imperiosamente en razón de transparencia fiscal y eficacia recaudatoria. A todos aquellos afectos a las políticas activas y de promoción —que seguramente preferirían sacrificar transparencia a cambio de darse el gusto de impulsar o proteger sectores, áreas o actividades elevadas a la condición de “estratégicas” o “de interés nacional” por los demagogos o burócratas de turno— cabe aquí prevenirlos y mantenerlos en calma: simplificar y universalizar impuestos no les privará en absoluto del placer de conceder los privilegios del caso. Solo que los forzará a hacerlo transparentemente, vía subsidios o subvenciones expresas, y sin dañar la efectividad del aparato tributario. Alícuotas diferenciales, mecanismos de desgravación o la exención lisa y llana han sido las formas más comunes de promover o brindar “estímulos” —prebendas— a áreas o actividades de carácter “estratégico” o “vitales para el desarrollo”. Si, por ejemplo, éste fuera el caso de la astronáutica, una “política activa” típica será proveer generosas exenciones al sinnúmero de actividades y sectores relacionados con el espacio. Ello implicará —entre otros perjuicios— abrir una multitud de oportunidades de evasión para aquellos que poco o nada tienen que ver con la astronáutica (pero que buscarán una forzada participación en esa actividad o cadena de valor). Al universalizar se eliminan resquicios para evadir. Nos evitamos discutir si las actividades de Fulano están exentas, y en qué grado, por la sola y dudosa contribución a la cadena de valor espacial de ser peluquero de astronautas (nuevamente la doble interpretación). O que haya más astronautas que vuelos espaciales. El sistema tributario es como un estanque: basta con un solo orificio—basta con retirar el tapón — para que por él se vacíe su entero contenido. La multitud de exenciones y regímenes privilegiados de distinto tipo hacen de nuestro desquiciado régimen tributario un verdadero colador. El costo inherente a la complejidad del sistema tributario presenta cinco facetas diferentes: a) el gasto tributario por exenciones, reintegros, etc. b) los gastos de administración y

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fiscalización, c) los gastos privados de administración tributaria (incurridos por el contribuyente), d) la evasión inducida por las dificultades para interpretar y cumplir las normas, y e) la corrupción generada o alentada por las complicaciones, vacíos y superposiciones del cuerpo normativo.

Transaccionalización Para muchos especialistas, casi una mala palabra. ¿Qué queremos significar con este neologismo? El sistema tributario debe basarse en gravar en forma directa e inmediata transacciones económicas concretas efectuadas en el país. Las expectativas de efectividad recaudatoria deben estar centradas en gravar transacciones. ¿Por qué? Porque es aquí donde menos duele tributar y más fácil es determinar en forma inequívoca el monto imponible y la suma a pagar y, por consiguiente, donde más se dificulta la evasión. Tanto más hermético a la evasión si las tasas de gravamen son realmente módicas, no significativas en el precio final, de manera de incorporar el costo tributario en forma sencilla e intuitiva en la función de precios (ecuación costo-beneficio). Los impuestos sobre transacciones (a las ventas, al valor agregado), si son universales y razonables, son neutros: como gravan la totalidad de las transacciones en la misma medida, no generan distorsiones en la economía. Ya conocemos las objeciones de los tecnócratas redistribucionistas frente a este concepto: “vender no es lo mismo que ganar” … “gravar las transacciones hace inequitativo y regresivo al sistema porque termina gravando más a quienes menos tienen”. Absolutamente falaz. En primer lugar, hoy la recaudación ya depende seriamente de las transacciones gravadas (véase la proporción de los ingresos totales que corresponde a IVA, impuestos internos a cigarrillos, bebidas, combustible, telefonía, servicios públicos, vehículos de todo tipo, etc.). Eso sí, con múltiples gravámenes afectando simultáneamente las mismas operaciones de un pequeño grupo de sectores y dejando indemnes a otros muchos.

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En segundo lugar, si el sistema es sencillo y compacto no hay por qué temer en cuanto a inequidades, regresividad y descapitalización. La facilidad de cálculo hace que el contribuyente pueda incorporarlo directamente a su fórmula económica, en el pricing. De esta forma, deja de ser tarea de adivinos el conocer si se ganará o perderá plata al emprender tal negocio o efectuar una determinada operación. Y, entonces sí, se puede presumir que —en un giro de negocios sano y racional— a más transacciones corresponda mayor ganancia. Como el efecto impositivo ya está incorporado en los costos, se sabe de antemano que todo valor que no cubra el efecto impositivo es un precio vil. Tributos “progresivos” no transaccionales como el impuesto a los bienes personales o el impuesto a los activos empresarios atentan, en cambio, contra el ahorro y la formación de capital, desalentando el esfuerzo al gravar sus frutos . Los impuestos progresivos son un verdadero castigo al progreso. Por supuesto que centrar la efectividad recaudatoria en un tributo —y solo uno— que grave las transacciones no es ni debiera ser escollo para que persista un impuesto a las ganancias, que asegure la no-regresividad del sistema. Solo que ahora la hermeticidad del primero multiplicará la efectividad del segundo (siempre y cuando se lo reformule completamente, siguiendo estrictamente el principio de simplicidad y, por supuesto, el de universalidad).

Dificultades para encarar una reforma impositiva El riesgo más inmediato que corre todo intento de reforma es concebirla como un mero cambio de diferentes partes y detalles del régimen vigente, en el que todo sea modificado para seguir igual. Reformular es reedificar desde cero. Pero una vez tomada la decisión de encarar una reforma, cuanto más seria y drástica sea ésta, más ataques sufrirá. No hay mejor defensa que un buen ataque. Y esos ataques provendrán de una vasta gama de grupos de poder resistentes al cambio, de esa compleja madeja de intereses protegidos y subsidiados por este anacrónico régimen tributario.

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En primer lugar, vendrán los argumentos técnicos. Toda reforma sustantiva —que por consiguiente toque intereses harto protegidos— enfrentará acusaciones de no respetar principios tributarios, jurídicos o morales. Tal vez los mismos que el régimen ha violado sistemáticamente y que la reforma proyectada pretende asegurar. Cuanto más fundamental el principio presuntamente afectado, más mortífero (e hipócrita) el ataque. Por ejemplo, se podría culpar a la reforma de vulnerar la equidad. Ya hablamos de la falsedad de semejante argumento si se respetan los tres elementos planteados. Pero además, ¿Qué tiene de equidad el régimen actual? Que induce a la evasión con una parafernalia de disposiciones, regulaciones y gravámenes superpuestos, en donde más se exige a los que ya pagan. Que protege la elusión “técnica” con contradicciones, inconsistencias, exenciones y eximiciones. ¿Hay acaso algo más inequitativo que la evasión? El ciudadano común es hoy el más perjudicado. No cuenta con importantes departamentos de impuestos y asesores para aprovechar los vacíos y privilegios que el régimen proporciona. No dispone de sociedades anónimas para deducir gastos, ni de vinculadas que se interfacturen, ni de off-shores que encubran sus tenencias, ni de inversiones desgravables. No dispone de los beneficios impositivos del leasing, ni deduce las amortizaciones de sus ganancias. Un sistema simple, universal y transaccional acaba con las desigualdades. Todos pagan la misma tasa, sin excepciones, los gastos deducibles y los conceptos desgravables son comunes a todos los contribuyentes, la liquidación es sencilla y no hay lugar para jugarretas expertas. Algunos aducirán que los impuestos a las transacciones gravan el consumo, y por lo tanto son regresivos. Es curioso en primer lugar que quienes plantean estas objeciones no les incomode la intrínseca facilidad para evadirlos —y, por

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consiguiente, la inherente regresividad— que padecen los denominados impuestos directos90. En segundo lugar, aún haciendo a un lado la evasión, la base imponible de algunos impuestos directos o las metodologías para medirla implican a menudo una pronunciada regresividad de esos tributos. También es errado afirmar que los tributos a las transacciones graven (proporcionalmente) más a los que menos tienen. Es obvio que aquellas personas físicas o jurídicas con más activos efectúan un volumen mayor de transacciones y, por lo tanto, pagan también más impuestos. Por último, no es exacto atribuir regresividad al carácter trasladable (al consumidor) de los impuestos transaccionales frente a la supuesta incapacidad para hacerlo con los directos. Adjudicar la fracción correspondiente al impuesto transaccional en una compraventa al precio incremental pagado por el consumidor es —como mínimo— una lectura parcializada: también se puede interpretar como una menor ganancia del vendedor. Tampoco es exacto afirmar que los impuestos directos no son trasladables pues —si bien introducen cierta incertidumbre en la ecuación de negocio— es factible y además habitual incorporar una estimación de los mismos a la hora de calcular costos. El impuesto a las ganancias cuando se aplica sobre las empresas podría ser trasladado a los precios91. Socavar la confianza en la capacidad recaudatoria del nuevo sistema sería otra reacción posible de los grupos de intereses afectados: “caerán los ingresos, aumentará la evasión”. Como si el costoso y complicadísimo régimen actual fuera efectivo … Cuando los recursos del Estado están basados en un par de impuestos, con procedimientos tributarios sencillos, sin 90  Estos impuestos, supuestamente, gravan en forma directa la capacidad contributiva. Denominación por cierto poco apropiada si tenemos en cuenta que pocas cosas escapan tanto a una medición directa u “objetiva” como los beneficios. Tampoco resulta obvio que la capacidad contributiva sea lo mismo que la valuación impositiva de ganancias ni —mucho menos— de cierto patrimonio o tenencia de activos. 91  König, J. Distribución de la presión tributaria y crisis fiscal del estado. Universidad de Barcelona – IEFPA, http://iefpa.org.ar/home_new/articulos/monografias/konig.pdf. 2002.

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recodos, trampas y sugestivos vacíos, de alcance uniforme y verdaderamente universal; cuando tenemos todo eso tenemos un verdadero sistema tributario, en que sus partes juegan en un todo coordinado y coherente. Y en el que la evasión resulta imposible. Aumentar el rigor de las penas no ha conseguido frenar ni frenará la evasión. Tampoco la continua metralla de resoluciones y modificaciones en los procedimientos la detuvo. Ni la multitud de arbitrariedades, presunciones y normas contrarias a derecho que el fisco año tras año nos obsequia. La acumulación de poder y prerrogativas totalitarias de la administración tributaria no detiene la evasión; solo contribuye a magnificar la corrupción. La evasión solo se detendrá cuando la misma arquitectura del sistema impositivo —y repetimos, no las normas de administración tributaria— impida evadir. Cuando su sencillez, uniformidad y alcance universal no dejen resquicios. Cuando el comercio de facturas pierda sentido, pues todos sean iguales y paguen por igual. Cuando el costo impositivo sea un componente necesario, único, inmediato y módico de las ecuaciones de ventas y beneficios. Si se genera un mecanismo de control por oposición, simple y compacto, ocultar una transacción se convertirá en una jugada costosa e inútil. Donde la sola maniobra de ocultamiento podría significar, cualquiera sea la suma y dada la esencia transaccional del sistema, la comisión de un delito: el de apropiación indebida. Otros dirán que un sistema simple y universal niega toda posibilidad de contar con una política económica que pretenda estimular el desarrollo, sea de zonas de frontera, polos de desarrollo o sectores en particular. Sin embargo, el sistema que proponemos no impide a los gobernantes satisfacer sus caprichos redistribucionistas de distinta índole. Pero impone, al menos, la transparencia en la ejecución del reparto: que el estímulo se realice vía subsidios o subvenciones explícitas, no encubiertas, con partidas presupuestarias precisas e identificadas. Lo que permite conocer las ventajas concedidas a zonas o sectores y el costo de esas políticas de promoción.

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Sistema tributario y régimen federal El tributario es un subsistema de otro más amplio: el sistema político y jurídico constituido por la Nación Argentina. Por consiguiente, si nuestra Constitución adoptó la forma representativa, republicana y federal de gobierno (artículo 1º), el sistema impositivo debe ser consistente con aquélla. Nuestra carta magna establece que las provincias conservan todos aquellos poderes que no hubieran sido expresamente delegados a la Nación (art. 121º). De los artículos 4º, 75º (incs. a y b), y 121º surge que las provincias no pueden fijar derechos de importación y exportación, ni legislar en materia aduanera (art. 5º). Con relación a los tributos directos, las provincias tienen exclusividad y permanencia para establecerlos, facultad que delegan por tiempo determinado al estado federal únicamente en situaciones de emergencia nacional. En cuanto a los indirectos, pueden ser establecidos tanto por la Nación como por  las Provincias, por lo que tienen poderes concurrentes. Podemos ver, entonces, que el sistema que proponemos no afecta en lo mínimo sino que es plenamente concordante con las disposiciones constitucionales. El funcionamiento de un sistema simple, universal y transaccional a nivel nacional no es obstáculo a que una provincia tenga otros gravámenes que afecten transacciones realizadas en su jurisdicción. En definitiva, esto significará que habrá provincias que resultarán más atractivas que otras para hacer negocios. Es que su política fiscal —vaya novedad— constituye una herramienta competitiva. Si no …¿qué es ser federal? En cuanto al estado federal, puede fijar libremente tributos transaccionales que —por ser indirectos— no tienen limitación en el tiempo y su poder de imposición es concurrente con las provincias. Más complicada es, en cambio, la situación de franca inconstitucionalidad de los impuestos federales a las Ganancias, a la Ganancia Mínima Presunta, a los Capitales y a los Bienes Personales.

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Nuestra Constitución prescribe que los tributos directos los puede imponer el Estado Nacional, siempre por tiempo determinado y solo cuando razones de defensa, seguridad común y el bien general  así lo aconsejen (situación de Emergencia Nacional, art. 67 inc.2 de la Constitución de 1853 y 75 inc. 2 del texto de 1994). El más antiguo de nuestros tributos federales directos, el impuesto a los Réditos, fue creado en 1932 por ley 11.682 y reemplazado en 1974 por la ley 20628 por el actual impuesto a las Ganancias. Siguiendo la norma constitucional, ambos fueron establecidos por tiempo determinado. Pero —con dudosa legitimidad— la situación “extraordinaria” de emergencia nacional fue sucesivamente prorrogada hasta hoy.

Presión tributaria: mitos y realidades El indicador habitualmente utilizado para medir la presión tributaria relaciona los datos de la recaudación efectiva total (nacional, provincial y municipal) con el producto bruto interno. No considera la recaudación esperada de acuerdo a la legislación vigente en materia impositiva, que se reflejaría en la carga tributaria a nivel agregado. La presión tributaria, que se calcula a partir de la relación recaudación / PBI indica el porcentaje promedio de impuesto que abona cada habitante. A contramano de la percepción ciudadana, con frecuencia se afirma en foros y artículos profesionales que el nivel de presión fiscal en la Argentina es reducido. Se señala, incluso, cierta correspondencia con el nivel de desarrollo: “Existe evidencia empírica de que la presión tributaria aumenta con el grado de desarrollo de un país … Turquía, Polonia e Irlanda, que podrían considerarse como países de desarrollo intermedio, tienen casi el doble de presión tributaria que la Argentina. En nuestro caso esto se explica en parte por la alta evasión impositiva”92. Es falaz mostrar como deseable el incremento de presión, atribuyéndolo a un mayor nivel de desarrollo económico. Los 92  De Simone, C. La estructura tributaria en la Argentina: una comparación internacional. www.cambiocultural.com.ar/investigacion/impuestos.htm, Buenos Aires, 2002.

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estudios comparativos en materia de presión tributaria carecen en general de rigor metodológico pues relacionan datos de PBI y de recaudación surgidos de procedimientos de recopilación y medición heterogéneos entre los diferentes países. Y mucho menos está probado algún vínculo causal entre presión y desarrollo económico. Postular como origen del aumento de la presión el alto nivel de evasión es, como mínimo, tan solo una parte —engañosa— de la verdad. Creemos que, en todo caso, el problema es circular. Nos basamos para ello en el ampliamente difundido modelo de la curva de Laffer. Arthur Laffer postuló que la recaudación es función de la alícuota (para el caso, del nivel de presión) dando lugar a una curva cóncava respecto a la abscisa (alícuota o presión). Inicialmente, a mayor presión hay un crecimiento de la recaudación, hasta alcanzar un máximo, a partir del cual el aumento de presión genera caídas en la recaudación por evasión. La forma exacta de la campana depende de las preferencias particulares del individuo o sociedad bajo estudio. De esta forma, vemos que el problema de la evasión y — consiguientemente— la eficacia en la recaudación están directamente ligadas al nivel de presión fiscal, aunque éste no es la única variable explicativa. Distintos trabajos profesionales e informes de la AFIP aseveran que la presión tributaria en la Argentina es reducida o como mucho moderada, ubicándola en un rango de entre 20 % y 25 % según el año en consideración. Esas mediciones resultan de comparar la recaudación efectiva total —aunque sin computar generalmente los aportes previsionales y de seguridad social— con el PBI a precios de mercado del año bajo análisis. La utilización de esa metodología implica gruesos errores de estimación por diversas razones que pasaremos a exponer. Es impropio utilizar el PBI a precios de mercado. Esto significa, en primer lugar, distribuir el peso de la recaudación en un producto “inflado” precisamente por el mismo componente impositivo. No se puede repartir el peso de los impuestos sobre los mismos impuestos. Esto quiere decir que tampoco el PBI

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a costo de factores es una base correcta pues también deben excluirse los impuestos directos. Tampoco resulta lógico distribuir el peso de los impuestos sobre una base que, ya neta de impuestos, aun incluye las amortizaciones de capital y las actividades inmobiliarias con bienes propios o servicio imputado de vivienda. Otro elemento que contamina la medición es la economía informal. Las cuentas nacionales ajustan los valores registrados por un coeficiente de subregistro de forma de incorporar actividades subdeclaradas o subcaptadas (ver anexo A), que por pertenecer al circuito informal no han sido captadas por los relevamientos o que han sido declaradas parcialmente. Queda claro que no puede distribuirse el peso de los impuestos entre aquellas actividades que escapan precisamente de la tributación. Toda estimación de la magnitud de la economía informal es, por cierto, obvio imprecisa. La base metodológica de 1993 asume que la actividad registrada representa solo 72 % del PBI total. O sea, para estimar el PBI expande 38,9 % el valor agregado bruto (ver cuadro 1). Muchas estimaciones privadas consideran un circuito informal aun mayor93. De lo anterior se colige que la variable sobre la cual medir la presión fiscal debiera ser la renta o ingreso nacional neto (de los conceptos referidos) sujeto a impuestos (es decir, sin considerar las actividades no registradas pero sí estimadas en el PBI).

93  Fundación Norte y Sur. Argentina: Visión de País y Diagnóstico. Buenos Aires, 2002.

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Pero también es habitualmente incorrecto el importe de recaudación que se computa. Si la presión fiscal es resultante de la totalidad de los impuestos pagados por los contribuyentes, deben computarse todos los impuestos nacionales, provinciales y municipales. Muchos tributos municipales, sea por falta de información o por el carácter de tasa o contribución que revisten, no son considerados por la mayoría de los trabajos sobre presión fiscal o se los toma sólo en forma parcial en otras ocasiones. Otros ítems que es común que se escabullan del cómputo son los aportes y contribuciones a la Seguridad Social. Dada su naturaleza, los tributos previsionales y de la seguridad social se deben incluir también dentro de la recaudación tributaria, como también los aportes a las cajas provinciales de previsión y a las obras sociales de origen nacional y provincial. El estudio preparado por J. Santiere, J. Gómez Sabaini y D. Rossignolo para la Secretaría de Programación Económica y Regional94, si bien no extrae del PBI el componente informal95, elude la mayoría de los errores de cómputo antes referidos al determinar el impacto de los impuestos en la distribución del ingreso para el año 1997. Fruto de un análisis más profundo y comprensivo de la entera gama de impuestos recaudados por las diferentes jurisdicciones, los números que arroja son sensiblemente más elevados que los sugeridos por otros estudios de menor alcance. Es así que la presión tributaria convencional para ese año96, sobre el PBI sin correcciones de ningún tipo, es de 24.59%, compuesta en un 19.68% por los tributos nacionales, un 3.68%

94  Santiere, J., Gómez Sabaini, J. y Rossignolo, D. 2000. Impacto de los impuestos sobre la distribución del ingreso en la Argentina en 1997.Estudio preparado para la Secretaría de Programación Económica y Regional Buenos Aires. 95  El estudio incorpora un ajuste por subdeclaración pero con un sentido inverso al que aquí proponemos: lo aplica a los resultados de la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares, elevándolos hasta arribar a los números de las cuentas nacionales. 96  Siguiendo la misma metodología, el estudio efectuado por la Dirección de Gastos Sociales Consolidados elevó la magnitud de la presión tributaria para el año 1998 a 25 %. Ver DGSC, El Impacto Distributivo del Gasto Social.

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por los provinciales, y un 1.23% por los municipales (ver cuadro 2). Pero al corregir el PBI a precios de mercado de $ 292860 MM conforme a algunas de las consideraciones efectuadas más arriba (impuestos indirectos, amortizaciones del capital fijo, impuestos directos, servicio de la vivienda imputado, etc.) y llevarlo así a un Ingreso Nacional Neto de $ 169891 MM, el estudio encargado por la Secretaría de Programación Económica y Regional informa una presión efectiva (o “presión tributaria promedio”) de un notable —y ya inconstitucional97— 42,39 %. Debe tenerse en cuenta que a esta cifra aún cabría corregirla por el componente informal incorporado en ella. Si tomamos el porcentaje incluido en la base metodológica 1993 de la Dirección de Cuentas Nacionales (28 %), la mencionada presión efectiva debiera expandirse con un coeficiente de 38,9 %, arribando a un exorbitante 58,9 %.

97  La Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Horvath, Pablo c/Fisco Nacional” del 4 de mayo de 1995 consideró que el límite máximo de la presión fiscal es del 33 % sobre la capacidad del contribuyente, “tope más allá del cual estaría comprometida la garantía del artículo 17 de la Constitución Nacional”.

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Cuadro 2 -Recaudación y Presión Tributaria Consolidadas – año 1997

Fuente: J. Santiere, J. Gómez Sabaini y D. Rossignolo con datos del M. de Economía, AFIP, ANSeS y Oficina Nacional de Presupuesto.

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Cuando semejante carga tributaria cae sobre quienes contribuyen con ese 72 % de la riqueza nacional, no llama la atención el altísimo nivel de evasión existente —representado para 1993 por ese 28 % de valor agregado por actividades no registradas o “en negro”. Con un fárrago tributario como el nuestro y una presión fiscal de tal magnitud, en la que el estado se lleva más de la mitad de la riqueza generada por el contribuyente promedio, los alicientes para la evasión o la elusión son altísimos y los riesgos de ser detectado —especialmente en ciertas actividades— resultan mínimos. Un nivel alto de presión fiscal efectiva constituye un castigo al ciudadano que cumple y a la vez representa el tamaño de la recompensa que el estado otorga a los que evaden. Queda por efectuar un último comentario. Es común en la bibliografía diferenciar entre presión tributaria formal o nominal (la carga tributaria que surge de las normas impositivas) y la real (que surge de la efectiva recaudación de los impuestos), siempre menor a la anterior. Limitarse a considerar esta última es un serio error a la hora de considerar el problema de la evasión: el concepto de presión fiscal relevante cuando se analiza el incentivo para evadir es el de la carga o presión tributaria nominal. La presión denominada —engañosamente— “real” es solo la contracara de la evasión resultante del nivel de presión “formal” —que por cierto a los ojos del ciudadano es, en cambio, la real. Cabría incluso recargar esta presión nominal —aunque, repetimos, muy real— con lo complejo, costoso y difícil que resulte interpretar y cumplir con las normas de un sistema tributario determinado. Dada la complejidad de nuestro régimen y la discrecionalidad de nuestra administración tributaria, hay aquí un nuevo multiplicador de presión, un nuevo estímulo a la evasión.

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Evasión y economía informal: Los riesgos de confundir la solución con el problema y el problema con la solución Las motivaciones para el incumplimiento tributario pueden ser diversas98, pero todas ellas mantienen una relación inversa con alguno de los tres pilares fundamentales que hemos expuesto. Podemos resumirlas en: • Disconformidad por tratamiento desigual (inequidad). • Defensa frente a pretensiones ilegítimas originadas en la sed insaciable del fisco por recursos privados. • Dificultad para comprender la obligación (complejidad de las normas) o para cumplir con ella (complejidad y burocracia de la administración tributaria). • Percepción de improbable detección del incumplimiento. • Amplios resquicios normativos que conceden espacio a conductas extorsivas y corruptas de todo tipo, al dar discrecionalidad al órgano de contralor para interpretar o presumir incumplimientos que no son tales o, inversamente, disimular maniobras evasivas. • Disconformidad del ciudadano con el destino de los impuestos, por los servicios provistos por el estado o por el mecanismo de redistribución. Mucho antes que Laffer, ya Adam Smith atribuía a las altas tasas que se cobraban a la importación el aumento del contrabando99. La complejidad y el costo para el contribuyente de la administración tributaria es, como dijimos, otro importante factor que incide en la efectividad para recaudar. La simplificación es entonces un requisito esencial para el cumplimiento fiscal. Sin simplificación no hay conocimiento ni interpretación de las normas impositivas; y sin conocimiento mal puede haber cumplimiento.

98  Vázquez Caro, J. Cómo influir en la conciencia tributaria del contribuyente para mejorar su comportamiento. Documento técnico 27ª Asamblea General del Centro Interamericano de Administradores Tributarios, C.I.A.T, Sgo. de Chile, 1993. 99  Smith, Adam, Investigación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Editorial Aguilar, Madrid 1961..

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Las unidades económicas toman en cuenta la carga nominal y las complicaciones de toda índole que la misma acarrea a la hora de decidir si cumplen, evaden o eluden los tributos que el estado les impone. Desde un punto de vista puramente fiscal, la propiedad más importante de todo impuesto es la capacidad de ser recaudado100. Hay experiencia internacional de que esa capacidad disminuye con el aumento de la carga nominal (ver Gráfico I). Gráfico I - Evolución de la economía informal como consecuencia de un aumento de la presión fiscal

El tamaño de la economía informal en nuestro país, que podemos considerar en un piso de 28 % del producto — siguiendo la estimación de 1993— pero que seguramente alcanza valores mucho más altos si tenemos en cuenta que — gracias a los sobrecostos por hiperregulaciones laborales (otra 100  Owens, Jeffrey, Temas emergentes de la Reforma Impositiva. Mimeo (1999).

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forma de presión fiscal a la que no hicimos referencia)— cuatro de cada cinco puestos nuevos que se generan en la economía son informales101. La necesidad estatal de abastecerse de recursos crecientes del sector privado ha agravado las penas por evasión tributaria. Cuando las tasas impositivas son mínimas y el pago de los impuestos es sencillo, es justo perseguir al puñado de inadaptados que niegan su pequeña contribución al funcionamiento social organizado. Pero cuando la evasión supera la multitud y constituye un fenómeno de masas —no se pueden considerar de otra forma los niveles actuales— el pretender que la persecución penal puede resolver el problema entraña, además de un serio error de interpretación, un grave riesgo para las instituciones republicanas. Puede discutirse si las maniobras tendientes a evitar el pago de tributos módicos configuran la comisión de un delito o el solo incumplimiento de una obligación civil (tal como fue en un pasado en el que, a pesar de no contar con la herramienta de la persecución penal, la evasión era marginal). Lo que no puede sostenerse, salvo en una mentalidad crudamente totalitaria, es que un fenómeno masivo —estamos hablando de millones de ciudadanos— quepa calificarlo como delito: es claro que en ese caso lo que falla es la norma impositiva. La persecución penal tributaria y el paulatino aumento de penas en el marco de un régimen voraz, oscuro, ambiguo, hipercomplejo y plagado de eximiciones prebendarías como el nuestro constituye una feroz herramienta represiva102, lista para ser aplicada con preferencia sobre aquéllos ciudadanos considerados díscolos por el totalitarismo de turno. La gravedad institucional de esta situación se exacerba si consideramos una particularidad única —y por cierto claramente inconstitucional— del derecho penal tributario (tratamiento de 101  Teijeiro, M. La economía informal. CEP, Buenos Aires, 2004. 102  Aunque no necesariamente efectiva. Las reformas tributarias de 1979 y 1985 en España, tuvieron resultados poco satisfactorios. Las modificaciones se concentraron en elevar notablemente las sanciones y esto provocó un elemento complementario de estrés social y de crisis de relaciones entre el contribuyente y el fisco. Recientemente se ha tenido que morigerar las sanciones establecidas en 1985.

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presuntos delitos) y de las derecho administrativo tributario (tratamiento de infracciones): en ambos casos se invierte el sentido de la prueba, inversión ilegítima a contramano del resto del derecho argentino y violatoria de la taxativa garantía constitucional del principio de inocencia. Cuando la evasión es generalizada o cuando el mismo sistema exime o desgrava a sectores privilegiados, muchos ciudadanos se desalientan y sienten una menor obligación de cumplir y ven más fácil la posibilidad de evadir. Se genera así un círculo vicioso en el cual la evasión se refuerza a sí misma. Hay también un segundo círculo vicioso cuando las preocupaciones por la evasión se centran en los efectos y no en atacar las causas profundas, como lo son las altas alícuotas, la complejidad, y la falta de neutralidad. Pretender compensar la evasión (el “problema”) con aumentos de alícuotas o más impuestos o combatirla con nuevas y más complicadas normas (las “soluciones”) es no entender la lógica de la cuestión e invertir peligrosamente su sentido. Ese tipo de “soluciones” lo que hacen es echar leña al fuego: no producen otra cosa que un fortalecimiento del impulso para evadir103. Para terminar con este tema, queremos rescatar lo que sería un nuevo “caso de inversión” o al menos una beneficiosa reinterpretación de la economía informal. El enfoque común al hablar del “problema” de la economía subterránea es marcar los recursos que pierde el estado como consecuencia de la evasión que ésta significa. Pero si la evasión es primordialmente la reacción a niveles de presión confiscatorios, es fácil apreciar que ocurriría de no darse tal reacción (indeseable y perniciosa según el enfoque convencional). La complejidad y el costo de cumplir las obligaciones fiscales colocan en el plano de lo inviable a multitud de actividades y unidades económicas. La fuga hacia la economía subterránea ha sido no solo la reacción sino también la solución al colapso económico y la desocupación que significaría convalidar un régimen tributario feroz como el que sufrimos. 103  El aumento de la presión nominal hace, por ejemplo, más rentable la ingeniería tributaria para la elusión y mejora la ecuación costo-beneficio de la corrupción.

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Equidad fiscal: algo más que equidad tributaria La necesaria condición de equidad del sistema tributario se desprende del mandato mismo de igualdad ante la ley consagrado por nuestra Constitución. Los tecnócratas tributarios han desarrollado dos conceptos referidos a este punto, cuya manipulación ha servido para alcanzar interpretaciones de la equidad claramente inconsistentes con aquel mandato constitucional. Tenemos por un lado el concepto de equidad horizontal que aplica simplemente el principio básico de igualdad ante la ley104: conceder el mismo tratamiento impositivo a ciudadanos en idéntica condición (definida habitualmente como capacidad de pago). La equidad vertical, entretanto, determina un tratamiento distinto para ciudadanos en diferentes condiciones. Hasta aquí no habría problemas con estos términos, pero ocurre que su manipulación ha brindado la oportunidad para introducir la condición de progresividad del sistema como sinónimo de equidad vertical. Un sistema tributario es regresivo cuando impacta con más fuerza sobre ciudadanos en condiciones inferiores: por ejemplo, un impuesto de suma fija sobre los salarios es más gravoso para aquellos contribuyentes de menor capacidad de pago. Nótese entonces que los tributos, para respetar la igualdad ante la ley, no deben ser iguales (de suma fija) sino proporcionales. Sin embargo, el voluntarismo redistribucionista ha ubicado a la progresividad como única alternativa a la regresividad. Los tributos progresivos no significan simplemente que “quienes más ganan paguen más que los que menos ganan” sino que deben pagar impuestos en una proporción mayor a la diferencia proporcional entre sus ingresos.

104  Musgrave, R. y Musgrave, P. 1995. Hacienda Pública, Teórica y Aplicada. (5ª. Ed.). McGraw-Hill. D.F. México.

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Los tributos progresivos violan el principio de igualdad ante la ley, que sugiere que la diferencia de trato sea proporcional a la diferencia de condición. Introducen además nocivas alteraciones a la estructura de la economía, además de invertir el mecanismo de premios y castigos. Si el mercado provee la asignación óptima de recursos, la carga tributaria debe ser proporcional y no progresiva, puesto que de esa forma no se cambia la distribución que de los recursos hace el mercado105. La condición de progresividad se origina en un prejuicioso concepto de justicia colectiva, contrario a la libertad y al desarrollo de las potencialidades y aspiraciones individuales: redistribuir la riqueza de manera que “todos seamos iguales”. La estructura del sistema tributario afecta la distribución de la presión fiscal; cuando ésta más progresiva es, más se satisfacen los anhelos redistribucionistas. Pero debe remarcarse que un sistema proporcional también suaviza la distribución de los ingresos, sin aparejar los costos de eficiencia de los sistemas progresivos. La existencia de un compromiso (trade-off) entre eficiencia y progresividad es una cuestión aceptada, incluso por los partidarios de sistemas progresivos106. Esto significa cierta despreocupación por la evasión de parte de quienes proponen esta particular visión de la equidad. La evasión tributaria es, sin embargo, una fuente importante de inequidad horizontal, entre los que cumplen y los que no lo hacen. Los mecanismos progresivos alientan la evasión. Lo que ocurre es que, más allá de los peculiares conceptos de justicia y equidad que guíen a quienes diseñan las políticas públicas, a los efectos de considerar la evasión inducida la cuestión relevante es el grado de equidad o inequidad percibido por el ciudadano: si el reparto de la carga que debe asumir cada individuo no es aceptado como justo, el cumplimiento se debilita. 105  Rawls (1993), afirma que “cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia que ni aún el bienestar de la sociedad como un todo puede anular”. Rawls, John. 1993. Teoría de la justicia.Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires. 106  Véanse los comentarios al respecto de Stglitz. (Stiglitz, J. E. 1995. La Economía del Sector Público. (2». Ed.). Antoni Bosch. Barcelona. España). También recomendamos: Artana, D. El diseño del sistema tributario. FIEL, Buenos Aires, 2002.

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Es frecuente oír abogar por incorporar y reforzar impuestos progresivos, dada la presuntamente fuerte regresividad de nuestro sistema tributario. Sin embargo, el estudio de Santiere y otros —el más sofisticado que se ha efectuado hasta el momento sobre la distribución de la presión fiscal— lo calificó como un sistema que, pese a que la carga tributaria está más concentrada en los ricos, es levemente regresivo, con tendencia a la proporcionalidad107. Pero no solo mediante el sistema tributario se afecta el bienestar de los ciudadanos y la distribución de los bienes. También los gastos del estado inciden. Dado que la distribución de los beneficios del gasto público y de la carga impositiva no suelen ser iguales, la política fiscal afecta la distribución del ingreso. Esto significa que para tener una visión integral de la equidad y la presión fiscal, no podemos desentendernos de cómo se gastan o distribuyen los recursos tributarios. El componente social del gasto público es especialmente relevante en este sentido. El estudio elaborado en el ámbito de la Subsecretaría de Coordinación Económica sobre el impacto distributivo del gasto social108 (también para el año 1997, como el de Santiere y otros) abunda en información a este respecto. De acuerdo a ese trabajo, la distribución del gasto social consolidado (nación, provincias y municipios) resulta significativamente progresiva (“pro-pobre”) en la Argentina. En el Cuadro 3 observamos que para el año 1997 los individuos del primer quintil se benefician con el 21,0% del gasto público social, al recibir un promedio de 142,7% su ingreso disponible. El último quintil se beneficia de solo el 6,7% de su ingreso disponible. De esto surge que la política del gasto constituye una herramienta más significativa que el sistema tributario para

107  Santiere, J., Gómez Sabaini, J. y Rossignolo, D. Op.Cit. Obviamente, los resultados obtenidos dependen de una serie de supuestos metodológicos que comprenden criterios de traslación de los impuestos, composición poblacional de los quintiles, elasticidades, etc. 108  Dirección de Gastos Sociales Consolidados. El impacto distributivo de en la política social de la Argentina. M. de Economía, Buenos Aires, 2002.

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propósitos de redistribución —y es, al menos, mucho más transparente. Tributos y gasto público constituyen las dos caras de la misma moneda: la política fiscal Por lo tanto, a efectos redistributivos no tiene sentido hablar de equidad o progresividad de la política tributaria sino de la entera política fiscal. Como la política de gasto es más pro-pobre que la política tributaria, la política fiscal en la Argentina es, en su conjunto, progresiva109.

Cuadro 3 – Impacto distributivo del gasto público social en 1997.

Cabe hacer algunos comentarios sobre los resultados del estudio mencionado. En primer lugar, el trabajo omitió considerar los gastos en previsión social, que son progresivos 109  9º Congreso Tributario. 2001b. Conclusiones. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Buenos Aires. Argentina. (http://webx.cponline.org.ar:82/congresotributario/)

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y de fuerte peso relativo en el gasto social, cuya “inclusión conllevaría cambios significativos en los resultados”. Asimismo debe destacarse que la proporción de los gastos sociales —especialmente de los más progresivos, que son los efectuados en sectores sociales— en el gasto público ha crecido acentuadamente de 1997 a la fecha. Con esta información podríamos calificar la equidad del sistema no solo respecto a la capacidad de pago sino desde la perspectiva del beneficio: mirar a los impuestos como el precio que los individuos deben pagar por el uso de los bienes públicos y que deben estar relacionados con la utilidad marginal que cada persona obtiene por el uso de los bienes públicos. De ello se desprende el límite de presión tolerable, reflejado por la disposición máxima a pagar por cada uno de esos bienes. Considérese aquí que buena parte del gasto social —como educación escolar, seguro de desempleo y salud— no es siquiera consumido por los quintiles de mayor ingreso. Dado las distorsiones económicas que producen los impuestos redistributivos, el trade-off existente entre la progresividad y la eficacia recaudatoria, y la pérdida de transparencia y hermeticidad de un sistema no uniforme, sostenemos que las pretensiones distribucionistas, proteccionistas o de promoción social o industrial debieran encaminarse exclusivamente a través del gasto público, en partidas presupuestarias expresas.

Fundación Atlas para una Sociedad Libre www.atlas.org.ar Fundación Friedrich Naumann para la Libertad www.argentina.fnst.org Independent Institute www.independent.org Red Liberal de América Latina (RELIAL) www.relial.org

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