Fecha de recepción: 29/07/2015 Fecha de aceptación: 11/12/2015 Prevención comunitaria: Medidas y reformas aplicables a Puerto Rico a través de una realidad socio-política puertorriqueña Communitarian prevention: Measures and reforms applicable to Puerto Rico through the socio-political reality of its people Mtra. Gloriam Zaid Mercado-Justiniano Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico
[email protected] Puerto Rico Resumen Ante la ardua batalla contra las tendencias delictivas a nivel mundial, actos antisociales y la misma esencia que compone el delito, las sociedades no sólo se han visto en la necesidad de crear leyes o sistemas de estrictas normativas cuales llevan a consecuencias penales, sino que –ante la rapidez evolutiva de la conducta transgresora y a consecuencia que estos comportamientos continúan desenvolviéndose en las etapas Año 3, vol. VI enero-julio 2016/Year 3, vol. VI January-July 2016 www.somecrimnl.es.tl
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más tempranas de los individuos– la comunidad experta científica se ha dado la tarea de desarrollar programas, estrategia y modelos que respondan a una prevención funcional, aplicable y efectiva. De allí nace la prevención comunitaria, una estrategia de prevención utilizada a nivel internacional con países como: México, España, Francia e Italia y hasta Portugal. Desde esta perspectiva se analiza y discute la importancia de implementar esta estrategia como parte de los modelos preventivos en Puerto Rico. Además, se analiza la posibilidad de implementar un marco preventivo propio en base a la crisis delictiva en la cual se encuentra nuestro país sumergido. También se mencionan las deficiencias que se encuentran en la política pública del Estado Libre Asociado y se recomiendan las modificaciones o enmiendas necesarias para implementar cualquier proyecto de prevención considerando las medidas presupuestarias del país. Palabras clave: Medidas de seguridad, Modelos de comportamiento, Prevención comunitaria, Puerto Rico, Tratamientos. Abstract Upon the arduous battle against the criminal tendencies at a world-wide level, antisocial behavior and the same essence that composes an act of delinquency, societies have not only found themselves in the necessity to create laws and systems of strict norms that demand sanctionary consequences, but – due to the unforeseeing evolutionary antisocial behavior of the transgressor and its continuous development in the earliest stages of individuals– the scientific expert community has taken into hands the task of developing programs, strategies and models that respond to a functional, applicable and effective prevention. In light of those efforts the communitarian prevention is born, as a reliable prevention model at an international level, underlining countries such as: Mexico, Spain, France, Italy and Portugal. From this perspective we analyzed and discussed the importance of implementing this strategy as part of the preventive models in Puerto Rico. Furthermore, we analyzed the possibility of constructing Puerto Rico’s own prevention frame based on the criminal crisis in which the country is submerged. We pointed out the sociopolitical deficiencies created by the weak public policy stablished by the commonwealth as we made recommendations on the necessary amendments that must be executed in order to implement any project of prevention while considering the budgetary measures of the country. Keywords: Behavioral models, Communitarian prevention, Puerto Rico, Security measures, Treatments. Introducción Por siglos, los hombres y mujeres que formamos parte de la comunidad caribeña nos hemos acostumbrado a ver la criminalización de nuestras comunidades como parte de nuestra cultura, empeñados en exigir a nuestros gobiernos lo que nunca nos propusimos a engendrar como país. Es decir, culturalmente hemos propiciado y procreado de generación en generación males sociales que se han permitido ver como 98
“situaciones comunes” y actitudes o comportamientos que forman “parte de la sociedad” –lo cual nos ha llevado a trasmitir el mensaje erróneo a las generaciones de edad temprana– cuales ya, hoy, son muy tarde para remediar. Entonces pretendemos señalar y juzgar en pleno absolutismo al gobierno, sin concientizar que nosotros hemos sido los responsables de la mala educación de la prole y la fomentación de la desvalorización moral que hoy tergiversa la visión y conceptualización de una vida en sana comunidad exponiéndonos, como consecuencia, a una alta peligrosidad social. Es así como muchos países de habla hispana han culturalizado la violencia y la criminalidad haciéndola parte de sus vidas cotidianas y trasmitiendo un “set” de valores que se manifiestan de forma desorganizada e indisciplinada. Son estas circunstancias las cuales han llevado a un estado de alerta a los ciudadanos de estos países, buscando protegerse a sí mismos, sus familias y bienes, debido a que la generación de individuos que se forma, se levanta y desarrolla es la futura población de delincuentes juveniles que más tarde pasarán a ser la población profesional ofensora; entre ellos, Puerto Rico. Es así, como en la actualidad, que podemos señalar varias comunidades puertorriqueñas que se rigen a través de líderes comunitarios o portavoces de la comunidad con el propósito de establecer un orden y un control de las actividades que se suscitan en los alrededores de estos sectores imponiendo estrategias de prevención comunitaria. Por lo cual podemos decir que la aplicación de este modelo preventivo no es novel para nosotros. Prevención comunitaria ¿Qué es? Sin embargo, no existe una política pública específica, clara, concisa y dirigida a definir, estudiar y analizar la contextualización del concepto de prevención comunitaria en Puerto Rico, por lo que pasamos a definir el término de prevención comunitaria de la siguiente forma: Es aquella estrategia preventiva, la cual propicia que los sectores comunitarios y las diferentes comunidades de una localización geográfica se unifiquen para forjar un bien común preventivo de factores criminógenos en base al control. Esta estrategia trabaja ambivalentemente consolidando medidas de prevención situacional y social (cuyos orígenes son de carácter europeo) involucrando la participación de los ciudadanos, ya sea en un plano individual o colectivo. Hace responsable a los seres humanos que comparten una comunidad de defenderla motivándoles a tomar acción sobre los factores criminógenos que emergen en dicha convivencia (Mercado, 2014).
Puerto Rico es un país dado a comunidades o sectores comunitarios compuestos por personas de escasos recursos pero, con un gran sentido de los efectos de la criminalidad. Muchos de ellos son víctimas de transgresores sin control que emergen del mismo seno comunitario y ansían un cambio estructural en las estrategias de prevención para la seguridad social. Es por ende, que este tipo de prevención estimula a los ciudadanos residentes de barrios, barriadas, sectores, parcelas (entre otras comunidades puertorriqueñas) a un contacto social, a un apoyo psicosocial a través de la interacción que se forma al compartir los “patrullajes del barrio” o cuando un vecino teme ser asechado por algún transgresor y la comunidad se dirige a su rescate. El vínculo que se desarrolla entre estos residentes no es tan sólo físico, no sólo se
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materializa, sino que también se canaliza de forma emocional cuando se brinda la seguridad. La seguridad crea un sentimiento, de pertenencia y confiabilidad. La seguridad fortalece el control social e induce la cohesión social con la formación de dichos grupos de vigilancia. Por otra parte, Dennis P. Rosenbaum establece que los ciudadanos siempre contestan al crimen restringiendo su comportamiento e instalando dispositivos de seguridad para proteger su propiedad, pero esas medidas profilácticas pueden también reducir los vínculos de asistencia mutua y cortesía1. En Puerto Rico estas medidas de seguridad no se precisan a través de la cooperación comunitaria de ciudadanos residentes en zonas rurales, sino que este tipo de comportamiento restringido o limitado se formaliza o resalta entre personas pertenecientes a la clase social media y la clase social alta – en donde aquellos quienes siendo parte de la clase social media adquieren este tipo de medidas tecnológicas cuando pueden presupuestarlas económicamente, mientras que aquellos quienes pertenecen a la clase alta optan por estas medidas basado en la preferencia, comodidad y cierto elitismo. Por lo cual, enfatizamos nuestro discurso en base a la participación ciudadana2 también mencionada por Cristina Zackseski, quien presenta esta medida para mejorar las estrategias preventivas en México. Medida que muy bien puede ser utilizada para crear nuestro propio modelo de prevención basado en una política pública que reconozca el concepto de seguridad social partiendo de las necesidades del pueblo. Política pública en Puerto Rico Cuando hablamos de política pública en Puerto Rico nos referimos a las pocas publicaciones sobre leyes, proyectos, programas, informes sociológicos, informes de la criminalidad e investigaciones eficientes que se han hecho constar por parte de nuestro gobierno (y sus agencias), ya que la mayoría de las publicaciones pasadas son obsoletas debido a los drásticos cambios sociales. Al menos, a través de esta investigación se ha podido observar que el último Informe social publicado y dado a conocer a través de El Programa de Planificación Económica y Social de la Junta de Planificación de Puerto Rico data del año 2003. Los informes publicados han sido los siguientes:
Rosenbaum, D. P. The theory and research behind neighborhood etch: Is it a sound fear and crime reduction strategy? Crime & Delinquency, v. 33, n. 1, 1987, p. 105 e 106. 2 Por participación ciudadana se entiende: “(…) la capacidad de los ciudadanos para incidir en las decisiones públicas, promoviendo así tanto la democracia como una mayor eficacia y eficiencia en el ejercicio del poder. El problema de esta tendencia es que no se acompaña de una preocupación sociológica que le permita advertir que la ‘participación ciudadana’ implica tanto la existencia de actores sociales como de instituciones apropiados para su desarrollo”. (Olvera, 2003) 1
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Tabla 1: Informes Sociales del Programa Título de los informes 01. Informe Social - Criminalidad en PR años seleccionados (mayo, 2003) 02. Informe Social - La educación en Puerto Rico 1986-2000 (febrero, 2003) 03. Informe Social (agosto, 2011) 04. Informe Social (marzo, 2010)
Actualizado en 8/15/2013 8/15/2013 8/15/2013 8/15/2013
Nota: Informes sociales radicados respectivos a los años 2010 y 2011. El único informe sobre La educación en Puerto Rico se hizo en un compendio que comprende desde el año 1986 al 2000 y levemente recubre los años 2001-2003. El único informe sobre La criminalidad en Puerto Rico se radica comprendiendo hasta el año 2003. Fuente: (Portal de la Junta de Planificación de Puerto Rico, 2013).
Como se puede observar, la agencia correspondiente ha sido negligente en cumplir con la política pública establecida de publicar los informes sobre el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico como corresponde, anualmente. Entiéndase, que lo propio sería que el Estado proveyera de forma organizada y cronológica los informes sociales respectivos de forma individual (anual) por los últimos diez (10) años, en vez de compendiar ineficientemente los informes sociales de diferentes épocas. Es decir, la sociedad que se desarrolló en los años 80’s en nada puede ser compendiada bajo una sola perspectiva con la época del 2000: El pensamiento social era diferente, las normativas y conflictos socio-económicos que se enfrentaron también fueron diferentes y, las condiciones sociales de comunidad de los ciudadanos también eran diferentes. A pesar de que la tabla 1 nos indica que la información ha sido actualizada al año 2013, cuando entramos al enlace cibernético de los documentos podemos comprender que esa es la fecha de digitalización del documento y publicación cibernética, no de actualización. A continuación señalamos otras deficiencias crasas del sistema de publicación de El Programa de Planificación Económica y Social de la Junta de Planificación de Puerto Rico. Tabla 2: Estudios Especiales del Programa Títulos de los estudios Actualizado en Análisis del impacto de la sequía en la economía de PR 1994 y 1995 8/15/2013 Compendio de estadísticas sociales 8/15/2013 Cuentas Nacionales de Puerto Rico 1992 8/15/2013 El sistema de contabilidad y el modelo de insumo y producto 8/15/2013 Geografía censal de Puerto Rico 2000 8/15/2013 Hortense y su impacto económico en PR 8/15/2013 Impacto de las firmas manufactureras 936 8/15/2013 Impacto económico del huracán Georges en PR 8/15/2013 Indicadores socioeconómicos de la población envejecientes 8/15/2013 La migración en Puerto Rico. Características de la población migrante 8/15/2013 Movilidad laboral intermunicipal Puerto Rico 8/15/2013 Multiplicadores interindustriales de Puerto Rico insumo producto 8/15/2013 Nuevo modelo de desarrollo económico 8/15/2013 Fuente: Portal de la Junta de Planificación de Puerto Rico, 2013.
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Como dato de interés para sustentar las deficiencias a señalarse, informamos que el huracán Hortense entró por el sur de la isla, pasando de Guayanilla a Mayagüez. A pesar de ser de categoría 1 sus torrenciales lluvias causaron serias inundaciones. El municipio más afectado fue el de Guayama ocasionado la muerte de 18 personas debido a las inundaciones causadas por las aguas del Río Guamaní. Por lo cual se realiza un estudio especial titulado: Hortense y su impacto económico en PR. Sin embargo, el huracán Georges cruzó la isla de este a oeste, afectando todo Puerto Rico. Entró del 21 al 22 de septiembre de 1998. Con violentos vientos de 115 mph y de categoría 3, no causó muertes pero se estimaron daños de 6 billones de dólares. Las intensas lluvias provocaron el desbordamiento de varios ríos uno de los más devastadores fue el Río Grande de Arecibo. Ningún estudio especializado fue realizado. Entonces, nos preguntamos: ¿Dónde es que estan las prioridades de este país? Fueron capaces de realizar estudios de muy poca o moderada significancia o interés colectivo, pero no fueron capaces de mantener el patrón informativo de indagar sobre las consecuencias de otro fenómeno que sí impactó gravemente a Puerto Rico de manera colectiva y a nivel socioeconómico. Para finalizar este punto, el Compendio de estadísticas sociales data de los años 1988-1989; ¿En dónde quedaron los años que continuamos viviendo? ¿Cómo es posible que se realicen estudios sociales investigativos especiales cuando no tenemos idea de las estadísticas del año pasado? Es por todo lo antes mencionado que se nos haría muy difícil crear programas o ajustar modelos estratégicos preventivos a las necesidades sociales de nuestro país cuando el mismo Estado nos priva de la información, o la información no es la correcta, está incompleta o los estudios recientes son inexistentes. ¿Qué planificar hacer entonces? Me imagino que esperar el año de elecciones para compendiar los otros veinte o treinta años que faltan por integrar a los informes. Participación ciudadana Punto aparte, en cuanto a la participación ciudadana, se ha cometido el grave error de entremezclar la aplicación de la medida como estrategia preventiva con la Ley Orgánica número 53 que funda el cuerpo de la policía de Puerto Rico, también conocida como: Ley de la Policía de Puerto Rico, a través de los informes positivos sobre los Proyectos de la Cámara 1616 del año 2009 y el Proyecto 3160 del año 2012. En el proyecto del 2009 se enmienda la Ley núm. 53 con el propósito de establecer la siguiente medida: …con el propósito de establecer como política pública que la Policía de Puerto Rico diseñe un programa preventivo de la “Policía en tu Comunidad”, dentro del contexto de estrategias de prevención de la delincuencia y la criminalidad en zonas urbanas y modificar el modelo policiaco para enfatizar el servicio en las comunidades accesibles a los ciudadanos, con metas y responsabilidades claras enfocadas en la prevención del crimen, mantener la ley y el orden y mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños.
En primer lugar, no podemos crear y aplicar un programa de prevención comunitaria ante la criminalidad existente que abarca a todo Puerto Rico que únicamente beneficie a un solo sector comunitario. En este caso se menciona las zonas urbanas, ¿Y qué dicen o mencionan de la zonas rurales y las comunidades especiales? ¿A caso los oficiales del orden público solo responden o deben responder a la protección 102
del proletariado o la elite social? ¿A caso los ciudadanos de las barriadas y los sectores de menor competencia socioeconómica no son parte de la comunidad puertorriqueña? Entendemos que realizar estudios de caracteres sociales para establecer las correlaciones entre ‘Criminalidad-Pobreza’ o ‘Transgresor-Pobreza’ son clichés; no obstante, son estos sectores los más necesitados de una seguridad social y un modelo comunitario preventivo eficiente y real que sea aplicable a las condiciones de vida que le rodean. En segundo lugar, el cuerpo de de la Policía de Puerto Rico –quien se opuso a la medida– basó su oposición prácticamente en el hecho de que el superintendente tenía como prioridad la reorganización y reestructuración de la agencia. Plantearon que el superintendente se encontraba en el plan de regionalizar la policía integrando al ejercicio la policía municipal con la estatal fundamentando en dicho contexto que las necesidades de la comunidad se estaban atendiendo. Según admisiones del superintendente en su memorial, el concepto del policía comunitario comprende una variedad de componentes: “Desde esfuerzos por mejorar la imagen pública de la policía hasta profundos cambios estructurales y operativos para mejorar la colaboración entre la comunidad y la policía en la identificación y resolución de problemas” (Calderón, 2009). Si es éste el verdadero pensar del superintendente y su visión hacia el oficial del orden público que comulga con su comunidad, entonces: ¿Por qué en vez de oponerse la medida, no propone que la medida se trate desde otra perspectiva que beneficie al pueblo de una mejor manera y que se pueda implantar más eficientemente? Pues aún con la dicotomía existente entre los oficiales del orden público y los ciudadanos de las comunidades de escasos recursos económicos, siempre existe la posibilidad de llegar a acuerdos e incluso de respaldarse mutuamente. Si países tales como México, Guatemala, Colombia, España tienen la posibilidad de implementar medidas de seguridad en base a estrategias de prevención incorporando la participación comunitaria ¿Por qué deberíamos considerarlo como una medida extraña? ¿Por qué es que se nos hace tan difícil llevarlo “al blanco y negro” y redactarlo fielmente en una política pública clara y entendible, concisa, bien definida, y sobretodo fiel a la comunidad? Ahora bien, cuando hablamos sobre los elementos esenciales que comprenden una prevención comunitaria, en adición a la participación ciudadana no podemos obviar la aportación del rol del oficial del orden público, ya que es indispensable contar con el control que provee la ley para que la medida preventiva sea efectiva. En el caso de Puerto Rico, son los policías que proveen el despliegue de patrullas para realizar vigilancias rutinarias, atienden las querellas del público y contestan al llamado en caso de emergencias, aunque no siempre. En el modelo mundial de la policía comunitaria se pueden reconocer los siguientes elementos, los cuales distancian el concepto de la policía tradicional, como por ejemplo: cada comunidad enfrenta problemas del orden únicos, por lo que necesitan estrategias individualizadas; reuniones frecuentes con la comunidad; mayor acceso a la policía mediante acuerdos de vigilancia y programas de apoyo; patrullaje preventivo recurrente; participación comunitaria eficaz y unidades especializadas en resolución de conflictos entre otros.
Como se puede observar y apreciar, todo lo anteriormente analizado describe a cabalidad el concepto, la intención detrás del proyecto de la Cámara, presentado por 103
los representantes: González Colón, Torres Calderón y Nolasco Ortiz y suscrito por el representante: Torres Cruz. Sustentando todo lo expresado se adhiere a esta investigación la exposición de motivos del proyecto original y se brinda su referencia: La Seguridad Comunitaria, como componente de una política criminal que cimienta y fortalece al estado social y democrático de Derecho ante los retos que deparan las distintas manifestaciones del fenómeno de delinquir, constituye una salvaguarda en términos de seguridad democrática y un factor clave para la seguridad humana. (…) reconocer la fuerza transformadora de la Comunidad y su importante papel en humanizar con la aplicación fáctica de las normas penales a través de la policía, es otra de las ventajas que posee este modelo. Tiene como misión prioritaria mantener contacto permanente con los vecinos, mejorar con ellos la calidad de vida de las comunidades, cambiar la actitud de los ciudadanos hacia la policía y buscar una mayor colaboración del público en las tareas policiales preventivas con la finalidad de reducir la delincuencia y la sensación subjetiva de inseguridad. (…) también persigue desviaciones que en lo interno de la comunidad se suscitan y que se traducen en una no colaboración con las acciones desplegadas por la Policía. De hecho, distintos estudios sociológicos han demostrado, que predomina en los espacios comunitarios una fuerte tendencia hacia la indiferencia y la desconfianza frente a lo que sucede en el contexto comunitario y que se traduce en una ruptura de los ciudadanos para con sus deberes. Esta omisión se traduce en no denunciar la comisión de hechos delictivos, no testificar judicialmente sobre actos delictivos y no participar en los programas de prevención, entre otros. (…) Ante este panorama, no es casualidad que a través de este modelo se traten de reestructurar los lazos comunitarios desde la base que estipulan los roles ciudadanos en la prevención del delito, mediante una colaboración eficaz entre la Policía y la comunidad. Es un hecho que numerosos delitos podrían evitarse si los ciudadanos fueran conscientes de las consecuencias de las actividades criminales que tienen lugar en la zona donde habitan y si a su vez asumen un mínimo de responsabilidad. La participación de la comunidad en el campo de la seguridad pública abre nuevas perspectivas de solución ante el problema de inseguridad ciudadana, como son, entre otros: que los ciudadanos tienen un cometido primordial en la prevención y en la detección de la criminalidad y que existe una relación esencial entre las funciones policiales preventivas y la detección de la delincuencia, porque la “policía preventiva”, que es una Policía orientada al servicio de la comunidad, contribuye a la creación de confianza hacia este cuerpo como institución y un sentimiento de seguridad en el seno de la sociedad. Estos factores se traducen en una participación más activa de los ciudadanos en el descubrimiento de la delincuencia, que la Policía en esta actividad conjunta, tiene la misión de animar y catalizar los recursos comunitarios. (…) Nuestra Policía debe responder a una visión de Policía Comunitaria, en la cual podrá tener proximidad, acceso, responsabilidad y efectividad. Con esta medida fomentaremos la proximidad del Policía en su comunidad y el ciudadano tendrá más y mejor acceso a su Policía. Además, será responsabilidad del Policía tener un compromiso firme y serio con la seguridad pública de la comunidad a la que sirve o trabaja, y la Policía de Puerto Rico establecerá un plan de efectividad para medir el trabajo policiaco. Es para esta Asamblea Legislativa de gran preocupación la criminalidad, por lo cual entendemos que es importante y prioritario establecer mecanismos de prevención para minimizar este fenómeno que tanto daño ocasiona a la familia puertorriqueña (Colón y Ortíz, 2009).
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La referencia citada describe en su totalidad, a modo de recapitular, el propósito de esta investigación y la preocupación genuina que existe ante la crisis que se ha desatado en nuestras calles, producto de la criminalidad. Es satisfactorio que se pueda extraer de un texto de carácter legislativo la intención de rehabilitar nuestra seguridad y la estabilidad comunitaria a través del ejercicio de un método de prevención enfocado estrictamente en el vínculo comunitario y la cooperación de los ciudadanos con las autoridades. Sin embargo, seguimos firmes en la oposición que se establece en primera instancia en donde mencionamos que el cuerpo de la Policía de Puerto Rico no está capacitado presupuestariamente (en el aspecto de los fondos que se designan explícitamente para esta agencia) para crear y manejar un programa de prevención comunitaria por lo cual no debió de enmendarse la Ley Número 53 para añadir el inciso (a) al Artículo 42. Por el contrario, pudo haberse creado una ley especial u orgánica que rigiera estrictamente la creación, manejamiento, implementación y aplicación de este programa con su propia exposición de motivos sin tener que sobrecargar la agencia gubernamental. Esta ley pudo haberse titulado: Ley (Especial/Orgánica) del Programa de Prevención Comunitaria a través de la Participación Ciudadana: Luchando por tu comunidad ante la criminalidad. Los métodos para presupuestar dicho programa no tendrían que ser abastecidos por ninguna agencia gubernamental ya que pudiera crearse una política pública que expresara y detallara que la comisión de seguridad pública proveerá dichos fondos en base a las comunidades inscritas desarrollando un control sobre la cantidad de comunidades que gozan de líderes comunitarios y de las que, por otro lado, tienen comités de vigilancia. Los policías municipales son excelentes candidatos para establecer rondas, patrullajes preventivos y dar servicio a las pequeñas comunidades en caso de emergencia y cuando su intervención sea necesaria; por lo cual le quitarían un poco de carga a los estatales. En caso de las zonas urbanas, es poco probable que se presten para este tipo de programa; no obstante, deben ser considerados e invitados a participar de dicho programa ya que –como bien expresamos anteriormente– una ley no puede beneficiar únicamente a un tipo de sector o comunidad pues no es una ley justa. En adición, se podría crear un enlace cibernético (web page) para el beneficio informativo de orientación de las comunidades y de los ciudadanos puertorriqueños y, realizarse entonces -como responsabilidad de una política pública efectiva- estudios de investigaciones sociales anuales (o por cuatrienios) que demuestren empíricamente a través de la comunidad científica los efectos del programa de prevención dentro de estas comunidades y su correlación estadística con la criminalidad. De esta forma podremos ser capaces de establecer la tasa de criminalidad existente dentro de estas comunidades y continuar perfeccionando el programa para proveer mejor servicio a la sociedad puertorriqueña. Es así como en base al análisis prestado, que hemos creado un programa con sus propias normativas, presupuesto y base investigativa. Conclusiones y recomendaciones Es el menester del criminólogo, como agente de cambio el establecer métodos sociológicos que erradiquen la forma de vida en sociedad. Es en el ministerio del deber que se provee esta investigación como punto de partida, de comienzo, para un cambio social real que se podrá palpar y concretizar de ser aplicable. No decimos que nuestros métodos son infalibles, pero si perceptibles y llamativos a la comunidad porque: 105
hablamos de reestructuración de agencias gubernamentales, reorganización de los métodos de publicación de las políticas públicas del país de forma cronológica; hablamos de crear un programa con su propia ley, presupuestos, reglamentos y una política pública estrictamente dirigido a la prevención comunitaria en donde los ciudadanos tienen voz y voto. Por lo cual, no existe mejor recomendación que la base de esta propia investigación. Entre otros aspectos, la reestructuración y organización del cuerpo de la policía de Puerto Rico es intangible. Por más veces que llegue un superintendente nuevo a crear nuevas medidas, lo que realmente necesita esa agencia es una implosión que destruya la raíz del árbol ponzoñoso de la corrupción y libere a dicha agencia de la manipulación del lazo ejecutivo. La mayoría de los policías de nuestro país ponen en la línea de fuego sus vidas diariamente por el emblema, por el país, por una visión de un mejor mañana y su paga monetaria dice lo contrario pero, eso es tema para otra discusión. Por todo lo cual, exhortamos a nuestro gobierno a hojear nuestra proposición y reconocer prioridades ante la crisis que arropa nuestras calles y cobra las vidas de nuestros hijos. Referencias bibliográficas Colón, G., T.C., y Ortíz, N. (2009). Sobre la exposición de motivos [Versión PDF]. En Proyecto de la Cámara 1616, 2-4. San Juan, PR. Recuperado de http://senado.pr.gov/Proyectos%20del%20Senado/pc1616-ta.pdf Mercado, G. Z. (2014). La prevención: Estrategias, modelos y definiciones en el contexto europeo aplicables y no aplicables a Latinoamérica y el Caribe [Documento Inédito]. Mayagüez, PR: Sin publicar. Olvera, A. J. (1999). La sociedad civil, de la teoría a la realidad. México, El Colegio de México. Olvera, A. J. (2001). Movimientos sociales prodemocráticos, democratización y esfera pública en México: el caso de alianza cívica en México. Cuadernos de la sociedad civil: Sociedad civil y gobernabilidad en México, 6. Veracruz: México. Olvera, A. J. (2001). Sociedad civil gobernabilidad democrática, espacios públicos y democratización: los contornos de un proyecto. Cuadernos de la sociedad civil: Sociedad Civil y gobernabilidad en México, 1. Veracruz: México. Olvera, A. J. (2003). Sociedad civil, gobernabilidad democrática, espacios públicos y democratización: los contornos de un proyecto. En IV Conferencia Regional ISTR-LAC, p. 10. San José, Costa Rica. Portal de la Junta de Planificación de Puerto Rico. (2013). Actividad Económica. Puerto Rico. Recuperado de: http://www.jp.gobierno.pr/Portal_JP/Default.aspx?tabid=276 The Board of Trustees of the University of Illinois. (2011). Chicago, IL: USA. Recuperado de: http://clj.las.uic.edu/resources/Rosenbaum.pdf Torres, H. (P.d.). (2009). Informe Positivo sobre la P. de la C. 1616. 16ta Asamblea Legislativa. 1ra Sesión Extraordinaria. Recuperado de: http://senado.pr.gov/Proyectos%20 del%20Senado/pc1616-ta.pdf
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