Presentación e imagen del policía de Caracas: Apuntes para el debate sobre la convivencia ciudadana

REVISTA VENEZOLANA DE

ECONOMÍA Y CIENCIAS SOCIALES

Caracas, enero-abril vol. 19, nº 1, 2013

REVISTA VENEZOLANA DE ECONOMÍA Y CIENCIAS SOCIALES enero-abril, 2013 vol. 19, n° 1

Director: Rodrigo Navarrete Comité Editorial: Catalina Banko, Silvana Caula, Margarita López Maya, Rodrigo Navarrete, Miguel Ángel Contreras, Edgardo Lander, Luis E. Lander, Dick Parker, Víctor Rago y Luis Mauricio Phélan. Comisión Asesora: Gioconda Espina (Venezuela), Daniel Mato (Venezuela), Haydée Ochoa (Venezuela), Sergio Chejfec (Venezuela), Clövis Cavalcanti (Brasil), Lidia Girola (México), Aníbal Quijano (Perú), Fernando Robles (Chile), Carlos Vilas (Argentina). Secretaría de Redacción: Rodrigo Navarrete Diagramación: Javier Véliz ISSN-1315-6411 Depósito Legal: 199502DF21 La Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales es una publicación cuatrimestral. Es una edición de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Indizada en bases de datos: Clase, Red ALyC, Redinse, Latindex, Base de Datos Cepal, Revencyt, Catálogo Biblioteca University of Texas at Austin UTNetCAT, Catálogo Biblioteca E. Peltzer BCV y Proyecto Papiro, entre otras. Fundada en 1958 como Economía y Ciencias Sociales, el actual nombre se adoptó en 1995. Manuscritos, correspondencia, suscripciones, etc., deben dirigirse a: Reveciso. Ciudad Universitaria, Edificio Faces-UCV, Piso 6, Oficina n° 635, o Módulo UCV, Código Postal 1053-A, Caracas, Venezuela. Canje al Centro de Documentación “Max Flores Díaz”, Edificio de Faces-UCV, Caracas, ZP 1053. Dirección electrónica: [email protected] Teléfono Fax: 605-26-29. Dirección electrónica: [email protected] Versión electrónica: www.revele.com.ve y www.redalyc.org

Expresamos nuestro agradecimiento al Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela y a la Coordinación de Investigación de FaCES por su apoyo financiero para esta edición.

Rev. Venez. de Econ. y Ciencias Sociales, 2013, vol.19, nº 1 (enero-abril), pp. 5-6

ÍNDICE EDITORIAL.........................................................................................................7 ARTÍCULOS Estado y democracia en los países andinos entre 1930 y 1990: Una exploración Margarita López Maya.....................................................................................13 Las características distintivas de la nueva izquierda latinoamericana en el poder: Los gobiernos de Chávez, Morales y Correa Steve Ellner......................................................................................................49 TEMA CENTRAL VENEZUELA PLURAL: RETOS DE CONVIVENCIA Y CIUDADANIA PRESENTACIÓN Jenny Nava Díaz y Jeyni González................................................................75 La gestión productiva del espacio social urbano en Venezuela. La morfología de Caracas en la modernidad del siglo XX Newton Rauseo...............................................................................................79 Representación e imagen del policía de Caracas: apuntes para el debate sobre la convivencia ciudadana Beatriz Juárez................................................................................................ 111 Cuerpos a-normales, rutas desviadas. De la cartografía corporal a la cartografía urbana Argelia Bravo.................................................................................................147 De la negación a la reafirmación: polarización, diversidad social y entendimientos en Venezuela Horacio Biord Castillo...................................................................................171 Polarización, representaciones e imaginarios del “otro” en Venezuela: ¿la convivencia en cuestión? Mireya Lozada................................................................................................197 Un nuevo sentido a la política: la condición para una Venezuela plural Vladimir Aguilar.............................................................................................213

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Desigualdad en salud antes y durante la revolución bolivariana. Venezuela (1990-2010) Pasqualina Curcio.........................................................................................233 RESÚMENES/ABSTRACTS...........................................................................253 COLABORADORES........................................................................................263 INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE MANUSCRITOS.............267

Rev. Venez. de Econ. y Ciencias Sociales, 2013, vol.19, nº 1 (enero-abril), pp. 7-9

EDITORIAL Un gran líder latinoamericano ha muerto en Venezuela. El 8 de marzo de este año, el mundo se conmocionó al conocer el deceso de Hugo Chávez Frías, recientemente reelecto presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Más allá de cualquier simpatía o diferencia política con su figura como gobernante del Estado venezolano en los últimos catorce años, es innegable que su actuación nacional e internacional marcó, con un fuerte viraje, la historia económica, política, sociocultural y simbólica de nuestro país e incluso trascendió hacia una reconfiguración de las formas de organización y representación de la gobernabilidad y la ciudadanía en toda Latinoamérica. Basta con informarse de la cantidad de ceremonias civiles y religiosas que se han realizado alrededor del planeta en su honor; con ver en la televisión los numerosos mandatarios latinoamericanos y mundiales, comitivas políticas y diplomáticas, representantes de grupos políticos y culturales y de movimientos sociales que hicieron presencia en su prolongado velorio; presenciar las interminables filas de millares de venezolanos que se agolparon en el Paseo Los Próceres para darle su último adiós al mandatario en el Fuerte Tiuna, para reconocer la trascendencia histórica de este período y este momento en la historia de Venezuela y en la vida de sus ciudadanos. Ya nada parece igual. De hecho, el proceso bolivariano venezolano, junto con otros movimientos progresistas latinoamericanos, marcó una ruptura en el horizonte político de nuestro continente al punto de que veinte años atrás hubiese sido imposible imaginar ciertas circunstancias que actualmente nos obligan a la reflexión crítica del contexto suramericano. Sin olvidar que persiste la continuidad de la hegemonía de la economía capitalista neoliberal y el control imperial de los Estados Unidos a nivel global, la dirección que está tomando este viraje en nuestra cultura y práctica política es impredecible e incidirá definitivamente en un reacomodo de las relaciones de poder y la economía política global en las próximas décadas. Por otro lado, el impacto en el contexto suramericano de la inusitada y sin precedentes crisis económica de los EE.UU. y de la Unión Económica Europea, aunado al crecimiento económico de países como China y la India, agregan nuevos factores a este cambio del panorama de la geopolítica global en que estamos insertos. Sin embargo, debemos recordar que el proceso político y ciudadano venezolano del siglo XXI, también ha estado marcado por fuertes y a veces violentas tensiones entre distintos sectores de la realidad económica, política y social nacional e internacional y, en consecuencia, se ha generado una polarización política que amenaza permanentemente la convivencia y la continuidad del pro-

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yecto nacional en curso o la propuesta mesurada de alternativas partidistas o gubernamentales desde grupos diferenciados u opuestos al actual proyecto chavista. Luego de más de una década del triunfo electoral del movimiento chavista, aún se presentan cíclicamente, especialmente relacionados con los frecuentes períodos electorales que hemos vivido durante esta etapa de nuestra historia constitucional, coyunturas álgidas de enfrentamiento abierto entre los dos polos que han absorbido y eliminado la posible gama de posicionamientos políticos intermedios, el chavismo y la oposición. En consecuencia, tocará a la historia en futuro evaluar este período y sus repercusiones en la política nacional y en la geopolítica latinomericana e incluso internacional. Sin embargo, una idea que parece ser cada vez más clara en ciertos sectores críticos de la sociedad nacional, es que esta situación de confrontación constante se hace insostenible después de tantos años y que, en el fondo, perjudica las condiciones de vida de los venezolanos en sus más diversas facetas, desde lo económico como en las interacciones sociopolíticas y hasta en las relaciones intersubjetivas cotidianas. De hecho, el tema central de este volumen intenta exponer y debatir diversas perspectivas y alternativas para repensar y recuperar el campo de la participación y la convivencia ciudadana con el propósito, como lo plantean claramente sus compiladoras Jenny Nava Díaz y Jeyni González, de promover nuevas estrategias y espacios de distensión que permitan la negociación de los distintos sectores e identidades participantes de la realidad nacional a partir de una confluencia negociada que respete las perspectivas, intenciones y prácticas de diversos actores sociales desde la comprensión de la heterogeneidad y la diferencia. Repensar los asuntos de la ciudadanía y la convivencia supone, como lo demuestran las compiladoras, reconocer que el momento que vivimos sólo puede encontrar senderos para la estabilidad ciudadana y para vivir juntos de buena manera a partir de un parlamento que, sin pretender una homogeneizante armonía y unidad, permita comprender y respetar las diversas visiones de mundo presentes en nuestro contexto nacional. Los dos artículos que inician este volumen presentan temáticas primordiales para entender la historia política comparada de América Latina tanto a largo plazo como en la coyuntura actual. El aporte de Margarita López Maya desarrolla de manera extensa una erudita historia política comparada de los países andinos entre 1930 y 1990, período en el cual se producen cruciales transformaciones sociales y económicas en estas naciones que inciden sobre las estructuras y orientaciones del Estado y los sistemas políticos que, según López Maya, no pueden entenderse fuera del contexto global de las transformaciones y crisis económicas y las guerras que caracterizan el panorama global del período y lo diferencia de los procesos económicos de las etapas históricas precedentes, especialmente por la penetración de capitales en las relaciones tradicionales de producción. Estamos seguros que este trabajo será crucial para interpretar

Editorial

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comparativamente las similitudes y diferencias en la peculiar construcción de los Estados nacionales modernos capitalistas periféricos en la región, más allá de interpretaciones homogeneizantes previas. Por su parte, Steve Ellner, analiza comparativamente las características que unifican y distinguen a distintos gobiernos de la llamada nueva izquierda latinoamericana en el poder, especialmente los de Hugo Chávez (Venezuela), Evo Morales (Bolivia), y Rafael Correa (Ecuador), así mismo las contrasta con los gobiernos que denomina centro-izquierdistas de Argentina, Brasil, y Uruguay y con experiencias social-democráticas, socialistas y populistas pretéritas. Desarrolla y analiza su carácter constitucional y su apego a lo que llama una democracia radical anclada en la consolidación del poder ejecutivo y la participación popular confrontada al corporativismo neoliberal. Analiza también su emergencia en la política exterior, especialmente en relación a los acuerdos económicos y diplomáticos con otros gobiernos latinoamericanos y su abierto desafío a las políticas institucionales americanistas como las promovidas por los Estados Unidos, así como una radicalización que ha generado una intensa polarización sociopolítica. Según Ellner, han construido una nueva narrativa de la nacionalidad que vincula los objetivos radicales y el sentimiento nacionalista con las tradiciones de la lucha política y social. Una vez más, gracias al apoyo institucional de la Coordinación Académica de nuestra facultad, así como al financiero del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela. Además, muy encarecidamente, agradecemos la solidaria gestión de la directora del Instituto de Investigaciones Rodolfo Quintero (FaCES, UCV), Catalina Banko, quien, demostrando un inmenso y compromiso con la divulgación de los resultados investigativos de nuestra facultad, ha hecho posible la obtención de gran parte de los insumos necesarios para esta edición. Esta gestión destaca el hecho de que la preocupación por la recuperación de nuestra revista no es expresión sino de un genuino compromiso de la actual gestión de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales con la excelencia académica, la promoción de la investigación y la construcción y mantenimiento de espacios de difusión y debate de la producción intelectual de docentes e investigadores de la institución o de otras que asumen compromisos similares.

ARTÍCULOS

Rev. Venez. de Econ. y Ciencias Sociales, 2013, vol.19, nº 1 (enero-abril), pp. 13-47

ESTADO Y DEMOCRACIA EN LOS PAÍSES ANDINOS ENTRE 1930 Y 1990: UNA EXPLORACIÓN Margarita López Maya Entre 1930 y 1990 se producen cruciales transformaciones sociales y económicas en las sociedades de América Latina, incluyendo los países andinos, que repercuten sobre las estructuras y orientaciones del Estado y los sistemas políticos. Los cambios son causados, en primer lugar, por las grandes modificaciones que se producen en el sistema capitalista mundial, enmarcados por la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión de 1930, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y los procesos de globalización económica de las décadas del setenta y ochenta. A diferencia de los siglos anteriores, cuando el capital internacional se mantuvo básicamente en el sector comercial de la economía de estos países, en el siglo XX se produjo una penetración de capitales en procesos productivos de cada país, trastornando las relaciones tradicionales de producción, y creando condiciones para la emergencia de sociedades capitalistas de rasgos periféricos con Estados nacionales modernos. Cada país andino se vio afectado por este proceso. No obstante, de acuerdo principalmente a especificidades en sus desarrollos sociohistóricos y políticos previos, y al atractivo que suponían para los mercados internacionales sus recursos en esta nueva etapa, los cambios ocurren en tiempos e intensidades distintas. Podemos, por una parte, agrupar a Chile, Colombia y Venezuela, con economías, sociedades y Estados que son perturbadas desde temprano y de manera intensa por los dictámenes de la cambiante economía capitalista de la época. Los dos primeros, en virtud del desarrollo de sus actividades económicas previas, que han creado para el momento en que ocurre la Gran Depresión (GD) condiciones atractivas para la inversión de capitales nacionales e internacionales en sus procesos productivos. Ellos ostentan una más temprana industrialización con relación al resto de los países, con lo cual el Estado tendió a intervenir en la economía y en la sociedad, creando condiciones propicias, tanto para la consolidación del mercado interno, como para la transformación modernizadora de la estructura social. Venezuela, por la acelerada implantación de una economía petrolera, vio en los años treinta la emergencia de condiciones que darán

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forma al primer Petroestado de Sur América, con los acentuados rasgos nacionalistas e interventores de la economía, que lo caracterizan. Bolivia, Perú y Ecuador exponen otra situación. En ellos fue más lenta la penetración de la lógica capitalista a lo profundo de sus aparatos productivos y hasta fines de los años sesenta, dicha lógica será puntual y superficial. En parte, esto se explica por las características de sus sociedades, que sostienen una porción significativa de su población con culturas no occidentales, que ejercen resistencias hacia una modernización pautada por determinaciones capitalistas mundiales. También, porque las oligarquías que controlan el poder se niegan a sacrificar los enormes beneficios que el viejo orden estamental colonial les otorgó, privilegios que las repúblicas decimonónicas dejaron casi intactas. Aún así, las transformaciones sociales avanzan y las estructuras estatales y los comportamientos políticos comienzan a verse alterados. Entre 1930 y 1990 los países andinos continuaron procesos de construcción de identidades y Estados nacionales iniciados en etapas previas. Pese a la ruptura del lazo colonial un siglo antes, estos procesos exhibían muchos rezagos por los diversos obstáculos para la modernización colocados por una génesis societal de tipo colonial, que duró más de tres siglos, terriblemente jerárquica y racista, que tendió a aislar y enfrentar los grupos humanos entre sí, y a acentuar sus diferencias, impidiendo la cohesión y solidaridad, y propiciando la fragmentación y segregación social. La República decimonónica, aristocrática y/u oligárquica de estos países, de manera quizás emblemática en Bolivia, pero presente en diversos grados en todos ellos, avanzó poco en alcanzar en este período 1930-1990 un orden político más incluyente y democrático. Como veremos al presentar cada caso, pese a las diferencias notables con relación al desarrollo de un Estado moderno y al establecimiento y/o estabilidad de procedimientos de democracia formal, existen ciertos rasgos comunes que moldean cambios en la relación sociedad-Estado. En estos años, se visibilizó el conflicto social y se disparó la movilización popular, fenómenos que alcanzarían en algunos momentos protagonismo, asistiéndose a la inauguración de la política de masas en los Andes. Pese a las telúricas sacudidas que citaremos en este estudio, que hicieron evidentes las urgencias que había en la recomposición social del Estado, lo cierto es que se avanzó a paso lento. En algunos países, las elites económicas y políticas, oligárquicas y reaccionarias, conjuntamente con sectores militares y sectores conservadores de la Iglesia Católica, ejercieron fuertes resistencias a la ampliación de los derechos de ciudadanía para las mayorías y a la consolidación de instituciones de democracia política. Sin embargo, la democracia formal hizo su entrada en todos ellos para comenzar a arraigarse.

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El artículo plantea ideas e hipótesis sobre las características sociopolíticas de los Estados andinos entre 1930 y 1990. Se trata de una primera exploración en una temática que se ha mostrado casi virgen, pues si bien los Estados andinos siguen las tendencias que se han planteado en estudios sobre América Latina en esta época, muestran sus propias peculiaridades que han sido poco estudiadas en perspectiva comparada. Así mismo, entre ellas las diferencias pueden ser significativas. Pero, dada la vocación de sus gobiernos y/o actores políticos de buscar afinidades entre sí, con miras a la construcción de una identidad andina común, este ensayo analiza este período histórico buscando capturar las similitudes y contrastes entre ellos. El ensayo se ha dividido en dos partes. La primera, las más larga, recoge los procesos sociopolíticos y estatales entre la GD de 1930 y los años setenta. En la parte dos, abordamos los procesos entre 1970 y 1990, determinados por la aceleración de procesos de globalización mundial y la adaptación de las economías andinas a estos cambios a través de programas de ajuste neoliberales. En cada período nos interesó destacar, en una subparte primera, las características de la base material del Estado, para entender las lógicas que determinan la configuración de las relaciones de poder. ¿Qué tipo de economía sostiene a la sociedad? ¿Cómo caracterizar los grupos sociales y las relaciones entre ellos? ¿Qué se exige del orden político? Y en una subparte segunda, nos propusimos desarrollar los rasgos más sobresalientes del cambio en la esfera política, poniendo de relieve algunos desarrollos o eventos sociopolíticos notables. PARTE I 1930-1970. Estado interventor y emergencia de la política moderna 1.1 Economía, sociedad y Estado Entre 1930 y 1970 el contexto en el cual se desenvuelven los Estados andinos está condicionado por economías fundamentalmente primario exportadoras. En algunos casos, el rubro fundamental es minero, como en Bolivia con el estaño, Chile con el cobre, o Venezuela con el petróleo. En los casos de Colombia, Ecuador y Perú, se trata de economías fundamentalmente agrícola-exportadoras, con el café, el cacao, las bananas, el azúcar como productos banderas. La tendencia a la monoexportación siguió siendo muy fuerte, sobre todo en los países de base minera. Los países de vocación agrícola exponen en los años posteriores a la GD una cierta diversificación de sus rubros, pero, por ejemplo, el café colombiano siguió hasta inicios de los años sesenta teniendo primacía sobre cualquier otro rubro agropecuario de la gran variedad que se cultivaba en ese país (algodón, banano, caña, ajonjolí, etc.). Analicemos brevemente la relación entre estas economías y los cambios de los Estados.

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Los países minero-exportadores Bolivia era para este período un país fragmentado y pobre, con una población mayoritaria no europea, mucha de la cual no hablaba castellano y mantenía su cultura autóctona. La GD produjo efectos devastadores en su economía, que añadidos a la precariedad estructural que la caracterizaba, la mantuvieron sumida en dificultades todos estos años. La caída brutal de los precios del estaño, que representaba más del 70% de sus exportaciones, afectó especialmente algunas áreas del altiplano, donde el desempleo engendró una situación social explosiva. Si bien los precios del estaño, así como los de la plata, oro, antimonio y wólfram, que eran los minerales que se extraían de las entrañas de este país por las mismas compañías del estaño, reflotarían durante la 2ª Guerra Mundial, ya el mejor momento de la extracción del estaño había pasado en la etapa anterior y Bolivia mantendría una situación económica crítica, que la revolución nacional de 1952 no logró alterar significativamente. El sector minero nunca actuó en Bolivia como un dinamizador de la economía interna del país, estando en manos de un puñado de compañías que poco reinvertían internamente. Por otra parte, en este período, Bolivia es un país con una población escasa, desunida y racista, sin una infraestructura que comunique a las regiones entre sí; sin identidad nacional, donde el 92% de la tierra cultivable estaba controlada por latifundios hasta los años de la revolución nacional. Lo más destacado de las relaciones entre economía, sociedad y Estado se expresó en las convulsiones sociales que la sacudieran, la más relevante sin duda la revolución de 1952, que tuvo entre otros logros, llevar al poder a actores que buscaron fortalecer al aparato estatal e impulsar la organización social con miras a iniciar una sostenida modernización. Con la revolución, el Estado intervendría con más firmeza en la economía, nacionalizando el estaño y creando la empresa estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), así como la Corporación Boliviana de Fomento para impulsar un proceso industrializador que no lograría despegar. La revolución, aunque desmontada en muchos de sus aspectos poco después, logró agrietar la estructura social colonial-estamental boliviana, con su reforma educativa, reforma agraria (que produjo una redistribución de aproximadamente un cuarto de las tierras cultivables) y experiencias de cogestión obrera, aparte de establecer el voto universal desde 1956. Hacia los años 70 estamos ante una sociedad cuyos grupos étnicos y regionales se interrelacionan un poco más, emergiendo una frágil identidad nacional, un Estado más complejo, pero donde la impronta militar predomina desde 1964. En Chile, la GD también golpeó severamente, pues el precio del cobre se redujo en un 89% entre 1927 y 1932, produciendo, lo mismo que en Bolivia, desempleo minero, baja de salarios y explosividad social. Sin embargo, en este caso hubo condiciones internas para apuntalar un proceso industrial que permitió un desarrollo económico notable en los años siguientes, y un acelerado

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proceso urbanizador que hará que, a fines de los años 60, la población urbana pase a constituir más del 70% del total del país, adquiriendo la sociedad chilena una importante fisonomía capitalista periférica. El proceso industrial en Chile ya había comenzado antes de 1930, y gracias a características que se habían logrado, como una importante estabilidad político-institucional, la GD si bien estancó brevemente la economía, luego actuó dándole un empuje para recuperarse. En el período de entreguerras, el Estado comenzó a actuar como apoyo clave del proceso industrializador, creando en 1939 la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), que otorgaba créditos a variados sectores de la economía, propiciando la conversión de Chile en un capitalismo de Estado vinculado a intereses privados y foráneos. Entre 1940 y 1954 la producción industrial se expandió en un 246% y a inicios de los sesenta, industria, servicios y construcción representaban el 78% del PIB. El proceso industrial chileno siguió las pautas clásicas del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), evidenciando tan tempranamente como en los años cincuenta las fallas estructurales de este modelo. Entre éstas, su insuficiencia para conformar un mercado interno que estimulara y abaratara la producción nacional y la excesiva dependencia del proceso industrial a los ingresos obtenidos del sector externo, representado por las rentas y ganancias de las minas de cobre y nitratos. A partir de 1952, ante las dificultades del modelo ISI, el Estado intensificó la economía del sector minero del cobre y los nitratos con la creación del Ministerio de Minas y el Departamento del Cobre. Asentada sobre materias primas, capitales y patentes foráneas, el modelo ISI chileno no logró generar una dinámica de crecimiento sostenido, el PIB industrial se desaceleró y la inflación se salió de control; hubo estancamiento del campo y creciente endeudamiento. En los años 60, al estancamiento económico se añaden el desorden fiscal y una creciente importación de alimentos que contribuye a sumir a la sociedad en el extremismo ideológico y el conflicto social. Contrastando con Bolivia y Chile está el caso de Venezuela, otro país minero exportador, donde la GD no significó una recesión económica relevante. La economía había pasado de agropecuaria exportadora a petrolera exportadora en los años veinte, con lo cual el petróleo actuó más bien como un salvavidas, cuando los precios del café se derrumbaron en el mercado internacional. Los precios petroleros también cayeron, pero en un par de años se recuperaron y lo que este rubro aportaba al tesoro nacional era de una magnitud incomparable con lo que el Estado prepetrolero había capturado antes por café, cacao y otros productos. Venezuela se constituye desde los treinta en el principal exportador mundial de petróleo hasta los años 60 cuando fue desplazado de esa posición por países árabes. La GD lo que sí hizo, fue agudizar las tendencias al abandono de las haciendas y de la agricultura, promoviendo una masiva migración campo-ciudad que cambiaría muy rápidamente la composición poblacional del país. La explotación petrolera actuó como un dinamizador excepcional de la economía interna transformando por vía indirecta –desde el Estado y su ingreso

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fiscal petrolero- la estructura de la sociedad venezolana que para fines de este período refleja como Chile una importante estructuración capitalista periférica. En este período se asiste a la conversión del débil e inestable Estado liberal del siglo XIX en un Petroestado. Este Petroestado exhibe una importante autonomía relativa frente a sectores sociales internos del país, gracias a sus desproporcionados recursos fiscales, que capta de los negocios internacionales que desarrollan las compañías petroleras establecidas en el territorio. Hasta la 2ª GM, su principal rol fue actuar negociando con las compañías petroleras internacionales las condiciones de esa actividad en el país y creando las condiciones laborales, sociales y ambientales propicias a su perdurable arraigo en el territorio (por ejemplo, en 1936 crea el Ministerio del Trabajo, en 1938, Instituto Nacional de Higiene, en 1940 Instituto Venezolano de los Seguros Sociales). Después de la 2ª GM, pasa a ser el principal impulsador de un proceso industrialista de sustitución de importaciones, siendo la creación de la Corporación Venezolana de Fomento en 1946 una de las instituciones clave para este fin. El modelo ISI se consolida a partir de 1958, a través de los planes de la nación, que disponen dónde intervendrá o estimulará el Estado la inversión privada. Pero, al igual que en las otras experiencias vividas de América Latina, el modelo ISI muestra sus flaquezas desde los años 60. Y al igual que en éstos, el Estado intervendría cada vez más en la economía en un esfuerzo infructuoso por llevar el modelo a sus últimas etapas con la esperanza de alcanzar el crecimiento auto sostenido prometido. El Petroestado fue asumiendo crecientemente rol de empresario, cargando con el costo de la instalación de industrias básicas como las del hierro, aluminio, acero y represas hidroeléctricas. En los sesenta, Venezuela respalda la creación del Pacto Andino, buscado un mayor mercado para colocar su producción. También fue estatizando diversas actividades del negocio petrolero hasta proceder a su nacionalización en los años 70. Los países agropecuario-exportadores Colombia es el segundo país territorialmente más grande de la región, con una geografía intrincada que ha sido determinante en la configuración de las relaciones economía-sociedad-Estado. Es también uno de los países más poblados, y darle oportunidades de trabajo a su gente, ha sido un elemento altamente problemático, que juega rol central en algunos de los desarrollos sociopolíticos de este período. Como todas las sociedades andinas, la sociedad colombiana es estratificada y racista, siendo las oportunidades de ascenso social escasas, lo que echa más leña a las tendencias hacia la conflictividad social. Como ya se señaló, su producto bandera fue el café, que incentivó desde muy temprano un proceso de ISI localmente ubicado en la región de Antioquia y Bogotá. Colombia, para los años 30, era el 4º país más industrializado de América Latina. Sin embargo, ni el sector externo de la economía, ni el proceso ISI, a diferencia de Chile y Venezuela, lograron darle al país cohesión social o estabilidad política

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en estos años. La fragmentación y el conflicto social y político se expresaron en regionalismos fuertes, explosiones sociales y violencia política. Desde 1950 el café es complementado por un conjunto de otros productos agropecuarios de exportación como algodón, bananas y ajonjolí, pues es un país de inmensos recursos naturales, incluyendo mineros como petróleo, esmeraldas y oro. La urbanización de su población fue lenta. La GD golpeó duro la economía colombiana, poniendo fin a dos décadas de bonanza económica, lo que tuvo importantes repercusiones sociales y políticas, entre otras, desplazando del poder a gobiernos conservadores y trayendo a liberales. La conflictividad se expresó en la lucha política por empleos públicos en regiones como Manizales y Medellín, y en invasiones de tierras en diversos departamentos. Surgió en Tolima y Cundinamarca, áreas de latifundios, el movimiento unirista liderado por Jorge Eliécer Gaitán. Durante el gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo (1934-1938), se intentó una “revolución en marcha” para fortalecer al Estado y ampliar su base social, reconociendo derechos laborales, promoviendo una reforma agraria, educación laica para debilitar a la Iglesia Católica, un impuesto progresivo y una reforma constitucional para introducir el papel interventor del Estado, conferirle una función social a la propiedad y frenar tendencias federalistas. La reacción por parte de los conservadores y la Iglesia Católica fue feroz, paralizando las reformas y contribuyendo a la reunificación del partido conservador. A esto se añadió que la economía se recuperó de la GD relativamente rápido, ayudada por los resultados del breve conflicto con Perú por límites en el Amazonas (1932-1934). Estos desarrollos unificaron y fortalecieron a las elites y proveyó recursos para la acción militar y del Estado. Para 1937 el Partido Liberal, en un intento de mantenerse en el poder y contribuir a bajar la álgida conflictividad social, sacrificó los intereses de sus bases populares, se apoyó en sus bases empresariales y se acercó a los conservadores. Diez años después, en abril de 1948, el país estallaría con el asesinato de Gaitán en Bogotá, el Bogotazo, acelerándose un ciclo intenso de violencia. Es también en la segunda posguerra cuando el modelo ISI se amplió, alcanzando la fase de implantación de bienes intermedios y de capital. Se produjo por esa época un proceso de modernización agrícola en ciertas regiones, que prosperaron gracias a incentivos estatales. Después de los pactos políticos entre elites liberales y conservadoras en 1957, se vivió un provisional alivio a la confrontación política y se fortaleció el rol estatal, ampliándose la planificación, la modernización del aparato burocrático, programas de colonización, transporte e infraestructura, sobre todo en las regiones avasalladas por la violencia. Hubo legislación agraria pero de poco impacto, respondiendo principalmente a requerimientos de la política estadounidense de la Alianza para el Progreso y la del Banco Mundial. Durante el gobierno de Guillermo León Valencia (19621966), los signos de agotamiento del modelo ISI y del pacto bipartidista se reflejaron en recesión, devaluación del peso y una inflación del 18% que disparó nuevamente la conflictividad.

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Perú, el país más grande de la región mantuvo durante casi todo este período un modelo primario exportador sin desarrollo industrializador. Al igual que Colombia, su geografía es intrincada y su población numerosa, calculándose que en la primera mitad de siglo, Perú alcanzó la población que había contenido antes de la conquista del imperio inca por los españoles. Reconocer inclusión social y política a las mayorías mestizas e indígenas, y darle condiciones elementales para una vida digna se constituyeron en desafíos para esta sociedad en este periodo y explican en parte la explosiva conflictividad social y política que lo caracterizó. El impacto de la GD fue leve, porque se produjeron algunos cambios positivos en la economía, como el traspaso de la propiedad a manos nacionales en la pesca, el algodón, azúcar, minería de plomo y zinc. Esto mantuvo estímulos para continuar la producción y modernizarla –lo que ocurrió de manera intensa en los años 50- pues una parte mayor que antes de las ganancias se quedaba en el país. Las clases propietarias y productivas mantuvieron su fe en la economía del laissez faire. Por ello, uno de los problemas del Perú en esta época es la incapacidad para construir una hegemonía alternativa a la oligárquica del pasado, que permita la emergencia de un Estado nacional, moderno y más incluyente de su población. La modernización agrícola peruana no se produjo en la sierra, donde estaba concentrada la población, sino en la costa, en torno a Lima, Arequipa y Trujillo, lo que motivó el debilitamiento de la hacienda tradicional y una masiva migración de la sierra a la costa y de la costa a ciudades costeras, principalmente a Lima, donde se fue concentrando un enorme ejército laboral de reserva. La sierra perdió su influencia política nacional, surgiendo un amplio movimiento campesino en la zona, con una conflictividad local e intraclase, que se originaba principalmente de las condiciones generales de empobrecimiento. El Estado, controlado por la oligarquía, compuesta ésta por grandes capitalistas y rentistas, actuó implementando medidas paternalistas y de cooptación de los sectores pobres, en un esfuerzo relativamente exitoso por mantenerse en el poder y contener la situación social. En las primeras décadas de este período, los militares actuaban en consonancia con esta oligarquía. Por ejemplo, el general Oscar Benavides (1933-1939) hizo legislación laboral, una ley en agosto de 1936, que dio algunos beneficios de seguridad social y tuvo políticas para estimular el empleo y para expandir obras públicas. Esto se combinó con represión. Con el gobierno civil y reformista de José Luis Bustamante (1945-48), se ensayó una apertura política y una economía más protegida, pero su alianza no pudo sobrevivir a los enfrentamientos políticos internos, ni a las determinantes de la Guerra Fría y se regresó al patrón oligárquico militar con su énfasis primario exportador. Perú viviría una bonanza de precios de sus productos de exportación entre 1949 y 1961, creciendo el PIB en esa época a una tasa promedio del 5% anual. Al igual que con Colombia, eso se debió a la guerra de Corea y a la revolución cubana, que subieron el precios de algunos productos, en parti-

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cular del azúcar, que fue retirado del mercado estadounidense por la revolución de 1959, llenando Perú y Colombia ese vacío. La bonanza económica volvió a hacer atractiva Perú para el capital estadounidense, y ya a mediados de los años 60 estos capitales volvieron y controlaban más del 45% de la producción y 67% de la banca. La prosperidad también incentivó un proceso de creación importante de manufacturas, conformándose grupos industriales integrados de capitales nacionales e internacionales. Pese a la relativa estabilidad del Estado liberal oligárquico en estos años, los procesos en marcha produjeron cambios en la estructura social peruana, ampliándose la participación social y política de la población y adelantándose procesos de integración nacional de campesinos, trabajadores y clases medias. Se constituye en la sierra un amplio movimiento campesino que exige reforma agraria, y sectores urbanos que demandan empleo y servicios. Cambios ideológicos suceden en el sector militar, que se independiza de los intereses de las oligarquías y gestan un proyecto político propio. Estos procesos entran en colisión con las políticas socioeconómicas excluyentes en vigencia, y se genera gran explosividad social, que retrasa la emergencia de una identidad nacional significativa. A inicios de los años 60, un levantamiento campesino en la provincia de La Convención, departamento del Cusco, encabezada por el dirigente Hugo Blanco Galdós, atemorizó al país conservador, y el diario La Prensa inició un agresivo ataque anticomunista y anti-reformista en un intento porque los militares reprimieran este movimiento campesino y todos los movimientos sociales en general. Si bien los militares cumplieron la tarea, quedaron convencidos de la necesidad de manejar de otra manera la indetenible conflictividad. El gobierno reformista de Fernando Belaúnde Terry asumió el poder en 1963, ensayando una vez más, la posibilidad de avanzar un proceso de fortalecimiento del Estado como requisito para la modernización. Los campesinos iniciaron masivas invasiones de latifundios presionando por reforma agraria, los sindicatos huelgas para buscar mejoras a sus condiciones de vida, el movimiento estudiantil se movilizó para acompañar procesos de desarrollo comunitario. Las políticas de Belaúnde fueron rechazadas por los sectores conservadores y EEUU, al anunciarse la nacionalización de la Compañía Internacional Petrolera del Perú, corta los recursos designados para el programa de la Alianza Para el Progreso y retira sus capitales del país. Para 1965 la economía se estanca, el gasto fiscal se expande y aumenta la deuda externa. Los militares, convencidos de que la modernización en Perú no es posible en manos de civiles, dan un golpe de Estado y proceden a ejercer directamente el poder. Las reformas de la Junta Revolucionaria de Gobierno del general Juan Velasco Alvarado y de los siguientes gobiernos militares (1968-1980) conforman un Estado fuertemente interventor y centralista, que terminará estableciendo un capitalismo de Estado. Los militares dijeron buscar un modelo “ni capitalista

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ni comunista”, con la esperanza de eliminar el conflicto social, fortalecer una identidad nacional y crear cohesión social. La producción de minerales e hidrocarburos, electricidad, transporte, pesca y comercio exterior fue nacionalizada y sometida al control y la planificación estatal centralizada. Se inició el firme modelo ISI. Se respaldó firmemente la conformación del Pacto Andino para integrar los mercados internos de estos países. En junio de 1969 se decretó la reforma agraria. Esta revolución, sin embargo, no logró un modelo económico de crecimiento y, prácticamente, la economía permaneció en recesión hasta el regreso del gobierno civil en 1980. La característica predominante de la economía ecuatoriana entre 1930 y 1970 fue su transición desde una agricultura de exportación centrada en cacao y café a otra primordialmente bananera, ambas desarrolladas en la zona costera del país. La bonanza cacaotera previa había fortalecido el rol político de las elites guayaquileñas, que echaron las bases de un Estado nacional en el contexto de lo que se llamó la “revolución liberal”. El gobierno del general Eloy Alfaro a inicios del siglo XX, impuso reformas entre las cuales destacaron ciertos derechos como la educación y la libertad religiosa. También la Constitución de 1928 del Dr. Isidoro Ayora introdujo derechos sociales y el voto de la mujer. Pero la GD derrumbó a la economía cacaotera y debilitó a la burguesía guayaquileña, lo que significó políticamente un empate de éstos con los latifundistas de la sierra y un estancamiento en el proceso institucional moderno. La economía bananera fue también altamente vulnerable al mercado internacional y tampoco pudo generar una dinámica que permitiera inclusión económica a las mayorías pobres. Desde mediados de los cincuenta se dio un declive de las exportaciones y permanente penuria fiscal. Estos desarreglos contribuyeron a la gran inestabilidad e ingobernabilidad de este período, al peso de los militares en la conducción del Estado, fuertes tensiones entre la derecha y la izquierda política y escasez de cambios significativos en el rol estatal. La dinámica bananera impulsó la estructuración capitalista del Ecuador. A diferencia del cacao, producido en grandes haciendas, las bananas se cultivaban en propiedades medianas y pequeñas, requiriendo capital y tecnología. Emergió una pequeña burguesía agrícola, asalariados, empleados públicos y un continuo crecimiento urbano en la costa. En la sierra se dio el debilitamiento del latifundio y una migración significativa de los campesinos a la costa. Hubo también masivas migraciones campesinas a Guayaquil desde el quiebre de la economía cacaotera, constituyéndose, lo mismo que en Lima y Arequipa, un vasto ejercito laboral de reserva con toda la conflictividad social del caso. En 1950, las bananas representaban la mitad del valor de las exportaciones, y la costa ya contenía el 40% de la población. En los años 60 habrá un modesto proceso ISI y una reforma agraria, que si bien no modificó la estructura de la propiedad, sí terminó con las relaciones serviles de producción (el huasipungo).

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En 1941 Ecuador enfrentó una crisis internacional por la invasión de Perú a su territorio. Sobrepasados en número y muy mal equipados, los ecuatorianos no pudieron contener la invasión que duró varios meses. Estando en plena 2a GM y dándose en Río de Janeiro en 1942 la Reunión Interamericana, la delegación ecuatoriana fue presionada a firmar un arreglo de paz con Perú, que perjudicaba al país, en aras de la solidaridad en momentos de guerra. Ecuador tuvo que renunciar a 200.000 km2. Este revés político, en el contexto de un gobierno, el de Carlos Arroyo del Río, altamente represivo con los sindicatos, divididos los cuerpos de seguridad por las confrontaciones entre policías y carabineros, con crecientes protestas por el alto costo de la vida, el descontento popular estalló el 28 de mayo de 1944 con la revuelta guayaquileña conocida como “la Gloriosa”, que se extendió a varias otras localidades del país. La Gloriosa produjo la caída de Arroyo del Río y trajo al frente del escenario político a la Alianza Democrática Ecuatoriana (ADE), donde convergían socialistas, comunistas, liberales disidentes y conservadores. Ellos llamaron a José María Velasco Ibarra, en el exilio, para que presidiera un gobierno de cambios modernizadores. Este sería el segundo de cinco mandatos que recibirá el más importante caudillo de Ecuador en el siglo XX. El velasquismo va a expresar y encausar políticamente, en términos mesiánicos y polarizados, las tensiones y cambios sucediéndose en el país. Velasco Ibarra inauguró la política de masas en Ecuador. Recorría todo el país, haciendo campaña entre votantes y no votantes; democratizó los espacios públicos tomando las plazas y calles para hacer sus actividades. Representó a los excluidos políticamente por el fraude electoral que recurrentemente hacía la oligarquía liberal de Guayaquil. En su tercer gobierno (1952-1956), el más estable, creó el Tribunal Supremo Electoral y se centró como en todos sus otros gobiernos en vialidad, obras públicas y escuelas. Luego, volvieron gobiernos oligárquicos. El de Carlos Julio Arosemena (1961-63), gozó de apoyo de los izquierdistas y tuvo intenciones progresistas, que se vieron frenadas por la fuerte crisis financiera. Fue derrocado por un golpe militar, y la Junta Militar que le sucedió, encabezada por el capitán de navío Ramón Castro Jijón, puso en práctica un conjunto de reformas para modernizar el país, ampliando el Estado interventor para fortalecer el mercado interno. En su gobierno se repartieron concesiones petroleras en la selva amazónica. Esta Junta pasó también varias leyes proteccionistas para la industria, construyó obras públicas y por influencia de EEUU fijó las 200 millas de mar territorial como de soberanía nacional. En los últimos años de esta década regresaron presidentes de la oligarquía guayaquileña, que desmontaron algunas reformas de Castro Jijón, que perjudicaban sus intereses, se suscribieron contratos del Estado con la Texaco y la Shell y se llamó a Constituyente para una nueva Constitución. Al cerrarse los años 60, Velasco Ibarra volvió por cuarta vez al poder, y en 1970 suspendió la Constitución y se erigió en dictador.

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1.2 Sistema político. Desarrollos más relevantes Mientras se suceden las transformaciones socioeconómicas, acompañadas de sacudidas sociales y esfuerzos de construcción de instituciones estatales modernas, en la esfera política también se desarrollaron procesos que, en medio de significativas tensiones, se dirigieron a quebrar la hegemonía de las oligarquías que controlaban los hilos del poder desde la ruptura del lazo colonial con España. Descendientes de las familias fundadoras de las ciudades coloniales, propietarias de las tierras, indios y esclavos hasta el siglo XIX, comerciantes, clero, elites ilustradas, militares de gestas independentistas; seguían manteniendo control sobre el orden político. Y se resistían a compartirlo con antiguos esclavos y vasallos, así como con los nuevos actores sociales y políticos, que representaban tanto a éstos como a las emergentes clases sociales. Entre 1930 y 1970 asistimos en cada uno de estos países a una lucha por quebrar la hegemonía oligárquica por parte de actores de nuevo cuño, con reacciones a veces feroces de éstos por impedirlo, con la intervención de los militares a favor de uno u otro bando, o con la confiscación del poder por parte de militares por períodos variados de tiempo, buscando ellos resolver por vía autoritaria la conflictividad del mundo civil. Inestabilidad política es la característica prevaleciente, con avances y retrocesos en relación a los derechos ciudadanos de las mayorías, al pluralismo político y a la independencia y división de los poderes públicos. En este forcejeo se observan intervalos de violencia y convivencia, intolerancia y negociación. Hacia 1970 la situación es precaria, y si todas las sociedades andinas han ensayado procedimientos de democracia formal, la consolidación de regímenes democráticos permanece como materia pendiente. Chile y Colombia: oligarquías con gobiernos civiles y sistemas de partidos En Chile, la grave recesión económica provocada por la GD encontró en el poder al dictador Carlos Ibáñez del Campo, quien aplicó políticas ortodoxas de laissez faire que no dieron resultado. Este fracaso distanció su régimen de burócratas, empleados públicos y las Fuerzas Armadas. En julio de 1931, un amplio movimiento estudiantil, profesional y de empleados públicos tomó las calles y exigió su renuncia, mientras un sentimiento antimilitarista se extendía en la sociedad. A Ibáñez le sucedería, por vía electoral, Juan Esteban Montero Quintero, un político del Partido Radical, aliado con los partidos oligárquicos tradicionales: el Conservador y el Liberal. A Montero los militares le darían un golpe, surgiendo en junio de 1932 y hasta septiembre de ese año la experiencia de las “repúblicas socialistas” encabezadas, la primera por Marmaduke Grove Vallejo, comandante de la Fuerza Aérea, y la segunda por el abogado Carlos Dávila Espinoza. Fue una experiencia efímera. Luego, los militares dieron otro golpe militar y convocaron a elecciones. En ellas ganó Arturo Alessandri, del partido Liberal, con una amplia plataforma política, que incluyó a liberales, so-

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cialistas, demócratas y radicales, y que se presentó como una candidatura de Unidad Nacional y gobierno civil. Gobernó entre 1932 y 1938. Por inculcar un antimilitarismo, la GD facilitaría en Chile un juego civil entre la izquierda, la derecha y el centro, estableciéndose una democracia electoral limitada, multipartidista y estable hasta 1973. Limitada porque para 1949 sólo votaban en las nacionales los hombres que sabían leer y escribir mayores de 21 años. Esto representaba aproximadamente el 9% de la población adulta. Ese año se consagró el voto femenino y en 1970, con el gobierno de Salvador Allende, se otorgó el voto analfabeta alcanzándose el sufragio universal para todos los chilenos mayores de 18 años. Por las condiciones de la crisis, aparecieron diversos grupos de izquierda, creándose grupos estalinistas, trotskistas y muchos pequeños partidos socialistas. El centro se constituyó con radicales y falangistas, básicamente provenientes de las clases medias, y la derecha con conservadores y liberales, los partidos oligárquicos tradicionales. En este sistema la derecha fue muy fuerte. La efervescencia política incentivó múltiples e inestables alianzas entre partidos, sindicatos y grupos. El Partido Radical, después de apoyar a Alessandri en la Unidad Nacional, se movió hacia el Frente Popular (FP), una plataforma promovida en 1936 por el Partido Comunista Chileno (PCCH), que incluyó inicialmente al Partido Socialista, a sindicatos obreros agrupados en la Central de Trabajadores de Chile (CTCH), la Federación de Estudiantes (FECH) y el movimiento mapuche organizado en el Frente Único Araucano. La incorporación de los radicales al FP, los colocó como centro de una plataforma política de centro izquierda, permitiéndoles actuar como puente entre la derecha y la izquierda del país, dándole ciertas seguridades a las clases altas y medias de que de ganar esta coalición, sus prerrogativas no serían seriamente afectadas. Fue un factor importante para la estabilidad del sistema de partidos. El FP gobernó de manera bastante conservadora entre 1938 y 1952, pues buena parte de las bases de partidos como el PCCH estaban excluidas de derechos políticos, y durante este tiempo no se permitió la sindicalización de los campesinos, ni se dio reforma agraria. El PCCH se avino a estas restricciones, pues si bien obtuvo poca representación en los gabinetes y escasas retribuciones para sus bases, creció muchísimo y pudo tener un lugar en el sistema político chileno, lo que era muy novedoso en América Latina, para no mencionar inexistente en los otros países andinos. Pero, una creciente derechización del FP produjo entre otros, la separación del PCCH en 1947 y en 1948, en el contexto de la Guerra Fría, el PCCH fue ilegalizado y pasó a la clandestinidad. Para los años cincuenta, los chilenos están desencantados de este arreglo, que exhibía pocos beneficios para las mayorías, y buscaron alternativas. El debate se polarizó, surgiendo con fuerza dos proyectos opuestos: los marxistas

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con su proyecto de construcción del socialismo desechando partidos de centro y los democratacristianos que desplazaron del centro a los radicales, y hablaron de reformas comunitarias. Con la victoria electoral del ex dictador Ibáñez del Campo en 1952, los triunfos electorales del FP llegaron a su fin y con el triunfo de Jorge Alessandri en 1958, la sociedad se fue ahondando en el dogmatismo y la intransigencia de los partidos políticos, lo que hizo cada vez más difícil las relaciones entre ellos. El sistema partidista estaba muy fragmentado, y el sistema representativo proporcional dificultaba que el Ejecutivo lograse una mayoría sólida que le permitiera adelantar políticas coherentes en medio de los desajustes derivados de la crisis del modelo ISI. Los partidos políticos y la polarización invadieron el tejido social, asociaciones, movimientos estudiantiles, clubes de futbol, todo estaba penetrado por los partidos, un sistema que sólo podía funcionar si los consensos eran fuertes. En este período no lo eran, así que entre la polarización ideológica y una lealtad ambigua hacia las instituciones políticas, se crearon las condiciones para el accidentado ensayo socialista de Salvador Allende (1970-1973). Otra situación fue la de Colombia, donde también se dio durante este período un predominio de gobiernos civiles a través de un sistema de partidos, pero donde la estabilidad del sistema transcurrió en un contexto de extrema conflictividad sociopolítica con ciclos de intensa violencia. Sin embargo, los militares no intervinieron en el gobierno salvo por el corto intervalo del general Gustavo Rojas Pinilla entre 1953 y 1957. La GD, a diferencia de Chile, no depuso del poder en Colombia a los militares sino al Partido Conservador, que perdería la hegemonía exclusiva en este periodo. El victorioso partido Liberal con Enrique Olaya Herrera en 1930 y sobre todo con Alfonso López Pumarejo (1934-1938), buscó inicialmente avanzar reformas sociales que permitiesen inclusión social, lo que dio origen a profundos conflictos políticos en algunas regiones. En 1934, el movimiento unirista de Gaitán, se unió al partido Liberal. Fue el movimiento de Gaitán una expresión populista, que movilizó a sectores de escasos recursos y derechos, democratizando con su discurso y estilo político el régimen colombiano. Las reformas y alianzas de López Pumarejo, su “revolución en marcha”, indignaron a los conservadores, quienes se resistían a perder privilegios. Se reunieron bajo el liderazgo de Laureano Gómez Castro, quien fundaría el diario El Siglo y se erigiría con un agudo estilo personalista, en mediador en el seno de su partido de las tendencias fascistas y democráticas en desarrollo. Se dan procesos de polarización política y violencia. Eduardo Santos, del diario El Tiempo, emergerá como el líder de la contraparte liberal, también con una versión personalista de ejercer la política. Una vez en la Presidencia (1938-1942), Santos y el partido Liberal sacrificaron la lucha por los intereses populares a favor de los empresariales, buscando una convivencia con los conservadores y ahondando en una combinación de clientelismo y coerción para controlar el descontento popular.

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Fue esto un factor que propiciaría tanto el ciclo de violencia por estallar, como la innecesaria presencia directa de los militares en la política colombiana, salvo por los años de Rojas Pinilla. El régimen colombiano durante este período es más radicalmente oligárquico que el chileno; pues no logra incorporar ni tímidamente la representación de sectores populares, clases medias y profesionales, lo que alimenta un malestar, que contribuye a la violencia política. El golpe militar de Rojas Pinilla fue aceptado por los partidos Conservador (salvo por la facción laureanista) y Liberal como un mal necesario, porque desde el asesinato de Gaitán no habían podido saldar sus diferencias, ni controlar las revueltas populares en el país. Al moverse el dictador para permanecer en el poder más allá de los acuerdos iniciales, los partidos oligárquicos lograron encontrar en 1957 caminos de concertación, surgiendo el Frente Nacional, que estabilizó hasta los años setenta los arreglos institucionales de un sistema compartido de poder. El Pacto de Sitges firmado por ambos partidos, los comprometió a una reforma constitucional que garantizaría la paridad en los ministerios y en las corporaciones públicas por un período de doce años, reforma de la carrera administrativa y convocatoria a un plebiscito como mecanismo de legitimación de dichas reformas. Se incorporaron los derechos políticos de las mujeres y se garantizó 10% del presupuesto para educación. A partir de entonces y hasta 1974, conservadores y liberales propondrían un sólo candidato presidencial, alternándose el poder. Situaciones más fluidas: oligarquías, militares, populismos y sistemas de partidos en Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela En el resto de los países andinos estamos ante situaciones más complejas y/o inestables. Si bien, al igual que Chile y Colombia, hay un predominio oligárquico en casi todos ellos -siendo Venezuela un caso distinto- estas elites pasan más apuros por mantenerse en el poder y/o alcanzar ciertos niveles de gobernabilidad. En el forcejeo por cambiar la hegemonía fueron expulsados del poder en algunas oportunidades. Un caso extremo es Bolivia. Durante casi todo el período rige una hegemonía oligárquica, autoritaria y predominantemente militar. La política es controlada por una pequeña elite, que se conoce entre sí y cuyos conflictos se originan tanto de sus vidas privadas como públicas. La exclusión política de la mayoría campesina e indígena se da por barreras sencillas: no saber hablar ni escribir español, no tener renta ni propiedad inmueble, carecer de medios más allá de la subsistencia. Las elites viven en permanente conflicto entre sí, y salvo en contadas oportunidades, deben compartir, delegar o dejar el ejercicio del poder a los militares. Éstos, por otra parte, sufrieron un revés al inicio de este período, entre 1932 y 1935, al ser derrotados en la guerra del Chaco sostenida con Paraguay. Si bien siguieron mandando, lo hicieron en un contexto de permanente inesta-

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bilidad, asediados por el descrédito, rencillas y contradicciones internas. La derrota del Chaco creó el temor entre elites y militares de que si no se aceleraba la construcción del Estado Nacional, lo más seguro era que las dinámicas de los países vecinos terminarían produciendo una desintegración del país. En tal sentido, los gobiernos militares de David Toro y Germán Busch Becerra (1936-1939), bajo el mote de “socialismo militar” promovieron reformas sociales, como la jornada laboral de ocho horas, e iniciativas como la fundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que sería el organismo estatal para la exploración y explotación de los hidrocarburos, después de la nacionalización de la Standard Oil. Comienzan a dibujarse en estos años las identidades polarizadas de la oligarquía minero-feudal versus los nacionalistas revolucionarios, civiles y militares, que desembocarán en la revolución de 1952. Precedido por la severa hegemonía oligárquica de los partidos Liberal y Conservador, desarticulada por la crisis política provocada por la derrota en la guerra del Chaco, en abril de 1952 estalló la revolución en Bolivia, que puede considerarse un interregno de doce años donde tuvo lugar un cambio drástico de hegemonía. La revolución será un parteaguas de la historia de este país y, dentro de la amplia lucha popular por la participación política y la modernización económica, fue también un hecho altamente relevante para toda América Latina. La toma del poder por parte del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) de Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Suazo significó la primera revolución por insurrección popular con protagonismo obrero en América Latina. La intervención del Estado en la economía entre 1952 y 1964 marcó un hito sin precedentes en Sudamérica. Tuvo analogías con la revolución mexicana, de donde los líderes buscaron lecciones y recibieron asesorías, pero, a diferencia de ésta, no pudo consolidarse y la revolución fue interrumpida en 1964 por un golpe militar, revirtiéndose muchos de sus logros. Tuvo dos etapas, la primera, llamada “heroica”, corresponde con el primer gobierno de Paz Estenssoro (1952-1956), y es de reformas radicales. Durante los primeros años, no funcionó el congreso sino una suerte de poder dual entre el MNR y la Central Obrera Boliviana (COB). Aunque empezó como un gobierno de facto, decretó el sufragio universal, incluyendo políticamente a indígenas y mujeres. No tuvo autoridades regionales o locales distintas a las del partido y a las milicias creadas por los sindicatos. El MNR tuvo su policía propia, conocida como Control Político. Hubo nacionalización de las minas, creación de la empresa estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), y la Corporación Boliviana de Fomento. Se practicó la cogestión obrera y hubo reparto de tierras a través de la reforma agraria en la zona altiplánica y valles. En 1955 la COB y el MNR trataron de intervenir las universidades, pero no pudieron. Desde 1953, los militares pudieron inscribirse en el MNR. Periódicos como La Razón y Los Tiempos de Cochabamba fueron cerrados. La revolución colocó

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temas de identidad nacional y personal que movieron el país, como la de abolir la segregación social que existía de facto en algunas ciudades. La segunda etapa comenzó en 1956, con Hernán Siles como presidente, y se conoció como la “institucional”: La revolución se debilitó por las dificultades económicas, las rivalidades entre los líderes del MNR, la creciente dependencia con los EEUU, en razón de las reformas económicas implementadas a fines del gobierno de Paz Estenssoro, y se dio el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. En 1964 la revolución fue interrumpida por el golpe militar del general René Barrientos, quien gobernó hasta 1968. Los militares procedieron al control y represión intensa de organizaciones campesinas y sindicatos de las minas, dándose varias masacres. Los sindicatos fueron abolidos, líderes fueron puestos presos y deportados, los sueldos “racionalizados” a la baja. Los militares ocuparon todos los puestos. En su gobierno se capturó y mató al Che Guevara. Barrientos logró consolidarse con un estilo personalista y un aparato paramilitar, pero en abril de 1968 su helicóptero cayó a tierra y murió. Durante su gobierno se dio una “pacto militar-campesino” que aisló a la COB y neutralizó al campesinado. La CIA tuvo presencia en las más altas esferas, la empresa petrolera Gulf Oil protagonizó algunos escándalos. Vino a continuación un período de inestabilidad con la presidencia interina de dos militares de izquierda nacionalista y aliados a la COB, hasta que en 1971 se inició la dictadura de Hugo Banzer. En Perú, la GD trajo el fin de la hegemonía de los caudillos de la sierra y su república aristocrática, pasando a controlar el poder las elites costeñas. La hegemonía oligárquica persiste en este período, aunque en medio de contradicciones e inestabilidades. La mitad de los años de este período correspondieron a gobiernos militares y fueron éstos los que produjeron mayor estabilidad política. Algunos, como los gobiernos de los generales Luis M. Sánchez Cerro (19301933) y Manuel A. Odría (1948-1956), exhibieron rasgos populistas, desarrollando fuertes estilos personalistas, apoyándose en sectores urbanos excluidos social y políticamente, y buscando resolver problemas sociales, pero reprimiendo la organización y representación popular. Caso aparte será la dictadura de Juan Velasco Alvarado (1968-1975), considerado un régimen “revolucionario”. La parálisis en la transformación hegemónica en el Perú, que frena la modernización política en este período, parece obedecer principalmente a una relación muy pareja entre tres bloques políticos cuyas fuerzas se anulaban mutuamente: la oligarquía o derecha, en control de la situación, pero ya en decadencia y resistiéndose a ceder prerrogativas. El APRA, el partido populista de Víctor Manuel Haya de la Torre, centrado en las clases medias, trabajadoras y bajas de Lima, Trujillo y toda la región norte costera, muy hábil en organizar y torpedear políticas de los otros dos bloques políticos, pero incapaz de obtener suficiente apoyo para acceder y ejercer gobierno. Y los liberales profesionales de Arequipa, que surgieron de la modernización agrícola y agroindustrial de los años 40,

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en la costa, fundando el partido Acción Popular en los años 50, de donde provendrá el Partido Democracia Cristiana del Perú. Tiene dos líderes destacados en esta etapa, José Luis Bustamante quien presidirá el régimen reformista de 1945 a 1948 y Fernando Belaúnde Terry, que gobernará entre 1963 y 1968 reintentando las reformas y de nuevo impedido por la álgida confrontación política. También tuvo actuación importante el Partido Comunista Peruano (PCP), que después de Mariátegui se ocupó de organizar a trabajadores urbanos y mineros también de la costa, y se involucró con los sindicatos de La Convención en el Cuzco y su revuelta de los años 50. Pero, el partido más importante y estable de este período es el APRA, pese a no haber llegado al poder. En 1968, como se señaló, los militares dieron un golpe militar contra el gobierno de Belaúnde Terry, proclamaron la revolución e inmediatamente pasaron a impulsar un ambicioso programa de reformas dejando a un lado instituciones democráticas. Influidos por el contexto de la Guerra Fría y los imperativos de la seguridad hemisférica, habían fundado el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM), un espacio tanto para su formación militar como para el estudio e intercambio de ideas sobre la realidad nacional con expertos y empresarios. Allí construyeron un proyecto nacionalista modernizador, incorporando ideas de empresarios progresistas, la Iglesia Católica del Concilio Vaticano II y hasta del programa del APRA, partido que detestaban. Con el general Juan Velasco Alvarado (1968-1975), las FFAA se transformaron en el centro hegemónico del Estado peruano, monopolizando toda actividad gubernamental. En los primeros diez días de su mandato decretaron un conjunto de reformas nacionalistas, autoritarias y anti-oligárquicas, que sacudieron a la sociedad. Nacionalizaron la petrolera Compañía Internacional Peruana (IPC) de EEUU, y procedieron a hacer un conjunto de estatizaciones que convirtieron al Estado en el principal agente económico-financiero del país. Los militares rechazaron la creación de un partido revolucionario al estilo del PRI mexicano, y lo que buscaron fue la incorporación de los diversos sectores sociales al Estado a través de una vía corporativa. En Ecuador, la inestabilidad política es también tendencia preponderante, manteniéndose en este período una hegemonía oligárquica y/o militar, alternada con los gobiernos populistas de José María Velasco Ibarra, quien también gobierna principalmente para estos grupos, aunque su manera de hacer política incorpora avances de inclusión para los sectores populares. La inestabilidad política de Ecuador se asocia, lo mismo que en el caso de Perú, con la fragmentación y debilidad tanto de las oligarquías como de grupos políticos emergentes. El fraude electoral, una práctica recurrente del partido liberal desde décadas previas, continuó hasta 1946, cuando los sucesos de La Gloriosa, que llevan por segunda vez a la Presidencia a Velasco Ibarra, cierran ese capítulo. En este, su segundo mandato (1944-1947), Velasco contó inicialmente con una amplia

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y variopinta alianza, que incluía a conservadores, socialistas, comunistas y liberales disidentes. En los inicios, algunas organizaciones de izquierda se fortalecieron como la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE). Sin embargo, Velasco no profundizó la revolución. Al contrario, lideró una campaña contra la izquierda y las organizaciones populares. En el Congreso, donde la izquierda contaba con una importante fuerza, se aprobó una nueva constitución con cláusulas progresistas de derechos sociales para las familias, como educación, cultura, economía, trabajo y bienestar social, que Velasco rechazó. La abolió y se erigió en dictador. Sería derrocado en agosto de 1947 siguiendo un período de inestabilidad con varios presidentes. Su tercera presidencia, en el contexto del boom bananero, como ya se explicó, fue el más estable y tuvo algunos logros. En 1960 Velasco volvió por cuarta vez al poder, pero duró sólo un año. No adelantó reformas, el desorden administrativo persistió, la pobreza también. Su vicepresidente Carlos Julio Arosemena rompió con él y con el respaldo de conservadores y liberales y la CTE asumió la Presidencia en 1961. Aunque vinculado con la plutocracia de Guayaquil, Arosemena fue progresista, organizando un gabinete de conciliación popular. En 1963 los militares, con apoyo de la CIA, la Iglesia Católica y la derecha lo derrocan por su supuesta proclividad hacia la izquierda radical y su problema de bebida. Volvió otro período de gobiernos inestables, y en 1968 retorna Velasco por quinta y última vez. Durante este mandato el poder político se concentró en manos de los grupos más conservadores de la sociedad y el gobierno respondió a la protesta con represión. A mediados de 1970, Velasco suspendió la Constitución y se erigió en dictador. En 1972 un golpe de Estado de los militares impuso la dictadura del general Guillermo Rodríguez Lara (1972-1979). Finalmente, y como caso distinto, está la evolución de Venezuela en este período. La GD no conmovió la hegemonía andina entonces imperante, y el dictador general Juan Vicente Gómez permaneció gobernando hasta diciembre de 1935, cuando murió de vejez, luego de veintisiete años en el poder. La hegemonía andina no es exactamente tradicional, se constituyó a inicios del siglo XX como resultado de la entrada triunfante a Caracas de una montonera conformada por medianos productores y comerciantes cafetaleros del estado Táchira, entidad federal ubicada en la frontera de Venezuela con Colombia. Los andinos se aliaron y fusionaron con las oligarquías tradicionales, pero no eran exactamente iguales a ellas. En los años de la hegemonía andina, que se prolongan hasta 1945, se configuró el Petroestado, fortaleciéndose una burocracia estatal y militar de rasgos nacionalistas, al tiempo que los vínculos de la economía venezolana con los capitales estadounidenses se hacían muy estrechos. Gracias a esta dinámica, Venezuela superó la inestabilidad política endémica del pasado. La “revolución de octubre” de 1945, abrió otra etapa, donde la hegemonía andina dio paso a otra compuesta por una alianza militar-civil de rasgos nacionalistas y populistas. Los gobiernos andinos de los generales Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita (1936 y 1945) si bien militaristas y autoritarios, son ya en mu-

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chos sentidos bastante diferentes a los gobiernos precedentes de los generales Cipriano Castro y Gómez (1889-1935). Estos militares toleraron una moderada disidencia política y se ejercitaron en la política de masas. En 1943, por ejemplo, el presidente Medina Angarita convocó en Caracas a una concentración popular de apoyo a su gobierno. Quiso dar una demostración de fuerza política, antes de sentarse a discutir con las compañías petroleras una ley de Hidrocarburos, que las obligaría a reconocer la soberanía del Estado Nacional a regularlas, pecharlas y recibir una mayor participación en las ganancias. En estos años y con avances y retrocesos, se permitieron frentes, movimientos y partidos políticos, creándose la Federación de Estudiantes de Venezuela (FEV), el Partido Democrático Nacional (PDN) y Acción Democrática (AD), que se fundó en 1941 y que será el partido venezolano más importante del siglo XX. También se legalizó al Partido Comunista de Venezuela (PCV). Durante “el trienio adeco” (1945-1948), la Junta Revolucionaria de Gobierno presidida por Rómulo Betancourt, líder de AD, decretó el sufragio universal, directo y secreto para mayores de 18 años y convocó a una Asamblea Constituyente que elaboró la primera constitución democrática del país. Se fundaron, entre otros, los partidos Comité de Organización Electoral Independiente (socialcristiano COPEI) y Unión Republicana Democrática (URD), se constituyó la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), aumentando exponencialmente la sindicalización y organización campesina. La radicalidad de las reformas y el sectarismo con que actuó el partido AD en control de la presidencia de la Junta, crearon fuertes tensiones con los militares, los otros partidos y los intereses desplazados, entre otros de los empresarios y la Iglesia Católica. En un contexto mundial signado por la Guerra Fría, los intereses de EEUU se sintieron amenazados por el discurso populista y la proliferación de sindicatos adecos y comunistas en los campamentos petroleros. En noviembre de 1948, Rómulo Gallegos de las filas de AD, el primer Presidente electo por sufragio universal, sucumbió a un golpe militar encabezado por el coronal Marcos Pérez Jiménez, abriéndose un período autoritario y militar de diez años de duración. En los tres gobiernos que se dieron en este lapso dictatorial, se continuaron el incipiente proceso industrializador comenzado en el trienio, pero se prohibió la actividad de los partidos AD y PCV, el sindicalismo de la CTV, y se restringieron los derechos civiles y políticos. La Constitución de 1947 fue suspendida, regresándose a la última de los andinos. En 1958, un golpe militar, que contó con amplio respaldo civil, de organizaciones políticas y estudiantiles actuando en la clandestinidad y desde el exterior, logró la huida al exterior del general Pérez Jiménez, el último dictador militar de la Venezuela del siglo XX. A partir de ese año un régimen de democracia representativa se instaura, estabiliza y consolida, gracias al esfuerzo de los partidos políticos liderados por AD. Se fue construyendo un entramado de pactos entre elites y factores de poder, que superaron la polarización política e intolerancia

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del trienio, y garantizaron en el Estado los intereses empresariales, de clases medias, organizadas en partidos políticos de composición multiclasista, de sindicatos fines a AD, COPEI y URD, de la Iglesia Católica y de los militares. Los pactos constitutivos de la democracia venezolana contaron con la inmensa capacidad fiscal del Petroestado, que en última instancia asumió los costos de los compromisos pactados. Entre los pactos más conocidos destacaron el Pacto de Punto Fijo y el del Advenimiento Obrero Patronal, firmados en 1958 y los acuerdos con la Santa Sede de 1964. Cristalizó y se arraigó una dinámica de juego no suma cero, donde el único que sacrificaba algo era el erario público. Hacia fines de los años sesenta tuvo lugar por vez primera una alternancia partidista en el poder sin violencia, cuando el socialcristiano Rafael Caldera de COPEI ganó las elecciones de 1968. En su gobierno (1969-1974) se produjo el llamado Pacto Institucional, un arreglo nunca escrito pero fielmente acatado, entre AD y COPEI que consistía en negociar entre ambos la designación de los más altos cargos del Congreso, del Poder Judicial y otras instituciones estatales, lo que fortaleció las tendencias a un sistema bipartidista y de conciliación de elites, que rememora el Frente Nacional colombiano. Gracias a esta política de negociación y consensos entre elites, la democracia venezolana conjuró una significativa lucha armada que liderada por el PCV y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) se desarrolló en los años sesenta influenciada por la revolución cubana. A inicios de los años 70, la democracia venezolana parecía estable. PARTE II 1970-1990. Auge y decadencia del intervencionismo estatal, protestas de austeridad y expansión de la democracia Las últimas décadas del siglo XX fueron el escenario de un proceso de reestructuración del capitalismo, que aún no ha culminado y en el cual todas las sociedades del planeta, incluidas las andinas, fueron afectadas en mayor o menor medida. Iniciado, según algunos, por una típica crisis de sobre acumulación en los países industrializados, en la década del setenta se superpuso a ella la devaluación del dólar y una crisis política en el Medio Oriente, que disparó el precio del petróleo. A partir de entonces se fue desarrollando un complejo de políticas económico-financieras y procesos de distinta naturaleza, entre ellos las innovaciones informáticas y comunicacionales, y los asombrosos cambios políticos de Centro Europa bajo la égida del capitalismo financiero, que han fortalecido la integración de Estados y sociedades a un sistema económico único. Las sociedades y Estados andinos han estado afectados por estas transformaciones. En los años 70 la inviabilidad del modelo ISI se hizo evidente. Y en los ochenta, la “crisis de la deuda”, produjo lo que CEPAL llamó la “década perdida”

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para América Latina. Durante estos años los indicadores socioeconómicos de nuestras sociedades tendieron a retroceder, produciéndose una situación traumática análoga al proceso desencadenado por la GD en 1930. Por otra parte, y para conjurar los desequilibrios, comenzaron a aplicarse políticas de ajuste y reestructuración económica, impuestas por las agencias multilaterales de crédito, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Gobiernos de extrema derecha en EEUU (Ronald Reagan) y de Inglaterra (Margaret Thatcher) buscaron corregir las disfunciones de sus economías mediante la imposición en la periferia de formas de aguda explotación y dominación. Impulsado también por dichos gobiernos, operó en estos años un drástico cambio ideológico hacia la creencia en los libres mercados como fuente de progreso y/o desarrollo. El Estado de Bienestar, la meta de los Estados interventores, fue objeto de toda suerte de críticas, creciendo la influencia de hacedores de políticas económicas monetaristas como el caso de los “Chicago Boys” del Chile del general Augusto Pinochet. En los años 80 se produjeron algunos re-impulsos a procesos de integración regional, ahora orientados por EEUU. El más notorio, el propugnado por EEUU en 1990, conocido como “La Iniciativa para las Américas”, que en su presentación inicial proyectaba la integración de toda la región en un sólo mercado “desde el Puerto de Anchorage hasta la Patagonia”. Todos estos procesos influyeron igualmente en un escenario político explosivo y violento, donde el péndulo favoreció mayoritaria y paradójicamente a la generalización en la región de regímenes con democracia formal. 2.1. Auge y caída de los Estados interventores, programas de ajuste y revueltas populares En varios países andinos los años iniciales de la década de los setenta parecieron económicamente propicios, ya que se vivió entre 1971 y 1974 un alza importante de precios de materias primas en el mercado internacional. Esto condujo a la mayoría de estas naciones a profundizar el esquema de ISI continuando, en algunos casos hasta las últimas consecuencias, en la consolidación de un modelo de Estado fuertemente interventor y aún empresario. Sin embargo, los ajustes que se estaban desarrollando en los países centrales del sistema capitalista, y el auge del precio petrolero, pronto revirtieron esta tendencia de los precios, y producirían los cataclismos que darán al traste con esta breve prosperidad. A partir de mediados de esta década y hasta que termine el lapso en estudio, la característica general de todas las economías andinas es el desequilibrio permanente, en algunos casos dramático, cuadros de subida del gasto fiscal, desempleo, endeudamiento, inflación –hiperinflación- aumento de la pobreza, de la miseria y de la desigualdad en los ingresos. La segunda característica importante, es el ensayo en todos ellos, por imperativos del FMI y del BM, de políticas neoliberales, que entrañan una retracción del rol central que jugó el Estado en la economía, y un realce ahora del rol del mercado como panacea para alcanzar progreso y/o desarrollo. Nuestro período finaliza con un

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cuadro problemático sobre las bondades de esa nueva orientación y una situación social explosiva en muchos países. Sostendrían los economistas cepalinos Oswaldo Sunkel y Pedro Paz, que el modelo ISI no fue más que una manera de prolongar la vida de la economía primario-exportadora característica de los países de América Latina desde el siglo XIX. Si bien el modelo ISI permitió ciertamente un crecimiento económico importante en varias naciones andinas, y con ello una modernización social y en algunos casos avances en la democratización política, tuvo fallas estructurales que no logró remontar. Pasada la fase más fácil de sustitución de bienes industriales de consumo básico, las economías siguieron dependiendo de las rentas estatales originadas en el sector primario exportador para impulsar la dinámica industrial. Las rigideces de los mercados de consumo, una industrialización calcada sobre patentes foráneas costosas, y capitales transnacionales que se llevaban el grueso de las ganancias, una industria poco empleadora de mano de obra, no permitieron una acumulación de capitales internos suficiente para independizar la industria del sector primario exportador. Ante estas dificultades, el Estado, que estaba pautado para impulsar el modelo en sus inicios y luego retraerse, fue más bien aumentando en tamaño y funciones, asumiendo de manera creciente los costos de un aparato productivo que no lograba despegar. El caso de Chile es uno de los más extremos. Durante el gobierno socialista de Allende, el Estado interventor alcanzó su clímax convirtiéndose en un capitalismo de Estado. El Estado venía controlando crecientes magnitudes del PIB: 38% con el presidente Alessandri, 43% con Frei y llegó a 53% con Allende. Lo más resaltante del gobierno socialista fue la nacionalización del cobre, algo que perduró durante la posterior dictadura y contribuyó a mantener alta la producción de este mineral a lo largo de toda la década. El gobierno prácticamente expropió todas las haciendas y grandes propiedades y controló el sistema financiero. Para 1971 la orientación estatista parecía estar dando resultados, el PIB fue de 7,7%, los sueldos aumentaron a 61,7% con relación al año previo, y cayó la tasa de desempleo. Sin embargo, la sobrevaluación de la tasa de cambio y un aumento desorbitante del gasto público crearon muy pronto un cuadro adverso. En 1971 cayó el precio mundial del cobre y poco después los indicadores macroeconómicos negativos se dispararon, la inflación quedó fuera de control y declinaron las reservas internacionales. Para 1973 había desabastecimiento y una inflación descontrolada, lo que contribuyó de manera importante al golpe de Estado. En 1975, después de algunos ensayos fallidos, la dictadura del general Augusto Pinochet impuso el primer ajuste estructural tipo shock en América Latina. Comenzó el auge de la Escuela de Chicago y sus Chicago Boys, que en Chile dominarán las políticas económicas hasta 1982, cuando el modelo neoliberal se derrumba ante la abrupta subida de los intereses del servicio de la deuda externa provocada por la moratoria mexicana. El nuevo modelo revirtió la cultura estatista predominante en Chile e implicó, además, un cambio completo

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de la forma en que había funcionado la sociedad desde 1930. Pero, el desajuste de la economía neoliberal chilena en los años 80, debilitó la dictadura e hizo posible la transición democrática de ese país al finalizar dicha década. Otro caso dramático es Venezuela, donde, el fin del modelo de Estado interventor y empresario se mantuvo por una década más con relación a la evolución de Chile, pues el modelo ISI sucumbió en 1983. La bonanza petrolera que experimentaron Ecuador y Venezuela en 1974-1975, y de nuevo a fines de esa década, produjo una prosperidad económica sin precedentes en ambos países, que dejó con vida –y aún fortalecido- el modelo cepalino. El gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979), obnubilado por lo que entonces se llamó “la danza de los millones”, un ingreso fiscal petrolero inesperado y cuantioso al iniciar su gestión de gobierno, llevó hasta las últimas consecuencias el Estado interventor y el capitalismo de Estado: nacionalizó industrias básicas de hierro, aluminio, bauxita y la industria petrolera, constituyéndose Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa). Pérez concentró en manos del Estado cientos de empresas, que fueron quebrando en esa década por el zigzagueo de los precios petroleros internacionales y las crecientes distorsiones producto de la economía petrolera: inflación, aumento de gasto fiscal, deterioro de salarios. Se recurrió sin control al endeudamiento internacional con la aspiración de quemar todas las etapas del modelo cepalino y llevar a Venezuela al primer mundo. Con la moratoria mexicana y sus consecuencias sobre las tasas internacionales de interés, la deuda venezolana se hizo impagable. El 17 de febrero de 1983, en lo que se conoce como el “Viernes Negro”, el gobierno del socialcristiano Luis Herrera Campíns (1979-1984) procedió a un control cambiario y a una importante devaluación de la moneda. “La fiesta se acabó” fue un titular que hizo época. Los siguientes gobiernos de Jaime Lusinchi (1984-1989) y segundo de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) implementaron programas de ajuste neoliberal, en medio de una creciente y explosiva situación social. En Ecuador, a inicio de la década de los setenta, el dictador general Guillermo Rodríguez Lara (1972-1975) asumió su gobierno como uno “nacionalista y revolucionario”, donde la institución militar se responsabilizaba por un “Plan de Acción”, que atacaría el subdesarrollo del país, mejorando las condiciones de vida a través de reformas impositivas, administrativas y sobre la propiedad. Fue un plan influenciado por los eventos que se desarrollaban en Perú con el general Velasco Alvarado, ejemplo de estatismo “revolucionario” llevado hasta las últimas consecuencias. Casi todas las políticas de Rodríguez Lara, giraron alrededor del petróleo, que comenzó a dominar la economía ecuatoriana. Se revisaron concesiones petroleras, se canceló un contrato gasífero claramente perjudicial al país, se creó la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) y se comenzó a construir una refinería. Los desajustes aparecerían hacia mediados de la década, dando pie al golpe militar de 1975, donde Rodríguez Lara fue sustituido por un triunvirato militar. Se paralizaron las reformas,

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la distribución de tierras se suspendió y se aprobó una ley de Desarrollo Agro Pecuario, que garantizaba la propiedad de los empresarios rurales. Comenzaba el giro neoliberal. En los años 80, al presidente Oswaldo Hurtado (1981-84) le tocó sortear una crisis que se ahondaba. El PIB cayó drásticamente, pues en los setenta había promediado un 8%, mientras en 1981 fue de 4%, y para 1984, era menos del 1%. Industrias se fueron a la bancarrota, la producción agrícola decayó y la expansión financiera se retrajo. El siguiente gobierno de León Febres Cordero (1984-1988), adoptaría rasgos autoritarios para implementar una fuerte política económica neoliberal. Fue un gobierno compenetrado con los intereses de las corporaciones. En 1988, al asumir el presidente Rodrigo Borja definió como de suma gravedad la situación encontrada: una inflación anual del 80%, un desempleo en torno al 15%, un déficit fiscal equivalente al 17% del PIB y la evaporación de las reservas internacionales. La recesión económica obedecía al desplome de los ingresos por los hidrocarburos, afectados tanto por los precios internacionales como por la interrupción de las exportaciones como consecuencia del terremoto de marzo de 1987, que afectó los yacimientos de Napo y destruyó un extenso tramo del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). En mayo de 1990, al grito de hatari (levántate), más de 100.000 indígenas de la Sierra y la Amazonía llenaron las carreteras del Ecuador y tomaron las plazas de las poblaciones que atravesaban en su camino a Quito. Comenzaba la insurgencia indígena en los Andes que protagonizará grandes cambios en algunas de estas sociedades en los años siguientes. En Perú, el modelo estatista sobrevivió con altibajos hasta los años 80. Luego que los gobiernos posteriores al general Velasco Alvarado iniciaran la aplicación de programas de ajuste neoliberales, el primer gobierno de Alan García (1985-1990), con un agresivo discurso contra el FMI volvió sobre al esquema de Estado interventor. Rechazó las imposiciones del FMI, planteó un plan “nacionalista y anti-imperialista”, y dispuso pagar de la gravosa deuda externa peruana sólo lo equivalente al 10% de las exportaciones. En sus dos primeros años de gobierno, la fuerte inversión del Estado y medidas keynesianas reactivaron la economía. García disfrutó entonces de una gran popularidad. Sin embargo, repitiendo la experiencia compartida por otras naciones, cuando la capacidad de gasto del Estado fue agotada, comenzaron múltiples problemas. En 1987 nacionalizó la banca y se precipitó la crisis: el PIB cayó 15% entre 1987 y 1989, y los sueldos y salarios en un 60%. La tasa de inflación se disparó de 100% en 1987, a 1.000% en 1988 y alcanzó el 2.500% en 1989. Las reservas internacionales se aproximaron a cero. En medio de este desastre económico, un aislamiento internacional y una violenta conflictividad interna protagonizada por grupos como Sendero Luminoso y el Movimiento Tupac Amaru, en 1988 García tuvo que ceder y en septiembre comenzó un “paquetazo”, neoliberal. El cambio de orientación económica del gobierno se hizo conocer como “Septiembre Negro”.

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En noviembre del mismo año, García puso en práctica otro paquete aún más severo. Los años finales de su gobierno produjeron una generalizada repulsa de la población al gobierno aprista y a los partidos políticos. Los casos de Colombia y Bolivia merecen una mención aparte, pues estas dos naciones fueron condicionadas en estas dos décadas por el negocio de la producción y tráfico de estupefacientes, principalmente el cultivo de la planta de coca y su procesamiento para obtener cocaína. Colombia pasó a ser conocida desde los años 70 como la principal productora de cocaína en el mundo, generándose en torno a esta industria un complejo y clandestino emporio cuyas consecuencias sobre la economía y la sociedad son difíciles de evaluar con certeza. Sin embargo, sin duda, el negocio de la droga contribuyó a que los reajustes del sistema capitalista mundial afectaran a este país en menor cuantía que al resto de las naciones andinas. Consideran algunos estudiosos, que una parte de los ingresos provenientes del narcotráfico, se destinó a la inversión, generando empleos y contribuyendo a financiar el creciente déficit externo, manteniendo la estabilidad cambiaria y permitiendo contar con altas reservas monetarias, lo cual explicaría la mayor solvencia de Colombia frente a problemas financieros internacionales. Por otra parte, la permanencia del pacto político refrendado en 1957, el Frente Nacional, permitió una estabilidad institucional que hizo de la transición hacia un Estado liberal una práctica expedita, de consenso entre las elites políticas y económicas del país. De hecho, el proceso industrial colombiano se desarrolló desde la GD con un Estado menos protagónico que en los otros países andinos. A partir del gobierno de Misael Pastrana Borrero (1970-74), el Estado se retrajo de su intervención en el sector privado y los intereses de este sector colonizaron los del Estado. El gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-1978) es francamente neoliberal y el siguiente de Julio César Turbay (1978-1982) más aún. Durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) hubo recesión económica, pues el PIB bajó al 1% después de haber sostenido un promedio de 6% en los veinte años previos. En los años 80 se generalizó el gangsterismo, se experimentó una sobre extensión de la banca, inflación, especulación, contracción de bienes manufacturados, y desinversión en actividades no especulativas. Sin embargo, la agricultura se sostuvo y hubo cierta diversificación de las exportaciones. También hubo éxitos en el sector energético, revirtiéndose los índices de decrecimiento del sector petrolero con la explotación de depósitos en los Llanos Orientales y el valle del Magdalena. En comparación con los otros países, el desempeño económico de Colombia fue en este período bueno. Y a diferencia de las resistencias de los otros países andinos a las imposiciones de reestructuración del FMI y del BM, Colombia mereció un reconocimiento de estas agencias. Durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), cuyas políticas económicas serían continuidad de las de gobiernos previos, hubo tendencias al

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crecimiento económico, con tasas anuales del PIB entre el 3% y el 5%, aumento de las inversiones foráneas, moderación de la deuda exterior y la inflación, que siguió siendo alta pero no asfixiante, siempre inferior al 30%, así como reducción del desempleo. En contraste, la exclusión social y política de las grandes mayorías del país y su orfandad ante las vicisitudes del mercado, combinado con el poderío del narcotráfico, contribuyeron a una situación extrema de violencia política. El presidente Barco afrontó los cientos de asesinatos de activistas sociales, y de líderes y miembros de la Unión Patriótica (UP), grupo político creado como resultado de los acuerdos de paz firmados durante el mandato de Belisario Betancur. A ello se sumaron numerosos atentados guerrilleros y el terrorismo vinculado con el narcotráfico. También en Bolivia, el negocio de la coca se disparó en los años 70, lo que restó importancia económica a todo lo demás, y a diferencia de Colombia, llevó eventualmente al caos financiero y la bancarrota del Estado. Iniciándose la década, la dictadura de Hugo Banzer (1971-1978), que fue el más estable del siglo, no se apartó del modelo estatista y desarrollista, aunque redujo el proteccionismo con la apertura a la inversión extranjera. La coca, combinada con los altos precios de las materias primas que Bolivia exportaba -gas, estaño, cinc, tungsteno- permitió una tasa media de crecimiento superior al 5% del PIB hasta 1976, año en que la economía comenzó a declinar. Mientras duró esta bonanza, Banzer recurrió sistemáticamente al crédito de la banca privada internacional, haciendo que el país se endeudara a un ritmo mucho mayor de lo que crecía la economía. En 1978 los compromisos financieros de Bolivia representaban ¡el 94% del PIB! Las elites, después de los traumas sufridos por la experiencia revolucionaria, alcanzaron en esta época una exitosa unificación ejerciendo una estricta disciplina política, y excluyendo del Estado los intereses de los sectores pobres, las grandes mayorías. En los años de Banzer, los propietarios sustituyeron a los partidos, la movilización popular fue suprimida y reprimida, los partidos ilegalizados, los líderes sindicales fueron reemplazados por militares. Con la dictadura del general Luis García Meza (1980-1982) se llegó a un punto de inflexión en estas perversas tendencias. El narcotráfico tuvo importantes vinculaciones con ministros y aún con el dictador; el nazi Klaus Barbie jugó un rol preeminente como asesor de seguridad, el socialista Marcelo Quiroga fue brutalmente asesinado, el Estado fue literalmente saqueado. Estos desarrollos, al combinarse en 1982 con la subida de las tasas de interés en el mercado internacional, crearon algunas de las condiciones para un colapso total de la economía, que se dio en el segundo gobierno de Siles Suazo (1982-1985). Siles aplicó seis paquetes neoliberales sin éxito. Se dio una retracción del ingreso per cápita del 27% entre 1980 y 1986 y una hiperinflación histórica, que aumentó los precios 625 veces entre abril de 1984 y agosto de 1985. La hiperinflación fue detenida en el cuarto gobierno de Paz Estenssoro (1985-1989), en el último semestre de 1985, a través de un ortodoxo plan de ajuste neoliberal, que contem-

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pló una serie de medidas entre las que estuvo la vigencia de una nueva moneda nacional, el boliviano, en reemplazo del devaluado peso boliviano. El Banco Central también fue parte de las reformas y su estructura fue reorganizada. 2.2. Los regímenes políticos se mueven hacia la democracia formal Acompañando los traumas económicos y los descontentos sociales, la esfera política es un escenario inestable, autoritario y violento en la mayoría de los países andinos, si bien Bolivia, Ecuador y Perú experimentaron el regreso a regímenes con democracia formal, que abrió esperanzas de atenuación de las represiones y violaciones a los derechos humanos sufridas previamente. En general, sin embargo, se siguió observando una significativa exclusión política de las mayorías, que en algunos casos fue incluso agravada por las consecuencias de las políticas neoliberales. En Bolivia los golpes militares se sucedieron unos a otros y siguió predominando la composición oligárquica del Estado hasta 1982, cuando el bochorno nacional e internacional que levantó el narco-gobierno del general García Meza, creó condiciones para un debilitamiento de la hegemonía militar, facilitando el regreso a procedimientos de democracia formal y gobiernos civiles. En este contexto reemergieron los liderazgos de Hernán Siles Suazo y Víctor Paz Estenssoro, quienes se sucederán en la Presidencia entre 1982 y 1989. Siles llegó al poder apoyado por la Unidad Democrática y Popular (UDP), una alianza entre su partido, el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNR-I), el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y el Partido Comunista de Bolivia. La situación fue de extrema precariedad, pues Siles se encontró con la bancarrota de las finanzas públicas y de la economía boliviana –sólo funcionaba la economía ilegal de la coca- y una oposición cerrada que le hiciera desde el parlamento y la calle el MNR y la COB. Se calcula un promedio de 50 protestas mensuales durante su gobierno, una cifra sin precedentes. Siles, por las dificultades que no pudo superar, y por romperse su coalición, se vio forzado a adelantar las elecciones en 1985, triunfando Paz Estenssoro con el MNR. Paz regresó por cuarta vez a la Presidencia con 77 años. Hizo alianza con la derecha e implementó un programa de ajuste estructural ortodoxo y severo mediante el Decreto Supremo 20160. Con él controló en seco la hiperinflación y revirtió la vocación estatista del Estado boliviano, debilitando al poderoso sindicalismo minero. Traspasó el poder a Jaime Paz Zamora del MIR, quien continuó las políticas neoliberales. Paz Zamora (1989-1993) había sido el vicepresidente de Siles Suazo en 1982 y para acceder a la presidencia se alió con el partido del exdictador Hugo Banzer. Perú vivió hasta 1978 dos gobiernos militares, el de Velasco Alvarado (19681975) y el del general Francisco Morales Bermúdez (1975-1979). El proyecto

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nacionalista y revolucionario de Velasco Alvarado no contemplaba una democracia liberal con partidos políticos, impulsándose desde el gobierno la organización campesina, sindical, y urbana para integrarla al Estado en el “Sistema Nacional de Movilización Social” (Sinamos). Velasco también cerró a la prensa privada. Pero el objetivo de cooptar a la sociedad a través de esta fórmula tuvo escaso resultado y en medio de los desajustes económicos, las movilizaciones de calle y la insurrección de la policía, Velasco fue sustituido por otro régimen militar, que buscó un esquema menos estatista y autoritario, también con poco resultado. Finalmente, el gobierno de Morales Bermúdez hizo alianza con el APRA y se convocó a una Asamblea Constituyente, que sería presidida por Haya de la Torre. La Constitución de 1979 otorgó a todos los peruanos mayores de 18 años el sufragio universal, directo y secreto. Fernando Belaúnde Terry ganará las elecciones que retoman el camino de la democracia en Perú. Sin embargo, su gobierno (1980-85) no pudo superar la crisis económica, social y política, En los años 80, actores políticos violentos en particular Sendero Luminoso y el Movimiento Tupac Amaru no pudieron ser controlados. Belaúnde se apoyó en los militares, reprimiendo en su afán de doblegar las adversidades. En lo económico la hiperinflación alcanzó tres dígitos. Finalmente, el gobierno de Alan García (1985-1990), con un discurso populista y una estrategia estatista tampoco logró sacar al país del empantanamiento en que se encontraba sumido. Se calcula que en los años 80, unas 18.000 personas murieron víctimas de la violencia política. Sendero Luminoso alcanzó gran protagonismo asesinando funcionarios públicos, sindicalistas, dirigentes de izquierda, cortando la luz en las ciudades y degollando ganado. En las elecciones de 1990 un electorado desencantado y repudiando a los partidos, en particular al APRA, vota por el outsider, Alberto Fujimori, y su agrupación llamada Cambio 90. En Colombia continuó funcionando el sistema de partidos oligárquico en medio de un escenario de creciente uso de otras formas políticas, algunas de extrema violencia. Durante las elecciones que ganara el conservador Misael Pastrana Borrero (1970-1974), se sospechó de un fraude electoral perpetuado por el bipartidismo, que habría despojado de la presidencia al general Rojas Pinilla. El bipartidismo perdió legitimidad, fortaleciéndose por la frustración la actividad guerrillera: FARC (prosoviética), ELN (castrista), EPL (maoísta) y M-19 (nacionalista). Un pacto entre elites políticas y latifundistas se da en 1972 de modo que desde el gobierno de Pastrana hasta fines de las décadas en estudio, el régimen es una alianza entre élites políticas e intereses de las grandes corporaciones, reprimiéndose a trabajadores, campesinos, pequeños productores y clases medias. Al expirar el Frente Nacional para las elecciones de 1974, conservadores y liberales acordaron llevar candidatos separados, pero se comprometieron a mantener la paridad de los dos partidos en el gobierno. El liberal Alfonso López Michelsen, hijo de López Pumarejo, le ganó al conservador Álvaro Gómez Hurtado, hijo de Laureano Gómez. Con López Michelsen (1974-1978) aumentó la turbulencia sociopolítica. Las fuerzas sindicales se fortalecieron y

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tendieron a actuar unidas, la protesta callejera -sindical y urbana- alcanzó un pico en 1978. Otro desarrollo fue la aparición en Cali en 1977 del Movimiento Cívico (MC) como forma de protesta urbana organizada frente a las irregularidades de los servicios del sector público. Dirigido por profesionales, usó la prensa, la radio, comités barriales y concentraciones para expresarse políticamente. El paro cívico se generalizó como forma de protesta. Entre septiembre de 1977 y mayo del 78 hubo 50 paros cívicos. Fue el MC y no los partidos los que expresaron el talante del país a mediados de esta década. En el gobierno de López Michelsen comenzó a actuar el narcotráfico contra las instituciones, y se fortalecieron los militares con facultades especiales para combatir la subversión y garantizar la seguridad. Durante la Presidencia del liberal Julio César Turbay (1978-1982) se profundizó más el vínculo entre el gobierno y los grandes conglomerados, y siguió el fortalecimiento de los militares, independizándose la institución del control político. Los narcotraficantes también intensificaron su penetración en gobiernos y partidos locales y regionales. En los años 80 crearon el MAS (Muerte a los Secuestradores) sembrando el terror. El gobierno fue muy represivo, extendiendo su persecución a intelectuales y artistas. La guerrilla emprendió acciones audaces como la ocupación de la embajada dominicana por parte del M-19. Las centrales sindicales abogaron por el levantamiento del Estado de sitio y criticaron el rechazo al diálogo por parte del gobierno. Como resultado de tantos excesos fueron apareciendo grupos y activistas defensores de derechos humanos, especialmente de los presos. En el gobierno del conservador Belisario Betancur (1982-1986) Colombia se aproximó a una situación límite. En noviembre de 1985 tuvo lugar la Toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, en el cual murieron 95 personas, de los cuales 11 eran jueces, casi la mitad de los jueces que se encontraban en el edificio. El contraataque, que precipitó la masacre fue ordenado por el general Miguel Vega Uribe. El desenlace dejó al país aterrado e hizo naufragar el esperanzador proceso de paz con las guerrillas, impulsado por el Presidente. También se dio dos años antes el asesinato del Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla por parte de subordinados del jefe del cártel de Medellín, Pablo Escobar. Las instituciones democráticas parecieron al borde del colapso, sin embargo, maltrechamente sobrevivieron. Las FARC aceptaron el proceso de paz y crearon una alianza nueva socialistacomunista, llamada la Unión Patriótica (UP), que en los años siguientes, bajo los gobiernos de Virgilio Barco (1986-1990) y César Gaviria (1990-1994), fue exterminada por grupos paramilitares en complicidad con instituciones del Estado. Barco también se vio confrontado con el gobierno de Venezuela por la incursión de la fragata colombiana Caldas en aguas territoriales venezolanas, que estuvo cerca de producir un estallido bélico entre ambos países. Se calcula que en los años 80, cerca de 78.000 personas perdieron la vida asesinadas. Para la contienda electoral de 1989 el candidato presidencial del partido Liberal,

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Luis Carlos Galán fue asesinado por gente de Pablo Escobar. Carlos Pizarro, el candidato del M-19, fue mandado a matar en 1990 por Carlos Castaño, el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una alianza de grupos armados de extrema derecha vinculada al narcotráfico. También los candidatos de la UP Jaime Pardo Leal en 1987 y Bernardo Jaramillo, también en 1990 fueron asesinados. En 1990, César Gaviria, jefe de debate de la campaña de Galán ganó las elecciones presidenciales. En Ecuador, luego de la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara (1972-1979), se logró establecer bases formales para la democracia política, aunque la situación prevaleciente fue de significativa inestabilidad y permanentes protestas y turbulencias sociales. La Constitución de 1978, que orientó las elecciones ese año, otorgó el voto a los analfabetas, conquistándose el sufragio universal para mayores de 18 años. El presidente Jaime Roldós Aguilera (1979-1981), ganó con una alianza de los partidos Concentración de Fuerzas Populares y Democracia Popular. Buscó avanzar iniciativas sociales para los trabajadores e impulsó políticas de reconocimiento a los derechos humanos. También tuvo una posición internacional independiente de EEUU. Falleció al estrellarse su avión y fue designado el vicepresidente Oswaldo Hurtado Larrea para concluir el mandato (1981-1984). Entre 1984 y 1988 gobernó el conservador León Febres Cordero, quien asumió poderes dictatoriales. Fue el gobierno de Febres Cordero uno de elites y oligarquías, con mecanismos de control clientelar y de patronazgo. En las elecciones de 1988 Rodrigo Borja ganó en la segunda vuelta asumiendo el poder en medio de bastante expectativa. Borja representó una posición política de centro, que fortalecía orientaciones reformistas. En respuesta a ello, la derecha se reagrupó con un agresivo programa de modernización neoliberal influenciado por las dictaduras del Cono Sur. Borja (1988-1992) implementó la flexibilización del mercado laboral, que produjo una ola de protestas y huelgas y no logró remontar, ni la crisis económica, ni la política y de representación. El 4 de junio de 1990 ocurrió el levantamiento indígena ya señalado, que puso de relieve el rezago político que la sociedad seguía manteniendo con esa significativa porción de la población. En Chile en estas dos décadas se instaló una aguda polarización política, que en 1973 contribuyó a la interrupción de la experiencia democrática, facilitando la imposición y consolidación hasta 1990 de un régimen dictatorial, personalista y militar encabezado por el general Augusto Pinochet. En el golpe de 1973 hubo al menos 80.000 presos y más de 3.000 muertos o desaparecidos, se ejerció una represión brutal no vista antes en Chile. Fuertemente aferrado al poder, la dictadura entró en problemas a partir de la crisis de la deuda de 1982, cuando el fuerte endeudamiento de la economía chilena puso en entredicho la elogiada política monetarista implementada. El pobre desempeño económico fue aprovechado por una coalición de partidos políticos liderados por el Partido de la Democracia Cristiana, que se arriesgó a hacer trabajo político para despla-

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zar a los militares desde las reglas pautadas por los militares en la Constitución de 1980. En 1988 se puso en marcha el mecanismo previsto para la sucesión de Pinochet. Tras la celebración de un plebiscito, el país decidió la realización de elecciones libres para elegir al nuevo Presidente de la República y a la mayoría de los miembros del Congreso Nacional en 1989. Luego de que la “Concertación”, la alianza de partidos de centro-izquierda que incluyó al PDC y al PSCH, ganó las elecciones presidenciales y Patricio Aylwin asumiera como Presidente, la Constitución fue reconocida como válida por todos los sectores políticos y sociales, con la excepción del PCCH y otros grupos de izquierda extra-parlamentarios, que continuaron llamando a la convocatoria de una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. La Constitución ha sido enmendada muchas veces pero sigue poniendo limitaciones a la democracia chilena. Venezuela pasará en estas dos décadas de la exacerbación del estatismo de Estado con el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez del partido AD (19731979) a una situación de agudo desajuste fiscal y creciente crisis económica, social y política similar al resto de los países de la región. Pero sólo sería en 1989, con el estallido social urbano conocido como el Caracazo cuando el sistema político bipartidista comenzía a evidenciar un indetenible proceso de deslegitimación, derrumbándose en los años 90. A fines del primer gobierno de Pérez, la concentración de poder, las tendencias autoritarias y las crecientes denuncias de corrupción distanciaron al Presidente de algunos de sus apoyos políticos, de manera particular de las bases sindicales del partido AD. Esto facilitó el triunfo electoral del partido COPEI con su candidato Luis Herrera Campíns. Durante el gobierno de Herrera Campíns (1979-1984) se anunciaron ajustes a la economía de naturaleza neoliberal para enfrentar los desequilibrios fiscales, pero un nuevo boom de los precios petroleros, combinado con tendencias inerciales del Petroestado los impidió. En febrero de 1983, pocos meses después de oficializada la moratoria mexicana, el Estado venezolano abrumado por las deudas tuvo que anunciar también la devaluación del bolívar y una moratoria. La gestión de Herrera Campíns cayó en el mayor descrédito, permitiendo la vuelta de AD al poder con Jaime Lusinchi. Durante el gobierno de Lusinchi (1984-1989) la crisis siguió. La protesta de calle fue en aumento, tornándose cada vez más violenta. Como parte de la solución a la crisis, el Presidente impulsó un proceso de reforma del Estado, creando la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copre), que propuso a partir de 1986 la descentralización del poder, así como mecanismos de democracia directa para superar fallas y darle un nuevo aliento a la democracia. La Copre alcanzó consensos en materia de reformas políticas presentando propuestas políticas para aprobación inmediata. Pero, no pudo lograr lo mismo en materia de propuestas económicas que sustituyeran al agotado modelo ISI.

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Una vez elaboradas las reformas políticas, que incluyeron la elección por sufragio universal de gobernadores de Estado, la creación de la figura, también electa, del alcalde municipal, y la democratización interna de los partidos políticos, el Presidente y su partido AD rechazaron aprobarlas. En la coyuntura electoral de 1989, Carlos Andrés Pérez, buscando una segunda Presidencia, se distanció de su copartidario Lusinchi y se comprometió con ellas, a cambio de respaldos políticos dentro y fuera de su partido. Pérez también se comprometió durante la campaña electoral de 1988 a sacar de la crisis a Venezuela, regresarla a la prosperidad de los setenta, y no “arrodillarse ante el FMI”. Sin embargo, al ganar y tomar posesión de un segundo mandato Pérez (1989-1993) cambió su discurso. El16 de febrero de 1989 anunció la decisión de su gobierno de acudir al FMI y someter la economía a un programa de ajustes neoliberales tipo shock. Pocos días después, el lunes 27 de febrero, comenzaron a desarrollarse en Caracas los eventos que resultarían en el más intenso y violento estallido social que se conoció en la Venezuela del siglo XX. El Caracazo, una revuelta que se desarrolló en toda la geografía urbana del país, implicó en la capital saqueos generalizados a mercados de alimentos y almacenes comerciales, bloqueo de calles, avenidas y autopistas, quema de neumáticos, basura, fogatas, tiroteos desde edificios, entre otras manifestaciones de protesta. El gobierno de Pérez respondió tardía y torpemente a la masiva protesta, decretando un toque de queda, suspendiendo garantías constitucionales y ordenando el traslado de tropas desde las fronteras del país a las calles y barrios de la capital con el fin de controlar la situación. En Caracas, estas medidas significaron una represión que dejó un saldo de al menos cuatrocientos muertos, en su mayoría jóvenes civiles y desarmados. El Caracazo, y la forma en que fue manejado por el hasta entonces muy popular Pérez, tuvieron consecuencias políticas dramáticas para la alabada democracia venezolana. En los años siguientes comenzaría el deterioro irreversible del sistema de partidos y aún de la democracia liberal en este país. Consideraciones finales Durante este período 1930-1990 las sociedades andinas vieron crecer en extensión y profundidad sus articulaciones con el sistema capitalista mundial, con lo cual se crearon las condiciones para la emergencia de estructuras sociales y estatales con mayor fisonomía moderna. El rol del Estado adquirió significativa centralidad, destacándose en este período los esfuerzos de diversos actores sociales y políticos por llegar al poder para, desde allí, aplicar reformas conducentes a modelar un Estado nacional capaz de apoyar la integración social y el tránsito de los sectores sociales premodernos hacia su modernización. A lo largo de estos sesenta años, el Estado interventor fue paradigma para los sectores progresistas andinos. El esquema, respaldado desde los años 50 por la Comisión Económica para América Latina (Cepal), se practicó en todas

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estas naciones, pero en cada una, tuvo sus peculiaridades. En Colombia, por ejemplo, donde el proceso industrialista fue temprano y contó con fuerzas descentralizadoras y productivas poderosas, las fuerzas estatistas fueron débiles políticamente, y el Estado interventor apenas caló. Y cuando los cambios del capitalismo mundial propiciaron en los años 70 un viraje de ciento ochenta grados hacia el Estado mínimo, Colombia se deslizó rápidamente al nuevo paradigma del Estado neoliberal. En contraste, Chile, Perú y Bolivia, a través de fuerzas revolucionarias impulsaron el modelo cepalino hasta sus últimas consecuencias. Lo mismo hizo Venezuela con el bipartidismo de AD y COPEI. En todos estos países se produjeron en las últimas décadas situaciones traumáticas, que tienen como escenario de fondo los cambios en la dirección contraria al estatismo propugnados en los centros hegemónicos del capital. Los altibajos de las economías andinas durante este período contribuyen a modelar escenarios sociopolíticos de altísima inestabilidad y violencia. El pasado político de carácter oligárquico se resiste a cambiar los criterios de inclusiónexclusión dominantes en el pasado, añadiéndole leña a la hoguera de las dificultades económicas. En las sociedades andinas durante buena parte de este período la situación social fue explosiva: La Gloriosa en Ecuador, la Revolución boliviana de 1952 en Bolivia, el Bogotazo de Colombia, el Caracazo de Venezuela, son apenas algunos de los innumerables episodios de la constante insatisfacción y protesta de los sectores populares. La gente salió una y otra vez a la calle buscando ser incluidos y reconocidos como ciudadanos en los cambios sociales y ordenamientos políticos en plena construcción. Este período deja un saldo positivo de organización y movilización popular. Si bien el reconocimiento y consolidación de sistemas políticos de democracia formal no se logra –los regímenes oligárquicos, autoritarios y militares persistieron- la sindicalización obrera, la organización campesina, la creación de frentes políticos y partidos, la política de alianzas, los movimientos sociales, las ONG de derechos humanos, son fenómenos que aparecieron con fuerza en estas décadas creando el necesario tejido social para respaldar la gestación de la conciencia ciudadana capaz de apoyar regímenes de democracia formal y sustantiva. Democracias políticas aparecieron una y otra vez, con más frecuencia en unos países que en otros, pero el período cierra sin que las tendencias a su estabilidad sean claras. A partir de la última década del siglo XX, las sociedades andinas vivirán de nuevo sacudidas y transformaciones sorprendentes en esta marcha hacia la búsqueda de una mayor igualdad, inclusión política, democracia y bienestar social para sus poblaciones.

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Rev. Venez. de Econ. y Ciencias Sociales, 2013, vol.19, nº 1 (enero-abril), pp. 49-71

LAS CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA NUEVA IZQUIERDA LATINOAMERICANA EN EL PODER: LOS GOBIERNOS DE CHÁVEZ, MORALES Y CORREA Steve Ellner La mayoría de los analistas políticos coloca los gobiernos de Hugo Chávez (Venezuela), Evo Morales (Bolivia), y Rafael Correa (Ecuador) en la misma categoría pero, sin identificar sus características comunes. Desde la publicación de Leftovers de Castañeda y Morales (2008), los críticos de la izquierda han tratado de superar esta deficiencia mediante la denominación de “izquierdistas populistas” a los tres presidentes en contraposición a los “izquierdistas buenos”, tal como Luiz Inácio (Lula) da Silva de Brasil. Según Castañeda y Morales, las características más destacadas de la izquierda populista son un discurso radical carente de contenido ideológico, falta de respeto a las instituciones democráticas, marcadas tendencias autoritarias, y las agresiones verbales contra los Estados Unidos que están diseñadas para obtener dividendos políticos a expensas de los intereses económicos de sus países respectivos. En el otro extremo del espectro político, la veterana analista y activista política Marta Harnecker ha proclamado el surgimiento de una “nueva izquierda” en América Latina, representada por estos tres presidentes. Harnecker asocia la nueva izquierda con el “socialismo del siglo veintiuno”, adoptado por los tres gobiernos, al mismo tiempo que reconoce que ambos conceptos son vagos y se definirán con el tiempo, principalmente a través de la práctica (Harnecker, 2010, 30-35). Otra expresión de la orientación común de los tres países fue el llamado del Presidente Chávez, a finales de 2009, a la formación de una “Quinta Internacional” que constituiría un nuevo movimiento internacional a favor de un cambio radical. La propuesta buscaba analizar y aplicar las nuevas experiencias de Venezuela, Bolivia, y Ecuador, así como otros acontecimientos, en un esfuerzo por romper con las tradiciones que se derivaron de las cuatro internacionales socialistas anteriores. Estos acontecimientos ponen de manifiesto la necesidad de ir más allá de la retórica de muchos de los detractores y defensores de la izquierda y de exa-

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minar la amplia gama de similitudes con el fin de determinar cuán nueva es la nueva izquierda. Una característica común de los tres gobiernos es la elección de una asamblea constituyente al inicio de la presidencia. También los tres gobiernos llegaron al poder con una mayoría absoluta y contaron con la mayoría en el Congreso, ventajas que compaginaban con una estrategia democrática a favor del cambio de gran alcance. Otras características comunes incluyen un énfasis en la participación y la incorporación social por encima de las consideraciones de la productividad económica; las modificaciones de la noción marxista de clase; la diversificación de las relaciones económicas, la preferencia por la democracia radical sobre la democracia liberal; y la exaltación de los símbolos nacionales. El enfoque de este artículo sobre un modelo común ayuda a distinguir las tres experiencias de otras ideologías y gobiernos de izquierda en América Latina. Castañeda, por ejemplo, etiqueta los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández como “izquierda populista” y alega que su discurso y políticas son tan irresponsables como los de Chávez y Morales (2006, 38-40). Mediante el examen de las características sobresalientes de los gobiernos de Venezuela, Bolivia, y Ecuador, el artículo examinará la exactitud de esta amplia clasificación. El análisis de las características y estrategias novedosas también ayuda a explicar las reservas y las críticas de las organizaciones tradicionales de izquierda como los Partidos Comunistas y los grupos trotskistas en las tres naciones. Por último, a pesar de las estrechas relaciones entre los tres gobiernos y Cuba y las predicciones de que ellos eventualmente replicarán el modelo cubano, el artículo arroja luz sobre las diferencias fundamentales entre los caminos al socialismo seguidos en dos escenarios internacionales distintos, durante los años de la guerra fría, por un lado, y los posteriores a ella, por el otro lado. El modelo de democracia radical El modelo político adoptado por los tres gobiernos representa una ruptura con el socialismo del pasado. Una característica distintiva es la frecuencia de las contiendas electorales, que incluyen primarias partidistas, elecciones revocatorias y referéndums nacionales, que se han destacado por altos niveles de participación electoral y la polarización política. La izquierda en el poder generalmente ha triunfado, algunas veces por márgenes sin precedentes en la historia de la nación. En abril de 1999, por ejemplo, el 88 por ciento de los electores venezolanos ratificó el referéndum a favor de una asamblea constituyente patrocinada por el gobierno. Los venezolanos reeligieron a Chávez por segunda vez en diciembre de 2006 con una votación del 63 por ciento del electorado, la más alta de cualquier candidato presidencial durante el período democrático moderno de la nación. Similarmente, la candidatura de Morales para la reelección en diciembre de 2009 recibió el 64 por ciento de los votos, al mismo tiempo que sus partidarios obtuvieron una mayoría sin precedentes de dos tercios en ambas cámaras del Congreso. Chávez y Morales también salieron victoriosos en las

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elecciones revocatorias con el 58 y 67 por ciento de los votos respectivamente. Finalmente, en los tres países la gran mayoría de los votantes aprobó nuevas constituciones a pesar de la oposición de los principales adversarios del gobierno. Estas mayorías considerables han otorgado a los tres gobiernos mayores opciones para llevar a cabo la reforma radical que las que estaban a disposición de presidentes izquierdistas como Salvador Allende, quien llegó al poder en 1970 con solamente el 36 por ciento de los votos, y el sandinista Daniel Ortega, quien volvió a la presidencia en 2006 con 38 por ciento. Sin embargo, dadas las agudas tensiones políticas y la polarización extrema en los tres países, la estrategia de celebrar elecciones frecuentes como un medio para afirmar la legitimidad ha sido riesgosa, ya que cualquier derrota serviría de plataforma a una oposición intransigente. Otra característica de la vida política en las tres naciones es evitar la represión intensa, aunque la oposición ha acusado a los gobiernos de sentar las bases para un gobierno dictatorial. La competencia interpartidista en el contexto del agudo conflicto político que caracteriza la política en los tres países contrasta con el nivel de tolerancia tradicionalmente bajo de las frágiles democracias del tercer mundo hacia “oposiciones desleales” (un término definido como el no reconocimiento de la legitimidad de los gobernantes). Al negarse a apoyar prácticamente cualquier iniciativa del gobierno y acusarlo de autoritarismo, la oposición en Venezuela, Bolivia y Ecuador buscó deslegitimar a quienes están en el poder. Por otra parte, en ciertos momentos claves, importantes sectores de la oposición han estado implicados en acciones violentas que los partidos antigubernamentales se han abstenido de repudiar. En el caso de Venezuela, líderes de la oposición en 2004, apoyaban abiertamente acciones de foquismo urbano (conocidas como “guarimbas”) que buscaban crear condiciones de ingobernabilidad. En Bolivia, los grupos paramilitares vinculados a varios gobernadores atacaron las movilizaciones pro-gobierno en 2008, hicieron estallar gasoductos a Brasil, y destruyeron oficinas gubernamentales en la región de las tierras bajas oriental. Otra característica política distintiva de los tres gobiernos es la defensa de la “democracia radical” en la tradición de Jean-Jacques Rousseau a favor de la participación directa y la incorporación social. En contraste, la democracia liberal, con su énfasis en los derechos y prerrogativas de las minorías, hace hincapié especial en el sistema de controles y contrapesos y la difusión de la autoridad. El apoyo a estos dos paradigmas distintos ha contribuido a la polarización intensa y explica porqué la oposición en los tres países ha cuestionado las credenciales democráticas del gobierno (Curato, 2010, 36-38). Las diferencias entre la democracia radical y la democracia liberal se han manifestado de manera concreta. En primer lugar, la democracia radical defien-

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de el principio de la regla de la mayoría, en el cual la toma de decisiones en todos los asuntos requiere un 50 por ciento de los votos más uno. Por el contrario, la preocupación por los derechos de las minorías de los defensores de la democracia liberal les lleva a insistir en el consenso entre los partidos de gobierno y la oposición sobre las decisiones importantes. De hecho, la oposición en los tres países ha alabado la democracia “de pactos” que en Venezuela y Bolivia se impuso durante los gobiernos anteriores (Smith, 2009, 108-109). Además, los defensores de la democracia liberal a menudo exigen más que una simple mayoría para la aprobación de la legislación. El choque entre los dos conceptos se produjo en la asamblea constituyente en Bolivia en 2006, cuando la oposición insistió en que se requiriera el voto de los dos tercios de los delegados para la aprobación de cada artículo de la Constitución, así como del documento final. Después de siete meses de resistencia al propuesto derecho de veto para las minorías, el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales aceptó el término de los dos tercios. Sin embargo, la posición del MAS sobre el asunto lo condujo a tomar ventaja de un boicot temporal de la asamblea por los dos principales partidos de la oposición para ratificar la constitución en diciembre de 2007 con el apoyo de una mayoría simple de los delegados, quienes representaban los dos tercios de los que asistieron ese día. El ex presidente Jorge Quiroga, quien lideraba el principal partido opositor, llamó a la jugada “una desgracia nacional”, al mismo tiempo que la violencia estallaba en toda la nación. En Ecuador, Correa insistía en que una mayoría simple de los delegados para la asamblea constituyente era suficiente para aprobar los artículos en vez de una mayoría de dos tercios, un requisito que según él habría impedido los cambios necesarios (Conaghan, 2008, 56-57). De manera similar, la oposición venezolana criticó a la Asamblea Nacional, dominada por Chávez, por estipular que el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema requiere la aprobación de una mayoría simple de los diputados de la cámara en vez de los dos tercios (Hawkins, 2010, 22). El sistema de referéndums y elecciones revocatorias incorporado en la constitución de los tres países concuerda con el concepto de la regla de la mayoría, el cual es un componente básico de la democracia radical. En Bolivia y Venezuela el revocatorio ha resultado ser un mecanismo efectivo para manejar las crisis al mover el lugar de la confrontación política de las calles a la arena electoral. En Venezuela, la elección revocatoria presidencial en agosto de 2004 sirvió para disminuir las tensiones que habían existido desde el golpe de 2002 y condujo a varios años de estabilidad relativa. En Bolivia, Morales apeló al voto de la mayoría frente a la insurgencia, al realizar elecciones revocatorias en agosto de 2008 para el ejecutivo nacional y gobernaciones, algunas de las cuales habían estado promoviendo la violencia. La oposición en los tres países, así como muchos analistas políticos, ha llamado a los referéndums ejemplos de “democracia plebiscitaría”. Según este

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modelo, el ejecutivo nacional formula proposiciones de acuerdo con su propia agenda y sin participación de la oposición y del público, y las presenta como una escogencia entre “todo o nada”. Los adversarios del gobierno en Venezuela, por ejemplo, atacaron fuertemente el referéndum sobre la reforma constitucional propuesta por Chávez por representar un procedimiento defectuoso. Argumentaron que la mayoría de los 69 artículos deberían haber sido incorporados en la ley por la Asamblea Nacional de manera individual en vez de ser votados como parte de un paquete en un referéndum nacional. En Ecuador, tanto la oposición como algunos analistas políticos acusaron a Correa de promover la “democracia plebiscitaria” porque él presentó el referéndum para la nueva constitución de la nación en abril de 2007 como un voto de confianza a su gobierno y amenazó con “irse a casa” si perdía (Conaghan, 2008, 46-47). En segundo lugar, la movilización y participación popular a gran escala y de manera constante (vistas con sospecha por los defensores de la democracia liberal) son características básicas de la democracia radical y han resultado esenciales para la supervivencia de los tres presidentes. Las protestas de los movimientos sociales prepararon el camino para la ascensión al poder de Morales y Correa (también como Néstor Kirchner en Argentina). El apoyo dado a Correa por la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y el de otros movimientos sociales consolidaron su triunfo en la segunda vuelta de la elección presidencial de 2006. En Venezuela, el apoyo masivo de los sectores no privilegiados el 13 de abril de 2002 hizo posible el retorno de Chávez al poder después de su expulsión dos días antes. Tanto en Venezuela como en Bolivia movilizaciones de los que apoyan al gobierno fueron diseñadas para garantizar el orden frente a la insurgencia. Así, por ejemplo, la intención de la concentración de los Chavistas en el centro de Caracas en los días del golpe de abril de 2002 tuvo como propósito servir como un muro de contención para proteger el palacio presidencial de pequeños grupos violentos; y durante los dos meses del paro general de 2002-2003, brigadas formadas por miembros de las comunidades circundantes protegieron las instalaciones petroleras. En Bolivia, los campesinos y mineros convergieron en la ciudad de Sucre para garantizar la seguridad personal de los delegados de la asamblea constituyente, quienes enfrentaban amenazas de grupos paramilitares antes de la votación final para la nueva constitución. Finalmente, el 30 de septiembre de 2010, miles de ecuatorianos tomaron las calles e impidieron el posible despliegue de las fuerzas militares en apoyo de los rebeldes golpistas que habían virtualmente secuestrado al Presidente Correa. En tercer lugar, Chávez, Morales y Correa son líderes carismáticos cuyos gobiernos han fortalecido la rama ejecutiva a expensas de las instituciones corporativas y los controles y balances que sostenían la democracia liberal en el pasado. Además, los tres gobiernos favorecen la incorporación y la participación

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directa de los sectores no privilegiados por encima de los mecanismos corporativos y las prerrogativas de los partidos políticos y de este modo han roto con las antiguas prácticas aceptadas por algunos partidos de izquierda, las cuales facilitaban la participación de las élites en la toma de decisiones (Domínguez, 2008, 50) Junto a esto, los líderes gobernantes en los tres países rechazan la estructura vertical partidista asociada con Lenin, y más bien están a favor de, en las palabras del vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, “un modelo más flexible y fluido” (2010, 32). En la práctica, este esquema significa un mayor papel del Estado en las esferas previamente reservadas para los partidos políticos. Los partidos gobernantes carecen de influencia, fortaleza e independencia para servir de controladores de la autoridad ejecutiva. Así, por ejemplo, el partido de gobierno en Venezuela, el Partido Socialista Unido de Venezuela, es controlado en gran parte, a nivel regional, por ministros del gabinete y a nivel local por gobernadores y alcaldes chavistas. La organización política que apoya a Correa, la Alianza País, fundada por cerca de una docena de grupos, poco antes de su elección en 2006, es demasiado heterogénea para ejercer un poder significativo. Algunos partidarios del gobierno justifican el papel preponderante del ejecutivo nacional al afirmar que el presidente mantiene un intercambio “dialéctico” con la población en general en el cual formula posiciones y luego las modifica después de recibir feedback del pueblo (Raby, 2006, 100, 190-191; ver también Laclau, 1978, 228-238). La oposición ha respondido a la centralización del poder mediante el planteamiento de la descentralización y (en el caso de los departamentos de las tierras bajas en el oriente de Bolivia y en el estado de Guayas en Ecuador) la autonomía territorial. El modelo político que ha surgido en Venezuela, Bolivia y Ecuador es único en su género, de forma fundamental, que lo diferencia de tanto las naciones comunistas como de las social demócratas. Por una parte, el sistema de la democracia electoral y la competencia partidista que predomina en las tres naciones es la antítesis de los sistemas políticos cerrados del “socialismo realmente existente”. Además, en contraste con la situación en la Unión Soviética y China, ninguno de los tres países fue dirigido por un partido de vanguardia disciplinado en la tradición leninista (o un partido político poderoso de cualquier tipo) que jugara un papel central tanto antes como después de llegar al poder. Al mismo tiempo, el discurso de confrontación de los izquierdistas en el poder, la intensidad del conflicto político, la aguda polarización social y política y la constante radicalización no tienen equivalentes entre las naciones en Europa y África gobernadas por partidos comprometidos con el socialismo democrático. Finalmente, la participación popular en los programas sociales y la movilización política a favor del liderazgo gobernante de manera masiva y por un prolongado periodo de tiempo, raras veces han sido igualadas en otras naciones latinoamericanas (Ellner, 2011b, 422-423).

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El modelo híbrido emergente, que combina las dimensiones de la democracia radical y la democracia representativa heredada del pasado, es también en muchos aspectos sui generis. Las características asociadas con la democracia radical incluyen referéndums, elecciones primarias del partido, las elecciones frecuentes, numerosos proyectos de obras públicas llevadas a cabo por los consejos comunales, un ejecutivo nacional fuerte y un discurso oficial que exalta la participación directa y ataca la democracia representativa del pasado. Sin embargo, el viejo sistema y las estructuras no han sido desmantelados. Aún cuando en Venezuela se ha planteado el espectro del desplazamiento del gobierno municipal por los consejos comunales y las comunas, las instituciones representativas en todos los niveles se han quedado en gran parte intactas en las tres naciones. El proceso de radicalización En sus primeras ofertas electorales para la presidencia, Chávez, Morales y Correa prestaron poca atención a la transformación socioeconómica de largo alcance y se enfocaron en objetivos más moderados. Su oferta principal de la campaña fue la convocatoria de una asamblea constituyente con el fin de “refundar” la democracia de la nación sobre la base de la participación popular. Durante su campaña en 1998, por ejemplo, Chávez calmó los temores sobre una posible moratoria de la deuda externa al proponer una solución negociada de la misma. En el periodo anterior a su elección en 2005, Morales bajó el tono de las exigencias radicales del cultivo de la coca y la nacionalización de los hidrocarburos, que habían sido formuladas por los movimientos sociales en la década de l990 de los cuales surgió el MAS, cuando llegó más allá de su base regional en el norte de Cochabamba (Crabtree, 2008, 95-97). Antes de abrazar “el socialismo comunitario”, el Presidente Morales y el Vicepresidente García Linera defendían “el capitalismo andino”, el cual iba a prevalecer por un siglo. Correa, por su parte, en 2006 criticó las violaciones de los derechos humanos en Colombia pero se comprometió a capturar los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y entregarlos a las autoridades colombianas, negó que fuera parte del movimiento bolivariano de Chávez aún cuando era amigo del presidente venezolano, y criticó la dolarización de la economía ecuatoriana a pesar de que afirmó que el cambio de sistema era inviable. Las tres presidencias se han caracterizado por la radicalización constante sin el estorbo de las concesiones relacionadas con la política del consenso y la democracia liberal de los años anteriores (Katz, 2008, 103-106). Las tres se han valido del amplio apoyo popular para sus primeras propuestas constitucionales en la consolidación del poder y la renovación política y económica. En general, se han aprovechado del impulso generado por cada victoria política para introducir reformas destinadas a profundizar el proceso de cambio. También han interpretado sus triunfos electorales como los mandatos populares a favor

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del socialismo. En Venezuela, los decretos de Chávez de la reforma agraria y el control estatal de las empresas mixtas en la industria petrolera en 2001, la redefinición de la propiedad privada en 2005 y la expropiación de empresas en sectores estratégicos en 2007 y 2008 prepararon el terreno para medidas cada vez más radicales (Ellner, 2011a, 139-177). En una jugada de confrontación sorprendente, pocos meses después de asumir el cargo, Morales ordenó a las tropas tomar control de 56 instalaciones de gas natural y las dos principales refinerías de petróleo de la nación con el fin de presionar a las empresas extranjeras a aceptar la nueva legislación nacionalista. En los meses después de su elección, Correa radicalizó su posición respecto a la propuesta de la Asamblea Constituyente, insistiendo en que ella tuviera el derecho de disolver el Congreso, y de esta manera se colocaba en una situación de choque con la mayoría en el Congreso, dominado por los políticos tradicionales. La dinámica de la moderación inicial seguida por un proceso de profundización gradual difería de la Unión Soviética y China, donde los Partidos Comunistas llegaron al poder con explícitos objetivos estructurales de largo alcance que se derivaban de la ideología marxista, y Cuba, donde la radicalización se produjo a un ritmo mucho más acelerado durante los primeros tres años de la revolución. La izquierda gobernante ha levantado la bandera de la lucha contra el neoliberalismo y de esta manera estaba en una posición de ventaja con relación a la oposición hacia su derecha, la cual ha carecido de un programa bien definido para disipar los temores de que su regreso al poder significaría un retorno al pasado. Un tema fundamental de diferenciación entre el gobierno y sus adversarios a su derecha es la privatización. Mientras que los izquierdistas en el poder afirmaron sus credenciales anti-neoliberales al detener en gran medida y revertir los esquemas de privatización, los principales partidos de oposición tuvieron posiciones ambiguas o ninguna posición sobre el asunto. La polarización política, condujo a una convergencia de todos los partidos del centro y la derecha opuestos al gobierno en criticar virtualmente todas sus acciones, y así descartó la opción de asumir una posición del apoyo crítico a las medidas nacionalistas desde una perspectiva centro-izquierdista. Con esto perjudicó a la oposición por cuanto ésta perdió lo oportunidad de ocupar un espacio en el lado izquierdo del espectro político. En Venezuela, por ejemplo, los antiguos partidos de izquierda como el Movimiento al Socialismo, la Causa R, y Podemos abandonaron toda apariencia de una línea independiente del bloque anti-chavista cuando se integraron en la coalición de partidos de la oposición. Asimismo, en Ecuador el partido Izquierda Democrática (ID), de tendencia socialdemócrata, que había apoyado a Correa en la segunda vuelta de las elecciones de 2006, asumió una posición de oposición intransigente para su segundo mandato. Al mismo tiempo, la estrategia gradual hacia el socialismo, perseguida por los tres gobiernos, ha atraído fuertes críticas de los actores políticos de la izquierda más radical, quienes consideran “burgués” al Estado y abogaron por una

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ruptura total con el sistema del pasado. El choque entre los tres gobiernos de izquierda y sus críticos de izquierda también define la especificidad de la nueva izquierda emergente en el poder. Los defensores de los tres gobiernos prevén una transformación relativamente gradual del Estado de acuerdo con “la guerra de posición” de Gramsci basada en la ocupación gradual por parte de la izquierda de los espacios en la esfera pública. De acuerdo con esta estrategia, los sectores izquierdistas se aprovechan de la presencia de sus militantes en la administración pública y de las propias contradicciones internas del Estado (Bilbao, 2008, 136-137; Geddes, 2010). En contraste, los marxistas ortodoxos, como los trotskistas, invocan el dictamen de Lenin sobre la necesidad de destruir el viejo Estado, al mismo tiempo que abogan por la expropiación general de la banca, los latifundios y monopolios industriales (Woods, 2008, 251-252). Además, los comunistas y otros izquierdistas tradicionales critican la expresión “socialismo del siglo veintiuno” por minimizar implícitamente la importancia de las luchas emprendidas por la izquierda durante el siglo veinte. Algunos críticos situados a la izquierda de los tres gobiernos provienen de una tradición anarquista y libertaria. Ellos afirman que el “poder constituyente”, que consiste en los movimientos sociales autónomos y las bases en general, inevitablemente se enfrenta al “poder constituido”, formado por la burocracia estatal en su totalidad y la clase política, y pide una “revolución dentro de la revolución” con el fin de acabar con los privilegios burocráticos. Esta posición encuentra su expresión en los movimientos indígenas en Bolivia y Ecuador, que defienden la autonomía de sus comunidades y se han resistido a los esfuerzos de Morales y de Correa de promover la actividad minera a gran escala que amenaza con devastar las zonas donde residen sus miembros. Algunos de los movimientos han adoptado una “política de identidad “que está en contradicción con la estrategia electoral seguida por los izquierdistas en el poder (Crabtree, 2008, 93-94). Entre los líderes indígenas que critican al gobierno en una amplia gama de temas, que incluyen el de la identidad cultural, estaba el candidato presidencial de Bolivia Felipe Quispe, quien se opuso fervientemente a las limitaciones propuestas por Morales sobre la producción de coca y apoyó la nacionalización completa de la industria de los hidrocarburos. Cuando se colocan al lado de las corrientes marxistas ortodoxas, neoanarquistas y las corrientes de izquierda de los nuevos movimientos sociales, el carácter particular y heterodoxo de los tres presidentes y sus más cercanos colaboradores se hace evidente. Reconocen que los “burócratas” que frenan el cambio están bien representados en el ámbito del estado, pero no llegan a iniciar una purga sin cuartel y un cambio completo al estilo de la Revolución Cultural China, como plantean los actores políticos de la izquierda más radical. Además, promueven la creación de un movimiento de base amplia y diversificada, pero

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también dan gran importancia a la unidad entre los seguidores y defienden la toma de decisión tanto vertical como horizontal. Relaciones extranjeras La estrategia seguida por los tres gobiernos a favor de un “mundo multipolar” se asemeja en algunos aspectos y contrasta en otros con las políticas de los gobiernos comprometidos con el socialismo en el siglo veinte. El “mundo multipolar” fue originalmente invocado por Chávez en el inicio de su presidencia como un eufemismo para la lucha contra el imperialismo y la oposición a la hegemonía de EE.UU. El concepto se refiere al fortalecimiento de los diferentes bloques de naciones para defender los intereses compartidos, como la Organización de Países Exportadores de Petróleo en el caso de Venezuela y Ecuador y Unasur (que agrupa a todas las naciones de América del Sur en torno a objetivos comunes), de la que Correa asumió la presidencia poco después de su fundación en 2009. La estrategia de la unidad, a pesar de la diversidad, recuerda al Movimiento de los No-Alineados encabezado por Josip Broz Tito, Jawaharlal Nehru, Gamal Abdel Nasser, y Kwame Nkrumah , a comienzos de la década de 1960, que buscaba ir más allá de las diferencias étnicas, religiosas y políticas con el fin de unir las naciones del Sur en torno a objetivos y demandas comunes. En esencia, Venezuela, Bolivia y Ecuador han seguido un enfoque dual de unirse en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), al mismo tiempo que han desempeñado un papel activo y destacado en la promoción más amplia de la unidad continental. En este sentido, su estrategia es comparable a la política exterior de la Guerra Fría de la Unión Soviética, que distinguía entre sus aliados más cercanos, comprometidos con el Marxismo y el comunismo, y los gobiernos del Tercer Mundo de “liberación nacional”, a los cuales consideraba nacionalistas y anti-imperialistas. Del mismo modo, los presidentes de Venezuela, Bolivia y Ecuador se declaran anticapitalistas y se han enfrentado a menudo con Washington pero también actúan al unísono con gobiernos moderados como los de Brasil, Argentina y Uruguay. Sin embargo, la situación en los primeros años del siglo veintiuno contrasta con el entorno altamente polarizado de la Guerra Fría y es conducente a un mayor grado de autonomía de los países de América Latina con relación a los Estados Unidos (Hershberg, 2010, 241). Así, en contraste con Cuba en la década de 1960, las naciones “radicales” de América Latina han sido capaces de cimentar lazos estrechos con los “moderados”. Mientras que Chávez corteja a los jefes de Estado de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, Cuba promovió la guerra de guerrillas en todo el continente y de este modo perdió la posibilidad de atraer o neutralizar a los presidentes moderados tal como Arturo Frondizi de Argentina (Ellner, 2011a, 84-85).

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América Latina nunca estuvo tan unida en el siglo pasado como ha estado en los años recientes. Los gobiernos moderados han actuado con firmeza para evitar la desestabilización y el aislamiento de los países dirigidos por los radicales. Los gobiernos de Brasil y Argentina, por ejemplo, ayudaron a mediar para poner fin al agudo conflicto generado por la “nacionalización” de Morales de la industria de los hidrocarburos en 2006, a pesar de que sus propios intereses económicos estaban en juego. Posteriormente, los 12 miembros de Unasur firmaron la Declaración de la Moneda, la cual bloqueaba los posibles planes para derrocar el gobierno de Morales en Bolivia en 2008, y dos años más tarde desempeñó un papel similar ante un intento de golpe en Ecuador. Además, las posiciones de los radicales han sido complementarias en vez de contrarias a las de los moderados (Archondo, entrevista, 2012). Así, por ejemplo, al año y medio después del golpe de Honduras en junio de 2009, los moderados y los radicales de Unasur bloquearon la readmisión del nuevo gobierno en la Organización de Estados Americanos. Mientras que los moderados condicionaron la entrada, los radicales cuestionaron la legitimidad del nuevo gobierno (Valero, entrevista, 2011). Por último, la unidad latinoamericana ha llevado a los presidentes moderados y radicales junto con los centristas a la búsqueda de objetivos comunes tales como la creación de Unasur y posteriormente la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). El discurso y el contenido de la política exterior de los tres presidentes están moldeados por las exigencias de la globalización (Arditi, 2010, 145-147). También están exentos de la meta de absoluta autonomía y autarquía que caracterizó al Maoísmo hace medio siglo. Programas como el ALBA y Petrocaribe (que ofrece petróleo venezolano a países caribeños y centroamericanos bajo condiciones de créditos especiales) fueron diseñados para lograr esos objetivos. Por otra parte, la globalización ha generado limitaciones e impedimentos que influyen en la política internacional, a pesar de la encendida retórica nacionalista de los tres presidentes. Chávez, por ejemplo, se ha abstenido de incumplir los pagos por préstamos extranjeros o retirarse del Fondo Monetario Internacional, mientras que Morales, según las palabras de los editores de un estudio reciente sobre la izquierda latinoamericana, “ha tratado de mantener el acceso a los mercados estadounidenses” (Madrid, Hunter y Weyland, 2010, 156-157). La esencia de estas estrategias, políticas y discursos contrasta con la tesis del “socialismo en un país” defendida por el liderazgo soviético bajo Stalin. Discurso y visión política Desde 2005, los líderes de Venezuela, Bolivia y Ecuador han apoyado una alternativa al capitalismo plasmada en el concepto general de socialismo del siglo XXI. Tras la ratificación de la nueva Constitución de Bolivia en enero de 2009, Morales proclamó el nacimiento de un “socialismo comunitario” sustenta-

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do en la autonomía relativa regional promovida por el nuevo documento. Morales, Chávez y Correa han propuesto adaptar el socialismo a la realidad concreta de América Latina en un momento en que ese modelo fue ampliamente considerado un anacronismo. En agudo contraste con la trayectoria socialista de Cuba después de 1959, el proceso político en Bolivia, Ecuador y Venezuela se está desarrollando en el contexto de una sociedad democrática burguesa en la que las relaciones de producción capitalistas siguen siendo el modo dominante de la actividad económica. El vicepresidente de Bolivia García Linera, por ejemplo, ha indicado que el socialismo no excluye la existencia de una economía de mercado y favorece el diálogo con aquellos que no comparten las metas estructurales a largo plazo del MAS (Postero, 2010, 27-28), mientras que Chávez ha llamado a una “alianza estratégica” con el sector empresarial. En efecto, la economía mixta de Venezuela se compone de las empresas estatales que compiten con las privadas como un medio para evitar la inflación y la escasez de los productos básicos. Por último, las economías de los tres países se basan, en gran parte, en la exportación de materias primas extractivas a los mercados de Estados Unidos. De manera parecida, la transformación cultural y social no ha podido seguir el ritmo del cambio político radical. Venezuela, por ejemplo, sigue siendo una sociedad con una fuerte orientación consumista en la cual los valores de la sociedad capitalista como el consumo conspicuo, el individualismo y la primacía de la propiedad privada aún son altamente valorados (Lebowitz, 2006, 113; Álvarez, 2010, 243). Por otra parte, la oposición conservadora en los tres países cuenta con una amplia gama de aliados que incluyen los medios de comunicación privados, la iglesia católica y los Estados Unidos. En pocas palabras, en contraste con los de la Unión Soviética después de 1917, China después de 1949, y Cuba después de 1959, los esfuerzos para promover el socialismo del siglo XXI se producen en el ámbito muy controvertido de la sociedad capitalista, en el que la mayoría de los valores e instituciones tradicionales, aunque debilitados, no obstante, están presentes. El socialismo del siglo XXI, como señala Martha Harnecker (2010, 25-26; 2008, 68-69), nace de una reevaluación de las estrategias izquierdistas del pasado basadas en suposiciones arraigadas y un reconocimiento de los errores de anteriores esfuerzos en la construcción del socialismo en la Unión Soviética, Europa Oriental y otros países. La nueva perspectiva rechaza el supuesto papel de un partido de vanguardia y la aplicación dogmática de teorías con poca o ninguna aplicación a la realidad social latinoamericana. También cuestiona el papel preeminente atribuido a la clase obrera por parte del marxismo ortodoxo y la falta de atención especial hacia amplios sectores excluidos de la población que incluyen los pobres urbanos, el sector informal, la población rural en general, las comunidades religiosas, los indígenas, los afro-descendientes y las mujeres.

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El rechazo del vanguardismo de la clase obrera (o el “obrerismo”) ha creado el espacio político para trabajar en estrecha colaboración con otros grupos y fuerzas políticas que abogan por el cambio. En el caso de Bolivia, un aspecto central de este enfoque, como afirma García Linera, es el “proyecto de autorepresentación de los movimientos sociales de la sociedad plebeya” (Rockfeller, 2007, 166). La estrategia es particularmente relevante en Bolivia y Ecuador, donde los partidos políticos de la izquierda y la derecha históricamente han manipulado las organizaciones indígenas con el fin de promover sus propias metas políticas. En una entrevista con el escritor alemán Heinz Dieterich, Morales comentó sobre las históricas relaciones de poder asimétricas entre las organizaciones de trabajadores agrupadas en la Central Obrera Boliviana (COB) y la población indígena al señalar que los líderes de la COB “siempre dijeron en sus congresos que los indígenas llevarían a los trabajadores al poder sobre nuestros hombros. Nosotros fuimos los artífices de la revolución y ellos eran los amos de la revolución. Ahora las cosas han cambiado y los intelectuales y los trabajadores se unen a nosotros” (Dieterich, 2006). En contraste con el énfasis del capitalismo en el individuo, el socialismo del siglo XXI tiene un fuerte componente moral y ético que promueve el bienestar social, la fraternidad y la solidaridad social. El modelo se inspira en la teología católica e incluso en la teología protestante de liberación. De hecho, la mayoría de sus líderes todavía profesa una fe religiosa. En una entrevista conducida por la académica británica Helen Yaffe, Correa señaló la compatibilidad entre la teología de la liberación y el socialismo y añadió: “El socialismo del siglo veintiuno… puede ser compartido tanto por ateos como católicos practicantes… porque yo soy un católico practicante. No está en contradicción con mi fe, que, por el contrario, refuerza la búsqueda de la justicia social” (Correa, 2009-2010). El socialismo del siglo XXI se inspira en la historia, las prácticas políticas, y las experiencias socioculturales de América Latina. Como hizo el populismo radical del pasado, el socialismo del siglo veintiuno celebra la voluntad popular personificada por los símbolos históricos en mayor medida que los partidos tradicionales de izquierda y los social demócratas, que han tendido a ser más selectivos y a menudo usaron consignas importadas (en lo que fue hasta cierto punto una oportunidad perdida para ellos). Chávez y los Chavistas, por ejemplo, están dispuestos a pasar por alto las contradicciones de los caudillos del siglo XIX y principios del siglo XX, tales como Cipriano Castro, con el fin de glorificar y hacer hincapié en su comportamiento nacionalista, tanto como los Peronistas reinterpretaron a Juan Manuel Rosas y Juan Facundo Quiroga (Raby, 2006, 112-121, 231; Ellner, 1997). Los líderes de las tres naciones han creado una nueva narrativa de la nacionalidad que desafía suposiciones arraigadas y las representaciones anteriores de la cultura, historia, raza, género, ciudadanía e identidad. De este modo, los

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nuevos movimientos políticos ofrecen una lectura alternativa del pasado que desafía el pensamiento convencional que durante mucho tiempo legitimaba el viejo orden. Este proceso dinámico enlaza los movimientos sociales contemporáneos y las fuerzas políticas a una tradición de lucha política y social. Revisar el pasado sirve para incorporar a las personas antes marginadas, que incluyen a los indígenas, los afro-descendientes, los campesinos, las mujeres y los trabajadores que históricamente lucharon para cambiar las condiciones sociales en Bolivia, Ecuador y Venezuela. Los movimientos indígenas en Bolivia se ven a sí mismos como herederos de los movimientos de masas dirigidos por Túpac Katari y Túpac Amaru contra las autoridades coloniales españolas. Al establecer conexiones entre las luchas pasadas y las actuales, estos movimientos se basan en un legado de resistencia anteriormente excluida del registro histórico oficial. El proceso que es descrito entre los Aymara de Bolivia como “caminando hacia adelante mientras se mira hacia atrás”, incorpora las voces históricamente marginadas y crea un sentido de empoderamiento entre las fuerzas contemporáneas que participan en el proceso del cambio social (Hylton y Thompson, 2007, 149). Cuando Morales anunció la nacionalización del gas boliviano el 1 de mayo de 2006, explícitamente se inspiró en el pasado al insistir que “las luchas de nuestros antepasados como Túpac Katari, Túpac Amaru, Bartolina Sisa…no fueron en vano” (Hylton y Thompson, 2007, 131). Una parte importante de los principios intelectuales del socialismo del siglo XXI se puede encontrar en las obras del intelectual peruano José Carlos Mariátegui, que son frecuentemente citadas por Chávez y otros líderes pro-gobierno en las tres naciones. Mariátegui proponía un socialismo indo-americano adaptado a la realidad política y social del continente. Al señalar la importancia de la clase trabajadora, pedía la incorporación de las comunidades indígenas y rurales como parte de la lucha de clase nacional más amplia. En este sentido, argumentaba que la herencia indígena del colectivismo que data de antes de la conquista española facilitaría la construcción del socialismo bajo un gobierno revolucionario. También reconocía la interrelación entre la raza y la clase en un sistema económico heredado de la experiencia colonial y la importancia de crear un amplio frente con el cual enfrentar las fuerzas del capital (Mariátegui, 1970, 9, 38-48). En los tres países hay también un esfuerzo en marcha para incorporar a las mujeres, tradicionalmente excluidas en los relatos dominados por hombres. Como resultado de ello, se han destacado el papel de las mujeres en el proceso de independencia, sus contribuciones a las luchas políticas y sociales del siglo diecinueve, y su participación en las luchas laborales y políticas del siglo veinte. En Ecuador, como parte de un proceso que data de varias décadas, la líder independentista Manuela Sáenz ha sido objeto de una reevaluación y ha emergido como una figura importante por sus propios méritos y no por sus relaciones con Simón Bolívar. Sus contribuciones a los movimientos de la independencia suramericana, que incluyen sus valientes acciones en las batallas de Pichincha

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y Ayacucho, donde adquirió el rango de coronela, le han ganado la admiración de diversos movimientos sociales. Del mismo modo, Bartolina Sisa, quien dirigió durante un tiempo una rebelión indígena en La Paz en 1781 que sirvió de inspiración para el establecimiento en 1983 del Día de la Mujer Indígena celebrado el 5 de septiembre, se ha reverenciado aún más en el siglo veintiuno. Los casos de Sáenz y Sisa, una criolla y la otra indígena, simbolizan la incorporación de un gran número de mujeres en las luchas sociales que tienen lugar en la región. En Venezuela, Chávez y sus seguidores han puesto en tela de juicio las interpretaciones tradicionales de la historia venezolana y su figura más dominante, Simón Bolívar. El nuevo discurso político ha creado un espacio en el que los estudiosos y otras personas celebra el papel de las élites criollas, tales como Francisco de Miranda, Andrés Bello, y Simón Rodríguez, al mismo tiempo que dan un énfasis mayor que el que se daba anteriormente a otras figuras que afirmaban la igualdad de razas. Entre estos últimos están “el Negro” Miguel, quien encabezó una rebelión en Buria en el estado Lara, los afro-venezolanos Juan Andrés López del Rosario (Andresote) y José Leonardo Chirinos, quienes encabezaron levantamientos contra los españoles en 1730 y 1795 respectivamente, y Manuel Gual y José España, quienes conspiraron contra España en 1797. Las opiniones de Bolívar son una fuente de debate público sobre el desenlace pasado y presente de la política venezolana y la sociedad. Sus opiniones divergentes sobre la democracia, la raza, las relaciones internacionales, las condiciones sociales y la política pública sirven para reforzar las posiciones adoptadas tanto por el gobierno como la oposición. Dimensiones sociales y económicas Las condiciones socio-económicas que prepararon el terreno para la llegada al poder de la izquierda en los tres países no concuerdan con la visión marxista ortodoxa de una revolución socialista. En contraste con lo que predice la teoría marxista, la clase obrera organizada no constituyó la vanguardia o la principal fuerza social motriz en los enfrentamientos previos al ascenso de la izquierda al poder. Las clases menos favorecidas no proletarias desempeñaron un papel destacado y pertenecían a movimientos sociales poderosos en el caso de Bolivia y Ecuador, mientras que en Venezuela participaron en los disturbios que sacudieron al país en febrero de 1989. En las áreas urbanas, ellas consistían en gran parte de los trabajadores de la economía informal y los trabajadores no organizados empleados por las pequeñas empresas en la economía formal. Estos sectores fueron “marginados” y “semi-marginados” en el sentido de que la élite política y cultural los había ignorado por mucho tiempo y carecían de representación a nivel nacional, e igualmente fueron excluidos de los beneficios de los contratos colectivos y (en algunos casos) de la legislación laboral. Los levantamientos sociales en los años antes de los primeros triunfos electorales de la izquierda ayudan a explicar el desenlace más radical de los acontecimien-

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tos en Venezuela, Bolivia y Ecuador en comparación con Brasil y Uruguay en el marco de gobiernos moderados. Las políticas neoliberales y los cambios estructurales inducidos por la globalización en las décadas de 1980 y 1990 alimentaron el crecimiento de la economía informal y debilitaron el movimiento obrero, cuyas luchas en el lugar de trabajo fueron eclipsadas por el activismo de los movimientos sociales y los disturbios sociales violentos. La Federación Sindical de Trabajadores Mineros (FSTMB), y la COB de Bolivia, con una larga historia de combatividad sindical independiente en gran medida sin precedentes en el continente, se vieron debilitados por la eliminación gradual de las empresas estatales y la atomización de la fuerza laboral bajo los gobiernos neoliberales que se iniciaron a mediados de la década de 1980 (Kohl y Farthing, 2006, 125). En el caso de Venezuela, la Confederación de Trabajadores de Venezuela no sólo aprobó la legislación laboral de inspiración neoliberal en 1997, sino que ayudó a redactarla y luego organizó varias huelgas generales entre 2001 y 2003 en conjunto con la principal organización empresarial de la nación en un intento por derrocar al Presidente Chávez (Murillo, 2001, 62-64). Chávez reaccionó a la relativa pasividad del movimiento sindical frente a la agenda neoliberal al cuestionar la insistencia marxista en la primacía de la clase obrera en el proceso revolucionario (Blanco Muñoz, 1998, 392-393) (aunque recientemente ha modificado su posición). Los teóricos del socialismo del siglo veintiuno rechazan de plano el culto del proletariado por parte del marxismo ortodoxo, en el cual “todos los otros trabajadores (incluidos los del creciente sector informal) son vistos como menos trabajadores (…), improductivos y de hecho un lumpen proletariado” (Lebowitz, 2010; ver también Álvarez, 2010, 114-116; Harnecker, 2007, párrafos 115-116). Los tres gobiernos, tanto en la política como en el discurso, hacen hincapié en la incorporación de los sectores marginados y semi-marginados de la población en la toma de decisiones y la vida cultural de la nación y su elegibilidad para los beneficios concedidos a los trabajadores de la economía formal. Esta orientación contrasta con la orientación del marxismo tradicional hacia el proletariado, cuyas características sobresalientes están lejos de ser un sector “excluido”. El proletariado no sólo forma parte del sistema económico, sino que está generalmente representado por una estructura sindical. El objetivo de la incorporación de los sectores marginados y semi-marginados, carentes en gran medida de experiencia y disciplina organizativas, es en muchos sentidos más desafiante que el de promover los intereses corporativistas de la clase obrera organizada. La composición social del bloque dominante en los tres países es diversa, compleja, y caracterizada por tensiones internas. Este patrón es contrario a la predicción de Marx, que ha influenciado los movimientos marxistas ortodoxos, acerca de la polarización social impulsada por la industrialización en la cual

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un proletariado cada vez más grande, concentrado y poderoso enfrenta a la burguesía. De acuerdo a esta visión tradicional marxista, los sectores sociales no proletarios (como el campesinado y la pequeña burguesía) no privilegiados eventualmente se extinguen prácticamente o forman una alianza como socio secundario con el proletariado, sin crear conflictos internos fuertes por distintas prioridades o intereses. La profundidad en las fisuras del bloque de izquierda en las tres naciones también pone en tela de juicio el concepto de “la multitud”, lo que da por sentado la unidad y la convergencia armónica de los grupos y sectores sociales críticos del orden establecido. La heterogeneidad social y los intereses en conflicto son particularmente evidentes en el caso de Bolivia. Era más fácil para la izquierda mantener la unidad y el apoyo de los movimientos indígenas, los sindicatos de obreros, los sindicatos agrícolas, y el movimiento cocalero en la guerra del agua de 2000 y la guerra del gas de 2003, que sacudieron a la nación, que lo que ha sido para el gobierno de Morales desde 2006. A pesar de las raíces similares, los grupos indígenas y los campesinos sindicalizados se han enfrentado como resultado de su adhesión a distintos paradigmas. Mientras que los primeros defienden la sacralidad de las tradiciones y autonomía indígenas, que incluye en algunos casos la prohibición de la herencia de la propiedad, los últimos salen a la luz de la tradición de la revolución de 1952 que favorecía la propiedad individual. De hecho, los sindicatos campesinos critican el programa de distribución de la tierra de Morales por su parcialidad a favor de los derechos de la propiedad comunal de los grupos indígenas, que según ellos constituyen los “nuevos hacendados” del oriente boliviano. En realidad, sin embargo, el ideal comunitario indígena (conocido como el ayllu) a menudo choca con las ambiciones particulares de los miembros de la comunidad indígena, lo que demuestra la complejidad de las contradicciones dentro del movimiento gobernante en Bolivia. Una situación de confrontación comparable, a pesar de orígenes similares, enfrentaba a los mineros que resistieron las reformas neoliberales en las décadas de 1980 y 1990 en contra de sus ex-compañeros de trabajo quienes accedieron a la presión para formar las cooperativas de trabajadores. Algunos actores y analistas políticos, tales como García Linera, defienden el paradigma de los nuevos movimientos sociales al argumentar que la clase obrera tradicional ha sido severamente debilitada y concluyen que el gobierno de Morales es “el gobierno de los movimientos sociales” (Ruiz Arrieta, 2010, 185-186). La orientación clasista de los tres gobiernos, la cual no se centra en el proletariado industrial, tiene implicaciones para las estrategias que siguen. La política de inclusión y los programas sociales, en general, a veces se persiguen a expensas de los objetivos económicos. El gobierno venezolano, por ejemplo, ha asignado grandes sumas de dinero a los consejos comunales y a las cooperativas de trabajadores que no suelen ser rentables pero si incluyen a los anterior-

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mente excluidos en la toma de decisiones y les proporcionan experiencias de aprendizaje y un sentido de pertenencia y empoderamiento. Estas prioridades contrastan con la priorización de las metas de producción del “socialismo realmente existente” durante la industrialización soviética a toda costa en la década de 1930 y El Gran Salto Adelante en China a partir de 1958. Varios partidos de la izquierda y centro-izquierda implícita o explícitamente critican esta prioridad hacia los sectores marginados y semi-marginados y el énfasis en los programas sociales por encima de los objetivos económicos e insisten en la primacía de la industria, la productividad y la clase obrera. Partidos de orientación social-demócrata como Patria Para Todos, que se retiró de la coalición pro-chavista de gobierno en 2010, y el ID de Ecuador defienden esta posición. Ambos partidos han arremetido contra los gobiernos de sus respectivas naciones por menospreciar la competencia técnica y la eficiencia. Al mismo tiempo, corrientes trotskistas en Venezuela, de conformidad con su adhesión a la ideología del proletariado, han expresado su escepticismo con respecto a las cooperativas financiadas por el gobierno con el fin de favorecer a los pobres más que una estrategia para promover el desarrollo económico. Las cooperativas, que por lo general sólo tenían unos cinco miembros, con frecuencia contrataban a obreros que no estaban protegidos por la legislación laboral, convenios colectivos, o representación sindical (Chirino, 2008, 21). Los Partidos Comunistas en los tres países, aunque apoyaron al gobierno, lo criticaban por subestimar la importancia del papel de la clase obrera y no respetar su independencia organizativa con respecto al Estado (Figuera, 2010; Pérez, 2009). Mientras que las tres naciones no han logrado avanzar significativamente en el aumento de su capacidad productiva como lo hicieron la Unión Soviética y China bajo el régimen comunista inicial, se han logrado avances en la diversificación de las relaciones comerciales y tecnológicas. En sus tratados internacionales, los tres gobiernos han privilegiado las relaciones con las compañías estatales y las privadas fuera del bloque capitalista más avanzado, en vez de las empresas multinacionales. Venezuela, por ejemplo, ha intentado disminuir la dependencia de las multinacionales mediante la firma de contratos con las compañías petroleras estatales de Rusia, China, Bielorrusia, Irán, y varios países latinoamericanos para la exploración preliminar de la Faja Petrolífera del Orinoco con el propósito de obtener la certificación. Estos acontecimientos innegablemente reflejan la disminución de influencia política y económica de Estados Unidos. Las expropiaciones, las amenazas de expropiaciones, los enfrentamientos y el mayor control estatal de las empresas privadas (y en particular las de propiedad extranjera) han ido más allá de las acciones y el discurso de los gobiernos latinoamericanos populistas radicales y nacionalistas a partir de la década de 1930. El gobierno chavista reafirmó el control de la industria petrolera y expropió sectores estratégicos que incluyen la electricidad, el acero, el cemento y las

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telecomunicaciones en 2007 y 2008, y luego se hizo cargo de las empresas acusadas de especulación de precios y de crear escasez artificial, y otras empresas con el propósito de limitar la práctica de la tercerización. En Bolivia, con la amenaza de expropiación y la insistencia en la irrevocabilidad de los plazos para el cumplimiento de la nueva legislación, el gobierno de Morales logró presionar a las empresas extranjeras a aceptar la ley que obliga a los concesionarios a vender petróleo y gas a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Conclusiones Los estudiosos y analistas políticos han estado divididos durante mucho tiempo entre quienes destacan la singularidad de las condiciones en cada país y los que afirman el carácter científico de las ciencias sociales y tienden a generalizar y sintetizar a través de las fronteras nacionales. Del mismo modo, los teóricos de izquierda se dividen entre quienes están influenciados por la tradición hegeliana de centrarse en las trayectorias nacionales que sustentan distintos “caminos hacia el socialismo”, y los más dogmáticos que aplican lo que ellos alegan son las leyes fijas del marxismo. Este artículo ha documentado las convergencias de tres países latinoamericanos que han sido históricamente diferentes en muchos aspectos importantes, pero han adoptado políticas y fórmulas similares para lograr cambios estructurales. El denominador común incluye las estrategias políticas y económicas que chocan con los intereses de los sectores tradicionales de manera fundamental, la constelación de grupos sociales e identidades, algunos de los cuales han jugado un papel más influyente en las luchas políticas que la clase obrera tradicional, y la celebración de los símbolos nacionales asociados con las rebeliones contra el viejo orden durante los siglos pasados. El artículo pretende poner de relieve las similitudes entre las presidencias de Hugo Chávez, Evo Morales, y Rafael Correa al contrastarlas con experiencias populistas clásicas (de las décadas de los 30 y 40), social demócratas, y comunistas. Los tres presidentes también están en marcado contraste con los gobiernos no socialistas, de centro-izquierda, en Argentina, Brasil, y Uruguay, donde el conflicto político y la polarización son menos agudos, las relaciones con los Estados Unidos son de menor confrontación, y el socialismo no ha sido proclamado como objetivo. Algunos científicos sociales han advertido contra la visión de la “marea rosada” en América Latina como un “proyecto de homogeneización” y abogan por un enfoque en la diversidad y la especificidad como un correctivo a las explicaciones simplistas (Motta, 2009; Hershberg, 2010, 234-235, 244-245; Petras, 2008, 15). Este artículo también ha reconocido la heterogeneidad y la complejidad. En primer lugar, ha discutido la diversidad de los grupos sociales que apoyan la transformación, cada uno con intereses y objetivos distintos, y las tensiones internas resultantes que acosan a la izquierda en las tres naciones. En segundo

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lugar, se han explorado los desafíos enfrentados por los gobiernos que se derivan de su estrategia de ensayo y error para lograr el socialismo, que intenta evitar los errores percibidos del “socialismo ya existente”, y que rechaza soluciones y fórmulas simples. En tercer lugar, se ha descrito el choque de los diferentes modelos de democracia que explica el enfrentamiento entre el gobierno y la oposición, y al hacerlo pone en evidencia la diversidad de criterios que complica el debate sobre los principios democráticos. Estas definiciones contradictorias de la democracia y su aplicación a condiciones concretas tienen implicaciones complejas que están en desacuerdo con la simplicidad de la tesis sobre la izquierda “populista”, autoritaria presentada por Castañeda, (Castañeda, 2006; Castañeda y Morales, 2008), Mario Vargas Llosa y otros críticos fervientes del socialismo del siglo veintiuno. En pocas palabras, la diversidad y la complejidad caracterizan el panorama político en Venezuela, Bolivia, y Ecuador, aún cuando los tres países comparten características básicas, tales como la intensa polarización política y social, los sistemas políticos influenciados de manera significativa por el modelo de la democracia radical, y gobiernos que adoptan un discurso anticapitalista y una política exterior nacionalista. Notas 1. La pérdida de influencia de la posición centro-izquierdista es un tendencia en el siglo veintiuno en muchas partes del mundo (ver Hedges, 2010; y por Venezuela Ellner, 2011a, 134-138). 2. Sara Motta (2009, 37-43) argumenta que los marxistas ortodoxos, con su enfoque en la producción como el centro de la contienda política, y los social demócratas minimizan la importancia de la lucha territorial de los movimientos sociales porque generalmente no impacta la política nacional. 3. Ver la refutación por parte de Laclau (2005, 239-244) del concepto de la “multitud” presentado por Michael Hardt y Antonio Negri. El autor agradece a Miguel Tinker Salas por la lectura cuidadosa de varias partes del manuscrito y por los comentarios que mejoraron grandemente la calidad del trabajo.

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TEMA CENTRAL VENEZUELA PLURAL: RETOS DE CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA

Rev. Venez. de Econ. y Ciencias Sociales, 2013, vol.19, nº 1 (enero-abril), pp. 75-78

PRESENTACIÓN

Jenny Nava Díaz Jeyni González Tabares

La iniciativa de editar un número titulado Venezuela plural: retos de convivencia y ciudadanía nace a finales del año 2012 como consecuencia de la experiencia de sus coordinadoras con una intensa y sostenida polarización política, y el anhelo de generar espacios de distensión que faciliten el encuentro de los diversos otros que conformamos esta sociedad. Fue concebida como un lugar para la confluencia de autores que desde sus diferentes campos de acción aportaran trazos a una composición que diera cuenta de problemas y alternativas de solución. Luego de conversarlo con el Profesor Rodrigo Navarrete, Director de la Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, nuestra iniciativa pasó a ser un proyecto, y en febrero de 2013 extendimos la invitación a profesionales en estudios políticos, artes plásticas, arquitectura, antropología, economía, historia y psicología social. Resistiendo las dificultades que ha transitado el país durante todo el año, el proyecto logró conformar un número heterogéneo que nos invita a pensar y problematizar el tema de la ciudadanía y la convivencia desde diferentes puntos de vista. De esta manera, si la lectura nos hace recordar a una quimera de cuyas varias cabezas se desprenden textos que retan cualquier idea de armonía y unidad, también son una muestra de lo que sentimos caracteriza el momento que vivimos, donde lo violento, la sinrazón y el diferendo nos obligan a reinventar caminos de encuentro para la paz. Como quimera, el número se organiza en partes que evocan otros cuerpos, en este caso, otros ámbitos disciplinares. El artículo inaugural es de Newton Rauseo, quien retomando la tesis de Lefebvre sobre la definición del espacio social y su relación con la economía política, aborda la conformación del espacio urbano en la ciudad de Caracas durante el siglo XX, exaltando su condición de lugar para la producción y reproducción dialéctica de morfologías sociales, económicas, políticas, físicas y culturales, en estrecha relación con la explotación petrolera, la formación y consolidación de consorcios empresariales que establecieron acuerdos de inversión con el sector público; así como con las crecientes migraciones de contingentes humanos hacia la ciudad y su consecuente

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inserción en el mercado como asalariados. El autor sostiene que el sistema capitalista produce sociedades diferenciadas por clases sociales en la medida en que cada una se asienta según su poder adquisitivo y expectativas, imprimiéndole identidad a los espacios externos tanto por las formas de producción como por las formas de consumo. Para Rauseo, “la producción de espacios sociales urbanos en las sociedades capitalistas responde a la materialización no solo de diversas formas o maneras de vida, sino también a las formas de producción del sistema donde están insertas”, de manera que entre los retos del siglo XXI se encuentra la necesidad de “concebir una convivencia justa” que reconozca e interprete la gestión de la realidad ciudadana con perspectiva histórico-política. Seguidamente, Juárez nos invita a debatir sobre la relación policíaciudadano/a y el rol que juega el Estado en la configuración de dicha relación. Para ello nos presenta los resultados de la investigación que llevó a cabo durante 2006 y 2007, con funcionarios del Instituto Autónomo de Policía del Municipio Bolivariano Libertador. Tomando como punto de partida los postulados de Goffman sobre “la presentación de la persona en la vida cotidiana” y “desde un enfoque antropológico para el estudio de la ciudad como un espacio de interacción”, la autora nos acerca “a la configuración del policía como sujeto (figura pública)” y “al rol y labor que cumple en la sociedad”, desde el análisis de los relatos obtenidos en entrevistas realizadas a siete policías, donde identificó cinco categorías semánticas: uniforme, estatus, trato, confianza y movimiento ciudadano. Juárez nos describe cómo los policías participantes en su investigación se perciben y piensan que son percibidos por los ciudadanos en el espacio urbano, a la vez que evalúa las políticas públicas de gestión y uso del espacio urbano, así como las políticas de seguridad, aportando algunas reflexiones en torno a la ciudadanía y convivencia en la ciudad. Localizado también en la ciudad de Caracas, el trabajo de Argelia Bravo nos hace transitar sus trochas como rutas-desviadas, como “metáfora de la desobediencia al canon social y artístico y como una ruta creativa que puede enfrentar el reticulamiento, parcelamiento y disciplinamiento en la producción de conocimientos”. En ese contexto, Bravo nos aproxima a la noción de cuerpo como “una cartografía de lo social y como territorio de conocimiento político y estético”, que se hace tangible en las cicatrices que han invadido el cuerpo de Yhajaira Marcano Bravo, transformista venezolana con quien la artista dialoga para reconstruir su historia de vida y mostrar cómo las marcas en su cuerpo dan testimonio de la “intolerancia hacia la sexodiversidad y sus formas de representación”. Huellas de eventos violentos inscritas en un cuerpo que es también superficie cartográfica de un tejido mayor en donde adquiere sentido. El cuarto artículo es un aporte de Horacio Biord, quien aborda el problema de la polarización desde un punto de vista histórico señalando cómo las contradicciones de la sociedad venezolana se han hecho visibles en diferentes mo-

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mentos, siendo éste uno especialmente llamativo por su continua expresión en el discurso político y el debate público. Como referentes de esta contradicción, el autor hace un breve recorrido por la historia del país analizando el uso del término “pueblo”, para develar cómo las diferencias raciales y socioeconómicas de hoy son expresión de una herencia colonial y republicana que no hemos sido capaces de resolver eficientemente para generar una visión de país que integre y no perpetúe la confrontación de las partes. Posteriormente, Mireya Lozada nos aporta un texto en el que discurre sobre la dificultad del consenso en sociedades fragmentadas por la polarización política y social, siendo Venezuela un escenario ejemplar en donde las representaciones de democracia están marcadas por los conflictos que en diferentes momentos históricos han generado la exclusión y la lucha por la inclusión y el reconocimiento de amplios sectores de la población desfavorecidos durante décadas. Pero esa misma democracia da lugar a la expresión de posiciones opuestas y en el actual contexto socio-político ha incorporado nuevas formas de exclusión de distintos sectores sociales, representados como enemigos y no como adversarios políticos, lo que a su entender nos coloca en la dramática situación de “naturalizar y legitimar la violencia y la lucha por la apropiación de símbolos y espacios públicos”. En este contexto, la autora nos urge a favorecer procesos psicosociales de construcción de alteridad en donde la emergencia de nuevos sujetos vaya unida a representaciones sociales inclusivas y no antagónicas del Otro. Donde se reconozca la diversidad como condición para la construcción de la convivencia democrática, y se asigne sentido a las demandas de participación. Se trata, para Lozada, “de apostar a un imaginario capaz de pensar lo posible, gracias a la capacidad de imaginar lo imprevisible”. En esta búsqueda de nuevos imaginarios, Aguilar nos invita a considerar los diferentes hilos que se anudan en la discusión de un nuevo sentido para la política en Venezuela, donde la regulación de la gestión pública intercultural tiene rango constitucional y da lugar a la articulación de consensos que trascienden la polarización. En su trabajo veremos asomarse ideas sobre la necesidad de un nuevo proyecto de ciudadanía que involucre la participación activa de la sociedad y un cambio cultural en la lógica de consumo. Citando a Serge Latouche, Aguilar plantea la posibilidad del “decrecimiento sereno” y la “feliz sobriedad” como alternativas para decolonizar el imaginario, a la vez que denuncia un modelo económico que supedita los planes sociales a una economía extractiva que reitera la subordinación de las economías nacionales como proveedores de materia prima. En sus palabras: “La política y el derecho se abren como herramientas para el consenso de las diferencias, de las diversidades y de las pluralidades”, para lo cual, en su opinión, es necesario materializar la democracia participativa y protagónica, asignarle un nuevo sentido a la política y terminar con un modelo económico extractivista.

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Finalmente, cerramos el número con un análisis de Pasqualina Curcio sobre la desigualdad en el sector salud en Venezuela a partir de los registros estadísticos sobre el “Índice de concentración”, interpretados a la luz de una división cronológica entre el antes (1990-1998) y el durante (1999-2010) de la Revolución Bolivariana. En su estudio Curcio evidencia el incremento de la desigualdad en diferentes momentos de esa cronología y llama la atención sobre la relación entre desigualdad en salud y desigualdad social, así como la incidencia de la economía en éstas, realizando mediciones a partir de los datos correspondientes a 1990, 2001 y 2010. Afirma entonces que la atención a la salud es un asunto de justicia social, y entre sus conclusiones señala que disminuir la desigualdad supone concebir la salud como un derecho, además de ofrecer sistemas de salud públicos, gratuitos y de acceso universal. Desde su perspectiva estos servicios deben ir acompañados de políticas sociales que permitan mejorar las condiciones de vida de la población, disminuir de manera estructural la pobreza, pero sobre todo, políticas que impliquen cambios estructurales en la sociedad. Sin poder hacernos responsables por las afirmaciones de nuestros colaboradores, queremos agradecerles el tiempo dedicado a la escritura de sus trabajos, la paciencia y persistencia; y también queremos reconocer a quienes asumieron la tarea de arbitrar y hacer recomendaciones a los autores en aras de mejorar la calidad de sus manuscritos, respetando en todo momento las ideas por ellos expresadas. No nos queda más que invitar al lector a acompañarnos en este acercamiento colectivo a una preocupación que nos es común: ¿cómo hacemos para vivir juntos?

Rev. Venez. de Econ. y Ciencias Sociales, 2013, vol.19, nº 1 (enero-abril), pp. 79-109

LA GESTIÓN PRODUCTIVA DEL ESPACIO SOCIAL URBANO EN VENEZUELA. LA MORFOLOGÍA DE CARACAS EN LA MODERNIDAD DEL SIGLO XX

Newton Rauseo

En el transcurso de su historia, las sociedades capitalistas han ido produciendo los espacios sociales urbanos que responden a la materialización no solo de diversas formas o maneras de vida, sino también a las formas de producción del sistema donde están insertas. El espacio (social) no es una cosa entre otras cosas, ni un producto entre otros productos: más bien, subsume las cosas producidas, y abarca sus interrelaciones en su coexistencia y simultaneidad –su (relativo) orden y/o (relativo) desorden–. Es el resultado de una secuencia y conjunto de operaciones y, por lo tanto, no puede ser reducido al rango de simple objeto. Al mismo tiempo, no hay nada imaginario, irreal o ideal acerca de él, al comparársele, por ejemplo, con la ciencia, representaciones, ideas o sueños. Es en sí el resultado de acciones pasadas; el espacio social es el que permite que ocurran nuevas acciones, al tiempo que sugiere otras y prohíbe otras más. Entre estas acciones, algunas sirven de producción, otras de consumo (es decir, el disfrute de los beneficios de la producción). El espacio social implica una gran diversidad de conocimientos. (Lefebvre, 1991, 73)

La ciudad es una totalidad de producción social; espacio estructural creado por la humanidad para la producción y reproducción dialéctica de morfologías sociales, económicas, políticas, físicas y culturales. En Venezuela la gestión de los productores de ciudad, tanto en el Estado como en las empresas privadas y en las comunidades, tiende a consolidar y multiplicar los modelos de intervenciones precedentes; obviando que cada vez más en la ciudad suceden nuevos y complejos fenómenos que la planificación urbana no ha atendido eficazmente, debido –entre otros motivos– a la falta de análisis crítico y evaluación integral de los procesos realizados. Uno de los principales retos del siglo XXI, en la tarea de concebir una convivencia justa en nuestro país, es conocer e interpretar la gestión de la realidad ciudadana en sus tiempos precedentes; en especial el siglo XX cuando se engendró mayormente la fenomenología social que cono-

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cemos, y que tiene como protagonista principal a la población urbana (más del 90%) sobre la rural. La producción social de la ciudad La ciudad como estructura física (que es nuestro mayor énfasis), es un espacio socialmente construido. En este sentido, la identificación de la forma de producción de la ciudad como espacio social, es crucial para detectar con mayor solidez la forma del espacio físico que materializa las relaciones de producción respecto a: la propiedad de la tierra, los medios de producción, el rol que desempeñan en la organización social del trabajo y en la distribución de las riquezas producidas. El carácter como ciudad (de servicios –comercial, administrativo–, industrial, etc.) está determinado por la calidad del sistema en las relaciones sociales establecidas a lo largo del tiempo, en su materialización morfológica física (externa, interna) y no física (social, económica, política). Este carácter resulta de la acción gestora de hombres y mujeres conformados como sujetos sociales, agentes (instituciones) y actores (individuos), que idealizan los espacios donde se materializan sus manifestaciones y expresiones culturales. En las ciudades del sistema capitalista cada clase social se asienta físicamente acorde con su posición, poder y expectativas socioeconómicas y culturales, imprimiéndole carácter e identidad en el contexto global de la misma, tanto por las formas de producción como también por las formas de consumo como espacios externos (calles, plazas, parques) e internos (manzanas, parcelas, edificios), públicos y privados. Dichas formas contienen la marca de las relaciones sociales que la hicieron posible en el tiempo, conformándolos como espacios sociales urbanos diferenciados; pues el capitalismo, como superestructura que le da sentido a las cosas, establece una condición sine qua non: producción, distribución, intercambio y consumo de forma diferenciada en el tiempo. En estas relaciones sociales, las clases dominantes van moldeando esos espacios con las características de formas de vida que le son necesarias a sus conveniencias e intereses de acumulación de capital, de lucro, en distintas épocas. En las sociedades capitalistas los productos físicos y no físicos se imponen como necesidades de “gustos” y/o “modas” que poseen de trasfondo valores, hábitos, costumbres, que se distribuyen y consumen en el tiempo de manera diferencial entre las distintas clases sociales urbanas, acorde con sus capacidades de acceder a los mismos; y esto está determinado por la desigualdad en la distribución de las riquezas y beneficios que se obtienen de las relaciones de producción. El contexto natural (las montañas, los valles, las llanuras, los ríos, los lagos, las playas) y el modificado por los humanos para conformar su hábitat

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(las calles, las aceras, la escaleras, los paseos, las plazas, las manzanas, las esquinas, las parcelas, las edificaciones), son percibidos por los miembros de la sociedad en forma diferencial, acorde con los significados y símbolos que como valores han sido establecidos por la clase dominante de la misma. En el tiempo pre-venezolano (antes del descubrimiento y conquista hispana) nuestros indígenas poseían capacidad productiva, y por ello se convirtieron en la fuerza de trabajo (junto a los esclavos) para los modos de producción (feudal, agro-pecuario) que impusieron los españoles, y ello posee una marca reconocible que aun hoy, en el capitalismo, permanece viva en el desarrollo de la estructura social-económica-física de la Venezuela mestiza: somos pueblos constructores de hábitat. Abordamos los asuntos de la producción urbana (la urbanización) en relación con la economía política como base del sistema capitalista dominante en el país; la importancia de los valores productivos de la lógica del capital en estos asuntos, pero también de sus consecuencias que algunas veces no obedecen esa lógica. Atendemos Caracas por ser centro de la economía política, y primigenia de la mayoría de los fenómenos urbanos importantes que repercutieron en el país. Su producción urbana (en especial durante la primera mitad del siglo XX) resultó de materializar utopías1, pues las orientaciones de su proceso de urbanización superaron la realidad con ideas que trascendieron una situación y produjeron concretamente un efecto transformador en el orden histórico-social de la época. La ciudad capital amaneció en 1900 como un pueblo de aproximadamente 80.000 habitantes, y terminó ese siglo como una metrópolis de casi 3.000.000 de personas, como un laberinto de mezcla de gente por causa de los éxodos migratorios impulsados por la economía petrolera. El rápido crecimiento de Caracas abarcó no sólo la densificación física-multifuncional de sus parroquias centrales, sino que se extendió hacia las periféricas y al gran valle; con una práctica espacial de lo caraqueño, mediante procesos de producción y transformación de la práctica social. La producción de la ciudad fue impulsada de manera paralela por diversos agentes y/o actores sociales: desarrollos y transformaciones con métodos empíricos de planificación formal y no formal. Empleamos el término `formal´ para designar lo relacionado a las características y la acción del liderazgo del statu quo de la sociedad, es decir, el poder de la clase dominante, que dicta el orden (pautas y normas) de convivencia social, económica, política, cultural, y todos aquellos del sistema capitalista en el tiempo. En consecuencia, el empleo del término `no formal´ va a designar todo lo relacionado a las características de los 1  En la concepción de Karl Mannheim (1973, 209): “Consideramos utópicas todas las ideas que trascienden la situación (no sólo las proyecciones de deseos), que, de algún modo, produzcan un efecto transformador en el orden histórico-social existente”.

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fenómenos que se producen, existen e inclusive son tolerados, alterando dicho orden dentro del mismo sistema, como consecuencia de sus contradicciones, de la dialéctica irremediable que poseen los procesos sociales de evolución y progreso del capitalismo en el tiempo. El rápido crecimiento y desarrollo de Caracas en el siglo XX se caracterizó por procesos de intervención (acciones, transformaciones) que pusieron en práctica modelos de gestión urbana (empresarial, comunitaria y estatal), que han tenido repercusiones importantes en el medio ambiente y en el ciudadano común, y que son parte de su fenomenología. La necesidad de acceder a la modernidad se exacerba, a tal punto que aún hoy la cultura venezolana y caraqueña tiene arraigada la idea de que ser moderno es sinónimo de consumir los productos más recientes impuestos por el sistema, con ayuda de los medios de comunicación de masa, que abarcan el tiempo útil de la población, y que son inconmensurables por el nivel de desarrollo tecnológico alcanzado, que continuará en el futuro. La estructura social-económica-política del capitalismo en Venezuela le ha dado sentido a los procesos de producción morfológica de la ciudad. Ella representa el contexto de lo que hay que descifrar (la vida cotidiana, las relaciones sociales, lo inconsciente de lo urbano), lo que está por encima de las instituciones, lo que se oculta en los espacios, las ideologías. Las ideologías2 en términos de aquellas ideas que rigen y dirigen las acciones y las actividades en los asuntos estructurales de la vida cotidiana, para el mantenimiento del orden existente. Es necesario el análisis de los pensamientos, de las ideas, de los factores (sociales, conductuales, económicos, políticos, culturales, físicos, históricos, en una situación y época determinada) que puedan influir en el sistema social; reconociendo que todo pensar histórico está ligado a la posición concreta y valores del pensador sobre estos asuntos. La estructura social-económica-política de la Venezuela del siglo XX El sistema social venezolano en el pasado siglo se caracterizó por la transformación de su sociedad de clases, en donde los grupos de hombres y de mujeres se distinguieron entre sí por la posición socioeconómica que ocuparon en la sociedad. En ello repercutió la explotación del petróleo, crucial en el cambio morfológico de las relaciones socioeconómicas en Venezuela desde inicios del siglo XX, al pasar de una economía agro-exportadora de baja renta competitiva a una petrolera-exportadora de alta rentabilidad, como principal fuente de ingresos. En la nueva economía cumplen roles cruciales los monopolios empresariales petroleros de las potencias europeas y estadounidenses. Esto ha jugado un papel clave en la gestación de nuevos fenómenos culturales en las clases 2  Mannheim (1973, 77-80).

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sociales que habitan los territorios urbanos, como consecuencia de formas de vida impuestas por una nueva clase alta, terrateniente urbana, que ha ejercido su poder en el Estado y en la Sociedad Civil. La renta petrolera se ha distribuido principalmente dentro de esta clase dominante. Lejos de invertirse y distribuirse en el fortalecimiento de las actividades primarias (agricultura, cría, pesca) y el forjamiento industrial, manufacturero y diversificado; se invirtió en lo petrolero, en la construcción de obras civiles y en el consumo de productos extranjeros; afianzando la dependencia y la importación masiva, como cultura económica. La economía petrolera significó una esperanza de alcanzar la utopía de mejores condiciones de vida de todas las clases sociales que existían en Venezuela para comienzos del siglo XX; pero principalmente para aquellas depauperadas de la provincia rural y de las pequeñas y medianas ciudades, quienes migraron masivamente a los asentamientos que concentraron los nuevos empleos (campamentos petroleros) y a los centros urbanos que usufructuaban la riqueza producida. Según Domingo Alberto Rangel (1970, 146-147) entre 1920 y 1950 el ritmo de migración creció cerca de veinte veces, al pasar de 4.000 a 77.344 personas anuales. También sucedió el aumento de la población asalariada en las ciudades3, ubicada principalmente en actividades terciarias. La población desempleada y/o empleada a destajo (no asalariada fija) igualmente se incrementó. El dinero de la renta petrolera, tanto del sector privado (ganancias a los capitalistas nacionales, salarios a trabajadores, etc.) como del estatal (impuestos al fisco nacional), regresaba nuevamente a las mismas potencias económicas foráneas, pues muchas veces obligaban a la nación venezolana a comprar sus productos mediante créditos para las importaciones de alimentos y artículos manufacturados indispensables para satisfacer las nuevas necesidades de consumo. Paralelamente, la actividad petrolera y quienes la usufructuaban (tanto la elite al mando en el Estado, como la elite civil empresarial privada -extranjera y nacional-) reforzaban el proceso de implantación de patrones consumistas. Los tiempos de modernización denominados “bella época” y “años locos” (Generales Guzmán Blanco, Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez) no transcurrieron inútilmente, sino que impusieron gustos y modas y, lo que es más trascendental por su fuerte contenido ideológico, valores provenientes del mundo “civilizado” y desarrollado, como fuente principal de formas de vida que repercuten como una cultura impuesta por la clase dominante. Hábitos, costumbres y tradiciones (eventos artísticos, diversiones, bailes sociales, etc.) foráneas se difunden a través de los medios impresos (prensa, revistas) y radiales hacia las emergentes clases medias, que iban adquiriendo cierto poder económico y accediendo al 3  Ej. de 69.000 en 1920 a 125.500 en 1936 (Consalvi, 2000, 203).

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consumo. Esas formas no físicas-espaciales de ciudad, pronto van a tener una repercusión en las formas físicas-espaciales de la misma. Igualmente respecto al consumo de otros avances tecnológicos de moda provenientes principalmente de Estados Unidos: la electricidad, el teléfono, el automóvil particular, el cine, los clubes privados, el beisbol, etc. Las ciudades adoptan patrones externos de modernidad, correlacionados con modos de vida adheridos a nuevas tipologías urbanas edificatorias formales (quintas, edificios múltiples) y de vialidad (avenidas, paseos). Una parte significativa de pobladores sin acceso a lo formal construye sus propias viviendas y hábitat. El gobierno de Juan Vicente Gómez (1908-1935) se dedicó a recuperar la inversión extranjera, deteriorada durante el régimen de Cipriano Castro (18991908), de manera que facilitó el ingreso del capital externo. Según Arturo Almandoz (1997, 206): Tal afluencia de capital ha sido interpretada no sólo como el ingreso definitivo de Venezuela a la era del neocolonialismo del Atlántico norte, sino también como la victoria de los Estados Unidos en una batalla que Gran Bretaña y sus socios europeos habían estado perdiendo desde comienzos de siglo.

La urbanización del territorio cumplió el objetivo de reproducción del capital. La materialización espacial de este carácter resultó tan degradante que muchos de los problemas de la ciudad tienen, en el fondo, un motivo económico que arropa los demás. Las incoherentes políticas de desarrollo urbano del Estado (incompetencia en materia de planificación y renovación urbana, segregación social en las ordenanzas, escasa inversión en economías externas, en servicios, etc.), la alarmante concentración (de usos, gente y densidades constructivas) y la falta de interés social por parte de la inversión privada, son algunas de las fallas matrices del asunto que tienen repercusión en la morfología. El lucro del suelo como factor de desarrollo dominó en tal proporción el panorama urbano del siglo XX, que la evolución de la ciudad se materializó desde un criterio de exclusivo dominio económico de carácter rentista. Ello fue evolucionando hacia la formación de una nueva morfología social, estrechamente vinculada a la morfología económica, a la morfología política y a la morfología física. La heterogeneidad morfológica social en Venezuela se complejiza en la modernidad del siglo XX por la conformación de nuevas clases en la sociedad urbana. La generación de empleos con poder económico privilegia a una nueva clase alta, que usufructúa la producción petrolera exportadora. Acorde con Federico Brito (1975, 863-873), la burguesía tradicional venezolana a mediados del siglo XX no había desaparecido, pero sí había sido superada por una nueva, no estrictamente homogénea, conformada por la burguesía asociada (la financiera dependiente estructuralmente y representante de los monopolios inversionistas internacionales, petroleros o no, que actúan en el país), y la burguesía nacional

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(la agropecuaria, la industrial, la asociada con el Estado, que al defender sus propios intereses cree defender los intereses nacionales, y que está oprimida por la burguesía asociada). En consecuencia, se forma una nueva categoría de la burguesía, nacida a la sombra de la penetración monopólica –y con una mentalidad extranacional– que acumula capital en términos originarios, en poco tiempo, con sólo prestar el nombre o firmar un documento, capital que luego invierte en bienes inmuebles urbanos (suelo, edificios) o deposita en bancos extranjeros. En la evolución de estas nuevas capas sociales, se forman empresas gestoras industriales mercantiles, bajo la figura jurídica de Sociedades y/o Compañías Anónimas, para convertirse en grandes y poderosos consorcios monopólicos de la Sociedad Civil empresarial. Para 1970 la burguesía venezolana representa menos del 5% de la población activa, pero se apropia del 54% del ingreso nacional (Brito, 1975, 875). Las formas en que la clase dominante actúa y ejerce sus mandatos, ha venido adaptándose y moldeándose a las características de los momentos políticos que ha atravesado el mundo capitalista y Venezuela durante el siglo XX; y ello va a poseer una manifestación física en las ciudades venezolanas y en Caracas en particular. Por ejemplo, varias familias de la clase alta (Mendoza, Vollmer, Benacerraf, Delfino, Mendoza Fleury, Planchart, etc.) dedican parte de su acción productiva e inversiones a las relacionadas con las actividades comerciales, inmobiliarias, financieras y la industria de la construcción que son la base para la urbanización. Por otra parte, según Brito (1975, 877), esta clase también realiza acciones con el objeto de penetrar ideológicamente a los agentes políticos del país, representado por los Partidos, de manera que las ideologías en que estos centran su acción no contradigan sino refuercen sus aspiraciones económicas sobre el país. Acciones como la obtención del control directivo de los poderes públicos y sus agencias gestoras, a nivel nacional, estadal y municipal. Esta clase se asienta en las grandes ciudades donde localiza las nuevas actividades económicas industriales y de servicios terciarios necesarios para su lucro; lo que impulsó, en un relativo corto tiempo, la consolidación de dos nuevas clases sociales en la ciudad: la media y la obrera (asalariada o no), ejecutoras y clientes de su gestión. Esto ha determinado que Caracas, centro de toma de decisiones económicas y políticas importantes, recibiera un porcentaje apreciable de la renta producida (secundaria y terciaria), por ser capital de un país ya inserto en la economía mundial capitalista petrolera. Si en nuestro país el siglo XX ha girado en torno al petróleo, entonces la modernidad venezolana ha girado en torno al petróleo. La generación y acumulación de plusvalía que se sucede en las ciudades, producto de la nueva economía urbana, le permite retenerla casi íntegramente, y capitalizar con más alta eficiencia sus actividades. El éxodo poblacional migratorio de clases, de razas, de etnias indígenas desde diversas regiones del país y del extranjero, amplía las pequeñas capas de

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medianos ingresos y obrera de las ciudades venezolanas de comienzos del siglo XX; y contribuyen de forma activa en los procesos de producción del espacio social urbano con peso específico cualitativa y cuantitativamente. Un porcentaje alto se asentó en Caracas, reforzando la naturaleza mestiza de su componente principal: la gente. Pero ¿de cuál población migrante hablamos? Brito (1974, 419) aproxima algunos caracteres de quienes contribuyeron en la formación social de la Venezuela del siglo XX: Los campesinos que lograron ingresar al mercado de trabajo petrolero se transformaron en proletarios en sentido moderno; los que se dedicaron a actividades suplementarias en calidad de manos de obra asalariada fortalecieron los núcleos de trabajadores de tipo tradicional que ya existían en el país; los que adquirieron algunos bienes económicos al impulso del boom petrolero ingresaron en los diferentes grupos que forman las capas medias, y los que sucumbieron ante la competencia regida por el espíritu capitalista –empleados un día, cesantes al día siguiente o perdieron su capacidad de trabajo–, aumentaron la significación de la mano de obra cesante.

El asunto se hace más complejo cuando se le incorpora a esta masa, no por menor menos importante, la de la población pobre proveniente de pequeñas y medianas ciudades. Ramón Losada (1969, 34-37) categoriza los tipos de renta que relacionan al terrateniente rural con el campesino en la producción agropecuaria: renta-trabajo (trabajan gratuitamente un número de días semanales, masa de la cual se apropia el latifundista), renta-producto (trabajan parcelas ajenas y entregan al propietario determinadas cantidades de los productos obtenidos) y renta-dinero (no entrega la plusvalía en trabajo o producto, sino como suma de dinero). La forma más empleada fue la renta-dinero, que conducía al ahorro; imponiéndose, a su nivel, una producción y circulación mercantil. Estas relaciones de producción no fueron muy diferentes a las que se adoptan en la ciudad, pues el terrateniente urbano las aplicó tanto a quienes trabajan en sus haciendas en el territorio periurbano, como al campesino convertido en obrero al servicio de sus propiedades intraurbana. La gran diferencia será el tipo de trabajo, al conformar la nueva clase obrera, para lo cual sólo tendrá su voluntad y la venta de su fuerza corporal, pero no suficiente formación técnica-intelectual como para asumir liderazgo en actividades manufactureras, industriales, de la construcción, etc. Tuvieron que dedicarse a empleos que no conocían y para los cuales contaron con el adiestramiento que la misma práctica obligada les hacía concretar; es decir, aprendieron al mismo tiempo que producía. Además de convertirse en `ejército obrero en activo´ de actividades de consumo colectivo de la sociedad, es decir, en producir productos y servicios para el valor de cambio de la clase dominante (ej. productores de casas que no tenían casas); también fueron obreros para construir su propio hábitat (los barrios), producir productos para el valor

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de uso de su propia clase. Para mediados del siglo XX, el proletariado de la industria de la construcción de la ciudad formaba una de las categorías más numerosa, constituyendo el 76% de los trabajadores no calificados (Fuente: Brito, 1974, 589). A éste se le contrapone el excedente `ejército obrero en reserva´, tanto los trabajadores de las actividades no formales (buhoneros, servicios domésticos, oficios varios, etc.), como los desempleados; que representa para la época el 13% de la población económicamente activa y el 20% del conjunto de obreros y empleados censados en el territorio nacional. En el caso caraqueño se configura una clase proletaria que se especializa en actividades del sector secundario y, principalmente, terciario en la medida que Caracas se aleja de la industrialización y se focaliza en ser centro de servicios, y administrativo. Otro elemento es el factor salario, es decir, la muy baja participación de la población obrera en el ingreso nacional, con una tendencia a la disminución en términos absolutos del ingreso total que reciben anualmente los asalariados (Brito, 1974, 605). Este autor afirma que la clase obrera en formación comienza a manifestar sus disconformidades con su situación socioeconómica en general; y En las agitaciones políticas de 1926-1935 participa ese incipiente proletariado, utilizando sus específicos instrumentos de lucha y en esos mismos años se constituyen los primeros núcleos de los partidos políticos inspirados en los intereses del proletariado. (Brito, 1974, 589)

Quizás ello influyó en Gómez y la creación del Banco Obrero para canalizar la producción y distribución de viviendas para esta clase. Federico Brito estima como `antigua clase media´ venezolana aquel grupo social que al iniciarse la era petrolera se caracterizaba por: no poseer la propiedad de los medios de producción, no participar directamente en calidad de mano de obra explotada en el proceso de producción, no ser un grupo privilegiado –y en cierto sentido oprimido y lesionado– por las clases dominantes. La nueva clase de medianos ingresos se forma por la necesidad del sistema de aprovecharlos como fuerza de trabajo para las modernas actividades urbanas, pero también por el interés de progresar de aquellas capas bajas y medianas provenientes de los pequeños y medianos centros poblados, y de un pequeño porcentaje de los provenientes del medio rural. Aquellos que quisieron y tuvieron acceso a la educación formal y a la formación técnica o universitaria para cubrir los empleos que fueron impulsados por la economía petrolera, en el ámbito estatal y empresarial dentro de los sectores secundarios y, principalmente, terciarios de la economía venezolana; que había generado un nivel apreciable de empleos administrativos en Caracas.

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Esta economía influye en la clase media, provocando la desaparición de algunas capas, fortaleciendo otras y estableciendo las condiciones materiales y subjetivas para el desarrollo de nuevas capas intermedias. Es en esta clase donde más se manifiesta la movilidad social de que habla Brito; tanto de entrada (como consecuencia del ingreso económico: aumento del mismo por la clase baja o disminución por la clase alta), como de salida (por la misma consecuencia para la clase media: aumento para ingresar a la clase alta, o disminución para ingresar a la clase baja). Igualmente es la clase donde se concentra e impulsa los mayores esfuerzos para el consumo de todo tipo (urbanizaciones, quintas, mobiliario, etc.), por la dinámica de `gustos´ y `modas´ que impone la clase dominante desde sus posiciones de liderazgo y poder en la Sociedad Civil y en el Estado. Brito (1974, 616) afirma que la `nueva clase media´ en todas sus categorías, estratos y especializaciones socio-profesionales, se multiplica en la medida que la transferencia de poder se inclina hacia el financiero nativo y hacia los monopolios foráneos, que imponen su estilo de vida y sus motivaciones como los patrones culturales fundamentales de la sociedad. La clase de medianos ingresos, por sus niveles educativos y estatus social, pretende tener el derecho de ser la clase social que objetiviza, racionaliza con más y mayor pundonor humanístico, científico y tecnológico, los asuntos de la sociedad; principalmente aquellos referidos a la moral y ética en los procesos de producción. Ello la conduce a buscar el liderazgo de cualquier actividad que centre su atención, en especial la política. La dinámica de los sujetos sociales productores de la morfología física urbana A inicios del siglo XX permanece en Venezuela la estructura de clases sociales de la época agro-exportadora; pero la clase dominante (hacendados del medio rural, comerciantes del medio urbano) tiene un desfase en las relaciones de poder por la aparición de un tipo de dominación que Manuel Castells (1974, 55) llama `imperialista industrial y financiera´ (inversiones especulativas, creación de industrias locales por trusts internacionales), con nuevos personajes ligados al negocio petrolero y a la clase gubernamental. La riqueza petrolera es apropiada por la Sociedad Civil empresarial y por el Estado, porque ambos poseen la propiedad de la tierra y dirigen el empleo de los medios de producción (principalmente el empresariado privado) y de la fuerza de trabajo (Sociedad Civil asalariada), que en el medio urbano venezolano tiene su particularidad. Pero las contradicciones del capitalismo toleran otras situaciones, como la Sociedad Comunitaria, siempre a conveniencia de lograr sus objetivos, aunque algunas veces se escape de su control.

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La Sociedad Civil empresarial (lo privado, los capitalistas) Para materializar el espacio social urbano, la clase alta se fue organizando como patronal en gremios de la Sociedad Civil, a partir de las actividades que constituyen la morfología económica principal que rige la producción de este medio: el comercio (productos, sistema bancario, sistema inmobiliario) y la industria (construcción); teniendo en la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción –Fedecamaras (1944)– el órgano que representa sus intereses, social y políticamente. Conformada ésta por las cámaras que aglutinan la producción económica privada del país, las principales para la materialización física de la ciudad son: la Asociación Bancaria de Venezuela, la Cámara Inmobiliaria y la Cámara Venezolana de la Construcción. El lento proceso urbanizador de los primeros años del siglo XX se caracterizó por la participación de actores individuales (antes que institucionales) bajo el negocio de préstamos financieros, cuyo capital mantienen constantemente en circulación (algunas veces en forma de pasivos), sacando provecho, principalmente, de la plusvalía obtenida directa del mismo en forma de intereses a plazo fijo; reproduciendo la morfología de agentes empresariales (sociedades y compañías). Esto lo realizan con un método sencillo: prestan, cobran, extraen ganancia y vuelven a prestar; siempre en condiciones que les son favorables, a tal punto que podría significar la toma legal de la propiedad del inmueble objeto (como aval hipotecado) del préstamo otorgado al consumidor (clase media). Luego, el sistema bancario privado monopoliza el proceso, al convertirse en el componente fundamental de la producción masiva de la morfología física urbanizadora de las ciudades (y de Caracas) durante el resto del siglo, para lo cual contó con los capitales de la clase alta necesarios para impulsar por la vía del crédito la formación de capital en el comercio, la especulación con terrenos, las construcciones y algunas ramas manufactureras. Para Emilio Pacheco (1981, 240) las funciones principales de la banca han sido: a) Como intermediario en operaciones de intercambio; b) Receptor de fondos y recursos monetarios, y c) Fuente distribuidora de fondos para el financiamiento de las actividades económicas, en especial la industria de la construcción y el mercado de bienes inmuebles, con papel redistribuidor. El proceso venezolano concretó una banca especializada en materia inmobiliaria y de la construcción, que fue la Banca Hipotecaria; surgida a final de la década de 1950, como solución a la contradicción entre el gran y rápido crecimiento de las construcciones y la especulación con terrenos (Rangel, 1971, 63, 96). La institución hipotecaria permitió llevar sus actividades desde el financiamiento a largo plazo de la construcción de viviendas y otros edificios por parte de los productores, hasta el financiamiento de la compra al mismo plazo por parte de los consumidores.

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El sistema inmobiliario lo abordamos como el que trata lo relativo al mercado de tierras urbanas. La propiedad de la tierra es de crucial importancia para el sistema inmobiliario, y ello adquiere una resonancia máxima en el medio urbano. La creciente demanda de viviendas en el siglo XX, impulsó el fenómeno de aumento de precios y concentración de la propiedad de los suelos. El rápido crecimiento produjo escases de grandes lotes de tierras urbanizables, lo que determinó la obligada utilización de aquellos (los cerros) que estaban fuera del mercado por su difícil accesibilidad y desarrollo constructivo; y su incorporación a la oferta urbana. El suelo al pasar de rural agrícola a urbano residencial, produjo un aumento inusitado de los precios. Los factores que inciden en la valorización de la tierra, acorde con Elena Plaza (1981, 189, 207) son: a) Población y densidad: por el crecimiento de la ciudad provocando mayor demanda e incremento de precios. b) Uso de la tierra y políticas estatales: la reglamentación (ordenanzas) y construcción de obras de infraestructura por el Estado contribuyen a la valorización del suelo urbano. La compra de tierra se convirtió en la alternativa más propicia para invertir los ahorros de grandes y medianos inversionistas; y hasta los pequeños ahorristas eran incitados, a través de propaganda (“Ahorre dinero y duplique su capital” decía la publicidad comercializadora de San Agustín, 1927), a la compra inmobiliaria como mecanismo fácil y rápido para multiplicarlos. Otros motivos para la inversión inmobiliaria, según Plaza (1981, 182), fueron: a) La inexistencia de otra alternativa de inversión a no ser la de ahorrar en bancos con bajos intereses. b) La inexistencia de grandes impuestos para los terrenos ociosos –lo que facilitaba el acaparamiento y concentración monopólica del mercado de las tierras–. c) La falta de instrumentos de controles de zonificación y regulación de la tierra –la cual podía destinarse a cualquier uso, en cualquier intensidad–. Entre las características del mercado de las tierras urbanas de 1944 a 1958, Plaza (1981, 187-188) señala: a) Es un mercado de imperfección en la competencia: las operaciones compra-venta son ocultas por razones de fraude fiscal o prácticas pocos limpias de las agencias inmobiliarias, oferta poco flexible de terrenos a corto y mediano plazo, demanda rígida debido al carácter urgente de la necesidad de alojamiento, precios variables y orientados al alza. b) El mercado del suelo es un mercado de especulación por parte de los propietarios y agencias inmobiliarias: aplicación de retención de acción por parte de los propietarios esperando alzas futuras (engorde), las agencias intermediarias cobran cantidades excesivas de dinero por sus servicios, la opacidad e inestabilidad del mercado favorecen la especulación. c) Por su íntima relación al mercado de la construcción, los precios dependen mucho de éste. d) Las anteriores características determinan que el mercado inmobiliario tienda siempre al alza de los precios. La industria de la construcción siempre ha sido privada. Dedicada al negocio mercantil, se identifica por el tipo de producto que los constructores ofrecen, es

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decir, las urbanizaciones y las edificaciones ofertadas a la venta o alquiler para uso residencial (uni o multifamiliar), comercial, industrial y otros. A comienzos de siglo las actividades de construcción se realizaban con escasa participación mecanizada de los medios de producción, es decir, de baja composición orgánica del capital. Pero sí utilizaban abundante mano de obra especializada como no especializada, de trabajo temporal o eventual, de bajos salarios; lo que condujo a que fueran rentables. Luego la renta es obtenida al incorporar equipos, máquinas y técnicas avanzadas como la pre-fabricación. Clemy Machado aporta (1981, 95-102) los factores estructurales que inciden en las actividades de la construcción, con leves variaciones en cada etapa: • el impacto del sector petrolero-exportador dentro del proceso de industrialización económica; • el sector comercial y su evolución a raíz del impacto petrolero y la generación y alta disponibilidad de divisas, parte importante empleada en la importación de materiales y maquinarias de construcción; • la población, y su fuerte incremento cuantitativo por crecimiento vegetativo y por migraciones campo-ciudad y del exterior, produciendo cambios sustanciales en la estructura social, rápido proceso de urbanización y sus consecuencias en la industria de la construcción y la especulación de tierras urbanas; • los cambios en la capacidad de consumo urbano, debido al crecimiento del empleo tanto en el sector privado (industrialización, construcciones, servicios terciarios) como estatal (servicios administrativos), y la redistribución de la parte menor de los ingresos hacia los trabajadores (obreros, empleados, gerentes) estables asalariados. La industria de la construcción en Venezuela4 al dinamizar la economía se convierte en una actividad estratégica para la producción, ya que involucra y encadena a todos los sectores productivos: primarios, secundarios y terciarios. Plaza (1981, 175) apunta su continuo crecimiento hasta convertirse en productiva debido a la masificación urbana, y al impacto que produce en la misma la participación del Estado con sus obras públicas y como árbitro de distribución de los ingresos petroleros, lo que se traduce en una significativa acumulación de capital en la Sociedad Civil empresarial, pues además de ejecutar sus propios proyectos y obras civiles, materializa los provenientes del Estado. Ello provocó la activación y fortalecimiento de otras ramas de actividades dentro del propio sector privado: diversidad de la construcción (vialidad, infraestructura de redes, viviendas, edificaciones varias), producción de materiales de construcción (dinamizando actividades extractivas industrializadas –piedra, hierro, madera, 4 Ya pionera de la inversión masiva real, que pasa de 13,7% en 1910 a 85,9% en 1920 (Rangel, 1969, 186).

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etc.–), las industrias manufactureras de la construcción (especializadas a nivel de pequeña, mediana y gran industria), el sistema financiero (con la banca hipotecaria motorizando la inversión), el comercio especializado (fortaleciendo las importaciones). La Sociedad Civil asalariada (los trabajadores) Constituida por los agentes y actores de la morfología socio-económica-política, organizados como entes no empresariales en los procesos de producción urbana. Los obreros, empleados, técnicos y profesionales actúan en instituciones privadas y públicas, y están amparados por gremios que se organizan en función de las tareas de producción del hábitat urbano: la organización de los obreros y empleados, y los colegios profesionales. La organización de los obreros y empleados a través del sindicalismo es obra de la modernidad del siglo XX. La fundación en masa de sindicatos estuvo asociada con los acontecimientos que se sucedieron en Venezuela como consecuencia del impacto de la economía petrolera, reacción ante el autoritarismo del poder dominante (las dictaduras militares, la explotación de la Sociedad Civil empresarial), pero también por: la emergente pequeña industrialización (como centro activo de la dialéctica capital-trabajo), la conformación de la clase obrera (y la capa de empleados), la valorización de su papel como estrato social en la sociedad, la mediana ideologización y mayor politización de esta clase, el partidismo político. Los Partidos dentro del pensamiento liberal-positivista (por ejemplo, Acción Democrática), van a dar un fuerte impulso ideológico a la morfología del espacio político nacional. Por otra parte, no podemos desconocer la relativa conciencia de clase que adquiere esa masa de campesinos que realiza las tareas de mano de obra en los campos petroleros y ciudades, y la necesidad de organizarse para alcanzar sus metas y objetivos; así como la intervención del Estado con sus propios intereses, como garante de la producción que impulsará la iniciativa privada. La división social del trabajo en Venezuela va a estar de mano con la industrialización, y los trabajadores (de mano de los Partidos políticos) ejercen presiones para la aparición de gremios especializados (afianzando la heterogeneidad), que los organiza en: sindicatos, federaciones, confederaciones, tanto en las ciudades como en los estados y el país. Rangel (1971, 44) resume la importancia de los obreros para los Partidos políticos y las contradicciones implícitas: Ningún Partido demoburgués puede prosperar sin la existencia de un proletariado (…) Ese proletariado, y los campesinos de las zonas más avanzadas del país, constituyeron la reserva de masas de los Partidos que dio a la clase media, que en éstos ejercía la dirección, la fuerza política; y a la burguesía, que los capitalizaba, la perspectiva de usarlos eventualmente en su favor.

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Según Fernando Parra, en el siglo XIX no hubo preocupación por legislar las relaciones entre patronos y asalariados. El antecedente de la jurisprudencia en materia laboral fue el Código de Minas (1909), “inspirado en la protección del obrero como deber del Estado” (Parra, 1965, 25). Para 1928 el gobierno de Juan Vicente Gómez instaura la primera Ley del Trabajo en Venezuela (recurso jurídico del poder político para controlar las emergentes luchas de la clase obrera) que, como resultado de un proceso evolutivo de las pocas experiencias legales nacionales y basada en factores externos (favoreciendo a los empresarios en relación a los trabajadores), no es producto de luchas obreras genuinas, sino una legislación dictada desde el gobierno. El sindicalismo nace centrado en la consecución de contratos laborales y reivindicaciones salariales (por ejemplo, pago en dinero no en especie), y poca ideología manifiesta que guíe acciones de cambios estructurales hacia logros más profundos de contenido social; y así permaneció por todo el siglo XX. En 1944 se convoca la Primera Convención Nacional de Trabajadores, inaugurada por el Ministro del Trabajo, Julio Diez, en representación del presidente, General Isaías Medina Angarita; poniendo de manifiesto la relación que desde sus inicios mantienen las organizaciones sindicales legalizadas con los personeros del gobierno de turno. Desde ese año se producen profundas divisiones en el movimiento sindicalista por el enfrentamiento político-ideológico entre Acción Democrática –AD– (1941) y el Partido Comunista de Venezuela –PCV– (1931), que determinó la creación de sindicatos paralelos (Godio, 1985, 33). El activismo sindicalista de AD significó la fundación de muchos sindicatos en todo el país. En 1946 se realiza (auspiciado por AD) el congreso que funda la Federación de Trabajadores de la Construcción (Godio, 1985, 38); que expone el grado de dinamismo de esta actividad económica y el nivel de captación proselitista de obreros. La construcción es, según Rodolfo Quintero (1984), de las actividades económicas no petroleras, la segunda que emplea más trabajadores y distribuye más ingresos, de ahí su importancia para la producción de la morfología urbana5. El movimiento obrero venezolano (y el de la construcción), desde su aparición, cuando no ha sido ilegalizado o perseguido por las dictaduras de turno, ha sido penetrado o fomentado política e ideológicamente por los partidos. Ello ha redundado en la gran división de dicho movimiento en la segunda mitad del siglo XX: la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV, 1947) –ligada a la AD socialdemócrata, consolidando el sindicalis5 Según Sergio Aranda (1983, 60, 68), los trabajadores de la construcción pasan de 24.000 en 1936 a 70.645 en 1950, y a 179.000 en 1958; es decir, se multiplican más de 7 veces en 22 años.

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mo oficialista–, Comité de Sindicatos Autónomos (CODESA, 1961) –ligada al COPEI socialcristiano–, la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV, 1963) –ligada al PCV socialista–, etc. Otro elemento del poder organizativo del Estado sobre la sociedad y dentro de la idea modernizadora reinante en la segunda mitad del siglo XIX, fue la creación de instituciones (como operación económico-política) para la formación intelectual y productiva de conocimientos y saberes, tanto en materia educativa como en el ejercicio de las profesiones. Respecto a esto último, nos referimos a que el Estado venezolano no ejercía el control y/o supervisión directa de la debida aplicación de los saberes ni del desempeño ético o conducta de los profesionales y técnicos a nivel educativo superior, sino que depositaba en los Colegios, Sociedades, Asociaciones profesionales, las tareas de control social de las labores realizadas por los mismos, en las respectivas especialidades de su producción y práctica intelectual. El Colegio de Ingenieros de Venezuela nace como proyecto político, creado en 1860 por el Estado como institución científica dependiente y al servicio del mismo y, como lo afirma Ana Elisa Fato (2007, 21): (…) con el objeto de atender todo lo referente a las `obras de ingenieros, y (debe ser) el centro en que se reúnan todos los trabajos públicos que para el adelanto de la ciencia en la República y para utilidad general practiquen sus miembros principales, honorarios y corresponsales´.

Como cosa política se insertó dentro de varios proyectos de modernización en gobiernos de turno (edificatorio-ferrocarrilero en Guzmán, edificatorio-carretero en Gómez, edificatorio-petrolero luego de Gómez, infraestructura urbana en Pérez Jiménez, etc.); aunque este proceso no fue directo ni lineal sino que tuvo sus reacciones y contradicciones propias de cualquier proceso en el capitalismo. La creación posterior del Ministerio de Obras Públicas (1874) va a contribuir a que el Colegio funcione estrechamente vinculado a un ente estatal6. El hecho de que aglutinase en su esfera de función para el trabajo conjunto a ingenieros y arquitectos, determinó una capacidad operativa para el Estado y la sociedad, de los sujetos (profesionales y técnicos) necesarios para la producción, como promotores y ejecutores de leyes, proyectos y de obras civiles científicas y tecnológicas necesarias para el desarrollo territorial y urbano del país. A esto se agrega la facultad que ha podido tener 6 Por otra parte, el decreto ejecutivo de 1895 lo involucra en la fundación de la Escuela de Ingeniería (que incluía la asignatura arquitectura, luego Escuela en 1941), que le proporciona fuerza académica.

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(…) el Colegio de Ingenieros, como gremio, de ejercer acciones sobre las complicaciones que pudieron presentarse en la ciudad o el territorio, en la formación disciplinar, en la divulgación de los conocimientos, en los logros profesionales y en la disciplinarización de los profesionales, para alcanzar un objetivo individual o colectivo (Fato, 2007, 11).

Sin embargo, la capacidad de ejercer poder del Colegio de Ingenieros en su trayectoria social deja mucho que desear respecto al resguardo de la calidad física del hábitat urbano, en especial en la segunda mitad del siglo XX. Su relación con el Estado y las políticas de modernización en diferentes períodos (entre intereses, apoyos, alianzas, críticas, denuncias, conflictos, defensa, etc.), no le permitió suficiente independencia y fortaleza (que proporciona el conocimiento de lo científico-práctico-tecnológico, apoyado en la producción, investigaciones y publicaciones consecuentes) sobre los varios temas del que-hacer de las especializaciones bajo su control. El activo ejercicio particular de los agremiados –amparados por asociaciones y leyes, proyectos, obras– dentro del Estado, contrasta con la pasividad del Colegio que no los defiende. La libre competencia profesional del ejercicio privado no se lograba porque, entre otras razones, hasta mediados del siglo XX la mayoría de las obras civiles en el país estaban a cargo del Estado. La multiplicidad disciplinar de la ingeniería y la arquitectura le otorga a sus miembros una heterogeneidad sobre el ejercicio, que los ha llevado a ocupar cargos ejecutivos en ministerios, gobernaciones, municipios y empresas públicas y privadas, en materia de lineamientos y normativas (ordenanzas), proyectos de planificación urbana, arquitectura y ejecución de obras civiles. Esto ayuda a comprender la diseminación de su acción y su multiplicación en agencias en todas las regiones; y su capacidad de ejercicio y poder sobre los destinos sociales económicos y políticos, pero que no ha tenido repercusión social global sino personal, y esto es llevado hasta el Colegio. Las libertades democráticas, a la muerte de Gómez, que impulsaron la conformación de Partidos políticos y de un Proyecto Nacional, incorporó a los agremiados del Colegio de Ingeniero y estimuló la formación de empresas constructoras privadas, además provocó una relativa autonomía institucional frente al Estado. Pero este logro fue monopolizado por la partidización del Colegio, distanciándolo de la disciplina y del control ético de la profesión, que fueron reemplazados por la política y el libre ejercicio como temas de gestión gremial. La Sociedad Comunitaria (lo popular, los dominados) Rafael Santacruz (s/f), la define como aquella dominada por los grupos primarios, de relativo poco poder socioeconómico, escaza especialización y división del trabajo, de frecuentes lazos de parentesco, relativa estratificación so-

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cial, mínima movilidad social, que se aferra a valores tradicionales y se rige por costumbres no formales. Consideramos la Sociedad Comunitaria importante no sólo por su inmensa dimensión cuantitativa (los pobres de lo urbano y de lo rural) para efectos de la producción y el consumo, sino también por posibilitar el funcionamiento de los mecanismos de preservación del sistema: la democracia (lo electoral), los presupuestos millonarios del poder estatal, la participación ciudadana, el control político, etc. A pesar de que los dominados tienen gran potencial para realizar un activo y positivo rol dentro de la sociedad y en la ciudad, como lo han demostrado en el proceso de autoproducción de su hábitat (los barrios), este potencial no ha sido suficientemente desarrollado debido, en muchos casos, a la falta de madurez y consciencia acerca de su papel dentro de la sociedad, y sus objetivos y metas dentro de la ciudad. Una característica de la Sociedad Comunitaria en los barrios de la ciudad es su capacidad organizativa y solidaria en función de la obtención de sus objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo. Capacidad que parte del carácter emprendedor de los pobres, de superar obstáculos, romper barreras, asumir responsabilidades tanto de forma individual como colectiva. Otra, es el alto costo humano de esfuerzo (corporal, intelectual empírico, etc.), ahorro (monetario, etc.) y tiempo de los que participan para lograr sus objetivos; costo que muchas veces significa castigo del Estado y la Sociedad Civil, que va desde desalojo de los territorios ocupados hasta pérdida de la vida en operativos represivos, y de lo invertido materialmente. La consolidación de los barrios es alcanzada sólo durante muchos años de duro trabajar, en sus tiempos libres (abstinencia del ocio para dedicarlo a la construcción de su hábitat, y empleo de las fuerzas corporales de toda la familia más otros colaboradores, que se traduce en décadas para alcanzar la mínima calidad de vida deseada), conflictos socio-políticos, y enorme inversión de dinero. A pesar de estas características, no podemos generalizar al punto de considerar que la Sociedad Comunitaria es un sector social homogéneo de la sociedad. Su heterogeneidad le proporciona una riqueza, dentro de la precariedad de sus condiciones de vida, expresada en diversidad cultural con mucha potencialidad a ser orientada para fines comunitarios; es decir, entre ellos, para ellos, con ellos, como contradicción valedera dentro de la sociedad capitalista y urbana. Teresa Ontiveros (1999, 39) apunta un aspecto importante en los procesos de construcción social de los barrios populares como es la creación de redes sociales “que integra a un individuo (Ego) con otros miembros de la comunidad (Alter)”, y se extiende a los vecinos y a las agrupaciones de la comunidad. La clase obrera que habita los barrios ha sido catalogada por autores, académicos y gente común como pobres, marginales, informales, ilegales, invasores, y otros términos despectivos. Teolinda Bolívar (1980, 69) dice: “No busquemos subculturas, no inventemos más poblaciones y zonas “marginales” imposibles

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de existir en una sociedad que lo domina todo, y todo lo pone bajo la égida del capital”. Por otra parte Ontiveros (1999, 33) afirma: Si Caracas está poblada por más del 50% de barrios, ¿En qué medida ellos están al margen del proceso productivo y social de la ciudad? Con ello podríamos esgrimir la tesis contraria. Los barrios populares y el conjunto de los sectores dominados, constituyen la fuerza motriz, donde se desarrolla y articula el proceso productivo de nuestro país.

Los barrios han sido diferenciados social y culturalmente de las parroquias y urbanizaciones como unidades urbanas de hábitat residencial de la misma ciudad; concretando una forma de lo que, según Buthet (2005, 18), es un permanente proceso dialéctico entre el humano, los grupos sociales y el hábitat construido por ellos mismos y en el que se hallan inmersos. En Caracas desde la década de 1950, los barrios han sido centro de políticas estatales que han evolucionado desde la “batalla a los ranchos” y los planes de renovación urbana (que significaron la destrucción del patrimonio físico y no físico de los mismos), hasta los programas y proyectos de consolidación de barrios, puestos en marcha tanto en dictadura como en democracia. El Estado (lo público, lo político) Otro de los sujetos de crucial importancia en la producción del espacio social en Venezuela, es el Estado. La morfología política de la cuestión urbana está en el estudio de la intervención de los aparatos del Estado, que interviene tanto en la producción socioeconómica-física de la ciudad como en su transformación, con el fin de preservar el sistema. Según Manuel Castells (1974, 290) los problemas urbanos son políticos, y la política urbana es considerada como proceso que enfrenta a fuerzas sociales con intereses específicos y diferenciados, y a actores que buscan realizar sus proyectos mediante diferentes estrategias. La economía petrolera va a determinar que el Estado se transforme en actor principal del nuevo modelo de producción; ya que, además de poseer la nación la propiedad de la materia prima mineral existente en el subsuelo de su territorio7, refuerza su papel de centro de atención de los grupos económicos. La renta petrolera influye, capacitándolo económicamente para el gasto público (Brito, 1974, 410) y ejerciendo con fuerza nunca vista su rol cómplice del capitalismo mundial y nacional, provocando un aumento de su influencia en la vida socio-económica y cultural del país, en la producción de un aparato burocrático capaz de modernizar la estructura administrativa (funcional, burocrática, 7 Estipulado desde la colonia por la Ordenanza de Minas de Nueva España, 1784; y consagrado jurídicamente en la República por decreto de Simón Bolívar, 1829 (Quintero, 1977, 40).

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jurídica), de financiar la construcción de obras públicas civiles (principalmente urbanas), favoreciendo la aparición de nuevos empleos y de empresas privadas (fieles al gobierno de turno), y la circulación y reproducción del capital. Además facilita la introducción de la modernidad tecnológica proveniente del exterior (la electricidad, las telecomunicaciones, el automóvil) y sus consecuencias ideológica-culturales (el gusto, la moda), que fascina a los venezolanos e impacta masivamente la ciudad. Históricamente los agentes del Estado (tales como, Ministerio de Obras Públicas y sus transformaciones, Banco Obrero-INAVI, Centro Simón Bolívar C. A., otros a nivel estadal, municipal) han tenido una función determinante en los procesos y la dinámica del desarrollo urbano. Esto no es gratuito, y como dice Luis Carlos Palacios (1980): La necesidad de incluir explícitamente al Estado (como un ente específico) se origina en una transformación importante que ha tenido el capitalismo: el desarrollo del capitalismo de Estado (…) Además de las funciones pasivas respecto al proceso productivo, el Estado moderno se ha transformado en un agente económico directo inserto en el proceso productivo y de circulación en forma cada vez más importante y determinante, lo cual es evidente en la ciudad en donde el capital social básico (infraestructura) ha sido competencia tradicional del Estado (Palacios, 1980, 28).

El Estado interviene en vivienda e infraestructura (vialidad, equipamiento, transporte, etc.), y esta última representa según Palacio, dos tercios o la mitad del capital fijo invertido en la ciudad, de ahí la importancia de las economías externas en el desarrollo del sistema urbano. Su participación en el proceso de producción y circulación de capital (vinculado a los monopolios privados) aumenta considerablemente. Según Palacio, en Venezuela constituye el 70% de la inversión bruta, ya sea en forma directa o transferencias crediticias, excepciones impositivas, etc. Mantiene un papel importante en la esfera de la circulación a través del presupuesto y los controles de la liquidez y de la actividad bancaria. Al mismo tiempo, el Estado se encarga en gran parte de los servicios urbanos, o de bienes de consumo colectivo, de la organización y control de la salud, la educación, la recreación, es decir, de la reproducción de la fuerza de trabajo. Por ello el Estado es necesario considerarlo en forma especial dentro del análisis de la producción urbana. Es un agente social explícito, pero no tiene independencia respecto a los agentes sociales dominantes; su acción no tiene la misma lógica que la de los agentes privados. A pesar de la estrecha relación con éstos, su racionalidad es más compleja y variada por estar dirigida a mantener la viabilidad de la totalidad del sistema, por ello también considera los agentes sociales dominados. El Estado dispone de muchos medios disuasivos (el Legislativo, el Judicial, las fuerzas de seguridad, etc.), pero también de la economía política y de la

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ideología. Permite la lucha política al agrupar a las poblaciones, al concentrar con los medios de producción las necesidades, las reivindicaciones, las aspiraciones de éstas. El Estado se involucró en la circulación de la renta petrolera a través de la Política Fiscal y a partir de las nuevas actividades económicas urbanas. Esto dentro de las posibilidades de sus ingresos (al fisco nacional, que pasan de montos menores en tres siglos de carácter agropecuario a millonarios en sólo décadas de petróleo) y la composición de sus gastos, que la época petrolera va a potenciar. Ella opera sobre el nivel del consumo y/o la inversión ¿Cómo lo hace? Constitucionalmente, ya que el Estado está referido a los Poderes Públicos que ejercen la autoridad y trazan el destino del país. Clemy Machado (1981) analiza el Estado y los factores dinamizadores que influyen en las actividades de la morfología urbana: • Factores endógenos: a) Las políticas de producción (protección, financiamiento, fomento, comercio, ingreso fiscal, gasto público, política laboral, etc.) que aseguran una participación creciente de intervención del Estado en obras públicas: vías (vehiculares, peatonales), servicios de redes (acueductos, cloacas, drenajes, electricidad, teléfonos, gas, etc.), equipamiento comunal (educacionales, asistenciales, recreacionales, deportivos, etc.), transporte público (metros, ferrocarriles, etc.), presas para abastecimiento de agua, plantas de electricidad, gas, teléfonos, etc.; así como puertos y aeropuertos, autopistas inter e intraurbana, y también como financiamiento de proyectos, construcción y consumos (viviendas, etc.), mantenimiento de infraestructuras; b) Los instrumentos de control jurídico, que abarcan casi todas las actividades de nuestra sociedad (económicas, sociales, administrativas, etc.), y que son muy dinámicas, expresado en la aparición y modificación de leyes, ordenanzas, decretos, que complementan otros mecanismos como la formación de empresas, los registros públicos (mercantiles, civiles), para dar asidero legal a las conveniencias e intereses de la producción morfológica urbana de la clase dominante dentro del Estado y en la Sociedad Civil empresarial; c) La propiedad de la tierra urbana y periférica, en manos privadas y públicas, y la creciente inflación en los precios de la misma; d) La producción de materia prima del sector primario y secundario para la industria de la construcción; e) La organización oficial de la producción del Estado (Ministerio del Trabajo, etc.), la Sociedad Civil empresarial privada (Asociación Bancaria, Cámara de la Construcción, Cámara Inmobiliaria, Cámara de Comercio, etc.) y la clase obrera (confederaciones de trabajadores, sindicatos, etc.); f) La organización civil de las comunidades para el consumo y para la regularización legal de su hábitat: Federación de Asociaciones de Comunidades Urbanas (FACUR), sociedades civiles, comités de barrios, etc. • Factores exógenos: a) El crecimiento constante de la demanda mundial del petróleo que impulsan y fortalecen (con sus vaivenes) la producción y los precios de este producto; b) La multiplicación de las ramas industriales

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y el impulso de la tecnología en la producción industrial de la construcción, que hace aún más poderosos a los monopolios internacionales y, por consiguiente, más dependientes a los países subdesarrollados. Una forma de acción activa del Estado para reproducir el capital es la transformación mediante ejecución de políticas y proyectos de Renovación Urbana, que significan externalidades que valorizan o desvalorizan sectores de la ciudad. Según Maruja Acosta y Roberto Briceño (1987, 258) la renovación urbana está ligada a la especulación en el mercado inmobiliario, en términos de producción económica, rentabilidad del suelo, segregación social y juego ideológico de la separación-unión de clases en el espacio y valores de la sociedad. La idea de renovación ha sido sustituir lo viejo por lo nuevo, “corregir problemas” sociales8. La represión ha sido factor común de esas políticas estatales, ejercida sutilmente por agentes de renovación (ocultas detrás de eventos culturales, pago de indemnizaciones mínimas, etc.), y/o violentamente (amedrentamiento, desalojos, muertos, heridos, prisión, etc.) por fuerzas de seguridad locales (policía municipal, bandas parapoliciales, etc.) y/o nacionales (DISIP, PTJ, Guardia Nacional). El Estado participa en las ciudades porque los mecanismos del mercado determinan su acción para resolver la complejidad de los asuntos de los objetos físicos-espaciales claves para el funcionamiento de la ciudad; por ello interviene, a conveniencia, con la Sociedad Civil y con la Sociedad Comunitaria. Por ejemplo, las piezas fundamentales de infraestructura (servicios de redes, vialidad, transporte, etc.) tienden a tener elevados costos de inversión, y su retorno es lento; por lo que es muy difícil que la Sociedad Civil y la Sociedad Comunitaria inviertan en ello. Los objetos sociales urbanos de la modernidad del siglo XX El impacto de la nueva economía petrolera provoca en Venezuela dos fenómenos de espacio social urbano y sus resultados físicos: los campamentos petroleros como asentamientos humanos materializados por las empresas petroleras (inicialmente sólo para sus empleados extranjeros) en zonas cercanas a la explotación de hidrocarburos; y la acelerada urbanización de ciudades. La actividad urbanística rápidamente es monopolizada por la naciente burguesía urbana, que en Caracas adquiere poder socioeconómico por poseer la propiedad del suelo y una fuerte relación con el poder estatal en diversas épocas del siglo XX. Las presiones urbanas, como consecuencia del crecimiento 8 Ejemplos son los materializados principalmente en el Municipio Libertador de Caracas abarcando viviendas, vialidad, oficinas, cultura: Avenida Bolívar, El Silencio, Centro Simón Bolívar, Fórum de Caracas, conjuntos habitacionales en las parroquias San Agustín, 23 de Enero, El Valle, etc.

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apresurado y sin control de las áreas pobladas, produjeron deseconomías, es decir, costes sociales que materializaron fenómenos de diversos tipos (sociales, económicos, políticos, ambientales, etc.), propios de la forma de desarrollo dentro del capitalismo. Los costes sociales son déficits, hacinamiento, condiciones inaceptables de habitabilidad, invasión, violencia, desarraigos, marginación, delincuencia, crímenes, corrupción, contaminación, degradación del ecosistema, etc. Esto se va produciendo en el tiempo en la medida que las áreas urbanas lo van tolerando como mecanismo de segregación social y espacial, por el descenso de estatus en el contexto socioeconómico, a conveniencia de obtención de beneficios para el capital. Es permitido por el sistema, de alguna manera, para la sustentación y reproducción del mismo. La producción es también reproducción de capital, y la urbanización (como materialidad) en la Caracas del siglo XX se manifiesta con tres fenómenos principales: la transformación de los Barrios residenciales a parroquias centrales de múltiples usos, las urbanizaciones residenciales formales (con la producción de un mercado oficial de viviendas) y la autoproducción de los barrios no formales (que asientan a las familias que no tienen acceso a dicho mercado). De los Barrios a las urbanizaciones residenciales El desarrollo físico de Caracas hasta comienzos del siglo XX (excepto El Paraíso, 1891), se realizó principalmente por densificación de los Barrios residenciales existentes entre los ríos que la circundan (Caroata, Anauco y Guaire) y la montaña (El Ávila); mediante la subdivisión de parcelas y la prolongación de calles y manzanas del damero original, adaptándose al relieve geográfico. En esto tuvo una fuerte repercusión la localización de comercios y oficinas que suceden a la residencia como usos urbanos. El proceso masivo urbanizador por extensión se inició en el Barrio Santa Rosalía (a finales de la década de 1920, según Carlos Di Pasquo, 1985, 84) sobre las haciendas agrícolas: La Yerbera-Vegas del Guaire (con San Agustín), El Conde (con El Conde), La Guía (con Los Caobos); acondicionando la tierra para vialidad, parcelamiento y luego edificaciones. No son las viviendas las que crean su propia demanda, sino que la presión habitacional de todas las clases sociales produjo la necesidad de éstas, con una respuesta que ofreció el naciente mercado inmobiliario privado y estatal: las mercancías urbanizaciones y viviendas, con fuerte valor de cambio antes que de uso. La oferta del mercado es implantado por la Sociedad Civil empresarial, que interviene en la producción de los estatus culturales de consumo mediante productos comercializados para la construcción, mobiliario de la vivienda, equipamiento (eléctrico, telefónico), etc. Las urbanizaciones (que remplazan los viejos barrios residenciales) son diversas, pues son respuesta mercantil a las características socioeconómicas de las familias de clase alta, media y obrera (y sus di-

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versos estratos) con capacidad de ingreso monetario estable, establecido como diferenciado en cuanto a la remuneración. Esto influye las formas culturales de consumo del espacio físico para residir, respecto a la oferta de tipos (casas, quintas, apartamentos), tamaños de las parcelas, viviendas de diversos estilos arquitectónicos, para la compra o alquiler. Se abordó el fenómeno de crecimiento poblacional mediante un desarrollo planificado empíricamente por la empresa privada para cubrir una demanda inicial controlable, y continuada tímidamente por el Estado. Luego, con el aumento descontrolado de las migraciones, la producción privada y estatal no se dará basto y provoca los déficits de viviendas a niveles alarmantes, que hoy día tienen carácter permanente en todos los planes urbanos realizados a partir de la tercera década del siglo XX. Varios factores intervienen en la producción física-morfológica de la acción de agentes o actores privados: 1) la concentración en la elite empresarial de la propiedad de la tierra, 2) la propiedad de los medios de producción, 3) el acceso al financiamiento, 4) el relativo fácil acceso a maestros de obra calificada para la producción, 5) la reducción de los costes que significó el permitir la intervención de capitalistas menores, 6) el desarrollo de la industria de la construcción, y 7) la facilitación de labores determinada por la participación crucial de la fuerza obrera. Son factores fundamentales para aparecer como atractiva y exitosa las operaciones comerciales, financieras, inmobiliarias y constructivas privadas y estatales, y tiene a Caracas como laboratorio para la experimentación urbanística en el mercado de la vivienda. El desarrollo formal caraqueño es conducido por la empresa privada a través de los inicialmente denominados Sindicatos, y el Estado fue inducido a participar en este mercado. La clase dominante determinó que lo privado atendiera la demanda de las clases de altos y medianos ingresos, y lo público la clase de bajos ingresos estables: los obreros. Juan Bernardo Arismendi (farmaceuta) y Luis Roche (comerciante), descendientes de emigrantes, son de los que inician el proceso urbanístico privado, con San Agustín del Norte (1927) y San Agustín del Sur (1929). Rápidamente las urbanizaciones sustituyen los campos agrícolas de las haciendas más distantes y se convierten en negocios exitosos, satisfaciendo los gustos y modas de las clases medias y altas, para las cuales el viejo casco le quedaba pequeño y era eso precisamente, `viejo´, necesario sustituir por algo `nuevo´: “Años después, Mariano Picón Salas podía decir: `Caracas no es una ciudad sino una confederación de urbanizaciones´” (tomado de Villanueva, 2005, 113). El término Barrio (lugar de residencia de toda la población hasta comienzos de siglo XX) es sustituido por parroquia, y adquiere un perfil segregacionista: barrio, para designar donde residen los pobres. El carácter monopólico fue base de la propiedad de la tierra y la urbanización de la misma. En 14 años (1944-1958) se produjeron 44 urbanizaciones en el Área Metropolitana de Caracas. De las 14 del Distrito Federal, 7 (50%) tenían

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un solo propietario y urbanizador (Juan Bernardo Arismendi: La Florida, Las Palmas, La Campiña, Las Delicias, Los Cedros, Las Acacias, Gran Colombia) y 2 (14,2%) a propietarios y urbanizadores asociados; esto sin contar las Compañías Anónimas. De las 30 del Distrito Sucre, 18 (60%) tenían como propietario y urbanizador a la misma entidad (Asoc. Otañez: El Bosque; Vaamonde: El Pedregal; Sosa Báez: Bello Campo; Sosa Rodríguez: La Floresta; Carlos Fernández: Horizonte y El Marqués; Inocente Palacios: Colinas de Bello Monte; Pedro Herrera: Prado del Este y La Boyera; González Rincones: La Trinidad, Lomas del Mirador y Las Marías; Carlos Anglade: Los Campitos; Antonio Santaella: Santa Elena y Charallavito; Lorenzo Mendoza: Boleíta; C.A. Vica: Santa Marta), y 6 (20%) un sólo propietario y urbanizador (Juan Bernardo Arismendi: Mata de Coco, Las Delicias, Los Cedros, Santa Cecilia, Campo Claro, La Carlota) (Fuente: Plaza, 1981, 185-186). El tranvía, el automóvil, los autobuses, contribuyen a fomentar el desarrollo de nuevas urbanizaciones en terrenos distantes de lo que para entonces era Caracas (hoy casco central histórico), determinando un relativamente rápido éxodo de las familias con poder económico, hacia las zonas rurales del este de la ciudad (La Florida, Altamira, Los Palos Grandes, Caracas Country Club) o periféricas al casco (Los Caobos, San Agustín del Norte, El Conde) o cruzando el Río Guaire (El Paraíso) y luego las más distantes en valles del sur (Prado de María, Los Rosales, Los Jardines). El Estado contribuye en esta labor con la creación del Banco Obrero (1928) y su urbanización primigenia San Agustín del Sur (ejecutada por Luis Roche y Diego Nucete Sardi, 1929), que luego irá a mejorar con El Silencio (1944, cuando Nucete Sardi era su Director), y en parroquias (El Valle, Coche, Caricuao, Macarao, Sucre, 23 de Enero). Pero ejemplos de diseño urbano, como El Silencio y la Ciudad Universitaria del Arq. Carlos Raúl Villanueva, no valieron de modelos a ser emulados, pues la rentabilidad económica impuso otros criterios. Tanto la inversión privada como la estatal no están exentas de los procesos de reproducción del capital. Así en las urbanizaciones se gestaron transformaciones para rentabilizar las inversiones iniciales, con criterios de densificación de la construcción (por ordenanzas) y empleo de altas tecnologías para abaratar costos. Se produjeron edificaciones de múltiples usos (oficinas, comercios, etc.) y estilos arquitectónicos que respondían a gustos y modas impuestos por el sistema. Un ejemplo es la intervención estatal sobre inversiones privadas, como sucedió en la urbanización El Conde (Arismendi, 1930) para producir el complejo monumental Parque Central (1971) ejecutado por la empresa estatal de renovación urbana Centro Simón Bolívar C. A. Los barrios populares Paralelamente al fenómeno de producción formal de urbanizaciones en Caracas, en la segunda década del siglo XX se produjo otro no formal de creci-

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miento urbano por extensión hacia su límite sur, que fue la relativa masiva autoproducción de asentamientos humanos denominados `barrios´, de residencia de aquella capa de la Sociedad Comunitaria que no tenía acceso a los productos mercantiles que ofrecía el mercado formal de la vivienda. Los campesinos migrantes convertidos en los obreros de más bajos ingresos no estables, y los desempleados, tuvieron que autoproducir de forma espontánea primero el rancho y luego el hábitat que materializara sus utopías de mejorar sus condiciones de vida en la ciudad; pero, inicialmente, con insuficiencia de infraestructura vial, transporte, servicios de redes sanitarias y eléctricas, equipamiento comunal. La población pobre desarrolló modos de producción para la subsistencia en el medio rural, algo similar va a suceder en el nuevo entorno urbano, en el hábitat barrio. Éste es expresión de un modo de vida en el tiempo que llamamos la cultura del barrio, la cultura comunitaria. Uno de los aspectos más importantes en los barrios es la propiedad de la tierra; factor crucial para entender los modos de producción y los procesos socio-espaciales que lo materializan morfológicamente; y que determinó tanto el desarrollo de una acción mercantil inmobiliaria empresarial de menor nivel –para ofertar parcelas baratas en lotes privados–, como la ocupación ilegal (invasión) de terrenos privados y/o estatales. Teolinda Bolívar (1980, 82) dice al respecto: La situación de la propiedad de los terrenos sobre los cuales se asientan estos barrios es muy variada (…) 1. hay un grupo de barrios asentados en parte de una gran propiedad (…) los propietarios negociaron la cesión al Consejo Municipal de Petare, Estado Miranda, de los terrenos con pendientes ya ocupados por barrios de rancho, a cambio de una zonificación que les permitió efectuar el máximo aprovechamiento de los terrenos (…) 2. otros barrios se encuentran ubicados en terrenos actualmente en litigio; 3. (…) existencia de varios barrios, cuyos pobladores adquirieron las parcelas, pero después se dieron cuenta que se trataba de una estafa (…) 4. algunos barrios se asientan en terrenos privados, ocupados después de largas luchas. Consideramos que los pobladores de los barrios han sido protagonistas activos de una experiencia de producción física del hábitat que evolucionó con tal arraigo histórico que ya es su patrimonio, pues se identifican decididamente con su ambiente. Al igual que en su formación empírica para los trabajos urbanos, la necesidad lleva a esta clase a emprender la producción de su hábitat en la práctica concreta, mientras está construyendo: el rancho (que nunca es la solución deseada) que se convertirá en casa, las trochas de tierra en calles, escaleras y veredas de concreto o asfalto, la infraestructura (acueducto, cloacas, drenajes, electricidad) que se toma del servicio público, los equipamientos comunales (escuelas, centros de salud, canchas deportivas, etc.).

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La gente pobre fue asentándose en Caracas en terrenos vacantes de propiedad privada y pública que poseían la menor resistencia a ser ocupados, y/o en situación de espera para intervenciones especulativas del mercado inmobiliario. Estos, generalmente lo constituían grandes lotes en cerros con fuertes pendientes, terrenos ubicados al borde de ríos y quebradas, y por consiguiente, con problemas de accesibilidad, vulnerabilidad geológica, abundante vegetación, riesgo de inundaciones, deslizamientos, etc. Estas características determinaron, por muchos años, que fuesen descartados por promotores inmobiliarios y constructores, debido principalmente a las grandes inversiones necesarias para su urbanización. Fueron los habitantes de los barrios quienes, urgidos por la necesidad de un hábitat, desafiaron tales circunstancias y decidieron producir sus asentamientos, para alcanzar algunos de ellos, en el tiempo, un estándar aceptable de calidad urbana; por lo cual los denominamos `urbanizados´ (ej. zonas de: La Cortada de Catia, El Manicomio, Lídice, Las Minas de Baruta, El Guarataro). Los empresarios privados van a buscar rentabilizar sus tierras de cualquier forma, así ello signifique parcelar de la forma más apropiada para hacer efectivo su objetivo de lucro mediante inversiones de capital no sólo en los productos mercantiles urbanizaciones, sino que muchas áreas que para la época fueron consideradas costosas para urbanizar, también fueron objeto del negocio privado y produjeron algunos barrios. Así sucedió en los cerros y valles coluviales de San Agustín del Sur, comercializados por Juan Bernardo Arismendi y Luis Roche, y luego por (inicialmente sus empleados) Pedro Agustín Cardona y Luis Orama como promotores de segundo orden; utilizando modos de intercambio propios a sus intereses: venta, alquiler, sesión. Ontiveros (1999, 30), valiéndose de los estudios de Teolinda Bolívar, dice que de las 1.151 Has. de área urbana existente en Caracas para 1936, apenas 21 Has. estaban conformadas por barrios. En 1941 la ciudad se ampliaba a 3.400 Has.; algunas zonas de barrios descienden y otras se consolidan. En 1949 los barrios ocupan 750 Has. y en 1959 aumenta a 1.067,28 Has. Pero es en 1966 (con la caída de la dictadura y el advenimiento de la democracia) cuando se extienden considerablemente las áreas de barrios, alcanzando 2.433,70 Has. En 1971, 2.973 Has. están conformadas por asentamientos no formales, lo que representa el 26% del área total urbanizada; y para 1991 son 3.187,85 Has. las zonas de barrios del área metropolitana de la ciudad. Al igual que las urbanizaciones, los country clubes, las parroquias y los conjuntos residenciales de la ciudad, los barrios poseen características físicas estructurales que expresan no sólo su organización social y económica, sino también la existencia o no de interrelaciones internas y con los entornos urbanos. Los barrios forman parte de la ciudad en tanto son resultado de la dinámica morfológica del espacio social existente, y de las relaciones entre sus componen-

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tes. Son asentamientos espontáneos que contradicen esquemas formales de la sociedad, y de la urbanización de la ciudad. Son formas de desarrollo dinámico que obedecen sus propias características geográficas, sociales, económicas, políticas, culturales, urbanas, arquitectónicas, que los diferencian del resto de la ciudad; así como también, y muchas veces, entre ellos mismos. A manera de reflexión Queremos creer que fue necesario el transcurrir del siglo XX para asimilar con más y mayor madurez el significado de los estudios, análisis y pensamientos que ideólogos y pensadores de lo urbano han realizado en el mismo siglo, para con más y mayor reposo, poder digerir lo que querían decir, y aplicarlo a nuestro caso venezolano, caraqueño. La Venezuela de economía petrolera busca ser moderna y la clase empresarial lo simplifica ofreciendo un mercado con nuevos espacios sociales urbanos que captan las expresiones arquitectónicas que el capitalismo produjo en cada época y que le son convenientes a sus intereses. La clase media y la clase obrera están listas para asumir el nuevo estatus social que el mercado le ofrece y el ingreso económico le permite. Tanto los capitalistas (promotores urbanos privados, el Estado, constructores –utilizando a la tierra, al trabajo y al capital, a los medios y factores de producción; al obrero como instrumento de la producción; a la renta, al salario, a los intereses y a la ganancia como agentes de la distribución–) como la fuerza de trabajo (maestros de obra, artesanos, obreros –utilizando su experticia, cuerpo y creatividad–), encontraron en Caracas una situación oportuna y necesaria para aprovechar el contexto espacio-tiempo-sujeto-objeto-praxis relativa y aplicar sus recursos en la producción de un espacio social urbano que, guste o no, reconocemos posee valor patrimonial. El capitalismo no es sólo un modo de producción material, sino que tiene inserto una ideología, una forma de concebir las cosas de la vida. Su lógica, sus formas, sus objetivos, sus estrategias no son sólo económicas, abarcan también los espacios-tiempos sociales, políticos, físicos; es decir, son más bien culturales. Están dirigidos a desarrollar formas de producción y consumo específicos para la acumulación de capital, para el lucro, como algo “natural”, “normal” de vida de algunos seres humanos, por y para siempre. Ha producido el espacio abstracto, que incluye el mundo de las mercancías, así como el poder monetario y el de la política estatal. Se basa en una amplia red de centros financieros, centros de negocios y las principales entidades productivas, centros de comercio, espacios de movilidad y transporte, etc. La ciudad capitalista contiene naturaleza modificada, gente dividida en clases sociales, poblaciones excedentes, actividades productivas, servicios de todo tipo. En las ciudades, como asiento

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material de la sociedad capitalista, se concretan relaciones, medios y modos formal y no formal de producción y transformación social. Sin olvidar los aparatos políticos y administrativos, los burócratas, los dirigentes, los delincuentes. Así es como van juntas la ciudad y la sociedad, se mezclan, se confunden, porque la ciudad recibe en su seno, como capital, el poder capitalista y su Estado. El espacio social urbano pasa a ser centro de innumerables flujos: de capitales, de trabajos, de mercados, de mercancías, de oportunidades, de recursos, de deseconomías, etc.; todos ellos interrelacionados, inter-dependiendo unos de otros como una totalidad. El resultado espacial va materializando ideas, conceptos, intereses, de agentes y actores en los tiempos de producción de la ciudad, acorde a las características que le son propias en este modelo de producción. La morfología de la ciudad en Venezuela forma parte del proceso de relaciones sociales del modo de producción dominante. En ese cuadro funciona la producción, la circulación, la distribución, el intercambio, el consumo de los recursos de la sociedad humana; que, en el capitalismo totalitario, es expresión prodigiosa de sórdida mezcla de explotación y de monopolio insensato. La producción del espacio social urbano de Venezuela en el siglo XX estuvo relacionada a la producción del espacio global capitalista, como consecuencia de la inserción del país y su papel en la producción mundial de petróleo; y las contradicciones locales y globales que ello significó. Las parroquias, las urbanizaciones y los barrios (las casas, las quintas, los apartamentos, los ranchos y otros edificios) son expresión dialéctica de la modernidad del siglo XX. Se convirtieron en especies de guetos: asentamientos de clases sociales, de gente semejante en cuanto a ingresos económicos, consumos y hasta apariencias personales. Ello acentúa las diferencias sociales, económicas y culturales entre los habitantes de la ciudad, consolidando la división y segregación cada vez más notable por las formas de vida social y de aspiraciones. La planificación empírica y espontánea demuestran una capacidad de alcanzar superioridad en la organización del espacio que podría competir con la lograda por profesionales especialistas, pues traducen el orden social a la realidad territorial como urbanización, como órdenes formales directas de la clase dominante en la Sociedad Civil y en el Estado; pero toleran órdenes no formales. El resultado es una morfología del hábitat, dialéctica, de lo físico urbano; que responde a la extraordinaria capacidad constructiva de nuestro pueblo obrero. Y la dialéctica en el espacio (físico, social, económico, político, cultural) en sí, crea la fuerte impresión que allí existe una dialéctica del poder: un equilibrio tan amenazado que una explosión puede ser inevitable. Es necesario atender al capitalismo venezolano para conocer y entender integralmente los asuntos de la morfología de la ciudad, asiento de una población

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importante de la sociedad. Al término del recorrido del análisis: el funcionamiento de la sociedad urbana en la que vivimos, es decir, la práctica social; no como una fatalidad a la que debemos resignarnos, más bien como una realidad que plantea la oportunidad para nuevos paradigmas, nuevas utopías, nueva práctica espacial.

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Rev. Venez. de Econ. y Ciencias Sociales, 2013, vol.19, nº 1 (enero-abril), pp. 111-146

REPRESENTACIÓN E IMAGEN DEL POLICÍA DE CARACAS: APUNTES PARA EL DEBATE SOBRE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Beatriz Juárez Introducción El presente artículo es el resultado de nuestro trabajo de investigación realizado entre 2006 y 2007, con los funcionarios del Instituto Autónomo de Policía del Municipio Bolivariano Libertador, para optar por el título de antropóloga de la Universidad Central de Venezuela.  El Estado venezolano, en los últimos 5 años ha tenido grandes avances en materia de seguridad ciudadana y del cuerpo policial, en primer lugar: la promulgación del decreto con rango, valor y fuerza de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional en el 2007, publicado en 2009 en gaceta oficial N°5.940 en 2009, donde se especifican las políticas y acciones para garantizar un proceso de formación y desarrollo integral único de los funcionarios y funcionarias policiales (Decreto, N°5.895); luego la creación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) bajo el marco de la Misión Alma Mater en 2009, como figura institucional garante de la creación del nuevo modelo policial y, posteriormente, la Misión a Toda Vida Venezuela creada en julio del 2012. No obstante, en la Caracas de hoy en día, la representación e imagen del envestido de respeto y miedo, sigue teniendo vigencia y significación sociocultural en  la lógica societal de la ciudad. Por esta razón, haremos algunos apuntes claves para el debate sobre el significado del policía como figura pública significante en la trama urbana y en el mantenimiento de la convivencia ciudadana, abordándose al policía como un actor social que está inmerso y delimitado por un marco simbólico creado tanto en el ámbito político (orientación institucional) como en la escala etnocultural (imagen y representación del policía en el espacio público). El policía forma parte esencial de los actores sociales que integran la vida

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urbana, presentándose, a primera vista, como una “señal”. No obstante, al indagar se observa como un signo, cuyo “contenido” y función social se asocian a sentimientos, comportamientos y sentidos tales como: miedo, respeto, imposición, autoritarismo, etc. La presente investigación se centra en el policía como caso de estudio, en lo que él piensa de sí mismo y en lo que se le atribuye como figura pública, en cuanto a la mirada e idea que de su labor y papel tiene el colectivo social. Por consiguiente, este trabajo aborda –siguiendo la teoría de Goffman sobre la interacción social y la presentación de la persona en la vida cotidiana (Goffman, 1971)– la presentación del policía en la vida social, es decir, la construcción de imágenes que se tejen a partir de la aparición e interacción de los actores (ciudadanos y policías) en el escenario social (el espacio público). Por lo tanto, nos aproximaremos por una parte, a la configuración del policía como sujeto (figura pública) y por la otra, al rol y labor que cumple en la sociedad. Desde un enfoque antropológico para el estudio de la ciudad y su dinámica sociopolítica centrada en la relación entre el policía y el ciudadano, nos plateamos tres preguntas orientadoras: a) ¿cómo es la presentación y puesta en escena de la figura del policía?, b) ¿cómo éste percibe su figura proyectada desde el “otro” (ciudadano)? y c) ¿cuál es la relación existente entre presentación, representación del policía y el movimiento ciudadano (Policía – Ciudadano)? Esto, con el fin de entender cuál es el papel que desempeña el policía en la convivencia social urbana. Para ello, enfocamos el análisis en cinco categorías semánticas: uniforme, eestatus, trato, confianza y movimiento ciudadano, las cuales nos permitirán entender que el mantenimiento de la ciudad, sus espacios públicos y la convivencia social son el resultado de una labor conjunta entre Estado y sociedad, en donde una figura como el policía debe ser pensada en relación al ciudadano y al contexto urbano, político y sociocultural en el cual opera. En este sentido, estaremos tratando con la relación policía-ciudadano/a, a partir de la presentación del policía en el espacio público y desde cómo éste se piensa y siente que es construido por el ciudadano dentro el entramado urbano de la convivencia social. Metodológicamente, hacemos énfasis en una perspectiva etnográfica focalizada en el policía de punto a pie del Instituto Autónomo de Policía del Municipio Bolivariano Libertador que guarda el centro simbólico de la plaza Bolívar y, específicamente, en los siete policías que accedieron a las entrevistas personalizadas, ya que no tienen permiso para realizarlas y menos cuando se encuentran uniformados. En este sentido, el recorrido empleado para la presentación del tema central, tiene un matiz teórico apoyado en las perspectivas de la antropología urbana y antropología política y un matiz etnográfico que privilegia la voz del “otro”, del policía, a lo largo de la investigación, dando como resultado un “contrapunteo de voces autorales” (Clifford, 2001, 23).

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El presente artículo, inicia con una breve disertación sobre La cuidad como un espacio de interacción, en donde se resalta a los policías y los ciudadanos como actores sociales centrales en la dinámica urbana, siendo el policía un protector e impulsor de la convivencia social (Foucault, 1991) y el ciudadano un sujeto sociopolítico con injerencia en los asuntos públicos (Borja, 2004). Luego, nos adentramos en la noción del ser policía en la ciudad de Caracas a través de El uniforme como máscara del eestatus policial y Del trato policial a la desconfianza social, secciones donde se destaca la configuración del policía como signo ambivalente de la trama urbana. Seguidamente, en el apartado titulado La desorientación ciudadana y abandono policial, profundizamos en el aspecto relacional y la importancia del ejercicio de la ciudadanía en el desempeño policial, y, posteriormente, analizamos el papel del Estado y las garantías institucionales para el desenvolvimiento del funcionario policial en el subtítulo El policía desamparado y la ausencia de garantías institucionales. Por último, presentamos unas consideraciones sobre la problemática del policía en la ciudad de Caracas y algunos desafíos institucionales y ciudadanos que se deben afrontar. La ciudad, un espacio de interacción La vida cotidiana en la ciudad1 se presenta como un mundo intersubjetivo, un mundo que se comparte con “otros” (Berger y Luckmann, 1968). La persona no puede existir en la vida cotidiana sin interactuar y comunicarse continuamente con los “otros” actores sociales que constituyen la trama urbana2. La presenta1  La ciudad, esa densa red simbólica (Silva, 1992), puede ser considerada como una obra del proyecto de sociedad que está asociada a la  instalación o concentración de poder en un espacio físico que adquiere simbolismo social mediante las relaciones sociales que se producen en su interior. La ciudad es el espacio donde se crea y despliega lo urbano como proyecto. La ciudad no es un cúmulo de acciones, edificaciones, grupos, etc., sin sentido, por el contrario la ciudad implica un orden, una estructura y una lógica que se articulan para su óptimo funcionamiento. “La ciudad escribe y prescribe, es decir, significa: ordena y estipula” (Lefebvre,1974:66) mediante los lineamientos políticos que deben ser creados por sus habitantes (entendidos como actores de movimientos sociales). 2  La subjetividad urbana –lo urbano–  se constituye en el principio del espacio social, en cuanto a la proyección de una sociedad en un espacio que es empleado para el intercambio y las relaciones sociales. Lo urbano como proyecto de sociedad, es decir, como un ámbito medible y planificable en términos de las relaciones sociales, de asociación y de sentido de voluntad y participación de los actores sociales en la constitución de la sociedad, implica y requiere del ejercicio de la ciudadanía para poder constituir, generar y mantener el tejido social que da vida, coherencia y estructura a la ciudad. En este sentido, lo urbano se manifestará en los espacios públicos en cuanto al comportamiento del ciudadano en él, por una parte, y por el papel del Estado, la

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ción del policía en la vida cotidiana implica interacción social, la cual impone experimentar a los “otros”, sea de forma directa o no y resulta en un intercambio de experiencias, de relaciones, de tratos. Así, la interacción social ocurre a través de la proyección de imágenes y expresiones intersubjetivas dirigidas hacia los demás, que producen una continua reciprocidad de actos expresivos (Berger y Luckmann, 1968; Goffman, 1971; Geertz, 1974), en este caso particular entre los policías y los ciudadanos. La lógica social establece una dinámica en la que las personas deben presentarse públicamente en la vida cotidiana y articularse con los demás actores sociales. Esta articulación puede darse de diferentes maneras: por rechazo o aceptación, por confianza o no, por respeto o imposición, entre otras. La persona al presentarse, proyecta una imagen de sí destinada a causar efectos –conscientes o no– sobre los “otros”, de lo cual deriva el “trato” que se imparte y el que se espera recibir. Presentarse en la vida cotidiana, implica reconocerse en un lugar de la vida social como actor perteneciente a un eestatus o posición social determinada: ser policía y reconocer a los “otros” ciudadanos como semejantes o como diferentes, como elementos que le permiten objetivar las experiencias o procesos subjetivos por medio de los cuales se constituye el mundo intersubjetivo de la trama urbana a la cual pertenecen (Ontiveros, 2004) y así, poder desenvolverse en la vida social de la ciudad. De esta manera, el policía al presentarse y reconocerse como tal, sigue pautas de comportamiento y se desempeña y articula en la estructura social en relación al ciudadano. Al hablar de la figura del policía, siguiendo a Foucault (1991), nos referimos al rol social de vigilar y salvaguardar tanto a las personas como a sus propiedades y a los espacios públicos, es decir, que el policía tiene la función “de vigilar al hombre en cuanto activo, vivo y productivo” (Foucault, 1991, 134) y de controlar y asegurar el desarrollo de la vida pública urbana. Si “…el hombre es el verdadero objeto de la policía” (Foucault, 1991, 139) se resalta su importancia –aparente–  en el desarrollo de la vida de la  ciudad –lo urbano–, de su orden, mantenimiento y conservación. La policía debe ser esencialmente un organismo democrático al servicio de la comunidad; ello implica, necesariamente, que ha de ser representativa de la colectividad y responder a sus necesidades, pero también su principal objetivo debe ser asegurar al ciudadano la libre y pacífica ejecución de los derechos que le reconoce la ley (Rico, 1989, 231).

política y la autoridad en su mantenimiento, construcción y desarrollo.

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El cuerpo policial tendrá como función velar por la vida en sociedad (Foucault, 1991, 2000), al ser el encargado de asegurar las comodidades y ventajas de la convivencia social. Así, el policía se nos presenta como un impulsador y protector de  relaciones sociales (Rico, 1989), de la convivencia ciudadana. Por otra parte, comprendemos la categoría de ciudadanía como una condición sociocultural que hacen y crean los actores sociales, mediante el trabajo y la producción de relaciones con los “otros”, las cuales deben estar orientadas hacia lo común, hacia lo público, hacia el bienestar compartido. El ciudadano a diferencia del transeúnte, es un sujeto socio-político con injerencia en los asuntos públicos (Borja, 2004; Roncagliolo, 2004). La condición de ciudadano es una condición eminentemente pública que debe ser pensada menos como punto de llegada y más como punto de partida de una acción política (Portal, 2004, 372). Para ser ciudadano, se debe participar de y en la ciudad, se debe formar parte activa y actuante de la formación, desarrollo y mantenimiento de la vida urbana, es decir, el ciudadano para ser y existir debe participar, de una u otra forma, en la vida urbana, o dicho de otra manera, debe dedicarle voluntad y atención a lo que suceda a su alrededor, en sus espacios públicos. Si se entiende el espacio público urbano como lugar idóneo donde se manifiestan “nuestros registros de identidades” (Joseph, 1987, 20) y donde se da el contacto con los “otros” (Augé, 1996) se debe asumir a éste como el lugar por excelencia donde se refleja y representa lo social y la ciudadanía; lo primero al tener en cuenta que en los “otros” descansa el destino del “yo”, y lo segundo, como la toma de conciencia y la puesta en práctica de tal concepción. El uniforme como máscara de eestatus policial en la ciudad de Caracas Las situaciones interaccionales que constituyen la vida diaria de la sociedad, pueden ser entendidas como sistemas sociales pequeños (Goffman, 1971), que proponen pautas de comportamiento, órdenes, relaciones, deseos, sentimientos, tratos, concepciones, etc., que orientan las acciones sociales y mantienen con ello, un rumbo social, más o menos, definido. La sociedad es una trama que se hace, que producen los seres humanos en interacción con el fin de obtener mejores condiciones de existencia. La formación de la sociedad se da entre diferencias y alteridades, originadas en su interior. Existen diversas piezas en la vida social, cada una con funciones específicas mas no absolutas ni necesariamente excluyentes, que elaboran y establecen un orden, tanto simbólico como social, que apunta hacia una lógica societal: el peatón que recorre y porta la ciudad en sus actividades y compromisos; el alcalde que orienta y establece el rumbo de la ciudad y por lo tanto, preside y organiza que el policía resguarde el orden, que el barrendero se encargue de la limpieza de las calles, que el fiscal de tránsito vele por la fluidez de los vehículos, etc.

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Recordando la idea de Arendt (1974,1997), sobre la sociedad como la organización pública del proceso de la vida y como la forma en que la vida humana adquiere público significado, se vislumbra que la exhibición o presentación de las cosas y actores sociales, es decir, su puesta en la escena pública, es una constante –fundamental– de lo social, que muestra, en este caso, el orden de la ciudad de Caracas, ciudad que será, de ahora en adelante, nuestro contexto referencial. En la plaza Bolívar de Caracas, espacio público por excelencia de la capital venezolana, el policía como actor social de la vida de la ciudad, se presenta, se exhibe, se muestra mediante una función o papel específico a desempeñar tal como nos dice el policía Márquez: Esto es como un teatro, yo debo representar al policía, yo no le puedo hablar así normal al buhonero, debo hablarle con carácter, no con suavidad porque sino no te respetan y yo tengo que hacer mi trabajo. El policía debe cuidar que el ciudadano camine por la acera, que el motorizado use el casco (entrevista, 2007). 

La presentación del policía en la plaza se puede ver reflejada en lo que Goffman denomina “fachada personal”. Dicha presentación viene dada por un “conjunto de dotaciones de signos” (Goffman, 1971), que le imprimen, por ser el policía una pieza política de autoridad, un significado netamente institucional (social) a dicha fachada, la cual puede enmarcarse en el uniforme. A este respecto Márquez señala que: “yo con el uniforme represento al Estado, más nada” (Márquez, entrevista, 2007). En breve, el uniforme encierra la presentación del policía, como pieza institucional y no “individual”, en la calle. En este orden de ideas, el policía Castillo afirma que: “nosotros –los policías– no nos representamos a nosotros mismos como individuos, nosotros acá representamos a La Policía de Caracas. Yo represento a la Alcaldía de Caracas y al INSETRA3”(Castillo, entrevista, 2006). De esta manera, el “policía de Caracas” pasa a ser una pieza política real de la autoridad de la ciudad y una muestra de su eficacia y garantía. La “fachada personal” representa, metafóricamente, el elemento de esa dotación que “se identifica íntimamente con el actuante mismo y que, como es natural esperamos que lo siga donde quiera que vaya” (Goffman, 1971, 34). El uniforme, la vestimenta que identifica el oficio, es expuesto por Goffman como un elemento significativo y característico de la fachada que todo actor o grupo social establece al presentarse en la vida social. Vale destacar que la fachada, en este caso, se institucionaliza y se vuelve signo manifiesto de las representaciones colectivas. Por esta razón, la metáfora del uniforme como fachada, resulta excelente para entender al uniforme en su función de constituir la parte esencial de la imagen presentada por el (y sobre el) policía, estableciéndose como 3 Siglas que significan: Instituto Autónomo de Seguridad Ciudadana y Transporte.

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un elemento indicador significativo –convencional: como un símbolo de las proyecciones que se realizan en la interacción cotidiana en la plaza. De esta manera, su indumentaria es un regente de la funcionalidad del actor o grupo social dentro de la trama social de la ciudad. La fachada se institucionaliza – de forma histórica en el caso del policía4– en función de las expectativas a las que da origen, y tiende a adoptar una significación y estabilidad a partir de la cual se convierte en una realidad empírica con derecho propio. En breve, el uniforme identifica (señala) la figura del policía en la ciudad. El policía se muestra como una señal con sentido, como un signo. Es un signo que se impone como parte de la ciudad, a través de su uniforme como ícono. Éste no se puede separar, salvo consideraciones metodológicas de análisis, en el significante y en el significado, o dicho de otra manera, en la forma y el contenido. El uniforme se nos presenta como indicador de sentido, señalsignificante: que al verlo lo asociamos con un significado. El uniforme es la forma y se liga al contenido, que en este caso es el “ser policía”. El uniforme como forma es lo que estará señalando en público que tal actor social es policía y no otra cosa. Dicha asociación, que identifica al policía a través de su uniforme, se hace de forma “automática” en la conciencia colectiva. Tal asociación, pertenece a una “mística urbana”: el contenido de la persona del policía desaparece bajo las formas del uniforme. La máscara del uniforme trasciende la identidad personal. Así, al hacer referencia al uniforme estaremos considerando, de una u otra forma, la presentación del policía como signo institucionalizado. El uniforme será un “vehículo transmisor de significado, siendo éste un signo relativamente fijo que durante un período de tiempo no variará de una situación a otra” (Goffman, 1971, 35). De ahí que, el uniforme sea un indicador de sentido establecido por la institución policial “como forma de reconocer e identificar al funcionario en la calle, durante los operativos” (Luis, entrevista, 2007). El uniforme es para el policía parte de su trabajo, como comenta Márquez: “el uniforme es el trabajo porque te digo que esto es parte de  mi trabajo y como tal me impone restricciones en mi comportamiento” (Márquez, entrevista, 2007). En el teatro de la ciudad, el uniforme del policía es un emblema de la función que debe desempeñar el actor social en cuestión. En resumen, define su presentación en el espacio público. 4 Siendo parte de un marco contextual mayor, al policía se le atribuye un significado particular como sujeto históricamente definido y culturalmente manipulado en la ciudad de Caracas. No obstante, y a pesar de la importancia para el análisis que tienen las configuraciones sociohistóricas del policía como figura pública y social, en el presente trabajo la reconstrucción histórica de la policía en América Latina y en Venezuela fue omitida (Ver Juárez, 2007).

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La “mística urbana” en este tema se teje hasta en el lenguaje. No todos los que porten un uniforme, se les llama “uniformados”. Sólo el policía es un uniformado. En este sentido, el uniformado, como categoría de análisis que define al que porta un uniforme “policial”, adquiere relevancia en cuanto a la presentación en la calle del policía, ya que como dice Márquez: “ante cualquier eventualidad uno es el que está uniformado” (Márquez, entrevista, 2007), y confirma su compañero Luis que: “¡lo primero que la gente va a buscar es al policía!” (Luis, entrevista, 2007). Para los policías el uniforme, en efecto, es considerado un elemento “representativo” de su presentación que marca sentidos específicos, que muestra “la actuación policial”: “el uniforme representa lo que es prevención, representa intimidación para los que van a hacer un acto delictivo“ (Álvarez, entrevista, 2007). La presentación del policía en el espacio público está, para ellos, definida por un velo de honorabilidad, de prestigio y orgullo a nivel personal: “el usar un uniforme no es un fastidio es un honor usar un uniforme policial, es honorable porque estás cumpliendo con la ciudadanía” comenta Luis (Luis, entrevista, 2007); a lo que su colega Álvarez agrega: Hay muchos policías que les gusta tener un uniforme y que la gente lo admire, yo soy uno, yo cuando uso un uniforme a mi me gusta que la gente me admire, que la gente me vea actuando a nivel policial; uno debe sentirse orgulloso, uno portando un uniforme que diga “policial” del municipio de Caracas o de donde sea pero que diga policial, eso ya es un respeto, ya es un orgullo (Álvarez, entrevista, 2007).

Sin embargo, los policías no dejan de afirmar que su presentación mediante el uniforme está envuelta en un manto de peligro –como faceta de su mística–, tanto en donde trabajan como en donde viven. Al respecto comenta Luis: “el uniforme representa un peligro, tú con el simple hecho de colocarte un uniforme ya tienes un enemigo gratis en la calle” (Luis, entrevista, 2007). Por su parte, el policía Castillo afirma sentir que: “yo siento que por solo estar en la calle con el uniforme ya la gente nos coge rabia; nosotros por tener el uniforme ya tenemos un riesgo” (Castillo, entrevista, 2006), ya que “en la inseguridad en que vivimos ni el policía se salva”, comenta el policía Álvarez (Álvarez, entrevista, 2007). Estas reflexiones representan sentimientos que remiten a la idea que sobre su presentación social como “uniformados”, tienen los policías. Estos la ven no sólo como honorable y prestigiosa sino también como un riesgo, como un peligro. Es el doble código de la fascinación/temor. Un doble código representado, a su vez, en una honda fractura en el mapa sentimental de la ciudad policial. Así, pudimos constatar que el uniforme es asumido por los mismos policías como un elemento ambivalente que encierra respeto, honor, peligro y odio. Al respecto Márquez dice: “es que hay unos sentimientos encontrados allí, algunos nos respetan, otros nos odian” (Márquez, entrevista, 2007).

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El uniforme pasa a ser un símbolo (convencional) que más que ambiguo, de ser una cosa u otra, es ambivalente, reuniendo sobre sí varios sentidos: honor y peligro; respeto y miedo; ventajas – prestigio y desprestigio. “El uniforme inspira las dos cosas, miedo y respeto. Miedo por muchas cosas que han pasado con la policía y respeto ya porque el uniforme inspira respeto porque eres el que hace cumplir las normas y tienes que respetarlas” (Márquez, entrevista, 2007). El uniforme como emblema institucional impone sentido a la presentación del policía en la calle, imparte señales que la comunidad capta y se apropia para elaborar sobre sí una imagen acerca de la presentación del policía. El significado ambivalente del uniforme policial, la pluralidad de acepciones que proyecta en su presentación, repercute en el desenvolvimiento de la dinámica social, ya que impregna de confusiones y de contratiempos el entramado de relaciones sociales, hecho que dificulta el accionar societal. Así, al analizar la presentación del policía en lo público, se desprende la ambivalencia del significado del uniforme, expresada en que éste signifique tanto respeto, como temor, peligro y honor. Esta particularidad encaja en la constante ambigüedad de la relación respeto-irrespeto, confianza-desconfianza, en que funciona la manera de vivir e interactuar de la sociedad venezolana (Hurtado, 1998, 2000). Por otra parte, del análisis de nuestras entrevistas y de diversas conversaciones con los policías, se desprendió que, si bien para ellos el uniforme sí identifica su presentación y, por lo tanto, los representa y, de una u otra forma, delimita su actuación en la calle: “el policía debe darle el ejemplo al ciudadano en cuanto a comportamiento en la calle” (Álvarez, entrevista, 2007) por estar “investido de autoridad” (Alvarado, entrevista, 2006), fueron muy enfáticos en el hecho de que sólo el uniforme no hace al policía (Álvarez, entrevista, 2007; Luis, entrevista, 2007; Guzmán, entrevista, 2006). Si bien el uniforme los identifica y señala sentidos dentro de la mística urbana, sólo indica que es un actor social específico, con funciones institucionalmente establecidas, mas en realidad no define ni orienta su desempeño real. Todo esto, debido a que, para ellos, los policías deben adaptarse a las situaciones que viven y acoplarse a ellas así vayan en contra de su formación teórica institucional. El uniforme, para los policías, es una “señal” que distingue y “privilegia” un “deber ser”, un comportamiento “ideal” tanto para el que lo porta como para el que lo percibe (el ciudadano). El uniforme cumple una función porque al momento de usar un uniforme de policía, ya eso es preventivo ¿ves? Ya los delincuentes por lo menos se cohíben un poco de hacer un acto delictivo delante de un funcionario uniformado (Álvarez, entrevista, 2007).

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Si bien el uniforme “representa” al policía e indica funciones sociales particulares como lo es la prevención, Álvarez expresa que: “nosotros, policía municipal ya tenemos como ocho o nueve años que nosotros somos es represivos” (Álvarez, entrevista, 2007). Esto implica que una cosa es lo que se quiso hacer al crear una policía uniformada preventiva y otra lo que se ha desarrollado en las calles de la ciudad de Caracas, Municipio Bolivariano Libertador. Recalcando el divorcio entre el ser y el deber ser, entre discurso político y praxis; develando, de una u otra forma, el orden de ciudad que se tiene, el cual dificulta la lógica societal por la ambivalencia de sentidos en que se confunden y dispersan las funciones y actividades de los actores sociales, en este caso particular, del policía. Como se dijo anteriormente, el uniforme indica la presentación del sí, como emblema institucional, que señala el rol que debe desempeñar el policía como actor social dentro de la trama urbana; No obstante, el estatus, entendido como la situación social en la que se desempeña dicho rol, es decir, cómo la posición de la persona en la estructura social, juega un papel de suma importancia en dicha presentación. De esta manera, el uniforme como signo indicador del “deber ser” de un rol social, no debe pensarse sin la situación social que define y delimita su presentación: el estatus. Así, la presentación del policía se da bajo situaciones determinadas y con indicadores propios: estatus y uniforme, entre otros, que orientan la presentación del sí, la expresan y la significan como pieza institucional de autoridad, en el caso particular del policía. Dentro del juego de interacciones entre sujetos que caracteriza a la dinámica social, la persona se moviliza y expresa desde un papel o rol a desempeñar en una situación dada, la cual le estipula comportamientos y orientaciones que se muestran en público. Un estatus, una posición, un lugar social no es algo material para ser poseído; es una pauta de conducta apropiada, coherente, embellecida y bien articulada. Es algo que debe ser representado y retratado, algo que debe ser llevado a efecto (Goffman, 1971, 86).

Por consiguiente, el policía, como actor social “uniformado”, se asume como un estatus social con pautas de comportamiento específicas. Al ocupar un lugar en la estructura social, el policía debe “llevar a efecto” su función para poder, junto con los demás actores sociales, articular, y con ello garantizar, un orden y una dinámica social que apunte hacia la realización de un proyecto societal. Al respecto el policía Luis advierte que: Cada persona tiene una función, el médico salvar vida, darle salud a la ciudadanía; el bombero rescatar vidas, sacar a una persona de un edificio que se esté

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incendiando; el policía prestar seguridad, salvar vidas, mantener el orden público; el funcionario de tránsito terrestre, la buena fluidez de vehículos en la ciudad de Caracas, o sea cada quien tienen una función diferente, pero ¿qué pasa si no nos sabemos desenvolver? ¡No podemos ser lo que queremos ser! Y lo sé porque si no cumplo con mis funciones como funcionario policial voy a ser un uniformado más esperando beneficios o un quince y último, pero hay mucha gente que se mete a policía es por eso y no por prestar un buen servicio. (Luis, entrevista, 2007)

En Caracas, el estatus de policía ha contraído –debido a su configuración social– una pauta de conducta o de comportamiento particular, caracterizada por huirle a la comunidad; El policía huye de ella –de la comunidad– por lo que estamos hablando, porque el policía le ha causado muchos problemas a la comunidad, le ha causado muchos problemas, por el matraqueo, por la impunidad, por el abuso de poder que hay, por todas esas cosas la comunidad le tiene cierto miedo y rencor al policía. (Márquez, entrevista, 2007)

Esto ha desdibujado el sentido “teórico-práctico” del estatus del policía preventivo. Así se observa cómo en Caracas la situación social del policía, su estatus social, es pensado por ellos mismos como “mal visto” como un trabajo “ingrato”, caracterizado por ser “bastante malagradecido ya que la comunidad nos rechaza” (Alvarado, entrevista, 2006), es “sacrificado” y “muy mal pagado” lo que lo lleva a ser un estatus “desprestigiado” socialmente, “el policía está muy desprestigiado” y es “que este trabajo, es muy ingrato” (Márquez, entrevista, 2007). En Caracas, ellos afirman sentir que la autoridad, la cual portan y representan –según Alvarado, entrevista, 2006– en el uniforme, es burlada por diferentes actores sociales como los peatones, los motorizados y buhoneros, los cuales los reconocen dentro de su estatus de policía mas los rechazan como tal, “nos escupen, nos insultan, nos gritan, nos dicen cualquier cantidad de cosas” comenta con un tono de angustia Álvarez (Álvarez, entrevista, 2007). El estatus de policía, en Caracas, estipula un rol que pocos quieren representar, no por los peligros que acarrea sino por entenderlo como un personaje no prestigioso. “Mira te digo que en el barrio los niños dicen: ¡Policía gafo! ¡Policía pajúo! ¿Y qué le vas a decir tú a ese niño?” (Álvarez, entrevista, 2007). Ser policía es un estatus social que “nadie quiere”, “yo no quiero que mis hijos sean policías, yo pensaba que esto era diferente que era más fácil, pero no, y además es demasiado mal agradecido, no tenemos buenos sueldos, ni seguridad, ni nada” (Alvarado, entrevista, 2006). 

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Sobre este desprestigio, que se traduce en temor y miedo al policía, Álvarez nuevamente afirma: “yo ahora que ando de civil le tengo miedo al policía” (Álvarez, entrevista, 2007). Ellos mismos, de forma inconsciente o no, rechazan los comportamientos que se han instituido como “ser” del funcionario policía en la ciudad. Los policías afirman que a pesar de todas las precariedades que ha contraído el en Caracas y de su imagen “deteriorada” debido –para ellos– “a la falta de gerencia, a la falta de jefe, a la falta de gobierno, a falta de conciencia, a falta de todo lo que tu quieras ponerle de falta“(Héctor, entrevista, 2007), el si les ha permitido tener un estatus que les brinda privilegios en cuanto a ventajas…“el uniforme da respeto más nada y no mucho, pero sobre todo tengo ventajas” nos dice Álvarez (Álvarez, entrevista, 2007). A lo que su colega Márquez  agrega: Yo nunca salgo de mi casa sin mi acreditación porque uno nunca sabe de una eventualidad y así le prestan servicio más rápido a uno (…) uno no es que está exonerado, es más apoyo en esas cosas en los tribunales y en una alcabala (Márquez, entrevista, 2007).

Además, se resalta el hecho de la concepción del uniforme y del estatus que aquel les proporciona –como elemento distintivo de su presentación en el espacio público– como herramienta que les da “ventajas”, que les abre puertas, como indica Álvarez: “ya con sólo tener el uniforme sencillamente tu tienes muchas entradas, tu puedes hacer muchos amigos y te pueden abrir las puertas” (Álvarez, entrevista, 2007). El uniforme, como símbolo institucional de su estatus, les da privilegios sobre los demás miembros de la comunidad en cuanto a facilidad en los trámites burocráticos, por ejemplo, y los distingue como actores sociales particulares, así afirma Castillo cuando comenta que: “el uniforme nos da facilidades, sin él no serían posibles, si yo llego a un ministerio de civil sería un proceso pero con el uniforme te facilitan los trámites. El uniforme implica facilidad en ese sentido” (Castillo, entrevista, 2006). De esta forma, si bien los policías tienen –según confirman ellos– un estatus enmarcado por un desprestigio social ante la comunidad, de forma contraria a lo que se podría pensar, aquel les permite gozar, de una u otra forma, de ciertos privilegios y ventajas burocráticas que, de alguna manera, generan contratiempos en el desenvolvimiento de la dinámica social, en la medida en que distorsionan su sentido y eficacia. El policía que no cumple con su función ante la comunidad pero sin embargo, se le ofrece “ventajas” en detrimento del colectivo de la comunidad. La ciudad como red simbólica, como una obra del proyecto de sociedad y como una idea en vía de materialización, requiere que se vele por el

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funcionamiento cabal de cada una de las piezas que constituyen la vida social urbana, para con ello, vislumbrar un proyecto urbano. No obstante, al realizar nuestro análisis sobre la presentación del policía en la ciudad de Caracas, y cómo éste se asume dentro de la trama que aquella establece, se avizora una distorsión en la ejecución de su función social. El estatus social del policía, que configura parte de la trama social de la ciudad, es rechazado en cuanto autoridad o “resguardador” del orden. “Es que los problemas que ha tenido la policía nos ha dejado rayaos, y se han arrastrado viejas mañas” (Márquez, entrevista, 2006), agregando Álvarez: “es que hace como 30 años que el policía está golpeao y no nos hemos recuperado” (Álvarez, entrevista, 2007). En breve, el estatus como una posición en la estructura social se relaciona con prestigio y poder social (Pitt-Rivers, 1968); tal posición la muestra, en este caso, el porte de un uniforme. Sin embargo, el estatus del “uniformado” (como policía) se muestra como ambivalente; una ambivalencia de doble código contrariado, la de un respeto con odio y temor. Si bien con el uniforme, la posición social del policía es indiscutible, ésta se encuentra –a nivel social y simbólico– envuelta en un manto de desprestigio y rechazo en el cual la autoridad pierde sentido y se asemeja más a una suerte de “autoritarismo que implora respeto”. Del trato policial a la desconfianza social Las presentaciones de imágenes que se proyectan en la sociedad, poseen un carácter moral. “La sociedad está organizada sobre el principio de que todo individuo que posee ciertas características sociales tiene un derecho moral a esperar que “otros” lo valoren y lo traten de un modo apropiado.” (Goffman, 1971). En concordancia, Álvarez nos dice: “los ciudadanos deberían ver al policía con respeto y con el uniforme verlo como a un amigo” (Álvarez, entrevista, 2007). La realidad social contiene esquemas tipificadores en cuyos términos las personas son aprehendidas y tratadas. Se aprehende y se trata al “otro” según su “tipificación” establecida social y culturalmente: como empresario, fiscal, chaman, cura, etc. En este sentido, el estatus del policía “tipificado” y definido institucionalmente, reclama y reivindica su derecho a una posición social establecida mediante el reconocimiento de su identidad social (Pitt-Rivers, 1968). Así, el policía es aprehendido según su presentación o imagen proyectada –signo ambivalente que encierra respeto, honor, peligro y temor y un estatus desprestigiado– y según el desempeño de su función. Considerando los principios morales que constituyen a la sociedad –confianza, cortesía, respeto, solidaridad, etc.–, la organización social demanda que cada actor, según su ocupación, propine y reciba un trato determinado. El policía como grupo social será admitido y tratado según se produzcan y establezcan dichos principios morales dentro de la trama urbana. De esta manera, el trato

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y la confianza como indicadores del campo semántico de la presentación del sí desde los “otros”, cobran sentido por ser elementos constantes, a nivel etnológico, de las relaciones sociales (Goffman, 1971). Estos principios morales que componen la lógica societal, son categorías que orientan y proponen pautas de comportamiento y de tratos en las escenas interaccionales que postulan la dinámica de las relaciones sociales (Goffman, 1971). El trato, en general, se compone de estas categorías morales que definen las relaciones sociales. La cortesía, entendida como un acuerdo temporal de las demandas que proyectan las personas al mostrarse en la escena interaccional, es un elemento estabilizador de las relaciones públicas, y por ende, del trato, lo cual les permite a las personas en interacción acoplarse para el funcionamiento de la sociedad (Goffman, 1971) y redunda en la confianza, respeto y solidaridad de las relaciones sociales producidas. Las relaciones sociales interpersonales se basan en el trato que se da y recibe según la situación interaccional y la posición que se ocupe o desempeñe en la estructura social. Las relaciones entrañan una preferencia habitual por un modo de conducta particular y un derecho a un determinado trato a cambio (Pitt-Rives, 1965) –sobre todo si el actor social pertenece a un estatus institucionalizado–. El tener o pertenecer a un estatus implica un derecho a una posición social (ser policía, uniformado, representante del Estado y de la autoridad)  y a su reconocimiento a través del desempeño de las pautas implícitas del mismo. El “trato” puede ser asumido como relacional, en cuanto implica o demanda una interacción entre las personas y, el establecimiento del mismo dependerá de los roles y comportamientos desempeñados por las partes involucradas: “si tú tratas a un ciudadano educadamente el ciudadano te responde educadamente pero si tú tratas al ciudadano a las patadas él te responde a las patadas” comenta el policía Héctor (Héctor, entrevista, 2007) al hacer referencia sobre el trato policial; a lo que su compañero Luis agrega: Nuestro trato depende de la actitud del ciudadano(…) eso es según el trato que te dé el ciudadano porque si tú llegas amable y el ciudadano te responde con palabras groseras o te lanza piedras, pues si una persona te lanza piedras tú no le vas a seguir hablando bonito (Luis, entrevista, 2007).

De esta forma, Si uno le llega con decencia: buenos días ciudadanos denme su cédula de identidad, su identificación, ajá, ustedes no pueden estar aquí porque están alterando el orden público, porque tienen mucha bulla, la gente se está quejando por favor desalojen. Y entonces así cambian y dicen: ¡cónchale ojalá todos los policías fue-

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sen así, ojalá fueran así todos! Porque en verdad algunos –policías– llegan: ¡no desgraciados fuera de aquí!  (Alvarado, entrevista, 2006).

Así, el trato se nos presenta como un hecho social complejo que se realiza a través de un ida y vuelta que caracteriza el drama de la escena interaccional (Goffman, 1971). El comportamiento del policía dependerá del comportamiento del ciudadano que si yo le pido la cédula a alguien y si como no y me da su identificación y yo lo verifico y él colabora totalmente conmigo yo incapaz de decirle una mala palabra o usar algo de fuerza con él, pero si él no me la quiere dar y me dice 30 mil vulgaridades imposible que yo le vaya a decir: sí que pase buenas tardes señor. Es imposible que yo le diga eso porque primero me está irrespetando y segundo cómo voy a quedar delante de los demás ciudadanos que él me esté mentando la madre y yo no haga nada yo tengo que agarrarlo y retenerlo porque él esta abusando de la autoridad (Alvarado, entrevista, 2006).

Sin embargo, este ida y vuelta que constituye el trato entre los sujetos –y que redunda en la confianza–, adquiere una particularidad al ser, alguno de los sujetos involucrados, una figura institucionalizada (policía) que demanda un trato formal: “que se respete la autoridad”. En consecuencia, el policía debe propinar un trato respetuoso al ciudadano, es decir, el policía como figura institucional debe, ante todo, respetar al ciudadano como integrante del colectivo social y no considerarlo como un particular aislado, ni variar su comportamiento según los ánimos del ciudadano. La confianza entendida como categoría moral, es asumida antropológicamente como un elemento fundamental dentro de la institución y formalización de las relaciones sociales y, por ende, como un componente de las mismas. Así, la confianza es entendida como un lazo social basado en un vínculo formalizado: el ciudadano que exige la presencia, en el espacio público, del policía como pieza de autoridad. De esta forma, la confianza implicará conocer los roles que las partes involucradas deben desempeñar y, con esto, tener conciencia de “sí” y de los “otros”. Es una categoría que constituye un proceso dialéctico, en el que cada uno de los actores debe conocer el lugar y posición del “otro” con respecto al “yo”. En este sentido, la confianza como elemento de las relaciones sociales formalizadas será el resultado o dependerá del trato que las partes involucradas se propinen y establezcan. Ahora bien, ¿cómo es el trato del policía hacia el ciudadano? Trato que orienta la imagen que éste tendrá de aquél y derivará en la confianza o no hacia el mismo?

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En una de las conversaciones con los policías, uno se mostró muy sorprendido por el particular interés de esta investigación, ya que para él la gente ya no está interesada en la carrera policial debido a que: Recuérdate que al policía lo ven como una persona agresiva y que si nosotros todo el tiempo andamos a la defensiva porque hay policías que son bastante corruptos y entonces por uno pagamos todos…corruptos en los sentidos de los atracos, en los secuestros, en la extorsión. (Héctor, entrevista, 2007)

Reflexión que estuvo seguida de una afirmación que, para él, resume el trato del policía hacia el ciudadano: “ahorita no todos los policías son muy educados” (Héctor, entrevista, 2007). En este sentido, Luis comenta: Bueno, la gente nos ve como un organismo, digamos, represivo, la gente nunca nos ve como un organismo preventivo. Represivo porque, bueno, porque nosotros, bueno, la policía en sí, en general, hemos creado una fama, cuál es la fama, de que nosotros supuestamente todo lo tenemos que resolver con la violencia… por ejemplo el caso de los buhoneros, la gente se queja con nosotros y uno va y habla con el comerciante y el tipo se pone obtuso y entonces uno vuelve a hablar y ellos se ponen más obtusos y entonces a uno se le suben los ánimos por ser humano y entonces recurre a utilizar la fuerza. (Luis, entrevista, 2007)

Para los policías, el uso de esta misma “fuerza” es la que los lleva al abuso de poder: “ese poder es el mismo que usan para el matraqueo, para ofender al ciudadano, para golpearlo, golpearlo no en sentido de golpes sino de humillarlo y mal tratarlo” (Héctor, entrevista, 2007). Este mal-trato muchas veces se da porque en la escena interaccional: Se da una situación provocativa que no puedes controlar  y ahí es donde entra el conflicto, ahí es donde se van a las humillaciones y groserías para provocar al ciudadano porque recuérdate que el policía es un lince que esperan cualquier momento para ellos aprovechar. (Héctor, entrevista, 2007)

Así, el trato de algunos policías hacia el ciudadano suele ser intencional, buscando “provocarlo” para poder reprenderlo o “matraquearlo”. Los policías controlan la proyección de su imagen con el fin de transmitir unos determinados mensajes: Buscamos asustarlo para que nos den dinero, para matraquearlo, pues. Por ejemplo, en los casos de las parejas que hacen el amor en los carros, nosotros aprovechamos y nos metemos con la mujer para asustar al tipo y así sacarle dinero. (Márquez, entrevista, 2007)

El “matraqueo”, término utilizado para definir la acción de exigir dinero para solapar una falta legal, es un trato que el policía afirma tener hacia el ciudadano.

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El matraqueo para ellos es producto “de la desesperación, de las deudas que tienen los muchachos –los policías– y de los ciudadanos que se prestan también para que los matraqueen” (Héctor, entrevista, 2007). El matraqueo es un asunto complejo que se relaciona con la circunstancia y particularidad social de la situación del trabajo policial en Caracas, el cual no se acabará con el ingreso a la academia policial de TSU o profesionales, tal y como lo afirma el policía Héctor ya que: “cuando ellos entren aquí realmente a la policía ellos van a ver lo que es realmente, cómo se trabaja y lo injusto que uno está en cuanto al pago, la situación que tú vives” (Héctor, entrevista 2007). Por lo tanto, el matraqueo más que ser un acto y “trato” para ellos indebido, es un producto del trabajo policial, es como una facilidad que tienen ellos de “redondear su sueldo”, es una opción que está latente en el ser policía en Caracas ya que “al ingresar a trabajar en la calle verás cómo es el trabajo” (Héctor, entrevista, 2007). El matraqueo –y todas las acciones ilegales que se tejen en torno a él– conforman una suerte de principio de realidad, significando para el policía una especie de adaptación forzosa tanto a la institución como al medio social en el que deben actuar.  De esta manera, el matraqueo es entendido y asumido por los policías como una característica del comportamiento y del consecuente trato de algunos policías hacia el ciudadano. Vale destacar la opinión de uno de los policías sobre el matraqueo, el cual para él se debe “a la falta de conciencia del policía y a la falta de conciencia del ciudadano, porque si te matraquean tienes derecho a denunciar” (Guzmán, entrevista, 2006) y así poner coto a la situación. Esto remite a otra forma de entender la propiedad relacional del “trato” que se mencionó en páginas anteriores: como el desempeño de ciertas funciones públicas dependen del desenvolvimiento de ambas partes, ya no como trato particularizado de tú a tú (individual), si no como trato “social a nivel colectivo” de cumplimiento y desempeño de roles y de deberes. Esto hace referencia a que se requiere de mutua colaboración para lograr la convivencia social (policía-ciudadano), es decir, que el ciudadano se organice y cumpla las normas y que el policía establezca el orden de forma eficaz. Ante esto uno de los policías mencionaba que en el municipio Chacao los ciudadanos colaboran y respetan al policía porque la comunidad los acepta: En las calles respetan al policía, el trabajo de ellos es mucho más fácil porque ya la comunidad los acepta tanto que ellos nada más se paran en una esquina y nadie se come la luz, todos los motorizados van con cascos (…) ya cuando pasan los límites de Chacaito se quitan los cascos y empiezan a levantar en caballitos los motorizados. (Alvarado, entrevista, 2006)

 Este análisis advierte que el trabajo policial se facilita con el establecimiento eficaz de las reglas (sociales e institucionales) y con la participación y aceptación de la comunidad, de la cual dependerá el desempeño cabal de la autoridad.

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No obstante, en el municipio Bolivariano Libertador, el policía siente que la autoridad, que supuestamente debe infundir, no es respetada y hasta cierto punto es burlada –”se alzan en caballitos los motorizados”– debido a que, para ellos, la comunidad los rechaza por tantos errores que han cometido, comentario constante de los policías entrevistados. Un punto digno de resaltar, que surgió de las entrevistas, es que el mal-trato del policía hacia el ciudadano, como el matraqueo o el abuso de poder, varía por dos motivos principales: 1) por las clasificaciones aleatorias que establece el policía sobre el conjunto de ciudadanos: los cultos y los anarquistas, por ejemplo, La mayoría de los ciudadanos cultos y decentes esos sí lo respetan a uno y confían en uno, pero la minoría que quiere formar la anarquía no nos respetan y a ellos no podemos darle el mismo trato que a quienes nos respetan. Tenemos que hacernos respetar como sea porque estamos investidos de autoridad (Alvarado, entrevista, 2006);

y 2) por el sector en el que se de la situación interaccional:  Yo creo que eso depende de dónde tú vayas, porque si es acá en el centro de la ciudad donde tienes que tratar, tienes que tener en cuenta que es con el ciudadano común, pero si tu vas para un barrio a las diez, once de la noche ahí la cosa es que te pones más violenta, con más carácter, sean inocentes o no. (Álvarez, entrevista, 2007) 

Estos hechos discriminatorios son justificados por los policías con argumentos como el siguiente: Sí hay abuso de poder pero a veces uno no puede llegar por lo menos al 23 de Enero a decirle: buenas noches señor, permítame su cédula, y te están recibiendo a tiro limpio y toda esa cuestión y uno no puede llegar así, uno tiene es que si vas a buscar a un sospechoso que ya está identificado, hay que agarrarlo y esposarlo y utilizar la fuerza como sea para neutralizar a ese individuo. (Alvarado, entrevista, 2006)

De esta forma, se muestra un trato discriminatorio basado en diferenciación de estratos sociales y por sectorización geográfica que, para ellos, implica una diferenciación “intelectual”. Con referencia al maltrato propinado por el policía sobre el ciudadano es importante destacar que ellos entienden el abuso de poder o el maltrato en relación con los buenos o malos modales: con decir o no buenas tardes, no con agredir verbal o físicamente al ciudadano. Para ellos el matraqueo no es un

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abuso sino una situación intrínseca del trabajo policial en la ciudad de Caracas como se dijo anteriormente. Este trato que, los policías afirman, existe por parte de algunos policías hacia el ciudadano redunda en la valoración de la categoría moral de confianza. En consecuencia, La ciudadanía hoy en día, piensa que el uniformado es la persona que te va a reprender, también piensa que es la persona que te va a ayudar, también piensa que es la persona que te puede causar un problema y también piensa que eres la persona menos indicada para solucionarte un problema… mucha gente piensa que no le vamos a solucionar el problema porque, porque mucha gente viene para acá y nos dice: me robaron en la esquina y entonces dice: no es que ustedes los agarran y  los sueltan. (Luis, entrevista, 2007)

Por este tipo de comportamiento policial, entre otras cosas, es que se ha creado en la ciudadanía un Temor hacia el policía, porque ya al decir policía la gente piensa, cónchale nos puede pasar algo”( Márquez, entrevista, 2007), “somos mal vistos, nos ven como represores como te había dicho antes, como matraqueros, represores, agresivos, el ciudadano se acerca con temor al policía, debería inspirar respeto e inspira es temor y desconfianza, desconfianza por lo mismo que está pasando, por la misma situación que ya te había comentado, que hay policías corruptos. (Héctor, entrevista, 2007)

Por consiguiente, La ciudadanía siempre está pensando que es el policía el que los va a maltratar, porque ¡coño no dale, dale, que esos son unos…piiii que el policía son unos piiiiiii “pitico” ¡nooo! entonces la gente siente más que todo ese temor pues. (Luis, entrevista 2007) 

El policía siente y piensa que el ciudadano desconfía de él, al punto de afirmar que por donde viven la gente los dejó de tratar como antes: “no me tratan igual, antes me trataban con más confianza pero ahora no…los jóvenes que a uno lo veían desde pequeñito y me saludaban ahora me ven como que ahí viene el enemigo mío” (Alvarado, entrevista, 2006). El maltrato policial, documentado y experimentado como un hecho de la historia contemporánea de la ciudad de Caracas, ha llevado a que el ciudadano No se sienta seguro porque ya está predispuesto, porque es un problema de cultura. ¡No que el policía es una rata, cuídate más bien del policía que del malandro! Siempre se ha oído eso y siempre se oye o ¡no te metas a policía porque ellos

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lo que se la pasan es matando a la gente! ¡Se la pasan robando y corren mucho peligro! ¿Ves? El todo de la sociedad nos ve muy mal a nosotros. (Alvarado, entrevista, 2006)

El trato que los mismos policías catalogan como: “no siempre decente”, los hace pensar y sentir que la gente les teme, que les tienen miedo. El policía cuando se acerca a un ciudadano siente que éste piensa: “ya nos vienen a fastidiar, ya nos vienen a matraquear, nos vienen a meter preso o a darnos unos coñazos por nada, eso es lo que piensan ellos, porque siempre, siempre es así” (Alvarado, entrevista 2006). Debido a esto, los ciudadanos acuden al policía sólo “cuando se ven en situaciones en las que ellos están en peligro pero de resto no, somos el último recurso que ellos tienen, causado por mucha desconfianza” (Héctor, entrevista, 2007). Así, del trato propinado por los policías y su configuración social se deriva una profunda y real desconfianza en la constitución de las relaciones sociales entre el policía y el ciudadano, lo que genera una ruptura de la misma y su posterior rechazo. De esta manera, en el caso del policía y su presentación, se muestra la inexistencia de uno de los principios básicos de la organización de la sociedad: la confianza como categoría moral que canaliza y orienta el respeto de las relaciones sociales mediante el respeto hacia el “otro” como sujeto social sobre el que reposa la existencia el “yo” (Negrón, 2004). Por el contrario, se muestra “un temor y rencor” (Márquez, entrevista, 2007) por parte de la comunidad hacia el policía y un policía que le huye a la comunidad. Por otra parte, “un individuo que implícita o explícitamente pretende tener ciertas características sociales deberá ser en la realidad lo que alega ser” (Goffman, 1971, 88), es decir, debe cumplir con su imagen proyectada. En consecuencia, “cuando un individuo proyecta una definición de la situación y con ello hace una demanda explícita o implícita de ser una persona de determinado tipo, automáticamente presenta una exigencia moral a los otros, obligándolos a valorarlo y tratarlo de la manera que tienen derecho a esperar las personas de su tipo” (Goffman, 1971, 89). Este proceso de reciprocidad que expone Goffman para explicar el basamento de la proyección y posterior construcción de imágenes sociales que se producen en la interacciones intersubjetivas a través del trato, ocurre de forma particular en la ciudad de Caracas, ya que el policía si bien se muestra como una pieza que representa a la institución con el fin de asegurar y proteger a las personas, al articularse en la realidad y tratar con los demás, se presenta –a veces– como un matraquero que abusa del poder, que actúa por represalias y con un trato discriminatorio alejado de toda concepción institucional de su función.

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El policía si bien se exhibe con el uniforme como un individuo con ciertas características sociales: protector, servidor, etc., al relacionarse con los demás no alega ser lo que proyectó, es decir, dentro de la escena interaccional el individuo no cumple con su imagen –institucional– proyectada y, en consecuencia, la exigencia moral que demandó ante los otros es rechazada y desafiada: el ciudadano no valora al policía y desconfía de él. Así, “la gente te lanza botellas porque ya me lo han hecho más de una vez, te lanzan piedras, botellas y te gritan: desgraciado policía, salte de aquí (Alvarado, entrevista, 2006). En este sentido, “el ciudadano nos maltrata, ellos no piensan ni creen que este sea mi trabajo estar parado acá en la plaza” (Márquez, entrevista, 2007), lo que evidencia que: “el ciudadano no sabe cuál es la función del policía” (Álvarez, entrevista, 2007). Por tal razón, el reconocimiento de las funciones policiales por parte de los ciudadanos es un requisito constitutivo de la confianza, del que se carece. No sólo se desconfía del policía sino que además se ignora, desconoce y desprecia socialmente su labor y se ignora su autoridad. Por lo tanto, el sentido del policía se ha trasfigurado para el ciudadano, quien no lo reconoce dentro de su labor, y por ende, la “tipificación” del policía, su significado y valoración se ha “modificado”, pasando de ser una policía municipal preventiva (positivo) a ser una policía municipal represiva (negativo): el que me debe proteger me amenaza. Vale destacar que, a pesar de que ellos mismos se reconocen como pertenecientes al estatus de policía en contraposición al de “malandro”: El policía como un malandro es una idea equivocada porque ¿cómo así? o somos policías o somos malandros, porque yo no puedo, estando uniformado, estar robando a la gente o decir: sí dale roba, roba aquí que yo te cubro. No puedo estar en eso, entonces para qué yo hice el curso de policía y me inculcaron ese poco de principios y la moral que allí me inculcaron. No puedo porque estoy faltando a lo que ellos dicen, entonces no soy policía. (Alvarado, entrevista, 2006) 

Al analizar al policía como actor social en acción e interacción, se observa que admite –culturalmente– el sentido de malandro: como el que te roba, o te agrade, el que te matraquea y te hace pagar “peaje”. El policía como signo social es asociado –en el ámbito del imaginario social– con el malandro: En verdad nosotros sabemos que somos mal vistos y yo a veces voy uniformado en donde compro los cartuchos que es en Chacao y en lo que entro uniformado al municipio Chacao los ciudadanos me ven: ¡uy ahí viene el malandro, viene un ladrón! (Alvarado, entrevista, 2006)

De esta manera, la configuración social del policía y su desempeño contemporáneo han marcado la forma en que los ciudadanos han asumido

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la presentación del policía en el espacio público: “por qué son tan faltones” se preguntaba una señora en la Plaza Bolívar de la ciudad, al ver cómo un policía llevaba maniatado a un presunto delincuente. En este sentido, Alvarado comenta: No sé cómo se habrá portado el policía en años anteriores y dicen que bastante mal cuando la seguridad nacional y tenemos un historial pero es cuestión de cultura, desde hace bastante tiempo que nos ven como muy malos a nosotros porque cuando un hijo de alguien dice: ¡quiero ser policía! todo el mundo ¡no vale! Esos son unos locos, porque ya están predispuestos a lo que es el policía. (Alvarado, entrevista, 2006)

afirmándose el desprestigio social que rodea al policía como estatus. El policía como estatus social que representa y ejerce pautas de comportamientos específicos, establece un trato particularizado y especializado. Si bien es difícil imponer pautas rígidas a la interacción social (debido a la variedad de intercambios subjetivos que se producen), el “trato” en el caso del policía como figura pública social, como prestador de servicio, debe regirse por unas pautas institucionalmente establecidas, tal y como lo estipula su juramento al graduarse: “juro resguardar y cumplir con la ley establecida por la alcaldía y cumplir con los resguardos del ciudadano, de la vida, del derecho a la vida” (Héctor, entrevista, 2007). Dichas pautas aparecen dadas en su formación académica-policial por ser un estatus institucionalmente constituido, razón por la cual el policía debe “alejarse” de la configuración que establece la rutina del orden/desorden de la vida cotidiana, es decir, no puede ser amigo o “panita” del ladrón, del infractor o del buhonero que abusa, tal y como se evidenció en nuestro trabajo de campo. De forma contraria, el policía debe instituirse sobre el orden de forma ética. Sin embargo, estas pautas institucionalizadas reflejadas en este juramento policial, son asumidas por ellos mismos como: “esas son cosas que aprendes pero cuando tu ya tienes tiempo en la calle ya tú sabes como son las leyes realmente” (Héctor, entrevista, 2007). En resumen, el policía como pieza de una institución, debe mostrarse de forma elaborada institucionalmente sobre este orden social establecido de pautas y conducta culturales; debe superar los principios organizativos de significado que desde la comunidad orientan y estipulan ciertos comportamientos hacia cada tipo o grupo de actor social para, de esta forma, desempeñarse como promotores sociales: “debemos ser buenos ciudadanos (…) mira, el policía es espejo de la ciudadanía nosotros tenemos que ser lo más excelente para que los ciudadanos se copien de nosotros y no nosotros de él”. (Álvarez, entrevista, 2007) En la literatura sobre el policía (Rico, 1989; Rieras, 1985), esta figura social fue creada para desempeñar,  entre otras funciones, la de mediador entre el Estado y la comunidad, como un representante del Estado en pro de la comunidad,

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en busca de su bienestar mediante la prestación del servicio de seguridad ciudadana, en donde el policía debe resolver y atender las necesidades de la comunidad a través de su función preventiva con patrullajes y servicios diarios en el espacio público, de forma de mostrarse “abierto” a la comunidad y a disposición del orden social (Márquez y Castillo, 2002). Así, el estatus social del policía debe garantizar el orden social urbano de la ciudad. En este sentido, Balandier, en su texto El poder en escena (1994), expone su idea acerca del orden y del desorden como el anverso y el reverso de una misma moneda, en donde la “inversión” del orden por el desorden, es para constituir y reforzar aquel y no para derrocarlo. El orden se mantiene en la medida en que se apropia del desorden y lo vuelve a su favor reestableciendo así, el orden desde el desorden. Sin embargo, en Caracas esta “inversión” orden – desorden ocurre de forma particular. El policía se presenta como pieza cuya función social se ha  “invertido” en la medida en que su desempeño dentro del orden de la ciudad no ha sido el de controlar el desorden para reestablecer el orden sino el de incorporarse al desorden para ser un mediador entre éste y la comunidad, perdiéndose en aquel (desorden) y quedando envuelto en sus significaciones etnoculturales. En este sentido, el policía suele adherirse a las pautas ilegales impuestas por y desde la comunidad, como por ejemplo, la venta de drogas, los robos, etc., para dentro de esa ilegalidad hacerse un espacio “legal”. De esta manera, el policía más que establecer un orden mediante la autoridad, establece cierto límite en la ilegalidad que existe dentro del propio desorden. Ante esto Márquez comenta: Yo conozco al que vende droga y yo lo dejo trabajar tranquilo, pero eso sí: respéteme mi casa, a mi mamá y mis vainas, no vengan para acá a vender droga, no van a venir para acá a robar a la gente. Entonces uno trata de limpiar esa zona. ¡Echarla para un lado! Aja, entonces no puedo meter preso a nadie porque después te metes en problemas, hay que saber manejar esas cosas, yo llego a mi casa tranquilo y no puedo meterle tiros y preso a ninguno de ellos, entonces yo trato es de mediar, allí yo soy un mediador, claro entre la ilegalidad y la comunidad. (Márquez, entrevista, 2007)

Al contrario de lo planteado por Balandier (1994) en donde se aprovecha la “inversión” para mantener el orden mediante el desorden, acá el policía intenta hacer una suerte de “orden” simbólico ( “limpiar la zona”, “echarla para un lado”) dentro del desorden social real (la venta de drogas, los robos, etc.). Así, la función social del policía –asociado a un estatus– se diluye dentro del desorden de la ciudad ya que no puedo meter preso a nadie porque después me meto en problemas.

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En breve, parece que el policía de La Policía de Caracas (conocido también como Policaracas) le ha huído a la comunidad, se ha cerrado a ella, tal como comentaba Márquez por todos los problemas que éste le ha causado a aquélla. El policía de Caracas lejos de ser un agente a favor de la comunidad se vuelve en su contra, presentándose, en ocasiones, como un generador de inseguridades como consecuencia de la ambivalencia de significados que éste emana. Al no saber –la comunidad– qué esperar de su presentación, éste se avizora como un factor de “incertidumbre social” en contraposición con su función moral como agente portador de “seguridad social”. La desorientación ciudadana y el abandono policial El funcionamiento de la dinámica social, depende, en gran medida de la articulación de los actores sociales, del desempeño de los papeles que cada quien debe realizar. En el caso de la labor del Policía de A Pie (P.A.P.)5, al estar su función relacionada con el ciudadano, por ser un servicio destinado a éste, requiere que su comportamiento sea constantemente impugnado por parte de la  ciudadanía como movimiento social. El policía siempre ha estado con la comunidad porque nosotros sin la comunidad no podemos trabajar…la misma comunidad coloca la denuncia y dicen: mira el delincuente se llama así esta fulano y se la pasa con tal sitio y vamos., y actuamos ante lo que nos diga la comunidad (…) porque la comunidad son los mismos ciudadanos que nosotros tenemos que perseguir la comunidad son como nuestros ojos, entonces sin la comunidad nosotros sencillamente no estamos haciendo nada. (Héctor, entrevista, 2007)

La comunidad organizada debe ser los ojos de los policías no sólo para pasarle datos informativos y poner denuncias sino para estar atentos a su desempeño y así poder garantizar su óptimo ejercicio y objetar su comportamiento en caso de ser necesario. Por lo tanto, se requiere de la presencia y actividad de movimientos sociales organizados, constituidos, articulados y comprometidos – formal y simbólicamente– con los problemas que confronta la realidad social de la ciudad, es decir, de un movimiento social capaz de aportar ideas y proyectos para conformar la dirección o rumbo de ciudad que se quiere. “Se deberían poner de acuerdo la comunidad o la mayoría de la comunidad, que quiere vivir decente, en mejor calidad de vida, con nosotros para agarrar a los delincuentes” (Alvarado, entrevista, 2006). 5 Los Policía Punto A Pie o policías de a pie, surgen históricamente de los llamados policías de “punto” y es una brigada policial cuya labor consiste en su puesta en escena permanentemente en un espacio público para su cuidado y el de los ciudadanos que lo usan y disfrutan (Gómez, entrevistas, división de prensa y relaciones públicas, 2006).

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Los movimientos sociales son un proceso social estructurado, son “sistemas de prácticas sociales contradictorias que controvierten el orden establecido a partir de las contradicciones específicas de la problemática urbana” (Castells, 1978, 431). De esta forma, los movimientos ciudadanos (sociales) tendrán como objetivo principal el de impulsar el cambio y la innovación de la ciudad (Castells, 1979; Lefebvre, 1976) a partir de la participación de los ciudadanos organizados, los cuales deben impugnar los servicios establecidos y exigir mejoras acerca de las problemáticas urbanas que padecen, “los movimientos son proyectos de ciudades, de vida social y funciones y formas urbanas (…) que surgen de la capacidad de los pobladores urbanos para producir y controlar su entorno, su espacio y sus servicios urbanos” (Castells, 1978, 432). En este sentido, los movimientos sociales son asumidos como actores sociales que se entregan a una movilización en pro de una meta urbana, mediante la revitalización de la autonomía local, la reivindicación de la autogestión política y la participación. Sin embargo, en Caracas los actores que constituyen la dinámica social del colectivo parecen no interesarse por los asuntos del policía, dejando todo en manos del Estado, sin oposición aparente ni contradicciones conflictivas, sino en una espera pasiva por la resolución de sus problemas: Al ciudadano no le interesa el policía. Aquí les interesa es que uno le resuelva el problema, más nada, el policía es el que les resuelve el problema y que no este bien dotados el policía no es problema de ellos y es verdad, eso es problema es del Estado, porque el Estado es el que se encarga de dotarnos a nosotros, como te dije el Estado es el que se encarga… porque para eso la comunidad pagó unos impuestos, una cuestión y cómo se refleja todo eso, en tener la policía, en tener las calles bien limpias y por todas esas cuestiones el ciudadano no tiene que  preocuparse. (Márquez, entrevista, 2007)

Si bien el Estado debe capacitar y dotar al policía como figura institucional y pública que presta un servicio social, la ciudadanía debe y está en  la obligación y en el derecho de impugnar, reclamar y exigir un óptimo funcionamiento del policía; de forma tal, que el que estén bien equipados o no, que tengan una buena formación y que ejerzan de forma correcta su labor es responsabilidad, en parte, de la ciudadanía como movimiento social urbano, como creación colectiva de la vida cotidiana. (Castells, 1979) La idea de la existencia del movimiento (social) ciudadano, es la de impugnar y velar por las garantías sociales de la colectividad. Sin embargo, acá pareciera ocurrir otra cosa, presentándose unos actores sociales poco preocupados por la colectividad y sus avatares en el tema policial: El ciudadano se presta para que lo matraqueen, porque si ese ciudadano estuviera correctamente a base de la ley y si no infringiera en las leyes de tránsito ni

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cometiera errores, porque todos estamos expuestos a los errores, pero el ciudadano tiene que poner de su parte. Porque si tu sabes en la situación que estamos ahorita y ellos ven la luz roja y siguen de largo ellos tienen que usar la conciencia. (…) hay muchos abusos en la calle pero también hay ciudadanos que son abusadores y ellos también tienen que aprender. Tienen que aprender a comportarse en la calle porque hay ciudadanos que llegan y se compran un helado y la basura la tiran en la calle. Sí, es como falta de ética y de conciencia. Porque tú ves a los moto taxistas y tu para poder cruzar una avenida tú tienes que ver para todos lados y te vas a partir el cuello porque vienen esos taxistas volados que no respetan semáforo, ni calles, ni aceras y te lleva por el medio (Héctor, entrevista, 2007).

De esta manera, parece prevalecer una atmósfera de irrespeto social; el policía que genera desconfianza en el cumplimiento de la función de establecer el orden público de la ciudad y el ciudadano que transgrede y sobrepasa los límites establecidos por la autoridad y que no se preocupa ni ocupa por tener un mejor policía. El ciudadano en sí no está claro en lo que es o cómo debe ser el policía porque la mayoría de lo que los ciudadanos escribieron en la consulta nacional es que somos matraqueros y que eliminan a la metropolitana, que eliminen a la Policaracas, que somos unos sucios pero no dijeron nada sobre cual es la reforma, por qué no pusieron auméntenle los sueldos, quítenlos de los barrios como yo estoy diciendo anteriormente. (Álvarez, entrevista, 2007)

Para tener una mejor ciudad y mejores policías, se necesita tanto de conciencia política como de disposición y participación ciudadana, en donde los  actores sociales urbanos más allá de transitar y emplear a la ciudad como valor de cambio, la disfruten y desarrollen en cuanto su valor de uso (Lefebvre, 1974). En este sentido, lo urbano como proyecto de sociedad, y su posible dedicación, requieren del ejercicio de la ciudadanía, entendida ésta como una condición de modernidad expresada en una elevada conciencia de los deberes y derechos individuales y colectivos, en donde los actores sociales son pensados como sujetos sociopolíticos, que se constituyen como tal por medio de la  participación activa y comprometida con la ciudad y su vida pública por una parte, y por su comportamiento y ejercicio de deberes en el espacio público,  por la otra. De esta forma, el ser ciudadano requiere de  una conciencia de sí mismo y del “otro”, que permita establecer relación entre los actores sociales  y así constituir y mantener el tejido social que da estructura y coherencia a la ciudad y su lógica urbana. Sin embargo, según los datos recabados en la etnografía, en Caracas parecen existir atisbos de un movimiento ciudadano, ya que prevalece una ausencia de conciencia ciudadana:

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El ciudadano de la ciudad de Caracas, sin menospreciar, le falta un poquito más de educación. Y tú lo puedes ver aquí mismo en el centro. Los contenedores de basura. Hay 1500 contenedores de basura en el casco central y tú ves las calles todavía llenas de basura y tú destapas un contenedor y el contenedor está vacío. Tiran el papelito en la calle, transgreden el semáforo, andan en las calles y uno le dice algo y que parecen que te van a comer, algo totalmente fuera de lo común de una ciudad normal. (Luis, entrevista, 2007)

Los ciudadanos de la ciudad de Caracas “unos son respetuosos. Se hacen la vista gorda de lo que está pasando, son inconscientes pero la mayoría de las personas ven por su bien, por ellos mismos, nadie ve por el bien de nadie” (Márquez, entrevista, 2007).  Dándose –entre algunos ciudadanos– una falta de conciencia sobre la existencia del “otro” y prevaleciendo un individualismo que niega la esencia del ser ciudadano, pasando por alto las normas básicas de convivencia social y el “deber ser” de los actores sociales en el espacio público. Por lo tanto, pareciera que se está ante una ciudad con dificultades para desenvolverse en lo público o ante una ciudad desprovista de “ciudadanos”, en el sentido de actores que cumplan deberes y exijan derechos; mostrándosenos la dinámica social del colectivo apática e indiferente, ya que no piensa en, ni se preocupa por, ni exige tener una policía mejor, que permita el disfrute de los espacios públicos y el goce de una ciudad urbana vivaz y segura, y que sea y sirva de un verdadero vínculo social que garantice las confianzas en que se basa, o debe basarse, la vida en sociedad. De esta forma, parece existir una aglomeración de habitantes que demanda muy poco con relación al desempeño de los funcionarios públicos y su autoridad. En resumen, el deficiente funcionamiento de la ciudad  es un problema que le compete tanto al policía como al ciudadano de igual manera que al Estado, “Es que tienen los ciudadanos que colaborar y el policía tiene que colaborar con el ciudadano porque somos la misma gente” (Héctor, entrevista, 2007), incluso, “la palabra policía es la imagen del ciudadano y el policía es el espejo de la ciudadanía” (Álvarez, entrevista, 2007). Por esto, la actitud que la policía ha tomado, muchas veces, la ha propiciado el comportamiento ciudadano. En este sentido, parece que en la ciudad de Caracas prevalece la ausencia de un movimiento ciudadano, en cuanto a un movimiento reivindicativo del orden más elemental de una ciudad, que permita la existencia de una mejor policía. El policía desamparado y la ausencia de garantías institucionales Lograr un modelo de ciudad diferente, implica conciencia y disposición política. Una disposición política, al tener el Estado la responsabilidad de garantizar, mantener y desarrollar los espacios y servicios públicos que estructuran a dicha ciudad.

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Lo político, entendido como el medio de subsistencia de la sociedad y la producción del libre desarrollo humano, consiste en garantizar la convivencia y el contrato social que tienen los hombres y mujeres para conseguir una vida en conjunto (Arendt, 1997). Por lo que la eficacia política que se ha planteado requiere de un sistema político que garantice los aspectos fundamentales para el desenvolvimiento de dicha vida en conjunto –la vida social– y de un movimiento ciudadano que impugne la labor policial. En este sentido, la eficacia política debe estar en función de lo público de lo social para garantizar los servicios sociales –de seguridad pública por ejemplo– que permitan una vida urbana plena. Para esto, no sólo se requiere de la dotación de equipos y de una óptima formación del policía y de una conciencia (por parte del Estado) sobre la importancia del policía dentro de la trama urbana de la ciudad (orientación) –materia en la que ha estado trabajando fuertemente desde el Estado– sino, a su vez, de un movimiento social (ciudadano) ocupado en la proposición y desarrollo de tal conciencia. Sin embargo, en Caracas parece ocurrir esto de forma particular. A pesar de que los policías con los que se conversó señalaron saber cuál es la función social que deben desempeñar, sienten que su labor no es suficiente ni se está cumpliendo debido, sobre todo, a fallas y faltas estructurales por parte de las autoridades que han dirigido y orientado, en nuestra historia contemporánea, a la ciudad y su policía. Los policías que se entrevistaron parecen estar conscientes de la necesidad de la existencia de una policía con una imparcialidad urbana, es decir, una policía que rinda cuentas a la comunidad de ciudadanos y por ende, a la ciudad; esto acompañado de la orientación del Estado, mas no de intereses partidistas ocasionales. El policía debe rendirle cuentas a los dos, le rendimos al alcalde cuando nos dan las órdenes por lo menos mira quiero limpiar tal zona de delincuentes y nosotros vamos, hacemos el trabajo y le rendimos cuentas a él y a la vez a la comunidad porque la comunidad es la que le pide al alcalde que combata la delincuencia y él nos manda a nosotros (…) nuestro trabajo es cuidar a la ciudadanía, que no les pase nada, por lo menos a mi me agrada mucho que las personas transiten por un lado donde yo estoy y se sientan confiadas, que vayan tranquilamente con sus hijos y disfruten de todas las estructuras, de todo el paisaje que ellos quieran ver pero con seguridad, que puedan hablar por su teléfono de lo más tranquilo ¡eso es algo bonito para mi! (Alvarado, entrevista, 2006)

Por lo tanto, el trabajo policial, para ellos, debe ser el de promotor social, el de agentes sociales que colaboran y protegen el desarrollo de la vida urbana, permitiendo el disfrute de la ciudad.

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Las Garantías sociales contemplan que las instituciones correspondientes, respalden al policía en su trabajo y velen por su desempeño, que lo orienten, equipen, formen. El policía debe actuar según el sistema judicial, mediante las normas y leyes del Código Procesal Penal, el cual debe darles las directrices de actuación y de respaldo. El trabajo policial debe contar con unas garantías institucionales que lo protejan y velen por su integridad, sus derechos y deberes. Por los datos obtenidos durante el trabajo de campo, se observó que el trabajo del policía y su relación con el sistema judicial se desarrolla y articula de forma muy particular: Tú agarras al hampa, agarras a alguien robando in fraganti y ahí en los tribunales te los sueltan en tu cara. Y entonces qué gracia estás haciendo si ellos mismo aceptan el dinero los abogados o el mismo juez. Y el juez te lo suelta. Y entonces qué es lo que uno está haciendo (…) el problema ese también es de las leyes porque tú agarras a alguien y te lo ponen bajo presentación o te lo sueltan y te dicen que por falta de pruebas pero nosotros estamos claros que es que ellos se bajan de la mula con los abogados o con los jueces. Y entonces si realmente lo que nosotros estamos es… ese es un enemigo  más en la calle que uno se gana. (Héctor, entrevista, 2007) 

Dándose, de esta forma, un desequilibrio en el desenvolvimiento de las leyes y su cumplimiento sobre los actores sociales: policías, delincuentes, ciudadanos, etc. Este desajuste de la ley con la realidad hace que los policías sientan que: “Las leyes amparan más al delincuente que al policía” (Héctor, entrevista, 2007) “al policía no lo consideran casi a nivel legal” (Guzmán, entrevista, 2006); “a la hora del enfrentamiento, el delincuente tienen más ventajas a nivel legal. Ellos tienen todos  sus derechos. Por ejemplo, uno no puede llegar a un barrio y empezar a dispara a lo loco así te estén disparando porque luego yo le doy y resulta que él nunca ha caído preso y entonces el Estado no ve eso y el código penal ya hay que reformarlo. Y entonces se revierte eso hacia uno. Uno protege su vida y uno no sale a matar porque es tu vida o la de él. El código penal está apegado a los derechos humanos a los derechos del ciudadano mas no a los derechos del policía.(…) bueno pero ante un fiscal no somos ciudadanos, ellos piensan que nosotros somos unos expertos en armas y no (…) no, eso no lo enseñan eso lo aprendes tu, yo tengo compañeros que han quedado presos y no tienen la culpa y tú de esos casos tienes que cuidarte. (Márquez, entrevista, 2007)

Esta “injusticia” judicial que experimenta el policía, es debida para ellos: A que acá hay prioridades para otras cosas, para la policía casi no hay prioridad, para cualquier policía. Mira si tú tienes un vehículo y tú chocas tú tienes que pagar

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ese choque. Tú tienes que sacar de tu bolsillo para acomodar ese choque. Si tú tienes una moto o algo eso es tu responsabilidad. Y eso no debería ser, deberían averiguar y si se da el caso acá no te dan ayuda legal tú tienes que buscar tu abogado ayuda legal como tal no tenemos,  ves son muchas cosas, y no es que el policía no quiera actuar pero uno a veces prefiere evitar problemas. (Márquez, entrevista, 2007) 

 En este sentido, está el caso de Héctor, quien intentando frustrar un atraco recibió dos impactos de bala en la pierna quedando lisiado, ante lo cual la institución solo lo felicitó y prevaleció una incipiente colaboración para los gastos médicos. De esta forma, nos encontramos con una policía que se considera abierta a la comunidad mas siente la necesidad de huir de ésta debido, en parte, a la falta de garantías que sufre el funcionario policial. Por lo tanto, la falta de garantías contribuye con la “dilución” de la eficacia, en donde, la falta de amparo institucional con la que cuenta el policía parece repercutir en su valoración y apreciación acerca de cómo actuar, en dónde y por qué; alejándose, muchas veces, de su deber ser e incorporándose a la lógica sociocultural que se ha convocado en la ciudad. Debido a la falta de amparo institucional que los ha llevado a considerar que su trabajo se desenvuelve en medio de una “guerra civil” (Héctor, entrevista, 2007) o “guerra urbana”(Álvarez, entrevista, 2007) –como ellos mismos lo mencionan–, en donde “sobrevive el mas fuerte” (Héctor, entrevista, 2007), el ajusticiamiento, o toma de decisión sobre la vida o muerte de algún presunto delincuente, es empleado como una herramienta de trabajo necesaria para poder desenvolverse en el medio policial: Mira mamita a veces existe el “ajusticiamiento” y yo sé que existe el derecho a la vida pero hace falta el ajusticiamiento. Yo agarro a un delincuente y tú dejas ese delincuente vivo ese es un enemigo que tú tienes para ti y para tu familia. Si tú fueras alguien que tuviera alguna labor policial y tu tuvieras una residencia bien alejada de los delincuentes a ti no te importaría tener a ese delincuente otra vez en la calle, porque si no yo lo agarro y si lo suelta eso sería ya cuestión del juez, pero ahí estas poniendo en riesgo a tu familia entonces tienes que ponerte a pensar, es tu familia, tú o él. Porque si tu sabes que ese delincuente que tú estas buscando tiene bastantes homicidios, a ese delincuente tú no puedes dejarlo vivo y si hay una persona que se metió contigo y con tu familia, tú no puedes dejar a ese enemigo vivo. (Héctor, entrevista, 2007)

En este sentido, el ajusticiamiento se presenta como un elemento que le permite al policía llenar el vacío institucional a nivel del sistema judicial, ya que saben o están predispuestos a que el delincuente que agarren no será procesado, ni cumplirá su condena:

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yo no puedo dejarlo a los tribunales ¡no! porque  te lo sueltan, el delincuente no paga cárcel (…) por eso mismo. Cuánto puede durar preso un delincuente de esos, ponle cuatro o cinco años pero la parte carcelaria esta tan colapsada que ellos en vez de pagar su pena como es no la pagan. Y bueno y porqué a esos bichos no se los llevan durante 15 años mínimo pues pagan son tres años. (Héctor, entrevista, 2007) 

Esto, a su vez viene agravado por una particularidad de la realidad del policía de Caracas, que es su pertenencia a los estratos bajos de la sociedad, lo que hace, según ellos mismos, muy difícil y complicado su actuación: “acá en Venezuela nosotros los policías combatimos el hampa y convivimos con el hampa” (Luis, entrevista, 2007). Esta convivencia cotidiana de dos actores sociales, que a nivel social, se encuentran en oposición: malandro / policía, es visto por ellos como un error por parte del Estado: El policía siempre vive en el barrio, tú nunca vas a ver un policía que: de dónde eres tu, no yo soy de Prados del Este, eso nunca, nunca lo vas a ver. Pero qué pasa con el policía, sin menospreciar a las barriadas, de donde eres tú, no, de Carapita, de Petare, de Antímano, eh bueno, entonces el policía viene saliendo de las barriadas y un error del Estado es mantener al policía dentro del barrio (…) ¡exacto! Porque cómo tú combates la delincuencia dentro de tu propio barrio ¡Me mata el delincuente! (Luis, entrevista, 2007)

Que el policía combate el hampa conviviendo con ella, parece ser una particularidad de la realidad policial del país que genera una suerte de inevitable dilución de la eficiencia política en lo social, ya que es difícil impedir que “el policía se contamine” como dicen ellos, ya que al vivir con ella, “el hampa”, “uno no puede hacer nada” (Héctor, entrevista, 2007) más allá de medir con ella y no salir lastimados junto con su familia en el intento. “Es imposible que tu combatas la delincuencia teniendo al policía en el barrio porque así no quieran hay policías que se contaminan. Hay policías que alquilan las pistolas para que el delincuente vaya a robar (Luis, entrevistas, 2007). Esta problemática en torno al policía, su mala imagen y representación social, su eficacia diluida, entre otras cosas, para los policías puede comenzar a solucionarse siempre y cuando: “el policía sea mejor visto por el Estado primero, para que luego, la comunidad lo vea de otra manera, porque el Estado es el que da las directrices y nosotros nos debemos a la comunidad pero el Estado debe garantizar que eso fluya de Estado a comunidad que haya ese intercambio” (Márquez, entrevista, 2007) pero para que esto se dé, comenta Márquez que: El Estado debe encargarse de educar más a la policía, tomar más en cuenta todo lo que te he dicho, en tomar más en cuenta al policía para que haya una mejor

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organización de la policía porque la policía ahora está abandonada. (Márquez, entrevista, 2007)

Para él y para muchos otros de los policías: es prioritario que el Estado y la sociedad comiencen a tomar en cuenta al policía, ya que así se podrá garantizar un mejor servicio. Sin embargo, al respecto Álvarez dice: A nosotros no nos han colaborado para que frenemos la delincuencia. Porque la delincuencia nunca jamás se va a acabar (…) pero si se puede frenar  y hay muchos compañeros cómo yo que  sabemos como frenar pero no nos escuchan por eso es que yo me interesé y vine para acá a hablar con usted porque ustedes son los que pueden ser los porta voz de cómo puede frenar la delincuencia y la mejor manera es adiestrar a los funcionarios policiales, sacarlos de la barriada, porque cada policía que vive en los barrios sabe en donde venden las drogas, ellos saben en donde guardan las pistolas y ellos saben cuáles son los asesinos, los delincuentes y los solicitados, pero si ellos dicen o empiezan a decirlo obviamente los empiezan a matar, matan  a la familia de los policías o matan al policía como ha sucedido. (Álvarez, entrevistas, 2007)

Por consiguiente, ellos alegan que a La Policía de Caracas no se le ha tomado nunca en cuenta porque: “la autoridad y lo que se llama el gobierno y no este, sino que desde hace muchos años todos los gobiernos que han pasado nunca han querido de verdad un buen funcionario policial” (Álvarez, entrevista, 2007). Esta no consideración y poca valoración del policía por parte del Estado ha ido cambiando con la actual Ley de Policía Nacional (Lospcpnb) y la creación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). No obstante, por parte del ciudadano se sigue evidenciando un profundo desinterés por el policía y un desconocimiento de su función e importancia de la misma en el desenvolvimiento de la vida urbana de la ciudad. En este sentido, el policía Álvarez comenta: Yo estoy cumpliendo una función que es atender al ciudadano y hacer cumplir las leyes y para eso ella ( su hija) tiene que ser muy buena ciudadana para que también cumpla las leyes no siendo policía y eso es lo que todos los ciudadanos tienen que aprender: a respetar (Álvarez, entrevista, 2007);

resaltando que la labor del policía en cuanto a cuidar y proteger a los ciudadanos y a la ciudad no es una tarea exclusiva de ellos, teniendo los mismos ciudadanos una cuota de responsabilidad en cuanto a sus derechos y deberes de impugnar los servicios públicos ofrecidos por el Estado y a exigir, con ello, una ciudad mejor.

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Consideraciones finales No hay mejores palabras que las de ellos mismos para expresar la problemática hasta aquí analizada: En verdad, uno comienza a comprender que este no es un problema de uno solo, que es un problema de todos, un problema del Estado. Es un problema muy complejo. Esto viene desde los altos niveles hasta los niveles más bajos. Esto es un problema social, es un problema de familia (…) es un problema de dedicación y como te digo, es un problema de Estado – comunidad y comunidad – Estado (Márquez, entrevista, 2007).

La figura del policía padece esa falta de coordinación entre las instancias del colectivo social mostrando el epicentro de la desarticulación de todo lo social urbano. El policía que debe apuntar a establecer un orden comunal esencialmente necesario para aspirar a que los ciudadanos encuentren las libertades y las garantías de sus pensamientos y acciones pero que, al mismo tiempo, la comunidad y su Estado no le proporcionan –a dicha figura– la capacidad y respaldo institucional para actuar con libertad y responsabilidad. El policía resulta una figura por la que pasa y se refleja parte de la problemática de la ciudad de Caracas.   Vale destacar, que a pesar del fin del abandono y del desamparo por parte del Estado sobre el policía y la ciudad, no se han borrado los sentidos y significados culturales que la imagen y figura del policía ha tenido y tiene en la sociedad, para lo cual hará falta mayor conciencia por parte del ciudadano en su ejercicio político de impugnar, exigir y velar por una mejor policía, donde el ciudadano como agente de la vida colectiva se apropie de los espacios públicos como escenarios políticos y sociales de convivencia y reconfigure la dinámica social de la ciudad de Caracas junto al funcionario policial.  De esta forma, hablar de ciudadanía –en los términos que sea– implica estar haciendo referencia a la ciudad-civitas, a “la ciudad como lugar productor de ciudadanía y ámbito de ejercicio de la misma” (Borja, 2004, 129), en donde la igualdad político-jurídica es el elemento distintivo de los ciudadanos al igual que el acceso a todos los servicios urbanos, a las actividades de la ciudad y al derecho a la existencia de mecanismos reductores de la desigualdad  y estimuladores de la movilidad social. Así, repensar la ciudadanía en términos de posible realización y condición social urbana, se vuelve un desafío ineludible que debe centrarse por una parte, en cómo las políticas de los espacios públicos pueden contribuir a hacer ciudad y por ende, a facilitar la participación ciudadana6 y por la otra, en el reforzamiento de una visión crítica de las políticas 6 Este desafío, que puede verse como una necesidad o urgencia de dedicarse a la

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públicas de seguridad concebidas desde el compromiso con “la generación de relaciones y sentimientos de confianza entre ciudadanos y poder [estatal]” (Recansens, 2012). En los países democráticos, el derecho a la ocupación y al uso de los espacios públicos, por parte de los ciudadanos, para la expresión de sus ideas y su realización social-urbana, se basa en el respeto y el cumplimiento de las leyes y de las normas, lo cual fundamenta a la ciudad como lugar de excelencia urbana. Para esto, si el Estado es social, cumple con garantizar espacios públicos al ciudadano pero éste debe mantenerlos de un modo urbanamente sano, es decir, con los recursos del movimiento social. De esta manera, las políticas de la ciudad, de espacios públicos, servicios policiales de seguridad, etc., no se reducen a las instituciones, ni a partidos políticos o a proyectos burocratizados, sino que, por el contrario, son responsabilidad de todos los sectores de la sociedad y sobre todo de los ciudadanos entendidos como actores de movimientos sociales, de grupos organizados y sistematizados en busca de la ciudad deseada. Por consiguiente, si bien los gobiernos suelen decidir los proyectos sociopolíticos, la sociedad debe participar en dicha decisión, exigirlos y velar por su realización, negociando sus límites y alcance, luchando y confrontando constantemente al Estado para así, garantizar –en este caso– un mejor servicio policial.

Bibliografía Arendt, Hannah (1974): La condición humana, Barcelona, Editorial Seix Barral, s.a. Arendt, Hannah (1997): Qué es la política, Barcelona, Ediciones Paidós. Augé, Marc (1996): Hacia una antropología de los mundos contemporáneos, Barcelona, Gedisa editorial. ciudad, a pensarla y a establecer políticas para producirla y desarrollarla, requiere de tres ámbitos específicos que deben pensarse y operar en conjunto. El primero, el ámbito cultural, será la base o soporte del cual deberá partir la constitución de toda estrategia con miras hacia el colectivo y su mejora. El segundo, el ámbito social, estará constituido por la movilidad ciudadana que validarán y crearán los mecanismos y procedimientos que hagan efectivas las estrategias y, por último, el ámbito político – institucional deberá formalizar, consolidar y desarrollar dichas estrategias sociopolíticas. Estos tres ámbitos de la vida social constituyen y estructuran la plataforma sobre la cual debe operar y formularse una política de y para la ciudad basada, entre otras cosas, en la apertura, mantenimiento y seguridad de espacios públicos que permitan el ejercicio de la ciudadanía.

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Rev. Venez. de Econ. y Ciencias Sociales, 2013, vol.19, nº 1 (enero-abril), pp. 147-169

CUERPOS A-NORMALES, RUTAS DESVIADAS. DE LA CARTOGRAFÍA CORPORAL A LA CARTOGRAFÍA URBANA Argelia Bravo Mi nombre es Ruddith Yhajaira Marcano Bravo (…)1 Tengo desde la edad de 8 años viviendo en Caracas pero me siento muy guara2 y muy orgullosa de ser de una CHICA TRANS, no cambiaría mi vida por nada del mundo. En mi país creen que por la fuerza voy a dejar de ser como soy y están muy equivocados porque me ocurre todo lo contrario mientras más me maltratan más femenina me siento (…) A nosotras en Venezuela nos llaman desde barriga verde para arriba, marico, transformista, degenerado coño de tu madre, malditos, loca y muchos más (…) Me reconocerán por todas las cicatrices que llevo conmigo para Argentina, no hay mejor presentación que esa. Cuando se encuentren en el aeropuerto esperando a las chicas participantes y te encuentres con una bien desfigurada y maltratada esa es la de Venezuela o sea yo Yhajaira. Esta es mi carta de presentación. 3 Yhajaira Marcano Bravo

Desde mi trabajo artístico, durante los últimos años me he propuesto indagar en las implicaciones de la noción del cuerpo como una cartografía de lo social y como territorio de conocimiento político y estético. A partir de la trans-indisciplina como método, desarrollé una experiencia de creación “junto a” las chicas transgénero y transformistas, quienes, como cuerpos rebeldes en su lucha por defender una identidad de género antinormativa, se enfrentan a una violencia social que las invisibiliza, anula y destierra como “ciudadanas de derecho”. Expulsadas y desterradas de la ciudadanía, se ven obligadas a desplazarse dentro de la retícula de la ciudad, donde van 1 Los signos de puntuación son míos. 2 Expresión venezolana para designar a personas oriundas del estado Lara 3 Texto escrito por Yhajaira a pedido de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos para Gays y Lesbianas, IGLBTT a propósito de su participación en el Primer taller de formación para activistas transgéneros, transexuales e intersex realizado en Córdoba, Argentina en 2004 y organizado por la misma. Yhajaira fue seleccionada en representación de Venezuela.

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perforando y abriendo senderos que he llamado trochas de la supervivencia y la subversión. En este proceso he asumido la “trocha” como ruta torcida y desviada frente a la oficial, legal y legítima, una metáfora de la insubordinación a los modelos normativos hegemónicos tanto en el campo social así como en los modos de producción del saber que no cumplen con las reglas disciplinarias. Antecedentes El proyecto se inició en el año 2002, a raíz de la relación de colaboración que sostuve con la antropóloga Marcia Ochoa, quien desarrollaba un trabajo de campo con las mujeres trans4, o transformistas que ejercen la prostitución en la Avenida Libertador de Caracas. Ochoa (2004) propone las siguientes definiciones: “transformista es una palabra que se usa en Venezuela para referirse a gente que nace con biología ‘masculina’ y se presenta como mujer en su vida cotidiana. (…) Transgénero es una persona que hace esfuerzos identitarios, físicos y sociales para vivir como un miembro del género que la sociedad dice no pertenece a su biología”. Estas categorías suponen así una subversión del binarismo heteronormativo de correspondencia sexo-género, que impone a los individuos una serie de normas de conducta y apariencia que determinan relaciones de poder y que excluyen a aquellas personas que no encajan dentro de este modelo, como Maffia y Cabral comentan: La irrupción de la categoría de género en los años ’70 en la teoría feminista, permitió el florecimiento de una serie de análisis que procuraban derrotar los estereotipos vinculados a la identidad femenina y masculina, a sus roles sociales y a sus relaciones de poder. La operación consistía principalmente en dos pasos: primero diferenciar el sexo del género, considerando al segundo una lectura cultural del sexo biológico, asignando dicotómicamente según la anatomía. Segundo, mostrar que las diferencias de género atraviesan toda la vida social, dividiéndola y organizándola simbólicamente. (Maffía, Diana y Mauro Cabral, 2003)

Esta organización simbólica se manifiesta en relaciones desiguales y de exclusión hacia aquellos miembros y miembras de la sociedad que asumen una identidad y una expresión de género que no concuerda con el modelo heteronormativo. Así, el cuerpo se convierte en un espacio político para la denuncia y la desobediencia toda vez que subvierte la norma de concordancia sexo-género. 4 De ahora en adelante para referirme a las sujetas de este proyecto, emplearé el término “trans” por su especificidad descriptiva y porque ellas mismas lo asumen como identificación.

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Este primer acercamiento se generó desde la empatía hacia estas “mujeres con pene”, que como “guerreras” defienden su identidad femenina incluso hasta la muerte, así como la cualidad transgresora, desestabilizadora e insumisa que estas sujetas representan frente a los modelos normativos de género, logrando escandalizar y perturbar a la colectividad con su sola presencia, pero, al mismo tiempo, colocándolas fuera de la condición de ciudadanas con derechos. Esta investigación abordada desde las prácticas artísticas, se planteó como uno de los objetivos principales incidir en la visibilización y las reivindicaciones políticas y civiles de las chicas trans, y cuestionar la noción tradicional y hegemónica del arte al proponer las prácticas artísticas como ejercicio de creación indisociable de lo político. Así, para 2003, junto a Estrella Cerezo5 y el apoyo de Ochoa, registramos la Asociación Civil Transvenus de Venezuela, con el objetivo de trabajar desde una plataforma “legal” que permitiera abrir al debate público la problemática trans desde el activismo y desarrollar líneas de trabajo en función de demandas concretas de las personas trans sin perder la perspectiva del arte como mi lugar de enunciación como artista. Transvenus continuó la labor de prevención de VIH iniciada por Ochoa, a través del circuito de trabajo sexual en Caracas, específicamente la Avenida Libertador, en la cual Estrella y yo realizábamos visitas semanales con el objeto de repartir preservativos. Esta actividad permitió establecer vínculos afectivos y compartir más allá del espacio laboral6. Esta relación permitió detectar las agudas situaciones de violencia que experimentaban dentro y fuera de su contexto laboral, evidente en mayor o menor grado en las numerosas cicatrices visibles en sus cuerpos. Hacia mediados de 2004, comenzamos a realizar visitas nocturnas a otros sectores, específicamente la Av. Lecuna a nivel del Parque Central, donde trabajaba un grupo de chicas trans apodadas las MT7. Allí conocí a Yhajaira, una transformista que pertenecía al clan de las MT, quien notoriamente resaltaba por 5 Estrella Cerezo es presidenta y co-fundadora de la Asociación Civil Transvenus de Venezuela, y se autodenomina mujer transexual. 6 Comencé a visitarlas con frecuencia en sus viviendas. La gran mayoría de las chicas trans viven y se agrupan en pensiones del oeste de la ciudad, en las que logran crear una pequeña comunidad de apoyo mutuo. 7 El “clan de las MT” significa “mutantes”, forma despectiva de referirse a las chicas trans que trabajaban por el sector de la Av. Lecuna. Este grupo se caracterizaba por estar en condición de adicción a la “piedra” y por estar en la indigencia. Esta denominación fue acuñada por el “clan de las chicas bomba”, el grupo de las trans que trabajaba en la Av. Libertador, lo que implicaba un suerte de estatus superior, tanto por tener ingresos más elevados como por una mejor apariencia. Es importante resaltar que estas distinciones denotan la existencia de una especie de diferencia de clase dentro del propio grupo de excluidas sociales.

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la gran cantidad de cicatrices en su cuerpo, y que comentó haber sido testigo del asesinato de su compañera Dayana8 en Valencia por parte de un efectivo de la Policía local y que, a causa de las denuncias que hizo ante los organismos pertinentes, era sistemáticamente acosada y agredida, y debió huir por las amenazas e intentos de asesinato. Comencé entonces a abordar la investigación sobre la violencia hacia las chicas trans a partir de las cicatrices corporales, específicamente en Yhajaira, como evidencia de la desobediencia a la heterosexualidad obligatoria. El 12 de octubre de 2004, “Día de la Raza”, Yhajaira y yo nos citamos en las inmediaciones del río Güaire, cerca de Parque Carabobo, para conversar sobre mi propuesta artística de narrar la historia de su vida a partir de las innumerables cicatrices como denunciar la violencia simbólica, física y emocional a la que son sometidas las personas trans. Para entonces, Yhajaira había quedado sin techo de nuevo y ese día me pidió que la acompañara a buscar habitación. Allí, sentadas junto a Génesis, una compañera transformista que vivía en las orillas del río Güaire por el Parque Los Caobos9, presenciamos una caravana de activistas que llevaban los restos de la estatua de Colón hacia la plaza Morelos10. Ese mismo día, horas más tarde y en el mismo lugar, una jauría de nueve perros desgarraba los brazos y piernas de Yhajaira mientras dormía allí. Este ataque animal se ata históricamente con la práctica de emperramiento aplicada por los españoles, y avalada por la Iglesia, a los nativos americanos durante la conquista hace quinientos años, entre otros motivos, porque sus prácticas sexuales eran consideradas como propias de animales y salvajes sin alma. Tal vez Yhajaira pensaría: ¡Una raya más para un tigre! Sin duda éste fue un hecho sin mayor trascendencia para la mayoría de la honorable ciudadanía habitante de esta ciudad, que miran con desprecio a aquellas “delincuentes, entaconadas, empelucadas, maquilladas y disfrazadas y locas” que se paran a lo largo de una de las principales arterias viales de Caracas –la Av. Libertador– por el puro perverso placer de buscar hombres. A partir de ese incidente, nuestra amistad/hermandad creció al mismo ritmo que los ataques de violencia “transfóbica” le sumaban más cicatrices, como una biografía dérmica sobre el cuerpo de Yhajaira, como si el cuerpo social escribiera su memoria y cuenta sobre ese libro de vida. 8 El caso del asesinato de Dayana fue muy documentado en su momento; de hecho, varias organizaciones de la sexodiversidad se desplazaron hacia Valencia en la búsqueda de la desconocida que habría hecho las denuncias. 9 Cuando Génesis y yo fuimos presentadas por Yhajaira, de inmediato Génesis nos ofreció asiento y nos atendió “como en su casa”, porque esa era su casa. Génesis murió asesinada en 2009 en su “vivienda”. 10 Colón en el golfo triste. Escultura de Rafael de la Cova, Parque los Caobos, Caracas.

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También marcó una inflexión en el proyecto Arte social por las trochas hecho a palo pata’ y kunfú, desarrollado durante siete años como experiencia de arte-activismo-militancia-transfeminismo11 desde mi acercamiento a la cruda realidad de las trans que ejercen la prostitución, especialmente al proceso de reconstrucción de la historia de vida de Yhajaira Marcano Bravo a través de sus marcas corporales12. Junto a reflexiones sobre la cartografía corporal, expondré las metodologías aplicadas y la pertinencia de prácticas del saber desde la “transindisciplina”, la “promiscuidad” y la “informalidad”, con el fin de proponer otras formas de hacer política y producir conocimiento desde el arte y acercarnos a realidades lejanas a nuestro propio mapa de vida y ayudar a combartir la indiferencia de muchos y muchas llamados ciudadanos que prefieren continuar discriminando a las transformistas como mal necesario, como depositarios de basura en las esquinas de la Av. Libertador, como el lugar de la mierda13. Desde la observación e interpretación de las marcas corporales de Yhajaira, con estrategias provenientes de distintas disciplinas, esta investigación teóricopráctica, propone entonces asumir el cuerpo como cartografía social, apuntando así a estimular una perspectiva transindisciplinaria, que provoque inflexiones de sentido que afecten el ordenamiento de la realidad ofrecida como norma, tanto en la producción de conocimiento en el campo del arte como el social y que, a su vez, distorsionen el parcelamiento territorial de estos campos. La transindisciplina como metodología de arte-evidencia Las normas sociales dejan su impronta sobre los cuerpos, produciendo efectos físicos y emocionales sobre los individuos y colectivos. Así, aun cuando el cuerpo representa un terreno fértil para la escritura normadora, también implica un campo de cultivo para la denuncia y la transgresión de las propias normas que lo oprimen. A partir de mis relaciones con la mayoría de las chicas trans mientras trabajé con Transvenus de Venezuela (2003-2010), en especial con Yhajaira, observé que las cicatrices representaban una experiencia constante que funcionaba 11 He colocado adrede guiones en lugar de comas como una estrategia visual y discursiva para sugerir una suerte de transversalidad conceptual, que enfrente la noción moderna de autonomía del campo del arte. 12 Durante las semanas siguientes al incidente, visité casi a diario a Yhajaira en los alrededores de la Av. Lecuna donde se encontraba pernoctando, y la apoyaba con medicinas y comida. Una vez sanadas sus heridas, Yhajaira decidió asumir mi apellido (Bravo) y el de mi pareja (Marcano) por considerarnos su verdadera familia. 13 Como señala Beatriz González Stephan, aludiendo a Dominique Laporte, en su libro Historia de la mierda,. Pre-textos, Valencia, España, 1980.

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entre ellas como un sello de identidad, semejante a la huella dactilar la que, en la sociedad occidental moderna, representa identidad al ser un rasgo único individual. Dado que la exclusión social que enfrentan las chicas trans se asocia a su identidad de género, comencé a ver la imagen de la cicatriz, derivada de violencia, como mácula14 de identidad y transgresión de los modelos hegemónicos y como una evidencia de lo social. La propuesta inicial del trabajo se concentró entonces en plantear cómo el cuerpo de Yhajaira era un territorio de conocimiento político y estético y, a la vez, una cartografía de lo social y un espacio de denuncia. Desde esta premisa, emprendí la tarea de reconstruir la historia de vida de Yhajaira a través de sus cicatrices recurriendo a la apropiación de varias disciplinas asociadas a la identificación corporal, como la criminalística y el peritaje forense, pero desde mi investidura de artista y, por ello, asumí este procedimiento como “arte evidencia” y mi rol pasó a ser el de una artista-perito-informal. El objetivo era reunir pruebas para demostrar que las huellas o rastros en el cuerpo de Yhajaira evidencian la rebeldía de un cuerpo que se resiste a ser disciplinado y que es castigado por no cumplir con la norma social de concordancia sexogénero. A partir de una criminalista informal, recurrí a otras disciplinas auxiliares para facilitar la lectura corporal desde distintos puntos de vista. La operación criminalística consistió  en “interrogar” al cuerpo de Yhajaira en la búsqueda de las evidencias que ha dejado el tejido social sobre ella, para así descubrir la “verdad” histórica de un hecho presuntamente delictivo, y la responsabilidad del “cuerpo social” como entidad ideológica esparcida en cada miembro/a e institución. Asímismo, propuse a Yhajaira como una creación colectiva, bajo la tesis beuysiana de que “todo hombre es un artista”, a través de la que el artista alemán pretendió cuestionar el modelo moderno del artista como genio, afirmando que la creatividad no es un atributo exclusivo del artista sino una cualidad humana, expandiendo el horizonte al “cuerpo social”. Yhajaira entonces se asumió como “obra social” aplicando técnicas de otras disciplinas para “estudiarla”. Al apropiar desde el arte otras metodologías, recurrí a prácticas de la museología para facilitar la lectura de ese cuerpo desde distintos puntos de vista, dado que Yhajaira representaba una suerte de “escultura social”. Esta operación conectó procedimientos de la conservación y restauración de obras de arte con la mirada de la medicina al relacionar el cuerpo con el objeto 14 Según el DRAE la mácula se define como mancha o señal que ensucia un cuerpo. Aquí utilizo el término de manera expresa por la asociación que establezco entre la cicatriz como mácula corporal y la transformista como una identidad que ensucia la sociedad.

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artístico en la relación enfermedad/sanación. De esta manera, cuestionaba la visión patologizante a partir de la cual se juzga y criminaliza a personas como Yhajaira que, aunque nacieron con biología masculina, se sienten mujeres y, por eso, son percibidas como monstruosidades y anomalías defectuosas que deben ser corregidas, castigadas y/o sanadas. Con este cruce entre la conservación patrimonial y la medicina quise abrir interrogantes sobre quién es el enfermo, quién decide la condición de enfermedad, quién debe ser curado y si el enfermo es el que sostiene el cincel o el cuerpo que soporta la acción de modelado. Invité a una conservadora y restauradora de arte para que realizara un estudio de la escultura social Yhajaira Marcano Bravo o Antroglifo15 de la modernidad y determinar su “estado de conservación”16. La profesional entregó un informe sobre el relevamiento realizado en una sesión siguiendo la metodología empleada en el campo del arte. Según la tesis sobre las transformistas penalizadas y desterradas de la ciudadanía, por cometer el delito de tener una apariencia que no concuerda con el canon heteronormativo, esta investigación asume metafóricamente a la sociedad como un cuerpo social que castiga a las trans por presentar cuerpos indisciplinados y desobedientes. El cuerpo de Yhajaira es una cartografía social ya que los mapas son representaciones gráficas de un territorio y la piel puede también ser explorada como superficie que representa lo social en la medida en que cada cicatriz registra, de forma violenta, un fragmento de su vida en la sociedad. Esto implica que la sociedad inscribe una ideología sobre Yhajaira con cada herida que ha dejado en ella. Como artista-perito-informal, recurrí a los procedimientos de la dactiloscopía, técnica que interpreta las huellas dactilares para identificar a las personas. Así, aplicando tinta dactilar sobre las cicatrices de Yhajaira, realicé una reinterpretación y “apropiación informal” de la dactiloscopia, que denominé dermocopia, mediante la que hice un levantamiento de las cicatrices de todo su cuerpo. Así armé un archivo de cicatrices que, junto a la descripción de la conservadora de arte, reconstruyó la historia de vida de Yhajaira. Luego elaboré un modelo personal de ficha forense en la cual se registró toda la información de cada herida: situación espacial, arma utilizada, identidad del sospechoso, identidad de la víctima, fecha del incidente y descripción del hecho. 15 El término Antroglifo fue acuñado por el antropólogo Rodrigo Navarrete. 16 Es importante resaltar que este procedimiento debía llevarse a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, y Yhajaira debía llegar en una cava de transporte de obras de arte desde el aeropuerto Internacional Simón Bolívar hasta el Museo, debido a que Yhajaira residía en Buenos Aires, Argentina desde 2006. Sin embargo no fue posible traerla a Caracas ya que no poseía documentos de identidad.

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Para visibilizar el cuerpo como cartografía de lo social, tomé uno de los registros de las heridas archivadas y la convertí en un mapa que describe, a través del propio discurso cartográfico, el suceso en el cual Yhajaira fue atacada por una jauría de nueve perros cuando se encontraba en la indigencia. Finalmente, para probar que estos cuerpos son desterrados de la cartografía ciudadana y ver las trochas como lugar de supervivencia e insubordinación, organicé un recorrido tipo expedición o viaje de exploración, al estilo Alexander von Humboldt, para “conquistar” ese territorio de conocimiento o ese otro “Nuevo Mundo” inexplorado por nosotros, ciudadanos normales, y recorrer los caminos alternos o rutas clandestinas que Yhajaira llama trochas y que sirven de resguardo a los sujetos rebeldes frente al cuerpo social. Aunque, la mayoría de las expediciones “científicas” que se organizaron durante el del siglo XIX en el continente americano, perseguían el “noble” objetivo del estudio de la naturaleza -flora, fauna, ríos y montañas, suelo, sociedades originarias, costumbres-, lo observado respondía a la mirada colonialista de un modelo organizativo de racionalidad instrumental superior dirigida al posicionamiento, expansión y dominio territorial. Estos “descubrimientos” favorecían el conocimiento botánico y geográfico y a la vez proporcionaban, información estratégica para la explotación y dominación geográfica, militar, política y cultural de esos exóticos recursos, vírgenes y/o salvajes, englobados en la categoría naturaleza contra la de cultura, apropiada por la razón moderna17. El estudio de los pueblos indígenas americanos también proporcionó conocimientos para justificar una “sutil” colonización, amparada por nuevas disciplinas científicas, que, clasificaban, catalogaban, albergaban y presentaban a este “Nuevo Mundo” ahora objetivado como pieza arqueológica en los Museos de Ciencias Naturales, a través de la cultura material de los nativos y sus propios cuerpos. La realización de la “expedición” por las trochas, en todo su proceso, fue una forma de poner en duda los modos de conocimiento sostenidos sobre los principios de las disciplinas positivistas que objetivan al “otro”, convirtiéndolo en un simple objeto de estudio para ser explotado18. Este modelo sigue siendo tan ampliamente difundido y aceptado que incluso nos llega en forma digerida a través de los programas televisivos de corte “científico”, donde un “experto”, 17 Esta visión de “el otro” subordinada a la racionalidad positivista, ha sido desarrollada por diferentes investigadores tales como Tzvetan Todorov, Anthony Pagden, Edgardo Lander, Rodrigo Navarrete y Pedro Calzadilla entre otros, quienes, han recurrido a los textos de cronistas y viajeros coloniales en la búsqueda de la comprensión crítica y política del pasado para una interpretación del presente. 18 Por cierto, los museos europeos son una de las mayores atracciones turísticas del mundo y devengan cuantiosas y millonarias sumas anuales a cada país; muchas de estas valiosísimas colecciones fueron forjadas gracias a los saqueos que obtenían en esas exploraciones.

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fusionado en la figura de explorador y ancla19, guía a los televidentes por los lugares más exóticos del planeta para descubrir mundos salvajes (animales de cuatro patas y de dos también), verbigracia ciertas series del canal Nat Geo y Animal Planet tales como América Indomable, Amazonas Salvaje, Cazador de Monstruos, Planeta Feroz, Depredadores letales20 Grandes y feroces21, en los que es recurrente escuchar al ancla referirse a ciertos animales como monstruos. Es notorio que casi en todos estos programas de formato tipo expedición, el ancla es un hombre de piel blanca y de habla inglesa, quien es guiado por lugareños explorando a quienes, por lo general, no les da la palabra ante las cámaras, aunque son quienes suministran el conocimiento al “experto descubridor”. Así, la posición del nativo o lugareño es instrumentalizada y subordinada por el ancla. Contrariamente a esta jerarquización, la “expedición por las trochas” estuvo formada por un equipo multidisciplinario que comprendía a los guías Vanessa de Almeida (compañera trans de Yhajaira) y Gabriel Herrera (su compañero de vida y de trochas), Rodrigo Navarrete, antropólogo docente de la Universidad Central de Venezuela, una representación institucional conformada por Henry Bolívar, Iraima Rivas y Virginia Terán (Misión Negra Hipólita) y Elimar Bencomo (Defensoría del Pueblo), Gustavo Marcano (fotógrafo), Erasmo Ramírez (Cineasta) y mi persona (artista-perito). El recorrido bordeó el río Güaire bajo la autopista Francisco Fajardo, quizás la arteria vial más importante de la ciudad y uno de los íconos de la modernidad caraqueña. La ruta abarcó parte del centro urbano, entre Parque Central, El Conde y el puente Raúl Leoni sobre el Güaire, en Bello Monte. El punto de inicio de las trochas fue La Montañita22, ubicada bajo el distribuidor entre la Torre Este del Parque Central y el Teatro Teresa Carreño, y el punto final de la primera etapa fue el Bosque de Sherwood, zona verde entre la autopista y el Paseo Colón, a la altura de la entrada del Jardín Botánico. Se usaron dos técnicas, aparentemente disociadas pero discursivamente entrecru19 En lenguaje técnico un Ancla describe a aquella persona en quien se apoya un programa de televisión, bien sea un animador de un programa de concurso, de cocina, etc. 20 Steve Backshall le llevará a usted a ver de cerca a los depredadores más temibles del planeta para descubrir exactamente qué los hace tan peligrosos (http://animalplanet. tudiscovery.com/depredadores-letales/). 21 El biólogo y explorador Niall McCann va tras los animales más Grandes y feroces. http://animalplanet.tudiscovery.com/grandes-y-feroces/ 22 Los nombres de cada uno de los puntos del recorrido han sido atribuidos a algunas de las chicas trans que habitaron por las trochas. También se les dice toponímicos. De ahora en adelante solo utilizaré esos nombres.

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zadas, para demarcar la ruta y levantar el recorrido, el esténcil y el GPS23. El primero, herramienta tradicional que en las investigaciones arqueológicas se asocia al petroglifo como inscripción o huella cultural, mientras el GPS hace el levantamiento topográfico. El proceso de recolección de “objetos arqueológicos”, realizado por Navarrete como especialista, arrojó dos informes, Metodología arqueológica de campo y El modo de vida indigente transexual. A partir del georreferenciado, los geógrafos Sergio Gamarra, Noel Miranda y Carlos Zapata levantaron un mapa de las trochas para visibilizar esas rutas clandestinas no dibujadas en la cartografía oficial urbana. El proceso en el que se desarrolló este conjunto de “estrategias” estimuló también una serie de “inflexiones” que fueron definiendo la trocha como el lugar de la desobediencia al canon y como la ruta creativa contra todo disciplinamiento de la producción de conocimientos, así como el cruce de estrategias de diferentes disciplinas de estudio de lo social. Las estrategias del trabajo artístico teórico-práctico se fueron definiendo durante el proceso como trans-indisciplinarias, promiscuas e informales frente la autosuficiente perspectiva tradicional de ciertas disciplinas o ciencias humanas. Una acepción -entre otras- del término disciplina en el Diccionario de la Real Academia Española (2010) es la de “instrumento, hecho ordinariamente de cáñamo, con varios ramales, cuyos extremos o canelones son más gruesos, y que sirve para azotar”. A partir de esta definición se puede sugerir por asociación que las llamadas “disciplinas del saber” metodológicamente están asociadas a la producción de sufrimiento para lograr objetivos “correctivos”. Con trans-indisciplina apunto a una suerte de metodología que se rebela a las normas académicas legitimadas y que admite, desde prácticas artísticas, de manera transversalizada y antijerárquica, múltiples estrategias de producción del saber desde el trabajo informal, tal como lo define la Organización Internacional del Trabajo (OIT)24. 23 Sistema de Posicionamiento Global, se define como un sistema de navegación por satélite que sirve para determinar la posición espacial de un objeto (persona, nave, vehículo) en cualquier punto del planeta con una precisión hasta de centímetros. Al capturar las señales de tres o más satélites (entre una constelación de 31 satélites disponibles), los receptores GPS son capaces de triangular los datos y señalar su ubicación. Creado y administrado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, este sistema tuvo inicialmente fines militares, sin embargo en la actualidad emite una señal para usos civiles 24 La Organización Internacional del Trabajo define el trabajo decente como la actividad apegada a los marcos legales y jurídicos, en cambio que, actividades tales como limpiavidrios en los semáforos, recolectores informales de basura, vendedores callejeros, el trabajo del hogar, prostitución, etc; son considerados de simple supervivencia, de baja productividad y fuera de los marcos legales y jurídicos; en otras palabras, marginal, porque a fin de cuentas, las disciplinas se crearon para corresponder a los intere-

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Una consecuencia de la informalidad es su no registro en los sistemas regulatorios estatales, desde lo impositivo hasta lo laboral, que se supone resulta de la baja productividad de la actividad, que podría hacerse económicamente inviable si tuviera que cumplir con las condiciones que el Estado fija para las actividades formales.25 Así, se podría decir que el proyecto, sus métodos y prácticas, se fueron desarrollando como un espejo de la vida de Yhajaira: una trabajadora informal, in-disciplinada y promíscua. Ambas compartimos oficios, prácticas y saberes de sobrevivencia ilegítimada. Estas estrategias poéticas y políticas en torno a la representación de la trocha como lugar de subversión surgieron de las inflexiones que se produjeron en el desarrollo del proyecto. Definiendo inflexión como torcimiento de algo que estaba recto o plano, el proyecto en su totalidad se perfiló como un proceso de torcimiento desde lo corporal hasta lo territorial y epistémico, ya que la trocha misma representa también una inflexión ante el orden social. Por lo tanto, la trans-indisciplina se puede definir como una metodología de investigación que parte de la torcedura e insubordinación. El cuerpo del delito La función del control sobre los cuerpos es construir ciudadanos ejemplares productivos para la sociedad, basándose en un modelo ideal y legítimo del hombre, masculino, racional, blanco, heterosexual, adulto, católico y productivo. Así, “la escritura -de las leyes y normas- recorta un campo que autoriza la voz del sujeto masculino, blanco, católico, casado, letrado, propietario y/o comerciante: y, al tiempo, inscribe en sus grietas el silenciamiento de los sujetos subalternos, los que constituyen el envés del pasaporte de la ciudadanía” (González Stephan, 1996). Los cuerpos trans representan territorios de insubordinación frente a ese modelo, porque son potencialmente colonizables por el cuerpo social y la posible pérdida o recuperación soberana se definirá mediante una larga y encarnizada batalla. El cuerpo es el objetivo a corregir y luego a conquistar. Es en y sobre el cuerpo donde se aplican las técnicas disciplinarias, sujeciones, ortopedias y toda una tecnología aplicada a través de la red de instituciones (familia, escuela, policías, manuales, leyes, etc.) que operan para normativizar y controlar el cuerpo y el deseo, pero es en y sobre él donde se expresa la desobediencia. ses económicos de los Estados y aportar al progreso. Disponible en http://white.oit.org. pe/proyectoactrav/pdf/doc_179/glosario.pdf (Búsqueda 15/08/2009) 25 http://white.oit.org.pe/proyectoactrav/pdf/doc_179/glosario.pdf (Búsqueda 15/08/2009).

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Así, los cuerpos des-viados y supuestos anormales26 de las transformistas, que no han podido ser domesticados ni disciplinados en cuerpos dóciles y “útiles”, se convierten en cuerpos penitentes. La infracción cometida por las transformistas es de orden ontológico (norma de concordancia sexo-género27) y es evaluada desde la asociación entre patología y crimen planteada por Michel Foucault, quien afirmó que “bajo el nombre de crímenes y de delitos, se siguen juzgando efectivamente objetos jurídicos definidos por el Código, pero se juzga a la vez pasiones, instintos, anomalías, achaques, inadaptaciones, efectos del medio o de herencia” (Foucault 1978). En este caso, la identidad es el delito, y ellas, las transformistas, son juzgadas no por una institución solamente, sino por todo el cuerpo social. Todos los miembros de la sociedad actúan como jueces y verdugos, al negárseles -de hecho más no de derecho- el acceso a los beneficios que posee cualquier ciudadano: educación, salud, trabajo, vivienda, libre tránsito, etc. Cada miembro del cuerpo social corporeiza las leyes y propone y dispone el castigo que cree conveniente; es decir, es un policía en cada esquina, cuadra o rincón del territorio que corporeiza leyes. La expulsión trans se interpreta como una interdicción de acceso a la membresía del club del “ciudadano ejemplar”, aquel sujeto productivo para la economía del Estado y del deseo -como hombre-. Si no se puede ser miembro honorable del club ciudadano, tampoco se podrá hacer uso del territorio cartográfico ciudadano. Por cartografía ciudadana entiendo el espacio simbólico y físico que puede ocuparse, transitarse y expresarse cuando un individuo se comporta en su totalidad coherentemente con las normas prescritas que lo hacen individuo productivo para la sociedad, es decir: “co-rrecto”, lo que le confiere todas las prerrogativas para el goce territorial. Así, el cuerpo culposo de la transformista queda desterrado de la cartografía 26 Michel Foucault plantea que lo que explica al monstruo en su existencia misma y su forma, no sólo es la violación de las leyes de la sociedad, sino también de las leyes naturales, para definir las anomalías. Cfr. Michel Foucault, Los anormales. Curso en el Collège de France (1974-1975), México, Fondo de Cultura Económica, pp. 61-62. 27 Judith Butler sostiene que la “identidad” es un ideal normativo, y que la “coherencia” y la “continuidad” de “la persona” son normas de inteligibilidad socialmente instauradas y mantenidas y en la medida en que la “identidad se preserva mediante los conceptos estabilizadores de sexo, género y sexualidad, la noción misma de ‘persona’ cuestionada por la aparición cultural de esos seres con genero ‘incoherente’ o ‘discontinuo’”. Por lo tanto, los cuerpos de estas chicas se presentan, discursivamente hablando, como entidades ininteligibles frente a las normas de coherencia, que son leídas como anomalías y por ende como enfermedad. Cfr. Judith Butler, El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, Paidós Studio, pp. 71-72.

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ciudadana, convirtiéndose en no sujeto o no persona porque “la constitución en sujeto sólo es posible dentro del marco de la escritura disciplinaria como requisito previo a su reconocimiento como ciudadano” (González Stephan, 1996, 23). Este tipo de castigo puede equipararse a lo que en jurisprudencia se llama muerte civil, que identifica a aquella persona que deja de tener existencia a efectos jurídicos, aun antes de su muerte real. Si la persona es considerada una ficción jurídica, entonces es cuerpo fantasmal transitando por las hendiduras y pliegues de una cartografía ciudadana que se puede tocar, pero nadie la toca, que se puede ver, pero nadie la ve. La condición de estos individuos es jurídicamente igual que la de aquellos condenados a prisión perpetua o pena de muerte que viven esperando el momento en que su muerte física sea ejecutada y declarada. Pero el término asesinato jurídico se ajusta más al caso de las chicas trans en el sentido de que su muerte jurídica no se provoca de manera natural o accidental, sino que responde a una cadena de acontecimientos producidos por un principio ideológico sostenido por todo el cuerpo social, así que la responsabilidad de la muerte jurídica es compartida por todos. Disciplinar al monstruo. El cuerpo del delito Los primeros enemigos de una son la familia porque ningún padre ni ninguna madre aceptan que uno es lo que es […] —¿Pero de chiquita te pegaban? (le pregunto) —¡Ay dios mío a mí me pegaban hasta para hacer los mandados! A mí me pegaban por todo. Si los miraba bonito me pegaban y si los miraba feo también, por todo, yo llevé palo, pata’ y kunfú con mi familia. Por eso de verdad no me interesa saber nada de ellos. Si están vivos y si están muertos me da igual. ¡Claro, que si están muertos una alegría me cae! […] Bueno, cuando yo estaba más pequeñito me quisieron ser hombre. […], mi tío Abelardo me llevó ‘ique a que me hiciera hombre a un burdel. Y en el burdel había una transformista, la difunta Pollo Ronco. […] Mi tío me dijo: elige; y ¡ojo clínico!, yo elegí al puto, a la trava28 [risas]. Yo elegí a la Pollo Ronco, yo la veía muy hombre a ella pero mi tío no se dio cuenta que era un travesti, mi tío no se dio cuenta que era un transformista! Por eso es que yo digo que la sangre llama, porque habían muchas mujeres; -escoge sobrino!, me decía el tonto, ¡Ella! Yo entré y me puse a llorar con la trava; y la trans me decía: ¡Pero bueno, vete de tu casa! … Yo le pregunte a ella que en donde se paraban (las transformistas) y me dijo que en 28 Las palabras “puto” y “trava” son expresiones típicamente argentinas para referirse despectivamente a las personas transgénero, así como aquí en Venezuela se les llama Transformistas. Las activistas transgénero en todo el mundo vienen utilizando esas palabras como un arma política para resignificar su sentido.

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la 19 con 32 hasta la 19 con 28. […] Así como pude llegué al bachillerato. En el bachillerato la profesora guía me descubrió vestido de mujer en la 19 con 32 en Barquisimeto […] y llegó el chisme y me expulsaron.29 Cuando Yhajaira dice “me quisieron ser hombre”, está afirmando que la familia intentó todos los medios de domesticación para enderezarla, porque estaba “torcida”, lo opuesto a “derecho” o “recto”. Este intento de corregir se puede semejar al método de la doma que busca hacer “dóciles y “útiles” a las bestias. El cuerpo es el objetivo a corregir30 y luego conquistar: Cuando me quemaron las manos y me preguntaron que si yo era maricón yo en ese momento dije que no. ¡Agarré como el chavo mi amor! Agarré en ese momento un pantalón, una franela y me fui. Y en la reja les dije ¡si soy maricón pero no me van a tirar al río! Porque la amenaza después de las manos era meterme en un saco, meterme una piedra y tirarme a un río…31 Estas prácticas recuerdan los métodos usados hasta hace poco sobre niños zurdos a quienes se les amarraba la mano izquierda para “convertirlos” en “derechos” y despojarlos de la maldición de la cual estaban poseídos ya que, para la iglesia católica, eran sirvientes del demonio32. Zurdo o siniestro también se relaciona con torcido al connotar peyorativamente a personas no heterosexuales. Pero, corrección, ortopedia, y disciplina no terminan de domesticar ni transformar al “anormal” en un cuerpo dócil y útil. Otras formas de sujeción tampoco resultan; ni las golpizas ni las sofisticadas (como el burdel) o brutales formas de tortura física (quemarle las manos) y psicológica (amenaza de lanzarla al río en un saco). El poder, opera a través de ese sistema de apoyo que hay 29 Entrevista con Yhajaira Marcano Bravo, transformista venezolana Buenos Aires. Cfr. Argelia Bravo, Proyecto de tesis y exposición “Arte social por las trochas hecho a palo, pata’ y kunfú”, 2007, pp. 5-6. 30 Con relación a las tres figuras, el monstruo, el individuo a corregir y el masturbador, Foucault sostiene que el marco de referencia del individuo a corregir es mucho más limitado que el del monstruo: “es la familia misma en el ejercicio de su poder interno o a gestión de su economía: o, a lo sumo, la familia en su relación con las instituciones que lindan con ella o la apoyan. El individuo a corregir va a aparecer en ese juego, ese conflicto, ese sistema de apoyo que hay entre la familia y la escuela, el taller, la calle, el barrio, la parroquia, la iglesia, la policía, etcétera. De modo que este es el campo de aparición del individuo a corregir” Foucault, Michel. Los anormales. Curso en el Collage de France (1974-1975). Fondo de Cultura Económica (p. 63). 31 Entrevista a Yhajaira. noviembre de 2008. Archivo personal de arte evidencia del proyecto Arte social por las trochas hecho a palo pata’ y kunfú. 32 http://www.zur.com.ar/para-zurdos/nota.asp?nid=25

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entre la familia y la escuela, el taller, la calle, el barrio, la parroquia, la iglesia, la policía, etcétera33. Así, inversamente, el poder se enfrentará a la resistencia de los cuerpos. Joanne Entwitle plantea que el poder, citando a Foucault, es “relaciones de fuerza”. No es propiedad de nadie ni de ningún grupo sino que invierte en todas partes y en cualquier persona y, aquellos en quienes el poder ha invertido en sus cuerpos, pueden, así, derrocar a ese mismo poder ofreciéndole resistencia ya que donde haya poder habrá resistencia al mismo. En definitiva, el poder, tras haber invertido en el cuerpo, se haya expuesto a un contraataque (Entwistle, 2002, p. 33). El destierro del cuerpo del delito Cuando me fui de mi casa al ver que no tenía un bolívar ni nada con que comer, […] bueno, yo me fui a trabajar a la 19 con 32. […] [..] Primero me llevaron para la cárcel del paraíso, la Planta, de la Planta me llevan para los Flores, en los Flores, llegando yo, hubo un motín; me volvieron a mandar para la Planta. De la Planta me mandaron para el Dorado. En el Dorado no me aceptaban mucho porque, el Subdirector llamado… que lo llamaban Taquera, me dio con un “pipitoro” y yo le metí un hojillazo… Porque siempre, yo siempre he sido atrevida, yo siempre, nunca he sido tonta. Bueno el hombre me pegó y yo le di un ojillazo y de ahí me mandaron para vista hermosa, para Ciudad Bolívar, creyendo que en Ciudad Bolivar me iban a componer, ¡nooo!!! En Ciudad Bolívar me encompinché con los ladrones en una huelga y nos montamos en un tanque altísimo. ¡Me mandaron otra vez para el dorado!!! [risas] ¡No aguantamos a este maricón aquí! Me mandaron para el Dorado otra vez. Cuando salí del Dorado salí como pajarito en grama. —Y cuánto estuviste en el Dorado? —Tres años y seis meses. La sentencia no te la dicta un juez, no te la dicta nadie. La sentencia te llega al penal. Y desde el día que te llega la sentencia, así era la Ley de Vagos y Maleantes, que fue lo que me aplicaron a mí por ser transformista. Para mí de verdad con todo el palo que llevé fue lo más lindo que viví en mi vida (la cárcel de El Dorado), porque ahí fue mi primer gran amor […]34 En este ataque y contraataque, la calle y la prostitución se convierten tanto 33 Idem., (p. 63). 34 Entrevista con Yhajaira Marcano Bravo, transformista venezolana. Cfr. Argelia Bravo, Proyecto de tesis y exposición “Arte social por las trochas hecho a palo, pata’ y kunfú”, 2007, pp. 5-6.

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en la trinchera como en el arma para la sublevación de esos cuerpos rebeldes; mientras tanto, el cuerpo social desenfunda todo su arsenal tecnológico para la aplicación de “justicia”, que como una concepción cultural está basada en un consenso social sobre lo bueno y lo malo. Cada época y civilización tienen un valor propios determinados por la sociedad, y estos valores descansan sobre un conjunto de reglas y normas codificado en disposiciones escritas que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, prohibiendo y permitiendo acciones específicas35. Pero la justicia hace también referencia a la pena o castigo público. Según ésta definición, cuando la sociedad “pide justicia” frente a un crimen, lo que hace es pedir al Estado que garantice que el crimen sea juzgado y castigado con la pena que se merece de acuerdo a la ley vigente36. La identidad es el delito y no son sólo juzgadas y penalizadas por una institución que administra justicia, sino por todo el cuerpo social. No se le pide al Estado que juzgue un crimen, sino que todos los miembros de la sociedad actúan como jueces y verdugos, al prohibirles, de hecho más no de derecho, el acceso a todos los beneficios, que posee cualquier “ciudadano”: educación, salud, trabajo, vivienda, libre tránsito, etc. Cada uno de los miembros del cuerpo social, corporeiza las leyes, propone y dispone el castigo que cree conveniente. Cuando hablo de todo el cuerpo social me refiero al padre que le quemó las manos a Yhajaira, la madre que calla sumisamente, la maestra que la expulsó de la escuela, el policía que la golpea, el transeúnte que se burla o la golpea, el hospital que no la recibe, el médico indiferente ante la agonía, el jefe de una empresa que no la acepta, el dueño del restaurante que le impide el acceso, etc. Al respecto, González Stephan refiriéndose al “cuerpo escriturario” y sus funciones dice: “Constituciones, gramáticas y manuales comparten en su espíritu nuclear el ser discursos que en su forma de leyes, reglamentos y normas no sólo previenen de la infracción o error, del castigo o culpa, sino que asumidos sistemáticamente a través del ejercicio continuo van formando un cuerpo policial subjetivado, una representación interiorizada en cada individuo” (González Stephan, 1996, 23). De tal forma que “en una doble dirección (centrípeta y centrífuga) el cuerpo escrito de disciplinas […] tuvo como tarea incorporar y modelar a los grupos sociales; y contrariamente expulsar a aquellos que no lograban mimetizarse con las normas” (González Stephan, 1996, 24). La constitución en sujeto solo es posible dentro del marco de la escritura disciplinaria como requisito previo reconocerse como ciudadano (González Stephan, 1996, 23). De esta forma, asistimos a la reedición del destierro, junto al suplicio y la marca, como prácticas punitivas que parecían haber sido abolidas con el nacimiento de la nueva racionalidad moderna hacia mediados del siglo XVIII, que 35 http://definicion.de/justicia/ 36 Idem.

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por demás se llegó a considerar a estas prácticas, propias de la barbarie37 y la incivilización. Pero se hará referencia solo al destierro y sus consecuencias en esta ocasión. A partir de numerosos testimonios recogidos durante el proyecto, propuse esta noción de “destierro” para referirme a las múltiples formas de exclusión que soportan las chicas trans y que posteriormente, las obliga en consecuencia, a practicar la prostitución y abrir las “trochas” dentro de la ciudad como forma de sobrevivencia e insubordinación. El destierro se define como una sanción penal que consiste en expulsar a una persona de un lugar o de un territorio38. En la antigüedad este tipo de sanción era muy común, y era utilizada como pena similar a la pena de muerte. Su aplicación dependía de la gravedad del delito, y se estiló mucho en Inglaterra y Francia, conjuntamente con la creación de colonias de delincuentes en los territorios colonizados. Este tipo de castigo puede ser equiparado a lo que en jurisprudencia se llama muerte civil. Fernando Fernández opina que la muerte civil es obra de la intolerancia, definida de la siguiente manera: Se define a la muerte civil como una ficción jurídica, mediante la cual se ataca al enemigo donde más le duele: en la eliminación de todo o en parte de sus derechos como ser humano. Por eso es más fina, sutil, cínica y cruel que las formas físicas de tortura o muerte. Persigue la destrucción moral, política y social del condenado. Es un linchamiento que incapacita a la persona de tener vida jurídica. Los griegos practicaron la muerte civil contra las mujeres, los esclavos y los extranjeros, o sea, no eran personas. Tampoco los animales ni los insectos. Los romanos la consideraban una capitis diminutio, es decir, unos seres que no eran ciudadanos. El esclavo romano era considerado una cosa. La muerte civil era una pena infamante. En la Edad Media se consideraba al leproso como un muerto civil. En el Siglo XX se continuó con la muerte civil en muchos casos (raza, género sexual, religión, discapacidad, etnia, nacionalidad o creencias políticas). […]39

Contra la sumisión, las trochas, el lugar de la supervivencia y la insubordinación Un día, [Yhajaira] me cita en un punto de la ciudad. Comienza a guiarme por unos callejones intrincados, era una ruta inexplicable para mi lógica. De regreso 37 He aquí una cita que destaca Foucault al respecto: Rush, en 1787 dice: “No puedo por menos de esperar en que se acerque el tiempo en que la horca, la picota, el patíbulo, el látigo, la rueda, se considerarán en la historia de los suplicios, como la muestras de la barbarie de los siglos y de los países, y como las pruebas de la débil influencia de la razón y de la religión sobre el espíritu humano”. Foucault, Michel. Vigilar y Castigar, El nacimiento de la prisión. Siglo XXI editores. P. 18). 38 http://diccionario.sensagent.com/destierro/es-es/ 39 http://www.segured.com/index.php?od=2&article=898

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me doy cuenta de que estábamos muy cerca del punto donde me había citado y que había un camino más directo y céntrico por donde llegar. Intrigada le pregunto por qué tomó ese camino más largo y solitario; Yhajaira me responde que prefería ir por las trochas; de nuevo extrañada por el término utilizado le pregunto: ¿y qué son las trochas? A lo que me responde: ‘las trochas le dicen a los atajos por donde se vienen los indocumentados40. Desterrados de la ciudadanía, estos cuerpos deciden enfrentar y resistir a la condena del cuerpo social, se hacen cuerpos penitentes, teniendo que pasar a las trincheras y abrir fisuras en la ciudad que les fue negada. Según el diccionario de la Real Academia Española, trocha se define como vereda o camino angosto, poco concurrido y excusado o que sirve de atajo para ir a una parte. Comúnmente, en Venezuela, se denominan como “caminos verdes” a aquellas rutas de tránsito alternas o no oficiales, tanto en las áreas rurales como urbanas. Las trochas, al ser caminos “abiertos” y motivados por la necesidad de transitar al margen de la vigilancia, se pueden apreciar como líneas curvadas que se van formando y tejiendo no planificada y des-controladamente. Pero uno de sus rasgos básicos radica en que las trochas no aparecen representadas en los mapas. Por lo tanto, si los mapas, como representación gráfica de una realidad, no reflejan estos espacios, este grupo de individuos que hace vida en torno a las trochas sencillamente “no existe” oficialmente. La trocha también está definida como camino abierto en la maleza41, desviación, vericueto42; etc. Por maleza se define a la mala hierba, monte o planta indeseable que crece en situaciones alteradas por el ser humano como cultivos agrícolas o jardines, “plantas nocivas, molestas, desagradables a la vista y a la vez inútiles”43, o “plantas que interfieren negativamente con las actividades productivas y recreativas del hombre”44. Pero también, en sus múltiples acepciones es una enfermedad ligera, abundancia de malas hierbas, maldad, iniquidad, mala condición y mala constitución. Así, referir la presencia de malezas en la definición de las trochas las asocia con caminos ilegítimos en su creación misma, 40 Conversación con Yhajaira Marcano Bravo, transformista venezolana. Cfr. Argelia Bravo, Proyecto de tesis y exposición “Arte social por las trochas hecho a palo, pata’ y kunfú”, 2007, pp. 5-6. 41 Disponible en: http://www.wordreference.com/es/en/frames.asp?es=trocha (Consulta: 4 de septiembre de 2009). 42 Disponible en: http://www.wordreference.com/sinonimos/atajo (Consulta: 4 de septiembre de 2009). 43 Disponible en: http://www.plagas-agricolas.info.ve/doc/html/tineo.html©2000, Fundación Polar. 44 Disponible en: http://www.plagas-agricolas.info.ve/doc/html/tineo.html© 2000, Fundación Polar.

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invisibles en la cartografía, y en los que abunda mala hierba. Quienes abren y transitan esos atajos son como las malas hierbas: indeseables, enfermas, malignas, torcidas e ilegítimas. Igualmente, como el cuerpo humano es fraccionado, estudiado, domesticado y disciplinado por la ciencia para un mejor control energético y una mayor productividad, el espacio geográfico es manipulado por y para el “hombre”45: Una de las tácticas de domesticación de la naturaleza es la racionalización -lo que aquí significa fraccionamiento, división, desglose, clasificación- no sólo de la tierra (agronomía, geografía), sino también del cuerpo individual (medicina, biología), del social (censos, estadística, sociología) y de la lengua (gramáticas, diccionarios). La geometrización convierte la materia en una superficie cuadriculada, mensurable para la optimización de su uso, bien sea de riquezas naturales o fuerzas laborales humanas. El ejercicio -consustancial a las disciplinas- trabaja la tierra, el cuerpo y la lengua por partes. Aritmética, matemática, geometría, y álgebra son ahora decisivas para el poder controlador del Estado y de la burguesía liberal (González Stephan, 1996, 36).Entonces, la cartografía como escritura normativa del cuerpo territorial, delimita, controla y contiene los deseos y pasiones del cuerpo social, circunscribiéndolos al espacio de intramuros como una construcción civilizatoria porque: “la vida que transcurre extramuros, fuera de la polis, es el espacio de la ‘barbarie’, la superficie lisa aún no estigmatizada por los signos de la escritura disciplinaria” (González Stephan, 1996, 36-37). A través de esa gran estructura reticular, recta, justa y derecha que enmarca al ciudadano ejemplar, se van tejiendo redes de trochas por donde circulan, habitan y pululan las incontinentes “malas hierbas” que afean y contaminan el orden simbólico y estructural de la cartografía ciudadana; por lo tanto, estos sujetos quedan invisibilizados, ilegitimados y expulsados. Sin embargo, las trochas se van desplazando silenciosamente, torcidas y curvadas; subvirtiendo y desobedeciendo el orden geométrico de la estructura. Como ejemplos de alteración de la cartografía por medio de fuerzas transgresoras podemos citar a los movimientos insurgentes de América Latina, tales como las guerrillas urbanas y rurales en Venezuela en la década de los sesenta y Colombia desde hace cuarenta años, entre otros países que, al defender ideales en el orden político, abren fisuras a través de la espesura selvática como de las ciudades reticulares y posibilitan el tránsito de manera clandestina, convirtiéndose en una lucha ilegitimada por los Estados. Otras trochas se pueden apreciar en los túneles subterráneos que han tenido que construir los habitantes de la Franja de Gaza para contrarrestar el cerco y la violación territorial por parte de las fuerzas israelíes, como medios de subsistencia y resistencia ante la invasión. 45 Utilizo “hombre” en términos de género.

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La trocha es pues, la representación gráfica y simbólica de la insubordinación a las fuerzas del orden, disciplina, sujeción y control; es una tejedura de líneas torcidas que va minando la retícula de la cartografía urbana y ciudadana, una deformidad, una tachadura de la modernidad, una fisura en el proyecto de Estado-Nación, un desagüe por donde circulan las energías del deseo ilegitimado. Al igual, la trocha es la feminización de la cartografía pues se contrapone a la verticalidad del poder. Si la retícula es la representación gráfica de la ideología patriarcal capitalista, en términos cartográficos, la trocha representa la rebelión (feminización) frente a esta concepción normadora androcéntrica en lo cultural. Los grupos desterrados tanto de la cartografía urbana como de la ciudadanía, sin embargo, no pueden considerarse derrotados. La derrota significaría la imposibilidad de incidir en las dinámicas sociales y, aunque ciertamente no participen de la dinámica productiva deseada, estos sujetos generan dinámicas sociales. No existen líneas fronterizas que delimiten la situación geográfica de las trochas ni el tránsito de sus usuarios, pues no hay márgenes; no existe centro y periferia, ni un afuera ni un adentro. Las trochas son un desordenado amalgamamiento de líneas que invaden la cartografía modificándola y “pervirtiéndola” silenciosamente. La noción de lo periférico o de margen promueve, a mi juicio, la noción de lo excluido y por tanto, niega la posibilidad de participación en la creación o transformación de procesos, pero también determina una actitud de sumisión frente a la dominación, pues sitúa espacialmente estas poblaciones -o visiones de la realidad, o modos de producción de conocimiento- en espacios fronterizos, que simbólicamente pueden ser interpretados como impermeables entre sí, inmutables en sus formas, puros, inmaculados, asépticos, arios. Estas nociones evitan la contaminación y la temida promiscuidad, incluso epistémica. La trocha en cambio representa la rebelión de los indeseables que afean los ambientes y espacios controlados; la trocha es el significante perturbador que corporeiza una contra-ideología del poder por medio del flujo y circulación anormal y des-ordenado de estos actores “no invitados” a participar en una cartografía ideada para el ciudadano co-rrecto, cuya conducta preserva el sistema de ideas que fundamentan los Estados-Naciones modernos y garantiza su pureza. En las trochas no hay límites fronterizos entre el ciudadano y el “otro” porque conviven y se tropiezan día a día entre esas líneas torcidas y rectas que se encuentran; es el “otro” quien irrumpe en ese espacio “prohibido” de facto, y lo contamina con su impureza. Pero las trochas no nacen ni se crean por intenciones románticas preconcebidas para fastidiar al ideal burgués y desestabilizarlo. Se forjan a partir de la necesidad, palabra poco utilizada por quien no conoce de ello; la trocha es una creación basada en la necesidad de nutrición, resguardo, protección y supervivencia, y desde esa necesidad, se es creativo. La retícula es el ideal representacional de la modernidad. Sólo pensemos en la obra de Sol Lewitt como imagen de la racionalidad, de la domesticación y control de lo barbárico y los cuerpos indomables. Es la forma de la cultura

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patriarcal. En contraposición, las trochas representan las formas de lo femenino como el lugar de lo inferior, negativo, torcido y peligroso frente al dominio de lo masculino como modelo. Desde esta experiencia artística compartida con las chicas trans puedo reconocer a las trochas como el lugar de la desobediencia al canon; como una ruta creativa que puede enfrentar el reticulamiento, parcelamiento y disciplinamiento de la producción de conocimientos. Las cartografías de los cuerpos torcidos y las rutas desviadas, invisibles en la cartografía legal, nos proporcionan entonces una memoria negada por la historia oficial. El trabajo artístico Arte social por las trochas hecho a palo, pata’ y kunfú tuvo como uno de sus objetivos principales proponer y “demostrar”, a partir de la historia de vida de Yhajaira Marcano Bravo, como cuerpo desobediente, que la trocha es un camino trans-indisciplinario, promiscuo e informal de creación y producción de conocimiento forjado a partir de la necesidad, así como una ruta alterna, indócil e indisciplinada, que feminiza la cartografía como representación patriarcal, con capacidad de ejercer una acción transformadora sobre lo social. Desde el oficio de “artista”, considerado social e históricamente como inútil46, desde el desasosiego ante una realidad que tensiona y desborda la necesidad de participación a partir de las prácticas de creación, concibo y pretendo asumir el arte como un medio de producción de conocimiento por la vía creativa que tiene la potencialidad de incidir en lo social. Esta concepción de arte, desde la perspectiva de la Educación Popular de Paulo Freire, podría definirse como Investigación-Creación-Acción-Participación. Si el arte es asumido como estrategia creativa, una práctica de producción de conocimiento transformador, se puede ver también como práctica pedagógica, ya que el conocimiento liberador puede ser capaz de participar en la transformación individual y colectiva para incidir políticamente en lo social.

46 Se podría afirmar que desde un punto de vista epistemológico el artista, como productor cultural en la actualidad no tiene rango de oficio. Por un lado, se le considera aún bajo el modelo romántico del genio creador que tiene una comunicación directa con la divinidad a través de la musa. Por otro lado, se enmarca dentro del ensimismado y mercantil sistema del arte, por lo tanto no es un trabajador. En tal sentido, la labor del artista se sitúa en el campo del trabajo informal. La valoración del trabajo artístico y del artista como trabajador cultural desafía la supuesta “inutilidad” del arte y cuestiona la noción moderna y oficial del arte, como una práctica desvinculada de los procesos sociales y políticos.

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Cuerpos a-normales, rutas desviadas...

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Rev. Venez. de Econ. y Ciencias Sociales, 2013, vol.19, nº 1 (enero-abril), pp. 171-195

DE LA NEGACIÓN A LA REAFIRMACIÓN: POLARIZACIÓN, DIVERSIDAD SOCIAL Y ENTENDIMIENTOS EN VENEZUELA Horacio Biord Castillo Introducción Desde 1989 Venezuela ha vivido una creciente conflictividad sociopolítica, como quizá no ocurría en el país desde el siglo XIX. Las guerras de Independencia (1810-1830) y la Federal (1858-1863) pusieron en evidencia fuertes contradicciones sociales que parecieron disminuir paulatinamente en la primera mitad del siglo XX para reaparecer en las décadas finales y acentuarse a principios del siglo XXI. No obstante, entre 1945 y 1948, durante el llamado trienio adeco,1 al explicitarse el plan de gobierno y la visión de país de Acción Democrática, entonces con una visión más radical sobre los cambios sociopolíticos y económicos que debían emprenderse en el país, las contradicciones sociales, en especial las referidas a diferencias de clase, se vuelven a hacer patentes. Igual sucede durante la insurgencia guerrillera en la década de 1960, cuando tras el triunfo de la revolución cubana, y apoyadas por el régimen comunista de la isla, grupos de izquierda aupados por el Partido Comunista de Venezuela intentan una lucha armada para tomar el poder y efectuar reformas políticas y económicas que, en su óptica, no concretarían los partidos políticos que formaron parte del Pacto de Punto Fijo.2 En esos momentos también se hizo evidente que la sociedad venezolana no era un todo homogéneo. 1 Este período comienza el 18 de octubre de 1945 y termina el 24 de noviembre de 1948 con dos golpes de estado contra presidentes constitucionales: uno designado por el congreso en 1941, según lo establecía la constitución vigente (Isaías Medina Angarita) y otro electo mediante elecciones generales en 1947 (Rómulo Gallegos). 2 Acuerdo firmado el 31 de octubre de 1959 por los principales partidos políticos de la Venezuela de entonces (los socialdemócratas Acción Democrática y Unión Republicana Democrática y el socialcristiano COPEI, siglas de Comité de Organización Política Electoral Independiente), aunque con exclusión del Partido Comunista de Venezuela, para consolidar la democracia en Venezuela tras el fin de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, ocurrida con su huida a la República Dominicana el 23 de enero de 1958.

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Una diferencia radical con el pasado es que ahora tales contradicciones gozan de mayor visibilidad y se expresan continuamente en el discurso político y los debates públicos, lo cual no había ocurrido antes o al menos no en esta magnitud. La riqueza generada por la explotación del petróleo facilitó, al menos desde la década de 1930, la adopción de políticas públicas que favorecieron la movilidad social ascendente así como la participación de muchos sectores antes excluidos. Esto contribuyó a sedimentar las tensiones sociales mas no las eliminó, aunque logró camuflarlas tras la idea de una especie de “democracia racial” o pacto entre grupos no solo sociodiversos sino también con expresiones fenotípicas contrastantes.3 La crisis económica ocurrida a principios de la década de 1980,4 desvaneció el delirio de la “Gran Venezuela”,5 también llamada sarcásticamente la “Venezuela saudita”, en alusión al poder económico de los petrodólares que entraban al país y la manera desenfrenada de gastarlos. La subsecuente inestabilidad económica impuso rebajas y reconducciones presupuestarias, eliminación de políticas asistencialistas, recorte de subsidios, reducción parcial de gastos 3 La idea de una democracia racial se debatió ampliamente en Brasil, en especial durante la primera mitad del siglo XX (Guimarães, 2002). “Raza” y “clase” fueron dos variables importantes en esa conceptuación de un pacto político inclusivo, pero el uso del primer concepto tendió a desaparecer en la segunda mitad del siglo XX, probablemente como consecuencia de las luchas por la igualdad racial y contra la discriminación que ocurrieron después de la Segunda Guerra mundial. 4 Esta crisis fue reconocida en marzo de 1979 por el presidente Luis Herrera Campins con la frase “recibo una Venezuela hipotecada”, pronunciada en el discurso de toma de posesión de su gobierno (1979-1984) en el Congreso de la República, y luego, a mediados de ese año, con la divulgación de las primeras estimaciones oficiales de la deuda externa del gobierno, adquirida de manera desordenada por diversos organismos públicos durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979). A finales de 1982 la crisis se acentuó y en febrero de 1983 obligó al gobierno a devaluar la moneda y a implantar un control de cambios, por primera vez en más de dos décadas. Luego los gobiernos de Jaime Lusinchi (1984-1989), el segundo de Carlos Andrés Pérez (19891993), el interino de Ramón J. Velásquez (1993-1994) y el segundo de Rafael Caldera (1994-1999) tuvieron que hacer diversos ajustes. Esos paquetes de medidas ejercieron fuertes presiones sobre los ciudadanos venezolanos, especialmente de las clases C, D y E, que vieron mermada significativamente su capacidad adquisitiva y sufrieron los efectos de una fuerte inflación así como de la especulación de comerciantes. 5 Así se llamó al sueño colectivo de un país inmensamente rico, gracias a la renta petrolera, que se vivió sobre todo a mediados de la década de 1970, durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. En especial, la dirigencia política y la clase media imaginaron un estado de bienestar de larga duración. Subestimaron la creciente pobreza y las grandes inequidades que servían de telón de fondo a esa época de abundancia o no llegaron a percatarse de su cuantía y gravedad social.

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suntuarios y superfluos, lo que en conjunto afectó la imagen del Estado paternalista y benefactor tan arraigada en el imaginario político de la mayoría de los venezolanos (Coronil, 2002) y afectó la credibilidad de los ciudadanos en la democracia representativa,6 tal como se había ensayado desde 1958, tras la caída de Marcos Pérez Jiménez. El 27 y 28 febrero de 1989, a pocos días de haberse anunciado el programa económico del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, en cuyo triunfo electoral de diciembre de 1988 jugó un papel determinante el recuerdo de los tiempos de abundancia de su primer gobierno, se produjeron sucesos calificados de distinta manera según la óptica asumida para definirlos. Ante esos lamentables sucesos que dejaron centenares de víctimas y por los cuales el Estado venezolano fue condenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, cabría hacerse varias preguntas que ilustran el aserto sobre la disparidad de su interpretación. ¿Se trató de una verdadera insurrección popular? ¿Fueron simples motines, saqueos y atentados contra las personas y las propiedades? ¿Tendrían conexiones con actividades de agitación social y guerrilla urbana y ello explicaría la represión militar con que el gobierno impuso el orden público? Las preguntas anteriores nos acercan al propósito de este ensayo. En ese orden de ideas deseo enfatizar tres aspectos involucrados en la formulación de las preguntas: 1. Las visiones contrastivas sobre las realidades sociales (la agencia del “pueblo” o participación popular versus la idea de motines y saqueos); 2. el concepto de “pueblo” subyacente, en especial, a la primera pregunta, que debería ser ponderado más detenidamente para comprender el trasfondo de la protesta; 3. la pertinencia de un análisis que dé cuenta de las posibles conexiones de sucesos de tan gran magnitud, lo cual, sin embargo, escapa a los propósitos de este trabajo, aunque es posible advertir probables afinidades estructurales entre esos acontecimientos y la guerrilla urbana como continuidad de las pacificadas guerrillas rurales. 6 En el discurso pronunciado en su condición de senador vitalicio por el expresidente Rafael Caldera, en el Congreso de la República, el 4 de febrero de 1992, tras la intentona golpista de ese día, aseveró que “no encuentro en el sentimiento popular la misma reacción entusiasta, decidida y fervorosa por la defensa de la democracia que caracterizó la conducta del pueblo en todos los dolorosos incidentes que hubo que atravesar después del 23 de enero de 1958” (Caldera, 1999, 232).

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El objeto de mi reflexión es doble: profundizar los orígenes de la división o polarización extrema del país en la actualidad y reconstruir, mediante precisiones al concepto de “pueblo”, la visión de “país” que enfrenta a las partes. Para ello, este trabajo intenta diagnosticar la conflictividad sociopolítica en Venezuela desde 1999 en adelante y poner en perspectiva histórica la sociodiversidad del país. Desde ese punto de partida, analiza las raíces de la extrema polarización que, en abordajes excesivamente sincrónicos, se reducen solo a un carácter político-partidista. Para lograr tal fin, se hace una reflexión antropológica y se emplean herramientas de la etnohistoria.7 Como conclusiones, hago algunas propuestas para lograr un entendimiento o pacto social que permita, verdaderamente, refundar la República con mayor justicia social y equidad. Conflictividad sociopolítica en Venezuela (1999-2013) Tras el triunfo del partido Movimiento V República8 en las elecciones presidenciales de 1998 y la toma de posesión del candidato electo, teniente coronel Hugo Chávez Frías, el 02 de febrero de 1999, en el discurso político venezolano se hizo evidente el uso de conceptos diferentes de “pueblo”. Entre ellos, se pueden distinguir los siguientes: •

el jurídico o “pueblo” como conjunto de ciudadanos de un Estado, iguales ante las leyes y con deberes y derechos;

•

el sociológico o “pueblo” entendido como población, más bien en un sentido demográfico aunque con articulación social;

•

el antropológico o “pueblo” como sinónimo de sociedad o agregado de individuos con recursos culturales propios, historia e identidad;

•

el político o “pueblo” como población objetivo de sus tesis, prédicas y programas; y, finalmente,

•

el despectivo o “pueblo” como designación eufemística de grupos desposeídos o clases sociales bajas.

Estos conceptos se han mezclado de manera desprevenida y confusa, por tanto equívoca, en el discurso político venezolano, en especial durante los últimos años. Por ejemplo, cuando se invoca el principio político fundamental de 7 Para ello combino información proveniente de investigaciones documentales con datos censales y mis propias observaciones etnográficas sobre la sociedad venezolana, lo cual he venido haciendo desde 1992 como un intento de comprender el país profundo. 8 Por sus siglas: MVR. Luego fue refundado y denominado Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

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que “la soberanía reside en el pueblo” se alude al concepto jurídico. Cuando se habla, en cambio, de “hacer obras para beneficio del pueblo” el concepto parece más bien sociológico. Al referirse al “pueblo indígena kari’ña” o el nombre de la “Ley orgánica de pueblos y comunidades indígenas” se alude al concepto antropológico. Expresiones como “la alcaldía trabaja para el pueblo” o “el partido está atento a las necesidades del pueblo” ilustran el sentido político y buscan crear un sentimiento de empatía entre la organización política y sus simpatizantes. El concepto de “pueblo” en el discurso despectivo refiere a sectores o clases sociales no solo desposeídas, sino también históricamente marginadas, subalternas u oprimidas, con costumbres, modales, etiqueta social y percepciones distintas de las de las clases sociales pudientes o elites. De niño, solía escuchar, sin entenderlas cabalmente, expresiones como “una mujer del pueblo”. Obviamente no significaba, como pudiera pensarse de acuerdo al enunciado, una mujer nativa o habitante de determinado pueblo, villa o centro poblado, sino una mujer pobre, sencilla y sin mucha educación. Es probable que también envolviera un sentido despectivo de tener costumbres toscas. El lema del partido Acción Democrática (“el partido del pueblo”) aludía tanto al concepto político como a este último concepto, pero resemantizándolo o dotándolo de nuevos significados para ganar adeptos. A partir de 1999 el discurso oficialista empezó a usar otro concepto de “pueblo” sutilmente distinto, quizá, a los anteriores. Combinaba elementos del concepto político, pero también, reversándolo mediante la supresión del dejo desdeñoso, el concepto despectivo del discurso de las élites. Así, aunque su uso pudiera confundirse con los conceptos jurídico y sociológico, el nuevo concepto de “pueblo” comenzó a imponerse como uno de los lemas del entonces todavía en formación discurso del gobierno. De manera progresiva y creciente, se volvió desconcertante por excluyente. El uso de ese concepto, resignificado, sin embargo, empezó a ser paradójico para aquellos votantes que en las elecciones de 1998 se habían dejado seducir por un candidato presidencial del que hasta ese momento una de las pocas cosas que se sabían era su participación como cabecilla del fallido golpe de estado contra el presidente constitucional Carlos Andrés Pérez en la madrugada del 4 de febrero de 1992.9 Chávez había justificado su conducta golpista y su desacato a la constitución y demás leyes vigentes por la excesiva corrupción del régimen y, fundamentalmente, por haber traicionado ese gobierno, en su concepto, el ordenamiento legal vigente y, sobre todo, los intereses del “pueblo” al adoptar políticas neoliberales. Sin embargo, luego se supo que el movimiento militar y civil que lideraba Chávez venía gestándose desde, por lo menos, una década atrás cuando, en 1982, se concretó un pacto 9 Para conocer mejor el pensamiento del expresidente Chávez, con sus propias palabras, sin la exaltación de los ditirambos posteriores o de la propaganda oficialista, ver la larga entrevista concedida al profesor Agustín Blanco Muñoz (1998).

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entre militares activos, llamado “juramento del Samán de Güere”.10 El concepto de “pueblo” que empleaba el gobierno se mezclaba con expresiones como “revolución” y “bolivariano”,11 para aludir con este calificativo a un proyecto inspirado en los ideales de Bolívar y remarcar su carácter “nacionalista”, en el que se mezclaban diversos símbolos y elementos de la historia del país (Biord Castillo, 2008 a, b). Más tarde también se empezó a hablar de “socialismo” y “socialismo del siglo XXI”, para indicar una diferencia, probablemente tenue, con el fracasado socialismo real del siglo XX (el de la Europa del Este) e impulsar un proyecto político supuestamente novedoso. Además de las ideas marxistas, a dicho proyecto se añadía el cristianismo (entendidas las prédicas de Cristo como una doctrina socialista), el indigenismo,12 el robinsonianismo13 y el pretendido pensamiento social del general Ezequiel Zamora (1817-1860), un controvertido héroe del siglo XIX que actuó al inicio de la Guerra Federal y que ha sido reivindicado por la izquierda venezolana como un hombre de “avanzada”. A ello se añaden el pensamiento martiano,14 las ideas del Che Guevara y de Fidel Castro y el modelo del socialismo cubano, al que el expresidente Chávez en su momento calificó de “mar de la felicidad” y lo señaló como meta del proyecto político que lideraba en Venezuela y quería extender a otros países latinoamericanos. Adicionalmente se habló de una “revolución pacífica, pero armada”, llena de “amor” y hecha para beneficio del “pueblo”, como recalcaba el discurso oficialista. A ello, por si fuera poco, hay que sumarle actitudes antiimperialistas, anticapitalistas, antinorteamericanas y latinoamericanistas. 10 En este juramento, hecho bajo o cerca del histórico árbol (estado Aragua), los militares que lo pronunciaron se comprometieron a coaligarse para hacer una revolución nacionalista. 11 De allí el nombre inicial del grupo: Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (este último número en relación al bicentenario del Libertador, que se celebró en el año 1983), y por su sigla MBR 200. Más tarde, esta sigla se trató de sustituir fonológicamente por la del Movimiento V República (MVR) dada la prohibición del uso del nombre y la efigie del Libertador en partidos políticos. 12 Al estilo del pensador marxista peruano José Carlos Mariátegui (1894-1930), quien vio estructuras socialistas en las formas de organización y redistribución del Tahuantinsuyu o impero inca. Ver también los trabajos de Arvelo-Jiménez (2008), Biord Castillo (2008 c) y Fernández Quintana (2008). 13 Se refiere a Simón Rodríguez o Samuel Robinson (1771-1854), uno de los maestros del Libertador Simón Bolívar, quien habría infundido ideales libertarios en su discípulo, como reconoció el propio Bolívar. Sus ideas educativas enfatizaban al máximo la creatividad, la libertad y la pertinencia de la educación, que debía ser ante todo liberadora. 14 José Martí (1853-1895), inspirador de la independencia cubana, escritor y pensador antiimperialista, con gran vocación latinoamericanista, apropiado como ideólogo por la Revolución Cubana.

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En ese contexto, el término “pueblo” se fue haciendo cada vez más proselitista: “Con Chávez manda el pueblo”, “Chávez es el pueblo”, “Chávez somos todos”,15 “el poder popular”, “transferir poder al pueblo”. Estas expresiones se referían a aquella parte de la población históricamente oprimida y marginada y pronto empezó a tener efectos polarizantes. En especial, el también amplio sector de la clase media no se percibió incluido en el discurso oficial y, ante todas las amenazas reales, discursivas o simbólicas, tenía suficientes motivos para pensar que era considerada parte de los “enemigos históricos” de un proyecto liberador,16 como el que decía encarnar el gobierno. En cambio, aquellos sectores unificados en el concepto oficialista de “pueblo” (desposeídos o proletariado en términos marxistas, campesinos, pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros) sintieron una simpatía natural y una solidaridad automática por el nuevo gobierno y su carismático líder, ofreciéndoles un apoyo incondicional que se mantuvo en el tiempo. Esto se ha demostrado de manera fehaciente con las manifestaciones de duelo al divulgarse la noticia del fallecimiento de Chávez, ocurrida, según fuentes oficiales, el 5 de marzo de 2013. No obstante las prédicas de amor y el uso iconográfico de un corazón como símbolo de ese sentimiento hacia la “patria” y el “pueblo”, el discurso oficialista ha resultado, en realidad, una incitación a la división y a la polarización para la totalidad de la población venezolana, escindida entre afectos y opuestos al proyecto del gobierno. Expresiones como “quienes quieran patria que me sigan” o calificar de enemigos y traidores a la patria, como hizo el propio expresidente Chávez en 2004 a quienes firmaron la solicitud de convocatoria a un referéndum revocatorio contemplado en la constitución de 1999,17 dan muestra de que en el discurso oficialista solo hay “seguidores” (camaradas) y “enemigos” (escuálidos)18. Ante esto, cabe preguntarse si la polarización que vive el 15 Esta consigna recuerda la de la campaña de Acción Democrática en 1983: “Lusinchi es como tú”, con la diferencia de que el pronombre personal de la segunda persona del singular en esa frase no era calificado. 16 Entre los epítetos lanzados por Chávez y sus colaboradores a la oposición destacan los siguientes: “escuálidos”, “burguesía”, “derecha apátrida y perversa”, “terroristas”, “golpistas”, “oligarquía”. 17 Los nombres de los firmantes fueron divulgados mediante un catálogo denominado “lista de Tascón”, cuyo uso sirvió para discriminar y excluir de empleos públicos a quienes habían firmado. 18 Un joven cubano que servía en la misión de atención médica y deportiva Barrio Adentro, como parte del equipo de apoyo técnico en informática, me comentó en 2008 que al llegar a Venezuela los cubanos contratados por el gobierno venezolano tanto representantes de este como los coordinadores cubanos de la misión les habían advertido que tuvieran cuidado con los “escuálidos” o enemigos del proyecto oficialista (“la revolución”) y trataran de no hablar ni relacionarse con ellos, pues eran sus adversarios naturales. Valga decir que ese joven se mostraba afecto al régimen

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país es solo y únicamente un resultado del discurso oficialista o si este último, más bien, ha profundizado una realidad preexistente y condenada a invisibilidad social mediante diversas prácticas y racionalizaciones. Para intentar darle una respuesta a esta pregunta, con la intención ulterior de proponer soluciones a la extrema polarización, es necesario reflexionar sobre la diversidad social de Venezuela, como uno de sus elementos constituyentes. Diversidad social, identidades y culturas en Venezuela El preámbulo de la constitución de 1999 declara que uno de los fines fundamentales de dicha carta magna es establecer una sociedad “multiétnica y pluricultural”. Una realidad social tan compleja no se crea mediante una declaración. Más bien, una ley reconoce una situación sociocultural ya existente, aunque no haya tenido visibilidad ni aprecio sociales. La mención programática del preámbulo sobre tal visión de país ofrece un dibujo de la complejidad sociocultural de Venezuela, compartida por otros países de Hispanoamérica, con la que guarda estrechas relaciones históricas y culturales. Lo que a lo largo de la historia republicana se ha llamado “cultura venezolana” e “identidad nacional” no son esencias sino constructos que se corresponden con un determinado imaginario de país. Descansan sobre diversas asunciones y verdades a medias que se han asumido como certezas irrefutables. Por ello, las he calificado de “falacias dogmatizadas” (Biord 2004), ya que se presentan como hechos incuestionables sobre los que se fundamenta la construcción identitaria del país. Entre esas falacias destacan las siguientes: 1. 2. 3. 4. 5.

Venezuela es un país sin diferencias Venezuela es un país sin racismo Venezuela es un país sin discriminaciones Venezuela es un país sin “problemas étnicos” Venezuela es un país mestizo

La quinta falacia es la más importante y sintetiza a las otras. Sin embargo, conviene repasarlas en orden. La primera alude a la naturaleza igualitaria del sistema republicano en el que los ciudadanos son iguales ante la ley y tienen derechos y deberes. Históricamente, al crearse la república a principios del siglo XIX, no todos los individuos que conformaban su población y, consecuentemencastrista, pese a las contradicciones que él mismo observaba en el sistema político de su país al cual ansiaba regresar tras culminar la pasantía en Venezuela. Aunque este testimonio, que luego pude reconfirmar por otros cubanos que trabajaban en dicha misión, evidencia el rígido control al que ha estado sometido el personal médico, paramédico y deportivo cubano para reducir el número de deserciones, particularmente fuerte entre 2007 y 2010, también ilustra la actitud polarizadora del discurso oficialista.

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te, pasaron a ser “ciudadanos”, tenían el mismo estatus legal ni los mismos derechos. En efecto, el grupo social que propuso e implantó el sistema republicano fue el de los blancos criollos, se tratase de los mantuanos (terratenientes, propietarios, hidalgos adinerados) o los blancos de orilla (pobres). Estos, principalmente los mantuanos, pasaron a ser el referente privilegiado del concepto jurídico de “pueblo” asumido en la construcción de la institucionalidad republicana.19 A diferencia de los blancos, amplios sectores de la población presentaban características contrastantes; es decir, no coincidían con el perfil de la realidad que pretendía interpretar o plasmar tal concepto y, por tanto, quedaron fuera del modelo que se basaba en esa concepción. Entre esos sectores sobresalía la gente “mestiza” o no considerada blanca que, a pesar de recibir diversos nombres (morenos, mulatos, zambos, cuarterones), puede englobarse dentro del término “pardos” que funcionó como una categoría social durante la Colonia. Por otro lado, estaban los negros, fueran esclavos o libres, estigmatizados no solo por el color de la piel sino por sus orígenes en una sociedad tan racista como la colonial. Finalmente, destacaban los indios (vistos individualmente como vasallos libres del imperio español),20 divididos entre los “reducidos” que vivían en barriadas de las ciudades, pueblos o villas o en “reducciones” o “pueblos de indios” y tenían derechos colectivos y, finalmente, los “selváticos”. Los datos que proporciona el geógrafo Agustín Codazzi, autor de la primera geografía del país, a finales de la década de 1830, son reveladores de esta situación. Cabría preguntarse si el concepto de pueblo asumido al inicio del sistema republicano encierra un rasgo implícito de la sociedad venezolana y de muchas otras iberoamericanas y más específicamente luego de sus regímenes democráticos: una formación social igualitaria pero jerárquica, lo cual –al provenir las jerarquías de diferencias socioeconómicas y raciales- constituiría una contradicción.21 La segunda falacia alude a la supuesta ausencia de racismo en Venezuela. Hasta el presente hay una fuerte ideología que niega la existencia de un sentimiento de exclusión o rechazo por motivos del color de la piel. Esta negación se acrecentó con la construcción de la democracia y sus premisas 19 Este concepto de “pueblo” ha variado a lo largo del tiempo en la historia política venezolana, como lo muestra el lema del partido Acción Democrática: “el partido del pueblo” y su personificación o idealización (Juan Bimba). Se trataría de los grupos más pobres y desfavorecidos. Ver las consideraciones de Castro Leiva sobre la relación entre los conceptos de “pueblo” y “soberanía”, por ejemplo. Ver también las consideraciones de Aranda (1992). 20 Ver las consideraciones de Ots Capdequí (1993) sobre el estado español en América. 21 Esto a diferencia de algunas sociedades amerindias, en las que ocurre un igualitarismo jerárquico en virtud del origen mítico atribuido a ciertas unidades sociales que conservan, por ejemplo, derechos de precedencia ritual.

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Tabla 1 Población de Venezuela a finales de la década de 1830 según Codazzi

Indios

Categoría Independientes De raza pura1 Reducidos2 subtotales

Blancos Mestizos Esclavos TOTAL

Total 52.415 14.000 155.000 221.415 260.000 414.151 49.728 945.348

Porcen-taje 5,54 1,48 16,40 23,42% 27,50% 43,81% 5,27% 100,00%

1 Definidos por Codazzi (1960 I, 243) como “indios reducidos de raza pura y de costumbres más suaves”. 2 Definidos por Codazzi (1960 I, 243) como “indios reducidos ya con las costumbres y usos del país y con ciertos caracteres de familia que los hace distinguir”. Fuente: Codazzi 1960 I: 243-244

igualitarias. Sin embargo, el racismo en Venezuela, a veces mezclado con clasismo, constituye una realidad negada y oculta pero arraigada fuertemente en la mente del venezolano (Montañez 1993; Pérez 1994; Pollak-Eltz 1988; Mijares 1997), sin llegar a extremos como los del racismo hacia los afrodescendientes en los Estados Unidos y los negros en Sudáfrica, por ejemplo. Las implicaciones de esta falacia son negadas sistemáticamente por la ideología igualitaria. Casi ningún venezolano acepta que en su país pueda haber siquiera trazos de racismo; pero este aflora de maneras sutiles en los comportamientos sociales, la etiqueta y el imaginario colectivo. La tercera falacia resume, en parte, la primera y también la segunda. En particular, está relacionada de manera estrecha con esta última: al no haber diferencias ni racismo tampoco ocurren discriminaciones. Pero ya hemos argumentado que hay tanto diferencias como racismo y, por tanto, discriminación hacia los sectores no considerados “blancos” y que eran y son la mayor parte de la población. En este orden de ideas, la cuarta falacia asume que, al no haber diferencias, racismo ni discriminación tampoco hay “problemas étnicos”. Incluso, con frecuencia se activan matrices de opinión contra la supuesta “balcanización” que pretenderíamos los analistas que sostenemos lo contrario, es decir, que existen problemas étnicos. Estos deben entenderse como cuestiones no resueltas sobre la composición sociocultural del país, su diversidad social y lingüística y sus identidades.22 Se incluyen, igualmente, 22 Muchos de estos prejuicios emergieron con fuerza en las últimas décadas: en 1984, cuando se debatía públicamente la agresión de un grupo de peones de un hato del entonces Territorio Federal Amazonas a la comunidad wótuja (piaroa) de Caño Wanai;

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el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, los afrodescendientes y otras minorías. La última falacia, referida al carácter mestizo de país, engloba a las otras. El concepto de mestizaje alude, cuando menos, a cuatro ideas distintas: (i) mezcla biológica y (ii) sincretismo cultural, las cuales obviamente no se pueden negar. Sin embargo, no son suficientes para caracterizar un país, ni un continente ni a ninguna sociedad, pues son procesos universales que ocurren y han ocurrido en todo el mundo a lo largo de la historia. No hay sociedad en el planeta que no sea mestiza y, probablemente, ninguna cultura que no muestre rasgos de sincretismo. Luego, (iii) una fuerte ideología que arropa, invisibiliza o sustituye con la tesis del mestizaje la sociodiversidad del país y los fenómenos asociados, muchos de los cuales he conceptuado como falacias. Finalmente, (iv) un “mestizaje de resistencia” o estrategia para sobrevivir culturalmente.23 La realidad sociocultural de Venezuela contrasta con esas falacias sobre las que se ha querido construir ideológicamente la venezolanidad, es decir su pretendida cultura y su supuesta identidad. Los datos preliminares del censo general de 2011 nos muestran los porcentajes de autorreconocimiento étnico de la totalidad de la población empadronada. Tabla 2 Porcentajes de autorreconocimiento étnico de la población venezolana. Censo 2011 Autorreconocimiento étnico Morena/moreno Blanca/blanco Indígena Negra/negro Afrodescendiente Otra No señaló Total Fuente: Datos censales 2011. Instituto Nacional de

49,9 42,2 2,7 2,8 0,7 1,1 0,6 100

Estadística. www.ine.gob.ve

Resulta interesante el cambio ocurrido, en 180 años, aproximadamente, en la composición étnica de la población venezolana, como se muestra en la en 1999 con ocasión de las deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente y la adopción de un estatuto para los pueblos indios; e intermitentemente desde 1999 en adelante. 23 Esta idea ha sido propuesta por los antropólogos Berta E. Pérez y Abel A. Perozo (2000-2001).

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Tabla 3 Diferencias en la composición étnica de la población venezolana (1830-2011) Indios Blancos Pardos (morenos) Afrodescendientes (negros) Otra / No señaló Totales

2011 2,7% 42,2% 49,9%

1830 23,42% 27,50% 43,81%

Diferencia - 20,72% 14,7% 6,09%

3,5%

5,27%

- 1,77%

1,7% 100%

0,0% 100%

N.P.

Fuentes: para 2011: Datos censales 2011. Instituto Nacional de Estadística. www.ine.gob.ve; para 1830: Codazzi 1960 I: 243-244

tabla Nº 3.

Los datos de la tabla Nº 3 pueden graficarse de la siguiente manera para facilitar su comprensión.

Gráfico 1 Diferencias en la composición étnica de la población venezolana en 1830

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Gráfico 1 Diferencias en la composición étnica de la población venezolana en 2011

Estas cifras, aunque obviamente requieren de un análisis histórico entre intervalos más cortos, nos indican de manera aproximada algunos posibles fenómenos que apoyan mi reflexión: 1. Una desindianización o pérdida de la cultura propia de la población indígena y quizá el surgimiento de indios genéricos, confundidos muchas veces con los “pardos” o “mestizos”, lo que explicaría la diferencia de -20,72%. En ello debió jugar un papel importante la invisibilidad social a la que estaban sometidos los pueblos indios y el sentimiento de vergüenza étnica. 2. Un “blanqueamiento” de la población “mestiza” o “parda”, lo que ayuda a entender la acentuada diferencia porcentual entre “blancos” y otros grupos sociodiversos en 1830 (72,5%) y en 2011 (57,2%)24. En este “blanqueamiento” han podido influir dos fenómenos distintos. Primero, las migraciones (principalmente de alemanes, canarios y corsos en el siglo XIX y de españoles, italianos y portugueses en el XX). Segundo, la movilidad social ascendente acaecida, aproximadamente entre 1930 y 1980, también pudo impulsar este fenómeno. El primer fenómeno cau24 Estas cifras se obtuvieron de restar el porcentaje de la población “blanca” al 100% de la población. Se sumó el 0,6 de la categoría identificada como “no señaló” de la tabla Nº 2.

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só un incremento de la población blanca; pero el segundo, en cambio, la hizo menos blanca o más mestiza. En consecuencia, es posible que haya podido ocurrir una modificación del concepto social de “blanco”: de racial (los blancos de la época colonial) se habría pasado a una categoría social (los “blancos” de la actualidad), cercana a la idea de “clase”. Esto también se aplicaría a los “pardos”. En otras palabras, la población “blanca”, en general, se hizo más mestiza (y menos blanca), a pesar de las migraciones. De allí que el concepto, tal como lo empleo (al igual que “pardos”), no aluda tanto a aspectos fenotípicos25, con los cuales obviamente está relacionado, pero no de manera excluyente ni subordinante, sino más bien a una situación socioeconómica. 3. La persistencia de sentimientos de vergüenza étnica, cultural y lingüística, vinculados al racismo y la discriminación, aunque sean sistemáticamente negados. Esto hace, por ejemplo, que muchos indios y, sobre todo, muchos negros o afrodescendientes prefieran reconocerse como “morenos” o “pardos”. 4. El uso del mestizaje como un concepto vacío de etnicidad o identidad que ha permitido sostener la idea de la homogeneización social y el igualitarismo26. Todos estos datos refuerzan el carácter sociodiverso que se corresponde con la declaración del preámbulo de la constitución: un país multiétnico y pluricultural. Esto lo intentamos graficar en el Cuadro Nº 1, que es una síntesis que he intentado a partir de mis propias observaciones etnográficas.27

En el cuadro Nº 1 se muestra una reconstrucción ideal e hipotética, y por 25 Es decir, el fenotipo predominante, pero no exclusivo, de lo que llamo “blancos” se acerca al prototipo racial de blanco, tal como lo concibe el imaginario latinoamericano, y el de “pardo” a mestizo o moreno. Resulta interesante considerar cómo en Venezuela se usan tantas categorías para designar rasgos fenotípicos (catire, blanco apio, blanco tostado, moreno claro, pasado de horno, moreno oscuro, trigueño, bachaco) y ciertos temas son recurrentes, más allá de su valor estético y cosmético, casi hasta la exasperación: pelo liso o rizado, chicharrón, planchado, pintado (de amarillo, de rojo), nariz perfilada o chata, ojos claros u oscuros, etc. 26 El uso característico del vocativo “conciudadano” en sus alocuciones públicas por parte de Rómulo Betancourt, fundador del partido Acción Democrática y dos veces presidente de la República (1945-48 y 1959-1964), pudiera interpretarse como un intento de unificación social, semejante al uso de la idea del mestizaje. El ciudadano, como mestizo, carece de una identidad “étnica” anterior a la “identidad nacional”. 27 Ver la primera formulación en Biord (2004).

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Cuadro 1 Diversidad social venezolana Alteridad cultural menor Clase alta Clase media Clase baja Diferencias Gente pobre Pardos urbanos Marginados Blancos

Afrodescendientes urbanos

D i f e r e n c i a s c u l t u r a l e s

Alteridad cultural mayor Inmigrantes recientes económicas Pardos rurales Llaneros (¿neoetnia?)

Indios Afrodescendientes

Inmigrantes de arraigo antiguo

supuesto simplificada, de lo que podría ser la diversidad social venezolana actual. Un eje vertical divide a los grupos sociodiversos en razón de sus matrices culturales; otro horizontal lo hace en función de diferencias económicas. Algunas precisiones pueden ayudar a entenderlo mejor. Se designa como inmigrantes de arraigo antiguo a aquellos grupos ya consolidados y arraigados al país, incluso con características culturales y lingüísticas propias (como los descendientes de alemanes de la Colonia Tovar, estado Aragua, y El Jarillo, estado Miranda, que aún hablan alemánico, aunque se trate de una variedad lingüística obsolescente en la actualidad). Los llaneros han sido considerados por diversos autores como una neoetnia o, al menos, un grupo que está (re)construyendo y (re)semantizando su identidad (Rodríguez, 1990, 2012). El contraste entre afrodescendientes urbanos y aquellos que viven en sus enclaves resulta importante, porque, aunque es un tema que debe ser aún más investigado, en las regiones de origen se ha conservado probablemente una identidad y recursos culturales propios, mientras que en las ciudades ocurre una alianza y un sincretismo mayor con los “pardos”. Entre estos últimos, también ocurre un contraste entre los pardos rurales que conservan una cultura de tipo campesino (agrícola, ganadera o de pesca, con grandes diferencias regionales) y los pardos urbanos. Finalmente, los pardos urbanos han sido divididos entre “gente pobre” (“pero honrada”, como se suele decir muchas veces con una vieja expresión venezolana) que culturalmente se asimilan más a los blancos de clase baja y aquellos que, coloquialmente son designados con expresiones muy despectivas

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(como “marginales”, “niches” y “tierrú[d]os”), es decir, personas excluidas que habitan sobre todo en las extensas y densamente pobladas barriadas pobres urbanas. En todo caso, debe insistirse en las grandes diferencias regionales que afectan este modelo o simplificación de la realidad. Cuadro Nº 2 Características contrastivas entre “blancos” y “pardos” Blancos

Pardos

Características fenotípicas

blancos

morenos

Ubicación socioespacial

urbanos, habitantes de urbanizaciones

rurales, habitantes de barriadas populares

Situación económica

privilegiados, ricos o de clase media

excluidos, pobres

Perfil educativo

alfabetos, con alta escolaridad, profesionales

Perfil religioso

practicantes de un catolicismo normativo o popular moderado

Perfil político

mayoritariamente de oposición

mayoritariamente oficialistas

Identidad étnica

“blancos”

“pardos” (“morenos”)

analfabetos, con baja escolaridad, no profesionales practicantes de un catolicismo popular o de otras religiones o cultos

Para los fines de la discusión que se hace a continuación, interesa, sobre todo, destacar el contraste entre las categorías de “blancos” y “pardos”. Estas no refieren exclusiva ni principalmente a características fenotípicas, vuelvo a insistir, pero es algo que está presente de manera constante en la manera como los venezolanos nos percibimos. En el XIV Censo Nacional de Población y Vivienda de 2011, el 49,9% de la población se autorreconoció como “morena” (“parda”) y el 42,2% lo hizo como “blanca”. Siendo que se trata de los grupos mayoritarios, aproximadamente un 92% del total de la población censada, intentamos contrastar esos grupos en el cuadro Nº 2 empleando para ello varios indicadores de sociodiversidad, pero también la posible orientación política. Se trata de una propuesta preliminar, basada en observaciones etnográficas de la sociedad venezolana que he venido realizando desde 1992.28 La denominación “blanco” para un sector de la población es de uso corriente en Venezuela, en expresiones como “blanco quemado”, “blanco venezolano”, 28 Adicionalmente, me ha sido de gran utilidad la lectura de obras literarias venezolanas que tratan de describir las realidades del país, en especial anteriores al inicio de la explotación petrolera.

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por ejemplo, para designar a personas blancas aunque no totalmente. El término “pardo”, que en la época colonial se usó para designar a mulatos, zambos y muchos “mestizos”, volvió e emplearse de nuevo en el lenguaje político en el gobierno de Chávez para aludir al concepto político de pueblo: aquel sector oprimido y pobre.29 Me ha parecido pertinente utilizar estas categorías no solo por sus referentes fenotípicos, sino porque hacen alusión también a categorías históricas contrapuestas. Un grupo quizá innominado de la población (“el pueblo” o “los pobres”) pasó a experimentar una especie de “re-etnización” (adquisición de una identidad propia, a ejercer un control cultural) y es en este sentido en el que lo empleo. Estas categorías agrupan a la mayor parte de la población venezolana. Internamente tienen una menor variación cultural, en función de sus propias matrices culturales, que otros segmentos diferenciados (por ejemplo, los pueblos indígenas que presentan una mayor variedad, pues suman cerca de 40 grupos sociodiversos). Importante también de destacar que la mayor polarización ocurre, precisamente, entre “blancos” y “pardos”. Discusión Como se ha visto, Venezuela presenta una gran diversidad sociocultural. Sin embargo, los grupos sociodiversos han recibido, a lo largo de la historia republicana del país, tratamientos político-administrativos distintos. Según las cifras de autorreconocimiento étnico (tabla Nº 2), los que hemos llamado “pardos”, los indios y los afrodescendientes (incluye a los “negros”) suman el 56%, aproximadamente, de la población total. Estos grupos han sido sometidos históricamente a opresión e invisibilidad social. Como sujetos subalternos, esos ciudadanos –con independencia de las posiciones personales de sus miembros o sujetos- parecería que se sintieron identificados con las prédicas iniciales de Chávez y otros dirigentes del Movimiento V República relativas a la pobreza, las inequidades socioeconómicas, la deuda social, las injusticias y la insuficiente redistribución de la renta petrolera. A esto se sumaba, en el caso de los pueblos indígenas, la falta de reconocimiento de sus derechos colectivos y la vulneración de sus principales reivindicaciones, en especial una suerte de pasivo histórico del Estado representado por la demarcación y titulación de los territorios indígenas. Con el posicionamiento político de esos grupos oprimidos también se sintieron identificados inicialmente los llamados por mí “blancos” de clase baja e incluso miembros de la clase media.30 En consecuencia, para el discurso oficialista, el “pueblo” parecería referirse básicamente a los “pardos”, 29 Ver, por ejemplo, los trabajos de Pacheco Simanca (2013) y Varela M. (2013). 30 Prefiero llamarla en plural “clases medias”, para indicar su estratificación: alta, media y baja. Los sectores más identificados con el chavismo en sus inicios provenían de la clase media media y de la baja.

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indios, afrodescendientes y “blancos” pobres. Al constituir la mayor parte de la población total del país, el discurso oficialista tendría asegurada una audiencia cautiva dispuesta a expresar una solidaridad automática con el líder y el partido. Insisto en que la polarización, más allá de las categorías de “blancos” y “pardos”, se ha dado entre un grupo A (con beneficios heredados del pasado o autoconquistados mediante la movilidad social facilitada por la economía petrolera) y el grupo B (la población más pobre y excluida, con un racionalidad distinta a la del grupo A, entre otros aspectos, en su percepción sobre lo que se espera del Estado).31 El discurso, la simbología, la puesta en escena del chavismo,32 la propaganda y muchas realizaciones en forma de programas sociales acercaron el proyecto político chavista a su electorado, entendido como sectores subalternos (“pardo”, indios, afrodescendientes, pobres). El aspecto económico (programas sociales) y el reconocimiento social (discurso, simbología, escenificación) encontraron en la propaganda una vía expedita para su divulgación. Un logro importante del gobierno chavista ha sido, sin duda, devolverle visibilidad social a sectores de la población que carecieron por décadas (y quizá siglos) de ella y valorar sus aportes, saberes y haceres, como casi nunca había ocurrido antes en Venezuela. Sin embargo, las políticas económicas: 1) adoptaron de manera ingenua, sin analizar adecuadamente ni sus implicaciones ni experiencias previas, tanto unidades de producción comunitarias o “socialistas” (según la nomenclatura oficialista), muchas de pequeña escala, que no pudieron realmente alcanzar una productividad rentable ni lograr una zona de competitividad; 2) enfatizaron en demasía el papel del Estado como actor económico, centralizando excesivamente las decisiones, con lo que se retrasó la ejecución de los proyectos y se ideologizó tanto su funcionamiento como el establecimiento de prioridades; y 3)

se limitó, hasta casi anularla, la iniciativa privada.

31 La diferencia de acceso a la educación y la influencia de la variación lingüística regional (diferencias diatópicas) conforman un componente sociolingüístico de la compleja situación sociopolítica venezolana (Biord 2008 d). 32 Lograda mediante desfiles cívico-militares, obras de teatro, representaciones sociohistóricas, actos de masas, entre otros eventos. En todos ellos predominaban elementos nacionalistas y endógenos (nativistas). Con frecuencia, el propio expresidente Chávez asumía un histrionismo muy particular o cantaba, borrando así las diferencias convencionales entre un Jefe de Estado y un actor popular espontáneo, cercano a las masas, lo cual le granjeaba mucha popularidad entre sus adeptos.

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De esta forma se aumentó de manera considerable la burocracia y la dependencia de la renta petrolera y se fue creando una situación de difícil manejo para el gobierno. Sin embargo, al declararse el gobierno, lo que no hizo al principio, como “socialista” ya contaba con un amplio apoyo popular. Tal calificativo o etiqueta se convirtió, para sus seguidores, en sinónimo de un gobierno preocupado por los pobres y desheredados antes que en indicativo de un proyecto político de mayores consecuencias. No obstante, el discurso demasiado violento (en contraste con la continua prédica de que se trataba de una revolución hecha con amor) no solo hizo perder adeptos al chavismo, en especial entre los “blancos” de clase media y de clase baja, que no se sintieron incluidos en el proyecto oficialista, sino que, fundamentalmente, polarizó al país entre simpatizantes y opositores del oficialismo y sus posturas radicales. La respuesta a la cuestión de si esa polarización es exclusivamente una secuela del discurso oficialista o si este, por el contrario, ha ahondado una realidad preexistente, pero sometida a invisibilidad social, mediante prácticas y racionalizaciones diversas e inveteradas, requiere de matices y tonos medios, de grises y no solo de blancos y negros. La diversidad sociocultural del país es un hecho incontrastable, por lo que no puede considerarse únicamente como una posición ideologizada o un diagnóstico sesgado de la realidad venezolana realizado tendenciosamente desde la óptica oficialista. Las prácticas de opresión y marginación de sectores subalternos son una constante, al menos, desde la época colonial en adelante, cuando se generaron fenómenos de fricción interétnica y dominación política de las poblaciones aborígenes y de esclavitud, segregación y opresión de las poblaciones negras y afrodescendientes esclavizadas. De igual manera, las racionalizaciones que buscaban justificar estas situaciones y sus consecuencias, una vez alcanzada la independencia política de la metrópoli española y, más tarde, la liberación oficial de los esclavos en 1854, pueden sintetizarse en las falacias dogmatizadas acerca de los orígenes sociohistóricos y las especificidades socioculturales de la Venezuela actual. La oposición fundamental entre los segmentos mayoritarios de la población venezolana (“blancos” y “pardos”, con perfiles culturales semejantes pero desiguales) preexistía a la crisis de la democracia civilista. Había encontrado atenuantes o válvulas de escape en, al menos, tres procesos históricos: el cese de los proyectos oligárquicos tras la Guerra Federal (1858-1863); la movilidad social que permitió la renta petrolera a partir de, por lo menos, 1930; y la apertura democrática iniciada en 1936 tras la muerte de Juan Vicente Gómez y la liquidación

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de su régimen autoritario e incrementada con el surgimiento de los partidos políticos democráticos, especialmente Acción Democrática, de tendencia socialdemócrata, y COPEI, de orientación socialcristiana. También sirvieron a este propósito las prédicas y cambios impulsados entre 1945 y 1948 y los ideales de transformación de la década de 1960. Con la reducción de la movilidad social y su probable concentración en la estratificación de la clase media, esta oposición se fue haciendo cada vez más fuerte, lo que explica, en parte, el triunfo del chavismo en 1998 y su alta popularidad en 1999 y 2000, coincidiendo con el proceso constituyente. En pocas palabras, la oposición entre los segmentos mayoritarios (“blancos” / “pardos”) no fue una creación del chavismo sino que constituye un problema estructural de la sociedad venezolana, heredado de la formación socioeconómica colonial y consagrada luego por el modelo político adoptado en el siglo XIX, que respondía a los intereses, necesidades y características del sector dominante, mas no mayoritario (“blancos”). Esto recuerda la oposición entre lo que el antropólogo mexicano Guillermo Bonfil Batalla (1987) ha llamado el “México profundo” y el “México imaginario”, en el sentido de que ambos grupos podrían tener visiones de país y racionalidades distintas. Los “blancos” se orientarían mayoritariamente hacia un modelo de país basado en las matrices culturales europeas; mientras que los “pardos”, con diferencias a veces solo de grado y otras sustanciales, lo hacen hacia un modelo que amalgama elementos aborígenes, principalmente, y africanos con otros de origen europeo. Esta contradicción, como la que plantea Bonfil Batalla para México,33 abordando un proyecto civilizatorio de raíz mesoamericana contrapuesto a otro exógeno (europeo u occidental, reinterpretado por las elites de origen colonial), probablemente constituya la naturaleza de una oposición que, en la Venezuela actual, de manera principal se expresa en meros términos políticos-partidistas. Mi posición es al revés: lo político-partidista es expresión de una contradicción mayor, más profunda, estructural. Solo si se resuelve o se le busca una salida a esta, se podrán atenuar las diferencias superficiales que se interpretan erróneamente como causas y no como consecuencias. Ahora bien, el discurso y la praxis gubernamental del expresidente Chávez y sus colaboradores, al enfatizar una visión excluyente de “pueblo”, acentuaron dicha oposición estructural. Impidieron o dificultaron al máximo la búsqueda de formas posibles de entendimientos y la concreción de pactos sociales que permitieran saldar viejas deudas y 33 Quizá esto sea válido para toda Centroamérica y gran parte de Latinoamérica.

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posibilitaran construir un proyecto común, que conjugase de la manera más armónica posible las diferencias y las semejanzas. El resultado es, entonces, un país altamente polarizado, como nunca lo había estado desde 1830, lleno de desconfianzas, principalmente entre los segmentos mayoritarios: los “blancos” y los “pardos” y sus aliados políticos (aquellos que caben dentro del concepto excluyente de “pueblo” tal como ha sido utilizado por el discurso oficialista desde 1999). Sintéticamente, es posible postular la existencia de una tensión entre el concepto de una democracia que privilegia los derechos civiles y el de una democracia basada en la eliminación de inequidades. Ambas nociones han contribuido a arrojar visiones falsas, acusándose mutuamente –muchas veces con razón- de posiciones fascistas y antidemocráticas, autoritarias y excluyentes. La democracia basada en derechos civiles, que pudiéramos llamar formal, en nombre del ideal de participación igualitaria (mediante el ejercicio del voto) no garantiza necesariamente equidad de condiciones socioeconómicas. Es la continuación y heredera de una falsa asunción: que al momento de la independencia política de España el país podía adoptar un régimen constituido por ciudadanos libres e iguales ante las leyes. Por su parte, el concepto de democracia basado en la eliminación de inequidades sociales enfatiza demasiado el pago de la deuda social histórica y el comunitarismo como forma de participación política más perfecta que el mero voto, asumiendo falsamente que ese tipo de organización no solo funcionaba en todo el país sino que sería el adecuado para lograr la paz social y el progreso económico que permitiera superar la pobreza. De esa manera, ignora los derechos de los grupos sociales no oprimidos, muchos de los cuales están integrados por personas que accedieron a esas posiciones mediante una movilidad social propiciada por situaciones económicas favorables, su propio esfuerzo y políticas sociales y económicas asertivas implementadas por diferentes gobiernos. Así, pues, la confrontación entre las nociones de democracia representativa y democracia participativa no ha logrado resolver el gran dilema de la superación de la pobreza, la exclusión social y la marginación proponiendo un nuevo pacto social, sino que, al contrario, ha profundizado la polarización y las diferencias preexistentes. Conclusiones Como analista y venezolano preocupado por mi país, no me basta solo con decir que Venezuela es un país altamente polarizado. Tampoco con precisar sus posibles causas históricas ni con señalar que el discurso oficialista ha profundizado una contradicción estructural producto de haber asumido, tras la Independencia, un modelo de país

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que solo o fundamentalmente respondía a la visión y a los intereses de un segmento dominante aunque minoritario. En la actualidad el país vive una coyuntura difícil, una transición hacia un modelo de país que no renuncie a los logros sociales obtenidos a partir de 1999 sin caer en excesos de paternalismos ni en un modelo de Estado benefactor; pero que logre asimismo dinamizar la economía, proscriba la persecución, se haga más plural (especialmente en lo ideológico), admita la disensión y asuma la importancia de un pacto social consensuado como verdadera forma de refundar la República. Frente a esto se impone la necesidad de formular ideas. Desde las ciencias humanas, interesadas en estudiar las profundas y complejas realidades sociales que sirven de contexto al ser humano concreto se deben formular propuestas que trasciendan las posiciones partidistas, los infaltables intereses de clase, los sesgos teóricos demasiado categóricos o las impresiones excesivamente subjetivas, haciendo caso omiso de aquellas teorías que suponen que la “ciencia” debe ser ramplonamente aséptica y apolítica, en razón de su pretendida objetividad absoluta. Desde una posición de enunciación que escoge la reflexión antropológica y etnohistórica como su principal basamento, formulo algunas posibles estrategias para lograr entendimientos sostenibles en el tiempo, más allá de las coyunturas del presente o del futuro inmediato: 1) En un país sociodiverso existe una irrenunciable necesidad de reconocer y valorar positivamente a los otros, recordando que se trata de posiciones deícticas y no de esencias: para nosotros los otros representan la alteridad, pero para los otros nosotros encarnamos la alteridad. 2) La mejor manera de reconocer y estimar al otro es mediante un modelo basado en un auténtico multiculturalismo, respetuoso de la diversidad: social, cultural, lingüística, sexual, ideológica. 3) Una manera de apreciar y divulgar la diversidad es mediante una perspectiva intercultural general y transversal a todo el sistema educativo. 4) La interculturalidad permitirá el diálogo de conocimientos o saberes y haceres, el enriquecimiento mutuo de las tradiciones y culturas que conviven en un mismo país y construyen y reconstruyen, dotándolas continuamente de nuevos significados, sus identidades (locales, regionales, étnicas, “nacionales”). 5) Solo un verdadero diálogo, entre ciudadanos iguales ante las leyes pero diversos por sus orígenes y sus características socioculturales,

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permitirá concienciar y asumir un proyecto histórico común que permita descolonizar todo lo que sea posible descolonizar (el conocimiento, la percepción geopolítica, la identidad, etc.). 6) Un modelo político para lograr la integración es la federación, que pone pesos y contrapesos para facilitar la descentralización y la unidad en las materias que requieran de posiciones unificadas. 7) La federación permite, de acuerdo a lo que se atisba como un eventual mundo multipolar de grandes bloques regionales, confederarse con otros países hermanos; pero que también asuman la necesidad de superar contradicciones fundamentales (como la de la sociedad venezolana y acaso también del resto de las latinoamericanas): las visiones o modelos opuestos de “país” en razón de la sociodiversidad y su construcción social a lo largo de la historia. 8) Una confederación sería el marco ideal para lograr una verdadera integración latinoamericana, no sometida a imperios externos y con las capacidades suficientes para afrontar los vaivenes de una economía crecientemente globalizada. 9) Finalmente, ningún proyecto político inclusivo, democrático, pacífico y próspero puede consolidarse con inequidades (sociales, económicas, de género ni de cualquier tipo). Para Venezuela, como para los otros países latinoamericanos, uno de los grandes retos es superar la pobreza y la marginalidad social. Reitero la necesidad de la descolonización, como meta programática pero con resultados tangibles, de los conocimientos, de la historia, de la educación, de las creaciones, de los modelos políticos y, sobre todo, del futuro: plural y diverso. Asumir la diversidad y la pluralidad, en todas sus consecuencias, son las claves para afianzar un proyecto político multiétnico y pluricultural. Nada más contradictorio con la variedad y la complejidad que un modelo único, centralizado y homogeneizante y no acorde, por tanto, con las realidades socioculturales e históricas. Bibliografía Aranda, Sergio (1992): Las clases sociales y el Estado. El caso Venezuela, Caracas, Pomaire-Fuentes. Arvelo-Jiménez, Nelly (2008): “La Revolución Bolivariana y el manejo simbólico de lo indígena”, en Horacio Biord Castillo (ed.): Venezuela refundada: Invención y reinvención de los orígenes del país, Caracas, Asociación Otro Futuro, pp. 13-17.

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POLARIZACIÓN, REPRESENTACIONES E IMAGINARIOS DEL “OTRO” EN VENEZUELA: ¿LA CONVIVENCIA EN CUESTIÓN? Mireya Lozada La proposición de transformar la desprestigiada, excluyente y represiva democracia representativa en Venezuela, en una democracia participativa y protagónica, constituyó una de las principales promesas de Hugo Chávez al acceder a la Presidencia de la República por vía electoral en diciembre de 1998, seis años después de protagonizar un golpe de Estado. Desde entonces, y en el marco de la llamada “revolución bolivariana”1, los anhelos de justicia social, cambio y destrucción de lo instituido, van de la mano con la negación del Otro, en un contexto de alta conflictividad y polarización social, donde los adversarios políticos se perciben mutuamente como enemigos. Los imaginarios del Otro-enemigo, la construcción de representaciones antagónicas de los grupos en conflicto y la fuerte carga emocional que caracteriza el proceso de polarización vivido en los últimos años en Venezuela, ha provocado una profunda fractura del tejido social, distintas expresiones de violencia política y un progresivo deterioro de espacios de convivencia social, que limitan el manejo constructivo y pacífico de los conflictos. En este contexto, cabe preguntarse: ¿Cómo profundizar la democracia en espacios sociales separados física y simbólicamente? ¿Qué representaciones de la comunidad política son socialmente construidas y compartidas? ¿Qué sujeto social se construye al margen de la representación de “nosotros” y “ellos”? ¿Qué referencias simbólicas, qué proyectos compartidos pueden guiar la idea 1  En el plano ideológico, la “revolución bolivariana” o “socialismo del Siglo XXI” se le reconoce o cuestiona como: “democracia participativa y protagónica”, “capitalismo de Estado y socialismo rentista” (López Maya, 2007) “socialismo burocrático” (Biardeau, 2012), “estafa populista” (Saint-Upéry, 2006).

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de consenso, reconciliación y unidad, que apele al diálogo, a la convivencia pacífica y democrática en Venezuela? Algunas de estas interrogantes han guiado las investigaciones que he adelantado durante el período 2000-2013, en el Instituto de Psicología de la Universidad Central de Venezuela, y en el marco de los programas: Imaginarios Latinoamericanos (Lozada, 2007) y Mediación Internacional en Venezuela (Mc Coy y Diez, 2010). Sin detallar los vaivenes de la conflictividad actual, este artículo focaliza su atención en las “representaciones hegemónicas, polémicas y emancipadoras” (Moscovici, 1988) e imaginarios del Otro (Lozada, 2013), así como las dificultades de construir la convivencia, en un contexto socio-político donde se escenifican conflictos de intereses y luchas por el poder. Desde una perspectiva cualitativa, el análisis empírico procede de información recolectada a través de distintas fuentes, en espacios reales y virtuales. A saber: grupos focales, marchas de oposición y gobierno, murales urbanos, prensa escrita, páginas Web de opinión política y redes sociales. El “análisis del discurso ideológico” (Van Dijk, 1996) orienta la aproximación analítica. Polarización política y social en Venezuela Dado que nos interesa analizar la dificultad del consenso, hecho fundamental de la vida en común, en sociedades fragmentadas por la polarización y el rol desempeñado por las circunstancias socio-históricas particulares, el campo empírico venezolano se revela un terreno privilegiado. La redefinición del marco ideológico y político propuesto por la revolución bolivariana, el golpe de Estado de abril 2002; el paro patronal y petrolero a fines de diciembre 2002 y debut 2003, el referéndum revocatorio en agosto 2004, la reelección presidencial en diciembre 2006 y octubre 2012, la muerte del Presidente Hugo Chávez en marzo 2013 y las polémicas elecciones presidenciales de abril 2013, constituyen importantes factores que inciden en la emergencia y transformación de representaciones y agudización de la polarización social en sujetos inmersos en un sistema ideológico2. A pesar de su extendida utilización como mecanismo de control político, existe poca investigación sistemática en torno al proceso de polarización social que profundice en sus causas, características y consecuencias. Acá, distinguimos 2 El concepto de ideología, objeto social complejo y controversial cabe difícilmente en ópticas unívocas y no soporta una excesiva simplificación. A fin de rendirla operatoria en nuestra investigación, la noción se presenta como un sistema de creencias y saberes sociales susceptible de captar la adhesión de un grupo de individuos.

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entre polarización política y polarización social. La polarización política refiere a fuerzas que giran en torno a dos polos frecuentemente definidos en términos ideológicos en los sistemas de partidos. Una variante radical de la polarización política supone una distancia extrema entre los polos, cuya magnitud cualitativa es distinta a la polarización política más convencional y natural que se hace visible sobre todo en coyunturas electorales y en el debate de algunos asuntos públicos (Sartori,1985). La polarización política en Venezuela se ha constituido como exitosa arma política para enfrentar retrocesos en avances sociales previos y visibilizar injusticias y discriminaciones históricas. Este éxito ha contribuido con su “propagación en América Latina como estrategia de gobiernos, que perciben sus bondades para cohesionar a sus bases en un contexto de pobre institucionalización de organizaciones políticas y/o de claro rechazo a las mismas”. (López Maya, 2011, 20) Por su parte, la polarización social (Martín-Baró, 19853, Lozada, 2004) está caracterizada por: 1. Estrechamiento del campo perceptivo: el esquema dicotómico y estereotipado “nosotros-ellos” se impone a todos los ámbitos de la existencia y, por consiguiente, se sobrepone a cualquier otro esquema perceptivo, condicionando el significado de todos los hechos, acciones y objetos. 2. Fuerte carga emocional: siguiendo el esquema dicotómico y simplificado: las cosas se aceptan o se rechazan totalmente, sin matices. 3. Involucramiento personal: cualquier suceso captado en los términos polarizados parece afectar a la propia persona. 4. Exclusión e intolerancia: los individuos, grupos e instituciones, situados en uno de los dos polos, sostienen las mismas actitudes presentes en la confrontación política. En esta compleja dinámica donde el acercamiento a uno de los polos, arrastra no sólo el alejamiento, sino el rechazo activo del otro, conlleva una percepción idealizada del propio grupo: nosotros, que contrasta con una satanizada del grupo contrario percibido como enemigo: ellos (Martín-Baró, 1985; Bar-tal, 1990). Estas posiciones, asumen un carácter rígido e intolerante, donde la discusión, el diálogo y el debate de puntos de vista diversos, se sustituye por la utilización de estereotipos, descalificaciones, discriminación y exclusión de personas o grupos, a través de referencias a la condición de clase, etnia, raza, sexo u otras características grupales o partidistas. 3 En el contexto de guerra civil salvadoreña y aguda polarización social, el psicólogo social Ignacio Martín-Baró, S.J, murió asesinado el 16 de noviembre de 1989, por los “escuadrones de la muerte” junto con otros cinco jesuitas, en la Universidad Centro Americana José Simeón Cañas, El Salvador, donde ejercía funciones de vicerrector.

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El impacto psicológico que este proceso de polarización social ha generado en un importante sector de la población venezolana, depende de factores que van desde el incremento o “tregua” de la conflictividad socio-política o la ubicación geográfica de la población, hasta variables de edad, sexo, estado de salud, proximidad o exposición a situaciones de violencia, directa y personal, familiar, comunitaria o institucional. El “sufrimiento ético-político” (Sawaia, 1998), que deriva de esta confrontación entre sectores sociales, exige trascender la visión patológica individual que considera a los afectados como “víctimas” de trastornos psicológicos o físicos, desconociendo las realidades históricas, culturales y políticas que supone la experiencia colectiva de polarización y violencia política. El impacto psicosocial de la violencia tiene un carácter individual y social. Martín Baró (1990) habla de trauma psíquico y social, para referirse al daño y sufrimiento personal a la par del impacto y significado colectivo en las dinámicas de grupos o comunidades. En fin, la polarización en Venezuela al construir representaciones del conflicto y sus actores, sobredimensionadas mediáticamente, ha generado profundas consecuencias psicosociales (Lozada, 2011): • Obstaculiza el manejo democrático y pacífico de los conflictos. • Invisibiliza la histórica y compleja causalidad estructural de los conflictos socio-políticos (exclusión, pobreza, desempleo, corrupción, impunidad, agotamiento del modelo político tradicional, por ejemplo). • Privilegia la gestión del conflicto y su solución en los actores políticos en pugna, excluyendo al resto de los sectores sociales. • Territorializa el conflicto y demarca el espacio público, limitando la libre circulación de los ciudadanos, e infringe daños al espacio urbano. • Genera un fuerte impacto psicológico en la población. • Fractura el tejido social. • Produce ruptura o deterioro en las relaciones familiares, laborales, comunitarias. • Constituye un eficaz mecanismo de poder y control social y político. ¿Nosotros o ellos?: Representaciones e imaginarios sociales En una investigación realizada en 1998 sobre las representaciones sociales de la democracia en Venezuela (Lozada, 1999) las personas entrevistadas acusaban una “democracia sospechosa” marcada por la corrupción, inequidad y limitada participación social. Si la definición tradicional de la democracia establece una estrecha relación entre el sujeto de la democracia, los espacios de participación, y las formas de ejercicio democrático, la experiencia cotidiana de los ciudadanos venezolanos

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reflejaba una dualidad en torno a los actores de la democracia y la inclusión o marginalización de sus espacios de expresión. Así emergían dos representaciones: “Nosotros”: la gente, el pueblo” y “ellos: los gobernantes y sus aliados corruptos e ineficientes”. Hoy, en el actual contexto de polarización social y conflictividad política, la dicotomía “nosotros-ellos” emerge nuevamente, pero adquiere otros significados. Los datos obtenidos reflejan la naturaleza concurrente y polémica de las representaciones en contextos de aguda polarización social y el carácter no consensual de estas representaciones en sujetos que se adscriben en alguna de tres posiciones. Los resultados ponen en evidencia representaciones polarizadas del campo “ideológico” en los sujetos que se reconocen en dos polos: chavistas y antichavistas, y representaciones indiferenciadas o diferenciadas de otro modo en sujetos cuya posición no se adscribe a ninguno de los dos polos: Ni-Ni (ni con el gobierno, ni con la oposición). Asimismo, emergen otros objetos de representación en un esquema siempre dicotómico. La organización y estructuración dicotómica de la realidad social puesta en escena por estas representaciones, se evidencian en procesos de “anclaje y objetivación” que le otorgan valor funcional y sirven de guía de lectura y acción colectiva. La tabla número 1 anexo, muestra el anclaje social de las representaciones, mientras la número 2, las instancias de objetivación a través de los términos utilizados para describir al exo-grupo (Lozada, 2013). En las dimensiones cognitiva, actitudinal, figurativa y relacional presentes en las representaciones de “Chavistas” y “Antichavistas” se reconocen elementos comunes que acentúan la diferenciación y discriminación intergrupal en términos de: • Identidad: intra-grupo y exo-grupo definidos por adhesión u oposición al líder difunto Hugo Chávez. • Percepción: uso de estereotipos para calificar al exo-grupo. • Afectividad: Emotividad exacerbada e intolerancia intra y exo-grupo. • Interacción intergrupal. • Antagonismo inter-grupal basado en la polaridad: amigo-enemigo. • Sobrevaloración intra-grupo como mayoría electoral y subestimación del exo-grupo como minoría. • Control de la disidencia intra-grupo. • Ausencia de significados compartidos. • Carencia de espacios de diálogo y debate. • Clima de sospecha y desconfianza. • Violencia inter-grupal directa o simbólica en medios de comunicación y en espacios públicos reales y virtuales.

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En las representaciones de los grupos emerge una evocación lexical y temática que pareciera referir a posturas ideológicas propias a cada grupo (liberalismo, socialismo, por ejemplo). Sin embargo, ambos grupos están conformados por partidos, militantes y simpatizantes pertenecientes a un espectro ideológico que va de la extrema derecha a la extrema izquierda. Esta complejidad se revela tanto en la diversidad de los modos de apropiación de las ideologías, como en las relaciones que los sujetos mantienen con los grupos de pertenencia, relaciones que no se reportan en todos los casos a la adhesión ideológica, pues las representaciones son estructuradas y organizadas en torno al seguimiento u oposición a las propuestas gubernamentales del difunto presidente Hugo Chávez. Aún cuando la representación de los grupos se corresponde de una parte con la fusión identitaria líder-pueblo, existente entre mayorías populares y Chávez (Silva, 1999), y la identificación de los sectores medios y altos con la categoría: sociedad civil, que orientó las prácticas de actores sociales en contextos nacionales y transnacionales durante las últimas décadas (Mato, 2000), los resultados electorales dan cuenta de presencia de sectores pobres y de clase media en ambos grupos. Esta copresencia de posiciones ideológicas y socio-económicas en el interior de cada grupo, más que fragilizar, sirve a fortalecer la diferenciación intergrupal, en especial en coyunturas electorales cuando se agudiza la lucha entre mayorías y minorías. La heterogeneidad ideológica de cada sector, más que constituir un obstáculo a la cohesión minoritaria refuerza extremismos o radicalización de posturas. Los imaginarios del Otro enemigo La compleja dinámica de representación estereotipada y negación del Otro que se expresa en los resultados obtenidos en el contexto político venezolano, ha sido igualmente reportada por investigadores en otros contextos de conflicto y guerra a nivel mundial (Martin-Baró, 1985; Bar-Tal, 1990). Estas representaciones, marcadas por la dicotomización afectiva a la par de convocar la adhesión, la confianza, la identificación con el propio grupo, llama a despreciar, desconfiar y odiar al grupo contrario considerado enemigo (Lozada, 2004). Este pensamiento polarizado, afectivo e irracional presente en fenómenos de masa (Rouquette, 1994) nos permite evaluar el impacto que los procesos de polarización ejercen sobre el pensamiento social y problematizar los mecanismos psicosociales que en términos de identidad social son puestos en juego en la representación “nosotros-ellos”. La actividad representativa permite clasificar las personas y objetos, compararlos, explicar los comportamientos y objetivarlos como parte de nuestro medio

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ambiente social. No obstante, apuntan Doise, (1985) y Jodelet, (1991), este proceso de categorización, sirve también para producir distorsiones que permiten justificar, legitimar o racionalizar ciertas realidades sociales en función de intereses y normas establecidas por individuos o grupos ubicados en ciertas posiciones y relaciones sociales o institucionales. Como bien señala Zavalloni (1990), la significación emocional y evaluativa que resulta de la pertenencia a ciertos grupos y el “natural” favoritismo intragrupo, no son suficientes para explicar el “odio” y “deshumanización” que sitúa la superioridad del intra-grupo sobre la inferioridad del exo-grupo. Tal como se observa en los resultados obtenidos en nuestro estudio y como reporta Bar-Tal (1990) en los procesos de “deslegitimación”, la categorización del exo-grupo lo coloca en extremos negativos, en los límites de las normas y valores aceptables, o en categorías que niegan la humanidad de dichos grupos, generando sentimientos de miedo y desprecio en adversarios y resto de la población. Para explicar la tendencia a considerar al opositor político como “enemigo”, recurriendo a estereotipos de clase o raza que desvalorizan o niegan su condición humana, se requiere situar socio-históricamente los procesos de categorización descritos por Tajfel y Turner (1986), y reconocer la dimensión cultural del pensamiento social señalada por Moscovici al discutir el uso de la noción de estereotipo desde su reducción a “una especie de fondo irracional de la especie”. En las representaciones ampliamente compartidas por las personas que la componen es fácil, afirma, delimitar la zona de las categorías definidas por las normas como algo culturalmente visible; es decir las categorías que focalizan la atención del grupo, representando a “otros”, a “vosotros” en relación a “nosotros”. Pero ¿qué ocurre cuando se sitúa a otras categorías de personas en la zona culturalmente “invisible” de la representación?, se interroga el autor: “a dichas categorías no se las ve como “otros” o “vosotros” respecto a “nosotros”, sino más bien como “ellos”. Y todo el empeño político consiste en borrar su “sí mismo” con la única finalidad de ocultar su vínculo con la humanidad. Sin embargo, para mantener un lazo con esos grupos sociales, hace falta animalizarlos o cosificarlos (Moscovici, 1993, 84)

Esta “reflexividad limitada” practicada por la mayoría de las culturas a un número restringido de grupos sociales (Moscovici, 1993, 86)4, se remonta en 4 Sin embargo, esta limitación no es uniforme, el fraile Bartolomé de la Casas, a propósito del tema del alma de los indios en el siglo XVI, “denuncia este defecto de reflexividad e invoca la necesidad de entender que si bien los europeos tienen una representación de los indios, los indios también tienen otra de los europeos” (Moscovici, 1993, 85-86).

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América Latina al período de conquista y evangelización y ha sido reforzada por las élites políticas y económicas del continente que reproducen este patrón de exclusión e inequidad. Los imaginarios del Otro se constituyen en un doble movimiento que diferencia y desvaloriza, “el colonizador, el evangelizador, y más tarde el político o el planificador integran el rito como forma de “comprensión-coaptación” del Otro” (Calderon, Hopenhayn y Ottone, 1996, 66). Estos imaginarios del Otro revelan la interpelación identitaria de una población mestiza5 y la lucha por la inclusión y el reconocimiento (Honneth, 2000) de amplios sectores de la población desfavorecidos económica, social, cultural y políticamente durante décadas. A esta exclusión que ha constituido fuente de conflictos, y divisiones en distintos momentos históricos6, se le suman nuevas formas de exclusión de distintos sectores sociales en el actual contexto socio-político. La aguda polarización social, donde cada sector lucha por defender y mantener su posición, da cuenta del derrumbe de las “representaciones hegemónicas” (Moscovici, 1988) de democracia en Venezuela, sostenidas en los imaginarios de justicia, igualdad y equidad, y la utopía de bienestar, desarrollo y modernidad, un mundo instituido de significaciones sociales (Castoriadis, 1975). La fractura del tejido social que acompañó el proceso de modernización, el resquebrajamiento del modelo político democrático, las vicisitudes de la historia política reciente, cuestionan el carácter comunicacional, conversacional y dialógico de las representaciones de la democracia en el país, y destaca la necesidad de analizar el impacto de los procesos de polarización y la ruptura del consenso en sociedades fracturadas por el conflicto. Nosotros: ¿Un norte común? Las vicisitudes de la historia política en Venezuela y el deterioro del modelo democrático durante medio siglo, provocó una progresiva fractura en las prácticas simbólicas o afectivas que suponía un “nosotros colectivo”, generándose representaciones polarizadas en una sociedad marcada por la exclusión, injusticia, desigualdad, impunidad y dependencia de los centros de poder económicos y políticos transnacionales. 5 Según Esté (1994) tres grandes oleadas en la historia venezolana resultaron en dispersión y desintegración de sus comunidades y afectaron la conformación de la identidad social: la conquista española, la guerra de independencia y la irrupción industrial-petrolera. 6 Quintero (2000) reporta cuatro momentos históricos de fragmentación social: 1830: año de constitución de la Republica, 1864, cuando se sanciona la Federación, 1899 Inicio de la centralización y 1945 Instauración del sistema de partidos.

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La aguda polarización, donde cada sector lucha por defender y mantener su posición, introduce una fisura en las representaciones hegemónicas de democracia, construidas y compartidas socialmente en Venezuela. Sin embargo, es la democracia misma la que sirve de superficie de inscripción de esta polarización de los grupos. Esta “polarización del consenso” (Galam y Moscovici, 1995) que supone el debate y argumentación entre posiciones opuestas, herencia de la propuesta ideal habermasiana de una esfera pública autónoma y libre de coerción, encuentra sus límites en sociedades socavadas por la inequidad social y la crisis de representatividad democrática, cuyo fin del consenso se expresa en diversas expresiones de conflictividad sociopolítica. Razonando en términos de categorización e identidad social (Tajfel y Turner, 1986), y en especial en grupos “ideológicos», la calificación positiva del endogrupo versus la negativa del exogrupo, asume una dramática puesta en escena en la política venezolana. La representación de enemigo y no de adversario político que sirve a naturalizar y legitimar la violencia y la lucha por la apropiación de símbolos y espacios públicos7. Desde esta lógica de confrontación de identidades, la identificación al grupo de pertenencia se plantea en términos del valor simbólico y utilitario8 que supone esta afiliación en tanto fuente de influencia en una dinámica en que la polaridad nosotros-ellos reporta a nivel individual y grupal, reconocimiento social, representatividad electoral o poder político y económico amparado en un Estado “mágico”, rentista y petrolero (Coronil, 2002)9. En medio de un contexto de deslegitimación institucional y deterioro del sistema socio-político, este juego de relaciones entre ideologías y prácticas, tampoco podrá resolverse metiendo en paréntesis la “textura ideológica” de los agentes sociales (Ibañez, 1989). Esta textura pudiera ofrecer interesantes perspectivas de análisis al incluir además de grupos “chavistas” y “anti-chavistas”, a 7 El conflicto político que lucha por el poder y control social en las calles e instituciones públicas y privadas en Venezuela en la última década, libra también su batalla en el campo simbólico. Los grupos en conflicto se disputan e instrumentalizan políticamente los símbolos patrios (bandera, escudo, Bolívar) y las imágenes religiosas (Jesucristo, vírgenes). 8 La noción de “utilitarismo” identificada como motivación de adhesión ideológica en miembros de partidos políticos venezolanos (Rey, 1989), pareciera jugar un rol en el contexto actual, donde individuos y organizaciones hacen uso de las posibilidades ofertadas por un contexto incierto ideológicamente. 9 En la creación de la ilusión de desarrollo y progreso en Venezuela, así como las crisis de la democracia, Coronil (2002), atribuye un papel fundamental a la riqueza derivada de los ingresos petroleros. Para el autor, la deificación del Estado se llevó a cabo como parte de la transformación de Venezuela en una nación rica en petróleo.

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aquel sector denominado Ni-Ni. Este sector puede jugar un rol determinante frente a los militantes de partidos y adherentes a cada grupo, y también al atribuirle un estatus específico, ya que estos sujetos no sometidos a la influencia de una organización partidista, ni a las presiones, juegos y alianzas institucionales (políticas, económicas, mediáticas) permitirían una mejor comprensión del continuo individual-grupal en una dinámica de polarización construida y regulada socialmente, donde el sí mismo se encuentra sin reconocerse en el espejo del Otro. En una dinámica de polarización construida socialmente, donde el sí mismo no se reconoce en el Otro, es urgente favorecer el proceso psicosocial de construcción de alteridad (Arruda, 1998), donde las imágenes del Otro, se constituyan en representaciones sociales inclusivas y no antagónicas, en formas de representación, influencia y mediación que pertenecen al “entre” de la vida social y enriquecen la comunicación intersubjetiva a la que apuesta la positividad del Otro y genera formas de resistencia a formas hegemónicas que la niegan (Jovchelovitch, 1998). En tal sentido, se trata de acercarnos al proceso psicosocial de construcción de alteridad. Asumir desde una perspectiva psicosocial, el desafío cultural de la democracia, que ha devenido un sistema de creencias, una institución simbólica, consensual, sin alternativa viable (Moscovici, 1993), exige tanto la comprensión de las causas estructurales de sus crisis y transiciones, como el análisis de un cierto número de factores históricos, culturales, económicos y políticos que intervienen en la reconstrucción de sus imaginarios y representaciones. Los imaginarios y significaciones que sostienen a estas representaciones en un determinado complejo discursivo-ideológico, funcionan como un horizonte de luchas y confrontaciones sociales (Laclau, 1987). Este horizonte, fuente de conflicto, innovación y cambio, destaca las potencialidades de la influencia minoritaria (Mugny y Pérez, 1986), es portador de nuevas significaciones capaces de transformar, desencadenar y posibilitar nuevos decursos de la acción social y política en imaginarios sociales emergentes (Castoriadis, 1975).

La institución imaginaria de la sociedad, elemento central del concepto de subjetividad social en Castoriadis, nos permite situarnos en el campo históricosocial para “cuestionar los objetos investidos hasta ahora, en función de un proceso reflexivo” que interrogue las preocupaciones fundamentales del mundo contemporáneo (Castoriadis, 2004, 123). La emergencia de esta “subjetividad reflexionante” donde la dimensión histórica ocupa lugar privilegiado, ofrece la oportunidad de interrogarnos: “¿Precisa la sociedad establecer a Otro para establecerse a sí misma (si es preciso inventarlo)?” (Castoriadis, 2004, 217). La democracia, requiere del reconocimiento y diversidad de ese Otro en la construcción de lo común. Se trata de construir las condiciones simbólicas y reales para resignificar en Venezuela la democracia como proyecto inclusivo

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y sentido compartido. Se trata del imaginario de un Otro a reconstruir que reivindique una “ontología relacional” que cuestione los presupuestos que asumen el “como-uno” desde una ontología atomista que privilegia lo común desde entidades individuales o grupales dadas (Colomb, 2011). La celebración de la democracia implica celebrar la Otredad que reconoce la diversidad, como necesidad del Otro para dignificarse, para percibir linderos y posibilidades en la construcción cotidiana de la convivencia democrática. A objeto de profundizar los procesos democráticos, se trata de apostar a un imaginario capaz de pensar lo posible, gracias a la capacidad de imaginar lo imprevisible. Esta capacidad creativa del imaginario radical, como fuente de creación, (Castoriadis, 1975), debería conducir a construir nuevos imaginarios sociales, imaginarios inclusivos que signifiquen y den sentido a las crecientes demandas de participación, de distintas formas de ciudadanía, en medio de la emergencia o reconocimiento de nuevos sujetos sociales. Un imaginario radical del Otro, imaginario inclusivo que ejerza una función consensual. Un imaginario que actúe como mecanismo preventivo de nuevas confrontaciones o fracturas del tejido social, ya afectado por los conflictos, y favorezca la emergencia de nuevas formas de participación y nuevos sujetos sociales. En fin, tránsitos de lo social en períodos de cambio e innovación, en sociedades marcadas por la polarización y la violencia. Tiempos de asumir la política como vivencia cotidiana, reconocedora de la diversidad, desde la insurgencia de distintas voces, expresión solidaria y respetuosa hacia el Otro, tiempos para recrear y significar el imaginario nosotros en un sujeto colectivo con sentido y norte de futuro común compartido. El mayor desafío que enfrentamos como país es el de profundizar la democracia y preservar nuestra convivencia pacífica, desde la visión inclusiva, participativa y plural que defiende la Constitución Bolivariana de Venezuela, privilegiando el diálogo y debate propositivo entre actores políticos y sociales que aborde los múltiples y urgentes problemas políticos, económicos, sociales y culturales que confrontamos. Y hacerlo reconociendo el dinámico campo de subjetividades e imaginarios sociales, que nos permiten construir y recrear con el Otro, nuestra capacidad de convivir justa y humanamente toda la riqueza y diversidad de ideas, rostros, voces, y sueños que la convivencia democrática nos ofrece.

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“Anti-chavistas”

Sistema político

Revolución

Democracia

Modelo económico

Socialismo

Capitalismo

Clases sociales

Clase baja

Clases medias y altas

Sujetos sociales

Pueblo

Sociedad civil

Ciudadanía

Revolucionaria

Democrática

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Tabla 2 Instancias de objetivación de las representaciones Términos utilizados por grupos antichavistas” para”describir a grupos “chavistas”(*)

Términos utilizados por grupos chavistas para describir a grupos “antichavistas”(*)

Términos utilizados por “chavistas y antichavistas” para describir a grupos “Ni –Ni “(*)

Hordas

Cúpulas podridas

Apolíticos

Tierruos

Escorias burguesas

Abstencionistas

Lumpen

Escuálidos

Acomodaticios

Turbas

Apatridas

Desinteresados

Chusmas

Majunches

Irresponsables

Chaburros

Enemigos del pueblo

Incapaces

Chabestias

Fascistas

Inútiles

Círculos infernales

Talibanes

Indiferentes

Posesos

Opusgay

Cretinos

Tarados comunistas

Pitiyanquis

Estúpidos

(*) Estas expresiones han sido utilizadas a lo largo del conflicto, especialmente en momentos de agudización de la polarización.

Rev. Venez. de Econ. y Ciencias Sociales, 2013, vol.19, nº 1 (enero-abril), pp. 213-232

UN NUEVO SENTIDO A LA POLÍTICA: LA CONDICIÓN PARA UNA VENEZUELA PLURAL Vladimir Aguilar La historia profana no tiene ni fines propios ni un final programado. Daniel Bensaid. La sonrisa del fantasma. Cuando el descontento recorre el mundo (2012).

Las ideas de partida: la política se reinventa en lo social La política como arte de construcción de consensos es un asunto de los políticos, pero sobre todo, es una tarea de los colectivos sociales. Ello ocurre en medio de grandes incertidumbres. En otros escritos (Aguilar, 2010, 139-140) ya hemos advertido que aunque parecieran estar desconectados, la política y lo contingente entre sí guardan una rigurosa relación, por varias razones: Primero, porque no se puede entender la política como punto de llegada del quehacer social si lo político no se activa como condición de lo intempestivo que lo determina; segundo, porque poco o nada se puede pensar como acción política si la desafección política1 [cursivas nuestras] toma por asalto las instituciones (emergentes) y la necesaria gobernabilidad democrática que la debe acompañar. 1 Por desafección política entendemos el proceso recurrente de pérdida de sentido hacia la política y de lo político en sociedades con altas formas desiguales y combinadas de desarrollo. La desafección política sería así la manifestación política de la no-contemporaneidad de la conciencia de masas (Bloch en Munster, 2001) reflejada en todas las formas de pensamiento, de actuar o de sentir que no se adecuan al nivel de contradicciones objetivas de la época vivida, es decir, todas las formas de conciencia desfasadas de las formas de conciencia normales y ordinarias, producidas por la sociedad en un momento determinado de su desarrollo. En un ámbito institucional, esa desafección política tendría expresión en la pérdida de sentido de la gestión de lo público.

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Siendo esto así, la política sería entonces la herramienta (Aguilar, 2010, 141) …de las estrategias y lo político el aspecto contingente que la determina. Si una se devela a mediano y a largo plazo la otra aparece y reaparece en la coyuntura y en el corto plazo. Precisada la una por la otra ninguna prescinde de sí misma…

Ahora bien: ¿De qué nos sirve dar cuenta de la política como contingencia? A decir de Hans Blumenberg (1999), la legitimidad de una “época” como articulación de espacios diferenciados y de duraciones desiguales está ligada al concepto mismo: sólo la época moderna es pensada como época. En este sentido, como suspensión de un movimiento, paréntesis o especificación del tiempo histórico se trata de unidades complejas de acontecimientos y de efectos que postulan la superioridad de las circunstancias sobre los actos y de las configuraciones sobre las figuras. La precisión de lo contingente en la política nos permite también mirar el consenso no como coalición sino como colisión. Tal como lo destaca Walter Mignolo (en Lastra, 2008, 294-295): Seguimos leyendo a Aristóteles y a Levinas, pongamos por caso, pero en diagonal, para entender cómo ellos resolvieron sus propios problemas, no necesariamente para que nos «guíen» a pensar y resolver los nuestros. Los miramos de frente, o desde arriba, como el público mira un partido de tenis. Sin duda, Aristóteles, y tantos otros, están involucrados en la diversidad del mundo. A las Américas llegó con Sepúlveda, Las Casas, Vitoria y otros. Pero también llegaron formas de ser y de pensar de África; y también estaban formas de ser y de pensar de la variedad indígena, que entraron en colisión, no necesariamente en coalición. El pensar decolonial emerge en esa colisión con Aristóteles y no a partir de Aristóteles.

En efecto, la política como promesa de posibles consensos también se reinventa en lo social. Para el caso de Venezuela, catorce años de polarización ininterrumpida (a pesar de las intermitencias de zonas grises existentes en la sociedad venezolana2) crea las condiciones para avanzar en la construcción de una pluralidad basada en nuevos supuestos, sustentándolos en la idea de colisión y no necesariamente de coalición, para imprimirle un ritmo distinto al sentido de la política. 2 La polarización en Venezuela es parte de su historia republicana y democrática. No es un fenómeno exclusivo de los últimos años de gobierno de Hugo Chávez Frías. Por el contrario, la polarización de estos últimos años en el país, se inició en 1998 por responsabilidad de los partidos del estatus cuartorepublicano, quienes renunciaron a sus candidatos para elegir como “candidato único de la oposición” a un outsider de la política para enfrentar al candidato Chávez. Años más tarde, esta sería una constante de y en la política nacional (Aguilar, 2012).

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En esta reinvención de la política en lo social, tendríamos que considerar (Aguilar, 2007, 11-12): 1. La relación entre democracia participativa y protagónica y democracia fundacional: es decir, se trata de la democracia que día a día es capaz de resituarse a sí misma por un trabajo constituyente que le imprime un carácter permanente. 2. La necesidad de construir una nueva pluralidad humana: la democracia como expresión de una sociedad donde “el derecho a tener derechos” se perfilaría desde la disidencia (racional), donde la hegemonía de gobierno no busca la aniquilación de la oposición, ya no desde la perspectiva liberal del derecho que distinguía entre aquellos que tienen derechos (o más derechos) y los que no tienen derechos (o tienen menos), sino desde una perspectiva democrática y social del derecho. 3. La emergencia de nuevas institucionalidades: la democracia no se concibe sin instituciones nuevas que la determinen en su materialización. 4. Poder versus funciones del Estado: el Estado se erige en el despliegue de funciones legislativas, ejecutivas, judiciales, morales a través de las cuales se crean las condiciones para el ejercicio de derechos reconocidos constitucionalmente, lo que Bartolomé Clavero (Clavero, 2011) denomina un modelo que repare en los poderes en coherencia suficiente con la revisión de los derechos bajo un paradigma constitucional, que aunque pueda estar perfilado constitucionalmente aún constituye un reto pendiente en las Américas desde hace tiempo, tanto como desde las independencias. La noción de democracia aquí es la que nos ofrece Jean-Luc Nancy (Nancy, 2009). La democracia es el nombre de una mutación de la humanidad en la relación que mantiene con sus fines, o consigo misma. En cuanto al carácter de la revolución, en este caso estaría significada por la oportunidad que el momento político actual concede a la sociedad, dándole un original sentido a la política y en consecuencia, a la democracia. Al reñir la democracia con el capitalismo, Chantal Mouffe nos advierte que la primera estaría determinada por “un modelo agonista de un consenso conflictual, cuyo propósito es acordar con la política en lugar de denegarla” (Mouffe en Marchart, 2009, p. 69). A su vez, el momento político supone la especificidad que se le otorga a la política concibiendo a lo político como el momento disruptivo del antagonismo (Marchant, 2009, pp. 66-67).

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Algunas claves sobre el contenido de la desafección política en Venezuela Ya hemos dicho3 que los cambios políticos que se han operado en Venezuela desde 1998, son la expresión concreta de las transformaciones que la población comenzó a exigir a partir del 27 y 28 de febrero de 1989 y del año 19924. Son –además– el resultado del agotamiento de un modelo que tenía como sostén la renta que los sectores económicos más poderosos buscaban usurpar rodeando a las clases políticas dominantes para que, una vez en el poder, garantizaran el libre acceso a los dividendos que generaba el negocio petrolero. En este sentido, la riqueza petrolera constituía no solamente el motor de la economía nacional sino también el catalizador de las disputas políticas que se producían en el país en tiempos electorales y postelectorales. En términos generales este es el contexto en el cual Chávez llegó al poder desde diciembre de 1998. Las ansias y deseos de cambio del pueblo venezolano y el agotamiento de 40 años de bipartidismo y de partidocracia creaban las condiciones para un cambio en la forma en que se venía asumiendo y comprendiendo el poder. Luego de catorce años de gobierno bolivariano, de intentos de golpe de Estado, de acomodo y reacomodo de nuevos actores políticos, de reiterados procesos electorales5, de reelecciones y de la propia enfermedad del Presidente que lo llevó a su muerte, no hay claridad de hacia dónde se dirige el país. A pesar de las sombras que ello podría significar para el futuro de la nación, posibilita la apertura de espacios para la articulación de consensos en la necesaria y aún pendiente Venezuela plural. El país ya ha transitado algunos caminos para el consenso (Aguilar, 2012). Una de esas coyunturas fue la elección de representantes a la Asamblea Nacional en el año 2010. Para ese entonces se advertía que su nueva composición y el 3 Parte de estos trabajos en Aguilar Castro, Vladimir (2009): Venezuela. Balance y perspectivas. Tendencias políticas después del 27 de febrero de 1989, Mérida, ULA. 4 Los hechos del 27 y 28 de febrero de 1989 son también conocidos como el Caracazo. Fueron el resultado de las medidas económicas exigidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que el Presidente Carlos Andrés Pérez pretendió aplicar, las cuales incluían un aumento de las tarifas de la gasolina. Ello produjo un desbordamiento popular que fue reprimido por el gobierno y que arrojó miles de muertos. En el año de 1992 se produjeron las dos sublevaciones cívico-militares para sacar del poder al Presidente Carlos Andrés Pérez. El primero de ellos fue liderado por Hugo Chávez, Presidente de Venezuela desde 1998 hasta el 2013. 5 Somos de la idea que el país ha transitado por elecciones desde el año 1998 con excepción del año 2001. Incluimos en esta noción el propio golpe de estado del año 2002, pues se trató de una suerte de plebiscito popular.

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debate que en su seno se abría, podría dar cuenta de un momento de distensión política en Venezuela. Si el debate estaba en función de la distensión entonces habría una promesa de un tiempo político también nuevo. No obstante, lo más importante es que había quedado en evidencia que estábamos en presencia de zonas grises. La propia composición del parlamento así lo demostraba. El país que comenzaría a despolarizarse desde el año 2007, con el inicio del declive de la hegemonía oficialista, ocultaba un tercer país que iba emergiendo con un peso importante en la vida política nacional. Este país que oscila entre los que no votan en ninguna de las elecciones por alguna de las dos opciones polarizadoras y los que no son aún electores, espera el tiempo de la distensión para convertirlo en tiempo político. Si la polarización de otrora ocultaba un tercer país en ascuas, la distensión actual que aparece permite abrir un nuevo juego político con expresiones concretas, sobre todo en el ámbito parlamentario. La desafección política generada por la polarización comienza a mostrar síntomas de agotamiento en el país. En consecuencia, transversalizada por la polarización, la desafección política muestra la enorme crisis institucional existente en el país. Despolarizada la desafección política por la situación económica, esta última homologa en un mismo tiempo (impolítico) al gobierno y a la oposición. De nuevo despolarizada, la desafección política sucumbe por el consumismo que caracteriza al país rentista. Expresión de la desafección anterior, el control cambiario se ha convertido en un nuevo mecanismo perverso de acumulación de riquezas, de generación de monstruosas ganancias y en definitiva, de estrangulamiento de la economía. La nueva devaluación monetaria que muestra la otra cara de la desafección política (la económica), ataja al bolívar y pone la paridad del dólar, no al cambio oficial, sino al mercado negro. En este caso, la desafección económica de lo único que da cuenta en forma segura, es del carácter especulativo de la economía nacional. Ya hemos afirmado (Aguilar, 2012) que poco o nada se puede pensar como acción política si la desafección política toma por asalto las instituciones (emergentes) y la necesaria gobernabilidad democrática que la debe acompañar. A nivel institucional, la desafección política se devela como una pérdida de confianza en las instituciones; como liquidación de la política como espacio de construcción democrática; como barbarización de lo político como deriva de la cultura política y, en definitiva, como derrota a la búsqueda de sentido de una nueva política. En efecto, como nos lo dicen Elisa Carrió y Diana Maffía: Frente a quienes postulan una ciudadanía individualista, desarticulada y sin inquietudes de pertenencia (se les opone) la necesidad de pensar un proyecto genuinamente colectivo e integrador, que nos afirme en un nuevo pacto social y moral capaz de incluir diferencias y de refundar los valores que nos aglutinen

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(Carrió y Maffía, 2005, 33-34).

Resaltamos aquí lo que ya hemos planteado como línea de análisis en escritos anteriores (Aguilar, 2010). Hay tres aspectos pendientes a evaluar de manera concurrente en debates a futuro sobre la desafección política, lo cual permitiría allanar un camino sobre la necesaria construcción de una pluralidad en Venezuela: uno, referido a la correspondencia entre formas de acumulación económica y nuevas institucionalidades emergentes; dos, la necesidad de caracterizar, por un lado, las manifestaciones institucionales de la desafección política las cuales transitan entre ausencia de cultura política y en consecuencia, de cultura institucional o de las instituciones, y por la otra, las expresiones sociales de dicha desafección cuyos rasgos característicos serían la anomia, el atavismo político y la resignación de clase entre otros; finalmente como tercer aspecto, la relación entre sociedad e institucionalidad a objeto de mirar si la ausencia de la segunda estaría determinada por la pérdida de sentido de lo político como táctica y de la política como estrategia en el seno de la sociedad, o si por el contrario, las instituciones emulan a ésta en su ineficiencia, desidia y desinterés por lo público. Un último tema tiene que ver con el rentismo, primero como forma de acumulación de capital y luego como mecanismo de captación de fidelidades políticas, siempre en el marco de la utilización del recurso y del extractivismo petrolero como condición sine qua non. Este aspecto lo intentaremos abordar en el último aparte del presente artículo. Un nuevo sentido a la política para la concreción de derechos reconocidos constitucionalmente Tal como lo señala Daniel Bensaid en su Elogio a la Política Profana (Bensaid, 2009), el siglo XVII que anunció las luces también anticipó el cálculo. Calculemus fue la consigna. La estadística pasó también a ser ciencia del Estado. Al principio la idea de una administración calculada entró en este escabroso torbellino y estuvo a punto de peligrosas derivas. La sensatez de los gobernantes sería sustituida por el orden administrativo, nos advierte Bensaid. El reino de la medida avizoraba la despótica ley del valor. Aparecería entonces el Leviatán no para abordar la organización del Estado sino para prefigurar la contradicción entre regímenes parlamentarios y regímenes presidencialistas, como nos lo recuerda Ricardo Uvalle Berrones (Uvalle, 2011). Del arte de gobernar se transita e impone paulatinamente el arte de reinar. Se comienzan a gobernar hombres en y con tiempos de trabajo específicos. Por lo tanto, la gobernabilidad deviene de nuevo en una forma particular de poder que se garantiza desde instituciones, procedimientos, análisis, reflexiones, cálculos y tácticas sobre un determinado territorio y, en consecuencia, sobre una población. Desde allí se comenzaría a erigir toda la noción de soberanía que tanto animaría la pretendida Paz de West-

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falia en 1648. Se puede decir que la caracterización de un determinado sistema político y de su gestión pública, expresaría el carácter de un determinado régimen político pero, sobre todo, el conjunto de contradicciones sociales que muestran la composición de las relaciones que dan forma a un Estado en un tiempo histórico concreto. En consecuencia, es necesario plantearse nuevas lecturas (interfases entre lo público, lo institucional e internacional) en Venezuela, pues las políticas públicas son fundamentalmente asunto de la sociedad y no sólo de los Estados, y sobre todo, porque es posible comprender que los derechos individuales y colectivos contenidos en los contratos sociales de los países de América Latina pueden ser extensibles (materializados) a través de las políticas públicas. A partir de lo anterior, tenemos que el derecho y la política pública es una construcción social y es el resultado de la contingencia histórica. El derecho es la mediación de la política pública que materializa el derecho. No obstante, el derecho se hace fuerza cuando es impuesto por quien ejerce el monopolio de la violencia. Una de las interfases entre el Estado y la sociedad lo constituye la política pública. El inicio de la política pública lo constituye el reconocimiento del derecho. La política pública es el instrumento o mecanismo de ampliación del derecho reconocido, en consecuencia, de su ejercicio. La ciudadanía se apropia del derecho y allí entonces comienza su puesta en práctica. Aunque derecho reconocido no es necesariamente derecho conocido estamos obligados a otra precisión: las crisis ecológicas y en consecuencia sociales son la señal de alarma de nuevos tiempos para la política y para el derecho, pues la idea de crisis y lucha están estrechamente ligadas. En consecuencia, es en los hechos donde se adquieren los conocimientos de las circunstancias que determinan las formas de hacer y ejercer la política y sobre todo, de aplicar el derecho como regla de justicia. De nuevo (Bensaid, 2009), la lucha política y el derecho como corolario, se ofrecen como la estrategia necesaria para la reversión de los eslabones débiles de la historia en momentos favorables. Nuevos espacios para el ejercicio de nuevas ciudadanías: la democracia pluricultural6 En Venezuela sigue pendiente la construcción de una democracia pluricultural. A pesar de la declaración de derechos colectivos en los cuales se les reconoce a sujetos de derechos diferenciados un cumulo de principios que antes 6 Parte de las ideas aquí esbozadas fueron presentadas en el V Seminario sobre Espacios Públicos, celebrado en Mérida del 4 al 8 de junio de 2012, con la ponencia “Pensar a Mérida. Un nuevo sentido a las políticas públicas en tiempos de crisis ecológica”.

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no existían en los contratos sociales precedentes, se hace necesario avanzar en un nuevo tipo de democracia, que aunque se encuentra anunciada en la carta magna aún está por materializarse. De acuerdo a Bartolomé Clavero (Clavero, 2011, 4): El Estado plurinacional se vincula ante todo al reconocimiento constitucional de la existencia de pueblos indígenas con derechos propios de alcance político. Es una evidencia que conviene destacar desde un principio pues, en la perspectiva de un constitucionalismo que se dice bolivariano y que procedería como modelo de Venezuela, dicha vinculación está queriéndose deliberadamente desdibujar. A favor o a la contra, lo que al efecto resulta secundario, la refundición de diversos casos en un solo modelo por la presunta inspiración y guía constitucional de la República Bolivariana de Venezuela está dificultando seriamente la percepción y el estudio de la novedad que, al menos textualmente, representan las Constituciones del Ecuador y de Bolivia. Una gobernanza societal democrática fundamentada en una gestión pública intercultural expresa las interacciones que en materia de políticas públicas integran perspectivas diferenciadas, tanto en lo ecológico como en lo cultural (Uvalle, 2011). A la par de lo anterior, se ha integrado la noción de gestión pública intercultural (GPI)7. Al hablar de interculturalidad damos cuenta también de interfases. En efecto, contribuye a caracterizar los puntos de encuentro de los mundos de vida y actores. Se trata de puntos críticos de eslabonamiento entre dos sistemas sociales diferentes, campos o niveles de orden social donde es más probable encontrar discontinuidades estructurales, basadas en diferencias de valor normativo e intereses sociales (Camacho, 2011, 21). Tal como lo advierten algunos autores: El asumir la interculturalidad como principio normativo en esos dos aspectos –individual y social– constituye un importante reto (…) en un mundo en el que la multiplicidad cultural se vuelve cada vez más insoslayable e intensa. La interculturalidad como principio rector orienta también procesos sociales que intentan construir –sobre la base del reconocimiento del derecho a la diversidad y en franco combate contra todas las formas de discriminación y desigualdad social– relaciones dialógicas y equitativas entre los miembros de universos culturales diferentes (Castillo y Ansión, 1997, 5-8).

7 Ver Camacho Nassar, Carlos (2008): “Decolonizing Democracy to Overcome Exclusions. The Challenges of Diversity in Latin America”, Ponencia en: IDEA. International Democracy & Diversity Expert Consultation. Pretoria. Citado por Camacho Nassar, Carlos (2011): Método para la Consulta a Pueblos Indígenas sobre el Proyecto Hidroeléctrico el Diquís en el Pacífico Sur de Costa Rica, Costa Rica, Mimeo.

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Al entender el nuevo orden jurídico existente en el país a partir de 1999, habría que aceptar el carácter de cambio y el sentido de oportunidad política que se abriría con la constitución nacional aprobada en 1999. El valor normativo de las previsiones que crean las condiciones para acompasar al Estado con lo reconocido y consagrado constitucionalmente, junto al desarrollo de los principios y disposiciones que tratan sobre los derechos interculturales, nos hace considerar la posibilidad del impulso de una gestión intercultural como espacio para el ejercicio de nuevas ciudadanías. En efecto, las nuevas ciudadanías propenderían al ejercicio de derechos reconocidos los cuales a su vez, siempre en el marco abierto que ofrece la constitución, se harían efectivos mediante el impulso de políticas públicas como mecanismo de implementación del conjunto de previsiones contenidas en el contrato social nacional. Ahora bien, no es suficiente el nuevo ordenamiento constitucional si no se impulsan, desde la sociedad organizada, las condiciones necesarias para activar la interculturalidad a través de las iniciativas de sus gobernantes y la participación activa de la ciudadanía que se reconoce en el texto constitucional. Al tener la regulación de la gestión pública intercultural rango constitucional en nuestro país, tenemos que ahora esta materia dispone de varios capítulos en la constitución en los cuales se establecen los lineamientos fundamentales para la política nacional, estadal y municipal, necesarios a la gestión intercultural. Todas estas previsiones constitucionales obligan a adecuar la actual administración pública e impulsar la nueva gestión pública intercultural para que pueda ser materializada con la participación activa de la sociedad. De nuevo aquí el impulso de nuevas ciudadanías estaría concretado por la creación de nuevos espacios para la realización de la política, en este caso de la interculturalidad como uno de sus requisitos y condiciones. Una política pública intercultural sería concebida como el instrumento marco que fija las políticas culturales del Estado para asumir las competencias constitucionales que le corresponde en cada una de las dimensiones nacionales y, en particular, en materia de concreción de espacios públicos para el ejercicio de derechos interculturales diferenciados. Asimismo, las políticas públicas interculturales pretenden la búsqueda de mecanismos (jurídicos) de protección ambiental asociado a un proceso de mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores. Por su parte, Kymlicka (2011) señala que el derecho a la cultura es un derecho humano fundamental. No obstante:

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Precisamente porque es derecho genérico de minorías, aplicable tanto a los visitantes como a los grupos indígenas, no es un derecho que se entienda bien con problemas relacionados con historias de colonización y conquista, o casos donde esté en disputa el derecho del Estado para gobernar a pueblos o territorios particulares. Para hacer frente a este tipo de cuestiones y casos, es necesario un instrumento jurídico independiente, no enfocado a las minorías en general, sino a un conjunto más limitado de grupos que comparten un determinado patrón de injusticia en su relación histórica con el poder del Estado (Kymlicka, 2011, 8).

En otros trabajos8 hemos concluido que el impulso de políticas públicas «desde abajo» crea las condiciones para la conversión/materialización de derechos reconocidos en dispositivos normativos constitucionales. El supuesto anterior es válido no sólo para derechos de carácter cultural sino también para derechos ambientales y territoriales. Lo antes descrito viene dado porque, en una perspectiva de ordenación del territorio que incluya lo cultural, la tierra no puede ser vista únicamente desde su significado económico ya que ello determinaría una oposición básica entre un concepto histórico, social e identitario (el territorio) y un concepto económico más ligado a la posesión individual que a la supervivencia de la cultura y la identidad (Camacho, 2011, p. 18) y, agregaríamos nosotros, de lo ecológico. La dimensión de una propuesta de ordenación territorial incluiría, de manera correlativa, lo cultural y lo ecológico9. 8 Ver Linda Bustillos Ramírez & Aguilar Castro, Vladimir (2010): “Los Pueblos Indígenas como titulares del principio de Libre Determinación de los Pueblos”, Revista Venezolana de Ciencias Políticas, Mérida, N° 35, Enero-Julio; Aguilar Castro, Vladimir (2008): Derechos indígenas pendientes en Venezuela, Mérida, ULA-GTAI; Medina, José & Aguilar Castro, Vladimir (eds.) (2008): Conservación de la biodiversidad en los territorios indígenas Pemón de Venezuela, Mérida, TNC-ULA; Aguilar Castro, Vladimir & Bustillos Ramírez, Linda (2007): Estado del Derecho Consuetudinario en Venezuela, Venezuela, CEPSAL-TNC-ULA-Fundacite; Aguilar Castro, Vladimir & Bustillos Ramírez, Linda (2006): Tranversalización de la política (pública) para pueblos indígenas, Venezuela, ULA-Consejo de Publicaciones. 9 El carácter colonial del espacio ha sido profundamente analizado en América Latina. Entre otros ver Manuel Castells (1979): La cuestión urbana, México, Siglo Veintiuno Editores; Paul Singer (1975): Economía política de la urbanización, México, Siglo Veintiuno Editores. Desde la perspectiva de la teoría de la dependencia: Fernando Cardoso y Enzo Faletto (1969): Dependencia y desarrollo en América Latina, México, Siglo Veintiuno Editores. También Samir, Amin (1975): La acumulación a escala mundial. Crítica a la teoría del subdesarrollo, México, Siglo Veintiuno Editores. Citado por Carlos Camacho Nassar (2011).

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En guisa de una conclusión pendiente: La superación del extractivismo como ensayo de progresismo económico. Buscando las bases materiales de la pluralidad necesaria ¿Por qué debemos dar cuenta del extractivismo en la construcción de una propuesta política de pluralidad necesaria? Si lo que aquí se interroga se manifiesta en forma de crítica, su razón es la de develar el carácter de la contradicción de lo que acontece en Venezuela. ¿Cómo es que un país con “planes socialistas” no ha terminado de superar índices de pobreza y miseria nada despreciables? ¿Cómo es que la clase media cada día es más presa de los desvelos de una clase política emergente cada vez más a la ofensiva? ¿Desapareció la lucha de clases en el país por obra y gracia de las victorias electorales? ¿Cómo es que un ingente número de universitarios hoy en el gobierno de un sólo plumazo decretan desde las esferas del poder gubernamental que las universidades públicas se “derechizaron” y están en manos de la burguesía? ¿Cómo es que en un país donde se construye el “socialismo” todavía existe burguesía? ¿Cuál es el carácter de clase del régimen político? ¿Cómo es que un país rico en petróleo no termina de reactivar su aparato productivo y, en consecuencia, es pobre en medio de la abundancia? ¿Cómo es que la apuesta fundamental de todos los planes gubernamentales sigue siendo al extractivismo de todos los recursos de la nación? ¿Cómo es que no hay un solo plan, proyecto o programa gubernamental que haya sido materializado o culminado, comenzando por el conjunto de derechos constitucionales reconocidos en el contrato social que se dio el país en 1999? ¿Cómo es que el país se “polariza” en tiempos de elecciones y se “despolariza” en tiempos de la política? ¿Cómo es que en tiempos de “despolarización” el país se subsume a las zonas grises del consumo, del “dólar paralelo” y de la economía especulativa y parasitaria? ¿Cómo es que una economía vive de la ficción de un “dólar oficial” cuando su ritmo lo marca un “dólar paralelo” el cual termina moviendo la oferta y demanda del país? ¿Cómo es que en tiempos de “despolarización” el país sigue su camino en medio de zonas grises? ¿Cuántos países hay: el del oficialismo, el de la oposición y el del resto de venezolanos que impávidos intentan ver por las rendijas de la contienda cómo los dos anteriores luchan cada uno por su respectivo trofeo de guerra electoral? ¿Cómo la excesiva ideología se convierte en una aporía política, y lo que es peor, cómo es que ella trae réditos electorales y políticos? En fin, para no sucumbir en un sin límite de interrogantes: ¿Cómo y cuándo superar esta crisis de país, la cual es fundamentalmente cultural, pero que está atravesada por la ley del valor? Para intentar despejar algunas de las incógnitas referenciadas, debemos definir qué entendemos por extractivismo. Desde nuestra perspectiva, el extractivismo es la totalidad de una actividad económica con uno o varios impactos sobre el sistema ecológico global. Esta opinión se complementa con lo señalado

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por Eduardo Gudynas (Gudynas, 2013). En efecto, según el autor, en América Latina siguen avanzando las estrategias enfocadas en minería, hidrocarburos y monocultivos, a pesar que esto significa repetir el papel de proveedores de materias primas y de las resistencias ciudadanas. Este modo de ser extractivista se expresa tanto en gobiernos conservadores como progresistas10. Pero como entre estos últimos se esperaba otro tipo de desarrollo, esa insistencia se ha convertido en un nudo político de enorme complejidad. Para sostener el empuje extractivista se está apelando a nuevas justificaciones políticas. Actualmente, desde el progresismo se defiende el extractivismo aspirando aprovechar al máximo sus réditos económicos para así financiar, por un lado distintos planes sociales, y por el otro, cambios en la base productiva para crear otra economía. El problema es que, de esta manera, se genera una dependencia entre el extractivismo y los planes sociales. Sin los impuestos a las exportaciones de materias primas se reducirían las posibilidades para financiar, por ejemplo, las ayudas monetarias mensuales a los sectores más pobres. Esto hace que el propio Estado se vuelva extractivista, convirtiéndose en socio de los más variados proyectos, cortejando inversores de todo tipo, y brindando diversas facilidades. Sin dudas que existen cambios bajo el progresismo, pero el problema es que se repiten los impactos sociales y ambientales y se refuerza el papel de las economías nacionales como proveedores subordinados de materias primas. La pretensión de salir de esa dependencia por medio de más extractivismo no tiene posibilidades de concretarse. Se genera una situación donde la transición prometida se vuelve imposible, por las consecuencias del extractivismo en varios planos, desde las económicas a las políticas (como el desplazamiento de la industria local o la sobrevaloración de las monedas nacionales, tendencia a combatir la resistencia ciudadana). El uso de instrumentos de redistribuciones económicas tiene alcances limitados, como demuestra la repetición de movilizaciones sociales. Pero además es costoso, y vuelve a los gobiernos todavía más necesitados de nuevos proyectos extractivistas. De lo antes expuesto surgen más dudas que respuestas en cuanto al extractivismo como opción, otrora del desarrollismo y hoy en día del progresismo. Es 10 Por gobiernos progresistas se entienden aquellos que han sido el resultado de una retórica de avanzada y que han obtenido resultados electorales favorables. Nos referimos aquí fundamentalmente a los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Venezuela. A esta idea le agregamos el carácter de los contratos sociales en cada uno de esos países los cuales vendrían a ser los más avanzados, en cuanto a derechos colectivos reconocidos se refiere, del continente. Otra cosa significa la concreción de estos derechos los cuales son parte transversal de la problemática que intentamos exponer a lo largo de este artículo.

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claro que el modelo de acumulación en su esencia no ha cambiado y que su contenido sigue siendo el principal motor de la economía mundial basada en la sobreexplotación del combustible fósil. Pero a la par del extractivismo hay que agregar los riesgos de la crisis del capital para las economías que se basan en este tipo de explotación de recursos naturales. El impacto de la economía global sobre éstas es algo que no está totalmente claro en los tiempos actuales. Según Manuel Sutherland (2013): Como la ideología que portan la mayoría de personas, es la ideología de la clase dominante (la capitalista), es lugar común escuchar las frases más desternillantes en relación a la crisis del capital y su imposible solución. En el top five de esos delirios, resaltan: la ideología de que la crisis es meramente financiera, que se pueden evitar los ciclos recesivos, que la acumulación de capital puede ser “nacional” o “independiente”, que hay “liberaciones económicas” nacionales y que la crisis no afectará a las naciones cuyos gobiernos que administren el capital social, sean “progresistas”. Tamaños dislates son amargamente frecuentes y representan un duro escollo en la emancipación de la clase obrera, de la tiranía capitalista. Sin entender lo que se quiere transformar, es imposible hacerlo (Sutherland, 2013, 25).

Para otros autores como Juan Iñigo (Iñigo, 2008, 18), la acumulación de capital es un proceso mundial por su contenido, pero nacional por su forma. En efecto: El proceso de acumulación capitalista toma la forma concreta nacional en su representación política: el Estado. Ése complejo institucional es el representante del capital social que trata de acumularse desde el ámbito que abarca el mercado nacional. Al plantear alianzas o acuerdos comerciales, el equipo diplomático sale a defender en exclusividad a sus representados (la burguesía local) frente a otros representantes de la burguesía extranjera. Así, al tratar de imponer lo que más le conviene a la burguesía local, el cuerpo negociante muestra la apariencia invertida de que dirige un proceso de acumulación nacional que sólo se enfrenta a otros como externalidades competitivas. Pero no es así. El proceso de acumulación de capital es en esencia mundial y está fundamentado en una serie de capitales que desarrollan una escala ampliada que les permite valorizarse a través del mundo sin distingo de nacionalidad. La crisis del capital no se circunscribe a las finanzas (una parte), la crisis radica en la totalidad. Hablamos de crisis sistémica ya que podemos considerar que la crisis general de sobreproducción capitalista, ocupa todas las áreas que componen el mosaico estructural (producción industrial, agropecuaria, servicios etc.) y la parte supraestructural (política, ética, cultura, etc.) del modo de producción capitalista, por ello, la crisis es sistémica y no financiera.

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Frente a lo antes expuesto: ¿Están exentos los países de América Latina, particularmente aquellos que han basado su progresismo económico en la distribución social de la renta, de esta crisis global? Para Manuel Sutherland ello es apenas una ficción. En efecto, ningún país extractivista es ajeno a la crisis global del modo de producción actual. Medidas económicas como la devaluación de la moneda, inflación y la flexibilización y tercerización laboral, son entre otras, una consecuencia de ella. En este sentido, nos señala que: En los países cuyo proceso de acumulación capitalista sigue su curso más general (EEUU), en los países cuya dinámica económica gira principalmente alrededor de la renta del suelo (Venezuela, Argentina, Chile) y en los países cuya acumulación de capital estriba en la explotación de fuerza de trabajo (con bajos salarios) dedicada a la manufactura simple (Sudeste Asiático), la crisis de sobreproducción general, incidirá fuertemente, pero en escalas y profundidades diferentes. No hay milagrosas defensas ni salidas a este fenómeno inherente al propio funcionamiento del capital. No hay salvatajes (transferencias directas de dinero “Estatal” a los quebrados bancos), ni expansiones del gasto público (keynesianos), ni contracciones del gasto público (ultraliberales) que puedan detener los masivos efectos destructivos de la crisis. Las manifestaciones más visibles de la crisis capitalista: caída abrupta de la tasa de ganancia, caída de la inversión, cierre de fábricas, despidos masivos, quiebras generalizadas; son sólo expresiones de destrucción de capital o derruir de fuerzas productivas. Esta eliminación de capital sobrante, es el único mecanismo mediante el cual el modo de producción capitalista metaboliza a las empresas más ineficientes y a los capitales superabundantes que ya no pueden valorizarse, y que ralentizan con su obsolescencia el proceso de acumulación mundial de capital. Por ende, de forma cíclica las crisis se suceden y sucederán, dejando efectos más devastadores en la depauperada la clase obrera. (Sutherland, 2013, 12).

Si lo que venimos de esbozar nos permite tener un marco para la acción, vale la pena entonces agregar la necesidad de rupturas que vayan más allá de lo económico, y que por supuesto, sienten las bases para un nuevo sentido a la política. En este contexto, Serge Latouche (en Di Donato, 2009) nos propone: La necesidad de un cambio cultural que desemboque en la creación de un nuevo enfoque, una nueva visión para abordar los problemas de un planeta al borde del colapso por hiperconsumo. Así, frente a la expansión ilimitada, (se debe replantear) el propio concepto de bienestar y de riqueza; frente al fetichismo del PIB, que nos convierte en víctimas de una economía agobiante y acelerada, (se debe hablar) de decrecimiento sereno y de la felicidad de la sobriedad (Di Donato, 2009, 161).

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¿Existe la posibilidad de establecer una relación entre superación del extractivismo y nuevas formas de ciudadanía, es decir, entre ruptura con el desarrollismo y progresismo económico y nuevas formas de asunción de la política? Una vez más Serge Latouche (En Di Donato, 2009, p. 163) nos deja una propuesta servida: El gran desafío consiste en romper los círculos, que son también cadenas, para salir del laberinto (como diría Castoriadis) que nos mantiene prisioneros. La realización de la sociedad del decrecimiento podría ciertamente lograr la descolonización de nuestro imaginario, pero dicha descolonización resulta un requisito previo para construirla. Los propios educadores deben desintoxicarse ellos mismos para poder transmitir unas enseñanzas no tóxicas. La ruptura de las cadenas de la droga no resulta fácil cuando a los traficantes (en este caso, la nebulosa de corporaciones transnacionales y los poderes políticos a su servicio) les interesa mantenernos esclavizados. Aún así, lo más probable es que nos veamos incitados a llevar a cabo dicha ruptura debido a la saludable sacudida de la necesidad. La educación que necesitamos se parece a una cura de desintoxicación, a una verdadera terapia. Marcel Mauss concebía las experiencias alternativas o disidentes (cooperativas, asociaciones, sindicatos) como laboratorios pedagógicos para construir al “nuevo ser humano” necesario para el otro mundo posible (Di Donato, 2009, 163).

La gama de experiencias se ha ampliado hoy en día con ciertas ONG (organizaciones no gubernamentales), con las asociaciones por el mantenimiento de la cultura campesina (AMAP, en sus siglas en francés), los sistemas de intercambios locales (SELS), las redes de intercambios recíprocos de saberes (RERS), etc. Estas universidades populares tienen ese objetivo: promover la resistencia y descolonizar el imaginario. Forman parte de la democracia creativa de John Dewey, que pretende incorporar la educación a la práctica democrática. No queda, ciertamente, demasiado tiempo, pero las cosas pueden ir muy deprisa al calor de los acontecimientos. La crisis ecológica y la crisis financiera y económica que estamos viviendo podrían constituir esa saludable sacudida. Frente a las posibilidades liberadoras que subyacen en una gran crisis, el extractivismo puede convertirse en la punta de lanza para la construcción de un nuevo modelo societal a nivel nacional. El mismo debe pasar por la superación del extractivismo a la par de la construcción de nuevos espacios para el ejercicio de la política como expresión de nuevas ciudadanías. Si lo que venimos de corroborar nos reafirma como una quimera que la crisis sistémica del modelo de producción actual, incluyendo su fase extractivista para los países que dependen del combustible fósil, no afectarán a las economías de América Latina, entonces es necesario abrir nuevos cauces para un nuevo sen-

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tido a la política. En el ámbito de la crisis económica y su impacto en América Latina, una vez más Manuel Sutherland (2013) nos advierte: Es una triste fantasía creer que la crisis de sobreproducción capitalista, no afectará a América Latina, por el alto precio actual de sus mercancías primarias de exportación (soya, petróleo, gas etc.) o porque se pueda “desconectar” de la debacle capitalista, por la vía de acuerdos comerciales o tratados de cooperación. Creer que esto sucederá es conjeturar al mundo como un montón de economías autárquicas que se relacionan esporádicamente por la vía comercial. Es imaginar a las sociedades como componentes agregativos que se yuxtaponen (si mezclarse) en relaciones de intercambio. Dejarse llevar por esa apariencia, es clave en el error que estriba en la ilusoria protección latinoamericana a la crisis general de sobreproducción (Sutherland, 2013, 15).

Las economías de América Latina cuya dinámica central dependa de la renta de la tierra, verán como los precios de sus mercancías de exportación se desploman y como la demanda internacional que genera sus divisas se derrumba. Ello traerá problemas para cubrir los gastos estatales corrientes, se paralizará el crecimiento económico y aumentarán los niveles de pobreza e indigencia, que deben venir aparejados de las corrientes medidas ultraliberales que tomarán los gobiernos en esas circunstancias: maxi devaluación de la moneda (devaluación del 100%), aumento del IVA, aumento en las tarifas de los servicios públicos, despidos masivos en el sector estatal, disminución del gasto social y paralización de la construcción de infraestructura etc. En Venezuela las divisas las provee en 95% la industria petrolera, el 80% de ese petróleo es de bajo procesamiento. Con un incremento de 300% en sus importaciones totales en la última década, debe resentir con enorme e inusitada fuerza una eventual contracción de la demanda energética, que depende directamente de la producción industrial en el mundo y de la especulación financiera que con esa plusvalía se genera. Lo mismo puede aplicarse a países cuya centralidad económica oscila a través del precio de commodities como el gas natural, la soja, el cobre etc. El extractivismo como etapa del modo de producción actual basado en la sobreutilización del combustible fósil, también tiene sus costes políticos. En efecto, Alain Badiou (2011, 51-54) nos hace un excelente paralelismo con los tiempos actuales de lo que significaron otrora algunas revoluciones. Muchos de estos enunciados son aplicables, en nuestra opinión, a lo que ocurre actualmente en Venezuela con la revolución bolivariana. Veamos: En este sentido la revolución iraní fue terminal y no inaugural. A través de su oscura paradoja (una revolución dirigida por un ayatola, una sublevación popular que se hallaba como encastrada en un contexto teocrático) anunciaba el fin del tiempo claro de las revoluciones. En ello coincidía con el movimiento obrero Solidarnosc de Polonia (Badiou, 2011, 51).

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Por lo demás, el resultado de la revolución iraní, el oxímoron que conforma la expresión “República islámica”, como su nombre lo indica, no tiene ninguna vocación universal. Menos todavía el triste destino del Estado polaco “liberado” del comunismo. Resulta claro que, a diferencia de la revuelta histórica polaca o de la revolución iraní, que clausuraban una secuencia con una cerrazón violenta y paradójica de su contexto ideológico, las revueltas en los países árabes abren una secuencia que dejan a su propio contexto en la indecisión. Remueven y modifican las posibilidades históricas de manera tal que el sentido que después adquirían sus pocas victorias iniciales en gran medida fijara el sentido de nuestro futuro. ¿Qué es un período de intervalo? Es lo que viene después de un período durante el cual la concepción revolucionaria de la acción política ha sido clarificada lo suficiente como para que se haya presentado de manera explícita como una alternativa al mundo dominante y haya obtenido al respecto apoyos masivos y disciplinados, a pesar de las luchas internas que marcan su desarrollo. En un período de intervalo, por el contrario, la idea revolucionaria del período precedente, que desde luego se ha topado con obstáculos muy serios –enemigos encarnizados en el exterior e incapacidad provisoria para resolver importantes problemas que se suscitan en el interior–, ha dejado vacante su herencia. Todavía no ha sido sustituida por un nuevo curso en su desarrollo. Esta faltando una figura de la emancipación que sea abierta, compartida y practicable en una escala universal. En el transcurso de tales períodos, justamente debido a que el camino revolucionario se ha debilitado o que, incluso, se ha vuelto ilegible, es posible que los reaccionarios digan que las cosas han retomado su curso natural. Una vieja constatación indica que el despertar de la Historia, bajo la forma de la revuelta y de su posible victoria inmediata, por lo general no es contemporáneo con la reviviscencia de la Idea, lo cual le habría dado a la revuelta un futuro político real. Para el caso de Venezuela: ¿Qué significado ha tenido el oxímoron de la revolución bolivariana? ¿Qué extraña revolución es esta que hasta los comunistas son capaces de rezar por la salud del Presidente? ¿Cuál ha sido el período de intervalo? ¿Acaso la propia revolución bolivariana ha sido el período de intervalo de un 27 de febrero inconcluso como revuelta inmediata? ¿Será que este período de intervalo aún se juega un próximo período de trascendencia del momento presente por un nuevo despertar de la Historia venezolana? ¿Será que la revolución bolivariana aletargó hasta hacerlo “ilegible” el camino de la revolución? ¿Cuál ha sido el tránsito de la revolución bolivariana? ¿Se puede hablar de una cronología o de un período de intervalo?

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Intermitencias en la construcción de consensos en nuestro país En Venezuela han existido algunos amagues que han asomado la posibilidad de avanzar en consensos para la construcción de espacios políticos que permitan el ejercicio de nuevas ciudadanías, basadas en la concreción de los derechos reconocidos constitucionalmente. Intentando una suerte de cronología de este proceso tenemos: 1999-2003: aprobación, acechos y negación al nuevo Contrato Social: disolución de la Asamblea Nacional y desconocimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). La oposición como actor fundamental. Reelección presidencial (I). 2003-2007: vacatio legis. Reacomodos jurídicos y políticos. Reelección presidencial (II). 2007-2009: acechos y negación del Contrato Social: Reforma Constitucional y Enmienda Constitucional. El oficialismo como actor fundamental. 2009-2012: reacomodos políticos y jurídicos. Reelección presidencial (III). 2012-2013 en adelante (?): Tendencias políticas que se abren como destellos en cada tiempo electoral. Posibilidad de hacer avanzar el Contrato Social en su deber ser, en la perspectiva del desarrollo y, sobre todo, del ejercicio (más allá del reconocimiento) de los derechos humanos como derechos fundamentales. La política y el derecho se abren como herramientas para el consenso de las diferencias, de las diversidades y de las pluralidades. Volviendo a Badiou (2011): La prueba empírica más impactante de que la Historia no lleva consigo la solución de los problemas que, sin embargo, pone al orden del día, la constituye este inevitable retraso de las revueltas –en la medida en que son la señal de masa de una reapertura de la Historia– sobre las cuestiones más contemporáneas de la política, transmitidas ellas también por el momento previo del intervalo, mientras existió una visión amplia de la política de la emancipación. Por muy brillantes y memorables que sean las revueltas históricas del mundo árabe, al final acaban tropezando con problemas universales de la política que quedaron en suspenso en el período anterior, en el centro de los cuales se halla lo que constituye el problema por antonomasia de la política, a saber, el de la organización (Badiou, 2011, 56).

En el caso de Venezuela, este período histórico de los últimos 25 años ha dejado colar una evidencia: existen zonas grises e intermedias que son necesarias determinar y precisar siempre desde una perspectiva dialéctica pues se

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inscriben en procesos de transición donde se dan saltos y avances cualitativos, o se producen regresiones históricas. Para la creación de ciertas condiciones en la construcción de consensos en Venezuela es necesario materializar la democracia participativa y protagónica como democracia fundacional. La premisa de partida es que la realización del cúmulo de derechos colectivos reconocidos constitucionalmente pasa también por darle un nuevo sentido a la política y, sobre todo, por el fin del extractivismo. Si a decir de Daniel Bensaid, “la historia profana no tiene ni fines propios ni un final programado” (2012, 46), seguramente el devenir de un país va más allá de lo que sientan, deseen o piensen quienes lo dirigen.

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Rev. Venez. de Econ. y Ciencias Sociales, 2013, vol.19, nº 1 (enero-abril), pp. 233-252

DESIGUALDAD EN SALUD ANTES Y DURANTE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA. VENEZUELA (1990-2010) Pasqualina Curcio El que algunas personas tengamos mayor probabilidad de enfermar que otras y que tengamos mayor riesgo de morir prematuramente, depende de las condiciones en las cuales nacemos, crecemos, nos desenvolvemos, trabajamos y envejecemos. Son las condiciones sociales las que, principalmente, explican las diferencias de salud entre grupos de la población, diferencias que son injustas en la medida en que pueden ser evitadas mediante acciones políticas. En este sentido, definimos la desigualdad en salud como aquella situación en la cual existen diferencias de salud entre grupos de la población, las cuales son catalogadas como socialmente injustas en la medida en que dependen de la condición social y económica, del nivel de pobreza, de la clase social a la que pertenecen, a la etnia o al género, y no son explicadas por las condiciones biológicas o genéticas. (Whithead, 2000; Organización Mundial de la Salud –OMS–, 2009). Las desigualdades en salud se manifiestan no sólo entre países, también pueden evidenciarse diferencias entre grupos de población pertenecientes a un mismo país. A su vez, estas diferencias de condiciones sociales de vida están determinadas por la manera cómo se distribuye la riqueza, los bienes, los servicios y el poder a lo interno de la sociedad, es decir, están relacionadas con las desigualdades sociales. Citando a la Comisión sobre los Determinantes Sociales de la Salud: La mala salud de los pobres, el gradiente social de salud dentro de los países y las grandes desigualdades sanitarias entre los países están provocadas por una distribución desigual, a nivel mundial y nacional, del poder, los ingresos, los bienes y los servicios, y por las consiguientes injusticias que afectan a las condiciones de vida de la población de forma inmediata y visible (acceso a atención sanitaria, escolarización, educación, condiciones de trabajo y tiempo libre, vivienda, comunidades, pueblos o ciudades) y a la posibilidad de tener una vida próspera. Esa distribución desigual de experiencias perjudiciales para la salud no es, en nin-

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gún caso, un fenómeno «natural», sino el resultado de una nefasta combinación de políticas y programas sociales deficientes, arreglos económicos injustos y una mala gestión política. (OMS, 2008, 1)

En este contexto, nos interesa estudiar la desigualdad en salud en Venezuela. Queremos conocer si existen brechas en cuanto a las condiciones de salud de los grupos de población en Venezuela dependiendo de su condición socioeconómica y si estas diferencias han variado en el tiempo, particularmente después de 1999, año en que inició el proceso de Revolución Bolivariana. Nos preocupa saber, por ejemplo, si los niños que han fallecido en los últimos años, pertenecían a grupos pobres de la población, o si por el contrario, la distribución de estas muertes no tiene relación con la condición social, sino que sólo atiende a condiciones individuales, biológicas o genéticas. Nos planteamos como interrogante de esta investigación, cuál ha sido el comportamiento de la desigualdad de salud en Venezuela antes y después de 1999, año en que inició la Revolución Bolivariana? Con base en esta interrogante, el objetivo general de la presente investigación es: medir y analizar la desigualdad en salud antes y durante la Revolución Bolivariana, específicamente en los períodos 1990-1998 y 1999-2010. Los objetivos específicos son: 1) Medir la desigualdad en salud. 2) Comparar la desigualdad en salud antes y después de 1999. 3) Analizar los resultados en el marco de las políticas sociales y de salud implementadas durante ambos periodos. Consideramos relevante esta investigación, en primer lugar por el hecho de ser la desigualdad en salud un asunto de justicia social y por lo tanto necesaria de ser estudiada; en segundo término, porque no se ha realizado un estudio de desigualdades en salud para el caso venezolano, como tampoco se han calculado indicadores que nos muestren esta situación; en tercer lugar, porque queremos identificar si ha habido algún cambio en cuanto a la desigualdad en salud a partir del año 1999, momento en el que constitucionalmente se consagró la salud como derecho social fundamental, y por lo tanto debe ser garantizado por el Estado a toda la población sin distinción de clase social, capacidad de pago o condición laboral. Hemos realizado las mediciones en tres momentos: el año 1990, el 2001 y el 2010. Los criterios responden, en primer lugar, a que estos años coinciden con los Censos Poblacionales1, los cuales nos permiten tener acceso a los mapas 1 El último Censo Poblacional fue realizado en el 2011, no obstante, si bien hemos usado el mapa de la pobreza del 2011, la información de salud corresponde al año 2010, ya que para el momento de esta investigación, se dispone de los indicadores de salud hasta el 2010.

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de pobreza (información fundamental para el cálculo) contando de esta manera, con datos del universo y no estimados. En segundo lugar, iniciamos en 1990, ya que es a partir de ese año cuando se elabora el primer mapa de la pobreza en Venezuela. Al comparar los resultados de la desigualdad en salud durante estos tres años, pretendemos observar su evolución en la década de los años 90´ (antes de la Revolución Bolivariana) y de los años 00´ (después de la Revolución Bolivariana). Existen distintos métodos para medir las desigualdades en salud, entre los que podemos mencionar, la razón y la diferencia de tasas entre el grupo socioeconómico más alto y el más bajo; el índice de efecto relativo basado en regresiones; riesgo atribuible poblacional, ya sea porcentual o absoluto; índice de disimilitud, relativo o absoluto; el índice de concentración, entre otros2. Para este estudio hemos seleccionado el índice de concentración, el cual permite construir una curva de frecuencia acumulada que compara la distribución empírica de una variable con su distribución uniforme o de igualdad representada por una línea diagonal. En la medida en que el área comprendida entre la diagonal de igualdad y la curva de concentración es mayor, la desigualdad en salud será más alta (Scheneider et al, 2002). La ventaja del índice de concentración es que permite incorporar la dimensión social considerando todos los datos de la serie y no sólo los extremos. Este índice toma valores entre -1 y 1. Mientras más se acerca a 0, la desigualdad es menor, y valores más cercanos a 1 (en términos absolutos) indican mayor desigualdad. La variable socioeconómica seleccionada para el cálculo fue la pobreza medida por necesidades básicas insatisfechas, siendo el indicador, el porcentaje de hogares pobres por entidad federal. La fuente, como ya mencionamos, son los censos de población de los años 1990, 2001 y 2011. Hemos seleccionado este indicador socioeconómico, ya que incorpora información de la pobreza estructural. Está conformado por 5 componentes: la dependencia económica en el hogar, las condiciones de la vivienda, las condiciones de hacinamiento, el acceso a servicios básicos (agua potable, cloacas y electricidad) y la escolaridad de los niños entre 7 y 12 años. (INE, 2011b). Con respecto a las variables de salud que hemos empleado, calculamos el índice de concentración con las tasas de mortalidad por considerar que son las que presentan menores subregistros, y específicamente realizamos los cálculos 2 Para ampliar la información acerca de las metodologías que permiten medir la desigualdad en salud, se puede consultar Scheneider et al, 2002.

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para las tasas de mortalidad general, postneonatal, neonatal, de 1 a 4 años de edad y materna. A continuación explicamos en detalle la metodología de cálculo de la desigualdad en salud utilizando como ejemplo la medición para el caso de la desigualdad de las muertes postneonatales en el año 1990. Posteriormente presentamos y analizamos los resultados para el resto de las tasas y años. Metodología para medir la desigualdad en salud con base en el índice de concentración3 Para medir la desigualdad en salud, debemos cumplir, en primer lugar, unos pasos preliminares relacionados con la formulación de la pregunta que conduce el estudio, y a partir de ésta, la definición de la unidad de análisis y las variables a utilizar. En nuestro caso, la pregunta que guía el estudio es cómo se distribuyó la mortalidad postneonatal entre las entidades federales de Venezuela, en función de sus niveles de pobreza, durante el año 1990? La unidad de análisis son las 24 entidades federales de la República Bolivariana de Venezuela y las variables que hemos utilizado son: la tasa de mortalidad postneonatal, cuya fuente son los anuarios de mortalidad publicados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud; y el porcentaje de hogares pobres, medido por necesidades básicas insatisfechas siendo la fuente, el censo poblacional del año 1990 publicado por el Instituto Nacional de Estadística. El índice de concentración se calcula mediante la aplicación de la fórmula de Brown: Para ello, se requiere construir la tabla 1, que se presenta a continuación: Para la construcción de la tabla se deben seguir los siguientes pasos: 1. Listar las entidades federales. 2. Incluir la variable socioeconómica, en este caso la pobreza medida por necesidades básicas insatisfechas para cada entidad federal. 3. Incluir la variable de salud, específicamente el número de muertes postneonatales y el número de nacidos vivos registrados (ambos indicadores necesarios para el cálculo de la tasa de mortalidad postneonatal). 4. Ordenar los datos en función de los niveles de pobreza, colocando en primer lugar la entidad federal con la peor situación socioeconómica (mayor porcentaje de hogares pobres) hasta llegar a la entidad con la 3 La metodología para el cálculo de los índices y curvas de concentración fue tomada de Scheneider et al. 2002.

237 Desigualdad en salud antes y durante la revolución...

POBREZA NBI

TASA DE MORTALIDAD POSTNEONATAL TMPN 9,56 19,59 35,16 15,61 5,80 13,06 15,72 18,30 16,56 5,55 9,50 11,43 8,98 9,26 13,01 12,31 11,39 16,67 10,94 7,43 10,38 10,43 7,54

NACIDOS VIVOS MUERTES (M) FR(NVR) FA(NVR) X´(i+1) -X´1 REGISTRADOS (NVR) POSTNEONATALES (X) (X´) (X´´) 13283 127 0,023 0,023 0,023 2859 56 0,005 0,028 0,005 1934 68 0,003 0,031 0,003 22685 354 0,039 0,071 0,039 26197 152 0,045 0,116 0,045 19526 255 0,034 0,150 0,034 16095 253 0,028 0,177 0,028 16340 299 0,028 0,206 0,028 75891 1.257 0,131 0,337 0,131 27184 151 0,047 0,384 0,047 19678 187 0,034 0,418 0,034 35436 405 0,061 0,479 0,061 21370 192 0,037 0,516 0,037 6697 62 0,012 0,528 0,012 13293 173 0,023 0,551 0,023 30302 373 0,052 0,603 0,052 42136 480 0,073 0,676 0,073 18354 306 0,032 0,708 0,032 26328 288 0,046 0,754 0,046 7805 58 0,014 0,767 0,014 26590 276 0,046 0,813 0,046 47944 500 0,083 0,896 0,083 60049 453 0,104 1,000 0,104 577.976 6.725 1,000 -1,000

FR(M) (Y) 0,019 0,008 0,010 0,053 0,023 0,038 0,038 0,044 0,187 0,022 0,028 0,060 0,029 0,009 0,026 0,055 0,071 0,046 0,043 0,009 0,041 0,074 0,067 1,000

FA(M) (Y´) 0,019 0,027 0,037 0,090 0,113 0,150 0,188 0,233 0,419 0,442 0,470 0,530 0,559 0,568 0,593 0,649 0,720 0,766 0,809 0,817 0,858 0,933 1,000

Y´(i+1) +Y´1 (Y´´) 0,019 0,046 0,065 0,127 0,203 0,263 0,339 0,421 0,652 0,861 0,912 1,000 1,088 1,126 1,161 1,242 1,369 1,486 1,574 1,626 1,676 1,791 1,933 1,000

(0,07598)

0,00043 0,00023 0,00022 0,00500 0,00918 0,00889 0,00943 0,01189 0,08562 0,04051 0,03104 0,06129 0,04025 0,01305 0,02671 0,06514 0,09982 0,04719 0,07172 0,02196 0,07708 0,14856 0,20079 1,07598

(Y´´)(X´´)

TABLA 1. INDICE DE CONCENTRACIÓN. TASA DE MORTALIDAD POSTNEONATAL Y POBREZA MEDIDA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS. ENTIDADES FEDERALES. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 1990.

ENTIDADES FEDERALES

APURE 62,7 DELTA AMACURO 55,7 AMAZONAS 52,3 PORTUGUESA 50,2 SUCRE 49,8 GUÁRICO 47,6 TRUJILLO 47,1 BARINAS 46,7 ZULIA 46,4 ANZOÁTEGUI 45,3 FALCÓN 44,5 LARA 43,3 MONAGAS 42,3 COJEDES 41,6 YARACUY 41,4 BOLÍVAR 38,7 CARABOBO 36,4 MÉRIDA 36,4 TÁCHIRA 34,4 NUEVA ESPARTA 32,5 ARAGUA 31,5 MIRANDA 28,8 DTTO. FEDERAL 25,3 TOTAL INDICE DE CONCENTRACIÓN Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Salud. Anuario de Mortalidad. Año 1990 Instituo Nacional de Estadística. Censo 1990. Mapa de la Poibreza Cálculos propios

238

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mejor situación. 5. Calcular las frecuencias relativas y acumuladas del número de muertes postneonatales. 6. Calcular las frecuencias relativas y acumuladas del número de nacidos vivos registrados. 7. Calcular las diferencias de la frecuencia acumulada de los nacidos vivos registrados: X´´=X´(i+1)-X´1. 8. Calcular las sumatorias de la frecuencia acumulada de las muertes postneonatales: Y´´=Y´(i+1)+Y´1. 9. Calcular el producto (X´´)(Y´´). 10. Calcular la sumatoria de los productos (X´´)(Y´´). 11. Calcular el índice de concentración: Ic=1-Sumatoria (X´´)(Y´´). El índice de concentración obtenido fue de 0,0759, un valor relativamente cercano a 0, lo que nos indica una desigualdad baja en salud durante 1990. Sin embargo, este indicador debe interpretarse en términos comparativos, por lo que es necesario realizar el cálculo para los años 2001 y 2011 y analizar su comportamiento. En el Gráfico 1 se muestra la Curva de Concentración de la frecuencia acumulada de la mortalidad postneonatal con respecto a la de los nacimientos vivos registrados ordenados por los niveles de pobreza durante el año 1990. El índice de concentración corresponde al área entre la Curva y la diagonal de igualdad. Los puntos sobre la Curva de Concentración nos indican, por ejemplo, que el 23% de los niños entre 1 y 12 meses que fallecieron en el año 1990 pertenecían al 20% de la población más pobre de nacidos vivos (ver punto A). Mientras que el 14% de las muertes de niños ocurrieron en el 20% de la población más rica (ver punto B). Siguiendo la misma metodología hemos calculado el índice de concentración de la mortalidad postneonatal para los años 2001 y 2010, así como también calculamos los índices para las otras tasas de mortalidad (neonatal, materna, general, de 1 a 4 años). En la próxima parte se muestran y analizan los resultados obtenidos. Desigualdad en salud. Análisis de los Resultados En la Tabla 2 se presentan los índices de concentración que fueron calculados para cada una de las tasas, también se muestra la variación de estos índices en los tres momentos, a saber, 1990, 2001 y 2010. De acuerdo con los resultados podemos afirmar lo siguiente: 1. Se registraron desigualdades en salud durante los tres años de medición y para cada una de las tasas de mortalidad en estudio. 2. En 1990 se registraron menores niveles de desigualdad al compararla

Desigualdad en salud antes y durante la revolución...

3.

4.

5.

6.

7.

239

con los otros dos años. Los valores de los índices de concentración en 1990 son más cercanos a cero. Durante la década de los 90´ (antes de la Revolución Bolivariana), se evidenció un incremento importante de la desigualdad en salud. El mayor incremento se registró en la tasa de mortalidad materna en 1014%, seguida por el aumento de la desigualdad en las muertes generales de 723%, luego el de la mortalidad neonatal, postneonatal y de 1 a 4 años en 302%, 134% y 107% respectivamente. A diferencia de la década de los 90´, a partir de 2001, la desigualdad en salud revirtió su comportamiento y registró disminuciones en todas las tasas de mortalidad con excepción de la materna y la neonatal. La desigualdad en las muertes de 1 a 4 años es la que registró un mayor descenso, de 20%, seguida por la de muertes postneonatales en 18,9%, y por las muertes generales en -2,9%. Con respecto a las tasas de mortalidad materna, la desigualdad incrementó entre 2001 y 2010, 3%, no obstante se trata de un aumento considerablemente menor que el registrado en la década de los 90´. Por su parte, la desigualdad en las muertes neonatales incrementó a partir de 2001, en 24,3%, porcentaje también menor que el registrado en los 90´. En 1990 las mayores desigualdades se registraron en las tasas de mortalidad de 1 a 4 años, con un índice de concentración igual a -0,114, seguida por la tasa postneonatal con un índice de -0-076, y la menor desigualdad se registró en la tasa de mortalidad general, con un índice de -0,015. Este comportamiento se mantiene en el año 2001, aunque la desigualdad en la mortalidad materna, pasa a ocupar el tercer lugar a diferencia de 1990 que ocupaba el cuarto. Sin embargo, en 2010, la mayor desigualdad ya no se registró en las muertes de 1 a 4 años ni en las muertes postneonatales, siendo la primera, la mortalidad neonatal, seguida por la de 1 a 4 años (que pasó a un segundo lugar), luego la materna y la postneonatal (la cual pasó del segundo lugar en 2001 al cuarto). Entre el año 2001 y 2010, no sólo se registró, en términos generales, una disminución de la desigualdad en salud (o un menor incremento en algunos casos, materna y neonatal), sino que adicionalmente, las principales desigualdades no se registraron en las muertes cuyas causas están asociadas a las condiciones sociales de vida como son, las de 1 a 4 años y la postneonatal. Si bien a partir de 2001 disminuyó, en términos generales, la desigualdad en salud, esta variación no ha compensado los elevados incrementos registrados en la década de los 90´.

La primera pregunta que nos surge al observar los resultados es: qué podría estar explicando el incremento de la desigualdad en salud en la década de los 90´, y qué explica su disminución después de 2001.

240

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Gráfico 1. Curva de Concentración de la tasa de mortalidad postneonatal ordenada por la pobreza medida por necesidades básicas insatisfechas. Entidades Federales. Venezuela. 1990 1,000

0,900

B

Muertes postneonatales (frecuencia acumulada)

0,800

0,700

0,600

0,500

0,400

0,300

A 0,200

0,100

-

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

1,000

Nacidos Vivos Registrados (frecuencia acumulada ordenada por los niveles de pobreza)

Benach y Muntaner (2005) plantean que son los factores socio-económicos los que interactúan en cada país creando desigualdades en salud. Identifican en el análisis tres categorías diferentes: en primer lugar una categoría global, afirmando que la causa más importante está relacionada con la manera cómo se organiza la sociedad, con el modelo económico y social de producción, el cual a su vez está estrechamente relacionado con la manera de distribuir la riqueza y el poder político entre los ciudadanos. Al respecto sostienen que “Las causas profundas de las desigualdades sanitarias se encuentran en el subdesarrollo económico y la desigualdad social, en gran parte relacionadas con las relaciones de explotación socioeconómica” (Benach y Muntaner, 2005, 109). TABLA 2. ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN CALCULADO POR POBREZA SEGÚN NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS. TASAS DE MORTALIDAD. VENEZUELA. 1990, 2001, 2010 VARIACION VARIACION TASAS DE MORTALIDAD 1990 2001 2010 1990-2001 2001-2010 TASA DE MORTALIDAD POSTNEONATAL -0,076 -0,208 -0,168 173% -18,9% TASA DE MORTALIDAD NEONATAL 0,044 -0,175 -0,218 302% 24,3% TASA DE MORTALIDAD DE 1 A 4 AÑOS -0,114 -0,267 -0,214 134% -20,0% TASA DE MORTALIDAD MATERNA -0,018 -0,206 -0,212 1014% 3,0% TASA DE MORTALIDAD GENERAL 0,015 -0,120 -0,117 723% -2,9% Fuente: Cálculos propios

En segundo lugar, mencionan la categoría intermedia, relacionada con los factores sociales correspondiente a las condiciones laborales, ambientales y familiares. Resaltan el nivel de ingreso, la pobreza, las condiciones laborales,

Desigualdad en salud antes y durante la revolución...

241

el acceso a agua potable, a alimentos, a educación, a viviendas en buenas condiciones. Por último, el nivel micro, relacionado con los factores psicosociales. Los autores plantean que el problema relacionado con la desigualdad en salud no es sólo la pobreza, sino también la desigualdad social (Benach y Muntaner, 2005). Por su parte, la Comisión sobre los Determinantes Sociales de la Salud plantea que la desigualdad en salud está explicada, de manera cercana, por las condiciones de vida relacionadas con los niveles de ingreso, condiciones laborales, acceso a alimentos, a educación, a servicios básicos, en resumen a los niveles de pobreza. Adicionalmente, y en este mismo nivel, la desigualdad en salud está explicada por el acceso oportuno y de calidad a los servicios de salud. Estos corresponden a los denominados determinantes sociales intermedios de la salud (OMS, 2008). Identifican un segundo nivel para explicar la desigualdad de la salud, denominado determinantes sociales estructurales, los cuales influyen de manera directa sobre los intermedios. Los determinantes estructurales se refieren a la manera como se organiza la sociedad, cómo se distribuyen la riqueza, los bienes, los servicios y el poder, tiene que ver con las posiciones socioeconómicas, las clases sociales, la equidad de género, las etnias, en definitiva con la desigualdad social. (OMS, 2008). Con base en este marco teórico, explicar la evolución de la desigualdad en salud en Venezuela, pasa por revisar el comportamiento de por lo menos tres aspectos antes y durante la Revolución Bolivariana: la pobreza, la desigualdad social y el acceso a los servicios de salud. Según resultados de los Censos Poblacionales de 1990, 2001 y 2011 realizados en Venezuela, el porcentaje de hogares en pobreza, incluyendo la extrema, en 1990 era 39. Para el año 2001, el mismo indicador de pobreza era 33% y para el año 2011, era 24%. La variación puntual de la pobreza entre 1990 y 2001 fue -14%, mientras que en el periodo 2001-2011, la disminución fue 26%, observándose una disminución de la pobreza en ambos períodos, aunque mayor durante la Revolución Bolivariana4 (INE, 2011a; INE, 2011b). 4 Es importante acotar, que se trata de variaciones puntuales entre dos años. No conocemos la tendencia de este indicador durante la década de los 90¨. Silva y Schliesser (1998) realizaron estimaciones de la pobreza para el período 1976-1997, obteniendo una tendencia ligeramente creciente en la década de los 90´, tomando como año de inicio 1990 y final 1997. Por su parte, Magallanes (2005), presenta unas cifras de pobreza para el periodo 1995-2002, en las cuales se evidencia una disminución del porcentaje de hogares pobres entre 1995 y 1999, a excepción de un incremento puntual durante el año 1996. Las cifras oficiales de la pobreza por línea de ingreso suminis-

242

Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales

Por su parte, la desigualdad social en Venezuela, medida por el Coeficiente de Gini, registró un incremento considerable en la década de los 90´, superior al incremento registrado durante los 80´también conocida como la década perdida. El Coeficiente de Gini pasó de 0,406 en 1990 a 0,444 en 2001, la desigualdad incrementó 9%, mostrando además una tendencia creciente a lo largo de la década (Baptista, 2011). Mientras que entre 2001 y 2008, el mismo coeficiente disminuyó 15%, pasando de 0,444 a 0,3790, mostrando la desigualdad social una tendencia decreciente durante la Revolución Bolivariana (Baptista, 2011). En el Gráfico 2 se presenta la serie del Coeficiente de Gini en Venezuela desde 1990 hasta 2008, evidenciándose una reversión de la tendencia a partir de 19995.

Gráfico 2: Coeficiente de Gini. Venezuela. 1990-2008

%

50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00%

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

25,00%

Años Fuente: Baptista (2011). Bases cuantitativas de la economía venezolana 1830-2008. Fundación Artesano Group. Caracas. Venezuela

tradas por el Instituto Nacional de Estadística están disponibles a partir de 1997, en la cual se observa una tendencia decreciente desde 1997 hasta 2000 (INE, 2011b). No obstante, y debido a que en este estudio hemos empleado para el cálculo de las desigualdades en salud, los mapas de pobreza resultantes de los Censos poblaciones, hemos considerado usar la misma fuente para el análisis de la pobreza, haciendo la salvedad de que se trata de variaciones puntuales. 5 La fuente de estos datos son las estimaciones tomadas del libro de Baptista (2011). Si bien el INE también suministra información de este indicador (INE, 2011b), lo hace a partir del año 1997, por lo que hemos decidió trabajar con una serie más completa que abarque desde 1990. Debemos mencionar, que en este caso, si bien existen algunas diferencias en cuanto los valores del Gini, las tendencias para cada una de las décadas coinciden en ambas fuentes.

Desigualdad en salud antes y durante la revolución...

243

A pesar de que en los noventa, específicamente entre 1990 y 2000, se registró una disminución de la pobreza de 14%, la desigualdad social en estos años incrementó 9%, pasando el coeficiente de Gini de 0,406 en 1990 a 0,4220 en 2000, mostrando adicionalmente una tendencia sostenidamente creciente durante el periodo (ver Gráfico 2) (Baptista, 2011; INE, 2011b). Por lo que, no necesariamente las disminuciones de la pobreza van acompañadas de disminuciones de la desigualdad social, se trata de fenómenos distintos, explicados por factores diferentes. En la década de los 90´, el producto interno bruto per cápita incrementó de 2.464 US$ en 1990 a 4.847 US% en 2000 (BCV, varios años) (ver Gráfico 3), dicho incremento, si bien estuvo acompañado de una disminucion del 14% de la pobreza, éste no se reflejó en una disminución de la desigualdad social medida por el coeficiente de Gini. Esta situación nos lleva a plantear la hipótesis de que el aumento del PIB per cápita (es decir una torta más grande) permitió a un grupo de la población incrementar sus niveles de ingreso y ubicarse por encima de la línea de pobreza, saliendo estadísticamente de dicha condición. Sin embargo, este monto adicional de riqueza fue distribuido de manera más desigual que en años anteriores. La moderada disminución de la pobreza en la década de los 90´ se explica por el incremento del PIB per cápita, aunque distribuido de manera más regresiva. Otra hipótesis que surge es que de haberse mantenido la estructura de distribución del ingreso, y de no haber variado el coeficiente de Gini durante la década de los 90´, y dado el incremento registrado del PIB, la disminución de la pobreza durante ese periodo hubiese sido mayor. A diferencia de la década de los 90´, a partir de 1999 y hasta 20086 (durante la Revolución Bolivariana), el incremento del PIB per cápita y la disminución de la pobreza han estado acompañados de una disminución de la desigualdad social medida por el coeficiente de Gini. El PIB per cápita incrementó de 4.990 US$ en el 2001 a 11.282 US$ en el 20087, mostrando una tendencia mayor durante este periodo (BCV, varios años) (ver Gráfico 3), por su parte, la pobreza, como ya mencionamos, registró una variación puntual de -26% (aproximadamente un 80% más que la década de los 90´), y la desigualdad social disminuyó 6 Trabajamos con la serie hasta el año 2008 en lo que a PIB y pobreza se refiere, para hacerlas coincidir con los datos de la serie del Coeficiente de Gini, la cual, con base en los datos tomados de Baptista, disponemos hasta dicho año. 7 Debemos aclarar que el PIB en US$ per cápita fue calculado usando el tipo de cambio oficial, lo que en algunos años pudiese estar reflejando efectos de sobrevaluación o subvaluación de la moneda. Sin embargo, la tendencia del PIB medido en US$ per cápita es similar a la tendencia del PIB medido en bolívares constantes per cápita, es decir, incrementa en ambas décadas.

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15%, pasando de 0,440 en 2001 a 0,3790 en 2008. Durante este periodo, la disminución de la pobreza puede estar siendo explicada por el incremento del PIB per cápita (mayor tamaño de la torta) además de una repartición menos desigual de dicha riqueza.

Gráfico 3. Producto Interno Bruto per cápita. US$. Venezuela (1990-2008)

US$

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

-

Años Fuente: Banco Central de Venezuela. Anuarios Estadísticos. Varios años. Cálculos propios

Durante los 90´, nos encontramos ante una situación en la que se registró un crecimiento de la economía, medido por el PIB per cápita, siendo éste sólo un promedio estadístico, el cual escondía el hecho de que dicho incremento de la riqueza fue repartido de manera desigual haciendo que unos concentrasen mayores proporciones que otros, reflejándose entonces en un aumento del coeficiente de Gini y de la desigualdad social. El que haya crecimiento económico no necesariamente implica disminución de la pobreza, como tampoco de la desigualdad social: situaciones en las cuales haya crecimiento económico acompañado de aumentos en la desigualdad social –a tal punto de que mayores desigualdades contrarresten el efecto del aumento de la riqueza– puede incluso colocarnos ante la presencia de mayores niveles de PIB con mayores niveles de pobreza y también de desigualdad. Lo que nos lleva a plantearnos el hecho de que la pobreza, no sólo depende de los niveles de riqueza, sino de cómo ésta se distribuye.

Desigualdad en salud antes y durante la revolución...

245

La diferencia entre ambos periodos, antes y durante la Revolución Bolivariana, es que en los 90´, el crecimiento económico estuvo acompañado de un aumento de la desigualdad social, mientras que en la primera década del siglo XXI, crecimos y disminuimos la desigualdad. La concepción del modelo socioeconómico y por lo tanto la orientación de las políticas, son aspectos fundamentales para comprender el comportamiento de los niveles de desigualdad, así como los cambios y resultados disimiles en ambas décadas. Esta evolución de la desigualdad social en Venezuela desde 1990 coincide con los resultados obtenidos en la desigualdad en salud. Evidenciamos un incremento en la década de los 90´ (antes de la Revolución Bolivariana) y una disminución a partir de 1999, durante el denominado proceso de Revolución. Asimismo, un fenómeno similar identificamos cuando revisamos el comportamiento de la desigualdad en salud y el de las tasas de mortalidad: no necesariamente una disminución de las muertes y de las tasas de mortalidad, implican una disminución de la desigualdad en salud. En el Gráfico 4 se presenta el comportamiento de la tasa de mortalidad postneonatal desde 1990 hasta 2010 y observamos tendencias decrecientes tanto en la década de los 90´como durante la RB, siendo más pronunciada a partir de 1999 (Curcio, 2013). No obstante, y como hemos mencionado anteriormente, la desigualdad en salud medida por la tasa de mortalidad postneonatal, incrementó 173% en los 90´, mientras que entre 2001 y 2010 disminuyó 18,9%. El hecho de que en promedio disminuya la tasa de mortalidad no significa necesariamente, que a lo interno del país no haya diferencias que impliquen que unos grupos de la población, por lo general los más pobres, mueran en mayor proporción que el resto. En promedio, en los noventa, disminuyó el número de muertes de niños entre 1 y 12 meses, pero de los niños que fallecieron, una mayor proporción eran pobres. A esto nos referimos cuando planteamos que los promedios esconden las desigualdades, y que se trata de muertes socialmente injustas en la medida que pueden ser evitadas mediante acciones y políticas que tiendan a implementar modelos socioeconómicos más igualitarios que garanticen, por una parte, la disminución de los niveles de pobreza y mejoras en las condiciones de vida, y por la otra, políticas sociales universales, con enfoques de derechos e inclusión social. Crecimientos en la economía, como hemos expuesto, no son suficientes para disminuir la pobreza, y menos aun para disminuir la desigualdad social. Las disminuciones de la pobreza por la vía de incrementos de la riqueza sin modificar los esquemas regresivos de distribución de dicha riqueza, generan resultados coyunturales, de corto plazo, y sensibles al comportamiento del PIB, y no permiten la superación de la pobreza en términos estructurales.

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Gráfico 4. Tasa de Mortalidad Postneonatal. Venezuela. 1990-2010 14,00

Tasa 12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

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Años Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Salud. Anuarios de Mortalidad. Varios años. Cálculos propios.

Cambios en la composición social, en la estructura de distribución de la riqueza, de los bienes y del poder nacional mediante políticas universales por parte del Estado en ejercicio de su rol de redistribuidor, implicarían cambios que permiten no solo disminuir la desigualdad social, sino además combatir estructuralmente la pobreza. Estas políticas deben basarse en una concepción de derechos, orientada a toda la población sin distinción y no en programas focalizados los cuales se han caracterizado por exigir como condición para ser ofrecidos, demostrar la condición de pobreza. De acuerdo con lo planteado por Magallanes (2005) “Con la crisis del orden político y la caída de los ingresos petroleros a partir de los años 80, se abandonó [en Venezuela] cualquier aspiración a la universalidad. Los programas sociales dejaron de plantearse en términos de lograr objetivos amplios de reforma social, o de “compensar las desigualdades creando mecanismos de solidaridad”, para plantearse objetivos más limitados en términos de focalización y de compensación parcial del impacto negativo de los programas de ajuste y de las crisis económicas, postergando la satisfacción de las aspiraciones públicas más trascendentes, tales como la equidad o la redistribución del ingreso” (Magallanes, 2005, 7). La focalización social caracterizó las políticas en la década de los 90´, estaban orientadas a compensar mínimamente a los grupos más pobres de la población por la caída de su nivel de ingreso, sin que ello implicase necesariamente la posibilidad de salir de la condición de pobreza, tampoco un cambio en cuanto

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a la estructura y distribución de riqueza en la sociedad, como tampoco transferencia de poder, construcción de ciudadanía y garantía de derechos. Por el contrario, y siguiendo el planteamiento de Magallanes (2005), a partir de 1999, las políticas sociales se caracterizaron por su concepción universal, no limitándose a compensar y complementar los niveles de ingreso a la población más pobre, más bien “la acción gubernamental en materia social tiene objetivos explícitos de reforma social, es decir, se propone realizar acciones en el ámbito económico y material para inducir el cambio en la sociedad, con obvias consecuencias redistributivas” (Magallanes, 2005, 82). Este cambio en la concepción de políticas sociales a partir de 1999 al compararlo con los 90´8, se vio reflejado no sólo en un cambio en la distribución de la riqueza, medido por el coeficiente de Gini, sino en el caso que nos compete, en un cambio importante del comportamiento de la desigualdad en salud, que como hemos dicho, está relacionado en general, con tres variables: la desigualdad social, la pobreza, y el acceso universal a los servicios de salud. En cuanto al acceso a servicios de salud, debemos mencionar que la aprobación de la Constitución de la República en 1999, marcó un hito en lo que a cambios en la concepción y políticas de salud se refiere (Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, 1999). A partir de ese momento, la salud se concibe como un derecho social fundamental, el cual debe ser garantizado por el Estado sin discriminación de ningún tipo, es decir, sin importar la capacidad de pago, clase social, condición socioeconómica o laboral. Esta concepción se contrapone con la que prevalecía en décadas pasadas, particularmente en la de los 90´, en la que la salud se consideraba una mercancía y por lo tanto se regía por las leyes del mercado. Entendida de esta manera, el acceso a los servicios oportunos y de calidad en salud, dependía de la capacidad de pago o afiliación de las personas a aseguradoras, principalmente privadas, generándose barreras a la prestación y financiamiento del servicio (Feo, 2004). El sistema de prestación de los servicios de salud durante la década de los 80 y 90 se caracterizó por el desfinanciamiento del sector, la desinversión en el mantenimiento de la infraestructura y la privatización directa e indirecta, mediante el cobro o solicitud de insumos a los usuarios (OPS, 2006; Magallanes, 2005). “Entre la década de los ochenta y noventa el sector público de salud tuvo muy poco crecimiento pero se expandió el sector privado de salud. Por ejemplo, 8 No es objetivo de este trabajo profundizar en el análisis de las diferencias de políticas sociales antes y durante la Revolución Bolivariana. Para mayor información sobre este tema se puede leer Magallanes 2008; Curcio 2013 a; Curcio 2013 b.

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en esos veinte años se construyeron 50 establecimientos públicos de salud nuevos y alrededor de 400 clínicas privadas” (OPS, 2006, 11). Mecanismos de recuperación de costos, por la vía de la creación de fundaciones privadas dentro de los establecimientos públicos de salud, caracterizaron la prestación de estos servicios durante la década de los 90´. Esta privatización de los servicios públicos de salud que se dio en la práctica, fue formalizada mediante la aprobación de las leyes de Salud y de Administradoras de Fondos de Salud en 1998, las cuales concebían dos sistemas de salud, uno para aquellos con capacidad de contratar financiamiento y servicios a través de las administradoras de fondos y prestadoras de servicios de salud, y otro para aquellos sin capacidad de pago, siendo el Estado quien les garantizaría la prestación de servicios mínimos y básicos de salud (Provea, 2005). Adicionalmente, para aquella población que se rige por el sistema privado, una vez haya completado su cobertura, es el Estado el que debe compensarle. Luego de la aprobación de la Constitución de 1999, fueron tomadas dos decisiones en materia de financiamiento y prestación de servicios de salud: la prohibición del pago en los establecimientos públicos de salud, y la reversión del proceso de privatización mediante la derogatoria de las leyes aprobadas en 1998 (Provea, 2005). A partir del año 2003, inició la Misión Barrio Adentro, la cual basada en la atención primaria en salud y con un enfoque de derecho social fundamental, tiene como objetivo garantizar los servicios de salud a toda la población de manera gratuita sin discriminación de ningún tipo y mediante la disminución de las barreras geográficas a través de la construcción de establecimientos de salud en los barrios donde habitan principalmente los grupos más pobres de la población. (Alayón, 2005; Muntaner, 2008; OPS, 2006; Alvarado et al, 2008; Curcio, 2013). La principal diferencia del sistema de salud en Venezuela entre las dos décadas en estudio es que el de los 90´, se caracterizó por la privatización (de hecho y de derecho) bajo una concepción de la salud como bien de mercado, mediante la administración privada de intermediarios financieros o a través del pago directo o indirecto en los establecimientos de salud. Esta privatización se manifestó en un incremento del gasto privado en salud durante la década de los 90´, el cual mostró una tendencia creciente desde 1990 hasta 1998, pasando de 0,93% del PIB a 3,07% (Curcio, 2010). Por el contrario, a partir de 1999, el sistema de salud se concibe, de acuerdo con la Constitución, como público, financiado por el Estado. Concepción que se concretó en un incremento del gasto público acompañado de una disminución del gasto privado. Desde 1999 hasta 2007, el gasto privado en salud mostró una tendencia decreciente pasando de 3,42% del PIB a 3,07% (Curcio, 2010).

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El Gráfico 5 muestra el comportamiento del gasto total en salud antes y durante la Revolución Bolivariana, observándose un incremento del gasto total desde 1990 hasta 2007. Durante el periodo 1990-1999 dicho incremento fue resultado del aumento del gasto privado y la disminución del público, resaltando el hecho de que en 1999 el gasto privado superó al público. A partir del año 2000, el gasto total en salud incrementó como consecuencia del aumento del gasto público y la disminución del privado. GRAFICO 5 GASTO TOTAL, PÚBLICO Y PRIVADO EN SALUD CON RESPECTO AL PIB. VENEZUELA 1990-2007 10,00% 9,00% 8,00% 7,00%

PORCENTAJES

6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

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2006

2007

AÑOS GASTO PÚBLICO/PIB

GASTO PRIVADO/PIB

GASTO TOTAL/PIB

Fuente: Curcio, 2010

El gasto privado afecta en mayor proporción los niveles de ingreso de los hogares pobres con respecto a los hogares más ricos de la población. Los hogares con menores recursos se encuentran limitados ante las barreras de acceso económico que implica la privatización de la prestación de los servicios de salud, ya sea para pagar de manera directa los servicios o para contratar una póliza de seguros de hospitalización, cirugía y maternidad. La privatización del sector salud en la década de los 90´ impactó en mayor medida a los grupos más pobres de la población, lo cual hemos visto reflejado en un incremento de la desigualdad en salud. En otras palabras, las barreras económicas al acceso de los servicios de salud en la década de los 90´ implicaron que en términos relativos, las muertes se registraran mayoritariamente en los grupos más pobres. La concepción de la salud como bien de mercado, la privatización de los servicios de salud mediante el cobro directo e indirecto en los establecimientos, políticas sociales focalizadas y el incremento de la desigualdad social en la década de los 90´ se reflejaron en incrementos del gasto privado en salud, en disminución del gasto público y en un aumento importante de la desigualdad

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en salud durante ese periodo. Por el contrario, la nueva concepción de la salud como derecho social fundamental, políticas que revirtieron la tendencia privatizadora de la prestación del servicio de salud, políticas sociales universales a partir de 1999, se reflejaron en aumentos del gasto público en salud y disminución del privado, así como en disminuciones de la desigualdad en salud o incrementos menores. Conclusiones La primera conclusión que se desprende del trabajo es que hubo un cambio en el comportamiento de la desigualdad en salud en Venezuela a partir de 1999: antes de la Revolución Bolivariana (1990-1998), la desigualdad registró un incremento considerable, revirtiendo luego su tendencia durante el periodo 1999-2010. Por lo tanto, en la década de los 90´, murió injustamente una mayor proporción de personas, solo por el hecho de pertenecer a un estrato socioeconómico bajo y por su condición de pobreza. A partir de 1999, dicha proporción es menor y el número de muertes socialmente injustas disminuyó al compararlo con la década previa. Una segunda conclusión es que la desigualdad en salud está estrechamente relacionada con la desigualdad social. Antes de la RB, la desigualdad social, al igual que la de salud mostró una tendencia creciente, mientras que durante la RB, revirtió su comportamiento registrando disminuciones a lo largo del periodo. En tercer lugar, observamos que en la década de los 90´, el crecimiento económico, aunque estuvo acompañado de una moderada disminución de la pobreza, no necesariamente generó una disminución de la desigualdad social ni de salud. Al contrario, se registraron altos índices de concentración de las tasas de mortalidad. Por lo que no necesariamente crecimientos de la economía se verán reflejados en disminuciones de la desigualdad social, entre ellas las de salud. Cuarto, y relacionado con la conclusión anterior, es la concepción de la salud y por lo tanto de las políticas sociales que de ella se desprenden, lo que permite explicar las diferencias del comportamiento de la desigualdad de salud antes y después de la RB. En la década de los 90´, se concebía la salud como un bien de mercado, y las políticas y acciones se orientaron a la privatización de la prestación, lo que se reflejó en un incremento del gasto privado en salud con respecto al público y un aumento de la desigualdad en salud. Se generaron barreas económicas al acceso de los servicios de salud, siendo la población pobre la más afectada. Por el contrario, a partir de 1999, las políticas se orientaron a revertir el proceso de privatización del sistema de salud, indicando un cambio en el comportamiento de los indicadores de desigualdad en salud.

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En quinto lugar, la disminución de la desigualdad de salud pasa por contar con sistemas de prestación y financiamiento públicos, gratuitos y de acceso universal, acompañado de políticas sociales que permitan mejorar las condiciones de vida de la población, disminuir de manera estructural la pobreza, pero sobre todo, políticas que permitan una disminución de las desigualdades sociales, que impliquen cambios estructurales en la sociedad.

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Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales

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Rev. Venez. de Econ. y Ciencias Sociales, 2013, vol.19, nº 1 (enero-abril), pp. 253-261

Resúmenes/Abstracts Un nuevo sentido de la política: La condición para una Venezuela plural Vladimir Aguilar Castro Resumen En el presente artículo pretendemos dar cuenta de algunas premisas que permitan poner en discusión el planteo de un nuevo sentido a la política para una Venezuela plural necesaria. En efecto, el punto de partida de nuestra propuesta se sostiene en la idea de Hannah Arendt sobre la política como expresión de la pluralidad humana. Para ello proponemos mirar la política como herramienta de concreción de derechos consagrados constitucionalmente, esta vez en el ámbito del reconocimiento de nuevos espacios políticos para el ejercicio también de nuevas ciudadanías. Palabras Clave: policía, ciudad, espacio público, convivencia ciudadana. A New Direction in Politics: Conditions for a Plural Venezuela Vladimir Aguilar Castro Abstract In this article we explain some assumptions that can be brought into discussion the proposition of a new political direction for the plural Venezuela necessary. Indeed, the starting point of our proposal is held at the idea of Hannah Arendt on the policy as an expression of human plurality.We propose to look at the policy as a tool of realization of constitutionally enshrined rights, this time in the field of recognition of new political spaces for the exercise also new citizenships. Keywords: Police, City, Public Space, Citizenship Coexistence. De la negación a la reafirmación: Polarización, diversidad social y entendimientos en Venezuela Horacio Biord Castillo Resumen La conflictividad sociopolítica que ha vivido Venezuela desde 1999 en adelante ha sido analizada, generalmente, privilegiando indicadores políticos y económicos sobre una perspectiva sociocultural. Este trabajo combina un doble abordaje, etnohistórico y etnográfico, como forma de aproximarse a las posibles causas de dicha situación, tratando de privilegiar los posibles componentes socioculturales del conflicto. Mediante una visión histórica, se intenta una caracterización

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etnográfica de la sociedad venezolana, explicando sus orígenes históricos. Igualmente se deslindan grupos sociodiversos que probablemente posean también racionalidades económicas y políticas no solo diferentes sino excluyentes o, al menos, contradictorias. Finalmente, se proponen algunos posibles mecanismos para facilitar el diálogo y el entendimiento entre sectores enfrentados. Palabras Clave: Polarización, diversidad social, entendimiento, Venezuela. From Negation to Reaffirmation: Polarization, social diversity and understandings in Venezuela Horacio Biord Castillo Abstract The socio-political conflict that has lived Venezuela, from 1999 onwards, has generally been analyzed privileging political and economic indicators on a sociocultural perspective. This essay combines a double approach, ethno historical and ethnographic, as a way of approaching the possible causes of this situation, trying to give priority to the possible socio-cultural components of the conflict. By means of an historical view, the author proposes an ethnographic characterization of Venezuelan society, explaining its historical origins. In addition, he separates socially diverse groups that may probably also have economic and political rationalities -not only different but mutually exclusive, or, at least, contradictory. Finally, the paper suggests some possible mechanisms to facilitate dialogue and understanding between opposing sectors. Keywords: Polarization, social diversity, understanding, Venezuela. Cuerpos a-normales, rutas desviadas. De la cartografía corporal a la cartografía urbana Argelia Bravo Resumen El presente texto expone la investigación trans-indisciplinaria, promiscua e informal desde las prácticas artísticas realizada entre 2003 y 2010 junto a las mujeres transformistas en Caracas, a partir de la cual se propone la interpretación del cuerpo como una cartografía de lo social, por medio de la reconstrucción de la historia de vida de Yhajaira Marcano Bravo, transformista venezolana, a través de sus cicatrices corporales. Esta biografía dérmica procura rastrear, como firma autoral y como marca del estilo diversiforme del cuerpo social, la representación del gesto político que apunta a la violencia corporal como expresión de dominio desde la intolerancia hacia lo sexodiversidad y sus formas de representación. Asimismo se propone la noción de “trocha” como la metáfora de

Resúmenes/Abstracts

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la desobediencia al canon social y artístico y como una ruta creativa que puede enfrentar el reticulamiento, parcelamiento y disciplinamiento en la producción de conocimientos. Las cartografías de los cuerpos torcidos y las rutas des-viadas, invisibles en la cartografía legal, nos proporcionan entonces una memoria negada por la historia oficial. Palabras Clave: Arte social, transexuales, cuerpo, cartografía, Venezuela. Abnormal Bodies, Deviant Routes. From Bodily Cartography to Urban Cartography Argelia Bravo Abstract This article exposes a trans-indisciplinary, promiscuous and informal research from the arts practices developed between 2003 and 2010 together with transsexual women (transformistas) in Caracas, which proposes to interpret the body as a social cartography throughout the reconstruction of Yhajaira Marcano Bravo life story, Venezuelan transformista, by means of her bodily scars. This dermic biography aims to trace back, as authorial signature and as a polymorphic mark of the social body, the representation of the political gesture that points out bodily violence as expression of domination coming from the intolerance towards sexual diversity and its representation forms. It also proposes the notion of “trail” (trocha) as a metaphor of disobedience to arts and social canon and as a creative rout to confront reticulation, parceling y disciplining in knowledge production. The cartographies of queer twisted bodies and deviant routes, invisible to legal cartography, thus provide a memory negated by official history. Keywords: Social Art, Transsexuals, body, cartography, Venezuela. Desigualdad en salud antes y durante la Revolución Bolivariana. Venezuela (1990-2010) Pasqualina Curcio Curcio Resumen El objetivo de esta investigación es medir y analizar la desigualdad en salud antes y durante la Revolución Bolivariana (RB). Hemos seleccionado para la medición el índice de concentración, llegando a las siguientes conclusiones: 1) Antes de la RB (1990-1998) la desigualdad registró un incremento considerable, revirtiendo su tendencia durante el periodo 1999-2010. 2) La desigualdad en salud está estrechamente relacionada con la desigualdad social. 3) En la década de los 90´, no necesariamente crecimientos de la economía se vieron reflejados en disminuciones de la desigualdad social y de salud. 4) La disminución de la

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desigualdad de salud pasa por concebir la salud como un derecho y contar con sistemas de salud públicos, gratuitos y de acceso universal, acompañado de políticas sociales que permitan mejorar las condiciones de vida de la población, disminuir de manera estructural la pobreza, pero sobre todo, políticas que permitan una disminución de las desigualdades sociales, que impliquen cambios estructurales en la sociedad. Palabras Clave: Desigualdad en salud, Venezuela, políticas sociales, privatización de la salud. Health Inequality Before and During Bolivarian Revolution. Venezuela (19902010) Pasqualina Curcio Curcio Abstract The goal of this research is to measure and to analize health inequality before and during the Bolivarian Revolution (RB). A concentration index has been selected for measuring, reaching the following conclusions: 1) Before RB (19901998) inequality shown a considerable increase, reverting its tendency during the 1999-2010 period. 2) Health inequality is closely related to social inequality. 3) In the 90´s decade, economic increasing did not necessarily reflected in health and social inequalities diminishing. 4) Diminishing of health inequality needs the conception of health as a right and counting with free and universal access public health systems, together with social politics that allow to improve population life standards, structurally diminishing poverty but, specially, politics that allow a diminishing of social inequalities implying structural changes in the society. Keywords: Health Inequality, Venezuela, social politics, health privatization. Las características distintivas de la nueva izquierda latinoamericana en el poder: Los gobiernos de Chávez, Morales y Correa Steve Ellner Resumen Los gobiernos de Hugo Chávez (Venezuela), Evo Morales (Bolivia), y Rafael Correa (Ecuador) han formulado estrategias, políticas, y discursos similares que contrastan con los de los centro-izquierdistas en el poder en Argentina, Brasil, y Uruguay, así como las experiencias social-democráticas, socialistas y populistas clásicas del pasado. Los tres gobiernos han triunfado en las urnas con una gran mayoría, se basan en la movilización permanente de sus seguidores, y abrazan la “democracia radical” basada en un poder ejecutivo fuerte y la participación popular directa en contraposición a los mecanismos corporativistas y el

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balance de poderes asociado con la democracia liberal. En política exterior, han establecido vínculos estrechos con los gobiernos latinoamericanos de centroizquierda y han promovido acuerdos unitarios en el continente para resolver las disputas políticas que excluyen a los Estados Unidos, al mismo tiempo que han diversificado las relaciones comerciales y tecnológicas. Finalmente, los tres gobiernos se han caracterizado por la radicalización constante que han contribuido a una intensa polarización política y social. Sus movimientos han dado forma a una nueva narrativa de la nacionalidad que vincula los objetivos radicales y el sentimiento nacionalista con las tradiciones de la lucha política y social. Palabras Clave: Nueva izquierda, Latinoamérica, Chávez, Morales, Correa, socialismo del siglo XIX. Distinctive Characteristics of the New Latin American Left in Power: Chávez, Morales and Correa Governments Steve Ellner Abstract The governments of Hugo Chávez (Venezuela), Evo Morales (Bolivia) and Rafael Correa (Ecuador) share common strategies, policies and discourses that contrast with those of center-leftists in power in Argentina, Brazil and Uruguay, as well as social democratic, socialist and classical populist experiences of the past. All three governments have triumphed at the polls with large majorities, rely on the ongoing mobilization of their followers, and embrace radical democracy based on a strong executive branch and direct popular participation as opposed to corporatist mechanisms and the balance of powers associated with liberal democracy. The three governments have been characterized by steady radicalization, their movements consist of multi-class alliances and their economic policies have diversified commercial and technological relations. They have established close ties with Latin American center-left governments and have promoted unity arrangements in the continent to resolve political disputes that exclude the United States. The three countries are characterized by intense social and political polarization. Finally, the three movements have fashioned a new narrative of nationhood that links radical goals and nationalist sentiment with traditions of political and social struggle. Keywords: New Left, Latin America, Chávez, Morales, Correa, Twentienth Century Socialism. Representación e imagen del Policía de Caracas: Apuntes para el debate sobre la convivencia ciudadana Beatriz Juárez Rodríguez

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Resumen En el presente artículo pretendemos dar cuenta de algunas premisas que permitan poner en discusión el planteo de un nuevo sentido a la política para una Venezuela plural necesaria. En efecto, el punto de partida de nuestra propuesta se sostiene en la idea de Hannah Arendt sobre la política como expresión de la pluralidad humana. Para ello proponemos mirar la política como herramienta de concreción de derechos consagrados constitucionalmente, esta vez en el ámbito del reconocimiento de nuevos espacios políticos para el ejercicio también de nuevas ciudadanías. Palabras Clave: policía, ciudad, espacio público, convivencia ciudadana. Representation and image of the Policía de Caracas: Notes for Debating Citizenship Coexistence Beatriz Juárez Rodríguez Abstract In this article we explain some assumptions that can be brought into discussion the proposition of a new political direction for the plural Venezuela necessary. Indeed, the starting point of our proposal is held at the idea of Hannah Arendt on the policy as an expression of human plurality.We propose to look at the policy as a tool of realization of constitutionally enshrined rights, this time in the field of recognition of new political spaces for the exercise also new citizenships. Keywords: Police, city, public space, coexistence. Estado y democracia en los países andinos entre 1930 y 1990: Una exploración Margarita López Maya Resumen Entre 1930 y 1990 se producen cruciales transformaciones sociales y económicas en las sociedades de América Latina, incluyendo los países andinos, que repercuten sobre las estructuras y orientaciones del Estado y los sistemas políticos. Los cambios son causados, en primer lugar, por las grandes modificaciones que se producen en el sistema capitalista mundial, enmarcados por la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión de 1930, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y los procesos de globalización económica de las décadas del setenta y ochenta. A diferencia de los siglos anteriores, cuando el capital internacional se mantuvo básicamente en el sector comercial de las economía de estos países, en el siglo XX se produjo una penetración de capitales en procesos productivos de cada país, trastornando las relaciones tradicionales de producción, y creando condiciones para la emergencia de sociedades capitalistas de rasgos

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periféricos con Estados nacionales modernos. El capítulo plantea ideas e hipótesis sobre las características sociopolíticas de los Estados andinos entre 1930 y 1990. Se trata de una primera exploración en una temática que se ha mostrado casi virgen, pues si bien los Estados andinos siguen las tendencias que se han planteado en estudios sobre América Latina en esta época, muestran sus propias peculiaridades que han sido poco estudiadas en perspectiva comparada. Así mismo, entre ellas las diferencias pueden ser significativas. Pero, dada la vocación de sus gobiernos y/o actores políticos de buscar afinidades entre sí, con miras a la construcción de una identidad andina común, este ensayo analiza este período histórico buscando capturar las similitudes y contrastes entre ellos. Palabras Clave: Política comparada, Estado, democracia, Andes (1930-1990). State and Democracy the Andean Countries between 1930 and 1990: An exploration Margarita López Maya Abstract Between 1930 and 1990, crucial economic and social transformations develop in Latin American societies, including Andean countries that affect the structures and orientations of the State and the political systems. Changes caused, first, due to major modifications of the global capitalist system, comprised between the First World War, The Greta Depression of 1930, The Second World War, The Cold War, and the economic globalization processes of the seventies and eighties decades. In contrast to the previous centuries, when international capital stayed basically within the commercial sector of these countries economy, in the twentieth century a capital penetration occurred in the productive processes of each country, transforming traditional relations of production and creating the conditions for the emergence of capitalist societies with peripheral traits in relation to modern national States. This article offers ideas and hypothesis on the sociopolitical characteristics of the Andean States between 1930 and 1990. It is a preliminary exploration of a almost untouched topic since, although Andean States follow tendencies formulated in studies on Latin America for that period, they show their own peculiarities that have being scarcely studied from a comparative perspective. Thus differences among them could be significative. But, due to the tendency of their governments and/or political actors to emphasize their affinities aiming fot constructing a common Andean identity, this article analises this historic period searchin for capturing similarities and contrasts among them. Keywords: Comparative Politics, State, Democracy, Andes (1930-1990)

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Polarización, representaciones e imaginarios del “otro” en Venezuela: ¿La convivencia en cuestión? Mireya Lozada Santeliz Resumen En Venezuela, en el marco de la “Revolución Bolivariana”, si bien la confrontación política ha estimulado procesos de concientización política y participación social, también ha provocado una aguda polarización y representaciones sociales que generan rivalidades y luchas entre grupos opuestos considerados enemigos, en medio de un clima de desconfianza y miedo colectivo. En ese contexto, cabe preguntarse ¿Cuales son los sentidos compartidos en una sociedad marcada por la polarización? ¿De qué manera profundizar la democratización en espacios separados física y simbólicamente? ¿Cuáles representaciones de la comunidad política son construidas y compartidas socialmente? ¿Cuáles sujetos sociales permanecen al margen de la dicotomía: « Nosotros-ellos » ? A partir de las reflexiones derivadas de proyectos de investigación-acción desarrollados con diferentes sectores sociales, el artículo aborda estas cuestiones, analiza el impacto psicosocial de la polarización, la emergencia y transformación de representaciones sociales, así como el rol jugado por los procesos identitarios e influencia social en la búsqueda de profundización democrática. Palabras Clave: Polarización social, representaciones sociales, imaginarios del Otro, Revolución Bolivariana. Polarization, representations and imaginaries of the “Other” in Venezuela: ¿Coexistence in question? Mireya Lozada Santeliz Abstract In Venezuela, in the context of the “Bolivarian revolution”, although the political confrontation has stimulated processes of political awareness and social participation, it has also led to an acute polarization and to social representations that generate rivalries and struggles between opposing groups considered as enemies, amid a climate of mistrust and collective fear. In this context, one could ask: Which meanings are shared in a society marked by polarization? How to deepen democratization in spaces that are physically and symbolically separate? Which representations of the political community are socially constructed and shared? Which social subjects remain outside the “us-them” dichotomy? From the reflections derived from actionresearch projects developed with different social sectors, the paper addresses these issues, analyzes the psychosocial impact of polarization, the emergence and transformation of social representations, and the role played by identity processes and social influence in the search for the deepening of democracy.

Resúmenes/Abstracts

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Keywords: social polarization, social representations, imaginary of “other” Bolivarian revolution. La gestión productiva del espacio social urbano en Venezuela. La morfología de Caracas en la modernidad del siglo XX Newton Rauseo Resumen La Venezuela del siglo XXI es predominantemente urbana, como consecuencia del impacto social que significó el cambio de una economía feudal y precapitalista, mono-agropecuaria exportadora hasta el siglo XIX, a una capitalista mono-petrolera e igualmente exportadora y dependiente en el siglo XX. Las migraciones masivas de población desde el medio rural, y medianos y pequeños pueblos hacia las grandes ciudades, fue determinante para el rápido crecimiento de éstas últimas. Caracas fue primigenia de los fenómenos culturales que se produjeron en la morfología física como resultado de la acción de morfologías sociales, económicas y políticas que repercutieron en la gente. Planteamos un necesario análisis crítico de los aspectos productivos urbanos más relevantes acontecidos en el siglo pasado, para una reflexión hacia la convivencia digna y justa en un nuevo espacio social urbano. Palabras Clave: Gestión productiva, espacio social urbano, Caracas, siglo XX. Productive Management of the Urban Social Space in Venezuela. Caracas Morphology in the Twentieth Century Modernity Newton Rauseo Abstract Venezuela in the XXI century is predominantly urban, as consequence of social impact changing from feudal and pre-capitalist economy, mono-exporting agricultural until the XIX century, to a mono-capitalist oil exporter and also dependent on the XX century. The mass migration of population from the rural countryside and small and medium towns to large cities was instrumental in the rapid growth of the latter. Caracas was primeval of cultural phenomena that occurred in the physical morphology as a result of action of the morphologies social, economic, political and theirs repercussions on people. It poses a need for critical analysis of the most important urban production aspects that occurred in the last century, allowing reflection towards just and dignified coexistence in a new urban social space. Keywords: Productive Management, Urban Space, Caracas, Twentieth Century

Rev. Venez. de Econ. y Ciencias Sociales, 2013, vol.19, nº 1 (enero-abril), pp. 263-266

COLABORADORES Aguilar Castro, Vladimir

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Politólogo y abogado por la Universidad de Los Andes de Mérida, Venezuela. Es Doctor en Estudios del Desarrollo mención Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo (IUAEID) de Ginebra, Suiza. En la actualidad es profesor titular en el área de política internacional en el Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina (CEPSAL) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. Dirige el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la ULA y ha publicado libros, capítulos de libros y artículos en revistas en Suiza, Francia, España, Argentina, Bélgica, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Brasil, Estados Unidos, Cuba y Venezuela sobre derechos indígenas, movimientos sociales y ecología política, entre otros. Biord Castillo, Horacio

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Licenciado en Letras, Magíster en Historia de las Américas, Doctor en Historia, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Investigador del Laboratorio de Etnohistoria y Oralidad, Centro de Antropología, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro correspondiente de la Academia de la Historia del Estado Miranda. Sus líneas de investigación son etnohistoria, sociolingüística, etnicidad e indigenismo. Ha publicado diversos trabajos en sus áreas de especialización, tanto artículos en revistas especializadas como libros y capítulos en libros Bravo, Argelia

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Artista plástica y documentalista. Estudiante tesista de Artes visuales en la Universidad Nacional Experimental de las Artes UNEARTES. Ha desarrollado su investigación en las artes visuales desde una perspectiva política transfeminista y ecofeminista. Ha participado en múltiples exposiciones nacionales e internacionales destacándose: La X Bienal Internacional de la Habana, 2010, y las exposiciones individuales Arte social por las trochas hecho a palo pata’ y kunfú, CELARG, 2010 y Aula 7, Escuela de cuadros y pepas, Museo de Arte Contemporáneo, Caracas, 2012. Ganadora de: Premio Nacional de Cultura Mensión Artes Plásticas 2010, Mención especial cortometraje y Mención especial mediometraje en el Primer Festival de Cine de la Diversidad FestidivQ, 2011., documental Pasarelas Libertadoras. Vive y trabaja en Caracas.

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Curcio, Pasqualina

Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales

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Profesora Asociada del Departamento de Ciencias Económicas y de los Postgrados en Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar (USB). Economista (UCV, 1992), Magíster en Políticas Públicas (IESA, 1995) y Doctora en Ciencias Políticas (USB, 2003), cursó el Programa de Formación en Salud Internacional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2003). Ha sido Coordinadora de los Postgrados en Ciencia Política de la USB (2010-2012), Consultora de la OPS desde 2003, Directora Ejecutiva del Instituto de Altos Estudios en Salud Pública “Dr. Arnoldo Gabaldón” (2002), Directora General de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (2001) y asesora del Ministerio de Salud (1996-2000). Sus investigaciones están relacionadas con el área de las políticas de salud, de políticas sociales y de economía de la salud. Ellner, Steve



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Steve Ellner recibió su título de Ph.D. de la University of New Mexico en historia latinoamericana en 1979, y ha dado clase en historia económica y ciencia política en la Universidad de Oriente, Núcleo-Anzoátegui, desde 1977. Es autor de Rethinking Venezuelan Politics: Class, Polarization and the Chávez Phenomenon (Lynne Rienner, 2008), Neoliberalismo y Anti-Neoliberalismo en América Latina (Editorial Tropykos, 2006), co-editor de Venezuela: Hugo Chávez and the Decline of an ‘Exceptional’ Democracy (Rowman and Littlefield, 2007) y La política venezolana en la época de Chávez: Clase, polarización y conflicto (Nueva Sociedad, 2003). González, Jeyni

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Antropóloga, egresada de la Escuela de Antropología (FaCES-UCV), M. Sc. en Antropología (IVIC), Estudiante del Doctorado de Estudios del Discurso (FHEUCV). Profesora Asistente en el Departamento de Lingüística y Antropolingüística de la Escuela de Antropología de la UCV. Miembro del Comité Editorial del Boletín de Lingüística de la UCV. Ha participado en proyectos de investigación sobre diversidad cultural en Venezuela (en las áreas de salud, demarcación de tierras, identidad y lenguas indígenas). Desde 2011 desarrolla el proyecto “Revitalización de la Lengua Yabarana” y desde 2005, es asesora del Proyecto de Demarcación de la Tierra y el Hábitat del Pueblo Indígena Yabarana y desde 2011. Sus investigaciones, ponencias y publicaciones, han versado sobre diversidad lingüística y cultural en Venezuela, la construcción del espacio y el paisaje entre poblaciones indígenas, así como los procesos de significación y comunicación de la cultura material desde una perspectiva antropológica y semiótica.

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Colaboradores

Juárez, Rodríguez Beatriz



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Antropóloga egresada de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela (2007). Estudiante del programa de maestría en Antropología en el Laboratorio de Antropología del Desarrollo, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Editora junto a José Luis Omaña del libro Mural y Luces (2011) y responsable técnica del proyecto de investigación Estudio diagnóstico de las prácticas socio-culturales de la violencia simbólica y efectiva en las y los jóvenes de la parroquia Sucre, Municipio Libertador, Caracas en los albores del siglo XXI, financiado por Fonacit, 2013 junto a la Asociación Cooperativa de Asesoría Antropológica y Cultural. López Maya, Margarita

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Historiadora, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela (1996). Profesora titular del Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes) de la misma universidad e investigadora nivel IV del Programa de Promoción al Investigador de Fonacit (Venezuela). Fue directora de la Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales entre 1999 y 2004 y actualmente es miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en representación de Colombia, Ecuador y Venezuela. Entre sus publicaciones más recientes cuentan: Del viernes negro al referendo revocatorio (Caracas, Alfadil, 2005, 2006 2ª edición), Ideas para debatir el socialismo del siglo XXI (editora, Caracas, Nueva Sociedad, 2007). Lozada Santeliz, Mireya

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Psicóloga social, Profesora Asociada y Coordinadora de la Maestría en Psicología Social de la Universidad Central de Venezuela. Doctora en Psicología Política, Université de Toulouse, Francia, Magíster en Psicología Social Universidad Central de Venezuela. Orden José María Vargas 2010 y Premio Francisco De Venanzi 2008 a la Trayectoria del Investigador Universitario. Universidad Central de Venezuela. Nava, Jenny

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Psicóloga clínica y social, egresada de la Escuela de Psicología de la Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela (FHyE-UCV). Doctora en Antropología por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), donde actualmente es candidata a ingresar como Postdoctorante para darle continuidad al trabajo etnográfico desarrollado con comunidades warao desde el año 2006. Desde 2012 ha participado como Asistente de Investigación en la Unidad de Investigación en Psicología Política (FHyE-UCV), y fuera del contexto universitario, en proyectos de interés social de naturaleza intercultural.

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Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales

Rauseo, Newton

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Venezolano. Estudió en la Universidade Federal do Río de Janeiro, Brasil, y luego en la Universidad Central de Venezuela -UCV-, donde obtuvo los títulos de Arquitecto y Doctor en Arquitectura. Realizó Diploma de Postgrado y Maestría de Arte en Diseño Urbano en la Oxford Brookes University, Inglaterra. Profesor Asociado de la Escuela de Arquitectura Carlos Raúl Villanueva de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV, en las cátedras de Estudios Urbanos, Metodología de Análisis Urbano, Diseño de Instrumentos de Control Urbano y La Morfología de la Ciudad Moderna Venezolana. Autor de libros, artículos de revistas y ponencias arbitradas sobre temas varios de la ciudad en Venezuela.

REVISTA VENEZOLANA DE ECONOMÍA Y CIENCIAS SOCIALES INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE MANUSCRITOS 1. Los artículos sometidos a la consideración del Comité Edito­rial deben ser inéditos. Se presentarán escritos en un procesador de palabras (preferentemente Word for Windows) para su lectura en una computadora IBM o compati­ble, con la identificación del programa utilizado. En caso de incluir gráficos o tablas preparados con otro programa, se agradece su identificación. También se requiere dos copias a doble espacio en papel tamaño carta. 2. En el texto los subtítu­los, así como la ubica­ción de cuadros o tablas, deben ser clara­ mente indi­ca­dos. Cada cua­dro o ta­bla debe presentar­se en hoja aparte colocado con su debida identi­fi­cación al final del texto. 3. Las notas deben apa­recer debi­da­mente enu­me­radas al pie de página y deben ser lo más breves posible. Las refe­ren­­cias bi­bli­ográ­ficas se incorporan al texto y entre paréntesis se coloca el apellido del autor, coma, el año de publicación, coma, el número de página. Las referencias completas se incluyen en la bibliografía, después del texto, organizadas alfabéticamente según el apellido del autor. Las referencias bibliográficas se registran de la siguiente manera: PARA LI­BROS, ape­lli­do(s), coma, nombre(s), año de publicación (entre paréntesis), dos puntos, títu­lo (en cursivas), coma, lugar de publi­ca­ción, coma, casa edito­ra, punto. Ejemplo: Rudé, George (1978): Protesta popular y revolución en el siglo XVIII, Barcelona, Ariel. PARA ARTICU­LOS, ape­llido(s), coma, nombre(s), año de publicación (entre paréntesis), dos puntos, título (entre­comilla­do), coma, nombre de la revista (en cursivas), coma, volu­men, coma, núme­ro, coma, lugar de publica­ción, coma, mes de publi­ca­ción, coma, pági­nas. Ejemplo: Tedesco, Juan Carlos (1972): “Univer­sidad y clases sociales: el caso argen­ti­no”, Revis­ta Latinoameri­cana de Ci­en­cias Políticas, vol. 3, nº 2, Buenos Ai­res, abr-jun., pp. 197-227. La bibliografía colocada al final del texto debe ser exclusiva­mente de referencias que aparecen en el texto. Para referencia de entrevistas en el texto debe aparecer entre paréntesis el apellido, coma, entrevista, coma, año. Ejemplo: (Rodríguez, entrevista, 2000). En la bibliografía al final del artículo, en un aparte para entrevistas se coloca: apellido (s), coma, nombre (s), coma, lugar de la entrevista, coma, fecha. Ejemplo: Rodríguez Araque, Alí, Caracas, 4 de marzo de 2000. 4. La extensión de los artículos no debe exceder las 30 cuartillas (aproximadamente 48.000 caracteres con espacio), aunque el Comité Editorial podría admi­tir flexibilidad en caso de que el inte­rés del tema lo amerite. 5. Los autores deberán enviar, junto con sus artículos, un resu­men, en español y en ingles, de 6 a 10 líneas del artículo y otro de 6 a 8 líneas de sus datos personales incluyendo: (1) título(s) académico(s), (2) lugar o lugares donde está desta­cado, (3) breve lista de sus obras más impor­tantes. 6. Los manuscritos que el Comité Editorial considera potencial­mente apropiados para su publicación serán sometidos al arbitraje de especialistas en el tema; los comen­tarios al respecto serán remiti­dos al autor junto con cualquier suge­ren­cia de la Dirección de la Revista. 7. El Comité Editorial se reserva el derecho de aceptar o re­cha­zar los artículos sometidos o a condicionar su aceptación a la intro­ducción de modificaciones. 8. Los autores de los artículos publicados recibirán 2 ejempla­res del número en que aparecen, diez separatas y una suscripción a la revista por un año.

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ÚLTIMOS TÍTULOS COLECCIÓN CON FINES DOCENTES Nº 26: Pedro Brito y Pedro García Avendaño: Biotipología y Somatotipos Nº 27: Oscar Mago Bendaham: Justicia, Equidad y otras Excentricidades Nº 28: José Romero León: Rayuela y el Jazz Nº 29: Emanuele Amodio: La Tierra de los Caribes COLECCIÓN CUADERNOS CODEX: Nº 120: Franklin Molina: México y EEUU en el TLC Nº 121: Adelina Rodríguez Mirabal: La España de Felipe V Nº 123: Mónica Venegas: Derechos Humanos y Técnicas de Investigación en Salud Mental Nº 124: Gregoris Tallaferro: La Pesca Artesanal en Ocumare de la Costa Nº 125: Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales: ¿Cómo nos ven? Desde la Academia Anglosajona Nº 126: Emanuele Amodio: El Fin del Mundo. Culturas Locales y Desatres: Una Aproximación Antropológica Nº 127: Milko González: Occidente, el Petróleo y el Mundo Islámico Nº 128: José R. Zanoni: La Estrategia Bolivariana para la Integración Energética Latinoamericana Nº 129: Rodrigo Navarrete: La Arqueología Social Latinoamericana: una meta, múltiples perspectivas Para mayor información contáctenos a: Telefax: +58 212 605.24.85 Correo Electrónico: [email protected]

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Politeia es una publicación semestral arbitrada, publicada por el Instituto de Estudios Políticos y esta abierta a todas las corrientes de pensamiento, especialmente en el área de las Ciencias Políticas y sobre aspectos relativos a América Latina. En cada numero se publican los resultados de los trabajos de los investigadores asociados a este centro de investigaciones, así como también contribuciones, ensayos, artículos e informaciones referidas principalmente a las Ciencias Políticas, y en general a las Ciencias Sociales. Politeia goza de reconocimiento por parte de los estudiosos de la realidad política, gracias a su larga trayectoria y amplio prestigio. En sus páginas han escrito distintas personalidades como Manuel García-Pelayo, Juan Carlos Rey, Humberto Njaim, Ricardo Combellas y muchos otros que han aportado por medio de sus investigaciones, distintos conocimientos que enriquecen la Teoría Política Venezolana. Información sobre Politeia se incluye anualmente en: CLASE, de la Universidad Nacional Autónoma de México/ “International Political Science Abstracts” del International Political Science Association/ “REDINSE”” de la Universidad Central de Venezuela, Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex), Library of Congress HLAS Handbook of Latin American Studies. Suscripciones año 2008 (2 ejemplares): INDIVIDUAL Venezuela Resto del Mundo

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