PULSIÓN DE CAMBIO MOVIMIENTO LATINOAMERICANO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS CONTRA-HEGEMÓNICOS
EDITORIAL ÚLTIMO RECURSO
1ra Edición: Septiembre de 2015 Área: Movimientos Sociales. Colección: Escenarios socio-políticos. Estado y movimiento en América Latina. ISBN 978-987-29098-9-5 aclaración sobre la licencia de la presente edición Usted es libre de copiar, distribuir, exhibir, ejecutar la obra y hacer obras derivadas, pero bajo las siguientes condiciones: Atribución. Usted debe atribuir la obra en la forma especificada por el autor o el licenciante. Nosotros respetamos la autoría de los materiales publicados; nuestro fin es fomentar la difusión de los mismos sin apropiarnos de ellos. No Comercial. Usted no puede usar esta obra con fines comerciales. Nosotros no mantenemos con las publicaciones fines de lucro, lo recaudado se usa para la producción de nuevos materiales, la reparación de los equipos y la difusión de los materiales. Compartir Obras Derivadas Igual. Si usted altera, transforma o crea sobre esta obra, sólo podrá distribuir la obra derivada resultante bajo una licencia idéntica a ésta. Intentamos reflejar en estos puntos la apuesta que hacemos por la libertad de información. Vemos en ellos valores explícitos de una política que se compromete a la construcción plural de la realidad. Así como también un rechazo a los intentos de monopolización del acceso a la cultura de las grandes empresas editoriales. Ninguna de estas condiciones puede dispensarse para la presente obra. Consideramos que más alla de la individualidad en que se han ensamblado las ideas ninguno de éstos podría haberse creado sin la producción plural y colectiva de la que en su momento son parte, y que son meritorios de reconocimiento todas aquellas personas que intervengan con su trabajo en cada aspecto del proceso. Ante cualquier reutilización o distribución, usted debe explicitar claramente los términos de la licencia de esta obra.
2015 - Editorial Último Recurso Rosario – Sta. Fe
PULSIÓN
DE CAMBIO
MOVIMIENTO LATINOAMERICANO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS CONTRA-HEGEMÓNICOS
Melisa Argento Ana Laura Ciccone Compiladoras
EDITORIAL ÚLTIMO RECURSO ::: EDITORES MILITANTES :::
CONTENIDO
PRESENTACIÓN .................................................................. 11
INTRODUCCIÓN .................................................................. 13
Melisa Argento BIBLIOGRAFÍA ................................................................ 28
IRRUPCIÓN POPULAR Y REFUNDACIÓN INSTITUCIONAL EN BOLIVIA ........................................................ 31
María Virginia Quiroga
Introducción .............................................................. 31 1. La irrupción popular. Dislocación e identidad política del MAS-IPSP ............................. 33 2. Recomposición populista. El Pueblo y las instituciones ....................................... 41 3. Conclusiones .......................................................... 47 BIBLIOGRAFÍA ................................................................ 50
LA EMERGENCIA DE MOVIMIENTOS POLÍTICOS EN AMÉRICA LATINA. EL CASO DEL MOVIMIENTO ALIANZA PAÍS EN ECUADOR.............................................. 55
María Florencia Pagliarone
El giro a la izquierda en la región ............................... 55 La imposibilidad de constituir una voluntad política nacional en el Ecuador .................... 59 El Movimiento Alianza País. Hacia una refundación de las estructuras partidarias. .................................... 64
La estructuración del actor político ............................. 69 Región y política a la luz de la Revolución Ciudadana ....................................... 76 A modo de conclusión ................................................. 80 BIBLIOGRAFÍA
.................................................................... 81
LA VENEZUELA DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA: ESTADO, POLÍTICAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA HACIA LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO......... 85
Gastón Ángel Varesi
1. Apuntes teóricos para pensar la transformación ..... 85 2. La Venezuela bolivariana: democracia integral y nueva institucionalidad ............................................ 95 3. Polarización, desestabilizaciones y golpe de Estado ....................................................... 103 4. Hacia el Socialismo del Siglo XXI: reforma y revolución ..................................................... 108 5. Algunas conclusiones .............................................. 125 BIBLIOGRAFÍA
.................................................................... 130
POSTNEOLIBERALISMO, CAMBIO Y CONFLICTO POLÍTICO EN EL ECUADOR DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA ........................................ 133
Franklin Ramírez Gallegos, Soledad Stoessel
Entrada ......................................................................... 133 1. Hegemonía neoliberal y retraimiento estatal ............ 137 2. Hacia el Ecuador postneoliberal: reconfiguración estatal y cambio político .................... 143 3. Transición postconstituyente y emergencia de un nuevo ciclo de conflictividad ......... 147
4. Luchas por reconocimiento político ......................... 152 5. Las batallas por el Estado ....................................... 158 6. El alegato por las libertades (negativas) .................... 170 7. Conflictos por el modelo de desarrollo y buen vivir .... 172 Salida ......................................................................... 177 ANEXO 1 ......................................................................... 181
Nota metodológica ..................................................... 181 BIBLIOGRAFÍA..................................................................... 184
LAS EXPERIENCIAS DE ORGANIZACIÓN POPULAR DURANTE EL KIRCHNERISMO: RENOVACIÓN DE LAS FORMAS POLÍTICAS Y RECREACIÓN DE TRADICIONES POLÍTICAS (ARGENTINA, 2003-2011)....................... 191
Ana Natalucci
Introducción .................................................................. 191 Una propuesta para pensar las experiencias de organización popular .................... 193 Conflictos sociales e institucionalización en el kirchnerismo ...................................................... 197 El Movimiento Evita ................................................... 197 La Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat ............... 200 El Frente Transversal Nacional y Popular ................... 202 Balance de la década kirchnerista .............................. 203 BIBLIOGRAFÍA
.................................................................... 207
LOS AUTORES .................................................................. 211
PRESENTACIÓN
Con este libro la Editorial Colectivo Último Recurso de la ciudad de Rosario, inicia un Área destinada al análisis de los Movimientos Sociales y el Estado en América Latina. El objetivo que guiará esta colección es el análisis de escenarios socio-políticos desde una escala micro, –presentando diversas practicas o actores territoriales– hasta estudios que se caractericen por poner de relieve tensiones y tendencias regionales de lo político en América Latina. En esta ocasión, nos aventuramos a la tarea de presentar un material que posee el valor de contener rigurosas investigaciones sobre Ecuador, Bolivia, Venezuela y Argentina, que en su conjunto abarcan un abanico de problemáticas de suma actualidad para todos nosotros. Convencidos de la potencialidad de los encuentros trazamos un puente “en” y “hacia” las diversas ciudades donde llegará este libro. Es así que las páginas que siguen, son resultado de un proceso de articulación entre autores distantes geográficamente cuyo punto de encuentro es una característica primordial: son hombres y mujeres que cotidianamente dedican sus vidas a la política, bajo el supuesto de que ésta constituye una práctica de pensar-hacer cotidiano en pos de la transformación social. Es por esto que indagar en torno a la vinculación entre los movimientos sociales y los estados no se presenta como un interés meramente académico o un signo moderno acorde con el “cambio” –tanto gubernamental como generacional– sino que constituye una preocupación y ocupación de cada uno de los hacedores de estos artículos. Queremos dar un cálido agradecimiento a Franklin, Soledad, Florencia, Gastón, Virginia y Ana, pues con su participación tienen el doble gesto de contribuir tanto con un quehacer editorial autogestivo, como con una militancia política de las ideas.
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A poco más de doce años de trabajo como editorial, es para nosotros, una felicidad saber que este colectivo expande sus objetivos con el desafío de continuar la interlocución entre las practicas y colectivos sociales de los cuales participamos, y los aportes específicos desde herramientas teóricas. Por último y como siempre, invitamos no solo a las críticas y devoluciones sino, y principalmente, a la participación. Editorial Último Recurso, Rosario.
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INTRODUCCIÓN
Melisa Argento1
Pulsión de Cambio es un libro que llega para arrojar una mirada hacia atrás sobre los años que transcurrieron desde el inicio del siglo XXI hasta este momento, breve período en términos históricos que sin embargo, ha sido lo suficientemente convulsionado e intenso como para convocarnos a pensar acerca de los interrogantes centrales que atraviesan los trabajos sobre Bolivia, Ecuador, Venezuela y Argentina: ¿Cuáles han sido las características de los procesos de cambio político? ¿Cuál es el rol de los actores y movimientos sociales en esta trasformación? Sobre los últimos estertores del siglo XX, resultado de las luchas anti-neoliberales y los períodos de movilización en las calles de diferentes escenarios latinoamericanos, se evidenció el hartazgo de multitudes por la vigencia del modelo neoliberal y por las nefastas consecuencias en materia económica producto de su implementación. La lucha de miles de hombres y mujeres en los diferentes rincones, contribuyeron –o generaron, dependiendo del caso–, a la interrupción de seis gobiernos Jamil Mahuad (2000) en el Ecuador, Gonzalo Sánchez de Losada (2003) en Bolivia, Lucio Gutiérrez y Carlos 1
Mg. en Ciencia Política por FLACSO Ecuador, Lic. en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, y se encuentra actualmente cursando su doctorado en Ciencias Sociales UBA/ CONICET. Forma parte de diversos grupos de investigación en los cuales articula su motivación por el análisis de Estado y Movimientos Sociales. Integra la Editorial Colectivo Ultimo Recurso de la ciudad de Rosario. 13
Mesa (2005) en Ecuador y Bolivia respectivamente; Fernando de la Rúa (2001) en Argentina; y Alberto Fujimori en Perú (2000). A su vez, estas rebeliones o estallidos anti régimen fueron acompañados de la resistencia al golpe de estado en Venezuela (2002) y de un fenómeno que fue referencia para los actores políticos y sociales latinoamericanos en este periodo: la caravana zapatista “por la dignidad indígena” en México (2001), procesos que en su conjunto han sido considerados como la “emergencia de un ciclo de movilización” (Seoane, Taddei y Algranati, 2011). De diversas maneras el despliegue de este ciclo de movilización antecedió a la llegada de nuevos gobiernos, que están aun hoy siendo conceptualizados como: “progresistas”, o del “giro a la izquierda”, “post neoliberales” “neo-desarrollistas” –o en la versión más radicalizada– del “socialismo del siglo XXI”, y que se caracterizaron a groso modo, por ser un punto de inicio de estrategias políticas alternativas. ¿Pero alternativas a qué? Desde sus comienzos estos gobiernos se enfrentaban al doble desafío de “cambiar” el Estado, e integrar en esta transformación a los sectores subalternos que habían posibilitado su génesis. Al mismo tiempo, debían ser capaces de universalizar las principales funciones en materia de protección social, dado que el signo de las movilizaciones precedentes evidenciaba el rechazo a una forma política corrupta, la mayor de las veces, caracterizada por el predominio de los intereses sectoriales particulares sobre el manejo de un Estado cada vez más excluyente. Respecto de estas cuestiones, se trataba de llevar adelante una transformación, también a veces presentada de manera discursiva, como Revolución. Pero el carácter de esta transformación distó desde el mismo momento de su génesis de corresponderse con el imaginario político revolucionario de los años sesenta o setenta del siglo pasado, lejos de tomar las armas, los nuevos rostros que encabezarían estos procesos se dedicaron a la creación de herramientas políticas de cara hacia la concreción del cambio. 14
Esto fue desde su inicio tanto el MAS en Bolivia como Alianza País en el Ecuador, mientras que en Venezuela se abrazaba ya la “Revolución Bolivariana”. Menos clara se elaboraba una estrategia en la Argentina donde, una vez más, el peronismo ensayaba una mutación dentro de sí mismo, colocando para el 2003 en el gobierno, una figura del “dentro-fuera” del PJ que sin embargo, llegaría inmediata e inteligentemente a distanciarse del condenado “peronismo de Menem”. Se trataba entonces de lograr la recomposición de un poder Ejecutivo (en todos los casos analizados, profundamente puesto en cuestión y deslegitimado) al tiempo que de lograr una autonomía relativa del Estado. Esta segunda tarea necesariamente se planificó por la vía de la implementación de políticas macroeconómicas, fundamentalmente referidas a un incremento de la recaudación fiscal con el objeto de generar políticas redistributivas, que lograran revertir las enormes dimensiones que asumían las brechas de desigualdades. Sobre esta base se enraizará el retorno y fortalecimiento del Estado, responsable y garante de regular el mercado, de aumentar las partidas presupuestarias en materia social, e impulsar una mayor soberanía económica. Se trataba de disminuir los efectos remercantilizadores que las diversas recetas de aplicación del modelo neoliberal (aun con temporalidades y profundidades disímiles) habían ocasionado, sobre todo, en el mundo del trabajo. Y, por tanto se trataba de profundizar la democratización de las democracias latinoamericanas. En la primera parte de este libro, los trabajos de María Virginia Quiroga y de María Florencia Pagliarone se abocan al surgimiento de estas herramientas del cambio llamadas “Movimientos Políticos”, en su carácter de iniciativas para la transformación. Su gramática movimientista expresa la tensión inherente de ser a la vez estructuras, sino de partido, lo suficientemente eficientes para ser las protagonistas del cambio. Así, en primer lugar, el texto de María Virginia Quiroga 15
analiza el proceso de irrupción popular del ciclo de protestas 2000-2005 en Bolivia, y su capitalización política hacia la llegada de Evo Morales Ayma al poder en el año 2005. Este trabajo coloca el foco en la incorporación de sujetos históricamente excluidos e invisibilizados en la historia de esta Nación, para lo cual se imprime una estrategia de rediseño de la institucionalidad signada por un tránsito por el proceso constituyente y plasmada en la elaboración de un nuevo texto constitucional. Este análisis se realiza a partir del doble movimiento de ruptura y recomposición: la ruptura entendida como “momento de apertura de” y la recomposición encarnada en un proyecto político-identitario en tanto que propuesta positiva para el orden social. Para la autora la identidad política del MAS-IPSP se redefinió dando predominio a una articulación populista dado que en su proceso la expansión de las equivalencias entre las identidades que unificaba el MAS, remitieron al “pueblo boliviano” y no a un sujeto indígena o campesino en particular. Complementando este enfoque, en el siguiente artículo, la nueva fuerza política que emergía en el Ecuador del año 2006, –luego de un quinquenio de crecimiento de las movilizaciones en donde los presidentes Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez habían visto interrumpidos sus mandatos–, se presenta para María Florencia Pagliarone como un movimiento político antes que como un partido. Recordemos que ya en su campaña de cara a las primeras elecciones de 2006, Rafael Correa mismo anunciaba explícitamente un combate contra la “partidocracia”. Su movimiento, nos recuerda Pagliarone, surgía bajo la impronta de “articular colectivos de participación ciudadana en el marco de la crítica al sistema partidista del régimen liberal, como así también, recuperar las demandas de los movimientos sociales como actores fundamentales en el proceso de crisis orgánica que vivió el neoliberalismo”. En este texto se analiza la dinámica política de AP, y su infraestructura organizativa. Al mismo tiempo que la autora enuncia como de16
safío político a futuro, la distancia detectada entre las estructuras de participación territorial y la de toma de decisión. Esta tensión que bien se expresa en el artículo remite de manera general hacia el problema de la construcción o consolidación hegemónica y extensión territorial, en el devenir de estos nuevos gobiernos. Cuestión que se iría instalando como una preocupación política (teórica y práctica), conforme finalizaban los primeros periodos de gestión y las coyunturas electorales debían de reflejar la legitimidad o no de estos procesos por parte de sus poblaciones. Así, si el carácter del ciclo de movilizaciones anti-neoliberales de fines de siglo anterior, tuvo como consigna la construcción de una fuerte autonomía movimientista frente al poder del Estado, el debate en torno a la “autonomía” en el marco de las diferentes salidas planteadas a la crisis de legitimidad del neoliberalismo, introdujo la problemática del Estado en su vinculación con los movimientos sociales, dando paso a la central preocupación por la consolidación de una mayor autonomía relativa del Estado. En países fuertemente signados por la condición colonial esto no podía ser sino un cuestionamiento radical a la matriz liberalcolonial vinculada con la democratización radical de la gestión de los asuntos públicos. Los estados de los movimientos (o movimientos “en” el Estado) cuestionaban así de manera performativa la noción de diferenciación liberal entre sociedad política y sociedad civil, evidenciando su carácter sociopolítico. Pero en todo caso la ilusión aperturista del momento de “lo político”, la fuerte impronta prefigurativa de los movimientos sociales en las calles y el carácter de espontaneidad reflexiva, daban paso ahora a un avance de la ampliación y democratización social, que en la experiencia ecuatoriana, boliviana y venezolana se expresará progresivamente en la centralidad del debate en torno al nuevo carácter del Estado, en un doble juego signado por la implementación de herramientas constitucionales de la democracia participativa, y la consolidación/ 17
declaración del Estado plurinacional. La radicalidad de estos programas implicaría, como es sabido, por un lado, la sanción de las nuevas Cartas Magnas como condensación de las luchas sociales y punto iniciático de la transformación, y por el otro, el desmontaje del aparato político-burocrático del Estado y la creación de una nueva institucionalidad capaz de lograr la articulación hegemónica. En la segunda parte de este libro el análisis sobre la consolidación hegemónica se inicia por el caso de Venezuela. Gastón Varesi nos brinda un recorrido de inspiración gramsciana, sobre la conformación del nuevo Estado venezolano y sus estructuras económico-políticas, análisis que se realiza a la luz del interrogante sobre vínculo entre democracia y socialismo. El texto indaga específicamente, las transformaciones post llegada de Hugo Chávez al poder en torno a las relaciones de fuerzas, el modelo de acumulación y la conformación de una voluntad colectiva de un sujeto-pueblo. Así, para Varesi, en la lucha por la hegemonía en Venezuela “la mediación de lo popular comienza a fusionarse con la de clase social, en tanto las clases dominantes no muestran voluntad de ser reguladas desde el Estado”… “dando lugar a un proceso de rupturas en ascenso”. Frente a la ausencia de un hombre que sin dudas ofició como un “machete que abre caminos en medio de la noche”, el vacío que inevitablemente ha generado en nuestra región la muerte de este gran líder, hace que el pensamiento de su acción y estrategia hegemónica cobren un valor adicional de la mano aquí, del análisis de Varesi. Pero los caminos del cambio no son lineales ni evolutivos, por definición. Si en un primer momento frente al advenimiento de “nuevos gobiernos”, los movimientos parecieron otorgar un período de gracia, dado por un lado (podemos aventurar) a la comprensión de la complejidad que implicaba desmantelar y recrear un aparato burocrático, y gracias a las medidas acertadas que tomaron los mandatarios en aras de esta transformación que satisficieron en un primer momento 18
sus expectativas; la cuestión se iría complejizando conforme el paso del tiempo. Los textos constitucionales de avanzada abrieron el juego e incrementaron la capacidad de demandas políticas y de participación a un tiempo acelerado, –el tiempo de las fuerzas sociales– que en situaciones no se condijo con la radicalidad de las transformaciones adoptadas. Señales de esto se pudieron observar en las marchas y retrocesos del proceso boliviano, –quizás el conflicto por el gasolinazo y TIPNIS sean las más relevantes, en las cuales el mismo Evo tuvo que dar marcha atrás en función de lo que su propio pueblo le demandó– o en el surgimiento de nuevas conflictividades y actores en la dinámica particular de cada escenario. Aquí debemos poder diferenciar las formas de liderazgo que cada mandatario supo construir, pero lo cierto es que aún salvando las debidas distancias, más de una vez el lema “mandar obedeciendo” surgió como límite de medidas políticas de carácter regresivo o, en el peor de los casos, progresivo –como lo ejemplifica el conflicto del campo por el decreto 125 en el año 2008 en Argentina–. Más allá de los balances, las decisiones políticas –que otrora pasaran fácilmente y para muestra tenemos los ajustes y mega ajustes de los año 90– ya no fueron tan dócilmente aceptadas por una ciudadanía relativamente activa. Adicionalmente a esto, la concentración del poder, rasgo estructural de nuestros regímenes fuertemente presidencialistas, fueron atacadas por derechas e izquierdas (no por igual claro está) caracterizando negativamente a estos gobiernos. Para la crítica procedimentalista no resultó de ningún modo una tarea fácil, dado que consultas y referéndums (constitucionales y revocatorios) formaron parte de un abanico de medidas democráticas tomadas por estos gobiernos. El caso de Venezuela, Bolivia y Ecuador son significativos, no solo por los elevados porcentajes con los que se validaron Constitución o líderes, sino por el notable incremento de la participación electoral en relación a periodos electorales de la década del noventa. 19
Es evidente que si la comparación se establece en todos los casos en relación al periodo histórico político anterior, el balance es positivo. Pero este hecho no puede soslayar las características que asume la dinámica de la conflictividad en cada país a posteriori. Si la democracia se entiende a partir de la capacidad de reconocer e integrar al conflicto (Lechner, 1986), en los contextos que caracterizamos como de “cambio” esta dinámica no solo que no se elimina sino que muta, presentando nuevas particularidades. En este sentido el artículo de Franklin Ramírez y Soledad Stoessel cobra una relevancia central para la compresión de los ejes de conflictividad socio-política en el Ecuador post Revolución Ciudadana. De manera detallada, los autores analizan el periodo comprendido entre el año 2007 y el año 2013 –fin del segundo mandato del presidente Rafael Correa– donde al decir de ellos, “cierra también un ciclo político con determinadas características” en el cual identifican cuatro campos centrales de la dinámica del conflicto social: a) reconocimiento político; b) representación y participación social en el Estado; c) libertades individuales; y d) orientación del modelo de desarrollo y buen vivir. Estas cuatro coordenadas “configuran un escenario democrático en que ‘cambio y conflicto’ van de la mano”, encontrándose protagonizadas por diversos actores en su interlocución con las definiciones y acciones de la agenda política de la Revolución Ciudadana. En ellos, las luchas sociales presentan de manera articulada las reivindicaciones por distribución-redistribución y por dignidad-respeto. Los casos analizados en el texto, ejemplifican demandas en torno a los derechos de reconocimiento, ejecutadas por medio de la exigencia del diálogo y la incorporación de las demandas colectivas que reactualizan una dicotomía entre particularidad y universalización, al mismo tiempo expresan una disputa en torno a la regulación y organización de la sociedad en términos de redistribución económica. 20
En particular el último eje del conflicto que los autores analizan, vinculado a choque de visiones o perspectivas, refiere a las disputas sobre “modelo de desarrollo” de cara a la transformación de un nuevo patrón de acumulación para superar la matriz primario-exportadora con el objeto de construir otro tipo de sociedad, a saber, lo que la Constitución denomina el “buen vivir” o sumak kawsay. La inserción económica de este país proveedor de materias primas y el fortalecimiento del rechazo a un modelo extractivista han colocado una tensión entre diversas tendencias de izquierda, (fuera y dentro del mismo gobierno), desatada desde los días mismos de la Asamblea Nacional Constituyente. Las iniciativas neo desarrollistas encuentran su resistencia social y su límite constitucional con el sancionado “buen vivir” y la legislación elaborada en materia de derechos de la naturaleza. Como caso paradigmático, la decisión tomada a fines del año 2013 de explotar el petróleo existente en el Parque Yasuní y consecuentemente de dejar atrás la iniciativa que el mismo gobierno había adoptado como bandera del cambio –que implicaba la conservación de reservas–, reactivó el descontento y movilizó a diversos sectores sociales. Por supuesto que los conflictos vinculados a la disputa por el modelo de desarrollo en el Ecuador, no solo remiten a la dicotomía en torno al carácter extractivista o no. Los autores demuestran cómo desde el año 2009 las transformaciones económicas impulsadas por la Revolución Ciudadana, han tenido que enfrentar las resistencias de la derecha y de los mismos grupos de poder que timonearon el proceso previo de liberalización económica, vastos ejemplos que van desde medidas aplicadas hasta expropiaciones decretadas por el presidente y la desarticulación de poderosos sectores otrora magnates del poder económico, son signos de este rasgo revolucionario en este país. Digamos entonces en líneas generales, que la centralidad recobrada por el aparato estatal, produce así un trastocamien21
to de ciertos ejes del conflicto y activa las demandas de los nuevos excluidos, pero al mismo tiempo como el Estado se sitúa como garante fundamental de la política de desarrollo con un rol activo en las tendencias redistributivas “hacia abajo” (Bresser Pereira, 2007), incentiva el reacomodamiento de determinados actores sociales y/o movimientos a partir fundamentalmente de su incidencia en materia protección social, recomposición salarial. Sobre este último punto se mueve el trabajo de Ana Natalucci para el caso argentino. En Argentina, el año 2003 fue el punto de inicio de un nuevo ciclo político que necesariamente modificaría el mapa de actores y sus posicionamientos en torno al Estado. Quizás como nos indica Natalucci, uno de los rasgos más novedosos haya sido la recreación de la gramática movimientista de acción colectiva. El vínculo entre movimientos y régimen político se vio modificado de manera no homogénea en tres grandes dimensiones: las formas de participación política, los mecanismos de representación y los dispositivos de la comunidad política. Los ejemplos que utiliza la autora: el Movimiento Evita, la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat y el Frente Transversal Nacional y Popular constituyen un vasto panorama sobre este reposicionamiento –tanto frente a las coyunturas, como en relación con dinámicas internas y externas–, de actores colectivos cuyas demandas forman parte de una agenda política central en la historia política de este país. La apuesta de la autora radica en precisamente no juzgar a estos actores por sus modificaciones, ni interpretar sus posiciones como de “alineados” o en el peor de los casos “cooptados” por el Estado, sino que nos convoca a alejarnos de posturas normativistas sobre lo que estos movimientos “deberían” ser o hacer y a “analizar lo que los movimientos hicieron de acuerdo a sus tradiciones y desafíos que se les presentaron”. Finalmente quisiéramos concluir que los casos particulares analizados en este libro nos permiten posar la mirada hacia 21
la región latinoamericana frente a dos grandes fenómenos de carácter actual: a) La disputa de carácter interno: El retorno de la centralidad del Estado que estamos describiendo incluye como particularidad el hecho de que se han recuperado ciertas funciones y regulaciones para la explotación de los recursos naturales sobre el territorio. Esta capacidad regulatoria paradójicamente genera nuevos excluidos, situación que podemos rastrear cuando observamos los conflictos en nuestro continente en torno a las propuestas que, presentadas como neo-desarrollistas, reintroducen realidades de extracción y exportación sin valor agregado de nuestros bienes primarios (mega minería, fracking, litio, etc). El ciclo de crecimiento económico desplegado en la región a partir de 2003 continuó las consecuencias de la acumulación por desposesión de los bienes comunes de la naturaleza (Seoane, Taddei, Algranati 2011, Svampa, 2013) intensificando la conflictividad social y las disputas sociopolíticas alrededor de los “bienes comunes”. En este sentido múltiples movimientos sociales y conflictos desplegados en nuestra región, expresan tanto un rechazo frente al depredamiento de la naturaleza, como su demanda por la distribución de los beneficios económicos que derivan de las transacciones de los mismos. En palabras de Svampa (2013) se ha transitado hacia un Consenso de los Commodities, caracterizado por la exportación de bienes primarios –maíz, soja, trigo, hidrocarburos, metales y minerales a gran escala– y el cual constituye un “nuevo orden” que se mantiene gracias al incremento de los precios internacionales de estas materias primas. Bajo la perspectiva de este nuevo consenso se profundiza la reprimarización de las economías latinoamericanas la cual se ve agravada por el ingreso de 23
potencias emergentes, como ejemplifica China. Al mismo tiempo este predominio de determinadas commodities podría incentivar una profundización de la pérdida de soberanía alimentaria, dado que la producción a gran escala o, la producción de biocombustibles, –desde soja hasta los cultivos de palma o los fertilizantes– atenta contra la diversificación de la producción en alimentos, incrementa concentración económica –agronegocios y proyectos de infraestructura previstos por la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IRSA)–. Se trata de actividades capital-intensivas que benefician a las grandes corporaciones transnacionales y que constituyen el andamiaje de lo que para algunos autores es el extractivismo neodesarrollista (Svampa, 2013). Este rasgo que entendemos se presenta como un desafío interno concreto de los procesos en marcha, se expresa por medio de una batalla cotidiana encabezada por actores y movimientos que bregan por la transformación de estas estructuras de poder económico en nuestra región. Lejos de pensar que el problema esté situado en la obsoleta dicotomía pachamamismo-extractivismo, el accionar de muchos de estos movimientos incita al pensamiento crítico a dar cuenta de las especificidades que incorporan las demandas por los “bienes comunes”2.
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A modo de ejemplos podríamos mencionar La marcha Nacional por el Agua en Perú, contra el proyecto minero Conga en Cajamarca, los conflictos contra la mega minería en Ecuador y más recientemente en particular por la explotación del Yasuní ITT, las protestas del pueblo Ngobe Bugle en Panamá, los conflictos contra la minería en Argentina (La Rioja, Catamarca), la disputa en torno a las carreteras del TIPNIS en Bolivia, las acciones de las comunidades frente al avance del agronegocio sojero en
b) Articulaciones regionales y polarización política: Otra característica fundamental del periodo que comprende este análisis es la presencia de crecientes apuestas de integración regional en América Latina y el Caribe entre las cuales podemos destacar las organizaciones del MERCOSUR, CAN, UNASUR, ALBA, CELAC. En 2004 Venezuela y Cuba se aventuraron hacia el ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) propuesta por el presidente venezolano, Hugo Chávez, como una alternativa al Área de Libre Comercio para las Américas, impulsada entonces por Estados Unidos. Al ALBA se irían sumando posteriormente Bolivia, Nicaragua, Honduras, Dominica, Ecuador, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Surinam y San Cristóbal y Nieves. El debilitado MERCOSUR buscó consolidarse y ampliarse en sus funciones bajo el empuje de estos mandatarios, al tiempo que se creó un nuevo órgano, UNASUR. Su presencia cumplirá a partir del año 2008 un papel valioso a nivel defensivo frente a los embates políticos y económicos de los EEUU y las derechas latinoamericanas en la región. No fueron pocas las veces que UNASUR3 se convirtió en órgano de legítima defensa contra los golpes de Estado e irregularidades que atentaron con la continuidad de los procesos políticos en marcha (Honduras, Paraguay, entre otros). Otras instancias
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Paraguay y Argentina, las luchas de las comunidades indígenas frente a la explotación del litio en Argentina, entre otros. La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) nació en 2007 conformado por doce países de América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela y Paraguay. UNASUR se constituye como una organización de concertación política, sumando una población de 392 millones de habitantes 25
como Telesur (2005), y el Banco del Sur (2007) resultan significativos como organizaciones articuladoras de los proyectos político-económicos de los gobiernos progresistas y fundamentalmente del rol impulsor que cumpliera Hugo Chávez en el comando de estas iniciativas. A su vez, en el año 2013 la CAN (integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), impulsó un proceso de refundación para fortalecer la integración comercial, PYMES, interconexiones eléctricas, ciudadanía andina y la articulación institucional. Finalmente, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) opera como un mecanismo representativo de concertación política, cooperación e integración de los Estados latinoamericanos y caribeños, reuniendo de forma permanente a decenas de países de América Latina y el Caribe. Frente a estas articulaciones y a pesar de que consideremos sus limitaciones en lo que efectivamente impactan en la consolidación de un programa unificado del “giro a la izquierda” en la región, se encuentra otro conjunto de países que el texto no aborda pero que es menester recalcar que adscriben a un proyecto societal de fortalecimiento neoliberal articulado bajo la Alianza del Pacífico. Integran esta alianza México, Colombia, Perú y Chile, –tres de los cuales entre 2003 y 2008 formaron parte de los 10 países de la región que firmaron tratados de libre comercio con EEUU4 y el cuarto, México, estaba bajo el signo del impacto del TLCAN firmado en el año 1994–. Esta alianza se presenta como eje articu4
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Chile, Perú, Colombia, Panamá, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana) representan el un 44,5% del PIB total de los 32 países latinoamericanos y caribeños inicialmente comprometidos en las negociaciones (CEPAL, 2009).
lador de propuestas de libre comercio con EE.UU. y UE, al tiempo que continúa creando múltiples estadios de integración de mercados bursátiles y a la transnacionalización de la producción, afectando de manera desigual las economías siempre en detrimento de las poblaciones vulnerables productoras y trabajadoras de los países socios menores. Sus resultados son el incremento de las enormes desigualdades sociales, como siempre. Todas estas articulaciones y la conformación de bloques entre países latinoamericanos nos exigen actualizar la mirada global, y pensar a América Latina como región proactiva en la reconfiguración geopolítica. Donde el fenómeno, llamado del “giro a la izquierda”, y las propuestas de transformación en marcha del cambio de época regional deben potenciarse para garantizar su irreversibilidad. Este reto es central a la luz de los crecientes escenarios de polarización de las derechas latinoamericanas, que han protagonizado la emergencia de acciones que van desde golpes de Estado (Venezuela), atrincheramiento de poderes locales “autonómicos” (la medialuna boliviana), y/o consolidaciones de organizaciones y apoyos recíprocos electorales (Uribe- Capriles). Actores empresariales, elites locales, medios de comunicación, fuerzas de seguridad que han articulado/articulan diversas protestas y acciones de resistencia lamentablemente en demasiadas ocasiones, catapultada por vastos “sectores de clases medias” de esta región. Triste reconocimiento que nos obliga a afirmar de cara al futuro, por un lado la defensa y fortalecimiento de aquellas que han sido las principales transformaciones de esta época, y por el otro, a reflexionar en cómo continuar disputando los poderes fácticos que coaccionan en nuestra región, para que la pulsión emancipadora sea definitivamente un cambio irreversible en la estructura de poder, que elimine las aun persistentes desigualdades sociales y subvierta de manera inexorable un patrón de dominación/exclusión capitalista en Latinoamérica. 27
BIBLIOGRAFÍA
BASUALDO, EDUARDO
—(2011), Sistema político y modelo de acumulación. Tres ensayos sobre la Argentina actual, Buenos Aires, Editorial Atuel. BRESSER PEREIRA
—(2007), “Hay espacio para un nuevo desarrollismo” en Página/12 (Buenos Aires). En acceso 2 de mayo. GARCÍA LINERA, ÁLVARO
—(2013), Las tensiones creativas de la revolución. La quinta fase del proceso de cambio en Bolivia. Ediciones Luxemburg, La paz, Bolivia. LECHNER, NORBERT
—(1986), La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. RAMÍREZ GALLEGOS, FRANKLIN ET AL
—(2013), “Coaliciones parlamentarias y conflictividad social en el Ecuador. La política de la transición post-constituyente (2009-2011)”. Quito: ANE. SEOANE, TADDEI, ALGRANATI
—(2011), Revista Herramienta nro. 46. http://www.herramienta. com.ar/revista-impresa/revista-herramienta-n-46 SVAMPA MARISTELLA,
—(2013), Consenso de los commodities, y lenguajes de valoración en America Latina en Nueva Sociedad No 244, marzo-abril de 2013, ISSN: 0251-3552, . —(2011), “Argentina, una década después”. En Nueva Sociedad, Número 235: pp. 17-34. TAPIA, LUIS
—(2009), La coyuntura de la autonomía relativa del estado. La Paz: CLACSO / Muela del Diablo / Comuna.
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PRIMERA PARTE
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POSTNEOLIBERALISMO, CAMBIO Y CONFLICTO POLÍTICO EN EL ECUADOR DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA1
Franklin Ramírez Gallegos2, Soledad Stoessel3
Entrada La convergencia de fuerzas políticas con voluntad transformacional, la activación de procesos constituyentes y la irradiación de agendas públicas tendientes a modificar el status quo impuesto por la hegemonía neoliberal aparecen como rasgos centrales de un conjunto de dinámicas gubernativas que forman parte del “giro a la izquierda” en el vigente escenario político sudamericano (French, 2009; Ramírez Gallegos, 2012; Sader, 2009). La idea de un “nuevo constitucionalismo latinoamericano” (Martínez, 2008) recoge, precisamente, la impronta de una perspectiva del cambio político apoyada en objetivos de refundación constitucional de la comunidad política como palanca de transformaciones de más amplio espectro (Garretón, 2006; Viciano y Martínez, 2012).
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Este trabajo profundiza los ejes planteados en un breve artículo escrito por Franklin Ramírez Gallegos y Juan Guijarro (2011). Sociólogo. Profesor-Investigador del Departamento de Estudios Políticos, FLACSO-Ecuador. Socióloga. Magíster en Ciencia Política (FLACSO-Ecuador). Becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. 31
Si de ordinario los procesos democráticos están marcados inexorablemente por dinámicas de conflicto en que los actores pugnan por la incorporación de sus divergentes principios, demandas e intereses en el sistema político –al punto en que múltiples autores definen a la democracia por su peculiar capacidad para dar cabida y reconocer al conflicto (Lechner, 1986; Portantiero, 1988)–, en contextos de refundación constitucional y cambio político acelerado, tales dinámicas parecen exacerbarse (Lieberman, 2002). El conflicto ha condicionado la agenda de los gobiernos de vocación transformacional desde sus orígenes, abriendo un momento fundamentalmente antagónico en los procesos democráticos de diversas naciones sudamericanas (Ramírez Gallegos, 2010). Ya no solo estaba en disputa, pues, el acceso a recursos o la inclusión de demandas a la agenda pública sino la redefinición misma del conjunto de reglas, procedimientos e instituciones en que podrá desenvolverse el conflicto político. Emergen, de modo irreductible, múltiples tensiones entre divergentes gramáticas de legitimación del cambio político y entre diversos principios sobre las cualidades de la comunidad democrática en transformación (González Encinar et. al, 1992; Maignon. et. al, 2000). Los casos latinoamericanos más visibles, en este sentido, son los de Venezuela, Bolivia y Ecuador. En efecto, los procesos de cambio constitucional y de transición post-constituyente en los tres países andinos se han caracterizado por turbulentos escenarios de polarización que han llegado al punto de configurarse en golpes de Estado (Venezuela), en confrontación regional entre poderes locales (Bolivia) o en pugna institucional exacerbada que derivó incluso en la caída del parlamento nacional (Ecuador), por solo citar algunas de las derivas del conflicto en tales países. La movilización social, para aupar o confrontar los proyectos de transformación, también se coloca como hilo conductor de tales procesos. Dichas movilizaciones, no obstante, no tienen 32
ya como protagonistas centrales a las organizaciones y movimientos sociales que tradicionalmente han empleado el recurso a la protesta sino además a actores de diverso tipo –empresarios, elites locales, medios de comunicación, fuerzas de seguridad, etc.– al punto que se habla, en la vigente coyuntura, de la pérdida del monopolio de la protesta por parte de los sectores populares (Ramírez Gallegos, 2013). En el Ecuador, con el arribo al poder de Alianza País (AP) y la puesta en marcha del gobierno de la Revolución Ciudadana (RC) desde 2007, se abrió un ciclo de transformaciones políticas y sociales de diversa envergadura. El apuntalamiento de la agenda de cambio se plasmó institucionalmente con la convocatoria y puesta en marcha de una Asamblea Constituyente que funcionó entre 2007 y 2008 y se profundizó con la aprobación de la nueva Carta Magna. A raíz de este reemplazo constitucional, el mapa de la conflictividad política se recompuso, tanto en lo que respecta al incremento de la frecuencia de los conflictos como en los sectores que se vieron involucrados. Por un lado, desde el primer día del mandato de Rafael Correa los partidos tradicionales, las elites políticas, las cámaras y gremios empresariales, los grandes medios de comunicación y la cúpula de la iglesia católica, se opusieron frontalmente a la instalación de una Asamblea Constituyente y al programa post-neoliberal propuesto por AP. Por otro lado, a raíz del inicio de la transición post-constituyente (2009), se verifica la apertura de otra línea de confrontación al gobierno desde diversos sectores de la izquierda y determinadas organizaciones sociales que, al comienzo, se habían acercado al proceso de cambio. Esta confrontación en doble línea al gobierno, el aumento de la frecuencia de los antagonismos y la convergencia de diverso tipo de actores e intereses sociales en múltiples movilizaciones –amén de la misma estrategia de polarización del Presidente Correa y su dificultad en reconocer el lugar de las organizaciones sociales en la contienda democrática– visibili33
zan la centralidad del conflicto político en la vigente coyuntura. Este trabajo indaga en las tensiones del proceso de cambio político inaugurado en Ecuador en 2007 hasta principios del año 2013 cuando se cierra el segundo mandato de gobierno y con él, un ciclo político con determinadas características. En este sentido, se prestará atención a las principales líneas de la conflictividad que emergieron durante este período, en el marco del acceso al poder de un gobierno progresista que, aún si recuperó e incluyó en la agenda política gran parte de las demandas populares emergidas en décadas pasadas, no ha sabido reconocer a cabalidad el lugar de las organizaciones sociales en la contienda democrática. El trabajo se organiza del siguiente modo. En primer lugar, se presenta un breve análisis de la coyuntura previa al arribo de Rafael Correa al poder político, prestando atención a los vicisitudes de los intentos de parte de las elites políticas de implementar un modelo neoliberal durante la década del noventa y a la compleja relación del poderoso movimiento indígena ecuatoriano (MIE) con la política institucional. En segundo lugar, se indaga en las principales características del proceso político liderado por Rafael Correa, haciendo hincapié en la etapa constituyente y post-constituyente en la medida en que marca un punto de inflexión en lo que atañe a la dinámica de conflictividad política en el país. Luego, se analizan cuatro coordenadas del conflicto político que han marcados los dos primeros gobiernos de la Revolución Ciudadana (enero 2007-enero 2013). Por último, a modo de reflexión final, se colocan algunas pistas para pensar las tensiones y desafíos que enfrenta el proceso de cambio político inaugurado en 2007.
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1. Hegemonía neoliberal y retraimiento estatal Desde el retorno de la democracia en 1979, Ecuador, en sintonía con los procesos sociales, político y económicos de la región, estuvo marcado por la aplicación del modelo neoliberal, a partir del cual comenzó a dejarse atrás un patrón de desarrollo económico basado en el Estado como eje de la coordinación social. La implementación de las políticas de ajuste estuvo acompañada de inestabilidad política y crisis institucional, en vista de la debilidad del poder ejecutivo, la pugna entre los principales poderes del Estado, los vaivenes del juego político al interior del Congreso, las disputas de poder regional entre las elites dominantes y la irradiación de la movilización popular hacia distintos sectores de la sociedad civil. Si bien desde el retorno de la democracia se sucedieron presidentes que provenían de distintos partidos políticos, todos aplicaron, sea bajo la doctrina del shock o de modo gradual, políticas neoliberales que quebraron los tímidos avances desarrollistas de los años 70. A diferencia de algunos análisis que ponen en cuestión la implantación neoliberal en el Ecuador4, con marchas y contramarchas, el país se vio conducido durante la década del 90 y principios de este siglo desde un prisma neoliberal que incluyó gran parte de las medidas de reforma pro-mercado ideadas desde el Consenso de Washington5. Las políticas de ajuste estructural sentaron las bases para las sucesivas crisis político4 5
Ver Hey y Klak, 1999; Lucio Paredes, 2000; Pachano, 2007. Como se sostuvo en otro trabajo, el Ecuador tiene un índice de apertura comercial de 0,95 para 1995, apertura mayor que Brasil, Colombia, Perú y Venezuela y niveles comparables con Chile. Asimismo, el índice de desregulación financiera es largamente superior al promedio latinoamericano en una relación de 0,98 a 0,92 (Ramírez Gallegos, 2012). Para una indagación más detallada del avance de la agenda neoliberal en Ecuador, ver Acosta (2012). 35
institucionales. Así, desde 1997 al 2006 ningún gobierno electo por el voto popular pudo finalizar su mandato, como consecuencia de interrupciones presidenciales en medio de grandes movilizaciones populares que impulsaron a la clase política y al alto mando militar a retirar el apoyo a Presidentes con escaso anclaje popular, sucediéndose cinco gobiernos. El ex presidente Bucaram, del Partido Roldosista Ecuatoriano, contemplaba implementar un modelo económico cuyo núcleo central consistía en la modificación del sistema monetario, la supresión de los subsidios y la privatización de un conjunto de empresas, con el apoyo, paradójicamente, de diversos sectores de izquierda, a través de una retórica beligerante con las elites económicas (Ramírez Gallegos, 2012). La política económica y la corrupción pública, del todo visible a sólo siete meses de la posesión presidencial de Bucaram en agosto de 1996, condujo a un estallido social expresado a través de grandes movilizaciones que decantaron en la destitución de Bucaram por parte del Congreso. Las protestas estuvieron protagonizadas por organizaciones indígenas y campesinas, sindicatos y partidos políticos, aunque la presencia de gran número de ciudadanos no organizados fue el sello particular de las jornadas de febrero 1997. El Congreso nombró a una figura parlamentaria –Fabián Alarcón– quien convocó a una Asamblea Constitucional para reformar la Carta Magna, una de las principales demandas expresadas por la movilización popular. La nueva Constitución, promulgada en 1998, reflejó las tensiones que caracterizaron la década. Por un lado, reconocía derechos sociales de un amplio espectro de actores sociales –mujeres, niños, jóvenes, ambientalistas, personas de la tercera edad, entre otros grupos sociales– y por otro, garantizaba la continuidad del modelo neoliberal (Ramírez Gallegos, 2009). En las elecciones de 1998, salió victorioso Jamil Mahuad, del partido demócrata cristiano Democracia Popular (DP), en un contexto de profunda crisis económica en la que el sistema 36
financiero ecuatoriano estaba prácticamente quebrado (Martín-Mayoral, 2009). En este sentido, el gobierno decidió inyectar recursos a la banca privada con el objeto de evitar su caída y para ello, incautó los depósitos bancarios de los agentes privados y la ciudadanía en general a fin de salvar el sistema financiero. Esta drástica medida vino acompañada de recortes en los subsidios de gas doméstico y electricidad y su aumento tarifario en un 400%. Como última política desesperada, el gobierno de Mahuad decidió dolarizar la economía ecuatoriana. Para diciembre de 1999, la inflación anual había llegado a un 60,7% (Vos, 1999). De esta forma, gran parte de la sociedad volvió a ser rehén de la captura oligárquico-mafiosa de las instituciones públicas, asumiendo los costos de las continuas crisis del sector privado y observando desde fuera cómo las élites saqueaban los recursos públicos para sostener un conglomerado de intereses bancarios. Múltiples movilizaciones en rechazo del gobierno de Mahuad, así como el retiro del apoyo de las clases dominantes y la clase política al presidente, prepararon el terreno para que una coalición entre la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y sectores del ejército liderados por el entonces coronel Lucio Gutiérrez derrocaran a Mahuad. La nueva y breve gestión de su sucesor, Gustavo Noboa, reafirmó la dolarización y al mismo tiempo debilitó la competitividad de la producción nacional, generando niveles inestables de crecimiento económico. Si bien durante su período la economía logró una cierta recuperación, luego de la crisis financiera de 1999, prosiguió el ajuste estructural a través de la renegociación de la deuda externa y el servicio de los acreedores privados. Lucio Gutiérrez, de la mano del Partido Sociedad Patriótica (PSP), ganó las elecciones presidenciales en segunda vuelta a fines de 2002 en el marco de una alianza con el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País (PK), creado en 1995 como brazo electoral del MIE y con el Mo37
vimiento Popular Democrático (MPD), partido político filomaoísta surgido en 1978 que controla el gremio magisterial y algunas organizaciones estudiantiles. PK y MPD fueron dos de las organizaciones políticas más movilizadas contra la implementación de las políticas neoliberales en los años previos. Sin embargo, a los pocos meses de gobierno, la alianza entre ex militares, indígenas y sectores de izquierda se quebró al expresar Gutiérrez un redireccionamiento de la agenda política y retomar los postulados del modelo neoliberal que profundizarían el ciclo de ajuste estructural. La CONAIE desconoció al gobierno de Gutiérrez y PK retiró su presencia político-institucional dentro del gobierno. No obstante esta ruptura, se produjo un reflujo del MIE y una disminución del nivel de movilizaciones y el conflicto político6 debido a diversos factores como la política clientelar llevada a cabo por el gobierno de Gutiérrez; las tensiones cada vez mayores entre la CONAIE y PK, y entre diversas tendencias político-ideológicas dentro del MIE7, el clivaje regional 6
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Entre 1999-2000 la protesta social llega a su clímax: se registra una media de 62 conflictos por mes. Luego del paso de Pachakutik por el poder (2003-2005), dicho promedio desciende a 25. Cálculos realizados a partir de los datos de la revista Ecuador Debate, serie 1983-2010, CAAP-Quito. Dentro del campo indígena se han identificado varias tendencias: los “etno-pragmáticos” priorizaban en su vínculo con el Estado la diferencia que los caracterizaba y de esa forma esperaban una respuesta estatal particular materializada en recursos institucionales y económicos; los “etno-doctrinarios” buscaban interpelar al Estado articulando a la causa indígena otras demandas de tipo populares orientadas a transformar social y políticamente a la sociedad; los “etno-radicales” no le otorgaban ninguna legitimidad al Estado, sólo lo harían en caso de que este adquiera un carácter plurinacional; y los “etno-leninistas”, por el contrario, concebían a cualquier forma estatal como la garante de la reproducción de la clase capitalista dominante y
de las organizaciones indígenas (sierra-Amazonía); disputas étnicas a propósito del liderazgo de las organizaciones (entre mestizos e indígenas); problemas organizativos al interior del MIE y fragilidad de los mecanismos de coordinación colectiva entre el instrumento electoral y el movimiento (Ramírez Gallegos, 2012). Estos factores estaban vinculados a la participación del MIE en la arena político-institucional en un momento en que la crisis de legitimidad del sistema político y de representación llegaba a su punto más alto. En efecto, si bien durante los dos años de gobierno de Gutiérrez la economía encontró cierta estabilidad, logrando una reducción de la inflación y un leve mejoramiento de los indicadores como el PBI y la pobreza, los problemas comenzaron a provenir de otro frente, el político-partidario. Dado que no tenía mayoría en el Parlamento, Gutiérrez elaboró una estrategia orientada al tejido de alianzas parlamentarias con el Partido Social Cristiano, la más importante fuerza de derecha en el Ecuador, que terminó por fracasar luego de las elecciones legislativas de 2004. En el marco de esta debilidad política, el Coronel conformó una alianza con el PRE (Bucaram) y el PRIAN (Álvaro Noboa, el magnate bananero) e intervino inconstitucionalmente la Corte Suprema de Justicia para reemplazar a su directiva por una nueva –afín al gobierno– que desactivara los juicios contra Bucaram para que éste pudiera regresar al país –exiliado en Panamá desde 1997– y de esta forma lograr una mayoría legislativa con el PRE. Estas maniobras políticas, así como el retorno efectivo de Bucaram al país, generaron una masiva ola de protestas y movilizaciones ciudadanas –localizadas sobre todo en la ciudad de Quito– que carecieron de una dirección política unificada así como de la presencia de las organizaciones sociales, como el movisólo tomando el poder de la mano de las clases populares y los nuevos movimientos sociales se podría alcanzar la real emancipación (Ramírez Gallegos, 2009). 141
miento indígena, tal como había sucedido en anteriores crisis políticas e institucionales (Ramírez Gallegos, 2005). Durante los diez días de protesta que antecedieron al derrocamiento presidencial de Gutiérrez, en abril de 2005, el MIE no estuvo en la calle, lo cual terminaba por dar cuenta del creciente ocaso de la hegemonía indígena en el campo popular. No estaba en juego la descomposición del movimiento –promovió una contundente movilización contra el intento gubernamental de firmar un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos en marzo 2006 (Ospina Peralta, 2006)– o la pérdida de vigencia de su agenda, sino que su proyección política no alcanzaba ya a interpelar a una multiplicidad de nuevos actores disidentes u opositores al orden vigente, muchos de los cuales protagonizaron la “revuelta de abril” (Ramírez Gallegos, 2005) que suscitaría la caída presidencial de 2005. El lugar que tradicionalmente había ocupado el MIE como protagonista de la protesta fue ocupado por una pluralidad de inexpertos marchantes y de neófitas iniciativas colectivas que, sin redes organizativas previas, lograron altos niveles de coordinación mientras se movilizaban. Bajo la consigna “que se vayan todos” miles de ciudadanos bailaron, hicieron sonar sus cacerolas, formaron asambleas, desplegaron inéditos repertorios de acción y desafiaron al poder prescindiendo del comando de cualquier partido u organización social. Aún en medio de las heterogéneas perspectivas y de las singulares formas de acción de la multitud de abril sus marcos de significación convergían en un profundo repudio a la estructura de representación y en la demanda por una reforma política inmediata. Las perspectivas más radicales avizoraban la refundación de la política a través de la apertura de un momento constituyente. Aunque la agregación espontánea de una pluralidad de acciones no alcanzaba a forjar acción colectiva consistente, la revuelta parecía verificar cómo la disponibilidad de la multitud para desenvolverse en escenarios contingentes ampliaba el espacio de lo posible (Bensaid, 2005). 142
2. Hacia el Ecuador postneoliberal: reconfiguración estatal y cambio político Con el inicio de la breve gestión de Alfredo Palacio, durante la cual Rafael Correa es posesionado como Ministro de Economía, comenzaron a manifestarse los primeros indicios de la inauguración de una “época de cambios” en Ecuador. Durante su breve gestión en Economía, Correa mostró una actitud contestataria hacia los organismos internacionales de crédito y hacia la ortodoxia neoliberal. Asimismo, decretó la caducidad del contrato que el Estado tenía con la petrolera norteamericana OXY. Si bien el breve gobierno de Palacio mostró señales de cierta ruptura con el ordenamiento neoliberal, no dio paso a la reforma política –a través del llamado a una Asamblea Constituyente– que era una de las demandas centrales de los movilizados en abril. Durante la campaña electoral, Correa y AP retomaron las banderas expresadas en las “jornadas de abril”. El discurso de Correa fue profundamente anti-neoliberal, bolivariano e izquierdista, construyendo como adversarios políticos a la elite económica ecuatoriana encarnada en los grupos empresarios costeños –la oligarquía guayaquileña– respaldados por el derechista Partido Social Cristiano (PSC) liderado por el alcalde guayaquileño Jaime Nebot, los organismos internacionales de crédito y la clase política ecuatoriana. En efecto, AP, fundado para fines electorales, prescindió de una estructura partidaria y manifestó signos de distanciamiento con los partidos políticos tradicionales al no presentar candidatos para el Congreso Nacional8. El movimiento político contó inicialmente con el apoyo electoral del Partido Socialista Ecuatoria8
Sobre la conformación de AP ver también el Artículo de María Florencia Pagliarone “La emergencia de movimientos políticos en América Latina. El caso del Movimiento Alianza País en Ecuador”, en este volumen. 143
no (PSE), con un grupo de militantes e intelectuales del campo político de la izquierda y con el respaldo –relativamente débil– del movimiento indígena. Éste se vio ante la disyuntiva de participar en las elecciones en alianza con otro partido o coalición política –AP invitó a la dirigencia indígena a conformar la fórmula presidencial– o hacerlo presentando un candidato indígena propio. Dada la desafortunada experiencia del MIE en su paso por el gobierno de Gutiérrez, se escogió la segunda opción, obteniendo PK sólo el 2,4% de los votos válidos (Ramírez Gallegos, 2009). Luego de enfrentar en segunda vuelta a Álvaro Noboa, Correa es electo con 54% de los votos. Dejar atrás “la larga y triste noche neoliberal” y desmontar el poder de la “partidocracia” fueron sus grandes ofertas de campaña. Apenas posesionado, y en sintonía con la agenda de abril, Correa convocó a una Consulta para instalar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). El 82% de la población votó de modo afirmativo. Desde entonces el voto popular sería el principal soporte para el encumbramiento de un Presidente de vocación transformacional que llegó al poder sin partido ni representación parlamentaria propia y en medio de la fragilidad de la sociedad organizada. La elección de los constituyentes supuso una gran derrota de las fuerzas que comandaron la modernización neoliberal desde inicios de la década del 80: AP obtuvo 80 curules de los 130 en disputa, el resto de las izquierdas se acercó al 10%. Las listas del oficialismo incluyeron a algunos segmentos del movimiento popular. AP adquiría así el perfil de una coalición de fracciones en que coexistían sectores de centro, viejas y nuevas militancias de izquierdas, segmentos de los nuevos movimientos sociales (ecologista, mujeres, jóvenes), ciudadanos inexpertos y políticos oportunistas de larga trayectoria (Ramírez Gallegos, 2010a). De esta forma, el proyecto de la Revolución Ciudadana (RC), comenzaba a exhibir un gran apoyo popular alrededor del liderazgo presidencial. Lue144
go de seis meses de mandato, Correa llegó a detentar más del 85% de apoyo a su gestión y aparecía así como un Presidente que ganaba unas elecciones sin sostenerse en partido político alguno ni en organizaciones sociales robustas. Además de la convocatoria a una Asamblea Constituyente, otras políticas durante los dos primeros años ayudaron a fortalecer el liderazgo de Correa y del proyecto político que encabezaba. El fin de convenio que permitía la presencia de EEUU en la base área de Manta, la suspensión de las negociaciones en torno al Tratado de Libre Comercio (TLC), la ratificación de la caducidad del contrato con la petrolera norteamericana OXY, entre otros, constituyeron decisiones políticas tendientes a recuperar los procesos de desarrollo económico hacia adentro y la centralidad de la soberanía nacional en el proyecto político. Una de las medidas más significativas fue la incautación estatal de 195 empresas correspondientes al Grupo Isaías9, uno de los conglomerados económicos y mediáticos más poderosos del país. Este conjunto de políticas de gran impacto político se vio acompañado de la implementación de programas en materia de educación, salud, vivienda y desarrollo humano, como el aumento del Bono de Desarrollo Humano10, la duplicación del bono orientado a la vivienda, la aplicación de subsidios a la energía para los hogares de menor poder adquisitivo y una reforma progresiva del sistema
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El Filanbanco propiedad del Grupo Isaías, había financiado la campaña electoral del candidato Jamil Mahuad y fue uno de los protagonistas de la crisis financiera del año 1999 como producto de lo cual se incautaron los depósitos de los ciudadanos. 10 Si bien un programa similar se implementó durante la etapa neoliberal, Correa lo modificó, convirtiendo a los beneficiarios en sujetos con capacidad de acceder al crédito financiero (Ramírez Gallegos, 2010). 145
tributario, entre otros, logrando un mejoramiento en todos los indicadores sociales y económicos11. Este conjunto de acciones políticas puso de manifiesto una lógica política de acción gubernamental sustentada principalmente en el carácter decisionista del ejercicio de poder y en la implantación de un liderazgo confrontativo que polarizaba la lucha política y ampliaba así la popularidad del nuevo liderazgo. A la vez, estas medidas abrían las condiciones políticas para un progresivo “empoderamiento” del Estado y una cada vez mayor autonomía del Poder Ejecutivo respecto a los grupos de poder –nacionales y transnacionales– que durante la época neoliberal ostentaban un alto poder de veto en toda decisión estatal (Ibarra, 2009)12. Así, el carácter presidencialista del régimen político ecuatoriano se reactualizó con la gestión política de Correa. Esta lógica de la acción gubernamental así como los contenidos y opciones de políticas públicas dirigidas a resquebrajar la matriz social y política gestada durante décadas, otorgaron a Correa una fuerte legitimidad política, potenciando de forma circular ese modo de gestionar la “cosa pública”. En otras palabras, a medida que el estilo decisionista redunda en una relativa eficacia política por la ejecutividad de las decisiones rápidas y contundentes, se refuerza el liderazgo presidencial, 11 La inversión pública en relación al PIB pasó de 4,7% en 2006 al 16,6 en 2013. Respecto a la pobreza, si para el año 2005, el porcentaje de hogares pobres (medido por el método de NBI) era de 47%, en 2013 dicho porcentaje se reduce al 34% En relación a la tasa de desempleo, ésta pasó de 9,9 en el año 2005 al 4,8 en el año 2013 (datos extraídos de la página web de la Secretaría de Planificación y Desarrollo del Ecuador –Senplades. http://www. planificacion.gob.ec/. Consultado el 15 de agosto de 2014). 12 El carácter presidencialista del gobierno de Rafael Correa no es una novedad, sino que constituye un elemento inherente al régimen político ecuatoriano que volvió a cobrar fuerza en el vigente proceso político. 146
lo cual a su vez, habilita nuevamente ese modo de la acción gubernamental. El ejercicio decisionista del poder no sólo opera en la opción de políticas públicas sino también en la resolución de conflictos que muchas veces ese mismo ejercicio produce. Por ejemplo, desde diciembre de 2007 hasta agosto de 2008, el número de intervenciones del presidente Correa para tramitar los conflictos sociales supera por primera vez las injerencias de otros organismos o figuras estatales, como el Poder Judicial o los Ministros (Sánchez Parga, 2008: 33).
3. Transición postconstituyente y emergencia de un nuevo ciclo de conflictividad Durante la ANC llevada a cabo entre el año 2007 y 2008, Alianza País amplió sus bases de apoyo y construyó una alianza con los asambleístas de las principales fuerzas políticas de izquierda (MPD y PK), actuando como un “megabloque” (Acosta, 2010). Si bien las disputas entre los movimientos sociales y el bloque gobiernista no cesaron, se logró desplegar una dinámica de interlocución y reconocimiento político entre las diversas fuerzas del campo progresista. En la Constitución de 1998 las organizaciones y movimientos de izquierda ya habían logrado ampliar los derechos sociales e incluir los derechos colectivos. En esta oportunidad, la agenda de estas fuerzas sociales –que incluía ya a la emergente AP– estaba orientada a lograr el reconocimiento del Estado plurinacional y torcer el modelo de desarrollo vigente hacia uno que supere el núcleo duro del neoliberalismo. La Constitución aprobada por referéndum popular en 2008 incluyó un conjunto de derechos sociales y colectivos reivindicados por los indígenas y afro-descendientes así como por el movimiento sindical y el ecologista. La Constitución proponía un Estado plurinacional e intercultural (Constitución del Ecuador, artículo 1), creaba los derechos de la naturale147
za (capítulo séptimo), eliminaba la tercerización laboral (artículo 327) y contemplaba la conformación del denominado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como instancia mayor de promoción de la participación y de activación desde abajo de procesos de rendición de cuentas. La Constitución otorgaba al Estado una centralidad insoslayable como principal agente de intervención en diferentes ámbitos del ordenamiento social de forma tal que resquebrajara la estructura de poder que había sostenido el modelo de Estado neoliberal. En este sentido, el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 expresa: “la carta magna fortalece el Estado recuperando sus roles en la planificación, regulación y redistribución en tanto garante de lo público en sentido amplio”13. El Estado se constituyó, desde el gobierno, en el legítimo representante del interés general en pos de llevar adelante la agenda política de cambio. La implementación de una agenda orientada al bien común en detrimento de los intereses particulares requería desde la visión del gobierno evitar que la tradicional representación sectorial, gremial y corporativa de los movimientos sociales, empresarios, banqueros, sindicatos y organizaciones sociales se fortaleciera en el seno del Estado y por ende, “descontaminarlo” de la injerencia de los poderes fácticos. En palabras del propio Presidente: …el Estado que recibimos, el efecto político más perverso del neoliberalismo, fue el debilitamiento de los estados nacionales que no son otra cosa que la representación institucionalizada de todos nosotros, (…) encontramos instituciones públi-
13 En el plano institucional, la creación y protagonismo de la Secretaría de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), en reemplazo del Consejo Nacional de Modernización (CONAM) que representaba una visión minimalista del Estado, constituye una clara manifestación de la agenda política post-neoliberal que emprendió el gobierno de Correa. 148
cas con mayoría privada independiente del Gobierno central pese a que en teoría ya eran parte del Gobierno central, la corporativización por todos lados, era un Estado inmanejable, absolutamente ineficiente, descompuesto, desecho.14
La Constitución estipuló un “Régimen de Transición” según el cual debían aprobarse dieciséis leyes en el lapso de un año en torno a distintos campos de política pública. Asimismo, se convocó a elecciones para todas las dignidades, incluso Presidente y Vicepresidente en el marco de las nuevas reglas de juego. En tales comicios, el binomio Correa-Moreno obtuvo el 52% de los votos y se impuso en primera vuelta al resto de competidores. Por primera vez en el vigente ciclo democrático, un Presidente era electo sin necesidad de ballotage. No obstante, el oficialismo no alcanzó la mayoría parlamentaria. Aquello complejizó el proceso de puesta en marcha de la agenda política delineada en la Carta Magna y requeriría que AP tejiera alianzas con otras fuerzas políticas (Ramírez, 2010a). Sin embargo, el poder ejecutivo relativizó esta necesidad y profundizó su injerencia en la arena legislativa, generando la ruptura de la coalición progresista que había permitido aprobar una nueva Constitución. Tal descomposición estimuló la reactivación del conflicto social e impidió la aprobación de las leyes en los plazos previstos (Ramírez Gallegos y Guijarro, 2011). Es, pues, a partir de la etapa que se inicia con el segundo mandato de Correa, luego de la aprobación de la Constitución, que comienza un nuevo ciclo de conflictividad social en torno a los debates de la transición post-constituyente (Ramírez Gallegos et al., 2013). Si bien desde el inicio del gobierno de Rafael Correa en 2007 se había registrado un aumento considerable del nivel de conflictividad política en relación a los años 14 Discurso pronunciado por el presidente Rafael Correa ante la Asamblea Legislativa el día 15 de enero de 2009. 149
previos de reflujo de la movilización, a partir del año 2010 dicho nivel aumenta considerablemente. En efecto, si durante el período 1998-2002 se registraron 566 conflictos por año y durante el período 2003-2005 tal cifra desciende a 355 episodios de conflictos, durante el período en que gobierna Rafael Correa (2007-2012) dicha cifra repunta a 586 conflictos en promedio por año (Ramírez Gallegos et. al., 2013: 168). Dentro del último período, se identifica el año 2010 como el más alto umbral de conflicto en los últimos quince años de vida democrática en el país (ver cuadro número 1). Cuadro No. 1 Conflictividad política entre 1998 y 2012.
Fuente: Ramírez Gallegos et. al., 2013
Durante 2010, el país volvió a observar un alto grado de movilización social, sobre todo, alrededor de dos grandes picos de protesta ligados “a los debates abiertos en torno a la Ley de Agua (abril-mayo) y por otro, a la discusión durante septiembre de los vetos presidenciales de cuatro leyes que constan en el Régimen de Transición: la Ley Orgánica de Educación Superior, la Ley de Educación Intercultural Bilin150
güe, la Ley Orgánica de Servicio Público y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización” (Ramírez y Le Quang, 2011: 146). En este contexto de creciente conflictividad a medida que avanzaba la discusión y aprobación de determinados cuerpos legislativos, emergieron cuatro grandes coordenadas de la conflictividad política. Estas cuatro líneas de conflicto hacen referencia a distintos campos de disputa: reconocimiento político; representación y participación social en el Estado; libertades individuales; y orientación del modelo de desarrollo y buen vivir. Se trata de problemas públicos que emergen en medio del conflicto político protagonizado por diverso tipo de actores –aún si sus acciones disruptivas no se desarrollan de forma simultánea– en relación al despliegue específico de diferentes tramos de la agenda gubernativa de la Revolución Ciudadana. La identificación de estos cuatro campos de problemas públicos provino de exploraciones previas en diversos estudios y observatorios sociales: a) la base de datos de conflictividad socio-política construida por el Centro Andino de Acción Popular (CAAP) desde 1982; b) el estudio acerca del conflicto parlamentario entre los años 2009 y 2011 (Ramírez et al, 2013; 2013a); y, c) el Observatorio de “Campos de conflictividad política 2007-2013”, actualmente en construcción (Ver Anexo 1). En su globalidad tales investigaciones dejan ver las principales líneas de conflictividad en curso y permiten situar dos rasgos del contexto socio-político de su emergencia. El primero, la existencia de un específico tipo de conflictividad alrededor de la transición post-constitucional. El segundo, el peso de las decisiones del poder ejecutivo en la dinamización e intensidad de los conflictos. Ambos elementos configuran un escenario democrático en que ‘cambio y conflicto’ van de la mano. En lo que sigue se estudian esas cuatro grandes coordenadas de conflictividad política en que se visibiliza a cabalidad dicha conexión.
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4. Luchas por reconocimiento político Uno de los rasgos palpables de la transición post-constituyente ha sido la reducción de los espacios de interlocución política entre el gobierno y diversos actores organizados. Dicha contracción ha sido contestada por diversos agentes sociales como un déficit de reconocimiento político y participación popular en el proceso de cambio. Tales cuestiones se verifican por dos razones. En primer lugar, la sólida implantación del liderazgo de Correa, apuntalado en un carrusel de éxitos electorales y en altísimas tasas de popularidad, incubó las tendencias a la subestimación presidencial del aporte de la acción colectiva autónoma al proceso político. Las amplias victorias electorales del gobierno nacional le otorgaron una legitimidad de origen tal que el apoyo electoral fue conceptualizado como consenso integral desde la ciudadanía hacia el proyecto político. En este sentido, en el discurso presidencial el sufragio universal aparece como el principal, sino único, mecanismo que legitima la presencia de demandas y actores sociales en el espacio político. En segundo lugar, la rápida aprobación de gran parte de las leyes fundamentales estipuladas en el Régimen de Transición –la Constitución dio un año para dicho proceso– tuvo como efecto reducir las instancias de debate entre el bloque gobernante y las organizaciones sociales. Si para el gobierno era vital continuar con el tempo revolucionario –cambios rápidos y contundentes– que tan bien había funcionado para bloquear cualquier oposición política consistente, el parcial cierre del espacio de discusión de las leyes de la transición –al contrario de la dinámica de interlocución abierta en la ANC– provocó un enorme malestar entre los actores colectivos por su escasa influencia en el debate post-constitucional (Ramírez Gallegos, 2010b).
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Uno de estos actores fue el movimiento indígena ecuatoriano (MIE). Desde 1990 el movimiento se había “sentado” a negociar con todos los gobiernos de turno luego de contundentes movilizaciones. Logró construir y afirmar así una identidad política capaz de ser reconocida por el sistema político en tanto actor político autónomo. Este reconocimiento se expresó a través de la generación de espacios de interlocución entre los gobiernos y la dirigencia indígena, la inclusión de representantes indígenas al interior de la estructura estatal (aspecto que, en cierta medida, continúa durante los gobiernos de Correa) y el control cuasi-corporativo de determinados tramos de la política pública de interés para el movimiento. Así, conflicto, negociación y reconocimiento iban de la mano. Aunque la influencia socio-política del MIE se contrajo con anterioridad a la llegada de Correa –el magro resultado obtenido en las elecciones de 2006 por el candidato indígena lo prueba–, con la RC dicha contracción se entrelaza con la falta de interlocución política entre ambos actores. Durante la ANC, Pachakutik formó parte de la coalición que apoyó la redacción de la nueva Carta Magna, abrió espacios de deliberación política y consiguió que varias de sus demandas sean incluidas en el nuevo texto (declaración del Estado plurinacional, derecho al agua, derechos de la naturaleza, etc.). Tal incidencia se contrae, como se ha sugerido, en el período posterior a la ANC. Aquello exacerba las tensiones con el gobierno –más allá de las diferencias programáticas propias a todo proceso de transformación– y acelera las reivindicaciones por participación política en los debates postconstitucionales. Así, en 2009, el MIE se movilizó contra la Ley de Recursos Hídricos y la Ley de Minería que estaban siendo discutidas en la Asamblea. Realizó un levantamiento en la Sierra y
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en la Amazonía contra la decisión presidencial de no dar paso a la consulta previa con las comunidades (Chávez, 2010). Sólo una vez que la protesta alcanzó altos niveles de violencia15, el gobierno activó mesas de negociación encabezadas por el mismo Presidente, tal y como había sido la dinámica durante la década del 90. En los diálogos, uno de los principales reclamos indígenas al Presidente –además de las demandas en torno a los contenidos mismos de las leyes– fue su “falta de respeto” al movimiento. Para inicios de 2010 las conversaciones fueron interrumpidas. En adelante, ambas partes se cerraron al diálogo y mientras la contestación social subía de tono, se hizo más visible la baja disposición presidencial a reconocer el lugar de las organizaciones sociales en la contienda democrática. Para la CONAIE, durante las negociaciones el gobierno no tomó en serio el proceso ni acogió sus principales demandas. Para el gobierno, la dirigencia indígena se atrincheró en una agenda parcial e ignoró la orientación general de las políticas públicas orientadas al desarrollo nacional16. Otro de los actores que resintieron el cierre del espacio político en el Ecuador post-constituyente ha sido el gremio docente. Si hasta 2009, dicho sindicato y su partido afín –el MPD– operaron como aliados incondicionales de la Revolución Ciudadana, en lo posterior tomaron distancia de Correa en medio de una serie de agravios del Presidente a los docen15 Durante el levantamiento realizado por organizaciones indígenas el 30 de septiembre de 2009 en la ciudad de Macas, el profesor shuar Boscon Wisuma fue asesinado por el impacto de una bala en medio de fuertes enfrentamientos. Al día de hoy, la Justicia está investigando el caso. 16 En junio de 2010 la CONAIE se manifestó contra la realización de la cumbre de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA) que contaba con la presencia de H. Chávez y E. Morales. Dicha acción recrudeció la confrontación política entre Correa y el MIE. 154
tes en el curso de la discusión sobre la Ley Reformatoria a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional (LCDEMN) y la Ley Orgánica de Educación Intercultural. La reforma educativa estaba orientada a ordenar la dispersión institucional y descomponer la captura corporativa de la política educativa por parte del gremio docente (Posso, 2013). El peso de la UNE en los procesos de selección y evaluación docente se había consolidado en décadas previas. El control de la educación pública por parte del gremio –conformado por “mafias” según la retórica presidencial– era considerado por el gobierno como uno de los factores que la había sumido en la “mediocridad” e “ineficiencia”17. Los cambios propuestos por el gobierno no sólo redundarían en una merma del poder del sindicato sino en una modificación del modo en que se venía concibiendo y gestionando el modelo educativo en la perspectiva de democratizar la educación. Una de las reformas que mayores controversias suscitó fue la vinculada a los procesos de selección y promoción docente y a las bonificaciones económicas adicionales que complementaban el sueldo mensual de los maestros. El proyecto de evaluación docente propuesto por el gobierno eliminaba el concepto de “antigüedad docente” y estipulaba que los maestros que obtuvieran dos calificaciones consecutivas insuficientes en las pruebas –que de ahora en adelante elaboraría y administraría el Ministerio– serían desvinculados de sus cargos docentes. Asimismo, se eliminaba el bono asociado a la denominada “jubilación adicional” de los agremiados y, en su lugar, se aumentaba el salario de todos los docentes con el objetivo de homologarlo al de los otros servidores públicos, des17 Declaraciones del Presidente Correa en el enlace ciudadano del 23 de mayo de 2009; durante la concentración “Unidos contra la mediocridad” organizada por el gobierno el día 29 de mayo de 2009; y el 22 de septiembre de 2009 durante la visita del Presidente de varios colegios en el contexto del paro docente. 155
conociendo, según el sindicato, las particularidades profesionales de los maestros. La visión del gobierno reposaba en el principio de la democratización y racionalización del sector público así como en la calidad de los servicios ofrecidos por el Estado orientados a garantizar derechos universales básicos. En virtud de dichos principios, los docentes debían atravesar una serie de evaluaciones que aseguraran no sólo un alto nivel de los maestros sino también mecanismos de ascenso basados en el mérito. A raíz de estas medidas, el gremio decidió convocar a un paro de actividades para septiembre de 2009. La paralización duró un mes y forzó al gobierno a abrir negociaciones en lo concerniente a la evaluación y jubilación de los profesores. En palabras de la por entonces presidenta del gremio, la huelga “no fue por incremento salarial, esta vez el paro fue por dignidad, la bandera levantada por el gremio fue por la dignidad, no más maltrato, no más descalificación (…) el trabajo docente no se lo revaloriza sólo con dinero (…) el problema no sólo fue el sistema de evaluación, sino la forma en que se implementó la evaluación: desde militares en las puertas hasta insultos del mandatario: mediocres, pelafustanes, corruptos, vagos (…) y al maestro lo estigmatizaron (…) en la calle, si sabían que era maestro, le decían ‘maestro vago vaya a evaluarse’ ” (entrevista a Mariana Pallasco, citada en Posso, 2013). Esta falta de respeto, aducida por el gremio, respondía a un determinado entramado simbólico que permeaba la identidad de los docentes en el cual la “antigüedad laboral”, además de consistir en un mecanismo de gratificación salarial, era considerada como un derecho conquistado. La ley se aprobó con la eliminación de los beneficios adicionales y la estipulación de la evaluación docente a cargo del Ministerio como mecanismo para seleccionar y ascender a los maestros. El gremio y el MPD rompieron con la RC a pesar de que, desde su primer año de mandato, Correa incrementó largamente el financiamiento público para la educación, las partidas do156
centes y los salarios de los maestros represados desde el decenio neoliberal. En suma, los dos episodios de conflicto evidencian los modos en que se ha configurado un campo de conflictividad en torno a la subestimación presidencial de la acción colectiva en el proceso democrático. El presidente Correa parece creer que su voluminosa política redistributiva contiene por sí misma la dimensión de reconocimiento moral y político con la que los sujetos consiguen inscribirse, de modo íntegro, en la dinámica de formación de la voluntad popular. El énfasis en la ampliación de los derechos sociales sin efectivo reconocimiento del valor de las identidades políticas y de la contribución histórica de las fuerzas sociales a la producción y a la reproducción social tiende a restringir el margen de validez normativa de cualquier pretensión igualitaria. Sin reconocimiento no hay interlocución democrática posible (Ramírez Gallegos y Guijarro, 2011) y, al mismo tiempo, sin interlocución se debilita el contenido participativo del juego democrático. Ciertas perspectivas teóricas provenientes de la filosofía política (Fraser, 2003; Honneth, 1997) propusieron dos modos de comprender y explicar la naturaleza política de los conflictos que tienen lugar en las sociedades complejas: uno asociado a la política de clase y otro a la política de la identidad (Cohen y Arato, 2000). El primero, llamado paradigma de la (re) distribución, otorga una centralidad a las injusticias que se definen como socioeconómicas y entiende que los sujetos reclaman derechos en virtud de la posición-socio económica que ocupan en la sociedad; mientras que el segundo focaliza la atención en las injusticias ancladas en patrones sociales y simbólicos de representación, interpretación y comunicación y en determinados valores culturales. Por lo general, los actores que definen las injusticias de esta forma demandan “reconocimiento” y “respeto” a los agentes que consideran responsables del daño que sufren.
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Si bien estas “gramáticas del agravio” pueden disociarse analíticamente, en muchos conflictos tienden a combinarse, aún si una de ellas adquiere mayor gravitación. No se trata entonces de reducir el análisis a un esquema binario entre conflicto por intereses o conflicto por reconocimiento18. Las luchas sociales son un entramado complejo de reivindicaciones por distribución-redistribución y por dignidad-respeto. En los conflictos analizados, no obstante, se resalta la especificidad de las demandas por reconocimiento político en dinámicas contenciosas que bien pueden cristalizarse a través de retribuciones políticas, beneficios económicos o concesiones simbólicas.
5. Las batallas por el Estado El apuntalamiento de la rectoría del gobierno central en la determinación de la agenda pública ha sido un factor clave en la disputa política abierta desde la llegada de Rafael Correa al poder político. La ampliación del margen de autonomía estatal con respecto al poder global, los poderes fácticos y los cuerpos intermedios de diverso signo afines al mantenimiento de la agenda neoliberal ha sido una preocupación constante por parte del gobierno nacional. A diferencia del modelo neoliberal dominante durante las décadas previas en la región, el cual debilitó al Estado y licuó la preocupación por su papel central en la afirmación del bien común, el proceso de cambio inaugurado en 2007 en Ecuador dotó al Estado de recursos y capacidades para planificar el 18 Como sostiene Saint Upéry, “algunas comunidades ´culturales´ pueden tener reivindicaciones en apariencia estrictamente ´económicas´ y gremios oficialmente ´económicos´ pueden tener formas de organización marcadas por una fuerte idiosincrasia y ritualidad cultural” (2001: 55). 158
desarrollo nacional, gobernar a los mercados y redistribuir la riqueza social. Para lograrlo, el eje fundamental ha sido la reconfiguración de la arquitectura estatal en vistas a recuperar la rectoría del gobierno civil sobre el conjunto de las políticas públicas e instaurar nuevos patrones de relacionamiento entre la acción pública y los diversos actores sociales. Entre otros aspectos, la agenda de reforma estatal procuró –no siempre con éxito– poner coto a la captura de las instituciones públicas por parte de agentes sociales de diverso tipo. En el proceso de reforzamiento de la autonomía estatal se sacudieron entonces los cimientos de diferentes arreglos corporativos. Ello ha constituido un factor de conflictividad política con diversos actores, no sólo agentes económicos, sino diversas organizaciones sociales e incluso las fuerzas del orden. Tres son los conflictos que expresaron a cabalidad la disputa no sólo por la (legítima) intervención del gobierno central en la orientación de la agenda pública sino por su “aspecto objetivado” –su materialización en instituciones y normativas que organizan a la sociedad (O´Donnell, 1978) –: los ya mencionados en el apartado anterior entre el MIE, el gremio de maestros y el gobierno; y el conflicto suscitado el 30 de septiembre de 2010 entre las fuerzas del orden y el gobierno nacional en torno al debate y aprobación de la Ley Orgánica de Servicio Público. Respecto al sector educativo, la dinámica del conflicto se activó en relación a la reforma de los espacios de representación y participación del gremio docente en la gestión de la política educativa. Especial relevancia tuvo el recorte de funciones políticas del gremio en los procesos de selección docente y en las instancias de arbitraje de conflictos. En tales espacios se juega parte del poder y autonomía tanto del gremio docente como del gobierno. Asimismo, esta disputa responde a los estrechos nexos entre el gremio docente y el MPD, partido que por décadas controló al sindicato y logró a través de éste
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conquistar espacios políticos al interior del Estado y del sector educativo. La restricción de participar en la “Comisión de excelencia docente” y en la “Comisión de defensa profesional”19 a representantes del gremio constituyó una clara muestra de la intención del gobierno de recuperar pleno control en el campo de la política educativa. La presencia mayoritaria del sindicato en dichas comisiones (con la LCDEMN promulgada en 1990 el gremio tenía tres representantes, frente a uno que se estipuló en la reforma de dicha Ley) consistía en un mecanismo no sólo para controlar mayores recursos sino para afianzar la reproducción del poder del sindicato y sus redes de lealtad. En contrapartida, las reformas post-constitucionales otorgaron al Ministerio de Educación la potestad para controlar y distribuir las partidas presupuestarias así como para gestionar las pruebas y concursos de mérito y oposición para el ascenso de las categorías de los docentes, el eslabón crucial del sistema escalafonario. En el nuevo modelo, los salarios de base para el magisterio estaban vinculados a las calificaciones que los maestros obtuvieran en las pruebas administradas por el ministerio y ya no a una negociación vis a vis con el gobierno de turno. Aquello debilitaba a la huelga como método de presión gremial. La relación directa entre los maestros y el gobierno resquebrajaba el poder de representación del sindicato al no necesitar aquellos la intermediación del gremio. Desde la visión del gobierno, los criterios con los que antaño se dirimía la continuidad o ascenso de un maestro atentaban contra la mejora de la ca-
19 La comisión de excelencia docente regulaba la selección, cambio, promoción y ascenso de los maestros y la comisión de defensa profesional se encargaba de dirimir los conflictos relacionados con el sistema educativo y regentar la aplicación de la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional de 1990. 160
lidad de la educación pública y gratuita pues privilegiaban el reclutamiento gremial. El segundo conflicto alude a la Ley de Recursos Hídricos debatida en la Asamblea durante el año 2010. La Ley incluía el tema de la composición política de la institución rectora del sector hídrico. Si bien tanto el gobierno como el MIE coincidían en que es imprescindible reconstruir la autoridad estatal –desmontada por los neoliberales en 1994 y diluida en numerosos organismos regionales– que administre el agua, discrepaban respecto a la legitimidad, el lugar y el peso de la representación del poder público y de la participación social en la composición interna de la nueva entidad rectora del sector hídrico. La CONAIE planteaba que dicha autoridad sea un Consejo Intercultural y Plurinacional con delegados indígenas, usuarios del riego, consumidores, movimientos y una representación minoritaria del gobierno. Para el gobierno dicha figura no sólo otorgaba atribuciones que no contemplaba la Constitución, sino que relegaba al poder público a un segundo plano: su propuesta preveía que el Presidente nombre una “Autoridad Única del Agua” (presidida por un Secretario Nacional del Agua, instancia del poder ejecutivo) e incluya un Consejo Plurinacional, en tanto organismo consultivo (con voz pero sin voto) con composición paritaria del gobierno y las comunidades, encargado de formular políticas y supervisar el cumplimiento de la ley. En un contexto de crecientes movilizaciones y desacuerdos, la ley no pudo ser votada en el parlamento sino hasta el momento en que se escriben estas líneas (2014), es decir, cinco años después del período estipulado en la Constitución. Jorge Herrera, presidente de la CONAIE, sostuvo recientemente que si bien la ley aprobada incluía avances sustantivos respecto a lo que se había debatido hacía cuatro años, el problema de fondo consistía aún en la determinación de una “Autoridad Única del Agua”. Aducía que “estamos de acuerdo que sea el Estado esa autoridad, pero nosotros también somos 161
Estado”.20 Así, más que un rechazo al retorno estatal –obsesión neoconservadora– para las organizaciones sociales está en juego la legitimidad de la presencia de intereses colectivos y gremiales en las instituciones públicas. El movimiento, lejos de rechazar la intervención del Estado como tal, resiste a la intención descorporativizadora del gobierno sostenida en un discurso de vocación universalista que se opone a ceder representación estatal a los actores sociales por considerarla pura expresión del particularismo de la dirigencia social. Dicho enfoque reduce las opciones para el protagonismo de los actores de la sociedad civil en la conducción y el control social de las instituciones públicas. El tercer conflicto que expresa a cabalidad las “batallas por el Estado” es conocido como “30-S” que constituyó un punto de inflexión en el vigente proceso político ecuatoriano. El 30 de septiembre de 2010 la Policía Nacional y una fracción de las Fuerzas Armadas se sublevaron contra el gobierno nacional a raíz de la aprobación de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP). Dicha Ley reestructuraba ciertos ámbitos del sector público y modificaba los regímenes laborales de los trabajadores estatales con la intención no sólo de ordenar la dispersión y caos institucional, sino de democratizarlos al eliminar las zonas de excepción institucional y prebendas de las que algunos sectores gozaban. Una de esas zonas era el sistema de premios, condecoraciones y otras bonificaciones que la fuerza pública recibía de modo exclusivo. A cambio de esa eliminación, se incluía la figura de las “horas extras”, es decir, el pago adicional por las horas extraordinarias en que los servidores públicos realizan sus tareas. Asimismo, el proyecto incorporaba el mecanismo de la “compra de renuncias obligatorias”21 con el 20 Diario El Comercio, 24 de junio de 2014. http://www.elcomercio.com/actualidad/asamblea-aprobo-ley-aguas-ecuador.html 21 Según ese mecanismo, el Estado puede solicitar la renuncia a los empleados y funcionarios estatales a cambio de una indem162
argumento oficial de lograr mayor eficiencia y calidad en la provisión de los servicios públicos. Aquello había sido resistido por los diversos gremios de los trabajadores por considerarla como una normativa que promovía la inestabilidad y flexibilización laboral (Stoessel, 2013). Varios meses antes de la revuelta, ya diversos sindicatos (del servicio exterior, de los organismos de control, de los trabajadores de la salud y la educación) habían manifestado su rechazo a la ley pues suprimía sus “particulares” estatus laborales. Para el gobierno, favorecer instituciones y resguardos especiales a determinados segmentos del funcionariado incentiva la apropiación corporativa del Estado e impide universalizar derechos (Ramírez Gallegos y Guijarro, 2011). Si bien el 30 de septiembre el conflicto estalló públicamente, el malestar de los uniformados frente a las políticas gubernamentales tenía varios antecedentes. Con la llegada de Correa al poder, comenzaron a avizorarse algunos cambios al interior de la institución, fundamentalmente orientados a reformular el papel que desde hacía décadas venía cumpliendo la Fuerza Pública y a debilitar su influencia al interior de las estructuras decisionales del Estado22. En primer lugar, se decidió efectuar nización consistente en el pago de cinco salarios básicos unificados por cada año de servicio y hasta por un valor máximo de ciento cuenta salarios básicos unificados del trabajador. Si bien esta disposición no fue incluida finalmente en el texto de la ley, en julio de 2011 el Presidente firmó el Decreto número 813 el cual ponía en vigencia dicho mecanismo. 22 Varias medidas adoptadas se orientaron a fortalecer a la institución policial. Se creó la Comisión Modernizadora de la Policía Nacional, la cual decretó la emergencia policial y tomó la decisión, por orden del Ejecutivo, de otorgar una suma importante de recursos a la institución, destinados a modernizarla y a suplir su déficit económico, con el supuesto de que inyectándole recursos y potenciando su capacidad operativa, la Policía podría comenzar a asumir de forma eficaz el rol que estrictamente 163
modificaciones en la cúpula, desplazando a una gran cantidad de generales por diversos motivos, entre ellos, involucramiento en casos de violación a los derechos humanos y corrupción, truncando de esta manera los procesos de ascenso. La Comisión de la Verdad creada por Rafael Correa a inicios de su gobierno para investigar casos de corrupción y violencia policial, elaboró un informe donde se denunció los excesos cometidos por miembros de la Policía y las FFAA y la necesidad política de depurar la Fuerza Pública. Asimismo, no debe perderse de vista el caso de Angostura23 a principios de 2008, que trajo como consecuencia la eliminación de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES) de la Policía, organismo financiado por el gobierno norteamericano (Ortiz, 2010). Por otro lado, desde principios de 2009, en el marco de las reformas post-constitucionales a la Función Judicial, entraron en vigencia aquellas relativas al Código Penal y a las de Procedimiento Penal. Entre otros elementos, tales reformas desmontaban las Cortes especialmente consagradas a juzgar a los miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas. Se daba forma con ello al principio constitucional de la unidad jurisdiccional a fin de que los delitos comunes cometidos por los funcionarios de estas dos instituciones sean procesados por jueces penales ordinarios. El esfuerzo por conferir un trato común a todos los servidores públicos ingresaba en la dinámica del procedimiento penal y reforzaba así el énfasis gubernativo en la construcción de una infraestructura es-
le corresponde. Asimismo, para el año 2008, el gobierno había aumentado un 100% el salario de los policías (Stoessel, 2013). 23 El 1° de Marzo de 2008 la Fuerza Aérea de Colombia atacó la zona selvática de Angostura (provincia de Sucumbíos en Ecuador) con el objetivo de bombardear un campamento militar de las FARC, violando de esta manera la soberanía territorial de Ecuador y los principios fundamentales de derecho internacional humanitario. 164
tatal de orientación universalista (Ramírez Gallegos, 2012a). En días previos al estallido del “30-S”, la Asamblea aprobaba una normativa a través de la cual se transfería la competencia de tránsito a nivel nacional desde la Policía Nacional hacia los gobiernos autónomos descentralizados. Por último, el gobierno puso también en vigencia la prohibición constitucional de que las FFAA tengan empresas fuera del dominio de la defensa y, en el marco del debilitamiento de los consejos corporativos, se desplazó a los militares de los directorios de las empresas públicas estratégicas. Desde el retorno democrático los militares ecuatorianos conservaron poder empresarial y status de garantes de la Constitución. Ambas cuestiones los convirtieron en agentes con alto poder de veto e influencia en la dinámica política del país. En las tres caídas presidenciales (1997, 2000, 2005) actuaron como verdaderos árbitros del conflicto democrático y los pronunciamientos del Alto Mando en contra de los presidentes en ejercicio fueron decisorios en las interrupciones presidenciales. Este conjunto de decisiones políticas en apego a los nuevos principios constitucionales tuvo impactos políticos en las estructuras policiales y militares, especialmente en los altos mandos quienes se sintieron afectados de forma directa pues se reducían los márgenes de autonomía y discrecionalidad corporativa en sus nexos con el conjunto del sistema político. El factor que terminó de activar el descontento fue el conocimiento por parte de los sectores de la fuerza pública, el día anterior a la sublevación, del veto presidencial al proyecto de la LOSEP aprobado por mayoría parlamentaria. El proyecto que fue vetado por el Presidente había mantenido los beneficios adicionales exclusivamente para los policías y militares24, demanda principal de las fuerzas de seguridad. 24 De acuerdo a testimonios de los miembros de la Fuerza Pública, esos beneficios eran considerados “derechos adquiridos y conquistados” (Stoessel, 2013). Para ellos, la ley suponía una ho165
El 30 de septiembre de 2010, mientras los policías se amotinaban en el Regimiento N°1, militares de la Fuerza Área Ecuatoriana (FAE) se tomaban el aeropuerto de Quito. Además, en las inmediaciones del Ministerio de Defensa grupos de militares protestaban, vociferaban e insultaban al presidente, mientras que la Escolta Legislativa de la Asamblea Nacional impedía la entrada de los asambleístas de AP al parlamento. A su vez, ciertos grupos de estudiantes y docentes de la UNE así como algunas centrales sindicales de trabajadores estatales y el Pachakutik llamaron a movilizar a sus bases. El motín policial constituyó el catalizador para que sectores ubicados tanto en la derecha como en la izquierda del espectro político se fueran incorporando a la protesta. En medio de bombas, gases lacrimógenos, insultos, gritos y abucheos por parte de los policías, el presidente ingresó al recinto del Regimiento y desde el balcón de una ventana, intentó hablar a los uniformados. Los ánimos se caldearon aún más por lo que el Presidente decidió abandonar el lugar y dirigirse al hospital próximo al Regimiento –Hospital de la Policía– donde permaneció hasta las 9 de la noche dado que alrededor de 300 uniformados se apostaban fuera del recinto para impedir violentamente su salida (Ospina Peralta, 2011). El clima de tensión se potenció con la toma de las gobernaciones en algunas ciudades en las que policías, acompañados de estudiantes militantes de la Federación de Estudiantes mologación institucional tal que implicaba un desconocimiento automático de los derechos e identidad específicos de los policías y militares. La entrega de medallas, si bien concedía un beneficio económico, también revestía de una dimensión simbólica. Aunque el gobierno nacional compensaba la entrega de las medallas con el aumento del salario a través del pago de horas extras, los uniformados que ocupaban el rango inferior de la estructura policial y militar repudiaban “la falta de respeto” que implicaba la normativa. De este modo, se ve cómo también este conflicto atraviesa una lucha por reconocimiento. 166
Universitarios del Ecuador y la UNE, desalojaron los recintos a través de acciones vandálicas. Asimismo, la Gobernación de Cotopaxi fue usurpada por un grupo de policías y de estudiantes que militaban en el Frente Revolucionario Independiente Universitario (FRIU), cercano al MPD, derribando las puertas de acceso a la Gobernación y al despacho del gobernador. Pidieron el apoyo del movimiento indígena para que se realice una asamblea provincial y se decida qué hacer. El MPD y la UNE se pronunciaron no sólo a favor de la protesta protagonizada por los policías y algunos sectores de las FFAA sino que convocaron a sus bases para movilizarse. Por su parte, si bien la CONAIE no convocó a la movilización, varios de los dirigentes y militantes de Pachakutik difundieron comunicados exhortando a sus adeptos a respaldar “la lucha de los servidores públicos” responsabilizando de la situación a la actitud del presidente Correa. En este contexto de crisis política e institucional, el gobierno decretó el estado de sitio (concentrando la seguridad interna en manos de las FFAA) y la cadena nacional de radio y televisión. A través de ésta, se enunció la “tesis del intento de golpe de Estado” lo cual tuvo una poderosa eficacia política. Al anunciar que los actores involucrados habrían fraguado un golpe destituyente, el motín policial –y los potenciales apoyos sociales y políticos, incluso internacionales– automáticamente perderían legitimidad. Además, el gobierno recibió un rotundo apoyo por parte de organismos internacionales, como la OEA, y los países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), quienes inmediatamente se pronunciaron contra el intento de golpe de Estado y en defensa de la democracia. Este apoyo regional así como las movilizaciones populares fueron decisivos para disuadir el intento de desestabilizar y derrocar al gobierno (Falconí y Oleas, 2010: 37). No obstante, el papel de las FFAA de Ecuador fue, una vez más en la historia del país, concluyente para el desenlace del conflicto. Durante las horas que el presidente estuvo reteni167
do en el hospital, recibió a varias delegaciones de militares y policías que le exigían la firma de un decreto que garantizara no sólo algunas medidas beneficiosas para la Policía (la derogación de la LOSEP, entre otras) sino también la amnistía para los policías y militares sublevados. La reivindicación en torno a la amnistía para los amotinados también fue presentada, mientras se sucedían los eventos, en la Asamblea Nacional por la derecha parlamentaria. El presidente se negó a ceder ante dicha presión y acudió a los grupos especiales de las FFAA para que lo rescataran. De todos modos, el Comando Conjunto de las FFAA recién se pronunció en horas de la tarde en apoyo al gobierno constitucional, lo cual ha llevado a poner en tela de juicio las intenciones reales de los militares (Ospina Peralta, 2011). El déficit de negociación política del gobierno para tramitar tan complejas reformas exacerbó un escenario en que diversos intereses facciosos pudieron desplegarse hasta tomar inusitadas formas de violencia política que amenazaron la continuidad democrática. La jornada se cerró con 8 muertos y más de 250 heridos (Paz y Miño, 2011), dejando en evidencia la dificultad del gobierno para sujetar a los cuerpos de seguridad al poder democrático. Allí una de las facetas más inciertas del vigente proceso de autonomía del Estado ecuatoriano. Los tres conflictos analizados ponen en evidencia que en la perspectiva gubernamental la intervención estatal debe orientarse a deshacer aquellos espacios que fueron apropiados en algún momento por intereses específicos o, en última instancia, a regular los arreglos corporativos ya establecidos a fin de asegurar la universalización de los derechos para toda la sociedad. La creación y reforma de agencias estatales (Consejo del Agua) así como de regímenes normativos que regulan la actividad y funciones de diversos trabajadores públicos (maestros y fuerza pública) impediría la apropiación corporativa del Estado y la representación en éste de particulares demandas.
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Por su parte, algunos actores desplazados de diversos arreglos corporativos (consejos, comisiones, etc.) ven en ello un atentado a su autonomía y un intento del gobierno de monopolizar las instituciones públicas. La Ley Orgánica de Educación Superior aprobada en 2010 también puso en evidencia esta problemática de la representación política en el Estado al reglamentar la incorporación de representantes del gobierno en el Consejo de Educación Superior (hasta ese momento, solo los rectores universitarios participaban en aquel). Lo mismo podría decirse sobre uno de los núcleos neurálgicos del conflicto en el campo de la comunicación y los medios masivos. La Ley de Comunicación estipuló la creación de un Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación conformado por un representante del Poder Ejecutivo, de los Consejos de Igualdad, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y del Defensor del Pueblo. Actores vinculados directamente a los medios de comunicación quedaban excluidos del mismo debido a que su función consistía en ejecutar el cumplimiento de la Ley, normar la difusión de los contenidos y velar por los derechos de la comunicación e información estipulados en la Constitución, por lo que se consideraba que los reguladores no podían ser los mismos regulados25. Sólo en lo concerniente a políticas públicas en la materia, el Consejo podría contar con la asesoría no vinculante de un Consejo Consultivo conformado por representantes de los medios y comunicadores sociales. Esta medida obtuvo su aprobación en la consulta popular llevada a cabo en mayo de 2011. En suma, como se puede observar a partir de las diversas disputas en torno a la participación en las instituciones pú25 En el año 1995, los representantes de los medios de comunicación privados fueron convocados para participar con voz y voto del por entonces Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Ramos, 2013). 169
blicas, las ‘batallas por el Estado’ y los dilemas de la representación social en el sector público atraviesan gran parte de la conflictividad política vinculada a la transición postconstitucional del Ecuador del siglo XXI (Ramírez Gallegos et al, 2012).
6. El alegato por las libertades (negativas) En el corazón de los procesos post-neoliberales de América del Sur se coloca la reconstrucción de las capacidades estatales desmanteladas en las décadas de dominio de las políticas del Consenso de Washington. Este retorno del Estado supone mayor dinamismo de la acción pública en diversos ámbitos de las relaciones sociales y no se limita solo a mayores regulaciones y controles sobre el mercado. Tal activismo estatal ha abierto una dimensión de la conflictividad política que alude a la tensión entre las libertades individuales y el poder público en el Ecuador de la RC. Diversos enfrentamientos protagonizados por actores sociales y económicos de distinto signo a propósito de leyes, decretos o regulaciones públicas han evidenciado la orientación de ciertas demandas en pos de precautelar las libertades individuales ante lo que se define como una “excesiva” injerencia del Estado en determinados espacios. Un conjunto de leyes, decisiones políticas y medidas económicas fueron adoptadas por el gobierno en la perspectiva de regular los mercados liberados en el ciclo neoliberal y resquebrajar la otrora capacidad de veto e influencia de determinados agentes socio-económicos en la agenda pública. La Ley de Regulación y Control del Poder de Mercado (LRCPM), la reforma tributaria progresiva para combatir la “rebeldía tributaria” de las elites y los grandes conglomerados económicos, el Código de la Producción, la reducción del peso de la deuda externa en la economía nacional a partir de la declaratoria de 170
ilegitimidad de ciertos tramos del endeudamiento; la creación de nuevas empresas públicas y la renegociación de contratos relacionadas a los sectores estratégicos, como la minería y los hidrocarburos, para aumentar los márgenes de participación estatal en los ingresos y regalías que se producen en tales áreas, entre otras (Ramírez Gallegos, 2012). El apuntalamiento de cada una de estas líneas de acción abrió diversos frentes de conflictividad política al gobierno. Los gremios asociados a la banca, al comercio, a las exportaciones, a los grandes medios de comunicación y a otros sectores privados no han cesado en su confrontación con la RC frente a cada una de estas iniciativas. En todo momento han construido un marco de significación de tales leyes como iniciativas políticas que atentan contra las libertades económicas e individuales. A la vez, mientras algunas empresas transnacionales han denunciado al Ecuador ante las instancias globales de regulación del comercio y de las inversiones, en no pocas ocasiones desde los grandes tenedores de deuda se ha especulado sobre una posible fuga de capitales, un nuevo feriado bancario o el fin de la dolarización (Ramírez Gallegos, 2012a). Entre los principios constitucionales aprobados en la consulta popular de 2008 destacan diversos postulados que apuntaron a resquebrajar los resortes de poder de los banqueros y empresarios de los medios privados de comunicación, al prohibir la tenencia de acciones en cualquier tipo de negocio que sea ajeno al campo financiero o comunicacional, respectivamente. Las normativas desarrolladas en lo posterior definieron que aquellos que poseían más del 6% del paquete accionario de un medio de comunicación o banco debían desprenderse de dichas acciones con el objeto de evitar la connivencia de los intereses de los banqueros y el campo comunicacional. Semejante regulación ha sido largamente impugnada por los grandes grupos comunicacionales y conglomerados financieros del país bajo el alegato de violación a los derechos de propiedad y a las libertades de mercado. 171
Alrededor de este punto ha tenido particular repercusión el debate en torno a la Ley de Comunicación dirigida a desarticular y desconcentrar la estructura tradicional de los grandes emporios mediáticos y regular las actividades mediáticas que hasta el momento de aprobación de la normativa habían operado con lógicas mercantiles –exención de impuestos, descuentos en tarifas de diversos rubros, privatización de medios–. Los empresarios mediáticos opusieron todo tipo de resistencia ante la nueva ley que, según argumentaban, atentaba contra la libertad de expresión y el libre flujo de la información (Ramos, 2010). Lo cierto es que dicha normativa afectaba de forma directa los enclaves de los grandes medios privados en el campo económico y financiero, y sus vínculos con los sectores de poder tradicionales (Ramos, 2013). En definitiva, los reclamos por la “falta de libertad” abrevan en la clásica doctrina liberal que defiende la auto-regulación de lo social, incluida la mano “invisible” de los mercados, y por ende, la minimización de los Estados. Cuanto menor sea la intervención estatal, más fluidos y eficaces serán los intercambios, especialmente comerciales y lucrativos. Esto alude a cierta idea de la libertad como ausencia de coacción externa, en particular proveniente del poder público, sobre los cursos de acción que elige cada individuo (la libertad negativa). Dicha interpelación parece entonces estar más asociada con específicos agentes económicos y actores políticos (neo) liberales que suponen que todo lo que toca el Estado restringe libertades particulares.
7. Conflictos por el modelo de desarrollo y buen vivir Desde el inicio del gobierno de la Revolución Ciudadana uno de los ejes alrededor de los cuales se suscitaron los debates y disputas políticas fue el tipo de modelo de desarrollo por el cual debía transitar el país. Por modelo de desarrollo 172
se alude, siguiendo los trabajos de Eduardo Basualdo (2002; 2011) a un patrón de acumulación estable y regular, articulado a un tipo de estructura productiva y a una peculiar forma que asume el Estado y las coaliciones entre los bloques sociales existentes. Al respecto, desde los inicios del ciclo gubernativo de la RC y durante la ANC ya se pusieron en evidencia las tensiones entre diversas fuerzas políticas –incluso dentro del movimiento gobernante– en torno a la cuestión ambiental ligada a las estrategias de (y al) desarrollo para alcanzar un nuevo patrón de acumulación y superar la matriz primario-exportadora con el objeto de construir otro tipo de sociedad, a saber, lo que la Constitución denomina el “buen vivir” o sumak kawsay. La expansión de una retórica contraria a un patrón de desarrollo centrado en formas convencionales de explotación de los recursos naturales y en la inserción internacional del país como proveedor de materias primas –extractivismo– ha suscitado enfrentamientos entre diversas tendencias de izquierda, tanto dentro como fuera del gobierno. En efecto, las fricciones al interior del gobierno entre “extractivistas” y “ambientalistas” se pusieron de manifiesto explícitamente durante los debates de la ANC en relación a los límites ambientales de la explotación minera, la declaración del agua como bien público y la necesidad de la consulta previa a las comunidades indígenas (posición del presidente Correa) o la obtención del consentimiento previo (posición de Alberto Acosta26) cuando el Estado dispusiera la explotación de recursos naturales en los territorios que ellas ocupan (Ramírez Gallegos, 2010a: 39). Una de las iniciativas más emblemáticas del paradigma del “buen vivir” que ha propuesto e implementado el proyecto político de la RC ha sido la decisión de no explotar el parque nacional Yasuní que se encuentra en la amazonía ecuatoriana 26 Uno de los fundadores de AP, ex Ministro de Energía y Minas y en ese momento presidente de la ANC. 173
con el objeto de mantener el 20% de las reservas de petróleo del país bajo tierra, a cambio de una contribución financiera internacional del 50% de lo que hubiera obtenido en caso de explotarlo. La otra mitad sería asumida por el país constituyéndose en el principal contribuyente (Ramírez Gallegos, R., 2012). Con esta propuesta, se aspiraba a lograr reducir los impactos sobre el medio ambiente, conservar la biodiversidad –acorde a los derechos de la naturaleza sancionados en la Constitución de 2008– y respetar a los pueblos indígenas que se mantienen allí en aislamiento voluntario. Esta iniciativa para transitar hacia una sociedad postpetrolera no sólo suponía una toma de posición respecto al tipo de matriz productiva –con una vocación superadora del desarrollo capitalista– sino también un nuevo ethos en torno a la construcción del orden social. Asimismo, en el último Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017), se enfatizó que uno de los objetivos del proyecto político en curso era lograr la transformación de la matriz productiva para que el país deje atrás el modelo primario-exportador basado en la actividad agropecuaria y en la explotación y extracción minera. No obstante, si bien el Ecuador posextractivista está en el horizonte de las disputas entre los sectores de izquierda, Correa no parece ver más alternativas inmediatas que la opción minera y petrolera –en el marco de la renegociación de contratos con las empresas privadas que permitió al Estado recuperar la soberanía sobre los recursos de su subsuelo e incrementar su participación en los excedentes antes absorbidos por las multinacionales–. El presidente Correa anunció en agosto de 2013, casi al inicio de su tercer mandato de gobierno –no analizado en este trabajo– la suspensión de la iniciativa Yasuní y la decisión de explotar las reservas petroleras ahí existentes. En el momento de su aprobación en diciembre de 2007, la propuesta no había tenido el pleno respaldo pleno de parte de Correa, quien veía con escepticismo la eficacia de la iniciativa para redundar en 174
beneficios económicos que puedan profundizar la vía del desarrollo del país. La decisión de explotar el petróleo existente en el Parque Yasuní activó diversas movilizaciones sociales catapultadas, en particular, por estudiantes y jóvenes que veían en dicha iniciativa uno de los emblemas de la ‘época de cambios’. De igual forma, la decisión gubernativa de reactivar la generación hidroeléctrica, en la perspectiva de un cambio en la matriz energética, también ha generado pequeños focos de resistencia en poblaciones que están siendo desplazadas por la construcción de grandes trasvases y represas y que ven en riesgo la disminución de los caudales de agua en sus territorios. Finalmente, durante el debate de la Ley de Minería en 2008 y su final aprobación en enero de 2009 múltiples movilizaciones se desplegaron en contra de la política extractiva del gobierno. En dicho contexto, el presidente Correa acusó a las organizaciones y movimientos de “fundamentalistas infantiles” y sostuvo que el gobierno no cederá ante las presiones porque “el desarrollo responsable de la minería es fundamental para el progreso del país (…) no podemos vivir como mendigos sentados sobre un saco de oro. La nueva ley protege al ambiente, al agua, al Estado y a los ecuatorianos, pues entre otras cosas, crea la Empresa Nacional de Minería, que participará en la explotación minera”27. Días después, el presidente agregó: “siempre dijimos que el mayor peligro para nuestro proyecto político, una vez derrotada sucesivamente en las urnas la derecha política, era el izquierdismo, ecologismo e indigenismo infantil. Ahora resulta que el buen vivir es cerrar las minas (…) invoquemos nosotros también, la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, el derecho a resistir a que pequeños 27 Discurso pronunciado por Rafael Correa el 15 de enero de 2009 ante la Comisión Legislativa durante en el segundo año de gobierno. En http://www.presidencia.gob.ec/discursos/. 175
grupos, absolutamente minoritarios, nos impongan sus particulares visiones e intereses”.28 A mediados de 2009, la CONAIE presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad de la ley minera por la violación al derecho de las comunidades indígenas a la consulta pre-legislativa y a la consulta previa. Aunque la protesta antiminera, fundada en dinámicas comunitarias de base campesina e indígena y articulada en redes ecologistas translocales, se ha multiplicado en los últimos años, resta por verse si el sentido de tales luchas logra “ganar en generalidad” e impregnar con sus valores a más amplios sectores sociales. Las apuestas neo-desarrollistas del gobierno chocan así con movilizaciones cobijadas en uno de los principios constitutivos de la agenda de cambio de la RC: el buen vivir en armonía con la naturaleza. A medida que avanzó el proyecto político del gobierno, diversas organizaciones, abrigadas por los avances constitucionales en materia ambiental, han criticado a Correa por la centralidad de la matriz primario-exportadora en la economía nacional. La conflictividad socio-ambiental en aumento aparece como señal de las nuevas trayectorias de la contienda democrática en el Ecuador del siglo XXI y como el correlato material de una de las contradicciones constitutivas de la nueva Constitución de 2008: la tensión entre el relanzamiento de un Estado orientado a proteger una carta ampliada de derechos ciudadanos y las fuertes regulaciones –se otorgó “derechos a la naturaleza” (artículo 71) – para el uso y explotación de los recursos naturales que están en la base de las capacidades de acumulación y redistribución del Estado (sin las cuales no puede garantizarse en el corto y mediano plazo el cumplimiento de los derechos).
28 Discurso pronunciado por Rafael Correa el 19 de enero de 2009 ante la Comisión Legislativa durante el inicio del tercer año de gobierno. http://www.presidencia.gob.ec/discursos/. 176
Salida Las tensiones que atraviesa el proyecto de la Revolución Ciudadana dan cuenta de la complejidad de la agenda de cambio político implementada desde el año 2007 en Ecuador orientada a incorporar gran parte de las demandas populares represadas durante décadas de predominio de políticas de ajuste estructural. Dicha complejidad responde a una serie de factores que contribuyeron a la progresiva construcción hegemónica del proyecto político liderado por el presidente Rafael Correa y de la fuerza política propia sobre la que se apoya. Las sucesivas victorias electorales de Correa, el fortalecimiento de su liderazgo, la profundización del carácter decisionista del ejercicio del poder, los contundentes resultados en materia de política social y económica en beneficio de las mayorías y de garantía de derechos y la recuperación de las capacidades estatales, han colocado al gobierno de la RC en una posición hegemónica capaz de neutralizar a la oposición política y debilitar la acción colectiva de los diversos movimientos y organizaciones sociales. El encumbramiento hegemónico de la RC se ha engranado, no obstante, con una nítida tendencia a la subestimación presidencial del aporte de los diversos actores sociales en la dinámica política en curso. Aquello se explica, en parte, por ese conjunto de factores que colocaron a la fuerza gobernante en mejores condiciones para prescindir de apoyos políticos y sociales que no formaran parte de su propia fuerza. A su vez, la debilidad del arco de los movimientos sociales –imagen que contrasta con la ebullición movimientista de los años noventa del siglo XX– disminuye los costos políticos de la ausencia de interlocución con las instancias colectivas de mayor poder organizativo en el país. En cualquier caso, el gobierno –que al llegar al poder no tenía presencia institucional ni fuerza política propia– logró dotarse de recursos y capacidades que le permitieron poner en 177
un segundo plano la necesidad de dialogar, negociar y llegar a acuerdos con diversos intereses. La resistencia del gobierno nacional a otorgar una mínima cuota de poder de negociación al cualquier tipo de actor (tanto empresarial, gremial, social) constituye entonces un rasgo fundamental de dicha construcción hegemónica pero es, al mismo tiempo, su mayor límite. Habilitar espacios de interlocución a determinados actores ha implicado, para el gobierno, ceder poder y generar las condiciones para la activación de escenarios de negociación y conflictividad que caracterizaron al país antes de la emergencia de la RC. “Golpear para negociar” –la clásica consigna con la que han operado los actores organizados en Argentina– carece de productividad en el marco del estilo de gestión política y construcción de poder de la RC. Sin embargo, lejos de neutralizar la conflictividad, dicha forma de conducción política la ha activado en diferentes espacios y en particular, tal como se evidenció en este trabajo, en relación a demandas específicamente dirigidas a mayor reconocimiento político y participación popular en el proceso democrático. Así, la senda postneoliberal de la RC ha encontrado ciertos obstáculos impuestos por determinados poderes fácticos, actores socio-políticos y organizaciones sociales que, aún si han perdido plena influencia política, alcanzan cierto protagonismo y erosionan la legitimidad democrática del gobierno en vista de la débil interrelación con los actores organizados. Desde 2009, entonces, la RC ha debido hacer frente tanto a los embates de la derecha y de los grupos de poder que condujeron al país hacia un atropellado proceso de desmantelamiento estatal y liberalización económica, como a la contestación de un bloque de organizaciones, gremios y pequeños partidos de izquierda que habían formado parte de la resistencia al neoliberalismo y que al comienzo del proceso político liderado por Correa fueron importantes aliados. Las demandas de estos últimos no están ligadas al rechazo del retorno estatal al centro de la coordinación social –algo que impugna 178
de modo recurrente el bloque de derechas– sino al modo en que esa reconstrucción estatal se emplaza sin abrir espacios de negociación y/o deliberación pública entre la fuerza hegemónica y los actores sociales. En tal entorno, a partir del reemplazo constitucional parecen consolidarse de modo nítido cuatro campos de conflictividad política, a saber, problemáticas públicas alrededor de las cuales convergen mútiples demandas suscitando conflictos con ciertas características peculiares que los diferencian de las meras reivindicaciones, acciones colectivas o enfrentamientos políticos. Estos conflictos han demostrado cierta capacidad para: a) articular heterogéneos intereses y reivindicaciones; b) expresarse en períodos prolongados superando la inmediatez del conflicto (considerando tanto la duración del mismo como los efectos generados); c) interpelar al Estado o al sistema político, lo cual significa movilizar, activar y/o forzar acciones gubernativas en una dirección que modifica el curso de las decisiones que habían afectado determinados intereses y demandas. Con toda probabilidad, dichos campos de conflictividad política atravesarán el nuevo ciclo gubernamental abierto con la re-elección del Presidente Correa para el período 2013-2017. El arrollador triunfo presidencial de AP en febrero de 2013 (57% en primera vuelta) y la obtención de una aplastante mayoría parlamentaria (más de dos tercios) –que AP no alcanzó en el ciclo 2009-2013– ha dejado aún más debilitada a las dos corrientes de oposición política que enfrentan al gobierno desde el cierre del proceso constituyente. Si aquello garantiza cierta continuidad de la agenda post-neoliberal, también refuerza la tendencia al aislamiento político del gobierno en relación a las fuerzas sociales. Se puede hablar de un momento político en que se consolida un largo repliegue de la fuerza gobernante sobre sí misma y una reducción del espacio de la política como interpelación social. El riesgo mayor reside en la posibilidad de que la acción política trasmute hacia pu179
ros objetivos de asegurar la gobernabilidad, y cese del todo su configuración como instrumento de articulación y cambio. Tal modificación del escenario político-partidario tiene efectos concretos sobre la tramitación de la conflictividad política en cada uno de las coordenadas del litigio político aquí identificadas y analizadas. Parte de los desafíos que enfrenta el proceso de cambio iniciado en 2007 en Ecuador radica, entonces, en dos aspectos. Por un lado, continuar ampliando el margen de autonomía relativa del Estado para consolidar las políticas post-neoliberales y vehiculizar una agenda que garantice la universalización de los derechos. Al mismo tiempo, reabrir el juego político hacia la sociedad a fin de ampliar las propias bases y fronteras del proyecto político. Aquello luce, sin embargo, bastante improbable pues la lógica de acción política presidencial no da mayores señales de valoración política de la centralidad de la participación e interlocución con la pluralidad y heterogeneidad de lo social. El repliegue hegemónico puede, en este sentido, entrampar la dinámica del cambio y agotar las energías utópicas de la propia Revolución Ciudadana.
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ANEXO 1
Nota metodológica En este anexo se detallan las características de las tres bases de datos que permitieron dar cuenta de los campos de conflictividad política en el Ecuador contemporáneo. La primera, construida por el CAAP desde inicios de los años ochenta, indaga de forma sistemática en los eventos contenciosos (relevados en dos periódicos de alcance nacional) desplegados mensualmente desde el retorno democrático en Ecuador. Se presta atención, entre otros aspectos, a los actores de los conflictos, a los objetos de sus acciones/demandas y al procesamiento institucional de los conflictos. No obstante, este relevamiento se abstrae de contextualizar los conflictos en el marco de los procesos y las interacciones políticas que los abarcan y, por tanto, ofrece un análisis de tipo descriptivo. La segunda fuente de investigación se concentra en el estudio de las manifestaciones públicas –tanto de oposición, apoyo o cooperación– en torno a los debates legislativos suscitados en el Ecuador desde el cierre de la Constituyente. Dichos debates estuvieron orientados, sobre todo, a traducir los principios constitucionales que estructuran la nueva Carta Magna en cuerpos legales. Dicho momento ha sido denominado como “transición post-constitucional”. Los eventos contenciosos recabados se circunscriben a los proyectos legislativos en discusión en el seno de la Asamblea Legislativa. El análisis del conflicto legislativo permitió observar que los proyectos de ley más conflictivos entre 2009-2011 fueron: la Ley de Aguas, la Ley de Comunicación, la Ley de Educación Superior, el Código de la Producción, el Código Or181
gánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, la Ley de Servicio Público y la Ley de Educación Intercultural, concentrando en total el 73% de la conflictividad política del período (Ramírez et al, 2013; ver cuadro no. 2). Tales cifras ofrecen un mapa ilustrativo de la conflictividad en curso pero existen episodios, como el denominado “30-S”, que si bien sólo representa 5,8% del total de conflictos legislativos, tienen una relevancia política que exige ir más allá de relevamientos cuantitativos e incrustarlos en estrategias que contextualicen y evidencien la dinámica procesual e interactiva de la contienda democrática. Cuadro Número 2 Porcentaje de conflictos por proyecto de ley
La tercera herramienta –el Observatorio de Campos de Conflictividad Política– se dirige, precisamente, a identificar las tendencias de la conflictividad en el Ecuador contemporáneo desde una perspectiva relacional, procesual e interactiva de las relaciones políticas entre actores contendientes en el marco del proceso de cambio político inaugurado en 2007. Esta investigación se orienta a estudiar las demandas y disputas públicas provenientes de la sociedad civil para influir en 182
el régimen político, haciendo especial hincapié en los modos en que las instituciones políticas procesan las acciones conflictivas así como en los efectos sobre el ordenamiento social y el sistema político. Para tal efecto, esta estrategia combina dos perspectivas: una de corte cuantitativo a partir de la cual se realiza un análisis estadístico de la base de datos relevados a partir de la prensa nacional y provincial, con una de tipo cualitativo a partir de la que se analiza contextualmente la información construida con el objeto de inscribir la dinámica del conflicto en las coyunturas políticas y en las trayectorias socio-políticas de los actores contendientes. La utilización de una estrategia de triangulación responde a que el análisis estadísticodescriptivo aporta a la identificación de las tendencias de la conflictividad, más no a su explicación en el marco de procesos políticos más amplios. De esta forma, se vuelve necesario combinarlo con un “análisis de situaciones” (Gramsci, 1986), es decir, de la complejidad de los procesos políticos que se despliegan en las interacciones, transacciones e intercambios políticos entre diversos actores.
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BIBLIOGRAFÍA
ACOSTA, ALBERTO
—(2000), “Ecuador: del ajuste tortuoso al ajuste dolarizado”. Ecuador debate, pp. 67-104. —(2010), Análisis de coyuntura: una lectura de los principales componentes económicos, políticos y sociales de Ecuador durante el año 2009. Quito: Flacso – Sede Ecuador: FES – IDIS. —(2012), “El retorno del Estado. Primeros pasos postneoliberales, más no postcapitalistas”. En Revista La Tendencia, N°13, Quito: S/D. ARDITI, BENJAMÍN
—(2009), La política en los bordes del liberalismo. Diferencia, populismo, revolución, emancipación. Barcelona, Editorial Gedisa. BASUALDO, EDUARDO
—(2002), Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina: Notas sobre el transformismo argentino durante la valorización financiera [1976-2001]. Bernal, Universidad Nacional de Quilmes. —(2011), Sistema político y modelo de acumulación. Tres ensayos sobre la Argentina actual, Buenos Aires, Editorial Atuel. BENSAID, DANIEL
—(2005), “Multitudes ventrílocuas”, Viento Sur No. 79, marzo, pp. 59-72. Centro Andino de Acción Popular. http://www.caapecuador.com/ CHAVEZ, DAVID
—(2010), “Consulta previa en el Ecuador”. Quito: CDES. COHEN, JEAN Y ANDREW ARATO
—(2000), Sociedad civil y teoría política. Movimientos sociales y sociedad civil, México: FCE. CORREA, RAFAEL
—(2002), “Reformas estructurales y crecimiento en América Latina: un análisis de sensibilidad”. Revista de la Cepal. N° 76: pp. 89-107. 184
ELLNER, STEVE
—(2012), “The Distinguishing Features of Latin America’s New Left in Power: The Chávez, Morales, and Correa Governments”, en Latin American Perspectives, Issue 182, Vol. 39 No. 1, January, pp. 96-114. FALCONÍ, FANDER Y JULIO OLEAS
—(2010), “Reformas institucional y las secuelas del 30-s”. En: Revista Íconos, N° 39, Quito: pp. 35-44. FRASER, NANCY
—(2003), Redistribution or recognition?: a political-philosophical exchange. Londres: New York: Verso. FRENCH, JOHN
—(2009), “Understanding the Politics of Latin America’s Plural Lefts (Chavez/Lula): social democracy, populism and convergence on the path to a postneoliberal world, en Third World Quarterly, 2009 - Taylor & Francis. GARCÍA GALLEGOS, BERTHA
—(2005), “El 20 de abril: pasado y presente de un proyecto militar corporativo”. En Revista Íconos, número 23: pp. 93-100. GARRETÓN, MANUEL ANTONIO
—(2006), “Modelos y liderazgos en América Latina”, en Nueva Sociedad, No. 205. GONZÁLEZ ENCINAR, JUAN, MIRANDA, JORGE, LAMOUNIER, BOLÍVAR Y DIETER NOHLEN
—(1992), “El proceso constituyente. Deducciones de cuatro casos recientes. España, Portugal, Brasil y Chile”, en Revista de Estudios Políticos, No. 76, pp. 7-27. GRAMSCI, ANTONIO
—(1986), “Análisis de situaciones”. En: Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado moderno. México: Juan Pablos Editores. HEY, JEANNE A. K. Y THOMAS KLAK
—(1999), “From Protectionism Towards Neoliberalism: Ecuador Across Four Administrations”. Studies in Comparative International Development. Número 4: pp. 66-97. 185
HONNETH, AXEL
—(1997), La lucha por el reconocimiento. Barcelona: Crítica. IBARRA, HERNÁN
—(2009), “Diálogo sobre coyuntura: tensiones y conflictos en la gestión gubernamental”. En Ecuador Debate, N° 81, Quito, CAAP: pp. 7-24. LECHNER, NORBERT
—(1986), La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. LIEBERMAN, ROBERT
—(2002), “Ideas, institutions and political order: explaining political change”, en The American Political Science Review, Vol. 96, No. 4, pp. 697-712. LORA, EDUARDO Y UGO, PANIZZA
—(2003), “The Future of Structural Reform”. Journal of Democracy. Número 2: pp. 123-137. LUCIO PAREDES, PABLO
—(2000), “Sistema financiero y mercado”. En La crisis ecuatoriana: sus bloqueos económicos, políticos y sociales. Cañete, Fernanda (Ed). Quito: CEDIME. MAINGON, THAIS., PÉREZ BARALT, CARLOS Y SONNTAG HEINZ
—(2000), “La batalla por una nueva Constitución para Venezuela”, en Revista Mexicana de Sociología, Vol. 62, No. 4, octubrediciembre, pp. 91-124. MARTÍNEZ DALMAU, RUBÉN
—(2008), “Asambleas constituíntes e novo constitucionalismo en América Latina”, en Tempo Exterior No. 17, julio-diciembre, pp. 5-15. MARTÍN-MAYORAL, FERNANDO
—(2009), “Estado y mercado en la historia de Ecuador. Desde los años 50 hasta el gobierno de Rafael Correa”. En Revista Nueva Sociedad, Número 221: pp. 120-136. O´DONNELL, GUILLERMO
—(1978), “Apuntes para una teoría del Estado”. En: Revista Mexicana de Sociología, Vol. 40, pp. 1157-1199. 186
ORTIZ, SANTIAGO
—(2010), “30-S: La vulnerabilidad del liderazgo de la Revolución Ciudadana y de la Institucionalidad en Ecuador” En Revista Íconos. Número 39: pp. 25-34. OSPINA PERALTA, PABLO
—(2006), “Protesta indígena y movimiento popular (marzo 2006)”. En Revista Renovación, pp. 12-17. —(2011), “Ecuador: ¿intento de golpe o motín policial?”. En Revista Nueva Sociedad, Número 231. PACHANO, SIMÓN
—(2007), La trama de Penélope. Procesos políticos e instituciones en el Ecuador. Quito: Flacso-Ecuador. PAZ Y MIÑO, JUAN
—(2011), Insubordinación o golpe. Ecuador: la trama del 30-S. Quito: Editorial Abya Yala. POSSO CEVALLOS, CARLOS
—(2013), El retorno de Ulises. Estado y participación política: conflicto UNE/Gobierno. Tesis de Maestría en Tesis de Maestría en Ciencias Políticas, Quito: Flacso-Ecuador. PORTANTIERO, JUAN CARLOS
—(1988), La producción del orden social. Buenos Aires: FCE. QUINTERO, RAFAEL Y ERIKA SYLVA
—(2010), “Ecuador: la alianza de la derecha y el corporativismo en el ´putch´ del 30 de septiembre del 2010”. En América Latina en Movimiento. http://alainet.org/active/41740 (visitada el 15 de diciembre de 2012). RAMÍREZ GALLEGOS, FRANKLIN
—(2005), La insurrección de Abril no fue sólo una fiesta. Quito, Taller el colectivo. —(2009), “El movimiento indígena y la reconstrucci6nde la izquierda en Ecuador: el caso del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo Pafs (PK)”. En: Los Andes en movimiento: identidad y poder en el nuevo paisaje político (Ospina Peralta, P.; Kaltmeier, Q.; Büschges, C.). Quito: Corporación Editora Nacional.
187
—(2010), “Postneoliberalismo indócil. Agenda pública y relaciones socio-estatales en el Ecuador de la Revolución Ciudadana”. En Revista Temas y Debates, Número 20, Universidad Nacional de Rosario, CLACSO: pp. 175-194. —(2010a), “Fragmentación, reflujo y desconcierto. Movimientos sociales y cambio político en el Ecuador (2000-2010)”. En Revista del OSAL, Número 28: pp. 17-47. —(2010b), “Desencuentros, convergencias, polarización (y viceversa). El gobierno ecuatoriano y los movimientos sociales”. En Nueva Sociedad, N° 227, pp. 83-101. —(2012), “Crisis neoliberal y reconfiguraciones estatales: Ecuador y la heterodoxia sudamericana”, en Revista Línea Sur, Vol. 1, Issue 2, Mayo-agosto, pp. 84-104. —(2012a), “Despliegues de la autonomía estatal en el Ecuador de la Revolución Ciudadana”, en Debates y Combates, No. 4, noviembre-diciembre, pp. 44-67. —(2012b), “Reconfiguraciones estatales en Ecuador: 1990-2011”. En: Thwaites Rey, M. El estado en América Latina. Continuidades y rupturas. Santiago de Chile: Arcis. —(2013), “El proceso constituyente ecuatoriano y sus dilemas de legitimidad. Un contrapunto andino”. En: Perspectivas constitucionales comparadas, Bologna: Universidad de Bologna. RAMÍREZ GALLEGOS, FRANKLIN ET AL
—(2013), “Coaliciones parlamentarias y conflictividad social en el Ecuador. La política de la transición post-constituyente (2009-2011)”. Quito: ANE. —(2013a), Nuda Política. Democracia, participación y conflictos sociales en el Ecuador (2009-2012), Quito: ILDIS-FLACSO-Perfiles de Opinión. RAMÍREZ GALLEGOS Y GUIJARRO, JUAN
—(2011), Conflicto social y cambio político en el Ecuador del siglo XXI. Cetri. http://www.cetri.be/spip.php?article2435&lang=es
188
RAMÍREZ GALLEGOS, FRANKLIN Y LE QUANG, MATTHIEU
—(2011), “Coaliciones legislativas, disciplina partidaria y conflicto social”. En La Asamblea del Buen Vivir, informes de labores 2009-2011. Quito: ASAMBLEA Nacional. RAMÍREZ GALLEGOS, FRANKLIN Y MINTEGUIAGA, ANALÍA
—(2007), “El nuevo tiempo del Estado. La política posneoliberal del correísmo”: En Revista del OSAL, Número 22: pp. 87-103. RAMÍREZ GALLEGOS, RENÉ
—(2012), “Una gran transición para una gran transformación. Reflexiones a partir de la iniciativa Yasuní-ITT”. En: Blackburn, R., Fraser, N., Therborn, Goran y Ramírez Gallegos, R. Nuevas fronteras de la izquierda. Quito: Editorial Iaen. RAMOS, ISABEL
—(2010), “Mucho ruido y pocas nueces: cobertura mediática y participación ciudadana en el debate de la nueva ley de Comunicación en Ecuador”. Revista Íconos, pp. 25-31. —(2013), “Trayectorias de democratización y desdemocratización de la comunicación en Ecuador”. Revista Íconos, pp. 67-82. ROSANVALLON, PIERRE
—(2008), El modelo político francés. La sociedad civil contra el jacobinismo. De 1789 hasta nuestros días. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. SADER, EMIR
—(2009), El nuevo topo. Los caminos de la izquierda latinoamericana, Buenos Aires: Siglo XXI – CLACSO. SAINT UPÉRY, MARC
—(2001), “El movimiento indígena ecuatoriano y la política del reconocimiento”. En Revista Íconos, número 10. Quito: Flacso-Ecuador. Sánchez Parga, José (2008). “Conflictividad socio-política Marzo –Junio 2008”. En: Revista Ecuador Debate, Quito, CAAP. STOESSEL, SOLEDAD
—(2013), “Políticas y conflicto político durante el post-neoliberalismo: el caso del ´30-S´ en Ecuador” (2013). En: Revista
189
Perspectivas de Políticas Públicas, Universidad Nacional de Lanús, pp. 141-170. SVAMPA, MARISTELLA
—(2011), “Argentina, una década después”. En Nueva Sociedad, Número 235: pp. 17-34. TAPIA, LUIS
—(2009), La coyuntura de la autonomía relativa del estado. La Paz: CLACSO / Muela del Diablo / Comuna. TILLY, CHARLES
—(1998), “Conflicto político y cambio social”. En Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural. Tejerina, Benjamín. Madrid: Trotta. UNDA, MARIO
—(2011), “Ecuador 2010. El año 4 de la Revolución Ciudadana”. En Revista OSAL, número 29, Buenos Aires: CLACSO: pp. 137-149. VICIANO ROBERTO Y MARTÍNEZ DALMAU, RUBÉN
—(2012), “¿Se puede hablar del neo constitucionalismo latinoamericano como corriente doctrinal sistematizada?”, Working Paper: Universidad de Texas, accesible en http://www. utexas.edu/law/journals/tlr/sources/Issue%2089.7/Landa/ fn005.landa.Viciana.se%20puede.pdf VOS, ROB
—(1999), Ecuador 1999. Crisis económica y protección social. Estudios e informes del SIISE, N°1, Quito, Ediciones Abya-Yala.
190
191
LOS AUTORES
Melisa Argento es Mg. en Ciencia Política por FLACSO Ecuador, Licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, y se encuentra actualmente cursando su doctorado en Ciencias Sociales UBA/ CONICET. Forma parte de diversos grupos de investigación en los cuales articula su motivación por el análisis de Estado y Movimientos Sociales. Integra la Editorial Colectivo Ultimo Recurso de la ciudad de Rosario. María Virginia Quiroga es Licenciada en Ciencia Política (UNRC-Argentina) y Doctora en Estudios Sociales de América Latina (UNC-Argentina). Actualmente Becaria Posdoctoral del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET-Argentina). Su tema de estudio es: “Gobiernos, movimientos sociales y articulación populista en Argentina y Bolivia del siglo XXI”. La autora realiza tareas de docencia e investigación en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. María Florencia Pagliarone es Licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Río Cuarto (CórdobaArgentina). Magister en Ciencia Política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Sede Ecuador). Entre sus temas de estudio se encuentra el proceso de construcción hegemónica del Movimiento alianza país en la provincia de Manabí (Ecuador). Integrante del Proyecto de Investigación “Protesta y organizaciones sociales en Argentina y América Latina en la crisis del capitalismo global en el siglo XXI. Entre la refundación y la reacción conservadora” de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 211
Gastón Ángel Varesi es Sociólogo, Magíster y Doctor en Ciencias Sociales. Becario posdoctoral de CONICET, dirigido por Ana Castellani y co-dirigido por Aníbal Viguera, en el IdIHCS-UNLP. Profesor de “Economía, Política y Sociedad en la Argentina contemporánea" para el Doctorado en Ciencias Sociales y la Maestría en Políticas de Desarrollo; Profesor Adjunto de “Geografía Económica Argentina” (FAHCE-UNLP). Coordinador de la sede platense del Centro de Estudios y Formación Marxista H. Agosti (CEFMA – La Plata). E-mail:
[email protected] Franklin Ramírez Gallegos es Sociólogo. Profesor-Investigador del Departamento de Estudios Políticos, FLACSO-Ecuador. Entre sus temas de investigación se pueden resaltar participación social, conflicto social, democracia participativa y Nueva izquierda en Latinoamérica, Movimientos sociales y teorías del Estado. framirez@flacso. edu.ec Soledad Stoessel es Licenciada en Socióloga (UNLP) y Magíster en Ciencia Política (FLACSO-Ecuador). Becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Mail:
[email protected] Ana Natalucci es Dra. en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Investigadora Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Docente de la Carrera de Ciencia Política, Universidad de Buenos Aires. Mail:
[email protected]. 212
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este libro se termino de imprimir en el mes de SEPTIEMBRE DE 2015 Para su composición se utilizo la familia de tipografías TIMES
