¿Por qué una radiotelevisión pública valenciana? Una reflexión sobre su necesidad y, en su caso, sobre las directrices para un nuevo modelo de radiotelevisión pública valenciana

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¿POR QUÉ UNA RADIOTELEVISIÓN PÚBLICA VALENCIANA? UNA REFLEXIÓN SOBRE SU NECESIDAD Y, EN SU CASO, SOBRE LAS DIRECTRICES PARA UN NUEVO MODELO DE RADIOTELEVISIÓN PÚBLICA VALENCIANA Andrés Boix Palop

Profesor de Derecho administrativo - Universitat de València

El cierre de RTVV el pasado 29 de noviembre de 2013 –o, como mínimo, de sus emisiones tanto de radio como de televisión, sabiendo que el cierre de la estructura jurídica que les daba apoyo es mucho más complicado y aún no ha finalizado– ha hecho verter mucha tinta desde entonces. Hemos hablado mucho de la manera en que se hizo, por ejemplo. O de las repercusiones jurídicas que puede acabar teniendo. También de los costes de la decisión, en términos políticos y económicos. O de la necesidad o no de tener una radio y televisión públicas en el País Valenciano. De hecho, sobre las insuficiencias del mercado audiovisual privado –o público de ámbito estatal– para cubrir las necesidades de información de proximidad y producción audiovisual parece que hay un cierto consenso político. Tanto el actual Consell, responsable del cierre de RTVV, como la oposición están de acuerdo en que la sola acción del mercado y del sector privado es insuficiente en este ámbito. Ahora bien, mientras el Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha apostado por subvencionar programas y contenidos de servicio público producidos y emitidos por operadores privados –y, de hecho, tanto la Diputación de Valencia como la propia Generalitat ya han anunciado sendos paquetes de medidas en este sentido–, partidos como el PSPV, Compromís, Esquerra Unida o Podem País Valencià han manifestado su intención de reabrir una radiotelevisión pública de corte clásico tras las elecciones de 2015 –algunos de sus líderes incluso han puesto fecha: el 9 de octubre de 2015–, con una gestión directa del servicio y financiada con fondos públicos a cargo de la Administración. Tal vez merezca la pena, dada la existencia de este debate, analizar con atención si y en qué condiciones tendría sentido 18

una nueva radiotelevisión pública de rasgos más tradicionales, aunque adaptada a los tiempos que vivimos, o si, por el contrario, un modelo de prestación privada con ayudas públicas nos podría satisfacer, ahorrando recursos públicos. Para hacerlo resulta interesante, también, señalar cuál es el margen de maniobra que permiten el Derecho europeo y español en la materia. Entre otras razones, porque este margen de maniobra nos da pistas sobre cuál es el consenso europeo respecto a cuándo, cómo y por qué razones puede estar social y económicamente justificado dedicar recursos públicos a la producción de programación televisiva y radiofónica como excepción a la regla general. Una regla general que nos lleva, como la evidencia empírica demuestra y el entorno tecnológico y económico cada vez posibilita más, a que la prestación de servicios audiovisuales orientados a lo que quiere el público esté a cargo, de manera creciente, de actores privados. Una «ventaja»: la decisión se puede tomar sin estar atados por el pasado La gran «ventaja» con que contamos para tratar de decidir qué modelo de servicio público televisivo nos conviene, y que debemos agradecer al Consell Fabra –aunque lo paguemos con el dinero de todos los valencianos– es que podemos permitirnos el «lujo» –que nos ha costado mucho dinero– de repensarlo todo, aprovechando que en el País Valenciano ya no tenemos a día de hoy televisión pública, desde cero. Repensarlo, vaya, desde los mismos cimientos. Comenzar de nuevo, sin ningún tipo de lastre. El coste del cierre de la antigua RTVV, más de 200 millones de euros, ya se ha generado y revertir la decisión no supondría un ahorro sustancial –piénsese en el coste de personal en indemnizaciones por despido y cómo el transcurso del tiempo hace que una hipotética vuelta atrás de todo el proceso suponga, a medida que transcurren más meses, un coste muy semejante en salarios atrasados a lo que supondría recuperar esas cantidades, por ejemplo-. Del mismo modo, la 19

deuda que aún queda por pagar, de más de 1.000 millones de euros, se tendrá que afrontar igualmente, tanto en el caso de que haya una nueva televisión pública en marcha como si no. El nuevo Consell que gobierne después de las elecciones de mayo de 2015 parte, desde este punto de vista, libre de toda atadura con el pasado que afecte a la decisión. Es cierto que quedan algunas muy importantes, sobre todo económicas, en forma de deudas, pero que, como ya se ha dicho, no se verán sustancialmente afectadas, ni aumentadas ni disminuidas, sea la decisión en un sentido o en otro. También restan condicionantes jurídicos por resolver que pueden afectar a la forma (el cómo) y a los tiempos (el cuándo) de una hipotética reapertura y sus costes, pero, de nuevo, no son elementos esenciales respecto de la decisión de fondo que hay que adoptar: si es o no necesaria una radiotelevisión pública valenciana y por qué razones. Por esta razón, la primera pregunta que debemos hacernos es, sencillamente, si nos hace falta una televisión pública en el País Valenciano o si, por el contrario, no hay intereses públicos suficientes como para entender que sea necesario levantarla de nuevo. A continuación, debemos plantearnos, caso de considerar que efectivamente fuera buena idea tener una radiotelevisión propia y que la respuesta a esta primera disyuntiva es, por tanto, un ‘sí’, por qué razones sería necesaria y para cumplir qué necesidades nos habría de servir. Para dar respuesta a estas cuestiones, como es evidente, la ideología y la política tendrán un peso determinante. Pero el Derecho de la regulación de los mercados, y más en concreto el que ha regulado los mercados audiovisuales en la Unión Europea, nos da algunas pistas sobre qué elementos tendrían que ser atendidos para decantarnos por una solución u otra. Quizás resulte, pues, interesante seguirlas para tratar de identificar cuáles serían las posibles razones que justificarían un esfuerzo –esto es, dinero– público para dotarnos nuevamente de un audiovisual de proximidad en el País Valenciano. 20

Las razones para reconstruir un audiovisual público en el País Valenciano… y las consecuencias sobre el modelo de radiotelevisión pública que se deducen -Las televisiones públicas regionales son moneda corriente en España y Europa No está de más recordar, aunque sea muy rápidamente, que en nuestro entorno –y ésta es la primera pista que debemos retener– hay televisiones regionales públicas por todas partes. En España, salvo en territorios muy pequeños como Navarra o Cantabria, prácticamente todas las CCAA tienen televisiones regionales públicas o semipúblicas. La crisis económica que afecta a España desde 2008 ha reducido el gasto público que se les dedica y ha provocado una reforma legislativa en 2012 para permitir privatizaciones de la gestión, de manera que es cierto que el mapa de las televisiones públicas autonómicas ha cambiado: son más pequeñas, cuentan con menos dinero y están paulatinamente dejando más espacios a la gestión privada de la programación. Sin embargo, sólo en el caso valenciano se ha liquidado la televisión pública. En Madrid el proceso de ERE iniciado y la posterior judicialización del conflicto hicieron pensar que la historia de RTVV podría repetirse en otra comunidad autónoma, pero parece que precisamente la experiencia valenciana, que ha dejado pocos actores –económicos o políticos– satisfechos, ha servido de contraejemplo para alejar la tentación de tomar decisiones drásticas. Este panorama permite, por un lado, vislumbrar la sospecha de que quizás tener una televisión regional no es ningún disparate. Pero, por otro, tampoco hemos de perder de vista que tal vez un mapa como el que tenemos en España responda más a los intereses de políticos y gestores que al interés general o de los ciudadanos. Por esta razón, otro elemento a considerar es que en Europa, también, ya sea con modelos muy descentralizados -Alemania-, ya sea con otros como el francés donde la segunda cadena pública, 21

France3, está muy regionalizada –pensemos que hace todos los días de 2 a 3 horas de televisión de proximidad de mucha calidad, mientras que aquí en Valencia TVE hace unos penosos 30 minutos– pasa lo mismo y tenemos producción de contenidos audiovisuales, tanto de radio como de televisión, financiados por los poderes públicos y realizados de forma descentralizada para servir de espejo del territorio donde están. Algo quiere decir este dato, muy probablemente. Como mínimo, que un uso de recursos públicos en esta dirección no es un despilfarro de dinero insólito en Europa. Y muy probablemente que hay, en efecto, intereses públicos de cierta valía implicados. Es cierto que la necesidad no se resuelve siempre igual, pues a veces el peso de las subvenciones a los actores privados es mucho mayor que la prestación pública y, a su vez, la prestación pública se puede organizar de muy diversas formas. Pero lo que resulta bastante evidente es que la necesidad de actuación pública se suele percibir, con mayor o menor intensidad, en casi cualquier ejemplo que busquemos. Otra cosa es cómo se articule. Eso es, pues, justamente, lo que toca analizar a continuación. -Televisiones regionales, financiación pública e insuficiencias del mercado Un elemento adicional que debemos tener presente es el hecho de que la regulación que viene de la Unión Europea en materia de competencia y financiación pública de determinadas actividades ha considerado, y esto es relativamente excepcional, perfectamente posible y razonable la convivencia de un sector público con el mercado privado en el sector audiovisual. Otra cosa será cómo se deba hacer esta convivencia, porque las ayudas públicas, según ordena el Derecho europeo y caso de que sean repartidas entre operadores privados, deberán serlo siempre con mecanismos equitativos. Así, en el caso de que además de mercado privado haya televisiones públicas financiadas con recursos públicos, 22

entonces este dinero sólo podrá ir destinado a la parte de la programación de estas televisiones que tenga la consideración de servicio público y nunca a aquella en la que el operador público esté compitiendo con los privados. Parcela de actividad en la que, si hay ayudas públicas, todos han de poder acceder a las mismas en condiciones de igualdad. En todo caso, resulta evidente que nos encontramos ante una situación relativamente excepcional de permisividad del Derecho europeo ante la interferencia pública en un mercado que demuestra, probablemente, el interés de la clase política en toda Europa en poder conservar mecanismos de control sobre el audiovisual. Pero este hecho también muestra que no resulta tan extraño en términos de conciliación mercado-servicio público que haya cadenas de proximidad que jueguen en este segundo espacio, justamente, por las insuficiencias constatadas del primero. Hay razones, parece ser, comunes a toda Europa para ello, como demuestra la constatación de que resulte relativamente común que sean entes audiovisuales públicos los que dominen el panorama informativo de proximidad. El «experimento natural» que tenemos en España gracias a un reparto de licencias muy cuestionable –a grupos muy grandes que les permite agrupar cadenas y minimizar la competencia– y, además, con un generoso régimen legal que permite después vender o alquilar esa licencia, ha demostrado que ni siquiera en un régimen regulatorio tan laxo y oligopolizado hay posibilidades, hoy en día, de hacer negocio con el audiovisual de proximidad de una mínima calidad. Las excepciones son muy pocas, y se dan sobre todo, en materia de radio o con el audiovisual local en poblaciones grandes pero con un producto de una mínima calidad. En este sentido, además, resulta interesante constatar que ni la evolución tecnológica, ni la maduración económica ni, sobre todo, el cambio en la regulación han mejorado el producto ni ampliado el pluralismo respecto de la explosión de televisiones locales de hace 23

dos décadas. Esta constatación es la que probablemente ha llevado a un dominio general del ámbito público en este sector y la que, en ausencia de evolución en sentido contrario, sigue justificando una amplia intervención pública, caso de que se considere de que hay intereses generales en juego. Como prueba adicional de estas insuficiencias, la situación valenciana ha permitido otro «experimento natural» como resultado del cierre de RTVV. En efecto, con anterioridad al mismo se podía argumentar que la existencia de la cadena pública alteraba las condiciones del mercado con la interposición de un producto mucho mejor y generosamente financiado que dificultaría, en consecuencia, la aparición de servicios alternativos que debían competir por ese mismo mercado con la necesidad, además, de ser económicamente rentables. No obstante, la desaparición de RTVV ha demostrado que el freno efectivo que suponía la prestación pública para el sector no debía de ser de gran calibre: aunque sólo ha pasado un año y medio desde el cierre, lo cierto es que sin RTVV tampoco cuajan iniciativas mínimamente ambiciosas de carácter privado, ni de ámbito autonómico ni de ámbito local, y ello a pesar de las facilidades del marco normativo para ponerlas en marcha si la aventura fuese económicamente atractiva. Lo cierto es que desde la desaparición de las emisiones de RTVV los datos de audiencia no han sido significativamente mejores para las televisiones locales valencianas, si bien puede constatarse un leve repunte de las más grandes, excepto en retransmisiones de eventos festivos, que sí funcionan ahora mucho mejor en cadenas privadas. Más allá de la discusión sobre qué fue antes, si la ausencia de inversión y de ambición o la no respuesta de la audiencia, lo cierto es que a día de hoy se puede constatar que tampoco en ausencia de una televisión pública potente de ámbito autonómico despega el sector privado de proximidad. Con una estructura económica como esta, es inevitable que el sector necesite de la intervención pública. Esta es la norma europea. También en los países europeos menos desarrollados 24

económicamente se repite este mismo esquema, aunque con diferencias que tienen que ver esencialmente con la existencia de minorías culturales y lingüísticas de un tamaño suficiente y que no están debidamente representadas en las emisiones de las televisiones nacionales. Aparece, por tanto, una pauta clara, que hace depender la intervención pública de la evaluación respecto de la importancia de una serie de factores para justificar, o no, una inversión notable en medios audiovisuales públicos de tipo regional o subestatal. Ya que una televisión pública en estas condiciones requiere de dinero público y de un compromiso social y político en su defensa, como hemos expuesto, hay que empezar a pensar, por tanto, si a los valencianos nos merecería la pena tener una. Es decir, si, en definitiva, tiene sentido tomar la decisión, ahora que no tenemos, de poner dinero de todos para abrir una nueva televisión asumiendo que, si no se hace así, sencillamente no habrá un audiovisual de proximidad de calidad en el País Valenciano. ¿Tan importante es tener un audiovisual de calidad? ¿Lo necesitamos o es un lujo que si fuera proporcionado por el mercado y fuera rentable sería un extra interesante pero que no merece la pena sufragar a costa de otros servicios? Porque el dinero es limitado y las necesidades muchas: tenemos que pagar también la educación y sanidad públicas, la asistencia social… razones que fueron apuntadas por el gobierno del Partido Popular para justificar la decisión de cerrar RTVV en su día y que, como es evidente, no pueden desconocerse. Igualmente, y en relación con el coste-beneficio de la acción pública en la materia, para responder a estas preguntas hay que tener en cuenta qué alternativas a un modelo de prestación del servicio a cargo del sector público de corte clásico tenemos. Es decir, si para lograr ciertos objetivos no sería más productivo una intervención de otro corte -subvenciones a actores privados- o una acción global sobre el sector, vía licencias y los requisitos que se exigen para 25

obtenerlas; medidas ambas que la Generalitat valenciana tiene a su disposición. Unas y otras pueden lograr objetivos distintos, con diferentes intensidades y alcances, pero también implican exigencias en materia de inversión notablemente menores y además pueden ponerse en marcha con facilidad a corto plazo. Como es obvio, no deben desconocerse a la hora de analizar la situación y la conveniencia de poner en marcha, de nuevo, una televisión pública valenciana. Por último, es esencial reflexionar sobre qué modelo de intervención pública está más adaptado al tipo de consumo de productos audiovisuales que empieza a ser dominante entre los jóvenes y a intuirse como clave de cara al futuro, pues poner en marcha un proyecto de la ambición de reconstruir algo semejante a RTVV obliga a tener claros su sentido y utilidad presentes, pero también los futuros. A partir de estas ideas, se pueden ir señalando diversos fallos de mercado que podrían justificar una intervención pública más o menos intensa y, en su caso, la puesta en marcha, de nuevo, de una televisión pública generalista de corte tradicional -pero también necesariamente adaptada y equipada para a la vez atender a los nuevos canales y nuevas plataformas de consumo audiovisual-: a) ¿Es necesario contar con una televisión pública para poder tener un panorama audiovisual más plural? Una de las razones que se dan a veces para justificar la necesidad de una televisión pública es que el mercado privado, aunque diverso, no garantiza la pluralidad –y menos aún garantiza la pluralidad interna de cada cadena–. Las televisiones públicas, por ello, deberían ser mecanismos de compensación complementarios, más plurales y críticos con el poder, especialmente con los poderes económicos a los que, por definición, los medios privados tienen tendencia a ahorrarles muchas críticas. Lo que pasa, si hablamos del caso valenciano y español, es que la experiencia nos obliga a ser 26

escépticos respecto a las efectivas posibilidades de conseguir este objetivo mediante las televisiones públicas. La experiencia de manipulación inherente al modelo y las carencias evidentes de pluralidad de todas las televisiones públicas españolas provocan que éste sea un argumento francamente insuficiente para justificar la creación de una nueva RTVV. En ningún caso tendría sentido hacer el esfuerzo económico –importante– y político para buscar una pluralidad que sabemos que, en el mejor de los casos, será muy complicada de lograr y siempre menos satisfactoria que la que nos aporta la competencia –aunque sea muy moderada– y lucha por la audiencia de las televisiones privadas. En términos de estricta búsqueda de la pluralidad, la experiencia dice que la intervención pública en España no ha sido la mejor idea y, de hecho, ni siquiera un modelo menos intervencionista, de subvenciones a medios privados, escapa a esta crítica. La acción pública, e incluso las subvenciones, pueden estar muy justificadas, pero por otras razones, no porque sean el mecanismo idóneo para preservar el pluralismo. Eso sí, caso de que efectivamente acabáramos teniendo una nueva televisión en un futuro próximo, hemos de ser conscientes de que necesitaríamos tener una televisión que, sí o sí, cumpliera este objetivo de pluralidad y no supusiera, antes al contrario, una alteración en negativo del pluralismo comunicativo, por las mismas razones por las que, caso de organizar un sistema de fomento por medio de subvenciones –ya fuera alternativo o complementario a la puesta en marcha de un prestador público- éstas habrían de repartirse empleando mecanismos lo menos subjetivos que fuera posible. De hecho, las garantías para preservar que el nuevo servicio público televisivo fuera plural y el sistema de equilibrios para reforzarlas tendrían que ser un elemento esencial del nuevo diseño. Se deberían dedicar muchos esfuerzos a que la cosa, en este sentido, saliera por una vez bien, porque si no… habríamos hecho nuevamente el viaje –y gastado el dinero– para volver al 27

punto de partida. Y el punto de partida, la vieja RTVV, no era satisfactoria en cuanto a esta dimensión desde ningún punto de análisis posible. En consecuencia, la nueva televisión valenciana, si se crea, requiere de una arquitectura jurídica muy protectora de la independencia de los gestores –independencia funcional durante el mandato– así como un modelo de carrera profesional garantista que diera muchas funciones y autonomía a la redacción. De todos modos, con eso no es suficiente porque, además, se debe conseguir, por una vez, una elección de estos gestores que sea incuestionable, lo que pasa por un cambio de cultura política que no depende sólo de las leyes, más allá de mayorías reforzadas o del establecimiento de requisitos reglados de capacitación profesional. Algo se podría hacer, sin embargo, estableciendo concursos obligatorios entre los candidatos que se presentan al cargo. Y, de la misma manera, los concursos y las pruebas selectivas para el personal deben ser objetivas y neutras, así como exigibles para todos los trabajadores, para poder justificar a continuación que después la plantilla pueda tener reconocida una gran independencia. Resulta evidente, por ejemplo, que no es posible ni admisible aceptar esa gran independencia de la redacción -que resulta imprescindible para que la misma no sea un riesgo para el pluralismo- si las personas que forman parte de la misma han sido en gran parte seleccionadas con criterios de obediencia política al poder como los que, por ejemplo, ha denunciado tantas veces y durante años el comité de empresa de la extinta RTVV. Una cosa no puede estar desvinculada de la otra, como es obvio: la sociedad sólo puede aceptar garantizar esa imprescindible independencia si tiene, a su vez, garantías de que los que van a disfrutarla en beneficio de todos y del pluralismo han sido seleccionados –todos ellos- por sus méritos profesionales y no por otras consideraciones. 28

b) ¿Es necesario crear una televisión pública valenciana nueva para hacer programas culturales y de servicio público que no están ofreciendo las televisiones privadas? Éste es otro argumento que tradicionalmente se aporta para pedir la creación de servicios televisivos públicos. De hecho, el Derecho europeo del audiovisual acepta sin problemas esta necesidad de complementar, y financiar, como ya hemos visto, los productos de este tipo que ofrece el mercado pagados con fondos públicos. El problema, aun así, es que para hacer eso no es imprescindible una nueva televisión valenciana, porque puede que haya mecanismos alternativos más económicos y, por esta razón, más eficientes. Como alternativas concretas, en primer lugar, se podría considerar que, como pasa en otros países –hemos mencionado antes el ejemplo francés– esta tarea la podría hacer perfectamente la televisión pública estatal. Un segundo grupo de posibilidades pasa por financiar programas o líneas específicas de contenidos para su emisión en las cadenas privadas; ya sean estatales, ya sean autonómicas. De hecho, tanto la primera como la segunda alternativa, en una situación como la valenciana, donde ya no existe televisión pública, debieran ser exploradas, pues de sus resultados podrían extraerse lecciones de gran interés. Así, no resulta nada descabellado aspirar a que RTVE cumpla de una vez por todas con las exigencias en esta materia del art. 23 CE que idealmente habría de obligar a que prestase servicios audiovisuales de proximidad, por un lado y, por otro, a que también su programación general dedicase atención a la diversidad cultural y lingüística valenciana. Tampoco es mala idea explorar las posibilidades de que los operadores presentes -y aquí no se entiende, tampoco jurídicamente, la obsesión del actual Consell con reducir esta posibilidad a un convenio con RTVE- produzcan contenidos destinados al público valenciano a cambio de una retribución que los haga económicamente viables. Ni, como parecen haber intentado tanto el Consell como la Diputació de València sin 29

demasiada convicción ni éxito, tratar de incentivar que los operadores privados ya presentes en el mercado hagan más emisiones de proximidad de calidad y en valenciano por la vía de la subvención. Frente a estas alternativas, eso sí, debe oponerse el principio de realidad, pues la situación actual nos está permitiendo comprobar los límites, al menos por el momento, de estas posibilidades. Así, se puede alegar que RTVE, a la hora de la verdad, no ha cumplido nunca con esa función –o lo ha hecho muy mal cuando alguna vez ha mostrado un tímido intento de ser una televisión de todos y no un órgano central de emisión–. O que los intentos del Consell durante estos meses por lograr contenidos de proximidad incluso a cambio de un precio no han fructificado, lo que da a entender que probablemente es más caro conseguirlos por esta vía que por medio de la prestación directa. Tampoco parece, al menos por el momento, que los intentos de incentivar el mercado privado vía subvenciones estén teniendo demasiado éxito: las medidas del Consell no han logrado incrementos de la calidad de las emisiones, sino de las cuentas de resultados de las empresas privadas con licencia; y por su parte, la experiencia de la Diputació de València de tratar de subvencionar horas de emisión en un canal privado, además de muy desacertada en origen -no se entiende por qué la subvención ha de centrarse en solo un canal, por ejemplo- ha sido de muy compleja gestación y a día de hoy parece que no va a fructificar. Pero nada de eso quita que, en efecto, se podría mejorar o aumentar la producción desde RTVE de este tipo de contenidos, pues es posible pensar que estaría desde un cierto punto de vista en mejores condiciones de hacerlos –economías de escala, etc. – que unas televisiones regionales. Adicionalmente, podría argumentarse que el hecho de que RTVE lo haga a día de hoy tan mal puede estar influido por la falta de competencia. En caso de que se potenciara mediante un programa de subvenciones 30

correctamente diseñado para lograr que el mercado privado produjera este tipo de contenidos, probablemente provocaría que esta competencia apareciera, sin duda, para luchar por esa audiencia. En definitiva, es posible intuir que hay alternativas quizás más económicas para garantizar estos mismos objetivos de producción de ciertos contenidos, aunque no tenemos datos fiables al respecto. Es una cuestión, en última instancia, de coste y de economías de escala, lo que hace perfectamente posible que, a la postre, sea mejor el modelo de gestión directa tradicional. Sin embargo, y por una cuestión de cautela, desaparecida la televisión pública autonómica, parece que tendría sentido, en primer lugar y a corto plazo, explorar antes esas alternativas menos costosas y, sobre todo, más sencillas de poner en marcha y que generan menos compromisos de gasto a medio y corto plazo, a efectos de poner a prueba sus posibilidades. Además, no puede descartarse que estos mecanismos estén mejor adaptados a la realidad económica y tecnológica a la que se dirige el sector, cuestión que no se puede perder de vista, pues las plataformas por las que esos contenidos se verán en el futuro parece claro que no serán las mismas que las que tenemos ahora. De modo que si la clave son los contenidos de servicio público y nada más es muy dudoso que ello genere necesariamente la justificación técnica y jurídica suficiente para constituir una plataforma de difusión de contenidos, pues eso y no otra cosa es una televisión en cadena generalista, muy adaptada a las necesidades de décadas pasadas pero que quizás no lo esté a las futuras. Es esencialmente por esta razón por la que, en resumidas cuentas, tampoco estamos hablando probablemente de un argumento muy potente por sí mismo en favor de crear una televisión pública valenciana nueva. Puede serlo, pero una vez verificado el fracaso o insuficiencia de otras vías. Y, en todo caso, es un argumento sólo potente de verdad si lo podemos combinar con otras razones en defensa del servicio público televisivo. 31

Eso sí, de nuevo, si algún día lo ponemos en marcha – necesariamente por estas y otras razones que coadyuvarían a justificarlo– los contenidos de ese hipotético audiovisual público sí que deberían, obviamente, tener muy clara esta orientación, estas necesidades y el hecho de que introducir competencia y diversidad en la producción de estos programas es una buena cosa –hecho que tendría que orientar no sólo la acción de la administración ordenando el mercado privado, sino también la propia gestión interna de la tele–. Un nuevo modelo de televisión pública, por tanto, debería tratar de tener una perfecta definición de cuáles son los contenidos de servicio público que se pueden financiar y subvencionar, orientando su programación a proveerlos. Además, estaría bien que ese sector público, también, incentivara cierta competencia en esos contenidos entre el propio sector público y el privado, con líneas de subvenciones por programas equivalentes a las que también pudieran aspirar los medios locales y autonómicos privados. Por último, esta idea de competencia se debe asumir para la gestión de la programación de servicio público dentro de la televisión y radio autonómicas: con equipos de producción propia que compitan con los de fuera y sin que haya posibilidad de «monopolio» sobre la producción de la programación. c) Dado que las razones aducidas hasta ahora no parecen suficientes, por sí solas, para justificar la puesta en marcha de nuevo de una televisión pública generalista de corte tradicional, ¿puede argumentarse que sí necesitamos, en todo caso, una radiotelevisión propia para «hacer país»? Es evidente, muy evidente, que tener una televisión «hace país». Sólo con ver, por ejemplo, la programación y orientación de lo que hace RTVE queda claro que con una televisión se crea y difunde una determinada idea sobre identidad, pertenencia… sobre los valores y principios fundamentales en los que se basa el pacto de convivencia social, en definitiva. Por eso hay televisiones públicas más «simpáticas», modernas y plurales –propias de países, como pueden ser Alemania o el Reino 32

Unido, donde se considera que la diversidad de la población y su riqueza cultural es un valor añadido…– y cosas como RTVE –con un modelo unitario culturalmente muy anclado en las visiones dominantes, en todos los aspectos, incluido el lingüístico, que hay en Madrid sobre lo que es o debería ser idealmente España–. A mi juicio, de todas formas, ésta no es tampoco una razón de peso para crear una radiotelevisión pública valenciana. Las identidades construidas o apuntaladas desde arriba, como la que ha tratado de construir TVE en España, por poner un ejemplo cercano, no son propias de sociedades liberales y libres ni parecen muy adecuadas en el siglo XXI. En caso de que «hacer país» sea necesario, entonces, por favor, si acaso, hagámoslo desde abajo y entre todos, no desde arriba a partir sólo de las obsesiones de algunos. La construcción de la identidad, si es posible, que sea una identidad cívica; no parte de un programa de gobierno. De manera que, la verdad, no creo que el argumento de tener una televisión pública «para hacer país» sea demasiado atractivo, por mucho que esté en la línea de quienes, por ejemplo, defienden que las «señas de identidad» de un pueblo o comunidad política han de estar plasmadas en leyes y deben ser defendidas por la Administración frente a quienes las denigren. Parece más razonable, en cambio, defender que el país que ya existe sí debiera tener un reflejo televisivo y necesita de cierta cohesión, también, «visual». Como ya somos un territorio político y social articulado, y precisamente por eso, necesitamos información sobre esa comunidad política que conformamos, sobre qué pasa en Alicante o documentales sobre l’Alcalatén, por poner sólo dos ejemplos. Sin estos instrumentos de información y reflexión sobre nosotros mismos no tenemos las herramientas suficientes para entendernos como realidad política y, sobre todo, para hacerla funcional, eficaz y útil. Visualizar el territorio y sus gentes, saber qué pasa a nuestro alrededor, es esencial para que una comunidad organizada políticamente pueda funcionar 33

correctamente. Un espacio de convivencia autónomo y donde hay una comunidad política que se gobierna y dota de normas necesita de un mínimo de información sobre lo que ocurre en ese espacio… y si eso no nos lo da el mercado lo tendrá que ofrecer el servicio público. Y esto nos lleva a otra razón adicional que, junto a la que acabamos de señalar, sí justificaría plenamente la necesidad de tener una nueva televisión –y radio– públicas valencianas para proporcionar este tipo de contenidos informativos y de proximidad. d) ¿Puede que sea necesaria una televisión pública valenciana para hacer televisión de proximidad? En cuanto al problema de la información de proximidad, la desaparición de RTVV sí nos da información muy interesante, porque nos permite ver y analizar qué carencias efectivas tenemos ahora que no existe una televisión pública y todo depende del mercado privado de proximidad y de la cobertura de los medios estatales. Durante este año, ya sin medios públicos propios, ha quedado patente que hay unas carencias muy notables con respecto a la información sobre la realidad política, social y económica valenciana en televisión: RTVE hace media horita mal contada –mayoritariamente en castellano, por cierto–, incumpliendo manifiestamente lo que dice el art. 23 CE sobre lo que ha de ser la cobertura social, territorial y lingüística de la televisión pública estatal. Las televisiones privadas de ámbito estatal aún hacen menos. Tampoco las televisiones privadas de ámbito local o autonómico, ni tan siquiera en ausencia de RTVV, se han puesto las pilas, y el panorama continúa siendo muy decepcionante por no decir casi inexistente a efectos prácticos y económicos, probablemente con la única excepción de las tertulias sobre el Valencia CF, contenido que sí que ha tomado impulso últimamente, pero alejado del modelo de producción de servicio público a que nos hemos referido y que sí resulta necesario. 34

Aunque apenas si ha transcurrido un año y medio desde el cierre de RTVV, y en un contexto de crisis económica, resulta llamativo que un espacio político articulado de 5 millones de habitantes no pueda aspirar a mantener una iniciativa privada en este mercado. Recientemente el Consell autorizaba a Las Provincias TV —uno de los dos canales con licencia de alcance autonómico y que emitía teletienda— a alquilar su uso a una productora privada, aunque aún no sabemos la dimensión de la iniciativa ni si tendrá continuidad, pues parecía depender exclusivamente del proceso de subvención de la Diputació de València que al final no ha llegado a buen puerto. La otra licencia de ámbito autonómico pertenece a Mediterráneo TV, que hace casi toda su programación en cadena con contenidos estatales. Carencias similares, o aún más graves, se pueden detectar en productos de entretenimiento localmente arraigados, series de ficción y documentales. Esta situación permite concluir que, asumida la necesidad de ese espacio de comunicación de proximidad, la experiencia práctica, el «experimento natural» derivado del cierre de RTVV al que nos referíamos antes ha puesto de relieve, además, que el sector privado sigue siendo a día de hoy manifiestamente incapaz de cubrirla satisfactoriamente y que tampoco parece que la política de incentivos haya dado frutos suficientes como para pensar que la conclusión vaya a ser muy diferente en el futuro. Es cierto que el mercado sí ha reaccionado al hueco dejado por RTVV en algunos ámbitos. Por ejemplo, las emisoras privadas sí que han hecho retransmisiones de procesiones, ofrendas, mascletaes y Fallas. Curiosamente, contenidos que muchos señalaron en el momento del cierre de la televisión pública valenciana como esenciales y que, argumentaban, justificaban la existencia de RTVV… porque sin una televisión pública no los tendríamos en las pantallas. No ha sido el caso, sino todo lo contrario pues, con mayor o menor calidad, estos han sido justamente los únicos contenidos que han seguido viéndose sin 35

problemas. Pareciera pues que esas retransmisiones, justamente, no eran las que dan sentido a un servicio público esencial que cubre fallos del mercado, sino un producto de mercado y, en efecto, con audiencia y posibilidad de rentabilización económica. Lo cual no quiere decir que un operador público haya de obviarlos, como es evidente, pero sí que no tienen sentido ni se justifican como su razón de ser. Porque la razón de ser de un operador público ha de ser ofrecer contenidos y funciones que el mercado no esté logrando satisfacer. La experiencia ha demostrado que, en realidad, las carencias existen y son importantes, suficientes para poder justificar la necesidad de una televisión pública a día de hoy, pero también que son más bien otras. Son, de hecho, las comunes a los mercados audiovisuales europeos y las que justifican que también allí haya televisiones públicas: informativo de proximidad, documental, ficción propia… Es pues en estas parcelas donde la nueva normativa de la televisión pública debería poner el acento y determinar que, justamente porque no las cubre el mercado privado, son los contenidos que el servicio público debe ofrecer en todo caso y de forma preferente. Recordemos, además, que en el caso valenciano la necesidad de proximidad llega de la mano de otro factor: la lengua. e) ¿Es imprescindible una radiotelevisión pública para promocionar y defender el valenciano? La respuesta en este caso es mucho más sencilla que en los anteriores: dada la situación del valenciano en los medios privados, incluso tras los programas de fomento, las subvenciones y un reparto de licencias locales y autonómicas condicionado a su uso que no ha permitido que la mitad valencianohablante de la población pueda informarse con normalidad en su lengua, sí. De hecho, el Derecho también lo reconoce sin dudas. Por ejemplo, la Carta europea de protección de lenguas minoritarias, suscrita por España, obliga a los estados firmantes a proteger estas lenguas con diversas medidas. También 36

respecto a su uso en los medios de comunicación. Una de las formas de hacerlo, dentro de las previsiones de la Carta, es, justamente, tener un canal televisivo público propio en la lengua en cuestión. Aunque la Carta permite que no haya televisión propia si a cambio hay otras medidas de protección de la lengua – subvenciones a medios privados, por ejemplo; prelación de los medios en la lengua minoritaria en el reparto de licencias…–, el caso valenciano, donde no tenemos hoy por hoy ni una cosa ni la otra, es muy peculiar, porque no estaríamos cumpliendo con la Carta… salvo que el Consell de la Generalitat, en una inusitada posición de defensa de la unidad de la lengua catalana, argumente que como sí que hay televisiones en catalán, entonces se puede entender que ya cumplimos con el convenio gracias a la emisión de los medios catalanes –en ese caso, por cierto, la Generalitat valenciana tendría que aceptar que las emisiones de TV3 llegaran al País Valenciano para estar totalmente cubiertos desde un punto de vista legal–. En cualquier caso, y más allá del incumplimiento de normas jurídicas, lo que está claro es que estas reglas existen porque hay un consenso europeo sobre la importancia de las televisiones regionales públicas como herramienta de protección de las lenguas minoritarias. Una razón que, por otra parte, parece fácil de extraer de la realidad social y lingüística del valenciano… y por las disposiciones estatutarias de 1982 o de la «Llei d’ensenyament i ús del valencià» de 1983, que consideran imprescindible la existencia de políticas públicas activas en defensa del valenciano en los ámbitos de la vida social donde ha quedado arrinconado. Pocos casos son tan evidentes como el audiovisual. De manera que en este último punto sí tenemos una razón clara que justificaría la creación de una nueva televisión valenciana, ya que TVE, si ya no hace apenas programación para el territorio 37

valenciano, menos aún la hará en valenciano; que ni TV3 –ni IB3, ni las televisiones privadas catalanas– se pueden ver en nuestro país; y que los medios privados pasan de trabajar mínimamente en valenciano –salvo algunas excepciones– y cuando lo hacen normalmente es con un tratamiento de la lengua de poca dignidad y corrección, incumpliendo manifiestamente con las pretensiones de dignificación que regulan la Acadèmia Valenciana de la Llengua y que obliga a la utilización de la versión del valenciano normativo definida por este ente por todos los medios que reciben financiación pública. Analizada globalmente la situación, parece evidente que, como ocurría con las carencias en programación de proximidad, no es fácilmente reversible esta situación con un mero programa de fomento, pues hace falta una acción más decidida y global que permite, por medio de una programación propia potente y generalista, cubrir el hueco de forma ambiciosa. Por ello, la nueva televisión valenciana hipotética que se deduce lógicamente de lo que vemos diciendo debería tener un diseño y una programación que atendiera especialmente a la proximidad y la lengua catalana en su variedad valenciana, dado que no tenemos un mercado audiovisual en condiciones que garantice esta oferta. De hecho, tendría que ser íntegramente en valenciano y ofrecer todo tipo de contenidos en esta lengua como mecanismo, justamente, de «normalización». Adicionalmente, sin embargo, y dado que no parece sensato asumir que el mercado televisivo presente y futuro vayan a ser exactamente como los del pasado, hay que tener en cuenta que la acción directa en forma de prestación televisiva no puede ser la única sobre la que ha de actuar la Generalitat Valenciana. Dado que contenidos y plataformas van a diferenciarse cada vez más, hay que actuar con subvenciones y condicionando el reparto de licencias en paralelo a estas medidas también, a fin de que el 38

mercado privado vaya en lo posible en esta misma dirección. Y, además, hay que asumir que cada vez más, si de lo que se trata es de dar información de proximidad y de permitir la existencia de un audiovisual en valenciano, la labor pública debe pasar también y sobre todo por garantizar que los contenidos en las posibles plataformas de exhibición futuras estén también disponibles en valenciano y puedan serlo sobre realidades próximas, lo que, como mínimo, requiere dedicar muchos recursos de la nueva televisión pública a explorar también su función como plataforma o intermediador para la exhibición de unos contenidos que no tendrían por qué ser sólo, o necesariamente, los suyos propios. f) Por último, ¿necesitamos una televisión propia para fomentar una industria audiovisual propia? Como es sabido, es habitual decir que un objetivo adicional de la existencia de una televisión propia es garantizar la supervivencia –o puede que la misma existencia– de una industria audiovisual propia. Este es un objetivo legítimo, que el Derecho de la competencia europeo acepta, como demuestra toda la regulación sobre excepción cultural y resulta evidente en las ayudas, por ejemplo, a la industria cinematográfica, que son muy habituales en muchos países –como por ejemplo España–. Ahora bien, y como también demuestra este objetivo, la promoción de la industria cultural audiovisual propia no pasa necesariamente por una televisión pública. Podría haber otras fórmulas. Pero también es verdad que este objetivo, ya que complementa a otros –proximidad, lengua…– para los que sí que sí parece necesario tener una televisión –y radio– públicas propias, refuerza la idea de que tener una radiotelevisión pública puede acabar siendo útil para la sociedad. Es una manera, sencillamente, de obtener, además de la programación de proximidad y en valenciano, efectos positivos adicionales, como ayudar a dar músculo financiero y adquirir experiencia a las empresas del sector valencianas, simplemente haciendo lo mismo que se debería hacer por otras razones. Win39

win, pues. ¿Alguien se puede quejar de ello? Parece claro que no. Pero del mismo modo que una nueva radiotelevisión pública se puede justificar aún más adicionalmente apuntando a este factor hay, por ello, que diseñarla para que cumpla en efecto con esta finalidad: no discriminando a productores, eliminando los tradicionales cortijos o corralitos para ciertas empresas y, sobre todo, asumiendo que una de las más importantes labores de servicio público es dar facilidades para la exhibición multiplataforma de los contenidos que se produzcan en proximidad, no sólo los propios. La amplitud de miras, la pluralidad de contenidos y la flexibilidad son esenciales para esta labor de dinamización del ecosistema audiovisual valenciano. Directrices esenciales para un nuevo modelo de televisión pública para el País Valenciano a partir de 2015 A partir de estas ideas ya empezamos a poder hilvanar con unos rasgos característicos más o menos claros un modelo televisivo y radiofónico mínimamente coherente, que es el que tendría que ser desarrollado por la legislación autonómica y puesto en marcha a partir de una acción pública decidida por parte del nuevo Consell de la Generalitat. Se ha de señalar, adicionalmente, que la actual ley estatal vigente en la materia (la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual) es un paraguas más que suficiente para hacer las cosas que necesitamos. Además, es una norma que da, al fin y al cabo, y como es lógico, libertades a las CCAA para desarrollar sus sectores audiovisuales según su mejor criterio, en uso de sus competencias. La pelota queda, en consecuencia, en manos de les Corts Valencianes. Cierto es que, desgraciadamente, también en manos de nuestras posibilidades financieras y eso ya no depende sólo de nosotros, sino de un modelo de financiación territorial español en el que hasta el momento hemos pintado poco. Sin embargo, es responsabilidad de los valencianos, y de nadie 40

más, hacer las cosas bien para que a partir de 2015 haya una radiotelevisión autonómica pública propia y en valenciano bien hecha, sostenible y útil. De las razones que venimos exponiendo se deducen con facilidad cuáles debieran ser las directrices en las que basar el nuevo modelo. Unas directrices que, por lo demás, son perfectamente coherentes con los principios básicos, también, de la legislación valenciana actualmente vigente en la materia, la Ley 5/2015, de la Generalitat, del Servicio Público de Radiotelevisión valenciana. Esta norma, fruto de una iniciativa legislativa popular, no señala mandatos concretos más allá de unas orientaciones básicas respecto de cómo debería ser el servicio público televisivo valenciano si un día se vuelve a poner en marcha – durante su tramitación parlamentaria la mayoría popular (PP) en el gobierno condicionó esta reapertura a ciertas condiciones económicas-. Como no supone obligaciones concretas no tiene sentido desarrollar sus contenidos, pero sí es importante resaltar que, siendo estos muy básicos, resultan perfectamente coherentes con lo señalado hasta ahora y las líneas que, muy brevemente, se siguen a continuación de lo ya expuesto y que se esbozan a modo de conclusión. El mandato de creación de una nueva radiotelevisión pública valenciana podría concretarse en una serie de ideas-fuerza, que resumen las justificaciones analizadas, como conclusión de las reflexiones hechas, pero que, al mismo tiempo, conducen inevitablemente a una serie de reglas e ideas adicionales sobre cómo organizar el nuevo audiovisual público valenciano de modo coherente con esas razones de servicio público que hemos ido evaluando: 1. Es necesaria una radiotelevisión pública, con una programación muy fuerte de tipo informativo, educativo y documental. Aunque algunas necesidades públicas podrían ser cubiertas mediante 41

subvenciones para orientar la actividad privada, las graves carencias en materia de información de proximidad y la inexistencia de medios en valenciano o de una industria audiovisual que pueda ayudar a la normalización del uso de la lengua hace que, caso de que estas necesidades se tomen con la seriedad que se requiere, resulte justificado, en nuestro caso, tener una radiotelevisión propia. El contexto comparado y español, de hecho, avala esta tesis. Pero, precisamente en la medida en que el servicio público, sufragado con dinero de todos, se justifica por estas razones, hay que ser muy cuidadosos para que la programación esté rigurosamente orientada a conseguir estos objetivos, sin que sea aceptable financiar con fondos públicos contenidos que no sirvan a la consecución de los mismos. 2. Hay que incentivar la competencia en la producción de estos contenidos y amparar desde la nueva radiotelevisión el pluralismo y la producción diversificada, tanto en el sector privado -comprándoles programas– como en el público –por ejemplo, colaborando intensamente con emisoras públicas locales–. La posibilidad de fomentar un esquema de colaboración-competencia con redes locales públicas resulta, además, muy adecuada para un reparto de gastos que garantice la sostenibilidad financiera del modelo. En este punto, además, hay que pensar en vías de colaboración-competencia lo más ambiciosas y participativas posibles, con todo tipo de actores –por ejemplo, educativos, como las Universidades o centros de formación profesionales públicos del ámbito valenciano–. Esta orientación ha de tener además muy presente la existencia de nuevos formatos y que, sobre todo, una nueva radiotelevisión pública valenciana es una plataforma de exhibición que ha de velar por que las producciones de proximidad y en valenciano dispongan de un vehículo de salida potente y alternativo, siendo este objetivo mucho más importante que el primar los contenidos propios sobre los que genere la sociedad valenciana en su conjunto, siempre que éstos sean útiles y válidos 42

para cumplir con la misión de servicio en materia de contenidos (de calidad, de proximidad, en valenciano). 3. Es esencial garantizar tanto como sea posible el pluralismo interno y la independencia de los gestores con mecanismos jurídicos que los blinden y un diseño organizativo que dé mucho peso a la redacción. Y ser escrupulosos, para ello y por encima de todo, en los procesos de selección de los gestores, que habrían de ser provistos mediante concursos, así como en las pruebas de selección de los profesionales de la nueva televisión, que debería contar con un equipo de gente seleccionada a partir de pruebas estandarizadas de competencia profesional absolutamente incuestionables y adaptadas a las actuales necesidades de una plataforma de exhibición como la que ha de ser la nueva televisión. Para lograr este objetivo, tan obvio como que la experiencia acumulada es un indudable plus lo es también que esta constatación no puede en ningún caso servir de excusa para vedar el acceso a quienes demuestren tanta o más capacidad ni, por supuesto, para convalidar contrataciones hechas en el pasado con criterios de selección no vinculados a la profesionalidad. El éxito de cualquier posible nuevo modelo reside, esencialmente, en que estos procesos sean hechos de la mejor manera posible desde un primer momento, porque las consecuencias de hacer una mala selección de personal se arrastran después durante décadas. La nueva radiotelevisión valenciana sólo tiene sentido si aspira a seleccionar a los profesionales estrictamente imprescindibles y, además, tiene la ambición de que los escogidos sean los mejores de entre aquellos disponibles que quieran trabajar en el modelo, vengan de donde vengan, tengan la edad que tengan y con independencia del proceso de liquidación de la vieja RTVV. Sólo de esta manera, además, se puede dotar a la redacción de un estatuto de independencia total que la blinde frente a presiones o controles políticos, pues sin un proceso de selección estrictamente neutral es suicida conferir tal posición a un medio público. 43

4. La estructura productiva debe ser pequeña, reducida y flexible para poder aspirar a ser sostenible en el presente y en el futuro, lo que significa buscar entretenimiento y producción de series o ficción propia, con un sistema lo más competitivo posible para garantizar calidad y costes ajustados. Es decir, que se debe aceptar con naturalidad lo que es la norma en el sector, esto es: la externalización de parte de la producción, lo que refuerza la idea de competitividad interna y externa que venimos defendiendo, así como obliga indirectamente a potenciar la atención a los nuevos canales de exhibición como labor esencial de la nueva televisión. Por mucho que resulte también esencial que, por su parte, el control de la parrilla, de la programación en general y de sus orientaciones esté en manos de la radiotelevisión pública y de los gestores del servicio público, el contexto actual no permite ni hace que tenga sentido un modelo de televisión pública cerrada que no aspire a ser plataforma privilegiada de la producción de toda la sociedad a la que da servicio. Son, como es evidente, dos cosas diferentes: cuanta más competencia y colaboración en el suministro de contenidos audiovisuales haya, mucho mejor. Pero, a su vez, el control último sobre la programación, sus contenidos y la parrilla debe ser público, y suya la responsabilidad de no consentir monopolios u oligopolios cerrados, cotos vedados ni situaciones de control efectivo de la programación desde fuera. 5. Sólo tiene sentido un audiovisual propio si aspira a hacer productos de primer nivel, con una búsqueda de una calidad máxima para competir en el mercado audiovisual y de productos ambiciosos homologables a los mejores a escala internacional, en colaboración, cuando sea necesario, con las televisiones que puedan confluir en los objetivos de servicio público propios de una televisión para el País Valenciano –que, como es lógico, normalmente serán la Televisió de les Illes Balears i la Televisió de Catalunya-. De hecho, en el marco de la actual ley estatal 7/2010, incluso, se tendrá que plantear, de una vez por todas, además de 44

la reciprocidad, por fin, de los canales propios de cada ente, un canal común con los mejores contenidos de las diversas cadenas en lengua catalana –y sus variedades– y contenidos elaborados conjuntamente para su emisión por ese canal premium que emitiría para todos los territorios que comparten lengua o la coproducción para desarrollar productos que puedan tener presencia en los mercados internacionales. Incluso es no sólo posible sino conveniente proponer, además, la realización de un canal informativo-documental conjunto con desconexiones para la información de proximidad pero que aproveche y ponga en común todo lo referido a las noticias nacionales e internacionales como medida de reducción de costes y de mejora de la calidad. 6. La televisión pública valenciana tiene que prestar una atención singular a los contenidos educativos e infantiles. Se trata de contenidos evidentes de servicio público, conectados con la necesidad de defensa y dignificación de la lengua, porque son claves para la enseñanza del valenciano, que en estos momentos no cuenta con espacios de uso normal de la lengua en los medios de comunicación y, por ello, tampoco los cuenta para que los niños se habitúen a un uso normal de la lengua en un espacio tan relevante en la cotidianidad de nuestros días como son las redes y el audiovisual. Además, como sabemos y hemos comentado, el sector privado, que ya no cubre en este punto prácticamente nada en general, tiene una implicación en la programación infantil para los niños valencianoparlantes que es, directamente, inexistente. La idea de servicio público como garantía de ciertas necesidades cuando el mercado no las suministra aparece aquí de forma clara. 7. Hay que innovar y crear y establecer mecanismos de colaboración con todos los productores audiovisuales que no tienen ánimo de lucro –otras televisiones públicas locales, instituciones educativas, asociaciones y movimientos ciudadanos…– para conseguir sinergias, compartir algunos medios y, sobre todo, dar plataformas de exhibición de los contenidos de más calidad 45

y con formato de televisión de masas a aquellas iniciativas que se estén haciendo ya en el país y que puedan ser aprovechadas para el proyecto por su calidad e interés. De nuevo, esta apertura y la idea de que la nueva estructura ha de ser útil como medio de exhibición y dinamización atento a nuevos formatos y mecanismos de difusión es clave a efectos de lograr un empuje suficiente como para ayudar al sector y dinamizarlo de manera que se justifique la inversión pública realizada. Estas ideas, a modo de directrices necesariamente muy generales, conforman lo que podría componer perfectamente el núcleo de la nueva televisión pública valenciana, caso de que la decisión de ponerla de nuevo en marcha, ahora que no tenemos ningún lastre ni ninguna obligación de hacerlo, se pretendiera llevar a efecto con la idea de extraerle todo el sentido y sacar el máximo rendimiento al esfuerzo público que supondría. Como a partir de mayo de 2015, tras el proceso electoral, la discusión queda abierta, éste es un debate que hemos de iniciar cuanto más pronto mejor, en la línea, como ya se ha señalado, de las ideas reflejadas en la Iniciativa Legislativa Popular que, después de haber conseguido cerca de 100.000 firmas, se ha convertido en la Ley 5/2015. En cualquier caso, y para acabar con un último apunte, no quiero dejar de recordar que toda esta tarea la hemos de llevar a cabo teniendo muy en cuenta, para no cometer errores como los pasados, la imperiosa necesidad de defender en primer lugar la sostenibilidad del modelo de televisión y radio públicas, que es un aspecto clave para garantizar su supervivencia, independencia y capacidad efectiva de cumplir con los objetivos de servicio público que la harán socialmente útil. Demasiadas veces, y una deuda de la antigua RTVV de la cual aún quedan por pagar 1.000 millones de euros durante la próxima década es el más claro testimonio de ello, se nos ha olvidado que, si las cosas no se hacen bien y con sentido, pensando en el medio y largo plazo antes que en resolver 46

los problemas presentes –por acuciantes que puedan parecer o importantes que sean los grupos sociales afectados- al final la autonomía para tomar decisiones acaba por no existir y éstas nos acaban viniendo impuestas desde fuera… o simplemente por la imposibilidad de cuadrar las cuentas. Que no nos vuelva a pasar.

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