Por qué desaparecen las cooperativas en México

La crisis terminal del modelo cooperativo actual de ahorro y préstamo I

Publicado en marzo de 2014
Mario Rechy Montiel
Sólo faltan siete días para el vencimiento del plazo que otorgó la ley para que las cooperativas cumplieran con su registro y la constitución de reservas respectivas, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores anuncia que cerrará varias cooperativas. Ese cierre puede provocar pánico entre las ocho millones de familias que participan en las cooperativas, sensiblemente un tercio de la población nacional.
La razón, según la autoridad, es que no han cumplido con las reglas que esa Comisión decretó, y en algunos casos que ni siquiera cumplen con los requisitos de registro a que obliga la Ley reglamentaria de las actividades de las cooperativas de ahorro y préstamo.
Según las cooperativas existen en realidad otros motivos y otras razones. En primer lugar, que las reglas de operación no se apegan al espíritu y la letra de la Ley, y que las reglas pretenden aplicar criterios mas estrictos que los que se exigen a los bancos y que no son realistas ni cumplibles. En segundo lugar que el gobierno no hizo efectiva su obligación de incrementar el Fondo de Protección que las cooperativas sí han fondeado con la parte que les correspondía. En tercer lugar, que la administración actual no entiende nada de lo que es el sector social, a pesar de ser la primera administración que tiene a su cargo el Instituto del Sector Social de la Economía, INAES, y que esa incomprensión se expresa en la legislación fiscal que castiga a las cooperativas, contraviniendo las recomendaciones que el Organismo de las Naciones Unidas dictó en los años recientes, en lugar de fomentarlas.

Como en todos los casos, existen hechos que dan fundamento formal a la autoridad, pues cierto es que algunas cooperativas se han declarado en rebeldía. Algunas no han podido constituir las reservas supuestamente prudenciales exigidas. Otras han operado sin poder conservar su capital social con incrementos o intactos. Otras más simplemente han fragmentado su operación para mantenerse en un nivel de bajo perfil, conocido como nivel básico, que no tiene mayor obligación que registrarse. Y muchas simplemente han esperado que los plazos de amplíen y se vuelvan a ampliar, para no cumplir jamás con lo que de por sí no pueden cumplir.

La Confederación Nacional de Cooperativas, que es la organización más grande de todas las que existen en este país, y que se creó a raíz de la aprobación de la LRASCAP hace pocos años, y que agrupa probablemente a la mitad de los cooperativistas de ahorro que existen en el país, con una membrecía superior a los siete millones de socios, ha optado por "sugerir" a sus socios que cumplan, y ha enviado una circular a los Gobernadores, Legisladores y Autoridades, pidiendo la intervención de todos para detener la crisis. Pero sin sugerir un método o plantear la solución de fondo.

Y lo grave de todo es que ni los cooperativistas aceptan hablar del problema de fondo, ni las autoridades lo tocan tampoco. Los primeros exigen que el gobierno cumpla. Y el gobierno sólo repite como perico lo que dice la ley. El problema sin embargo está en cómo garantizar que las cooperativas operen con remanentes generados por ellas mismas a través de su operación.

Pero algunas cooperativas, ciertamente las más grandes, no solo han cumplido de manera puntual y completa, sino que han forzado su operación para poder mantenerse legales y con reconocimiento oficial. Estas han encarecido sus créditos para poder constituir sus reservas, según pide la CNBV, o han debido realizar inversiones en diversos instrumentos bancarios y financieros, pues con la operación propia difícilmente alcanzaban a cubrir sus costos de operación.

Lo cierto es que al frente de las autoridades gubernamentales relacionadas con las cooperativas no hemos visto servidores públicos sensibles y responsables, sólo funcionarios draconianos que han turnado sus demandas o acusaciones ante el ministerio público para que sea el poder judicial el que ponga la tónica al asunto.

Así, el poder judicial ha iniciado hace semanas el envío de los citatorios a los gerentes y directivos de las cooperativas que mantienen la operación con alguna omisión, o con la falta de cumplimiento de algún requisito. Pésimo síntoma, pues caracteriza lo que es hoy la Secretaría de Hacienda, esto es, un instrumento recaudador, represivo, sordo y peor aún, ciego de los problemas que está originando.

No es casual. Hace mucho que esa dependencia se caracteriza precísamente por ser la abanderada del neoliberalismo, es decir, por ser la que promueve lo que es negocio, lo que es lucrativo, lo que es más rentable, al mismo tiempo que desalienta lo que presta un servicio sin lucro, o mantiene un vínculo solidario entre personas sin cumplir con el perfil de los negocios.

Pero lo importante y lo que la opinión pública debe conocer y juzgar es, sobre todo, que un tercio de los mexicanos están a punto de recibir un golpe certero e irresponsable, porque con el cierre o clausura de las cooperativas que están amenazadas, se puede generar pánico, se puede creer en el mito que van a difundir algunas autoridades sobre la no viabilidad de las cooperativas, y se puede desatar una ola de retiros, que como siempre, no estarán disponibles en el momento que las colas de socios reclamen su dinero, pues buena parte estará en depósitos bancarios a plazo o inversión.

El tamaño del asunto suma alrededor de noventa mil millones de pesos. Cierto es que eso es una suma menor comparada con lo que reportan varios de los más ricos de este país como patrimonio, pues ya nos recordó la prensa la semana pasada que tenemos una docena de mexicanos que poseen el noventa por ciento del total de la riqueza nacional. Pero es una cantidad muy significativa por dos razones. En primer lugar porque, comparativamente hablando, si hoy Slim perdiera todo su dinero, eso afectaría de manera directa a su familia, pero sin duda estaría en nuevas manos prosiguiendo su movimiento natural. Pero si siete millones de mexicanos perdieran sus ahorros, como puede ser el caso si Hacienda prosigue con la política vigente y cumple la amenaza de cerrar las cooperativas, cuando menos veintiocho millones de mexicanos se verían afectados.

En segundo lugar decimos que se trata de una cantidad considerable, porque no es lo mismo juntar una fortuna como lo hizo Slim, al amparo de Carlos Salinas, que le dio crédito para comprar Telmex, y para que luego le eximieran de impuestos y pudiera modernizara los teléfonos introduciendo la fibra óptica; no es lo mismo digo, que el enorme esfuerzo que ha representado para ocho millones de familias ahorrar noventa mil millones de pesos. Un esfuerzo que se ha prolongado décadas, y que constituye el verdadero ahorro de los mexicanos.

Puedo imaginarme la inestabilidad social y política que esta irresponsable decisión tendría, y puedo prever la cadena de quiebras de pequeños negocios, la contracción que ello representaría en el mercado, el abandono de escuelas, de carreras y de iniciativas familiares. Cosa que evidentemente hoy desdeñan los titulares de la Secretaría de Hacienda.
Continuará mañana.


La crisis terminal del modelo cooperativo II
Mario Rechy Montiel
La cuestión de fondo, dijimos ayer, es que las cooperativas operen con remanentes generados por ellas mismas. En la jerga convencional se podría decir que se trata de que sean rentables.
Y muchos podrán decir hoy que son una buena opción, y que algunas hasta son buen negocio. Pero el problema tiene dos vertientes o aristas. Por un lado está el hecho de que las cooperativas forman parte de un sector económico que tiene como naturaleza o identidad el bien común, o el interés colectivo, y que su operación es ajena y contraria al lucro. Y eso no es malo ni defecto, como explicaremos adelante. Y por otra parte, está el hecho de que muchas cooperativas que han funcionado muchos años, no cubren sus gastos con los remanentes que generan, y se apoyan para completar sus ingresos en inversiones que confían a los bancos. Es decir, dependen del sistema rentable lucrativo.
Es cuando menos paradójico que se viva una situación así. Un conjunto de organismos que defienden el bien común, y que en su interior practican la ayuda mutua y la solidaridad, dependen del sistema financiero especulativo.
¿Cómo es que se ha llegado a esa situación? Pues el problema tiene varios orígenes. Algunos recientes y otros remotos.
En la distancia está el hecho de que el cooperativismo ha estado profundamente vinculado a los vaivenes políticos de México. Durante la gestación del periodo revolucionario fue parte de las organizaciones impulsadas por los magonistas y los socialistas, de tal manera que se veía su horizonte como el de la liberación o superación del capitalismo. Por otra parte, está también el hecho de que el Estado post revolucionario las recoge como parte de su propuesta coorporativa y las impulsa como cumplimiento del doble propósito de impulsar el desarrollo social, y de controlar a las organizaciones gremiales y populares.
No fue un hecho casual el que Plutarco Elías Calles promulgara la primera reglamentación como venganza por no haber contado con el apoyo de los cooperativistas durante su campaña electoral, y menos fue casual que alcanzaran un auge durante el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, ello como consecuencia de ver a los cooperativistas como aliados en la búsqueda del desarrollo, pero también viendo dicho apoyo como una manera de mantenerlos bajo control y tutela del Estado.
Pero las cooperativas no nacieron ni se identificaron con las fuerzas hegemónicas del Estado o del poder. Al contrario, nacieron como parte del ideal libertario, y se enfrentaron a los caciques de la Revolución. Y concretamente, durante los años veinte, justo antes de que se fundara el Partido Oficial, los líderes cooperativistas crearon una organización política que se atrevió a desafiar la hegemonía del grupo triunfante.
Jorge Prieto Laurens, entonces diputado federal al frente de los 165 diputados del Partido Cooperativista --cuando el resto de las fuerzas sólo tenían otros cien diputados-- y siendo Presidente Municipal de la Ciudad de México y Gobernador electo del Estado de San Luis Potosí, se enfrentó a Plutarco Elías Calles y a Álvaro Obregón Salido, planteando una estrategia de desarrollo distinta a la del grupo que fundara poco después lo que conocemos como Partido Revolucionario Institucional.
Con su resistencia y con su desafío, Prieto Laurens también contribuyó a gestar la compra de diputados con cañonazos de cincuenta mil pesos, a institucionalizar como respuesta el asesinato de opositores políticos, y a que se tejieran finamente los hilos de la dependencia a la que se sometió a buena parte del cooperativismo.
Vimos así a cooperativas pesqueras a las que se les entregaban lanchas e instrumentos de pesca a cambio de su voto duro. A cooperativas que tomaron un importante papel a partir de su afiliación al PRI. Y a cooperativas que cuando repitieron la independencia de Prieto Laurens fueron aplastadas o condicionadas de manera legal.
Crecimos como una nación con un sistema legal y una estructura constitucional que confiere derechos formalmente iguales a los privados, a los sociales y al sector público. Y vimos plasmados en la ley los derechos sociales de la tierra y algunos de los trabajadores mucho antes de que se promulgaran otras Constituciones con derechos sociales en Europa o Asia.
Sin embargo lo cierto es que mucho tiempo la economía descansó en el carácter hegemónico del sector público. Y tanto el sector privado como el sector social tuvieron que negociar con el poder su existencia, aceptando las reglas coorporativas del sistema o resintiendo las consecuencias.
No voy ahora a hacer recuento de ese conflicto. Pero quiero dejarlo claro en su carácter y en su dimensión. Pues no ha habido crecimiento de la economía privada sin previo acuerdo con el poder gobernante, ni se han cumplido los ideales y objetivos del sector social sino en la medida que contribuían al poder y la hegemonía del mismo grupo gobernante.
Por eso el PRI se construyó con tres sectores, el campesino, el obrero y el popular. Y por eso se dio participación a los representantes de los sectores en las migajas del poder público, en las diputaciones, senadurías y presidencias municipales, reservándose el ejecutivo siempre la designación de los cargos más altos.
Y cuando la Iglesia católica decidió asumir el compromiso social, cuando se convirtió en una corriente de pensamiento lo que el Papa León XIII promulgara en su famosa encíclica Rerum Novarum (1891), cuando otro Papa agregara la denominada Quadragesimo Anno, y luego la Populorum Progressio en 1967 la primera de varias que orientaron a los clérigos a un trabajo de a pie y en comunión con sus fieles, el Estado, que más allá del laicismo velaba por la no intromisión en el carácter y orientación de la economía, vio con desconfianza y recelo el surgimiento y el rápido crecimiento de las cajas de ahorro, que a partir de cada parroquia, fueron cubriendo el territorio nacional, para sumar decenas de miles hacia las décadas setenta y ochenta del siglo pasado.
Y por ello Carlos Salinas, en un acto de doble prestidigitación, lanzó a una de sus más brillantes cuadros, de nombre María de los Ángeles Moreno, a formular una actualización de la Ley de Cooperativas, que estaba intacta desde la época de Cárdenas. Y de manera hábil, les concedió ……. al mismo tiempo que las forzó a separar el ahorro de la inversión, truncando el curso natural del dinero que carece de verdadero sentido cuando es impedido de generar riqueza.
Querían manejar dinero, pues que lo hagan, pero que se los presten a cada uno de sus socios para que éstos atiendan sus necesidades de consumo, y de ninguna manera las necesidades de producción. Dejando la ley como una tácita prohibición para que el ahorro se utilizara en inversiones productivas.
Debe agregarse a esta estrategia perversa del Estado el que también contribuyó a ese camino el que los curas mexicanos, muchos imbuidos del espíritu verdaderamente franciscano, sintieran que su apostolado efectivamente debía cumplirse circunscribiendo el ejercicio a una ayuda mutua, y a préstamos que en poco se diferenciaban de la caridad. El lucro era –y sigue siendo—pecado. Y el operar organismos en donde el dinero iba de unos socios a otros era cumplir con el cometido, sin infringir ni forzar la ley.
Se creó así a un ejército de directivos cajistas que fueron pronto la fuente de los nuevos directivos del cooperativismo. Buenos para administrar la recepción de ahorros y para prestarlos. Y pésimos o nulos para que ese ahorro sirviera para generar riqueza. Ni siquiera eran capaces de sujetar sus organismos a principios de rentabilidad financiera. Así transcurrieron la última década del Siglo XX y la primera del Siglo XXI.
Desde entonces tuvimos muchas cooperativas de ahorro y préstamo, y escasísimas cooperativas de producción. Hasta que el proyecto salinista fue complementado por otro de sus seguidores, que estaba al frente del BANSEFI (Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros), quien lanzó los primeros proyectiles almibarados a los gerentes y directivos, ofreciendo apoyos, recursos y sistemas contables. Para someter paulatinamente a las cooperativas a la lógica financiera lucrativa y bancaria.
En los siguientes años, se intentó imponer una ley bancaria, absolutamente apegada a los Acuerdos de Basilea III que han sido la base del neoliberalismo bancario especulativo, para destruir la identidad cooperativa y conducirlas hacia su dependencia.
Continuará mañana.
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La crisis terminal del modelo cooperativo III
Mario Rechy Montiel

Como país de paradojas que es este nuestro México, los partidos de izquierda abandonaron al cooperativismo hace tiempo. Pues la filiación marxista solo admite o reconoce a aquellos que asumen la propuesta doctrinaria de la dictadura proletaria y la lucha de clases. Y lo que los auténticos cooperativistas han planteado en México, desde la época de Jorge Prieto Laurens, es ni capitalismo ni comunismo, sino una sociedad plural y democrática.
Claramente el cooperativismo lejos de una visión marxista, no busca el derrocamiento o sustitución de modelos económicos, políticos o sociales; muy por el contrario, reconoce la existencia de los sectores económicos existentes, presentándose como una clara alternativa para los excluidos por su condición o por su naturaleza de los sectores público o privado, asintiendo que perfectamente el modelo cooperativo puede coexistir en una economía mixta, contribuyendo activamente al desarrollo nacional.
Como lo ha resumido magistralmente Ema Godoy, "Nadie que ame los valores puede aceptar ni el liberalismo capitalista, ni el comunismo marxista, puesto que ambas doctrinas sepultan al espíritu bajo toneladas de afanes meramente económicos. Pero es falso dilema éste en que se nos ha querido colocar. Pues quien reprueba al capitalismo, no por ello ha de ser forzosamente marxista, y viceversa; ya que existe una tercera alternativa: el régimen cooperativo…Más a esta tercera corriente la silencian tanto los capitalistas como los comunistas. Impiden que se haga del dominio público, no sea que el pueblo fuera a estropearles el formidable negocio que para unos y otros representan aquellos regímenes inicuos." (Conferencia de 1968).
Y el siglo que vivimos ahora registra la participación de algunos panistas que fieles al origen cristiano de la doctrina de su partido, y suscriptores de la doctrina social de la Iglesia católica, asumieron la defensa de la propuesta cooperativa. "Cuando llegamos a la Legislatura en 2006—cuenta Jorge Ocejo sobre el periodo en que fue Senador--, ya nos habían antecedido en el intento por reorientar al Sector Social varios legisladores. El Senador Conchello, fallecido en extrañas circunstancias, el Diputado Gustavo Arturo Vicencio Acevedo, ambos del PAN, y éste último autor del primer intento por aprobar la Ley de la Economía del Sector Social; el Diputado Manuel Duarte y el Senador Francisco Saucedo, ambos del PRD, y el último con antecedentes cristianos. También habían participado y se encontraban activos otros legisladores, que sin haber sido electos, formulaban propuestas y defendían una perspectiva más o menos común, entre ellos el Padre Manuel Velázquez –uno de los fundadores del cajismo cinco décadas atrás--, Rosendo Rojas Coria, insigne autor y que entonces asesoraba los trabajos de la Cámara de Diputados, así como Mario Rechy, Juan José Rojas y otros diligentes defensores de la economía social y el cooperativismo."
Un lustro antes de nuestro arribo al Senado–continúa Ocejo--, el presidente Fox había cedido a las presiones del sector financiero que quería ver a las cooperativas como operadores bancarios de primer nivel, (pero) …yo, redondea el mismo Jorge Ocejo, ex senador, ex presidente de la COPARMEX y dos veces Secretario General del PAN--, "con ese impulso que venía del México profundo, junto con algunos promotores de la economía social, que ni siquiera militaban en la misma corriente política, o ni siquiera se habían conocido, coincidieron, cuando unos le llamaron el combate por el bien común, otros la reivindicación del sector social, y algunos más simplemente cooperativismo, avanzamos. En lo personal tuve que avanzar desde los postulados sobre la responsabilidad social de la empresa que había defendido al frente de la Coparmex, y los principios cristianos de ayuda mutua y cohumanidad que han sido parte de mi fe, hasta identificar un horizonte compartido en el terreno social con otros hombres comprometidos y entusiastas." (El largo camino de la legislación social 2013).
"Con las enmiendas que introdujimos la Ley del Sector Social de la Economía, que ahora establece el marco general que comprende al cooperativismo, entró en vigencia en su sexta versión. Ciertamente perdió elementos de la versión original y podrá ser perfeccionada. Pero sentó cuatro cosas fundamentales: primero que el sector social es un sector no lucrativo, fundado en valores y principios, cuyo objetivo es el bienestar y la mejor convivencia entre los mexicanos; segundo, que sus organismos no pueden ser considerados parte del sector o el derecho mercantil, sino que constituyen un sector aparte con su propia naturaleza y lógica de operación; tercero, que el sector social no puede recibir el mismo trato fiscal ni ser considerado de la misma manera que el sector privado o el sector estatal, sino acorde con sus propias características; y cuarto, que los organismos del sector social pueden emprender proyectos de manera conjunta. Puede parecer poco. Pero su trascendencia es enorme.

En la ley dejamos claro –concluye Ocejo-- que las cooperativas son sociedades de personas, y que sus remanentes, aunque son repartidos entre todos los socios, alimentan también un Fondo de previsión social y un Fondo de educación cooperativa, que están destinados a fortalecer la figura y a darle vida interna al organismo, con la participación de todos, y con formación de los socios en lo que es la Economía social.
Es decir, con dicha Ley se reorienta y reconocen las particularidades del Sector Social de la Economía, estableciendo la base para el diseño de políticas públicas afines al Sector, y el marco jurídico que permita legislar sobre las diversas figuras asociativas del Sector Social de acuerdo a su naturaleza, eliminando el sesgo jurídico que daba origen a legislaciones y políticas aisladas y dispersas.
A principios de este año 2014, la Secretaría de Hacienda reveló que el monto de capital del cooperativismo mexicano sobrepasaba ya los 90 mil millones de pesos. Y sin embargo es paradójico, pues la inversión productiva total de estos mismos organismos no llegaba a veinte mil millones de pesos. Si fuéramos contadores podríamos decir que esa incapacidad estructural habla de una quiebra técnica en la perspectiva. Que es justamente el motivo de esta serie de artículos y que constituye el meollo de la cuestión.

La gran mayoría de las cooperativas tiene hoy costos de operación que sobrepasan lo que alcanzan a recaudar de intereses por los préstamos otorgados. Si se tratara de un gobierno diríamos que no tiene superávit primario, o sea que no recauda más de lo que gasta e invierte. Y eso va contra toda la política económica de los últimos años. Si se tratara de una empresa privada diríamos que no se ajusta a principios de rentabilidad financiera, o sea que no siempre genera las utilidades mínimas que le permitan operar bajo criterios rentables. Comprensiblemente, tanto los cooperativistas como las autoridades tendrían que asumir la tarea de poner a trabajar ese capital que hoy está depositado en los bancos.

Si las cooperativas sobreviven todavía, es porque los bancos les pagan un interés por sus depósitos. Pero eso solamente habla de que el cooperativismo sirve a la acumulación privada. Y de perpetuarse como modelo terminará por convertir a las cooperativas en apéndices del capital privado. El riesgo no es imaginario, y va de la mano con la desaparición de la educación cooperativa y su sustitución por mercadotecnia. Es decir, los ahorros depositados en cooperativas de ahorro y préstamo en lugar de fomentar y consolidar al Sector Social de la Economía, se ven obligados a contribuir a la dinámica e interés de un sector económico ajeno a su naturaleza.

Son temas éstos que Ocejo, un servidor y otros compañeros hemos detectado hace tiempo y hemos intentado superar. Sin embargo la falla principal ha estado en el cooperativismo. Como algunos de sus mismos representantes confiesan, los gerentes y directivos se han acostumbrado a los altos salarios y los pocos esfuerzos. No hacen nada para impulsar la educación cooperativa, y menos para crear las áreas o departamentos de proyectos, a partir de los cuales, se transfiriera el dinero depositado en los bancos a proyectos más rentables. Como lo hemos comentado en los artículos anteriores, ello también como consecuencia de una limitación legal premeditada que les impide colocar más fácilmente el capital depositado en proyectos productivos del propio Sector Social, limitación que con la aprobación de la Ley de la Economía Social y Solidaría queda sin sustento jurídico, siendo un área de oportunidad para los legisladores, promover reformas de acuerdo a la Ley marco del Sector.

Las opciones para invertir por parte de las cooperativas son infinitas y diversas. Así lo ha venido demostrando la operación de los cooperativistas de Tosepan, donde diecisiete mil indígenas han construido uno de los proyectos más eficientes de la economía nacional. Así lo han demostrado los socios de UNIPRO, la cooperativa que en Chihuahua produce la mitad del maíz producido en el Estado, además de apoyar y financiar todas las iniciativas de transformación y agroindustrialización de sus socios.

Este camino requiere desde luego cambios. Cambios en la actitud y la disposición de los cooperativistas. Cambios también en la administración. Y cambios incluso en la opinión pública, para que asuma al sector social como el más fiel representante de los intereses básicos y fundamentales de la población.

Por desgracia no son los signos de este camino los que vemos. Y lo más probable es que en los próximos días, en lugar de un avance, veamos un drama. El drama que resulta de la inmovilidad de unos y la ceguera de otros. El drama de la falta de educación cooperativa, y la ausencia de verdadero compromiso social de los llamados servidores públicos.

Muchas cooperativas serán cerradas. Muchas desaparecerán. Muchos ciudadanos pueden ver disminuidos o perdidos sus ahorros. Y no deberán culpar al sector social, ni al cooperativismo. Ciertamente la responsabilidad la comparten los malos líderes. Los gerentes ineptos y los funcionarios tapados. Tapados de los ojos y del entendimiento. Pero aquellos que se decidan a cambiar y a aprender a ser productivos, tendrán futuro.