Ponerle el cuerpo. Mujeres campesinas y derecho a la tierra en Figueroa, Santiago del Estero

Clara Vallejos

“PONERLE EL CUERPO. Mujeres campesinas y derecho a la tierra en Figueroa, Santiago del Estero”

TESIS para optar por el título de Magister en Investigación en Ciencias Sociales

Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Buenos Aires

Directora: Karina Bidaseca

Buenos Aires 2010

Resumen La investigación sobre la que se basa esta tesis toma como nudo problemático el acceso de las mujeres rurales a la tierra en la Argentina. Partimos de la hipótesis que desarrollan algunas autoras (Agarwal, 1998; Deere y León, 2000), que sugieren que la falta de acceso a la tierra por parte de las mujeres es un factor que las coloca en una posición de subordinación con respecto a los hombres. Según ellas, en esta negación del derecho de las mujeres a la tierra se pone en juego no sólo una desigualdad económica sino toda una serie de condicionantes sociales, culturales, jurídicos, que hacen que las mujeres ocupen una posición de subalternidad. A pesar de que existen numerosos estudios sobre género y tierra en América Latina, en ninguno se hace referencia al caso argentino. Por la concepción que tienen estos trabajos con respecto al poco peso relativo que tienen las mujeres rurales, en general nuestro país no ha sido incluido como caso de estudio en las investigaciones desarrolladas. La idea de la Argentina como un país predominantemente urbano invisibiliza un vasto y diverso escenario rural que debe ser estudiado adecuadamente. En un contexto de precariedad en la tenencia de la tierra y de presión por la regularización del acceso a la misma, el objetivo general que guía esta tesis es estudiar las formas (des)iguales de acceso a la tierra para campesinos y campesinas, buscando comprender, desde una perspectiva de género, cuáles son los mecanismos jurídicos, institucionales, políticos y culturales que inciden en el acceso de las mujeres a la tierra. Hemos tomado como unidad de estudio el departamento de Figueroa, en la provincia de Santiago del Estero. Trabajamos con las mujeres campesinas que participan o participaron en distintas instancias de la lucha por la tierra, centrándonos principalmente en el período que se abre en el 2003 con el inicio de la Mesa de Tierras de Figueroa, que marca temporalmente un momento de inflexión frente a los conflictos por la tierra en la zona, hasta la actualidad. Más específicamente, buscamos estudiar si en las demandas comunitarias iniciadas desde la Mesa de Tierras del departamento Figueroa, en un contexto de lucha en donde las mujeres tienen un rol activo y visible, los derechos de las mujeres a la tierra aparecen visibilizados o no. Compartimos la hipótesis que manejan Deere y León (2000) de que hasta ahora, aunque han sido adoptadas significativas políticas en distintas esferas, en la práctica la discriminación en el mundo campesino se mantiene fundamentalmente porque las mujeres no son consideradas aún ni actoras económicas, ni productoras de conocimientos, ni sujetos sociopolíticos integrales. A lo largo de esta tesis intentaremos despejar qué factores se ponen en juego al momento de reclamar el derecho a la tierra, profundizando en las pautas socioculturales que, junto con el discurso performativo de la legislación, re-producen ausencias e invisibilizaciones.

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Abstract The research in which this thesis is based is focused in rural women's access to land in Argentina. The hypothesis of some authors (Agarwal, 1998; Deere and León 2000), suggests that the lack of access to land for women is a factor that places them in a subordinated position in regard to men. This denial of women's right to the land concerns not only an economic inequality but also a social, cultural and legal disparity that makes women occupy a subalternal position. While there are numerous studies on gender and land in Latin America, none make reference to Argentina. Our country has not been included as a case study in different

researches because of the conception about the low relative weight of rural women. The idea of Argentina as a predominantly urban country denies a vast and diverse rural scenery that should be properly studied. In a context of precarious land tenure and pressure for the regularization in the access to it (either individual or common), the purpose of this thesis is to study (un) equal access to land for peasants. We intend to understand, from a gender perspective, which are the legal, institutional, political and cultural mechanisms of exclusion affecting women's access to land. We based our study in the department of Figueroa, in the province of Santiago del Estero. We worked with peasant women that are presently participating or have participated in different instances to defend their land. We focus mainly on the period opened in 2003 when the Mesa de Tierras de Figueroa started, which temporarily marked an inflection point in the conflicts for land in the area, until now. More specifically, we seek to explore how women's rights to land appears (in) visibilized in a context of defense of the land where women do have an active and visible role. We share the hypothesis of Deere and León (2000) who argue that, although significant policies has been adopted in different areas, in practice, discrimination in the peasant world still exists, essentially because women are not considered either economic actors, producers of knowledge, or integral socio-political subjects. In this thesis we try to understand which are the factors affecting women’s right to land, deepening the socio-cultural patterns which, together with the legislation performative discourse, produce absences and invisibilizations.

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Índice

1. Introducción

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1.1. Presentación del problema y objetivos de la investigación

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1.2. Plan de exposición

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2. Las mujeres campesinas en los estudios rurales en Argentina. Propuestas epistemológicas

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2.1. El fin del fin del campesinado

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2.2. Campesinado en Santiago del Estero

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2.3. Los estudios sobre género y tierra

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2.4. La potencialidad de los estudios subalternos

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2.5. Perder la miopía

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2.6. Algunas consideraciones sobre el género

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2.7. La subalterna del subalterno: mirando a las mujeres campesinas desde las márgenes

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2.8. De mujer a mujer. Consideraciones metodológicas

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2.9. El problema de la representación

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3. La propiedad privada y las privadas de propiedad. Derecho y tierra en Santiago del Estero

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3.1. Comunidad y Territorio. Introduciendo algunos conceptos claves para comprender el caso santiagueño

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3.2. Los conflictos por la tierra

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3.3. El escenario santiagueño. El monte hecho pampa

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3.4. La ley y la costumbre. Las estrategias del derecho

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3.5. Cuestión de Códigos. Entre el derecho formal y la igualdad real

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3.6. El género entre los derechos individuales y colectivos

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3.6.1. La comunidad en el derecho

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3.6.2. El género en el derecho

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4. Vida campesina y construcciones de género

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4.1. Figueroa, un departamento rural

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4.2. Para la mujer no hay trabajo: trabajo femenino, trabajo invisible

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4.3. Salir de la casa. Los grupos de mujeres como espacios de sociabilidad

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4.4. Organización frente a los desalojos. La Mesa de Tierras de Figueroa

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4.5. La mesa y las mujeres de los grupos

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4.6. Los saberes y las voces que hablan las mujeres. El padre dispone

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5. El cuerpo y la voz de las mujeres en la lucha por la tierra en Figueroa

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5.1. Herencia campesina. Tierra para quien la trabaja

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5.2. La tierra en conflicto: en el nombre del padre

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5.3. Complementando con algunos datos cuantitativos

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5.4. Poner el cuerpo, visibilizar el cuerpo. La resistencia de las mujeres

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5.5. Entre lo privado y lo público

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5.6. La miopía de lo visible

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5.7. La agencia de la subalternidad

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6. Hallazgos de la investigación y consideraciones finales

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6.1. Invisibilizaciones: lo no dicho, lo no nombrado

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6.2. Las múltiples fronteras

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6.3. Líneas de investigación a futuro

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Bibliografia

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Anexo I

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Anexo II

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Anexo III

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Galería de fotos

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A Sandra “Eli” Juárez, que dejó la vida defendiendo su tierra santiagueña, y a todas las mujeres y hombres que cotidianamente ponen sus cuerpos y luchan por la defensa de sus territorios.

A las familias que me recibieron y abrieron las puertas de Santiago, y a todas las personas que me acompañaron en este camino y que, de una u otra manera, son parte de esta tesis.

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1. Introducción 1.1. Presentación del problema y objetivos de la investigación El derecho a la tierra es una de las principales demandas de las comunidades campesinas. Éste se constituye en un patrón fundamental para la garantía de otros derechos1. Se puede considerar un derecho humano social y económico transversal, pues atraviesa otros importantes, como el derecho al trabajo, a la alimentación, al desarrollo y a los derechos colectivos de los grupos étnicos (Mantilla Quijano, 2002, en Meertens, 2006). Para campesinos y campesinas la tierra no sólo es vista como un medio de producción sino que contiene una alta carga simbólica que da sentido a toda una forma de ser y estar en un determinado territorio. La tierra es la vida. Las dinámicas del conflicto por las tierras generan que los movimientos de mujeres rurales se amplifiquen en número y fuerza2. Muchas veces son ellas las que encabezan las defensas para frenar las topadoras y los desmontes, y las que salen a luchar por la subsistencia de sus familias y sus culturas oponiendo resistencia a los desalojos con su propio cuerpo3. Además, las mujeres campesinas encuentran espacios para informarse, debatir, fortalecer los lugares de socialización, logrando posicionarse en la escena pública y articulando las relaciones entre las diferentes instituciones y las comunidades. A pesar de esto, las desigualdades de género en el acceso y/o propiedad de la tierra en el mundo rural persisten. Esta tesis se enmarca en el área de los estudios rurales, y tiene como nudo problemático el derecho de las mujeres campesinas a la tierra. El objetivo general fue estudiar las formas (des)iguales de acceso a la tierra para varones y mujeres campesinos y campesinas, analizando en qué términos se plantea la demanda por el derecho a la tierra. Nos propusimos estudiar si en el reclamo colectivo4 de las comunidades campesinas por su derecho a la tierra queda (in)visibilizado el derecho de las mujeres a la misma, buscando comprender, desde una perspectiva de género, cuáles son algunos de los mecanismos jurídicos, institucionales, políticos y culturales que están operando en este contexto. 1

Como sostienen Brumer y Tavares dos Santos (1998), la tierra es la base de la “ciudadanización” de los sectores subalternos de los mundos agrarios y rurales. 2 Citamos como ejemplo al Movimiento de Mujeres en Lucha (MML), el Movimiento de Mujeres Campesinas y Aborígenes de Argentina (MUCAAR), el Movimiento de Mujeres Campesinas de Brasil (MMC), el Movimento Interestadual das Quebradeiras de Côco Babaçu, la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI), la Coordinación de Mujeres Campesinas de Paraguay (CMC), la Red Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe (Redlac), entre otros. 3 Ver Giarracca (2001); Bidaseca (2004, 2005); Grampel (2000); Goncalves (2009), entre otros. 4 La demanda del campesinado santiagueño por su derecho a la tierra no siempre es colectiva, sin embargo en esta tesis hemos decidido centrarnos en este tipo de reclamos por la importancia cuantitativa que tienen y porque este tipo de estrategias permiten a las familia mantener los usos comunes que tienen de algunos territorios.

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Estas dimensiones se encuentran necesariamente imbricadas, pero para poder abordar su análisis las trabajamos de manera separada a lo largo de esta tesis. Desde lo académicoinstitucional nos centramos en el análisis de la producción de trabajos que abordaran el estudio del campesinado y más concretamente del derecho de las mujeres a la tierra en nuestro país, y en Santiago del Estero; y en el estudio de las estadísticas oficiales sobre la situación del acceso de las mujeres rurales a la tierra; el trabajo femenino, específicamente en áreas rurales, entre otras. Desde lo jurídico analizamos el tratamiento sobre el tema de los derechos de las mujeres rurales a la tierra que encontramos en las legislaciones internacionales, nacionales y provinciales (por la pertinencia temática, centramos nuestro análisis en el estudio de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW; el Código Civil Argentino y la Constitución de la Provincia de Santiago del Estero) y lo comparamos con los usos y costumbres que tienen las comunidades campesinas de Figueroa. Con este fin, realizamos un rastreo de las prácticas tradicionales de transmisión de la tierra, para luego centrarnos en las modificaciones que los nuevos requerimientos de mensura y titulación imponen, y el lugar que las mujeres ocupan frente a estos nuevos modos. Asimismo, profundizamos en el estudio de algunos aspectos culturales que están interviniendo en este sentido: el análisis de los roles y actividades que desempeñan hombres y mujeres en el ámbito público y en el privado/doméstico, los discursos y lugares que están legitimados para hombres y mujeres, el estudio del lugar que ocupan las mujeres en la lucha por la tierra, entre otros. Nuestro estudio se insertó dentro del proyecto UBACyT S825 (2006-2010) “Comunidad y derecho a la tierra: órdenes jurídicos y procesos culturales silenciados”, dirigido por la Dra. Karina Bidaseca5. El objetivo general de esta investigación fue comprender aquellos mecanismos históricos de exclusión culturales, institucionales, económicos y políticos –formales e informales- de la/os campesina/os, colona/os e indígenas sobre el derecho a la tierra en las provincias de Santiago del Estero, Jujuy y Santa Fe. La hipótesis general de dicha investigación es que hay mecanismos históricos de exclusión de los sujetos sobre su derecho a la tierra. La hipótesis que guía nuestra investigación es que estos mecanismos están exacerbados cuando se trata del sujeto mujer. En el caso de las mujeres se produce una doble subalternidad: como mujeres y como campesinas pobres. A lo largo de esta tesis estudiaremos si existe o no un acceso desigual a la tierra,

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Quiero agradecer especialmente a la Universidad de Buenos Aires el haberme otorgado una beca de Maestría, sin la cual probablemente esta tesis no hubiera sido posible.

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procurando despejar qué factores inciden en la dificultad que encuentran las mujeres a la hora de ejercer su derecho a la tierra. Partimos del supuesto teórico que desarrollan algunas autoras (Agarwal, 1998; Deere y León, 2000) de que la falta de acceso a la tierra por parte de las mujeres es un elemento que las coloca en una posición de subordinación con respecto a los hombres. En esta negación del derecho de las mujeres a la tierra se pone en juego no sólo una subordinación económica sino toda una serie de condicionantes sociales, culturales, jurídicos, que hacen que la mujer ocupe una posición de subalternidad. La hipótesis que manejan las autoras es que hasta ahora, aunque han sido adoptadas políticas significativas en distintas esferas, en la práctica, la discriminación en el mundo campesino se mantiene, especialmente porque las mujeres no son consideradas aún ni actoras económicas, ni productoras de conocimientos, ni sujetos sociopolíticos integrales. Si bien este tipo de estudios no se han realizado específicamente para el caso argentino, en esta investigación nos propusimos estudiar si esta estructura de dominación a la que hacen referencia estos trabajos, también se reproduce en nuestro país6. En esta línea surgen algunos interrogantes: ¿En qué términos se plantea la lucha por la tierra? ¿Cuál es el lugar que ocupan las demandas de las mujeres en esta lucha? ¿En qué medida aparece visibilizado el derecho de las mujeres a la tierra? ¿Qué roles les fueron socialmente asignados a mujeres y a varones, cómo fueron moldeadas sus experiencias y de qué manera se sostiene esta estructura de poder a través de distintos mecanismos culturales, institucionales, políticos, económicos? Para realizar nuestra investigación hemos tomado como unidad de estudio el departamento de Figueroa, en la provincia de Santiago del Estero. Trabajamos con las mujeres campesinas que participan o participaron en distintas instancias de la lucha por la tierra, centrándonos principalmente en el período que se abre en el 2003 con el inicio de la Mesa de Tierras de Figueroa, que marca temporalmente un momento de inflexión frente a los conflictos por la tierra en la zona, hasta la actualidad. Según el Censo Nacional de Población de 2001, Santiago del Estero, situada en el centro-norte de la Argentina, es una de las provincias con mayor porcentaje de población rural, con un 34%. En ella, alrededor de 15 mil familias viven de la pequeña producción

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Compartimos con María Nieves Rico (2003) la idea de que lo rural en América Latina se caracteriza por su heterogeneidad. Existen una gran variedad de situaciones que hacen necesario un abordaje integrador que dé cuenta de esta multiplicidad. En este sentido, el enfoque de género, constituye un importante aporte en la medida que permite conocer y comprender la diversidad que caracteriza al mundo rural, identificando diferencias y desigualdades existentes entre los roles, valoraciones, acceso a los recursos productivos y participación en los procesos de adopción de decisiones de hombres y mujeres.

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agropecuaria y aproximadamente el 55,56 % de ese total están afectadas por una tenencia precaria de tierras7. El Departamento Figueroa se asienta en la zona central de la provincia de Santiago del Estero. No tiene centros urbanos importantes y según el Censo Nacional de Población de 2001, tiene un 76,8% de población rural dispersa, asentada en “campo abierto” (INDEC). Es el departamento más pobre de la provincia (según el Censo de 2001, un 52,9% de sus hogares tiene sus necesidades básicas insatisfechas) y cuenta con un alto porcentaje de hogares con tenencia precaria de la tierra, muchos de ellos con mujeres como jefas de hogar (un 24,7%, según el Censo de 2001). Otra de las particularidades que caracteriza a este departamento es que todavía conserva alrededor de un 85% de su monte nativo. La expansión de la frontera agropecuaria y el alto porcentaje de familias rurales que no poseen los títulos de sus tierras imprimió una situación de “inseguridad jurídica” favoreciendo los desalojos que, en un primer momento y debido al desconocimiento de los derechos posesorios de los campesinos sobre la tierra, se llevaron a cabo de modo silencioso (Alfaro, 1998). Ante este escenario, desde fines de la década del ´80 comenzaron a nacer en la provincia diferentes organizaciones campesinas que tienen como principal objetivo la defensa de sus territorios y el “desarrollo” rural. En Figueroa, en 1990 se constituyó la CUPPAF (Comisiones Unidas de Pequeños Productores del Área de Figueroa), que reunía a 13 comisiones vecinales, con 610 familias campesinas. Recibían apoyo del INTA y de la Iglesia Católica. En 1993 se formó la organización de Delegados Unidos de Figueroa Norte de Once Comunidades (DUFINOC), que agrupaba a 300 familias de la zona norte del departamento Figueroa (Alfaro, 1998). Más tarde se formaron la Unión de Pequeños Productores de Figueroa (UNPEPROF) y la organización de Productores Campesinos de Figueroa (PROCAFI). Asimismo, en el departamento Figueroa existe una larga trayectoria de organización en grupos de mujeres que vienen realizando reuniones desde 1993 en diferentes comunidades de la zona. La lucha que venían desarrollando cada una de estas organizaciones presentes en el departamento confluye en el 2003, con la conformación de la Mesa de Tierras de Figueroa, que tiene como objetivo fortalecer las defensas de las comunidades y la capacitación con respecto a sus derechos, frente a las amenazas de desalojo que se venían incrementando en la zona. La larga 7

Siguiendo la definición del Censo Nacional Agropecuario, consideramos tenencia precaria de la tierra a aquellas explotaciones sin límites definidos sumadas a aquellas con límites definidos, con régimen de la tierra de contrato accidental, ocupación y otros regímenes, en donde sus ocupantes no tienen el título de dominio de los predios que habitan. Como explican algunos autores, a veces se trata de posesiones inscriptas a favor de un particular en el registro de la propiedad. Otras veces lo que ocurre es que no se hace el juicio sucesorio, y el inmueble pasa a ser un bien mancomunado de los herederos. En varios casos se trata de ocupantes de tierras fiscales cuyo estado no ha sido regularizado (Dargoltz, 1997; De Dios, 2003).

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trayectoria de organización en grupos de mujeres y el lugar de protagonismo que adquieren ellas en el espacio de la Mesa de Tierras y en la defensa de los predios que habitan desde hace varias generaciones presenta un terreno fértil para realizar nuestros estudios. ***** Al poco tiempo de comenzada la investigación hice un primer viaje exploratorio a Santiago del Estero, en agosto de 2006. Fue una estadía corta, pero me permitió hacer algunos viajes al campo y conocer diferentes realidades y contextos organizacionales, históricos, políticos y culturales, comenzar a trazar el complejo mapa de las organizaciones campesinas de la provincia, conocer las asociaciones que trabajan con ellas, un mar de siglas, divisiones, idas y venidas que costó tiempo desenmarañar. Asimismo, este primer viaje me permitió empezar a acotar el tema y lugar de investigación. La invitación a presenciar un curso en Pampa de los Guanacos sobre “Uso y posesión de la tierra” resultó sumamente interesante para adentrarme en las especificidades del campo santiagueño. El viaje en camioneta hasta allí duró alrededor de 5 horas y dio lugar a conversaciones que me permitieron empezar a conocer el contexto socio-político santiagueño. En el curso, destinado a los pobladores que viven en los terrenos que quedan en la franja lindante con el Parque Nacional Copo que allí se emplaza, estaban presentes autoridades del Parque, profesionales de la Dirección de Tierras y de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Las posturas de cada institución con respecto a los pobladores y el uso que debían dar a la tierra fueron claramente divergentes, mostrando la complejidad y múltiples miradas que hay sobre el tema. Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos desarrollaron un taller sobre los derechos posesorios que me dieron un buen panorama para empezar a comprender los distintos modos de tenencia de la tierra que coexisten en la provincia y conocer los derechos en juego a la hora de reclamar una posesión. En esos días también tuve oportunidad de conocer a algunas de las mujeres de PRODEMUR8 (Promoción de la Mujer Rural), que estaban trabajando con grupos de mujeres en Figueroa. A partir de los intercambios con Cecilia Canevari, Silvia Borsellino y María Teresita Vega, principalmente, comenzó a surgir el interés por trabajar en este departamento que, al parecer, presentaba algunas particularidades muy sugestivas para desarrollar allí mi trabajo de campo. El trabajo desde hace más de 15 años con grupos de mujeres de distintos parajes, en donde confluyen mujeres de 3 generaciones distintas para poner en común sus 8

PRODEMUR es una organización que tiene como objetivos principales los de promover acciones de desarrollo rural con equidad de género y promover la mejora en la calidad de vida de la mujer rural. Desde la organización realizan acompañamientos para la organización de grupos de mujeres rurales. Específicamente esta organización ha trabajado desde 1993 en el acompañamiento de grupos de mujeres en el departamento Figueroa.

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problemáticas resultó sumamente sugerente. Asimismo, la fuerte presencia que estas mujeres parecían tener dentro de la Mesa de Tierras departamental ofrecía un escenario atractivo para estudiar su participación en la defensa de las tierras y el modo en que eran abordados sus derechos a la tierra. Este primer viaje modificó radicalmente el supuesto inicial con el que había llegado al campo. Tenía en mente un estereotipo de mujer más sumisa, atada al hombre, más dependiente de él y de su trabajo en tierra. Los relatos sobre la fortaleza de las mujeres en Santiago del Estero en general, y particularmente en Figueroa, me hicieron cambiar el modo de ver a estas mujeres y el eje de mi investigación. El interrogante que me empezó a inquietar era cómo se visibilizaba el derecho de las mujeres a la tierra en lugares en donde las mujeres tienen un rol aparentemente reconocido y respetado por la comunidad. A medida que se fueron sucediendo los trabajos de campo realizados pude percibir que las mujeres campesinas no ven el derecho a la tierra como una necesidad de género. Esta es una problemática que no se plantea dentro de los grupos de mujeres del departamento, en donde sí se trabajan, en cambio, cuestiones relacionadas con derechos sexuales y reproductivos, el aislamiento que sentían las mujeres antes de participar de los grupos, la falta de trabajo y la invisibilidad de los trabajos realizados por ellas en los predios, por nombrar algunas de las temáticas más debatidas. En el espacio de la Mesa de Tierras de Figueroa, a pesar de que los conflictos por la tierra tienen un lugar preponderante, tampoco se discute esto en relación con el derecho de las mujeres. Ni los hombres y mujeres campesinas que participan activamente del espacio, ni los técnicos y técnicas que acompañan la experiencia, han trabajado allí específicamente el tema del derecho de las mujeres a la tierra. El hecho de que ellos y ellas no hayan planteado concretamente esta problemática no significó que se mostraran desinteresados a lo largo de los años que duró mi investigación. Siempre mantuvieron una postura atenta frente a una problemática que, según manifestaron, no habían tenido en cuenta hasta ahora. En este mismo sentido, durante los años que desarrollé la investigación tuve la oportunidad de participar del Encuentro Nacional de Mujeres, realizado en Córdoba en octubre de 2007, al que asistí con un grupo de mujeres de Santiago del Estero, algunas de las cuales forman parte de los grupos de mujeres de Figueroa. Asimismo, entre los años 2008 y 2009, me invitaron a asistir a dos reuniones de la Red Trama, un espacio de discusión y reflexión colectiva de mujeres “técnicas” que trabajan con mujeres rurales desde una perspectiva de género. A lo largo de las discusiones me resultó muy llamativa la dificultad 12

que se encuentra, incluso desde colectivos que trabajan empapados en la temática de género, al intentar abordar la problemática del derecho de las mujeres a la tierra. Ambos espacios fueron sumamente enriquecedores para las reflexiones en torno a los objetivos de esta tesis. Tanto el grupo de trabajo al que concurrí en el Encuentro Nacional, enfocado en las problemáticas de las mujeres campesinas y trabajadoras rurales, como las reuniones de la Red Trama abordaron como tema nodal el problema de la falta de seguridad jurídica sobre la tierra. En los debates, constantemente el género quedó subsumido a la problemática más general del derecho a la tierra. Aún desde estos grupos, casi inconscientemente, la urgencia y magnitud que adquieren los conflictos por la tierra parecen ocupar un lugar primario frente a los derechos de las mujeres, resultando difícil poder poner los dos en un mismo nivel. Esta dificultad de visibilizar el problema del derecho de las mujeres surgió como inquietud explícitamente en la primera reunión de la Red Trama, en donde el objetivo era discutir los conflictos por la tierra de manera amplia. Por esta razón, se decidió colectivamente abordar en la siguiente reunión la problemática desde una perspectiva de género. En esta segunda oportunidad, el debate me resultó sumamente enriquecedor por la pluralidad de miradas y de realidades rurales diferentes que cada una de las técnicas que trabajan con mujeres rurales en todo el país puso en común. A pesar de esto, y en reflexión colectiva, todas coincidimos en la dificultad que supone abordar la problemática de la tierra manteniendo el eje enfocado en los derechos de las mujeres. ***** Las distancias en Santiago del Estero son largas. Los caminos son difíciles de transitar y los parajes se encuentran poco comunicados entre sí. Moverse internamente de un lugar a otro resulta sumamente difícil, casi más difícil que llegar desde la capital de la provincia hasta alguno de estos parajes. La frecuencia de los transportes es baja. Sólo una o dos combis por día, dependiendo del lugar de destino, llegan desde La Banda hasta los parajes. También salen micros hasta Bandera Bajada, uno de los dos centros urbanos más importantes del departamento Figueroa, con más frecuencia, pero el problema ahí es conseguir algún móvil para adentrarse. En caso de carecer de movilidad sólo resta caminar hasta el paraje, con el sol y el polvo de tierra que se pega al sudor que provoca tanto calor santiagueño. Desde la ruta provincial hasta la Invernada Sur hay 8 km por camino de tierra. Varias veces entré y salí caminando. Algunas veces conseguí que una moto o camioneta me llevara desde el cruce. En general el aventón llegaba a mitad del camino a pie. La falta de movilidad para circular por el interior del departamento dificultó en algunos aspectos el trabajo de campo. Para hacer algunas entrevistas conté con la colaboración invalorable de las mujeres y 13

hombres que viven y luchan diariamente por sus tierras. En más de una oportunidad, alguno de ellos me llevó en moto hasta los parajes más alejados para que pudiera acceder a entrevistarme con algunas mujeres, reconocidas luchadoras dentro del espacio de la Mesa de Tierras de Figueroa. En otra ocasión, la alternativa fue llegar en bicicleta, pedaleando 15 kilómetros a monte traviesa a pleno medio día. La colaboración de Marina, una de las campesinas que participa de la Mesa de Tierras fue fundamental. Ella me acompañó, en aquella oportunidad, con inflador en mano por si algún espinillo pinchaba una rueda de la bicicleta, y con caramelos ácidos, para subir la presión de una porteña después de 15 kilómetros de pedaleo por la tierra suelta y debajo de un sol abrasador de medio día santiagueño. Además me guió y sugirió con gran sensatez muchas de las entrevistas realizadas. Las distancias en Santiago del Estero también hacen que los tiempos sean más pausados. Llegar a una casa supone quedarse varias horas. La tortilla calentita y el mate, “santiagueñamente cebado”, así lo requieren. También, claro está, los tiempos de la gente. El hablar acompasado, la siesta obligada del medio día, que se extiende hasta bastante entrada la tarde a causa del calor, y la calma del campo imprimen otros ritmos que contrastan con los de la gran ciudad. Estas distancias largas también encuentran su paralelo en la distancia que supuso realizar una investigación sobre las mujeres campesinas en Santiago del Estero desde Buenos Aires, ciudad que sella indefectiblemente mi localización física y cultural. La perspectiva epistemológica adoptada, desde las teorías de la subalternidad, generó en mí largas reflexiones procurando resolver la tensión provocada por esta distancia que se presentaba constantemente proclive a situarme desde una mirada colonizadora de mujer de clase media, estudiante, socióloga, urbana, tesista que reflexiona sobre la vida de las mujeres campesinas desde la gran metrópoli. Esta cuestión trajo varios interrogantes epistemológicos clave que acompañaron todo el proceso de investigación, desde el inicio de la beca. El problema de introducir el interrogante del derecho de las mujeres a la tierra, que no era planteado ni por las comunidades campesinas ni por las mismas mujeres cuyos derechos estaban siendo vulnerados, se me presentaba como un escollo. ¿Cuáles eran las implicancias de plantear desde Buenos Aires un nuevo conflicto que desde allí no era nombrado? Bajtín (2000) aportó algunas luces para despejar este interrogante. Proyectando sus planteamientos de la alteridad y del diálogo a la comprensión de la cultura, este autor destaca la importancia

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de la extraposición9. Dialogar con una cultura y costumbres que no son las propias es proponerle nuevas preguntas que ésta no se había planteado. Es buscar su respuesta a nuestras preguntas, y descubrir ante nosotros nuevos aspectos y nuevas posibilidades de sentido. Creo que la potencialidad del problema de investigación planteado está en la posibilidad de correr de lugar el sentido de naturalidad y “aproblematicidad” con que algunas cuestiones son vividas dentro de determinadas sociedades. La apuesta es centrarnos en el “texto periférico” sobre las mujeres y el derecho a la tierra que permita trazar un contrapunto con los estudios ya realizados sobre comunidades campesinas y derecho a la tierra en Santiago del Estero.

1.2. Plan de exposición La tesis que aquí presentamos se compone de 6 capítulos. Un apartado introductorio, que acabamos de presentar, cuatro capítulos centrales y un capítulo final en donde se presentan los hallazgos de la investigación. Al final de la tesis se adjunta la bibliografía y demás fuentes de información utilizadas, tres anexos con mapas de la zona de estudio y por último una galería de fotos tomadas en los sucesivos viajes de campo a Santiago del Estero. El capítulo 2 traza un recorrido por los diferentes estudios sobre el campesinado en la Argentina y los estudios sobre género y tierra en América Latina, y la sintomática ausencia bibliográfica que encontramos para nuestro caso de estudio. Creemos importante enmarcar el estudio de los derechos vulnerados de las mujeres en la historia de la cuestión agraria10 en Argentina, y particularmente en Santiago del Estero. El contexto sociocultural del campesinado y de las mujeres campesinas santiagueñas y el modo en que históricamente fueron representados aportan datos fundamentales para nuestro análisis. Asimismo, este capítulo presenta las perspectivas epistemológicas adoptadas, desde los estudios de la subalternidad y los feminismos que denominamos desde las márgenes. La potencialidad que ofrecen estos paradigmas es poder visibilizar a un sujeto que fue borrado de las narrativas 9

La extraposición para Bajtín consiste en la capacidad del autor de una obra literaria de abandonar momentáneamente su propio eje axiológico y trasladarse al lugar del otro, es decir, al de los personajes de su obra, y observarlo internamente, en un movimiento empático. Luego, el autor vuelve a su propio lugar, retomando su mirada externa, exotópica, la cual le permite ahora observar desde una posición de frontera, por encima de los personajes, y completarlos mediante un excedente de visión. (Bajtín, 2000; Grosso, 2007) 10 Ya en 1899, el alemán Karl Kautsky planteó en su libro “La cuestión agraria”, los debates que nuclean algunas de las problemáticas agrarias clásicas. Desde una posición radical sostenía que la pequeña explotación rural no iba a sobrevivir debido a la abrumadora superioridad técnica de la gran explotación capitalista agraria sobre la pequeña explotación campesina. Algunos de estos debates entre campesinistas y descampesinistas ya han sido mencionados anteriormente. “El problema de la tierra remite a una cuestión que ha sido estratégica antes y durante la construcción de la modernidad capitalista: la cuestión agraria. Relacionada con los conflictos por la tierra, la cuestión agraria cobró enorme magnitud en el marco de las contradicciones del capitalismo y en su naturaleza descampesinizadora” (Mançano Fernándes, 2004, en Dominguez, 2009: 19). Así, el problema del acceso a la tierra se erige como antigua cuestión que aún tiene vigencia.

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históricas y académicas de nuestro país. Por último, presentamos algunas consideraciones metodológicas y realizamos una reflexión sobre el problema de la representación. El capítulo 3 aborda las transformaciones en el medio rural que se evidenciaron en los últimos años para poder contextualizar el escenario de conflictualidad por la tierra que caracteriza a la provincia de Santiago del Estero. También realizamos una breve presentación del contexto socio-político que permita complejizar este escenario. En un segundo momento presentamos algunas discusiones con respecto al derecho que están implicadas en la comprensión de nuestro tema de estudio. Lo que buscamos aquí es centrarnos en el análisis de los mecanismos formales de exclusión a partir del estudio de las legislaciones y el tratamiento que en ellas se realiza sobre el derecho de las mujeres a la tierra. Como mencionamos anteriormente, por la pertinencia temática, centramos nuestro análisis en el estudio de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, el Código Civil Argentino y la Constitución de la Provincia de Santiago del Estero, para poder dar cuenta de las legislaciones internacionales, nacionales y provinciales que se ocupan del tema. En la segunda parte del capítulo abordamos algunos debates con respecto al derecho que están implicados en nuestro problema de investigación. Hacemos referencia a la tensión que se presenta entre el derecho positivo estatal y los derechos consuetudinarios de las comunidades; y por el otro, a la tensión entre los derechos colectivos que defienden estas comunidades y los derechos individuales de las mujeres. En el capítulo 4 realizamos una caracterización del departamento de Figueroa, para luego centrarnos en los roles y tareas que realizan las mujeres campesinas. También abordamos aquí la importancia de la conformación de los grupos de mujeres como espacios de sociabilidad, y analizamos la relevancia que adquieren estos grupos en la conformación de la Mesa de Tierras de Figueroa. Asimismo, en este capítulo comenzamos a presentar algunas de las prácticas sociales que están instaladas en el campo santiagueño y que, creemos, inciden en la desigualdad en el acceso a la tierra. Dedicamos una parte importante del capítulo al análisis del trabajo invisibilizado que realizan las mujeres campesinas. Por otra parte, nos detenemos en el estudio de los roles y saberes que están asociados a varones y mujeres. Observamos que hay una jerarquía de saberes que se despliega en los vínculos entre los distintos actores. Así, vemos que hay determinados temas que están legitimados para las mujeres y otros, como los relativos a la tierra, que parecerían del dominio de los varones. El capítulo 5 profundiza en las distancias que se presentan entre la ley escrita y los usos y costumbres de las poblaciones campesinas, ahondando el análisis de algunas costumbres que en la práctica niegan u obstaculizan el acceso de las mujeres campesinas a la 16

tierra en Santiago del Estero. El foco está puesto en el estudio de las pautas de residencia y los patrones de transmisión de la tierra. Luego nos centramos en las transformaciones que se van evidenciando frente a los nuevos requerimientos de mensura y titulación que se imponen ante la necesidad de encontrar mayor seguridad jurídica para defender los predios de las comunidades. Como analizamos allí, quienes aparecen como titulares de las tierras que se mensuran, en general, son los varones. La segunda parte está centrada en la lucha de las mujeres por sus tierras. Frente al gran reconocimiento que tienen estas mujeres en las defensas de los territorios, nos preguntamos por la tensión que genera esta defensa visibilizada frente a sus derechos invisibilizados. En el último apartado se presentan los hallazgos de la investigación y las consideraciones finales. Al final de la tesis presentamos como anexo una galería de fotos. Creemos que las imágenes, además de permitir acercar a los escenarios y rostros de Santiago del Estero, tienen la fuerza de construir una narrativa crítica. Como sostiene Silvia Rivera Cusicanqui (2010), son las imágenes más que las palabras, en el contexto de un devenir histórico que jerarquizó lo textual en detrimento de las culturas visuales, las que permiten captar los sentidos bloqueados y olvidados por la lengua oficial.

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CAPITULO 2

Las mujeres campesinas en los estudios rurales en Argentina. Propuestas epistemológicas

“No puede entenderse la conciencia campesina ni sus propios aspectos constitutivos si continuamos reduciéndola al paradigma de la racionalidad burguesa. Debemos aceptar que la conciencia campesina tiene su propia forma paradigmática, que no sólo es distinta de la forma paradigmática de la conciencia burguesa, sino que es, de hecho, su verdadero otro.” (Partha

Chaterjee, 1998: 201). A pesar de la importancia del sector rural, la Argentina se caracteriza por una cultura nacional hegemónicamente urbana que mira a Europa, negando sus “otros interiores” (Ocampo, 2005; Segato, 2007; Bidaseca, 2010): campesinos, indígenas, morochos y negros. El estudio sobre el campesinado en Argentina ha estado tradicionalmente marcado por estas múltiples invisibilizaciones que sesgaron la mirada sobre estos sujetos. Se nos presenta así la necesidad de diferenciar una multiplicidad de actores rurales presentes hoy en el agro argentino y marcar las particularidades del campesinado en Santiago del Estero. Asimismo, la búsqueda por no caer en los análisis de género eurocentrados, con una concepción de mujer universal blanca, de clase media, occidental, nos llevó a transitar otros estudios de género que pongan en jaque esta concepción y permitan visibilizar a las mujeres campesinas santiagueñas en sus especificidades. En este primer capítulo nos centraremos en las discusiones sobre los estudios del campesinado, particularmente en la Argentina, y las investigaciones sobre género y tierra. Haciendo un recorrido por algunas epistemologías denominadas subalternas, que buscan crear un pensamiento dirigido a cuestionar los límites y falencias del proyecto de la modernidad, poniendo especial interés en rescatar la agencia de los sectores subalternos y poder dar cuenta del lugar invisibilizado que han tenido en la construcción de la política dominante, nos proponemos ver qué aspectos de estas teorías pueden dar luz a nuestro problema de investigación, el del derecho a la tierra de las mujeres campesinas de Santiago del Estero. En este sentido, también abordaremos aquí algunos de los debates sobre el género centrándonos en las falencias que presentan los feminismos occidentales para comprender un universo de mujeres heterogéneo. A pesar de que por su vastedad no podremos analizar aquí las múltiples

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aristas que componen estas teorías presentaremos algunos de los puntos más importantes que dan luz a nuestro problema de investigación. Creemos que la contribución de los feminismos que denominaremos desde las márgenes (Bidaseca, Borghini, Vallejos, Vázquez, 2007a)11, que han abierto un espacio para la visibilización de determinadas posiciones del sujeto que antes no eran contempladas, centrando su mirada en las desigualdades de clase, raza y género, sumado al aporte del Grupo de Estudios Subalternos de la India al analizar la llamada cuestión campesina, destacando su lugar en la historia política, son iluminadores para analizar los levantamientos campesinos de la Argentina de fines de los ´80 (ver Bidaseca, 2005; 2006) y la llamativa invisibilidad que todavía hoy niega las acciones de las mujeres campesinas, privándolas de determinados derechos fundamentales. Al resaltar los aspectos borrados de la historia12 y del presente, estas teorías pueden darnos algunas pistas para pensar desde la práctica de sujetos y voces silenciadas por los saberes y sujetos hegemónicos. Consideramos que la apuesta de ruptura epistemológica y metodológica que proponen estas corrientes es fundamental. El esfuerzo de deconstrucción del paradigma modernoeurocéntrico de conocimiento, que busca restituir a los grupos subalternos su memoria, obliterada por las narrativas imperiales y nacionalistas, y su condición de sujetos de sus propias historias (Guha, 2002) puede hacer grandes aportes para despejar los interrogantes que todavía hoy continúan subsumiendo a las mujeres campesinas en tanto sujetos de derecho y actoras sociales con capacidad de agencia.

2.1. El fin del fin del campesinado “Puede parecer que el decir que el campesinado es una clase de supervivientes no hace sino confirmar lo que las ciudades, con su arrogancia habitual, han dicho siempre de ellos: que están atrasados, que son una reliquia del pasado. Los propios campesinos, sin embargo, no comparten la visión del tiempo implícita en esas opiniones.” John Berger (1979), Puerca Tierra.

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En esta tesis hemos decidido utilizar la denominación feminismo desde las márgenes, para poder dar cuenta de una producción teórica realizada desde el llamado “tercer mundo” y desde Latinoamérica que intenta tomar en cuenta las desigualdades que vive un porcentaje importante de las mujeres de estas regiones, que desde otros paradigmas no son tenidas en cuenta. Su uso no desconoce ni pretende homogeneizar la variedad de teorías feministas que se producen desde estos lugares y que no toman en cuenta este tipo de recaudos epistemológicos. 12 Como expresa Guha (2002), la historia es una narrativa del poder estatal, configuradora de ciudadanías o subalternidades, hegemonías o dominios.

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Frecuentemente el campesinado13 fue pensado como una categoría residual, destinada a desaparecer, dentro del Estado Nación. Luego de un debate candente entre campesinistas y descampesinistas14 que se desarrolló en América Latina (aunque con menor intensidad en la Argentina), en el comienzo del siglo XXI ya nadie habla sobre el fin del campesinado. Parece un debate superado, o por lo menos estéril hoy en día. Los problemas de tierras en Latinoamérica y en Argentina, y los movimientos sociales fuertes que emergieron, visibilizaron a un actor que parecía dormido o que pocas veces había sido reconocido en nuestro país. Desde la década del ´60 y ´70, numerosas discusiones sobre “la cuestión campesina” que referían a los debates marxistas clásicos sobre el campesinado envolvieron a las definiciones sobre este sujeto en América Latina15. Los argumentos acerca del nivel de “clasicidad” del campesinado y su integración en los procesos de modernización, en comparación con la clase obrera como sujeto histórico del cambio social revolucionario, analizaban la acción política del campesinado derivándola de la posición en la estructura social y se debatían en torno a la persistencia o desaparición de estos sujetos16. Lo que se ponía en cuestión era la viabilidad de las pequeñas explotaciones familiares en el contexto de avance del capitalismo. (Bartra, 1979; Feder, 1977; Stavenhaguen, 1977). Si bien en nuestro país el debate no alcanzó el interés que tuvo en otras partes de América Latina, llegaron algunos ecos que se reflejaron en trabajos de la época que buscaban pensar al campesinado como categoría en la estructura social agraria argentina. Ya en 1972, 13

Ante la falta de una definición universal de campesino, tomamos la elaborada por Shanin (1979, en Bidaseca, 2005): “El campesinado se compone de pequeños productores agrícolas que, con la ayuda de equipo sencillo y el trabajo de sus familias, producen sobre todo para su propio consumo y para el cumplimiento de sus obligaciones con los detentores del poder político y económico” 14 “Los llamados ´campesinistas´ se basaron en la idea central de considerar al sector como un ´modo de producción´ con una lógica diferente a la capitalista. Asimismo argumentaban que este modo de producción, articulado subordinadamente al hegemónico le era ´funcional´. Encontramos en esta posición a Claude Servolin (1979) que junto a Kostas Vergopoulos son los que más han influido en los latinoamericanos. (…) Esta posición fue muy criticada por los denominados ´descampesinistas´ desde distintos ángulos y los que sustentaban la proletarización basaban sus argumentos en el predominio de una lógica económica hegemónica, la capitalista, y en la tendencia a largo plazo a la desaparición de estos resabios no-capitalistas. En América latina, Roger Bartra (1980) fue quien más defendió esta posición.” (Bidaseca, 2005:31) 15 Este debate no es nuevo. Ya desde el siglo XIX en Rusia se discutieron las implicaciones económicas sociales y culturales del desarrollo del capitalismo en la agricultura. En aquel contexto se configuran dos categorías intelectuales en las que se articulaban dos praxis sociopolíticas claramente definidas. Por un lado el “narodnismo”, como defensor de la vigencia del campesinado, con un potencial de adaptación histórica; y, por otro, el “marxismo ortodoxo”, para quien el campesinado no era más que un residuo anacrónico que tendería a desaparecer. (Sevilla Guzmán y González de Molina, 2004) 16 Este estudio se distancia de las posiciones de autores como Wolf (1972), Alavi (1973) o Hobsbawm (1973) que, siguiendo a Shanin (1966) quien describía al campesinado como un sujeto de “baja clasisidad”, describían los comportamientos políticos campesinos enfatizando la necesaria exterioridad, la falta de autonomía, la necesidad de un tercer actor, la carencia de representación, etc. Para un abordaje más profundo sobre estos temas véase: Bidaseca (2005).

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Delich marcaba la necesidad de revisar la categoría de campesino para el caso argentino, ya que por sus matices tan propios, “la inclusión en el marco latinoamericano resulta inadecuada” (Delich, 1972:58, en Bidaseca, 2005). Por su parte, el trabajo de Archetti y Stølen (1975) que discutía los conceptos del campesinado retomando los trabajos de Chayanov17 y buscaba caracterizar y clasificar los sujetos presentes en el campo argentino18, generó gran polémica con otros estudiosos de la época como Leopoldo Bartolomé y Hebe Vessuri que pusieron en cuestión el concepto de farmer19 y expusieron otras categorías que consideraban más adecuadas para las particularidades que presentaba la estructura agraria en nuestro país. A pesar de sus diferencias, estos y otros autores de la época buscaban poner en discusión la imagen dominante que se había forjado sobre la Nación Argentina (Bidaseca, 2005). Sin desconocer estas otras miradas y debates sobre las características del agro argentino, en general las particularidades presentes en la región de la pampa húmeda sesgaron (y aún hoy continúa sesgando) con una visión homogeneizante a la estructura agraria argentina. Todavía hoy, prevalece en el imaginario la idea de que el tipo social agrario por antonomasia en la Argentina es el chacarero o farmer, un sujeto que combina el trabajo doméstico y el asalariado, generando acumulación de capital. Está altamente integrado dentro de un agro industrializado, que se caracteriza por un alto nivel de división del trabajo y relaciones capitalistas de producción e intercambio20. 17

Para Chayanov (1925) la explotación campesina es aquella en que la familia, como resultado de su trabajo durante un año recibe apenas el rendimiento de su trabajo y compara sus esfuerzos con los resultados materiales obtenidos en el período. Sus motivaciones no pueden ser comprendidas a través de categorías capitalistas, pues el campesino no paga salarios y está inserto en un sistema que le permite determinar por sí mismo el tiempo y la intensidad de su trabajo. El campesino evalúa subjetivamente el grado de intensidad de su trabajo a partir de la cantidad de bienes que obtiene. Según los postulados de Chayanov, la economía campesina tiene su propia lógica de funcionamiento, que no se ve afectada por los cambios externos tales como: precios, la preponderancia del comercio y del capital sobre considerables sectores de la agricultura. 18 En su trabajo los autores desarrollaban por qué no era correcto considerar como economía campesina a una gran franja de las unidades familiares de la estructura social. Enfocando su estudio en las economías familiares del norte de Santa Fe, prefirieron la categoría de farmer o colono por ser más adecuada a las particularidades del caso. 19 El fenómeno farmer norteamericano analizado por Lenin, desplazado a América Latina como “modelo” de una agricultura familiar, ha estado presente desde las políticas de colonización e inmigración del siglo XIX. Su consideración como objeto de estudio en Argentina comenzó con la publicación del trabajo de Archetti y Stölen en 1975 sobre los colonos algodoneros del norte de la provincia de Santa Fe y hacía referencia a un tipo de productor que no es “ni campesino ni capitalista”. El debate se centraba en el carácter capitalista de la agricultura y el tipo de racionalidad de estos productores. Según Archetti (1975), al igual que el campesinado, basan la producción en la utilización de la mano de obra familiar y organizan la producción y consumo a través de redes familiares y la residencia. Ello, junto a la propiedad privada de la tierra, otorga a los farmers autonomía y flexibilidad para conducir el proceso laboral como el control directo sobre el producto de su trabajo (en Bidaseca, 2005). 20 A pesar de esto, no desconocemos que el proceso modernizador que vivió el campo en las últimas décadas, la tercearización en la cosecha, la irrupción de los llamados “pooles de siembra”, entre otros, produjeron cambios en la estructura agraria que tensionan la definición tradicional de estos sujetos.

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En este sentido, en su trabajo Disputas culturales y políticas en torno a la/s campesina/os sin tierra en Argentina, Karina Bidaseca (2006) explica cómo a diferencia de otros países de Latinoamérica, la Argentina “se caracteriza por una débil tradición en estudios campesinos. Ciertos procesos históricos ligados a la particularidad de la región rioplatense, permiten comprender la ausencia de una “cuestión campesina”: la casi nula existencia del sistema de plantación o hacienda, característicos de la América tropical; la vasta presencia de una clase media rural con peso político tempranamente sindicalizada; la transformación de la propiedad territorial en ausencia de una reforma agraria; la tardía aparición de un movimiento campesino de magnitud (con excepción de la rebelión de Alcorta a comienzos de siglo o las Ligas Agrarias en la década de 1970, desestructurado con la instauración de la dictadura militar), por mencionar algunos.”. Según Bidaseca, estos forman parte de los pasados subalternos (Chakrabarty; 1999, en Bidaseca; 2006) que se resistieron a ser historizados porque no podían ser pensados al interior de las grandes narrativas de las clases sociales y de los sujetos históricos. Giarracca (2003) encuentra una explicación a la falta de trabajos sobre el campesinado hasta mediados de la década del ´80 en la “latencia” del campesinado como actor político y las pocas protestas que lo involucraban que no le permitieron adquirir visibilidad. El efecto de las reformas agrarias, en el marco de regímenes de acumulación internamente orientados, así como de la expansión agroindustrial con integración de la agricultura familiar supuso, según la autora, la articulación subordinada de los campesinos a formas “modernizadas de capitalismo” (complejos agroindustriales, por ej.)21. Así, la idea de una Argentina fundamentalmente urbana y moderna se impuso como imaginario no sólo en el plano local sino también ante los ojos del resto de América Latina. En correspondencia con esto, el agro argentino se presentó como prototipo de un modelo homogéneo y moderno, plenamente articulado con el mercado mundial capitalista. La Argentina se erigió como un país que se ha integrado al mundo a partir de la agricultura y cuyas principales exportaciones son de origen primario. Desde aquí construyó su alteridad, su “centro” desde el cual define la “periferia”, en las llamadas “economías regionales” en donde se encuentran otro tipo de actores rurales. Esta puja interna está muy claramente plasmada en 21

Según Guber y Visacovsky (1999), hasta comienzos de los ´60 “la mayoría de las investigaciones realizadas en el país se venía ocupando de esta región, del capitalist farming y de la sociología industrial, ignorando otras áreas a las que concebían como pobres, subdesarrolladas y/o psicológicamente deficientes. La población rural concitaba interés en tanto se convertía en migrante, mientras aquélla dedicada a explotaciones de cultivos industriales para la exportación o el consumo argentino, apenas si era tenida en cuenta en los trabajos de sociólogos y economistas. Asimismo, la integración de diversos aspectos de la vida social del campo argentino organización económica, social y doméstica, sistema de creencias, y relaciones de poder- no quedaba comprendida en dichos estudios” (p.12).

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la dicotomía “civilización y barbarie” (Grosso, 2008). A pesar de que nuestro país cuenta en su composición con una importante “clase media rural”, la misma pareció poblar, “colonizar”, todo el campo argentino, actuando como depositaria de un imaginario nacional rural. El predominio de una agricultura de exportación, tanto familiar como no familiar acaba por subalternizar e invisibilizar otras formas de habitar los territorios y de trabajar la tierra. Como sucedió en otras naciones latinoamericanas, la homogeneización con una perspectiva eurocéntrica fue la propuesta nacional a través de la ideología del mestizaje y del crisol de razas, que aspiró a lo europeo como forma ideal. Como sugiere Mohanty (2008), esto “implica una relación de dominación estructural y una supresión, muchas veces violenta, de la heterogeneidad del sujeto o sujetos en cuestión” (pág. 2). La diferencia étnica y cultural fue clasificada como atraso, inferioridad e incapacidad, es decir, devino en desigualdad social22. Partiendo de una idea de nación homogéneamente blanca y europea se cerró la posibilidad al reconocimiento de otras identidades y alteridades que conformaran el “ser argentino”. El significado que se le dio a la Nación era el de un solo pueblo, una sola cultura, un solo idioma y un sólo sistema jurídico (Segato, 1998; Briones, 2005; Grosso, 2008)23.

2.2 Campesinado en Santiago del Estero “Poco a poco empezó a leer, a sumar, a restar, aprendió los nombres de las muchas cosas; ya era capaz de hablar largo rato en castellano. Un día el maestro les dijo que eran argentinos, otro día explicó que eran santiagueños. ¿Eran argentinos o eran santiagueños? Pero después comprendió que era argentino, que era santiagueño y que era costero también. El maestro les mostró un papel grande que colgó en el pizarrón, tenía una tablita larga arriba y una tablita larga abajo; les dijo que eso era la República Argentina, que era la patria. Eso era un mapa Shunko creyó que la República Argentina era un mapa. Cuando un día el maestro les hizo dibujar un plano de la escuela y del lugar en un papel, Shunko comprendió qué era un mapa” (“Shunko”, de Jorge Ábalos).

Las particularidades de la estructura social agraria en Santiago del Estero no fueron ajenas a este proceso de pretendida homogeneidad e invisibilización de las alteridades. La idea de la Argentina como un país agroexportador marcó el sesgo de los estudios agrarios. Como sostiene Dargoltz (2003) “al identificarse a la región pampeana con el resto del país, las 22

Como explica Bhabha (2002), una característica importante del discurso colonial es su dependencia del concepto de “fijeza” en la construcción de la alteridad, asignando estereotipos que instalan la idea de un orden rígido e inmutable. 23 La constitución del estado-nación y su proyecto modernizador basado en el desarrollo agroexportador, viraron la mirada desde el interior hacia Europa, dando un golpe irreparable al lugar central que había ocupado Santiago del Estero tiempo antes. Para un análisis de las consecuencias que tuvo la construcción de la Nación Argentina para Santiago del Estero véase Ocampo (2005).

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regiones carecieron de pasado, de historia, de economía y por cierto que otras formas de producción pasaron a ser totalmente dependientes de la pampa húmeda” (p. 6). Santiago del Estero no posee una tradición histórica de organizaciones sociales que hayan marcado políticamente y con una identidad homogénea las luchas y reivindicaciones del mundo rural, y que permitieran una visibilización de estos “otros interiores”24. Si bien desde principios de los ´80 se registran diversos procesos de organización campesina – vinculados tanto al trabajo productivo como a la autodefensa frente a los desalojos que empiezan a producirse por la expansión agropecuaria– se trataba de procesos dispersos y fragmentados en toda la geografía provincial (Alfaro, 2000). Finalizando la década del ´80, y presionados principalmente por las constantes tensiones sobre sus tierras, los pobladores se fueron integrando a organizaciones zonales en diversos puntos de la provincia que confluyeron en la conformación del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (de aquí en adelante, MOCASE)25. A partir de los ´90, con los conflictos en torno a la tierra y la constitución del Movimiento Campesino de Santiago del Estero se conforma como un ámbito de identificación común. Como relatan las conclusiones del Primer Congreso del MOCASE en 1999: “Hemos reconocido los cambios que en nuestras familias campesinas hemos producido al organizarnos, nos vamos integrando en nuestras comunidades (...).Esta participación en la búsqueda de resolver problemas comunes nos permite ser actores de nuestro desarrollo (…) nuestro Movimiento se haya identificado fuertemente con la defensa de la tierra. A partir de esto fuimos generando la organización y la recuperación del sentido de comunidad. A medida que crece la organización empezamos a tener una visión más clara de lo que pasa en nuestra realidad.” (Conclusiones del 1º Congreso del MOCASE, noviembre 1999)

El MOCASE ha reivindicado desde su emergencia una identidad campesina que permitió superar estrategias individuales para organizarse en tanto sujeto colectivo campesino26. Así logra visiblizarse un sujeto que se había mantenido tradicionalmente en los 24

Díaz (2004) advierte sobre la importancia de “considerar la condición social subalterna de los santiagueños del medio rural, trascendiendo identidades puras o fijas en el tiempo, para percibirlas en constante cambio y actualización”. Y continua “Nuestro entrevistado sostiene que el “indio” no se reducía al indígena, había una condición social de “indio”, la cual se componía de indígenas, negros, mulatos, criollos, blancos, mestizos, que en general eran los pobres y sometidos del medio rural; quichuistas sin ser necesariamente indígenas; elementos de la pluriétnica ascendencia de campesinos y hacheros de hoy. En suma, las clases subalternas europeas, africanas y americanas, se comunicaron por abajo, entre sí mismas, y también en sus horizontes simbólicos, habitando el mismo suelo santiagueño.” (pág. 4). 25 Para un análisis de las oportunidades políticas para la acción colectiva y las características que asumen las relaciones sociales y políticas en la provincia ver Berbetta (2005) 26 Esta población rural se reconoce predominantemente campesina, ocultando tras esta identificación el pasado y el presente indígena que, subalternizado, se cuela y revela en diferentes prácticas como la música, el idioma, y

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márgenes de la nación. A partir de aquí, las poblaciones rurales santiagueñas dejaron de ser una categoría social marginal, para convertirse en un sujeto político (de Dios, 2009)27. Según el sociólogo Rubén de Dios (2009) “existía una identidad social, producto de cierta homogeneidad en los modos de vida y en la inserción productiva y laboral del sector, ya sea como pequeños productores agropecuarios, trabajadores golondrina o hacheros del monte. Sin embargo no existía una identidad del movimiento campesino como sujeto político” (p.7). El autor sugiere que la identidad campesina en Santiago del Estero fue surgiendo y consolidándose en el tiempo como producto de las acciones colectivas de resistencia o protesta. Incluso destaca: “la palabra ‘campesino’ recién empieza a ser utilizada por los propios protagonistas, a partir de los encuentros de auto-reconocimiento, y de las posteriores luchas y enfrentamientos con sus adversarios” (p.7).28 Esta “emergencia campesina” ha favorecido, en los últimos años, el desarrollo de numerosos trabajos que abordan la problemática campesina en la Argentina y particularmente en Santiago del Estero. Como hemos mencionado, ya desde la década del ´60 y ´70 los trabajos de Santiago Bilbao (1968, 1975) y Hebe Vessuri (1970, 1972; 1979) en el campo santiagueño se abocaron al estudio de estos “otros”, diferenciándose de una mirada homogénea sobre la nación. Bilbao centró su trabajo en los flujos migratorios estacionales y se preocupó por explicar la realidad indígena a partir de su contacto con “lo blanco y europeo”, buscando una descripción que reflejara la situación santiagueña en el presente y evitara esencialismos. Vessuri, por su parte, estudió la tenencia de la tierra y estructura social en Santiago del Estero. Sostenía que la tenencia legal de la tierra no es por sí sola la solución aparente para promover el desarrollo. Según ella, el sistema de acceso a la tierra definía una

los ritos (Grosso, 1995). Como explica Grosso (2008), la identidad "santiagueña" se constituye como un espacio a medio camino entre la identidad nacional (hegemónica y homogénea) y una identidad étnica (considerada extinta). En sus investigaciones sobre identidad y alteridad en Santiago del Estero, Grosso observa que ante la pregunta sobre los pueblos originarios en la provincia, la respuesta era, casi siempre, “los indios están todos muertos”. A partir de esta afirmación, dirá, el "santiagueño" introyecta la exclusión y aniquilación hegemónica, colonial y nacional, del "indio". A nivel terminológico, el "indio" muerto ha sido interiorizado, bloqueando cualquier identificación con él. 27 Se considera que el “Grito de Los Juríes”, la marcha campesina por las calles de Los Juríes, en el departamento Taboada el 29 de octubre de 1986, marca un punto de inflexión en el proceso de organización campesina. De todos modos, debemos aclarar que no es esta la primera vez que se realizaban acciones de este tipo en la provincia. Como bien señalan los estudios sobre el campesinado santiagueño (Benencia, 1988; Dargoltz, 1997; Barbetta y Lapegna, 2004; Durand, 2006), ya habían existido antecedentes provinciales de conflictos originados en la resistencia campesina, como fue el caso de Suncho Pozo en las décadas de 1960 y 1970. 28 A pesar de que no desconocemos el carácter performativo que estas luchas por la tierra tienen sobre la producción de la identidad no adscribimos a una mirada reduccionista que reconozca un factor unicausal en esta conformación identitaria. En este sentido es necesario hacer referencia a otras lógicas, principalmente la estatal, que permiten la fijación de esta identidad campesina.

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estructura socio-política cimentada en la relación patrono-clientelar como reaseguro de la cohesión social. Entre los estudios más recientes que se ocupan de la problemática campesina para el caso de Santiago del Estero podemos citar, entre los más importantes, los trabajos de Raúl Dargoltz (1994, 1997) exponen una cronología de la protesta en la provincia29 para luego adentrarse en una caracterización sobre el MOCASE; María Inés Alfaro (1998), por su parte, indagó las razones de la persistencia y visibilidad del sujeto campesino y mediante qué procesos se constituyó en un actor social dinámico en Santiago del Estero; los análisis de Rubén de Dios (2003, 2009) que reconstruyen el surgimiento del MOCASE como actor político y social, centrándose en los aspectos organizativos e identitarios del movimiento; los trabajos de Barbetta y Lapegna (2002, 2004) que analizan la movilización social como construcción de ciudadanía; los trabajos de Barbetta (2005, 2006) que se centran principalmente en los repertorios de acción colectiva y en los aspectos legales del conflicto por la tierra en la provincia y buscan analizar el entramado de relaciones sociales y políticas en que está inserto el MOCASE; siguiendo esta línea, está el trabajo de Pablo Díaz (2004) que analiza la praxis política campesina, conceptualizándola como práctica de resistencia y ejercicio de ciudadanía en el seno de los movimientos sociales. Más recientemente, este autor profundiza sus estudios centrándose en los procesos educativos y organizativos que abre el conflicto por la tierra en Santiago del Estero y que permiten al campesino reconocerse como sujeto de derechos (Díaz, 2007). Desde una mirada que se aparta de la académica, entre muchos otros mencionamos aquí el Informe del Observatorio de las comunidades Campesinas (2005) que retoma la problemática campesina en Santiago del Estero y el trabajo del Colectivo Situaciones (2001) que presenta un análisis sobre las implicancias políticas de la movilización social. Ninguno de estos trabajos anteriormente mencionados aborda la problemática de la tenencia de la tierra desde una perspectiva de género.

2.3. Los estudios sobre género y tierra El problema de la tenencia de la tierra ha sido históricamente trabajado desde diversos enfoques, pero hasta la publicación del libro de Bina Agarwal (1998), A Field of One’s Own: Gender and Land Rights in South Asia, la relación entre género y propiedad se había estudiado y teorizado poco. El principal punto de referencia había sido el texto clásico de 29

Hay otros trabajos realizados en esta línea, como el de Auyero y Farinetti (2000) y Santucho (2003), que también se ocupan de las características de las protestas sociales en la población santiagueña.

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Friedrich Engels (1884), El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que ejerció gran influencia en las feministas socialistas. El planteo de la teoría de Engels hablaba de la esclavización abierta o velada de la mujer en la familia, y sugería que la subordinación de la mujer se asociaba con el aumento de la propiedad privada en manos de los hombres y de la familia patriarcal, aspecto que se relacionaba con la aparición de la sociedad de clases que dio origen al Estado moderno. En síntesis, la transformación de las mujeres, de miembros iguales y productivos de la sociedad en esposas subordinadas y dependientes, se asociaba con la transición de la producción para el uso y la posesión colectiva de la propiedad, a la producción para el intercambio y la propiedad masculina individual de los medios de producción en una sociedad dividida en clases. En su texto, Agarwal señala las múltiples implicancias que tiene el derecho a la tierra para las mujeres en la India30. En términos económicos, la tierra funciona como una seguridad contra la pobreza ya que facilita el acceso a créditos, tecnología e información, y, por otro lado, provee alguna protección contra la violencia de género dentro y fuera del hogar. Para Agarwal, el acceso a la tierra puede estar determinado por diversas formas (propiedad individual a través de la herencia; el regalo; la propiedad familiar; el usufructo del derecho a tierras comunales o privadas y la posesión de derechos temporarios o hereditarios), pero “el acceso bajo ninguna de estas formas garantiza el control sobre las decisiones de gestión y producción” (p. 533). Como sostiene esta autora, “las luchas individuales de las mujeres para adquirir una parte de la tierra familiar requerirían también luchas interrelacionadas fuera del hogar, como las luchas para legitimar la necesidad de la mujer de tener un derecho independiente a la tierra y de movilizar apoyo económico, social y político para su causa”. El punto aquí es que “las diferencias de género en el poder de negociación en el interior del hogar están, por consiguiente, ligadas al poder de negociación fuera del hogar, con la comunidad y el Estado”. A pesar de que en la última mitad del siglo XX se incluyó la igualdad formal entre sexos en casi todas las Constituciones latinoamericanas y se reformaron gran parte de los Códigos Civiles para establecer la doble jefatura del hogar, algunos trabajos31 estudian cómo la propiedad de la tierra está esencialmente en manos de hombres. Esto supone que los derechos formales de herencia no coinciden con las prácticas locales. Como demuestran 30

Esta hipótesis de Agarwal se ha visto cuestionada por el trabajo posterior de Cecil Jackson (2002), quien considera que la sola tenencia legal no asegura que las mujeres se vean empoderadas y tomen las decisiones con respecto a sus recursos obtenidos. Según ella, es altamente probable que la decisión sea unilateral, tomada por los varones. 31 Deere y León, 2000; Galán, 2006; Meertens, 2006, entre otros.

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Deere y León (2000), la desigualdad de género en la propiedad de la tierra tiene su origen en los privilegios que disfrutan los hombres en el matrimonio, la preferencia por los varones en las prácticas de herencia, el sesgo masculino en los programas de distribución y titulación de tierras, y el sesgo de género en el mercado de tierras. El punto central del argumento de estas autoras es que el empoderamiento de las mujeres, en lo doméstico está directamente relacionado a la fuerza de la posición de resguardo y del reconocimiento social y legal de sus demandas, como legítimas. La fuerza de la posición de resguardo, incluye entre otros la propiedad de la tierra, el acceso a empleo productivo, el acceso a los recursos de la comunidad y a los recursos del Estado. Esto es particularmente importante en aquellas sociedades, como las latinoamericanas, en que las alternativas ocupacionales no agrícolas son limitadas. Si las mujeres tienen mayor capacidad de vivir independientemente, en base de sus propios recursos, aumenta considerablemente su capacidad de negociación interna y externa. Esta es la propuesta básica del libro y la justificación de la propiedad. Si bien en la conclusión destacan la importancia de la propiedad independiente, para el momento en que viven las sociedades latinoamericanas y el grado de conciencia de las mujeres rurales, la propiedad compartida se constituye como segunda mejor opción y seguramente más viable desde el punto de vista político, en la medida que la propiedad conjunta al menos obliga a la negociación entre los cónyuges. Meertens (2001) sintetiza brillantemente las cinco consideraciones centrales que se desprenden del libro de Deere y León (2000), colocándolas en un orden que va de lo empírico/histórico hasta el entrelazamiento con las teorías de género: 1) La obtención de una igualdad formal en el derecho de propiedad no ha redundado en una igualdad real en la distribución de bienes entre hombres y mujeres - especialmente en cuanto a la propiedad y el control sobre la tierra -; es decir no conllevó un derecho efectivo (el término es de la conocida investigadora hindú Bina Agarwal) de las mujeres a la tierra. 2) La desigualdad de género en la propiedad de la tierra es el resultado de un complejo juego histórico de mecanismos de exclusión y de inclusión, basados en ideologías patriarcales, cuya expresión primordial radica en el concepto de jefe de hogar varón, considerado depositario "natural" de los derechos a la tierra. Estos mecanismos operan a través de las prácticas de la herencia que privilegian a los hombres; a través del Estado con sus sesgos masculinos en la adjudicación y la titulación de tierras; a través del mercado que tradicionalmente ha sido un área de dominio masculino, e incluso, en las comunidades indígenas, a través de la asignación preferencial del derecho de uso sobre las tierras colectivas a los jefes de hogar hombres. 28

3) Mientras las reformas agrarias con su ideología acerca de la familia prácticamente han excluido a las mujeres (sobre todo a las casadas) de la adjudicación de tierras, durante la crisis y las contrarreformas neoliberales de los años ochenta y noventa, las mujeres han ganado mejores condiciones para acceder a la tierra, al menos en algunos de los países latinoamericanos. Estas ganancias se deben no tanto a las políticas neoliberales, sino al fortalecimiento del movimiento social de mujeres, particularmente de mujeres rurales, en medio de la crisis, y a la triangulación de poderes femeninos mediante la cual se logró la incorporación de demandas campesinas femeninas en las políticas del Estado. 4) No es la titulación individual de la propiedad a nombre de hombres y mujeres por aparte, sino la titulación conjunta a la pareja, la que tiende a ser la medida más efectiva en la práctica, para lograr cambiar la desigualdad de género en los derechos a la tierra. La titulación conjunta es más aceptable que la titulación individual de hombres y mujeres, porque no amenaza la unidad familiar ni recarga la distribución de la tierra disponible donde ésta es escasa. El concepto de la titulación conjunta da cabida, además, a toda una serie de discusiones teóricas sobre el libre ejercicio de los derechos individuales, la protección a la mujer campesina y las relaciones individuo - familia. 5) La centralidad del tema de la propiedad sobre la tierra para las teorías de género y los actuales debates feministas, en tanto se relaciona estrechamente con las nociones de bienestar, igualdad y empoderamiento (Meertens, 2001: 107-108). En cuanto a la bibliografía sobre el tema, además de los trabajos mencionados, hemos encontrado numerosos estudios que se ocupan de la problemática del derecho de las mujeres a la tierra para el caso latinoamericano32. En ninguno de estos estudios se hace referencia al caso argentino. Por la tradición y la concepción con respecto a las mujeres rurales, tanto campesinas como indígenas, en los estudios rurales latinoamericanos, en general Argentina no ha sido incluida en los análisis que se han realizado en relación al género y el acceso a la tierra. Cuando en su estudio Deere y León describen la selección de casos, se ocupan de

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Entre otros, destacamos el libro Del hecho al derecho. Mujeres rurales Centroamericanas en la lucha por la propiedad de la tierra, del grupo Sembrando Cambios en Centroamérica (2002); el de Lara Blanco: Las políticas de tierra en Centroamérica: una visión desde las mujeres (2003); Género y tenencia de la tierra en el ejido mexicano: ¿la costumbre o la ley del Estado?, de Verónica Vázquez García (2001); Género y derechos de propiedad en El Salvador rural, de Deere y León (1998); el estudio de Beatriz B. Galán sobre Reglamentaciones jurídicas sobre el acceso a la tierra de la mujer rural en países de América Central y el Caribe (2000); Tierra y desarrollo en América Latina. Perspectivas para la investigación sobre políticas, de Stephen Baranyi, Carmen Diana Deere y Manuel Morales (2004) y una publicación de Rosalinda Hernández Alarcón, Las campesinas y su derecho a la tierra (Realidad y emancipación) (2005). Citamos también el estudio de Mallón (1997) por la importancia en el análisis sobre la invisibilización de la lucha de las mujeres en defensa de sus territorios. Según ella, este borramiento favoreció la apropiación de las tierras por parte de los hombres en detrimento de las mujeres.

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aclarar que “los países en donde no se realizó trabajo de campo son en su mayor parte urbanos…” (2000:40). Esta idea de la Argentina como un país mayormente urbano invisibiliza un vasto y diverso escenario rural que debe ser estudiado adecuadamente. Recientemente, rompiendo con la trama de silencios que caracterizaron esta problemática y luego de transitar los primeros años de investigación con un importante vacío bibliográfico sobre el tema en nuestro país encontramos el trabajo de Silvia Lilian Ferro, Género y propiedad rural (2008). Este libro presenta un excelente estado de la cuestión con respecto a la brecha de género en la propiedad rural procurando crear un marco de análisis con perspectiva de género que visibilice las características del acceso a los recursos productivos, particularmente el acceso a la tierra. El mismo se centra en la cuestión de género y tierra tomando “transversalmente” la estructura agraria para el caso argentino. Como sostiene a lo largo del libro, la tierra como factor productivo no significa lo mismo para los diferentes estratos agrarios. Una primera diferenciación respecto de nuestra investigación es la definición que hace de la estructura agraria argentina con predominio de una “agricultura empresarial de exportación” tanto de “gestión familiar” (agricultura familiar capitalizada) como “no familiar” (pools de siembra, fideicomiso, etc) (p. 15). A pesar de que la autora analiza diferentes situaciones a lo largo de la estructura agraria, mencionando distintas “identidades rurales”, la hipervisibilización de las mujeres “farmers” puede suponer una menor atención a otras mujeres (campesinas e indígenas) cuya presencia, y ella misma lo destaca, muchas veces ha sido desestimada para el caso argentino33. En este mismo sentido, otra diferenciación con nuestro estudio es que Ferro propone usar el concepto de propiedad en lugar de acceso a la tierra, argumentando que el concepto de “acceso” es “reduccionista”, en el sentido en que su usual asociación al tema “pobreza”, no permite captar cómo el orden de género incide en cada uno de los sectores socio-agrarios. Para ella este término es inclusivo de dos factores decisivos para el análisis: la propiedad legal + la vinculación productiva. Si bien para el caso de las mujeres chacareras o colonas parece más atinado el término, para el caso que hemos estudiado de las mujeres campesinas de Santiago del Estero, no tiene mucho sentido hablar de propiedad dado la alta situación de tenencia precaria de la tierra y la falta de titulaciones. Asimismo, vemos que este concepto presenta algunas dificultades para analizar el caso de arrendamientos, como otra de las formas de acceso a la tierra donde no corresponde la

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Muestra de esto, por ejemplo, son los cuadros que presenta al final del libro, en donde sólo ilustra cifras para la Región Pampeana. Este sesgo que presenta el libro también puede ser producto de un sesgo anterior que se debe a la falta de datos cuantitativos por sexo para todo el país.

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categoría “propiedad”. A nuestro entender, acceso da cuenta de algo más general, que puede o no involucrar la propiedad. Vale aclarar, además, que al utilizar el concepto de “acceso” nos referimos también a un acceso a lo productivo, una dimensión clave a la hora de analizar el derecho de las mujeres a la tierra. También ha sido publicado nuestro artículo sobre las mujeres campesinas en el Lote el Ceibal, en Santiago del Estero (Bidaseca et al, 2009) que presenta un primer acercamiento sobre la problemática de género y el acceso a la tierra a partir del estudio sobre un conflicto de tierra que, en junio de 2005, derivó en el remate judicial del lote. Allí observamos que las voces de las mujeres rurales en el Ceibal han sido y son silenciadas tanto por los discursos de los campesinos y campesinas como por los registros estatales (estadísticas y censos, legislación). Según comprendimos, hay determinados lugares en donde los saberes de las mujeres están legitimados y otros temas, como los relativos a la tierra, que les están vedados. Hay una jerarquía de saberes que se despliega en los vínculos entre los distintos actores. Asimismo, ahondando en el estudio de las mujeres y el derecho a la tierra, en el artículo Mujeres colonas, herencia y derecho a la tierra (Bidaseca y Vallejos, 2010), de pronta publicación, abordamos la problemática de desigualdad entre los géneros en la propiedad y el acceso a la tierra, desde las mujeres colonas del sur de Santa Fe, en un contexto de transformación de la identidad del sujeto chacarero en la zona pampeana. Para el análisis nos centraremos en los pueblos de Alcorta, Bigand y Maciel. Allí efectivamente pudimos comprobar una fuerte desigualdad de género en el acceso a la tierra. A pesar de que la herencia es la principal vía de acceso de las mujeres a la tierra, todavía hay una marcada tendencia a que los hombres hereden más y tierras de mejor calidad que las mujeres. Exceptuando estos trabajos no encontramos estudios específicos que se ocupen de indagar las diferencias construidas en torno al género en lo que respecta a la adquisición de tierras como propiedad privada, los derechos de propiedad de las viudas y la situación de los derechos de las mujeres a la tierra en situaciones en las que los campesinos y campesinas o comunidades indígenas poseen colectivamente la tierra. Los estudios que trabajan problemáticas similares centran su mirada en el proceso del surgimiento de la acción colectiva (Giarracca, 1994; Bidaseca, 2005) o en la (falsa) dicotomía espacio público/privado, producción/reproducción o invisibilidad del trabajo femenino rural (Biaggi, en Basco et. al., 1992; Bravo y Garrido, 1997; Buonaccorsi, 1998; Giarracca, 1998; Bidaseca, 2002; entre otros), dejando sin problematizar la desigualdad de género en el acceso a la tierra. Con respecto a otros estudios de género y ruralidad en Argentina destacamos, entre los más importantes por la cercanía con nuestro tema de investigación, la tesis de maestría de 31

Karina Bidaseca (2002) Nómades sin tierra… De hombres y mujeres poblando León Rougés en épocas de zafra y migraciones en Tucumán, en el cual la autora desmistifica las representaciones construidas en torno a las mujeres campesinas sumisas y exentas de capacidad agencial, cuando son las que permanecen en sus pueblos mientras sus esposos migran durante 6 meses, disponiendo del uso de los recursos materiales y simbólicos y manteniendo a su cargo la reproducción de los espacios domésticos y comunitarios; el trabajo de Biaggi, Canevari y Tasso (2007) que aborda un estudio sobre las mujeres rurales en la Argentina. En su trabajo destacan que las mujeres son “más vulnerables a las situaciones de pobreza, ya que tienen comparativamente menos acceso a la educación, menor acceso a la propiedad de la tierra, menor acceso al empleo, salarios más bajos por el mismo trabajo, menor oportunidad de acceso a trabajos estables y bien remunerados”; referido a las colonas, el estudio de Kristie Anne Stølen La decencia de la desigualdad. Género y poder en el campo argentino (2004), que procura profundizar en el análisis desde las relaciones de género, explorando la interacción de la economía con los procesos sociales y culturales. En su trabajo la autora también realiza un guiño a la problemática que queremos abordar, cuando sostiene que “el elemento más tangible del dominio masculino en Santa Cecilia se asocia con el acceso privilegiado de los hombres a los recursos materiales, en primer lugar la tierra, y luego la tecnología y el dinero” (2004:188); la tesis doctoral de Karina Bidaseca (2005) en la cual la autora se centra en los procesos de resistencia de las colonas a la pérdida de la tierra en el caso de las Mujeres Agropecuarias en Lucha. Desde un enfoque historiográfico en el campo del derecho, Blanca Zeberio (2007) realiza un análisis de las concepciones jurídicas sobre la propiedad, la familia y la herencia, en la segunda mitad del siglo XIX, enfocando los cambios y continuidades que tuvieron en los códigos argentinos (el Código Rural de la Provincia de Buenos Aires de 1865 y el Código Civil de 1869 -promulgado en 1871), que postularon con diferentes matices la propiedad privada como absoluta, individual e inalienable. Específicamente para Santiago del Estero son muy escasos los trabajos sobre género y ruralidad. Se destacan los trabajos de Canevari y Ramírez (2005), sobre salud y mujeres campesinas; el trabajo de Farberman (2005) sobre hechicería en el Tucumán colonial (que abarca la zona de la actual Santiago del Estero); los trabajos de Bravo (1995); y algunos trabajos publicados desde la Secretaría de Agricultura como el de Basco, Álvarez y Foti (1992) sobre mujeres rurales del NOA, que en uno de sus capítulos analiza concretamente el caso de un proyecto productivo en un grupo de mujeres de Figueroa. Particularmente para el tema del derecho de las mujeres a la tierra en Santiago del Estero, exceptuando los nuestros, no hemos encontrado ningún estudio. 32

2.4. La potencialidad de los estudios subalternos Como explica Dipesh Chakrabarty, desde los años ´60 hemos presenciado el desarrollo de una tendencia del estudio histórico de grupos subordinados conocida como “historia desde abajo” o “historia de las minorías”. Estos pasados silenciados remiten a todas esas historias que han sido omitidas de las principales narrativas de la nación, poniendo en evidencia que “la nación es siempre un resultado contingente de muchas narrativas enfrentadas” (Chakrabarty, 1999:88). A estos pasados que resisten la historización él denomina “pasados subalternos”, en la medida en que participan de mundos de vida subordinados. Estos nuevos enfoques se han centrado, cada vez más, en las formas de cultura y conciencia de los grupos subordinados. Subaltern Studies es el nombre de una revista que nucleó a un grupo de historiadores del sur de Asia. El objetivo que se planteó este grupo es el de recuperar el rol invisibilizado o negado de los sectores subalternos en la historiografía oficial, sobrepasando las dificultades que la historiografía, en tanto disciplina, le imponía a su proyecto. Constantemente se ha tendido a ver a los grupos subalternos como objetos privados de conciencia y como víctimas pasivas de la historia. Como señala Guha, uno de los fundadores y director de la revista que llevó el nombre del grupo, la empresa que se proponen ellos es la de romper con esta tradición histórica que se preocupa sólo por los fenómenos o sujetos sobresalientes en lugar de dar cuenta de las pequeñas voces de la historia, aquellas alejadas del Estado, los héroes o las grandes batallas. Guha señala que si queremos oír estas voces silenciadas por la historiografía oficial, debemos aprender a desarrollar las habilidades necesarias que nos lo permitan. En otras palabras, se trata de desarrollar una historiografía crítica “con el objeto de observar las huellas que ha dejado una vida subalterna a lo largo de su recorrido temporal” (Guha, 2002:17). Así, este grupo desafía algunas afirmaciones simplistas según las cuales la economía y sociedad sudasiáticas podían entenderse en términos de claras divisiones de clase. El interés de Guha por rescatar la agencia histórica de los sectores subalternos con el fin de dar cuenta del rol que han jugado en la construcción de la política dominante, marcando o determinando, de una u otra manera, sus límites y posibilidades, es lo que lo conecta a Antonio Gramsci y a sus puntos dedicados al estudio de las clases subalternas. Retomando el concepto de subalterno34, piensan esta categoría para dar cuenta de los atributos generales de la 34

En principio, Gramsci utilizó en sus escritos el término "subalterno" en alternancia con otros, como subordinado o instrumental, en el contexto de las descripciones sociales. La palabra "subalterno" se refería a

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subordinación en la sociedad del sur de Asia. Como una forma abreviada para referirse a un conjunto de problemas por analizar, la categoría de subalterno contenía ya en sí la posibilidad de fundamentar el análisis que profundizaban la articulación de principios diferentes, entrelazados de división social y dominación cultural, incluyendo comunidad y clase, casta y raza, oficio, etnia, género, nación, orientación sexual, etc. La “lectura en reversa” y el “saber escuchar”, dos de sus propuestas metodológicas, suponen adoptar como punto de partida, por una parte, la idea de que los archivos y las fuentes coloniales, a pesar de la lógica imperial que rige su constitución, llevan inscrita la palabra de los subalternos. Pero por otra parte, esto implica renunciar a la posibilidad de escuchar directamente esta palabra, de restituir la voz de los propios subalternos. Así, según el grupo sólo es posible rastrear esta voz a través de los síntomas que la lógica de la negación deja a modo de residuos en el orden del discurso dominante. Si bien el grupo parte de la disciplina de la historia, la meta que se propusieron continúa teniendo total vigencia en la medida en que desencadena toda una serie de cuestionamientos epistemológicos que intentan descentrar teórica y políticamente el eurocentrismo que suele teñir los estudios académicos sobre los sectores subalternos. Estas teorías, a nuestro entender, resultan muy sugerentes para correr el velo que oculta el problema de las mujeres y el derecho a la tierra. La apuesta que se proponen procura desarticular discursos que tienden a naturalizar sistemas de significado que son arbitrarios con el objeto de hacer visibles a los sujetos subalternos. Como expone Sandro Mezzadra (2008), el grupo de Estudios Subalternistas de la India ofrece un punto de vista particularmente interesante al definir uno de los rasgos sobresalientes de la condición subalterna: el de reconocer que la reproducción de las condiciones de subalternidad se encuentra en la negación radical de la palabra y de la capacidad de acción política de estos sujetos. Para Mezzadra (2008), la reconstrucción de los movimientos de subjetivación, de conquista de la subjetividad, puestos en marcha por figuras sociales definidas en estos términos negativos plantea varios problemas desde el punto de vista metodológico y teórico. Sin embargo, la riqueza de estos pensamientos radica en hacer del fin de la subalternidad el motivo dominante de las luchas anticoloniales, mucho después del fin formal del colonialismo. En este sentido, no puede limitarse a ser pertinente solamente para pensarse dentro de territorios que estuvieron históricamente sometidos a un dominio colonial.

todo aquello que tiene un rango inferior a otra cosa, y puede aplicarse, al ser una denominación relativa, a cualquier situación de dominio, y no únicamente a la de clase.

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Los objetivos de los Sublatern Studies han sido fuente de inspiración para aquellos que desde otras latitudes también intentan recuperar el papel de los sectores subalternos. En 1992 se crea el Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos, inspirado en el grupo de estudios dirigido por Ranajit Guha35. La definición de la categoría de sujeto "subalterno" que esboza el Grupo Latinoamericano en su "Manifiesto Inaugural" (1993) lo caracteriza como un sujeto social desterritorializado, cambiante e internacionalizado, no aprehensible desde las categorías de "nación" y "clase", y que abarca una multiplicidad "híbrida" de posiciones, entre las que se incluyen las siguientes: la masa de la población trabajadora, los estratos intermedios, los subempleados, los vendedores ambulantes, la gente al margen de la economía del dinero, los niños, los desamparados, las mujeres, las minorías sexuales, etc. Según ellos, todos estos sujetos habrían sido opacados por el análisis marxista ortodoxo y su unilateral acento en un "sujeto clasista unitario", que "velaba la disparidad de negros, indios, chicanos y mujeres" y excluía a "los sujetos improductivos" (en Castro-Gómez y Mendieta, 1998). Lejos de asumir acríticamente el modelo indio de teorización poscolonial en América Latina, algunos autores (Mignolo, 1998; Lander, 2003) han señalado que este modelo corresponde a un locus muy específico, anclado en las herencias coloniales británicas de la India. La mayoría de los países latinoamericanos nacieron a la vida independiente a principios del siglo XIX. Si bien a partir de entonces sufrieron la penetración de los intereses neocoloniales, primero, e imperialistas después, la experiencia histórica latinoamericana posee una especificidad que amerita un enfoque igualmente específico. Por ello, en lugar de convertir las teorías provenientes de la india en un modelo exportable a otras zonas periféricas, de lo que se trata es de investigar qué tipo de "sensibilidades locales" hicieron posible su surgimiento en América Latina. En su análisis, no sólo incluían el periodo colonial y nacional, sino también los efectos de la economía neoliberal y la globalización económica y comunicacional sobre América Latina, de manera que el proyecto latinoamericano de estudios subalternos fue concebido 35

Según describe Mignolo (1996), mucho antes de que Guha fundara el grupo indio de estudios subalternos, en América Latina se habían producido ya teorías que intentaban romper con los privilegios del discurso colonial. Él señala tres tipos de teorías, provenientes de diferentes locus de enunciación, que rebasan epistemológicamente los legados coloniales de la modernidad: la posmodernidad, el poscolonialismo y el posoccidentalismo. Mientras las teorías posmodernas expresan la crisis del proyecto moderno en el corazón mismo de Europa (Foucault, Lyotard, Derrida) y de los Estados Unidos (Jameson), las teorías poscoloniales hacen lo mismo, pero desde la perspectiva de las colonias que recién lograron su independencia después de la segunda guerra mundial, como es el caso de la India (Guha, Bhabha, Spivak) y el medio oriente (Said). Por su parte, las teorías posoccidentales tienen su lugar de producción en América Latina. Estas últimas empezaron a formularse a partir de 1918, cuando Europa comenzó a perder la hegemonía del poder mundial. Teóricos como José Carlos Mariátegui, Edmundo O´Gormann, Fernando Ortiz, Leopoldo Zea, Rodolfo Kusch, Enrique Dussel, Raúl Prebisch, Darcy Ribeiro y Roberto Fernández Retamar consiguieron deslegitimar epistemológicamente el discurso hegemónico y colonialista de la modernidad occidental.

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como una intervención en las relaciones que producen dominación y subordinación, no sólo en el pasado sino también en el presente. Como expone Beverley diferenciándose del grupo de la India, “no veíamos lo subalterno como algo esencialmente relacionado con la colonia, lo tradicional o lo pre-moderno, es decir, como un problema exclusivamente historiográfico o antropológico (de campesinos, pueblos indígenas, cimarrones, etc.), sino también como un concepto para designar el nuevo sujeto que emergía en los intersticios de la globalización”(2001, 3)36. Según Quijano37 (2003), la colonialidad38 es una estrategia constitutiva de la modernidad que permite, por su configuración, volverse invisible ante los ojos de los colonizados, ello posibilita la construcción de un imaginario social cimentado en una visión hegemónica distinta de América, una visión categorizada como inferioridad cultural en relación a Occidente. Éste, es uno de los motivos por los cuales el procesamiento de la alteridad, en este sentido, se configura desde la diferencia colonial, la cual tiene como eje la etno-racialidad. La diferencia étnica y cultural fue clasificada como atraso, inferioridad e incapacidad, es decir, devino en desigualdad social. A estas que describe Quijano sumamos también la diferencia de género. Así, la tensión que presenta nuestro problema de investigación se plantea no sólo con el feminismo y el derecho occidental, que hablan desde una posición estructural de poder, sino también con las identidades culturales locales, que suelen avalar tradiciones patriarcales. La apuesta desde esta perspectiva es poder crear nuevos lugares de enunciación, sacar del olvido a los olvidados y contribuir, desde la subalternidad, a la reordenación de la

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Como expresa el Manifiesto Inaugural, “El trabajo del Grupo de Estudios Subalternos, una organización interdisciplinaria de intelectuales sudasiáticos dirigida por Ranajit Guha, nos ha inspirado a fundar un proyecto similar dedicado al estudio del subalterno en América Latina. El actual desmantelamiento de los regímenes autoritarios en Latinoamérica, el final del comunismo y el consecuente desplazamiento de los proyectos revolucionarios, los procesos de redemocratización, las nuevas dinámicas creadas por el efecto de los mass media y el nuevo orden económico transnacional: todos estos son procesos que invitan a buscar nuevas formas de pensar y de actuar políticamente” (1993: 85). 37 A pesar de que Anibal Quijano no pertenece al Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos, sus reflexiones sobre eurocentrismo, colonialidad, nación y globalización, aportan interesante elementos de análisis a las problemáticas que aborda este grupo. 38 Siguiendo a Said (1996), nos referimos a la colonialidad en el sentido amplio que él le da a este concepto. “Lejos de ser una categoría confinada a expresar servilismo, y autocompasión, la de ´colonizado´ se ha expandido (...) para incluir a mujeres, clases sojuzgadas y oprimidas, minorías nacionales e incluso subespecialidades académicas marginadas...” (pág. 26). Quijano (2007) diferencia el término colonialidad del término colonialismo. Según él son dos conceptos relacionados pero distintos. El colonialismo está referido a un patrón de dominación y explotación donde “el control de la autoridad política, de los recursos de producción y del trabajo de una población determinada lo detenta otra de diferente identidad, y cuyas sedes centrales están, además, en otra jurisdicción territorial. Pero no siempre, ni necesariamente, implica relaciones racistas de poder. El colonialismo es, obviamente, más antiguo, en tanto que la colonialidad ha probado ser, en los últimos 500 años, más profunda y duradera.

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epistemología y a eliminar la diferencia colonial para pensar el futuro en un diálogo constante con lo diverso (Mignolo, 2002). A pesar del potencial que encontramos en estas teorías, Gayatri Spivak, que en un comienzo formó parte del Grupo de India, marca los límites del proyecto al subrayar la falencia de los Subaltern Studies en ver a la mujer, resaltando “la complicidad entre sujeto y objeto de la investigación; es decir, entre el grupo de Estudios de la Subalternidad y la subalternidad. Aquí también la tendencia de los historiadores no de ignorar, sino de renombrar la semiosis de la diferencia sexual como “clase” o “solidaridad de casta” (1998: 274). Para ella, la ausencia/invisibilidad de la problemática de género en el tratamiento de las contribuciones de los Subaltern Studies refleja un síntoma. Spivak utiliza el término subalterno para referirse al “último eslabón de la cadena de la explotación”. Ella expondrá la tesis de que el subalterno o la subalterna no pueden hablar, y no pueden hacerlo en la medida en que no tienen lugar de enunciación. No hay institución que escuche y legitime sus palabras. No puede llevar a cabo lo que se denomina un acto de habla, entre otras cosas porque carece de autoridad para hacerlo. Además, ella dirá que el subalterno es aquel que no puede ser representado. No habla ni podemos hablar por él. Es un silencio irrecuperable. Volveremos sobre este punto más adelante.

2.5. Perder la miopía Como hemos mencionado previamente, en los últimos años se han desarrollado numerosos trabajos que abordan la problemática campesina en la Argentina, particularmente en Santiago del Estero. Asimismo, los estudios rurales latinoamericanos comenzaron a consolidar una línea de investigación sobre la relación género y acceso a la tierra entre mujeres campesinas e indígenas, que debido a la invisibilización de las comunidades rurales, y más particularmente de las mujeres rurales, en nuestro país todavía no ha sido pertinentemente estudiada. En Argentina la heterogeneidad se homogeniza en función de un modelo modernizador para dar continuidad al control no solo de territorios, sino también de saberes, cuerpos, producciones, imaginarios. Todo ello se basa en una visión patriarcal en donde los lugares y saberes de las mujeres son relegados. Las mujeres rurales son inteligibles39. El género como categoría de análisis resulta fundamental ya que implica tomar en consideración

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Siguiendo a Butler (2006), por inteligibilidad entiendo la capacidad de un ser humano de ser leído y reconocido en el tiempo y el espacio social en relación a otros.

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todo un conjunto de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores sociales que no suelen ser tomados en cuenta. Tradicionalmente, los estudios de género en los estudios rurales han estado dominados por el enfoque materialista. La principal preocupación era superar el capitalismo. La explotación de las mujeres se pensaba como una derivación de la opresión de clases, por lo que la lucha de clases se concebía como la forma de superar la desigualdad de género (Stølen, 2004). Esta visión sigue estando vigente hoy en día, y suele pensarse al problema de género como un problema secundario que deberá resolverse luego de superado el problema de los campesinos y su derecho a la tierra. Contemplando este sesgo, vemos que tanto el grupo de Subalternistas de la India como el que se gestó en Latinoamérica tuvieron su origen en una discrepancia epistemológica en torno a la determinación ontológica del sujeto histórico. El término controversial era el de proletariado, término inconmensurable con el tipo de constitución socio-cultural tanto de la India como de Latinoamérica. Pensar las particularidades de estas poblaciones requería un ajuste teórico que los llevó a adoptar la noción de subalternidad, un término genérico que abarca clase, género, casta, oficio, etnia, nacionalidad, edad, cultura y orientación sexual. Es decir, todo lo comprendido dentro de la dominación. Esta apertura resulta sumamente sugerente para leer nuestro caso de mujeres y campesinas. Algunos autores sostienen que estas teorías que ponen de relieve la importancia de los "nuevos movimientos sociales" y la "multiplicidad de pequeñas historias" coexistentes que no son susceptibles de ordenación jerárquica, suponen, a fin de cuentas, concluir que la clase dominante se habría desvanecido o habría disuelto su poder en la "microfísica" de identidades fragmentarias y desarticuladas, con el subsiguiente perjuicio de privar al pensamiento crítico de una categoría fundamental como la de clase para explicar el modo de producción capitalista (Fernandez, s/f). En la teoría marxista, la subalternidad se construye a partir de la relación del sujeto con su circunstancia histórica, inscrita dentro de los medios de producción. Esta constitución suscribe entonces los principios de la "determinación económica" y de la economía como "instancia última". El hecho de considerar la base económica como determinante de toda lucha subalterna, implica negar toda posición de sujeto que no sea la de clase, como también las luchas que desbordan al estado o al colonialismo, lo cual deviene en una mirada elitista de la agencia. Los estudios subalternos superaron desde sus inicios este sesgo. El giro que realiza el Grupo de Estudios Subalternos de la India es radical al suponer la multi-localización de la subalternidad, que ocurre al desplazar el concepto único y ordenador de "clase social" para 38

sustituirlo por conceptos alternos (sin por esto desestimar las relaciones de clase). Este giro aporta nuevas miradas al estudio de otras problemáticas, como la de género, que no son cabalmente contempladas desde la epistemología marxista40. Cambiar el lugar de reflexión y sus categorías, discernir los modos de producción de hegemonías y subordinaciones en el campo cultural, entendido como fábrica de lo simbólico. Así, el lugar de la subalternidad empieza a ser desplazado hacia una teoría de la recepción, de la lectura, de la interpretación, que subraya los modos de construcción en la sintaxis, los hiatos y los silencios. Para el grupo de la India, “La «contemporaneidad de lo no contemporáneo» (los elementos «arcaicos» puestos en juego por las revueltas campesinas en su desafío del dominio ejercido por el imperio más «moderno» que la historia haya conocido) se tornó así en un problema teórico fundamental. Y trabajar en torno a este problema permitió articular una crítica corrosiva de las propias modalidades bajo las que tiempo histórico y político se habían unido alrededor de una idea específica de progreso en el «marxismo occidental».” (Mezzadra, 2008:25) Como destacan algunos autores (Mignolo, 1998), el supuesto de clase fue y todavía continúa siendo un reduccionismo limitante desde donde se suele pensar la política emancipadora. El auge de numerosos y novedosos movimientos sociales que se levantaron frente al régimen capitalista en las últimas décadas articulados en torno a identidades diversas, poniendo en cuestión al régimen capitalista pone en jaque el alcance de las teorías que piensan únicamente a la clase trabajadora como sujeto revolucionario. A pesar de las apreciaciones con respecto a la clase que hemos hecho, nuestro análisis no considera como factor unívoco el cultural41. Si bien esta tesis no se centrará en ello, sostenemos que la exclusión de las mujeres a la tierra atraviesa toda la estructura agraria (ver Ferro, 2008; Bidaseca y Vallejos, 2010), y presenta sus especificidades en cada uno de los sectores. En este sentido, el factor de clase no puede ser desestimado al momento del análisis de las razones que están incidiendo en estas diferencias.

2.6. Algunas consideraciones sobre el género En los países latinoamericanos, y particularmente en el caso de las mujeres campesinas que estamos estudiando, está exacerbado un proceso estático de construcción de las identidades que marca una huella profunda en la forma de participación y acción de los

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Ver, entre otros, Eisenstein (1980), Sanchez Bringas (1986), Nicholson (1990). Para una reflexión sobre la aparente distinción estable entre la vida material y cultural ver el artículo “El Marxismo y lo meramente cultural” de Butler (2000). 41

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sujetos. Lo que buscaremos es transitar por diferentes caminos que nos permitan escuchar una multiplicidad de voces femeninas que desde algunos paradigmas son acalladas. Profundizando la crítica a las grandes narrativas de la modernidad, nos situamos desde una perspectiva que supere los debates del feminismo occidental en torno a la identidad y diferencia, reconociendo que no hay una Mujer universal por la que el feminismo pueda hablar. Como analiza Mohanty, el “discurso feminista sobre el tercer mundo que asume una categoría o grupo homogéneo llamado mujeres opera necesariamente a través de la construcción de divisiones de poder originarias” que encierran el problema en estructuras binarias estancas (2008:37). Según ella, el género debe ser abordado como una variable teórica más que no puede ser separada de otros ejes de opresión. Un sistema de género implica todo un conjunto de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores sociales. En este sentido, entendemos al género como una construcción cultural y social, cuyas fronteras varían a lo largo del tiempo, modificando los territorios sociales y culturales asignados a mujeres y varones. Estos límites suelen transmitirse de manera implícita a través del lenguaje y otros símbolos. La categoría de género lleva al reconocimiento de una dimensión de desigualdad que hasta entonces no había sido abordada, generando así una de las rupturas epistemológicas más importantes de los últimos años. Para Judith Butler (2001), el género es el significado cultural que el cuerpo sexuado asume. Entendido de este modo, el género es un constructo cultural que sólo tiene sentido dentro de un marco de regulación de los cuerpos y de significados para su control. Estas construcciones son tomadas como verdaderas, estableciéndose mecanismos que permiten perpetuar la creencia de una causalidad entre sexo y género. Así, los modelos genéricos construyen sobre las diferencias sexuales orgánicas un sistema de desigualdades legitimado social y culturalmente. Las relaciones de dominación no son ahistóricas sino que continuamente se reproducen desde los individuos y desde las instituciones, ejerciendo tanto una violencia física como simbólica que los dominados van internalizando. Teresa de Lauretis (1992) ha señalado que “la relación entre las mujeres en tanto sujetos históricos y el concepto de la mujer tal y como resulta de los discursos hegemónicos no es ni una relación de identidad directa, una correspondencia biunívoca, ni una relación de simple implicación. Como muchas otras relaciones que encuentran su expresión en el lenguaje, es arbitraria y simbólica, es decir, culturalmente establecida” (citado en Alcoff, 1988: 10). Espinosa (1999) citando a Foucault, por su parte, señala que los sistemas de poder producen los tipos de sujetos que necesitan para su permanencia. De esto, supone Espinosa, se 40

deduce que estos sistemas de poder crean y definen las identidades necesarias para el control de los sujetos, es decir, las identidades funcionan como control de la subjetividad, como una forma de dominación simbólica. Así, quién soy depende de lo que se determina que sea. Para Espinosa, la identidad no es nunca una identidad autodefinida. Asimismo, las identidades no son naturales ni estables sino que las subordinaciones han producido sistemas de diferenciación artificiales, estáticos, estables, predeterminados, que han llevado a la construcción de estereotipos de identidad. “Así, si eres de un sexo determinado se presupone que deberás tener un género determinado” (Espinosa, 1999: 2). En esta distribución sólo son aceptadas determinadas identidades prefijadas por el sistema. Como hemos dicho, el género es una construcción cultural y por lo tanto se da en contextos relacionales específicos. La identidad femenina se construye no sólo a partir de la asignación de roles y la diferenciación respecto del hombre, sino también es un proceso de construcción de la identidad por la vía de la diferenciación con otras mujeres. Este debate “eurocéntrico” entre los feminismos se construyó a partir de la mirada sobre las experiencias de las mujeres europeas, blancas y de clase media, marginando las realidades diferentes de ciertas mujeres, como las campesinas latinoamericanas. En este sentido, muchas de las reivindicaciones del feminismo europeo y angloamericano no son válidas en las sociedades que estamos estudiando (ver Bidaseca, Mariotti, Vallejos, Vázquez, 2007a; Bidaseca, 2010). Sintetizando los debates del feminismo, Linda Alcoff explica dos de las grandes respuestas que se han dado al problema del concepto de mujer desde occidente. Por un lado, el feminismo cultural, también conocido como la corriente esencialista del feminismo, que es definido por ella como la "ideología de una naturaleza o esencia femenina reapropiada por las mujeres feministas en un esfuerzo por revalidar los desvalorizados atributos femeninos, cuyo enemigo es la masculinidad misma, en tanto biología masculina" (Alcoff, 1989:2). Esta postura supone una identidad innata, una concepción homogénea, no problematizada y ahistórica. Por otro lado, desde el pos-estructuralismo o nominalismo se plantea que la categoría de "mujer" es una ficción, y que los esfuerzos feministas deben ser dirigidos a desmantelarla. Esto supone un feminismo negativo, es decir, termina por suponer que los géneros son invisibles y las particularidades de los seres humanos son irrelevantes (Alcoff, 1989:6). El feminismo cultural se basó en la idea de desigualdad y su búsqueda apuntaba a transformar el discurso misógino sobre los sexos, y conquistar así la igualdad en términos legales, civiles, políticos y sociales. Desde el feminismo pos-estructuralistas, la llamada segunda ola del feminismo, se introdujo el concepto de diferencia como noción explicativa, al 41

pensar al género como categoría diferente a la de sexo. Este concepto permitió comprender la diferencia como algo no-jerárquico, reconociendo que las mujeres tienen características específicas diferentes pero no inferiores a las de los varones. (Fernandezn, s/f) El concepto de género como diferencia sexual, en términos de Teresa de Lauretis (2000), pasó a limitar el pensamiento feminista crítico en el cuadro conceptual de una oposición universal de sexo: la mujer como diferente del varón, ambos universalizados o la mujer como diferencia pura y simple y, por tanto, igualmente universalizante. Además, se asumía sin cuestionamiento alguno que la palabra mujer era sinónimo de mujer, blanca, de clase media, dejando con ello a las mujeres de otras razas, clases sociales, etnias. A partir de esto, Alcoff (1989) intenta una respuesta planteando una propuesta para construir una tercera alternativa, superadora de las dos anteriores: recupera los aspectos positivos que ella encuentra en ambas corrientes del feminismo, dentro de un proceso dialéctico. Tomando en consideración los aportes de Teresa de Lauretis y Denise Riley, sugiere el concepto de posicionalidad que puede explicarse como el hecho de que "ser mujer" es tomar una posición dentro de un contexto histórico en movimiento y ser capaz de elegir qué hacer desde esta posición, y cómo alterar el contexto (Alcoff,1989:15). Según ella, esto es fundamental para articular una política feminista sobre el reconocimiento de que existen diferentes intereses y de que la posición de la mujer cambia histórica, cultural y políticamente. En los ´80s Judith Butler propone un giro a los análisis sobre la identidad de género y sexual. El género, lejos de ser una verdad anatómica o psicológica, aparece como una ficción cultural, como el efecto performativo de una repetición estilizada de actos que acaban naturalizándose (Butler, 2001). La propuesta de Butler (2001) señala que el género no tiene ningún estatuto ontológico fuera de los actos que lo constituyen. Propone la deconstrucción de las categorías básicas del feminismo y pone en cuestión el uso normativo del concepto político “sujeto”. Usar esta categoría supone fundamentos incuestionables, de modo que el proceso deconstructivo busca, en su opinión, fundamentos contingentes. Butler cuestiona la idea de un sujeto estable de la política en tanto ello cierra un determinado campo y, consecuentemente, excluye otros. Cuando la teoría define un sujeto de la política, lo que hace es constituirse ella misma como un campo privilegiado fuera del cuestionamiento político. A juicio de esta filósofa, el sujeto está constituido por una exclusión y diferenciación que es ocultada, revestida por el efecto de autonomía. Esta autonomía no es más que una dependencia no declarada. Cuestiona la idea de construir un sujeto emancipatorio “mujeres”, en tanto, “mujeres” se utiliza como una categoría que no se incluye ni en la de los opresores ni en la de los oprimidos. Habría que construir la categoría “mujeres” explicando los procesos de 42

exclusión que han constituido a las mujeres y no presuponer el sujeto “mujeres” como sujeto de la emancipación. Este tipo de perspectivas vuelven a poner sobre el tapete el tema de la homogeneidad de determinada cultura que impiden ver las particularidades que se establecen al interior de los grupos, así como también el cambio que se va produciendo históricamente. No podemos pensar la cultura como un universo cerrado y estático42. La dificultad de concebir “espacios homogéneos”, sujetos homogéneos y esta ruptura con las estructuras tradicionales de concebir a los sujetos con base a la otredad androcéntrica y, en el caso de la crítica que se hace al feminismo occidental, con base a la otredad femenina eurocéntrica, rescatamos la propuesta de los feminismos que se producen en la búsqueda de resignificación del sujeto con base a nuevos lugares de experiencia.

2.7. La subalterna del subalterno: mirando a las mujeres campesinas desde las márgenes “Tengo a todos en mi contra. A los hombres, porque pido la emancipación de la mujer. A los propietarios porque reclamo la de los asalariados. El hombre más oprimido puede oprimir a otro ser, que es su mujer. La mujer es la proletaria del proletario”. Flora Tristán (citado en Gamba, 2008). “Ninguna identidad subalterna puede ser pura y transparente; la mayoría de los subalternos son sujetos tanto dominados como dominantes, dependiendo de las circunstancias o ubicación en las que los encontramos” (Mallon, 1996: 111).

Los debates feministas que denominamos desde las márgenes43 han tenido como tema fundamental, lleno de implicaciones tanto desde el punto de vista teórico y político como desde el punto de vista historiográfico, la crítica a una representación estereotipada de las mujeres subalternas en tanto simples víctimas de dispositivos de sometimiento y reducción al silencio44. Como advierte Mohanty (2008), desde algunos abordajes feministas que ella denomina “occidentales”45 suele haber una concepción de la “mujer del tercer mundo” como 42

Raymond Williams (1980) argumentó que la cultura debe ser entendida como una negociación o "...configuración interrelacionada de culturas arcaicas, residuales y emergentes", donde lo que es distintivo no es la cultura emergente sino la forzosa relación de la tradición selectiva con la hegemonía cultural. 43 Por la vastedad y heterogeneidad de producciones que son comprendidas dentro del feminismo que denominamos desde las márgenes, y a los efectos de esta tesis, sólo mencionaremos algunos de los puntos más destacados que, creemos, aportan luz a nuestro problema de investigación. No pretendemos plasmar aquí la amplitud de miradas y teorías que se han producido alrededor de estas perspectivas. 44 Nos referimos, entre otras, a las críticas al feminismo occidental y al mismo Grupo de Subalternistas de la India (recuperando la crítica que Spivak hace al grupo) en la determinación de esta representación. 45 Como ella misma aclara, la “referencia al “feminismo de Occidente” no pretende de ninguna forma sugerir que se trata de un conjunto monolítico. Más bien busco hacer notar los efectos similares de varias estrategias textuales utilizadas por escritoras que codifican al Otro como no occidental y, por tanto, (implícitamente) a sí mismas como “occidentales” (Mohanty, 2008:2).

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un sujeto monolítico singular, cuya imagen está construida de forma arbitraria y homogeneizante. En la búsqueda por comprender las especificidades de las mujeres campesinas no adscribimos a algunas teorías que asocian al campesinado y a las mujeres con determinados marcadores culturales que generan categorías estancas, ya que esto implica una naturalización de los hechos sociales e históricos que generan las diferenciaciones. Este intento de caminar otras teorías justamente busca leer desde otros paradigmas las distintas prácticas, tratando de ver las particularidades y rasgos distintivos, y procurando un corrimiento de los estereotipos que suelen marcar las investigaciones rurales hechas desde las ciudades y desde una mirada masculina o masculinizada. Es necesario centrar la atención en las complejas intersecciones constitutivas de las relaciones de subordinación a las que se enfrentan estas mujeres. Marcamos entonces distintos tipos de subalternidades para el caso de las mujeres campesinas de Santiago del Estero: como mujeres y como pobres, poniéndose en juego su subordinación frente a los hombres, la negación de su condición desde el feminismo blanco del “primer mundo” y la invisibilización de su condición rural en una argentina pampeana y urbana (Bidaseca et. al, 2007; Vallejos, 2007; Bidaseca, 2008). Frente a la epistemología feminista tradicional que presenta al sujeto como una abstracción con facultades universales e incontaminadas de razonamiento y sensación, desde estos feminismos de las márgenes se argumenta que el sujeto del conocimiento es un individuo histórico particular localizado cuyo cuerpo, intereses, emociones y razón están constituidos por su contexto histórico concreto. Junto con pensadoras y militantes como bell hooks, Gayatri Spivak, Saba Mahmood, Gloria Anzaldua, Silvia Rivera Cusicanqui, Rita Segato, Sueli Carneiro, Ochy Curiel, entre muchísimas otras, se alzarán las voces de crítica de los presupuestos etnocentristas del feminismo blanco y colonial, haciendo visibles los proyectos del feminismo negro, poscolonial, musulmán, latinoamericano, originario y de la diáspora que estimulan a pensar el género en su relación constitutiva con las diferencias geopolíticas de raza, de clase, casta, religión, de migración y de tráfico humano, entre otras. Esto ha abierto un espacio de reconocimiento y visibilización de determinadas posiciones de sujeto que desde otras perspectivas no eran reconocidas. Poniendo el foco en el riesgo de subrepresentar a las mujeres subalternas latinoamericanas ya Mendoza (2008) y Curiel (2009) se han ocupado de evidenciar en qué medida también en los feminismos latinoamericanos encontramos un origen mayoritariamente burgués, blanco, urbano y heteronormativo (en Espinosa, 2009). También Herrera (1999) en su estudio sobre las investigaciones desarrolladas en Latinoamérica que adoptan una 44

perspectiva de género, muestra cómo hay una explosión de los estudios dentro del campo de la identidad que, llamativamente, se han desarrollado en base a marcos conceptuales importados, sin que esta problemática pudiera efectivamente hacerse eco de la particularidad de los cuerpos racializados, empobrecidos, folclorizados de las mujeres latinoamericanas (en Espinosa, 2009). Como ya alertaba Mohanty (2008), hay una “colonización discursiva” de la práctica académica del feminismo “occidental” sobre las mujeres del “tercer mundo” y sus luchas que es necesario desmantelar. Este mismo argumento vale para “las académicas de clase media urbana en África o Asia que producen estudios académicos acerca de sus hermanas rurales o de clase trabajadora en los que asumen sus culturas de clase media como la norma y codifican las historias y culturas de la clase trabajadora como el Otro” (Mohanty, 2008: 2-3). Desde los paradigmas de la subalternidad, el pensamiento feminista se ha interesado en observar las diferencias entre las diversas experiencias femeninas atendiendo a las distinciones de las mujeres y enfatizando la necesidad de contextualización, siguiendo con la premisa de que la identidad de género no puede desgajarse de las particularidades culturales, raciales, de clase y sociales. Ya hemos descrito cómo el feminismo “occidental” ha asentado muchas de sus bases sin tener en cuenta las experiencias diferenciales de las mujeres de otras razas y culturas, más allá del paradigma euro-céntrico. Estas polarizaciones de las identidades en las que lo blanco, europeo occidental, opera como centro referencial para identificar “lo otro”, están lejos de ser tan dicotómicas e impermeables. María Lugones (2008) apunta precisamente a la existencia de interseccionalidades dentro de estas polarizaciones a partir de las mujeres que no se “fijan” ni en la imagen supuestamente universal de “mujer” ni en las imágenes de las poblaciones “otras”, por lo general manejadas desde una imagen masculina, ofreciendo así un panorama mas complejo que rompe con las categorías pretendidamente universales. En este mismo sentido han estado dirigidas varias de las apuestas teóricas de quienes piensan desde estos paradigmas: “Audre Lorde habla de la lesbiana negra como centro de la ´casa de la diferencia´; Chela Sandoval pone de relieve ´la conciencia opositiva´; bell hooks habla del ´desplazamiento desde los márgenes al centro´ y Gayatri C. Spivak de la ´conciencia subalterna´; Gloria Anzaldúa de ´la conciencia mestiza´; Trinh T. Min-ha centra su teoría en el ´otro inapropiado/ inapropiable´, Chandra T. Mohanty en ´la mujer del Tercer Mundo´, y así sucesivamente.” (Oliva, 2004: 6-7).

Por su parte, asumiendo que el poder social está en cambio constante, Chela Sandoval habla de una conciencia “opositiva”, una nueva subjetividad cambiante, táctica y 45

estratégicamente, que cree la posibilidad de dar respuestas dinámicas, flexibles y tácticas. Esta conciencia debe poseer la capacidad de volver a rearticularse dependiendo de las formas de opresión a las que se enfrenta (Oliva, 2004). Otra de las apuestas que aporta en esta línea está presentada en el libro colectivo compilado y editado por Gloria Anzaldúa y Cherrie Moraga, This Bridge called my Back: Writings by Radical Women of Color (1981), una colección de ensayos, poemas, cuentos y testimonios que quieren expresar las diferentes experiencias de las mujeres de color (chicanas, negras, asiáticas, etc.). Norma Alarcón afirma que “la conciencia como un lugar de múltiples voces es el sujeto teórico de Bridge” y paralelamente esas voces (o hilos temáticos) no se conciben como teniendo su origen necesariamente en el sujeto, sino como discursos que atraviesan la conciencia y con los que el sujeto debe enfrentarse constantemente. Señala la necesidad de asignarnos múltiples registros de existencia. Lo que propone es un proceso de desidentificación con las formulaciones predominantes del sujeto teórico del feminismo anterior, “la mujer” (1990, en Oliva, 2004). Analizando las particularidades en una sociedad como la boliviana, Rivera (1996: 3) señala que el despojo étnico ha creado situaciones de “autonegación” que producen mecanismos de exclusión, de indios, cholos y cholas, mistis; de los espacios del discurso público y la ciudadanía. Ella sostiene que no hay que asociar a la etnicidad (y al género, agregamos nosotras) con marcadores culturales permanentes, porque esto equivaldría a naturalizar hechos que son sociales e históricos. Sugiere que “la etnicidad debe relacionarse con la huella prolongada del colonialismo interno, el cual ha ido modelando las inclusiones/exclusiones a la vez étnicas y genéricas que han erosionado profundamente los antiguos poderes simbólicos y sociales detentados por las mujeres indígenas, pero sin ofertarles nuevos espacios de autoafirmación”46. El potencial que asumen estas posiciones y que resalta Femenías (2007), es que gracias a estos descentramientos de las teorías que sugieren estos nuevos feminismos se produce un lugar de apropiación que da por resultado el resquebrajamiento del discurso

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Siguiendo la línea de los estudios andinos que buscan renovar las perspectivas encontramos interesantes metodologías que se proponen saldar estas falencias epistemológicas y metodológicas. En los ´80 surgen una diversidad de equipos mixtos que proponen un contrapunto entre la reflexión de los/as intelectuales y los/as pobladores/as de las comunidades estudiadas. Así, autores como Arnold y Yapita “intentan un estilo de investigación más dialógico en el que privilegian las etnocategorías de sus interlocutores, aceptándolas como marcos conceptuales y reconociendo estos aportes como co-autorías”. También surgen en este período el grupo Aylly Sartañani, el grupo CENDA y el Taller de Historia Oral Andina(THOA). Estas perspectivas incorporan en su análisis el tema de la construcción social del género en el mundo andino, “en sus múltiples dimensiones simbólicas y categoriales, y poniendo énfasis en el lenguaje clasificatorio del propio grupo y en sus saberes prácticos expresados en diversas actividades” (Rivera; 1996: 52)

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hegemónico occidental, y pasa a resignificarse como un conocimiento situado47. Femenías dirá que justamente este “des(re)encuentro de las teorías feministas más heterogéneas” se produce como respuesta a diferencias de etnia, de clase, de orientación sexual, de nacionalidad, de lenguaje, de tradiciones” (p.3). La posibilidad de enunciar estas teorías alternativas abre el camino que permite una ruptura político-epistemológica de los escenarios que estaban naturalizados. Si bien no minimizamos las dificultades que suponen estas búsquedas, creemos que aquí se encuentra la potencialidad y el desafío al que nos enfrenta movernos en las intersecciones de clase, sexogénero, raza.

2.8. De mujer a mujer. Consideraciones metodológicas La elección de una metodología de investigación no es un simple problema técnico ni de instrumentación, sino que indica una visión del mundo, valores y posiciones personales, modos diferentes de concebir las relaciones y la existencia. Sostenemos que un planteamiento de investigación específico apunta a determinadas relaciones, interacciones, intenciones e intereses entre investigación, investigador y comunidades investigadas. En este sentido, la metodología cualitativa que privilegiaremos asume una visión de la realidad que enfatiza la importancia de la experiencia subjetiva de los individuos en la construcción del mundo social, las distintas traducciones de la vida, la vivencia de la existencia desde múltiples ojos y miradas. Lo que procuramos a lo largo de esta tesis fue lograr un mejor reconocimiento del universo particular de significaciones de los grupos con los que trabajamos. Como afirma Geertz (1987), debido a la importancia que otorga a la experiencia vivida de los participantes, la entrevista se convierte en un medio privilegiado de obtención de información y acceso al universo de significados del entrevistado. Las narrativas de los sujetos son insumos privilegiados que muestran los entrecruzamientos de culturas, de paradigmas, de tiempos, y de modos de percibir el entorno, la relación con los otros y la relación con el territorio. Recurrimos al concepto de descripción densa (Geertz; 1987) para significar un método que interpreta una cultura ajena mediante la descripción profunda y captación del proceso de estructuración simbólico; la subjetividad del investigador/a en el proceso de conocimiento; la relación entre la interpretación y la escritura.

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“Esa es la función de los lugares matriciales de los habla Homi Bhabha o de las zonas de contacto en palabras de Claudia de Lima Costa o de la frontera según Gloria Anzaldúa. Todos constituyen puntos de saturación que favorecen la traducción de significados en términos de alteración y reacomodación” (Femenías, 2007:3).

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Para realizar la investigación hemos tomado como unidad de estudio el departamento de Figueroa, en la provincia de Santiago del Estero, trabajando con las campesinas y campesinos que participan o participaron en distintas instancias de la lucha por la tierra. Entre el 2006 y el 2009 hice 5 trabajos de campo a Santiago del Estero. El primero en julio de 2006, de carácter exploratorio, y otros 4 en donde viajé a Figueroa: dos trabajos de campo en julio y octubre de 2007, uno en octubre de 2008 y otro en mayo de 2009, cada uno de una duración aproximada de una semana. En estos viajes de campo realicé un total de 36 entrevistas en profundidad. 17 de ellas fueron a mujeres y hombres campesinos de Figueroa48 (los dos hombres entrevistados participan de la Mesa de Tierras, algunas de las mujeres participan tanto de la mesa como de los grupos de mujeres, y otras participan sólo en los grupos de mujeres). Una entrevista grupal a un grupo de mujeres. 8 entrevistas a técnicos (abogados, sociólogos, agrónomos y agrimensores, entre otros) que trabajan con las comunidades de Figueroa en el asesoramiento de temas relacionados con la tenencia de la tierra y/o temas de género. La selección de los entrevistada/os se efectuó según los principios del método conocido como “bola de nieve”, a partir de un listado conformado en función de los contactos ofrecidos por informantes calificados, hasta alcanzar el grado de saturación teórica. Asimismo, complementamos el análisis con observaciones participantes en actividades y reuniones organizadas por las comunidades y por algunas instituciones de la provincia. Durante el tiempo que se desarrolló mi investigación participé como observadora en 3 reuniones de los grupos de mujeres, una reunión de la Mesa de Tierras y otras organizaciones de la zona con autoridades provinciales para discutir el proyecto de reconstrucción del Dique Figueroa, una reunión de la Mesa de Desarrollo de Figueroa y un encuentro entre movimientos campesinos del departamento. Aportan a estas observaciones la convivencia cotidiana con las familias campesinas de Figueroa y las numerosas charlas diarias con estas familias. No es un dato menor, a los fines de esta tesis, destacar la dificultad que encontré al intentar entrevistar a los hombres que participan en la Mesa de Tierras. A pesar de que he mantenido numerosas charlas con muchos de ellos, a causa del tema de mi investigación, a la hora de querer realizar la entrevista me derivaban con las mujeres. Si bien las dos entrevistas grabadas y las otras conversaciones informales mantenidas con ellos han resultado sumamente enriquecedoras para esta tesis, la suposición de que para trabajar el tema de mujeres y derecho a la tierra debía hablar solamente con las mujeres resulta llamativa. 48

Para preservar la identidad de nuestras y nuestros entrevistados hemos decidido no utilizar sus nombres reales. Los nombres que aparecen en las citas a lo largo de esta tesis son ficticios.

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En cuanto al trabajo de los datos secundarios, recurrimos al análisis socio-jurídico de la legislación provincial, nacional e internacional referente al derecho de propiedad y derechos de género. Sumamos, por otra parte, el análisis estadístico de algunos datos tomados del Censo Nacional de Población de 2001 y del Censo Nacional Agropecuario de 2002, que complementan el estudio. Hay una falencia importante que obstaculiza la posibilidad de interpretar los problemas que a esta tesis preocupan, articulando los trabajos cualitativos con datos cuantitativos. Nos referimos a un factor nada desdeñable que dificulta el análisis a la hora de estudiar la tenencia de la tierra: la falta de datos “duros” que hablen sobre el acceso de las mujeres a la tierra49. Los censos agropecuarios que se realizaron en nuestro país no toman en cuenta la variable sexo, dificultando el estudio cuantitativo e invisibilizando aún más esta problemática. Al respecto, un problema importante que señalan Deere y León (2000) es que los censo agrícolas y las encuestas principales que se han adelantado en América Latina prestan poca atención o no consideran la propiedad de los recursos por género y la forma en que éstos se adquieren. Por otra parte, los censos no suelen preguntar quién es el propietario legal y pocos indagan sobre la forma en que se adquirió la tierra50. Como expresa López (2006), “Los censos hacen mucho más que simplemente reflejar una realidad social, juegan un papel clave en la construcción de esa realidad. Constituyen uno 49

Durante mis trabajos de campo en la Ciudad de Santiago del Estero intenté obtener algunos datos “duros” que aportaran información sobre la propiedad y/o posesión de la tierra diferenciada por sexo, pero lamentablemente, y a pesar de que elaboré diferentes estrategias para rastrear algún elemento que ampliara la información, no pude obtener ningún dato oficial en este sentido. Fui varias veces a la oficina de Catastro, en donde a pesar de que se mostraron muy amables no pude obtener datos concretos. Según me explicaron, los registros van cambiando a cada momento (ellos tienen datos de los planos aprobados, por lo que los titulares no necesariamente son propietarios, sino que también pueden ser poseedores) y ellos no tienen datos estadísticos de las titularidades. Muchas de las cosas que me mostraron eran muy viejas, varias de fines del 1800. En estos planos y listados había gran predominancia de titulares hombres. También fui al Registro de la Propiedad, en donde me habían dicho que podría solicitar una nómina de los titulares de dominio del departamento. Nuevamente aquí encontré un vacío de información. No tenían las nóminas de los titulares, tampoco hay estadísticas realizadas ni ningún tipo de trabajo sistematizado en este sentido. Otro de los lugares en donde busqué saldar este vacío fue en la Dirección de Riego. Mi objetivo era ver si podía conseguir algún dato sobre los titulares del pago del canon de riego. Como en los casos con los que trabajamos en Figueroa los campesinos no son propietarios de sus tierras sino que son poseedores, muchas veces sin los trámites de mensura iniciados, una alternativa posible para observar a nombre de quién se realizan las titularidades sería rastrear los nombres de quienes pagan el canon de riego (y por lo tanto tienen herramientas legales para aducir la posesión). Averigüé si tenían algún tipo de registro estadístico de los titulares, o si podían facilitarme una plancha catastral en donde figuraran los titulares del pago. También sugerí como posible alternativa la de rastrear a un mismo titular (de alguno de los campos de Figueroa) a lo largo de los años, para ver si en general quienes figuraban eran hombres o mujeres, pero nuevamente aquí encontré un obstáculo. 50 Dada la falta de información al respecto, lo que Deere y León (2003: 925-947) observaron es que, teniendo en cuenta la construcción social de género mediante la cual la agricultura se considera una actividad masculina, se debe suponer que pocas mujeres al responder el cuestionario del censo se declararán como agricultoras principales a menos que sean las propietarias y/o jefas de familia y que no exista un hombre adulto residente en el hogar. La salida que ellas encuentran es inferir que, dadas las normas de género prevalecientes, las mujeres que se declaran como agricultoras principales de una finca propia son de hecho las propietarias.

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de los mecanismos de encuadramiento de las poblaciones que el poder público utiliza. La lucha por las clasificaciones [constituye] una de las más duraderas formas de seleccionar, excluir e imaginar un ‘problema social’, los ‘nacionales’ y una nación” (p. 268-275). Afortunadamente nuestro estudio cuenta con el apoyo invalorable de los datos obtenidos por el “Registro de Aspirantes a la Regularización de la Tenencia de la Tierra y Mensura”51, también conocido como el “Registro de Poseedores”. Si bien no contamos con datos de todas las experiencias de mensura iniciadas en el departamento, esto nos permitió conocer el sexo de los titulares que iniciaron su trámite de mensura mediante el apoyo del equipo, realizado en 8 departamentos de la provincia de Santiago del Estero. Asimismo, hemos podido extraer una pequeña muestra de los 6 casos que se relevaron en el departamento Figueroa. Esto nos ha permitido complementar nuestro estudio con datos cuantitativos que refuerzan los obtenidos en las entrevistas y observaciones participantes. Dadas las características de esta tesis, también resulta relevante introducir algunos conceptos desde la utilización metodológica del género en la entrevista. La problematización de las identidades en el trabajo de campo condujo a reflexionar acerca de las diferentes “posiciones de sujeto” que se pusieron en juego durante la investigación. La raza, etnia, clase social y género del entrevistador y del entrevistado juegan un papel determinante, y esto no sólo por la forma o estilo, sino por el contenido mismo que aborda la entrevista. Por todo ello, y para que no desaparezcan partes importantes de la vida de los entrevistados que no figuran en el lenguaje ordinario, es necesario poder desarrollar métodos de escucha que van más allá de las meras palabras52. Esto nos permitirá relevar el lugar diferencial y las relaciones de poder involucradas en las prácticas y las representaciones en el mundo social. Como categoría analítica nos permite además reconocernos como parte del mundo social que estudiamos y problematizar nuestras relaciones en el trabajo de campo. Como sostiene Bourdieu (2005: 207), “las relaciones lingüísticas son siempre relaciones del poder simbólico a través de las cuales las relaciones de fuerza entre los hablantes y sus respectivos grupos se actualizan de forma transfigurada. En Lenguaje y poder

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En abril de 2004, el Tribunal Superior de Justicia, en su nueva conformación luego de la intervención federal dispuso por la creación de una Oficina de Registro de Aspirantes a la Regularización de la Tenencia de la Tierra y Mensura. Aquí se reconoce la inseguridad jurídica de la posesión de las familias campesinas de la provincia y la alta vulnerabilidad a los desalojos, y se abre un marco favorable para que las comunidades puedan regularizar sus dominios. Para obtener la mensura gratuita, las familias campesinas deben acreditar haber iniciado el juicio de prescripción veinteañal, y haber obtenido el beneficio de litigar sin gastos. 52 Como sugiere Guha, “Escuchar es constitutivo del discurso. Escuchar significa estar abierto a y existencialmente dispuesto hacia: uno se inclina un poco hacia un lado para escuchar. Por eso es que hablar y escuchar entre las generaciones de mujeres es una condición de la solidaridad que sirve, a su vez, como base para criticar” (Guha, 2002: 27).

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simbólico, Bourdieu propone un modelo donde pone al lenguaje como medio o instrumento de las relaciones de poder, en lugar de un simple vehículo de comunicación. En este sentido, sugiere que el lenguaje debe ser estudiado dentro de los contextos interaccionales y estructurales de su producción y circulación (Bourdieu y Wacquant, 2005). En consecuencia, es imposible aclarar cualquier acto de comunicación con el análisis lingüístico como “única brújula”. En el acto del intercambio lingüístico se pone en juego una compleja red de relaciones de poder y se hace necesario tomar en cuenta la totalidad de la estructura de relaciones presentes, aunque muchas veces invisibles, en el intercambio. Hay toda una serie de variables que se ponen en juego en el momento de la acción comunicativa. La situación de entrevista en general muestra que no es sencillo establecer con el entrevistado una situación que guarde la distancia adecuada. Es el entrevistador quien establece las reglas, los tiempos, las preguntas, pero a pesar de esto, se trata de una situación interactiva, donde existe involucramiento, preconceptos mutuos, actitudes que develan y otras que ocultan, afectación por la situación del otro, etc. El entrevistado a su vez puede ejercer sus resistencias, no contestar ciertas preguntas, o responderlas tangencialmente, esquivamente. Pero consideramos la utilización de la entrevista como una herramienta clave que nos permitirá rescatar las singularidades, los sentidos, significados y simbolizaciones que se ponen en juego en al interacción. Así, se evidencia la necesidad de contextualizar los datos obtenidos, explicitando la información sobre quién los produce, con qué propósitos. De esto se desprende la importancia de llevar a cabo un análisis reflexivo de nuestro proceso de comprensión desde nuestras identidades generizadas (un proceso de autoconciencia) al intentar comprender otras relaciones sociales y de género. Este empeño en la búsqueda de significaciones y la cultura como principal dimensión de análisis, constituyen momentos de ruptura con otros enfoques epistemológicos tradicionales. Como relata Ana Domínguez Mon (2003:116), recién en los años ´90, de la mano de las antropólogas feministas, se empieza pensar en las implicancias de género a nivel metodológico, sobre todo en el trabajo de campo etnográfico. Esta postura implicaba tomar en consideración que “los valores que se asignan a los roles desempeñados por mujeres y varones en las distintas sociedades no son siempre los mismos. Los significados culturales acerca de lo femenino y acerca de lo masculino no son universales”. Se abre, de este modo, una nueva manera de aplicar las técnicas de trabajo de campo, incorporando formas particulares de mirar, escuchar y preguntar. “Pero mirar y escuchar, pensadas como actividades centrales en la práctica etnográfica, no son actividades inocentes. Quien mira y 51

escucha, siendo hombre o mujer, obtendrá diferentes resultados en el abordaje de los temas estudiados. Vale aclarar que con esto no entendemos tampoco que hay una mirada femenina unívoca. El momento de la entrevista supone una situación interactiva donde existe involucramiento, preconceptos mutuos, actitudes que develan y otras que se ocultan. Gran parte del conocimiento generado durante el trabajo de campo tiene que ver con la confianza mutua y el tipo de vínculo que se genera en el momento de la interacción; pero también, con el principio de la identificación parcial53 que permite indagar por oposición, contraste y reconocimiento. En este sentido, las narrativas de los sujetos son insumos privilegiados que muestran los entrecruzamientos de culturas, de paradigmas, de tiempos, y de modos de percibir el entorno, la relación con los otros y la relación con el territorio. Históricamente, las temáticas abordadas, la manera de concebir el trabajo de campo y de ordenar los datos estuvieron guiadas por una concepción masculina del mundo. Un tipo de abordaje comprometido desde la cuestión de género implica priorizar ciertos aspectos, utilizar determinados marcos conceptuales y ante todo elegir unos problemas cuya investigación contribuya a transformar la condición subalterna de las mujeres sosteniendo una mirada crítica de la realidad para cambiar la forma de producción del conocimiento rescatando los saberes, las prácticas y las voces de las mujeres con las que trabajamos, comprometidas con un hacer diferente, siempre conscientes de la dificultad y el desafío que esto implica. “Escuchar, como cualidad femenina, adquiere una relevancia diferencial cuando son mujeres las que escuchan a mujeres acerca de temas de mujeres, acerca de los problemas de la trastienda, acerca de aquellos temas considerados poco importantes por la producción del trabajo de campo” (Domínguez Mon, 2003: 121). Escuchar para poder preguntar.

2.9. El problema de la representación Uno de los principales cuestionamientos que se realizaron hacia los estudios subalternistas es el que enuncia Gayatri Spivak. Las teorizaciones de Spivak sobre la condición de subalternidad se alejan de la idea de que es posible la recuperación de la conciencia o de la voluntad subalterna, actividad que, a su juicio, no es más que una ficción

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La identificación parcial “significa, en principio, que partimos de nuestro propio estado contradictorio de ser y de conciencia […] no se trata sólo de reconocer que las otras mujeres tienen problemas. Implica también, reconocer lo que nos separa y distingue de las otras mujeres y lo que nos une” (Mies, M. 2000: pag 96 y 97).

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teórica que permite justificar el proyecto de lectura del grupo de Subaltern Studies. Frente a su silenciamiento histórico y textual, estas voces son irrecuperables54. En su obra ¿Puede hablar el subalterno? (1988), Spivak interroga por el sujeto de enunciación y sobre la posibilidad del sujeto subalterno de hablar. Además problematiza sobre el acto de escuchar a quienes están privados de derechos, pero también qué implica representar y traducir esas voces subalternizadas. Ella dirá que el sujeto subalterno es aquel que no puede ser representado. No habla ni podemos hablar por él. Spivak ilustra sus tesis sobre la irrecuperabilidad de la conciencia y de la voz del subalterno con el ejemplo de la práctica del sati, el sacrificio ritual de las viudas hindúes que se inmolaban en la pira funeral del marido55. Como explica la autora, esta práctica había sido prohibida en 1929 por la administración colonial, a pesar de que los británicos habían adoptado el principio general de respetar la ley hindú. Los británicos prohíben su práctica porque la entienden como un crimen y como una tortura, porque la encuentran repugnante y contraria a la razón. La élite colonizada, en cambio, promueve una versión nacionalista y romántica de la pureza, la fuerza y el amor de la mujer que se inmola voluntariamente. La lectura que hace Spivak es que la figura del sati desaparece entre las posiciones de sujeto que le asignan. La viuda está ausente, a pesar de que es objeto de una continua reescritura: “está ausente del discurso imperial, cuya fantasía y representación del sati es la del hombre blanco que salva a las mujeres de la brutalidad de los nativos y de una costumbre pagana y atroz; está ausente también del discurso nacionalista y patriarcal indio, cuya fantasía y representación del sati es que son las mujeres las que, libremente, escogen morir. “En ninguna de estas representaciones está la voz del subalterno: sólo es una ausencia, un momento de desaparición. Hay versiones de la voluntad de la viuda, pero son versiones de otros, porque las subalternas, las viudas, carecen de lugar de enunciación y de posibilidad de enunciar. El subalterno no ha dejado huellas que puedan ser recuperadas para producir una contra-historia: carece de posición desde la cual poder hablar y convertirse en sujeto. No produce un discurso. O,

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Para un abordaje sobre el problema de la representación ver Bidaseca (2010). Con esto Spivak está contestando también al análisis que realiza Guha (2003) sobre el caso de La Muerte de Chandra. Allí lo que se propone es hacer una lectura de una serie de discursos judiciales que recogen confesiones sobre la muerte de Chandra, a causa de un aborto. Guha quiere sacar a la luz las huellas de una solidaridad femenina que ha tenido que confrontarse con la hegemonía patriarcal. El aborto en el que colaboraron sobre todo mujeres, si bien tuvo un trágico desenlace, intentaba prevenir la destrucción social de Chandra. El accionar de ellas es, por tanto, “un acto de resistencia contra una tradición patriarcal que estaba a punto de exigir que una mujer más cayera víctima de sus mecanismos; y su resistencia cobró esa forma característica que a menudo adoptan las acciones de los oprimidos para subvertir los designios de sus opresores mientras aparentan plegarse a ellos”. Para Guha el caso ilustra cómo la mera presencia del subalterno tiene la virtud de cambiar los signos y sus significados culturales. También muestra cómo en el momento en que el subalterno transgrede su lugar asignado, empieza a ejercer su poder epistemológico. La posibilidad de una narrativa contra-estatal permite reconocer su agencia. 55

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si se prefiere, el sujeto se convierte en un lugar de conflicto de discursos, en la instancia a la que se le asigna voluntad y palabra” (Vega, 2008: 4).

La controvertida conclusión de su artículo deriva en parte de una doble noción: por un lado la incapacidad del sujeto subalterno de hablar (o de representarse a sí misma en un acto de habla) que es intrínseca a lo su condición de subalternidad, y por el otro, la incapacidad de ser escuchado. Cuando el sujeto subalterno supera esta barrera y su voz comienza a hacerse sentir, éste queda atrapado entre el deseo de representar su ser anterior y su subjetividad, ahora inserta en una nueva perspectiva. Por lo tanto, pierde, al menos parcialmente, su estatus subalterno originario. En este sentido, Spivak supone que cuando el subalterno/a rompe el límite y logra hacerse escuchar, pierde su condición de subalterno/a. De ahí proviene su afirmación de que el subalterno no puede hablar. La reflexión de Spivak de ninguna manera pretende negar la existencia de sujetos estructuralmente imposibilitados para afectar las relaciones que mantienen su condición marginal. Tampoco refiere a que el subalterno calle en sentido literal, sino que lo que busca denunciar es que la palabra del subalterno no alcanza el nivel dialógico ni accede a un lugar enunciativo. Ella busca dar cuenta de que, como señaló Foucault, el discurso produce “regímenes de verdad”, o en palabras de Deleuze, produce “realidad” (Rodríguez Freire, s/f). En un trabajo posterior56, Spivak (1999, en Sales, 2006) revisa su postulado y explica que, de lo que carece en realidad el o la subalterna es de la capacidad para hablar políticamente. Para ella la pregunta sobre quién habla es menos crucial que la pregunta sobre quién escucha. Spivak sostiene que el/la subalterno/a no puede hablar porque no es escuchado/a; no es escuchado en la medida en que no hay instituciones que escuchen y legitimen sus palabras. Lo que pone en cuestión aquí, es reconocer hasta qué punto quienes están/estamos en posiciones más favorecidas somos cómplices de ese silenciamiento de voces57. Coincidimos con Carvalho (2002) al decir que si puede o no hablar el subalterno no era y no es lo principal, pues su ensayo estaba dirigido más bien a aquellos y aquellas que pretenden “solidarizar” con los sectores marginales, hablando por ellos sin reparar en el hecho de que dicha práctica textual es fundamental para la reproducción de la subalternidad. El 56

Spiva, Gayatri ([1999] 2010). Crítica de la razón posolonial. Hacia una crítica del presente evanescente, Madrid, Ed. Akal. 57 Spivak ha dedicado varias reflexiones al problema de la representación y arriesga dos posibles tipos: Vertreten y Darstellen. “En el primer caso el intelectual habla desde el saber universal que le autoriza a tomar la palabra por los otros, sin tener que dar cuenta de su propia posicionalidad. Por el contrario en el segundo caso, el letrado sabe que su propio discurso se halla inscrito en una racionalidad burocrática de carácter selectivo que le impide cualquier tipo de “objtetividad”. Por ello en lugar de asumir un papel hegemónico, autorizado por la ciencia, que le permite mapear la sociedad y la cultura del “otro”, el letrado toma posición política al interior de los aparatos productores de saber. Lejos de querer representar la voz del otro, lucha por una transformación de las políticas académicas de representación” (Castro Gómez, 1998; en Bidaseca, 2008)

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planteo de Spivak impide hallar una salida fácil a la contradicción que supone la representación de las voces subalternas, provocando así una situación de incomodidad persistente. Queremos dejar en claro la problemática o los dilemas que suponen la representación de una voz marginal. Si recuperamos la crítica de Spivak, para qué puede servir la noción de subalternidad si desde un principio está condenada al fracaso, en la medida en que la voz del subalterno no se puede escuchar, y cuando se escucha, la misma deja de ser subalterna. ¿Cómo superar el estatuto de mudez y subrepresentación de la mujer subalterna latinoamericana, luego de estas advertencias? ¿desde dónde y cómo hablamos nosotras y cómo hacer para no subalternizar las voces de las mujeres campesinas? Como sostiene esta autora, la subalterna nada puede decirnos. Su voz permanece oculta debajo de los discursos que se producen sobre ella. El argumento de los trabajos de Spivak es que no hay, ni puede haber, una historia alternativa que pueda escribirse desde la posición del subalterno justamente porque no es posible recuperar su voz. Según ella el foco debería estar puesto en indagar y visibilizar una omisión o un silencio. En este sentido, el trabajo que aquí presentamos y nuestro lugar en la representación de estas voces no logra salirse de estos límites. No es nuestro propósito representar las voces subalternas, sino poder, por lo menos, abrir algunas rendijas que permitan escuchar sus ecos. Lo importante es lograr que esa voz silenciada por la hegemonía halle una vía de escape para ser escuchada. En este proyecto, que implica el establecimiento de relaciones entre la esfera central y el margen subalterno, la traducción58 aparece como una alternativa para hacer audibles las voces de las mujeres. En este sentido, la traducción contribuye a elaborar estrategias políticas para el feminismo, sobre todo en los casos en donde la traducción se abre como el único canal comunicativo posible para las mujeres que provienen de diversas comunidades lingüísticas y culturales, que tratan de dar cuenta de sus experiencias y necesidades. Por este motivo, algunos autores conciben al sujeto político subalterno como un sujeto en permanente traducción. Recordemos que, según Spivak, una de las posibles soluciones ante los problemas surgidos a un intelectual que tiene como intención representar de alguna manera al sujeto subalterno es la de tomar conciencia de su posición frente al 58

Spivak ha reflexionado teóricamente sobre la ética y la política de la traducción, en especial en su conocido texto “The Politics of Translation” (Spivak, 1993), donde despliega una mirada feminista y post-estructuralista en torno a la traducción poscolonial, criticando las estrategias de traducción occidentales, de tendencia homogeneizante, que interpretan las denominadas literaturas del Tercer Mundo como inmediatamente accesibles, desde una cierta neutralización de la diferencia. Ella se posiciona a favor de un determinado grado de literalidad, un discurso intermedio que quiebre el efecto de inmediatez en la comprensión de la traducción, y ofrezca al lector un sentido de la especificidad diferencial del original (en Sales, 2006).

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“otro”, aceptando que su discurso es un “reemplazo contestatario” y una “apropiación” artificial, proveniente de un lugar diferente al de dicho sujeto. La misma Spivak insiste en que el ejercicio que hay que hacer es el de “preguntarse, siempre y en todo caso, quién es representado y por quién, quién deja de ser representado y es, por ello, silenciado u omitido, y cuál es la mecánica de construcción y constitución de los hechos representados: cuáles son, en suma, las estrategias de disimulación y las costumbres narrativas del imperialismo” (Vega, 2008: 2).

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CAPÍTULO 3 La propiedad privada y las privadas de propiedad. Derecho y tierra en Santiago del Estero

“…el mantenimiento de esa ley dependerá de la repetición diaria, velada o manifiesta, de dosis homeopáticas pero reconocibles de la violencia instauradora. Cuanto más disimulada y sutil sea esta violencia, mayor será su eficiencia para mantener despierta y clara la memoria de la regla impuesta y, al mismo tiempo, podrá preservar en el olvido el carácter arbitrario y poco elegante de la violencia fundadora…” Segato (2003: 107).

El estudio del problema del acceso de las mujeres campesinas a la tierra en Figueroa requiere de una compresión sobre el conflicto más general de las transformaciones que se sucedieron en el medio rural luego de las reformas neoliberales y de los conflictos por la tierra, particularmente en Santiago del Estero. En este capítulo, entonces, partimos de una descripción del contexto en donde se manifiestan los conflictos por la tierra, para lograr comprender las particularidades del caso y las condiciones que impulsaron el surgimiento de la Mesa de Tierras de Figueroa. En un segundo momento, abordaremos algunas discusiones en torno al derecho que están implicadas en nuestro problema de estudio. Como señalan Deere y León (2000), si bien cuando se habla de acceso colectivo a la tierra no se está suponiendo una acceso diferencial para hombres y para mujeres, en la práctica, “…en el caso latinoamericano, los derechos colectivos a la tierra no necesariamente garantizan a todos los miembros de una comunidad el acceso a la misma” (Deere y León. 2000:15). La realidad es que muchas veces los usos y costumbres tradicionales imponen límites a los individuos a favor de lo colectivo, discriminando, en muchos casos, a la mujer. En este sentido, uno de los objetivos es dar cuenta de la contradicción que puede producirse entre distintos tipos de derechos: por un lado la contradicción entre el derecho positivo estatal y los derechos consuetudinarios; por el otro, la tensión entre derechos colectivos y derechos individuales y cómo entran en diálogo con los derechos universales. Si tenemos en cuenta que una de las principales demandas de las comunidades originarias y campesinas se refiere al derecho a la propiedad colectiva de la tierra que es la base de su identidad cultural, esto implica regirse por patrones de legalidad basados en sus usos y costumbres tradicionales que muchas veces entran en tensión con la legislación positiva estatal. Por otra parte, trabajar con los derechos de género supone apelar a esta legislación 57

positiva que, a pesar de algunas falencias, se ocupa de los derechos específicos de las mujeres. Enfocarse en los derechos individuales de las mujeres puede generar un conflicto de cohesión interna dentro de la comunidad59. ¿Cómo entra en juego esto si tenemos en cuenta que esta idea de comunidad es uno de los principales argumento que utilizan para reclamar los derechos colectivos a la tierra? Profundizando la crítica a las grandes narrativas universalizadoras de la modernidad, nos interesará pensar al derecho como productor de identidades fijas. Abordaremos los conceptos de diferencia y desigualdad que abre el feminismo para pensarlos desde el derecho y el debate jurídico que esta dicotomía habilita. Varias autoras (Pérez, 2000; Deere y León, 2000, Bidaseca, 2006), plantean que existen dos mecanismos de exclusión, aquellos explícitos o formales, y por otra parte los implícitos o informales, donde el peso de la tradición, con la sutileza de la reproducción sociocultural relega a las mujeres a las actividades propias marcadas por el sexo: el cuidado del otro, el trabajo rutinario, las tareas con poco prestigio, etc. En este mismo sentido, desde los estudios de género y tierra muchas veces también se hace referencia a la discordancia entre la igualdad formal entre hombres y mujeres que consigna la ley, y los alcances de la igualdad real, representada no sólo en la posesión de títulos de propiedad sino en el acceso, control y uso de la tierra. Siguiendo esto, nos centraremos en dos dimensiones analíticas para estudiar el derecho de las mujeres a la tierra. En un primer momento analizaremos los mecanismos formales de exclusión a partir del estudio de las legislaciones sobre el derecho a la tierra y el tratamiento que ellas hacen del derecho de las mujeres a la tierra. En los próximos capítulos ahondaremos en los usos y costumbres que campesinas y campesinos tienen con respecto a la tierra.

3.1. Comunidad y Territorio. Introduciendo algunos conceptos para comprender el caso santiagueño Las características particulares que los diferentes lugares geográficos con sus respectivos sujetos sociales imprimen sobre el territorio y sus distintos usos requieren una caracterización detallada del escenario concreto en donde desarrollaremos nuestra investigación. Claramente nuestro análisis no puede perder de vista la territorialidad que

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Como expresa Segato, “enfatizar las relatividades internas y colocar el foco en las perspectivas y voluntades diversas dentro de un mismo grupo puede llevar, peligrosamente, a la fragilización de la colectividad, debilitando sus intereses comunes y su unidad en la resistencia política. La acogida del standard de los DDHH por parte de un grupo, como por ejemplo las mujeres, al manifestar su insatisfacción y rebasar la jurisprudencia tradicional del grupo étnico, puede amenazar la permanencia de los derechos colectivos en los cuales se basa el derecho a la tierra y perjudicar el equilibrio de las relaciones de género, que ordenan una economía de base doméstica” (2004:10)

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plantea la lógica del agronegocio, y cómo esta entra en tensión con la lógica campesina. Tampoco podemos pretender igualar los distintos usos del territorio y transmisión de la tierra que podríamos encontrar, por ejemplo en la zona pampeana, dentro de una familia que posee un título de propiedad individual, con los usos y acceso al territorio que tienen las mujeres en una comunidad indígena en Jujuy, o los usos que tienen los y las campesinas santiagueñas. En este sentido, hay dos conceptos que se tornan relevantes y deben ser explicitados antes de iniciar el estudio sobre los derechos a la tierra en Santiago del Estero: el de territorio y el de comunidad. Encontramos que el territorio aparece como un concepto clave, estructurador de los conflictos en los cuales están en juego los distintos usos y sentidos del espacio geográfico. Lo territorial se presenta como algo central porque en estas disputas se anudan y confrontan actores y actrices sociales cuyas acciones implican modos distintos de comprender y habitar el espacio. En los últimos años se ha desarrollado un intenso debate que tiene como nudo problemático al territorio60. En términos de Robert Sack, la territorialidad se define como la “…estrategia de un individuo o grupo de afectar, influir o controlar personas, fenómenos y sus relaciones, a través de la delimitación y ejerciendo control sobre un área geográfica. Esta área puede ser denominada territorio” (1986:17). Como explica Benedetti (2005), Sack diferencia aquellos espacios que se delimitan, por ejemplo, para indicar (en un mapa o en un relato) la existencia de un determinado cultivo o la concentración de determinadas actividades industriales, de aquellos otros en los cuales se crean fronteras con el objetivo expreso de controlar el acceso al mismo. En el primer caso, el sujeto que delimita no crea territorios. Esta idea

involucra

relaciones

de

expropiación/apropiación,

de

presencia/ausencia,

de

inclusión/exclusión, y de algún grado de subordinación o dominación, material o simbólica. A su vez suponen siempre algún modo de clausura o cercamiento (delimitación y “fronterización”) de las extensiones que se quieren afectar, influir o controlar.

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Son ejemplos recientes de esta tendencia los trabajos sobre los procesos de “mundialización” o “globalización”, “localización” y “glocalización” (entre muchos otros, Haesbert, 2004; Milton Santos, 2005), los “movimientos socio-territoriales” o de base territorial (Fernandes, 2005; Giarracca y Wahren, 2005), las interacciones socioeconómicas y culturales en las zonas de frontera (Grimson, 2000), los mundos de vida de los sujetos en espacios rurales y rururbanos (Giarracca, Mariotti, Barbetta, Bidaseca, Gras y Rivas, 2003) y los territorios que se disputan los modelos agrícolas (Domínguez, Lapegna y Sabatino, 2006).

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Porto Gonçalves (2001), retomando a Bourdieu61, analiza el territorio como espacio geográfico a la vez que categoría espesa en la cual se condensan múltiples dimensiones de lo social. El territorio es apropiado por identidades que se fijan en éste a partir de procesos dinámicos y mutables, estableciéndose así, en cada momento, distintas configuraciones territoriales. Desde esta perspectiva cobra relevancia la dimensión territorial de las relaciones sociales. Esto supone comprender al territorio como una construcción social que condensa acciones y comportamientos múltiples, como el resultado del uso que hacen del espacio los hombres y mujeres, y no meramente en su sentido físico-espacial. Siguiendo a Heasbaert (2004) “Entendemos que no hay individuo o grupo social sin territorio, es decir, sin relación de dominación y/o apropiación del espacio, sea ella de carácter predominantemente material o simbólico” (p. 16). Así también adquiere relevancia la noción de temporalidad, como factor fundamental en la comprensión de la territorialidad y de la formación de los territorios. Entonces, el territorio es una construcción humana, “un cuadro de vida” (Santos, 2005) socialmente apropiado. Pero en tanto producto social, el territorio es algo inacabado, una realidad en permanente movimiento de territorialización62. Estamos frente a procesos de dominio (político-económico) y/o de apropiación (simbólico-cultural) que realizan los grupos humanos en un espacio determinado (Haesbaert, 2004). Es un espacio geográfico en el cual se articulan las diversas relaciones sociales. En este espacio tienen lugar múltiples e imbricadas relaciones de poder sustentadas en la posesión de distintos capitales pero sobre todo en el despliegue de distintas estrategias basadas en diferentes racionalidades y/o cosmovisiones. Mançano Fernandes (2005: 276) define al territorio como “el espacio apropiado por una determinada relación social que lo produce y lo mantiene a partir de una forma de poder. En la medida en que el territorio posee límites, fronteras, es al mismo tiempo, una convención y una confrontación, un espacio de conflictualidades” (nuestra traducción). Esta conflictualidad se define por el estado permanente de conflictos en un enfrentamiento de fuerzas políticas que buscan crear, conquistar, y controlar sus territorios. No podemos entender al territorio como algo estático. Porto Goncalves, en su libro Geo-grafías (2001) reconoce que el planeta es uno, pero los mundos son muchos. El territorio y el terruño son un

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Bourdieu (1999) sostiene que “la posición de un agente en el espacio social se expresa en el lugar del espacio físico en que está situado (…), y por la posición relativa que sus localizaciones temporales (…) y sobre todo permanentes (…) ocupan con respecto a las localizaciones de los otros agentes; se expresa también en el sitio que ocupa (por derecho) en el espacio a través de sus propiedades” (p. 120). 62 Para Deleuze territorialización, desterritorialización y reterritorialización, son movimientos que ocurren al mismo tiempo. Siempre que hay desterritorialización hay reterritorialización. Se desterritorializa para una nueva toma de poder en la mutación de las relaciones sociales en determinado espacio social (en Bidaseca et. al, 2007c).

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locus, un espacio en el que se asienta la cultura apropiándose la tierra: simbolizándola, significándola, marcándola. El “retorno del territorio” (Santos, 2005) parece consolidarse como un nuevo giro epistemológico, nacido en el seno de la geografía, pero rápidamente adoptado por otras disciplinas sociales. Cambiar el enfoque de la tierra al territorio supone sustituir una concepción “productivista” enfocada unívocamente en el “factor de producción”, por otra concepción que puede ser denominada “culturalista” y que enfatiza particularmente la dimensión subjetiva involucrada en la apropiación simbólica del espacio físico, en la que cobran relevancia los procesos identitarios (Gómez, 2008).

En el escenario que nos proponemos estudiar, entonces, se ponen en tensión distintas territorialidades. De un lado los territorios del agronegocio y de los agentes del capital63, del otro, los territorios del campesinado64, cada uno con maneras diferentes de organizarse, con concepciones diferentes sobre las relaciones sociales, sobre la vida, sobre configuración y control de ese espacio, su ordenamiento, sus usos, formas de circularlo, transitarlo, apropiárselo, transmitirlo, conservarlo, etc. Para la lógica capitalista la tierra es considerada como mercancía, con alambrados que permitan hacerla productiva, que impidan que puedan meterse las cabras y animales de los vecinos a pastar en un territorio privado. La otra es una cosmovisión campesina, con un uso comunitario de la tierra, con pozos de agua y montes para uso de toda la comunidad y una lógica que se corre de la lógica ganancial65. En directa relación con esto, el concepto de comunidad66, como uno de los principales argumentos que tienen los y las campesinas para reclamar sus territorios colectivamente, también se vuelve una noción fundamental al momento de comprender nuestro problema de investigación. Este concepto aparece constantemente en las narraciones de los campesinos y campesinas, así como también en los documentos públicos que se refieren a ellos. Recuperando los análisis que realiza De Marinis (2005), coincidimos en que el mecanismo es doble. Por un lado “desde arriba” el Estado apela a las comunidades como un modo de gobierno, se dirige a ellas y de algún modo promueve su constitución; y, por el otro lado, las 63

Como veremos páginas más adelante, los cambios en el país a partir del impulso de un nuevo modelo agropecuario están reestructurando el territorio en tanto uso del espacio físico. Dos son los principales procesos que caracterizan esta nueva dinámica: la actual articulación del país al sistema agroalimentario global y las innovaciones tecnológicas de la consolidada “revolución verde” y la reciente “revolución biotecnológica”. 64 Mencionamos estas dos, por la polaridad que suponen en su concepción y utilización del territorio, pero también se encuentran presentes, superpuestas con las arriba mencionadas, la territorialidad estatal y la indígena, por nombrar algunas otras. 65 Con esto no suponemos una mirada romántica de las comunidades campesinas por fuera de la lógica capitalista, pero sí creemos importante remarcar las diferentes lógicas que están operando. 66 Para un análisis sobre las teorizaciones en torno a este concepto recomendamos ver la reciente compilación de De Marinis (2010) “Comunidad: derivas de un concepto a través de la historia de la teoría sociológica”.

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comunidades fortalecen sus identidades y articulan sus demandas “desde abajo”. Así la “comunidad” como categoría nativa y como categoría analítica adquiere gran relevancia. Resulta inabarcable a los límites de esta tesis analizar la amplitud de teorizaciones dispares que recurrieron al uso del concepto de comunidad. Ya desde fines del 1800 los sociólogos clásicos como Tönnies, Durkheim, Weber, Marx y Simmel se abocaron “a la realización de una compleja construcción conceptual acerca de ´la comunidad´, planteada a menudo en fuerte tensión con su par dicotómico: ´la sociedad´” (De Marinis, 2010: 4)67. Como establece Tönnies, la comunidad era el reino de la Wesenwille, o voluntad esencial, natural y orgánica, y por su parte la sociedad, basada en el concepto de Kürwille, expresaba la voluntad racional o reflexiva. Lo que preocupaba, en última instancia, a los diferentes autores era dar cuenta del pasaje desde formas tradicionales de vida colectiva a la sociabilidad moderna. A pesar de que en algunos casos utilizan términos diferentes, todos estaban motivados por el despliegue progresivo de un proceso de racionalización, y con él, del avance y creciente predominio de las relaciones de tipo “societales” (De Marinis, 2005). La idea de “comunidad” pudo asumir por entonces significados muy diferentes para estos clásicos, y no sólo aquellos que resultaron de una mirada nostálgica y romántica del orden premoderno, de una consideración de la comunidad como algo anclado en el pasado68. En este sentido, la tarea que se propusieron no se restringió meramente a un ejercicio de recuperación de la vieja comunidad, sino que supuso comprender las formas que esa comunidad adoptaba en el período histórico en que ellos realizaron sus investigaciones. En estos sociólogos clásicos, idea de comunidad muchas veces también se plateó como salida frente al deseo utópico de recuperación de algunas dimensiones que, creían, se habían perdido con el advenimiento de la racionalización moderna (De Marinis, 2010). Si bien ellos consideraban que la vieja comunidad daba certezas, construía identidades fijas, y más o menos aproblemáticas, no pensaban en la irreversibilidad del cambio, ni veían esta racionalización de la sociedad de manera negativa69. Más bien lo que procuraban con sus

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“Gemeinschaft-Gesellschaft, comunidad-sociedad, fue la polaridad conceptual fundamental, la fórmula básica inventada y utilizada por casi todos los miembros de esta generación de sociólogos” (De Marinis, 2005). En los diferentes autores, lo social y lo comunitario construyen como “tipos ideales” para facilitar su análisis. 68 Algunos pensadores como Derrida y Esposito alejándose de esta mirada nostálgica de la comunidad convergen en la tarea de “liberar a la comunidad del mito de la comunidad”. Para un análisis sobre este tema ver Téllez (2001) 69 Incluso en Marx, a pesar de las interpretaciones que proponen no asumir una sucesión cronológica en la enumeración que propone para las formaciones precapitalistas, en la concepción del cambio social hay un claro sentido evolutivo, que implica un pasaje progresivo desde la comunidad y su implicación con formas colectivas de propiedad, hacia la sociedad y la propiedad privada individual. Hay, además, una valoración positiva de este sentido evolutivo.

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reflexiones era encauzar este cambio para que no se perdieran algunas de las características de la comunidad que consideraban importante conservar en la sociedad moderna. La historia de la teoría sociológica está atravesada, en buena medida, por esta diferenciación entre comunidad y sociedad. Por su mirada sobre las sociedades rurales, mencionamos la distinción entre lo folk y lo urbano de Robert Redfield, en donde también encontramos presentes los ecos de las teorizaciones que formularon los sociólogos clásicos. Los trabajos de Redfield acerca de la ciudad y la sociedad rural o sociedad "folk", se orientaron al estudio de la vida urbana y rural. Allí la sociedad rural era definida en oposición a la moderna ciudad urbana. Primaba una idea clásica, casi estática, de la comunidad70. Las críticas que recibieron esta y otras miradas similares es que resulta imposible comprender en este modelo dicotomizado y fijo la diversidad y complejidad de los procesos sociales asociados con la vida rural en una comunidad en el contexto de la globalización (Bidaseca, 2002). Lejos de referir a una discusión anacrónica, hoy en día parecería haber una revitalización de la idea de comunidad. Como describe Bialakovsky (2010), promediando los años ’80 (aunque ya se venían gestando durante las décadas de 1960 y 1970), las obras de Habermas, Giddens, Luhmann y Bourdieu, entre otras, irrumpen en el escenario de la sociología aportando una renovada mirada sobre estos conceptos clásicos. “El fin del Estado de Bienestar parece funcionar aquí como el hecho paradigmático que permite percibir el cambio radical en la forma en que se proponen, construyen e interpretan los relacionamientos interpersonales” (Sasín, 2010:21). En esta línea, más recientemente autores como Bauman (2003) o Sennett (2000) se han ocupado de comprender el resurgimiento que parece tener la comunidad. “La dinámica individualista e individualizante de la sociedad moderna (que podemos observar en la descripción que nos proponen tanto los autores clásicos como los contemporáneos) se encuentra en constante pugna con los deseos o las posibilidades de una existencia comunitaria.” (Sasaín, 2010:28). En sus análisis, Bauman relata las nuevas ataduras sociales que la modernidad líquida71 ha provocado, y señala como una de las consecuencias no buscadas del capitalismo moderno, el despertar irrefrenable de este deseo de comunidad como forma de resolver el problema de identidad. 70

Según Redfield (1971, en Bauman, 2003), las características que develan la naturaleza de la comunidad son: a) es distintiva respecto de otras, con claros límites de su espacio y el de los otros; b) es pequeña, esto es, la conforman poco miembros de suerte que todos estén a la vista; c) es autosuficiente: abastece todas las necesidades y actividades que demandan sus miembros. 71 Bauman recurre a la idea de fluidez o liquidez como metáforas para definir la modernidad actual. Según él, la “disolución de los sólidos” condujo a una progresiva emancipación de la economía de sus tradicionales ataduras políticas, éticas y culturales. Para que ese poder económico fluya, el mundo tiene entonces que estar libre de trabas, barreras, fronteras y controles. Ese ha sido el origen e impulso de la globalización.

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Pero como describe De Marinis, las comunidades actuales que analizan estos autores muchas veces están/son desterritorializadas. No necesariamente deben coincidir los límites geográficos con los límites sociológicos de la comunidad. Las comunidades post-sociales contemporáneas no requieren la co-presencia de sus miembros (pueden ser incluso “virtuales”)72. Según su análisis, “La vieja comunidad era la de la comunalidad del territorio, entre otras tantas comunalidades. Le era imprescindible la co-presencia” (2005: 17). A nuestro entender, hacer una distinción entre las viejas comunidades y las comunidades del presente que no parece ser muy pertinente para nuestro caso de estudio, ya que muchas de las características con las que describe a las comunidades del pasado, parecerían ajustarse a las comunidades campesinas de hoy en día. La identidad de estas comunidades justamente se basa en una territorialidad. La caracterización de la comunidad que da cuenta del escenario que estamos analizando se encuentra ligada a las dimensiones sociales y personales en un determinado lugar. Así, en esta tesis reivindicamos la utilización del concepto de comunidad como categoría analítica que pueda dar cuenta de las redes de reciprocidad y administración colectiva de los recursos comunales, del uso común de un territorio y de una determinada forma de estar en el mundo. Siguiendo a Barrett (2000, en Bidaseca, 2002) entendemos a la comunidad, por un lado, como un sitio inter-dimensional y como una compleja amalgama de grupos e individuos, y por el otro, como un "espacio comunicativo", que es potencialmente necesario para la construcción de procesos de solidaridad. Barrett describe tres dimensiones que permiten acercarse al concepto de comunidad, que están dadas por los intereses, las normas y la identidad, que marcan tanto procesos de solidaridad como de exclusión. La definición que propone Barrett permite integrarla a la noción de territorio, que desarrollamos anteriormente. Según el autor, “las fronteras representan un sitio de contradicción entre tendencias solidarias y excluyentes en las comunidades rurales. En primer lugar, porque se facilita un sentimiento de ideas comunes y derechos compartidos, lo que conduce a las personas a actuar conjuntamente. Por otro lado, ellas representan el modo en que la sociedad construye artificialmente diferencias entre las personas” (2000: 4). Así entendida, la territorialidad se concibe como un aspecto constitutivo de la identidad social. Si de un lado, los procesos de globalización llegaron a ser asumidos como un sinónimo de desterritorialización, la revalorización y reformulación de la comunidad como

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Asimismo, la nueva comunidad se distingue por su electividad (no hay una adscripción compulsiva), su falta de temporalidad o evanescencia y su pluralidad (no conforman una totalidad orgánica) (De Marinis, 2005: 1617).

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principio organizador de las relaciones sociales de campesinos y campesinas plantea la vigencia de considerar la importancia del territorio como una correspondencia que existe entre los procesos de cambio social que tienden modificar el vínculo directo con la tierra, y las identidades sociales que asumen los sujetos cuyas estrategias se orientan a conservarlo y a demandarlo como un derecho específico.

3.2. Los conflictos por la tierra Desde una mirada macro-estructural, numerosos trabajos (ver Burbach y Flynn, 1983; Teubal, 2001; Pereira, 2006) muestran cómo el denominado proceso de globalización y las reformas neoliberales73 que lo acompañaron generaron grandes transformaciones en el medio rural. En el caso específico de la Argentina, las políticas de corte neoliberal se comenzaron a insinuar a mediados de la década del '60, aunque se aplicaron con toda su fuerza a principios de los '90. Las privatizaciones de empresas públicas, la reforma del Estado, la apertura al exterior y la desregulación de la economía configuraron un contexto de gran vulnerabilidad. Dentro de la agricultura, la aplicación de este tipo de medidas modificó sustancialmente un escenario que en el pasado se había caracterizado por una fuerte intervención estatal. La apertura de las fronteras para la importación y exportación de productos agrícolas, la eliminación de los mecanismos y organismos de regulación estatales y la prioridad dada a los productos de exportación de grandes y medianos agricultores, entre otros, profundizaron el dominio del capital sobre el agro (ver Murmis, 1998; Teubal y Rodriguez, 2002; Giarracca y Teubal, 2006). El impacto de estas medidas fue heterogéneo pero, a grandes rasgos, se podría afirmar que esta reorientación de la economía agraria hacia la exportación favoreció la producción del área pampeana, sobre todo en los rubros de cereales, oleaginosas y lácteos, y una “pampeanización” de otras zonas que tradicionalmente habían sido marginales. (Aparicio, Giarracca, Teubal, 1992). Estos cambios se sumaban a los procesos de concentración y centralización agroindustrial que ya se venían configurando desde décadas anteriores, lo que redundó en un mayor poder de parte de empresas extra-agrarias y una desaparición y/o pérdida de autonomía del sector de la economía familiar (campesinos y pequeños productores) (Murmis, 1998; Teubal y Rodríguez, 2002; Hernández y Gras, 2009). 73

Las reformas neoliberales se basan en la premisa de que "el mercado" es el mejor asignador de recursos de una sociedad, por lo cual el Estado sólo debe intervenir en la medida en que garantice su buen funcionamiento. De esta manera, se fijan nuevas prioridades en la economía, como la apertura externa, la privatización de empresas públicas, la desregulación económica, la reducción de la presencia estatal, la disciplina fiscal y la liberalización financiera.

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Este conjunto de situaciones fueron configurando el escenario en donde se manifiestan los conflictos por la tierra. La expansión de la frontera agropecuaria a zonas que hasta entonces no practicaban actividades agropecuarias a gran escala, supuso el desalojo y desplazamiento sistemáticos de comunidades campesinas e indígenas que en su gran mayoría tienen una tenencia precaria de la tierra. Siguiendo la definición del Censo Nacional Agropecuario, consideramos tenencia precaria de la tierra a aquellas explotaciones sin límites definidos sumadas a aquellas con límites definidos, con régimen de la tierra de contrato accidental, ocupación y otros regímenes, en donde sus ocupantes no tienen el título de dominio de los predios que habitan74. Ante esta coyuntura, a partir de 1980 y en distintas zonas del país, comenzaron a surgir distintas organizaciones cuyos objetivos fueron acompañar, promover y defender las luchas de campesinas y campesinos. Así comenzaron a formarse en toda la Argentina movimientos sociales fuertes capaces de desarrollar acciones en la arena política con la finalidad de que el campesino sea reconocido como un actor social con derechos. Los reclamos más frecuentes son por el derecho a la tierra, el acceso al agua potable y a caminos transitables y demandas con respecto a la salud.

3.3. El escenario santiagueño. El monte hecho pampa “El monte significa muchas cosas para nosotros. Sin monte no hay vida.” (Cristina, 2000; en Mocase VC, 2010).

Una mirada retrospectiva permite observar que estas transformaciones neoliberales que describimos anteriormente, en el marco del nuevo modelo de agronegocios, repercutieron fuertemente en Santiago del Estero revalorizando las tierras como consecuencia de la expansión de la frontera agropecuaria. Esta se vio impulsada por el ciclo favorable de la ganadería pampeana entre 1960 y 1970, y por la introducción de cultivos orientados a la exportación (fundamentalmente la soja75), cuya producción hasta ese momento había estado concentrada en la región pampeana y en las provincias periféricas a ésta (Manzanal y Rofman, 1989; Barbetta, 2006). A su vez, la realización de productos ganaderos y agroindustriales para la exportación supuso la sustitución de otras actividades de baja productividad, como la 74

Más adelante profundizaremos sobre esto, pero brevemente, la ley enuncia tres formas de estar en la tierra: como propietaria/os; como poseedoras/es y como tenedoras/es. 75 Desde las últimas dos décadas ha habido un gran aumento de la migración de empresas sojeras (contratistas y productores, que arriendan o compran) a regiones extra-pampeanas como la provincia de Santiago del Estero, ayudadas por los cambios en el régimen de precipitaciones y los menores costos relativos de la tierra (en compra o arriendo).

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ganadería caprina y la extracción de carbón de leña. Además también llevó a la disminución de la superficie cultivada de producciones tradicionales, como el maíz, el algodón y la alfalfa (Aparicio, 1985). A partir de la implantación de este modelo de desarrollo, la valoración de la tierra en su calidad de mercancía76 adopta un giro vertiginoso en zonas de Santiago del Estero que hasta el momento no se consideraban muy productivas (Bidaseca et al. 2007c)77. El alto porcentaje de familias rurales que poseen una tenencia precaria de la tierra imprimió una situación de “inseguridad jurídica” que se vio potenciada por el desconocimiento de los derechos jurídicos de estas comunidades, principalmente de las leyes de posesión de la tierra y de autodefensa que les permitieran evitar la usurpación. En este contexto se llevaron (y aún se continúan llevando) a cabo numerosos desalojos que, en un primer momento y debido al desconocimiento de los derechos posesorios de los campesinos sobre la tierra, se realizaron de modo silencioso (Alfaro, 2000)78. En lo que respecta a los derechos posesorios que amparan a las comunidades campesinas, según el artículo 4015 del Código Civil Argentino, la llamada ley veinteañal, otorga el derecho a solicitar el título de propiedad a quien demuestre la posesión y el uso por más de 20 años ininterrumpidos y tenga “ánimo de dueño”79. El artículo dice: “Prescríbase también la propiedad de cosas inmuebles y demás derechos reales por la posesión continua de veinte años, con ánimo de tener la cosa para sí, sin necesidad de título y buena fe por parte del poseedor”. Por otra parte, frente al riesgo de los desalojos forzosos, en su artículo 2470, el Código Civil establece que “la posesión da derecho a protegerse en la posesión propia, de rechazar la fuerza de quien viene a invadir, con el empleo de una fuerza suficiente, en los casos en que el auxilio de la justicia llegaría demasiado tarde”. Los poderes políticos locales en muchos casos fueron cómplices de los grandes negociados que se hicieron con las tierras de las comunidades campesinas. Así, favoreciendo 76

Como explica Marx, la tierra, base de la producción agraria, es un medio de producción no producido ni reproducible. Sin embargo, la tierra que no tiene valor, que no es producto del trabajo, pasa a adquirir propiedades similares a la de una mercancía que funciona como capital. La renta representa la valorización de la propiedad de la tierra. 77 En su libro, Tasso (2007) realiza una excelente descripción sobre el mercado de tierras en Santiago del Estero y su transformación hasta principios del siglo XX. 78 Como sugiere Alfaro (2000) los desalojos eran el resultado de la ausencia del campesinado como sujeto político capaz de elaborar un conflicto, identificando actores antagónicos y reivindicando su derecho a la tierra. A esta primera etapa de desalojos la denominó de “exclusión silenciosa”. 79 Una persona tiene “ánimo de dueño” cuando se comporta como único dueño de la tierra que habita y no reconoce en ninguna otra persona o sociedad la propiedad de esa tierra. El “ánimo de dueño” es lo que diferencia a un tenedor/a de un poseedor/a. La poca especificidad que presenta el concepto permitió, en muchos casos, vulnerar el derecho a reclamar la posesión de la tierra con preguntas capciosas a campesinos y campesinas respecto de sus aspiraciones como únicos dueños de sus tierras.

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una política de desalojos contraria a los campesinos, en el 2000 la mayoría “juarista80” reformó el Código de Procedimiento Criminal y Correccional en Santiago del Estero con la incorporación del artículo 182 bis. Por tal disposición se habilita a desalojar inmediatamente a las familias campesinas acusadas de ser intrusas ante el sólo pedido del supuesto dueño y con el único requisito de que el derecho invocado sea verosímil. Como hemos mencionado en el primer capítulo de nuestra tesis, a raíz de esta creciente situación de conflictividad por el derecho a la tierra, en Santiago del Estero los pobladores se fueron integrando a organizaciones zonales en diversos puntos de la provincia que confluyeron en la conformación del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) a finales de la década del ´8081. Estos procesos organizativos comenzaron a revertir un proceso de desconocimiento jurídico que había permitido, hasta entonces, vulnerar el derecho posesorio de las comunidades campesinas82. Este escenario no puede ser cabalmente comprendido sin describir mínimamente el contexto socio-territorial y económico de esta provincia, que imprimió con un sello propio las características de los conflictos por la tierra Siguiendo el Informe del Observatorio de Derechos de las Comunidades Campesinas, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de Santiago del Estero (2004), marcamos tres momentos bisagra de transformación del espacio rural: durante el período virreinal, luego durante el obraje forestal, y actualmente con el avance de la frontera agropecuaria. En la época colonial Santiago del Estero era una zona importante que proveía a la economía minera del Potosí de fuerza de trabajo y productos artesanales. De ese período son las mercedes reales y las encomiendas, creadas por la Corona española en 1576. Los “campos 80

Carlos Arturo Juárez fue gobernador de la provincia de Santiago del Estero durante cinco mandatos. Como veremos páginas más adelante, su gobierno tuvo marcadas características caudillistas y autoritarias. 81 Desde el 2001, y debido a distintas cuestiones que no hacen a esta tesis, el MOCASE se encuentra dividido (para un acercamiento a este tema, véase Durand, 2006). Según cifras estimativas el movimiento campesino en Santiago del Estero nuclea a unas 20 centrales campesinas y, aunque no hay datos certeros de la cantidad de campesinos que forman parte del MOCASE, posiblemente alcancen unas 10.000 familias campesinas (Díaz, 2007). 82 Domínguez (2009) propone la siguiente periodización sobre la conflictualidad por la tierra desde la dictadura hasta el 2008: “La primera (1986-1990) caracterizada por la emergencia de un campesinado incipientemente organizado, en un contexto de crisis y transformación de las estructuras agroindustriales que pasan a desplazar al campesinado como sujeto económico (como agricultor y como asalariado rural), y de recambios políticos propios de la apertura democrática y del regreso –al menos formalmente- del estado de derecho. La segunda fase de la conflictualidad (1990-2004) estaría marcada por la conformación de una organización campesina a nivel provincial y por la extensión de la lucha campesina, en un contexto de redoble del avance de la frontera agropecuaria; esta vez de la mano de la lógica del agronegocio en la provincia, acompañadas de la persecución política a militantes y familias campesinas y la generalización de la violencia rural estatal y paraestatal. La tercera fase (2004-2008) está signada por la visibilización de la potencia política del campesinado en la provincia en tiempos previos a la intervención, y por la claridad que adquiere el mismo campesinado en la definición y construcción de su territorialidad, en un contexto de intentos de cooptación de la movilización campesina, del boom sojero y valorización de la tierra, y de militarización de la vida rural” (p. 232).

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comuneros” que existen en la región del Noroeste argentino, remontan sus orígenes en las mercedes reales83. Aparicio (1985) define a la merced como la “concesión para extraer frutos de la tierra que se daban primero por una vida y luego por dos, con el objeto de obtener tributos en general materializados a través de la renta en trabajo a que se sometía a las poblaciones indígenas” (p. 16). “Además de las mercedes reales, los mecanismos de apropiación de la tierra por los conquistadores consistieron en: el pago de la “composición”, que permitía obtener el título; transformar las encomiendas en derechos sobre la tierra comunal indígena; y el proceso de despoblamiento que facilitaba la apropiación de hecho para luego legalizarla” (Belli et al, 2005: 74/5). Luego, la legislación liberal transformó en arrendatarios a los comuneros indígenas. Las encomiendas consistían en un sistema de ocupación productiva del territorio por el cual entregaban parcelas de tierra a los conquistadores en concepto de recompensa o tributo por los servicios prestados. Como describe Zurita (1999), a partir de este tipo de ocupación territorial se implantaron los grupos sociales hegemónicos conformados por funcionarios y encomenderos españoles. El segundo momento de apropiación del territorio que marcamos se produjo a finales del siglo XIX con el advenimiento del ferrocarril. A pesar de que esta empresa fue anunciada como modernizadora de la economía provincial, el trazado de la línea ferroviaria no correspondió la las zonas productivas sino que “cruzó el desierto, aisló a los pueblos creó estaciones de vida efímera competitivas, al lado de otras ya asentadas, y esquivó la capital” (Dargoltz, 2003:64). Los durmientes de quebracho con que construyeron todo el trazado de los ferrocarriles, y que se extraían de los bosques nativos santiagueños, fomentaron la aparición de los obrajes. Entre 1898 y 1904 se vendieron grandes extensiones de tierra a precios irrisorios a los inversores forestales privados. A través del ferrocarril transportaban la madera, junto con otros productos agrícola-ganaderos que eran manufacturados en el litoral y en Buenos Aires. Esta estrategia no sólo provocó desplazamiento de poblaciones para trabajar como mano de obra en los obrajes, apropiaciones del territorio ocupado por las poblaciones nativas, concentración en la tenencia de la tierra y explotación de los bosques, sino que también inhibió el desarrollo industrial de la provincia (Dargoltz, 2003). Como analiza

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Los campos comuneros son fracciones de territorio entregadas a súbditos de la Corona española que se mantienen hasta el presente sin que hayan sido regularizadas. Las transacciones realizadas sobre un campo comunero consisten en cesiones de derechos y acciones sucesorias y posesorias. Como explica el Censo Nacional Agropecuario, dentro de la unidad mayor coexisten diversas explotaciones de superficie sin límites definidos, y es frecuente observar la existencia de un sector que es utilizado en forma común por los productores (generalmente para pastoreo). Las dificultades para delimitar las tierras no sólo se deben a superposiciones de derechos en el interior de una comunidad, sino también entre dos o más comunidades.

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Tasso84 (2007), recuperando la visión de Canal Feijoo, Orestes Di Lullo, Luis Alen Lascano y otros investigadores locales, la implantación del obraje en esta provincia dio lugar a la conformación de un mundo rural marcado por opuestos, en donde coexistían disímiles modos de utilización del territorio. Durante este período se diversifican una variedad de estratos productivos: los latifundios tradicionales, las fincas modernas (con industrias forestales y artesanales, principalmente hilados y textiles), y una vasta población campesina con pequeñas unidades de subsistencia (Zurita, 1999). El modelo obrajero empieza a retroceder a mediados del siglo XX85. El tercer momento que identificamos corresponde al proceso de corrimiento de la frontera agropecuaria que hemos descrito anteriormente. Consiste en una agricultura basada en el monocultivo altamente dependiente de productos agroquímicos, con un perfil de inversores mayoritariamente extraprovinciales que supone una gran concentración de capitales y tierra (Manzanal y Rofman, 1989). Entre 1998 y 2002 Santiago del Estero incrementó el área cultivable en 379.000 hectáreas, que según el Informe de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, podría llegar a explicar la deforestación de 306.000 ha. de superficie en dicho período. Así, Santiago se convirtió en la provincia que más superficie de bosques nativos perdió. Con respecto al aumento de la superficie plantada con soja, “De las 63.722 hectáreas implantadas en 1988, el cultivo de la soja crece a 413.381,5 hectáreas en 2002, representando el 38.25% de la superficie implantada de la provincia. Con ella, aumenta la superficie implantada del trigo, en términos exponenciales gracias a la posibilidad de realizar un doble ciclo trigo-soja.” (Barbetta, 2006: 28)

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En su libro Tasso (2007) marca tres momentos económicos en la provincia, el primero es, para el autor, el período de despegue o formación del complejo agro-forestal, que se dio aproximadamente entre 1870 y 1914 y que fue posible por la instalación del ferrocarril, que trajo aparejado el desarrollo agrario tanto en áreas de riego como de secano, lo que facilitó el ingreso de población extranjera, la formación de colonias agrícolas y el desarrollo urbano, junto a la inversión de capitales que derivó en el proceso de modernización tecnológica. En el segundo período, desde 1914 a 1930, mientras la explotación forestal declina a causa de la crisis económica que la primera guerra mundial trajo aparejada, la producción agrícola se consolida en los espacios de bosque que ahora se destinan al agro. Por último, hacia fines de los años 30 del siglo XX, la economía santiagueña ingresa en una espiral crítica de declinación relacionada con la situación mundial, que tendrá su correlato con la gran emigración de los años '40 y '50 a lo que Zurita (1999) llama "catástrofe demográfica", cuyo impacto se sintió especialmente en las áreas rurales. 85 Una interesante reflexión histórica con respecto a los cambios introducidos con las modificaciones productivas en el Santiago rural la aporta Alberto Tasso (2007). En su libro describe de qué manera la declinación de la producción artesanal habla de la transición entre un modo de producción que tiene su escenario en el mundo domestico, con fuerte protagonismo de la mujer, a otro emergente caracterizado por el trabajo asalariado de los varones en la finca y el obraje. Este nuevo escenario productivo reclama nuevas tierras e inversiones en sistemas de riego, que dan lugar a la formación de un mercado altamente dinámico y especulativo, negocio que el Estado lejos de apartarse fomenta, en respuesta a las necesidades de una nueva clase, el empresariado agrario o agroindustrial.

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En lo que respecta al contexto socio-político en Santiago del Estero, es pertinente subrayar algunas características marcadamente caudillistas y autoritarias que signaron la historia de esta provincia. A los fines de esta tesis, nos remitiremos sólo a las últimas décadas86, período gobernado en su mayor parte del tiempo bajo el régimen juarista87, en un escenario de violación reiterada a los Derechos Humanos. Es en este contexto en donde empiezan a manifestarse los procesos de conflictos por la tierra y se inicia la conformación del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), en 1989. Carlos Arturo Juárez fue gobernador de la provincia por el partido justicialista en cinco oportunidades88: desde 1949 hasta 1976, mandato que debió interrumpir debido al golpe de estado; y luego fue elegido en 1983, 1995 y 1999, esta vez con su esposa Mercedes Marina Aragonés89 como vicegobernadora. Bajo un escenario de supuesto respeto formal por las instituciones democráticas, la hegemonía juarista escondía un complejo entramado de poder, clientelismo, inteligencia interna y persecución política que recién parecería empezar a resquebrajarse luego de la intervención federal a la provincia de Santiago del Estero en 2004 (Barbetta, 2006). El levantamiento del 16 de diciembre de 1993, conocido como el “Santiagueñazo”90, pone en jaque el delicado entramado político clientelar que caracteriza a Santiago del Estero, una provincia altamente dependiente de los recursos estatales91. Como explica Farinetti (2000, 2009), el Santiagueñazo se inscribe en un contexto de luchas en torno al ajuste fiscal que se venían desarrollando en distintos puntos del país92. En el caso santiagueño, el énfasis de la 86

Algunos autores recurren a procesos históricos de larga data para comprender esta matriz caudillista. Según describen, se fue forjando en las relaciones de poder de los obrajes textiles de la colonia española, en la relación con los caudillos políticos y militares del siglo XIX y en los obrajes forestales del siglo XX. (Díaz, 2007). En este sentido, Díaz (2004) entiende al juarismo como “obraje político”. 87 Para un análisis detallado del régimen juarista ver el trabajo de Norma Salas (2002) quien realiza una reconstrucción histórica del juarismo analizando algunos aspectos del Partido Justicialista, el discurso, la acción social y el sistema electoral y jurídico de concentración de poder. Para una caracterización sobre el juarismo centrada en las relaciones entre el Estado, la economía y la sociedad santiagueños, ver Farinetti (2009). Para un abordaje sobre la ciudadanía campesina en el seno del juarismo, ver Díaz (2009). 88 Juárez, por otra parte, fue diputado nacional entre 1987 y 1991 y senador nacional entre 1991 y 1995. 89 “Nina” Aragonés, era la referente de la llamada “Rama Femenina” del juarismo. La figura de la mujer de Juarez y su lugar de visibilidad no ocupan un lugar menor en la conformación del ethos femenino en Santiago del Estero. Este tema, si bien resulta sumamente interesante, excede los límites de nuestra tesis. Ver Godoy (2008) 90 Para un estudio más detallado sobre el santiagueñazo véase Farinetti (2000), quien resalta la ausencia de una tradición sindical de lucha, la falta de una tradición de manifestaciones masivas y de antecedentes de confrontaciones colectivas violentas; y Auyero (2002), quien sostiene que la protesta viene a mostrar el fin del nepotismo gubernamental y el descreimiento de la clase política. 91 El Estado es una de las principales fuentes de empleo, en una provincia que cuenta con poca riqueza y diversificación productiva y un grado de industrialización muy bajo (Zurita, 1999). 92 Recordemos que durante este período estaba como presidente de la Nación Carlos Menem, quien seguía los designios de los organismos multilaterales de crédito que recomendaban aplicar medidas de ajuste fiscal y reducir el gasto público.

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protesta no estuvo puesto en las políticas de ajuste fiscal nacional, sino en la clase política provincial. La autora la describe como un “ajuste de cuentas” en donde “la gente expresó su condena a la política y a la clase política nativa, atacando los ´lugares´, los símbolos, de los poderes locales” (2009:310). Tuvo como epicentro la Ciudad de Santiago, con quema y destrucción de edificios públicos pertenecientes a los tres poderes, y los domicilios de los principales dirigentes políticos. La casa de los Juárez y la de varios otros políticos locales

fueron destruidas por los manifestantes. Si bien en este momento el Gobernador de la provincia era Fernando Lobo, y no Juárez, el santiagueñazo implicó una fuerte demanda de cambio de determinado modo de hacer política que caracteriza a esta provincia (Farinetti, 2009). Luego de este levantamiento, en 1993, el gobierno nacional dispuso la intervención de la provincia, designando a Juan Schiaretti. En las siguientes elecciones para autoridades provinciales, en mayo de 1995, y a pesar de que los ecos del santiagueñazo todavía eran recientes, nuevamente Carlos Juárez sale electo con el 65.56% de los votos. Este hecho sin duda está mostrando el sólido entramado de poder con que contaba este dirigente. El período siguiente, de casi 10 años de juarismo desde la asunción de Carlos Juárez en el ´95 hasta la intervención federal de 2004, está marcado por la creciente conflictividad en torno a la tierra y una mayor visibilidad de los reclamos de las organizaciones campesinas. Frente a las demandas de estas comunidades por sus derechos, la postura que el gobierno provincial asumió fue la persecución y hostigamiento de las familias y sus organizaciones93. La confluencia de distintos factores en un clima de creciente conflictividad, en donde sin duda adquieren gran protagonismo la creciente visibilidad de los reclamos de las organizaciones campesinas por sus derechos, que mencionamos en el párrafo anterior, y las movilizaciones por los derechos humanos que habían sido vulnerados por el juarismo94, marcan la caída del régimen, que se cierra formalmente en el 2004 con la intervención federal de la provincia, a cargo de Pablo Lanusse. Al respecto, y subrayando la relevancia que había adquirido la situación del campesinado en Santiago del Estero, el “Informe Santiago del Estero” presentado al poder ejecutivo por Pablo Lanusse y Eduardo Luis Duhalde en octubre de 2003, previo a la 93

Entre varias otras cosas, en septiembre de 2000 fue denunciada una red de espionaje ideológico, montada desde la Subsecretaría de Informaciones de la policía santiagueña, dirigida a periodistas, miembros de la iglesia, políticos e integrantes del MOCASE 94 Mencionamos, por el carácter público que adoptó, al llamado “Doble crimen de la Dársena”, cuando en 2003 fueron hallados los cuerpos de dos jóvenes asesinadas. Este hecho involucraba a varios personajes del gobierno en el asesinato de las dos chicas. Además el gobierno estuvo involucrado en casos de narcotráfico, tráfico de niños, torturas y asesinatos.

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Intervención Federal, señala que “la problemática de la tenencia y posesión de la tierra es una de las principales cuestiones de la agenda de derechos humanos santiagueña ya que el proceso de avance indiscriminado de la frontera agrícola de las oleaginosas con eje en la soja, atenta no solo contra los derechos reales de posesión sino también contra el patrimonio cultural ambiental de las comunidades campesinas de la provincia” (p. 28). Luego de la intervención en el 2004, la victoria de Gerardo Zamora, el actual gobernador, parecía abrir un nuevo ciclo para la provincia y para la conflictualidad por la tierra, marcado esta vez por avances en la restitución de las garantías y el reconocimiento de los derechos de las poblaciones rurales. Si bien en muchos aspectos las políticas que implementó este gobierno con respecto a la preservación de los derechos de estas comunidades son favorables95, el escenario de conflictividad no parece haberse modificado sustancialmente, y los hostigamientos a las poblaciones rurales continúan estando a la orden del día. En este clima de avance de la frontera agropecuaria y caída del juarismo previo a la intervención federal es donde tiene lugar la conformación de la Mesa de Tierras de Figueroa, en 2003.

3.4. La ley y la costumbre. Las estrategias del derecho “La ley es tela de araña, en mi ignorancia lo explico: no la teme el hombre rico, nunca la teme el que manda pues la rompe el bicho grande y sólo enreda a los más chicos” (José Hernández, Martín Fierro).

Como hemos mencionado, generalmente las familias campesinas de Santiago del Estero no tienen los títulos de propiedad de las tierras que ocupan y que van traspasando de generación en generación. “Mis papás eran nacidos y criados aquí, mis abuelos, mis abuelas, todos ellos eran nacidos y criados en este lugar. Y siempre han trabajado en la tierra. Desde ahí viene nuestra posesión, desde mis abuelos” (Rosa, campesina, Mesa de Tierras de Figueroa, 2007)

Los discursos de los campesinos señalan claramente la carencia de información institucional y política acerca del Estado, de las leyes de posesión de la tierra y autodefensa que les permitieran evitar la usurpación. Como señala una campesina: 95

Mencionamos, entre otras, la promulgación de la Ley Nº 6.657, que establece por 6 meses la suspensión de desmontes, una nueva zonificación de las áreas autorizadas para desmonte, el control de la reposición de las ‘cortinas’ forestales y la gestación de un cuerpo de guardabosques; la conformación del Registro de Aspirantes a la Regularización de la Tenencia de la Tierra, en 2004; además se abrieron canales de diálogo a través de la Mesa de Tierras Provincial, y se creó un espacio llamado Comité de Crisis, para poder dar una respuesta más inmediata a los conflictos.

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“Y pero estas leyes son leyes de antes, hay una antigüedad en estas leyes ¿pero quien las hace cumplir?...y nadie le ha venido a decir al campesino, ‘bueno ustedes tienen el derecho, nosotros como gobierno, como autoridades de este país, vamos a hacer que se cumpla, ahí tienen en esta parte’ ¡el gobierno tiene la culpa! Porque saben que existe una ley pero ¿quién la hace cumplir?...Quién le enseña al campesino que hay una ley, para ellos que el campesino nunca se entere, ese es el tema” (Entrevista a R.B; en Díaz, 2004: 5).

Ante las amenazas constantes de desalojos, y luego de varios años de desalojos silenciosos, un recurso que encontraron los pobladores y organizaciones campesinas de Santiago del Estero es el de recurrir al derecho positivo basándose en su posesión real que excede los veinte años para solicitar la prescripción adquisitiva, o usucapión, contemplada en el artículo 4015 del Código Civil. Para poder iniciar la prescripción, la ley consigna que la posesión debe ser pública, pacífica e ininterrumpida durante 20 años o más. Como explica el Cuadernillo “El derecho a la tierra”96, editado por la Subsecretaría de Derechos Humanos para distribuir en las comunidades campesinas y capacitarlas con respecto a sus derechos a la tierra, la ley enuncia tres formas de estar en la tierra: como propietaria/os; como poseedoras/es y como tenedoras/es. El propietario/a es aquella persona que tiene el título de propiedad, es decir, la inscripción del título de dominio (escritura) en el Registro de la Propiedad. El tenedor/a es quien está viviendo en la tierra, pero reconoce a otro como dueño. No tienen “ánimo de dueño” y no se siente dueño. “Por ejemplo cuando se alquila la tierra (arrendamiento) o se la tiene prestada (comodato). El tenedor realiza actos posesorios pero en nombre de otra persona” (p.4). Es Poseedor/a aquel que vive, trabaja o utiliza la tierra como si fuera su único dueño/a. No reconoce a otra persona como propietaria de las tierras que ocupa. Según la ley esto se denomina “ánimo de dueño”. Supone reconocerse como único dueño. Esto es algo que ha favorecido muchos de los desalojos, sobre todo en un principio, cuando los campesinos no conocían sus derechos posesorios. Como expresa una de las mujeres que participa en la Mesa de Tierras: “A nosotros nos ha costado muchísimo, porque los demás compañeros aquí, ellos decían, no hagan ninguna clase de defensa ni nada porque el patrón es el dueño. Por ejemplo, ellos al usurpador, que es el que viene de afuera y que te quiere sacar, ellos lo llaman patrón. (…) nunca nadie nos quiso hablar del tema, porque esa es la viveza de ellos. Aquí nadie te va a decir, tenés derecho o vos quedate. No, ellos te van a decir, vos no tenés derecho, te tenés que ir. Esa es la estrategia que usan ellos, por ejemplo, para desalojarte. Ellos dicen: _Nosotros

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Recientemente (circa 2007) se ha reeditado la cartilla. La actual, que es la que hemos utilizado, procura superar el sesgo masculinizante que tenía la primer edición y nombra como sujetos de derecho al hombre y a la mujer, al poseedor y la poseedora, etc.

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tenemos los papeles. Pero nosotros tenemos lo más importante, tenemos la posesión. Y eso nosotros hemos, a través de las capacitaciones, hemos podido tomar conocimiento de eso, porque acá nadie te hablaba de esto” (Rosa, campesina, Mesa de Tierras de Figueroa, 2007).

Entonces, según el artículo 2351 del Código Civil, una persona tiene la posesión de la tierra si tiene ánimo de dueño y realiza actos posesorios. Los actos posesorios suponen, entre otros, estar viviendo en el lugar, trabajando y haciendo mejoras como corrales, cercos, represa, huerta, pozo, cementerio, picadas, rancho, galpón, potreros, piruas o trojas97, senderos, deslindes etc. El pago de impuestos también es considerado un acto posesorio. El poseedor/a tiene los siguientes derechos: puede a adquirir la propiedad por el paso del tiempo mediante el juicio de prescripción (prescripción veinteñal); ejercer la defensa de la posesión98 y protegerse ante la justicia civil y penal. A pesar de que estas legislaciones protegen ciertos derechos de las familias campesinas, para poder obtener la tierra que han ocupado durante años, en muchos casos, por generaciones, las mensuras deben realizarse a través de la codificación que el derecho positivo hace de la tierra, fijándola así a una lógica de propiedad privada y alambrándola, con todas las transformaciones a nivel territorial que eso supone y trastocando sus usos tradicionales. “El hecho de trabajar en los derechos posesorios no es sencillo pero todo se logra con la organización. Nosotros nos enfrentamos a un modelo de sociedad que está basado en el derecho de la propiedad privada y en todos los mapas catastrales figuran los lotes de fulano y mengano y no figura el derecho del campesino, entonces nos enfrentamos a un monstruo demasiado internalizado en la gente." (Alberto, campesino, Mesa de Tierras de Figueroa, 2007).

Desde un enfoque historiográfico en el campo del derecho, Blanca Zeberio (2006) realiza un análisis de las concepciones jurídicas sobre la propiedad, la familia y la herencia, en la segunda mitad del siglo XIX, enfocando los cambios y continuidades que tuvieron los códigos argentinos99 que postularon con diferentes matices la propiedad privada como absoluta, individual e inalienable. El análisis del material historiográfico permite mostrar la diversidad de formas de ocupación y apropiación de la tierra y de bienes que convivieron durante el siglo XIX y la fuerte conflictividad que generaba la multiplicidad de formas de propiedad. Su estudio analiza las tensiones existentes entre las diversas concepciones jurídicas 97

Las piruas o trojas son construcciones de madera, en general elevadas en donde se almacena la cosecha. Como ya hemos explicitado, el artículo 2470 del Código Civil autoriza al poseedor o poseedora a defender su posesión. 99 Ella centra su estudio en el Código Rural de la Provincia de Buenos Aires de 1865 y el Código Civil de 1869, promulgado en 1871. 98

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que convivieron en este proceso de “homogeneización de categorías” (el llamado proceso de codificación de la segunda mitad del siglo XIX) y la “´La gran transformación´ producida en tierras pampeanas que supuso la formalización de nuevas reglas contractuales, en el marco del proceso secular de afianzamiento de la propiedad privada” (Gelman 2004:5; en Zeberio, 2007). Según la autora, esta operación político-jurídica impuso una categoría de propiedad fundada en el “modelo pandectista-napoleónico”, y acabó por borrar otras formas de propiedad que excedían la idea de propiedad como categoría individual100. Este proceso, de todos modos, no se dio de un día para el otro. Como analiza, “la concepción de propiedad privada existente en el Código Rural es aún difusa y da muestra de la convivencia de diversas representaciones y nociones que remiten a un conjunto disímil de prácticas sociales. La aceptación de la propiedad como principio individual y absoluto, sólo irá imponiéndose desde la práctica (con el uso del alambrado, las sucesivas transformaciones de las formas productivas y del desarrollo de nuevas explotaciones) y desde las normas que surgirán con el Código Civil de Vélez Sarsfield” (p. 9). A pesar de esto, y como veremos más adelante, “esta cultura del Código llevó a un borrado de huellas e inventó un discurso fundado en la ley y los principios de la propiedad como individual y absoluta, haciendo desaparecer otras formas, ahora ilegítimas, que pudieran incluir el ´derecho de uso´ como la ´posesión´.”(p. 15)

La idea de la propiedad privada se impuso como si fuera una práctica universal, sin tener en cuenta las diferentes formas de utilización y apropiación de los recursos naturales de otros pueblos. Por otra parte, el reclamo de posesión veinteañal, que es la herramienta legal más fuerte de que disponen los campesinos para reclamar sus territorios, se ve obstaculizado principalmente por dos motivos, uno económico que supone costear los gastos del trámite de usucapión101 y otro cultural, ya que es difícil demostrar al juez actos posesorios que, en general, son relacionados con un modo de posesión tipificado a partir de los parámetros de la región pampeana (zona de cultivos, silos, etc.) y desestiman otros usos del territorio que

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A partir del análisis del Código Rural, muestra en qué medida las “Antiguas tradiciones son instituidas como figuras legales, buscando un equilibrio entre los intereses de los grandes propietarios ganaderos y se vieron reflejadas en la defensa de la propiedad privada y en la imposición de la obligación de cerramiento de los campos. Empero, las necesidades de uso común de los menos poderosos también se preservaron, aunque en menor medida.” (Zeberio, 2007:8) 101 Los trámites de prescripción son muy caros. Como detalló una de las mujeres de la mesa a la que entrevistamos, hay numerosos gastos de pago de honorario a profesionales que la comunidad debe afrontar para probar su posesión: “El pago de los abogados, por ejemplo, la parte del lote fisco tenían que pagar un agrimensor para que venga a ver si realmente se está cumpliendo con las normas que pedían para la legalización del fisco, como por ejemplo que se mantenga la estructura de las plantas nativas de la zona, que el campo esté en condiciones de trabajarlo, que vos lo mantengas en condiciones óptimas. Y bueno, se ha hecho un relevamiento que se ha gastado creo que en agrimensor, después venían veterinarios, no sé, es toda una movida grande que tiene que hacer para demostrar que realmente esas tierras la vas a utilizar en tal actividad y son productivas y útiles para vos.” (Pamela, Mesa de Tierras de Figueroa, 2007) A esto se suman otros gastos importantes, como los viajes a la ciudad de Santiago para hacer trámites.

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requieren extensiones de tierra más grandes que las estipuladas por los agrónomos y en muchos casos no reconocen como actos posesorios la presencia de cercos de palos y construcciones precarias que caracterizan a esta zona (Barbetta, 2006). A esto se suman los supuestos del sentido común de los campesinos y campesinas que presumen la superioridad de los títulos (del “papel”) por sobre las costumbres. Frente a un conjunto pretendidamente modernizado y desarrollado que se impone como ideal de ruralidad, suele oponerse esta otredad campesina que simboliza el atraso, y que representa la existencia de un “afuera” para quienes no advierten futuro en el proyecto moderno. Los campesinos y su modo de vida no tienen lugar en este modelo, se los intenta desplazar, correr, borrar. Lo que está por detrás de esta discusión es, por un lado, la idea de un saber legítimo, de una verdad que está jurídicamente avalada, y por otro lado, la negación de los saberes y de las costumbres de los campesinos como válidas. En una entrevista al director de Tierras de Santiago del Estero, Rubén Giorgis (23/2/07), afirma que la provincia tiene 1,5 millones de hectáreas de tierras fiscales. Señala que "En este momento desde la Dirección de Tierras estamos trabajando en la sistematización de toda la información sobre las tierras fiscales”, y dice que una vez que se termine el proceso de determinación de datos y relevamientos de tierras públicas, "Hay que darle curso a los expedientes, aplicar la ley 5402. La ley dice que las tierras se tienen que incorporar al proceso productivo". Y ante la pregunta del entrevistador, sobre si en las hectáreas relevadas no hay gente produciendo, responde: “Sí hay gente que está produciendo, hay campos importantes y otros que hacen a la agricultura familiar, de sustento” (el resaltado en itálica es nuestro). Subrayamos aquí la diferenciación que hace el entrevistado entre campos “importantes” y otros que se dedican a la “agricultura familiar, de sustento” que, por oposición, no son importantes. También llama la atención el énfasis que pone el entrevistado en incorporar a estos campos al proceso productivo, suponiendo que la agricultura de sustento no es productiva. A pesar de estas cuestiones y de los marcos normativos restringidos, vemos que emergen distintas prácticas alternativas por parte de las comunidades campesinas que toman al derecho como instrumento de trasformación y resistencia. Este aprendizaje y mayor conocimiento en lenguaje jurídico y las lógicas que están implicadas, les ha permitido tejer estrategias mucho más sólidas y así frenar los desalojos de manera más organizada. En este sentido, frente a las imposiciones de la lógica judicial que estipula iniciar los trámites de prescripción individualmente, en muchos casos las familias deciden reclamar sus 77

territorios comunitariamente102 desafiando los moldes que el derecho estatal les impone. En Santiago del Estero, en un contexto rural que se caracteriza por la precariedad en la tenencia de la tierra y por la necesidad de regular el acceso a la misma, una de las principales demandas que tienen las comunidades campesinas se refiere al derecho comunitario a la tierra103. Como explican Zubrzycky et al. (2003), en el derecho argentino no existe la propiedad comunal104. El Código Civil sólo concibe la propiedad privada de personas físicas o jurídicas (sociedades, asociaciones o fundaciones e Iglesia) o las tierras fiscales que pueden ser del Estado Federal, de las provincias o de los municipios (que pueden ser de dominio público o de dominio privado del Estado). Recién la reforma de la Constitución Nacional Argentina, en 1994, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, la personería jurídica de sus comunidades (conforme a sus propios modos organizacionales) y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Esta legislación no contempla el derecho comunitario a las tierras que ocupan las comunidades que se reconocen como campesinas. El uso colectivo de la tierra/territorio es la base de la identidad cultural de muchas comunidades rurales de la Argentina. En el caso las comunidades campesinas de Figueroa, Santiago del Estero, el uso de la tierra en la mayor parte de los casos es comunitario. Si bien cada familia posee su rancho, el corral y la zona del cerco donde tienen sus cultivos, en general comparten el pozo de agua o represa y el monte. “Acá cada familia tiene su cerco. Y bueno, hacia el este, para donde está el monte, las familias que viven cerca de ese monte tienen sus animales, comparten el monte. Para todo es el monte, tienen sus cabras, alguna que otra vaca. Para el agua hay pozos comunitarios, dos tres pozos comunitarios. Hay varios que tienen aljibe.” (Lorena, campesina, Grupo de mujeres, 2007).

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Como mencionamos, la imposibilidad de costear el precio de la mensura de las tierras que poseen hace imposible que campesino y campesinas puedan iniciar y sostener los trámites de prescripción para obtener los títulos. En este sentido, otra de las ventajas de hacer la mensura comunitariamente es que abarata mucho los costos del trámite. 103 Vale recordar que algunas de estas familias campesinas sí poseen sus títulos de propiedad. También aclarar que no en todos los casos los trámites si inician de manera comunitaria o colectiva 104 Madrazo (1970, en Zubrzycky et al., 2003) “haciendo un estudio histórico de la tenencia colectiva de tierras en la provincia de Jujuy, concluye que durante la época colonial se mantuvo vigente en gran medida la tenencia indígena comunal, organizada y reglamentada bajo el régimen legal establecido por la corona española; la Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias documenta perfectamente el propósito de la corona de proteger la propiedad indígena. El proceso de desintegración se precipitó después de la independencia. En el siglo XIX, una vez iniciada la vida nacional, finalizó con el cese de la legislación española, la protección legal organizada de la tenencia indígena. Se produjo el ocaso definitivo de la tenencia comunal que sólo aparece en forma esporádica en las regiones más apartadas”. (p.7)

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Para estas comunidades la tierra no es entendida como mera mercancía (como medio de producción), sino que adquiere un sentido más amplio, como territorio105. La tierra es la vida. El territorio no sólo provee un espacio físico para la subsistencia, sino que también constituye una base para el ejercicio de autonomía política, jurídica, social y espiritual. En ese sentido, el derecho a la tierra implica más que el acceso y control sobre un bien económico y abarca también las dimensiones políticas, sociales y culturales. Esto supone patrones de legalidad basados un sus usos y costumbres tradicionales que no se condicen con la legislación positiva estatal. Como explica Scarponetti (2007), el avance de la frontera agropecuaria resignifica los conceptos y sentidos de la tierra y los recursos naturales. Se manifiestan “no sólo como intereses excluyentes sino como dos concepciones de mundo diversas, en tanto la primera se inscribe en la matriz de mercancía, capital, derecho individual de propiedad en la lógica de la innovación tecnológica y de mercado, la otra se engarza en antiguas tradiciones comunitarias, mediante una matriz que reconoce el lugar como un derecho ancestral y fundante en la lógica de las ausencias en el marco democrático moderno, y apela a la emergencia de nuevos sentidos o desde la franca defensa de otro modo de vida, su modo de vida. Si bien ambos imaginarios recurren al derecho, la primera lo hace a partir del uso de lo que podríamos considerar el derecho liberal globalizado: nuevos tipos de contratos, sociedades, fondos de inversión, nuevas jurisdicciones para tratar los conflictos” (p. 4). En este sentido, propiedad y posesión de la tierra corresponden a dos modos de vida muchas veces en tensión106. El estudio de Barbetta (2005) sobre la tenencia precaria de la tierra entre los campesinos en Santiago del Estero, marca las tensiones entre el derecho “estatal” y comunitario a partir de las palabras de un campesino: “No tenemos delimitada la porción porque siempre se ha trabajado comunitariamente. Las tierras son comunitarias, no había necesidad de alambrarlas. Era una costumbre, una cultura”. Para el autor, “Desde la visión campesina, alambrar un predio supone romper con la noción misma de comunidad. Con ella

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Como hemos desarrollado al comienzo de este capítulo, Porto Gonçalves (2001) –retomando a Bourdieuanaliza el territorio como espacio geográfico a la vez que categoría espesa en la cual se condensan múltiples dimensiones de lo social. El territorio es apropiado por identidades que se fijan en éste –territorialización- a partir de procesos dinámicos y mutables, estableciéndose así, en cada momento, distintas configuraciones territoriales. 106 En este mismo sentido Bernardo Mançano Fernández, en “Los dos campos de la cuestión” afirma que “Tenemos dos campos. Porque los territorios del campesinado y los territorios del agronegocio son organizados de formas distintas, a partir de diferentes relaciones sociales. Un ejemplo importante es que mientras el agronegocio organiza su territorio para producción de mercancías, el campesinado organiza su territorio para su existencia, necesitando desarrollar todas las dimensiones de la vida. Esta diferencia se expresa en el paisaje y puede ser observada en las distintas formas de organización de los dos territorios. El paisaje del territorio del agronegocio es homogéneo, mientras el paisaje del territorio campesino e indígenas es heterogéneo.”

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se desvanece una serie de relaciones de reciprocidad que están asociadas con el sentido comunitario” (p. 11). Atendiendo a sus usos tradicionales, muchas veces las comunidades van buscando el modo de reclamar sus territorios colectivamente: “Además cuando los jueces dicen que tiene que ser individual. Nosotros les decimos, cómo va a ser individual, yo tengo una represa. La tenemos entre 10. No le vamos a poder dar un pedazo de la represa a cada uno. La represa o el pozo de agua es comunitario, y la prescripción no puede ser individual, porque una perforación, un pozo surgente no es nada (…) y ¿cómo haces para que si son 10 socios dividirlo en 10 pedazos?” (Dirigente campesino del lote El Ceibal, 2007).

La prescripción comunitaria por ley no existe. La forma legal que encontraron para reclamar su posesión común del territorio que ocupan es la del condominio con indivisión forzosa. En el libro III sobre los Derechos Reales del Código Civil se reconocen el dominio y el condominio (artículo 2503). El dominio, como explicita el artículo 2506, es el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y a la acción de una persona. Según consigna el artículo 2083, “Hay condominio cuando dos o más personas comparten el dominio de una misma cosa mueble o inmueble por contrato, actos de última voluntad, o disposición de la ley, sin que ninguna de ellas pueda excluir a la otra en el ejercicio del derecho real proporcional inherente a su cuota parte ideal en la cosa, ni de otro modo que el estatuido por el presente Código”. Sobre la indivisión el artículo 2100 prevé que “Habrá indivisión forzosa, cuando el condominio, sea sobre cosas afectadas como indispensables al uso común de dos o más heredades que pertenezcan a diversos propietarios. Ninguno de los condóminos podrá pedir la división sin el acuerdo unánime de los demás, o mientras uno solo de ellos tenga interés en la indivisión”. En estos casos, las mensuras de las tierras se realizan de manera comunitaria y cada familia pasa a ser, luego del juicio de prescripción, co-propietaria del lote en común. “Un ejemplo, si hay un lote de 1000 hectáreas en el que conviven 10 familias, hay partes del lote que seguramente sirven para ganadería, otras para agricultura, y otras que no sirven para nada. Existen diferentes áreas con distinto valor. Y la gente en general tiene acuerdos implícitos para hacer carbón en algunas zonas y otras cuidar los árboles. La idea es que todos tengan criterios para saber qué valor tiene cada parte y puedan participar en las decisiones de cómo se los va a explotar. Ellos son hoy en día co-posedores, y si ganan el juicio se convierten en condóminos y ¿cómo se disuelve el condominio? de común acuerdo. Si una de las partes no está de acuerdo el juez tiene que agarrar un lápiz y una regla y partirlo en partes iguales. Y a uno puede que le toque un salitral y a otro un pedazo hermoso.” (Pablo Muratore, abogado, 2007)

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Esto evidencia el juego que ponen en práctica las comunidades en relación con las instituciones modernas, eludiéndolas, utilizándolas estratégicamente o enfrentando unas practicas con otras sin dejarse determinar o encerrar por ellas. Tanto los campesinos y campesinas, como los pueblos indígenas, encuentran en la organización comunitaria una forma de hacer efectivo su derecho a la tierra e ir en busca del reconocimiento del mismo. La falta de recursos económicos para acceder a la justicia y la negación de sus particularidades culturales son determinantes ya que los sitúan en desigualdad de condiciones en el proceso judicial con quienes se adjudican la propiedad de las tierras. Esto los lleva a multiplicar las estrategias. Desde hace dos años la Mesa de Tierras de Figueroa ha tomado la decisión de formar a una abogada campesina que pueda defender sus derechos. Cada comunidad colabora con un monto de dinero para pagar los estudios de la abogada que en unos años los defenderá legalmente. A pesar de que emergen distintas prácticas alternativas que toman al derecho como instrumento de trasformación y resistencia, para poder reclamar sus derechos las comunidades aprenden el lenguaje jurídico consignado en el derecho positivo estatal. Paradójicamente, la posibilidad de reivindicar su derecho a la tierra se da a partir de la asimilación de una forma jurídica (Foucault) que borra y subsume a las comunidades, privándola de sus usos tradicionales (Bidaseca et al, 2007c). Como señala el subalternista indio Ranajit Guha (2003), el discurso jurídico hace que el estado se apropie de los derechos para asimilarlos al orden de la ley, reduciendo la amplitud de su significación a un conjunto de legalidades estrechamente definidas. En tal sentido, la inclusión del derecho y las voces jurídicas estatales que imponen el idioma que tienen que hablar los campesinos para poder ponerse en diálogo y reclamar su derecho a la tierra ha modificado, en parte, las prácticas tradicionales. Como veremos más adelante, esto también incide en los modos en que hombres y mujeres se apropian de este territorio.

3.5. Cuestión de Códigos. Entre el derecho formal y la igualdad real “El derecho no logra resolver el significado de la igualdad para aquellos a quienes la sociedad define como diferentes” (Minow, 1990).

Uno de los indicadores que nos permiten comprender el acceso de las mujeres a la tierra es el estudio de la legislación vigente con respecto, por ejemplo, a leyes de sucesión, matrimonio y divorcio, utilización de la tierra, entre otras. En la última mitad del siglo XX casi todas las Constituciones y Códigos civiles latinoamericanos incorporaron la igualdad 81

formal entre los sexos. Durante los años noventa, varios nuevos Códigos Agrarios han abolido el concepto del jefe de hogar varón como principal beneficiario de los programas estatales de distribución y titulación de tierras, sea dando el derecho a personas naturales y jurídicas en vez de a los jefes de hogar (Perú, México, Ecuador y Honduras) sea dando explícitamente la igualdad de derechos a la tierra entre hombres y mujeres (Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Honduras). A pesar de esta y otras modificaciones introducidas,

todavía

encontramos

en

las

legislaciones

vigentes

algunos

sesgos

discriminatorios. Por otra parte, diferentes estudios muestran que a pesar de estos cambios, la propiedad de la tierra continúa esencialmente en manos de hombres (Deere y León, 2000). Esto evidencia que los derechos formales de herencia no coinciden con las prácticas locales. Para un estudio de los marcos normativos que nos permitan comprender cabalmente el derecho de las mujeres a la tierra, nuevamente recuperamos las investigaciones de Zeberio (2006, 2007) quien analiza los cambios y continuidades producidos en las concepciones jurídicas sobre los derechos de propiedad, la familia y la herencia en la segunda mitad del siglo XIX en Argentina. Según su estudio, las posturas que defendían un orden sucesorio legal que incluía a la mujer se hicieron fuertes a partir de los años 1850. Hasta estos años, y de manera semejante a las tesis que defendían el principio de ocupación como fundamento de la propiedad, primaba la idea de preservar la dote107 como institución de resguardo de la mujer frente a los riesgos del matrimonio y de la apropiación de parte del marido de sus bienes. Luego de esta fecha, tomaron fuerza las posturas que defendían un orden sucesorio legal que incluía a las mujeres y contemplaba la igualdad entre los herederos. Según la autora, en el caso argentino se propugna una temprana intervención de las instituciones del Estado frente a las disposiciones del padre respecto de sus bienes. Zeberio expone la tensión que existía entre los juristas, “preocupados por amparar a la mujer y los intereses de los comerciantes y hacendados rioplatenses que habían abandonado la práctica de dotar a sus hijas, ya que les significaba distraer un capital escaso e imprescindible. Estos requerían de prácticas sucesorias más flexibles, que de hecho impusieron. Esta contradicción (…) fue ampliamente comprendida por Vélez, quien diluyó

107

Según Godoy, “la dote es esencialmente un proceso mediante el cual la propiedad de los padres es distribuida a las hijas en el momento de su casamiento y no cuando el padre muere (…). La propiedad que una mujer recibe como dote o herencia ´bilateral´ establece algún tipo de fondo, cuya naturaleza puede variar grandemente. Este fondo asegura su sostén (o seguro) durante la viudez y puede ser eventualmente traspasado a sus hijos e hijas”. (Godoy 1988, en Zubrzycky, 2003). Para el autor, tanto la dote como la herencia forman parte de un proceso a través del cual las hijas acceden a las propiedades parentales. Además, era un indicador del nivel económico del matrimonio. Los estudios al respecto explican que sólo los maridos podían administrar los bienes dotales, y estaban obligados a no utilizarlos para su propio beneficio. A pesar de esto, muchos hombres utilizaban las dotes de sus mujeres para sus propios emprendimientos o las malgastaban (Robledo, 2000)

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la figura de la dote del Código ya que ponía en riesgo el patrimonio familiar y respondía a unas culturas familiares y jurídicas que había que modificar frente a las nuevas necesidades” (2007: 216).

Hacia 1850 el debate se orientó hacia la defensa de un orden sucesorio y legal y la igualdad entre los herederos. Fue Vélez Sarsfield quien estableció un régimen donde la esposa se incorporaba al orden sucesorio. Como explica la autora, “Las convenciones matrimoniales podían preservar los bienes de la mujer, las que, como sostenía Vélez, debían hacerse a través del reaseguro de propiedad y no a través de la dote, a la que consideraba una figura retrógrada y que en el Código adquirió un carácter optativo”. (2006:12). De este modo, estas “instituciones” se adaptaron a los nuevos fundamentos de la propiedad privada. Por otra parte, el Código Civil sancionado en 1869 todavía establecía la incapacidad, para las mujeres casadas, de trabajar, ejercer la patria potestad de los hijos y de administrar sus bienes propios y los bienes gananciales. Tampoco la ley de matrimonio civil y la ley Nacional 11.357 de 1926, en donde se reconocen los derechos civiles de las mujeres, modifican la situación legal de subordinación de estas mujeres a sus maridos. Se reconocía, sí, la igualdad de capacidad para ejercer todos los derechos y funciones civiles entre hombres y mujeres, ya sean éstas solteras, divorciadas o viudas. Para las casadas, se levantaban gran parte de las restricciones que el Código imponía pero todavía no se les otorgaba la igualdad plena. Recién con la Reforma del Código Civil del año 1968, se consagra la plena capacidad de la mujer mayor de edad, que hasta entonces tenía una situación jurídica similar a la de un menor de edad. Hasta ese momento, en la Argentina, no era necesaria la firma de la esposa para ninguna transacción comercial en el que se comprometiera un bien ganancial, ya sea para su venta, ser usado como aval o garantía, o ser hipotecado. Es decir que no existía la necesidad de solicitar su firma para comprometer un bien o venderlo. En este sentido, la reforma del ´68 generó un mejor marco legal para la defensa de los derechos patrimoniales de las mujeres. En 1985 se sancionó la ley 23.264 que modificó el anterior régimen de Patria Potestad y filiación del Código Civil, que hasta ese momento beneficiaba al padre por sobre los derechos de la madre. En 1987 con la ley 23.515 se reformó el régimen de la familia colocando a ambos cónyuges en igualdad jurídica. Con esta ley se suprime el viejo resabio de autoridad marital que facultaba al marido de elegir el domicilio conyugal (Informe Especial sobre el Status de las Mujeres en las Américas, 1998; Birgin, 2000; Giordano, 2003; Biaggi, Canevari y Tasso, 2007; Vallejos, 2008; Bidaseca, et al., 2009). En los últimos años los derechos formales de las mujeres en Argentina han mejorado notablemente. Recién en 1994, a través del establecimiento de la jerarquía constitucional de 83

los tratados internacionales de derechos humanos, entre los que se encuentra la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), se reconoce constitucionalmente el derecho a la igualdad de las mujeres (Biaggi et al., 2007). Si embargo, incluso desde lo formal todavía existen ciertos sesgos de género y persisten lógicas discriminatorias, como las de la ley Nacional 23.515 de Matrimonio Civil, de 1987, que a pesar de reconocer la igualdad jurídica entre ambos cónyuges, continúa sosteniendo que para el caso de bienes cuyo origen no se pueda determinar, la administración de los mismos estará a cargo del hombre. De este modo se perpetúa una desigualdad entre varones y mujeres para adquirir, administrar y disponer de bienes de la sociedad conyugal. Con respecto al caso de las uniones de hecho, práctica muy frecuente en la zona rural de Santiago del Estero, son pocas las normas existentes108. Señalamos, por la importancia que tiene para nuestro tema de estudio, la inexistencia de normas que regulen los efectos patrimoniales cuando se rompe el vínculo. En la actualidad, el procedimiento legal para reclamar el reparto de los bienes en común supone, entre otros, probar la existencia de una sociedad de hecho y los aportes específicos que cada parte hizo en la unión. Otra falta importante es que tampoco está regulado en caso de separación, quién de los concubinos queda viviendo en el inmueble que ocupaba la pareja. El Artículo 9 Ley 23.091 especifica para las locaciones urbanas el derecho de los convivientes de suceder al locatario en la locación. No hay, para el caso de las locaciones rurales, ninguna norma a este respecto. Con respecto a los derechos de las mujeres rurales, como ya hemos mencionado en algunos trabajos anteriores (Vallejos, 2008; Bidaseca, Borghini, Vallejos, 2009) en nuestro país no existe un Código Agrario que se ocupe de la problemática específicamente. La legislación existente se halla formulada en el Código Civil, y no marca una distinción legal para las mujeres rurales que permita contemplar sus problemáticas específicas. No hemos encontrado tampoco legislaciones nacionales o provinciales que se ocupen específicamente del tema del acceso de las mujeres campesinas a la tierra. En el plano internacional, de todos modos, la CEDAW protege los derechos de propiedad de mujeres y explícitamente se refiere a las mujeres rurales en su artículo 14, donde se establece un marco legal para los derechos y el reconocimiento de estas mujeres109. 108

Entre otras: Art. 9 ley 23.091, art.248 ley 20.477 (T.21.297), art 158 ley 20.744, decreto 1.792/92 reglamentario de la ley24.028, ley 23.570, ley 24.417, art. 257 del Código Civil. 109 El artículo 14 expresa que “1. Los estados partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familiar incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la economía, y tomaran todas las medidas apropiadas para asegurar la

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Siguiendo en el plano de los derechos internacionales, recientemente, en 2003, se aprobó una resolución de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que afirma que toda discriminación contra la mujer en la ley que se refiere a la tierra y la propiedad constituye una violación de los derechos humanos. También insta a los Estados firmantes a conceder la plena igualdad de derechos para poseer tierras y otros bienes para garantizar el derecho a una vivienda adecuada, incluso a través de los derechos de herencia. A pesar de que estas legislaciones constituyen un marco importantísimo a la hora de salvaguardar los derechos de las mujeres a la tierra, como veremos más adelante, el problema de los derechos humanos de las mujeres, aplicado al caso concreto de las mujeres campesinas en Santiago del Estero, no está exento de contradicciones. Si analizamos la Constitución Provincial de Santiago del Estero, vemos que al expedirse sobre “la mujer” establece la paridad legal entre ambos sexos. Esto supone, asimismo, un acceso equitativo a bienes y recursos (Bidaseca et al 2009). Dice: Art. 28. – “Protección de la mujer. La mujer y el hombre tienen iguales derechos. El Estado asume la obligación de emprender acciones positivas a fin de garantizar dicha igualdad.”

Si bien debemos valorar el avance que supone establecer la igualdad de derechos en la Constitución, al nombrar a “la mujer” en singular esta legislación cae en una mirada esencialista que no reconoce la diversidad de mujeres y de realidades diferentes que conviven en Santiago del Estero110. Por otra parte, más adelante, cuando analizamos el Art. 103 respecto del Desarrollo económico social, este reconocimiento formal que garantiza la igualdad entre “el hombre” y “la mujer” parece desconocerse al señalar que: “El Estado asume el compromiso de: -

Fomentar la producción agraria y su desarrollo tecnológico.

aplicación de las disposiciones de la presente convención a la mujer de las zonas rurales. 2. Los estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le aseguraran el derecho a: a) participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los niveles; b) tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia; c) beneficiarse directamente de los programas de seguridad social; d) obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no académica, incluidos los relacionados con la alfabetización funcional, así como, entre otros, los beneficios de todos los servicios comunitarios y de divulgación a fin de aumentar su capacidad técnica; e) organizar grupos de auto ayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad de acceso a las oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta propia o por cuenta ajena; f) participar en todas las actividades comunitarias; g) obtener acceso a los créditos y prestamos agrícolas, a los servicios de comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y de reasentamiento; h) gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, los transportes y las comunicaciones”. 110 Para una referencia a este debate véase el punto “Algunas consideraciones sobre el género” en el capítulo 2 de esta tesis y el punto “El género en el derecho”, en este mismo capítulo.

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-

Estabilizar la población rural y procurar su acceso a la propiedad.111

-

Estimular la industrialización en la Provincia promoviendo, preferentemente, la relacionada

con la transformación de las materias primas locales. Promueve también la radicación de capitales y de tecnología, así como de las pequeñas y medianas empresas. -

Colaborar con la actividad privada en el desarrollo de nuevos mercados nacionales e

internacionales para la producción local. -

Elaborar planes de colonización de las tierras, orientados a su aprovechamiento económico y

social, con preferencia en la adjudicación para la explotación directa y racional por el ocupante, su familia y grupos organizados como cooperativas. -

Establecer en la Provincia zonas promocionales para los emprendimientos particulares,

estatales o mixtos.”

Según concluimos en un trabajo anterior (Bidaseca, Borghini, Vallejos, 2009), es notorio que el sujeto de derecho es el Hombre, la familia o el conjunto de la “población”, la mujer no es nombrada como tal. Por el contrario, es supuestamente englobada en una categoría masculinizante (“el ocupante”). Es la otredad no nombrada. La falta de una categoría de otredad diferenciada por la ley para nombrar a las mujeres, hace que ellas “vean reducidos sus derechos al no poder reivindicarlos en su propio nombre. Vuelven, una vez más, a ser subalternizadas” (p. 16). Otro caso ilustrativo que encontramos en la legislación provincial es el de la ley de tierras y colonización, Nº 5.402/84 (citado en Ferro, 2008). En el art. 16 del cap. VIII, sobre los adjudicatarios señala que para poder adjudicarse las tierras deben: - “Ser auténtico productor rural, definiéndose como tal a quien realice por sí mismo o con la colaboración de su grupo familiar, las tareas propias de la actividad agropecuaria o que, si asume funciones directivas, las ejerza sin intermediarios de ninguna índole, debiendo dichas tareas ocupar la mayor parte de su tiempo productivo y ser la actividad agraria su fuente principal de recursos”

Más adelante, el cap. IX sobre adjudicación, en su art. 20 expresa que: - “Se tomará como módulo para la adjudicación de más de una unidad económica al núcleo familiar que contare con cuatro (4) hijos de cualquier sexo, o tres (3) varones mayores de 14 años que vivan y colaboren con él. En ese caso, se podrá adjudicar tantas unidades suplementarias como veces reúna este número de hijos, a juicio de la autoridad de aplicación.”

Aquí no solamente llama la atención el sesgo de género en el gesto de masculinizar a los sujetos, marcando, de este modo, una invisibilización de la mujer en el derecho a acceder a la posibilidad de ser propietaria. Los sujetos que nombra la ley de tierras y colonización como pasibles de ser adjudicatarios de las tierras deben ser “auténticos productores rurales”, y 111

El resaltado en negrita es nuestro.

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todavía aclara que deben realizar la tarea por sí mismos o con ayuda del grupo familiar. Como veremos más adelante, la invisibilización del trabajo femenino en el campo (y la percepción del mismo como “ayuda familiar”) lleva a invisibilizar también su derecho a reclamar la adjudicación de la tierra por esta vía. Hay una “construcción androcéntrica del universo de beneficiarios” (Ferro, 2008). En el artículo Nº 20 que citamos anteriormente la preferencia de adjudicación a los varones por sobre las mujeres se vuelve más explícita y aclara que en el caso de que tres de los hijos sean varones tendrán posibilidad de ser beneficiarios de la adjudicación de tierras, siempre y cuando la autoridad de aplicación lo apruebe. Por detrás de esta legislación subyace una concepción sesgada de la sucesión de tierras, que según el imaginario se da por vía masculina excluyendo a las mujeres de la posibilidad de acceder a la gestión de las explotaciones. A pesar de algunos puntos como el que marcamos, que todavía evidencian un fuerte sesgo de género, aún si reconociéramos los avances en las legislaciones para alcanzar la equidad entre varones y mujeres frente a la ley, todavía debemos resaltar una discrepancia importante entre la igualdad formal, consignada en la ley, y los alcances de la igualdad real, representada no sólo en la posesión de títulos de propiedad sino en el acceso, control y uso de la tierra. La naturalización de las relaciones de género hace que la producción agropecuaria y la administración de propiedades sigan asociadas al ámbito masculino, a pesar de los visibles aportes del trabajo femenino y las luchas de las mujeres rurales por el reconocimiento de sus derechos. En este sentido también resulta útil la distinción que hacen Deere y León (2000: 3) entre derecho a la tierra, entendido como el reclamo legal y socialmente reconocida y aplicable por una autoridad externa “legitimada” y el acceso a la tierra, entendido como término más general e indefinido que puede incluir diferentes relaciones jurídicas como la tenencia o la posesión e incluso medios informales de uso. Si bien la incorporación de reformas jurídicas y de normas legales que garanticen la igualdad de derechos para varones y mujeres son una condición necesaria para permitir el acceso de las mujeres a la tierra, y a pesar de que en América Latina la normativa civil y de familia ha evolucionado notablemente en las últimas décadas y consagra hoy la igualdad formal entre varones y mujeres (virtualmente en todos los planos) en la realidad dicha igualdad está aún lejos de alcanzarse. Esto no se debe únicamente a que, como hemos mostrado, algunas de las legislaciones que regulan directa o indirectamente el acceso a la tierra discriminan a las mujeres. Como señala Merteens (2006), las desventajas históricas, los imaginarios y las prácticas sociales persistentes han creado un contexto en que se invisibilizan los derechos específicos de las mujeres, o en donde ellas no logran fácilmente ejercerlos. En 87

este sentido, es necesario analizar no sólo los parámetros legales de acceso a la tierra, sino también las prácticas culturales que determinan el acceso y control por parte de mujeres y varones. El problema de la distancia entre la legislación formal y los usos y costumbres nos lleva a otro dilema. Nuevamente se nos presenta aquí la tensión entre derechos. Si bien la legislación positiva es una herramienta clave a la hora de reclamar los derechos de las mujeres, como veíamos más arriba, regirse bajo los parámetros que estipulan las leyes estatales la mayor parte de las veces implica desconocer los usos y costumbres tradicionales de los campesinos e indígenas (por ejemplo, al no considerar el uso comunitario de sus tierras).

3.6. El género entre los derechos individuales y colectivos Si bien cuando se habla de acceso colectivo a la tierra no se está suponiendo un acceso diferencial para varones y para mujeres, en la práctica, muchas veces los usos y costumbres tradicionales imponen límites a los individuos a favor de lo colectivo, discriminando, en general, a las mujeres. Tal como lo demuestran algunos trabajos (Mallón, 1997; Bidaseca, Borghini, Mariotti y Vallejos, 2007b112); observamos que la lucha por la tierra provoca, a menudo, una

subordinación de las demandas de género a los objetivos “primarios” de las comunidades. En varias entrevistas con mujeres campesinas emerge como tema conflictivo urgente el de los desalojos inminentes a las comunidades y su derecho a la tierra, y la imposibilidad de ocuparse “por el momento” de los temas “de género”. Se manifiesta así la necesidad de relegar las cuestiones de género hasta poder resolver la problemática de la tierra, como si debiera darse una y luego la otra, correlativamente. Lo que nos interesa resaltar aquí es cómo estas identidades campesinas que se conforman en los márgenes del Estado Nación, también acaban por invisibilizar y subalternizar otras identidades, como la de las mujeres. Cuando pensamos en comunidades que conforman su identidad colectivamente, nos encontramos con el problema del reconocimiento de los derechos de género. ¿En qué medida en la conformación de una identidad colectiva (nosotros), que implica una igualdad, se produce una invisibilización de los derechos de las mujeres? ¿Qué desafíos supone pensar el reconocimiento de los derechos específicos de una comunidad desde una perspectiva de género? Aparece aquí una tensión entre derechos individuales y derechos colectivos, que a su 112

También citamos el trabajo de Molyneux (1984), aunque no está centrado en la lucha por la tierra específicamente.

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vez está relacionada con un debate más amplio sobre el carácter universal de los derechos humanos de las mujeres, en este caso. Por otra parte, situadas desde un espacio académico se nos plantea la inquietud de ver cuáles son las implicancias de preguntarse por cuestiones de género (pensadas en el marco de los derechos humanos de las mujeres) en una comunidad en donde estos temas no son enunciados, sobre todo si tenemos en cuenta que, como explica Segato (2004:6), adoptar otra lógica de derechos puede llevar a la fragilización del grupo y por lo tanto debilitar su unidad en la resistencia política. Apelar al derecho positivo en este caso puede implicar una contradicción con el derecho consuetudinario por el que se rige la comunidad y, de esta manera, amenazar la cohesión grupal que es el fundamento de los derechos colectivos de cada pueblo, como el derecho a la tierra. Como señala Menon para su estudio en la India, el "privilegio masculino, la subordinación femenina y la identidad de la comunidad se entrelazan intrínsecamente, de modo que los derechos reclamados por las comunidades vis à vis del Estado, el derecho a la autonomía, la individualidad y el acceso a los recursos, son negados por esas comunidades a ´sus´ mujeres" (1998: 249, en Kabeer 2002: 30). Esto pone a las mujeres de estas comunidades, quizá ya excluidas, en una posición imposible. Exigir derechos constitucionales modernos sería desafiar las costumbres de sus grupos. Pero luchar por los intereses de su comunidad implica aceptar su estatus de subordinadas, porque esa subordinación llega a definir los valores y la cultura del grupo. En esta tensión están jugando dos concepciones de derecho contrapuestas. La primera supone una visión universal que, con una mirada etnocéntrica, niega el derecho a una cultura “otra” en nombre de determinados valores asumidos como universales. La crítica culturalista, por otro lado, cuestiona la existencia de una moralidad universal y argumenta que ésta debe interpretarse en su contexto cultural e histórico específico, otorgándole un status especial a las leyes consuetudinarias de los diferentes grupos étnicos. El problema de estos argumentos es que apelan a un pasado idealizado y estático de las costumbres y tradiciones, sin tomar en consideración que las culturas son dinámicas y se reconstruyen permanentemente. De esta manera, muchas veces se ocultan las inequidades existentes en el interior de las comunidades, particularmente las de género. El debate corre el riesgo de plantearse entre dos esencialismos: el esencialismo de “la mujer” que suponen el derecho positivo o los derechos humanos y el esencialismo de “la comunidad” que suponen los derechos colectivos. El desafío es poder salirse de estos binarismos rígidos que se presentan como opuestos, examinando los procesos de enmarañamiento que se producen en el encuentro colonial (Abu-Lughod, 2002). En este 89

sentido, el avance de otras lógicas que comienzan a operar en el campo santiagueño, mueven las fronteras tradicionales, tornándolas permeables. Tal vez podríamos suponer que hasta determinado momento histórico en donde los títulos de propiedad no fueron necesarios en Santiago del Estero (ya que tenían una concepción que funcionaba al margen de las nociones de propiedad privada), este dilema entre derechos de las mujeres y derechos de las comunidades era vacuo; pero qué sucede cuando cambian los términos de la discusión, cuando se incorporan nuevas lógicas que trastocan los modos tradicionales de habitar el territorio. Con la necesidad (impuesta) de titular las tierras ante la posibilidad inminentes de ser desalojados, el derecho de las mujeres a la titularidad no aparece nombrado. Los títulos figuran, en la mayor parte de los casos, a nombre de los varones. De esta manera, el derecho de las mujeres supuestamente se refugia en el reclamo general del derecho familiar, encabezado por el hombre, a la tierra.

3.6.1. La comunidad en el derecho Uno de los puntos nodales en la construcción de la comunidad es la visión de la “ciudadanía multicultural” expuesta por Kymlicka (1996) y otros autores, que parte de una mirada crítica a la formulación e implementación de los derechos humanos basada en la primacía de los derechos individuales sobre los derechos colectivos. Como señala Stavenhagen (1996), “en la medida que los Derechos Humanos son individuales, de las personas, las colectividades no pueden ser sujetos de los derechos humanos. (…) ciertos DDHH individuales solamente pueden ser ejercidos plenamente en forma colectiva. Así, los derechos políticos (el derecho a la libre asociación) y los económicos (el derecho a pertenecer a un sindicato) no pueden concebirse más que como ejercicio colectivo” (p.161). Es conocida la lucha de los pueblos indígenas por lograr el reconocimiento de sus derechos colectivos, por la autodeterminación y el territorio. En el caso de las comunidades campesinas no es tan clara la posibilidad de acceder a los derechos colectivos sobre la tierra. Kymlicka (1996: 57), desde la teoría liberal aporta a este debate, inscribiendo una pregunta clave: ¿Por qué los miembros de determinados grupos deberían tener derechos relativos a la tierra, la lengua, la representación, etcétera, que los miembros de otros grupos no tienen? El autor examina la ambigüedad de los derechos colectivos por tratarse de un término demasiado amplio y que no logra trazar la distinción entre restricciones internas y protecciones externas. Su aporte fundamental está en el planteo de una falsa dicotomía entre derechos individuales y colectivos que enfrenta a individualistas y colectivistas. Así, los primeros “rechazan la idea de que los grupos étnicos y nacionales tengan derechos colectivos 90

y los colectivistas niegan que los intereses de una comunidad sean reducibles a los intereses de los miembros que la componen”. Este debate remite al antiguo problema de la primacía del individuo o de la comunidad. Para el autor no resulta útil esta disyuntiva y sugiere pensar en derechos diferenciados en función del grupo, los cuales no postulan una primacía de uno u otro, sino la idea de justicia entre grupos que exige que a los miembros de grupos diferentes se les concedan derechos diferentes” (p. 74-76) para garantizar la efectiva igualdad entre sujetos diferentes. (Bidaseca et. al, 2007d:6) Frente a la pretensión de homogeneidad que presentan los Derechos Humanos, en muchos países de América Latina y del mundo, existe una nueva coyuntura política en la cual la multi-pluri-inter-culturalidad está ganando espacio y legitimidad. En este escenario, Walsh plantea la necesidad de encontrar un nuevo paradigma de legalidad que dé respuesta al problema de articular “horizontes culturales particulares y una jurisdicción que se confunde con la propia humanidad (...) pensar fuera de las categorías de la modernidad, entender la importancia de los lugares epistémicos, éticos y políticos de enunciación, y considerar la potencialidad de los espacios de las fronteras. Requiere aceptar que el conocimiento no es uno y universal para quien quiera ingresar en él y que tampoco es uno el campo jurídico.” (2002).113. Ante este posible escenario de alternativas, Catherine Walsh (2002) señala que “varios autores advierten que atrás de las nuevas políticas latinoamericanas del reconocimiento e inclusión, juega una nueva lógica cultural del capitalismo global, una lógica que intenta controlar y armonizar la oposición con la pretensión de eventualmente integrar a los pueblos indígenas y negros dentro del mercado.” Esto les permitiría reacomodar la lógica ya impuesta sin tener que modificar la totalidad del esquema, manteniendo el sistema de jerarquías.

3.6.2. El género en el derecho Como hemos mencionado anteriormente, cuando desde el derecho positivo y desde los derechos humanos se habla de los derechos de las mujeres están teniendo en cuenta un solo tipo de mujer, pretendiendo así crear un solo tipo de legislación que las abarque. La idea de los derechos humanos como algo universal implica pensar en que hay un sujeto universal de derechos, imposibilitando cualquier reconocimiento desde las márgenes. El riesgo que 113

Muchos autores se refieren al modo diferencial en que se entiende la identidad dentro del derecho. Cao Leiva (2005) explica que en la cosmovisión andina, la identidad humana implica la inserción en una identidad colectiva. “El verdadero sujeto ético equivale a un ñuqayku (nosotros) colectivo y comunitario, y no a un ñuqa (yo), autónomo e individual)” como supone el derecho occidental, individualista y totalizante. Es en este tipo de sociedades que poseen una forma comunitaria de entender los derechos donde se hace necesario el reconocimiento de los derechos colectivos como una forma de defender los derechos individuales.

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corremos es el de plantear un debate en torno a los derechos de género que silencie, nuevamente, a las mujeres con las que estamos trabajando. Debemos ser cuidadosas en no aceptar de modo acrítico algunos términos de la discusión que forman parte de una narrativa moderna y occidental del mundo y niega los modos particulares de habitar el territorio de estas mujeres campesinas. En el capítulo anterior vimos cómo el debate “eurocéntrico” entre los feminismos se construyó a partir de la mirada sobre las experiencias de las mujeres europeas, blancas y de clase media, marginando las realidades diferentes de ciertas mujeres como las campesinas latinoamericanas en su posición de subalternidad que les dificulta y/o impide lograr un locus de enunciación. Llegadas a este punto, vuelven a presentarse interrogantes que encienden de nuevo la incómoda disyuntiva entre “diferencia” y “desigualdad”. La multiplicidad de escenarios posibles nos obliga a reflexionar sobre la dosis adecuada de esencialismo (y antiesencialismo) que logre un mejor equilibrio entre estas tensiones planteadas. El feminismo jurídico ha desarrollado buena parte de los aportes feministas a la cuestión de la subordinación social, en un contexto en el cual la dicotomía igualdad/diferencia había monopolizado el debate sobre la desigualdad sexual. En buena medida uno de sus logros más importantes de estas intelectuales consiste en haber superado esta dicotomía y haber incorporado al debate jurídico la reflexión feminista sobre la subordinación femenina (Birgin, 2000). Es decir, el problema de las mujeres no es exclusivamente de discriminación (entendida como aplicación injustamente desigual de normas jurídicas esencialmente justas), sino de subordinación. En otras palabras, el sistema jurídico construye y reproduce una estructura social que relega a las mujeres y esto puede realizarlo tanto igualando como diferenciando. Durante mucho tiempo el derecho discriminó a las mujeres “diferenciándolas”; sin embargo, hoy en día también reconstruye y reproduce la subordinación sexual cuando iguala varones y mujeres, sin tener en cuenta que la situación de partida es la desventaja social de las mujeres (Bodelón, s/f). En esta misma lógica, también se plantea una discriminación cuando se iguala a todas las mujeres bajo una idea universal de “mujer”. El dilema que Martha Minow (en Bodelón, s/f) denomina como de la diferencia114 supone que si se ignora la diferencia en los casos de grupos subordinados se perpetúa una falsa neutralidad, pero si, por el contrario, nos centramos en ella, puede perpetuarse el estigma 114

Como sostiene Birgin, “el falso dilema de ´igualdad frente a diferencia´ se derrumba desde el momento en que no tenemos una entidad homogénea mujer frente a otra entidad homogénea varón, sino una multiplicidad de relaciones sociales en la cual la diferencia sexual está construida siempre de muy diversos modos y donde la lucha contra la diferencia adopta formas específicas y diferenciales” (2000:119).

92

de desviación que conlleva. Tanto basarse en ella como ignorarla puede recrearla. Ella sugiere que en lugar de actuar como si igualdad y diferencia fueran conceptos ciertos y constantes, es necesario examinar cómo son utilizados y en qué contextos la diferencia es considerada relevante. Su propuesta es pensar la diferencia rechazando su construcción como oposición a la igualdad. Según la autora, se debe examinar en qué contextos la diferencia resulta relevante, con lo cual la diferencia se utiliza para describir las características de una relación y no de una persona o grupo. MacKinnon (en Bodelón, s/f) formula su teoría contraponiendo dos formas de analizar el problema de la discriminación. Por una parte, estarían todas aquellas teorías que aprehenden la “discriminación como diferencia”. Esta perspectiva tiene dos manifestaciones: la neutralidad y los derechos especiales. La neutralidad supone que el problema de discriminación se reduce a que el derecho no trata a varones y mujeres de forma igual; la segunda manifestación es la de los derechos especiales, que busca compensar a los discriminados en la medida en que son diferentes, con lo cual contribuye a la reconstrucción de la diferencia. Por otra parte, la autora defiende la idea de la “discriminación como desigualdad”, según la cual todas aquellas prácticas que subordinen a las mujeres deben ser consideradas prácticas discriminatorias. En este sentido, y como sugiere Nancy Fraser (1997), la búsqueda de justicia no puede pensarse escindida de la búsqueda por el reconocimiento y la redistribución. Fraser conceptualiza la redistribución y el reconocimiento como dos paradigmas diferentes de justicia. Ella postula dos formas amplias de entender la injusticia: como injusticia socioeconómica; y como injusticia cultural o simbólica. Ambas injusticias no están escindidas sino que una implica a la otra, se entrecruzan y se refuerzan dialécticamente. Nos interesa retomar el enfoque de la autora porque resulta muy sugerente a la hora de pensar el problema de los derechos de las mujeres a la tierra. Podemos ubicar a las mujeres campesinas dentro de lo que Fraser denomina colectividades bivalentes, modos híbridos que combinan rasgos de las clases explotadas con los de la sexualidad menospreciada. Según la autora, el género “no es sólo un factor de diferenciación político-económica sino también un factor de diferenciación cultural-valorativa” (p.32). En el marco teórico que elabora Nancy Fraser la redistribución y el reconocimiento tienen la misma importancia conceptual y normativa. Ella considera que son dos dimensiones y aspectos de la justicia irreducibles el uno al otro. Por lo tanto, asegura que necesitamos integrar la perspectiva igualitarista de la redistribución con la perspectiva del reconocimiento, 93

que paradójicamente pone énfasis en el respeto por las diferencias115. Aquí se plantea, según ella, una tensión irreductible. Mientras unas medidas tienden a promover la diferenciación, las otras tienden a socavarla. A pesar de que ella no encuentra ninguna estrategia teórica que permita resolver el dilema por completo, la línea que propone va en el camino de encontrar soluciones afirmativas a la injusticia, asociadas al multiculturalismo, por un lado; y soluciones transfomativas a la inequidad, asociadas al deconstructivismo, por el otro. Honneth (1997), por su parte, rechaza la concepción dualista de la justicia de Fraser e introduce la idea del reconocimiento como categoría moral fundamental. En consecuencia, para Honneth la mala distribución de los recursos está relacionada con la falta de consideración y respeto por los más pobres. El lenguaje moral del sufrimiento, cualquiera sea la circunstancia, tiende a revelar sentimientos que reflejan el no reconocimiento por parte del sistema de valoración cultural que rige en la sociedad. En este sentido, Honneth afirma que las sociedades capitalistas contemporáneas deben ser entendidas como un régimen de reconocimiento tripartito. En primer lugar, la esfera del amor y el cuidado (amor por el bienestar del otro en términos de sus necesidades individuales); en segundo lugar, la dimensión del respeto legal, de la igualdad de derechos; finalmente las jerarquías de estatus como producto de los logros individuales conforme a la valuación cultural de actividades y trayectos de vida. En este mismo sentido Rita Segato (2004), describe tres principios de justicia: el principio moral, la ley y el principio ético. Según ella, este tercer principio es el que hace posible un cuestionamiento reflexivo y crítico sobre los códigos, tanto morales como legales, que nos rigen. Es el que permite la posibilidad de extrañamiento, de puesta en duda de lo que consideramos como absoluto. “La pulsión ética nos permite no solamente contestar y modificar las leyes que regulan el ´contrato´ en que se funda la nación sino también distanciarnos del lecho cultural que nos vio nacer y transformar las costumbres de las comunidades morales de las que formamos parte” (p. 13).

115

Así, en este dilema que plantea Fraser se ponen en juego las dos perspectivas feministas tradicionales que mencionamos en el capítulo anterior.

94

CAPÍTULO 4 Vida campesina y construcciones de género.

“La vida campesina es una vida dedicada por entero a la supervivencia. Esta es tal vez la única característica totalmente compartida por todos los campesinos a lo largo y ancho del mundo.” John Berger (1979), Puerca Tierra.

En el 2003, en el departamento de Figueroa, se establece la Mesa de Tierras departamental que se propone como objetivo darle mayor visibilidad y poder de reclamo a la problemática de la tierra. Esta experiencia se articula con una larga trayectoria de trabajo con grupos de mujeres campesinas de distintas comunidades del departamento que en muchos casos también forman parte de la Mesa de Tierras. En el capítulo anterior hemos descrito los cambios en las normas legales en cuanto a los derechos de las mujeres, incluido el de propiedad, como uno de los factores importantes hacia la igualdad de género pero, como hemos mencionado, esto de por sí no garantiza el cumplimiento efectivo de estos derechos. Según algunos estudios, a pesar de que las modificaciones incorporadas a los Códigos Civiles o de Familia en cuanto los derechos de propiedad han ampliado los derechos de la mujer casada y en unión consensual, estas transformaciones todavía no son suficientes para nivelar la distribución desigual de la propiedad entre varones y mujeres. Culturalmente sigue considerándose al hombre como el representante de la familia o el administrador de los bienes comunes. Como sostienen Deere y León (2000), la propiedad de la tierra continúa esencialmente en manos de hombres, lo que sugiere que los derechos formales no coinciden con las prácticas locales. En este sentido resulta útil la distinción que hacen Deere y León (2000:3) entre derecho a la tierra, entendido como el reclamo legal y socialmente reconocido y aplicable por una autoridad externa “legitimada” y el acceso a la tierra, entendido como término más general e indefinido que puede incluir diferentes relaciones jurídicas como la tenencia o la posesión e incluso medios informales de uso. Partiendo de una caracterización del departamento Figueroa, en este capítulo describiremos cómo se conforman los grupos de mujeres y de la Mesa de Tierras de Figueroa. Asimismo comenzaremos a adentrarnos en algunos factores de tipo cultural, como la invisibilización del trabajo femenino en el campo y los lugares que socialmente están asignados a varones y a mujeres, que nos permitirán ir comprendiendo de qué manera estas legislaciones que describimos anteriormente repercuten en las comunidades. 95

4.1. Figueroa, un departamento rural El departamento Figueroa está ubicado en la zona central de la provincia de Santiago del Estero (ver mapas anexos). Limita al norte con los Departamentos Pellegrini y Alberdi, al sur con Departamentos Robles e Ibarra, al este con los Departamentos Alberdi, Moreno e Ibarra, al oeste con los Departamentos de Banda y Jiménez. Tiene una superficie total es de 6.700 km². Según el censo del año 2001, en el Departamento Figueroa vivían 17.495 habitantes, el 2,17 % del total provincial. Una de las características principales de este departamento es la gran presencia de población rural. Llamativamente el 100% de su población, según el censo de 2001, contando con un alto porcentaje de población rural dispersa (un 76,8%)116. Hay una ausencia de núcleos urbanos importantes. La cabecera departamental es La Cañada, en el extremo SO del departamento. Bandera Bajada es otro de los centros urbanos importantes. Es ahí donde tiene su sede la Mesa de Tierras de Figueroa. Los asentamientos campesinos de Figueroa, se remontan a períodos precolombinos, a diferencia de otras zonas de la provincia que datan de la época de la explotación del quebracho. En esta zona de la provincia todavía es muy extendido el uso de la lengua quichua, aunque entre las generaciones más jóvenes se ha ido perdiendo117. El 88% de las explotaciones del departamento son unidades campesinas (Álvarez et. Al, 1998) y cuenta con un alto porcentaje de tenencia precaria de la tierra. Figueroa tiene un 87,6% de explotaciones sin límites definidos, según el Censo Nacional Agropecuario de 2002. Otra de las particularidades que caracterizan a este departamento es que figura entre los más pobres de la provincia y del país. Según el Censo Nacional de 2001 es el departamento santiagueño que presenta un mayor índice de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), con el 52,95% (frente al 26,2% que se presenta para el total de la provincia). Cuenta además con un alto porcentaje de mujeres jefas de hogar (24,7%, según el Censo Nacional de 2001)118.

116

El INDEC diferencia entre población rural agrupada, que es la que habita en localidades de menos de 2000 y la población rural dispersa es la que habita en “campo abierto”. La tercera categoría, que no se encuentra presente en el departamento Figueroa, es la de población urbana, con más de 2000 habitantes. 117 Para un estudio de la presencia indígena en Santiago del Estero ver Grosso (2008) 118 De acuerdo a los datos censales, el porcentaje total de mujeres jefas de hogar en Argentina es del 17 %. En Santiago ese porcentaje alcanza el 22%. Según Chiappe (2005) las jefaturas de hogares a cargo de mujeres son un fenómeno que está creciendo en las últimas décadas y que es interpretado como parte del proceso de “feminización de la pobreza”. La autora precisa que la jefatura de hogar por parte de las mujeres en las áreas rurales en Argentina es muy alta en comparación con otras áreas, como las localidades de hasta 5000 habitantes. En el cuadro de condición de actividad del jefe que se desprende del Censo Nacional de 2001, llama la atención el alto porcentaje de mujeres jefas de hogar que figuran como inactivas.

96

Los caminos en su gran mayoría son de tierra y los parajes suelen estar bastante aislados unos de otros. Además, estas comunidades también se encuentran poco comunicadas con los centros urbanos departamentales y provinciales ya que hay pocos transportes públicos que lleguen hasta los distintos parajes. En general suelen llegar una o dos combis por día a cada uno de los parajes, dependiendo de la cantidad de familias que vivan en cada comunidad y de qué tan distantes de la ruta principal estén. Por la ruta provincial pasan colectivos con un poco más de frecuencia. En caso de perder la combi por falta de disponibilidad de lugar, la opción que queda es tomar el colectivo y conseguir alguna movilidad (en general moto) por camino de tierra hasta los parajes. Este aislamiento se profundiza en época de lluvias, ya que los caminos se hacen intransitables (las características salitrosas de los suelos, que hacen menos permeable el agua, intensifican esto). También es complejo el tránsito en época de seca, ya que la presencia de bobadales (tierra seca tipo polvo) hace muy dificultoso el paso de los autos. El medio de transporte más utilizado entre los pobladores es la bicicleta o la moto. Las lluvias están concentradas entre fines de la primavera y principios del otoño, con un período de sequía de hasta 8 meses. El agua de lluvia se almacena en represas de tierra, en aljibes o calicantos. Hasta hace 20 años, varias comunidades recibían el agua del Dique Figueroa y trabajaban de la agricultura, principalmente algodón y alfalfa (“alfa”, como lo denominan localmente). Luego el dique se rompió y el abastecimiento de agua empezó a mermar. Esto se vio agravado por la formación de una “cárcava”, una grieta, que filtra el agua del río Salado, uno de los dos ríos más importantes de Santiago del Estero, que también abastecía de agua a la zona. El nivel de salitre del suelo y la falta de agua en esta zona de la provincia es lo que probablemente hizo que los intereses de empresarios agropecuarios y los conflictos por la tierra aparecieran bastante más tarde que en otras zonas más productivas. Como describe uno de los campesinos entrevistados: "Nuestro suelo es muy pobre, en su mayoría no son aptos para la agricultura ya que son salitrosos, sin embargo han llegado muchos empresarios de adentro y de afuera del país, que intentan arrasar con pueblos enteros.(…) Cada comunidad en Figueroa, tiene un campo comunero en el cual se produce la ganadería, la leña para el fuego, es la base de nuestra economía familiar. Perder el campo comunero es para nosotros perder el sistema de producción que tenemos en la zona. Es uno de los pocos lugares donde todavía no se ha puesto el alambre, nosotros dividimos las tierras con zanjones. En este momento estamos resistiendo, tenemos alrededor de cien mil hectáreas amenazadas con empresarios que los estamos frenando" (Julio, campesino, Mesa de Tierras de Figueroa, 2007).

97

Actualmente el Dique de Figueroa está en reconstrucción. Esto, si bien abre la esperanza de todos los pobladores de poder volver a tener la producción agropecuaria que tenían años atrás, también recrudece el problema de los intereses económicos por estas tierras que, con el abastecimiento de agua, recuperarían su fertilidad. Mientras tanto, la mayor parte de las familias realizan cultivos de secano119, con un promedio anual de lluvias de 500 mm. Cada familia tiene una superficie cultivable que denomina “cerco” y comparte con vecinos de la comunidad una extensión de monte120 para el pastoreo de sus cabras, la recolección de frutos, leña, miel. En algunos parajes casi no tienen animales por el problema del cuatrerismo121. En general también tienen huerta (durante el período de lluvias) y chacra (cabras, gallinas y chanchos). Las actividades productivas son el cultivo de la alfalfa y el algodón (cada vez menos producido por su bajo precio y la escasez de agua). Otro de los recursos económicos disponibles, sobre todo desde los últimos años, luego del desabastecimiento de agua en la zona, es la extracción “postes”122 y carbón. De estas actividades se suelen encargar los varones. La jornada laboral de las mujeres es la más extensa de todo el grupo familiar. El trabajo fuerte se desarrolla de mañana. Las mujeres amasan tortilla, prenden el fuego y calientan el agua; alimentan a las gallinas y limpian la casa y los patios. En épocas de lluvia, cuidan la huerta (en donde siembran, entre otras cosas, semillas criollas de zandía, melón y zapallo). También aprovisionan al hombre, que suele salir de mañana a trabajar al monte. Las mujeres, fundamentalmente, son responsables del trabajo “reproductivo” (labores domésticas, crianza, cuidado y alimentación de la familia) dentro del hogar. A esto se suma el trabajo “productivo”, cuidando de los animales y la huerta. A pesar de esto, como las actividades no son remuneradas, su trabajo es invisibilizado (Canevari, 1998).

4.2. Para la mujer no hay trabajo: trabajo femenino, trabajo invisible

119

La agricultura de secano es aquella que para el riego utiliza únicamente el agua que proviene de la lluvia. Figueroa es uno de los departamentos santiagueños con mayor porcentaje de monte nativo. Como nos contaba uno de los campesinos de la Mesa de Tierras de Figueroa, “Nos han hecho llegar un libro donde tiene todas las hectáreas…vamos decir, nosotros tenemos un 85% de monte natural en un estudio técnico que han hecho, a la comparación de los otros departamentos que tienen el 15, el 20, el 10, así. Y eso yo creo que más que todo es por la resistencia de la organización de la mesa porque si nosotros no hubiéramos resistido ante las empresas iban a alambrar. Aproximadamente se ha resistido ante 65 empresas que han venido” (Marcelo, campesino, Mesa de Tierras de Figueroa, 2008). 121 Se llama cuatrerismo al robo de animales, que en la zona está íntimamente relacionado con los poderes locales. 122 Llaman “postes” a los troncos, generalmente de quebracho y algarrobo, que extraen de los montes nativos de la zona. 120

98

La invisibilización del trabajo femenino en el campo santiagueño es una variable no desdeñable al momento de analizar el derecho de las mujeres a la tierra. El mundo campesino no escapa a la lógica de la división sexual del trabajo que asocia los roles de las personas de acuerdo a su sexo. De este modo las mujeres quedan circunscriptas dentro de la esfera de la vida privada, encargándose de las llamadas actividades de tipo reproductivas, que implican principalmente: la realización de los quehaceres domésticos y el cuidado de los hijos y ancianos, y -en contrapartida-, los varones se ubican dentro de la esfera de la vida pública, encargándose de la realización de actividades de tipo productivas vinculadas al trabajo fuera del hogar, obteniendo recursos y/o ingresos económicos para la manutención del núcleo familiar (Biaggi, Canevari, Tasso; 2007). Llamando la atención sobre esto, Blanco (2003) señala que los diseños de programas y políticas de tierras en América Latina están elaborados y ejecutados sobre una base de supuestos teóricos que presumen: familias biparentales con hijos, presencia de un jefe de hogar que representa los intereses de la familia, y una división sexual del trabajo donde las mujeres se ocupan de la realización de las tareas ligadas a la reproducción social del hogar (los quehaceres domésticos) y los hombres se ocupan de la agricultura y otras actividades generadoras de ingresos. Estos supuestos redundan en la invisibilización de los roles de las mujeres en otras esferas de la vida que no les están socialmente asignados, y dejan por fuera muchas realidades sociales que no cumplen con esa suerte de requisitos. Circunscribir las actividades de las mujeres campesinas a una sola de estas esferas supone

acotar y negar una variedad de tareas que ellas efectivamente llevan a cabo dentro de los predios en donde viven. Sus actividades son múltiples, ya que por un lado se encargan de las tareas domésticas, el cuidado de sus hijos/as, la crianza, la alimentación, las tareas del hogar, es decir, aquellas que se vinculan con las actividades denominadas de tipo reproductivo. Pero además, las mujeres son también las principales encargadas de numerosas actividades vinculadas con aspectos productivos de sus predios, como el cuidado y alimentación de los animales, riego y cuidado de la huerta, acarreo del agua, búsqueda de leña, etc. Como la mayor parte de estas tareas no se realizan con la finalidad de vender lo producido en el mercado (no obtienen una remuneración por el trabajo que realizan), sino que tienen como objetivo el autoconsumo, generalmente no son consideradas como trabajo, y ellas tampoco se piensan a sí mismas como trabajadoras. Como sintetiza la investigación de Chiappe (2005), el primer estudio relevante sobre la participación del trabajo femenino en el sector agropecuario para América Latina fue el 99

realizado por Esther Boserup en 1970123. En base a un análisis de los sistemas agrarios regionales en los países del Tercer Mundo, Boserup define a la agricultura latinoamericana como un “sistema agrario masculino”. Según esta clasificación, la producción de alimentos es llevada a cabo fundamentalmente por los hombres124. Años después Deere y León (1982) realizaron una investigación sobre las mujeres en la agricultura andina y allí cuestionan el modelo de Boserup, ya que invisibiliza el innegable aporte que realizan las mujeres en la agricultura. Ellas definen una nueva categoría que denominan “el sistema agrario de familia patriarcal”. En su trabajo observan que bajo este sistema, tanto los varones como las mujeres aportan fuerza de trabajo, pero son ellos quienes controlan el poder de decisión y el resultado de la producción (Chiappe, 2005). Desde la década de los ´80, algunos trabajos elaboraron una crítica a las teorías económicas que consideran “improductivo” el trabajo doméstico, realizado generalmente por las mujeres, y se ocuparon de demostrar el valor de este trabajo dentro de la producción capitalista develando su carácter “productivo” (Benería y Sen, 1982; Narotsky, 1988) En esta línea, y como ya señalamos en un trabajo anterior (Bidaseca et al 2009), el estudio de Chiappe (2005) sobre la división del trabajo que se establece entre varones y mujeres rurales en la agricultura familiar, llama la atención sobre el carácter patriarcal de la sociedad latinoamericana, en la que se atribuye al hombre el papel de proveedor de la familia. Las mujeres, a pesar de que dedican la mayor parte de su tiempo a tareas diversas dentro del predio familiar (tanto productivas como reproductivas), no son consideradas como trabajadoras. Los sentidos hegemónicos que se atribuyen a la noción de ‘trabajo’ refuerzan esta invisibilización. Buena parte de los estudios teóricos, como también las estadísticas y cuentas públicas nacionales sólo contemplan aquellas actividades de producción de bienes o servicios que se realizan con la finalidad de comercializar en el mercado. Se concibe como ‘trabajo’ únicamente al productivo, dejando de lado una multiplicidad de actividades que no tienen como destinatario el mercado. Así, al definir al trabajo no remunerado como no productivo, consideran las tareas no pagas como carentes de valor económico. 123

Como describe el estudio, varias investigadoras del continente latinoamericano (Stolcke, 1986; Torrado, 2003; Blanco, 1998), han analizado la temprana participación laboral de las mujeres y sus diferentes modalidades de inserción. Algunas de éstas se remitieron a los tiempos de la colonización española en América Hispana, evidenciando cómo el trabajo en el servicio doméstico era una de las principales fuentes laborales para las mujeres indígenas y esclavas de la época. 124 Posteriormente Benería y Sen (1988, en Chiappe 2005) criticarán el trabajo de Boserup argumentando que su estudio no toma en cuenta la diferenciación por clases sociales. Por otra parte señalan que Boserup acepta el modelo capitalista de desarrollo como algo dado, y que no incorpora el papel que juega la mujer en la reproducción de la fuerza de trabajo.

100

Las actividades de las mujeres a nivel de la producción familiar están sub-registradas en las estadísticas oficiales. Pocos censos agropecuarios de América Latina publican datos sobre el sexo de los agricultores (Deere y León, 2003: 925-947). Por otra parte, muchas mujeres que trabajan en pequeñas unidades agropecuarias no son consideradas parte de la población económicamente activa (PEA) y su contribución a la producción agrícola, especialmente de alimentos, está pobremente representada en las estadísticas laborales125. Chiappe explica que en estos estudios se define al trabajo no remunerado como “no productivo” y, en este sentido, consideran las tareas no pagas como carentes de valor económico. “La sub-valoración del trabajo de la mujer es especialmente significativa en el caso de la mujer rural que reside en un establecimiento familiar, dado que el limite entre “trabajo productivo” y “trabajo no productivo” es poco claro” (Chiappe, 2005:5). Los instrumentos censales de medición de la condición ocupacional resultan inadecuados a la hora de capturar el trabajo que realizan las mujeres rurales. Este sub-registro en las estadísticas se ve incrementado ya que la mayor parte de las mujeres que realizan trabajo productivo en sus unidades familiares se auto-califican como “amas de casa”, lo cual contribuye a que éstas no sean incluidas dentro de la población económicamente activa (PEA). Las características específicas del trabajo no remunerado de la mujer rural hacen que su aporte a la economía doméstica sea prácticamente invisible. Este sesgo al momento de medir el trabajo femenino en las estadísticas oficiales para nuestro país fue puesto en evidencia en una investigación que realizaron Wainerman y Moreno (1987). El análisis realiza una fuerte crítica al modo en que los censos recogen los datos con respecto al módulo de "trabajo". En general, este tipo de herramientas están construidas desde la mirada de las economías capitalistas avanzadas con alto grado de industrialización y ocupación continua, que no tiene en cuenta a las áreas rurales, con predominio de producción agrícola para autoconsumo, períodos de trabajo estacional, etc. Por otra parte, el estudio subraya que las definiciones de los conceptos "trabajo" y "económicamente activa" son poco precisas. En la práctica, lo que suele suceder es que este tipo de censos visibiliza una parte de los campesinos (los varones), que producen para el autoconsumo, pero no visibiliza el trabajo de las mujeres. Así, se ponen en juego una serie de condicionantes sociales acerca de la división del trabajo que privilegian el desempeño en

125

Generalmente los estudios de este tipo utilizan una definición muy restringida de actividad agrícola, que abarca al cultivo de la tierra, el cuidado del ganado, y trabajos de campo asociados a estas actividades, pero que desestiman otras tareas como la selección de semillas, almacenamiento, conservación y transformación de productos agrícolas, que son las que realizan las mujeres, generalmente (Chiappe, 2005:5).

101

actividades productivas para el varón y reproductivas para la mujer, y que contribuye a que las propias mujeres no se perciban como económicamente activas aunque lo sean. En base a un estudio comparativo en donde ponen a prueba distintas formas de medición en dos parajes rurales (uno en Argentina y otro en Paraguay), los autores se propusieron evaluar el procedimiento censal habitual para ver cuánto distorsiona la imagen de la contribución de las mujeres en la economía rural, especialmente aquellas que producen para el autoconsumo. Los resultados de la investigación muestran que, en líneas generales, una encuesta que se propone medir el trabajo para autoconsumo y que es aplicada por censistas capacitados al respecto visibiliza muchos más trabajadores que la que reproduce el censo nacional. En cuanto a las mujeres, la proporción que aparece visibilizada con este nuevo instrumento es muchísimo mayor. Entre los varones, en cambio, las diferencias entre una y la otra son escasas. Esto, según los autores, estaría indicando que los varones que trabajan en agricultura, sea para vender su producción en el mercado, sea para consumo propio, se reconocen como trabajadores y así lo declaran. Las mujeres, en cambio, en una gran proporción no reconocen su actividad como aporte económico y no se declaran como trabajadoras sino como económicamente inactivas, ocupadas en "quehaceres domésticos". Como resultado de la nueva medición, las tasas de actividad de varones y mujeres tienden a igualarse. Otro rasgo que destacan es que en general los instrumentos tradicionales son más sensibles al detectar el trabajo de las hijas solteras y de las mujeres jefas de hogar que para registrar la actividad de las mujeres casadas, cónyuges del jefe de hogar. Como muestra la investigación, las actividades para el autoconsumo suelen incluirse cuando son realizadas por varones y no cuando son realizadas por mujeres. Según los autores, esto se debe a que la mayoría de los censos clasifica a la población según su actividad principal, excluyendo de la población económicamente activa a aquellos para los que la actividad económica no es la principal. Otra de las razones es que utilizan como referencia de actividad la semana anterior a la realización del censo. En la medida en que proporcionalmente son más las mujeres que participan en actividades estacionales, la invisibilización se acentúa (Wainerman y Moreno, 1987). Los censos registran en general a las mujeres que residen en establecimientos familiares como “ayudantes familiares no remuneradas” o “inactivas”. Este subregistro de la contribución de las mujeres a la producción y a la economía familiar incide en la representación de una imagen de mujer campesina “inactiva”. Según el instructivo para los censistas del Censo Nacional de Población de 2001, la definición de trabajo se refiere a “cualquier actividad laboral (paga o no) que genera bienes o 102

servicios para el ‘mercado’” (Plan-Guía del Instructor de Censistas, 2001: 34). Cuando obtenemos el cuadro de condición de actividad del jefe que se desprende del Censo Nacional de 2001, llama la atención el alto porcentaje de mujeres jefas de hogar que figuran como inactivas. De las mujeres mayores de 14 años que residen en áreas rurales, el 69% se consignaban como ‘inactivas’, el 21%‘ocupadas’ y el resto (10%) ‘desocupadas’ (Biaggi et al., 2007). Más específicamente para el caso de Figueroa, el cuadro que se desprende al cruzar los datos del sexo del jefe de hogar por condición de actividad en este mismo censo es el siguiente: Cuadro: jefes de hogar por condición de actividad en Figueroa Condición de actividad económica Sexo

Económicamente activos

Jefes de

No económicamente activos

hogares Total

Ocupados

Desocupados

Total

Estudi

Jubilados o

antes

pensionados

Otra situación

Total

3.627

1.488

1.129

359

2.139

12

623

1.504

Varones

2.731

1.357

1.040

317

1.374

11

335

1.028

Mujeres

896

131

89

42

765

1

288

476

Fuente: Censo Nacional de Población, 2001

En primer lugar se destaca el alto porcentaje de hogares con jefes varones, frente a los hogares con jefatura femenina126. De 3.627 hogares encuestados, 2.731 tienen jefatura de hogar masculina, es decir, un 75,3%, frente a un 24,7% de hogares con jefatura femenina127 (que corresponde a 896 hogares con mujeres que se reconocen como jefas). En este cuadro también llama la atención el alto porcentaje de mujeres jefas de hogar que figuran como “inactivas” en comparación con el de las económicamente activas. De las 896 mujeres encuestadas que se reconocen como jefas de hogar, sólo 131, es decir, el 14,6% son económicamente activas. Un porcentaje altísimo, el 85,4% (correspondiente a 765 casos), son registradas por el Censo como económicamente no activas, o “inactivas”.

126

En nuestro país, el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001 muestra que dentro de las familias monoparentales hay 242.226 hombres jefes de familia frente a 1.185.110 mujeres. Cruzar este análisis con la jefatura de hogar en viviendas múltiples permite entender que las mujeres no tienen el mismo acceso a la jefatura de hogar que los hombres cuando las familias no son monoparentales: mientras que 7.287.853 hombres son jefes de hogar, tan solo 2.787.961 mujeres lo son. La principal diferencia se registra en los casos de familias múltiples conyugales completas, es decir cuando habitan la misma vivienda ambos (padre y madre). En esos casos encontramos 6.129.295 hombres jefes de familia y 386.641 mujeres (Bidasceca et al, 2009). 127 Recordemos que este porcentaje, a pesar de que es bajo, es comparativamente alto si lo contrastamos con los datos que arroja el Censo Nacional de Población de 2001 para el total del país, con un 17% de mujeres jefas de hogar.

103

De manera similar, el cuadro que se desprende del cruzamiento de la variable sexo (ya no exclusivamente del jefe de hogar) por condición de actividad arrojó las siguientes cifras: Cuadro: condición de actividad por sexo en Figueroa Sexo

Condición de actividad Busca Solo

Trabaja Trabaja y

Solo

Busca

trabajo y

Otra

trabaj y

percibe

busca

trabajo y

percibe

a

jubilación

trabajo

estudia

jubilación

estudia

Jubilado(a) o

situaci

Estudiante pensionado(a) ón

Total

391 Varón

1772

41

44

706

32

7

424

Mujer

389

33

22

286

26

9

407

611

Total

2161

74

66

992

58

16

831

1002

2639

6056

3076

4859

5715 10915

Fuente: Censo Nacional de Población, 2001

En cuanto a las estadísticas oficiales, proporcionalmente es mucho menor el porcentaje de mujeres que trabajan que el de hombres. De un total de 6.056 varones, 1.772 trabajan, es decir, un 29,3 %. Para el caso de las mujeres, de un 4.859, sólo 389, es decir, el 8%. Si tenemos en cuenta la variable de los que “sólo buscan trabajo”, nuevamente el porcentaje de las mujeres es comparativamente bajo, con respecto al de los hombres (5,9% para las mujeres, frente al 11,7% para los varones). Si bien las altas tasas de desempleo para el departamento de Figueroa suponen que los porcentajes de actividad para ambos sexos sean bajos, no podemos desdeñar el hecho de que para las mujeres las condiciones de actividad aparecen como casi inexistentes. En base a los estudios realizamos podemos suponer que el sesgo a la hora de encuestar y el imaginario social, que asocia al trabajo a una actividad masculina, están afectando estos registros. En cuanto a las investigaciones realizadas para el caso de Santiago del Estero, el primer estudio que encontramos que aporta datos sobre división sexual del trabajo es el de Santiago Bilbao (1975). Sus observaciones tratan sobre la familia en San José del Boquerón, al noroeste de la provincia. Según describe, allí “el hombre tiene a su cargo las tareas que lo relacionan fuera del grupo: cosechero, hachero, ganadero, entra en contacto con los sistemas socio-económicos fuera de su grupo familiar y fuera de la localidad. A él le corresponde la obtención del dinero o de los elementos necesarios que puede obtener por medio de él o por cambio. La misma precaria agricultura que se realiza no exige la participación de la mujer, y la complementación entre sexos en una misma tarea es casi inexistente, y ya hemos visto que la participación de la mujer en las cosechas se reduce a los primeros años de su vida” (p.22). 104

Por su parte, “Las mujeres desarrollan sus actividades laborales dentro del grupo familiar, y las salidas fuera de la localidad desaparecen muy prematuramente. La preparación de los alimentos, el tejido, la crianza de los hijos y la atención de los varones de su familia (padres, esposo e hijos) es el círculo donde se mueven” (p. 22). La descripción que realiza Bilbao es muy elocuente a la hora de comprender los roles que están asociados al hombre y a la mujer en el campo santiagueño. Si bien algunas características son propias del lugar y tiempo donde él realizó su investigación, muchas parecen tener vigencia actualmente para la zona de Figueroa. En un pasaje de una entrevista, indagando sobre las migraciones de las familias para emplearse en la cosecha del algodón, Nely nos relató: “N: Y bueno, de chica mis hermanos y todos, no únicamente mi familia, sino todos los chicos, desde los 6, 7 años había que ir a las cosechas. Del algodón, ¿no? Y también la caña. Yo la caña no hice… pero los otros chicos del lugar sí. (…) P: ¿Y en la casa quedaba alguien o se iba toda la familia? N: No, mi mamá quedaba con los más chicos. Y después en la cosecha de algodón, mi papá… y mi mamá quedaba. Íbamos… yo salía con mis hermanos mayores. P: ¿En la casa qué tenían, tenían producción de algo… cabras…? N: Bueno, lo que se producía es la siembra del maíz, vaca, cabras P: ¿Y trabajaban los dos tu papá y tu mamá? N: Sí, sí. Siempre los varones eran para hacer eso de la siembra, eso se dedicaba el varón. Y la mujer era más para los corrales…” (Neli, campesina, 2009)

En cuanto a las investigaciones que abordan específicamente el trabajo de las mujeres campesinas en la zona rural de Figueroa contamos con un antecedente fundamental. Nos referimos a uno de los estudios de caso que se presentan en el libro “Trabajando con mujeres campesinas en el noroeste argentino” (Basco, Álvarez y Foti, 1992). El trabajo exhibe los resultados del “Proyecto Mujer”, dependiente del proyecto de “Promoción de la organización y cooperación técnica con campesinos del departamento de Figueroa” del INTA que tuvo como objetivo realizar un proyecto productivo con un grupo de mujeres de una comunidad de Figueroa. Con este fin realizaron una encuesta aplicada a las mujeres de uno de los grupos cuyos objetivos fueron: a) valorizar el trabajo de las mujeres al poder cuantificar las horas que trabajan; b) pensar en cómo alivianar el trabajo de las mujeres, que es lo que les imposibilita la participación; c) conocer la disponibilidad de tiempo de las mujeres para iniciar alguna actividad de tipo productivo; d) conocer las actividades en las que se especializan estas mujeres. En base a las encuestas realizadas y con el fin de hacer un diagnóstico de situación, las actividades desarrolladas por las mujeres fueron agrupadas por grandes grupos, 105

dependiendo de si eran: productivas, reproductivas, domésticas, agrícolas, asalariadas no agrícolas, religiosas, comunitarias o recreativas. Para el mes de septiembre, que se caracteriza por la escasez de agua y la ausencia de actividades agrícolas, el promedio de la carga horaria que destinan las mujeres a sus tareas fue de 14 horas. El estudio llama la atención sobre la gran carga horaria destinada a las actividades domésticas en detrimento de las actividades de tipo reproductivo, que en general recaen sobre las hijas mujeres mayores. Según el estudio, su participación fuera de lo doméstico estaba en relación con la capilla y con la escuela, pero ninguna tenía relación con actividades políticas. Las tareas productivas que desarrollan estas mujeres son tareas para el autoconsumo. La gran mayoría de ellas son productoras cabriteras. También entre sus tareas se encuentran los cuidados de las gallinas, chanchos, animales de tiro y el cuidado de la chacra. En la época en que se realizó el estudio también trabajaban en el cultivo del algodón. Como especifica el trabajo, estas mujeres no se perciben a sí mismas como productoras agropecuarias. Cuando se les pregunta su ocupación responden que son “amas de casa”. La actividad cabritera para ellas está dentro del ámbito de lo doméstico, y la actividad en el algodón la describían como actividades del marido. El estudio también destaca la imposibilidad de que las mujeres alcancen la condición de “asalariadas” en la zona. Sólo dos mujeres son asalariadas, la encargada del Registro Civil y la cocinera de la escuela. Este trabajo es de gran importancia ya que refleja la dificultad que encuentran las mujeres en reconocer las actividades productivas que ellas mismas realizan dentro de los predios en donde viven. Además ellas mismas han asimilado la noción hegemónica de trabajo al no reconocerse a sí mismas como trabajadoras, lo que refuerza la invisibilización de sus tareas. “Para la mujer no hay trabajo” es una frase recurrente en varias conversaciones con mujeres de los distintos parajes de Figueroa. Claramente la idea de trabajo continúa estando asociada a la del trabajo remunerado. A pesar de que las jornadas de trabajo de las mujeres siguen siendo muy extensas, repartidas entre el trabajo reproductivo y el productivo, la dificultad de reconocer estas tareas como trabajo persiste. La conceptualización de exclusividad masculina en el área productiva no coincide con la realidad campesina concreta y real. Estos imaginarios sociales favorecen la negación del papel de las mujeres como productoras y fomentan la exclusión de las mismas, como actoras de los procesos de producción rural. Para las mujeres parece no haber ninguna alternativa laboral. “C: Y las alternativas de trabajo para las mujeres acá cuales son? S: Ninguna. Puede ser como domésticas, en casa de familia acá en el pueblo, en Bandera.” (Susana, campesina, Mesa de Tierras de Figueroa, 2008).

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Según esta entrevistada, las mujeres no tienen otra alternativa que el empleo doméstico. Asimismo, el único horizonte posible para conseguir un trabajo remunerado no lo encuentran dentro de sus parajes rurales sino en el pueblo. Vale aclarar, por otra parte, que estas fuentes laborales son relativamente restringidas. Efectivamente, a la hora de conseguir trabajos remunerados estas mujeres encuentran pocas opciones. Algunas pocas perciben pequeños ingresos económicos vendiendo productos “Avón”128 o similares. Otras realizan artesanías, actividad que a veces desarrollan dentro de grupos de mujeres. En algunas comunidades hay grupos de mujeres teleras que comercializan sus trabajos en Santiago capital y otras ciudades.

4.3. Salir de la casa. Los grupos de mujeres como espacios de sociabilidad Frente a esta división del trabajo que relega a las mujeres dentro de la esfera de la vida privada, encargándose de las llamadas actividades de tipo reproductivas (a las que se suman otras actividades de tipo productivo que, como hemos abordado en el apartado anterior, al carecer de valor económico dentro del mercado quedan invisibilizadas), y fija, a los varones dentro de la esfera de la vida pública, encargándose de la realización de actividades de tipo productivas vinculadas al trabajo fuera del hogar, los grupos de mujeres que empezaron a trabajar a comienzos de los ´90 en el departamento se presentan como un espacio de encuentro y discusión de problemáticas comunes para estas mujeres campesinas. Los primeros grupos de mujeres en el departamento de Figueroa nacen alrededor del año 1993, acompañados por una ONG llamada PRODEMUR (Promoción de la Mujer Rural). En un primer momento, llegaron al departamento Figueroa con un Programa Nacional llamado Plan Surco, para proyectos que permitieran ampliar los predios productivos de las mujeres, pero en una segunda etapa se volcaron a trabajar en torno a las demandas de las mujeres que tenían más que ver con cuestiones de derechos (derechos humanos, derechos de la mujer campesina) y salud (salud comunitaria, de la familia, de las mujeres, de los niños). “Trabajamos también con la cuestión que tenía que ver con la autoestima de la mujer, de su lugar, de su posición, dentro de la casa, la familia, la comunidad, por qué los grupos se organizaban, qué querían. También tratábamos de construir todas estas cuestiones que estaban ligadas a por qué se juntaban las mujeres históricamente” (Silvia Borsellino, técnica PRODEMUR, 2007).

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Los productos Avón son artículos diversos (que abarcan desde bicicletas a productos de belleza para la mujer, vajilla para el hogar, etc.) que se ofrecen a través de una cartilla de productos. Las “vendedoras” los ofrecen casa por casa y luego hacen los pedidos de los productos vendidos y los distribuyen en los hogares.

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Como se desprende de varios de los relatos, los grupos empiezan a trabajar con actividades consideradas propias de las mujeres y poco a poco van ampliando el espectro de acciones y la cantidad de grupos en funcionamiento en los distintos parajes de la zona de Figueroa. Además, paralelamente a las actividades puntuales dirigidas a las mujeres van trabajando aspectos socio-organizativos. “El primer grupo que se forma es el de Jumial Grande, y después empezamos con Invernada Sur, con San Vicente y estos fueron los tres grupos iniciales digamos, en donde, yo no me acuerdo, pero trabajamos como 3 o 4 años en la organización de estos grupos, en algunos proyectos que eran así como muy puntuales, pero que nos permitía, nos facilitaba armar el proceso organizativo de los grupos y después claro, después hubo una demanda explosiva te diría, no?” (Silvia Borsellino, técnica PRODEMUR, 2007).

Los grupos de mujeres se conforman como un espacio de sociabilidad frente al aislamiento doméstico al que en general están relegadas las mujeres en el Santiago rural. La posibilidad de compartir inquietudes y dificultades que cada una de ellas tenía y que en muchos casos resultaron comunes a todas las mujeres les permitió romper con el aislamiento que implicaba el espacio privado de sus hogares. Asimismo, esta necesidad de encontrarse y de discutir problemáticas vivenciadas por todas hizo que poco a poco creciera la demanda de formar nuevos grupos en otros parajes de la zona. El intercambio de las reuniones y el acompañamiento técnico ayudaron a visibilizar una situación común entre las mujeres campesinas que hasta entonces no había sido abordada. “Y comenzaron a formar grupos de mujeres en cada comunidad, de distintas comunidades. Y es importante, porque de esa manera nosotras las mujeres hemos podido salir un poco de casa. Porque aquí siempre se sabía que la mujer tenía que quedarse solamente en la casa, no participar de las reuniones de la comunidad. Que nosotros más éramos para cuidar la familia y los chicos, y los quehaceres. Y bueno, de a poquito fuimos saliendo. (…) Los hombres decían, no, que ustedes son para cuidar a los hijos, y para hacer los quehaceres, para estar al servicio de ellos. Y de a poquito hemos ido superando. No ha sido fácil, porque aquí comúnmente el hombre por cultura es muy machista.” (Marina, campesina, Mesa de Tierras de Figueroa, 2007).

En el relato de nuestra entrevistada, como en el que citamos a continuación, aparece fuerte y claramente el mandato cultural machista que relega a las mujeres al ámbito doméstico y la dificultad que tienen muchas mujeres para participar de los grupos. En general son pocos los espacios de sociabilidad y encuentro para estas mujeres que suelen quedarse en sus casas, bastante alejadas de la de sus vecinos y vecinas. “Me interesaba participar para saber nuestros derechos en primer lugar, y bueno, después hemos tenido capacitaciones, y bueno, salir un poco también de la casa y estar ahí, conocernos más las

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mujeres de la comunidad, por ejemplo.(…) Únicamente que nos encontrábamos era en las reuniones de la escuela, pero después en otro lado no, o sea, era el único lugar en la escuela y si no, no teníamos cómo estar juntas y charlar de algo.” (María José, campesina, Grupo de mujeres, 2007).

Como sostiene Gloria Anzaldúa, “nuestras culturas nos quitan la capacidad de actuar” (1999: 6). La cultura moldea nuestro modo de percibir el mundo, transmitiendo conceptos y modos de actuar que se presentan como incuestionables, imposibles de desafiar. Las mujeres tienen una gran carga de tareas dentro de sus hogares, y sus maridos y la comunidad suelen poner trabas para su participación en los grupos. Ellos constantemente increpan a las mujeres, inquietos por saber qué van a hacer a las reuniones, para qué pierden el tiempo con tantas cosas que tienen por hacer en la casa, quién va a cuidar de los chicos, quién va a hacer la comida, etc. El espacio de encuentro y las tareas domésticas parecen no ser compatibles, y la gran mayoría de las mujeres que participa en los grupos, en algún momento tuvo que lidiar con la oposición de sus maridos o familias. Muchas veces suele generarse desconfianza entre los varones por la participación de sus mujeres en la organización. Esta desconfianza es alimentada por comentarios de otros varones que en tono burlón ponen en duda la hombría de los maridos que no pueden retener a sus mujeres dentro de la casa. “Y bueno, mi marido me decía, bueno, creo que todas casi hemos pasado por eso, me decía que no, que cómo vas a ir, son tantas horas. O andá una hora, qué es lo que charlan tanto que no volvés. Y por ahí cuando llegaba tarde se enojaba, me decía, de dónde carajo venís? Bueno, decía, vengo de la reunión, si no creés andá cuando vos quieras. Nosotras estamos todas mujeres, porque en realidad somos mujeres que estamos reunidas, organizadas. Y bueno, de ahí como que me ha empezado a tener confianza. Y bueno, me decía está bien, porque no iba con mentiras, era la verdad. Después, hasta que a mí me gustaba participar, después no me decía nada. Ahora él me dice no te olvides que tenés que ir a la reunión, no? Escuchá la radio porque seguro que van a venir las señoras129. Entonces ahora no tengo ningún problema en venir y estar las horas que sean necesarias.” (María José, campesina, Grupo de mujeres, 2007).

A partir del trabajo en los grupos, las mujeres comienzan a percibir la necesidad de juntarse y de trabajar temáticas propias, reconocen necesidades comunes y empiezan a debatir e informarse. Este trabajo en conjunto también les permite romper con ciertos mandatos sociales que como mujeres les estaban impuestos. De todos modos los estigmas que pesan sobre estas mujeres que se animan a romper con los mandatos culturales y participar de los grupos son fuertes y difíciles de modificar.

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Muchas veces las mujeres de los grupos se refieren a “las técnicas” como “las señoras”.

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“Bueno un día surge la idea de una compañera de invitarlas a ellas para poder organizarnos nosotras también como mujeres, porque en la comunidad anteriormente siempre se reunían, pero hacían en reuniones mixtas, y los que siempre han tomado las decisiones han sido los hombres y no las mujeres. Y bueno una vez de estar organizadas nosotras de a poquito nos damos cuenta, nos vamos dando cuenta, es decir de que sí era importante que nosotras también estuviéramos organizadas, como mujeres, por que para poder hablar de las cosas que nos pasan a las mujeres, por que muy pocas veces tenemos nosotras la posibilidad de poder hablar de las cosas que nos pasa a nosotras (…). El tener el espacio para hablar cosas de mujeres, y no ha sido fácil también por parte, por algo así como de cultura por que de nuestra formación de nuestra familia principalmente, la oposición de nuestros esposos, por que siempre se ha dicho que son los esposos los que tiene que dar el permiso si vamos o no vamos. No era fácil para nosotros por que para nuestros esposos pensar que teníamos que estar reunidas mujeres no era muy fácil aceptar, a veces hasta que se ponían muy duros, yo digo siempre, yo siempre pensaba, cuando me iba que me decía a que te vas a ir, siempre se decía que las mujeres nos reuníamos para hablar cosas que no debíamos hablar en una actitud de chusma, por que siempre se dice que las mujeres solo para eso servimos, y no es así. Y bueno como hacerle entender que él siempre me decía, a qué vas a ir a perder el tiempo habiendo tantas cosas por hacer, y a veces era como que me decía que me vaya, me iba así pero allá no podía concentrarme en algo porque siempre pensaba: qué será cuando vuelvo, cómo me van a recibir en mi casa.” (Marina, campesina, Mesa de Tierras de

Figueroa, 2007). Los lugares comunes que asocian a las mujeres con determinados marcadores culturales fijos parecen difíciles de quebrar. El estigma de la mujer “chusma”, que habla por hablar, deslegitima a las voces femeninas. En este fragmento de entrevista también destacamos el pasaje en donde nuestra entrevistada relata que ellas eran criticadas porque se reunían “para hablar de cosas que no debíamos hablar”. La percepción de que hay determinadas esferas sobre las que las mujeres pueden pronunciarse y otras que les son vedadas apareció recurrentemente durante los trabajos de campo realizados. Volveremos sobre ella más adelante. Con el tiempo los grupos de mujeres van ganando legitimidad dentro de las comunidades y empiezan a participar mayor cantidad de mujeres. Valorando la necesidad de formar grupos sólo de mujeres (no mixtos, en donde las decisiones continuaban tomándolas principalmente los varones), estos son aprovechados como espacios de socialización de temáticas comunes y para capacitarse en torno a sus derechos y necesidades compartidas. “Al comienzo, habíamos comenzado aproximadamente con 12 mujeres y de a poquito fuimos sumando, sumando y hoy estamos como 45 mujeres organizadas, y bueno los temas que fuimos

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tratando fueron temas distintos. Como anteriormente decía el tema de salud…Lo que mas nos impactó fue el tema de derechos, ahí fue como que descubrimos que las mujeres si teníamos derechos y nunca nos habían dicho” (Marina, campesina, Mesa de Tierras de Figueroa, 2007).

Además de las capacitaciones en derechos posesorios, derechos sexuales y reproductivos, VIH y primeros auxilios, por nombrar las más importantes, los grupos continúan ejecutando proyectos productivos, entre los que se destacan la cría de pollos, el alambrado de sus campos o la construcción de tanques para recolectar agua. Llamativamente, a pesar de que las capacitaciones sobre los derechos posesorios de las comunidades, así como las relacionadas con algunos derechos de las mujeres, tuvieron un rol central, por lo que pudimos observar, el tema de los derechos posesorios de las mujeres no fue trabajado dentro de los grupos. Los varones, con el correr del tiempo, han ido aprendiendo a valorar el espacio de los grupos de mujeres. Por otra parte, en algunos casos la participación de las mujeres ha comenzado a modificar algunas de las prácticas domésticas: “Y creería que sí, porque venimos las mujeres y los maridos no nos dicen más nada. Al contrario, creo que nos esperan hasta cocinando (risas). Sí, en mi caso si mi marido tiene que cocinar, por ahí a veces vienen las señoras130 a la mañana y bueno, si él tiene que cocinar no tiene problema viste, de cocinar o de quedarse en la casa.” (María José, campesina, Grupo de mujeres, 2007).

Con el paso de los años los grupos de mujeres se han ido fortaleciendo internamente. Actualmente no cuentan con el seguimiento de PRODEMUR. Ya en 2007, Silvia Borsellino nos comentaba que: “Los grupos siguen funcionando en su mayoría. También es cierto que nosotras hemos espaciado mucho más en estos dos últimos años el seguimiento, el acompañamiento técnico de los grupos. Ha dependido de muchas cosas, primero de los fondos disponibles que había para trabajar con los grupos, por ejemplo, en la línea de programa de PSA131. No hemos buscado otros apoyos financieros como en otro momento, digo aparte el financiamiento para Argentina era muy difícil, y más con un grupo de mujeres rurales.” (Silvia Borsellino, técnica PRODEMUR, 2007).

A pesar de la discontinuidad en el acompañamiento, las mujeres continúan reuniéndose semanalmente y se las amañan para seguir con los trabajos de los grupos, y mantener sus reuniones periódicas a pesar de que las técnicas no vengan más. Además cada grupo tiene una dinámica de funcionamiento propia, gestionan sus recursos internos para poder pagar los viáticos de las compañeras que son invitadas a algún encuentro (por ejemplo

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Las “técnicas”. Programa Social Agropecuario, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. 131

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organizan bingos en cada reunión o sortean cosas que cada una puede aportar al grupo) y organizan diferentes actividades. En el año 2008 uno de los grupos gestionó un financiamiento del Fondo de Mujeres del Sur. La propuesta era capacitarse en algunas cuestiones de salud y derechos sexuales y reproductivos para luego comenzar a formar grupos en otras comunidades de la zona que todavía no tenía grupo de mujeres. Todo esto lo realizaron sin acompañamiento de las técnicas. Son ellas mismas las que gestionan los recursos, van a las radios a informar de las actividades, se acercan a las comunidades, etc.

4.4. Organización frente a los desalojos. La Mesa de Tierras de Figueroa En el 2003132, en el departamento de Figueroa se establece la Mesa de Tierras departamental, que se propone como objetivo darle mayor visibilidad y poder de reclamo a la problemática de la tierra, defender los derechos de las comunidades y recibir asesoramiento legal. “Empezaron por El Pirucho, el primer conflicto, me acuerdo. Y eran...también con un empresario que venía, creo que Terrén, algo así, de apellido. Desde ahí empezó, y bueno, ahí empezaron. Era como una lluvia. Era, vamos a decir...nosotros decimos, era como un cáncer. Te empezaba esa enfermedad, te atacaba por todos lados y no sabíamos cómo...cómo defendernos. Y a lo último empezamos a reunirnos y a apoyarnos unos con los otros. Y así comenzó la Mesa de Tierras.” (Rosa, campesina, Mesa de Tierras de Figueroa, 2007).

A medida que la problemática de tierras iba avanzando en el departamento se fue sumando más gente, más organizaciones y más comunidades, algunas de las cuales que no estaban integradas a una organización de base. La mesa se constituyó así como un espacio amplio de discusión de las problemáticas de tierras y de capacitación de los derechos posesorios. Como cuentan los y las campesinas con los que estuvimos conversando, en los momentos más álgidos las reuniones son muy masivas, con alrededor de 200 personas presentes. Está compuesta, en la actualidad, por alrededor de 62 comunidades que tienen aproximadamente 1.300 familias. Según el Informe del Observatorio de las Comunidades Campesinas (2005), dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Santiago del Estero, si bien al principio se realizaron actividades puntuales con las comunidades que veían amenazadas sus

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En los relatos hay algunas divergencias en cuanto a la fecha de origen de la Mesa de Tierras de Figueroa. En un volante de la Mesa utilizan como fecha el 2001, “cuando solamente tres comunidades estaban involucradas en la defensa del derecho a la tierra”. En otros relatos que dan cuenta del surgimiento paulatino de la Mesa, la fecha aparece incierta. La mayor parte de los relatos reconocen como fecha de fundación el 2003, que es la que hemos elegido utilizar.

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posesiones, al poco tiempo se sumaron alrededor de 28 comunidades del departamento Figueroa que también tenían problemas de tierras. “El proceso organizativo se caracterizó por tres objetivos básicos: participación plena y sin condicionamientos de campesinos y campesinas que estuvieran en situación de riesgo o amenazadas en su tierra y posesiones, recuperación de la palabra campesina desde el sentir, hacer y entender, y la demanda expresa de conocer e incorporar el derecho como norma y práctica ciudadana. (…) En la actualidad es de destacar la permanencia y sostenimiento del proceso organizativo con una participación de aproximadamente 120 personas en cada reunión o asamblea campesina, la horizontalidad en el proceso de toma de decisiones y la definición de las acciones a seguir, la presencia de sus representantes en la organización campesina provincial y en otras organizaciones de pequeños productores a nivel regional (NOA) como nacional con una presentación de la problemática de tierra y derechos en clave política, la participación de las mujeres y los jóvenes con igualdad de condiciones y trato y el reclamo de medidas gubernamentales desde una perspectiva integral de desarrollo rural sustentable y sostenible desde la visión de campesinos/as” (Informe del Observatorio de las Comunidades Campesinas, 2005).

Además, este informe destaca el modo de organización interno de la mesa, principalmente asambleario, con participación irrestricta de campesinos y campesinas, tengan o no amenazado su territorio en ese momento. “Con la mesa se ha logrado muchísimo, desde derrocar el poder del comisionado municipal, que era un nefasto, Juan Ibañez, del juarismo, frenar los avances en la problemática de la tierra. Y después el tema de las capacitaciones, del reconocimiento de los derechos. La gente, o sea, ahora no ves que la gente venga, que de prepo se quiera meter. En ningún lado se van a meter de prepo a nada, porque la gente ha llegado a un nivel de capacitación, de instrucción. Las comunidades mismas saben qué hacer. Antes nadie sabía…no conocíamos nuestros derechos. O sea, poniendo como ejemplo mi persona yo no conocía cuales eran los derechos. Porque antes no había conflictos y si habían no tenían trascendencia y nadie se ocupó a ver cómo será realmente esta cosa.” (Lucrecia, campesina, Mesa de Tierras de Figueroa, 2008)

Generalmente la Mesa de Tierras se reúne una vez por mes para poner en común las problemáticas de las comunidades en conflicto133. Asimismo invitan a profesionales de distintas áreas para que hagan capacitaciones. Hasta hace poco tiempo la organización no contaba con personería jurídica y no tenía comisión directiva134. Funciona como un espacio de

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En general la reunión se hace de acuerdo a las fechas que fijan con el equipo jurídico, para que ellos puedan informar cómo avanzan los casos, estrategias legales, etc. 134 Actualmente la Mesa de Tierras de Figueroa ha cambiado formalmente su organización y cuenta con personaría jurídica. Según pudimos observar, esto ha modificado el funcionamiento interno de la organización. Vale aclarar que, si bien esta característica trastoca algunas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento interno, no hacen a la cuestión de fondo de la que se ocupa esta tesis.

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encuentro horizontal con distintas organizaciones, instituciones y todas las personas y comunidades que quieran aportar en la solución del problema de la tierra. Para las reuniones cada comunidad propone un representante, designándolo a través de un acta que habilita la representación y lleva la posición de la comunidad. Todos tienen voz y voto, y las decisiones se toman por consenso.135 Las funciones dentro de la mesa son rotatorias: “Siempre es rotatorio, no es la misma persona, porque si no todas las responsabilidades caen sobre las mismas personas, cuando somos varios, vamos rotando es mejor porque si no se cree que esa persona es la que lidera ahí, así que para evitar eso y un poco para aprender e ir viendo que todos somos capaces.” (Margarita, campesina, Mesa de Tierras de Figueroa, 2007).

Desde hace tres años la mesa tiene el proyecto de formar a una abogada campesina que en un futuro los defenderá legalmente. Para esto cuentan con un financiamiento de una organización italiana y con el apoyo económico de todas las comunidades que conforman la mesa. La propuesta surgió frente a la necesidad de tener abogados orgánicos que conocieran desde adentro la problemática campesina y tuvieran un interés real en defender los territorios de las comunidades. “Que pueda salir un profesional campesino que después los pueda acompañar en la organización. Porque también se está trabajando con un equipo jurídico y la mayoría son abogados de aquí de Santiago. Así que de verlo a futuro, que ese dinero que está destinado a profesionales que son de Santiago capital pueda ser destinado a alguien que haya surgido de la organización. Y bueno, también de ver cómo…yo siendo de allá y estando en la organización quizás conozco más los movimientos y más a la gente que la gente que va de capital a trabajar con la gente allá” (María, campesina, estudiante de derecho, Mesa de Tierras Figueroa, 2007).

4.5. La mesa y las mujeres de los grupos En líneas generales, hasta el año 2000 el departamento Figueroa no había tenido conflicto de tierras importantes. Cuando empiezan a aparecer más fuertemente estos problemas, las organizaciones campesinas de la zona, que venían trabajando enfocadas sobre todo en torno a cuestiones productivas, no lograron canalizar las nuevas demandas. La Mesa, entonces, surge como espacio alternativo para resolver la problemática de la tierra frente a la incapacidad de respuesta de las organizaciones ya existentes.

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Desde el año 2005 la mesa de tierras cuenta con financiamiento de la Fundación ISCOS, de Italia. Este proyecto les ha posibilitado asegurar el pago de dos abogados para el sostén de las causas judiciales iniciadas, la compra de medio de movilidad (dos motos) para el traslado a las zonas de conflicto, una máquina de fotos para registrar las usurpaciones y computadoras, como así también material de construcción para ejecutar una obra que sirva como Sede Central de la Mesa para las asambleas y reuniones.

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A partir de la reconstrucción de la historia sobre sus inicios, notamos que varios entrevistados y entrevistadas articulan esta experiencia a la larga trayectoria de trabajo con grupos de mujeres campesinas de distintas comunidades del departamento que en muchos casos, ya sea como grupo, ya sea individualmente, también forman parte de la Mesa de Tierras. Según explicaron, el lugar que ocuparon estos grupos de mujeres que venían trabajando en el departamento fue fundamental para la conformación de la mesa. Frente a la imposibilidad de resolver los problemas de tierras que mostraron, en general, las organizaciones que estaban trabajando en el departamento136, los grupos de mujeres aparecen como un espacio de resistencia y organización frente a los desalojos. “Además, al hombre no le gustaba que vayan a las reuniones de género. Y las mujeres enfrentaron esas cuestiones en sus casas. Cuando viene la cuestión de la tierra, entonces aparece fuertemente lo que ya estaba armado. Los problemas de tierras llegan a las organizaciones de las mujeres. Ese es el fenómeno que se da. Entonces, no tiene organización, porque, o la que estaba, la que tendría que receptar la problemática no los atendía. Entonces qué hacen, buscan a las organizaciones de mujeres de base. Y ahí se empieza a producir la convocatoria desde las organizaciones de mujeres. Y ahí empiezan a aparecer los hombres.” (Luis Santucho, abogado, Mesa de Tierras de Figueroa, 2009).

A pesar de este y otros relatos que otorgan a los grupos de mujeres un lugar fundante en la conformación de la Mesa de Tierras, en varias entrevistas nos comentaron que su participación en las reuniones no fue inmediata. El lugar que ellas ocuparon inicialmente fue marginal, y como veremos en el fragmento que sigue, muchas veces ocuparon roles “típicamente femeninos”, como cebar mate o preparar la comida. “Las mujeres daban vueltas por ahí afuera. Al principio no participaban. Cebaban mate, traían la tortilla, daban vueltas, y algunas se quedaban así como a escuchar, entonces yo insistía: Vengan mujeres siéntense aquí, necesitamos la opinión de ustedes. Y primero como que todos las miraban. (…) Y Don Martín un día dice en una reunión, las doñas se tienen que sentar aquí, porque nosotros muchas veces nos vamos y las dejamos solas con los chicos y así me paso a mi una vez, dice, que yo me he ido y la he dejado sola a mi señora con los hijos y ella se ha enfermado y no ha tenido quien la ayude. Entonces nosotros también tenemos que compartir con ellas este pensamiento, decía él no? De cómo íbamos a hacer las cosas, porque en ese momento, estaban

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En este sentido una de las mujeres que entrevistamos aclara: “Y la mesa nace a raíz de los conflictos de tierra, a mediados de 2003, cuando se origina el conflicto en la comunidad de San Felipe, entonces ahí comenzamos a organizarnos como mesa, o sea a armar otra organización, diríamos, que abarque y tome el tema de la problemática de la tierra. (…) Se necesitaba una organización que tomara específicamente la temática, porque en ese momento estaba super avanzada la problemática, y bueno, nuestra organización estaba con otras cosas y se necesitaba algo que se dedicara exclusivamente al tema de la tierra.” (Lucrecia, campesina, Mesa de Tierras de Figueroa, 2008).

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decidiendo las estrategias de defensa. Bueno, y así las mujeres se empezaron a sumar, y empezaron a venir mujeres de todos lados que no eran solo mujeres de nuestros grupos.” (Silvia Borsellino, técnica PRODEMUR, 2007)

Esto también es percibido por las mujeres campesinas, que reconocen una incorporación posterior a las reuniones de la Mesa. En el relato que reconstruyen, ellas “se han sumado al proceso de los hombres”. “Hace aproximadamente 3 años se ha formado la Mesa de Tierras Figueroa, y nosotros como mujeres se hemos ido sumando a ellos, y eso es importante por que una organización tiene que ir sumando mas organizaciones y poder compartir experiencias de luchas porque en algunas luchas también hay errores, de los errores se aprende” (Marina, campesina, Mesa de Tierras de Figueroa, 2007).

Como describen Deere y León (2003), un factor que contribuye a la brecha de género en la propiedad de la tierra está relacionado con las normas de membresía en las comunidades campesinas. “Tanto en los ejidos de México como en las comunidades indígenas oficialmente reconocidas en el Perú, la membresía en las asambleas comunitarias tradicionalmente ha sido restringida a una persona por familia, el jefe del hogar. El resultado de esta noma ha sido que fundamentalmente sólo el hombre tiene voz y voto en las asambleas” (p. 417). De esta manera, muchas mujeres quedan excluidas de participar de decisiones fundamentales para la vida de estas comunidades, entre ellas, la distribución de la tierra. Según pudimos rastrear a través de los sucesivos trabajos de campo, la dinámica de la Mesa de Tierras de Figueroa en un principio tuvo ciertas similitudes con este proceso que describen Deere y León (2003), pero en un segundo momento, al parecer se revirtió esta escasa participación femenina en las reuniones. Actualmente las mujeres tienen una fuerte presencia en la Mesa de Tierras departamental. Cuando indagamos cuántas delegadas mujeres y cuántos varones hay en la mesa, nos contaron que: “Y bueno somos, a veces participamos, somos aproximadamente 50 personas, somos así, en las asambleas cuando hay más conflictos vienen más personas, y son así mitad y mitad, vamos a decir” (Marina, campesina, Mesa de Tierras de Figueroa, 2007).

En otra de las entrevistas realizadas, frente a la pregunta por la cantidad de hombres y mujeres participando en la mesa, nuestra entrevistadas también destacó una participación equitativa, aunque en seguida se preocupó en aclarar que muchas mujeres habían dejado de participar. “No, [la participación] es igual. Muchas mujeres que después han ido desertando por cuestiones laborales, por cuestiones de familia” (Lucrecia, campesina, Mesa de Tierras de Figueroa, 2008).

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En un principio desde la Mesa de Tierras se organizaron varias capacitaciones para concientizar sobre los derechos posesorios. Estas primeras reuniones en donde los conflictos eran frecuentes, fueron muy concurridas. Nuevamente en el relato de esta mujer, como en el de otras, aparece la presencia masiva de las mujeres en las reuniones de capacitación. Poco a poco, por motivos diversos, esta participación comenzó a mermar. Cuando las reuniones se hacían en las mismas comunidades la posibilidad de participación de las mujeres fue mayor. Con el tiempo, las tareas domésticas, las “cuestiones de familia”, la imposibilidad de llegar a los lugares de reunión y la dilución de los conflictos disminuyó la gran participación inicial. Las distancias en Santiago son largas y la movilidad es dificultosa. A veces las mujeres tienen en sus casas moto o bicicleta pero no saben usarlas, y dependen de que sus maridos o hijos las lleven hasta el punto de encuentro. “Al principio participaba mucha gente, pero era con interés de aprender, me parece. Iban varias de las mujeres, además porque era más cerca. Después cuando era en Bandera pagábamos un vehículo. Si no, yo iba cuando Domingo me llevaba. Ahora muchas mujeres no van o dejaron de ir porque no tenían cómo llegar. Muchas no saben andar en bicicleta. Yo dejé de ir porque, primero, porque no tenía cómo ir, y después porque yo quedaba en casa sola y después por las reuniones en la Iglesia. Otra porque estoy metida en casa y con los hijos. Todo eso ha hecho que deje de ir. Me hubiese gustado seguir yendo, porque se aprende muchísimo yendo.” (Eulogia, campesina, grupo de mujeres, 2008).

A pesar de estas dificultades en la participación, en esta historia de resistencias y de ir tomando un lugar que les estaba vedado, los grupos de mujeres fueron imprimiendo una dinámica diferente, generando nuevas prácticas y otra consciencia en cuanto a los derechos de las mujeres.

4.6. Los saberes y las voces que hablan las mujeres. El padre dispone “No hace mucho tiempo, la Tierra estaba poblada por dos mil millones de habitantes, es decir, quinientos millones de hombres y mil quinientos millones de indígenas. Los primeros disponían del Verbo, los otros lo tomaban prestado”. Prólogo de Sastre, en Los condenados de la tierra, de Franz Fanon.

Las voces de las mujeres han sido históricamente silenciadas, acalladas. Este silencio no necesariamente implica un silencio total y absoluto, la imposibilidad de hablar, sino la presencia de ciertos discursos que están legitimados y sobre los cuales están autorizadas a enunciar las mujeres y otros temas sobre los cuales no pueden levantar la voz, y que son propios de los hombres (Bidaseca et al 2009). 117

Como sostiene Bourdieu, “las relaciones lingüísticas son siempre relaciones del poder simbólico a través de las cuales las relaciones de fuerza entre los hablantes y sus respectivos grupos se actualizan de forma transfigurada” (2005: 207). En Lenguaje y poder simbólico, Bourdieu propone un modelo donde pone al lenguaje como medio o instrumento de las relaciones de poder, en lugar de un simple vehículo de comunicación. En este sentido, sugiere que el lenguaje debe ser estudiado dentro de los contextos interaccionales y estructurales de su producción y circulación (Bourdieu, P. y Wacquant, L.; 2005). En el acto del intercambio lingüístico se pone en juego una compleja red de relaciones de poder y se hace necesario tomar en cuenta la totalidad de la estructura de relaciones presentes, aunque muchas veces invisibles, en el intercambio. “Y bueno y es una cultura que a veces, yo pensando así digo como que nosotras mismas hemos ido formando así…bueno, a nuestros esposos así los han formado y nosotros seguimos transmitiendo a nuestros hijos. Pienso, porque yo misma cuando tenía a mis hijos, varones y mujeres, siempre decía que las mujeres son para hacer toda la parte de servicio, la parte doméstica, y que el hombre eso no debe hacer. Y después me he ido dando cuenta, pero eso ya estando organizada en grupos de mujeres, que la cosa no era así, que eso no tenía que ser así. Y bueno, ahora mismo cuesta, cuesta mucho cambiar porque todavía hay muchas mujeres que siguen pensando de esa manera, que nosotras somos para estar al servicio de los hombres” (Marina, campesina, Mesa de Tierras de Figueroa, 2007).

Según expresa Anzaldúa, “la cultura la hacen aquellos en el poder —hombres. Los varones hacen las reglas y las leyes; las mujeres las transmiten.” (1999:2). Ya Geertz (1995) en La interpretación de las culturas defiende un concepto semiótico de cultura. Siguiendo a Weber, quien afirma que el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, va a decir que la cultura es esa trama, y que su análisis ha de ser una ciencia interpretativa en busca de significaciones. Para él, “la cultura no es una entidad, algo a lo que puedan atribuirse de manera causal acontecimientos sociales, modos de conducta, instituciones o procesos sociales; la cultura es un contexto dentro del cual pueden describirse todos estos fenómenos de manera inteligible, es decir, densa”. En este sentido, alienta a interpretar expresiones sociales que son “enigmáticas en su superficie”. La idea de patronazgo, tan presente en varias sociedades tradicionales, aporta un nuevo elemento de análisis para explicar determinados valores y prácticas patriarcales presentes en el campo santiagueño. Vessuri (1970) explica que en el siglo XIX, la dinámica de la región estaba centrada en las fincas o estancias dominadas por la figura del patrón señorial, con ciertos “visos patriarcales”. La población dependiente de la finca vivía en los 118

confines de la propiedad como agregados (ocupantes con consentimiento). Si bien Vessuri aclara que en la década de 1880, los cambios económicos y políticos llevaron al colapso del sistema de patronazgo y a la formación de una nueva estructura en el medio rural, probablemente algunas dinámicas en las que se sostenía este modelo hayan quedado ancladas en la sociedad rural santiagueña. En este sentido, Tasso (1984) reflexiona sobre el patronazgo en sus análisis sobre el caudillismo en Santiago del Estero. Según él, este comportamiento se asienta sobre la peculiar estructura de la comunidad rural, que posee un poder altamente centralizado y de una gran estabilidad. La inferencia del autor es que si este mecanismo se utiliza para la acción política, muy probablemente aparezca también en otros comportamientos no políticos que son más permanentes y sobre los que se sustenta. “El ´patronazgo´ que menciona Hebe Vessuri en sus investigaciones sobre la zona de regadío, por ejemplo, articula adecuadamente las relaciones económicas y a la vez nutre las expectativas personales con una dosis de protección y seguridad que son psicológicamente indispensables. Análogamente podría hablarse de un ´patronazgo político´, ejercido por los hombres principales de la localidad –comerciantes, agricultores o ganaderos- que en los momentos de acción política solo cambian el contenido de sus relaciones habituales de intercambio. El patrón político local (…) es el intermediario entre la comunidad y la capital, el hilo que mantiene unida al mundo exterior y el gozne sobre el que se mueve.” (Tasso, 1984: 84-85).

Los patrones ejercen dentro de su territorio un poder económico y político a la vez. Hay una fuerte imagen de masculinidad asociada a estos campos de acción. El rol del patrón se envuelve así de un fuerte ideal de paternidad. Esta figura patriarcal, a la vez protectora y temida, gobierna a su familia y a su finca de un modo bastante análogo. Las familias sostienen e internalizan estos vínculos paternalistas, necesitan del patrón, dador de trabajo y vivienda. Estas relaciones de subordinación reaparecen entre los géneros al interior de las familias (Álvarez, 2004, en Vázquez Laba, 2007). Asimismo, Vessuri observaba en sus investigaciones para el caso santiagueño que el ideal masculino es el padre que dirige su familia y gana prestigio por su virtud y su hombría. “La autoridad paterna forma parte de un sistema de respeto a las personas de más edad. El padre, el padrino y los ´principales´ deben ser respetados y obedecidos por los más jóvenes, así como a su vez el padre obedece al patrón y al sacerdote, siguiendo los eslabones de la cadena jerárquica de la sociedad rural” (1970:444) En un intento por continuar desentramando cuál es el lugar naturalizado de subordinación de las mujeres, qué roles les fueron socialmente asignados, cómo fueron 119

moldeadas sus experiencias y de qué manera se sostiene esta estructura de poder a través de distintos mecanismos, en un trabajo anterior titulado Cuenta la leyenda: construcción de género en las leyendas de Santiago del Estero (Vallejos, 2007b) nos propusimos analizar algunas leyendas populares de Santiago del Estero. Estas leyendas tienen total vigencia en el mundo rural santiagueño hoy en día. Hebe Vessuri (1970), en Brujas y estudiantes de magia en una comunidad rural de Santiago del Estero, dice que desde el punto de vista sociológico, en las leyendas se pueden reconocer dos funciones fundamentales: instrumentales, porque son usadas para fines particulares; y expresivas, porque simbolizan relaciones sociales no aceptadas por el orden normativo de la sociedad. Si bien esta es una primera reflexión en torno a esta temática, presentamos algunas de sus conclusiones ya que, consideramos, amplían la mirada hacia una matriz que se recrea en diferentes ámbitos de la vida cotidiana del campo santiagueño, y que está internalizada tanto por varones como por mujeres. Esta matriz moldea los discursos y prácticas que emergen en las distintas instancias sociales, económicas, culturales, jurídicas, organizacionales. Ya Vessuri observaba el rol que tiene la figura de la bruja como símbolo de la mujer no sometida, “que subvierte el orden social con su conducta despreciativa de las normas que la sociedad considera como ´civilizadas´” (1970:446)137. En este caso, así como en el de otras leyendas muy populares en Santiago del Estero, las mujeres son quienes merecen el castigo por sus acciones o su rebeldía como en el caso del Almamula, el Kakuy o el Crespín. “Cuenta la gente allá en el pago lo sucedido entre dos hermanos. Cuando él volvía de la jornada agua y comida jamás encontraba. Cansado un día de soportarla la llevó al monte para castigarla…” (Letra de la chacarera Hermano Kakuy, de Juan Carlos Carabajal).

Este fragmento de una chacarera que habla sobre la leyenda del Kakuy habla por sí mismo. Como vemos, la mayoría de estas narraciones populares tiene una finalidad aleccionadora. Hay entre líneas un manifiesto mensaje moral-religioso. Buscan disciplinarlas para que cumplan con los mandatos asignados y/o regular su sexualidad. Estas imágenes o representaciones se traducen luego en mandatos sociales que le asignan a varones y mujeres diferentes roles. Los varones deben ser los proveedores y la autoridad de su hogar y las mujeres deben ayudar con un trabajo complementario. Son ellas las responsables del cuidado

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Para un análisis más profundo sobre estos temas recomendamos leer el libro de Farberman (2005), “Las salamancas de Lorenza”. Allí la autora examina el mundo de la magia y la hechicería de la época, partiendo del estudio de algunos expedientes judiciales del Tucumán colonial, llevados a cabo contra mujeres indígenas. También resulta de gran interés la observación sobre la configuración mestiza que tienen estas creencias, ligadas a una cosmovisión indígena.

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de los hijos e hijas y las reinas del hogar, haciéndose cargo del trabajo doméstico, que no tiene valoración económica. Dentro del hogar a los varones no se les enseña a autosustentarse y dependen de una mujer, ya sea la madre o la esposa para que los atiendan. A los varones se los educa para no llorar y las mujeres por el contrario deben expresar de manera transparente sus emociones. En el campo de la sexualidad, el varón debe tomar la iniciativa, ser audaz, seguro y se acepta el hecho de que tenga varias parejas sexuales. En cambio de las mujeres, se espera que sean pasivas, dóciles y que preserven su sexualidad. Si tienen varias parejas se las tilda de fáciles o locas. El cuerpo de las mujeres es concebido por la sociedad y los medios como un objeto, fuente de belleza y placer, y son ellas en su condición de objeto, la mayoría de las víctimas de todo tipo de violencia (Canevari, s/f; Vallejos, 2007b). En sus trabajos Santiago Bilbao (1975) describía para el caso de San José del Boquerón, en el noroeste de la provincia de Santiago del Estero, que la división sexual del trabajo que asigna al hombre el rol de proveedor de la familia “supone una organización en las relaciones en las que el hombre es el centro y sobre el cual caben totalmente la determinación de las últimas decisiones y la dependencia del resto de la familia de su persona.” (p. 22) Según refiere en su investigación, “la ausencia del hombre y por ende del líder instrumental, es prolongada. Ya sea concurriendo a las cosechas o al obraje, el hombre suele estar ausente por largo tiempo. Pero siempre se sigue actuando como si él se encontrara presente y al que se le tendrá que rendir cuenta de lo actuado a su regreso.” (1975: 24). Más adelante agrega que la conducción y decisiones están a cargo del hombre o son juzgadas en última instancia por éste, esté o no presente en ese momento. En este mismo sentido nos ha llamado la atención un pasaje del libro Shunko, de Jorge Ábalos, que narra las vivencias de un maestro rural en el monte santiagueño138. El relato de la llegada del maestro a la casa de Shunko es elocuente. En la casa se encontraba sólo la madre. El padre no estaba. El maestro interroga a la madre sobre cuántos hijos en edad escolar tenía, pero la madre se resiste a mandarlos. Ante la presión del maestro ella dice: “No los voy a echar en la escuela. Yo no dispongo, el padre dispone” (2006: 67). Este fragmento refuerza la afirmación de Bilbao de que en el hombre descansan las decisiones últimas. El lugar del hombre como jefe de hogar incuestionable, aún cuando se ausente por varios meses para emplearse como trabajador golondrina, es recurrente. Autores como Bajtín o Gramsci han señalado el modo en que los discursos modelan las instituciones y prácticas sociales, señalando al lenguaje como un locus privilegiado de los

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Agradezco a Alberto Tasso la referencia a este pasaje del libro.

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antagonismos y la constitución de las identidades. Estas teorías ponen el eje en el efecto performativo del lenguaje. En la teoría dialógica bajtiniana, el discurso es entendido como la realidad material donde tiene lugar la lucha ideológica. Foucault, por su parte, señala al lenguaje como medio de reproducción de las desigualdades sociales y analiza las microfísicas del poder implicadas en los dispositivos discursivos. Según él, la maquinaria del poder es una tecnología específica con tácticas y estrategias que producen discursos, los que se imponen como verdades, y donde el poder se convierte en un saber que se instala como verdad y a través de la cual se legitima la exclusión, el dominio y el castigo en el cuerpo social. Nos interesa articular esto con la concepción del lenguaje que utiliza Bourdieu, entendida no como mero discurso, sino enfocada en los efectos del discurso y los efectos de verdad que genera este discurso. Como expresa Bourdieu (1999), el lenguaje es un medio o instrumento de las relaciones de poder, y este lenguaje debe ser estudiado dentro de los contextos interaccionales y estructurales de su producción y circulación. No podemos ver al lenguaje escindido de sus funciones prácticas y políticas. A lo largo de los trabajos de campo realizados hemos podido observar que hay determinados tópicos sobre los que las mujeres se pronuncian y otros que parecen pertenecer al dominio de los varones. En una charla mantenida con una campesina del Lote el Ceibal, en San José del Boquerón, preguntamos acerca del conflicto desatado por el remate de sus tierras. Ella nos respondió que “de eso se encargan los hombres”. Ante este conflicto que amenaza con desalojar a todas las familias del lote, persiste la idea (en general entre los pobladores menos organizados) de que los hombres son los encargados de ocuparse de los problemas de la tierra (Bidaseca et al., 2009). Como indica Córdova Plaza (2003) “las mujeres acostumbran delegar el control de sus predios en algún miembro varón de su familia, quien llega incluso a cobrar por ellas, a asistir en su nombre a las asambleas y, a la larga, suele entrar en posesión del patrimonio” (p. 3). Probablemente la mayor posibilidad de hacer escuchar sus voces que hoy en día tienen las mujeres que participan en la Mesa de Tierras de Figueroa se deba al trabajo desde los grupos de mujeres. La posibilidad de poner en común problemáticas compartidas les ha permitido enunciar una serie de demandas que como mujeres las afectan. “Desde que las mujeres nos hemos capacitado, nos hemos formado como grupo de mujeres es como recién nosotras vamos teniendo participación, antes no, antes decidían ellos, pero nostras también dábamos la idea de que ellos tenían que decidir, los hombres me refiero cuando digo ellos…” (Marina, campesina, Mesa de Tierras, 2006).

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A pesar de esta reconocida audibilidad, el horizonte de temáticas que enuncian públicamente son “típicamente femeninas”. En las reuniones que presenciamos, las mujeres, de manera clara y fuerte, recalcaron la importancia de mantener sus tierras y de recuperar el desmejorado sistema de riego que los abastecía tradicionalmente de agua. El por qué de esta importancia que esgrimieron: que sus hijos pudieran trabajar allí y no tuvieran que migrar a las ciudades. En este sentido se mostraron preocupadas por la integridad de su familia. En otras ocasiones ellas también manifestaron preocupación por algunas cuestiones relacionadas con la salud de sus familias y los centros sanitarios alejados. En cambio, notamos que cuando la discusión de las reuniones versaba sobre temas productivos u organizacionales eran los hombres los que tomaban la palabra. También, claramente, fueron ellos los que se hicieron oír en los momentos en los que la conversación giró en torno a algún problema de tierras. Creemos que el hablar de las mujeres está condicionado por otras estructuraciones. Sus voces, a pesar de ser escuchadas, están sofocadas por un mandato machista, que las relega a los discursos típicamente “femeninos”, sobre la familia, los hijos, la salud. Ellas aún no logran enunciar el derecho a la tierra como un problema de género. Consideramos al lenguaje como un lugar en donde se expresan, construyen y refuerzan relaciones de poder. La palabra hablada es una herramienta sumamente masculinizada. La ilusión del comunismo lingüístico, como la llama Bourdieu, es la ilusión de que todos participan del lenguaje de igual manera. En la práctica, el acceso al lenguaje legítimo está restringido a un número acotado de interlocutores, despojando a otros de la capacidad de hablar en determinadas situaciones o de determinados temas. En este sentido, la mera adquisición de la palabra por parte de las mujeres no es suficiente en tanto las prácticas continúan siendo sexistas.

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CAPÍTULO 5 El cuerpo y la voz de las mujeres en la lucha por la tierra en Figueroa

“…El cuerpo está siempre simultáneamente (aunque conflictivamente) inscripto tanto en la economía del placer y del deseo, como en la economía del discurso, la dominación y poder” (Bhabha, 2002: 92).

Según describimos en el capítulo anterior, aparentemente las mujeres ocupan un lugar de mucha visibilidad en las distintas instancias organizacionales de la lucha por la tierra. Como veremos en este capítulo, a pesar de esto observamos que en el momento en que se abre la posibilidad de realizar la regularización dominial de las tierras que habitan, su derecho a figurar como titulares de esas tierras no es enunciado. Llamativamente, ellas aparecen y desaparecen entre las líneas que van narrando la lucha por la tierra. Aparecen al momento de ejercer las defensas de los predios que habitan hace ya varias generaciones, pero no figuran cuando se abre la posibilidad de realizar los títulos de dominio. Deere y León (2001) explican cómo el uso de las herramientas legales para reclamar las tierras que ejercen las mujeres está muy influido por la legitimidad social de su reclamo. En otras palabras, la posibilidad de reivindicar este derecho dependerá de qué tan común y aceptable socialmente sea que las mujeres hereden o tengan tierras. Parafraseando a Agarwal, (1994, en Deere y León, 2001) “las luchas individuales de las mujeres para adquirir una parte de la tierra familiar requerirían también luchas interrelacionadas fuera del hogar, como las luchas para legitimar la necesidad de la mujer de tener un derecho independiente a la tierra y de movilizar apoyo económico, social y político para su causa” (p. 441). El poder de negociación al interior del hogar está ligado al poder de negociación fuera del hogar, con la comunidad y el Estado. Como sugiere Bourdieu (2000), algunas prácticas suelen ser más resistentes al cambio que otras. Esto se da cuando los valores, ideas o prácticas son compartidos por todos los actores sociales, y son tomados como dados, sin ser explicitados, ni por esto, cuestionados. Creemos que la cuestión del derecho de las mujeres a la tierra como un tema no nombrado responde a esto que describe Bourdieu. Profundizando alguno de los puntos que trabajamos en el capítulo anterior, en el presente capítulo continuaremos exponiendo algunos aspectos culturales que, en la práctica, niegan u obstaculizan el acceso de las mujeres campesinas a la tierra en Santiago del Estero. Centraremos nuestro foco en el estudio de las pautas de residencia y los patrones de transmisión 124

de la tierra. Asimismo nos proponemos comprender los procesos de titulación de tierras que se abren frente a la posibilidad de hacer las mensuras para reclamar los derechos de las posesiones campesinas. Como veremos, al momento de hacer iniciar los trámites de prescripción veinteañal (usucapión) quienes aparecen como titulares, en general, son los varones de las familias. En la segunda parte del capítulo el foco estará puesto en la lucha de las mujeres en la defensa de sus territorios. Ya algunos trabajos se han ocupado de estudiar, específicamente para el mundo rural, por qué son las mujeres las que primero salen a defender las tierras139. Lo que aquí nos interesará preguntarnos es por qué a pesar de que las mujeres ocupan un lugar muy visible en la defensa de la tierra, a la hora de hacer las mensuras de las tierras, su derecho a la titularidad no es enunciado. Es un derecho no nombrado. Nuestra mirada estará centrada en la tensión que produce la gran visibilidad y audibilidad que tienen las mujeres en la defensa de las tierras140 frente a la invisibilidad que comprobamos al momento de realizar las titulaciones de sus tierras para reclamar la posesión. La tensión entre cuerpos y voces reconocidos frente a sus derechos negados.

5.1. Herencia campesina. Tierra para quien la trabaja “Matrimonio y migraciones son, precisamente, los dos mecanismos principales que suman y restan miembros al pueblo de indios [en el Santiago del Estero colonial] regulando de esta suerte el acceso a la tierra regada sobre la cual los tributarios tienen derechos inalienables.” (Farberman, 2005:62).

Las diversas instituciones sociales, tanto formales como informales, intervienen en los derechos de uso y posesión legítima y efectiva sobre los recursos naturales. Según Birgin, “el derecho no es sólo la norma: se integra además con conductas y con valores” (2000:11). Las costumbres locales tienen un papel significativo en los procesos de toma de decisiones que definen los derechos de acceso y control sobre los recursos entre géneros. En muchas culturas las costumbres tradicionales determinan el acceso de sus miembros a la tierra y a sus recursos. Siguiendo el estudio de Deere y León (2000), la herencia es uno de los indicadores más importantes que permiten analizar los mecanismos intrafamiliares de acceso, control y uso de la tierra diferenciados por género. Las autoras

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Entre otros, Giarracca y Teubal (1997), Bidaseca (2003, 2004). Como se muestra en diferentes lugares de esta tesis, este es un reconocimiento que manifiestan no sólo las mujeres que participan de estas defensas sino también los hombres de las comunidades, así como también los técnicos y técnicas que trabajan en terreno. 140

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afirman que una de las principales razones para explicar la brecha de género en la tenencia de la tierra es la preferencia de los varones al momento de heredar. En cuanto a la herencia, según la tradición jurídica imperante en América Latina y el Caribe, los hijos e hijas legítimos heredan por partes iguales a menos que sus padres hayan dejado testamento especificando lo contrario. A pesar de esto, la tierra permanece esencialmente en manos de los hombres. Como explican Deere y León (2000), la lógica de reproducción de los hogares campesinos se basa en la necesidad de tener acceso a la tierra, que es la base del sustento de las familias. En muchos casos, aunque sea la mujer quien herede, es un hombre (esposo, hermano o algún hijo) quien administra el predio. En general se argumenta que los sistemas de herencia que otorgan prioridad al hijo varón y no a las mujeres tienen como objetivo garantizar la continuidad del patrimonio familiar, así como la seguridad de los padres ancianos. Cuando estudiamos las prácticas sucesorias de las comunidades campesinas la cuestión de su relación particular con la tierra no puede ser dejada de lado. La tierra como contenedora de dimensiones afectivas, está ligada a la reproducción familiar y es el principal medio de producción y subsistencia. En este contexto no podemos pensar en la tierra reducida a su sólo aspecto de mercancía. La agricultura familiar campesina como orden moral141 implica que la tierra, el trabajo y la familia, principales factores de producción, se conciban en términos no mercantiles. Hay una fuerte carga cultural y simbólica que influye en las prácticas de transmisión de la tierra. En estas sociedades, las relaciones económicas se expresan en relaciones de parentesco y las relaciones de parentesco se vuelven condición previa de las relaciones económicas y de la transferencia de propiedad (Schiavoni, 2001). En general son los varones los que tienen el control sobre el uso de la tierra y el acceso de las mujeres a ella se da a través de las líneas patrilocales. El lugar de residencia de la nueva pareja es uno de los factores que más inciden en los distintos regímenes culturales de herencia. La desigualdad en la herencia de la tierra por género en las sociedades campesinas de Latinoamérica muchas veces se ha asociado con la patrilinealidad, la patrilocalidad o virilocalidad, la exogamia y lo que se ha denominado “la lógica de la reproducción familiar campesina”. La patrilocalidad se refiere a la residencia de los recién casados en el hogar paterno del marido, mientras que la virilocalidad se refiere a la residencia en tierras otorgadas a través de la línea masculina. Ambas se asocian con la exogamia, cuando las mujeres contraen matrimonio fuera de su comunidad de origen. La 141

Mauss clasificaba a los factores económicos como hechos morales (representaciones colectivas de acuerdo con las cuales se rige la actitud de los miembros de una sociedad con respecto a la materia).

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supresión del derecho de las hijas a la herencia de la tierra en este tipo de sistemas se justifica mediante el argumento de que la mujer que deja su comunidad “no puede llevarse consigo la tierra”. Además, se espera que la familia del marido facilite la tierra a la nueva pareja (Deere y León, 2003). Otra costumbre difundida en América Latina y el Caribe es la herencia paralela, es decir, que los hijos hereden del padre (patrilinealidad) y las hijas de la madre (matrilinealidad). También hay regiones, en especial en Bolivia, Ecuador y Perú, donde la práctica dominante es la herencia bilateral, es decir, que los hijos y las hijas hereden de ambos padres, en partes más o menos iguales, aunque los varones suelen resultar favorecidos en cuanto al tamaño o la calidad de la parcela. También está difundida la costumbre de que alguno de los hermanos compre a los otros la parte de la herencia que les corresponde (Deere y León, 2000)142. Para el caso de Santiago del Estero, ya expresaba Bilbao (1975) en su estudio sobre la familia en San José del Boquerón, que aquí las reglas de residencia combinaban la forma patrilocal y neolocal143, con cierta predominancia de la primera. “Cuando un hombre y una mujer se unen para formar pareja fijan su residencia, durante un tiempo, en la unidad de vivienda perteneciente a la familia de orientación del hombre. El lapso que permanecen en ese lugar es fluctuante pero, con el tiempo, edifican su vivienda independiente (…) pero no lejos de la de los padres del hombre. Las que se trasladan son, pues, las mujeres, que abandonan no sólo la casa de su familia de orientación, sino también el lugar.” (pág.16)

Con respecto a los modos de herencia Bilbao describe que “No hemos podido advertir ningún rasgo atribuible a un complejo tipo ´mayorazgo´, sino más bien al ´minorazgo´” (p. 23). El hijo menor de la familia regularmente no abandona la casa aunque se case. Un dato curioso, y no por eso poco significativo, es que la marca utilizada para señalar al ganado, que representa un símbolo de la propiedad paterna, es heredado por el menor de los hijos. Los hijos mayores emancipados y que han formado su tropa, adoptan otra marca. Con respecto a la herencia de los bienes del padre, Bilbao describe que la misma se subdivide equitativamente entre los hijos, sean varones o mujeres, en vida de su propietario. 142

En su estudio La brecha de género en la propiedad de la tierra, Deere y León (2003) explican que buena parte de las civilizaciones precolombinas parecen haber tenido normas relativamente igualitarias de herencia, específicamente los sistemas de herencia paralela y bilateral. Los sistemas de herencia paralelos hacen referencia a sistemas en donde los hijos heredan por la línea paterna y las hijas por la materna. La herencia bilateral está caracterizada por el hecho de que los hijos de ambos sexos heredan de ambos padres. Esto supone que las mujeres poseen y heredan propiedad que pueden transmitir a sus hijos o hijas. 143 La neolocalidad se define como el patrón de residencia donde, tras la unión, la pareja conforma una unidad doméstica independiente de la de los padres del hombre o de la mujer.

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Si bien haciendo un recorrido por los distintos casos vemos que los tipos de herencia en Santiago del Estero, particularmente en Figueroa, son variables (son sistemas mixtos), existen ciertos patrones que nos permiten marcar algunas tendencias generales. “Es muy relativo, no hay una tendencia, no hay una costumbre. De pronto capaz que los hombres se van a vivir en el lugar de... Normalmente cuando se forman las parejas nuevas es muy normal que se vayan a vivir con los padres, ya sea de la mujer o del hombre, y de ahí hacen ranchito aparte al frente, a la par, no muy lejos, pero es muy relativo eso. Depende de la decisión muy íntima. Nosotros por ejemplo hemos vivido en lugar neutro. Por ahí debe depender mucho del lugar, de la comodidad, de la pareja. O a dónde puedes tener tu vivienda…” (Lucrecia, campesina, Mesa de Tierras de Figueroa, 2008).

A pesar de que en las entrevistas realizadas muchas veces nos han manifestado que es indistinto el lugar a donde van las nuevas parejas (pueden ir tanto a la tierra de los padres del hombre como de la mujer), la percepción de que el hombre es el que trabaja las tierras, y la idea de que para las mujeres no hay trabajo en el campo, muestran una tendencia a que las mujeres sean las que migran y los varones los que permanecen en las tierras. “C: Me gustaría hablar sobre el tema de la herencia acá. Por ejemplo, sus hijos después se quedan a vivir por acá, en general se están yendo a las ciudades? Hay lugar para ellos que se armen su casa acá o se van a buscar otros lugares? R: y bueno, aquí, nosotros, la familia de nosotros, mi hijo que está ahí está ocupando el mismo terreno de nosotros, y bueno, las chicas los han llevado, se han casado y las han llevado el marido a su lugar de ellos. Difícil es traerles de allá para acá (…) C. y en general eso en otras familias usted, ¿cómo ve que es? ¿Que es así parecido, que las mujeres son las que van para…? R: para el lado donde son los hombres, sí. Muy raro es que la mujer lo traiga al hombre para su lugar de origen” (Ramona, campesina, 2008).

La transmisión del patrimonio no puede ser pensada como algo escindido de la reproducción social de los grupos domésticos. Cuando indagamos sobre el comportamiento de estos mecanismos de sucesión, las relaciones de opresión que sufren las mujeres aparecieron inscriptas en las relaciones familiares. Si bien las opciones varían de acuerdo a cada pareja, existe la tendencia de que los hijos varones permanezcan en el terreno familiar, mientras que las hijas mujeres generalmente abandonan sus tierras para instalarse en las del hombre con el que se casan. Sostenemos que el problema de la invisibilización del trabajo femenino en el campo santiagueño está directamente relacionado con la prioridad hacia el hombre al momento de heredar la tierra. Al abordar el tema de la transmisión de la tierra no podemos obviar la idea 128

que generalmente está por detrás del reclamo por el derecho a la tierra: el derecho a heredar la tierra es algo que se “gana”. La tierra es para quien la trabaja, es uno de los lemas de muchos movimientos campesinos de América Latina. Tanto la ausencia del trabajo agrícola como la invisibilización o falta de reconocimiento social de ese trabajo realizado puede ser un factor de exclusión a la tierra. La forma de posesión (principalmente sin títulos de propiedad) y el uso colectivo de la tierra en esta zona, factores que hemos desarrollado ampliamente en el capítulo anterior, imprimen un carácter particular a las prácticas sucesorias que no puede ser obviado. Al pensar en los patrones de herencia y tierra, no debemos suponer estructuras fijas a lo largo del tiempo, sino que son construcciones sociales que se van transformando. Hasta hace pocos años, en el departamento Figueroa no se percibía con fuerza la idea de la tierra como un bien limitado. La disponibilidad de espacios libres y la poca importancia que los campesinos otorgaban a los títulos de propiedad (fundamentalmente por desconocimiento) permitían que las parejas se asentaran en tierras aledañas a la de sus familias sin necesidad de comprarlas. En la mayor parte de los casos se planteaba como un común acuerdo entre familiares y vecinos. Asimismo, el hecho de que las familias no tuvieran los títulos de propiedad en sus manos produjo un tipo de transmisión de la tierra que no se remitía a la lógica del derecho positivo sino a una lógica práctica que estaba en relación con la cantidad de tierra disponible y la posibilidad de las nuevas familias de trabajar estas tierras. La transmisión de los bienes, en este sentido, es comprendida como una estrategia, entendida en el sentido de lógica práctica que plantea Bourdieu (1991), y no como un sistema de reglas fijas e inmutabes. Con el tiempo, las prácticas de herencia van cambiando por factores tales como el aumento de la presión demográfica sobre una base de tierra estática, el incremento de la migración y la creciente conversión de la tierra en mercancía (Deere y León, 2000). Existen múltiples factores que modifican la manera de percibir la relación con la tierra y sus diferentes modos de transmisión. Dichos factores no se pueden pensar por fuera del contexto macro que fue generando nuevos escenarios rurales en América Latina. En los últimos años el avance de la frontera agropecuaria144 y los sucesivos conflictos por la tierra están empezando a generar mayor consciencia del valor material de la misma. La reducción de las tierras disponibles para su ocupación y el parcelamiento excesivo en lotes cada vez más pequeños, dificultan la 144

Entre 1998 y 2002 Santiago del Estero incrementó el área cultivable en 379.000 hectáreas, que según el Informe de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, podría llegar a explicar la deforestación de 306.000 ha de superficie en dicho período. Santiago se convirtió en la provincia que más superficie de bosques nativos perdió.

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posibilidad de que los hijos e hijas puedan asentarse en zonas aledañas que hasta ahora no eran utilizadas por la familia y los vecinos del paraje. “Lo que pasa que antes se podía trasladar de un lado a otro, en cambio ahora ya no. Antes, ponele no te gustaba un lugar, bueno, te trasladabas a otro y ahora no porque ya todo el mundo tiene delimitado, bueno, esto es mío, la persona para su familia o para sus parientes. Y antes no… estaba, era todo campo abierto” (Nélida, campesina, 2009).

Ante esta coyuntura los campesinos establecen nuevas estrategias sobre los mecanismos de transmisión de la tierra. Así, el acceso a la tierra por parte de las mujeres se ve afectado por una creciente mercantilización de la tierra que a fuerza de desalojos y de compra de tierras disminuye su disponibilidad (Bidaseca et al. 2007c). Este proceso, a su vez, parece estar íntimamente asociado a procesos migratorios. El imaginario social que supone que sólo los hombres trabajan la tierra o en el monte y que para las mujeres no hay trabajo en el campo también juega un papel fuerte a la hora de decidir irse de los parajes o quedarse. Consiguientemente esto redunda en una mayor o menor posibilidad de heredar la tierra que pertenece a los padres. Como relatan las personas entrevistadas, para las mujeres parece no haber alternativas laborales en el campo, y esto las lleva a buscar otros horizontes en la ciudad. “C: a la ciudad se van más los hombres, las mujeres? S: mayormente son las mujeres, me parece, por una cuestión de que los hombres son trabajadores golondrina. Van y vuelven, siempre. Los que no son golondrina están yendo a la desflorada, a la papa, al desmonte y vuelven siempre. Las mujeres cuando van, van más como empleadas domésticas y se van quedando. Encuentran su pareja por allá y se quedan.” C: Y eso puede tener que ver con el tipo de trabajo? S: y sí, con esa tendencia de que tiene más valor el trabajo del hombre que el de la mujer. Son muy pocas las que van a la ciudad, estudian y vuelven a su lugar, digamos, a ejercer su profesión. Las que pueden estudiar, porque las que no estudian van como domésticas, y se van quedando y se quedan. Y sí, porque aquí para las mujeres, por ejemplo, no hay alternativas, porque por lo menos los muchachos tienen la posibilidad de hacer poste, carbón o leña, que es un trabajo super bruto que lo haga una mujer, entonces las chicas se van a Santiago o a Buenos Aires” (Susana, campesina, Mesa de Tierras de Figueroa, 2008).

Al respecto, Deere y León (2003) explican que cuando el acceso a la tierra es limitado, la herencia de la tierra es considerada una condición fundamental de la reproducción familiar campesina, ya que el acceso a la tierra es lo que garantiza la continuidad de la unidad de producción y reproducción entre generaciones. En estas circunstancias, la continuidad del patrimonio familiar se garantiza al restringir la división de la tierra mediante los sistemas de 130

herencia que favorecen al hijo mayor o menor y desheredan a las hijas. Privilegiar a un hijo en los derechos de herencia de la tierra, especialmente al menor, también se ha considerado como un medio para garantizar la seguridad de los padres cuando llegan a la vejez, pues el hijo adquiere la obligación de permanecer en el hogar, cuidando de los padres mayores y cultivando la tierra, en espera de su herencia. “Las mujeres se van más [a la ciudad] y se quedan. Consiguen sus maridos y se quedan. Los hombres en general se van pero vuelven.” “Somos siete hermanos. Yo soy el único varón. Todas mis hermanas están en la ciudad. Yo soy el único que está en el campo con ellos [con sus padres]” (Marcelo, campesino, Mesa de Tierras de Figueroa, 2008).

Refuerzan estos fragmentos de entrevista algunos datos obtenidos del Censo Nacional de Población de 2001. El índice de masculinidad para el departamento Figueroa, es de 116,8. Este índice señala la cantidad de hombres por cada 100 mujeres que viven en determinada zona. El índice de masculinidad de Figueroa es el más alto que presenta la provincia de Santiago del Estero, que en promedio tiene un índice de 100,5. Llamativamente en los grandes centros urbanos el índice de masculinidad es menor a 100. Así, el índice para la ciudad de Santiago capital es de 92,3. Esto probablemente esté señalando una mayor migración de las mujeres a los centros urbanos. Otro aspecto adicional de fundamental importancia que hay que tener en cuenta cuando se analiza la transmisión de la tierra es el estado civil de las parejas. La gran cantidad de uniones de hecho que existen en el campo santiagueño dificulta los trámites para que se reconozcan los derechos de sucesión cuando muere el o la cónyuge. De igual modo, se ve obstaculizada la división de bienes en los casos en que la unión se disuelve. En general, quienes se ven perjudicadas en estos casos son las mujeres ya que no tienen la tierra a su nombre ni el derecho reconocido socialmente de permanecer en ella. Si observamos las estadísticas que arroja el Censo Nacional de Población de 2001 para el caso de Figueroa, un 60,42% de la población es soltera frente al 32,36% que está casada. Si tenemos en cuenta que el 47% declaró que convive con sus parejas, de esto se desprende que casi un15% de estas uniones son uniones de hecho.

5.2. La tierra en conflicto: en el nombre del padre En la esfera privada la lógica masculina que asumen los patrones hereditarios, aún en los casos de tenencia precaria de la tierra, muestra que el poder de negociación al interior de las familias mantiene una correspondencia con el poder en la organización y dentro de la 131

comunidad. La problemática que se presenta frente a la preferencia por los varones para heredar la tierra que hemos descripto anteriormente reaparece en los conflictos legales. Al momento de reclamar los títulos de las tierras, frente a un conflicto que les impone hacer las mensuras de sus lotes para registrarlas en Catastro e iniciar los trámites de prescripción veinteañal, las mujeres vuelven a ser invisibilizadas. En diferentes lugares de América Latina se reproduce una dinámica que, a pesar de tener particularidades, se aproxima a lo que Galán (2000) observó para su estudio en América Central y el Caribe, donde la titulación de las tierras se hace a nombre de quien efectúa la demanda. Por lo general quien se presenta a los institutos pertinentes y quien hace la tramitación es el hombre, por ser él el representante del hogar y por motivos culturales. Esta es otra de las razones que hacen que, en la práctica, sean pocas las mujeres que disponen de títulos de propiedad. Como hemos ampliado en el capítulo anterior, no todas las sociedades tienen la misma manera de entender su relación con la tierra. Cada cultura tiene un modo particular de construir el territorio y de interaccionar con la naturaleza que va imprimiendo distintas formas de estar en el mundo. El modo de producción capitalista, y en particular el modelo neoliberal fueron imponiendo una manera particular de apropiarse de los territorios y de refuncionalizar el espacio que amenaza con desplazar otras lógicas. En el caso que estamos estudiando, la presión que sufren los campesinos para desalojar sus tierras los llevó a fortalecer sus derechos a la misma a partir del reclamo por los títulos de propiedad en base a sus derechos posesorios sobre los territorios que ocupan desde hace más de 20 años de manera pacífica e ininterrumpida. Si bien algunas familias buscaron como alternativa mensurar sus lotes individualmente, la mayor parte de las comunidades del departamento Figueroa con las que hemos trabajado han encontrado como estrategia las mensuras comunitarias de sus tierras. De esta forma se aseguran poder continuar teniendo una utilización comunitaria del monte, pozos de agua, cementerios, etc. A pesar de estas estrategias por continuar reproduciendo las lógicas campesinas de uso comunitario de sus tierras, hay ciertos moldes que impone el actual sistema de derecho que, en la práctica, niegan el derecho de las mujeres a la tierra. Como describimos, la forma legal que encontraron las comunidades campesinas de Santiago del Estero para reclamar los títulos comunitarios es la del condominio con indivisión forzosa. De este modo cada familia es copropietaria de un lote en común. En los planos de mensura figuran los titulares de cada lote, que está dividido sólo de manera formal, en partes iguales. 132

“La prueba piloto del Campo La Unión toma la decisión de sacar la escritura como campo comunero. Se saca para la familia tanto un título. O sea, el día de mañana si una familia x quiere vender el lote no puede porque los derechos los tiene la madre, el hijo, el vecino. O sea, los títulos de la tierra van a ser de toda la comunidad. Si alguien deja la comunidad o se va pierde los derechos de esa tierra porque abandona. O sea, los títulos corresponden a la comunidad.” (Pamela, Mesa de Tierras de Figueroa, 2007).

En principio esta forma garantiza los derechos de todas las personas que conforman la comunidad, pero cuando indagamos el modo en que se titulariza este lote comunitario, las mujeres son las grandes ausentes. En referencia al lote que menciona nuestra entrevistada, en donde viven 37 familias, cuando preguntamos quiénes figuran como titulares en los planos de mensura nos contaron que: “Mayormente el hombre figura. Sólo tenemos dos mujeres figurando. Una que ha quedado viuda…las dos han quedado solas vamos a decir. Una de ellas se ha separado y el marido se ha ido.” (Marcelo, campesino, Mesa de Tierras de Figueroa, 2008).

Notablemente, las única dos mujeres que figuran como titulares del condominio son mujeres “solas”, sin una figura masculina al lado. Generalmente cuando las mujeres aparecen como titulares es porque son viudas o madres solteras. Salvo en los casos en los que se ha aplicado un criterio diferente de selección145, las mujeres no aparecen como titulares cuando están en pareja o existe una figura masculina presente en el hogar146. Los abogados y agrimensores con los que nos hemos entrevistado han tenido dificultades para encontrar planos de mensura en donde figuren mujeres como titulares. Cuando le pregunté a uno de los abogados que trabaja asesorando legalmente a la Mesa de Tierras, si él tenía títulos de mensura o algo similar en donde pudiera ver el tema de las titularidades fue a buscar sus carpetas. Volvió al rato diciendo que no había encontrado mucho. “Mirá, me dijo, este que te traje, acá justo hay una mujer como titular”. Como ya me había pasado, todas las personas a las que consulté por los títulos buscaban alguno donde figuraran mujeres, con el consiguiente fracaso o dificultad en la tarea. Como indica el fragmento de entrevista que presentamos aquí, la presencia de tres mujeres en uno de los lotes mensurados (La Candelaria) es calificada con la expresión de “varias mujeres”, a pesar de que

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Nos referimos principalmente a la experiencia del Registro de Aspirantes a la Regularización de la Tenencia de la Tierra, que abordaremos más adelante. 146 Al respecto, en un trabajo sobre el reconocimiento de la propiedad de la tierra en el Perú (Villanueva y Pérez, 2006), observamos cómo esta tendencia que privilegia a los hombres para figurar como titulares se reproduce en otras partes de Latinoamérica. Recuperamos por su claridad y elocuencia el siguiente fragmento de entrevista a una mujer campesina: “Mi papá siempre decía, las mujeres no necesitan papeles porque no deben salir. Ellas deben cocinar, ir a la iglesia…no deben tener nada a su nombre porque para eso está el esposo, para que nos represente…así pues me enseñaba y así creía.” (Clorinda Meza, en Villanueva y Pérez, 2006:26)

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este número representa una baja proporción frente a la cantidad de titulares hombres, que son 23. “Fijate vos, dentro de este plano, esta es la lista de poseedores, y aquí, es cierto, la mayoría son varones. Pero hay varias mujeres…Ramona., esa es una, Nélida y Marta. Sin embargo en otra comunidad cerca de esta sólo figuran los hombres nomás” (Raúl Abdala, agrimensor, 2009).

Las titulaciones de las tierras en general se realizan a nombre de los varones mayores de la familia, invisibilizando el derecho de las mujeres a aparecer como titulares de las tierras que también les pertenecen. Así estas “astucias” o desviaciones del derecho positivo utilizadas con el objeto de conservar las prácticas tradicionales de uso comunitario de la tierra terminan por tornar evidente un derecho negado a las mujeres. Esto pone de manifiesto la importancia de tener en cuenta el cambio en la forma de tenencia, que inevitablemente genera cambios en la relación que los y las campesinas establecen con la tierra y su transmisión. Este patrón se reproduce en otros lotes de otros departamentos que han iniciado sus mensuras comunitariamente: C: “¿Pusieron los nombres de toda la familia, o aparecen los dos jefes de la familia, o aparece uno solo? R: No, el jefe nomás. C: ¿Quién aparece? R: el de nosotros está nomás…los mayores nomás de cada casa, los cuatro de cada casa están en el plano. C: ¿Quiénes son? R: uno es mi marido, mi hijo, mi suegro y mi sobrino” (Entrevista a campesina, lote el Ceibal, 2008).

Como explicábamos en el capítulo anterior, el condominio se disuelve de común acuerdo entre todos los titulares del lote. La ausencia de registro de las mujeres en los títulos de propiedad obstaculiza o imposibilita su participación al momento de decidir disolver el condominio. La gran cantidad de uniones de hecho que hay en la zona dificultan aún más la situación. P: “Entonces en caso de que alguno quiera reclamar el título por familia, si no es de común acuerdo el juez dice… R: Sí, a partir de los condóminos. Y ese es otro problema, porque de cada familia firma uno, y generalmente hay más de 3 mayores de edad por familia. Y generalmente firma el hombre, no la mujer. Y supongamos que se muere, los hijos o la mujer tiene que iniciar la sucesión. Y si no es casada (generalmente en el campo nadie se casa), entonces tiene que iniciar antes un sumario

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para probar concubinato. Estamos marcha atrás con el tema de género en el campo, y eso acarrea perjuicios gravísimo para las familias” (Pablo Muratore, abogado, 2007).

El formato que siguen los planos para obtener los títulos en donde, ya sea por cuestiones formales o culturales, sólo es posible nombrar a un titular por familia dentro del condominio presenta serios limitantes a los derechos de las mujeres. Se da por supuesto que el o la conyugue se encuentran representados por ese titular, sin tener en cuenta los limitantes a los derechos de las mujeres (y a las familias en general) que supone esta negación. El sistema de representaciones que una cultura tiene a través del lenguaje, de las palabras, de los símbolos, de los mitos y leyendas (Vallejos, 2007b) y de todos los discursos normativos que ella produce —discurso pedagógico, jurídico, medico, psiquiátrico, filosófico, ético, entre otros— dan cuenta de determinadas construcciones dentro de una sociedad. Segato (2004) plantea que el derecho tiene un poder nominador a través del cual, no sólo regula sino también crea y da status de realidad a los sujetos cuyos derechos garantiza. La imposibilidad de nombrar a la pareja (titulación conjunta), o a toda la familia como representantes a la hora de hacer las mensuras para el condominio, a nuestro entender, es el reflejo de una concepción patriarcal del derecho. Creemos que por detrás del hecho de que sólo los hombres figuren como los representantes de sus familias en los títulos de coposesión está operando la “imagen del buen patriarca” a la que hace referencia Mallón (1997). La crítica feminista explica cómo el modelo liberal está construido sobre un basamento androcéntrico y patriarcal que deja fuera del contrato social al sujeto femenino bajo una supuesta complementariedad, especialmente en la esfera doméstico-familiar. Pateman (1996), quien estudió ampliamente la división liberal que se plantea entre lo público y lo privado, denuncia la mistificación ideológica del patriarcado liberal por su supuesta universalidad y naturalidad. Estas teorías normativas siguen manteniendo sus presupuestos teóricos universalistas excluyentes. En la distinción liberal entre público y privado subyace una pretensión de homogeneidad representada por los hombres, que en la práctica excluye la consideración política de las diferencias. Las desigualdades que subsisten en el ámbito privado quedan ocultas bajo la artificial unidad de lo público. De este modo se oculta la desventajosa posición de la mujer en el ámbito domésticofamiliar (Turégano, s/f). El hecho de que no se cuestione el lugar del hombre como referente de la familia en los títulos de propiedad tiene que ver con este lugar de privilegio que históricamente tuvo dentro del ámbito de lo público. Prevalece la idea de una ética de la unidad familiar (Schiavoni, 2001) que no puede pensar en la heterogeneidad de intereses que pueden coexistir 135

dentro de las familias, conjuntamente con la imagen de un padre benevolente que cuida por los derechos de todos los integrantes de su familia. Esto, además de negar el derecho de las mujeres a formar parte de las decisiones que tienen que ver con su familia parece negar una realidad que, a pesar de que no trabajaremos en profundidad en esta tesis, es un factor que tiene un lugar muy relevante al momento de considerar la importancia de que las mujeres campesinas santiagueñas vean reconocido su derecho a la tierra. Nos referimos a la gran cantidad de casos de violencia familiar que hay en las zonas rurales de Santiago del Estero. En muchos casos, esta situación de violencia lleva al “abandono” de las mujeres de sus hogares frente a la desprotección legal que les posibilite permanecer en sus casas. Al respecto, una de nuestras entrevistadas nos relataba que en Santiago del Estero, “Tenemos una ley de violencia familiar147 que es un horror, que resalta nuestra historia Juarista– Ninista. (…) Hace mucho que nosotros venimos trabajando con meter el protocolo de la CEDAW, inclusive en las recomendaciones y demás, después no te dan bola porque les parece absolutamente innecesario, no tenemos ley de violencia y genero. La ley que tenemos actualmente en Santiago del Estero, no prioriza la exclusión del hogar del victimario” (Silvia Borsellino, técnica PRODEMUR, 2007).

Este escenario se ve agravado en un contexto rural, en donde para poder salir del círculo doméstico de violencia, muchas veces las mujeres deben dejar sus hogares y trasladarse a la ciudad. Como explica uno de los abogados a los que consultamos: “El proceso de salir de la violencia para la mujer rural no es lo mismo que para la mujer urbana, por el hecho de, a dónde va? Suponete que vos puedas superar el hecho de la posesión de tierra…es más, que lo solucionas de la mejor manera, que ella se quede en la casa con sus hijos y que el marido se vaya, haga la casa en otro lugar, suponete. Cómo reconstruye su vida, si la mujer separada en el interior de Santiago es tabú todavía. Es complicado.” (Luis Ger, abogado, 2007).

Si revisamos las estadísticas sobre violencia de género en áreas rurales, no podemos menos que alertar sobre la importancia de que las mujeres tengan alguna seguridad jurídica que les permita quedarse en sus tierras y no tener que migrar a las ciudades para escapar de sus maridos golpeadores, o verse forzadas a volver a sus tierra (con el consiguiente riesgo de volver a verse violentadas) frente a la imposibilidad de afrontar económicamente otra salida.

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La ley nro. 6.308, sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santiago del Estero en 1996.

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5.3. Complementando con algunos datos cuantitativos Afortunadamente, como hemos adelantado en el apartado metodológico, frente al vacío de datos cuantitativos para poder complementar el estudio que aquí presentamos, desde el “Registro de Aspirantes a la Regularización de la Tenencia de la Tierra” se ha comenzado un relevamiento que cuenta con algunos datos que son de suma importancia para nuestro análisis. Antes de presentar los datos, haremos una breve aclaración que resulta relevante a la hora de leer los resultados preliminares que se desprenden de dicha experiencia. El criterio de selección de la persona que figurará como titular en los planos de mensura que privilegió la experiencia del Registro se guía por la lógica de la antigüedad en la posesión, eligiendo al miembro de la familia que vive hace más años en las tierras. Suponiendo que este criterio efectivamente haya sido respetado por las familias, la proporción de mujeres que figuran como titulares de posesión de los predios también aportará datos más certeros sobre las migraciones internas de las parejas cuando se conforma una unión. En otras palabras, podemos suponer que si las que figuran como titulares son las mujeres es porque ellas permanecieron en la tierra de sus padres, y fue el hombre el que migró donde ellas vivían. Así, el porcentaje de mujeres que aparezcan como titulares de posesión también aportará datos que permitan saber cuál es el porcentaje de ellas que permanecieron en sus tierras. Este dato está en concordancia con las prácticas de asentamiento de las nuevas parejas y transmisión del territorio que relatamos más arriba, y nos permitirá confirmar o no la hipótesis de que, en general, hay una mayor tendencia de las mujeres a migrar a la tierra de los varones. Según los datos suministrados por el Registro de Poseedores, de los 39 parajes relevados hasta 2009, en los departamentos de Copo, Alberdi, Pellegrini, Figueroa, Ojo de Agua, Loreto, Ibarra y Atamisqui, de 487 titulares de posesión, 365 son hombres y 122 son mujeres. Es decir, en un 25% de los casos la titularidad es femenina.

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Sexo de poseedores titulares

Femenino 25%

Masculino 75%

Fuente: Registro de Poseedores

Si observamos este mismo porcentaje para los 6 parajes relevados en el departamento Figueroa, de un total de 75 titulares de posesión, 55 son hombres y 20 son mujeres. Es decir, un 36,36 % de los titulares son mujeres. Este porcentaje es levemente más alto del que se presenta para el total de los parajes relevados en el territorio santiagueño. Si bien no tenemos otros datos cuantitativos, ni para el total de la provincia de Santiago del Estero ni para el total de la Argentina, que nos permita realizar un abordaje comparativo, este porcentaje refleja el acceso desigual que tienen las mujeres a la titularidad de sus tierras. Si, como mencionábamos líneas arriba, tenemos en cuenta que este registro ha tenido algunos criterios de selección de titulares que en algunos casos pudo haber beneficiado a las mujeres, continúa siendo desventajoso para ellas. Esto nos permite suponer que en otros contextos de titulación de tierras este porcentaje seguramente tienda a ser aún menor. Asimismo, estos datos confirman la presunción de que en una mayor proporción son las mujeres las que migran a las tierras de la familia del hombre. Este no reconocimiento de las mujeres a la hora de titular las tierras no deja de resultar llamativo frente a su gran visibilidad y reconocimiento al momento de defender las tierras de las comunidades de la zona y su importante participación en la Mesa de Tierras.

5.4. Poner el cuerpo, visibilizar el cuerpo. La resistencia de las mujeres La tendencia a titular las tierras a nombre de los hombres de la familia debe ser comprendida a la luz de otro factor de gran importancia en la zona que estamos estudiando. Nos referimos al rol que tuvieron y tienen las mujeres en la defensa de los territorios que ocupan ancestralmente, así como también a su importante participación dentro de las 138

organizaciones locales, principalmente la Mesa de Tierras de Figueroa. En este sentido nos interesa ver cuál es la relación que hay entre la importante participación de las mujeres en la mesa y en la defensa de las tierras y cómo se ve reflejada su presencia en las titulaciones de tierras. Al estudiar la participación de varones y mujeres en la Mesa de Tierras aparece notoria la divergencia entre unos y otras. A pesar de que, como describimos en el capítulo anterior, muchas mujeres que en un principio concurrieron a la Mesa ahora han dejado de asistir a las reuniones, no deja de resultar llamativa la gran participación y reconocimiento que han obtenido muchas de ellas que sí continúan formando parte activa de esta experiencia. Esto se torna aún más relevante si lo observamos a la luz de su invisibilización en otros ámbitos de la vida cotidiana de estas familias campesinas. El lugar que ocupan estas mujeres que participan de la mesa alcanza gran relevancia. A partir de todos los relatos recopilados en los trabajos de campo que realizamos se destaca el rol preponderante de ellas ante la defensa y la lucha por la tierra. “No, algunas [participaban] más que otras, las que pudieron salir más y hacer experiencias más de compartir con las organizaciones y los procesos, tienen una posición (…) No se, mujeres que están participando activamente en el administre de tierra, mujeres de Machajuay, por ejemplo cuando hemos ido a debatir un conflicto interno de tierra dentro de la comunidad, las mujeres estaban muy bien plantadas, su posición pesaba, su opinión, digo no? En otro momento ni hubieran hablado estando los hombres ahí. O sea, para mi esto, es clarísimo en casi todas las mujeres de estos grupos, algunas con mayor participación hacia afuera de sus comunidades, hacia otras organizaciones y otras en sus propias comunidades digamos… las mujeres de Machajuay, a pesar de que ellas no salen tan frecuentemente, han hecho un proceso, por ejemplo, de aprendizaje con el administre de tierras, tienen una posición dentro de la comunidad, saben que el grupo de mujeres es bravo, si hay un conflicto van a enfrentarse con ellas” (Silvia Borsellino, técnica PRODEMUR, 2007).

Este tipo de testimonios en donde hay un gran reconocimiento del lugar destacado que han ejercido las mujeres en la defensa de las tierras es muy frecuente y se reproduce, no sólo entre los técnicos y entre las mujeres de los grupos sino también entre los hombres que participan de la Mesa y dan un crédito importante a la participación de ellas tanto en la Mesa como en la defensa de los territorios. “Incluso yo he escuchado cuando hombres han contado en las reuniones de tierra, de decir que sólo los hombres somos de coraje de palabra nomás, yo tengo el deber de reconocer que cuando las cosas se venían abajo, las mujeres han sido las que han salido al frente y han podido tomar decisiones muy importantes como para terminar con las cosas que iban viviendo con el tema de

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tierra, con el sometimiento. Más que todo por que había un empresario en la comunidad de Santa Lucia, se llama una comunidad vecina, donde él tenía sometida a toda una comunidad a gusto y paladar de él. Y bueno, y es como que hoy decir las mujeres, nosotros ya no queremos ese sometimiento, que este Sr. nos siga manejando a nosotros, y bueno ellos han decidido, pero mujeres han sido! Hoy le han puesto un límite a eso y el Sr. ha tenido que irse de la comunidad. (Marina, campesina, Mesa de Tierras de Figueroa, 2007).

La experiencia que trajo el trabajo en los grupos de mujeres de cada comunidad les permitió salir de sus hogares, en un primer momento, y luego fortaleció la posibilidad de participación en las reuniones de la Mesa de Tierras y la organicidad de estas mujeres a la hora de salir a defender sus posesiones. Al respecto una de las mujeres que participa en uno de los grupos comentaba: “Después cuando había resistencia como así de tierra, mas que todo ahí también yo veía que eran las mujeres las que salían al frente a defender, cuando se hacían las resistencias. Venían empresarios a instalarse con topadoras, con casas, y aquí han sido las mujeres las que les han dicho a ellos que tenían que irse, no los quieren…” (Marina, campesina, Mesa de Tierras de Figueroa, 2007).

Estas mujeres, en muchos espacios imposibilitadas de levantar sus voces, toman en su lugar las armas de sus cuerpos, y con ellos se enfrentan a las topadoras. En los diferentes relatos que reconstruyen tanto varones como mujeres, ellas ocupan un rol activo poniendo el cuerpo en los conflictos, a frente de las defensas, por delante de los hombres de sus comunidades. En una entrevista grupal con uno de los grupos de mujeres me narraron la defensa de un predio colectivo y el lugar de las mujeres en esta defensa: “Claro, yo me acuerdo que hemos ido yo y vos, Marina, la primera vez. De la zona del poniente hemos ido las únicas dos que hemos ido. Y hemos ido allá, y eran más mujeres que hombres. Hombres había unos cuantitos. Pero el que andaba al frente, de noche, era Don José y Don Ernesto. Cuando ven que va la camioneta esa…cómo se llama, la pick up. Dice, vamos, ahí viene el que anda queriendo comprar las tierras! Y después los hombres, que había unos cuantos, dicen, no, dicen, nosotros no vamos a ir porque nos van a balear, decían. Bueno, vamos nosotras. Vamos mujeres! dice Don José, un hombre de allá. Y ahí yo les digo, ah, bueno, entonces ustedes habían sido hombres porque tienen huevos148 (risas), nada más, y a nosotros nos han mandado al frente y se han quedado ahí.” (Fernanda, campesina, grupo de mujeres, 2007).

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“Porque tienen huevos” es una expresión que se utiliza localmente para denotar valentía. La entrevistada la utiliza de manera textual, como sinónimo de “testículos”. Mediante este recurso busca deja en claro que para ella los hombres no son los suficientemente “valientes” como para ir al frente en la defensa, y por esto las mujeres deben ocupar ese rol.

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Le Breton (2002) entiende la corporalidad humana no como mera biología sino, por el contrario, como “fenómeno social y cultural, materia simbólica, objeto de representaciones y de imaginarios”. Para él no hay nada natural en el cuerpo: los gestos y posturas corporales, el modo en que cada uno ve, oye y percibe el mundo que lo rodea, las maneras en que se sufre y se goza, las formas de relacionarse y comunicarse con los otros, hasta las emociones y todo el conjunto de las expresiones corporales son modelados por el contexto social y cultural en el que cada actor se encuentra sumergido. Todo cuerpo es un cuerpo situado. “La gestualidad es un hecho social y cultural y no una naturaleza congénita o biológica que se les impone a los actores” (Le Breton, 2002:48). ¿Qué es, entonces, lo que lleva a estas mujeres a salir del espacio doméstico para oponer resistencia a los desalojos? “Yo la he visto a la Rosa salir a defender cuando le estaban quemando el cerco con machete en mano, o sea… y las mujeres pararse delante de las topadoras… por ahí ni hacia falta que nosotros estemos, porque ellos tenían muy claras las estrategias de defensa y así en todos lados, en Santa Lucia, en el Pirucho, en San Roque, en todas las localidades en las que participo la mesa de tierras, las estrategias estaban, como acordadas en la mesa, pero a su vez cada lugar definía internamente cómo, de qué manera… quiénes iban adelante, quiénes ponían el cuerpo, no?” (Silvia Borsellino, técnica PRODEMUR, 2007).

El por qué que explica estas estrategias que las comunidades van tomando es llamativo. Como explica Le Breton (2002) las expresiones culturales son modeladas por el contexto sociocultural. La idea de que a la mujer no la van a golpear por ser mujer, legitima esta posición de avanzada que ellas ocupan. Predomina la idea de que la policía tendrá otro trato con las mujeres, que los empresarios no las van a balear a ellas, que no las van a lastimar. “Porque nosotros hemos avanzado hacia adelante, los hombres hemos hecho que se quedaran hacia atrás. Porque no creo que nadie va a ser capaz de levantarle la mano a una mujer que está luchando en ese momento por sus derechos. (Rosa, campesina, Mesa de Tierras, 2007).

Reaparece constantemente la idea de la mujer que va adelante en los enfrentamientos porque es menos probable que sea víctima de agresiones físicas. “El rol de las mujeres es importante en el sentido de que, por ejemplo en las autodefensas que yo he participado, que he podido presenciar, en la defensa del campo, de la posesión, la mujer es importante en el sentido de que la policía no toma determinadas actitudes en frente de una mujer o un niño. Por ejemplo, la mujer es como que…como te puedo decir, como que lo frena. Es como si fuesen los escudos para estas situaciones. Porque las mujeres es como que hay un respeto. Y bueno, después en el sentido como decía un caso…se han dado casos en familias en el que el marido no tiene la fuerza que tiene la mujer para encarar esas situaciones. Yo como he podido

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ver que la mujer es la que más asiste a las reuniones, la que más participa, la que más…” (Pamela, Mesa de Tierras de Figueroa, 2007).

A pesar de los quiebres en algunas lógicas, todavía hay ciertos estereotipos que continúan marcando el accionar de estas mujeres. Ellas están inevitablemente atravesadas por un sistema de género que supone todo un conjunto de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores sociales. En este sentido, las identidades no son naturales ni estables sino que las subordinaciones han producido sistemas de diferenciación artificiales, estáticos, estables, predeterminados, que han llevado a la construcción de determinados estereotipos (Espinosa, 1999). Así, en el discurso de estas mujeres la idea de la mujer como madre que sale a defender las tierras también es recurrente149. La maternidad se exhibe como elemento constitutivo de la identidad femenina. Tal como lo señala Marta Lamas, “Los criterios

normativos sobre la maternidad hacen recaer la responsabilidad del bienestar del hijo sobre la mujer” (2001:14). “Y bueno, siempre la mujer es la que, como te digo, la que más pone el pecho, la que más está al frente porque…es la mujer la que está pensando, porque, yo tengo hijos como te decía, algunos grandes algunos ya, salen a trabajar, y vos sabés lo que es para una mamá ver a su hijo que se vaya y no saber lo que le va a pasar cuando se va. Y si nosotros sembramos y seguimos trabajando la tierra, nosotros sabemos que los hijos están a la par nuestra. Y es la mujer la que tiene que salir sí o sí a poner el pecho. La mujer pasa por todo. No sé de dónde a veces sacamos la fuerza, porque uno a veces también dice, bueno, qué voy a hacer. Pero donde vos te ponés firme, donde tocan tus hijos, donde tocan el pedazo de tierra donde vos has criado a tus hijos, no sé de dónde sale, pero en ese momento sale la fuerza, como digo, es algo que no sé cómo explicarte. Es una fuerza interior que te sale en ese momento, y no te importa el que esté adelante, sea el policía, sea quién sea lo tenés que enfrentar, porque no te queda otra. La lucha es muy dura para las mujeres campesinas, y más al tener conocimiento de los derechos de la mujer, y todo eso que hemos ido adquiriendo a través del tiempo, es algo que te fortalece.” (Rosa, campesina, Mesa de Tierras de Figueroa, 2007).

Varios trabajos desde el feminismo (Chodorow, 1984; Badinter, 1991; Tubert, 1996) se han ocupado de exponer que este mecanismo de asociar lo femenino a lo maternal no sólo responde a determinantes biológicos sino a construcciones culturales. La maternidad es una función construida como algo natural, pero que responde también a mandatos culturales. Como explica Tubert (1996), la categoría de mujer no se agota totalmente en la categoría de madre. Si bien la reproducción de los cuerpos es un hecho biológico que se desarrolla, 149

Muchos estudios desde el género y los movimientos sociales (Bidaseca, 2003, 2004; Causa; 2005, entre otros) ya se han ocupado de analizar este lugar común, estigmatizado, de las mujeres como madres que salen de sus hogares y ocupan el espacio público para poder proteger y mantener a sus familias.

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efectivamente, en el cuerpo de las mujeres, no es un hecho puramente biológico sino que integra otras dimensiones. “El ejercicio de la maternidad supone la articulación del cuerpo en la cultura” (Tubert, 1996: 11). Por otra parte, resulta interesante observar que a pesar de que estas mujeres trascienden el ámbito de lo doméstico y salen al espacio público a defender sus tierras, el motor que las lleva a salir de sus casas parece estar determinado por su rol “maternal”. Según las entrevistas ellas ponen el cuerpo en la defensa de sus tierras para proteger a sus familias y a sus hijos, ocupan estos espacios movidas por un “instinto maternal”, porque no tienen o no encuentran otra opción. Probablemente el lugar que tiene el territorio como espacio fundamental para mantener la reproducción material de la vida de estas familias sea un factor decisivo que se pone en juego en el momento en que estas mujeres deciden ocupar el espacio público de defensa de sus tierras. También pudimos observar que en este lugar de visibilidad en el espacio público ellas continúan desarrollando actividades de tipo reproductivo, consideradas “típicamente femeninas”, como cocinar o cuidar a sus hijos. “Yo no he ido, pero las mujeres con los chicos han llegado al lugar de los problemas y así han salvado las mujeres. Y ellos les decían que tenían los papeles, y ellas pedían que mostraran, y no los tenían. Y han sido las mujeres que estaban adelante, decían, y los hombres más atrás. Porque si ellos perdían ese monte, no iban a poder comer las cabras. Pero ellas se han puesto firmes, han sacado los postes, los alambres, han desarmado la casa. Se quedaban ahí todo el día. De día iban las mujeres con sus críos y de noche se quedaban los hombres a cuidar. Por eso tenemos que reconocer todo lo que nos ha quedado. Si no, no hubiera quedado nada de monte ahí. Hasta han cocinado ahí. Hacían las “olladas” de guiso. Una semana estuvieron ahí cuidando. A veces el no querer que te quiten te hace fuerte pero a veces se corre mucho riesgo.” (Eulogia, campesina, grupo de mujeres, 2008).

La estigmatización y la fijeza de las identidades funcionan tanto para las mujeres como para los varones, que al no posicionarse en un lugar de lucha tan frontal, como “protectores” de sus familias, son tildados de blandos y sin fuerza, faltando a su rol masculino socialmente esperado. “Muchas veces nuestros maridos yo creo que son más blandos que nosotros. Tendría que ser al revés. Ellos deberían ser más fuertes porque son hombres. Creo que nosotros las mujeres somos más fuertes, porque nosotros lo peleamos el todo por el todo. Esto va a quedar para mis hijos.” (Sonia, campesina, grupo de mujeres, 2007).

Incluso enorgulleciéndose del lugar que ocupan en las defensas de sus tierras, ellas muchas veces reproducen los roles asignados socialmente a los hombres, que reservan para 143

ellos el mandato de ser fuertes y protectores. Ellos deben ser fuertes porque son hombres. Asimismo, el motivo que explica este rol ¿cambiado? que tienen las mujeres, el ser “más fuertes”, vuelve a anclarse en un lugar común. Las razones que suelen encontrar para explicar la acción de las mujeres acaba siendo esencializantes: ellas salen a defender a sus familias, a sus hijos, salen porque son madres, casi por “instinto maternal”. Desde la lectura de los técnicos que acompañaron el proceso de la Mesa de Tierras también se observa esta mirada estigmatizante y fija que los actores tienen de las mujeres: “Es formidable, además, porque la mujer es la que desorienta al que avanza sobre la tierra, que normalmente es un policía educado bajo el verticalismo militar, un empresario que tiene esas mismas características, o es un juez de paz. La presencia de la mujer desorienta al que avanza. Porque, como en su momento las madres de plaza de mayo desorientaron a los genocidas, aquí en este caso se repite ese mismo fenómeno, porque no saben cómo enfrentarlas. Salen y la mujer ya empieza con su palabra. Porque a lo mejor, con el hombre tiene la respuesta más directa que es la violencia o el palo.” (Luis Santucho, abogado, 2009).

Cuando indagué las razones por las cuales creía que las mujeres salían a defender la tierra, Luis Santucho me contestó: “Y, la razón es que son las madres, la madre tierra. Es la pacha. Ellas defienden la tierra. Es el elemento femenino que se pone, que está relacionado con la tierra y me parece que es más fuerte que en el hombre. Me parece, yo lo veo por ahí, por ese lado. Dicen los campesinos, a la tierra hay que defenderla como si fuera la madre, y bueno, la mujer es la madre. Ahí es cuando aparece con muchísima fuerza eso. No, es impresionante, la mujer en todos lados, en lo que he andado, es muy importante, es fundamental. El hombre es el que espera.” (Luis Santucho, abogado, 2009).

Al equiparar el lugar de las mujeres con el de la tierra, la pachamama, se les asigna un lugar puramente material y biológicamente establecido. Se refuerza la asociación unívoca de “mujer” con “madre”. Nuevamente encontramos en este discurso el estigma de la mujer madre que, según el imaginario, parece ser el motor de la acción de las mujeres. Los cuerpos de estas mujeres son cuerpos semiotizados. Son portadores de rasgos cargados de sentidos. Sobre el cuerpo, en su obra La distinción, Bourdieu (2006) expone que: “La dimensión fundamental del sentido de la orientación social, la hexis corporal es una manera práctica de experimentar y de expresar la opinión que se tiene, como suele decirse, de su propio valor social: la relación que se mantiene con el mundo social y el lugar que uno se atribuye en él nunca se declara de mejor manera que por medio del espacio y el tiempo que se siente con derecho a tomarle a los otros, y con mayor precisión, mediante el lugar que se ocupa con el cuerpo en el espacio físico, con un porte y unos gestos seguros o reservados, amplios o exiguos (...) y con su

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palabra en el tiempo, por la parte del tiempo de interacción que se apropia y por la manera, segura o agresiva, desenvuelta o inconsciente de apropiárselo” (p. 484).

Es el orden social expresado en el cuerpo. La dominación simbólica es una forma de poder que se ejerce directamente sobre los cuerpos, al margen de cualquier coacción física, pero ésta sólo opera sobre la base de disposiciones registradas en lo más profundo de los cuerpos (Bourdieu, 2000). Así, las prácticas que ejercen estas mujeres, que en un principio parecerían acercarse a experiencias de emancipación y de reivindicación de nuevos lugares que les estaban vedados, parecen volver a ocupar lugares de opresión y fijeza ya previamente estipulados dentro del imaginario cultural. Lo que aparenta ser una decisión y agencia de las mujeres al salir a defender sus tierras con sus propios cuerpos, incluso una manera de articular una contra-narrativa usando el cuerpo como modo de escritura, se halla atrapado en una tradición patriarcal (la fuerte idea de que las mujeres como "madres" salen a defender a sus familias y sus territorios). En este contexto en una acción que al parecer es liberadora, emancipadora, las mujeres ponen en riesgo su vida al enfrentarse a quienes quieren usurpar sus tierras. Queremos poner el foco en el tránsito de estas mujeres, que pasan de la invisibilización y la inaudibilidad, a la toma de la palabra, y a pesar de esto, paradójicamente, vuelven a ser invisibilizadas. En una investigación sobre la resistencia guerrillera en Xochiapulco, en la sierra de Puebla, México entre 1850 y 1874, Florencia Mallón (1997) analiza la invisibilización del lugar que ocuparon las mujeres en la historia sobre la resistencia y la lucha por la tierra de las comunidades de esta zona. A pesar de la invisibilidad y subordinación de las mujeres en el interior del movimiento que ella estudia, el mismo pareció haber involucrado e inspirado en sus acciones tanto a varones como a mujeres por igual. En su estudio destaca la tensión que presenta el caso entre democracia y patriarcado, ya que por un lado, la resistencia pareció haber democratizado la influencia y prestigio entre los hombres, antes marginados del sistema de poder comunal, pero al mismo tiempo, hubo una persistente exclusión de las mujeres de esta ciudadanía ampliada. Según sus estudios, la invisibilización del papel cumplido por las mujeres durante los años que duró el conflicto facilitó su marginación del “estatus” y de las “recompensas” (materiales y políticas) que brindaba la lucha. La invisibilidad de las contribuciones que realizaron las mujeres durante el conflicto y de su trabajo también deslegitimaba cualquier derecho a tener recompensas independientes una vez terminado el conflicto. Así, Mallón relata que de 71 parcelas de tierra que se adjudicaron en Tetela de Ocampo, ninguna le tocó a una mujer. Las mujeres tuvieron acceso sólo en su calidad de esposas, madres o miembros de la familia. Según la autora, la 145

marginación de la mujer de los campos de batalla hace sentir a los hombres con más derecho a las recompensas del conflicto. Un ejemplo similar nos presenta Maxine Molyneux (1984) en su estudio ¿Movilización sin emancipación? Los intereses de la mujer, el Estado, y la Revolución en Nicaragua. Como demuestra la autora, “Si bien la revolución no exigió la disolución de la identidad de las mujeres exigió sí una subordinación de sus intereses específicos a los objetivos mayores (...) de establecer un nuevo orden” (pág. 228). A pesar de las especificidades de los ejemplos anteriormente presentados, creemos que proporcionan una mirada interesante para comprender las particularidades del caso que nos ocupa. En Santiago del Estero, particularmente en el departamento de Figueroa, vemos una divergencia frente al estudio de Mallón. Aún advirtiendo que hay un gran reconocimiento y visibilidad de la lucha e importancia de las mujeres en la defensa de sus tierras, factor que parece haber estado ausente en el caso que relata Mallón, los derechos de ellas a la tierra permanecen invisibilizados. Es decir, la negación no se da a partir de su no reconocimiento en la defensa del territorio. En este sentido, creemos que la negación de las mujeres a la tierra está más enraizada, cala más hondo. No depende sólo de no reconocerles un lugar en la lucha, sino que tiene que ver con construcciones culturales más profundas y difíciles de romper. Las cuestiones que atañen al derecho a la tierra han sido tradicionalmente privativas de los hombres. Las experiencias de lucha y resistencia a los desalojos posicionan a campesinos y campesinas en general, y particularmente a las mujeres en un lugar de resistencia que no ocupaban anteriormente. Las comunidades campesinas logran tomar conciencia respecto de un derecho, el derecho a la tierra, pero las mujeres todavía no perciben ese derecho como propio. En este sentido, la formación de una identidad comunitaria y la visibilización de su derecho a la tierra como comunidad invisibiliza a otro, el de las mujeres a reclamar la titularidad de las tierras que están defendiendo con sus propios cuerpos. En este escenario las mujeres todavía no logran modificar los términos de la dominación de género. Por otra parte, coincidiendo con las observaciones de Molyneux (1984), vemos que la lucha por la tierra provoca, a menudo, una subordinación de las demandas de género a los objetivos primarios de las comunidades y de las organizaciones. Las épocas conflictivas o de cambio social pueden permitir a las mujeres o a otros grupos dominados asumir nuevos papeles o nuevas identidades, pero los estudios sobre el tema han postulado que “una vez que todo vuelve a la ´normalidad´ después de la revolución, se espera que las mujeres regresen a sus acostumbradas tareas prerrevolucionarias. Se ha 146

llegado a la conclusión de que la participación revolucionaria –aún en el combate activo- no asegura la igualdad una vez terminada la guerra” (Mallón, 1997:72).

5.5. Entre lo privado y lo público Un interrogante fundamental que es necesario plantear dentro de este escenario es qué pasa cuando las topadoras se retiran: ¿se retira también el rol de las mujeres poniendo el cuerpo o ésta es una práctica que queda marcada en el cuerpo de las mujeres? A lo largo de este trabajo hemos intentado marcar cómo se pone en juego la tensión entre el espacio público y el espacio privado150 que estas mujeres ocupan. Fraser (1992) advierte una consideración importante para pensar la esfera pública. Como explica, la expresión “esfera pública” ha sido usada por muchos feministas para referirse a todo lo que está fuera de la esfera doméstica o familiar. Según ella el uso de la "esfera pública" identifica tres dimensiones que analíticamente son distintas: el Estado, la economía oficial de trabajo remunerado y los escenarios de discurso público. No debe pensarse que la identificación y no separación de estos tres aspectos tengan consecuencias meramente teóricas, sino que también tiene consecuencias políticas prácticas. Centrándonos en los escenarios del discurso público (aunque sin perder de vista la interrelación que tienen las tres dimensiones analíticas que sugiere Fraser), y siguiendo el trabajo de Laura Masson (2004) podemos pensar que para el caso que estamos estudiando, las mujeres campesinas han ganado el acceso a un espacio público que se agota en “lo social” con dificultades para acceder al espacio público que incluye “lo político”. Observamos esto en el hecho de que las mujeres salgan a la esfera pública para pelear por el bienestar de su familia, levantando las voces para pronunciarse en lo relativo a las esferas que socialmente les fueron asignadas, como la salud, la familia y la educación, pero públicamente no se pronuncian con respecto a cuestiones de tipo productivo u organizacional. Como hemos descripto, en el campo santiagueño hay ciertas esferas que continúan siendo asociadas a lo masculino y otras que forman parte del universo de lo femenino. “O sea el tiempo, creo que tanto el hombre y una mujer tiene sus ocupaciones, pero como el hombre generalmente es rural, del campo, sale al obraje o sale como trabajador golondrina o va 150

Varias autoras feministas han situado la historia de la división entre lo público y lo privado en el contractualismo. Pateman rastrea esta dicotomía en la teoría política contractualista de Locke. Para este autor, el gobierno se constituye por consentimiento de los gobernados, pues éstos exigen una autoridad que garantice a la vez la propiedad privada y los derechos naturales. De esta forma explica el supuesto tránsito desde un estado de naturaleza precapitalista al necesario acuerdo. Para Locke ser propietario es condición indispensable para ser ciudadano. En este sentido, el varón como propietario es el único que cede sus derechos naturales al gobierno (León Hernández, 2007). Para un estudio sobre los múltiples sentidos asociados a “lo público” y “lo privado” ver Rabotnikof (2008).

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por otros trabajos más duros, entonces la que siempre está en la casa es la mujer es la que generalmente participa o puede participar. Además en el sentido de que en el momento en que se tiene que producir algún desalojo, cae la policía o te cae alguien, la que siempre está en la casa es la mujer, así que la que tiene que responder o abrir la puerta al que llega es la mujer” (Pamela, Mesa de tierras Figueroa, 2007)

Una mirada de género permite visibilizar las desventajas históricas, los imaginarios y las prácticas sociales persistentes. La división tajante que supone la dicotomía entre lo público y lo privado, asociado a lo masculino y lo femenino respectivamente, ha validado socialmente las desigualdades entre varones y mujeres. Según el imaginario, en el campo santiagueño el hombre es “rural”, el que tiene que salir del predio familiar a trabajar para conseguir el sustento material. Asimismo, el ámbito público asociado al ámbito de la política también es de dominio masculino. Según pudimos observar, las cuestiones que atañen a los aspectos de la comunidad, así como a cuestiones organizativas y relativas al derecho a la tierra corresponden a la esfera de los hombres. Las mujeres generalmente permanecían en sus casas, en el ámbito de lo doméstico, asociado a la esfera privada. Como explica Rabotnikof (1997), en este par dicotómico hay una connotación espacial que asocia lo público y lo privado a la visibilidad y al ocultamiento respectivamente. La dicotomía entre lo que es visible y se desarrolla a la luz del día, frente a aquello que permanece oculto. Aquello que no puede verse y sobre lo que no se puede hablar (Rabotnikof, 1997:19). Catalina Wainerman sostiene que “mientras el mundo público y privado estuvieron organizados en función de una estricta segregación genérica, no parecía necesario ni pertinente preguntarse por la igualdad de los cónyuges. Estaba claro, para la mayoría, que mujeres y varones eran ‘naturalmente’ distintos y, en base a esas diferencias, la sociedad les acordaba roles específicos” (2005:30). Las experiencias de lucha y resistencia a los desalojos modifican los lugares que estaban socialmente asignados a varones y a mujeres, posicionando a la comunidad campesina en general, y particularmente a las mujeres, en un lugar de gran visibilidad y reconocimiento público que no tenían anteriormente. La experiencia de organización de los grupos de mujeres parece haber modificado el lugar puramente doméstico que ellas ocupaban en sus casas. En este sentido, el trazado de los límites entre lo público y lo privado no es estático sino que se modifica históricamente y de acuerdo a las características de cada cultura. “Anteriormente de esto de la organización, todas las obligaciones caían sobre mi persona, si de estar en una organización ha hecho que esa mentalidad pueda cambiar, más que todo con mi

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esposo, el diálogo de a poquito poder ir cambiando, también con mis hijos, dejando de pensar que no solamente yo podía hacer las cosas, sino ellos también podían hacer” (Marina, campesina, Mesa de Tierras de Figueroa, 2007)

Desde la mirada de las técnicas que trabajan con una perspectiva de género en la zona también es reconocido este cambio en el lugar que ocupan las mujeres. La posibilidad de participar en los grupos, encontrarse con otras mujeres, salir de sus casas y conocer otras experiencias similares, viajar a encuentros con otras organizaciones del país, participar de los encuentros nacionales de mujeres, etc., ha modificado las experiencias de estas mujeres: “Yo creo que, particularmente las mujeres, de las problemáticas que planteaban 15 años atrás hoy plantean cosas totalmente distintas. Te diría que antes tenían mucha más preocupación por las cuestiones más domesticas, y a medida que han ido creciendo y se han ido fortaleciendo tienen mas preocupación por lo organizativo y por la participación en las organizaciones, y por su mirada crítica hacia los proceso organizativos” (Silvia Borsellino, técnica Prodemur, 2007).

Y en este mismo sentido refuerza: “El resto de las mujeres creo que han crecido, se han fortalecido ellas, se han empoderado y se han empoderado desde la posición de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres, eso no quiere decir que ha resuelto cosas que tienen que ver al interior de sus familias, de su ámbito doméstico, pero creo que sí las ha puesto en otro lugar, viéndose ellas en otro lugar… y eso es un proceso de ellas, algunas han demorado más, otras menos. También es cierto que las mujeres han… muchas han desertado en el camino. Digo muchas, en el sentido que eran grupos muy grandes dejaron de ir… por conflictos en el grupo o por oposición de sus maridos o porque digo han habido cosas así que tenían que ver con esto que era un grupo de mujeres para que era como las preguntas iniciales, no? Que la comunidad tenía mucho miedo y criticaba mucho porque decían que las mujeres se juntaban a chusmear y a perder el tiempo (…) de que andaban por los caminos ahí dando vueltas, perdiendo el tiempo” (Silvia Borsellino, técnica Prodemur, 2007).

Como hemos visto en el capítulo anterior, la participación de las mujeres en los grupos fue muy cuestionada por algunos miembros de la comunidad, sobre todo por los hombres. Con el paso del tiempo y la legitimidad que van ganando los grupos de mujeres, la dicotomía extrema entre lo público y lo privado empieza a romperse. Las mujeres comienzan a tener la posibilidad de salir de los predios en donde viven y tener injerencia en las cuestiones que atañen a la comunidad. Más aún, esta salida del ámbito “privado” del espacio doméstico parece estar legitimada por el importante lugar que ellas ocupan en las defensas de las tierras que corren peligro de ser usurpadas. Como describe Cefaï,

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"Más que ninguna otra escena de actividades, una arena pública es un lugar de ajuste recíproco y de ordenamiento expresivo de los comportamientos: la accountability enfatizada por Garfinkel, es decir, la observabilidad y la descriptibilidad de las conductas humanas, acá remarcado como sentido político, es decir, la necesidad para performancias públicas (...) El sentido de las performancias públicas se da en la dialéctica de su legitimación: deben rendir cuentas y dan múltiples razones para ganar el consentimiento, imponer su autoridad y eludir las críticas” (2002: s/n).

Según este autor, una arena pública puede modificarse a partir de una situación problemática que modifica los repertorios de acciones y discursos hasta ahora legitimados. A pesar de que efectivamente el lugar que estas mujeres pasan a ocupar dentro de la comunidad se modifica, hemos podido observar el cuestionamiento que realizan tanto varones como mujeres a la “excesiva” exposición pública que tienen algunas referentes de los grupos. En algunas charlas, mate de por medio y sin la presión del grabador, me han confiado fuertes críticas a las mujeres que están participando más activamente: critican que ellas salen de sus casas y están dando vueltas todo el día y no se ocupan de las cosas que “deberían ocuparse”. “No sé qué hará todo el día afuera de su casa” es una de las preguntas que emergieron. También he estado presente en una charla en donde criticaron a una de las mujeres que denunció por la radio varias cuestiones turbias con respecto al conflicto de tierras. “Esa mujer está fuera de línea”, me dijeron, haciendo referencia a que estaba fuera de lugar. El lugar que estas mujeres deberían ocupar, dentro del imaginario social, es el lugar privado de sus hogares. La visibilidad que algunas de ellas adquieren dentro de la comunidad no se condice con el lugar que socialmente les fue asignado. En las conversaciones que pude presenciar al respecto aparece reiteradamente la idea de “mujer de caminos” a la que hacía referencia Silvia Borsellino en el fragmento citado anteriormente, o de “mujer fuera de lugar”, como una crítica a la mujer “pública”, expuesta y visible, fuera del ámbito de lo doméstico, en contraposición con mujer “privada”. Esta idea de “mujer pública” o “mujer de los caminos” también permite una clara asociación a la idea de mujer prostituta. Vuelve reiteradamente el interrogante malicioso de qué harán estas mujeres que en lugar de estar en sus hogares están deambulando por los caminos como si fueran prostitutas. Paradójicamente, este lugar público, de aparente visibilidad y reconocimiento, que en los momentos álgidos del conflicto es altamente valorado, cuando el conflicto se diluye, comienza a ser cuestionado. Cuando es una acción concreta de “autodefensa” por los territorios es apreciada, pero si se extiende en el tiempo es criticada o vista con desconfianza por algunos varones y mujeres. 150

En los diálogos entre Butler y Spivak (2009), publicados en el libro “Quién le canta al estado Nación”, las autoras reflexionan en torno al ejercicio de ciudadanía de personas que no tienen este derecho151. Siguiendo a Arendt, dirán que estas personas ejercen derechos a pesar de que todavía no tienen derechos. El ejercicio de ese derecho tiene que ser una acción con otros, y tiene que ser de carácter público. Es un ejercicio preformativo. En nuestro caso, las mujeres campesinas ocupan el espacio público en donde se supone que no deberían estar. Es la visibilidad y audibilidad de quienes deberían permanecer invisibles e inaudibles. Este es un acto preformativo en sí mismo, es desafiar el ordenamiento establecido. Hay una resistencia activa al ocupar un espacio público. Como contrapartida, existe una fuerte crítica y acusación a quienes ocupan este espacio público en lugar de permanecer en la privacidad de sus hogares. Hay una resistencia activa al ocupar un espacio público, este lugar controversial por momentos altamente valorado, por otros cuestionado. Butler (2001) es una de las pensadoras que de manera más sistemática ha analizado las implicaciones del performance de género. Para ella, el género no es una esencia dada, sino que se crea mediante los actos mismos. Se interesa fundamentalmente en cómo el performance es una reiteración de roles aprendidos y que por lo tanto integra dentro de la cotidianidad un comportamiento patriarcalmente sancionado. La reiteración ritual de códigos es semejante a una serie de actos de citado, que sin embargo nunca reproducen al 'original', por lo que se da una alteración. Según ella, en dicha alteración se posibilita la ruptura con la norma.

5.6. La miopía de lo visible La posibilidad de levantar la voz para estas mujeres se debe, por un lado, a un contexto de fuerte capacitación de los y las campesinas por conocer cuáles son sus derechos, principalmente cuáles son sus derechos posesorios a la tierra, y, por otro lado, a las distintas acciones que permiten que las mujeres se reconozcan como sujetos de derechos. Como sugiere el trabajo de Pablo Díaz (2004), “Los grupos subordinados obtienen saberes como frutos de su resistencia y práctica cultural. A partir de lo que los sujetos populares saben, van incorporando aprendizajes políticos que les permitirán defender su trabajo, sus tierras, su dignidad y su cultura de los distintos adversarios o apropiadores. El fluir mismo de la movilización social se constituye para ellos en un proceso educativo, de ensanchamiento conceptual, en el cual incorporan nuevos conocimientos a su acervo de saberes y al mismo 151

En el caso que ellas analizan, sobre inmigrantes ilegales entonando el himno nacional de Estados Unidos, en reclamo de derechos ciudadanos.

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tiempo enriquecen la lucha política que se da en las democracias latinoamericanas con su cultura particular.” (p. 15). Si bien Díaz hace su apreciación en referencia al movimiento campesino en general, creemos que esta consideración es también pertinente para la experiencia de los grupos de mujeres. En relación al rol activo de las mujeres en la defensa de sus tierras, tanto en la acción directa al momento de enfrentarse con los usurpadores como en su participación en la Mesa de Tierras es que queremos recuperar el concepto de “miopía de lo visible” que describe Melucci (1994), que se desprende del análisis de los aspectos mensurables de la acción colectiva e ignora la producción de nuevos códigos culturales. Si reducimos el concepto de acción colectiva al enfrentamiento directo con la autoridad, sugiere el autor, nos estaremos limitando a un concepto “objetivo” de acción, viendo a la acción colectiva como un hecho y no como un proceso. El abordaje que proponen Melucci y los constructivistas supone tomar en cuenta la creación de nuevos códigos culturales y de retos simbólicos que implican estas acciones. En este punto cabe preguntarnos ¿qué acciones (re)producen qué procesos sociales? Si tenemos en cuenta que el rol de las mujeres en la defensa de la tierra ha cambiado las lógicas de participación dentro de los movimientos campesinos e incluso al interior de las familias, evidentemente no podemos desmerecer la subversión que estas acciones provocan. Pero ¿qué pasa cuando un derecho fundamental para estas comunidades, como el derecho a la tierra, les es negado? ¿Estas acciones transgreden las normas institucionalizadas produciendo nuevos sentidos? ¿Las voces de estas mujeres reproducen la lengua del dominador o no son siquiera escuchadas? ¿Podemos suponer aquí que el lugar subalterno que tradicionalmente ocupan las mujeres campesinas se ha trastocado? Nuevamente retomamos a Bulter (2002), quien se refiere en sus estudios a las “matrices de inteligibilidad”152. Según explica, son las que nos permiten reconocer a ciertos individuos pero no a otros. Ser inteligible implica estar allí como un otro visible, como un sujeto posible y potencial. “Por inteligibilidad entiendo la capacidad de un ser humano de ser leído y reconocido en el tiempo y el espacio social en relación a otros, donde se puede generar, al mismo tiempo, exclusión, rechazo y abyección”153. En este sentido, siguiendo a Merleau-Ponty, creemos que la idea de invisibilidad es distinta a la idea de exclusión. Ambos 152

Judith Butler centra su argumentación en el componente heterosexista que atraviesa el binomio masculino/femenino. Según ella, es la categoría de diferencia sexual la que determina, en última instancia, los criterios de inteligibilidad dentro del campo social. En otros términos, instituye una matriz desde la cual se organizan las identidades y se distribuyen los cuerpos, en donde se les otorga un significado específico. Los aportes que realiza permiten un primer movimiento hacia el desmontaje del sistema sexo/género. 153 Leonor Silvestri entrevista Judith Butler, publicado en el diario Clarín (19/05/2009).

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están constituidos por una negatividad, por un afuera, pero la exclusión supone visibilidad, supone el reconocimiento de un no acceso a algo. Las mujeres perciben como problema el derecho o acceso a la tierra, pero lo asocian a un problema de concentración y privatización que se posibilitó, en parte, debido a la falta de títulos de propiedad. No nombran nunca el problema del acceso de las mujeres a la tierra. En líneas generales, este problema tampoco es señalado por los técnicos y técnicas que trabajan en terreno con la problemática del derecho a la tierra. Podríamos decir, con Butler (2001) que aquí está operando una norma. Según explica la autora, las normas pueden o no ser explícitas. “Cuando operan como el principio normalizador en la práctica social es común que permanezcan implícitas, difíciles de leer y discernibles de una manera más clara y dramática en los efectos que producen.” Nuestro problema de investigación está atravesado por este conflicto. Permanece oculto frente a los actores sociales, difícil de discernir. No es visibilizado como una problemática. Rancière expresa que “la simple oposición entre los animales lógicos y los animales fónicos no es en modo alguno el dato sobre el cual se fundaría la política” (1996: 36). Hay un orden que tiene que ver con la “distribución simbólica de los cuerpos que los divide en dos categorías: aquellos a quienes se ve y aquellos a quienes no se ve, aquellos de quienes hay un logos –una palabra conmemorativa, la cuenta en que se los tiene- y aquellos de quienes no hay un logos, quienes hablan verdaderamente y aquellos cuya voz, para expresar placer y pena, sólo imita la voz articulada.” El nombre de las mujeres no aparece en los títulos de mensura. La mujer es la otredad no nombrada. ¿Puede hablar entonces o sólo imita otras voces, habla por y para otros? En este mismo sentido entendemos los postulados de Spivak (1988), que define al subalterno como aquel que no tiene voz, que no puede hablar. La autora se ocupa en aclarar que el subalterno o la subalterna no pueden hablar en la medida en que su voz no es escuchada. No puede llevar a cabo eso que se denomina un acto de habla, entre otras cosas porque carece de autoridad para hacerlo. El subalterno no puede ser representado, ni habla él ni podemos hablar por él. Es un silencio irrecuperable. 5.7. La agencia de la subalternidad Apelamos al potencial del concepto de semiopraxis que expone José Luis Grosso (2007) que responde a la necesidad de romper con la dicotomía: cuerpo/habla. La semiopraxis propone encontrar el sentido en la acción. Como explica el autor, “La semiopraxis es una ciencia poscolonial. Los discursos euro-falo-logocéntricos han hundido en los cuerpos, 153

pliegue sobre pliegue, procesos de identificación devenidos en la descalificación, estratificación, borramiento y negación. Este discurso de los cuerpos puede ser abordado en toda su densidad barroca y conflictividad histórico-política si se reconoce como lugar de producción de la práctica científica esa trama social de silencios, denegaciones y subalternaciones (…)” (p. 7). El discurso de los cuerpos, a diferencia del discurso sobe los cuerpos como objeto pasivo del cual se habla, consiste en los desplazamientos de estilo, siempre diferenciales reconociendo la diferencia cultural que lo constituye. Brevemente esbozado, no queríamos dejar de resaltar este diferencial de sentido al que hace referencia Grosso, y que en futuros trabajos esperamos poder analizar más profundamente. Creemos que las acciones de estas mujeres deben ser comprendidas desde otros paradigmas que se corran del occidental y moderno y permitan entender a la agencia femenina desde otros lugares que no vuelvan a invisibilizarlas y negarlas. El desafío que como cientistas sociales tenemos es el de no caer en una lectura

simplista y empobrecedora que niegue su agencia. Hacia fines de los ´80, algunas de las discusiones sobre los movimientos sociales, articuladas principalmente en torno al tema de la identidad, comenzaron a pensar que las formas de conciencia política y movilización latinoamericanas (o periféricas) no lograban desafiar los límites del pensamiento occidental. Algunos análisis (el de Touraine, por ejemplo) cuestionaban el potencial de las acciones colectivas en nuestro continente, ya no sólo para retar los límites de la modernidad, sino también para llegar a constituirse en movimientos sociales. En general estos argumentos se apoyaban en la lógica binaria de las dicotomías modernas: autonomía-dependencia, atraso-desarrollo, local-global, centroperiferia, etc. que jerarquiza las dinámicas sociales desde un paradigma propios de la modernidad occidental. Entonces ¿cómo pensar las prácticas y sentidos de los movimientos sociales latinoamericanos sin juzgar sus resultados desde estas categorías modernas? Para Alberto Melucci (1994), la acción colectiva es un “ensamble de diversos tipos de acciones basadas en conflictos”. Asimismo, el autor define al movimiento social como la acción colectiva que rebasa el conflicto e implica la trasgresión a las normas institucionalizadas, busca la ruptura del límite donde ocurre la acción. Siendo que los motivos que llevan a los sujetos a actuar colectivamente se enmarcan dentro de una amplia gama de posibilidades, en tanto están determinados por lo económico, social, político, cultural y subjetivo, las acciones colectivas no pueden ser tomadas aisladamente y como sucesos acabados, desconociendo su continuidad con la vida cotidiana y con la historia que marcó el surgimiento de estos actores e instancias colectivas. Esto supondría ignorar los procesos que posibilitan o impiden que los actores perciban su situación como susceptible de una acción 154

común. Surgen de una pluralidad de procesos profundos que deben ser tomados en cuenta al momento de analizar estas coyunturas, marcando la necesidad de explicar la acción colectiva más allá de determinantes puramente estructurales, considerándolos también como “procesos en los cuales los actores producen significados, comunican, negocian y toman decisiones” (Melucci, 1994). En este sentido, Melucci propone una perspectiva en donde “la acción colectiva se considera el resultado de intensiones, recursos y límites, una orientación intencional construida mediante relaciones sociales desarrolladas en un sistema de oportunidades y obligaciones” (1994: 157). Retomando algunas de las consideraciones que hace Melucci con respecto a las acciones colectivas, lo que nos interesa rastrear no son tanto los aspectos más visibles de la acción, que en general son los que primero se perciben y los que suelen ser más frecuentemente estudiados, abordados conjuntamente con los factores coyunturales de la acción, sino lo que el autor denomina la “construcción social de lo colectivo”, que está por detrás de toda acción. Esto supone que las acciones colectivas no son sólo un reclamo por satisfacer las necesidades básicas sino que también implican luchas por la producción de sentidos. Constantemente se ha tendido a ver a los grupos subordinados como objetos privados de conciencia y como víctimas pasivas de la historia. Como señala Guha (2002), el propósito que se proponen ellos es el de romper con esta tradición histórica que se preocupa sólo por los fenómenos o sujetos sobresalientes en lugar de dar cuenta de las pequeñas voces de la historia, aquellas alejadas del Estado, los héroes o las grandes batallas. Guha señala que para oír estas voces silenciadas por la historiografía oficial, debemos aprender a desarrollar las habilidades necesarias que nos lo permitan. Compartimos la idea de que la reproducción de las condiciones de subalternidad se encuentra en la negación radical de la palabra y de la capacidad de acción política de estos sujetos subalternos (Mezzadra, 2008). En este sentido, rescatamos la apuesta de estos grupos que procuran restituir a los grupos subalternos su condición de sujetos de sus propias historias y reivindican la existencia de una consciencia política negada. En esta búsqueda también han sido inspiradoras las reflexiones de Bidaseca (2002, 2005) en donde la autora desmitifica las representaciones construidas en torno a los movimientos campesinos y las mujeres campesinas como exentas de capacidad agencial. En relación con lo mencionado anteriormente nuestras reflexiones a lo largo de estos años de investigación se balancearon en la cornisa. Muchas veces la capacidad agencial de estas mujeres se nos apareció borrosa. Siempre permanecía latente una lectura simplista que colocaba a estas mujeres como sumergidas en una falsa conciencia y como instrumentos 155

cuyos cuerpos eran utilizados por los hombres para defender las tierras. En este contexto de borramiento constante que, en la práctica, parece desconocer el rol de las mujeres en a lucha por la tierra, estas corrientes anteriormente mencionadas instalaron el desafío de sacar a la luz el despliegue de lo político que ocurre entre la sumisión y la rebelión. Nuestro análisis busca evitar caer en una crítica a una representación estereotipada de las mujeres subalternas en tanto simples víctimas de dispositivos de sometimiento y reducción al silencio, y así poder reconocer la capacidad agencial que tienen estas mujeres. La feminista egipcia Saba Mahmood (2006) aporta una lectura al caso del movimiento de mujeres pietistas de Egipto que da luces para pensar nuestro caso de estudio. Su análisis cuestiona la insistencia del pensamiento feminista pos-estructuralista en conceptualizar a la agencia en términos de subversión y resignificación de las normas sociales, localizando la agencia en el seno de esas operaciones que resisten a los modos dominantes y subjetivantes de poder. En otras palabras, el sujeto político normativo de la teoría feminista pos-estructuralista aparece con frecuencia como un sujeto liberador cuya agencia es conceptualizada sobre el modelo binario de la subordinación y subversión. Así, este pensamiento acaba por eludir las dimensiones de la acción humana cuyo estatuto ético y político no se encuadra en la lógica de la represión y resistencia. Con el fin de poder captar estos modos de acción motivados por otras racionalidades e historias, Mahmood propone que es fundamental despegar la noción de agencia de los objetivos de la política progresista. Si reconocemos que el deseo de independencia o subversión de las normas no es un deseo innato sino que es mediado por condiciones históricas y culturales, surge una pregunta fundamental: ¿como podemos analizar operaciones de poder que construyen cuerpos, conocimientos y subjetividades diferentes cuyas trayectorias no siguen necesariamente la ficción de las políticas liberatorias? Si la capacidad de provocar el cambio en el mundo y en uno mismo es histórica y culturalmente definida, entonces el significado y sentido de agencia no puede ser fijado de antemano sino que debe desprenderse de un análisis de los conceptos específicos que propician modos de ser concretos. Desde este punto de vista, dirá la autora, lo que desde una mirada progresista aparece como un caso de pasividad y docilidad, puede ser, efectivamente, una forma de agencia. Así, la capacidad de agencia puede ser encontrada no sólo en actos de resistencia a las normas sino también en las múltiples formas en que estas normas son incorporadas. James Scott sostiene que en los sectores dominados el pronunciamiento político se realiza en un lenguaje ambiguo y críptico, con discursos ocultos y públicos, al mismo tiempo 156

que señala que “hay cierto riesgo de que el discurso oculto de los grupos subordinados parezca significante sólo como prólogo –como cimiento- de las confrontaciones públicas, los movimientos sociales y las rebeliones” (Scott, 2000: 239-240). El lenguaje figurado de los dominados incluye formas estratégicas de resistir y conquistar espacios simbólicos de la escena pública. Si pensamos con Spivak (1985, en Barragán y Rivera, 1997), que “no todos los modos de comprender el mundo y de actuar sobre él son igualmente metafísicos o fonocéntricos”, ¿cómo pensar la agencia de las mujeres campesinas de Santiago del Estero, en qué sentido podemos escuchar sus voces silenciadas? ¿En este poner el cuerpo que despliegan ellas, podemos encontrar la demanda por su derecho a la tierra? ¿Sus acciones y sus palabras recrean y refuerzan las normas impuestas, las subvierten, podemos pensarlas como modos silenciosos de resistencia a la dominación masculina? Queremos recuperar aquí las reflexiones sobre las implicaciones de la performance del género que realiza Judith Butler (2001). Como hemos mencionado, para ella la reiteración ritual de códigos y roles socialmente aprendidos es semejante a una serie de actos de citado, que sin embargo nunca reproducen al “original”, por lo que se da una alteración. Es en esta alternación, dirá ella, en donde se abre la posibilidad de ruptura con la norma instituida. Si entendemos a la agencia desde Mahmood, como resistencia a la norma en un sentido amplio, corriéndonos de los límites “liberadores” impuestos por una racionalidad liberal occidental, las experiencias de las mujeres campesinas no puede ser desatendida ni minimizada. No podemos restar importancia al acto subversivo que ejercen estas mujeres al levantar la palabra, al hacer oír sus voces históricamente silenciadas (a pesar de que ellas muchas veces terminen por reproducir las lógicas de la dominación). Creemos que el discurso de estas mujeres tiene dos caras y habla al mismo tiempo el lenguaje del dominador (que es por un lado, el discurso jurídico y, por el otro, el discurso de los hombres) y el lenguaje de los y las que no tienen voz, en el sentido spivakiano de carecer de un lugar de enunciación. Sin embargo, es en este hablar la lengua del dominador donde se filtran las resistencias. Sólo pueden enunciar su discurso si lo hacen en la lengua que está legitimada por el saber dominante, pero en este cruce van ocupando lugares que les estaban vedados e imponiendo sus modos de hacer, sus saberes. Los cuerpos de las mujeres campesinas que defienden sus tierras son cuerpos desobedientes que se salen del ordenamiento simbólico que les estaba asignado. La experiencia de las mujeres y sus roles activos en defensa de sus territorios expresan cambios en el ámbito rural, que se plasman en la presencia de ellas en espacios aún fuertemente dominados por la lógica masculina. 157

6. Hallazgos de la investigación y consideraciones finales La tierra es el sustento de la vida material y cultural de las personas y sus comunidades, con claras significaciones simbólicas y cognitivas. Como demuestran varios estudios citados a lo largo de esta tesis, el acceso a la tierra es clave para lograr la autonomía femenina y la igualdad entre los sexos. Según hemos desarrollado a lo largo de nuestra investigación, y coincidiendo con otros trabajos que estudian el derecho a la tierra desde una perspectiva de género, sostenemos que en el departamento Figueroa, Santiago del Estero, hay una desigualdad en el acceso a la tierra en detrimento de las mujeres campesinas. En estas páginas hemos procurado despejar qué factores inciden en la dificultad que encuentran las mujeres a la hora de ejercer su derecho a la tierra, centrándonos específicamente en el caso del departamento Figueroa. De manera similar a lo que han afirmado otros estudios sobre el tema (Deere y León, 2000; Meertens, 2006), este escenario de desigualdad se debe a diversos factores culturales, legales e institucionales que son discriminatorios y que impiden a las mujeres disfrutar de un acceso igualitario a la tierra154. Compartimos la hipótesis que manejan Deere y León (2000) de que hasta ahora, aunque han sido adoptadas significativas políticas en distintas esferas, en la práctica la desigualdad en el mundo rural se mantiene, especialmente, porque las mujeres no son consideradas aún ni actoras económicas, ni productoras de conocimientos, ni sujetos sociopolíticos integrales. En los sucesivos trabajos de campo entre el 2006 y el 2009 hemos encontrado una discrepancia entre la igualdad formal entre hombres y mujeres, consignada en la ley, y los alcances de la igualdad real, representada no sólo en la posesión de títulos de propiedad sino en el acceso y uso de la tierra (Deere y León, 2000). A pesar de los visibles aportes del trabajo femenino y las luchas de las mujeres rurales por el reconocimiento de sus derechos, la producción agropecuaria y la administración de los predios siguen asociadas al ámbito masculino. En este sentido, podemos afirmar que los derechos formales no coinciden con las prácticas locales. Por un lado, según describimos en el capítulo 3 de esta tesis, a pesar de que se han introducido numerosas reformas de los códigos legales que contemplan los derechos de las mujeres, todavía perdura en ellos un sesgo discriminatorio. Si bien algunos códigos internacionales (por ejemplo, el de la CEDAW, con jerarquía constitucional en la Argentina 154

Siguiendo a Deere y León (2000), sostenemos que el derecho efectivo a la tierra por parte de las mujeres incluye los derechos legales, el reconocimiento social (legitimación de esos derechos) y el control efectivo sobre la tierra (cómo debe utilizarse y cómo manejar los beneficios que produce).

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desde 1994) protegen los derechos de propiedad de las mujeres rurales, en nuestro país no existe un Código Agrario que se ocupe de la problemática rural y campesina específicamente. Tampoco hemos encontrado legislaciones nacionales o provinciales que se ocupen concretamente del tema del acceso de las mujeres rurales a la tierra. La legislación existente se halla formulada en el Código Civil, y no marca una distinción legal para estas mujeres que permita contemplar sus necesidades específicas. Asimismo, en esta tesis hemos llamado la atención sobre el sesgo de género en el gesto de masculinizar a los sujetos que nombran las legislaciones, marcando, de este modo, una invisibilización de las mujeres en el derecho a acceder a la posibilidad de ser propietarias. Sostenemos que por detrás de esto subyace una concepción discriminatoria sobre el acceso a la tierra, que en general se da por vía masculina excluyendo a las mujeres de la posibilidad de acceder a la gestión y titularidad de las explotaciones. Por otra parte, según mencionamos líneas arriba y describimos ampliamente en el capítulo 3, a pesar de los avances en cuanto al reconocimiento legal a nivel formal (sin por esto dejar de señalar sus limitaciones), todavía esto no tiene una correspondencia con las prácticas locales. Si bien la incorporación de reformas jurídicas y de normas legales que garanticen la igualdad de derechos para varones y mujeres son una condición necesaria para permitir el acceso de las mujeres a la tierra, y a pesar de que en la Argentina la normativa civil y de familia ha evolucionado notablemente en las últimas décadas, dicha igualdad está aún lejos de alcanzarse. También pudimos observar que hay algunos aspectos culturales que niegan u obstaculizan el acceso de las mujeres campesinas a la tierra en Santiago del Estero. En muchas comunidades, las costumbres tradicionales determinan el acceso de sus miembros a la tierra y a sus recursos. La lógica de reproducción de los hogares campesinos se basa en la necesidad de tener acceso a la tierra, que es la base del sustento de las familias. Centrando el foco en el estudio de las pautas de residencia y los patrones de transmisión de la tierra hemos observado que en la zona donde realizamos nuestro estudio la tierra no se considera un bien que se compra y vende, sino que se administra de acuerdo a usos y costumbres. Encontramos una fuerte carga cultural y simbólica que influye en las prácticas de transmisión de la tierra. En general son los varones los que tiene el control sobre el uso de la tierra y el acceso de las mujeres a ella se da a través de las líneas patrilocales. La percepción de que los varones son los que trabajan las tierras, sumada a la idea de que para las mujeres no hay trabajo en el campo, muestran una tendencia a que las mujeres sean las que migran y los varones permanezcan en los campos de sus padres. En este sentido, 159

uno de los hallazgos que presenta esta tesis es que el problema de la invisibilización del trabajo femenino en el campo santiagueño está directamente relacionado con la prioridad hacia el hombre al momento de heredar. En general los hombres son considerados más “aptos” para heredar las tierras, ya que son ellos los que, según el imaginario cultural, van a trabajarlas. En esta misma línea, otro de los objetivos que nos propusimos para nuestra investigación fue el de comprender los procesos de titulación de tierras que se abren frente a la posibilidad de hacer las mensuras para reclamar los derechos de las comunidades campesinas. Como hemos podido comprobar, al momento de iniciar los trámites de prescripción veinteañal (usucapión) quienes aparecen como titulares, en general, son los varones de las familias. Esto está en directa relación con la asociación del concepto de “jefe de hogar” con el varón, considerado como depositario "natural" de los derechos a la tierra. A pesar de que las mujeres ocupan un lugar muy visible en la defensa de sus territorios, a la hora de hacer las mensuras para reclamar la posesión, su derecho a la titularidad no es enunciado. La titularidad conjunta prácticamente no está contemplada. En los pocos casos en que escuchamos este tipo de propuestas fueron sugeridas por técnicas mujeres que están empapadas de las discusiones de género. Si bien cuando se habla de acceso colectivo a la tierra no se está suponiendo un acceso diferencial para hombres y para mujeres, y a pesar de estas estrategias por continuar reproduciendo las lógicas campesinas de uso comunitario de sus tierras, hay ciertos moldes que impone el actual sistema de derecho que, en la práctica, niegan el derecho de las mujeres a la tierra. El avance de la frontera agropecuaria y la lógica de la propiedad privada ponen en juego otras variables que antes no estaban operando en el campo santiagueño, trastocando los modos tradicionales de vivir en el mundo de las comunidades campesinas. Como describimos en esta tesis, la forma legal que encontraron las comunidades campesinas de Santiago del Estero para reclamar los títulos comunitarios es la del condominio con indivisión forzosa. De este modo cada familia es co-propietaria de un lote en común. Las titulaciones de las tierras en general se realizan a nombre de los varones mayores de la familia, invisibilizando el derecho de las mujeres a aparecer como titulares de las tierras que también les pertenecen. Las mujeres no suelen aparecer como titulares cuando están en pareja o existe una figura masculina presente en el hogar. Las costumbres colaboran en reforzar este proceso de discriminación de género, lo que redunda en la negación del derecho de las mujeres a la tierra. La figura del patronazgo, del hombre protector proveedor de trabajo y vivienda parece estar aún presente en el imaginario 160

de las familias rurales santiagueñas. El hombre tiene el rol de proveedor material y de él dependen, en última instancia, las decisiones que se toman al interior de las familias. El ideal masculino es el padre que dirige su familia y gana prestigio por su virtud y su hombría. Ante un cambio de paradigma donde las tierras comienzan a cercarse y se imponen los títulos de propiedad (ya sean individuales o comunitarios), las mujeres ocupan un lugar subalternizado. Su derecho a la tierra no es siquiera nombrado. Así estas “astucias” o desviaciones del derecho positivo utilizadas con el objeto de conservar las prácticas tradicionales de uso comunitario de la tierra terminan por tornar evidente un derecho negado a las mujeres. Paradójicamente, a pesar de que los campesinos utilizan al derecho estratégicamente en la defensa de sus territorios, no se atienen a él para hacer las consideraciones de género pertinentes. Como hemos descripto, la experiencia que supuso el trabajo en los grupos de mujeres de cada comunidad les permitió salir de sus hogares, en un primer momento, y luego fortaleció la posibilidad de participación en las reuniones de la Mesa de Tierras y la organicidad de estas mujeres a la hora de defender sus posesiones. A pesar de que las experiencias de lucha y resistencia a los desalojos de los últimos años posicionan a las mujeres en un lugar de visibilidad que no ocupaban anteriormente, sus derechos formales a la tierra continúan invisibilizados, subsumidos a la demanda comunitaria. En este sentido, nuestra mirada estuvo centrada en la tensión que produce la gran visibilidad y audibilidad que tienen las mujeres en la defensa de las tierras frente a la invisibilidad que comprobamos al momento de la titulación de las mismas para reclamar la posesión, la tensión entre cuerpos y voces reconocidos frente a sus derechos negados. Sostenemos que a medida que se intensifica la mercantilización de la tierra, disminuyendo su disponibilidad en el mercado, se profundiza la desigualdad en el acceso. Aquí se pone en juego no sólo una subordinación económica, sino toda una serie de condicionantes sociales, culturales, jurídicos. En este sentido, en esta tesis pusimos de manifiesto la importancia de tener en cuenta los cambios en la forma de tenencia, que inevitablemente generan cambios en la relación que los y las campesinas establecen con la tierra y su transmisión. Lo que queremos decir es que si bien en alguna época, por la lógica de uso de la tierra que primaba hasta hace poco en Santiago de Estero, pensar en términos de género y acceso a la tierra tal vez no hubiera resultado tan relevante, cuando cambian las reglas del juego las mujeres claramente pasan a tener un lugar negado sobre el que es necesario reflexionar. 161

Si bien en esta tesis reconocemos la importancia clave que supone el cambio de posicionamiento interno que las mujeres ocupan dentro de sus comunidades, a nuestro entender, cualquier cambio en las relaciones sociales y de género al interior del mundo rural debe tener su correlato en los discursos estatales mediante la visibilización de las desigualdades de género y el diseño de políticas tendientes a su eliminación. Creemos que es en este diálogo entre el Estado y la comunidad, entre legislación y costumbre, que será posible alterar los modos tradicionales de habitar el territorio. Como otros estudios que se han ocupado de estos temas, consideramos que la titulación conjunta a la pareja tiende a ser la medida más efectiva para lograr cambiar la desigualdad de género en los derechos a la tierra. La titulación conjunta es más aceptable que la titulación individual de hombres y mujeres, porque no amenaza la unidad familiar ni recarga la distribución de la tierra disponible donde ésta es escasa. ***** A lo largo de esta tesis han aparecido dos conceptos estructurantes que atraviesan sus páginas y resultan centrales para comprender el problema de las mujeres y su derecho a la tierra. El primero de ellos refiere a la invisibilidad, a lo no dicho, lo no nombrado. El otro alude al concepto de frontera. Si bien estos ejes no han sido trabajados conceptualmente en el cuerpo de la tesis, resultan muy iluminadores para comprender las particularidades del caso analizado. El problema de la invisibilidad aparece desde los inicios de esta investigación, dejando su huella en los objetivos que guían este trabajo. Analíticamente el concepto de frontera emerge casi al finalizar la tesis. Nos permitimos abordarlo en este punto por el potencial explicativo para pensar aspectos centrales de nuestro estudio. Ambos conceptos aparecen constantemente imbricados, pero por una cuestión analítica los presentamos por separado.

6.1. Invisibilizaciones: lo no dicho, lo no nombrado. En el transcurso de nuestra investigación encontramos múltiples pasados no dichos, no representados (Bhabha, 2002) que habitan el presente histórico del caso. Estos pasados no dichos se trasladan en presentes también callados. De esta manera, pudimos rastrear diferentes niveles de invisibilidad que recorren nuestro problema de investigación y que inciden en la actual invisibilización del derecho de las mujeres a la tierra en el campo argentino en general, y particularmente en Figueroa, Santiago del Estero. Siguiendo a Rancière, entendemos a la lógica policial como “la lógica que cuenta las partes de las meras partes, que distribuye los cuerpos en el espacio de su visibilidad o su 162

invisibilidad y pone en concordancia los modos del ser, los modos del hacer y los modos de decir que convienen a cada uno” (1996:42-43). Sostenemos que las mujeres campesinas en el campo santiagueño están posicionadas en un lugar de invisibilidad con respecto a sus derechos a la tierra. Como explica Segato (2003) hay una dimensión invisible de la violencia de género que naturaliza el lugar que tanto varones como mujeres ocupan dentro de un determinado orden social155. El primer nivel de invisibilidad que hemos trabajado refiere a la falta de estudios que aborden el problema del género y tierra, y más específicamente, que centren su mirada en las mujeres campesinas, para el caso argentino. Esta ausencia está en directa relación con una ausencia previa, que se asienta en la invisibilidad de quienes aquí denominamos otros interiores, que habitan el campo argentino. Como desarrollamos en el capítulo 2, la construcción de la Nación Argentina implicó la realización y consolidación de un proyecto que logró establecer silenciosamente un orden, un modo de ver y de percibir la realidad que seguía un modelo europeizante. Partiendo de una idea de nación homogéneamente urbana, blanca y europea se cerró la posibilidad al reconocimiento de otras identidades y alteridades que conformaran el “ser argentino”. La homogeneización con una perspectiva eurocéntrica fue la propuesta nacional a través de la ideología del mestizaje y del crisol de razas, que aspiró a lo europeo como forma ideal, negando a sus otros interiores. Como ya expresara el Grupo de Estudios Subalternos Latinoamericanos, la nación misma es una creación producida desde los grupos dominantes que "ha oscurecido, desde el principio, la presencia y realidad de los sujetos sociales subalternos en la historia latinoamericana” (1998:25). En nuestro país se instaló la idea de una Argentina fundamentalmente urbana y moderna, y en correspondencia con esto, el imaginario de un modelo rural homogéneo y moderno, plenamente articulado con el mercado mundial capitalista. El predominio de una agricultura de exportación, tanto familiar como no familiar acabó por subalternizar e invisibilizar otras identidades, otras formas de habitar los territorios y de trabajar la tierra, como la campesina. Las particularidades de la estructura social agraria en la provincia de Santiago del Estero no fueron ajenas a este proceso de pretendida homogeneidad e invisibilización de las alteridades. Como hemos referido en esta tesis, la Argentina se caracteriza por una débil tradición en estudios campesinos. El estudio sobre el campesinado en Argentina ha estado tradicionalmente marcado por estas múltiples invisibilizaciones que sesgaron la mirada sobre 155

Ella utiliza el concepto de “violencia moral” para denominar el conjunto de mecanismos legitimados por la costumbre para garantizar el mantenimiento jerárquico de los lugares asignados por los términos del género.

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estos sujetos. Por este mismo motivo y por la concepción con respecto al mundo rural, en general nuestro país no ha sido incluido en los análisis que se han realizado en relación al género y el acceso a la tierra en los estudios latinoamericanos. Desde finales de la década del ´80 numerosos levantamientos de los sectores rurales en Latinoamérica y en la Argentina han visibilizado a estos sujetos rurales muchas veces ausentes en los análisis académicos. Afortunadamente esto ha nutrido el desarrollo de numerosos trabajos que abordan la problemática campesina en la Argentina y particularmente en Santiago del Estero. En esta misma dirección, en el capítulo 2 de esta tesis abordamos otra de las invisibilizaciones que atraviesa la problemática que nos ocupa, que refiere justamente a la escasa o nula presencia de investigaciones sobre género y tierra en nuestro país. A pesar de que desde hace algunas décadas los estudios rurales latinoamericanos comenzaron a consolidar una línea de investigación sobre la relación del género y el acceso a la tierra entre mujeres campesinas e indígenas, debido a la invisibilización de las comunidades rurales, y más particularmente de las mujeres rurales, en la Argentina todavía no ha sido muy desarrollada. Hemos encontrado algunos valiosos estudios que se ocupan de esta problemática para el caso Argentino pero, según describimos, la perspectiva que adoptan acaba por invisibilizar las identidades rurales marginales nuevamente, poniendo el foco en las mujeres farmers y minimizando la presencia e importancia de otras identidades rurales para el caso argentino. En esta tesis adherimos a la idea de que lo rural en América Latina se caracteriza por su heterogeneidad (Rico, 2003). Existen una gran variedad de situaciones que hacen necesario un abordaje integrador que dé cuenta de esta multiplicidad. En este sentido, el enfoque de género constituyó un importante aporte en la medida que nos permitió conocer y comprender la diversidad que caracteriza al mundo rural, identificando diferencias y desigualdades existentes entre los roles, valoraciones, acceso a los recursos productivos y participación en los procesos de adopción de decisiones de hombres y mujeres. Recuperando la crítica de Laclau y Mouffe (2004) a un mundo social suturado, a un orden instituido donde no hay disputa por los sentidos, a lo largo de esta tesis hemos procurado rever algunos conceptos de género que nos posibilitaron comprender las heterogeneidades del agro argentino, y así escuchar una multiplicidad de voces femeninas que desde algunos paradigmas son acalladas (Bidaseca et al., 2007a, Vallejos, 2007b). Nuestra investigación procuró visibilizar otro aspecto en el que suelen caer los análisis de género eurocentrados, con una concepción de mujer universal blanca, de clase media, occidental. 164

Esto nos llevó a transitar otras perspectivas de género que pongan en jaque esta concepción homogeneizadora y permitan visibilizar a las mujeres campesinas santiagueñas en sus especificidades. Esta invisibilidad que encontramos tanto en la historiografía Argentina como en los estudios académicos realizados se traduce también en una invisibilidad desde los registros estatales. Como hemos descripto en el apartado metodológico, existe una gran ausencia de datos “duros” que hablen sobre el acceso de las mujeres a la tierra. La falta de estadísticas desagregadas por sexo que permitan abordar el acceso a la titularidad de las tierras dificulta el estudio cuantitativo e invisibiliza aún más la problemática del derecho de las mujeres a la tierra. Esto redunda en la falta de políticas públicas que se ocupen de estos temas. Como ya mencionamos, otro de los aspectos en donde esta tesis puso énfasis es en la invisibilización del trabajo femenino. Está fuertemente instalada la idea de que para las mujeres campesinas en Figueroa no hay trabajo y ellas se ocupan casi exclusivamente de las tareas denominadas de tipo reproductivo. Estos supuestos invisibilizan las prácticas reales de las mujeres campesinas, ya que ellas, además de realizar tareas de tipo reproductivas, realizan actividades agrícolas y pecuarias, y en algunos casos, también trabajan en fábricas y plantas agroindustriales. La conceptualización de exclusividad masculina en el área productiva no coincide con la realidad campesina concreta y real. Estos imaginarios sociales favorecen la negación del papel de las mujeres como productoras y fomentan la exclusión de las mismas, como actoras de los procesos de producción rural. La invisibilización del trabajo de las mujeres en las estadísticas oficiales acentúa esta tendencia. Sostenemos que todas estas invisibilizaciones o ausencias anteriormente mencionadas se conjugan para subsumir o invisibilizar los derechos de las mujeres campesinas a la tierra en el reclamo colectivo de las comunidades por esta demanda. Como oportunamente analizamos, frente al problema del derecho de las mujeres a la tierra encontramos una ausencia sintomática. Las mujeres campesinas advierten el problema del derecho o acceso a la tierra pero lo asocian a un problema de concentración y privatización que se posibilitó, en parte, debido a la falta de títulos de propiedad. Está relacionado con una problemática de la comunidad en su conjunto. El problema del acceso de las mujeres a la tierra no es nombrado como una de las problemáticas de género presentes dentro de las comunidades. En líneas generales, este problema tampoco se menciona en encuentros con abogados y técnicos que acompañan esta problemática, ni con técnicas que trabajan con mujeres rurales. Salvo excepciones, esto no es explicitado como un asunto a tener en cuenta. Así, el derecho de las mujeres a la tierra se nos aparece como un problema no nombrado, ni dentro de las 165

organizaciones campesinas, ni dentro de los grupos de mujeres, ni visibilizado por las técnicas y técnicos que trabajan en terreno. En este contexto de borramiento constante, consideramos que la apuesta de ruptura epistemológica y metodológica que proponen los estudios de la subalternidad es fundamental. El esfuerzo de deconstrucción del paradigma moderno-eurocéntrico de conocimiento, que busca restituir a los grupos subalternos su memoria, obliterada por las narrativas imperiales y nacionalistas, y su condición de sujetos de sus propias historias puede hacer grandes aportes para despejar los interrogantes que todavía hoy continúan subsumiendo a las mujeres campesinas en tanto actoras sociales con derechos y capacidad de agencia. Como hemos fundamentado, la contribución de los feminismos desde las márgenes, sumado al aporte del Grupo de Estudios Subalternos de la India al analizar la llamada cuestión campesina, destacando su lugar en la historia política, son iluminadores para analizar los levantamientos campesinos de la Argentina de fines de los ´80 a la luz de su negación previa, y la llamativa invisibilidad que todavía hoy borra las acciones de las mujeres campesinas, privándolas de determinados derechos fundamentales156.

6.2. Las múltiples fronteras La delimitación de los márgenes de un territorio no sólo implica una demarcación geográfica sino que afecta al conjunto de ese territorio y de la sociedad. Consideramos que la potencialidad de pensar las múltiples fronteras que se presentaron a lo largo de estas páginas abre el camino a una mirada más abarcadora que permita trascender algunas dualidades que mantienen un lugar de fijeza en los imaginarios sociales. El concepto de frontera bien puede remitirnos a la idea de margen, de límite, pero también puede pensarse como frontera porosa que impone nuevas lógicas, que tiende nuevos puentes entre dos concepciones supuestamente enfrentadas157. La primera imagen de frontera que arroja esta tesis es la de la frontera agropecuaria. El corrimiento de esta frontera hacia zonas que tiempo antes mantuvieron una economía de tipo regional modificó las formas de estar en la tierra. El avance de la frontera agropecuaria resignifica los conceptos y sentidos de la tierra y los recursos naturales. Llegados los años ´80 156

A pesar de lo aquí dicho, no desconocemos que, como Chakrabarty lo indicaba para la disciplina histórica o la misma Spivak con respecto a la representación, no basta con apelar a los ‘pasados subalternos’ o intentar darle ‘voz al subalterno’ para creer que se está desmantelando la colonialidad de los conocimientos académicos. Los ‘pasados subalternos’ permanecen en una exterioridad irreductible al análisis historiográfico que constituye un principio de inteligibilidad al cual escapan aquellos pasados. 157 Tomamos esta idea sobre el carácter dual de la frontera como un muro divisorio y como un puente que une de Gloria Anzaldúna (1999)

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se pone en juego una presión sobre el territorio158 que no existía anteriormente. Se produce lo que algunos autores llaman una “pampeanización” de zonas que tradicionalmente habían sido marginales. (Aparicio, Giarracca, Teubal, 1992). El corrimiento de esta frontera agropecuaria provocó una revalorización de las tierras en Santiago del Estero que pasaron a ser requeridas para la producción ganadera y de cultivos orientados a la exportación. Como hemos detallado, el alto porcentaje de familias rurales que tienen una tenencia precaria de las tierras que ocupan imprimió una situación de “inseguridad jurídica” que se vio potenciada por el desconocimiento de los derechos jurídicos de estas comunidades, principalmente de las leyes de posesión de la tierra y de autodefensa que les permitieran evitar la usurpación. El enfrentamiento entre dos modos de tenencia de la tierra divergentes, la propiedad y posesión pone de manifiesto la presencia de diferentes usos. Encontramos aquí una nueva imagen de la frontera que presenta nuestro caso, que está dada por una concepción diferente de la tierra que corresponde a dos modos de vida muchas veces en tensión. Siguiendo a Areces y Mallo (2006) sostenemos que la historia de las fronteras se refiere al relato de los esfuerzos de una sociedad por definir su territorialidad. Podemos pensar que las fronteras son expresión de la misma dinámica que configuran los asentamientos humanos, dependiendo de sus límites materiales y simbólicos, y de la capacidad que esos grupos tienen de controlar un determinado territorio. Es decir, una frontera delimita su espacio a partir de una construcción histórica que rescata en su devenir las relaciones que se establecen entre las sociedades que conviven y, al mismo tiempo, compiten por ese espacio. Recuperando este sentido, esta tesis también propone una reflexión sobre el concepto de nación como frontera. Este sentido de la nación como frontera está estrechamente vinculado con la idea de borramiento o invisibilización que abordamos en el punto anterior. La nación fue concebida por una elite gobernante que se preocupó por borrar la presencia y realidad de los sectores sociales subalternos159. Como expresa Segato (2007) toda representación del territorio es un

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En relación con la idea de frontera, Mançano entiende al territorio como “el espacio apropiado por una determinada relación social que lo produce y lo mantiene a partir de una forma de poder. En la medida en que el territorio posee límites, fronteras, es al mismo tiempo, una convención y una confrontación, un espacio de conflictualidades” (2005: 276). 159 Las situaciones históricas moldean, fijan límites, recortan o expanden el campo de los derechos y de aquellos que se considera en cada momento, un ciudadano. Si analizamos el período de la Guerra del Desierto (18331881) en Argentina, podemos observar cómo la defensa de la frontera estaba ligada a la necesidad de incorporar nuevos territorios y de resguardar las explotaciones agropecuarias y los asentamientos poblacionales de las invasiones o malones que significaban grandes perjuicios al comercio y la industria ganadera. En el momento de conformación del Estado-Nación argentino los indígenas eran vistos como una otredad radical Los indígenas eran bárbaros por paganos y nómades. Desde esta mirada se legitimó el genocidio y exterminio de muchas poblaciones indígenas. La acción del Estado se dirigió exclusivamente a defender el espacio ya conquistado, por

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comentario sobre la nación y su historia y, como tal, un discurso sobre la frontera. Toda narrativa oficial diseña un cerramiento sin fisuras, sin líneas de fuga. A lo largo de esta tesis hemos procurado abrir este cerramiento, generar estas fisuras en el imaginario que forjó el ser nacional. Desplazar los límites de la nación hacia lo rural, lo campesino, lo femenino. Otra de las imágenes de frontera que arroja esta tesis se abre frente a la tensión entre lo público y lo privado. La división tajante que supone la dicotomía entre lo público y lo privado, asociado a lo masculino y lo femenino respectivamente debe ser revisada. Según expusimos, esto ha validado socialmente las desigualdades entre varones y mujeres. El mundo campesino no escapa a la lógica que asocia los roles de las personas de acuerdo a su sexo, colocando a las mujeres dentro de la esfera de la vida privada, encargándose de actividades de tipo reproductivas, que implican principalmente: los quehaceres domésticos, el cuidado de los hijos y del hogar y, en contrapartida, ubicando a los varones dentro de la esfera de la vida pública, encargándose de actividades de tipo productivas vinculadas al trabajo fuera del hogar, obteniendo recursos y/o ingresos económicos para la manutención del núcleo familiar. Esta tesis también buscó problematizar las fronteras del derecho, haciendo un cuestionamiento al derecho como productor de identidades fijas y el “sentido único de verdad” que el mismo produce. El discurso del derecho legitima un orden y define la identidad de los individuos dentro de una sociedad160. En el caso de Figueroa, Santiago del Estero, ante la amenaza inminente de desalojos, un recurso para continuar teniendo las tierras es el de recurrir al derecho positivo basándose en su posesión real que excede los veinte años, para solicitar la prescripción adquisitiva. El trámite de usucapión o ley veinteañal no estipula que las mensuras y el inicio del trámite se hagan comunitariamente, a pesar de que muchas comunidades hacen un uso colectivo de sus tierras. Es decir, para poder obtener la tierra que han ocupado durante años, en muchos casos, por generaciones, las mensuras deben realizarse a través de la codificación que el derecho positivo hace de la tierra, delimitándolo en la lógica de la propiedad privada, alambrando, con todas las relaciones que ella implica. Por otra parte,

un lado, y por el otro a extenderlo y ocuparlo. El desplazamiento de la frontera, es decir, el avance sobre las tierras aún indígenas, que se realizó en aquella oportunidad tenía como finalidad obtener más tierras para la explotación pastoril y para la colonización agraria (Gutiérrez, 1998). 160 Rancière (1996) señala al derecho como espacio donde el litigio político es transformado en un litigio judicial entre partes judiciales. Este mecanismo transforma las partes del conflicto en particulares preestablecidos por un determinado código de derecho (derecho civil, penal, comercial, etc.). Cuenta con la capacidad de licuar a un potencial conflicto político, es decir, un conflicto contra el sistema de repartición de partes, y trocarlo en un problema que será solucionado por la sentencia de una autoridad competente a la que se le reconoce obediencia. Foucault (1994) ha señalado que esa identificación es aparente, ya que la evolución del derecho moderno en sus instancias judiciales y sus códigos está entrelazado con el desarrollo histórico de la sociedad disciplinaria y sus estrategias y dispositivos de normalización. Sobre todo, porque es el derecho una de las instancias institucionales de saber y de verdad.

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está instalada la idea de que la única manera de realizar las titulaciones es poniendo sólo el nombre de una persona en el plano. Asimismo, también aparece como verdad incuestionada el hecho de que en la gran mayoría de los casos el hombre figure como titular, a menos que la posesión de la tierra esté dada por una mujer “sola”. Creemos que los discursos jurídicos vienen a mostrar la jerarquía de saberes que estructura los vínculos de los actores presentes en este conflicto. La lógica judicial es para los campesinos un saber superior que no está siendo cuestionado. Los campesinos están peleando por ser introducidos dentro de la lógica judicial, legitimando así estos discursos de verdad incuestionables y reproduciendo la autoridad del saber jurídico. Retomando a Bajtin, que sugiere que la autonomía del discurso no es posible ya que se encuentra atravesada por una constelación de relaciones de poder que están influenciándolo, y a Grüner (2002), que afirma que “el lenguaje, como cualquier otro contrato, es el producto de una cierta relación de fuerzas más que de un consenso”, planteamos aquí la idea de que los discursos son un locus de construcción de las identidades y delimitación de fronteras desde donde se moldean las instituciones y prácticas sociales. Profundizando las fronteras del derecho, en el capítulo 3 expusimos la disyuntiva entre diferencia y desigualdad que se presenta en el debate entre derechos individuales y derechos colectivos, problemática que a su vez está relacionada con un debate más amplio sobre el carácter universal de los derechos de las mujeres. En esta tensión están jugando dos concepciones de derecho contrapuestas. La primera supone una visión universal que, con una mirada etnocéntrica, niega el derecho a una cultura “otra” en nombre de determinados valores asumidos como universales. La crítica culturalista, por otro lado, cuestiona la existencia de una moralidad universal y argumenta que ésta debe interpretarse en su contexto cultural e histórico específico, otorgándole un status especial a las leyes consuetudinarias de los diferentes grupos étnicos. El problema de estos argumentos es que apelan a un pasado idealizado y estático de las costumbres y tradiciones, sin tomar en consideración que las culturas son dinámicas y se reconstruyen permanentemente. De esta manera, muchas veces se ocultan las inequidades existentes en el interior de las comunidades, particularmente las de género. A nuestro entender, este debate corre el riesgo de plantearse entre dos esencialismos: el esencialismo de “la mujer” que suponen el derecho positivo o los derechos humanos y el esencialismo de “la comunidad” que suponen los derechos colectivos. El desafío que buscó sortear esta tesis fue salirse de estos binarismos rígidos que se presentan como opuestos, examinando los procesos de enmarañamiento que se producen en el encuentro colonial (Abu169

Lughod, 2002) de estos usos de la tierra divergentes. En este sentido, el avance de otras lógicas que comienzan a operar en el campo santiagueño, modifican las fronteras tradicionales, tornándolas permeables. ***** El caso analizado nos permite afirmar que mediante el fortalecimiento de los grupos de mujeres en la zona de estudio y la lucha por el derecho a la tierra, las mujeres están generando cambios en sus propias comunidades y logrando un gran reconocimiento de las demandas de género en el contexto rural. Consideramos que el problematizar estas fronteras instaladas en el imaginario social permite romper las dualidades y trascender los límites que asocian determinadas identidades con marcadores culturales estáticos. Las voces de las mujeres han sido históricamente sofocadas. Probablemente la mayor posibilidad de hacer escuchar sus voces que hoy en día tienen las mujeres que participan en la Mesa de Tierras de Figueroa se deba, por un lado, a un contexto de fuerte búsqueda de los y las campesinas por conocer cuáles son sus derechos, principalmente cuáles son sus derechos posesorios a la tierra, y, por otro lado, al trabajo desde los grupos de mujeres y las distintas acciones que permiten que las mujeres se reconozcan como sujetos de derechos. La posibilidad de poner en común problemáticas compartidas les ha permitido enunciar una serie de demandas que como mujeres las afectan. Las mujeres campesinas con las que trabajamos, en la mayoría de los casos, pueden hablar por sí mismas, sin representantes, y sus voces son reconocidas y valoradas, pero al mismo tiempo, a la hora de titularizar la tierra, acuden a un representante, que no casualmente en la mayor parte de los casos es el hombre. Ellas ponen el cuerpo, ponen la palabra, pero todavía no se les reconoce el derecho a tener las tierras a su nombre. El cuerpo de las mujeres es utilizado para reclamar un derecho para otros (y mediante este mecanismo podemos pensar que los varones pasan a ser doblemente poseedores, de la tierra y del cuerpo de las mujeres). Por momentos son tenidas en cuenta y tienen un lugar de enunciación (y en un sentido spivakiano, dejarían de ser subalternas), pero paralelamente, este lugar de enunciación no les otorga el reconocimiento del derecho a figurar como titulares de las tierras que han defendido con sus cuerpos. A pesar de esta reconocida audibilidad, observamos que el horizonte de temáticas que enuncian públicamente son “típicamente femeninas”. Las mujeres suelen basar sus discursos en la importancia de mantener a sus familias unidas y que sus hijos puedan continuar trabajando las tierras. En otras ocasiones ellas también manifestaron preocupación por cuestiones relacionadas con la salud de sus familias y los centros sanitarios alejados. Como 170

contrapartida, los hombres suelen tomar la palabra para pronunciarse sobre las cuestiones productivas u organizacionales, así como también son ellos los que llevan la voz cantante cuando las charlas versan en torno a algún problema de tierras. Creemos que el hablar de estas mujeres está condicionado por otras estructuraciones. Sus voces, a pesar de ser escuchadas, están sofocadas por un mandato machista, que las relega a los discursos típicamente “femeninos”, sobre la familia, los hijos, la salud. La cultura que traiciona (Anzaldúa, 1999) vuelve a poner en boca de las mujeres las palabras que los hombres tienen reservadas a ellas. Si pensáramos en términos de Ranciere (1996), para quien la política es el proceso por el cual una parte rechaza el modo en el que la policía asigna y distribuye las partes; en la medida en que las mujeres campesinas no están cuestionando el orden de las partes, en la medida en que no plantean su derecho a la tierra, podríamos afirmar que todavía no se ha dado, en este caso, el momento de la política. Esto implicaría dislocar ciertas estructuras para instaurar otras estableciendo otro orden de las cosas. En este mismo sentido, apelando al uso que Laclau y Mouffe (1987) hacen de los términos de subordinación, opresión y dominación, tal vez podríamos vernos tentadas a afirmar que en la medida en que las mujeres campesinas no demandan su derecho a la tierra (un derecho invisibilizado), existe una relación de dominación que todavía no es percibida por los propios sujetos (sujetas) como una relación de opresión. Si bien creemos que el discurso de estas mujeres enuncia el lenguaje del dominador (representado por un discurso machista y jurídico), es en este hablar la lengua del dominador donde se filtran las resistencias. Sólo pueden enunciar su discurso si lo hacen en la lengua que está legitimada por el saber dominante, pero en este cruce van filtrando sus resistencias, imponiendo sus modos, sus saberes. Respondiendo a la necesidad de romper con la dicotomía entre cuerpo y habla, en esta tesis apelamos al potencial del concepto de semiopraxis que expone Grosso (2007). Frente a los discursos euro-falo-logocéntricos que han hundido en los cuerpos, pliegue sobre pliegue, procesos de identificación devenidos en la descalificación, estratificación, borramiento y negación, la semiopraxis propone encontrar el sentido en la acción, en la narración de los cuerpos. A partir de algunos puntos trabajados desde los estudios de la subalternidad que revisan el concepto de agencia, en esta tesis sostuvimos que los grupos de mujeres son construidos como espacios de resistencia femenina. Las mujeres disputan el lugar público ocupado por los varones, empiezan a salir del espacio doméstico, a participar, a hacer escuchar sus voces. 171

Creemos que el conflicto por la tierra rearticula un escenario y las identidades dentro de este conflicto. Las mujeres campesinas reeditan su lugar en la comunidad ante el conflicto por la tierra. Ellas logran desordenar las jerarquías y las posiciones de sujeto establecidas, cambian la distribución de los cuerpos en la comunidad. Este es un acto preformativo en sí mismo, que supone desafiar el ordenamiento impuesto, hay una resistencia activa al ocupar un espacio público. Zolberg (1972, en Bidaseca, 2005) los define como “Momentos de locura”. Estos momentos que son necesarios para la transformación de las sociedades, ya que es ahí en donde se forjan nuevas identidades, nuevos actores, nuevas relaciones sociales que dejan marcas en las subjetividades. Son nuevas subjetividades nacidas desde los márgenes y al calor de los conflictos. En su libro “Deshacer el género”, Butler (2006) reflexiona en torno al ser oprimido. Para ella, el ser oprimido supone que el otro es inteligible. Llegar a esta condición implica ser reconocido, implica estar allí como un otro visible, como un sujeto posible y potencial. ¿Qué pasa en el momento en que los derechos de las mujeres campesinas a la tierra no son siquiera enunciados, no son reclamados ni puestos en cuestión? “Darse cuenta de que se es fundamentalmente inteligible (es más, que las leyes de la cultura y del lenguaje te consideran una imposibilidad) es darse cuenta de que todavía no se ha logrado el acceso a lo humano” va a decir Butler (2006:308). Teresa de Lauretis (2000), es menos radical y propondrá una posición para la mujer como sujeto en los márgenes del género. Se trata de un sujeto excéntrico que no está fuera del sistema, sino en sus márgenes. Utiliza la metáfora del “espacio oculto” del cine, un espacio que no aparece en la pantalla pero que el espectador puede inferir. Este sujeto excéntrico encuentra su identidad a partir del desplazamiento del lugar que le fue asignado. Para terminar, y a modo de halo inspirador, nos interesa pensar nuestro caso desde la categoría de contrapúblico que introduce Nancy Fraser (1992). Contrapúblicos subalternos serían aquellos escenarios discursivos paralelos en los cuales los miembros de los grupos sociales subordinados crean y circulan contradiscursos para formular interpretaciones oposicionales de sus identidades, intereses y necesidades. El desafío es lograr que esas voces silenciadas por la hegemonía hallen una vía para ser escuchadas. Encontrar una vía por la cual se filtran estas voces por las rendijas que deja el orden instituido.

6.3. Líneas de investigación a futuro Continuando con la investigación aquí presentada, nos proponemos como objetivo de largo aliento profundizar el estudiar las formas (des)iguales de acceso a la tierra para hombres 172

y mujeres en el agro argentino, en la búsqueda por continuar desentramando cuáles son los mecanismos jurídicos, institucionales, políticos y culturales ante el derecho y el acceso a la tierra: legislación; herencia; usos y costumbres. En una futura investigación, nos proponemos estudiar el acceso de las mujeres a la tierra tomando comparativamente: mujeres campesinas, mujeres colonas y mujeres indígenas. Esto nos permitirá visibilizar una multiplicidad de formas de acceso a la tierra diferentes que no pueden perderse de vista a la hora de estudiar la distribución de la tierra en la Argentina. Nos proponemos conocer las lógicas o “racionalidades” que asemejan y diferencian a campesinas, colonas e indígenas, sus distintos modos de entender la relación con la tierra/territorio, formas de producción, de trabajo, condiciones de vida, sus representaciones culturales, políticas e institucionales, que resultan fundamentales para complejizar los interrogantes de esta investigación. Proyectamos tomar como casos de estudio dos provincias: Santiago del Estero y Santa Fe, que representan el contraste entre una economía de tipo regional y una economía de tipo pampeana, por un lado, y permiten trazar diferencias en cuanto al impacto del avance de la frontera agropecuaria por el otro. Nos centraremos en el estudio de las prácticas desarrolladas por las mujeres campesinas e indígenas en la Mesa de Tierras de Figueroa, Santiago del Estero; y las mujeres colonas de Alcorta y Bigand, e indígenas de las Comunidades Mocovíes que conforman la Organización de Comunidades Aborígenes161, en Santa Fe. El contraste que supone el análisis de una región tradicionalmente basada en una economía regional y otra basada en una economía de exportación, y el impacto del avance de la frontera agropecuaria en mayor o menor medida, dependiendo del caso, permitirán establecer un contrapunto interesante para las comparaciones. Para esta etapa, nos proponemos profundizar la ruptura con la lógica binaria sobre la cual suele construirse la diferencia. Partiremos de la concepción de un sujeto mujer no homogéneo, pero que comparte en su trayecto vital la experimentación cotidiana de la opresión, la explotación, la discriminación, la desigualdad. Creemos que en el caso de las mujeres rurales que estamos estudiando, está exacerbado un proceso de construcción colonial de identidades que las subalterniza de diversas formas y marca una huella profunda en su forma de participación y acción. Conocer las lógicas o “racionalidades” que asemejan y 161

A pesar de que se creían un grupo aborigen casi extinguido, desde mediados de los ´80, durante el proceso de democratización en la Argentina y con la promulgación de la Ley Nacional sobre Política Indígena, los mocovíes transitaron por un proceso de recuperación de su identidad que los llevó a conformar la Organización de Comunidades Mocovíes en Santa Fe. Actualmente se calcula que hay alrededor de 17 comunidades mocovíes en Santa Fe.

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diferencian a campesina/os, pueblos originarios y colona/os o chacarera/os en sus formas de producción, de trabajo, condiciones de vida, sus representaciones culturales y políticas resultan fundamentales para abordar los interrogantes de esta futura investigación.

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Anexo I. Mapa de la provincia de Santiago del Estero

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Anexo II. Mapa de rutas de la provincia de Santiago del Estero

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Anexo III. Mapa del departamento Figueroa

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Galería de fotos Territorio santiagueño

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Ronda de mujeres

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De fiesta en fiesta

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