Political ideology and party system in Mexico: Reformas electorales 1986, 1987, 1990 México. Un paso al multipartidismo o sistema de partidos.

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

REFORMAS ELECTORALES 1986-1987 Y 1990.

Por: Isaac Hernández Iniesta

Introducción: A lo largo de la historia del país se han realizado diversas reformas político-electorales, aproximadamente un poco más de quince. Como punto de partida hacía el estudio de las reformas que han permitido la participación política de la oposición, es importante considerar que sería a partir de la reforma de 1977 cuando se abriría paso a el ingreso de nuevas fuerzas políticas. Por primera vez se le otorgaría el papel de instituciones de carácter público e interés nacional a los partidos, habría nuevas reglas para fundar organizaciones políticas, y estos ya podrían aparecer en la boleta. Tres partidos obtendrían un reconocimiento legal gracias a esta reforma: Partido Comunista Mexicano, Partido Socialista de los Trabajadores y el Partido Demócrata Mexicano. Los partidos de oposición ya tendrían acceso al reparto de diputaciones con la condición de tener al menos el 1.5% de la votación.

Generalmente, el origen de las reformas emanaba del deseo de contrarrestar las crisis políticas, concatenadas a las elecciones que se caracterizaban por tener poca legitimidad y credibilidad. En el siguiente ensayo analizaremos las reformas gestadas entre 1986 y 1990. Consideraremos el contexto político e histórico en el que estas se desenvolvían, pues nos sería imposible comprender los cambios y comportamientos electorales sin analizar el contexto en el que estas se ubicaban. A lo largo del ensayo, intentaré responder las siguientes preguntas: ¿Podría considerarse a las Reformas Político Electorales del 86, 87 y 90 como el principal factor que abrió paso a la participación política en México? ¿Cuáles fueron los componentes centrales de estas Reformas? ¿Cambiaron estas las reglas del juego político?.

1. REFORMAS DEL 86 Y 87 1.1 La crisis económica y sus repercusiones políticas

El titular del ejecutivo en ese entonces, era Miguel de la Madrid, quien sucedía a Lopez Portillo que había ocupado el cargo presidencial de 1976-1982. De la Madrid había llegado al poder con el 68.46% de los votos.

Dentro de este marco histórico se daría uno de los escenarios más difíciles para el país. La gran crisis económica en 1982 llevarían al gobierno a tomar medidas que sacarían del status quo a la nación. Entre 1979 y 1981 la economía había tenido un crecimiento ameno, aproximadamente del 8% anual, esto debido al boom petrolero, (Yunuen, 2010: 415). A este le seguiría una caída en 1982 y la nacionalización de la banca sería la respuesta por parte del gobierno de Lopez Portillo. Este acontecimiento rompería un vinculo importante entre la clase empresarial y el gobierno. Desde estos años se empezaba a dibujar un descontento no solo con un partido predominante, sino con un sistema que estaba sufriendo una desmoralización en cuanto a su credibilidad y legitimación.

Las reglas del juego empezaban a cambiar entre el gobierno y el sector privado. La clase empresarial empezaría a apoyar al Partido Acción Nacional, mediante el cuál canalizarían sus demandas. Para los empresarios no era un opción quedarse fuera del juego político, el apoyo al PAN sería un forma de protesta, no estaban dispuestos a perder la influencia política que para ellos era elemental. Este proceso, es conocido como el “neopanismo”.

La crecientes tasas de interés, que se habían devaluado en un 47%, contrajeron una importante fuga de capitales en el país, por lo que la deuda externa habría de aumentar aproximadamente 80 mil mdd, más 10 mil mdd para financiarla, (Yunuen, 2010: 415).

Sería durante las lecciones estatales del 1983, cuando quedaría marcada la historia del partido y de la política nacional. En Durango, el PAN, ganaría la capital y dos de los doce distritos estatales. En las elecciones municipales, el PAN obtendría 73 583 votos frente a 160 762 del PRI, pero el caso más impactante sería Chihuahua dónde la oposición ganaría las ciudades más importantes del estado, (Yunuen, 2010: 417). Fue durante éste decenio cuando el cambio político se empezaría tornar con más fuerza, el sistema empezaba a desnutrirse por la falta de confianza. El Estado no solo no reconocía los resultados de lo oposición, sino llevaba por mal camino

la

gobernabilidad del país. El PRI sufriría poco a poco un desfase, y su incapacidad para seguir en el poder sería destapada gracias a las criticas de la opinión pública que ahora tenían un papel importante dentro del juego político.

La crisis económica en 1985 se encontraba en el ápice con una excesiva desvaluación del peso frente al dólar, llegando a 448 pesos por dólar cambio. En este mismo año, habrían elecciones federales de diputados y senadores, las cuáles se caracterizarían por registrar un abstencionismo del

50%. Este abstencionismo reflejaba el desapego y desinterés por la participación política que no se justificaría más que por la poca legalidad que estas proyectaban. El desempleo oscilaba entre 3% y 4% en 1986 y 1987.

Con el tiempo, dentro del partido se irían gestado divisiones debido a la políticas neoliberales seguidas por de la Madrid, y por las medidas de selección de candidatos dentro del PRI, las cuales hacían a un lado a parte de la elite política del partido. El PAN se había convertido en un contendiente importante que había ganado nuevos e importantes territorios en estados como Yucatán, Estado de México, Baja California, Nuevo León, Puebla, Durango, Jalisco y Coahuila (Peschard, 2010: 365).

1.2 Reformas político-electorales

Para establecer la reforma del 86, y antes de que fuera enviada al Congreso para su aprobación, se realizarían diversas auditorias públicas en las que se intercambiarían diversas propuestas, esta reforma tendría participación política de diversos agentes de la sociedad civil como: periodistas, políticos, universitarios, entre otros. Cabe mencionar que cuando esta fue firmada, se decía que era un reforma que atendía la demanda de los partidos, actores políticos y sociedad civil. (Peschard, 1997: 110)

“Con la reforma, cambiaría la forma de integración al Congreso de la Unión. Se incrementaría de cien a doscientos el número de dictados electos por el principio de representación proporcional […]”(Mendoza, 2004: 92). Es decir, ahora el congreso se conformaría por 500 diputados, trescientos de mayoría relativa, con un número fijo de 5 circunscripciones plurinominales; y doscientos de representación proporcional.

El reparto de diputaciones tendría ciertos candados. Ningún partido podía tener más de 340 diputados por ambos principios, y si ninguno obtenía el 51% de la votación o no alcanzaba la mitad más uno de las circunscripciones uninominales, se le otorgaban diputados plurinominales hasta alcanzar la mayoría absoluta. Si bien, esta ley no dejaría sin el reparto de diputados de representación proporcional al PRI. Ningún partido podía pasar de 350 curules lo que equivalía al 70% de los asientos.

En cuanto a la Cámara de Senadores, se discutió en gran medida si debía ampliarse, reducirse, e incluso si introducir la representación proporcional. Hubo propuestas de modificación cuando se discutía la reforma política desde 1985, (Rabasa, 1997: 236). La gran mayoría de los partidos, e incluso algunos militantes del PRI, estarían a favor de emplear modificaciones en la forma organizacional del Senado. Finalmente solo se llegaría a la vuelta de elección mitad de los senadores cada tres años, que sería un importante cambio.

En diciembre de 1987, habría modificaciones en materia electoral, y serían las más importantes del decenio. El cambio más significativo sería la creación de un nuevo Código Federal Electoral (CFE) que sustituiría a la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE) instaurada en el sexenio de Lopez Portillo.

Este código sería publicado el 18 de diciembre de 1987, y dentro de sus estructura habría representación de los partidos políticos. Un comisionado por cada 3% obtenido en las votaciones nacionales. Solo el PRI podía alcanzar el mayor número de representantes que era hasta 16 comisionados. El titular de dicho organismo sería el Secretario de Gobernación y habría dos representantes del poder legislativo, un diputado y un senador.

Algunos de los más importantes cambios que contraería el nuevo Código Federal Electoral, en contraste con su antecesor, sería que las coaliciones y frentes electorales ya serían permitidas (Mendoza, 2004: 118), es decir, ya podían registrarse bajo los mismos nombres y no era necesario que se presentaran bajo un solo registro y emblema. Su registro ya no estaría condicionado. Además, los partidos ya tendrían acceso a medios de comunicación, se fijaron tiempos mensuales en los que podrían transmitir con cobertura nacional. Se otorgaron también, recursos económicos a los contendientes políticos. Este apoyo era crucial para la supervivencia de organizaciones como PPS, PARM, PST. (Loaeza, 2008: 69) Este nuevo código, parecía haber sido potencializado en apoyo de minorías, pues promovería su representación, esto lo haría sin sacrificar las representación priista.

“Se habría creado una fórmula para calcular el monto del financiamiento de los partidos políticos, un mecanismo de distribución de los recursos entre los partidos y una calendarización de ministraciones. Podían completar sus ingresos con aportaciones de los afiliados, y organizaciones,

así como financiera de forma independientemente de las prerrogativas en este código.” (Lujambio, 2010: 2).

Una de las características más de éste código, sería la nueva figura del Tribunal de Contencioso Electoral. Este tribunal era un organismo autónomo de carácter administrativo cuya función principal era atender y resolver las quejas y apelaciones electorales (Mendoza, 2004: 124). Estaba integrado por siete magistrados numerarios y dos super-numerarios nombrados por el congreso de la Unión, a propuesta de los partidos. El origen de estos sería la Cámara de diputados. Los partidos debían hacer las propuestas y debían presentarlas ante el Presidente de la Cámara, quién las canalizaría a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Los candidatos serían sometidos a el consentimiento de la asamblea.

Fungiría como presidente del tribunal el

magistrado que designará el pleno para cada elección federal ordinaria.

Las resoluciones emitidas por este tribunal no tenían carácter definitivo y no podía declarar la nulidad de una elección. Debían iniciar funciones al menos la tercera semana de octubre del año anterior a las elecciones ordinarias federales, y concluir al término del proceso electoral respectivo.

Por otro lado, el papel de Gobernación cambiaría pero no de forma radical, esta reforma dictaminaba que cada Cámara era responsable de la calificaciones de la elección de sus miembros, en el caso de la Cámara de Diputados ya no solo las ratificarían cien diputados como anteriormente se hacía, sino estarían encargados el total, es decir los quinientos diputados, (Loaeza, 2008: 73). El Gobierno Federal solo se haría cargo de la preparación, desarrollo y vigilancia de éstas.

Como podemos ver hasta ahora, los cambios político-electorales, promovían la participación política no solo de la derecha, sino también atraían la participación de la izquierda. Aunque estas reformas no aseguraban contiendas totalmente justas y equitativas, tenían buenos cimientos legales, que en su cumplimiento hubiera aumentando el escenario de la oposición, use hubiera desinhibido el descontento con el sistema. El efecto sería contrario a el esperado, las elecciones se verían desmoralizadas y no contarían con legitimidad. No cabía duda alguna de que el gobierno carecía de aceptación, los tiempos de elecciones eran tiempos de crisis que significaban maniqueos inequitativos de poder político entre partidos de oposición y el PRI que repercutirían en la opinión publica con mayor intensidad.

2. REFORMA POLÍTICO ELECTORAL DE 1990 2.1 Las elecciones de 1988 y la crisis política

La crisis económica manifestada durante el decenio, delimitaría el comportamiento electoral en 1988. La economía mexicana había sufrido duros golpes que contribuían con la indiferencia del pueblo mexicano hacía el gobierno. Sin duda estas elecciones serían épicas y de las contiendas más competidas en la historia de nuestro país. El despegue de la izquierda empezaría aquí y su participación se daría de forma unificada, (Yunuen, 2010: 418). Dentro del PRI se crearía una división que no contribuiría con la estabilidad política en ese entonces, esta división estaría arraigada por la aplicación de medidas neoliberales desarrolladas durante el decenio y por la poca democracia dentro del partido. Prácticamente la disputa era entre dos proyectos de nación distintos, (Rabasa, 1997: 114). Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Rodolfo González Guevara se deslindarían del partido en 1987 y encabezarían el movimiento político más latente en estas elecciones, el Frente Democrático. Este Frente solo habría sido posible en beneficio de lo que dictaba el Código Federal Electoral, se formaría en coalición con los partidos PPS, PARM y PST. Se postularía a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato presidencial. 
 Por su parte el PRI postularía a Carlos Salinas de Gortari, el PAN al empresario Manuel Clouthier, el PDM a Gumersindo Magaña, y el PRT, por segunda ocasión, a Rosario Ibarra de Piedra. Heberto Castillo, candidato por PMS, que después se transformaría en PSUM al fusionarse con el Movimiento Revolucionario del Pueblo, la Unidad de Izquierda Comunista, el Partido Mexicano de los Trabajadores y el Partido Patriótico Revolucionario, declinaría su candidatura y apoyaría la de Cárdenas. Las elecciones se celebraron el 6 de julio y fueron causa de una disputa electoral de gran impacto. El PRI recurriría al fraude para poder ganar las elecciones. Durante la madrugada del día de la elección, el sistema sufriría un supuesto error, las computadoras habían dejado de contabilizar los resultados. Estas elecciones, dejarían una cicatriz a el sistema político mexicano y por supuesto al partido hegemónico.

“La crisis política que se desencadeno a partir de ese día dejó al descubierto algunos de los mecanismos tradicionales de control de la participación electoral y de negociación política, de suerte que el autoritarismo quedó al desnudo” (Loaeza, 2008: 68) Los resultados se darían a conocer hasta el 13 de julio, se tomaría por ganador a el candidato del PRI, Carlos Salinas con un total de 50.36% equivalente a 9 687 926 votos. Le seguiría Cuauhtémoc Cárdenas del Frente Democrático Nacional con 5 911 133 votos, 31% del total, y finalmente Manuel J. Clouthier del PAN con 17.07% (Barquín, 1986:214). La cámara de diputados quedaría integrada de la siguiente manera: PRI, 262 diputados; PAN, 101 diputados; PMS, (que después se convertiría en el PRD), obtendría 22 diputados; PPS, 49 diputados; PARM, 30 diputados y PFCRN, 36 diputados. “Al principio, los partidos de oposición formaron un frente común en contra del fraude y suscribieron el llamado ‘Compromiso Democrático’, cuestionando los resultados y demandando la anulación de la elección” (Loaeza, 2008: 78) A pesar de que la oposición se había cohesionado en un Frente, no significaba que estuvieran a favor de Cárdenas, ni que apoyaran su figura. El PAN, sostenía que no había quedado claro quien había sido el ganador, Cárdenas desconocía los resultados de la elección y se autodenominaba como victorioso. Las diferencias ideológicas y argumentativas hacían difícil una oposición fuerte, el PAN no aceptaría la victoria de Cárdenas. Una de las consecuencias que estas elecciones traerían, sería que el partido ya no tendría mayoría en el Congreso, ahora los partidos de oposición jugarían un importante papel para los cambios constitucionales. Gran parte del juego político se derivaría dentro del parlamento, ya no solo era cuestión votar una propuesta de ley proveniente del ejecutivo, la negociación era el único camino para una reforma político electoral que podría salvar al gobierno de una mayor deslegitimación. La actividad legislativa por primera vez empezaría a asumirse, era hora de emprender con negociaciones políticas dentro del congreso. Ésta sería una de las razones que orillaría a las fuerzas políticas del PRI a pactar con el PAN, con la condición de que debían aceptarse sus triunfos, empezando por reconocer la del estado de Baja California Sur. Las negociaciones entre ambos partidos serían en noviembre de 1988, se difundiría el documento Compromiso Nacional por la Legitimidad y la Democracia, en el que los líderes panistas argumentaban que a pesar de que el gobierno carecía de legitimidad por el fraude electoral,

podía adquirirla mediante el ejercicio de poder, reconociendo los triunfos de la oposición en las elecciones locales y actuando como gobierno de “transición”, (Loaeza, 2008: 83). Gran parte de la fuerza que se había situado dentro del Frente para rechazar los resultados, se perdería con este pacto. No habría opción para la oposición más que aceptar los resultados. Retomarían la lucha política mediante la conformación del Partido de la Revolución Democrática. Si bien la crisis política seguiría latente y con la fuerza suficiente para orillar a la creación de una reforma político electoral que abriera el panorama de la participación política. Era necesario una reforma electoral que permitiera elecciones justas y equilibradas, que reconocieran el triunfo de la oposición. Ya no era suficiente darle una retocada para resolver el problema, esta ocasión de una vez por todas debía implementarse un reformar que permitiera a la ciudadania expresarse con transparencia y claridad. (Barquín, 1986:196) La cuestión electoral siempre había sido de la incumbencia para el régimen, y para permanecer en el poder no debían permitir que la crisis se saliera de control. Salinas al tomar protesta ofrecería un acuerdo político para la apertura de la vía democrática. 2.1 Reforma del 90 Equilibradas las relaciones del poder entre el ejecutivo y el legislativo, gracias a los pactos entre el PRI y el PAN, se iniciarían las negociaciones políticas en enero de 1989. Estas se extenderían hasta los meses de febrero y abril del mismo año. Salinas de Gortari propondría nuevas consultas para modificar el Código Federal Electoral, pero nuevamente como en 1985, volverían a presentarse diversas propuestas para transformar la estructura electoral y legislativa mexicana. El PRD,

no estaría en favor de la reforma por el mantenimiento de la cláusula de

gobernabilidad, la cuál establecía que el partido con 35% de los votos tendría derecho al 50% más uno de los curules, por medio de los que se llamó la escala móvil. En otras palabras, por cada 1% mas sobre el 35% se asignaría dos diputaciones adicionales. Sería hasta agosto de 1990 cuando se aprobaría en el Congreso un nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). Este contendría una serie de modificaciones con el objetivo de promover elecciones más limpias, habría sido el resultado de negociaciones entre el PRI y el PAN, (Peschard, 1992: 57).

Uno de los cambios más importantes dentro de esta reforma, sería la creación del Instituto Federal Electoral, organismo autónomo de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, (Mendoza, 2004: 119). Ahora sería este quien ejercería las actividades electorales, debía organizar, y agrupar a todas las actividades relativas a las elecciones, así como atender a los partidos en cuanto al cumplimiento de sus derechos. El Instituto Federal Electoral de acuerdo con Jacqueline Peschard, tendría una estructura dividida en dos grandes alas, vertientes con funciones especializadas y competencias diferenciadas, pero en estrecha relación: la primera, la de dirección, encargada de tomar las decisiones importantes donde se tomas las decisiones, así como el efecto del el computo de los votos; y la segunda, el ala técnica, responsable de administrar las elecciones. (Peschard, 1992: 63) Los órganos de la dirección o ala política, se encontraría organizada en cinco niveles: El Consejo General con sede en el Distrito Federal; Los consejos locales, uno en cada entidad federativa; 300 consejeros distritales, en cada uno de los distritos uninominales; Oficinas municipales; y mesas directivas de casillas, una cada en cada sección electoral. Por otro lado estaría la Junta General Ejecutiva, encargada de la cuestión administrativa, estaría presidida por el Director General y se integraba por el Secretario General del Instituto y los Directores Ejecutivos del Registro Federal de Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos de Organización Electoral, del Servicio Profesional Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Dentro de sus funciones generales y principales, debían supervisar el cumplimiento de los programas relativos al Registro Federal de Electores. Procurar las comisiones de vigilancia nacional, locales y distritales. Evaluar las actividades electorales desempeño. De acuerdo con el nuevo Código, la forma de financiación a los partidos quedaría modificada. Se darían recursos económicos por la actividad electoral, según la cantidad de votos obtenidos en las elecciones de diputados y senadores; por actividades generales, es decir 10% de actividad electoral, y esta sería igualitaria para todos los partidos; y se otorgaría a cada partido político anualmente el 50% de total del ingreso neto que por dietas percibirían los legisladores de su bancada en el periodo actual o inmediato anterior. Este reforma, además eximía la renta de la enajenación de inmuebles adquiridos para el ejercicio de sus funciones, así como ingresos proveniente de donaciones en dinero o especie. Habría

excepciones en el pago de impuestos de los partidos políticos y en sus contribuciones establecidas por lo Estados sobre la propiedad inmobiliaria. La nueva figura, el Registro Federal de Electores, sería de carácter permanente y considerado

de interés público, (Mendoza, 2004: 124). El Registro se compondría por dos

secciones; por el Catálogo General de Electores y; Del Padrón Electoral. La sección encargada de la formación del Padrón y de expedir las credenciales para votar, sería la la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. Posteriormente de haber instaurado la formación del Padrón y entregar las credenciales, se procedería a conformar las listas de lectores. Era obligación del IFE actualizar el registro de forma constante. Para asegurar la calidad de la confección del Padrón y del Registro, se harían comisiones por parte de los partidos, y de las comisiones de juntas distritales y locales, estos debían vigilar la legalidad en cuantos a los Registros y Padrones, además de verificar que las credenciales para votar se otorgaran de manera oportuna. El Tribunal Federal Electoral, organismo jurisdiccional autónomo en materia electoral sería parte de esta reforma electoral, tenía como función principal apelar y sancionar las inconformidades.Este se conformaría por una Sala Central con sede en el Distrito Federal, y por Cuatro Salas Regionales. Este contaba con facultades para anular las elecciones en ciertos casos; si se instalaba una casilla en un lugar distinto del que se debería sin justificación alguna; recibir la votación en fecha distinta a la señalada; haber sido parte o complice de error en el cómputo de los votos para beneficio de alguno de los candidatos; permitir ejercer el voto sin credencial para votar a aquellos cuyo nombre no aparezca dentro de las listas de electores. Finalmente, esta al igual que la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales, definía a dos tipos de partidos políticos; partidos nacionales y partidos con registro condicionado. Para poder llegar a la categoría de partido condicionado debía contarse con una declaración de principios, programa de acción y estatutos, además de haber realizado actividades políticas durante al menos dos años anteriores a la solicitud de registro. Estos gozarían de contar con un represente que canalizaría las inquietudes del partido a la Comisión de Vigilancia de IFE. También tendría acceso a radio y televisión, postular candidatos en las elecciones federales y recibir el 50% de financiamiento público señalado para cada partido político nacional por concepto de sus actividades generales. Podrían designar representantes en las casillas electorales y tener

representantes generales. El registro se concedería cuando se logrará el 1.5% en alguna de las elecciones en las que se haya contendido, en caso de que no llegase al procedente mínimo, perderá los beneficios ganados. Esto no repercutía en que sus candidatos hayan ganado alguna elección. Para poder ser un partido nacional, al igual que los partidos condicionados, se debía contar con una formulación de principios, un programa de acción y los estatutos que normen sus actividades; contar con 3000 integrantes en al menos en la mitad de las entidades federativas, o tener 300 mil afiliados en cada distrito electoral de al menos en la mitad de distritos electorales del país.

Conclusiones finales: Estas reformas, si bien, no permitirían una participación completamente justa, equitativa y legal entre los contendientes, solo serían reformas que marcarían el camino hacía un sistema de partidos de forma gradual. Hemos analizado el contexto en el que éstas se desarrollaron, y podemos observar, que hubo diferentes factores que orillaron al Estado a formular las reformas políticas. Esto se debió, primero, a la crisis económica, por la cuál se desprendería una indiferencia proveniente ya no solo de la oposición, ni las clases medias o bajas, sino también por la clase empresarial, que había dejado apoyar al partido imperante, y buscaría satisfacer sus demandas mediante otros actores políticos, como el Partido Acción Nacional. De no haber formulado esta reforma, el sistema hubiera recaído en una profunda crisis de legitimidad y se hubiera corrido el riesgo de acrecentar el apoyo a el PAN. Posteriormente, serían las elecciones del 88 las que desatarían una crisis como ninguna otra, y prepararían el escenario para una cambio en materia electoral. La caída del sistema, haría imposible una conciliación entre el gobierno y el grupo de la oposición, ciudadanía y empresarios. Era necesario, otra reforma político-electoral que no solo enmendará la anterior, sino una que propusiera un nuevo escenario de participación política. La crisis que se presentaba dentro del partido, era una pequeña proyección, de la poca democracia y legalidad en el sistema. Si bien aunque eran condiciones diferentes, nos muestra como la crisis no solo estaba presente en el régimen, sino dentro del mismo núcleo del partido hegemónico. Las cambios electorales más importantes durante las reformas del 86 y 87, sería el incremento diputaciones, que aumentaría la presencia de la oposición en el congreso, pero sin descuidar la posición del PRI. La forma de reparto se mantendría hasta la reforma de 1993. Se eliminarían las condiciones para obtener un registro, habría tiempos en los medios de comunicación y obtendrían

recursos económicos. Además por otro lado, se crearía un tribunal, aunque éste no tomaría decisiones de carácter definitivo, tendría la atribución de atender las demandas de las partidos políticos y apelar a ellas. Esta reforma ayudaría a que los partidos, PPS, PARM, PST, sobrevivieran. En cuanto a la reforma de 1990, sus principales características, sería la creación de una Institución Federal Electoral, cuya función era procurar eleciones limpias, legales y justas. Cambiaría también la forma de financiamiento a los partidos. Se les otorgaría recursos de acuerdo con los votos adquiridos en las ultimas elecciones, por actividades generales, y por las dietas percibidas de los legisladores. Además, se conformaría un nuevo tribunal, con atribuciones diferentes a las de su antecesor el (TCE). Este tendría la atribución de poder anular las elecciones si se presentaba alguna irregularidad. El nuevo código, dictaminaba a su vez, que para poder obtener un registro, era necesario obtener al menos el 1.5% de las votaciones. Estas reformas darían paso a un sistemas de partidos, que con el tiempo permitirían la participación de diferentes actores políticos. Ahora hablamos que pasamos de un régimen que tenía un partido imperante, a un sistema de partidos, en el cuál tal vez aún predominaba un partido con más fuerza, pero que había perdido su hegemonía en el sistema. Prueba de ello, sería que en las elecciones federales de 1991, lograrían acceder al registro 10 partidos políticos, cifra superior a la alcanzada en las eleciones del 79, cuando en la reforma electoral, la LOPPE dictaminaba condiciones no tan complicada para adquirir un registro. Estas reformas, establecerían las bases para llegar a un juego político limpio y dentro del marco de la legalidad.

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