POLÍTICA CULTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN COLOMBIA

POLÍTICA CULTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN COLOMBIA Andrés Tafur Villarreal1

RESUMO: Esta ponencia presenta los antecedentes de una investigación cuyo objetivo principal es explorar sobre la relación entre políticas culturales y construcción de paz. Se argumenta que esta relación puede indagarse productivamente mediante la exploración de la naturaleza de la politica cultural puesta en marcha por distintos agentes, y por medio del examen del potencial de dicha política cultural para promover la paz. En el caso colombiano, esta relación puede rastrearse a través de la movilización cultural de dos agentes: 1. el Estado, cuya política cultural (cultural policy) estuvo dirigida durante la década de 1990 a la construcción de paz, y 2. las víctimas del conflicto armado, cuya política cultural (cultural politics) ha estado en el centro de su resistencia por la verdad, la memoria y la reparación simbólica. En adelante se desarrollan estos dos ámbitos de relación, para concluir con una reflexión sobre la reparación de la sociedad a través de las políticas culturales. PALAVRAS-CHAVE: construcción de paz, política cultural, víctima, memoria, reparación simbólica.

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Comunicador social periodista y filósofo. Estudiante de maestría en ciencia política, Universidad de los Andes, Colombia. [email protected]

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1. Introducción: aclaraciones conceptuales 1.1 La construcción de paz Se entiende en un sentido amplio como las “acciones dirigidas a identificar y apoyar estructuras tendientes a fortalecer y solidificar la paz para evitar una recaída al conflicto” (Boutros-Ghali, 1992). Esta definición ha sido reelaborada por Rettberg (2012), quien la comprende como “un proceso dinámico, no secuencial, con altibajos y que implica diversos retos y frentes de acción paralelos”, que “ocurre en múltiples ámbitos (internacional, nacional y local) e involucra a actores de diferente naturaleza (domésticos e internacionales, públicos y privados, independientes y colectivos)” (2012, p. 4). En tanto que sobrepasa a los actores armados en contienda y no ampara su actividad a la resolución de los conflictos (por la vía de la negociación o por la vía militar), su dimensión temporal puede ser más amplia que la de una guerra o la de una eventual negociación política. 1.2 Las políticas culturales Se entienden como “la movilización de la cultura llevada a cabo por diferentes tipos de agentes - el Estado, los movimientos sociales, las industrias culturales, las instituciones tales como museos y organizaciones turísticas, asociaciones de artistas y otros - con fines de transformación estética, organizativa, política, económica y/o social” (Ochoa, 2003, p. 20). Por el lado del Estado, el Ministerio de Cultura de Colombia construyó su propia definición, desde la cual ha recopilado, discutido y validado socialmente las políticas culturales nacionales vigentes, cuya primera fase fue publicada en la publicación del Compendio de las políticas culturales nacionales (Ministerio de Cultura, 2010). De acuerdo con esta definición, Las políticas culturales son las grandes nociones que asume el país para orientar los procesos y acciones en el campo cultural, mediante la concertación y la activa participación del Estado, las entidades privadas, las organizaciones de la sociedad civil y los grupos comunitarios, para de esta manera responder con creatividad a los requerimientos culturales de la sociedad. (Rey, 2009, p. 32)

Álvarez, Dagnino y Escobar (1999, 2001) han elaborado una definición de política cultural que se distancia de ésta perspectiva — que “normalmente designa acciones del Estado o de otras instituciones con respecto a la cultura, vista como un terreno autónomo

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separado de la política, y muy frecuentemente reducido a la producción y consumo de bienes culturales” (Álvarez et al, 1999, p.135) — para centrarse en el “proceso que se desata cuando entran en conflicto conjuntos de actores sociales que a la vez que encarnan diferentes significados y prácticas culturales, han sido moldeados por ellos” (Escobar et al, 2001, p.25, 26). Esta definición de política cultural asume que las prácticas y los significados, “especialmente aquellos que, en virtud de la teoría, se han considerado marginales, de oposición, minoritarios, residuales, emergentes, alternativos, disidentes y similares, todos en relación con un orden cultural predominantemente determinado” (2001, p.26), pueden ser la fuente de procesos que deben ser aceptados como políticos. Estas son las coordenadas en las que gravitan las víctimas.

2. La culturización de la violencia Los límites entre diferentes formas de violencia han dejado de ser evidentes. En términos de sus efectos, no se pueden separar tajantemente aquellos producidos por los conflictos político militares de aquellos producidos por prácticas generalizadas de criminalidad. En Colombia esto puede resultar indicativo, si se considera que el 81 por ciento de los muertos de su conflicto interno son civiles (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).2 Lo anterior ha llevado a algunos autores a definir la guerra colombiana como una “guerra contra la sociedad” (Pecaut, 2001), argumentando que la heterogeneidad de los fenómenos violentos, su dispersión y fragmentación, y el emborronamiento de las fronteras entre terror organizado y desorganizado, hace que parezca presuntuoso “trazar líneas claras entre la violencia política y aquella que no lo es”, puesto que “lo seguro es que ya nadie está al abrigo del impacto de los fenómenos de la violencia” (2001, p. 90). Este proceso de “banalización de la violencia”, por una parte, impacta profundamente las estructuras del orden social y cultural, provocando irreparables daños emocionales, morales y políticos (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013); y, por la otra, instaura “ciudadanías del miedo” (Rotker, 2000, p. 5), ciudadanías en las que “uno de los factores determinantes en la mediación de lo social es la angustia cultural” (Martín-Barbero, 2000). 2

Según datos del informe Basta Ya, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), de las 220 mil personas que murieron a causa del conflicto desde 1958 hasta el 2012, 180 mil eran no combatientes. Ver estadísticas: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/estadisticas.html

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Fenómenos como las masacres3, la desaparición forzada4 , el homicidio5, la violencia sexual6, el desplazamiento 7, las ejecuciones extrajudiciales8, la impunidad9 , la corrupción10, o el secuestro11, se superponen unos a otros generando una “ética del desencanto” que atraviesa el sinsentido de lo social y de lo personal.

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Según datos del informe Basta ya, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), entre 1985 y 2012, se presentaron 1982 masacres, dejando como saldo un total de 11751 víctimas. Ver bases de datos: http:// www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/basesDatos.html 4

Las cifras sobre desaparición forzada no están construidas y se encuentran fragmentadas en distintas instituciones, razón por la cual no son confiables. Medicina Legal habla de un histórico de 21 mil casos (1970 2013), la Fiscalía de 26 mil, el CNMH de 25 mil (1985 - 2012), mientras que en la Unidad de Víctimas hay denunciados unos 31 mil. Las organizaciones de víctimas sugieren que los casos pueden sobre pasar los 50 mil en un período de 40 años (1970 - 2010). 5

De acuerdo con datos de la Policía Nacional, procesados por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la tasa de homicidios en Colombia en promedio durante el período 1990 - 2013 fue de 32,33 por cada 100 mil habitantes. En total fueron asesinadas 532.474 personas, de las cuáles, para la Policía, el 80% fueron causados por ‘casos de intolerancia’, los cuales obedecen a riñas, soluciones de conflictos entre vecinos o los llamados líos pasionales. De acuerdo con el portal Verdad Abierta (verdadabierta.com) dentro del conflicto, los homicidios han sido utilizados por los grupos armados ilegales como una forma de sembrar terror en los territorios que controlan, una de las prácticas más usadas fue la de los asesinatos selectivos, con los que se buscaba ocultar la magnitud de otras prácticas (como las masacres) pero causando miedo en las comunidades o el enemigo. Ver cifras en página del Observatorio http:// historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Paginas/Observatorio.aspx 6

En Colombia se presentan, en promedio, 38 casos diarios de violencia sexual contra las mujeres, según la Defensoría del Pueblo. Según los exámenes médicos legales realizados en 2014 por violencias de pareja, de 43.807 mujeres y hombres, 37.881 correspondieron a mujeres, es decir el 86,5 % del total, y 5.926 para varones, es decir el 13,5 %. Tomado de http://www.eltiempo.com/carrusel/violencia-sexual-en-colombia-numero-decasos-diarios/15828716 7

Según el informe de ACNUR de 2014 Tendencias Globales del Desplazamiento Forzado Colombia es, después de Siria, el segundo país del mundo con más desplazados internos, con un total de 6’044.151 personas. Ver. http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2015/10072.pdf?view=1 8

La dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación habla de cinco mil casos de ejecuciones extrajudiciales, o “falsos positivos”, que no son otra cosa que asesinatos a sangre fría por parte de efectivos del ejército nacional, para hacer pasar civiles por guerrilleros muertos en combate. En su informe del año pasado, Human Rights Watch identificó a más de 180 batallones y unidades tácticas que cometieron ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008. Ver. https://www.hrw.org/es/report/2015/06/23/el-rol-de-los-altos-mandos-enfalsos-positivos/evidencias-de-responsabilidad-de 9

En Colombia, nueve de cada diez asesinatos quedan impunes. Estadísticas muestran que sólo es 20 por ciento de los casos llegan a ser judicializados. Tomado de: http://www.eltiempo.com/politica/justicia/impunidad-encolombia/16115768 10

Colombia aparece en el puesto 83 en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional entre 168 países, ver https://www.transparency.org/cpi2015 11

Según datos del CNMH, desde 1970 hasta 2010, fueron secuestradas en Colombia más de 27 mil personas. Ver bases de datos: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/basesDatos.html

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Es en el contexto de estas prácticas de inseguridad, ciudadanías del miedo y “éticas del desencanto” en el que la cultura es invocada y “aparece como el hilo que podría suturar las heridas sociales y restaurar el tejido de la vida común” (Ochoa, 2004, p. 22).

3. La cultura y la paz Durante las últimas décadas en Colombia la idea de “cultura” ha pasado a nombrar un anhelo de resolución no bélica del conflicto armado o del estado exacerbado de violencias, representándosela como el escenario que haría posible generar un nuevo estado de convivencia. Dicha propuesta ha aparecido reiterada, por un lado, desde el ámbito gubernamental y, por otro, en los discursos de grupos de artes populares en diversas ciudades y regiones del país, intelectuales y artistas, y movimientos sociales (indígenas, campesinos, víctimas, etc). Esta interpelación a la cultura como “campo crucial de intervención social y político” en los discursos del Estado y de la sociedad civil, se explica por la transformación de las fronteras entre arte, cultura y política (Ochoa, 2003)12, y las metamorfosis en el sentido de las artes y la cultura a nivel global (Miller & Yúdice, 2004). Pero, en un contexto de guerra y de violencia generalizada, no atribuible exclusivamente al conflicto armado, ¿Qué implica pedirle a “la cultura” que restaure ámbitos de convivencia? ¿Qué entendemos por “políticas culturales” en estos contextos? Según Ochoa (2004), la idea de cultura como un ámbito desde el cual es posible construir la paz se traduce de distintos modos: La cultura sería aquello que permitiría “reconstruir la convivencia” o “el tejido social”; crear una “zona de distensión” en medio de la violencia; darle una ruta diferente a los históricos hábitos de la venganza que llevan a la persistencia infinita de la guerra; permitir la presencia del duelo o transformar el sentido mismo de la política; deconstruir la historia de exclusiones para transformarla en procesos de inclusión (Ochoa, 2004, pp. 18,19)

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Con “transformación de las fronteras”, se quieren significar dos cosas: 1. La pluralización de lo que se considera válido como texto cultural (desde las telenovelas, pasando por el rock, las sinfonías clásicas y el folclor), lo cual tiene que ver tanto con las transformaciones en el campo de las comunicaciones (segunda mitad del siglo XX) como con el surgimiento de la diversidad como paradigma social. Y 2. La manera en que tanto diferentes grupos (de la sociedad civil) como instituciones (del Estado) “reclaman la cultura como un campo crucial de intervención en el orden social y político”. A este propósito, todo el campo cultural, no sólo las artes, se constituye en pre-texto para la búsqueda de alternativas. “Así, todo el campo de lo simbólico se consolida hoy como objeto de la política cultural.” (Ochoa, 2003, p.17).

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Pero una cosa es proponer que “la cultura” permite un proceso de reconstrucción social hacia “la paz”, y otra, sin embargo, es traducir ese ideal en prácticas concretas. Transitar de las definiciones ideales al ámbito de la transformación real implica, por una parte, comprender la manera como las diversas formas de la violencia han afectado el ámbito de lo que nombramos como cultura y, por otra, caracterizar en rigor la idea de paz que se invoca a través de la cultura y el campo de acción de las políticas culturales. Según De Zubiría (2015), uno de los peligros que subyace a esta relación es identificar la cultura y el Ministerio de Cultura con la paz, emulando el discurso institucional. Este “artificio”, parte de las premisas falsas de que: (…) cultura es paz, violencia es no-cultura; todo conflicto es violencia, hay que abolir el conflicto para ser culturales; hay que silenciar la violencia y el conflicto en nombre de la tolerancia. Pretendiendo ocultar y olvidar la persistente relación entre cultura y violencia en la historia de nuestro país y a nivel de la cultura occidental. (De Zubiría, 2015, p. 94).

El punto central a este respecto radica no tanto en equiparar la “cultura” con la “convivencia pacífica” sino en dar espacio a las manifestaciones culturales como campos en los que sea posible escuchar las contradicciones, las dificultades y los duelos, asumiendo la contradicción y el conflicto no violento como lugar fundamental desde el cual pensarse, en el entendido de que “la paz no es la resolución de un conflicto armado, sino la construcción de un nuevo contrato social y la institucionalización de un orden democrático no excluyente en lo político, lo económico, lo social y lo cultural” (Salazar, 2000, p. 178).

4. La paz en el panorama de las políticas culturales Las políticas culturales están lejos de ser cuestiones puramente estatales. Los discursos y la movilización de la sociedad civil en torno a la cultura, constituyen otras maneras de concebir y hacer política (s) en el sector cultural. Esto tiene que ver con la progresiva centralidad que ocupa la exigencia que tanto el Estado como la sociedad civil hacen de la cultura, al postularla como sustituto de la política (politics). La paz ha estado en el prisma tanto de las políticas culturales formuladas desde la institucionalidad del Estado (Colcultura, Ministerio de Cultura) como desde el seno de las comunidades organizadas, ya sea de artistas, intelectuales, jóvenes y mujeres, o de base social, como los movimientos étnicos y los sectores campesinos y más recientemente, las víctimas. Para el caso colombiano,

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se puede afirmar que durante la década de 1990 e inicio de la del 2000, existió una tradición oficial que nombró la cultura como eje de la política nacional de paz, a través de diversos documentos tales como planes institucionales, discursos y cartas presidenciales, manifiestos, ponencias de foros nacionales y regionales, artículos de prensa, editoriales, entrevistas, declaraciones públicas, entre otros materiales recogidos y publicados por la Presidencia de la República, que hicieron parte del debate nacional en torno a la Ley General de Cultura (397/1997) y la creación del Ministerio, denominado (no gratuitamente) para la época, “el Ministerio de la Paz” (Presidencia de la República, 1997).13 Por otra parte, las manifestaciones culturales también han constituido una herramienta muy útil para las organizaciones de víctimas del conflicto armado. En la brega por denunciar las violaciones a sus derechos civiles, económicos, sociales y culturales las víctimas han hecho uso de diversas técnicas y narrativas propias de las artes, que les han dado visibilidad en la esfera pública. Se puede decir que los más importantes esfuerzos en Colombia por “hacer memoria” y “contar la verdad” de las atrocidades de la guerra, han sido fundamentalmente una iniciativa de las víctimas, muchas veces re-victimizadas por los actores implicados en la confrontación incluyendo los actores estatales -, más que del mismo Estado. Es desde estas dos perspectivas - la del Estado y la de las víctimas - que podemos hablar de relaciones entre políticas culturales y construcción de paz. 4.1 La cultura en la política nacional de paz Hasta la década de 1990, Colombia no había contado con una Política Nacional de Cultura, sino con un conjunto de planes atomizados que, como señalan Herrera y Mena (1994), representan a lo sumo un conjunto de propuestas viables, que no alcanzaron su implementación completa ni la debida sanción presidencial (1994, p. 141)14 . Desde 1930, la cultura había sido vista como un subsector de la educación, desarrollada por una oficina de extensión del Ministerio del ramo, hecho que no varió con la creación del Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, en 1968: “(…) como bien ha sido afirmado por Juan Luis Mejía Arango, era para el Ministro de Educación de turno un instituto descentralizado más al 13

Sobre la “política nacional de paz” a través de la cultura, puede verse (Colcultura, 1992, 1997), (Presidencia de la República, 1994, 1995a, 1995b, 1996, 1997), (Ministerio de Cultura, 1998, 2001a., 2001b, 2001c). 14

Los planes de cultura anteriores a la transición de 1991 fueron los de1972-76, 1974, 1976, 1983-85 y 1990.

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que no podía dedicarle, si acaso, más del 3% de su tiempo al año, especialmente debido a la creciente y compleja problemática del sector educativo” (Morales, 2001, pp. 22,23). Esta situación cambió, por lo menos formalmente, tras la reforma institucional de 1991, con la entrada en vigencia de un nuevo pacto constitucional. La transición produjo cambios sustanciales tanto en el diseño y materialización de las políticas como en la institucionalidad cultural, lo cual llevó a la progresiva “autonomización” del sector que desembocaría finalmente en la aprobación de la Ley General de Cultura y en la creación del Ministerio. El optimismo que vivía el país de la mano del desarme y la desmovilización de distintas organizaciones guerrilleras, pronto colocó la cultura en las coordenadas de la gestión pública y a la paz como uno de sus objetivos centrales. El Departamento Nacional de Planeación (1991) trazó tres desafíos para la “nueva concepción de la actividad cultural” en los “tiempos de transición”: el primero era la consolidación de la democracia, de acuerdo con el régimen participativo señalado por la nueva Carta: “Para lograrlo, se propiciarán nuevos espacios para la participación ciudadana, procurando que ella sea cada vez mas [sic] amplia y mejor. El campo de la cultura favorece ese proceso participativo de los ciudadanos que está en el centro del protagonismo de la sociedad civil.”(1991, p. 1). El segundo era la apertura, que sería asumida como el “desafío” de entrar en interrelación con otras sociedades, economías y culturas. El reto a esta parte, según el criterio de los planificadores, era doble: “de un lado, afirmar y preservar la identidad cultural, múltiple y diversa, y de otro, asimilar y aprovechar la riqueza de otras expresiones culturales.” (1991, p. 1). El tercer “desafío” en ciernes era la descentralización políticoadministrativa de su gestión, una tarea inconclusa desde 1974. Las recomendaciones del DNP fueron consignadas en el Plan Nacional de Cultura 1992 - 1994, “Colombia: El camino de la paz, el desarrollo y la cultura hacia el siglo XXI”, que orientó sus políticas, estrategias y programas sobre la base de un planteamiento rector: el rol de la cultura en la formación para la paz. El plan reconoce que en el momento que atraviesa Colombia, se precisa del “robustecemiento de los valores democráticos y la recuperación del sentido de la convivencia pacífica y tolerante” (Colcultura, 1992, p. 1), para lo cual el papel de la cultura “cobra una importancia sin precedentes.” Aquello comprometía

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definir los criterios globales acerca de la cultura y su papel en la vida nacional, los objetivos del Estado y de la sociedad civil en el sector, en el marco de las “trascendentales innovaciones de la Constitución de 1991”, esto es: una política cultural centrada menos en los productos culturales que en el reconocimiento de las tradiciones y las prácticas significativas de las comunidades que habitan el territorio. El programa “CREA: Una expedición por la cultura colombiana” (1992 - 1998)15, nació con el doble propósito subyacente a los planes: “rescatar, valorar, promover y difundir nuestras manifestaciones culturales a lo largo y ancho de todo el territorio nacional” (Colcultura, 1997, p. 1), y, paralelamente, “reafirmar la cultura como una estrategia valiosa en la búsqueda de la paz, la reconciliación nacional, la convivencia, el respeto por la diferencia, el diálogo y la libre expresión de ideas” (1997, p. 2). La creación del Ministerio de Cultura fue motivada por la presidencia de Ernesto Samper por la supuesta capacidad intrínseca de la cultura para aportar a la paz. De manera posterior a su creación, en el gobierno de Andrés Pastrana, el ministerio fue defendido ante sus potenciales detractores como un ministerio necesario para la superación de la violencia. En una misiva a los alcaldes y gobernadores del país, la entonces ministra Aracely Morales, suscribía que su Ministerio compartía con los colombianos, “la confianza en el poder de la cultura para construir la paz” (2002, p.25). En 2001, el gobierno nacional citó a intelectuales, artistas, y gestores culturales de todo el país a suscribir el Manifiesto por la Paz desde la creatividad y la diversidad (2001a.), que pretendió sentar “líneas de acción en diversos planos para hacer efectivo el compromiso de los promotores de la cultura con los imperativos de la paz” (VV.AA, 2001d., p.8). Ochoa al igual que Araújo (2003) polemizaron con la retórica de la paz que se gestó en las políticas culturales a partir de la década de 1990, sobre la base de dos planteamientos que se suscriben en esta ponencia: 1. imaginar la paz como ausencia de conflicto, esto es, la

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Consistió principalmente en una serie de ‘encuentros culturales’ con muestras de cultura local y regional que tenían lugar a nivel municipal, departamental, regional y, finalmente, nacional, de manera consecutiva. Se llevó a cabo entre 1992 y 1998. Su desarrollo concretó del grandes procesos. “El primero culmina con un Encuentro Nacional en Bogotá en 1995, con la presencia de 1.687 artistas de las regiones en la capital; el segundo, en agosto de 1998, justo antes del cambio de gobierno, con una muestra de 2.235 artistas. Previo a cada Encuentro Nacional se habían realizado, en el primer caso, 102 encuentros intermunicipales, 29 departamentales, 6 regionales; y en el segundo, 15 encuentros intermunicipales, 26 departamentales, 4 regionales. (Ochoa, 2003, p. 31)

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dificultad de asumir los dilemas y conflictos de la diversidad, lo que se traduce en un “lenguaje que niega lo conflictivo en la movilización de lo cultural desde el estado” (Ochoa, 2003, p. 126), y 2. en esa misma dirección, “la supuesta capacidad intrínseca de la cultura para aportar a la paz” (Araújo, p. 28). A este respecto, se pueden señalar otras tres situaciones igualmente críticas en el propósito institucional de lograr la paz a través de la política cultural, que fueron saldadas parcialmente en la formulación del Plan Nacional de Cultura 2001 2010, “Hacia una ciudadanía democrática cultural.”16 Estas son: (3) la dinámica intervencionista que impedía consolidar procesos de largo plazo, (4) la ausencia de participación ciudadana en la construcción de los planes y programas, y (5), finalmente, el logro relativo en la tarea de la descentralización. 4.2 La política cultural de las víctimas: un repertorio de memorias17 La política cultural de las víctimas no es tanto una policy como una dimensión de político (politics). Lo correspondiente a las prácticas políticas concretas de diseño e implementación de programas y proyectos específicamente relacionados con la movilización de lo simbólico pensado como expresiones artísticas (sea éste desde la “alta cultura”, desde “la cultura popular” o desde “las industrias culturales”), patrimoniales, de difusión cultural, etc., sería algo parecido a lo que en inglés se llama cultural policy. Con Álvarez, Dagnino y Escobar, utilizamos el concepto de cultural politics para llamar la atención sobre el vínculo constitutivo entre cultura y política y sobre la redefinición de la política que esta visión implica. Este lazo constitutivo significa que la cultura, entendida como concepción del mundo y conjunto de significados que integran prácticas sociales, no puede ser comprendida adecuadamente sin la consideración de las relaciones de poder imbricadas con dichas prácticas. Por otro lado, la comprensión de la configuración de esas relaciones de poder no es posible sin el reconocimiento de su carácter “cultural” activo, en la medida que expresan, producen y comunican significados. Con la expresión política cultural nos referimos, entonces, al proceso por el cual lo cultural deviene en hechos políticos (Álvarez et al, 1999, p. 135).

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Este plan se construyó colectivamente a través de consultas, foros regionales y encuentros nacionales, al tanto que se presentó no como un plan de Estado sino de la sociedad. Su duración lo vinculó más a una política de Estado que a un plan de gobierno, lo cual pretendió consolidar las políticas culturales como políticas públicas, (estas dos características no estaban en planes anteriores). Por último, instaló lo cultural en el espacio de lo político, en un diálogo entre política cultural y cultura política. 17

Se anexa consolidado

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Ochoa prefiere hablar de “lo político de lo cultural”, para comprender la perspectiva de estos autores, dado que se construye sobre todo desde “prácticas teorizadas como marginales”, tanto por los estudios culturales, preocupados por el textualismo, como por la ciencia política y la sociología política, preocupadas por la política formal, institucional. Esto es “prácticas culturales históricamente pensadas como marginales, ahora analizadas como prácticas de poder” (2003, p. 74), por oposición también a la noción iberoamericana (que ellos consideran una noción dominante) de políticas culturales como un campo de mediación entre obra artística y producción18. La noción de repertorio refiere fundamentalmente a una práctica cultural. Taylor la define, en oposición a la noción de archivo, como los gestos, la performatividad, la oralidad, el movimiento, la danza y el canto, entre otras manifestaciones de las comunidades, y dice que son un tesoro de inventiva que les permite participar en la producción y reproducción de conocimiento por el solo hecho de hacer parte de su transmisión. Respecto del caso colombiano, citando a Taylor, el Grupo de Memoria Histórica (GMH) afirma que el “repertorio” da cuenta de “los relatos de los sobrevivientes, de la observación de sus prácticas y gestos, del reconocimiento de los traumas, de las reiteraciones y de los silencios, formas efímeras de conocimiento y de evidencia” (Grupo de Memoria Histórica, 2009, p.23). El archivo, por el contrario, sería aquello referido a la política oficial del recuerdo, aquello que se encuentra al servicio del poder, materializado en sofisticados soportes textuales. La unidad de análisis de las iniciativas de memoria de las víctimas en el trabajo del GMH son los discursos, representaciones, prácticas y significados que construyen las comunidades y organizaciones afectadas por la violencia con el fin de hacer público su dolor y denunciar las injusticias de las que han sido objeto. Citando a Veena Das, estos discursos, representaciones, prácticas y significados, son asumidos como “juegos de lenguaje” que

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Siguiendo con Ochoa, esta expansión de la noción de políticas culturales, para incluir todas las dimensiones simbólicas de la cultura, “es precisamente uno de los procesos a través de los cuales están cambiando las fronteras entre arte y cultura y es una de las dinámicas desde las cuales la noción estética de lo cultural está siendo absorbida por el sentido social de la simbolización de lo cultural a través de las políticas culturales. No sólo se pluralizan los textos de la cultura reconocidos como objeto de política cultural; se transforma la relación de valor entre el sentido de lo cultural como dimensión estética o como dimensión social. Esta polémica sobre cómo definir el valor de las políticas culturales se hace especialmente visible en el frágil juego de las traducciones no sólo de las palabras sino entre campos de pensamiento sobre cultura”, (2003, p. 75).

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constituyen formas de vida, “donde se definen los repertorios de posibles enunciados y acciones, mediante los cuales las personas enfrentan la diversidad” (2009, p.19). Esto supone, como se sabe, una comunidad de lenguaje y significación, una cultura compartida. Los medios de expresión equivalen a lo que Elizabeth Jelin llama “vehículos de la memoria”: “memoria que se produce en tanto haya sujetos que comparten una cultura” (p.19). Los “vehículos de la memoria” pueden ser tanto libros como archivos u objetos conmemorativos, pero también expresiones y actuaciones “que antes que re-presentar el pasado, lo incorporan performativamente” (p.19). Esto nos saca de la esfera exclusiva de los textos culturales, y nos instala en las coordenadas de las prácticas de los sujetos y de los movimientos sociales, lo que de paso amplía el concepto de política cultural. Como señalan Escobar y compañía, la política cultural que ponen en marcha los movimientos, y léase dentro de ese espectro a las organizaciones de víctimas, no es prerrogativa de aquellos que plantean exigencias basadas en la cultura, sino que compromete a todos “cuando intentan otorgar nuevos significado a las interpretaciones culturales dominantes de la política, o cuando desafían prácticas políticas predominantes” (2001, p.25). La política cultural de los movimientos de derechos humanos, por ejemplo, “debe trabajar para otorgar nuevos significados (y transformar) conceptos culturales dominantes sobre los derechos y el cuerpo” (p. 34). La oposición entre repertorios y archivos da cuenta de esta disputa por los significados y las representaciones en el terreno de la memoria. El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), habla de “iniciativas no oficiales de memoria” para referirse a los repertorios a través de los cuales se “visibilizan otras formas de hacer justicia y reparación, y además de construir verdad y memoria: una fórmula “desde abajo” que permite que las víctimas interpelen al Estado y exijan el cumplimiento de estos derechos, partiendo de las particularidades regionales” (Briceño-Donn et al, 2009, p. 6). Esto supone de entrada que la Ley de Justicia y Paz (975/2005) - y podríamos decir hoy que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448/2011) - “no es el único y tampoco el más importante escenario de justicia transicional en Colombia.” Por el contrario, algunas de estas memorias funcionan como “prácticas de reparación” que inciden en la recuperación de la autoestima, la confianza y los lazos sociales; y como “prácticas de resistencia” que denuncian las injusticias a la vez que sirven como antídoto contra la impunidad y el olvido. Se trata, en todo caso, de “prácticas

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materiales mediadas por la cultura”, en tanto son memorias que han quedado “ancladas en cuerpos y en los sentidos”, que

“no se pueden confinar a esferas mentales o subjetivas

únicamente” (GMH, 2009, p.24).

5. Conclusión: ¿Sirven las políticas culturales para reparar la sociedad? Posterior a la aprobación de la Ley de Víctimas, el Ministerio de Cultura produjo un documento que pretendió (o pretende) sentar las bases de lo que sería una política pública desde la cultura y el arte en el marco de las víctimas del conflicto armado colombiano (Ministerio de Cultura, 2011). El objetivo es buscar que la institucionalidad cultural opere sobre la base de la normatividad transicional, ligada a una comprensión profunda de los derechos de las víctimas. Se suscribe que la política pública quiere llegar a posibilitar escenarios tendientes a formas simbólicas de reparación, o por lo menos, a convertirse en posibilidad de construcción de memoria y puesta en público de sentidos, ligados a la violencia y a las condiciones de actualización del pasado marcado por el conflicto. Es decir: inscribir de lleno el arte y la cultura en la construcción de memoria sobre la violencia y el conflicto armado. Esta iniciativa empieza a tender puentes entre las dos nociones de política cultural descritas hasta acá en dirección de la construcción de paz en Colombia, no obstante que su centro son las víctimas del conflicto armado definidas por la Ley 1448 de 201119, lo cual ‑

excluiría tanto a las personas victimizadas con ocasión del conflicto antes de 1985, como a la población no víctima (por lo menos directamente). Si bien se propone la reconstrucción de la memoria, “desde abajo”, a través de expresiones culturales y artísticas como un cohesionante de los tejidos sociales fragmentados, tanto a nivel local como regional y nacional, y como garante de no repetición; los sujetos de derechos en la construcción de memoria, en el marco del conflicto armado y, desde la cultura para este proyecto, son afro-palenqueros y raizales, indígenas, jóvenes, niñas y niños, victimizados; LGTBI, desplazados, población urbana

!19 Artículo 3. Víctimas. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

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marginalizada y campesina, mujeres, opositores políticos y defensores de derechos humanos, es decir, aquellos que caben dentro de la categoría de víctima, definida por la ley, y que gozan del “enfoque diferencial” de derechos. La iniciativa, siendo loable dado que se propone incluir a población tradicionalmente excluida, concentra la política en un sector de la población, perdiendo de vista el imperativo de la reconciliación nacional, máxime cuando nos encontramos ad portas de cerrar el capítulo de la guerra interna por la vía de la negociación política. Por otro lado, tampoco considera las distintas tipologías de daño con ocasión del conflicto, ni sus impactos diferenciados sobre los cuerpos, las relaciones y los imaginarios de la sociedad colombiana. Caracterizar los daños individuales y colectivos, los materiales e inmateriales, podrían facilitar el campo de acción de una política que se proponga reparar, ya no las víctimas del conflicto armado, sino la sociedad colombiana, herida de muerte por todo tipo de violencias. Derechos como la verdad y la memoria, objeto de la reparación simbólica, deben ser asumidos en su doble titularidad: como derechos de los afectados pero también como derechos de la sociedad en general. REFERÊNCIAS ÁLVAREZ, Sonia, DAGNINO, Evelina, ESCOBAR, Arturo. (1999). Lo cultural y lo político en los movimientos sociales latinoamericanos, en Escobar, Arturo (Ed). El final del salvaje. Naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea. Bogotá: CEREC - ICAN. pp. 133-168 BOUTROS-GALI, Boutros-Gali. (1992). Una agenda para la paz. Tomado de http://www.undocuments.net/a47-277.htm CENTRO INTERNACIONAL PARA LA JUSTICIA TRANSICIONAL. (2009). Recordar en conflicto: iniciativas no oficiales de memoria en Colombia. Bogotá: ICTJ, Unión Europea CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. (2013). ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional. CENTRO NACIONAL DE REPARACIÓN Y REINTEGRACIÓN, GRUPO DE MEMORIA HISTÓRICA (2009). Memorias en tiempos de guerra. Repertorio de iniciativas. Bogotá: Punto aparte editores COLCULTURA. (1992). Plan Nacional de Cultura 1992 - 1994: Colombia, el camino de la paz, el desarrollo y la cultura hacia el siglo XXI. Bogotá: Colcultura COLCULTURA. (1997). Crea: una expedición por la cultura colombiana. Bogotá: Consejería presidencial para la política social. Ley General de Cultura, 397 C.F.R. (1997).

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Anexo 1 Documento

Entidad

La cultura en los tiempos en transición 1991 - 1994

Departamento Nacional de Planeación

Plan Nacional de Cultura 1992 - 1994 Colombia: el camino de la paz, el desarrollo y la cultura hacia el siglo XXI

Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura

CREA: una expedición por la cultura colombiana 1992 - 1998

Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura

Crear es vivir (1994)

Presidencia de la República, Colcultura

Debate cultural (1995a)

Presidencia de la República, Colcultura

Materiales para una cultura (1995b)

Presidencia de la República, Colcultura

El trabajo cultural en Colombia

Presidencia de la República, Colcultura

Ministerio de Cultura, ministerio de la paz (1997)

Presidencia de la República, Colcultura

Plan Nacional de Cultura 1998 - 2000 Construir el país que queremos

Ministerio de Cultura

Manifiesto por la paz desde la creatividad y la diversidad. La cultura le declara la paz a Colombia (2001)

Presidencia de la República

Cultura para construir la paz. El Ministerio de Cultura a los Alcaldes y Gobernadores de Colombia (2001)

Ministerio de Cultura

Cátedra para la cultura de paz desde la diversidad y la creatividad

Presidencia de la República, Ministerio de Cultura, Departamento Nacional de Planeación

Plan Nacional de Cultura 2001 - 2010 Hacia una ciudadanía democrática cultural

Ministerio de Cultura

Hacia una política pública desde la cultura y el arte en el marco de las víctimas del conflicto armado colombiano (2011)

Ministerio de Cultura

Recomendaciones desde la cultura para el postconflicto en Colombia (2014). Borrador

Consejo Nacional de Cultura

Fuente: elaboración propia

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