Píldoras para una Memoria Transicional

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PÍLDORAS PARA LA MEMORIA TRANSICIONAL. Nelson Molina Valencia. Universidad del Valle, Instituto de Psicología. 24 de septiembre de 2015.

En estos momentos que apelamos a la memoria de los hechos atroces del conflicto para promover la no repetición, también es necesario promover la no repetición de hechos políticos de los que el país ha tenido aprendizajes. Ayer en medio de la expectativa por conocer los comunicados que se producirían en La Habana luego de las 17 hs. estuve atento de los avances de noticias en la radio. En ese tránsito, escuché la entrevista que Julio Sánchez le hizo a José Obdulio Gaviria, leal militante del Centro Democrático y amigo incondicional del expresidente Álvaro Uribe Vélez, antes de las cinco de la tarde. No podría reproducir las palabras exactas con las que el periodista preguntó a Gaviria, pero el final el interrogante se formuló en considerar si este no era acaso un momento para el optimismo y el final del conflicto. La respuesta no pudo ser más escatológica por su tono mordaz: ¿Por qué?; estas fueron las palabras de Gaviria, ante lo cual Sánchez Cristo respondió con una lista de por lo menos diez ventajas de la noticia que estaría por producirse minutos después. Luego, y ante mi total asombro, vi en televisión la entrevista que le hicieron a Martha Lucía Ramírez, excandidata presidencial y exministra de defensa del gobierno de Uribe, y a Juan Lozano también exministro de Uribe, pero también compañero de mesa de Juan Manuel Santos en el periódico El Tiempo cuando éste era jefe de redacción del diario. Mi sorpresa y asombro vinieron con el contenido de las respuestas que dieron a los entrevistadores en un medio televisivo claramente sesgado a remarcar los hechos de guerra en las últimas décadas. Fue sorprendente la incapacidad de escucha y el atrincheramiento en argumentos que acaban de ser derribados o al menos respondidos en el contenido del comunicado leído en La Habana. Todo el tiempo la oposición política en Colombia, desde que inició el proceso de paz, insistió con total vehemencia en la necesidad de mecanismos de justicia que no permitieran la impunidad, que el

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proceso de diálogo no fuera indefinido y que las reglas fueran claras; todo eso fue respondido en el comunicado y posterior alocución presidencial. Sí, es posible que no todo se haya respondido, pero de lo que también estoy seguro es que el acontecimiento político trascendió en contenido y forma las propuestas, medidas y decisiones de justicia transicional del gobierno de Álvaro Uribe Vélez fijadas en la ley 975 de 2005; medidas legales que fueron el primer eslabón para la propuesta de justicia transicional presentada ayer por los acompañantes de Cuba y Noruega. Quiero decir, que desde 2005 he trabajado a favor de los procesos de reintegración de la ley 975 y que he reconocido sus méritos en medio de las imperfecciones del proceso, de su aplicación y de los contradictores del mismo. A partir de entonces, a través del contacto con ofensores desmovilizados, ofensores desvinculados, con afectados y demás actores relacionados con el conflicto, he defendido la importancia de los mecanismos transicionales porque son menos armas en las calles, porque hay menos personas afectadas, porque hay familias que se construyen con otras bases o recuperan a sus miembros, porque nos han enseñado lo que funciona y lo que no del mecanismo, y, porque al final de cuentas, nos han mostrado que luego de los crímenes de los paramilitares es posible pensar un país sin violencia como estrategia para gestionar sus diferencias. Por este conjunto de motivos me resulta incomprensible la posición de la oposición política en Colombia frente a los anuncios producidos ayer como consecuencia de tres años de negociación en Cuba. En medio de este conjunto de sentimientos y asombros, es que evoco la memoria para la no repetición, que con el paso de los años han perdido los actuales miembros del Centro Democrático cuando fueron ellos, bajo el amparo de otros partidos políticos, quienes propusieron las bases para la ley 975 a partir de un debate que inició bajo la sombra de la Alternatividad Penal, que devino en la conocida Ley de Justicia y Paz. Los asuntos de la memoria que prevendrían la no repetición a los que me quiero referir, los describo a continuación. Entre los meses de enero y marzo de 2004, no logro recordar la fecha exacta, asistí como oyente a un foro de promoción y divulgación de las ideas marco de la alternatividad penal. Este 2

foro se llevó a cabo en un recinto del Parlament de Catalunya en Barcelona. La discusión fue muy interesante y estuvo centrada en los mismos argumentos que hoy se esgrimen en relación con justicia transicional y su importancia para superar condiciones del conflicto político armado en y de Colombia. Allí estuvo presente José Manuel Vivanco de Human Right Watch con una posición que al día de hoy no se actualiza en su radicalidad, y otros nombres que poco vale la pena evidenciar para el argumento que expongo. La amenaza de la impunidad, del no castigo, del olvido de las víctimas, los riesgos de la repetición o los verdaderos desarmes, estaban en el centro del debate. Si se tratara de un audio en el que no reconocemos las voces o de una transcripción sin fuentes, sería difícil precisar que se trata de un debate de hace más de 10 años y cabría suponer que sucedió anoche luego de los anuncios de La Habana. Me sorprende la falta de memoria de aquellos que hoy enarbolan los mismos argumentos, pero me indigna su suposición que todos los ciudadanos de un país somos amnésicos. Luego de un amplio debate, a lo largo y ancho del planeta, porque no se dio sólo en Colombia por el deseo de conseguir apoyo internacional, la ley 975 fue promulgada con la incorporación de buena cantidad de los señalamientos que se dieron en ese debate, además de aquellos que no se incluyeron. Más que señalar la amnesia que nos quieren endosar, quiero reconocer los aprendizajes de ese proceso. Sólo así es posible presentar una propuesta más integral en contenidos, procedimientos, formas y estrategias de acuerdo, que lo resultante en la ley 975 de 2005. Las ventajas de esta ley en materia de reintegración son evidentes e innegables y por ello es que los acuerdos en materia transicional de La Habana no son improvisados sino también el resultado de un largo, duro y esperanzador proceso de aprendizaje a través de los más de 30000 desmovilizados y las centenas de audiencias de justicia y paz. Audiencias, en donde paramilitares ofensores y población afectada se han encontrado cara a cara, redefiniendo la comprensión de la reconciliación a la cual debemos apelar en la actualidad. En pocas palabras, de la historia se aprende, pero es inmoral olvidar que hace apenas una década era el grupo de la actual oposición

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quien hacía lobby nacional e internacional para aprobar medidas transicionales antes de la entrada en vigor y totalidad del Tratado de Roma que creó la Corte Penal Internacional. Una segunda píldora de memoria, la quiero tomar de las innumerables y repetidas escenas de sufrimiento luego de cualquier acto violento en el país. Me refiero a tomas de municipios, desplazamientos forzados, desapariciones, secuestros, bombas urbanas entre otros hechos. El amarillismo de los medios de comunicación en contravía de algunos de sus códigos éticos, en aquellas situaciones, entrevistaron a las personas afectadas. No recuerdo alguna escena en la que se dijera que el gobierno debería seguir la guerra. Por el contrario; cada persona afectada inmediatamente después del acto de violencia padecido, pidió de diversos modos y tonos detener la atrocidad de la guerra, que no hubiera más daño a personas que aún no lo han sufrido, que ya son muchos los colombianos afectados. Con esto en el recuerdo constante, no entiendo cómo puede sostenerse que la estrategia militar debe continuar, o que se apele a la voz de las personas afectadas, para sostener que es por ellas que no es admisible el acuerdo. ¡Vaya contradicción y amaño! He tenido ocasión, no alegre por cierto, de conocer a algunas de estas personas que han padecido en primera persona los horrores de la guerra, y no recuerdo que sólo una me haya dicho que la guerra debe continuar, que la reconciliación es imposible, o que la privación de la libertad a los ofensores es la principal medida restaurativa. No obstante, y en beneficio de la duda y de la no generalización de mis argumentos, cabe suponer que hay algún grupo de afectados que por condiciones específicas promuevan otros mecanismos de reparación y castigo, y que de cualquier manera su propósito está en detener la confrontación armada por argumentos políticos. La tercera píldora me lleva al 28 de julio de 2004 y a las primeras penas cumplidas por parte de los beneficiarios de la ley 975 de 2005. En la fecha citada, líderes paramilitares fueron acogidos en una plenaria pocas veces completada, en el Congreso de la República. Lo paradójico de la situación, porque no me referiré a sus componentes morales, es que quienes promovieron esta visita al corazón legislativo de la República, hoy se opongan de manera radical a que los desmovilizados de la guerrilla que hayan cumplido las condiciones de castigo impuestas por el 4

tribunal transicional, puedan acceder a espacios del poder político y público en Colombia. La discusión de este asunto es quizá uno de los más acalorados en aras de defender la institucionalidad, pero tal institucionalidad también es el respeto a las reglas de juego por las que algunos de los líderes paramilitares juzgados en el marco de la ley 975 de 2005 han comenzado a recuperar su libertad y derechos civiles en 2015. Qué más evidencia del respeto a las reglas de juego en un país que construye su democracia aprendizaje tras aprendizaje, de un proceso a otro. Es el momento para que no nos crean amnésicos a todos los colombianos y reconozcamos que los grandes temas del país son de Estado y trascienden los estratégicos intereses partidistas. Por la razón y sensatez debería darse este debate no sin antes recordar las contradicciones que son ignoradas y en contra de las cuales el país ha venido transitando los caminos de la paz hace más de una década. Estas son las píldoras para una memoria transicional.

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