Persiste un modelo de seguridad militarizado y excluyente

El discurso de lucha contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) como excusa para la protección estatal a grupos de poder

Persiste un modelo de seguridad militarizado y excluyente

Tres gobiernos se han sucedido en los últimos cinco años. Todos de distintos signos políticos e ideológicos. Sin embargo, el denominador común ha sido la profundización de una práctica de seguridad militarizada y excluyente, que reprime y criminaliza la pobreza y a las organizaciones sociales favoreciendo un modelo de producción extractivista y de monocultivos, bajo el discurso de lucha contra el EPP. Éste se ha constituido de esta forma en la principal excusa para proteger desde el gobierno y con las fuerzas públicas los intereses de los sectores más conservadores de la sociedad paraguaya.

Juan A. Martens Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales del Paraguay (Inecip Paraguay)

2

DERECHO a la libertad

ddhh Py 2013

INTRODUCCIÓN1 En los últimos cinco años, se ha ido profundizando de manera sostenida un modelo de seguridad militarizado que excluye a la mayoría de la población y protege a través de las fuerzas públicas, es decir, policiales y militares, los intereses políticos y económicos, principalmente, de un pequeño grupo: empresas sojeras, ganaderas, terratenientes, capital trasnacional y empresas agrícolas brasileñas. Si bien el método, y en cierta manera, el discurso legitimante ha ido variando, se pueden distinguir algunas características comunes que nos indican que más allá del partido gobernante, el modelo de seguridad impuesto obedece también a una estrategia de dominación global. En general, los discursos sobre seguridad se vienen construyendo básicamente sobre los siguientes ejes: 1) la creciente criminalidad y la necesidad de una lucha frontal en su contra, pero vaciada de contenido, pues no abordan las reformas estructurales necesarias para dotar de eficiencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad; 2) el delito callejero y/o burdo relacionado con la pobreza se presenta como el principal problema, dejando de lado los de “cuello blanco” y los no mediatizados; 3) un concepto reduccionista que implica solamente la protección de la propiedad (de quienes tienen); y 4) la existencia de un enemigo interno, difuso, pero cada vez más relacionado con los movimientos campesinos. La corrupción e ineficiencia policial es identificada como problema para la seguridad, presentándola como incapaz para la lucha contra el crimen organizado, principalmente. Sin embargo, no se plantean estrategias para profesionalizarla, ni para garantizarle condiciones dignas de trabajo y remuneración acorde a la responsabilidad. Construida la imagen de ineficiencia e inutilidad policial, se instaló la idea de la necesaria intervención militar. Por eso, uno de los primeros actos de gobierno del presidente Horacio Cartes fue dotarles de competencia para intervenir en seguridad interna, a través de la modificación de algunos artículos de Ley Nº 1337/97 de “Defensa nacional y seguridad interna”2. Sin embargo, a tres meses de vigencia de la medida, las fuerzas militares también son presentadas como incapaces de resolver el problema, por lo que desde distintas esferas del Minis-

1

El concepto de seguridad no es unívoco. En general, su extensión y contenido dependen del marco teórico que se adopte, pero en la República del Paraguay en ningún caso puede apartarse de la Constitución Nacional del año 1992. Sin embargo, existe un claro divorcio entre modelo normativo y práctica institucional. Atendiendo esta complejidad, todos los años en este capítulo se ha ido analizando distintos aspectos de ésta, tales como el legado stronista de la Policía Nacional (2008); la inexistencia de un plan de seguridad y la discordancia entre discurso democrático en el Ministerio del Interior y las continuas prácticas abusivas (2009); la seguridad ciudadana a contra cara de la ciudadanía (2010); la utilización del miedo para la imposición de un modelo de seguridad anticonstitucional (2011); y el miedo de la población a causa de la falta de gestión de la seguridad (2012).

2

Fue complementado por un decreto del Poder Ejecutivo, el Nº 103, del 24 de agosto de 2013 “Por el cual se dispone el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en operaciones de defensa interna, en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay”.

ddhh py 2013

seguridad ciudadana

terio del Interior y de Defensa se viene insinuando la necesidad de una cooperación extranjera en el terreno de Colombia y Estados Unidos. Este sería el principal objetivo: la instalación en Paraguay de bases militares estadounidenses o de algún estado satélite suyo, ya sean de hecho o de derecho, debido a su posición geopolítica estratégica en el cono sur y la existencia de recursos naturales sin explotación comercial.

Aumento de la violencia simbólica Cumpliendo la receta del neoliberalismo más conservador, Horacio Cartes se plantea un gobierno de la población excedente y la domesticación de los resistentes con mano dura: militarización, represión, criminalización, condenas elevadas y la fijación en el imaginario colectivo de la existencia de un grupo terrorista cuya persecución justifica todo. Sus políticas se ubican en lo que se denomina Estado de guarnición, que, de manera gradual pero implacable, cada vez protege más los intereses de las corporaciones transnacionales globales, al tiempo que eleva el nivel de represión y militarización en el frente doméstico (Bauman, 2012). Para ello, no sólo cuenta con un cuerpo institucional (Policía, Poder Judicial, Fiscalía) altamente prebendario y con actuaciones sistemáticamente contrarias a la Constitución Nacional, sino además con una prensa afín a la defensa de los intereses de grupos de poder de facto. En esta línea se inscriben los desalojos a comunidades campesinas en tierras cuya titularidad legal se discute en la justicia, efectuados en sus primeros 100 días de gobierno. La intervención estatal en todos los casos se caracterizó por el uso desproporcional de la fuerza física y simbólica, la destrucción de viviendas, enseres y cultivos de las familias ocupantes, así como de instituciones educativas públicas que funcionaban en esas comunidades. A su vez, los medios de comunicación masivos, ligados a grupos empresariales, presentan estas intervenciones como necesarias y como violentos y/o criminales a quienes integran organizaciones campesinas, que legítimamente expresan su disconformidad ante los abusos cometidos por las fuerzas públicas. En los sucesos de Maracaná, distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú, del 16 de noviembre del año 2013 queda evidenciada la postura sesgada de los medios, que estigmatiza la lucha social, y la campesina en particular. Tanto el diario Abc Color3, vinculado a Aldo Zuccolillo, como el diario Ultima Hora4, del grupo empresarial Vierci, calificaron de enfrentamiento lo que fue un reclamo ciudadano ante una detención arbitraria. Ese día, un grupo de personas que pertenecen a la Federación Nacional Campesina (FNC) intentó acer-

3

Diario Abc Color, 16 de noviembre de 2013. Disponible en: http://www.abc.com.py/nacionales/policiaherido-tras-intervencion-en-con-entre-campesinos-640095.html.

4

Diario Última Hora, 16 de noviembre de 2013. Disponible en: http://www.ultimahora.com/heridosenfrentamiento-campesinos-y-policias-curuguaty-n741261.html.

3

4

DERECHO a la libertad

ddhh Py 2013

carse a una comitiva policial para reclamar por la aprehensión de tres de sus dirigentes5, y éstos respondieron con armas de fuego, dejando dos heridos, uno en el abdomen y otro en el brazo, mientras que un policía fue golpeado con un pedazo de madera lanzado aparentemente desde el grupo campesino. El patrón de violencia en los desalojos y represiones a integrantes de organizaciones campesinas es un práctica sistemática que solo ha variado de decibeles según los tiempos políticos (Martens y Orrego, 2008). Sin embargo, la diferencia quizá sustancial del Ministerio del Interior de Cartes en comparación con sus predecesores es que éste ni siquiera sostiene un discurso políticamente correcto y el grado de violencia simbólica desplegada6, expresada en la aparatosidad de los procedimientos, la cantidad de personas, armas y maquinarias empleadas, es desproporcional con relación a la complejidad y/o peligrosidad de las operaciones. En el caso del desalojo a los miembros de la comisión vecinal Joaju, en el distrito de Ybyra Rovana, departamento de Canindeyú, ocurrido el 31 de octubre del año 2013, se emplearon incluso dos helicópteros. La Organización de Lucha por la Tierra (OLT), que nuclea a los integrantes de esta comisión vecinal, denunció en un comunicado que la policía realizó el desalojo a balazos, reprimiendo además brutalmente, dejando una persona herida de bala, que tuvo que esconderse para salvar su vida. El desalojo de Laterza Kue, ocurrido el 10 de octubre de 2013, se produjo con la participación de unos 300 efectivos policiales y se utilizaron palas topadoras que iban destruyendo viviendas, cultivos y la escuela comunitaria. La profesora Natalia González denunció que varias mujeres, incluidas niñas, fueron detenidas por intentar filmar el procedimiento. Un comunicado de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) con relación al procedimiento informaba: “Las fuerzas represivas empezaron a atacar a los campesinos con gases lacrimógenos y balines de goma, de ese ataque resultaron heridos cinco campesinos, incluyendo niños y adultos, ya que el procedimiento se dio cuando los niños salían de la escuela”. En Tapiracuai Loma, distrito de Capiibary, departamento de San Pedro, y en Saltos del Guairá, departamento de Canindeyú, se produjeron también desalojos el 5 de noviembre y 24 de octubre, respectivamente, del mismo año. En el primero, destruyeron casas, cultivos y la escuela comunitaria. La comunidad se dispersó para no ser detenida7; en tanto que en Saltos del Guairá detuvieron 5

Desde el 15 de noviembre de 2013, varios pobladores y pobladoras del asentamiento Heber Duré realizaban acciones directas para impedir la fumigación de sojales pertenecientes a empresarios brasileños instalados en la comunidad. Ante esta acción ciudadana, los empresarios consiguieron el auxilio de las fuerzas policiales para garantizar la fumigación de sus cultivos, lo que provocó la indignación de los manifestantes, que realizaron acciones directas no violentas como impedir el ingreso de las máquinas. La policía detuvo a tres personas sin sustento en indicios de hechos punibles.

6

Rafael Filizzola, ministro del Interior de Fernando Lugo, mantenía un discurso políticamente correcto, mientras seguían las prácticas abusivas en la Policía Nacional (Martens, 2008).

7

Diario Última hora, 10 de noviembre de 2013. Disponible en: http://www.ultimahora.com/situacioncapiibary-se-torna-critica-desalojo-n739256.html.

ddhh py 2013

seguridad ciudadana

a 94 personas, 85 hombres y 9 mujeres, y se incautaron irregularmente las motocicletas de los y las ocupantes8.

Militarización y más represión La militarización de la política de seguridad viene siendo alertada desde distintos espacios y su profundización, a partir de la asunción de Rafael Filizzola como ministro del Interior, en el gobierno de Fernando Lugo, es vista como un peligro desde un enfoque integral de seguridad (Martens, 2009; Martens y Orrego, 2011). Desde entonces se ha ido fortaleciendo gradualmente, llegando a su culmen con la sanción de las modificaciones de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna y su decreto reglamentario, del 24 de agosto de 2013, nueve días después de la asunción de Horacio Cartes como presidente de la República. Esta modificación legislativa habilitó el empleo de fuerzas e infraestructura militares en operaciones de seguridad interna, básicamente en la búsqueda de integrantes del autodenominado EPP, un grupo criminal que opera en la zona de los departamentos de Concepción y San Pedro, principalmente, realizando asesinatos, secuestros, ataques a comisarías, destrucción de establecimientos ganaderos supuestamente como forma de lucha política. Ciertamente, estos ataques producen indignación ciudadana, más aún cuando en torno a ellos se difunden informaciones distorsionadas o medias verdades, construyendo una realidad casi paralela desde los medios de comunicación masivos de la capital, que invisibilizan otras problemáticas y los abusos de poder que se cometen en la supuesta lucha contra el EPP. De esta manera, se instala el miedo y la existencia de un enemigo interno que justifica la represión, donde las garantías procesales y la denuncia de su incumplimiento se presentan como obstáculos para la seguridad. Desde el inicio de las operaciones conjuntas entre policías y militares, se han denunciado múltiples situaciones de abusos de poder por parte de ambas fuerzas, principalmente en los allanamientos y la detención de personas, que siguen impunes y sin visos de solución9. Los abusos denunciados incluyen torturas físicas y psíquicas, detenciones ilegales, amedrentamientos, despla-

8

Diario Última Hora, 25 de noviembre de 2013. Disponible en: http://www.ultimahora.com/94-personasdetenidas-un-desalojo-canindeyu-n734501.html.

9

Los abusos denunciados por la pobladora IE responden a un patrón de actuación de la fuerza pública. Ella refiere que durante el allanamiento a su domicilio, con presencia de la fiscal Ninfa Aguilar y el comisario Benegas, varios de sus utensilios de cocina fueron destruidos y/o tirados al piso por los intervinientes. Manifestó igualmente que los policías le sustrajeron la suma de 35.000 guaraníes que tenía en el ropero de su casa, dentro de su habitación. Comentó que luego de varias insistencias y reclamos logró que le devolvieran parte del dinero a través de una grieta de la pared de su casa, sin que logre ver a la persona que se lo devolvió. A su vez, LC manifestó que durante el allanamiento en su domicilio el comisario Benegas amenazó a su marido que le llevaría detenido, y que con tal de llevarlo preso plantaría como prueba cocaína en su casa para inculparlo (hechos comunicados por organizaciones de derechos humanos a la Fiscalía General del Estado el 7 de noviembre de 2013).

5

6

DERECHO a la libertad

ddhh Py 2013

zamientos forzosos, en un contexto de absoluto abandono del Estado en las áreas de salud, educación, transporte y asistencia técnica10. Con relación a la excusa del EPP para la persecución social, la misión de observación internacional observó que: [C]on el argumento de la persecución al enemigo interno (EPP), desde el primer estado de excepción decretado en 2010, el Estado paraguayo ha profundizado sus prácticas represivas, a través de la asignación de funciones de seguridad interna a los cuerpos militares; la ampliación territorial de los procedimientos represivos; el creciente uso de la violencia física y simbólica y la aprobación de normas legales que disminuyen las garantías. Observamos que, lejos de llevar la seguridad a los departamentos militarizados, lo que se produce es la desarticulación del tejido social, el debilitamiento de los vínculos comunitarios y de las propias organizaciones sociales, a través del amedrentamiento constante11. Esta militarización y el recrudecimiento de la represión se inscriben en la lógica de la protección del capital. Son distintos mecanismos tendientes a subordinar a los pueblos a las lógicas políticas del gran capital, para asegurar el control de los territorios, de los bienes de la naturaleza, de las poblaciones que los habitan, y para reducir, aislar o domesticar las disidencias (Korol y Longo, 2009).

Necesaria intervención militar extranjera Paraguay sigue sin contar con un plan de seguridad construido en forma democrática y participativa, como ya se ha hecho notar en ediciones anteriores de este informe (Martens, 2009, 2011); su policía, caracterizada por una cultura heredada del stronismo, por su ineficiencia y por el prebendarismo, convertida en Policía Nacional (Martens y Orrego, 2008), carente de una formación y capacitación adecuada, es la encargada de garantizar la seguridad de los paraguayos y paraguayas. La inexistencia de reformas estructurales en las filas policiales, que la convierte en una institución cada vez más incapaz de enfrentar las problemáticas de seguridad, así como la intervención militar en las tareas de seguridad interna, sin resultado alguno, a tres meses de actividad, tendría la intención real de instalar la inevitable intervención de organismos de seguridad extranjeros, ante la imposibilidad de las fuerzas públicas paraguayas de controlar la situación.

10 En varias circunstancias y situaciones, el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) ha constatado y denunciado ante las autoridades nacionales estos abusos. Éstos también fueron constatados por una misión de observación internacional integrada por un grupo de 43 representantes de organizaciones, redes e instituciones de Suecia, EEUU, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, que entre el 11 y 14 de noviembre desarrollaron la misión con el objetivo de relevar la situación de los derechos humanos de los/as campesinos/as e indígenas de los departamentos de Presidente Hayes, Concepción, San Pedro y Canindeyú, en el marco de la implementación de la Ley Nº 1337 de Defensa Nacional y Seguridad Interna. 11

Extracto del informe final.

ddhh py 2013

seguridad ciudadana

La intervención conjunta en la lucha contra el EPP en los departamentos de Concepción y San Pedro supone un gasto enorme a las arcas públicas, cuya falta de resultados empieza a evidenciarse. El 20 de noviembre de este año, el propio ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, admitió que a pesar del gasto que suponen las fuerzas de tareas conjuntas (alrededor de 800 millones de guaraníes al mes), aún no se tienen resultados12. En este contexto, se va instalando en el imaginario colectivo la necesidad de prever una intervención militar extranjera para controlar la situación. En más de una ocasión el ministro del Interior, Francisco José de Vargas, estrechamente vinculado a la embajada estadounidense, insinuó la necesidad de la cooperación de ese país, presentada como ineludible para garantizar la eficiencia de los operativos. Al mismo tiempo, los medios de comunicación ligados a grandes grupos económicos presentan como positivas estas insinuaciones. El 2 de octubre de 2013, el diario Abc Color informó que “El Gobierno confirmó que varios países ofrecen ayuda a Paraguay en la lucha contra el grupo de criminales autodenominado EPP. Se mencionó que entre ellos se encuentra Estados Unidos”13. La noticia incluye las declaraciones del ministro del Interior, quien sostiene que “Tenemos la colaboración de diferentes gobiernos, no quiero entrar en detalles, pero se ha ofrecido colaboración de diferentes países”. Indicó que “eso es absolutamente positivo”. A su vez, el diario La Nación informó que “Estados Unidos y Colombia ofrecen ayuda en lucha contra el EPP”. El medio sostiene que el ministro De Vargas dejó entrever que en breve se estaría concretando dicha cooperación internacional14. Ni siquiera se siguen patrones novedosos para legitimar el ingreso militar extranjero, es decir, se continúa con la misma receta utilizada en otros países: deslegitimización de las fuerzas públicas; aparente descontrol del conflicto; medios de comunicación que aumentan la sensación de inseguridad; y continuos hechos delictivos enormemente mediatizados.

RECOMENDACIONES - Elaborar un plan de seguridad democrático y participativo con un enfoque de derecho y seguridad humana. - Profesionalizar, dotar de recursos y salarios dignos a las fuerzas policiales. - Investigar y sancionar los abusos cometidos por parte de las fuerzas de seguridad. - Derogar la Ley N° 5036/13 de Defensa Nacional y Seguridad Interna.

12

Diario Hoy, 20 de noviembre de 2013. Disponible en: http://www.hoy.com.py/moda/invierten-gs.-800millones-mensuales-en-el-norte.

13

Diario Abc Color, 2 de octubre de 2013. Disponible en: http://www.abc.com.py/nacionales/estudianapoyo-de-eeuu-en-lucha-contra-epp-624128.html.

14 Diario La Nación, 3 de octubre de 2013. Disponible en: http://www.lanacion.com.py/jjoo2012/ articulo/142742-eeuu-y-colombia-ofrecen-ayuda-en-lucha-contra-epp.html.

7

8

DERECHO a la libertad

ddhh Py 2013

BIBLIOGRAFÍA - Bauman, Z. (2012) Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias. 1ª ed. 5ª reimp. Buenos Aires: Paidós. - Shearing, C. y Wood, J. (2007) Pensar la seguridad. Barcelona: Gedisa. - Korol, C. y Longo, R. (2009) Criminalización de la pobreza y de la protesta social. El Colectivo América Latina: Buenos Aires. - Martens, J. y Orrego, R. “Sólo un plan de seguridad democrático garantizará este derecho a todos y todas”, en Codehupy (2011) Derechos humanos en Paraguay 2011. Asunción: Codehupy. - Martens, J. “Discurso democrático en el Ministerio del Interior, continuas prácticas abusivas en la Policía Nacional”, en Codehupy (2009) Derechos humanos en Paraguay 2009. Asunción: Codehupy. - Martens, J. y Orrego, R. “Campesinos y campesinas siguen siendo torturados y muertos”, en Codehupy (2008) Derechos humanos en Paraguay 2008. Asunción: Codehupy.