participacionciudadana.gov: Estudio Comparativo entre Modelos de Participación Ciudadana y el uso de las TIC\'S

Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Escuela Graduada de Administración Pública










ParticipacionCiudadana.gov












Aldo I. Valedón Cirino
Heche de Jesús
Rafael E. Solá Sánchez
Rafael Josué Vega González
Participación Ciudadana: lo que tenemos y lo que necesitamos
En Puerto Rico, el concepto 'democracia' se ha articulado institucionalmente de una manera muy limitada. Democracia o participación ciudadana por lo general se entiende como el consentimiento a ser gobernados por representantes y grupos escogidos mediante el voto popular. Dicha participación tiene su máxima expresión en elecciones celebradas cada cuatro años. Luego del proceso político-electoral, la ciudadanía delega su "poder de decisión" a un grupo o partido que toma las riendas del aparato estatal. El rol participativo de la ciudadanía disminuye, aumentando el control de los políticos y administradores en la gestión pública. Bajo este esquema la intervención del pueblo es intermitente, pasiva y cíclica. De esta manera se crea un sistema asimétrico que permite a los representantes públicos controlar la agenda pública con pocos grados de fiscalización, transparencia y adjudicación de responsabilidades.
Aunque la falta de mecanismos de participación ciudadana se manifiesta en las tres ramas del gobierno, centramos nuestro análisis y propuesta en el aparato legislativo, específicamente en la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Históricamente en la Asamblea Legislativa, las herramientas utilizadas para insertar a los ciudadanos en el diseño y decisión de políticas públicas han sido: la creación de comités multisectoriales, las vistas públicas y la radicación de proyectos por petición; mecanismos que, aunque necesarios, están plagados de limitaciones.
El modelo de vistas públicas y la radicación de proyectos por petición han sido definidos por la misma Asamblea Legislativa como los mecanismos de participación ciudadana en los procesos legislativos. Se argumenta que, con la posibilidad de que grupos de interés y ciudadanos particulares puedan persuadir a un legislador para que éste radique un proyecto por petición, se abre la participación directa de la gente en la agenda legislativa. Aunque no es nuestro interés centrarnos en este proceso, basta con argumentar que dicha premisa es cuestionable ya que no hay nada que obligue al legislador a radicar dichas medidas y menos a cabildear para su aprobación.
Por otra parte, la celebración de vistas públicas como garantizador de la participación o incidencia ciudadana en los procesos legislativos debe ser cuestionada. En primer lugar, porque se controla quién participa y quién no, lo cual limita la participación de los grupos. A la luz de recientes acontecimientos en donde los proyectos se aprueban por descargue, ha sido evidente la limitación de este mecanismo. En segundo lugar, en muchas ocasiones las vistas se celebran, pero de antemano se conoce, que pase lo que pase, ya la mayoría parlamentaria tiene un juicio formado y una decisión en mente, así como los llamados compromisos de caucus. Tenemos que recalcar que también se parte de la premisa que la ciudadanía no está interesada a participar del todo. La baja asistencia a la mayoría de las vistas y el desconocimiento de gran parte de los ciudadanos sobre este proceso se entiende son las razones principales para sustentar dicha idea, esto a pesar de que las vistas se llevan a cabo en horarios donde la mayoría de las personas laboran o tienen otros compromisos. Vemos entonces como diversas acciones o pensamientos de las personas encargadas, y la falta de mecanismos adecuados, minan la capacidad de influencia real de los participantes en los procesos.
No obstante, iniciativas públicas, como las Comunidades Especiales, han "tenido el efecto de desarrollar conciencia y liderazgo comunitario que exige participación" (Santana Rabell, 2014). A esto se le añaden iniciativas privadas y del tercer sector como Agenda Ciudadana, las cuales buscan empoderar a la ciudadanía y ser vehículos para transmitir el sentir ciudadano. Esto nos dice que si se le brindan las herramientas, siempre y cuando sean accesibles, la ciudadanía está dispuesta a participar de los procesos gubernamentales más allá de las elecciones.
Aun así, la clase política continúa concibiendo la participación ciudadana como un proceso pasivo. Ejemplo de esto lo es el Proyecto del Senado 516, radicado en 2013 por el senador Miguel Pereira, el cual busca crear la Ley de Democracia Participativa. En esta medida, democracia participativa implica la oportunidad de que un ciudadano pueda asistir a las reuniones de agencias gubernamentales para mantenerse informado de lo que allí se discute y decide. En ningún artículo del proyecto en cuestión se le faculta al ciudadano la posibilidad de poder participar activamente en la reunión. Si bien esto pudiera representar una apertura de parte del gobierno, resulta erróneo e incompleto el conceptualizar la participación ciudadana de esa manera. Por esto, se busca emplear mecanismos y procesos que verdaderamente fomenten y aseguren la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones gubernamentales más allá de las elecciones. En ese sentido, urge la necesidad de repensar los paradigmas democráticos y procesales tradicionales en busca de potenciar una involucración del ciudadano más efectiva e inclusiva en los procesos legislativos. A su vez, cabe plantearse qué rol pueden jugar el internet y las tecnologías de información y comunicación (TICs) en dicha ecuación.
Según el más reciente estudio sobre la incidencia de uso del internet en Puerto Rico, el 58 por ciento de la población hace uso de este (Estudios Tecnicos, 2014). Además, 75 por ciento de los usuarios acceden al internet desde un teléfono celular. De concretarse las proyecciones, en el 2015 se habrá casi duplicado la cantidad de usuarios que hubo en 2005. Entre las actividades que más se habían realizado por los usuarios, el e-government se ubicó en sexto lugar, lo que llevó a los investigadores a concluir que hay una creciente demanda sobre este tipo de servicio o comunicación. Añadimos a su vez que Puerto Rico cuenta con la infraestructura necesaria para llevar el acceso a estos medios alternativos lo más cerca posible de la ciudadanía. Entonces, para poder entender y aplicar estos principios democráticos, debemos elaborar los conceptos de gobernanza, gobierno abierto y las TICs.
Como nos acercamos a la Gobernanza, Gobierno Abierto y las TIC'S
La gobernanza, en su dimensión filosófica, es un nuevo paradigma de hacer política que redefine la forma en que se relacionan el Gobierno y la sociedad. Su objetivo es mejorar la calidad de la democracia, instaurando mecanismos de inclusión ciudadana en todos los ámbitos de la gestión pública. Está fundamentada en el consenso logrado entre los actores de una sociedad para decidir sus objetivos de convivencia y las formas de coordinarse para lograrlos. Además implica un acuerdo o pacto social y procesos de participación y rendición de cuentas a la sociedad, con relación a los objetivos establecidos.
La gobernanza se construye mediante un constante diálogo entre el gobierno y la sociedad civil para modificar y transformar la gestión gubernamental en áreas del bien común. Además de representar un nuevo concepto de hacer la política, la gobernanza se define por los procesos que se siguen para lograr acuerdos, consultar y rendir cuentas. Dos características de este modelo son: la disposición del gobierno a jugar un rol de coordinación entre los organismos públicos y privados y el uso de la persuasión, el diálogo y la búsqueda de consenso, en lugar de imponer la ley mediante la coerción. Asimismo debe de existir un clima apto para la participación ciudadana y una disposición gubernamental que fomente la transparencia en la gestión pública.
En una ponencia dictada en 2007, el doctor Luis F. Aguilar definió la gobernanza de la siguiente manera:
"Gobernanza quiere decir justamente la existencia de un proceso de dirección de la sociedad que ya no es equivalente a la sola acción directiva del gobierno y en el que toman parte otros actores: un proceso directivo post-gubernamental más que antigubernamental. Es un nuevo proceso directivo, una nueva relación entre gobierno y sociedad, que difícilmente puede ser ya en modo de mando y control, en virtud de la independencia política de los actores sociales y de su fuerza relativa en virtud de los recursos que poseen…En este sentido, gobernanza significa el cambio de proceso/modo/patrón de gobierno: el paso de un centro a un sistema de gobierno, en el que se requieren y activan los recursos del poder público, de los mercados y de las redes sociales. En conexión, es el paso de un estilo jerárquico centralizado a un estilo de gobernar asociado e interdependiente entre organismos gubernamentales, organizaciones privadas y sociales." (Aguillar, 2007)

En su dimensión administrativa, la gobernanza crea las condiciones para que los organismos gubernamentales adopten la filosofía e incorporen al ciudadano en las decisiones de política pública. Esto se logra a través del gobierno abierto (Cordero, 2014). El gobierno abierto es la doctrina política que sostiene que las actividades del gobierno y de la administración pública deben ser y estar abiertas a todos los niveles posibles para el escrutinio y supervisión eficaz de los ciudadanos. En su sentido más amplio, se opondría a la razón del Estado y a legitimación como secreto (de Estado) ciertas informaciones, aduciendo a temas de seguridad (Villoria Mendieta, 2012).
A tono con la visión de la gobernanza, un gobierno abierto es aquel que establece una constante conversación con los ciudadanos con el fin de escuchar lo que ellos dicen y solicitan, que toma decisiones basadas en sus necesidades y preferencias, que facilita la colaboración de los ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios que presta, que comunica todo lo que decide y hace de forma abierta y lo consigue gracias a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) (Villoria Mendieta, 2012).
No es este el espacio para analizar todas las implicaciones del gobierno abierto, pero, basta con argumentar que cuando se implementan las TIC se va logrando establecer las bases para propiciar una mayor transparencia, colaboración y participación ciudadana en los procesos gubernamentales. La Carta Iberoamericana sobre gobierno electrónico estableció la siguiente definición:
El uso de las TIC en los órganos de la Administración para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos. Todo ello, sin perjuicio de las denominaciones establecidas en las legislaciones nacionales. El Gobierno Electrónico se encuentra indisolublemente vinculado a la consolidación de la gobernabilidad democrática, tiene que estar orientado a facilitar y mejorar la participación de los ciudadanos en el debate público y en la formulación de la política en general o de las políticas públicas sectoriales, entre otros medios, a través de consultas participativas de los ciudadanos. (CLAD, 2007)

Participación Ciudadana; derecho de todos, responsabilidad de todos
Para que todo país pueda tener un gobierno democrático es imperante la presencia de la ciudadanía en los asuntos públicos. Esa inmersión en la gestión pública es además imprescindible para la transparencia y la eficacia en el país.
"Qué entendemos por sistema democrático aquel donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder público, donde el orden político está subordinado a los derechos del hombre y donde se asegura la libre participación del ciudadano en las decisiones colectivas" (Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 1952).

En la realidad, el concepto de participación ciudadana suele ser objeto de múltiples interpretaciones. En términos generales se puede definir como el involucramiento de los individuos en el espacio público estatal y no estatal desde su identidad de ciudadanos, es decir, de integrantes de una comunidad política (Villareal, 2009). Se puede interpretar como la participación que hacen las personas para afectar la toma de decisiones, ejecución y seguimiento de las decisiones colectivas. En las sociedades modernas la participación ciudadana no solo se limita a procesos electorales sino que representa también una forma de fiscalizar el poder delegado a los representantes políticos empleando diferentes mecanismos para ello.
En su artículo sobre Participación Ciudadana y Políticas Públicas, María Villareal (Villareal, 2009) propone una distinción entre diferentes tipos de participación: social, comunitaria, política y ciudadana. Esta última es definida como la dinámica mediante el cual los ciudadanos se involucran de manera directa en acciones públicas, con una concepción amplia de lo político y una visión del espacio público como espacio de ciudadanos. Esta participación pone en contacto a los ciudadanos y al Estado, en la definición de las metas colectivas y las formas de alcanzarlas. A su vez, la autora enfatiza en que la participación ciudadana puede efectuarse de manera espontánea o de forma regulada. La primera la denomina como la autónoma porque no es organizada desde las instituciones sino desde la propia sociedad. La participación ciudadana regulada o institucionalizada tiene que ver con el establecimiento de mecanismos legales y normativos que viabilizan la intervención de la ciudadanía en el debate público. Para fines de nuestro trabajo, nuestra concepción de participación ciudadana está enmarcada en la visión institucional del término. En específico, en análisis de esos mecanismos de participación ciudadana establecidos por las Asambleas Legislativas.
Participación para ser transparentes
La participación de la ciudadanía en los procesos de políticas públicas puede abonar a la transparencia ya que constituye un elemento fundamental y condición de posibilidad para la gobernanza democrática, y puede llegar a constituir un mecanismo para el empoderamiento social (Villareal, 2009). A su vez, la intervención ciudadana puede darse en tres tiempos: 1) en los procesos de formación de políticas públicas, 2) la ejecución de las respectivas decisiones, y 3) la evaluación o control de la gestión pública. Es decir, en los tres tiempos, -futuro, presente y pasado- en que se programa, desenvuelve y evalúa la actividad institucional del estado (Ozlack, 2012).
Para propiciar la participación de la ciudadanía en los procesos públicos son necesarias unas condiciones. Oscar Ozlack señala que aunque la gente considera que la participación social en el gobierno es necesaria, la mayoría no se moviliza en tal sentido. Argumenta que en muchos aspectos no hay disposición de la gente para la participación a menos que un asunto le afecte directamente (Ozlack, 2012). Empero el Estado debe abrir canales de diálogo e interacción con los ciudadanos, para aprovechar su potencial contribución en el proceso decisorio sobre opciones de políticas, en la co-producción de bienes y servicios públicos y en el monitoreo, control y evaluación de su gestión. Por su parte la ciudadanía debe aprovechar la apertura de estos nuevos canales participativos, involucrándose activamente en el desempeño de esos diferentes roles -como decisor político, productor y contralor. (Ozlack, 2012)
Además Ozlack sugiere que un ambiente propicio para la participación ciudadana está basado en tres requisitos principales: 1) no es concebible la participación de la sociedad civil en el diseño, puesta en marcha y evaluación de las políticas estatales, a menos que ésta haya sido empoderada; 2) que el empoderamiento implica que el ciudadano conoce sus derechos individuales y los colectivos, la forma en que se puede obtener la garantía de su ejercicio y la capacidad de análisis de la información pertinente, así como su capacidad de agencia, o sea, de ser o hacer aquello que se tiene razones para valorar; y 3) que aún empoderado, el ciudadano valora la participación política y tiene la voluntad de ejercerla (Ozlack, 2012).
En ese sentido, la sociedad civil es capaz de participar en la formación de políticas públicas sí el Estado abre los canales de comunicación y si luego de abiertos, existe disposición de la ciudadanía para ocupar esos dichos espacios. Es decir, la participación ciudadana requiere que exista, desde el Estado una actitud de apertura y desde la ciudadanía un compromiso a apropiarse de los espacios institucionales creados. La Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana establece lo siguiente en este aspecto:
"La participación ciudadana se tiene que orientar en general por el principio de corresponsabilidad, por el cual los ciudadanos y ciudadanas, individualmente o agrupados en colectivos, tienen que contribuir al bien común o interés general de la sociedad. En tal sentido, debería entenderse la correlación existente entre los derechos y los deberes que conlleva el ejercicio efectivo de la ciudadanía para el fortalecimiento de la democracia participativa." (CLAD, 2009)

En resumen, los conceptos analizados nos ayudan a contextualizar, teóricamente, la importancia de que el Estado actualice sus procesos y sistemas en busca de una mayor apertura y participación efectiva de la ciudadanía en su gestión. Esta visión es una de carácter político que se denomina como la gobernanza. En su dimensión administrativa, se traduce a la implantación de un gobierno abierto que fomente la transparencia, rendición de cuentas, inclusión y la participación de ciudadana.
Definimos la participación de la ciudadanía como el involucramiento de la ciudadanía en la formulación y toma de decisiones colectivas con el objetivo de mejorar, apoyar o rechazar la acción del Estado. Nuestra concepción se enmarca en el aspecto institucional del concepto pues abarca el análisis de los canales gubernamentales abiertos y la disposición de la ciudadanía a apoderarse de dichos espacios. Al integrar las TIC's a la Administración Pública se transita hacia el establecimiento de un gobierno electrónico que permite trascender concepciones tradicionales de involucramiento ciudadano en los procesos públicos. Se presume que las TIC's, en relación con la democracia pueden ayudar a viabilizar la formulación de política pública y legislación interactiva, propiciar la organización de comunidades y grupos de interés especiales y a posibilitar la sustitución de la democracia representativa por la democracia directa (Cordero, 2014).
Vale la pena preguntarse qué ejemplos concretos podemos encontrar de modelos de participación ciudadana en las Asambleas Legislativas que integren los elementos mencionados, en específico el uso de las TIC. A continuación analizamos la iniciativa de participación ciudadana instaurada por la Cámara de Representantes de Puerto Rico, mencionamos algo del Senado actual y luego pasamos a contrastar la misma con la del Senado de la República de Chile.

Oficina de Participación Ciudadana de la Cámara de Representantes: ¿un nuevo
intento de inclusión?

La Oficina de Participación Ciudadana de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, (OPCCR), es una oficina adscrita a la Oficina del Presidente de la Cámara, creada el 31 de mayo de 2013 mediante la Orden Administrativa 213-07 (Orden Administrativa 2013-07: Cámara de Representantes de Puerto Rico, 2013). Es la primera vez que en la Legislatura hay una oficina cuyo propósito es fomentar y facilitar la participación ciudadana en los procesos legislativos. Según el Presidente de la Cámara, Jaime Perelló con la creación de la OPCCR se pretende fomentar el diálogo y la interacción entre el cuerpo legislativo y los ciudadanos:
"Lo que queremos es que la gente entienda que la Cámara está a su servicio, que tienen un mecanismo para hacerse sentir y que responda directamente a sus necesidades. En la Cámara tenemos una política pública de apertura y de participación directa del pueblo. La participación ciudadana la hemos integrado en los proyectos radicados por petición y en la evaluación de las medidas en vistas públicas alrededor del país." (Cámara de Representantes, 2014)
La misión de la OPCCR es fomentar la inserción de los ciudadanos y las organizaciones no gubernamentales en el quehacer legislativo diario de la Cámara de Representantes a través de distintas iniciativas como el desarrollo de piezas legislativas, la evaluación de medidas y la participación en actividades como foros, conversatorios y vistas públicas, entre otras (Cámara de Representantes, 2014). Su visión es lograr que los ciudadanos se integren de forma activa en el proceso legislativo, evalúen medidas directamente y participen en el desarrollo de políticas y piezas legislativas que contribuyan al bienestar del país (Muñiz García, 2013). A su vez, se pretende empoderar a las comunidades e individuos para que sean agentes de cambio y gestores de las soluciones de sus problemas (Cámara de Representantes, 2014). No obstante, es importante destacar que la oficina no tiene presupuesto propio y que la gestión está a cargo de la directora Alba Muñiz García junto con dos empleadas (Muñiz García, 2013).
Dicha oficina ofrece tres tipos de servicios al ciudadano: orientación general sobre el proceso legislativo; talleres sobre el proceso legislativo y; recibir y canalizar propuestas y opiniones ciudadanas. Las orientaciones generales y los talleres sobre el proceso legislativo se efectúan de manera presencial. Usualmente la oficina ofrece los talleres a grupos que así lo solicitan o como parte de su programa de instalación de su oficina en algunos centros comerciales. Dichas instalaciones permanecen por espacio de un mes y desde ese lugar se ofrecen talleres a los interesados en materia de procedimiento legislativo, configuración y estructuras de la Asamblea Legislativa e investigación previa a la radicación de un proyecto de ley. Desde su inauguración se han ofrecido una treintena de charlas de capacitación en las que han participado unas 500 personas (Muñiz García, 2013). En el mejor de los casos, la integración de la tecnología se limita a tener computadoras en los talleres para buscar referencias.
En el área de recibir y canalizar propuestas sí se integran las TIC's al proceso aunque de manera muy limitada. Hasta mayo del 2014, la OPCCR contaba con su propia página web que estaba conectada a la página web de la Cámara de Representantes. En la página se podía conocer la dirección física y electrónica de la Oficina, contaba con una herramienta para enviar emails a la directora y una sección para enviar propuestas o proyectos de ley para consideración de la Oficina. La página no contaba con mucha elaboración, era pasiva, poco interactiva, la comunicación era unidireccional (del usuario a la oficina) y sin información complementaria o sobre las medidas radicadas mediante la OPCCR. La orden administrativa que crea la oficina establece que "Sitio Web, redes sociales y correo electrónico: Medios virtuales que se utilizarán para el establecimiento de encuentros virtuales de discusión y recibo de propuestas e iniciativas legislativas (Orden Administrativa 2013-07: Cámara de Representantes de Puerto Rico, 2013). No obstante, en su página no hay posibilidad para encuentros virtuales de discusión. Acerca de la página web, la directora de la oficina Alba Muñiz García comentó que:
"se trata de un programa diseñado para recibir y manejar propuestas con las que trabaja la OPCCR. El propósito es facilitar el proceso de someter una propuesta o idea ante la OPCCR sin necesariamente la persona tener que llegar al Capitolio. El programa ha sido una herramienta valiosa ya que ha facilitado el proceso de radicación de ideas o propuestas" (Muñiz García, 2013).
Cabe destacar, que al momento la página ya no está en funcionamiento. Ahora aparece como un enlace/ícono en la página de la Cámara y solo está disponible el servicio de "aportar ideas para mejorar el país". Este es un programa para que los usuarios envíen su idea o propuesta por correo electrónico a la OPCCR. La comunicación personal vía email parece ser lo preferido por la oficina.

En ese sentido, la participación ciudadana es reducida a la oportunidad de someter ideas por correo electrónico a ser trabajadas mediante la Oficina de Participación. Dicha visión se basa en el hecho de que todos los proyectos que se trabajan a través de la OPCCR se radican por petición. Las medidas por petición que se trabajan en la OPCCR las radica el presidente de la Cámara, Jaime Perelló (Muñiz García, 2013).
Bajo esta visión, la tecnología es sólo un complemento de apoyo a la tradicional concepción de participación ciudadana mediante la radicación por petición. La OPCCR no está enfocada en abrir nuevos espacios de discusión, en especial a través del internet. Una mirada a su diseño conceptual de las herramientas tecnológicas así nos lo sugiere. Vale la pena observar otros modelos de participación ciudadana en línea para orientarnos sobre qué otros usos se pueden hacer de la internet en relación al involucramiento de la población en los destinos colectivos.
¿Habla pueblo habla?
Aunque nos hemos enfocado en una propuesta que pudiera realizarse desde la Cámara de Representantes y hemos evaluado su iniciativa de participación ciudadana, es importante señalar que el Senado de Puerto Rico en menor escala se ha acercado al tema. Muchos recordarán el eslogan de campaña electoral de este cuerpo en el que provocaban a las masas diciendo: "Habla Pueblo Habla". Pero, luego de asumir el poder, ¿dónde ha quedado esa petición al pueblo?
Desde la perspectiva de uso de las tecnologías para hacer valer y escuchar la voz del pueblo desde el Senado, se ha limitado a un pequeño espacio en su página de internet, donde se pide al ciudadano que deje sus sugerencias.

Al indagar sobre este espacio, brevemente el Asesor en Empresarismo, Tecnología y Desarrollo Económico y Chief Information Officer del Senado de Puerto Rico, el ingeniero J. Ramphis Castro Planadeball, nos dijo que:
Sobre esa parte, esencialmente llegan pedidos y comentarios de todo tipo el cual son canalizados a las distintas oficinas de Senadores, así como la Oficina de Asuntos Gubernamentales (el cual maneja los programas de ayuda al ciudadano) para que determinen el mejor curso de acción.
En nuestro deseo de conocer más sobre esto, solicitamos una reunión que lamentablemente no se pudo concretar. No obstante, aunque este espacio demuestra que pudiera existir algún indicio de querer escuchar al ciudadano y sus preocupaciones, su poco alcance y poca promoción hacen del esfuerzo uno casi nulo.

Un vistazo al Senador Virtual Chileno
No por poco Chile es reconocido como el primer país de Latinoamérica que goza de mayor transparencia en su gestión gubernamental. Según la Organización No Gubernamental Transparency International (TI), en su más reciente publicación del Índice de Percepción de la Corrupción colocó a ese país suramericano en la posición 21 a nivel global. Según detalla TI:
Se puede obtener un buen resultado cuando existen mecanismos de gobierno abierto a través de los cuales el público puede exigir que sus líderes rindan cuentas, mientras que una mala puntuación evidencia un contexto donde prevalece el soborno, los actos de corrupción quedan impunes y las instituciones públicas no dan respuesta a las necesidades de los ciudadanos. (Transparency International, 2014)
Una de las gestiones que resaltan de la gestión gubernamental en Chile es la participación ciudadana y su intención de auscultar el sentir de los ciudadanos con relación a los asuntos a discutirse en la legislatura. En un sistema bicameral, donde existe una Cámara de Diputados y un Senado, la tecnología es un aliado para lograr conocer la opinión pública ante asuntos que se encuentran en la consideración del cuerpo legislativo. Para este propósito el Senado, compuesto por 38 parlamentarios, utiliza la plataforma Senador Virtual.
La iniciativa Senador Virtual surgió en Chile en 2003 como parte de una estrategia del Senado para acercar su funcionamiento a la ciudadanía y viceversa (Araya Moreno & Barría Traverso, 2009). A través de una página web esta iniciativa ofrece a la población la posibilidad de conocer algunos de los principales proyectos de ley que se encuentran ante la consideración del Senado y luego poder pronunciarse sobre ellos, expresando su consentimiento o no, ante dichos temas. Senador Virtual tiene como finalidad general difundir algunos conceptos básicos relativos a la tramitación de las leyes mediante su aplicación práctica y, como finalidad específica, producir una retroalimentación entre los Senadores y la población acerca de determinados proyectos de ley.
Para lograr esto, el Senado de Chile echa mano de la tecnología y mediante la plataforma cibernética ofrece el espacio para que los ciudadanos se registren y voten sobre los proyectos que están en discusión, que se hable sobre su viabilidad y la intención de formular sugerencias o enmiendas a los proyectos presentados. Las votaciones e indicaciones recibidas se hacen llegar a los Senadores, por medio de la Comisión a la cual corresponda informar el proyecto y de los Comités Parlamentarios (Manual: Senador Virtual, 2014).
Navegar en su sitio web es fácil; la página está bien organizada y es atractiva para el ciudadano. Al entrar el usuario puede visualizar los principales proyectos en discusión y la fecha en que termina el proceso de votación y comentarios. Aunque el acceso a la información es libre para poder votar u opinar sobre los proyectos en discusión, el usuario tiene que registrarse en la página. Como complementos a la participación, el sistema provee antecedentes de los proyectos así como información relevante al proceso de tramitación de la ley mediante la conexión con el Sistema de Información Legislativa (SIL), que mantienen el Senado y la Cámara de Diputados, con la colaboración de la Biblioteca del Congreso Nacional (Manual: Senador Virtual, 2014).
Un aspecto a resaltar es el hecho de que para cada proyecto en discusión se preparan unas preguntas guías que proveen al usuario con información específica de los asuntos medulares de la ley. Se puede votar en todas las preguntas si está o no de acuerdo o si se abstiene. Al finalizar las preguntas temáticas, se vota por el proyecto en su conjunto. De igual manera, el usuario puede ver cómo están las votaciones en todo momento. Senador Virtual involucra el trabajo de abogados, periodistas, personal de computación y al secretario de cada una de las comisiones parlamentarias, quienes son los encargados de seleccionar los proyectos de ley que se discutirán. Además son los encargados de sistematizar los principales conceptos de los proyectos en un lenguaje accesible y claro para los ciudadanos. Dicho conjunto también decide el tiempo en que las ideas del proyecto estarán sometidas a consideración de los ciudadanos (Araya Moreno & Barría Traverso, 2009). Los temas que actualmente se discuten en Senador Virtual están relacionados con la Regulación de la Eutanasia, Permitir autocultivo de marihuana para uso personal, terapéutico o espiritual, Reemplazar sistema binominal por uno proporcional y Deducir de la dieta de los parlamentarios las ausencias injustificadas a sesiones de la Sala o Comisiones (Portada: Senador Virtual, 2014).
V. ¿Qué proponemos?
Partiendo de la necesidad de insertar a la ciudadanía en la toma de decisiones desde el poder legislativo en Puerto Rico, presentamos varias propuestas. Estas ideas pudieran bien ser consideradas para ofrecer mayor transparencia, acceso, participación, lo que a su vez redundaría en un gobierno más democrático. No obstante, es importante señalar que debe existir voluntad política para ejecutar cada uno de estos cambios.
Aunque en la actualidad existe una oficina llamada Oficina de Participación Ciudadana de la Cámara de Representantes que busca atender esta necesidad, la realidad es que se queda corta ante las exigencias de las nuevas tecnologías y los avances que pudieran ayudar en sus propósitos, según ya hemos discutido anteriormente. El hecho de que no cuente con un presupuesto propio, que la oficina esté adscrita a la Oficina del Presidente Cameral, y que sólo cuente con dos empleados, sin duda representa grandes retos para poder cumplir su misión y le establece serias limitaciones.
ParticipacionCiudadana.gov.pr
No es sólo la creación de más espacios físicos y de mayor burocracia, sino que se trata de ofrecer herramientas que ayuden a insertar la discusión y preocupaciones ciudadanas en las agendas legislativas. Es por eso que proponemos la creación de una plataforma electrónica en la cual la ciudadanía pueda tener acceso al 100 por ciento de los proyectos sometidos ante la consideración de la legislatura.
Aunque debemos señalar que en la actualidad la Oficina de Servicios Legislativos, ofrece en su sección de trámite legislativo el acceso a los proyectos radicados y aprobados por la legislatura, es un sitio poco amigable, difícil de navegar, y solo hace referencia a los diversos proyectos por sus números, lo que sin duda dificulta su consulta y acceso. Además, dicho espacio no permite la discusión en línea, ni los comentarios de los ciudadanos.
En tanto, nuestra propuesta expone que todos los proyectos legislativos en la página cibernética, que bien pudiéramos llamar ParticipacionCiudadana.gov.pr, serán identificados con un nombre entendible, corto y explicativo. Asimismo, habrá espacio para que el ciudadano pueda dejar algún comentario en reacción a dicho proyecto de ley.
Uno de los aspectos que consideramos más importantes en esta propuesta, es la consulta a la ciudadanía mediante encuestas en línea sobre los proyectos de mayor interés o impacto público. Dependiendo del calendario legislativo, se determinarán al menos cinco proyectos de alto interés público para ser destacados en la página. Se ofrecerá un resumen del proyecto, se generarán entre tres a cinco preguntas de temas relacionados o considerados en el proyecto, para luego ofrecerle al ciudadano la posibilidad de expresar si está a favor o en contra del proyecto.
Un ejemplo claro de esta forma es la que expresa Senador Virtual de Chile. A continuación una pantalla que recoge claramente la propuesta:

En este caso, se le consulta a la ciudadanía sobre el estipendio o dieta que reciben los mismos parlamentaristas. Las preguntas individuales sobre el mismo proyecto permiten la posibilidad de enmiendas al proyecto. Luego existe la posibilidad de que se vote por el proyecto en su conjunto.
Dentro de la plataforma, también proponemos un espacio para que se puedan someter proyectos por parte de la ciudadanía. Como explicamos, en la actualidad existe la posibilidad de someter un proyecto de ley por petición, no obstante esto no asegura que algún legislador vaya a acoger el proyecto, defenderlo o incluso buscar el apoyo. Es por esto que debe ofrecerse la posibilidad de un espacio para la propuesta de nuevos proyectos por parte de la ciudadanía.
En la actualidad una de las tareas que tiene la OPCCR es el aspecto educativo y de ofrecer talleres sobre el proceso legislativo. En esta tarea se concentra gran parte del tiempo de las tareas de la Oficina y también del presupuesto. Con la intención de ser más eficientes en esta tarea proponemos crear videos educativos y explicativos que puedan ser colocados en la página de Participación Ciudadana para el consumo de todos. De esta manera se cumple con el propósito educativo de una forma eficiente y económica ofreciéndole a la ciudadanía la información al momento.
Facebook, Twitter, Blogs y otras redes
Uno de los factores importantes para el alcance y logro de cualquier iniciativa que busque la participación ciudadana, evidentemente es la participación. No obstante, muchos son los señalamientos ante el desconocimiento de estas iniciativas. Es por eso que unos de los elementos importantes a considerar en esta propuesta es el uso de las redes sociales para fomentar la discusión y la participación de la ciudadanía. Con el uso continuo de las redes sociales proponemos que se invite al público a completar las encuestas. Asimismo estas nuevas plataformas servirán de promoción para la iniciativa de participación ciudadana de una manera económica y eficiente.
¿Participación en manos de quién?
Son varias las tareas que se proponen. Ante este contexto presentamos la idea de crear una oficina de participación ciudadana con fuerza de ley. Esto sin duda daría mayor estabilidad y formalidad a sus trabajos y, más importante, haría un poco más difícil su desaparición ante un cambio de administración política. Con una ley que apoye su creación y permanencia, la asignación de presupuesto y con sus propósitos delineados por un reglamento se comenzaría a establecer política pública necesaria en esta vía.
El nombramiento del director o directora de esta oficina debe ser uno fuera de los nombramientos acostumbrados de cada cuatrienio y debe realizarse por seis o diez años. Asimismo se hará el nombramiento de una junta consultora compuesta por miembros de organizaciones no gubernamentales, estudiantes y profesores universitarios, ciudadanos y miembros de los cuerpos legislativos. En la actualidad nos hemos topado con dos organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema de la transparencia y de la participación en Puerto Rico que bien pudieran insertarse en la gestación de este proyecto. Estas son Abre Puerto Rico y Espacios Abiertos.
Entre las responsabilidades que tiene que cumplir la Junta está la selección de las encuestas o temas a destacar, así como la redacción de preguntas a consultar y los resúmenes de los diversos proyectos. Asimismo, tomando en consideración el calendario legislativo la Junta debe enviar a las comisiones correspondientes y al legislador proponente, un resumen con los resultados de la consulta y las encuestas, así como publicar en la página los resultados de todas las consultas. De igual forma, al finalizar cada sesión legislativa se debe presentar un resumen con relación a la acogida del sentir ciudadano, de las medidas propuestas por la Oficina y su trámite legislativo. Sin duda, el resultado de esta gestión servirá como medida para conocer la acogida que tiene el sentir ciudadano en la gestión legislativa.
Al alcance de tu mano
Como bien mencionamos, el 75 por ciento de los usuarios acceden al internet desde un teléfono celular y entre las actividades que más realizan los usuarios se encuentra el e-government como sexta actividad. Estos datos ponen en perspectiva la necesidad de que toda esta plataforma que presentamos pueda estar disponible en una aplicación móvil. Esto aumentaría la participación, ofrecería mayor oportunidad de acceso y sin duda crearía un gobierno más democrático.


Rompiendo paradigmas
Finalmente, la participación ciudadana no se reduce a la mera radicación de proyectos o presentación de ideas a ser consideradas por los legisladores. La OPCCR, aunque puede resultar novel en el proceso legislativo puertorriqueño, es una iniciativa dirigida a promocionar los mecanismos tradicionales de participación, los cuales no brindan ni garantizan la verdadera incidencia de la ciudadanía en la toma de decisiones. Como vimos en el caso de Chile, los usuarios pueden votar por los proyectos presentados así como proponer enmiendas a los mismos.
A su vez, la OPCCR opera sobre una fragilidad institucional, puesto que al estar adscrita a la Oficina del Presidente de la Cámara, es susceptible a la no continuación del proyecto una vez sea electo otro Presidente. Esto puede imposibilitar el desarrollo a largo plazo de otras iniciativas dirigidas a acercar a la ciudadanía a la toma de decisiones, por lo que proponemos la ley y los nombramientos a seis o 10 años.
Respecto a la utilización de las TICs, la OPCCR se encuentra rezagada en relación al modelo analizado. La Oficina visualiza la utilización de su página web como una herramienta complementaria a la radicación de proyectos e ideas. Entonces, continúa predominando la comunicación unidireccional entre el gobierno y el ciudadano, la falta de material informativo o complementario y el uso del correo electrónico como medio de posible intercambio con la ciudadanía. Incluso, la reducción de la presencia de la OPCCR dentro de la página web de la Cámara sugiere que no se está conceptualizando la participación ciudadana más allá de las formas tradicionales. El ejemplo mencionado ilustra que mediante la incorporación y uso efectivo del internet se puede trascender dicha visión hacia la inclusión de nuevas formas de participación y con mejores resultados.
Si bien la OPCCR prioriza el ofrecer talleres presenciales sobre el proceso legislativo y la redacción de proyectos de ley, dicha parte educacional por sí sola no constituye participación ciudadana ni mucho menos un ejercicio de democracia participativa (como lo sugiere un afiche de promoción sobre los talleres a ser ofrecidos en Plaza del Caribe en Ponce). Dichos talleres son considerados por su directora como uno de los grandes logros de la oficina (Muñiz García, 2013). En cambio, la legislatura chilena también ofrece talleres presenciales sobre los trámites legislativos pero como un complemento a otras iniciativas en favor de la involucración ciudadana en los asuntos del gobierno. No obstante, esta importante tarea educativa se puede complementar con videos educativos que permitan la masificación de la información y el uso eficiente de los recursos.
Por lo tanto, urge repensar el concepto de participación ciudadana en Puerto Rico. En ese esfuerzo las TICs pueden jugar un papel principal. El contraste con países latinoamericanos demuestran -con sus obstáculos y problemáticas- que hay otras vías o formas de cómo la ciudadanía puede insertarse en el gobierno. Debe la ciudadanía entonces exigir que se abran dichos espacios y fiscalizar de una manera activa y continua las acciones de la legislatura.
Por ello, no podemos obviar que la creación de una nueva oficina y el establecimiento de nuevos mecanismos y procesos de participación ciudadana, aunque en teoría saludables para el sistema democrático, no implica que los legisladores acatarán la voluntad popular. Ejemplo de esto lo es el continuo rechazo de los legisladores a aceptar y trabajar sobre el resultado del referéndum celebrado en julio de 2005 sobre el sistema cameral. El que este tipo de acción se continúe perpetuando por la clase política le resta credibilidad y legitimidad al gobierno, agudizando aún más la crisis de gobernabilidad. Ante esto es importante que la ciudadanía asuma responsabilidad de igual forma al momento de exigir y participar de iniciativas como las que proponemos. Debe ser masiva la participación y contundente para que no quepa duda del interés ciudadanos en los aspectos cotidianos.
También, el que la Constitución permita el mecanismo de descargue de proyectos continuará siendo una deficiencia del sistema, esto sin importar qué espacio o mecanismo de participación ciudadana se cree o habilite. Inclusive, la misma estructura de la Asamblea Legislativa basada en la representación territorial limita la participación de grupos minoritarios, por lo cual se entiende que una reforma hacia un sistema unicameral y proporcional ayudará a subsanar estas y otras limitaciones. Mientras, reconocemos las limitaciones existentes, pero preferimos presentar opciones que cambien el quehacer legislativo y rompan los paradigmas de participación ciudadana y así derribar la equívoca percepción de que para participar hay que esperar cuatro años.


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