Participación ciudadana en la planeación del uso del suelo y el agua en la Cuenca de Anáhuac

Participación ciudadana en la planeación del uso de suelo y el agua en la Cuenca del Anáhuac

Iván Azuara Monter 1 Clarisa Danae Fonseca2 Resumen: La transformación del paisaje, la dinámica hidrológica y la dinámica de poblamiento en la Cuenca Central de México o Cuenca del Anáhuac, constituyen procesos socioambientales interactuantes que confluyen en un sistema complejo; en consecuencia demandan como estrategia una planeación del uso de suelo y del agua confinada por los límites orográficos naturales de esta cuenca endorreica, es decir, el complejo de sierras que la conforman. Las sinergias negativas de los impactos acumulativos, tanto ambientales como sociales, son el resultado de la interacción de estos meta-procesos, lo que vuelve complejo el desarrollo y aplicación de instrumentos de política urbana y ambiental desde la perspectiva del Estado; que además se enmarca institucionalmente por la ineficiencia que produce la concurrencia de atribuciones y competencias de los tres niveles de gobierno, que inciden sobre el espacio metropolitano, así como por las contradicciones producidas por intereses económicos del sector inmobiliario y el capital financiero internacional; conflicto de intereses y corrupción. Las inequidades y diferencias en el ejercicio de los derechos colectivos y de las garantías individuales de los habitantes de la metrópolis, su adscripción a diferentes marcos legales y reglas no escritas, así como contra-reformas legislativas específicas, han limitado deliberadamente la participación ciudadana en la planeación urbano-ambiental de la Cuenca de México, conculcando un conjunto de derechos. Una participación ciudadana efectiva en las decisiones sobre el uso que se hace del territorio (cambio de uso de suelo, pérdida de bosques, alteraciones topográficas e hidrológicas, expropiaciones, pérdida de la propiedad social y mega-urbanización); debe partir de la siguiente base de principios: 1) de la consideración estratégica de la disponibilidad del agua y la restauración de los ciclos hidrogeológicos; 2) del reconocimiento de la existencia de diferencias en el otorgamiento de derechos ciudadanos dentro del territorio; 3) del reconocimiento de la actual preponderancia otorgada por el Estado al sector inmobiliario transnacional, sobre los procesos estratégicos que le dan viabilidad a la ciudad; 4) del reconocimiento de una administración fallida que pone en riesgo a millones de persona que habitan la gran metrópoli mexicana. La construcción del poder político ciudadano es la única salida frente a los impactos ambientales y sociales que se están produciendo en la región centro de México.

1

Coordinador del Centro de Estudios sobre la Ciudad y profesor investigador de la Academia de Ciencias Ambientales, UACM, México 2

PAPIME. Facultad de Ciencias Políticas, UNAM, México

Introducción

¿Hace cuánto tiempo comenzó a habitarse el espacio que hoy ocupa el conglomerado urbano definido como la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)? ¿Hace cuánto tiempo que los asentamientos humanos comenzaron a trastocar el espacio físico de la cuenca, la proporción ocupada por el agua, la chinampa, la tierra y la dinámica hidrológica general de la cuenca, a través de la transformación del paisaje y de lo que conocemos como cambio de uso de suelo? Hoy tenemos evidencia de severas alteraciones paisajísticas, incluso de orden orográfico, como la Sierra Santa Catarina ¿Quiénes son responsables de esas transformaciones y bajo qué condiciones sociales, relaciones de poder y mediaciones se han venido ejecutando?, ¿Qué tipo de instrumentos de control social y resistencias, en primera instancia, y de instrumentos de política pública territorial y ambiental, en segunda instancia, fueron conformando el arreglo espacial de la gran metrópoli? ¿Qué procesos originaron una de las concentraciones poblacionales más grande del mundo? ¿Quiénes se disputan el control político hegemónico del territorio y de los amplios sectores sociales que integran este mega-conglomerado urbano del que formamos parte?

¿Dónde quedo, finalmente, aquella elevada aspiración de bienestar, movilidad social y calidad de vida… que en una especie de seductora ensoñación, nos ofreció hace ya tiempo la vida urbana? Esta es la serie de cuestionamientos que nos hacemos para reflexionar sobre la participación ciudadana en el uso del suelo, la transformación del paisaje y la hidrología en este controvertido y disputado espacio que soporta la metrópoli mexicana: la gran Cuenca de Anáhuac. Trataremos de responder el conjunto de preguntas analizando la dinámica territorial, hidrológica y demográfica de la cuenca, la dinámica de expansión urbana y el papel de los sectores económicos en la configuración de la metrópoli, así como los instrumentos de política urbana y ambiental, bajo la perspectiva de la participación ciudadana.

Antecedentes paisajísticos, hidrológicos y demográficos de la Cuenca de México

Antes de la fundación de Tenochtitlan, un importante conjunto de grupos humanos ya estaban establecidos, temporal o permanentemente en el espacio que hoy ocupa la urbe. Los usos y practicas productivas en el espacio de las unidades de paisaje ( es decir los usos del suelo y del agua) que se privilegiaron entonces en la Cuenca del Anahuac fueron: en primer lugar el lago, después las cenegas, tulares, ríos y fértiles vegas, y por supuesto las productivas chinampas, que otorgaban en conjunto una diversidad importante de alimentos para la población, y finalmente sus bosque de coníferas y latifoliadas, así como sus matorrales y pastizales, abrigo y sustento de una diversa y rica fauna silvestre. De hecho, en las cenegas que se formaban en la parte baja de esta cuenca endorreica y también en las sierras habitaban poblaciones importantes de mamíferos, incluidas dos especies de Mamuts. Esta fauna mayor, además de especies importantes de pequeños y medianos mamíferos, reptiles y aves, atrajo la presencia de cazadores nómadas, que se establecieron paulatinamente, tanto en la periferia del sistema de lagos, como en las boscosas montañas que lo irrigaban. El registro fósil humano más antiguo en la cuenca se localiza en Tlapacoya y data de hace 22,000 años (Mosser et. al. 1975). En los códices Xólotl y Quinátzin destaca, además del sistema de lagos, pueblos importantes como Tlatelolco, Atzcapotzalco, Tacubaya, Culhuacan, Xaltocan y Texcoco. Se tienen registros poblacionales de pueblos nahuas y aztecas desde el siglo XII. Ya desde entonces la organización política y social tenía su nivel de complejidad, el poder azteca (proveniente de Aztlán) que se ejercía desde el islote, precedido por el sistema mexica-maya y purepecha basado en el intercambio comercial y cultural con Mesoamérica a través de la navegación fluvial y de aguas interiores.3

La cartografía que se desarrolló durante la etapa colonial muestra el centro histórico de la Ciudad de México, todavía con los rasgos físicos de Tenochtitlan, un islote rodeado de lagos y ciénegas (figura 1). Gurría-Lacroix (sin fecha, Tomo II, número 2) en Atlas de Planos Técnicos e Históricos, que forman parte de la memoria del drenaje profundo, documenta con precisión el límite del lago en 1519, y la secuencia de obras hidráulicas durante los siglos XV, XVI, XVII y XVIII. Destacan los tajos abiertos construidos para desaguar el lago, los socavones, el dique de Mexicaltzinco que dividía las lagunas de México y Xochimilco, el dique de Cuitlahuac que dividía las lagunas de Xochimilco y Chalco, así como las grandes calzadas que se levantaban sobre el espejo de agua, Calzada de Guadalupe o Tepeyac, Calzada de Tacuba o Tlacopan y Calzada de San Antón o Iztapalapan. Lo sorprendente, además del cambio radical de paisaje, es que el proyecto de desagüe del lago de la gran cuenca, iniciado por los españoles con fines de control militar, con el tajo de Nochistongo, continúa después de la emancipación, por largo tiempo, concluyendo en los años setentas con la obra del megaproyecto del drenaje profundo de la Ciudad de México, inaugurada ni más ni menos que por Luis Echeverría Álvarez. La cuenca de México tiene una extensión aproximada de 9,600 km2, y una planicie lacustre que se eleva sobre los 2,400 metros sobre el nivel del mar. Las entidades federativas que tiene jurisdicción en la cuenca son las siguientes: 1) Estado de México 4,800 km2

49 municipios

50%.

2) Hidalgo

2,540 km2

19 municipios

26%

3) Distrito Federal

1,320 km2

16 delegaciones

14%

4) Tlaxcala 3

840 km2

9 municipios

La presencia por doquier de representaciones del espacio hace patente su carácter de necesidad antropológica. Se han encontrado cartas de navegación en la América precolombina, pues cuando Cristóbal Colón llegó en octubre de 1492 a Guanahaní, más tarde San Salvador, supo por iniciados de la existencia de una isla más al Sur, Cuba. Treinta años más tarde, en el año de 1520, Hernán Cortés se hizo con un mapa dibujado con gran precisión. Lo consignado en él se recogió en mapas europeos, mientras que los originales mexicanos se quemaron más adelante y no se han conservado. El códice Mendoza, que se conserva en la Bodleian Library, es uno de estos casos. El mapa representa la ciudad de México-Tenochtitlán, donde vivían unos 150 000 seres humanos en el momento de su descubrimiento por los europeos.” (Schögel 2007). En algunos archivos jesuitas se han conservado viejas cartografías.

5)

8%

6) Puebla

100 Km2

2 municipios

2%

La cuenca esta irrigada, en su mayor parte, por ríos de carácter torrencial, con avenidas de corta duración cuyos causes permanecen secos durante el estiaje. Los ríos de la cuenca que tienen escurrimientos perennes son: Magdalena, Mixcoatl, Tacubaya, Hondo, Tlanepantla, Cuahutitlan, Tepotzotlan, San Juan Teotihuacan y la Compañía. Para 1976 la Comisión Hidrológica de la Cuenca del Valle de México de la Secretaría de Recursos Hidráulicos reportaba un total de 60 escurrimientos superficiales, en once zonas hidrológicas con un total de 400, 591,000 m3/seg. Esa misma comisión en 1962 midió los volúmenes de 274 manantiales con un total de 6, 193 L/ seg. (DDF 1975). El diagnóstico desarrollado en 1997 por el DDF, el Gobierno Estado de México y la SEMARNAT, en el Programa Metropolitano de Recursos Naturales, consigna que debido al crecimiento poblacional y a la expansión de la mancha urbana se ha alterado el balance hidrológico, afectando el abastecimiento de agua por sobre-explotación de los mantos acuíferos. Del agua disponible por precipitación en la Cuenca de México, el 80% se evapora, el 11.3% se infiltra al subsuelo y el 8% escurre superficialmente. De lo que escurre se aprovechan 3 m2/segundos el resto se desaloja a través del sistema de drenaje. Se estima que cada año se recargan del orden de 220 millones de metros cúbicos. La descarga de agua pluvial que se

va al drenaje profundo es superior a la

recarga del acuífero, debido a la velocidad de infiltración. Por otro lado, los volúmenes de extracción son superiores a los de recarga. En 2009, las predicciones se han consumado, la racionalización de agua en el oriente y sur de la metrópoli, es un hecho. No obstante, todavía persisten algunos caudales disminuidos como el río Magdalena, una insignificante parte del sistema de lagos, concentrada en Xochimilco, Chalco y Texcoco y una pequeña muestra del ancestral sistema chinampero reducido, por cierto, por los cascajos depositados en esas fértiles tierras después del terremoto de 1985; depósito que detonó su ocupación irregular y posterior urbanización. También dio inicio del cambio del uso ancestral agrícola, por un uso tecnificado, particularmente invernaderos de flor con paquetes tecnológicos (que incluyen consumo de pesticidas y fertilizantes), perdiéndose un conjunto prácticas

agrícolas originarias, y disminuyendo en general la producción de alimentos para la gran ciudad. Durante 1982, el primer autor realizo diversos recorridos por la región productiva chinampera, embarcándose cotidianamente en San Gregorio Atlapulco. Los embarques de hortalizas fueron muy significativos en el abasto de alimento de la ciudad por largo tiempo. Se pudo constatar que de las rutas de comercialización originarias del sistema de canales, prevalecían hasta esa década sus destinos: los mercados de Jamaica y la Merced, aunque ya se utilizaban camiones de tres toneladas para cubrir la ruta que originalmente se hacía a través del sistema de canales. Posteriormente el proyecto de la Central de Abasto, trastoco la dinámica productiva y las formas comercialización de los productores chinamperos. En esta zona clasificada por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, algunas chinampas han sido utilizadas, también por largo tiempo, para almacenar viejas estructuras de concreto residuales de la monumental y prolongada obra hidráulica que hoy revuelve las aguas residuales de uso doméstico e industrial, con los millones de metros cúbicos de los escurrimientos superficiales producto de las elevadas precipitaciones que ocurren en la cuenca, donde paradójicamente la escasez de agua se incrementa. Hidrológicamente las corrientes San Gregorio, San Lucas, Santiago, San Buenaventura, San Francisco, La Compañía, Amecameca y Milpa Alta, corresponden a la Sierra Chichinautzin, cuya característica sobresaliente es la gran permeabilidad de sus formaciones basálticas y las altas precipitaciones que ahí ocurren. A diferencia de la sierra de Las Cruces cuya formación geológica favorece los escurrimientos superficiales perennes. Los procesos de urbanización en la Sierra Chichinautzin, en las tres últimas décadas del siglo pasado y especialmente en Xochimilco (figura 2), han conducido a la reducción de la superficie de recarga. De acuerdo con Legorreta (1995) la Ciudad de México en 1990 era la ciudad más poblada del mundo, 16 millones de habitantes ocupaban un área urbana de 1, 300 km2. La concentración metropolitana más grande en ese año era la ciudad de Los Ángeles con 3, 970 km2, seguida de Nueva York con 2, 430 km2 tomando en cuenta Nueva Jersey, Manhattan, Stanfort y New Haven. La característica peculiar de la Ciudad de México, no es su extensión sino su

elevada tasa de crecimiento y su densidad. Mientras Los Ángeles crece a una tasa inferior al 1.5 % con densidades promedio de 40 habitantes por hectárea. La Ciudad de México triplica esta tasa con 4.5% con una densidad de 150 habitantes por hectárea. Entre 1950 y 1980 se registraron tasas de crecimiento poblacional en la zona conurbada del Estado de México, que van de 7. 27 a 11.8 %. La dinámica demográfica, la expansión urbana y el incremento del parque vehicular en un espacio cerrado como es la cuenca endorreica, ha generado en su conjunto, impactos atmosféricos locales, diferenciados del problema atmosférico global que se refleja en el incremento de temperatura de la Tierra, producto de las emisiones de gases de invernadero y de los procesos de desertificación. Los impactos locales negativos, en el caso de la cuenca, son superiores a los globales. La condición de cuenca endorreica, no sólo determina una dinámica hidrológica específica, sino que la acelerada pérdida de la cobertura vegetal, la reducción del espejo de agua y su conversión a superficie impermeable de cemento, la combustión de hidrocarburos de más de 4 millones de vehículos, en un espacio orográficamente cerrado, genera una circulación local de vientos que impiden el desplazamiento de gases contaminantes (perfectamente visibles desde la altura) que flotan sobre la llamada cuenca atmosférica. Lo que es importante señalar es que el desequilibrio hidrológico y ecológico, así como la transformación radical del espacio no son

hechos

casuales, por el contrario han sido una construcción social del espacio, atravesada por relaciones de poder. El desagüe y el desecamiento del lago formaron parte de una concepción de construcción territorial durante la conquista y la colonización europea. Después de la emancipación y hasta la dictadura porfiriana, digamos que la transformación del paisaje fue paulatina. La aceleración de la expansión urbana, y sus desequilibrios, inicia en la década de los cincuenta del siglo pasado, como producto del predominio de sectores económicos específicos y usos productivos de la cuenca sobre sectores y usos estratégicos para su propio soporte. Esta preponderancia de los sectores secundario y terciario, ha sido facilitada por las intervenciones gubernamentales. Hay que recordar, que la capital era gobernada prácticamente por el poder federal. Específicamente

se apoyó al sector inmobiliario, a la industria de la construcción, así como a la banca internacional, con la adquisición de deuda externa. En esta última etapa, durante los años sesentas, incluso se conformó una Comisión de Conurbación que fomentó el poblamiento y expansión de la Ciudad de México. Casualmente en el mismo periodo se impulsaron en el campo políticas de ampliación de la frontera agrícola (para grandes extensiones de monocultivo), apertura de potreros a través de una Comisión Nacional de Desmontes, la cual descremo grandes extensiones de selva y extrajo muy importantes volúmenes de cedro y caoba en los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas, con el engaño y la amenaza gubernamental de que serían expropiadas las tierras que se mantuvieran ociosas. Una pinza perfecta se cerraba, en la materialización de la voraz expansión del capital.

El contraste social contemporáneo y la construcción social anti-natura

En la medida en que la Ciudad de México, sede histórica de los poderes de la nación, concentra el dinamismo económico, político, cultural y social del país, se tornan extremas las contradicciones que conforma gradualmente el espacio metropolitano. La diversidad de este espacio nos invitan a reflexionar sobre el mundo de contrastes que aparece ante nuestros ojos: la pobreza extrema que coexiste con las mayores concentraciones de riqueza registradas en el mundo, incluidas abiertamente las fortunas acumuladas por el crimen organizado y sus aliados políticos. La ciudad aglomerada, densamente poblada y contaminada, que contrasta con las ancestrales chinampas,

cuasi relictos, todavía en uso

productivo y con los viejos bosques comunales del sur en buen estado de conservación. Más del 50% del territorio está clasificado todavía, como suelo de conservación ecológica y cuenta con 15 áreas naturales protegidas. La ciudad de las mega-marchas y las protestas sociales que se gestan en este adolorido y ensangrentado país, pero que se manifiestan en la formas de apropiación temporal de sus calles y espacios públicos. En

contraste

topamos con la indiferencia, la legendaria desatención de gobernantes y representantes (que no representan absolutamente a nadie); y finalmente con el uso de la violencia y el terror de Estado, frente a la incapacidad de comprensión y atención de las múltiples y agobiantes problemáticas sociales y ambientales que aquejan a la inmensa mayoría. En suma la impunidad y la inexistencia de justicia han cabalgados sobre la conformación metropolitana. A todo ello se suma la incrustación de enclaves globales de consorcios transnacionales, con modernas y vanguardistas arquitecturas, en escalas concebidas dentro de esquemas de megaproyectos (Pérez-Negrete 2008, 2009, 2014) y con poderosos patronatos que administran los espacios públicos”, conformando pequeñas ciudades amuralladas dentro de la metrópolis (ver también Giglia 2002), que se erigen firmemente frente a las amenazas del crimen y la inseguridad pública, que amenaza también a esas minorías que incrementan su plusvalía hora tras hora. Los contrastes y la polarización van construyendo socialmente la inseguridad (con ayuda de los medios de comunicación electrónica y la desbordada corrupción de los órganos de impartición de justicia), cuya percepción desciende de las minorías que acumulan grandes capitales hacia las mayorías despojadas y endeudadas, que, paradójicamente, también se perciben en riesgo diluyendo así, de manera imperceptible, las relaciones de poder inter-clase, justamente a través del miedo; y sí: hoy todos somos vulnerables en este ensangrentado país. La Ciudad de México, como sede de los poderes, se ha conformado, a fin de cuentas, como histórico resultado de un conjunto de malas prácticas gubernamentales y de procesos de sobre-acumulación de capital que han profundizado las desigualdades sociales, privilegiando a actores y sectores específicos de la economía. No obstante, la instrumentación agresiva de las políticas de libre mercado y la penetración del discurso civilizatorio de la globalización se profundizo con la consolidación hegemónica unilateral del bloque capitalista a partir de la caída del muro de Berlín (1989), reacomodo geopolítico que se viene agudizando, con la mezcla de poderes legales e ilegales. En la escena mexicana, el inicio de la implantación hegemónica unilateral se vive como resistencia política, a través de las movilizaciones

poselectorales de 1988, bajo la imposición fraudulenta del régimen salinista y la posterior instrumentación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que es acompañada por un conjunto de asesinatos políticos y del posterior levantamiento armado en el sur del país. Es aquí donde se va configurando (a fuerza de golpes bajos, persecuciones políticas, represión e impunidades, en suma la guerra sucia) una participación ciudadana más crítica, arriesgada y consciente. Sobre ello profundizaremos más adelante. Regresando al terreno de la materialidad y la economía, el análisis de David Harvey (2010) en “La Ciudad Neoliberal” ilustra como los procesos de urbanización representan una solución temporal al proceso de sobreacumulación de capital, o excedente a re-invertir. Las re-configuraciones urbanas en diferentes ciudades han tenido como objetivo ayudar a resolver la crisis de sobre-acumulación de capital y el problema del desempleo, como primer vehículo de estabilización social. Es ese el momento, explica el autor, en el que se diseñan y ponen a prueba instrumentos financieros que permiten la ejecución de grandes proyectos, así como la conformación de la actual oligarquía financiera, que persiste a pesar de las fuertes oscilaciones sistémicas, utilizando mecanismos que el autor denomina acumulación por despojo. Para Harvey (2006) la globalización encarna un nuevo periodo de acumulación por despojo o desposesión, en una relación que se infiere de la acumulación primitiva y la reproducción ampliada del capital.”. Si la acumulación primitiva se basó en la mercantilización y la privatización de la tierra; en la expulsión de campesinos; en la conversión de la tenencia de tierras comunales en privadas; en la mercantilización de la fuerza de trabajo; en la supresión de formas alternativas de producción y consumo (como las de los pueblos indígenas); en la apropiación de bienes de otras regiones; y en la constitución del Estado como respaldo y promoción de estos procesos; este tipo de acumulación está aún vigente y toma nuevas formas en la era de la globalización. A este proceso nuevo le denomina el autor acumulación por desposesión. De este modo, desposeer en la globalización significa una nueva ronda de cercamiento de los bienes comunales y públicos, en un proceso profundo de privatización. La privatización entonces puede entenderse como esa transferencia de activos públicos productivos, entre ellos los recursos

naturales, a empresas privadas. Es, dice Harvey (2006), un proceso de desposesión bárbara, que incluye la cosificación y mercantilización de todo absolutamente (Alfie et al 20104); y por supuesto el uso de la violencia. En México se vive la desposesión de grandes extensiones concesionadas a la minería. Lo peor del caso es que el crimen se encarga de desalojar y despojar a pueblos enteros de sus bienes y de sus vidas. Cada proceso de re-configuración urbana producto de grandes concentraciones de capital, la escala espacial y la escala de la dimensión de los conglomerados urbanos se incrementan como correlato de la magnitud de esa acumulación, pero también se incrementan la polarización social, los fenómenos de segregación y diferenciación socio-espacial, y principalmente las transformaciones en el espacio no urbano, de las regiones que contienen esas grandes ciudades. Imaginemos, por ejemplo, la huella en el paisaje que deja, la explotación minera de los millones de toneladas de cemento y acero, que demanda hoy, la re-configuración urbana de China, que se estima en 50% de la producción mundial de cemento (Harvey 2010, Azuara 2010, 2011), así como cientos de toneladas de acero, que se embarcan desde Lazaro Cárdenas, Michoacán. Lo importante en términos geopolíticos es que los impactos negativos ambientales y sociales del desarrollo urbano de China están geográficamente localizados en México. Lo mismo ocurre con el petróleo de los Estados Unidos desde la década de los ochentas del siglo pasado. Podemos observar en la autopista de la Ciudad de México hacia Teotihuacan las montañas cercenadas por los aprovechamientos mineros de grava, arena y cemento, cuyas “manifestaciones de impacto ambiental” (si es que alguna vez se presentaron a la autoridad ambiental federal), fueron sustituidas por “informes preventivos” o “auditorias voluntarias” que no previenen nada, sobre hechos consumados. Todo con tal de no molestar a los señores del gran capital. Peor aún, observemos como han desaparecido montañas completas por “aprovechamiento” minero en la Sierra Santa Catarina, clasificada eufemísticamente como Área Natural Protegida. Estos impactos son superiores a la deforestación por su carácter irreversible. Es posible también estimar la cantidad de hectáreas de bosques y selvas 4

Prolegómeno para el libro Sistema Mundial y Nuevas Geografía editado por la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Iberoamericana. México.

derribados por la demanda de madera para cimbra, en los procesos constructivos de la metrópoli mexicana, cuya tasa de expansión urbana en el año 2000 era de 742 m 2 de construcción por hora (Azuara 2011). Blanca Ramírez (2010) demuestra a través del análisis de los sectores económicos en la ciudad, que la economía en la era post-industrial sigue soportándose en el sector secundario (sector inmobiliario e industria de la construcción, principalmente) y no precisamente en el sector de los servicios que caracterizan a las ciudades globales en la era de la información (Sassen 1991

y

Castells

1998).

El

discurso

de

la

globalización

esconde

demagógicamente la instrumentación acumulativa del neoliberalismo. El proceso, es por naturaleza especulativo, ubicado en el sector inmobiliario y se basa fundamentalmente en la competencia por los lugares. Esta competencia por el espacio entre los especuladores o fraccionadors de terrenos en la ciudad operó de la siguiente manera. En una primera instancia el Estado facilitó la expansión del sector inmobiliario y de la industria de la construcción pasando por encima de los derechos del sector primario (agrícola, forestal y ganadero) y por los derechos agrarios de propiedad social fundada en el reconocimiento de los bienes comunales y del ejido (conquista, por cierto, de los zapatistas y villistas de la revolución mexicana). Cuando las negociaciones entre los sectores no fructificaron, se ejecutaron decretos expropiatorios argumentando causa de utilidad pública. Este mecanismo fue muy utilizado en todo el país en el periodo de Echeverría Álvarez, y ha sido una de las principales causas de conflictos inter-étnicos inducidos por el Estado y de despojo de tierras, incluso de pequeñas propiedades. En 1992 se instrumentaron las reformas al artículo 27 constitucional que dieron paso a la privatización de la propiedad social. De acuerdo con los autores Azuara, Ramírez y Gutierrez (2000) el déficit de vivienda

muchas

veces es pretexto para generar un mercado irregular de la tierra y manipular grupos políticos en coyunturas electorales, para después beneficiar al capital inmobiliario. Las consecuencias más obvias del comportamiento de este mercado se reflejan en el elevado costo de los terrenos para la construcción, el cambio de uso del suelo, la venta de terrenos ejidales y comunales para desarrollos inmobiliarios y la desaparición de núcleos agrarios.

Según el Registro Agrario Nacional, en el Distrito Federal se han constituido legalmente 83 ejidos y siete comunidades a los que se les otorgaron 54 mil 400 hectáreas. De esta superficie, sólo les resta 33 mil 938 hectáreas (11mil 934 ejidales y 22 mil comunales). Esto implica una disminución de 20 mil 462 hectáreas que han sido afectadas por la expansión urbana e industrial, y que 38 de los 88 núcleos agrarios que actualmente existen ya no cuenten con tierras. De acuerdo con Singer (1978) el campo puede subsistir sin la ciudad, de hecho la precede. La producción de un excedente de alimentos es una condición necesaria pero no suficiente para el surgimiento de la ciudad. Además es necesario que se creen instituciones sociales, una relación de dominación y por último de explotación, que asegure la transferencia del excedente del campo a la ciudad. Esto significa que la existencia de la ciudad presupone una participación diferenciada de los ciudadanos, en los procesos de producción y distribución, es decir, una sociedad de clases. En suma la expansión urbana es la materialización de la expansión del capital y la solución temporal de las crisis de sobre-acumulación de plusvalia. Dicha materialización

genera impactos ambientales irreversibles sobre el

suelo, los ciclos hidrológicos y atmosféricos de la Cuenca de México. Asimismo, produce el desplazamiento y el deterioro social del sector primario, así como el despojo de sus tierras de labor y bosques comunales. Lo que observamos y vivimos cotidianamente en la Ciudad de México es la esquizofrenia del modo de producción, que concibió la vida urbana como una forma ilimitada y lineal de producción y consumo de bienes y servicios. El problema no radica exclusivamente en los procesos de sobre-acumulación y concentración de capital, y la injusta distribución de la riqueza, que induce inseguridad y violencia; el verdadero problema radica en que la base natural de la producción de bienes y servicios, (los ecosistemas, agro-sistemas y la biosfera misma), se está agotando y perdiendo a velocidades alarmantes, sin que las tendencias mundiales de urbanización y acumulación de capital detengan su marcha (ver Azuara 2011).

Participación Ciudadana: una aproximación conceptual

Hablar de participación ciudadana en este contexto de expansión, despojo, jerarquización, expoliación social y violencia estructural, nos hace pensar que el concepto se acerca más, en cierta medida, a la utopía: una participación ciudadana plural, incluyente y diversa forma parte de una de las dimensiones de “la ciudadanía”. Sin embargo, veremos que la utopía también es parte constitutiva de la misma participación. Hay que comprender a la ciudadanía entonces como una construcción social, como parte de un proceso histórico, pero también coyuntural. “Términos como sociedad civil, ciudadanía y democracia se han utilizado para sustituir otros tales como formación de clases, desigualdad social, movimientos sociales, nacionalismo, pueblo o socialismo” (…) la conformación de espacios de

ciudadanía

como

espacios

de

conflicto

son

“el

resultado

desacoplamiento entre la dinámica estructural del Sistema Mundial

del y los

procesos históricos particulares, entre el sistema y el mundo de la vida (la naturaleza de la naturaleza), entre estructura y agencia, entre lo global y lo local, entre universalismo y particularismo, entre objetividad y subjetividad.” (Tamayo: 2006; p. 13) La ciudadanía es dinámica, no debería extrañarnos entonces que sea un medio y no un fin, para transformar las relaciones sociales. Cuales son entonces estas dimensiones de la ciudadanía: “la primera dimensión es la que se constituye por la relación entre Estado y sociedad civil, que

involucra

concepciones de nación y nacionalidad, así como expresiones jurídicas y culturales de membresía y comunidad. La segunda es el proceso que define y redefine derechos y obligaciones de esa membresía, y reglamenta de alguna manera el comportamiento individual y social. Finalmente, la tercera es la participación, entendida como el proceso político de formar parte de una comunidad, de involucrarse en la toma de decisiones y de delinear el camino a la democratización en la sociedad. Estas tres dimensiones (Estado-sociedad civil, derechos y participación) son ámbitos analíticos a partir de los cuales

pueden confrontarse y compararse los distintos proyectos políticos de los actores estratégicos. (Tamayo: 2006; p. 19). Yo agregaría por mi parte que frente al debilitamiento de la dimensión jurídica por la falta de justicia en nuestro país, la participación ciudadana tiene que re-pensarse fuera del ámbito político electoral, y mucho más involucrada en el sector al que cada uno de nosotros somos parte, o nos identificamos con él, en nuestro entorno cotidiano local y regional. Las expresiones de identidad de diferentes proyectos de ciudadanía cohesionan a ciertos grupos sociales, mientras que excluyen a otros (Tamayo 1999). El espacio público, entonces, es entendido como ese ámbito de reconocimiento de actores sociales y políticos que confrontan proyectos y visiones distintas de lo social (…) el espacio se convierte en un componente indispensable de la organización social, simplemente por el hecho de que interacción significa relación de los individuos en el espacio” “el espacio es un concepto abstracto, desprovisto de carga simbólica. Adquiere significado sólo cuando se percibe, se usa, se práctica, se posiciona uno con respecto a otros”. (Tamayo: 2006; p. 24-26). “La comunidad política, sea ésta ciudad o el Estado nación, se convierte en el contexto y escenario de las prácticas ciudadanas” (Tamayo: 2006; p. 29). Aquí hay que recordar a Lefebvre (1969), quien conceptualiza al espacio, no sólo como objeto de expansión, sino como producto de la relación de poder. Si el espacio aparenta neutralidad es precisamente porque así conviene a quien tiene dominio sobre este. En consecuencia, reflexionar sobre nuestra práctica ciudadana, nuestra participación e involucramiento en los diferentes ámbitos y sectores en los que organizamos nuestra vida social, se vuelve complejo; ya que, nuestra participación, o ausencia de involucramiento y distancia del contexto, nos implica directamente dentro de nuestros espacios de interacción y articula nuestra congruencia a través de la actuación.

La dimensión del Estado y la Sociedad Civil

La comprensión de la articulación entre el orden social urbano, el territorio donde se asientan el conglomerado y los cascos urbanos de los pueblos no conurbados, y el lugar donde desarrollan sus actividades y participan los diferentes actores y sectores sociales de la metrópoli mexicana, que conforman la ciudadanía, además de la visión que proporciona el marxismo y materialismo histórico geográfico, requiere de un análisis del impacto de la planeación urbana, dictada generalmente por los sectores dominantes de la economía, y la organización político territorial que esta relación determina. Estructura vertical que desciende a través de los diferentes niveles de gobierno y espacios de soberanía (la división del poder político de la nación mexicana). Queremos pensar que no siempre, ni en todo momento de la historia nacional, la función pública ha estado al servicio del gran capital. Por ello es imprescindible considerar la tensión o subordinación que genera, en todos los niveles y órdenes de gobierno, la interacción con las fuerzas económicas supranacionales, entre las que destacan los organismos financieros internacionales como Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial (Blim 2006), que imponen sus reglas sobre las leyes nacionales, que ejercen presión sobre los funcionarios públicos e inciden en los procesos legislativos. Autores como Hirts y Thompson (1996) y Manuel Castell (1999), señalan que el gobierno de los mercados internacionales incluye a los gobiernos nacionales pero en un nuevo papel: los estados

funcionan

menos

como

entidades

soberanas

y

más

como

componentes de un “sistema de gobierno internacional”, las funciones centrales del estado-nación serán proporcionar legitimidad y asegurar que los mecanismos de gobierno supranacionales y subnacionales operen. El estadonación cada vez está más sometido a fuentes de poder que no están definidas o son indefinibles. Es así que en el plano supranacional operan: redes de capital,

producción,

comunicación,

crimen

organizado,

instituciones

internacionales, aparatos militares supranacionales, religiones transnacionales, organizaciones no gubernamentales y movimientos de opinión pública.

Por debajo del Estado se encuentran las estructuras propias de los niveles de gobierno, las comunidades de diversa índole, las tribus, los cultos y las bandas, organizaciones urbanas y movimientos sociales. Digamos que lo que está por debajo del estado, exceptuando las estructuras propias de los niveles de gobierno integran en su conjunto a la sociedad civil. Ahora bien, podemos observar que las estructuras de los niveles de gobierno que inciden en el “manejo” del territorio de la cuenca y de la metrópoli, varían de acuerdo a los límites y objetivos planteados en los diferentes programas y políticas públicas de los diferentes niveles de gobierno. De acuerdo con el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM 1999) la Megalópolis abarca 265 municipios, de los cuales 99 corresponden al Estado de México, 31 a Morelos, 36 a Puebla, 52 a Tlaxcala, 31 a Hidalgo y 16 delegaciones al Distrito Federal. La Zona Metropolitana del Valle de México se integra por 59 municipios conurbados y 190 municipios que integran la denominada Corona de Ciudades (figura 3). El número de habitantes en esta concepción de Megalópolis para el año 2000 era de 26.8 millones representando el 27.5 % de la población nacional. Es importante destacar que el POZMVM, se realizó con el objeto de analizar las tendencias del crecimiento urbano, y no la disponibilidad de recursos naturales para la población. Muchas de las tendencias que ahí se marcan no consideran los límites físico-ambientales, particularmente los relacionados con, la geomorfología, el balance hidrológico y los ecosistemas que proporcionan bienes y servicios ambientales a la población tanto urbana como rural de la región central del país. Si atendemos la unidad de análisis territorial que nos compete, la Cuenca de México comprende 95 municipios, y 5 gobiernos estatales (Estado de México, Hidalgo, D.F, Tlaxcala y Puebla). Por otro lado, si nos constreñimos a los municipios donde se despliega el área urbana (según Duahu y Giglia 2009), suman un total de 44, en dos entidades federativas Distrito Federal y Estado de México (anexo 1). Esta distinción es importante en cuanto a la estrategia que puede seguirse en los estados y municipios de la Cuenca de México entre el suelo propiamente urbano y el suelo que debe destinarse a la conservación y manejo de recursos naturales, particularmente la producción agroecológica

y

silvo-pastoril,

el

manejo

hidrológico

(captación

y

almacenamiento del agua pluvial y recarga del acuìfero), la restauración de ecosistemas y mejoramiento del hábitat para incrementar las poblaciones de fauna silvestre. En consecuencia, la definición de unidades territoriales que permitan un manejo de los usos del suelo en la Cuenca de México que detengan las tendencias expansivas y los impactos sobre los recursos naturales y la cuenca atmosférica, implica una sería coordinación de la federación con cinco gobiernos estatales, antes que el enorme descontento social y los riesgos a la salud e integridad de la población sean mayores. La coordinación más estratégica y urgente es evidentemente la del Distrito Federal y la del Estado de México. Lamentablemente, y como era de esperarse, la Comisión de Coordinación Metropolitana, entidad gubernamental, además de sesionar eventualmente, no ha consolidado una agenda sólida de planeación e intervención territorial que supere los diferendos políticos en aras del bienestar de la población metropolitana. El juego del diferendo político les beneficia hoy a ambos entes gubernamentales. En el tercer nivel de gobierno las demarcaciones políticas que integran en el Distrito Federal el suelo de conservación son nueve. El territorio del Estado de México, que potencialmente pudiesen integrase para definir legalmente la frontera entre el suelo urbano y el de conservación, así como una clasificación del uso de suelo, fundamentada en un ordenamiento ecológico (concertado socialmente y con criterios ambientales similares) abarca 17 municipios (anexo1). Es importante destacar el papel que puede jugar un cuarto nivel de gobierno para la instrumentación de acciones específicas con las comunidades, ejidos y organizaciones sociales. En el caso del Distrito Federal una propuesta sería apropiarse y legitimar las Coordinaciones Territoriales, en manos del poder ciudadano local y reactivar la democracia directa en escalas de organización operables. Es de suma importancia considerar que a partir de 2012, como preludio a las reformas estructurales en materia de energética, se restructura y simplifica el conjunto de secretarías de estado responsables de los asuntos agrarios, ambientales y del territorio.

Los sectores gubernamentales involucrados en el territorio de la Cuenca del Anáhuac en el nivel federal eran hasta 2012: 1. El Sector Ambiental: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Comisión Nacional del Agua (CNA), Comisión Nacional Forestal, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). 2. Sector Agrario: Secretaria de la Reforma Agraria, Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) y un conjunto de tribunales agrarios y juzgados que pertenecen al poder judicial federal. 3. El Sector Primario representado por la Secretaría de Agrícultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 4. Sector Urbano, que se encontraba ubicado como subsecretaria dentro de la Secretaria de Desarrollo Social. La complejidad burocrática, la concurrencia de atribuciones y competencias de los tres niveles de gobierno que inciden sobre el espacio metropolitano y sobre la cuenca, así como

la concurrencia de intereses económicos de

diferentes sectores y actores sociales específicos (dominado por las organizaciones gremiales del sector inmobiliario), imposibilita la coordinación eficiente para el adecuado manejo del territorio y el agua, poniéndonos a todos en riesgo. La actividad gubernamental se concentra generalmente en la disputa por la permanencia en el poder político, en coordinación con el partido político que los llevo al poder, tanto a nivel del ejecutivo federal y poder judicial como en el ámbito de los cargos de representación del poder legislativo. Las formas de relación que el gobierno, en sus diferentes órdenes, establece con la sociedad van imponiendo múltiples membresías con el objeto de construir clientelas políticas que les garanticen la permanencia en el poder. Por ejemplo se pude ser miembro de una comunidad agraria, productor agropecuario (apoyado por SAGARPA), beneficiario de un programa de adultos mayores y a la vez Oportunidades, y de un programa de vivienda rural de SEDESOL.| El problema es que los beneficios se concentran en una minoría que sólo recibe el dinero sin poner en práctica los proyectos productivos, pero garantizando la operación política de la elección por venir. En consecuencia la visión asistencia pervierte el ejercicio libre y autónomo de la ciudadanía.

El verdadero ejercicio ciudadano es la organización que se construye para la defensa cotidiana de nuestros derechos. La organización social se inicia bajo la defensa de alguna causa común que nos agremia, como la defensa del voto, la defensa de la tierra o la defensa de nuestra propia vida en un contexto de violencia estructural. De tal suerte que a medida que el grupo o colectivo percibe avances y logros, se va consolidando el poder ciudadano.

La dimensión de los derechos

Se entiende por derecho un sistema de normas las cuales van encaminadas a regular la conducta social estado de bienestar general;

de tal manera que se logre un

“la finalidad de dichas normas es su propia

utilidad para el ser humano, las cuales están orientadas a la realización de la justicia, seguridad jurídica, libertad e igualdad para proteger a toda la colectividad y no a un sujeto determinado”5. Los desequilibrios y diferencias en el ejercicio de los derechos colectivos y de las garantías individuales de los habitantes de la metrópolis, así como su adscripción a diferentes marcos legales (La Ley Ambiental y la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, La ley de Fraccionamientos y la Ley de Asentamientos Humanos en el Estado de México, más las diferentes leyes secundarias derivadas de la Constitución Política Mexicana que las enmarcan (por ejemplo: La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental, la Ley Agraria y la Ley de Aguas Nacionales, por citar algunas) además de los reglamentos y reglas de operación de los programas que derivan de ellas, y por supuesto las reglas no escritas, resultan en la inhibición de la participación ciudadana, por el cansancio que genera la desatención a los ciudadanos por parte de los diversos entes gubernamentales, por la dificultad que enfrenta el ciudadano de incidir en el mejoramiento del entorno local y regional y principalmente por el desamparo en el que se encuentra, frente a la falta de mecanismos para exigir la garantía en el cumplimiento de sus derechos.

5

Cruz, Angélica y Roberto Sanromán. Fundamentos de derecho positivo mexicano. P. 12 y 13

Duhau y Giglia (2009) citan una descripción muy certera que publica Juan Villoro en el diario Reforma (2 de febrero de 2007) que aquí reproducimos: De nada sirve que las autoridades prohíban obras: los propietarios se amparan y van a un litigio larguísimo, mientras siguen construyendo. No hay Estado de derecho: cualquiera puede sobornar a un empleado menor o a un juez, los mandos medios pueden desaparecer archivos como les conviene. Cuando el Delegado pregunta en su oficina de licencias cómo autorizaron una obra que rebasa la altura permitida, le responden “el proyecto que me presentaron sólo tenía dos pisos, por ahí estaban los planos pero ya se perdieron” El D.F. tiene dos problemas específicos: crece con un dinamismo incontrolable y está sobre-reglamentado, hay tantas normatividades que la Ley es un asunto de interpretación.

Esta forma de actuación se reproduce en diferentes ámbitos de actuación gubernamental. Peor aún, cuando se trata de aplicar leyes o realizar auditorías ambientales al sector paraestatal, PEMEX y CFE concretamente. El ejecutivo actúa indiscutiblemente como juez y parte dispensando un conjunto de impactos ambientales. El deterioro ambiental en estados petroleros como Tabasco y Veracruz, o el impacto en Guerrero y Sinaloa que producen las termoeléctricas costeras que siguen operando con combustóleo, afectando la salud y las actividades económicas de la población, son una prueba contundente de esta forma de actuar. A pesar de que los problemas ambientales llevan varias décadas lesionando los diferentes ecosistemas del territorio nacional, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental (LGEEPA) fue promulgada en 1988, bajo la presión y participación de diversos grupos ambientalistas, que por cierto ninguno de ellos impulso la formación del Partido Verde Mexicano (PVM), tan alejado y hasta opuesto de las causas sociales y ambientales. Durante la administración de Zedillo, Julia Carabias operó la publicación de un decreto que des-regula la manifestación de impacto ambiental para sesenta ramos industriales sustituyéndolo por un informe preventivo (Diario Oficial de la Federación del 23 de octubre de 1995), lo que detonó la movilización de un conjunto de organizaciones no gubernamentales ambientalistas que impulsaron dos demandas específicas: el derecho a la información y la participación ciudadana (Castillo et al 1998). Estos dos ámbitos fueron incluidos en las reformas de esta ley federal en 1996. Sin embargo, el decreto siguió teniendo efecto dando paso a una larga la historia de impunidades que hoy encabeza Grupo México, con Pasta de Conchos y los mega-desastres de contaminación

hídrica y terrestre del Estado de Sonora, donde los líderes que reclaman justicia ambiental se encuentran presos. La Ley Ambiental del Distrito Federal prevé el desarrollo de instrumentos de política ambiental básicos para lograr la conservación de los recursos naturales y promover el equilibrio ecológico. Como resultado de esta visión, se han diseñado y comienzan a ser ejecutadas acciones para conservar y aprovechar de manera racional nuestros recursos naturales, a través de instrumentos técnicos y legales que definen un patrón de usos del suelo para maximizar los beneficios de los servicios ambientales y la capacidad productiva del Suelo de Conservación y que, simultáneamente, garanticen la participación de los pueblos, comunidades y ejidos, así como la construcción de consensos. En el caso del Distrito Federal, el Ordenamiento Ecológico se construyó como el instrumento rector para el desarrollo de actividades y obras que se pretenden llevar a cabo en el Suelo de Conservación y tiene por objetivo general determinar el uso del suelo, así como regular y promover las actividades productivas, en concordancia con la estructura y funcionamiento de los ecosistemas y con las necesidades fundamentales de la población actual y futura, y lo que fue fundamental, bajo el consenso de las comunidades y pueblos. Este ordenamiento tiene la misma jerarquía legal que el Programa General de Desarrollo Urbano. El 28 de abril de 2000, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal, estableciendo la capacidad de uso del suelo en el área rural e indicando los mecanismos que propician la solución de problemas ambientales específicos, mediante la instrumentación de políticas ambientales y de lineamientos y criterios ecológicos para el uso y la conservación de los recursos naturales para los diferentes sectores productivos que inciden en el territorio. De manera general, la zonificación normativa que rige los usos y destinos del 59% del Territorio del Distrito Federal es el resultado de una combinación de variables estratégicas que determinan la estabilidad ambiental de la cuenca, en la parte sur-poniente correspondiente a los ecosistemas y cultivos del Distrito Federal. Estas variables incluyen la dinámica hidrológica

(precipitación, escurrimientos y recarga del acuífero), la dinámica de la biodiversidad (distribución de los tipos de vegetación y de los vertebrados terrestres, usando la metodología de Bojórquez et al 1995), y la aptitud de uso del suelo, fundamentado en la percepción que tienen del medio físico diferentes sectores de la sociedad, que habitan y hacen uso del territorio (Azuara et al 2000; Azuara et al 2002, Tabla 1). Durante dos periodos de la

administración pública del Gobierno del

Distrito Federal (entre 1997 y 2006), la propuesta e integración de estos conceptos marcaron una pauta novedosa en la elaboración y puesta en marcha del Programa General de Ordenamiento Ecológico (PGOE), así como su debate e inclusión de criterios y categorías en el Programa General de Desarrollo Urbano y los respectivos programas a nivel de las delegaciones políticas. La instrumentación del PGOEDF para regular los usos del suelo y las actividades productivas en el Suelo de Conservación representó un gran reto, el cual, a pesar de la consulta pública realizada antes de su aprobación (se detalla más adelante), tuvo un lento proceso de aceptación por parte de los habitantes y productores. En dicho proceso siempre se buscó que los proyectos productivos, apoyados por las diferentes instancias de gobierno, se enmarcaran en la normatividad establecida por el programa, integrando los lineamientos en la medida de lo posible dentro del marco productivo de los proyectos, para evitar un mayor deterioro ambiental. Como toda puesta en marcha, el PGOEDF ha tenido sus limitaciones. A pesar que desde sus orígenes intentó integrar los aspectos ecológicos, sociales y económicos de la cuenca sur y poniente que abarca el Suelo de Conservación, la tensión social que se da por la disponibilidad de recursos naturales (particularmente el agua y la calidad del aire), el orden social y urbano prevaleciente sigue trastocando físicamente el territorio, por los procesos económicos expansivos que ya hemos descrito. Si bien es cierto que durante el periodo 2001-2006 se redujeron las acciones coercitivas para la contención de asentamientos humanos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA), se eliminó la vigilancia en la materia y el programa de control de asentamientos irregulares. Sin embargo, las políticas de re-densificación poblacional, y reciclamiento de suelo servido,

impulsadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) tuvieron un efecto positivo sobre las tendencias de expansión urbana (Tamayo 2007). Aquí podemos observar una actuación sectorial diferenciada, ya que el Secretario de Obras, en un acto de congruencia, se negó a coordinar el megaproyecto del segundo piso del periférico y la coordinación la encabezo la SMA. Es evidente que cuando mayor es la complejidad de las estructuras de gobierno más difícil se vuelve la gobernabilidad, ya que los marcos legales que otorgan

derechos

y

definen

obligaciones,

no

necesariamente

son

complementarios o concurrentes, reproduciendo las diferencias y la tensión sectorial en las mismas instituciones, aún en el mismo nivel de gobierno. Por ello se vuelve imprescindible fortalecer el poder ciudadano desde la base social y las formas de organización territorial más autónomas a través de la participación ciudadana.

La dimensión de la participación ciudadana

La instrumentación de los planes y programas que derivan de los marcos legales federales y locales en materia de usos y destinos del suelo en la Cuenca de México obedecieron a contextos sociales específicos de las dos últimas décadas del pasado siglo XX. La sociedad capitalina había pasado por una etapa de desencanto producido por los fraudes electorales de 1988, que dieron origen a la fundación del Partido de La Revolución Democrática, que fusionaba un conjunto de partidos y movimientos sociales de izquierda que se habían re-organizado en contra del poder hegemónico del PRI y en torno a la campaña para la presidencia de la República del ingeniero Cuauhtemoc Cárdenas Solorzano. La primera fusión se dio, como estrategia electoral, a través de un convenio impulsado por el ingeniero Heberto Castillo Martínez desde el PMT para crear el Partido Socialista Mexicano (PSM), con el PSUM, el PPR, el MRP, la UIC y posteriormente con el PST). El candidato del PSM, en un acto de congruencia y suma de fuerzas, declina su candidatura a la presidencia a favor de Cárdenas,

conformando el Frente Democrático Nacional (antecesor del PRD), con MAS, Punto Crítico, OIR, ACNR

y los cardenistas de

la corriente democrática

desprendida del PRI. “Contra lo que algunos piensan, no son grandes las distancias que separan a quienes desean proyectar los ideales de la Revolución Mexicana y quienes se inspiran por los principios planteados por Carlos Marx, en sus más lúcidas exposiciones” decía Castillo (1988), para fundamentar la identidad socialista de la organización política naciente. Esta identidad socialista iba a contrapelo de los arreglos geopolíticos en el nuevo orden mundial. Como afirma Magris (1999) el totalitarismo en el mundo, no se confía ya a las fallidas ideologías fuertes, sino a las gelatinosas ideologías débiles promovidas por el poder de las comunicaciones. Las resistencias frente a ese totalitarismo radican en la defensa de la memoria histórica y el rechazo del falso realismo que confunde la fachada con la realidad. En el verano de 1989, los falsos realistas se habían burlado de la posibilidad de la caída del muro de Berlín. El milenio parecía concluir con el fin del mito de la revolución. La caída del comunismo, parecía arrastrar consigo no sólo al socialismo real, sino también las ideas de democracia y progreso, a la utopía de la redención social y civil. No obstante, el final de estos mitos puede aumentar la fuerza de aquellos ideales, y principios políticos precisamente porque los libera de la idolatría mítica y totalizante que los ha vuelto rígidos. El arribo de la izquierda al Congreso de la Unión en la LV legislatura, en medio de la conformación de un nuevo partido, la defensa del voto por la vía legal, y la nueva geografía mundial, iban conformando, en medio de la confusión, un perfil de ciudadanía diferente, probablemente más contrahegemónico y anti-totalitario. La presencia de representantes del movimiento cardenista en el congreso permitió dar voz a diferentes movimientos sociales y articular el impulso a diferentes reformas de orden político. El primero de enero de 1994 constituye un parte-aguas histórico para la movilización social en México. Las manifestaciones en contra del ejecutivo y del ejército mexicano por el “alto al fuego” emprendido contra el EZLN, no habían tenido ningún precedente por la magnitud y la diversidad de los

contingentes que se levantaban reivindicando la paz, la justicia y la dignidad 6, de nuestros compatriotas indígenas históricamente oprimidos. Los siguientes tres años en el campo de lo político se iba conformando una base social que pugnaba por la ampliación de los derechos y

las formas autónomas de

organización de los pueblos indios, su cultura, su territorio y sus recursos naturales. Lo que hay que tener claro en términos de Participación Ciudadana, es que la base social no estaba dividida, el ¡Ya Basta! “Irrumpe en la historia por su praxis de liberación. Pero esa acción tiene una lógica, exigencia, especialmente guiada por el principio político crítico de factibilidad. Lo posible se enfrenta a aparentes imposibilidades prácticas que hay que subvertir (Dussel 2006: 112). El proyecto social contra-hegemónico permitió conquistas tanto por la vía de la movilización social

como

por la vía política, incluido el primer

gobierno electo democráticamente en el Distrito Federal. Un Ordenamiento Ecológico participativo en el Distrito Federal, era una demanda que se había construido por actores sociales diversos como grupos ambientalistas y académicos,

pero

especialmente

por

los

directamente

afectados por

expropiaciones y abusos de consorcios inmobiliarios coludidos con el Estado: las comunidades y los ejidatarios dueños originarios de la tierra. El conjunto de actores estratégicos en la defensa de los bosques, el agua, la atmósfera y de un cambio en la política energética y de manejo de residuos, participaron en la definición de políticas públicas a través de un plan de gobierno y agenda legislativa ambiental durante 1997 (Castillo 1998). La organización de la consulta pública de este instrumento se dio en un contexto social muy favorable. Existían dos divisas durante la construcción de este proceso que ahora están muy mermadas: la credibilidad y la confiabilidad. En la primavera del 2000, la sociedad civil organizada caminaba por dos vías, la instrumentación de mesas sobre los derechos indígenas con el poder legislativo y la organización de la que se denominaría posteriormente la marcha del Color de la Tierra. La consulta pública del Ordenamiento Ecológico se dio

6

Las movilizaciones por la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, rebasan en número y diversidad sectorial el descontento social que pedía el alto al fuego contra los hermanos zapatistas.

en ese momento, lo que permitió la construcción conjunta de políticas de uso de suelo a través de más de cien reuniones y asambleas con las comunidades y ejidos del Distrito Federal. Hay que destacar el liderazgo de la representación comunal de Milpa Alta. Son ellos los que proponen un proyecto de conformación de la Alianza de Pueblos y Comunidades del Anáhuac para instrumentar políticas adecuadas para el manejo y conservación de la Cuenca de México (lamentablemente uno de los líderes más activos de esa comunidad, Ramiro Tabeada, enlace con la fuerzas zapatistas de Michoacán (Efrén Capiz, entre otros), fue asesinado después de esta gran marcha. También es importante destacar la participación del Pacto de Grupos Ecologistas y de la Unión de Grupos Ambientalistas, Green Peace, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, en este proceso y en la conformación del encuentro para establecer el proyecto de un nuevo Pacto Campo- Ciudad.7 Durante el proceso de consulta, también se establecieron en explanadas de las 16 delegaciones políticas módulos de información y un conjunto de caballetes explicativos de los criterios técnicos-científicos y sociales con los que se hacía la propuesta de regulación de los usos del suelo y fomento a las actividades productivas sustentables y sobretodo la conservación de la biodiversidad y los ciclos hidrológicos que mantienen el ecosistema acuático. Una de las políticas más importantes fue la restricción de pesticidas y agroquímicos con el objeto de evitar la contaminación de las aguas subterráneas de las que se abastece la población de Ciudad de México y la restricción de siembra de transgénicos para proteger la biodiversidad regional. Así este territorio fue el primero en declararse “libre de transgénicos”. La visión y percepción de los actores y sectores sociales involucrados en el territorio, contemplada en el diagnóstico original del ordenamiento ecológico, no fue suficiente. Por ejemplo, no se consideró la influencia y experiencia de actores políticos sobre sectores como el movimiento urbano popular, que influyen de alguna manera con formas de organización social, distinta a la de los núcleos agrarios, pero que puede ser más convergente que 7

Después de 14 años, nuevamente en Milpa Alta, durante las Jornadas por la Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, con motivo del centenario de la entrada a la Ciudad de México de los ejércitos de Francisco Villa y Emiliano Zapata, se ha planteado nuevamente la necesidad de componer esta relación desavenida entre el campo y la ciudad. Aprender a convivir y a coexistir de una manera más armónica y creativa.

divergente. Cuando se realizó la evaluación del sector urbano, no se sensibilizó suficientemente a las organizaciones gremiales del sector inmobiliario como la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción y la Cámara Nacional de la Vivienda (CANADEVI), quienes constituyen hoy por hoy el principal factor de presión sobre los actores políticos del desarrollo urbano8. Aunque es claro que él único interés de este sector es y ha sido el incremento de superficie de suelo urbano con uso habitacional. No obstante los límites ambientales y los riesgos físicos y a la salud afectan a toda la población independientemente de su estatus social. Por otro lado, las percepciones de sectores sociales que sí se consideraron y se tomaron en cuenta sus puntos de vista directamente, fueron cambiando o se reconsideraron con la puesta en marcha del instrumento. Dentro del marco normativo se encuentran algunas inconsistencias en cuanto a la falta de alternativas económicas con mayor rentabilidad para las comunidades y ejidos. Por otro lado, el espectro de actividades contempladas requiere de un trabajo de campo más fino para el uso múltiple agro-silvopastoril, mejoramiento del hábitat, reducción de la fragmentación eco-sistémica, el apoyo para manejo y conservación de pequeños cuerpos de agua y de los cause perenes, la promoción de unidades de manejo de vida silvestre y refugios de fauna amenazada o en peligro de extinción. A pesar de todo, este programa es una de las herramientas más completa en cuanto a caracterización de aspectos naturales. Por ello, la integración de los lineamientos del PGOEDF en la revisión y actualización de los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano (PDDU) constituyó todo un reto con resultados positivos. En este proceso de negociación intersecretarial los Programas de Desarrollo Urbano Delegacional (PDUD), que siempre han sido elaborados bajo la óptica del desarrollo urbano, se sometieron a criterios y restricciones ambientales. La creación de la Comisión de Regulación Especial de Xochimilco, cuyo objetivo principal es el ordenamiento territorial de los asentamientos irregulares, es un indicador de este trabajo de concertación,

8

Aquí hay que destacar que en estas cámaras no participan los grandes consorcios inmobiliarios, así como los que impulsan los megaproyectos urbanos como las super-vías y los segundos pisos de cuota. Lo que no los exime de su voracidad especulativa.

aunque la consideración de patrimonio de la humanidad, no ha sido integrada con la consistencia y contundencia adecuada. Habría que hacer el balance de la actual administración en este estratégico territorio.9 La

dinámica

de

los

sectores

sociales

en

el

territorio,

las

transformaciones e impactos físicos en el Suelo de Conservación, así como la revisión de los PDUD implica que el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal debe ser sometido a un proceso de evaluación, ampliación

y actualización. En este punto hay que actuar con suficiente

cautela, ya que los intereses inmobiliarios transnacionales presionan y corrompen al Estado para la liberación de suelo para sus mega-proyectos10. Uno de los problemas socio-ambientales más importante de la Ciudad de México, y que tiene que enfrentar la administración presente es garantizar la disponibilidad de agua para una de las concentraciones poblacionales más grande del mundo. Hay que reducir con urgencia el riesgo de un accidente hidro-meteorológico e hidrogeológico de proporciones catastróficas, por los hundimientos diferenciales que se producen como consecuencia de la compactación de arcillas, producto de la sobreexplotación de las aguas subterráneas, y el efecto diferenciado que producen los sismos dentro de lo que fue el vaso del gran lago de Tenochtitlan. Estos son dos factores tangibles de que la expansión urbana ha rebasado los límites ambientales sin que la maquinaria urbana económica detenga su acelerada marcha. La intervención gubernamental a través de obras públicas menores que permitan la restauración efectiva de zonas de recarga, la captación y almacenamiento agua, a través de la recuperación causes alterados por el mismo sistema de aguas, en la parte alta y media de la cuenca, la limpieza y restauración de barrancas requieren de una gran concertación social y de un intenso trabajo comunitario. Pero también hay que intervenir las zonas de mayor riesgo de hundimiento en la zona urbana. La Adelantamos aquí el impacto negativo del proyecto denominado “Super-vía Oriente”, que afecta la dinámica hidrológica de Xochimilco y que rompe la continuidad del flujo al Canal Nacional. Por otro lado, aunque se cuenta con un censo detallado de la población en esa condición de irregularidad de uso, han sido incapaces de desarrollar un mínimo plan de contención y reducción de riesgo. 10 De hecho en nuevo sistema de información geográfica (SIG) que presentó la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), en noviembre de 2014, incluye una versión que libera varias restricciones de usos de suelo a través de unidades de gestión ambiental (uga´s). La administración de Mancera desliza la propuesta al dominio público sin hacer la consulta pública, y sin la aprobación de la Asamblea Legislativa, en consecuencia el ordenamiento ecológico vigente sigue siendo el del año 2000. 9

apertura de pequeños canales de agua pluvial puede contrarrestar o prevenir la compactación. En suma se requiere de formas alternas en el ejercicio de poder y nuevas concepciones en la participación ciudadana activa y organizada. Contrario a lo que la ciudad requiere para su viabilidad ambiental, el tercer gobierno de supuesta izquierda, que encabezó Marcelo Ebrad Casaubón (MEC), no sólo no se opuso a los procesos de expansión del capital transnacional a través de la reconfiguración y expansión urbana, y a la acumulación por despojo que describe el marxista David Harvey,

sino que

impulso mega-proyectos urbanos a costa del deterioro de la calidad del aire, la escasez de agua y los daños a la salud de la población. Vías y super-vías que incrementan la superficie de rodamiento promoviendo el uso del automóvil y el consumo de hidrocarburos, bajo la distorsión discursiva de un “Plan Verde”. No se trata de un asunto de retórica catastrofista. Lamentablemente la administración de Marcelo (MEC) en la Ciudad, pervirtió el discurso ambiental y sus instrumentos de política pública, los cuales fueron impulsados y desarrollados por la administración de Cuauhtémoc Cárdenas con el Ordenamiento Ecológico y su ejercicio de consulta pública. La primera perversión fue liberar para la industria inmobiliaria y los consorcios transnacionales (como OHL) las restricciones constructivas, promovidas con mucho esfuerzo para la re-densificación del área central de la ciudad y la contención de la expansión urbana, con resultados tangibles (Tamayo 2007). Esto fue muy fácil al colocar un representante de los consorcios inmobiliarios como secretario de desarrollo urbano. La segunda perversión ejecutada por la Secretaría de Medio Ambiente fue la creación de una categoría de suelo con la designación de AVA (áreas de valor ambiental) la cual llevaba implícito, en el decreto, los elementos para darle viabilidad jurídica a la Super-vía Poniente y en consecuencia a los segundos pisos de cuota. Paralelamente, se enviaron en silencio y tempranamente a la Asamblea Legislativa, iniciativas que reducen la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre los cambios de usos del suelo. Concretamente la eliminación de la consulta pública. Un adelanto importante para las reformas estructurales por venir. El proceso ha llegado a extremos, que corresponden a un perfil de gobierno no emanado de la izquierda y de la movilización social, por el

contrario queda claro que el exjefe de gobierno, nunca abandono su adscripción a las filas del PRI salinista, que impone a través del uso de la violencia sus proyectos. Es el caso de la represión ejercida contra “el frente amplio contra la supervía poniente” donde el Dr. Luis Zambrano del Instituto de Biología de la UNAM, quien aportó evidencias científicas del impacto ambiental

del

megaproyecto,

como

miembro

de

la

comisión

de

acompañamiento del frente y del grupo académico por el derecho a la ciudad, fue maltratado por la fuerza pública junto con su esposa en una manifestación pacífica en defensa de un espacio público. Otro ejemplo fue la represión a los pueblos de Tláhuac, para imponer la fallida línea dorada del Metro; y por supuesto la imposición de su sucesor Miguel Angel Mancera, y gran parte de su gabinete que le garantiza la continuidad de sus compromisos con el capital financiero internacional. Mancera inauguró su compromiso con este sector con la represión ejercida contra la población de San Bartolo Amyalco, que defiende sus fuentes naturales de agua. Además del autoritarismo con el que se imponen este tipo de megaproyectos, por las regalías que representa ¿Qué es lo que viene? Está preparado el terreno técnico y jurídico para darle continuidad a la supervía poniente con la supervía oriente que impacta directamente la dinámica hidrológica de Xochimilco y el proyecto del “arco sur” que afectará la zona más importante de abastecimiento cotidiano de agua para la ciudad (toda el agua entubada de la sub-cuenca que alimentó el lago de Xochimilco) y también la zona más importante de recarga de aguas subterráneas: la reserva de la Sierra Ajusco-Chichinahutzin, en las Delegaciones Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta. El trazo de la supervía atraviesa las faldas del Cuautzin, el Chchinautzin y el Tulmiac, tierras comunales amenazadas por el proceso de acumulación por despojo. Las movilizaciones y encuentros en la Comisión de Derechos Humanos, durante 2013 y 2014, han servido para detener temporalmente el avance de este megaproyecto fragmentado en tramos; y hacer consciente a la ciudadanía de sus afectaciones. Sin embargo, la obra avanza sobre el Viaducto Tlalpan y Periférico, con puentes elevados, los compromisos transexenales con el gran capital están amarrados para su continuidad.

Consideraciones finales

Es fundamental y estratégico el desarrollo teórico-metodológico y la praxis política ciudadana, que permita avanzar en la concepción y aplicación de políticas públicas urbano-ecológicas, bajo la óptica de los sistemas complejos, considerando la dinámica socio-espacial y ambiental tanto en suelo urbano como en el suelo de conservación, así como un conjunto de variables estratégicas para el funcionamiento de la cuenca y la contención de la expansión urbana de la Metrópoli.

1) La integración de un instrumento único de planeación territorial para la Cuenca, construido desde la base comunitaria (territorial y sectorial) lo que implica una intensa labor de concertación, un alianza estratégica entre los sectores y movimientos rurales y urbanos, así como diversos procesos de reformas a leyes, reglamentos e instrumentos de política urbana, ambiental y territorial.

2) Extender el Ordenamiento Ecológico, a todo el conjunto de sierras que conforman la Cuenca del Anáhuac, que no ha sido posible conciliar metodológicamente desde los malos gobiernos, por las disputas políticas entre los diferentes niveles de gobierno y expresiones partidistas; ya que involucra tanto instancias federales como autoridades ambientales del GDF, los estados de México, Tlaxcala e Hidalgo. El ordenamiento estaría encaminado la homogeneización de información, variables y criterios ecológicos que nos permita defender y restaurar la dinámica natural de la cuenca desde su base social local, y a la vez reducir la entropía regional para mitigar el calentamiento del planeta. 3) Es urgente detener la política impulsora de la maquinaria urbana de despojo y desalojo. Declarar una moratoria a los megaproyectos por el ejercicio

de

la

violencia

estructural

que

conllevan,

y

por

la

irresponsabilidad de poner en riesgo físico (geológico e hidrológico),

ambiental y social a una de las concentraciones poblacionales más grandes del planeta.

La sociedad civil organizada

Es fundamental asumir que la diversidad de instancias involucradas representa un poder que ha sido delegado por el pueblo para legislar, administrar y ejecutar los recursos y el territorio, con el objetivo principal de satisfacer nuestras necesidades y nuestras reivindicaciones sociales.

Este conjunto de instancias simula y suplanta que gobierna y que sirve a la ciudadanía, cuando sólo sirve a los intereses transnacionales de la acumulación por desposesión. El pueblo como lo hemos venido constatando se le puede despojar y se le puede desaparecer para continuar con su modelo entrópico extractivista que atenta con terminar con la vida de muchos mexicanos y con la vida en el planeta.

Por ello, la urgente propuesta de ordenamiento de la región central del país debe ser construida por la ciudadanía, entendida en sus múltiples expresiones y dimensiones. Sin embargo, lo primero es defender lo que se conquistó a través de la organización de movimientos sociales y la defensa de la propiedad social, en primera instancia restituir nuestro derecho a intervenir en la toma de decisiones sobre la dinámica hidrológica, el cambio de uso del suelo, y sobre el Proyecto de Ciudad. Ejercer efectivamente el Derecho a la Ciudad, repropiándonos de los bienes comunes que por legítimo derecho nos pertenecen.

A partir de 2014, veinte años después del levantamiento del sur, se han dado una serie de confluencias de movimientos sociales rurales (como el CNI) y movimientos urbanos, organizaciones civiles, colectivos, todos ellos bien informados, y con experiencias organizativas importantes que aportar. Confluyen para hacer frente a toda esta estrategia de

desposesión territorial, destrucción ambiental y desalojo poblacional que se da a través de la imposición violenta de mega-proyectos urbanos, hidráulicos y energéticos generados por la maquinaria supranacional de acumulación ilegal del capital.

Los viejos comuneros dialogan con los jóvenes profesionistas o estudiantes en innumerables encuentros por el agua, por la defensa de la tierra, contra la destrucción ambiental impune, contra la minería, contra el Aeropuerto de Texcoco, contra la Super-vía Oriente, contra el Arco Sur, contra las Zonas de Desarrollo Urbano Estratégico (ZODES): Ciudad de la Salud y Ciudad del Futuro entre otras, contra Ciudades Bicentenario, contra la 4ta etapa del Cutzamala y el Túnel

Emisor

Oriente, que ha afectado seriamente las estructuras de un conjunto de viviendas; contra los pozos ultra-profundos, por los derechos humanos de los afectados, por la defensa de la vida; con expresiones de confluencia sectorial importantes como la Convención por el Agua y la Energía.

El perfil de ciudadanía ciertamente es otro, como correlato de la magnitud de la conflictividad socio-territorial y ambiental, y la violencia estructural que conlleva. Los movimientos sociales de hoy, están más organizados e informados, son menos partidistas y menos sectarios. La larga data de sus luchas los hace contar con propuestas legislativas concretas en materias complejas como la Agraria y la Ley de Aguas, la conservación bilógica y el manejo de cuencas. Cuentan con propuestas económicas alternativas a los megaproyectos hidráulicos hegemónicos. Cuentan con elementos teóricos claros para un plan hídrico alternativo y sobretodo cuentan con información científica de primera mano sobre los riesgos de técnicas extractivas como el uso de la fractura hidráulica en nuestro territorio.

Sin embargo, está ciudadanía informada harta de la violación sistemática de “todos los derechos humanos” y del sistema político de partidos, tiene que optar por la construcción de una vía política contra-

hegemónica, con una agresiva estrategia jurídica de defensa de la vida y de los bienes comunes, donde lamentablemente no se cuenta con la respuesta seria y comprometida de ningún partido político en el poder.

La construcción de propuestas alternativas a la imposición de la destrucción territorial y del tejido social que conlleva la desposesión, y su materialización mega-urbanística, se tiene que acompañar de acciones concretas de restauración ambiental y social; acciones de defensa y de reapropiación territorial. A pesar de los nubarrones, se comienzan a abrir espacios públicos, no virtuales, de contrapeso al descompuesto sistema político mexicano, como el Congreso Popular y la convocatoria a un Nuevo Constituyente para conformar el Estado Autónomo y Libertario del Anáhuac. Habrá que seguir de cerca estas nuevas prácticas de ciudadanía efectiva y participación ciudadana.

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Tabla 1. Vegetación y uso del suelo del área rural del Distrito Federal. Vegetación y uso del suelo Coníferas y latifoliadas Matorral Pastizal Uso agrícola Uso urbano (no conurbado) Total

Extensión (ha) 38,252 500 10,937 28,599 10,154 88,442

% del Suelo de Conservación 43.3 0.6 12.4 32.3 11.4 100

Tabla 2. Zonificación Normativa del Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal. Zonificación Normativa Forestal de Conservación Forestal de Conservación Especial Forestal de Protección Forestal de Protección Especial Agroforestal Agroforestal Especial Agroecológica Agroecológica Especial Áreas Naturales Protegidas Programas de Desarrollo Urbano Total

Extensión (ha) 32,155.5 3,210.7 6,985.5 2,006.1 6,141.8 5,084.3 14,056.0 3,114.5 8,266.6 7,420.9 88,442.0

% del Suelo de Conservación 36.4 3.6 7.9 2.3 6.9 5.7 15.9 3.5 9.3 8.5 100.0

Anexo 1 1. Alvaro Obregon * 2. Azcapotzalco 3. Benito Juarez 4. Coyoacán 5. Cuajimalpa* 6. Cuauhtémoc 7. Gustavo A. Madero* 8. Iztapalapa* 9. Iztacalco 10. Magdalena Contreras* 11. Miguel Hidalgo 12. Milpa Alta* 13. Tláhuac* 14. Tlalpan* 15. Venustiano Carranza 16. Xochimilco* 17. Acolman* 18. Atenco* 19. Atizapan de Zaragoza 20. Chalco* 21. Chicoloapan* 22. Chimalhuacán 23. Coacoalco* 24. Cuautitlan 25. Cuautitlan Izcalli 26. Ecatepec 27. Huixquilucan* 28. Iztapaluca 29. La Paz 30. Melchor Ocampo 31. Naucalpan* 32. Nezahualcóyotl 33. Nextlalpan* 34. Nicolas Romero* 35. Tecámac* 36. Tacamachalco* 37. Teoloyucan* 38. Tepotzotlán* 39. Texcoco* 40. Tlanepantla 41. Tultepec 42. Tultitlan* 43. Valle de Chalco* 44. Zumpango* * Delegaciones políticas y municipios que colindan con el potencial Suelo para la Conservación en el Ordenamiento Ecológico y Programa de Manejo de la Cuenca de Anáhuac.