Paraguay: Endurecimiento penal para garantizar el modelo agroexportador

Investigador de la Universidad Nacional de Pilar (UNP) y del INECIP-Paraguay, categorizado por el CONACYT. Alumno de doctorado de la Universidad de Barcelona. Máster en Criminología, Política Criminal y Seguridad. Universidad de Barcelona. Máster en Garantismo Penal y Derecho Procesal. Abogado por la UNA. Ejerce la defensa de miembros del movimiento campesino.
Es conocida también como la penitenciaría nacional y está ubicada en Asunción. http://www.lana2cion.com.py/articulo/143341--recomiendan-no-admitir-mas-presos-en-el-penal-de-tacumbu.html y http://www.ultimahora.com/cierre-tacumbu-genera-colapso-la-mayoria-penitenciarias-del-pais-n791702.html
Está ubicada en la capital del Alto Paraná, la segunda zona más poblada del país y principal centro de producción sojera. http://diariolajornada.com.py/v6/mecanismo-de-prevencion-de-la-tortura-pide-el-cierre-de-la-penitenciaria-regional-de-cde/
http://www.paraguay.com/nacionales/preocupa-aumento-de-reclusos-113900/pagina/20
Datos de la Cámara Paraguaya de Oleaginosas (Capeco).
http://www.tera.com.py/capeco/index.php?id=ranking-mundial, consultado el 4 de marzo de 2015.
Decreto Nº 487.
http://www.wwf.org.py/que_hacemos/bosque_atlantico/
Paraguay posee una de las estructuras latifundistas más injustas del mundo, con el 80% de la tierra en manos de un 2% de propietarios (Codehupy, 2013).
https://agroparaguaya.wordpress.com/2013/12/03/paraguay-septimo-gran-exportador-de-carne/
http://www.paraguay.com/nacionales/paraguay-agota-cupo-de-carne-exportada-a-taiwan-124433
Entre 1954 y 1989 estuvo como presidente de Paraguay el dictador Alfredo Stroessner.
Primero fue suspendido por la Corte Suprema de Justicia y destituido en septiembre por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado por otorgar la libertad a dos personas que posteriormente participaron de un hurto agravado en moto (motochorro), hiriendo a una joven universitaria. http://www.hoy.com.py/nacionales/caso-camila-remueven-al-juez-que-libero-a-motochorros
Esta ley de 15 de septiembre de 2011 modificó la 2493 del 20 de octubre de 2004 que había prohibido el otorgamiento de medidas alternativas a la prisión en los casos de hechos punibles dolosos contra la vida e integridad física. A partir de la Ley 4431 también se prohíbe medidas alternativas y sustitutivas de quienes tienen más de un proceso penal.
Datos recogidos para la tesis de maestría en Criminología, presentado por Juan A. Martens, a la Universidad de Barcelona.
Para las autoridades, la primera acción criminal del grupo, aunque aún no tenía esta denominación, ocurrió en 1997, con el intento de robo a la sede del Banco Nacional de Fomento de Choré, un pueblo del noreste a unos 210 kms de la Capital.
http://www.ultimahora.com/quince-miembros-del-epp-y-la-aca-fueron-abatidos-once-anos-n848094.html
http://www.ultimahora.com/guerrilleros-o-terroristas-la-historia-como-nacio-el-epp-n715259.html
La ley anti terrorista fue sancionada el 23 de junio de 2010. Fue usado por primera vez con relación a un hecho ocurrido el 12 de septiembre de 2012 donde presuntos miembros del EPP ejecutaron a una persona.
En Paraguay se denomina de esta manera a quienes realizan robos y/o hurtos en motocicletas.
En el apartado siguiente se ahonda aún más sobre este punto.
Recibe esta denominación las empresas que tienen como fuente principal de su lucro el miedo de la gente, tales como: las empresas privadas de seguridad; las compañías de video vigilancia, los seguros por citar algunas.
http://www.hoy.com.py/nacionales/miinuto-de-silencio-por-un-paraguay-seguro, publicado el 28 de octubre de 2014.
http://www.gallup.com/poll/156236/Latin-Americans-Least-Likely-Worldwide-Feel-Safe.aspx, consultado el 18 de octubre de 2012.


Endurecimiento penal para garantizar el modelo agroexportador


Juan A. Martens


Resumen
La población carcelaria en Paraguay no para de crecer. Solamente entre 2013 y 2014 aumentó en un 17 por ciento, mientras que entre 2008 y 2014 subió en 81 por ciento. Hoy existen más de diez mil personas encarceladas en un país con poco más de seis millones de habitantes. Varios factores intervienen para el crecimiento de la población encarcelada aunque todos de alguna manera estén relacionados a garantizar la vigencia del modelo económico por el que viene apostando la élite del país en los últimos años: la agro exportación y el manejo de la población excedente. La superficie cultivada de soja viene creciendo aceleradamente. Entre 1997 y 2014 creció 209 por ciento, pasando de un millón cincuenta mil hectáreas a tres millones doscientas cincuenta mil. El posicionamiento estatal a favor de los monocultivos es claro. Viene dictando órdenes de detención y prisión contra quienes se oponen al modelo agro exportador. Hubo años en que más de tres mil personas estaban imputadas y/o procesadas, muchas de las cuales fueron condenadas en juicios abreviados.
La aparición de un grupo ilegal al margen de la ley, denominado Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP) en la zona de mayor resistencia de organizaciones campesinas a este modelo agroexportador (departamentos de Concepción y San Pedro, a unos 450 kms al norte de Asunción en la frontera con Brasil) viene justificando no solamente la sanción de leyes penales en blanco, como la de terrorismo, sino también la militarización de la zona.
A su vez, el sistema penitenciario se nutre de la población excedente, que migra del campo a la ciudad o de quienes no tienen posibilidades de insertarse al sistema económico formal. El último censo penitenciario (2014) dio cuenta de esta situación al caracterizar a las personas encarceladas: jóvenes, sin instrucción, ni trabajo, detenidas en su mayoría por delitos contra la propiedad.
El proceso de endurecimiento penal en Paraguay es alentado por una criminología mediática y de víctimas héroes que en este momento presentan a los del EPP como los enemigos del pueblo paraguayo y el endurecimiento penal como la solución a la problemática de la seguridad.


Palabras claves:
Política Criminal, neo punitivismo, mano dura, prisión, Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).


Introducción
En Paraguay, la población privada de libertad viene creciendo de manera acelerada. Entre 2008 y 2014 aumentó en un 81 por ciento. Solamente entre 2013 y 2014 aumentó un 17 por ciento, encarcelando principalmente a gente excluida del sistema económico.
Este artículo explora la relación entre este aumento y el mantenimiento del sistema económico agroexportador. Los datos analizados dan cuenta que el poder penal funciona favoreciendo este modelo y está acorde a sus necesidades de disciplinamiento de la población excedente.
Paraguay posee una de las estructuras agrarias más injustas del mundo, con el 80 por ciento de las tierras en manos del dos por ciento de propietarios. En este contexto, en los últimos años ha aumentado un 209 por ciento la superficie cultivada de soja, ubicando al país como cuarto exportado mundial y sexto productor del mundo, lo que ha provocado la desaparición de más de 17 mil fincas agrícolas y el desplazamiento del campo a la ciudad.
Quienes representan algún peligro a este modelo económico son perseguidos penalmente, encarcelados y hasta asesinados con aquiescencia estatal. Desde 1989 al 2013, 115 líderes campesinos han sido ejecutados en la lucha por la tierra. En la zafra sojera del 2013/2014 han sido procesados más de cien campesinos. En el año 2004 fueron más de tres mil.
En el 2008 apareció en escena un grupo armado al margen de la ley denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que hoy es presentado como un enemigo interno altamente mediatizado, que se ha constituido en la excusa para la militarización de vastas zonas del país, la sanción de leyes penales de emergencia y una merma constante de garantías penales y procesales.
Llamativamente, el EPP apareció en una zona de amplia presencia de campesinos organizados que reclaman a través de varios métodos la redistribución de la tierra y se oponen al cultivo extensivo de la soja.
El gobierno viene ligando de manera sistemática a miembros del colectivo campesino con el EPP e incluso con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Los medios masivos de comunicación juegan un rol determinante para el endurecimiento punitivo potenciando el miedo social que es uno de los más altos de América Latina (59) y el discurso de la creciente criminalidad en un país donde las tasas de homicidios vienen descendiendo todos los años.





Aumento sostenido de la población penal
Entre 2008 y 2014 la población penal aumentó en un 81 por ciento. Solamente entre 2013 y 2014 aumentó un 17 por ciento, encarcelando principalmente a gente excluida del sistema económico (MNP, 2013). Estos datos reflejan lo real del endurecimiento del sistema penal paraguayo.
Las cárceles están abarrotadas y dos tuvieron que ser cerradas durante el 2014 por recomendación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). Son las de Tacumbú y de Ciudad del Este.
La causa del cierre en ambos casos fue el alto índice de hacinamiento y las condiciones de indignidad en que vivían los presos (MNP, 2013). Al tiempo de la visita del MNP a la Penitenciaría de Ciudad de Este, la misma albergaba a más del 300 por ciento de su capacidad y el 90 por ciento de los internos estaban en situación de prisión preventiva. En el caso de Tacumbú, albergaba a más del 340 por ciento de su capacidad.
El hacinamiento repercute negativamente en las posibilidades de acceso a condiciones digna por parte las personas privadas de libertad. Tanto es así, que las cárceles paraguayas siguen vulnerando; y cada vez más, derechos humanos fundamentales, poniendo en riesgo la vida y la integridad física de los y las internos/as, a quienes someten a condiciones de vida indignas de manera cotidiana.
Sin embargo, la única política pública que se conoce hasta el momento para descongestionar el hacinamiento es la construcción de nuevas cárceles. De hecho, desde el Ministerio de Justicia se viene anunciándolo. La ministra de Justicia Sheila Abed había manifestado que se tienen proyectos para construir nuevas cárceles, ya que casi todos los establecimientos están colmados.
El siguiente cuadro muestra la evolución de las personas privadas de libertad en nuestro país desde 1998.

Cuadro I: Evolución de la población penal en Paraguay
Año
Total de reclusos/as
Tasa por 100 mil hab.
1998
3900
74,7
2008
6003
96,3
2009
6281
99,5
2012
7748
116,1
2013
9266
136,5
2014
10.878
157,7
Fuente: Elaboración propia en base al parte diario de la Dirección de Institutos Penales del MJT de fechas: 17 de octubre de 2008; 9 de noviembre de 2009; 2 de agosto de 2012; 28 de octubre de 2013; 4 de noviembre de 2014, y, la "Proyección de población por sexo y grupo de edad, según área urbana y rural de la DGEEC", del censo 2002.

Factores que inciden para el aumento de la población encarcelada
Varios factores intervienen para el crecimiento de la población encarcelada aunque todos de alguna manera estén relacionados a garantizar la vigencia del modelo económico por el que viene apostando la élite del país en los últimos años: la agro exportación y el manejo de la población excedente. A continuación se analizan algunos de estos factores.

Paraguay: un estado al servicio de la agro exportación
En los últimos años Paraguay se ha convertido en un atractivo destino agroeconómico para capitales provenientes de Brasil y Argentina, principalmente. De esta manera, la superficie cultivada de soja viene creciendo sostenidamente. Entre 1997 y 2014 creció 209 por ciento, pasando de un millón cincuenta mil hectáreas a tres millones doscientos cincuenta mil.
En el 2014, el país se posicionó como el cuarto exportador mundial de soja y ocupó el sexto lugar como productor. Uno de los atractivos es que la exportación de granos no paga impuestos en el país. El último intento de gravarlo fue objetado totalmente por el presidente Horacio Cartes el 16 de octubre de 2013.
Este crecimiento se da sobre fincas campesinas y los últimos remanentes de bosques, produciendo desplazamientos del campo a la ciudad y deforestación. En 17 años, 17.572 fincas agrícolas desaparecieron (MAG, 2008). En el año 1991 existían 307.221 fincas; para el 2008 quedaron 289.649.
Con relación a la migración interna, en el año 2002 el 44,7 por ciento de la población era rural; en el 2015, solamente el 32,7 por ciento. Para Meza (2013) este fenómeno tiene relación con la expansión de la frontera agrícola.
En la mayoría de los países, a medida que aumenta el desarrollo económico también aumenta la urbanización…Generalmente se considera que la urbanización esta relacionada con la expansión de las actividades económicas ligadas a la industria y los servicios como así mismo a un aumento de la productividad del trabajo en la agricultura. Sin embargo, muchos países menos desarrollados han experimentado un proceso substancial de urbanización a pesar de una industrialización limitada debido al desplazamiento a lugares urbanos de un gran número de personas de áreas rurales. Esta emigración pudo haber sido el resultado de la expulsión de mano de obra agrícola causada, a su vez, por una mecanización del agro... Otro motivo es la pobreza asociada a la agricultura de subsistencia. Tampoco debe dejarse de lado la motivación del emigrante rural por lo que percibe como mejores oportunidades en las áreas urbanas. Así, el proceso de urbanización en muchos países menos desarrollados ha sido diferente de aquella experimentada por los países industrializados (DGEEC, 2006).
La agresiva expansión de la soja produce conflictos entre campesinos organizados y productores de la oleaginosa que cuentan con protección estatal.
El estado viene usando de manera sistemática su aparato represivo para garantizar la producción sojera. En la zafra 2013/2014 se han dictado más de cien órdenes de captura y prisión contra miembros de organizaciones campesinas que se oponían al uso indiscriminado de agrotóxicos y los cultivos ilegales de soja. En el año 2004 la cantidad de campesinos procesados en diferentes contextos de lucha por la tierra y el ambiente superó tres mil (CDE, 2012 ). A su vez, entre 1989 y 2013, al menos 117 fueron ejecutados y/o desparecidos forzosamente (Codehupy, 2013).
Para la Codehupy (2013) existe un plan sistemático de ejecuciones en el contexto de la lucha por la tierra en Paraguay. Estas responden a un plan para impedir que las organizaciones campesinas tengan una voz en demanda de la reforma agraria.
Desde los medios de comunicación existen constantes campañas de estigmatización de los campesinos organizados y quienes cuestiones el modelo económico presentándoseles como personas peligrosas para el avance económico del país, poco apegados al trabajo y el buen vivir, incluso asociándoles con grupos armados ilegales al margen de la ley y grupos terroristas (Sánchez, 2009).
En cuanto a la ganadería a pesar de la caída sufrida en 2012, esto no generó una afección prolongada, ya que en el 2013 tras recobrar el estatus de libre de la fiebre aftosa el país volvió a ubicarse como el séptimo exportador a nivel mundial, manteniendo los niveles de ganancias y superando en periodos a años anteriores.
El crecimiento ha pegado un salto exponencial en este rubro, hoy día el país se encuentra ranqueado en el sexto puesto como exportador y sólo en lo que va del 2015 nuestro mayor importador Rusia, en enero de 2015 compró 3.847 toneladas del producto, por un valor total de 11 millones de dólares. Si se suman todas las exportaciones de carne como menudencias, lácteos o embutidos, y los productos cárnicos no comestibles, como cueros o masticables para perros, Paraguay exportó en enero de 2015 cerca de 28.000 toneladas, por un valor total de casi 90 millones de dólares. Previéndose abrir el mercado a otros destinos como oriente medio.

Populismo judicial y legislativo
Tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo son los principales responsables del aumento de la población penitenciaria en Paraguay. El Judicial por el indiscriminado uso de la prisión preventiva y el Parlamento por el populismo legislativo, es decir, la constante sanción de leyes que facilitan el ingreso a prisión y dificultan la salida. De esta manera, se viene desarticulando el esquema penal de corte acusatorio previsto en la Constitución Nacional de 1992, sancionada tras la caída de la dictadura en 1989 y operativizada en los Códigos Penal (1997) y Procesal Penal (1998).
El 4 de noviembre de 2014, según el Parte Diario del Ministerio de Justicia, de los 10.878 encarcelados, 8.174 estaban bajo el régimen de la prisión preventiva lo que representa el 75 por ciento del total.
Por varias razones, la prisión preventiva viene utilizándose de manera abusiva en el país (Martens y Orrego, 2013; MNP, 2014). Para algunos jueces, el temor a la destitución es la principal causa para la aplicación de la prisión preventiva, aún en casos de delitos (MNP, 2014). El miedo está fundado en la destitución de jueces por haber otorgado medidas alternativas, en casos que han tenido gran repercusión mediática, aún cuando correspondían.
Se ha mencionado que la remoción de Alberto Sosa, juez del gran Asunción, ha tenido un efecto aleccionador entre los magistrados de la república. Esta destitución es simbólica y permite analizar el funcionamiento del sistema penal paraguayo a la luz del derecho penal del enemigo, teniendo como indicadores los actores involucrados (victimarios y víctima) y el modus operandi para la comisión del hecho punible.
En este caso, la víctima es una persona cuyas características socioeconómicas y culturales encajan dentro de los parámetros del ciudadano, en términos coloquiales es una persona de bien, es decir, pertenece a una familita estructurada, estudia y trabaja. Los perpetradores encajan dentro de lo que podría denominarse el enemigo, hombres jóvenes, con varios antecedentes penales, que no estudian, ni trabajan, sino que se dedican a mala vida. La forma de perpetración: robo agravado en motocicleta, denominado motochorro, según la prensa. Desde la perspectiva del derecho penal del enemigo estas personas no merecen confianza y deben ser tratadas como otro, con menos garantías. Por tanto, encerrados ante la menor sospecha.
Para la política criminal del derecho penal del enemigo, el juez debió decretar la prisión y no medidas alternativas. Por tanto correspondía su destitución.
El siguiente cuadro demuestra la evolución de las personas encarceladas en prisión preventiva y de qué manera la ley 4431 del 2011 incidió para el aumento de los prevenidos en prisión.

Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura.

La cárcel como depósito de población excedente
En estos tiempos, donde los Estados vienen desmantelando las ayudas sociales y apuestan a la represión y a la mano dura ante demandas sociales (Bauman, 2012; Pavarini, 2000), las cárceles se han constituido claramente en depósitos de población excedente. Paraguay no es la excepción.
La población carcelaria de Paraguay está constituida en su mayoría por quienes por diversos motivos, estructurales principalmente, no se han podido incorporar al circuito económico y son presentados como amenazas, como residuos humanos, que deben separarse del resto de la sociedad. Estos residuos humanos ya no pueden trasladarse a distantes vertederos, ni ubicarse firmemente en zonas prohibidas para la vida "normal". Por consiguiente, tienen que encerrarse en contenedores herméticos (Bauman, 2012).
En este sentido, Garland (2005) explica que las cárceles de hoy ya no funcionan como el último recurso del sector correccional, sino de modo mucho más explícito como mecanismo de exclusión y de control.
Como dice Zaffaroni (2011), las cárceles están pobladas de delincuentes burdos y toscos, relacionados con delitos contra la propiedad y/o la pobreza, en todas sus manifestaciones.
En Tacumbú, la principal cárcel del país, en enero de 2013, el 48 por ciento de los condenados eran por delitos contra la propiedad; el 33 por ciento por otros delitos como el abuso sexual, la violencia familiar, y la asociación criminal; sólo el 9,9 por homicidio; y apenas el 8,5 por drogas.
El Segundo Censo Penitenciario Nacional del Ministerio de Justicia y Trabajo, publicado el 2014 ha confirmado estos datos: La moda de edad de la población penitenciaria es de 22 años, recluido en su mayoría por delitos contra la propiedad, con escasa formación (71 por ciento no tiene instrucción o tiene instrucción primaria y sólo el 10 por ciento tiene la secundaria hecha).
El encarcelamiento de gente pobre económicamente de las periferias de las ciudades contribuye a la construcción social de la peligrosidad del sector social en el cual se inserta la gente que es desplazada del campo a la ciudad.
Esta percepción facilita asociar con la criminalidad cualquier reivindicación de derechos que podría poner en peligro al modelo agroexportador.

Aparición de un enemigo interno mediatizado: El Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)

En el año 2008 aparece en escena bajo la denominación de Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un grupo ilegal al margen de la ley que reivindica, según el Gobierno, la lucha armada como forma de acceso al poder. Varios de sus integrantes están condenados por delitos como secuestro, asociación criminal e incluso homicidios. Se los vincula además con el narcotráfico y las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia (FARC). Operan en los departamentos de Concepción y San Pedro, a unos cien kilómetros de la frontera con Brasil, en el noroeste paraguayo.
Estos departamentos se han caracterizado históricamente por la presencia de campesinos organizados que cuestionan el modelo socioeconómico vigente, exigen la distribución de tierras para destinarlas a la reforma agraria y se oponen al cultivo extensivo de soja transgénica. En varias ocasiones han paralizado el país a través de presencias masivas en la capital o cortes de rutas. El gobierno vincula a varios dirigentes o ex dirigentes campesinos con el EPP.
Desde hace algunos años, varios analistas presentan al EPP como un grupo necesario y funcional para recrudecer la política criminal en Paraguay en beneficio de grupos de poder regionales y nacionales (Martens, 2014; Pereira, 2013; SERPAJ, 2011).
El EPP es un grupo altamente mediatizado. La prensa comercial se ocupa diariamente de mismo. De sus crímenes, de sus miembros encarcelados, procesados y prófugos. Se lleva la cuenta exacta de los actos criminales que produce, los civiles, policías y militares que mata; las bombas que instala, los secuestros que realiza y de las bajas en sus filas. Existen periodistas de radio, diario y televisión que se especializaron en el tema. De tanto en tanto se publican reportajes sobre su origen y mecanismos de subsistencia.
A partir de los crímenes que comete, se lo instala a través de la criminología mediática y algunos empresarios morales como un grupo criminal peligroso, casi como una amenaza cósmica, que pone en jaque no sólo a la población del norte del país sino a la misma institucionalidad de la república. La lucha contra el EPP se ha convertido en los últimos años en el justificativo para el endurecimiento tanto penal como procesal. Incluso ha sido la principal causa para al sanción de la ley anti terrorista. También contribuyó al aumento del gasto militar y policial de un modo exponencial.
De esta manera, el miedo al EPP se suma a los demás miedos e incertezas vitales. Al miedo de la inseguridad cotidiana, instalada y promocionada por los medios masivos. A los motochorros, a los que asaltantes; a la falta de un sistema de salud que funcione; a la precarización laboral, entre otros.
Tanto el miedo como la inseguridad están influenciados por las creencias, actitudes, valores y experiencias, que puedan o no tener relación con el delito. Siempre juega un papel muy importante la percepción del individuo (Thomé, 2004).
La población paraguaya es bastante temerosa y consumidora de programas de televisión por lo que la mediatización de los crímenes del EPP asegura la mantención y el aumento del miedo de la ciudadanía.
Un dato interesante a este respecto provee la Encuesta Permanente de Hogares 2013, de la Dirección General de Encuestas Estadísticas y Censos (DGEEC), que revela que existen más cantidad de hogares paraguayos que cuentan con televisión antes que con refrigerador. Así en el 92 por ciento de las casas existe un aparato de TV frente a un 87,3 que dispone de refrigerador, en país tropical, con temperatura que sobrepasan los 40 grados Celsius.
El siguiente cuadro muestra la gran penetración de los medios masivos de comunicación en los hogares del país con el cual cobra vigencia la influencia de los medios de comunicación en la idea que tenemos sobre el delito y la delincuencia.
En este sentido, el criminólogo argentina Eugenio Raúl Zaffaroni (2011) sostiene que lo cierto es que las personas que todos los días caminan por las calles y toman el ómnibus…tienen la visión de la cuestión criminal que construyen los medios de comunicación.
Tenemos la información que nos da la criminología mediática, que apela a una creación de la realidad criminal a través de la información, sub información y desinformación en convergencia con prejuicios y creencias, basada en una etiología criminal simplista asentada en causalidad mágica…" (Zaffaroni, 2011)
Y la población temerosa es conveniente para varios propósitos. Por un lado, las industrias del control del miedo aumentan sus ganancias; y, por otro, una población temerosa asegura tolerancia e impunidad para los abusos de las fuerzas de seguridad y del sistema penal que bajo la excusa de lucha contra la delincuencia cometen arbitrariedades; además, se ven fortalecidas las iniciativas legislativas de mano dura que facilita la persecución de los considerados enemigos.


Cuadro I: Hogares con TV y radio en Paraguay
Zonas
TV
Radios
Asunción
97 %
95 %
San Pedro
81 %
90 %
Caaguazú
87 %
76 %
Itapúa
87 %
78 %
Alto Paraná
92 %
79 %
Total país
92 %
81 %
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Permanente de Hogares 2013.

Una población temerosa
La población paraguaya es temerosa. Tiene miedo para salir a la calle y teme que sea víctima de delitos en el futuro. La mayoría de la población no vive tranquila pues teme por su vida, por la de sus seres queridos, por su integridad física y por sus bienes (ENS, 2010; Gallup, 2012, Latinobarómetro, 2013).
A pesar del descenso de los índices de homicidios en el país, la población es una de las más temerosas de América Latina, lo cual devela también una mala gestión de la inseguridad, como se analizará en el siguiente apartado.
Más de la mitad de la población paraguaya no tiene garantizada su seguridad, como lo establece la Constitución Nacional, en su artículo 9. Tampoco parece que esta situación vaya a mejorar a corto plazo.
Es que el discurso de la creciente inseguridad o que la misma va en aumento se refuerza cotidianamente desde varios frentes, por un lado, desde los actores legitimados para hablar sobre el tema como los parlamentarios y/o operadores del sistema judicial; y, principalmente desde los medios de comunicación, donde los hechos punibles no son presentados como hechos aislados sino como una amenaza generalizada y en aumento.
En este contexto, los grupos de víctimas y periodistas emergen como grandes conocedores de criminología y política criminal, dando cátedra de cómo se tiene que intervenir. Coincidentemente, todos apuntan al endurecimiento penal, como si eso funcionase.
Cada tanto, las organizaciones de víctimas realizan marchas y acciones simbólicas donde se pide más seguridad. La respuesta política suele ser la promulgación de una ley que no cambia la realidad, pero que tiene el efecto de anestesia social.
Una convocatoria tras la muerte del periodista Pablo Medina es muy representativa: La misma decía: Pueden sumarse a la medida con banderas: paraguayas, blancas que las mismas flameen frente a las casas, industrias, instituciones, medios de transportes, vehículos particulares, suenen en los templos las campanas, sirenas y bocinas en las calles como expresión de protesta y a su vez solidaridad con las víctimas de los asesinatos, secuestros, robos, y por la creciente inseguridad que nos mantiene en zozobra.
En el cuadro III, elaborado en base a datos de Gallup se ve que Paraguay tiene el más alto índice de sensación de inseguridad entre sus vecinos y ocupa el tercer lugar en América del Sur; a su vez, en el cuadro III se observa el descenso de los homicidios en Paraguay.
Cuadro III: Percepción de inseguridad en el Cono Sur.
País
Porcentaje de inseguridad
Venezuela
63
Rep. Dominicana
62
Paraguay
59
Costa Rica
57
El Salvador
57
Brasil
51
Argentina
48
Uruguay
43
Fuente: Elaboración propia en base a Gallup, 2012.

Cuadro III: Índice de homicidios en Paraguay
Año
Tasa de homicidios por 100 mil hab.
2000
18,6
2001
24,1
2002
24,6
2003
22,6
2004
20,9
2005
18,2
2006
15,5
2007
12,8
2008
13,4
2009
12,9
2010
11,5
2011
10
2012
9
Fuente: Elaboración propia en base a UNDOC,2013
Así como los medios de comunicación hablan sin base empírica de la realidad criminal en el país, los políticos hasta presentan proyectos de leyes sin datos que sustenten sus afirmaciones.
A continuación se transcriben algunas exposiciones de motivos, que han presentado parlamentarios buscando modificaciones legislativas, donde se nota que lo hacen sin ningún dato que respalde sus propuestas, sino basado en sus percepciones y en la realidad construida por los medios.
En los últimos tiempos, la población paraguaya se ha visto afectada por una alarmante escalada de inseguridad, reflejada en los frecuentes sucesos criminales. Lastimosamente, hasta la fecha este fenómeno no ha tenido respuesta eficiente por parte de los organismos encargados, tanto de la prevención criminal como la persecución penal… (Dip. Eber Ovelar, 2013).
En nuestro país la violencia doméstica o familiar es seguramente uno de los flagelos más acuciantes. Día tras día escuchamos por radio y vemos por televisión los maltratos físicos que sufren mujeres, niños, ancianos, personas discapacitadas dentro de su entorno familiar…(Dip. Cárdenas, 2010)
País
Sensación de inseguridad
Tasa de homicidios por cien mil habitantes
Venezuela
63
53,7

Paraguay
59
9,5
Brasil
51
25,2
Argentina
48
5,5



Uruguay
43
7,9
Chile
44
3,1
Cuadro IV: Sensación de inseguridad por países vs. Tasa de homicidios
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Gallup, 2012 y UNODC, 2013.

Este cuadro demuestra la gran influencia que tienen la difusión de distorsionada de la realidad criminal por los medios de comunicación y políticos en el temor de las personas.




Conclusión
Los elementos del contexto nacional y del funcionamiento del sistema penal analizados dan cuenta de un modelo penal cada vez más menos garantista que propugna el encierro aún en los casos de delitos menores, alentado desde los medios de comunicación que difunden la idea de que las garantías son un obstáculo en la lucha contra la delincuencia. Es un sistema penal que se posiciona a favor de los intereses de la agro exportación.
En este escenario se construye una percepción de peligrosidad, por un lado, sobre toda protesta y organización social de los grupos vulnerabilizados por el sistema agroexportador; y, el por otro, sobre el sector social en el cual se insertan los desplazados.
Esta percepción facilita la aplicación de la coerción penal cuando sea útil para desarticular toda crítica a este modelo económico que provoca exclusión y se apuesta únicamente a la solución penal como forma de resolución de los conflictos que surgen por la falta de acceso a derechos.
Las medidas necesarias para el desarrollo humano integral de toda la población, que en Paraguay pasa necesariamente por la redistribución de la riqueza y el cumplimiento del mandato constitucional de la reforma agraria, en la perspectiva de la inclusión social, se invisibilizan al punto de dejarlas fuera del debate público.

Bibliografía
Bauman, Z. (2012). Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias. Buenos Aires: Paidós.
Centro de Documentación y Estudios. (2012). Informativo Campesino Nº 248. CDE: Asunción.
Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay. (2013). Informe Chokokue. Codehupy: Asunción.
Garland, D. (2005). La cultura del control. Barcelona: Gedisa.
DGEEC (2006). Paraguay. Proyección de la población por sexo y grupos de edad, según áreas urbana y rural, 2000-2030. DGEEC Publicaciones: Asunción.
Martens, J. y Orrego, R. (2011). Sólo un plan de seguridad democrático garantizará este derecho a todos y todas. En Codehupy (2011). Derechos Humanos en Paraguay 2011. Asunción: Codehupy.
Martens, J. (2009). Discurso democrático en el Ministerio del Interior, continuas prácticas abusivas en la Policía Nacional. En Codehupy (2009). Derechos Humanos en Paraguay 2009. Asunción: Codehupy.
Martens, J. y Orrego, R. (2008). Campesinos y campesinas siguen siendo torturados y muertos. En Codehupy (2008). Derechos Humanos en Paraguay 2008. Asunción: Codehupy.
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (2013). Informe Especial. Tacumbú. El estado de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Meza, L. (2013). Población Rural. El Paraguay de hoy: Una mirada al campo. CADEP: Asunción.
Ministerio de Justicia (2013). Segundo Censo Nacional Penitenciario. Paraguay. Resultados finales 2013. Ministerio de Justicia: Asunción.
Latinobarómetro (2012). La seguridad ciudadana. El problema principal de América Latina.
Palau, M. Sánchez, T., y Martens, J. (2009). Criminalización a la lucha campesina. Base-Is: Asunción.
Thomé, I. (2004). Victimización y Cultura de la Seguridad Ciudadana en Europa. Tesis de doctorado no publicado, Universidad de Barcelona, Barcelona España.
United Nations Office on Drugs and Crime (2013). 2013 Global Study on Homicide.Trends, contexts, data. UNODC.
Zaffaroni, E. (2011). La cuestión criminal. Buenos Aires: Planeta.
Zaffaroni, E. (2006). El enemigo en el derecho penal. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez.